8 de Marzo: Mujeres de Todos los Pueblos Unidas en Resistencia por un Mundo Más Justo

Comunicado de las mujeres de Otros Mundos Chiapas /Amigos de la Tierra México en el marco del #8M Día Internacional de la mujer – A 8 de marzo del 2024

En este 8 de marzo, conmemorando el Día Internacional de las Mujeres, nosotras, mujeres diversas de todas las culturas, edades y lugares del mundo, nos unimos una vez más en solidaridad para afirmar nuestro compromiso continuo de luchar hasta que todas las mujeres sean liberadas de la opresión patriarcal, capitalista y colonial.

Hoy, reafirmamos nuestras demandas y honramos las luchas históricas de las mujeres en todo el mundo. Nos solidarizamos con las valientes mujeres defensoras que resisten contra el modelo extractivista y los proyectos que amenazan la vida en todas partes. Reconocemos el derecho fundamental de todas las mujeres a defender sus cuerpos, tierras, aguas y la misma vida. Recordamos que ni las mujeres ni la tierra son territorios de conquista.

Rechazamos enérgicamente la impunidad y el crecimiento de la violencia contra las mujeres. Rechazamos enérgicamente la impunidad y el crecimiento de la violencia contra las mujeres. Denunciamos la situación de un país donde el feminicidio es una triste certeza, donde la seguridad de salir a las calles es un privilegio negado para muchos, donde la protección a los agresores prevalece sobre las víctimas. Exigimos justicia, seguridad y el fin de la violencia contra las mujeres

Homenajeamos a todas las mujeres que han perdido la vida en la lucha por proteger la vida y la tierra, especialmente a nuestras hermanas Berta Cáceres y Bety Cariño, así como a todas aquellas que continúan en la lucha hoy en día.

Celebramos nuestra resistencia contra la violencia patriarcal, que persiste en todas las esferas de nuestras vidas, desde lo más íntimo hasta lo más público. Y exigimos a las autoridades que dejen de disfrazar cifras y se pongan a trabajar para garantizar seguridad en México para todas y todos. Exigimos que atiendan la situación de violencia en la frontera de Chiapas y el desplazamiento forzado de miles de familias por el mismo hecho.

En este día, recordamos la alegría y la diversidad que nos fortalece en nuestra lucha por la defensa de la tierra y el territorio, reconociendo la importancia de la sororidad entre nosotras. Nos inspira la solidaridad y el apoyo mutuo que compartimos en esta batalla, celebrando nuestra fuerza colectiva y nuestro compromiso compartido por un mundo más justo y equitativo.

¡Ya basta de criminalizar, hostigar y violentar a las mujeres por oponerse al patriarcado ya los proyectos que amenazan la vida!

¡Ya basta de asesinar a las defensoras de la vida en México, América Latina y en todo el mundo!

¡Exigimos que se respeten nuestros derechos y que se ponga fin a la violencia contra las mujeres en todas sus formas!

#VivasNosQueremos #JusticiaParaTodas #NiUnaMás

Firma

Mujeres de Otros Mundos A.C.

Informe: México: Tierra y ¿libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente

Compartimos este informe de Amnistia Internacional México sobre la criminalización a personas defensoras entre ellas; a las y los vecinos de la Colonia Maya galardonados con el 4to Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas “Mariano Abarca” – A 7 de septiembre del 2023

Amnistía Internacional documentó cuatro casos en donde se utilizó el sistema penal en contra de personas defensoras que protestaban por estos derechos y que, al momento de la documentación, tenían procesos judiciales pendientes.

Las personas defensoras ejercen su labor en un contexto hostil, que incluye de manera constante la estigmatización, hostigamiento, ataques, atentados, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos. Las autoridades deben parar la utilización del sistema penal para castigar la protesta y garantizar un entorno adecuado para quienes defienden los derechos humanos.

De igual manera amnistia lanzo una petición para pedir un alto a la criminalización de personas defenrosas en especial a las y los defensores de estos 4 casos documentados en el informe:

#ProtestarNoEsUnCrimen

En México, las personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente enfrentan graves riesgos.

Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades nacionales para que valoren el papel de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente y refuercen su protección a través de mecanismos existentes. También instamos a investigar las violaciones de derechos humanos, retirar los cargos en los casos activos y proporcionar capacitación a los fiscales para abandonar los procesos penales en contra de las personas defensoras.

¡Firma la petición para exigir a las autoridades que detengan el uso indebido del sistema legal en contra de las personas que protestan para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente!

Informe: Confianza en el lugar equivocado

Compartimos el siguiente informe de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo sobre el papel de los bancos de desarrollo en los mega proyecto y las represiones a las personas defensoras – A de julio del 2023

“Confianza en el lugar equivocado”, un nuevo informe de la campaña Personas Defensoras en el Desarrollo publicado el 5 de julio, muestra cómo los bancos de desarrollo ponen en grave peligro a las personas defensoras de los derechos humanos al confiar en sus clientes para hacer frente a las represalias.

La investigación, basada en el análisis de 38 estudios de casos de represalias en el contexto de proyectos de desarrollo, muestra que en todos los casos, excepto en dos, los clientes de los bancos de desarrollo han desempeñado un papel directo en la perpetración de los ataques.

El informe también incluye una serie de recomendaciones, indicando que los bancos de desarrollo deberían dejar de delegar acríticamente la evaluación del riesgo de represalias y la respuesta a los clientes. En cambio, los bancos deberían desarrollar protocolos y directrices sobre lo que harán ellos mismos en materia de represalias.

CONCLUSIONES PRINCIPALES

Los casos analizados en “Confianza mal depositada” muestran que:

  • En todos los casos menos en dos, los clientes desempeñan un papel en la perpetración de represalias contra las personas defensoras.
  • Las represalias cuya responsabilidad puede atribuirse a los clientes van desde amenazas hasta asesinatos; la criminalización es uno de los tipos más comunes de represalias.
  • Las represalias suelen ser perpetradas por las fuerzas de seguridad, personal/contratistas de empresas privadas y funcionarios estatales y gubernamentales.
  • Las fuerzas de seguridad pública suelen desempeñar un papel en la perpetración o facilitación de las represalias.
  • A menudo, los clientes también contribuyen a las condiciones que conducen a las represalias (por ejemplo, no garantizar consultas significativas).

El análisis de las políticas de ocho grandes bancos de desarrollo muestra que los bancos tienden a confiar en la información generada por los clientes para procesos clave (como las evaluaciones de riesgos ambientales y sociales, la participación de las partes interesadas y las consultas con las comunidades afectadas) que son fundamentales para prevenir y abordar las represalias.

RECOMENDACIONES CLAVE

Aplicar la tolerancia cero a las represalias exige que las IFD dejen de confiar a sus clientes la evaluación del riesgo de represalias y la respuesta a éstas, a menos que los clientes hayan trabajado activamente con las comunidades directamente afectadas y las personas defensoras para ganarse primero su confianza. Las IFD no pueden delegar acríticamente la evaluación del riesgo de represalias y la respuesta a los clientes.

En su lugar, las IFD deben desarrollar protocolos y directrices sobre lo que harán ellas mismas en materia de represalias. Estos protocolos y directrices deben abarcar todo el ciclo del proyecto y prepararse en estrecha consulta con quienes hayan sufrido directamente represalias en el contexto de proyectos de desarrollo, así como con la comunidad en general y sus aliados, incluidas las OSC especializadas en cuestiones de derechos humanos.

En virtud de estos protocolos y directrices, DFI debería

  • Evaluar los riesgos de represalias y responder cuando se produzcan.
  • Reforzar la capacidad y los incentivos del personal, la dirección y los consultores del banco para prevenir y responder a las represalias.
  • Alinear los incentivos de los clientes (incluso mediante la aplicación de consecuencias negativas) para evitar los riesgos de represalias y responder cuando éstas se produzcan.

Podcast Elemental: Contra la voracidad del capitalismo con Gustavo Castro

Les compartimos el siguiente episodio del Podcats Elemental donde en entrevista con nuestro compañero Gustavo Castro hablan de la defensa del medio ambiente, los mega proyectos extractivistas, las alternativas y las vida que se dan por defender la vida y una vida digna como nuestra querida #BertaCaceres

Elemental

Un pódcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y con sus demás especies. Presentado y co-producido por Nicolás Ibargüen, La No Ficción y Exile Content Studio.

Gustavo Castro Soto lleva décadas luchando contra la raíz de lo que él considera los problemas más urgentes que aquejan a la humanidad y el planeta entero: el modelo actual de producción.

Buena parte de su vida ha presidido organizaciones para defender territorios mexicanos de la devastación por represas y minas. En el camino ha perdido compañeros y compañeras entrañables, pero su lucha sigue en medio de las dificultades.

En esta conversación exploramos los males del sistema capitalista, su efecto sobre el medioambiente y las alternativas sostenibles que existen.

La Red DESC lanza video animado sobre los Derechos Humanos

Compartimos el siguiente video de la Red DESC sobre los derechos humanos – A 29 de junio del 2023

Nos alegra mucho compartir nuestro flamante “Video de animación sobre los datos y los derechos humanos” con todos ustedes. Se trata de una herramienta de educación popular que analiza el papel crítico que tienen los datos en nuestras vidas y su profundo impacto sobre los derechos humanos. Refleja nuestro compromiso incondicional con avanzar la justicia de los datos y colocar a las comunidades afectadas en el centro de nuestro trabajo.

El video forma parte de un esfuerzo más amplio de cooperación entre miembros del Grupo de Trabajo de Monitoreo, incluyendo la Junta Asesora (formada por ACIJ, Pamoja, ISER, RTE, Amnesty, y Participation and the Practice of Rights), quienes desarrollaron la Posición Colectiva sobre los Datos y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), junto con toda una gama de poderosos contenidos y recursos como parte de nuestra Iniciativa de Justicia de los Datos. Continúe leyendo para informarse acerca de los cinco principios de un enfoque de los datos basado en los derechos humanos y sobre la variedad de recursos para el trabajo de incidencia desarrollados en los últimos dos años. Agradecemos a nuestros miembros por la orientación que brindaron a nuestras actividades #Paraquelosderechoshumanoscuenten. 


Todas nuestras herramientas y recursos educativos se incluyen en este correo y también están disponibles en nuestra página web. Alentamos a todos y todas no solo a compartir nuestro vídeo, sino a explorar los demás recursos para el trabajo activo de incidencia que hemos preparado. ¡Trabajemos juntos #Paraquelosderechoshumanoscuenten!

Abejas de Acteal denuncian continuación de contrainsurgencia en comunidades de Chiapas

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el contaste hostigamiento y violencia que vive las compañeros y los compañeros de Las Abejas de Acteal – A 3 de mayo 2023

La organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal denunció que el pasado jueves (27), habitantes de la comunidad Quextic Centro, perteneciente al municipio de Chenalhó, junto a integrantes del grupo “Consejo Pacifista Sembradores de Paz” (Consejo Pacifista), destruyeron un potrero de su organización, en el contexto de la construcción de una carretera que pasa por terrenos de la organización tzotzil.

“La gente de la citada comunidad, llegaron con machetes, barretas de fierro, martillos y una motosierra para destruir nuestro alambrado y posteriormente se robaron todo los postes y los alambres de púas en una camioneta nissan doble cabina, color blanca”, detalla un comunicado emitido después de la agresión.

Habitantes de la comunidad Quextic Centro, junto a integrantes del Consejo Pacifista, destruyeron un potrero de Las Abejas de Acteal

Las Abejas de Acteal alertan que el más reciente hostigamiento forma parte de un conflicto social y político mayor. “Confirmamos que este gobierno que se pregona así mismo de ‘4ª Transformación’, está dando continuidad a las políticas de contrainsurgencia, de desgaste y de divisionismo en nuestras comunidades”, sostuvo la organización de los Altos de Chiapas.

En comunicado, reiteraron el llamado a las autoridades federales, a quienes se dirigieron en marzo de este año, para que interceda a través de las dependencias de derechos humanos, “ya que la carretera de la comunidad Quextic Centro es parte de los acuerdos de ‘solución amistosa’ que suscribió un pequeño grupo de sobrevivientes de la Masacre de Acteal el llamado ‘Consejo Pacifista’, en el año de 2020”. Señalan que también se dirigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que la “solución amistosa” del gobierno federal, “está causando problemas, violencias en las comunidades de Chenalhó y sobre todo en donde existe presencia de Las Abejas de Acteal”.

La organización contextualiza que, en el año de 2019, las autoridades comunitarias de Quextic Centro solicitaron derecho de vía para construir una carretera que atravesaría parte de un predio de Las Abejas de Acteal, a lo cual brindaron su permiso. No obstante, señalan que para 2021, cuando comenzaron los trabajos, las autoridades comunitarias tomaron más espacio de lo acordado, “violando así las actas de acuerdo en las cuales hemos dado nuestro consentimiento”.

Ante esta situación, integrantes de Las Abejas han realizado tareas para reforzar el alambrado del predio y el potrero de su organización. Un día antes de la agresión, señalan haber notificado a las autoridades de Chenalhó sobre la realización de trabajos en dicho lugar “para evitar agresiones hacia nuestra integridad física y psicológica”. Pese a ello, aconteció la destrucción del espacio y el robo a la propiedad colectiva de la organización tzotzil, sin intervención de ninguna autoridad.

“Invitamos en dos ocasiones a las autoridades de Quextic Centro y su patronato de camino a una plática para resolver dicho problema, pero hicieron caso omiso a nuestra invitación”, detallan Las Abejas de Acteal. También señalan que, dentro del predio propiedad de la organización, existe un manantial de agua, por lo que las autoridades de Quextic Centro “construyeron una captación para llevar este vital líquido a su comunidad sin pedirnos permiso, consideramos esto como abuso de confianza ya que, en el acta de acuerdo de derecho de vía del camino, jamás se habla del manantial de agua”, denuncian.

Antecedentes

A la más reciente agresión se suma que, a principios de este año, el grupo “Consejo Pacifista” construyó su oficina junto a la entrada de la sede de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. “Su objetivo es el de confundir a la sociedad y reafirmar su usurpación hacia nuestra lucha y organización. Y tenemos conocimiento que sus líderes o como se hagan llamar, son los que aconsejan al agente rural y patronato de camino de la comunidad Quextic Centro, violar los acuerdos plasmados en las actas de acuerdo sobre el derecho de vía de la carretera”, sostiene la organización tzotzil.

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Las Abejas denuncian que estas acciones son posibles debido a la impunidad en el caso de la Masacre de Acteal sucedida en 1997. “La contrainsurgencia y agresiones hacia los pueblos organizados y apartidistas, la grave crisis de derechos humanos y un Estado que se ha convertido en un Narco-Estado, toda esta podredumbre es el tipo de gobiernos en México que va desde los tres niveles de responsabilidad y, es lo que ha venido a rematar las heridas del tejido social y comunitario de las comunidades de Chenalhó, y como es evidente, en nuestra organización Las Abejas de Acteal”, refieren en comunicado.             

Por último, la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, con más de 30 años de lucha, señala que “entienda el mal gobierno que no caeremos en sus provocaciones a través de nuestros propios hermanos que tristemente su corazón y pensamiento han sido cegados y envenenados por el dinero y poder”. Ante ello, exigieron respeto a su propiedad colectiva “de lo contrario, recurriremos a otras acciones, hasta que se respeten los acuerdos firmados entre nuestra Organización Las Abejas de Acteal y la comunidad Quextic Centro”.

Imagen: Habitantes de la comunidad Quextic Centro, junto a integrantes del Consejo Pacifista, destruyeron un potrero de Las Abejas de Acteal

Organizaciones de Derechos Humanos expresan su preocupación sobre el contexto de riesgo para personas defensoras indígenas en Chiapas

Compartimos este pronunciamiento de Front Line Defenders y Indigenous Peoples Rights International sobre el contexto de violencia para defensoras y defensores de la vida en Chiapas – A 12 de abril del 2023

Ciudad de México y Dublín, 12 de abril de 2023

MÉXICO: TRAS VISITA CONJUNTA A CHIAPAS, ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS MANIFIESTAN SU PREOCUPACIÓN SOBRE EL CONTEXTO DE RIESGO PARA PERSONAS DEFENSORAS INDÍGENAS EN EL ESTADO

En la semana del 27 al 31 de marzo de 2023 las organizaciones internacionales Indigenous Peoples Rights International (IPRI) y Front Line Defenders realizamos una visita conjunta a Chiapas con el objetivo de documentar la situación de riesgo y violencia que viven personas defensoras, organizaciones y comunidades indígenas en el estado. Nos reunimos con 30 personas defensoras y autoridades indígenas de 12 casos de personas defensora o procesos comunitarios que enfrentan riesgos por su labor de defensa, de los pueblos tseltal, tsotsil y ch’ol de los municipios de Palenque, Tila, Chilón, Chenalhó, Ocosingo, Simojovel, San Cristóbal, San Juan Cancuc, Aldama y Chicomuselo. En estas reuniones recibimos información sobre una nueva ola de violencia en contra de personas defensoras y comunidades indígenas ch’oles, tsotsiles y tseltales, además de diversas preocupaciones respecto a la impunidad que ha acompañado este contexto.

Además de reuniones y entrevistas con organizaciones de sociedad civil locales, nacionales e internacionales basadas en Chiapas, se sostuvieron dos reuniones con autoridades del gobierno estatal: Una con la directora de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Marisol Gómez Hernández, y una segunda con la Fiscalía, representada por el Dr. Manuel de Jesus Corado de Paz, Director de Atención a Víctimas, y el Dr. Pedro Sergio Becerra Toledo, Director para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Estas son las principales observaciones de ambas organizaciones, resultado del trabajo
de documentación y recopilación de testimonios de esa visita:

  • Identificamos un claro patrón de criminalización en contra de personas defensoras indígenas que defienden los derechos ambientales, al territorio, a la autonomía y a la libre determinación de sus comunidades. Este patrón se evidencia en el creciente número de casos en la fabricación de crímenes y en violaciones al debido proceso con un fuerte impacto en la organización comunitaria y en la lucha por los derechos colectivos. Esto lo observamos en casos como el de Cristóbal Santiz de Aldama y el del Padre Marcelo Pérez Pérez de San Cristóbal.
  • Resaltamos que en el contexto actual de uso del sistema penal en contra de las personas defensoras y comunidades, existe un patrón de criminalización en contra de quienes se han opuesto a la militarización de sus comunidades y como parte de su lucha en defensa de sus derechos colectivos. Esto puede ser observado en los casos de Manuel Santiz Cruz de la comunidad de San Juan Cancuc, de César Hernández y José Luis Gutiérrez del ejido de San Sebastián Bachajón en Chilón (quienes están a la espera de la próxima audiencia el 24 de abril), de Cristóbal Santiz de Aldama y en el caso de las recientes investigaciones en contra de personas defensoras en la comunidad de Taniperla en Ocosingo.
  • Observamos la falta de soluciones duraderas a los conflictos agrarios y territoriales en las comunidades, lo que sigue representando un riesgo alto para las personas defensoras y continúa perpetuando la descomposición del tejido social de las comunidades. Esto se ha visto agravado con la situación actual de despojo de tierras en el contexto de militarización de la región y por la disputa por el control territorial y la imposición de las actividades económicas por parte de grupos del crimen organizado.
  • Hay una delicada situación provocada por la falta de intervenciones oportunas por parte de las autoridades del Estado ante las amenazas y el riesgo al que se enfrentan las personas defensoras de las comunidades indígenas en Chiapas. A pesar de que las personas defensoras en riesgo han reportado y/o denunciado graves amenazas y ataques, las autoridades no han logrado intervenir antes de que muchas de estas deriven en casos de graves violaciones de derechos humanos. Esto ha sido el caso del asesinato del defensor Simón Pedro Pérez expresidente de la mesa directiva de Las Abejas de Acteal; la situación que se vive con las 5 familias desplazadas de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo como consecuencia de una cadena de graves violaciones de derechos humanos incluyendo: desaparición, tentativa de homicidio, tortura sexual, lesiones, quema y destrucción de sus propiedades, lo que llevó al desplazamiento de 25 personas, incluyendo niñas, niños y adolescentes; así como la violencia física, hostigamiento amenazas de muerte en contra de la defensora tsotsil Pascuala López López del ejido Pinar Cuxtitalli, en San Cristóbal de Las Casas.
  • Con preocupación reconocemos que las personas defensoras y sus comunidades llevan a cabo su labor de defensa de derechos humanos en un contexto de proliferación y diversificación de grupos armados, lo que ha empeorado una compleja situación heredada del contexto del paramilitarismo de los años 90 y la continua impunidad conectada a dicho fenómeno.
  • Recogimos importantes testimonios que dan cuenta de la existencia de vínculos entre autoridades estatales y municipales con el crimen organizado, lo que genera condiciones favorables para que prevalezca la impunidad. A esta crisis se suma lo que identificamos como un patrón en el retraso y postergación de las audiencias de casos vinculados a personas defensoras de derechos humanos, tanto de procesos de búsqueda de justicia, como es el caso del asesinato del defensor Simón Pedro Pérez López, o en el proceso de criminalización de personas defensoras, como es el caso de Manuel Santiz Cruz de la comunidad de San Juan Cancuc.
  • Finalmente, identificamos dentro de las instituciones de gobierno del estado una falta de reconocimiento de la labor de defensa de derechos humanos dentro de las que realizan personas defensoras y comunidades indígenas. Esto es particularmente evidente en la sentencia dictada el 31 de marzo sobre el asesinato del defensor de derechos humanos Simón Pedro, en donde nunca fue incorporada a la investigación ni en la resolución su labor de defensa de derechos humanos como parte del móvil del homicidio. La falta de reconocimiento de la labor de defensa de derechos humanos y el riesgo que resulta de ésta suma al contexto de estigmatización y a las campañas de desprestigio en contra de las personas defensoras de derechos humanos, como ha sido el caso del defensor Padre Marcelo Pérez Pérez.

A t e n t a m e n t e

Front Line Defenders

Indigenous Peoples Rights- International- IPRI

Diplomáticos canadienses priorizan la minería a expensas de los derechos humanos, dicen expertos legales a la ONU

Compartimos esta nota de Mining Watch Canadá sobre las empresas mineras y sus violanciones a los derechos humanos – A 5 de abril de 2023

OTTAWA – Hoy, expertos en responsabilidad corporativa enviaron una presentación de 30 páginas al Consejo de Derechos Humanos de la ONU antes de su Examen Periódico Universal de Canadá en abril de 2023, denunciando a Canadá por su continuo apoyo diplomático a las empresas mineras por encima de la seguridad de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente (DDH). 

La presentación se basa en cinco estudios de caso bien documentados de México, Guatemala, Perú y Ecuador para ilustrar los temas clave que definen el enfoque diplomático de Canadá a los conflictos mineros en el exterior. Entre los estudios citados, en México, se cree que el apoyo incondicional de la Embajada de Canadá a Blackfire Exploration puso en mayor riesgo la vida del defensor del medio ambiente Mariano Abarca en los meses previos a su asesinato en noviembre de 2009. En Ecuador, en 2021, la embajadora canadiense denegó las peticiones de apoyo de la presidenta del Pueblo Shuar Arutam, Josefina Tunki, después de que ésta denunciara haber recibido amenazas de muerte del vicepresidente de operaciones de la empresa canadiense Solaris Resources como consecuencia de la oposición de su pueblo al proyecto de cobre de la empresa.

El escrito, redactado por el Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés) con el apoyo de MiningWatch Canadá, cuenta con el respaldo de 27 organizaciones de la sociedad civil canadiense y 39 profesores, abogados y juristas. El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU examinará el cumplimiento por parte de Canadá de sus compromisos en materia de derechos humanos y formulará recomendaciones específicas, correspondiendo a Canadá la responsabilidad de aplicar los cambios. 

“Hemos constatado que las embajadas canadienses siguen prestando un importante apoyo a las empresas mineras canadienses a pesar de ser conscientes de las graves y creíbles denuncias de violaciones de derechos humanos y medioambientales”, afirma Charis Kamphuis, profesora de Derecho de la Universidad Thompson Rivers (TRU) y integrante de la junta directiva de JCAP. “El Examen Periódico Universal es una oportunidad crucial para poner a Canadá en el punto de mira y revelar la enorme brecha existente entre los compromisos nacionales e internacionales de Canadá en materia de derechos humanos y las acciones y omisiones de los funcionarios canadienses, que ignoran sistemáticamente las preocupaciones de las comunidades afectadas y los riesgos para las y los defensores. En algunos casos, los funcionarios canadienses han tomado medidas para socavar los esfuerzos de las comunidades por defender sus derechos y acceder a la justicia”.

El documento examina los problemas que siguen planteando las Voces en Riesgo: Directrices Canadienses para el Apoyo a los Defensores de Derechos Humanos, un conjunto de directrices que especifican cómo las embajadas canadienses y otros funcionarios deben apoyar a los defensores de los derechos humanos, incluidos los canadienses, y promover una conducta responsable por parte de las empresas canadienses que operan en el extranjero. En el documento se señalan fallos específicos de la política, como la falta de claridad en cuanto a las obligaciones concretas de los funcionarios canadienses, la falta de información y transparencia sobre cómo se aplican las directrices y la falta de supervisión independiente para garantizar su cumplimiento. 

“Al mismo tiempo que los funcionarios de la embajada canadiense hacen esfuerzos considerables para promover los intereses mineros canadienses en el extranjero, poniendo a los defensores en mayor riesgo, el gobierno canadiense no ha logrado garantizar ni siquiera un mínimo de rendición de cuentas para los responsables de daños devastadores”, dice Viviana Herrera, Coordinadora del Programa de América Latina de MiningWatch Canadá. “Estamos pidiendo al Grupo de Trabajo que haga fuertes recomendaciones a Canadá para que ajuste finalmente sus acciones en cuanto a sus compromisos cuando se trata de la rendición de cuentas del Estado y de las empresas.” 

JCAP hace las siguientes recomendaciones al grupo de trabajo en su escrito: 

  1. Recomendar a Canadá que reforme su política y su enfoque jurídico de la diplomacia económica y los defensores de los derechos humanos en el extranjero por un enfoque que pueda garantizar que las acciones de los funcionarios canadienses cumplan las obligaciones internacionales de Canadá en materia de derechos humanos y medioambientales.
  2. Recomendar que dichas reformas se desarrollen únicamente tras un proceso completo y significativo de participación de la sociedad civil. Éste debería incluir a los defensores de los derechos humanos, los pueblos indígenas, las comunidades y los grupos directamente afectados por la extracción industrial de recursos en el extranjero, con el apoyo del gobierno y las misiones diplomáticas canadienses.
  3. Recomendar que Canadá lleve a cabo una revisión exhaustiva de los incumplimientos por parte de los funcionarios canadienses de las obligaciones internacionales de Canadá en materia de derechos humanos y medioambientales en los cuatro casos citados en este informe. Esta revisión debe identificar los remedios apropiados a cualquier persona que haya sido perjudicada directa o indirectamente por las acciones de Canadá.

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Contactos para medios de comunicación: 

  • Charis Kamphuis, integrante de la Junta directiva de JCAP, profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad Thompson Rivers | ckamphuis@tru.ca, 250-572-2625
  • Viviana Herrera, Coordinadora del Programa para América Latina en MiningWatch Canadá | viviana@miningwatch.ca, 438-993-1264

Imagen: Altar en memoria de Mariano Abarca. Foto: blog ewwaunel vía Chiapas Paralelo

En los Medios:

3 de mayo: Manifiesto por el agua

Compartimos este manifiesto por el agua de la campaña Yo Prefiero Agua Y Salud dado durante una actividad por el agua en San Cristóbal de Las Casas en el marco de la celebración de 3 de mayo

Celebrando el Día de la Santa Cruz, hoy 3 de mayo. Es una celebración de agradecimiento por el AGUA, reconocerla como el elemento que trasciende la vida de las personas pero también de todo ser vivo sobre el planeta. Elemento vivo que es parte de nuestro cuerpo, de nuestro alimento, de nuestra casa común. Es una celebración ancestral para agradecer la lluvia y toda fuente de agua.

1. El agua es vida y es sagrada, no es una mercancía

2. El agua tiene derecho a fluir limpia y libre por sus cauces naturales

3. El agua es un derecho de todos los seres vivos

4. Los bosques atraen y retienen el agua. Es urgente detener la tala de árboles

5. Debemos reforestar con árboles nativos, como el encino, ellos son guardianes del agua y la vida. Es necesario frenar el monocultivo del pino

6. La extracción de grava y arena acelera la devastación ecológica de las montañas. Es apremiante actualizar y cumplir la normatividad para frenar su explotación

7. Los humedales de montaña son ecosistemas frágiles. Rellenarlos es un ecocidio

8. Los cerros, ríos, manantiales y humedales del valle de Jovel son nuestra casa. Ciudadanos, gobernantes e instituciones estamos obligados a protegerlos

9. Estamos contaminando el agua en esta ciudad. Busquemos soluciones para sanearla con ecotecnias eficientes y viables

10. La extracción excesiva de agua está secando los pozos profundos. Es inadmisible permitir concesiones irresponsables

11. Las autoridades correspondientes deben respetar el mandato internacional del derecho humano al agua potable y al saneamiento

12. El plan de gestión de la Cuenca de Jovel debe ser apropiado por la ciudadanía y los gobernantes

13. Dignificar el agua es dignificar nuestra propia vida. Todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de cuidarla y protegerla.

Imagen: Yo Prefiero Agua y Salud

Más información:

Solidaridad feminista internacional ante cancelación ilegal de organizaciones feministas y/o que apoyan o trabajan por los derechos de las mujeres en Nicaragua.

Compartimos este comunicado de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) – A 20 de abril del 2022

  • Desde abril de 2018, el gobierno de Daniel Ortega ha cancelado ilegalmente 26 organizaciones feministas y/o que apoyan o trabajan por los derechos de las mujeres.
  • Desde la solidaridad feminista internacional hacemos un llamado para que el mundo abra sus ojos y vea a Daniel Ortega como lo que realmente es: un macho violador impune, misógino, corrupto y capitalista enriquecido a través del ejercicio despótico del poder.

En Nicaragua, ser mujer, ser feminista y estar organizada es cada vez más peligroso.

Desde 2018 al menos 26 organizaciones feministas y/o que apoyan o trabajan por los derechos de las mujeres han sido ilegalmente canceladas por el gobierno. Son organizaciones radicadas a lo largo y ancho del país, en zonas urbanas y campesinas, así como en territorios y comunidades indígenas y afrodescendientes. Algunas de ellas llevaban décadas trabajando en la denuncia y prevención de la violencia machista, exigiendo justicia por los femicidios, defendiendo los derechos laborales de las mujeres, informando y educando con perspectiva de género o promocionando los derechos sexuales y reproductivos, entre muchos otros aportes a los derechos humanos de las mujeres nicaragüenses.

Ahora, todas estás organizaciones han visto ilegalmente arrebatada su personería jurídica y la posibilidad de acceder a los recursos necesarios para desarrollar su labor. Sus oficinas han sido desmanteladas por el gobierno y sus bienes requisados. Muchas de sus integrantes han sido y son objeto de criminalización, campañas de descrédito y hostigamientos constantes, hasta el extremo de que algunas de ellas han tenido que exiliarse.

En la mayoría de casos, la cancelación de estas organizaciones se ha apoyado en procedimientos arbitrarios por parte de las instituciones responsables. Estas instituciones han puesto todo tipo de obstáculos o directamente se han negado a recibir la documentación administrativa requerida por ley, pese a que las organizaciones cumplían con todos los requisitos en tiempo y forma. Muchas otras organizaciones viven un cierre administrativo de facto, sin acceso a recursos y a la gestión de actividades, al estar sometidas a trámites y requerimientos arbitrarios.

Todo esto sucede en un país donde al menos 71 mujeres fueron víctimas de femicidio en 2021.

Donde, según datos oficiales, durante ese mismo año, más de 8 mil mujeres denunciaron haber sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar y cerca de 5 mil denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual.

Donde muchas mujeres víctimas de violencias machistas no denuncian sus casos sabiendo que no van a tener justicia y con miedo a ser revictimizadas por el Estado.

Donde miles de mujeres trabajan en maquilas de capital trasnacional bajo condiciones de explotación y extrema precariedad.

Donde desde abril de 2018 se viene agudizando la profunda crisis social, política y de graves violaciones a derechos humanos que estalló tras la brutal represión del Gobierno de Daniel Ortega a las multitudinarias protestas pacíficas contra su reforma neoliberal del seguro social, dejando a centenares de personas muertas y miles de exiliadas.

Donde trece defensoras de derechos humanos están presas y condenadas a penas de entre 8 y 18 años de cárcel por trabajar por la democratización del país. 

Donde la interrupción del embarazo está completamente penalizada y las mujeres tienen que abortar de manera clandestina y en condiciones que ponen en peligro sus vidas.

Donde el Estado ha venido desmantelando leyes, políticas e instituciones orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y avanzar hacia la igualdad que habían sido logradas gracias al trabajo y las luchas históricas de las feministas nicaragüenses. 

En este contexto, la cancelación de estas organizaciones supone un grave golpe para todas las mujeres del país, dejándolas en una situación de mayor vulnerabilidad y exposición a la violencia y a la vulneración de sus derechos fundamentales.

Las feministas de todo el mundo sabemos que los ataques de Daniel Ortega a las feministas nicaragüenses se remontan a mucho antes de la crisis de 2018. Se remontan a 1998, cuando trascendió que el mandatario había abusado sexualmente de su hijastra, Zoilamérica Narvaez Murillo, y las feministas nicaragüenses denunciaron públicamente el caso y acuerparon a Zoilamérica.

Tampoco podemos olvidar el pacto de Daniel Ortega con la jerarquía católica, que en 2006 llevó a penalizar totalmente el aborto en el país. Este pacto, junto con el que suscribió con el ex-presidente corrupto y neoliberal Arnoldo Alemán, le permitió regresar al poder traicionando la historia del Sandinismo y los valores y esperanzas por las que muchas compañeras nicaragüenses habían luchado en la revolución y contribuido a crear un proyecto de país más justo, libre e igualitario.

Desde la solidaridad feminista internacional hacemos un llamado para que el mundo abra sus ojos y vea a Daniel Ortega como lo que realmente es: un macho violador impune, misógino, corrupto y capitalista enriquecido a través del ejercicio despótico del poder.

Abrazamos a todas las compañeras de las organizaciones canceladas quienes, pese a todos los obstáculos y hostilidades que diariamente tienen que enfrentar, siguen organizadas y no cesan en su empeño de trabajar por los derechos de las mujeres nicaragüenses.

Que sepan que las feministas de América Latina y del mundo entero estamos con ellas, que no las dejaremos solas y que sabemos que lo que llevan décadas construyendo sobrevivirá a cualquier gobierno represor, hostil y corrupto, porque es el abono de los futuros que soñamos juntas y en los que tarde o temprano todas nos habitaremos libres, diversas e iguales.

Organizaciones feministas y/o que apoyan o trabajan por los derechos de las mujeres que han sido ilegalmente canceladas por el gobierno de Daniel Ortega desde abril de 2018: 

  • Asociación Centro de Capacitación de la Mujer Obrera
  • Asociación Colectivo de Mujeres de Matagalpa
  • Asociación Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH)
  • Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia Oyanka
  • Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra (MEC)
  • Asociación para la Sobrevivencia y el Desarrollo Local (ASODEL)
  • Asociación Red de Empresarias de Nicaragua (REN)
  • Centro de Derechos Constitucionales (CDC) 
  • Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua. (CEJUDHCAN)
  • Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS)
  • Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO)
  • Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
  • Colectivo 8 de Marzo.
  • Diakonia
  • Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI)
  • Fundación Centro de Comunicación y Educación CANTERA
  • Fundación Entre Volcanes
  • Fundación Luisa Mercado (FUNLUM)
  • Fundación OXFAM Ibis
  • Fundación OXFAM Intermon
  • Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer Indígena de Sutiaba
  • Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez (FUNDEMUNI)
  • Fundación Popol Na para la Promoción y el Desarrollo Municipal
  • Fundación Xochiquetzal
  • Instituto de Liderazgo de las Segovias, ILLS
  • Trocaire

Comunicado del Pueblo Creyente a 11 años de la Pascua de jTatic Samuel Ruíz

Les compartimos el comunicado del Pueblo Creyente – A 25 de enero del 2022

DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

COMUNICADO DEL PUEBLO CREYENTE

A la sociedad civil

A las diferentes creencias religiosas

A los tres niveles de gobierno

A  los medios de comunicación

A los hombres y mujeres que construyen la paz.

“… Mantener una constante práctica de análisis de la realidad, con sus luces y sombras, que nos permitan un mejor entendimiento y sensibilidad de la problemática social que se vive, de los esfuerzos que se hacen para construir una alternativa y tener una claridad de conciencia para actuar responsablemente ante los engaños del sistema dominante”. (Carta Pastoral ¡Caminemos Juntos a la luz del Señor! #54).

El año pasado por la situación de la pandemia por Covid-19 no pudimos celebrar nuestra peregrinación de la manera acostumbrada cada año. Hoy nuevamente como Pueblo Creyente peregrinamos este día, celebrando los 11 años de la Pascua de Jtatic Samuel Ruíz García, profeta del pueblo que sufre y que entregó su vida de manera generosa a esta diócesis; y los 2 años de haber sembrado la Carta Pastoral de nuestro obispo Rodrigo Aguilar: ¡Caminemos juntos a la luz del Señor!

La pandemia ha traído como consecuencias en nuestro país el alza de precio de la canasta básica, del gas L.P., de la gasolina y otros servicios indispensables. Subió el precio del pasaje a las comunidades lo cual aumenta el precio de los productos del campo. También se ha visto en los pueblos y ciudades el aumento de comercios ambulantes y bazares de ropa americana. Existe desempleo y falta de oportunidades para progresar. Nuevas variantes del covid-19 han surgido. Y la posibilidad de una nueva crisis económica mundial está a la puerta.

Como Pueblo Creyente nos unimos, en este día, para manifestar todos los atropellos e injusticias que viven nuestros pueblos y comunidades, sobre todo la inseguridad, la violencia y la disputa territorial provocada por el crimen organizado, ante las cuales las autoridades de los tres niveles de gobierno se ven rebasadas, permisivas y coludidas por el sistema de control que el crimen organizado ejerce en el territorio nacional. Lo cual trae consecuencias muy fuertes para nuestros municipios y nuestros pueblos como: la narcopolítica, la drogadicción en los ejidos, el aumento de cantinas, robos de carros y motos, asesinatos. Así como supuestos problemas agrarios en Ejidos y Rancherías, o entre pueblos, como el caso más conocido de Santa Marta y Aldama. También la amenaza y asesinato a líderes sociales y comunicadores sociales, así como amenazas a Agentes de Pastoral de nuestra Diócesis.

En el asesinato del hermano catequista y compañero Simón Pedro todavía no se ve la acción de la justicia.

Se ha evidenciado más en este último año la desaparición de personas, niñas-niños, hombres y mujeres, de diferentes edades. Y por el miedo a represalias y el no ejercicio del Estado de derecho la gente no denuncia. También se provoca la lucha de poderes de organizaciones, manipuladas por partidos políticos, caciquismo y empresariado. Un sistema neoliberal que busca el control del territorio y los recursos, a toda costa, con tal de obtener la máxima ganancia. Seguimos observando la tala inmoderada de árboles y el tráfico de los mismos, sin que las autoridades correspondientes hagan algo.

Como Pueblo Creyente denunciamos y rechazamos la corrupción política, el tráfico de influencias, la impunidad, el tráfico de migrantes y la militarización de los pueblos.

Queremos justicia, que actúe el gobierno y no pasa nada, pero si nosotros nos comprometemos podemos hacer algo.

Ante la situación que se vive la Sociedad Civil organizada ya está haciendo algo. Las mujeres han logrado prevalecer y organizarse en las comunidades, lo cual hace visible la importancia de su protagonismo en la historia. Nosotras y nosotros nos unimos también a esta lucha en la construcción del Buen Vivir.

Ha aumentado el flujo de migrantes de distintos países y sobre todo de Haítí, en diferentes rutas de nuestro estado de Chiapas. Estos últimos tienen problemas para comunicarse porque muchos no entienden ni hablan el español.

Algunas y algunos migrantes son empleados en negocios, también como barrenderos y peones.

Todo este éxodo migratorio hace que la Pastoral de Movilidad Humana redoble sus esfuerzos en el apoyo solidario a estas hermanas y hermanos. Pero a la vez existen también amenazas e intimidaciones contra personal que colabora en las casas de migrantes coordinados por Agentes de Pastoral de nuestra Diócesis.

Por otra parte nos enteramos con tristeza, coraje e indignación de la muerte de 58 migrantes, en el tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, provocado por llevar ocultos en un tráiler a más de 100 migrantes. Con lo cual se evidencia la otra cara del crimen organizado.

La Arquidiócesis de Tuxtla en su comunicado decía: “Un lamentable hecho como este, no hace sino mostrarnos, una vez más, el terrible drama que cotidianamente viven los migrantes en su paso por nuestra tierra. Además, pone en evidencia la corrupción que aún prevalece en torno al tema migratorio. ¿Cómo es posible que un tráiler lleno de migrantes pase desapercibido por los puntos de revisión? ¿Cómo es posible que se permita que decenas de personas viajen en esas condiciones inhumanas, poniendo en peligro sus vidas? ¿Qué autoridades están coludidas para que sucedan estas cosas?

Hacemos un enérgico llamado a las autoridades para que esclarezcan este lamentable hecho y establezcan los mecanismos para que situaciones como estas no se repitan. Es momento para que se establezcan condiciones para la tan anhelada “migración segura, ordenada y regular”, que tanto se necesita en medio de esta crisis humanitaria.

La sangre de estos hermanos clama al Cielo; la corrupción institucionalizada clama al Cielo; la indiferencia ante el dolor de los migrantes clama al Cielo”.

Otro aspecto que afectó a nuestras comunidades en 2021 es el covid-19,  y a finales del año enfermedades como tos y gripe que se parecen al covid, a veces se puede controlar y a veces no. No se sana con medicinas o jarabes.

Como Pueblo Creyente hemos mantenido nuestra convicción del respeto a la Madre Tierra y la defensa de Tierra y Territorio. Cada vez se nos dificulta hacer conciencia de esto en  nuestras comunidades pero seguiremos firmes en hacerlo.

También continuamos construyendo alternativas de Acuerdos Comunitarios que den vida a nuestros pueblos y que no nos dejemos absorber por la “globalidad de la indiferencia” como nos dice el Papa Francisco (cf. Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz, 1 de enero de 2016).

Como Pueblo Creyente nos comprometemos a corresponsabilizarnos en la búsqueda de la seguridad comunitaria. Por lo cual también procuraremos de manera urgente articularnos más entre áreas, instancias, grupos y organizaciones, en la búsqueda del Bien Común.

Hacemos un llamado a todas las personas, sin importar su credo religioso, a reconocer  la importancia de la vida comunitaria, que nos heredaron nuestros abuelos y nuestras abuelas, comprometernos y organizarnos para la defensa de la vida en nuestros pueblos, buscando recuperar nuestros valores y el camino de fe que Dios nos señala para vivir en un mundo de hermanos y hermanas. Y abrirnos en la búsqueda de caminos de esperanza junto con los pueblos de otros países.

Pedimos sabiduría al Corazón del Cielo y Corazón de la Madre Tierra para saber cómo acompañar los procesos de los pueblos y que surjan profetisas y profetas, individuales y colectivos, que acompañen al pueblo en las diferentes dimensiones que abarcan al ser humano. Y ser un signo de esperanza de esta transformación que Dios quiere para la humanidad “cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales more la justicia” (2Pe 3,13).

Buscaremos alternativas para caminar como Iglesia Diocesana en la exigencia de la sinodalidad a la que nos está empujando el Ch´ul Espíritu.

Como Pueblo Creyente seguimos decididos y decididas a seguir construyendo una alternativa ante la violencia e inseguridad.

Como Pueblo Creyente Invitamos a todos los pueblos a construir juntas-juntos la justicia y la esperanza.

“LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES”

Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas

A 25 de enero de 2022.

Imagen: SERAPAZ México y Diócesis de San Cristóbal

Más información:

Ante la violencia producida por armas de fuego, organizaciones y academia lanzan campaña: #PazSinArmas

Compartimos este comunicado de diversas organizaciones, colectivos y movimientos en México- A 12 de octubre del 2021

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2021. La campaña #PazSinArmas es producto de la suma de esfuerzos de más de 20 organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y otros actores sociales, que buscamos mitigar los efectos negativos que ha producido la creciente violencia armada en el país. Nos hemos unido para exigir que existan controles efectivos de armas, que eviten su entrada ilegal, principalmente de Estados Unidos a México; además, que se refuercen los mecanismos de auditoría para conocer el uso y destino de las armas adquiridas de forma legal entre
las instituciones de seguridad. A la par que se garanticen los controles de confianza y seguimiento efectivo de los elementos que las portan. Asimismo, abogamos por que los controles incluyan la investigación y sanción ejemplar a unidades específicas o elementos con historiales impunes de violaciones graves de derechos humanos o colusión con el crimen organizado.

La violencia armada se ha incrementado drásticamente en México durante los últimos años, afectando a toda la población. Si bien este tipo de violencia responde a múltiples factores, la cercanía con los Estados Unidos siendo el mayor productor y consumidor de armas de fuego del mundo, así como la decisión de militarizar la seguridad pública, adicionada con la opacidad con la que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) actúa en cuanto a su papel en el manejo, distribución y control de armas de fuego, juegan una papel fundamental en el actual contexto de violencia.

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de acuerdo con la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de EUA, casi todas las armas recuperadas en las escenas del crimen en México —entre 70% y 90% de ellas— fueron traficadas desde Estados Unidos. En este sentido, es importante resaltar que la búsqueda de paz demanda reforzar el control de armas de fuego entre ambos países: tanto de aquellas armas traficadas ilegalmente al país y que se ven involucradas en un gran número de eventos catastróficos perpetrados con armas de fuego utilizadas por miembros del crimen organizado y por parte de personas civiles que no forman parte de organizaciones criminales. Así como de aquellas que entran legalmente y terminan en manos de autoridades que hacen mal uso de estas, perpetrando graves violaciones a derechos humanos.

De acuerdo con la información obtenida por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Stop US Arms to Mexico y el Centro de Estudios Ecuménicos, la SEDENA se declaró como el usuario final en más de 147 mil armas de fuego importadas de Estados Unidos entre 2008 y 2019, cuando estas en realidad estaban destinadas para uso policial. Dejando así una brecha en la información respecto del usuario final de esas armas y su utilidad. Aunado a ello se debe considerar la adquisición de armas por particulares, que carecen de registro y que ya han sido documentadas en otros estudios.

Del mismo modo resulta nos es pertinente resaltar el impacto diferenciado de las armas de fuego en las dinámicas de violencia. Las organizaciones Intersecta y Data Cívica han identificado que, desde el año 2007, los homicidios de mujeres con armas de fuego han incrementado, así como su ocurrencia en la vía pública.

Ante este contexto, las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación y hacemos un llamado urgente a la construcción de la #PazSinArmas. El uso de armas de fuego sin controles facilita la ocurrencia de violaciones de derechos humanos, actos de tortura, ejecuciones, desapariciones forzadas, lesiones en personas, robos, extorsiones y violencia de género; además de forzar a poblaciones enteras a desplazarse o migrar para huir de la violencia.

Por ello, exhortamos a las autoridades a:

  • Iniciar las investigaciones para determinar la responsabilidad administrativa y penal de las y los servidores públicos implicados en actos contrarios a derecho, particularmente aquellos que tienen relación con el uso de las armas de fuego.
  • Establecer un sistema de seguimiento adecuado para las importaciones legales de armas a México, el cual incluya información que transparente los registros, controles y rastreo de los usos finales de las armas, incluyendo todas las unidades de posibles usuarios finales, no solo las unidades centrales de distribución.
  • Garantizar el diálogo permanente entre representantes de sociedad civil, la SEDENA, SEMAR, Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y otras dependencias federales y locales sobre el flujo y control de armas. En este sentido, se exhorta a las autoridades a comprometerse, participar y dar seguimiento puntual a los espacios de diálogo y trabajo con la sociedad civil.
  • Diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas y el marco normativo para el control de armas y municiones conforme a la evidencia y con participación de la sociedad civil; sustentados en metodologías para recabar y sistematizar información con indicadores interseccionales de un amplio espectro de la violencia armada, con el fin de identificar el impacto específico en diferentes poblaciones y diseñar mejores políticas de prevención y de atención a víctimas.
  • Actualizar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos vigente desde hace casi 50 años (1972), así como sus normas secundarias. En esta reforma el Legislativo deberá incluir, entre otras cosas, la transparencia en la información sobre armas y municiones. El gobierno debe socializar la propuesta de la nueva Ley de Armas y Municiones y normas reglamentarias a la ciudadanía, para garantizar que la sociedad civil tenga plena incidencia en la formulación y revisión de dicha normatividad.
  • Garantizar que la SEDENA identifique y declare los usuarios finales verdaderos a las empresas exportadoras y a las autoridades de sus países respectivos, en los certificados emitidos antes de expedir una licencia y el envío de las armas.
  • Formular medidas que tengan mayor efectividad en la búsqueda y recuperación de armas que han ingresado de manera ilegal al país, así como el establecimiento de mayores controles en materia, haciendo énfasis particular, en la frontera norte.
  • Las dependencias del gobierno federal, estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, deberían recopilar informacion tanto de victimas como de perpetradores, asi como difundir proactivamente datos de impactos de armas de fuego, desagregados por categorías sospechosas e interseccionalidad; por ejemplo y no limitado a sexo, identidad de género, edad, etnia, orientación sexual, estatus migratorio y discapacidad.

Es innegable que parte de las armas adquiridas que han sido adquiridas por el estado mexicano, en conjunto con las que tienen actores criminales están cobrando vidas, en un contexto en el que parece ser que el único marco de regulación existente es la violencia armada.

La situación requiere la participación inmediata de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. que exista una política centrada en la reparación y asistencia a las víctimas y familias afectadas. En este sentido, recordamos al Estado mexicano que tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar los actos que pongan en riesgo la vida, salud (física y mental), integridad, seguridad y libertad de las personas, así como ofrecer elementos suficientes que permitan la construcción de la #PazSinArmas y garantizar los derechos de las víctimas.

Contacto de prensa: Eva Avilés Gómez (Comunicación, Prensa & Medios Sociales, CMDPDH)
comunicacion1@cmdpdh.org

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