Informe: Financiando la represión

Les compartimos el nuevo informe de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo sobre las instituciones financieras que invierten en proyecto que contribuyen a la represión y violación de derechos humanos – A 4 de diciembre del 2024

En todo el mundo, las instituciones financieras de desarrollo (IFD) están invirtiendo mucho en contextos muy represivos, donde la gente no puede expresar públicamente sus preocupaciones y los grupos de la sociedad civil no pueden actuar libremente. «Financiar la represión: Por qué los bancos de desarrollo deben replantearse la financiación en países que bloquean las libertades cívicas» combina análisis cuantitativos de las inversiones de las IFD y estudios de casos para

  • revelar hasta qué punto los bancos de desarrollo financian proyectos en países con un espacio cívico cerrado;
  • explicar por qué las restricciones del espacio cívico deberían ser una preocupación crítica para los bancos de desarrollo
  • esbozar una serie de recomendaciones que los bancos de desarrollo deberían seguir antes de aprobar proyectos en tales contextos.

Descargar informe completo

Nota de prensa

Los bancos de desarrollo alimentan la represión al invertir fuertemente en países que restringen las libertades cívicas

4 de diciembre de Este mes, el Banco Mundial está listo para votar un proyecto potencialmente catastrófica que implica desplazar a unas 60.000 personas, en uno de los países más represivos del mundo. La represa Rogun en Tayikistán es uno de los ejemplos más flagrantes de cómo los bancos de desarrollo a menudo dan prioridad a sus propios intereses estratégicos sobre los derechos humanos, ignorando severas restricciones a las libertades cívicas en sus países de operaciones. Lamentablemente, sin embargo, este caso dista mucho de ser único.

De acuerdo con el informe – Represión de Financiamiento – publicado por la Coalición para los , el Sistema de Alerta Temprana (EWS) y el Proyecto de Rendición Internacional de Rendición (IAP) – Los bancos de desarrollo están financiando proyectos multimillonarios en contextos altamente represivos, donde la gente no puede expresar públicamente sus preocupaciones y los grupos de la sociedad civil no pueden operar libremente.

En el documento, las consultas con las comunidades afectadas son un requisito clave para los proyectos financiados con bancos de desarrollo. Pero cómo pueden los bancos garantizar la participación pública, en los países donde la opinión equivocada puede llevarte a la cárcel o donde la gente ni siquiera se atreve a hablar, ya que tienen demasiado miedo de hacerlo, dice Mark Fodor, Coordinador de la campaña de Defensores en el Desarrollo.

Financing Repression. utiliza datos de la base de datos dirigida por la sociedad civil Sistema de Alerta Temprana para analizar las inversiones de los bancos de desarrollo en países marcados como con espacio cívico cerrado (según datos de CIVICUS Monitor).

Inversión total de datos ENG

Algunos hallazgos clave incluyen:

  • De 2019 a 2023, 13 bancos de desarrollo invirtió al menos 88.000 millones de dólares a 1058 proyectos en 18 países con espacio cívico cerrado.
  • Los bancos que más están invirtiendo son: Banco Mundial, Banco Asiático de Desarrollo (ADB), Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB), Corporación Financiera Internacional (CFI) y Banco Europeo de Inversiones (BEI).
  • China, Egipto, Uzbekistán y Vietnam recibieron casi el 90% del total de las inversiones.
  • En 2023, Uzbekistán, Laos, Djibouti y Egipto tuvieron las inversiones per cápita más altas.
  • En los 18 países con espacio cívico cerrado, los sectores más financiados son las finanzas (13,6%), la energía (12,7%), el transporte (11,8%), la ley y el Gobierno (10,2%) y la infraestructura (9,2%).

Los datos revelados en este informe son extremadamente preocupantes, dice Ryan Schlief, director ejecutivo de IAP. Los millones están siendo canalizados a los países más represivos del mundo, y esto es sólo la punta del iceberg. Afortunadamente, a menudo falta transparencia y se detallan todos los detalles sobre la cantidad invertida y el uso específico de los fondos proporcionados sigue sin estar disponible.

Sectores de datos ENG

El informe incluye cinco estudios de casos (Azerbaiyán, Egipto, Tayikistán, Uzbekistán y Vietnam), que ilustran cómo las restricciones del espacio cívico plantean graves riesgos para los defensores de los derechos humanos y las comunidades que hablan sobre proyectos de desarrollo.

En estos contextos, cuando los proyectos de desarrollo en estados autoritarios no se alinean con las necesidades de las comunidades locales o cuando conducen a impactos dañinos, hay poco espacio para que las personas afectadas hagan oír su voz, dice Umida Niyazova, del Foro uzbeko de Derechos Humanos.

  • Azerbaiyán : A pesar de haber acogido la COP29 el mes pasado, los defensores de derechos humanos que exponen la corrupción o exigen responsabilidades en el sector energético son criminalizados rutinariamente. En los últimos cinco años, los bancos de desarrollo han invertido 267 millones de dólares en proyectos energéticos, pero no han utilizado su apalancamiento para exigir libertad para activistas anticorrupción como Gubad Ibadoghlu (quien actualmente está bajo arresto domiciliario).
  • Egipto : El miedo a la represión ha llevado a una autocensura generalizada, impidiendo que los defensores de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y cualquier persona den voz segura a sus preocupaciones sobre los proyectos de desarrollo, mientras que los bancos de desarrollo y la Unión Europea (UE) siguen comprometiendo miles de millones para financiar el régimen.
  • Tayikistán : los principales bancos de desarrollo en el marco de un plan orquestado por el Banco Mundial están financiando el controvertido proyecto hidroeléctrico de Rogun. Si se completa, esta se convertirá en la presa más alta del mundo. Este proyecto corre el riesgo de causar importantes impactos ambientales, sociales y financieros en Tayikistán y otros países aguas abajo, y se espera que unas 60.000 personas sean desplazadas. Pero en un contexto tan represivo, sus preocupaciones corren el riesgo de permanecer inaudita.
  • Uzbekistán : el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), la CFI y el BAsD están financiando la empresa de algodón Indorama Agro, a pesar de las represalias perpetradas por la empresa, funcionarios del gobierno y servicios de seguridad contra trabajadores, miembros del sindicato y defensores de los derechos humanos.
  • Vietnam: mientras negociaba y lanzaba un acuerdo internacional sobre la transición energética justamente con varios bancos de desarrollo y gobiernos occidentales, el gobierno vietnamita ha estado criminalizando a los líderes ambientales y climáticos bajo falsas acusaciones.

Entre los grupos de la sociedad civil, hay diferentes perspectivas sobre si las instituciones financieras y las instituciones financieras internacionales deben invertir en tales contextos o no, y en qué condiciones. Sin embargo, todos apuntan a la necesidad de que los bancos de desarrollo extremen la precaución extrema.

Los bancos de

Citas adicionales

– Reasentamiento adicional de 50.000 personas para construir la represa Rogun en Tayikistán, un país con un historial muy problemático en materia de derechos humanos – contradice directamente las políticas de salvaguardia de la mayoría de las instituciones de financiación del desarrollo. Opciones alternativas, como la construcción de una presa más baja y la rápida instalación de paneles solares, podrían servir mejor a las necesidades de Tayikistán y evitar reasentamientos adicionales. Sin embargo, a favor de la actual propuesta de proyecto, el Banco Mundial y los demás financiistas están estimulando una silenciosa crisis humanitaria, en un país donde la gente ni siquiera se atreve a hablar. (Eugene Simonov, Coordinación de los Ríos sin Coalición Internacional de Límites)

Cuando los proyectos de desarrollo en estados autoritarios no se alinean con las necesidades de las comunidades locales o cuando conducen a impactos dañinos, hay poco espacio para que las personas afectadas hagan oír su voz. Los bancos carecen de mecanismos eficaces (tanto durante el diseño como en las etapas de aplicación) para colaborar significativamente con las partes interesadas, en contextos en los que las libertades de asociación y expresión están tan restringidas que las personas tienen demasiado miedo de expresar sus preocupaciones. Además, los bancos han demostrado que están mal equipados para responder a las represalias contra los trabajadores y los monitores, dejando un vacío de información en el que los derechos pueden ser violados con impunidad. (Umida Niyazova, Foro de Uzbekistán sobre Derechos Humanos)

El informe será presentado durante un seminario web el 4 de diciembre (más información e inscripción aquí). Entre los panelistas tendremos:

  • Mary Lawlor – Relatora Especial de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos
  • Umida Niyazova – Foro uzbeko para los Derechos Humanos
  • Jewher Ilham – Consorcio de Derechos de los Trabajadores, hija del encarcelado defensor de los derechos humanos uigur Ilham Toti
  • Zhala Bayramova . Abogado en Derechos Humanos e hija de Gubad Ibadoghlu, defensora de los derechos humanos (Azerbaiyán)
  • Ryan Schlief – Proyecto de Responsabilidad Internacional
  • Dalile Antúnez – Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo

Para más información, póngase en contacto con Lorena Cotza (Comunications Lead, Coalition for Human Rights in Development) – lcotza.rightsindevelopment.org (39 3285761056)

Acerca de los autores

El informe ha sido aprobado por 37 organizaciones de todo el mundo. El informe es una iniciativa colectiva de la Campaña de Defensores para el Desarrollo (proyecto auspiciada por la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo), que se dedica al fomento de la capacidad y la acción colectiva para asegurar que las comunidades y los grupos marginados tengan la información, los recursos, la protección y el poder para dar forma, participar o oponerse a las actividades de desarrollo, y responsabilizar a los financiadores del desarrollo.

Los coautores principales son:

  • La Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo es una coalición global-sur de más de 100 movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y grupos de base. Trabajamos juntos para promover el desarrollo basado en los derechos y para hacer que las instituciones de financiación del desarrollo, los gobiernos, las corporaciones y otros actores rinda cuentas de sus impactos en las personas y el planeta.
  • International Accountability Project (IAP) es una organización internacional que aboga por el cambio de políticas, impulsa los esfuerzos locales de promoción y apoya a los activistas y comunidades locales para que accedan e intercambien información sobre el desarrollo que les afecta. A través del Sistema de Alerta Temprana (EWS), IAP contribuyó al informe de la Represión de la Financiamiento, que rastrea las inversiones de los bancos de desarrollo en 18 países con espacios cívicos cerrados durante 2019-2023. La base de datos EWS es la primera iniciativa dirigida por la sociedad civil basada en la web para organizar, resumir y normalizar proyectos de 15 instituciones de financiación del desarrollo, con actualizaciones diarias.

Descarga el informe

Declaración del 2do Encuentro Mesoamericano de Movimientos Sociales en Resistencia Reencontrarnos en la Resistencia 2024

Comparitmos la declaratoria del del 2do Encuentro Mesoamericano de Movimientos Sociales en Resistencia Reencontrarnos en la Resistencia 2024 realizado en Acteal, Chiapas – A 8 de noviembre del 2024

8 de Noviembre 2024,
Acteal, Chenalhó, Chiapas, México

En el territorio Sagrado de los Mártires de Acteal, sede de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, nos autoconvocamos y nos dimos cita más de 40 organizaciones provenientes de México hasta Panamá, defensoras de las tierras y los territorios, de la salud, de la comunicación, de la cultura, de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres, entre otros muchos movimientos. Las más de 160 personas delegadas en el marco del II Reencuentro Mesoamericano de Movimientos Sociales en Resistencia, de 6 países de la región, nos dimos a la tarea de reencontrar nuestros corazones, nuestros rostros para fortalecer la esperanza, las resistencias y las alternativas, la unidad y la organización que el capitalismo salvaje y patriarcal nos pretende despojar.

Del 6 al 8 de noviembre del presente año compartimos nuestra amistad, nuestros análisis y reflexiones, nuestras luchas y estrategias de resistencia en defensa de los territorios. Y este fue el principal logro, habernos reencontrado, habernos abrazado y reconocido.

Vivimos un momento de extrema inseguridad por la violencia desbordada e incontrolable, Crisis Climática y grandes retos para los movimientos. El sistema capitalista, racista y patriarcal, ahora aliados o interconectados con el crimen organizado, están llevando a cabo sobre nuestros territorios un Modelo Extractivo feroz sobre los bienes comunes naturales y culturales. Los Mega Proyectos acechan nuestra región, así como las políticas neoliberales con el afán de privatizar la vida y todo lo que se encuentra a su paso para incorporarla al mercado; dichas políticas para nosotros los pueblos son nuestra destrucción y exterminio. La energía, la salud, la educación, los bosques, el agua, nuestra cultura no son mercancías, sino las condiciones necesarias para la vida digna de los pueblos.

Sin embargo, este proyecto de muerte se topa con los pueblos vivos, que se movilizan y resisten, que buscan nuevos caminos de vida digna. Hemos resistido con el corazón en alto, y aunque nos han arrebatado a mucha gente querida, seguimos adelante, caminando colectivamente porque sólo así se logra resistir, y sólo así se logra construir nuevas formas de vida. Hemos desplegado un sinfín de acciones, movilizaciones y alternativas. Cartografiamos y mapeamos nuestros territorios para fortalecer la defensa del territorio que es sostén de vida.

La presencia de la mujer curandera, partera, indígena, urbana, luchadora, defensora,
cuidadora, se hizo fundamental en nuestro reencuentro. Hacemos patente que construimos bajo la solidaridad, el respeto, la unidad, la organización, el cuidado colectivo, la búsqueda de alternativas y la autonomía; algunos de los principios que el capitalismo nos quiere arrebatar, ahora se convierten en elementos estratégicos de resistencia.

Ante todo ello, nos comprometemos a:

Impulsar los marcos normativos comunitarios en la línea de la libre determinación de los pueblos originarios como sujetos de derecho público, recuperando nuestra cosmovisión, principios, el derecho histórico y ancestral como guardianes y custodios de la Madre Tierra sobre los bienes comunes naturales como los ríos, los bosques, plantas medicinales y los territorios.

  • Tejer mecanismos y alternativas que fortalezcan la autonomía energética, en la salud, partería y medicina tradicional, en la alimentación, en la educación, en el
  • acceso al agua y en la comunicación.
  • Impulsar la protección de nuestros ríos y bosques de la depredación del capital.
  • Impulsar el derecho a la salud desde los pueblos.
  • Buscar nuevas formas de movilidad alternativas, contra megaproyectos aeroportuarios militarizados, buscando las veredas, la bici, nuevas formas de encontrarnos.
  • Fortalecer la identidad maya que nos une a los pueblos de la región para ser más fuertes, más vivos, más nosotros y nosotras mismas. Un pueblo no sabe a dónde va si no sabe de dónde viene.
  • Impulsar Escuelas de Formación Política y otras herramientas para la descolonización de nuestro pensamiento.

Exigimos:

  • Verdad, Justicia y Presentación con vida de nuestros desaparecidos por la inseguridad causada por el crimen organizado y en el contexto de las migraciones.
  • Alto al desplazamiento forzado de nuestros pueblos.
  • Justicia para Simón Pedro, Berta Cáceres, Padre Marcelo Pérez, Sergio Rojas, Bety Cariño, Noé Vázquez, Mariano Abarca, Walter Méndez, David Salguero, Samir Flores, Tomás Rojo, Jehry Rivera, los Mártires de Acteal, la aparición de nuestros hermanos desaparecidos en la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz y tantas compañeras y compañeros que les han arrebatado la vida por defender a los pueblos y los territorios.
  • Alto a la criminalización y persecución al pueblo garífuna por recuperar sus territorios.
  • Exigimos la liberación de los presos políticos defensores de los territorios como el caso de José Iván Arévalo Gómez en El Salvador, de Pedro Cortés López, Diego Mendoza Cruz y Manuel Sántiz Cruz de Chiapas, entre otros tantos luchadores sociales y defensores de los derechos humanos a quienes se les ha arrebatado su libertad.
  • La desmilitarización de los territorios y un alto al Modelo Extractivo ejercido con megaproyectos como las represas, minería, monocultivos como la palma de aceite, puertos, aeropuertos, gasoductos, oleoductos, pozos petroleros, canales secos, mega fábricas y parques industriales, mega granjas porcícolas, entre otras formas de extracción de los bienes comunes naturales y culturales.
  • Que se declare a nivel internacional al Río Usumacinta como sujeto de derecho; y los pueblos lo declaramos libre de represas y Megaproyectos.
  • Exigimos la cancelación de la concesión ilegal sobre el sagrado río Gualcarque.
  • Alto a los Tratados de Libre Comercio que expolian a los pueblos, y abogamos por la construcción de nuevas formas de interrelación y apoyo regional entre los pueblos.
  • Que se garantice el libre tránsito seguro y protección al migrante.
  • Alto al Modelo Extractivo que empobrece a la Madre Tierra y a los pueblos. Así como las falsas soluciones al cambio climático (mercados de carbono, Geoingeniería) entre otros remedios pintados de verdes.

Nos convocamos a seguir uniendo nuestros corazones, a seguir reencontrándonos, a escucharnos y compartir nuestros caminos. En noviembre de 2025 nos encontraremos en el IV Encuentro Internacional de Afectados por Represas y por la Crisis Climática, en la amazonia brasileña. También nos encontraremos en el III Encuentro Mesoamericano de Movimientos Sociales en Resistencia y Alternativas en en el territorio Lenka en Honduras.

¡Alto al Genocidio del Pueblo Palestino!

¡Nos tienen miedo porque no les tenemos miedo!

Desde el Territorio Sagrado de los Mártires de Acteal,

De El Salvador: Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) / Amigos de la Tierra El Salvador – El Movimiento de Víctimas Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y Las Corporaciones (MOVIAC).

De Honduras: Barrancón Digital, Organización Fraterna Negra Hondureña (OFRANEH), Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

De Costa Rica: Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica – Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente FECON, Coecoceiba/ Amigos de la tierra Costa Rica.

De Panamá: Colectivo Voces Ecológicas (COVEC).

De Guatemala: Consejo del Pueblo Maya (CPO), Asociación de Comunidades por la Defensa del Territorio (ACODET), Consejo de Pueblos Wuxhtaj, Frente Petenero contra Represas

De Estados Unidos: International Rivers.

De América Latina: Movimiento de Afectados por las Represas (MAR)

De México: Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, El Puente, Otros Mundos/Amigos de la Tierra México, Kataz/Nodos de Información, Comunidad Casa de Medicina Tradicional Teo Tepahkalle, Casa Medicina/Pueblo de Santa Ursula Xitla, Casa Monarca-Doulejae-Medicina Tradicional y Cuidados Profesionales, Comunitaria Cultura, Rueda Libre Chiapas, Alianza Ríos Mayas, Sur Resiste, Tsomanotik, Yax-Hun Arqueología Social, Defensa del Territorio y la Vida de los Pueblos Originarios de Chilón (DETUVIDA), Permanecer en la Tierra, Colectivo de Cartografía Histórica Colaborativa de los Territorios Hidrosociales Binacionales de México y Guatemala, Observatorio de las Democracias: Sur de México y Centroamérica (ODEMCA), Voces Mesoamericanas/Acción con Pueblos Migrantes, Comunicadores Populares por la Autonomía (COMPPA), CECROPIA, Movimiento por la Defensa de la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas, Colectiva Cartográfica de los Sures Globales, Parlamento Nacional Indígena, Medios Libres, Organización de la Defensa de los Derechos Humanos, Tierra y Territorio (ODDET), Casa Fuego, Alianza Pediátrica Global, El Consejo de la Crónica, Lumaltik Herriak, Promedios, Frente Popular Ricardo Flores Magón, Nodo Solidario, Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México (FIDEO), Kinal Antsetik, Memoria Viva de los Pueblos, Jtatic Samuel Ruiz García, Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad Ceiba.

#JusticiaParaMarcelo Alta colectivo en memoria del Padre Marcelo Pérez Pérez en la Plaza de la Paz 6 pm en San Cristóbal de Las Casas

La sociedad civil de San Cristóbal de Las Casas convoca a participar en el altar colectivo en memoria del querido Padre Marcelo

Sábado 2 de noviembre 6 pm en la Cruz de la Plaza de la Paz en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Lleva flores, velas, fotografías, música, poemas, mensajes de justicia y solidaridad etc.

Más de 300 recomendaciones a México por crisis en derechos humanos

Compartimos esta nota de AvispaMidia en relación con la gran ola de violencia y crisis en derechos humanos de vive Chiapas – A 21 de octubre del 2024

PorJeny Pascacio

El Colectivo EPU Mx llamó a las autoridades en Chiapas, sur de México, a priorizar la implementación de recomendaciones en materia de desaparición forzada, militarización, desplazamiento forzado, movilidad humana y violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas, que fueron dirigidas a México en el Examen Periódico Universal (EPU).

El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para revisar el desempeño de los países en la implementación de sus compromisos internacionales en derechos humanos, en el caso de México a cada cuatro años y medio. 

En julio de este 2024, se emitieron 318 recomendaciones del EPU, realizadas por 115 países, de las cuales México aceptó 304 y “tomó nota” de 14. Este número es mayor al pasado EPU (2019), donde se emitieron 264 sugerencias.

Para Mario Andrés Hurtado, representante del Espacio Organizaciones de la Sociedad Civil, esto puede tener distintas interpretaciones como la inclusión de temas como el desplazamiento forzado, que hasta el 2019 el Estado mexicano lo adoptó como un problema público. 

Hurtado fue parte del conversatorio titulado “Implementación de las Recomendaciones Internacionales en Materia de Derechos Humanos del Examen Periódico Universal en Chiapas: Retos y Oportunidades a Nivel Estatal”, llevado a San Cristóbal de Las Casas por el Colectivo EPU Mx. 

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Este colectivo está integrado por 300 organizaciones nacionales e internacionales que presentaron informes en el marco del 4o Examen Periódico Universal de México (EPU), para dar un amplio diagnóstico sobre la situación general de derechos humanos en el país, mismos que detallaron el contexto de Chiapas debido a la violencia por enfrentamientos entre cárteles del crimen organizado. 

Chiapas, sin registros oficiales de personas desplazadas 

El desplazamiento forzado interno es un problema grave en México. Cada año miles de personas se ven obligadas a dejar sus hogares a consecuencia de la violencia, los desastres naturales, desalojos forzados o explotación de los recursos. 

Sin embargo no existe desde el Estado mexicano un compromiso por diagnosticar adecuadamente la situación, mencionó Mario Ortega, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). “Lo que incluye que a la fecha no existen registros oficiales sobre el número de víctimas del desplazamiento forzado en nuestro país”.

Los números que en la actualidad se manejan son estimaciones de la sociedad civil y la academia. Por mencionar el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno estima que en México se han desplazado 392,000 personas entre 2008 y 2023 por situaciones de violencia. 

En 2021, miles de personas en la región de los Altos de Chiapas se vieron obligadas a desplazarse forzadamente de sus comunidades debido a la violencia de grupos civiles armados. Foto: Frayba

“Con preocupación observamos que el común en los casos de desplazamiento es la inacción estatal para prevenir y proporcionar atención humanitaria y reparar a las víctimas”.

Para las organizaciones, los deberes del Estado no deberían estar en duda, pues el desplazamiento forzado interno vulnera una gran esfera de derechos, entre ellos la libre circulación, la vivienda, el libre desarrollo, la seguridad, la alimentación y un largo etcétera.

Incluso la Ley General de Víctimas estipula derechos específicos y prioridades de atención en las personas desplazadas internas como el acceso a medidas de ayuda inmediata, alojamiento, alimentación, a servicios médicos y psicológicos, entre otros.

En este punto, Ortega hizo hincapié en la falta de voluntad política y posturas oficiales que pretenden invisibilizar el fenómeno, aunado a la ausencia de conocimientos sobre DDHH por parte de funcionarios responsables de la atención y la carencia de procedimientos adecuados a las especificidades del desplazamiento forzado interno.

“En la mayoría de las ocasiones no hay una respuesta a la emergencia humanitaria máxime si no existe una presión mediática o de instancias internacionales. En los casos donde se ha logrado algún tipo de atención humanitaria podríamos decir que no existen procedimientos homologados y adecuados, ni garantías de qué esta atención sea permanente”.

El Estado aún se niega a levantar los registros de las personas desplazadas lo que es una condición básica para que sigan las medidas adecuadas, incluso si logran retornar, especificó Ortega.

Hasta ahora no existe un tipo penal a nivel federal y en el estado de Chiapas que castigue el delito de desplazamiento forzado, “lo que sería una medida necesaria para combatir la impunidad y evitar por ende la repetición”, especificó Ortega.

El número de desaparecidos puede ser mayor 

En este conversatorio, Jorge Hernández, de Serapaz, dijo que 40 delegaciones emitieron 43 recomendaciones en el EPU en materia de personas desaparecidas, principalmente en temas de investigación, judicialización, aplicación del  marco constitucional y legislativo, y desaparición de mujeres. 

De las 116,482 personas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), hasta octubre de 2024, al menos 1,328 se han reportado en Chiapas. En la actualidad Tapachula encabeza la lista, le sigue Tuxtla Gutiérrez y Frontera Comalapa. 

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En los municipios mencionados, las propias organizaciones han denunciado un incremento de la violencia criminal en los últimos tres años, lo que dificulta el acceso para la documentación y hace proliferar el temor en las familias de víctimas de denunciar ante las autoridades o buscar a sus familiares públicamente. Por lo que la cifra real de personas desaparecidas podría ser mayor. 

De acuerdo a la documentación del Frayba, los grupos poblacionales afectados por esta situación son las mujeres, además de niñas, niños y adolescentes (NNA). Por ejemplo, Melel Xojobal AC y Redias documentaron de 2020 al 30 de junio de 2024 un total de 2,350 desapariciones sólo de NNA en Chiapas, siendo el 70% adolescentes mujeres. 

Cassandra, de 18 años, fue desaparecida por un grupo armado durante la boda de su mamá.

Jorge Hernández explicó que también hay particularidades como la desaparición de personas migrantes y solicitantes de refugio, que se suman a las desapariciones en el marco de la violencia extrema en regiones la Frontera, Sierra, Costa, Frailesca y Centro. 

“No siempre se denuncia por temor a las consecuencias de tocar intereses económicos y políticos detrás de las desapariciones… y al tener un subregistro de desapariciones, las cifras esconden la dimensión de la problemática y son usadas por las autoridades para minimizar o negar la situación”, sostuvo Hernández.

En este tenor es necesario, dijo, que la Comisión Estatal de Búsqueda fortalezca los mecanismos de comunicación y registro. También está pendiente el desarrollo de todo el andamiaje necesario para la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, de la desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

“Se requiere asegurar los suficientes recursos estructurales, operativos y económicos para su buen funcionamiento”, así también crear el Consejo Estatal Ciudadano que es fundamental para garantizar la voz de las familias de víctimas en las estrategias contra las desapariciones del Estado. 

Migración, militarización y violencia

En cuanto a la migración, México recibió 29 recomendaciones del EPU, aceptó 26 y “tomó nota” sobre tres. Las 26 que son aceptadas tienen que ver con investigación, sanción de delitos y violaciones graves de derechos humanos cometidas contra personas migrantes. 

Mientras que las tres restantes son fundamentales para transitar de una política migratoria que está basada en la securitización de la frontera hacia una política de integración social y acceso a los derechos de las personas migrantes, dijo Yuridia Salvador del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Frayma).

Una de ellas fue hecha por Nueva Zelanda para retirar progresivamente a las Fuerzas Armadas de las actividades policiales públicas y del control de la migración mediante una transición dirigida por civiles. Un tema que las organizaciones han reiterado desde el 2019 cuando la Guardia Nacional se desplegó por el río Suchiate –que divide a Guatemala de México– y demás municipios fronterizos de Chiapas para contener los flujos migratorios.  

Personal de la Guardia Nacional impide el paso a migrantes en las oficinas del INM en Huixtla, al sur de Chiapas.

Las otras dos recomendaciones son de Brasil y de Kirguistán. Tienen que ver con revisar la Ley de Migración para que la detención sea el último recurso y una excepción, así también eliminar las posiciones que permiten la detención automática de las personas en situación irregular.

La defensora de los derechos humanos destacó que no sólo en el marco del EPU se ha hecho énfasis en el tema de las detenciones migratorias como práctica sistemática, arbitraria y generalizada, también el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, en el informe del 2023 pone énfasis en el tema.  

“No hay otras vías para la regularización migratoria y las personas están en riesgo de detenciones reiteradas”, explica la defensora.Es decir, son detenidas más de una vez y esto se refleja en los números. Por ejemplo el año pasado hubo 440 mil eventos de detenciones, mientras que de enero a julio de 2024 suman 700 mil detenciones; 80 mil corresponden a niñas, niños y adolescentes en albergues del Sistema Nacional DIF (Desarrollo Integral de la Familia).

“En las estaciones migratorias no tienen autonomía de comunicación con el exterior, información adecuada y suficiente; la posibilidad de tomar decisiones, están sometidas al control total de la libertad y esto constituye un entorno carcelario de privación de la libertad”. 

Consideró que para traducir las recomendaciones en una política pública y garantía de derechos, tienen que ser dotadas de presupuesto a las instituciones, mejorar la coordinación entre el Instituto Nacional de Migración (INAMI) y demás autoridades para propiciar una política más respetuosa y de goce efectivo de derecho. 

Informe Global Witness: Es muy urgente proteger a las defensoras y defensores de derechos humanos y la naturaleza

Compartimos esta información publicada en Salva la Selva sobre el último informe de GlobalWitness sobre la situación mundial de defensoras y defensores – A 13 de septiembre del 2024

Informe anual de Global Witness: más de 2.100 personas defensoras de la tierra y el medioambiente asesinadas en el mundo entre 2012 y 2023

Londres, martes 10 de septiembre de 2024. de Global Witness

  • En 2023 murieron asesinadas al menos 196 personas defensoras de la tierra y el medioambiente del mundo entero, según un informe publicado el 10 de septiembre 2024 por Global Witness.
  • Las nuevas cifras elevan a 2.106 el total de asesinatos de personas defensoras entre 2012 y 2023. 
  • Por segundo año consecutivo, Colombia registró el mayor número de asesinatos del mundo, al alcanzar la cifra récord de 79 personas defensoras asesinadas, por encima de Brasil (con 25), México (con 18) y Honduras (con 18).
  • Un año más, América Latina registró el número más alto de homicidios de todo el mundo, con un total de 166: 54 en México y Centroamérica y 112 en América del Sur. 
  • En Asia, el Reino Unido, la Unión Europea y los Estados Unidos, cada vez hay más activistas ambientales que sufren las diversas tácticas utilizadas para silenciar a quienes defienden el planeta. 

Al menos 196 personas defensoras de la tierra y el medioambiente fueron asesinadas el año pasado por intentar proteger el planeta, según un nuevo informe de Global Witness publicado hoy, en colaboración con socios de todo el mundo. Las nuevas cifras elevan a 2.106 el total de asesinatos de personas defensoras entre 2012 y 2023. 

El año pasado, Colombia resultó ser el país con la mayor tasa de homicidios de todo mundo, con 79 muertes en total, frente a las 60 de 2022 y las 33 de 2021. Se trata de la cifra más alta registrada por Global Witness de personas defensoras asesinadas en un país en un solo año. Con 461 asesinatos entre 2012 y 2023, Colombia ha acumulado el mayor número de homicidios de activistas ambientales registrados en todo el mundo. 

El año pasado, otros países latinoamericanos con una elevada tasa de ataques mortales fueron Brasil, con 25, y México y Honduras, con 18 cada uno. 

Centroamérica se ha convertido también en uno de los lugares más peligrosos del mundo para las personas defensoras. En 2023 Honduras registró el mayor número de homicidios de personas defensoras per cápita, con un total de 18. Ese mismo año también se asesinó a 10 personas defensoras en Nicaragua, 4 en Guatemala y 4 en Panamá.

En todo el mundo, los pueblos indígenas y afrodescendientes siguieron siendo víctimas de una cantidad desproporcionada de ataques mortales: el 49 %. 

Laura Furones, autora y asesora principal de la campaña de las personas defensoras de la tierra y el medioambiente de Global Witness, declaró:

Mientras la crisis climática avanza apresuradamente, quienes alzan voz con valentía para defender nuestro planeta se enfrentan a actos de violencia, intimidación y asesinato. Nuestros datos indican que el número de homicidios sigue siendo escandaloso y los Gobiernos no pueden mantenerse impasibles ante esta situación completamente inaceptable: deben tomar medidas contundentes para proteger a las personas defensoras y abordar las causas ocultas de la violencia que sufren. Las personas activistas y sus comunidades son esenciales en cualquier labor para prevenir y reparar los daños y perjuicios causados por las industrias nocivas para el medioambiente. No podemos permitirnos la pérdida de más vidas; no lo toleraremos.

Si bien sigue siendo difícil establecer una relación directa entre el homicidio de una persona defensora e intereses empresariales concretos, Global Witness determinó que la minería fue el mayor móvil industrial con diferencia, con 25 personas defensoras asesinadas tras oponerse a operaciones mineras en 2023. Otros sectores involucrados fueron la pesca (5), la explotación forestal (5), la agroindustria (4), las carreteras e infraestructuras (4) y la energía hidroeléctrica (2). 

En total, 23 de los 25 asesinatos vinculados a la minería en todo el mundo el año pasado ocurrieron en América Latina. Por otra parte, más del 40 % de todos los asesinatos relacionados con esta industria entre 2012 y 2023 tuvieron lugar en Asia, región que cuenta con importantes reservas naturales de los principales minerales críticos para las tecnologías energéticas limpias. 

Además de señalarse el número de homicidios a escala mundial, en el informe también se ponen al descubierto las tendencias más generales de las agresiones sin consecuencias mortales y los efectos dañinos que estas tienen en las comunidades de todo el mundo. Se destacan casos de desapariciones forzadas y detenciones ilegales, tácticas crueles que se usan en Filipinas y México en particular, así como el uso generalizado de la criminalización para silenciar a personas activistas en todo el mundo.

En el informe se analiza también la represión del activismo ambiental en el Reino Unido, Europa y los Estados Unidos, donde cada vez se usa más la legislación para atacar a las personas defensoras y se imponen condenas más duras a quienes han participado en protestas contra el cambio climático. Estas conclusiones van de la mano de una tendencia preocupante de criminalización que está surgiendo en todo el mundo.

En el informe se expone la criminalización a la que se enfrenta Jonila Castro, activista filipina secuestrada por el Ejército de su país en 2023, quien manifestó: 

Incluso después de ser liberadas de nuestro secuestro, las amenazas continuaron. La vuelta a nuestro hogar y comunidad está siendo difícil. Siguen vigilándonos, señalándonos e intimidándonos. Los ataques para silenciar a quienes trabajamos en defensa del medioambiente entorpecen nuestras labores de protección del planeta y de los derechos de las personas.

Existe un vínculo estrecho entre la devastación ambiental y las violaciones de los derechos humanos que potencian los Gobiernos y los sistemas extractivos que ellos promueven. Nuestra experiencia pone de relieve la urgente necesidad de un mayor reconocimiento y protección de activistas de la comunidad y ecologistas que luchan por la justicia climática en el mundo.

A pesar de la escalada de la crisis climática y de las promesas de los Gobiernos de alcanzar el objetivo establecido en el Acuerdo de París de limitar el calentamiento mundial a 1,5 °C, las personas defensoras de la tierra y el medioambiente cada vez sufren más las diversas agresiones con las que se intenta frenar sus esfuerzos por proteger el planeta. Al menos 1.500 de estas personas han sido asesinadas desde la aprobación del Acuerdo de París, el 12 de diciembre de 2015.

Nonhle Mbuthuma, autora del prólogo del informe y ganadora del premio Goldman de Medioambiente en 2024, comentó:  

En todos los rincones del planeta, quienes se atreven a denunciar los efectos devastadores de las industrias extractivas, como la deforestación, la contaminación y el acaparamiento de tierras, se enfrentan a actos de violencia e intimidación. Particularmente notorio es el caso de los pueblos indígenas, que son imprescindibles en la lucha contra el cambio climático y, sin embargo, año tras año sufren un número desproporcionado de agresiones.

Sin embargo, la brutalidad de esos ataques saca a la luz una realidad oculta: el poder que ejerce la gente corriente cuando se une por la justicia. Los dirigentes tienen el deber de escucharnos y garantizar que las personas que defendemos la tierra y el medioambiente podamos ponernos en pie, estemos donde estemos, sin temor a represalias. Esta responsabilidad recae directamente sobre todas las naciones ricas y con recursos del mundo.

La investigación de Global Witness sobre violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente puede descargarse en su página web.

Imagen: Julia Francisco Martínez junto a la tumba de su marido Francisco Martínez Márquez, asesinado en 2015 tras meses recibiendo amenazas de muerte por oponerse al proyecto hidroeléctrico Los Encinos (© Giles Clarke/Global Witness)

Acción urgente: En riesgo la vida e integridad de la población civil en Chiapas

Les compartimos esta petición de la Red TDT sobre la terrible situación de violencia que se vive en la zona fronteriza de Chiapas por la disputa territorial entre grupos del crimen organizado – A 1 de agosto del 2024

Reclutamiento forzado de la población en Frontera Comalapa

Actualización 02

01 de agosto de 2024

El 1 de agosto grupos delincuenciales reclutaron al 50% de hombres habitantes de los barrios y ejidos (Ciudad Cuauhtémoc, Paso Hondo, Portal y Nuevo México) de Frontera Comalapa, así como del Barrio Potrerillo del municipio de Amatenango de la Frontera, obligándolos a que se concentren en las casetas de las salidas de Frontera Comalapa y Chicomuselo y a las mujeres de estas poblaciones, que no tienen esposo ni hijos, le están obligando a que cocinen para los hombres reclutados.

La situación es particularmente preocupante. En los últimos 15 días ha habido numerosos enfrentamientos, en varios de ellos la población civil ha sufrido graves consecuencias, prueba de ello es el desplazamiento interno de numerosos grupos y el desplazamiento externo hacia Guatemala. En respuesta a lo anterior, Protección Civil coordinó la entrega de despensas a familias desplazadas originarias de Amatenango de la Frontera, Chicomuselo y Bejucal de Ocampo.

Se reporta también que vehículos del ejército han salido de la zona por la carretera Panamericana con dirección a la Trinitaria. Instamos al Estado mexicano a que, en el marco de sus obligaciones internacionales, realice todas las acciones pertinentes para salvaguardar la vida y la integridad física de la población de la zona fronteriza y sierra de Chiapas. Así mismo, solicitamos información por parte de las autoridades sobre las acciones que estén realizando para asegurar la protección de la población civil del municipio.


Desplazamiento forzado desde Chiapas a Guatemala por condiciones de inseguridad en el país

Actualización 01

01 de agosto de 2024

La situación de inseguridad en Chiapas no frena a pesar de que se ha visibilizado en las recientes semanas los graves riesgos para la vida y la integridad de la población. Las organizaciones de la sociedad civil tenemos conocimiento del reciente desplazamiento de personas desde Chiapas a Guatemala. De acuerdo con información proporcionada por el gobierno de Guatemala, el 26 de julio huyeron alrededor de 249 personas para buscar refugio. Actualmente se encuentran en la Comunidad Ampliación Nueva Reforma, Aldea La Laguna, Cuilco.

En los días posteriores nuevos enfrentamientos y hechos de violencia en la zona sierra y frontera de Chiapas, han causado el flujo de más personas desplazadas hacia Guatemala, que, de acuerdo a fuentes locales suman al menos 600 que se albergan en refugios oficiales y en casas particulares en el municipio de Cuilco.

El Gobierno Mexicano ofreció albergar a las personas desplazadas en la Estación Migratoria Siglo XXI, sin embargo, este sitio no cuenta con las condiciones necesarias para otorgar ayuda humanitaria e incluso ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por incomunicación, malos tratos a población en movilidad y cuenta con reiteradas quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Mantenemos las peticiones de esta Acción Urgente y solicitamos a la embajada de México en Guatemala que se coordine con las autoridades competentes para brindar atención humanitaria a la población desplazada, así como la protección de la misma.


En riesgo la vida e integridad de la población civil en Chiapas

México, 20 de julio de 2024

Acción Urgente

Por el riesgo inminente que enfrenta la población de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista, Siltepec, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Honduras de la Sierra, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo, del estado de Chiapas.

Respetados Señores y Señoras:

Desde las organizaciones firmantes, activamos la presente acción urgente por el recrudecimiento de la violencia que está teniendo lugar en este momento en varias comunidades de la región fronteriza del estado de Chiapas con Guatemala, y por el cual requerimos intervención inmediata para garantizar la protección de la población civil en los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista, Siltepec, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Honduras de la Sierra, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo.

Desde al menos el domingo 14 de julio, hay indicios de un aumento de las hostilidades entre los grupos armados del crimen organizado que desde 2021 se disputan el control de la zona fronteriza. La situación se ha agravado particularmente hoy, sábado 20 de julio, al cercarse varias comunidades y cabeceras municipales, incluida la de Chicomuselo, por medio de al menos 13 bloqueos carreteros, retenes de hombres civiles armados y obstáculos físicos. Se está reclutando de manera forzada a personas civiles, por lo menos, de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista y Siltepec, y se han reportado ejecuciones de civiles en Zacualpa, municipio de Chicomuselo, los cuales habían sido reclutados forzadamente por parte de integrantes de uno de los grupos armados. Se recibió información confiable de enfrentamientos armados en distintas comunidades del mismo municipio tales como Piedra Labrada y Galicia.

Esta situación representa un riesgo inminente para la población civil de los municipios mencionados, la cual ha comenzado a desplazarse, exponiéndose a ulteriores riesgos derivados de los movimientos de los grupos armados en el territorio y de los enfrentamientos en curso.

Urgimos al Estado mexicano a que salvaguarde la vida e integridad física de la población afectada en los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista, Siltepec, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Honduras de la Sierra, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo.

Asimismo, solicitamos información por parte de las autoridades sobre las acciones que se estén realizando para asegurar la protección de la población civil de estos municipios.

Agradeciéndoles su atención, quedamos atentas a las respuestas a la presente carta.

Un saludo cordial,

Red Nacional de Organismos Civiles de derechos humanos Todos los derechos para todas, todos y todes – Red TDT

Servicios y Asesoría para la Paz, A. C. – Serapaz

Movimiento Sueco por la Reconciliación – SweFOR

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas- Frayba

Servicio Internacional para La Paz (SIPAZ)

Destinatarios:

Sr. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. XTwitter: @lopezobrador_ amlo@presidencia.gob.mx

Sra. Luisa María Alcalde, Secretaria de Gobernación.  E-mail: secretario@segob.gob.mx

Sr. Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Derechos Humanos y Población, Secretaría de Gobernación (SEGOB). E-mail: subsedhpm@segob.gob.mx

Sra Alicia Bárcena, Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE). E-mail: canciller@sre.gob.mx

Sr. Joel Hernández, Subsecretario Para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos,

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). E-mail: jhernandezg@sre.gob.mx

Sr. Adelfo Regino,  Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. E-mail: aregino@inpi.gob.mx

Sra. Josefina Bravo Rangel, Comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México. E-mail: jbravo@segob.gob.mx

Sra. María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). E-mail: presidente@cndh.org.mx / correo@cndh.org.mx

Dra. Irene Alvarez Rodríguez, Coordinadora de Diseño e Implementación de Política Pública de Derechos Humanos imalvarez@segob.gob.mx

Dr. Raúl Arturo Ramírez Ramírez, Director General de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos raramirez@cndh.org.mx

Lic. Victoria Cecilia Flores Pérez, Secretaria General de Gobierno del estado de Chiapas sectec.sgg@gmail.com / sgg@sgg.chiapas.gob.mx

Sra. Andrea Pochak, Comisionada para México, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, APochak@oas.org

Sra. Fiorella Melzi, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, FMelzi@oas.org

Sr. Piero Vásquez Agüero, Consultor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos PVasquez@oas.org

Lic. Gonzalo de Jesús López Nandayapa, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas. secretaria.ejecutiva@cedhchiapas.org

Alejandro Martínez Peralta, encargado de la Sección Consular de la Embajada de México en Guatemala, Secretaría de Relaciones Exteriores apublicogua@sre.gob.mx embguatemala@sre.gob.mx

Personas para contacto:

1) Nataniel Hernández Núñez.  Coordinador de Protección- Red TDT, proteccion@redtdt.org.mx celular:  56-41-60-12-25

2) Teresa Baratta. Responsable de incidencia, SweFor. cel: 967 321 20 52

3) Diana Lepe, Serapaz, dlepe@serapaz.org.mx, cel 55 43 51 50 51

Más información:

Desaparecidos y violencia en Chiapas a la alta

Compartimos este informe sobre personas desaparecidas en Chiapas y el sureste de México realizado por la Red Lupa del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

La Red Lupa es un espacio digital para el seguimiento y vigilancia de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.

Análisis de contexto – Región Sureste

Actualizado: 15 de abril de 2024

Parte del éxito de la desaparición de personas como estrategia para sembrar terror, es la confusión que provoca su aparente generación espontánea e inconexa, como si la desaparición surgiera de la nada.

Mapa análisis de contexto Región Sureste México
Montaje de los mapas IMDHD y personas participantes de los talleres.

Lo que hoy sabemos es que este fenómeno nace en contextos de impunidad, corrupción, militarización, extractivismo, ataques a periodistas, lavado de dinero, destrucción ambiental, trasiego de droga, entre muchos otros delitos.

Partiendo de esta premisa y del reconocimiento de que lo que ocurre en los territorios ocurre también en los cuerpos de las personas: no somos cuerpos que habitan en un territorio, somos Cuerpo-Territorio, se planteó la metodología de cartografía social para trabajar el análisis de los delitos asociados con la desaparición de personas.

Este trabajo fue realizado de manera presencial en encuentros por región, en el que familiares de personas desaparecidas, periodistas, académicos y académicas, defensoras y defensores de derechos humanos y personas expertas en la materia, se agruparon por estado para trabajar sobre los mapas con división municipal que se muestran en las fotografías y, a partir de una propuesta de simbología representada con calcomanías y ayudándose con plumones, trazaron las heridas abiertas que identifican en sus territorios, los dolores que no han sido sanados, las grietas por las que se escabulle la verdad y la justicia y explicaron al resto de las compañeras y compañeros cómo este entramado de delitos y violaciones a derechos humanos ha sostenido la desaparición de personas en impunidad y en aumento en sus estados.

Mapa violencias y desaparición en Yucatán

Yucatán

Las compañeras del estado de Yucatán identificaron como las problemáticas más apremiantes de los años recientes: la gentrificación de las ciudades, el daño ambiental ocasionado por el Tren Maya y los mega granjas porcícolas y el aumento en los casos de suicidio y abuso sexual.

Simbología

Problemas ambientales

Los cenotes, son la reserva más grande de agua del país, pero están bajo amenaza por  tres razones principales:

1. La venta de terrenos indiscriminada, sobre todo en Mérida con el desarrollo inmobiliario enfocado en población extranjera, contribuyen a la gentrificación de la ciudad, aumentando el costo de vida. En Yucatán no estaba permitido hacer edificios muy altos por los huracanes, pero con el gobierno del PRI de Ortega se cambió la regulación del uso de suelo, por lo que estamos viendo un crecimiento desorganizado sin planeación urbana, dificultando el acceso a los servicios públicos como el acceso al agua y a la energía, especialmente en la zona sur donde se encuentra la población con menor poder adquisitivo.

Gentrificación: viaje a la Mérida 2023 a través de los arquetipos futuros.

2. Los puntos rojos en el mapa señalan las mega-granjas porcícolas del estado, identificadas por el daño ambiental que causan, principalmente en la contaminación de los mantos acuíferos, considerando que de los tres mantos que tiene Yucatán, dos están contaminados y uno se encuentra en riesgo.

En Yucatán las “granjas” de cerdos ascienden a más de 500; aumentan los problemas ambientales y sociales.

3. La ruta del tren maya que ha dejado un daño ambiental profundo, entre la deforestación, el daño a los cenotes, la destrucción del hábitat y de la flora y fauna.

México: organizaciones denuncian que obras del Tren Maya han deforestado hasta el momento 6 659 hectáreas.

Desapariciones y violencia

Respecto a las desapariciones se ubica en Tekax dos mujeres que siguen en calidad de no identificadas, además se perdieron las muestras de ADN y no se tomaron las denuncias por desaparición.

Peto, Akil y la zona sur son conocidos por las rutas de narcomenudeo; sobre los carteles hay presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación; en Tekax hay casas de seguridad relacionadas con el crimen organizado, hay documentación de rutas de narcomenudeo por las que en estos municipios las mujeres son usadas como “mulas” para transportar droga, en Tekax también hay granjas de cristal, llegan a Uman, y de ahí a Mérida donde también hay casas de seguridad. Una de las rutas para el tráfico de drogas es Valladolid, Tizimín y Progreso, funcionando como ruta costera.

En el tema de migración, se ubica que a partir de la actuación de la Guardia Nacional y de las mega caravanas de migrantes, se ha modificado la dinámica de la migración, considerando que en Mérida se transportan en autobús o avión a la Ciudad de México para evitar la deportación. También, en el río Lagarto se han encontrado cuerpos de migrantes víctimas de naufragios.

Respecto a la violencia contra las mujeres, hay más casos de supuestos sucidios que feminicidios, sin un programa de prevención en el estado y sin protocolos de investigación para los casos de muertes de mujeres, niñas y adolescentes, por lo que los suicidios podrían estar ocultando otros delitos.Se conocen tres casos de mujeres que se han suicidado debido a la violencia que recibían, también 5 casos de mujeres víctimas de violencia que asesinan a sus violentadores ante una falta de protección del estado. Existe también una mayor incidencia de suicidios dentro de la población LGBTQ+, por la discrminación y abusos de las que son objeto

Actualmente, se percibe al gobierno como uno empresarial, corrupto y al servicio del capital.

En el mapa se observa el daño ambiental como un fenómeno extendido en todo el estado al igual que los suicidios y el abuso sexual. Para Yucatán se utilizó la categoría de trans feminicidio y mega granjas porcícolas, las cuales no se encontraban dentro de la simbología básica proporcionada a cada estado.

18% de los casos de personas desaparecidas y no localizadas está en el rango de edad entre los 15 y 19 años.

Hay 15 casos sin edad de referencia.

Explora el informe estatal de Yucatán completo

Mapa violencias y desaparición en Quintana Roo

Quintana Roo

En el mapa se puede observar que el municipio de Benito Juárez, donde se encuentra la zona más turística del estado como Cancún, Playa del Carmen, Tulum e Isla Mujeres, se concentra también la mayoría de delitos y fenómenos identificados como el feminicidio, la presencia de megaproyectos y con ellos el daño ambiental, la militarización, las ejecuciones, la trata de personas, las desapariciones, el narcomenudeo y las extorsiones a trabajadores.

Quintana Roo es percibido como un estado corrupto tomado por los carteles.

Se identifica un aumento en casos de abuso sexual, violación, suicidios y feminicidios. En el municipio de Lázaro Cárdenas hay niñas que van a trabajar a los bares donde son prostituidas. El fenómeno de la desaparición de personas se ha extendido, antes se encontraba solamente en el municipio de Benito Juárez y actualmente hay casos en toda la zona norte, siendo esa parte del estado donde se concentra la mayoría de los delitos.

Simbología

La construcción de la ruta del Tren Maya ha generado ecocidios, el estado se encuentra ubicado geográficamente en una zona de cenotes, en los que se han puesto pilotes de cimentación para sostener las vías del Tren Maya, dañando los cenotes de forma irreparable. Este tipo de terreno ha sido efectivo para ocultar cuerpos de personas desaparecidas ya que hay cenotes en todas las regiones, también se ocultan cuerpos en huecos, pozos o socavones que quedan tras labores de construcción. Existen fosas clandestinas en todo el estado.

Foto: Paola Chiomante/ReutersTuristas, drogas y violencia en la Riviera Maya de México

Existe un subregistro por parte del Estado para la invisibilización de delitos como la desaparición, los homicidios y los feminicidios, esto con la intención de no perjudicar el turismo en la zona al ser la principal fuente de ingreso de Quintana Roo.

Al ser un estado costero existe ruta de migrantes principalmente de Cuba y Belice que llegan al estado en barca, de la misma forma ingresan al país armas y drogas, lo que favorece el delito de desaparición y el tráfico de personas. 

Foto: gatopardoExtorsiones en el paraíso: derecho de piso en cada rincón del Caribe Mexicano

Los principales cárteles que operan en el estado son el cártel de Sinaloa, el cártel de Caborca y el cártel Jalisco Nueva Generación, lo que ha generado en años recientes episodios de violencia como balaceras y homicidios en zonas turísticas como Cancún o Tulum.

También han aumentado los casos de extorsiones a la clase obrera que trabaja en la construcción de hoteles, donde se han encontrado cuerpos enterrados debido a que ante la falta de pago en la que pueden incurrir los trabajadores, estos son asesinados o desaparecidos.

En la zona de Bacalar y Carrillo Puerto existen sembradíos de droga.

Incremento de personas desaparecidas y no localizadas por año en Quintana Roo

Conoce el informe estatal completo de Quintana Roo

Mapa violencias y desaparición en Tabasco

Tabasco

Dentro del territorio del estado de Tabasco se identifican afectaciones medioambientales como la explotación de la flora y la fauna por la construcción del Tren Maya en los municipios de Balancán y Tenosique. En Paraíso, donde se ha construido la refinería petrolera Dos Bocas se ha observado la contaminación del agua y con ello la afectación del cangrejo azul.

Simbología

En el municipio de Centla se han hecho estudios de suelo para explotar el petróleo de la zona, lo que ha afectado a los pescadores de la comunidad, quienes han metido quejas y denuncias que no han sido respondidas. Por otro lado, existe robo de hidrocarburos en los municipios en los que se explota el petróleo, es decir, en Paraíso, Comalcalco, Huimanguillo, Centro y Cárdenas. 

Deforestación, derrames de crudo, gases tóxicos… ante la nueva refinería, un Paraíso inerme (segunda parte).

En el mapa, los municipios sin señalamientos no han sido marcados por la falta de información en esas regiones y no por la ausencia de delitos o violaciones a derechos humanos.

En los municipios Centro, Huimanguillo y Cárdenas ha sido más evidente la presencia de cárteles del crimen organizado, desde el sexenio de Andrés Granier Melo (2007-2012), en el que aumentaron los asesinatos en el estado y el despliegue de estrategias para infundir terror en la población utilizando para ello el espacio público. En estos municipios controlados por grupos delictivos existe una pelea por la plaza entre los cárteles del Golfo, Jalisco Nueva Generación y el grupo local de Los Pelones.

Cárdenas es el municipio más violento por la circulación de droga y la cercanía con el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Se tiene conocimiento de desapariciones de personas que viajan por la carretera de Coatzacoalcos hacia las Choapas o hacia Villahermosa. De forma general, en el estado de Tabasco circula la droga que entra por el Golfo o por el municipio de Tenosique y se tiene mayor presencia de narcomenudeo en Cunduacán, Huimanguillo y Cárdenas.

Violencia tabasco Foto: InfobaeCómo llegó el CJNG a Tabasco; el cártel que tenía un rito caníbal para sus nuevos reclutas

Las y los migrantes ingresan al estado a través del municipio de Tenosique y se concentran en Centro, Cárdenas y Huimanguillo, donde en las calles se pueden observar a muchas personas migrantes, provenientes principalmente de países de Centroamérica.

Existe corrupción en todos los municipios y en diferentes niveles. En el trabajo con víctimas es frecuente que las autoridades les insinúan que sus procesos no pueden avanzar sin algún tipo de compensación económica, para la gasolina para realizar diligencias, para la comida, etc.

A partir de la pandemia se dio un aumentó en el número de suicidios, principalmente entre niñas, niños y adolescentes, y personas adultas entre los cuarenta y cincuenta años de edad. Durante 2022 se contabilizaron 38 suicidios en el estado pero no existe un análisis profundo que permita identificar a qué razones alude este aumento.

Existen casos de feminicidio en casi todos los municipios del estado, con mayor prevalencia en Centro, Comalcalco, Huimanguillo y Cárdenas. Diferentes organizaciones han solicitado la declaratoria de alerta de violencia de género pero no se ha tenido respuesta.

El municipio de Centro, en el que se encuentra la capital Villahermosa, pasó de 119 a 143 casos de personas desaparecidas en un año.

Al 16 de mayo de 2023

El municipio de Centro, donde se encuentra Villahermosa concentra la mayor cantidad de casos de personas desaparecidas en el estado, para mayo de 2023, continuó como el municipio con más casos, pasando de 119 a 143 casos. Los demás municipios muestran también un ligero aumento en el total de personas desaparecidas, con excepción del municipio de Macuspana que pasó de 16 a 15 casos en un año.

Explora el informe estatal completo de Tabasco

Mapa violencias y desaparición en Chiapas

Chiapas

Actualmente, se identifican en Chiapas como problemáticas principales el drástico aumento de la violencia lo que ha generado el desplazamiento interno forzado de comunidades enteras, principalmente en los municipios de Frontera Comalapa y Aldama. Y por otro lado, el clima de militarización de la seguridad pública y de graves violaciones a derechos humanos entorno a las personas migrantes que ingresan al país a través de la frontera sur donde son objeto de violaciones graves a sus derechos humanos, desapariciones, torturas, extorsiones, secuestros y asesinatos, por parte del crimen organizado y/o de funcionarios públicos.

Simbología

Chiapas es un estado con gran diversidad natural y cultural, la cual actualmente se ve amenazada por los megaproyectos y las actividades extractivas de empresas multinacionales. De estos conflictos se identifican principalmente:

  • Las afectaciones a la naturaleza por el paso del Tren Maya en el municipio de Palenque, lo que ha implicado deforestación y el daño a la flora y fauna local.
  • La extracción ilegal de ámbar en el municipio de Simojovel, donde una banda local conocida como Los Chinos, busca extraer esta piedra semipreciosa.
  • El robo de agua que realiza la planta de Coca-Cola en el municipio de San Cristóbal de las Casas, ha dejado sin agua a diversas comunidades y por la cual se han realizado movilizaciones sociales para resistir al saqueo.
  • La siembra de palma para la explotación de su aceite ha implicado la deforestación de la selva Lacandona.

Foto FRayba

Chiapas es estado de tránsito, de llegada y expulsor de migrantes. En torno a la migración, se ha generado en el estado un clima de militarización de la seguridad pública y de graves violaciones a derechos humanos. La política migratoria se ve como una política de seguridad nacional, desplegada en toda la frontera de Chiapas. Desde 2019 la Guardia Nacional se encuentra de forma permanente en la frontera con facultades para hacer verificaciones migratorias. Esto ha representado aumento de la violencia especialmente en Tapachula, un municipio concentrador de personas migrantes, donde se encuentra la estación migratoria “Siglo 21”, también conocida como la cárcel para migrantes más grande de América Latina. Esto viene asociado a la desaparición de personas migrantes, su reclutamiento para grupos del crimen organizado, para trata de personas con fines de explotación sexual o para extorsionar a sus familias en su países de origen, siendo afectados hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes que ingresan a México con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Chenalhó, Chamula y Tecpatán, son otros municipios por los que atraviesan las personas migrantes en su paso hacia Estados Unidos, por lo que se tiene conocimiento de desapariciones. 

Foto: Animal PolíticoTortura, asesinatos, violaciones: lo que CNDH ha ocultado sobre secuestros a migrantes en 2019 y 2020

Las historias de los delitos y violaciones a derechos humanos que enfrentan las personas migrantes en México a manos del crimen organizado pero también por parte de servidores públicos, son crueles e inhumanas y algunas de ellas salieron a la luz por una investigación realizada por Animal Político que da cuenta de los testimonios recogidos por visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual ha buscado ocultar y silenciar esta realidad.

La regla en el estado ha sido y continúa siendo la impunidad para todo tipo de delitos, a continuación se presentan los municipios donde se identifica una mayor incidencia de los siguientes delitos:

  • Feminicidios en Comitán, Tapachula, Margaritas y Frontera Comalapa.
  • Desaparición de mujeres en el centro del estado, Tuxtla Gutiérrez, Comitán y San Cristóbal de las Casas.
  • Desaparición de niñas, niños y adolescentes en la región de los altos de Chiapas y Comitán.

Foto: FraybaDesplazarse para salvar la vida: Crisis humanitaria en Chiapas

También se tiene registro de desapariciones forzadas a partir de problemas en comunidades. Actualmente, Chiapas está viviendo una época de mucha violencia lo que ha generado el desplazamiento interno de decenas de comunidades que ven sus vidas amenazadas por grupos del crimen organizado, principalmente en municipios como Comalapa y Aldama. Esto ha generado la creación de grupos de autodefensa y con ello la desaparición de personas que no quedan en los registros.

De forma general, la desaparición de personas está envuelta en una impunidad sistémica que trastoca los tres niveles de gobierno en el que las cifras se ocultan bajo la alfombra para que la población crea que se ha puesto remedio a este problema.

Feministas alertan por incremento en agresiones contra defensoras en Centroamérica

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la violencia hacia mujeres defensoras en Centroamérica – A 18 de abril del 2024

Organizaciones feministas en México y Centroamérica han alertado que, durante 2023, se registró un incremento de agresiones contra defensoras de derechos humanos en los países de El Salvador, Honduras, México y Nicaragua.

De acuerdo a la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), el año pasado contabilizaron 6,214 agresiones contra defensoras, lo que representa un aumento del 13% respecto al año 2022.

Según los datos, este incremento se debe a que las agresiones colectivas pasaron de 2,683 en 2022 a 3,828 en el año 2023. Destaca en este rubro el aumento de la violencia en Honduras, donde este tipo de agresiones se triplicaron respecto al año precedente.

En su registro, las organizaciones feministas resaltan que al menos 10 defensoras fueron asesinadas, mientras que otras 47 sobrevivieron a intentos de homicidio. Los asesinatos del 2023 acontecieron en México, Honduras y El Salvador.

Entre los casos se encuentran los homicidios de tres mujeres transexuales, así como de tres buscadoras de familiares desaparecidos en México. También destacan que las agresiones se expresan en la criminalización de la labor de defensa de derechos humanos, pues a nivel regional se registraron 130 causas judiciales y 116 detenciones arbitrarias. 

“Documentamos 47 detenciones en México, 37 en Honduras, 30 en Nicaragua y 2 en El Salvador. Más de la mitad de las detenciones arbitrarias en México (24) se perpetraron en el mes de marzo, la mayoría en el contexto de manifestaciones que conmemoran el 8 de marzo”, sostiene IM-Defensoras que, en el caso mexicano, enfatiza que solo en ese mes se registró el 24% del total de agresiones perpetradas en 2023.

Las organizaciones subrayan que durante 2023 identificaron que las agresiones son parte de una estrategia con el objetivo de criminalizar a las defensoras mediante actos de divulgación de hechos falsos y campañas de desprestigio.

En total, las agresiones afectaron a 1,188 defensoras y a 73 organizaciones que trabajan en labores de defensa de derechos humanos en los cuatro países analizados. A su vez, enfatizan que, mientras marzo se confirma como el mes más peligroso, la tendencia de años anteriores – de que los Estados son los principales agresores – también se repitió en el último registro.

“Casi la mitad de las agresiones registradas en este año (47,8%) fueron perpetradas por actores estatales: autoridades públicas locales, estatales o federales/nacionales (23,5%), agentes policiales (23,1%) o fuerzas armadas (1,2%)”, detallan las organizaciones feministas, quienes añadieron que estas agresiones suceden con frecuencia debido a que las autoridades buscan proteger intereses y actores privados. 

Desplazamiento forzados

Una de las violencias que han cobrado relevancia, debido a su incremento como por los impactos generados es de los desplazamientos forzados. “Durante 2023 documentamos 240 agresiones relativas a desplazamientos forzados, lo que supone 4 veces que más que en 2022”, alertan las organizaciones feministas. Honduras y Nicaragua encabezan las cifras con mayor desplazamiento de defensoras, con 168 y 69 personas respectivamente.

“A los desplazamientos internos y externos antecedieron un conjunto de agresiones que obligaron a las defensoras a abandonar de manera forzada sus comunidades. Son agresiones que no sólo buscan detener su trabajo de defensa en los territorios, sino también castigarlas en un intento por destruir sus proyectos de vida y debilitar sus redes de apoyo. Además lanzan un mensaje que genera temor en las mujeres y las comunidades, inhibiendo así la defensa de los derechos humanos”, enfatiza IM-Defensoras.

Imagen: Organizaciones indígenas y feministas se manifiestan por sentencia en caso del asesinato y feminicidio político de Berta Cáceres, quien coordinara el COPINH. Foto: Orlando Sierra. 

8 de Marzo: Mujeres de Todos los Pueblos Unidas en Resistencia por un Mundo Más Justo

Comunicado de las mujeres de Otros Mundos Chiapas /Amigos de la Tierra México en el marco del #8M Día Internacional de la mujer – A 8 de marzo del 2024

En este 8 de marzo, conmemorando el Día Internacional de las Mujeres, nosotras, mujeres diversas de todas las culturas, edades y lugares del mundo, nos unimos una vez más en solidaridad para afirmar nuestro compromiso continuo de luchar hasta que todas las mujeres sean liberadas de la opresión patriarcal, capitalista y colonial.

Hoy, reafirmamos nuestras demandas y honramos las luchas históricas de las mujeres en todo el mundo. Nos solidarizamos con las valientes mujeres defensoras que resisten contra el modelo extractivista y los proyectos que amenazan la vida en todas partes. Reconocemos el derecho fundamental de todas las mujeres a defender sus cuerpos, tierras, aguas y la misma vida. Recordamos que ni las mujeres ni la tierra son territorios de conquista.

Rechazamos enérgicamente la impunidad y el crecimiento de la violencia contra las mujeres. Rechazamos enérgicamente la impunidad y el crecimiento de la violencia contra las mujeres. Denunciamos la situación de un país donde el feminicidio es una triste certeza, donde la seguridad de salir a las calles es un privilegio negado para muchos, donde la protección a los agresores prevalece sobre las víctimas. Exigimos justicia, seguridad y el fin de la violencia contra las mujeres

Homenajeamos a todas las mujeres que han perdido la vida en la lucha por proteger la vida y la tierra, especialmente a nuestras hermanas Berta Cáceres y Bety Cariño, así como a todas aquellas que continúan en la lucha hoy en día.

Celebramos nuestra resistencia contra la violencia patriarcal, que persiste en todas las esferas de nuestras vidas, desde lo más íntimo hasta lo más público. Y exigimos a las autoridades que dejen de disfrazar cifras y se pongan a trabajar para garantizar seguridad en México para todas y todos. Exigimos que atiendan la situación de violencia en la frontera de Chiapas y el desplazamiento forzado de miles de familias por el mismo hecho.

En este día, recordamos la alegría y la diversidad que nos fortalece en nuestra lucha por la defensa de la tierra y el territorio, reconociendo la importancia de la sororidad entre nosotras. Nos inspira la solidaridad y el apoyo mutuo que compartimos en esta batalla, celebrando nuestra fuerza colectiva y nuestro compromiso compartido por un mundo más justo y equitativo.

¡Ya basta de criminalizar, hostigar y violentar a las mujeres por oponerse al patriarcado ya los proyectos que amenazan la vida!

¡Ya basta de asesinar a las defensoras de la vida en México, América Latina y en todo el mundo!

¡Exigimos que se respeten nuestros derechos y que se ponga fin a la violencia contra las mujeres en todas sus formas!

#VivasNosQueremos #JusticiaParaTodas #NiUnaMás

Firma

Mujeres de Otros Mundos A.C.

Informe: México: Tierra y ¿libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente

Compartimos este informe de Amnistia Internacional México sobre la criminalización a personas defensoras entre ellas; a las y los vecinos de la Colonia Maya galardonados con el 4to Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas «Mariano Abarca» – A 7 de septiembre del 2023

Amnistía Internacional documentó cuatro casos en donde se utilizó el sistema penal en contra de personas defensoras que protestaban por estos derechos y que, al momento de la documentación, tenían procesos judiciales pendientes.

Las personas defensoras ejercen su labor en un contexto hostil, que incluye de manera constante la estigmatización, hostigamiento, ataques, atentados, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos. Las autoridades deben parar la utilización del sistema penal para castigar la protesta y garantizar un entorno adecuado para quienes defienden los derechos humanos.

De igual manera amnistia lanzo una petición para pedir un alto a la criminalización de personas defenrosas en especial a las y los defensores de estos 4 casos documentados en el informe:

#ProtestarNoEsUnCrimen

En México, las personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente enfrentan graves riesgos.

Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades nacionales para que valoren el papel de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente y refuercen su protección a través de mecanismos existentes. También instamos a investigar las violaciones de derechos humanos, retirar los cargos en los casos activos y proporcionar capacitación a los fiscales para abandonar los procesos penales en contra de las personas defensoras.

¡Firma la petición para exigir a las autoridades que detengan el uso indebido del sistema legal en contra de las personas que protestan para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente!

Informe: Confianza en el lugar equivocado

Compartimos el siguiente informe de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo sobre el papel de los bancos de desarrollo en los mega proyecto y las represiones a las personas defensoras – A de julio del 2023

«Confianza en el lugar equivocado», un nuevo informe de la campaña Personas Defensoras en el Desarrollo publicado el 5 de julio, muestra cómo los bancos de desarrollo ponen en grave peligro a las personas defensoras de los derechos humanos al confiar en sus clientes para hacer frente a las represalias.

La investigación, basada en el análisis de 38 estudios de casos de represalias en el contexto de proyectos de desarrollo, muestra que en todos los casos, excepto en dos, los clientes de los bancos de desarrollo han desempeñado un papel directo en la perpetración de los ataques.

El informe también incluye una serie de recomendaciones, indicando que los bancos de desarrollo deberían dejar de delegar acríticamente la evaluación del riesgo de represalias y la respuesta a los clientes. En cambio, los bancos deberían desarrollar protocolos y directrices sobre lo que harán ellos mismos en materia de represalias.

CONCLUSIONES PRINCIPALES

Los casos analizados en «Confianza mal depositada» muestran que:

  • En todos los casos menos en dos, los clientes desempeñan un papel en la perpetración de represalias contra las personas defensoras.
  • Las represalias cuya responsabilidad puede atribuirse a los clientes van desde amenazas hasta asesinatos; la criminalización es uno de los tipos más comunes de represalias.
  • Las represalias suelen ser perpetradas por las fuerzas de seguridad, personal/contratistas de empresas privadas y funcionarios estatales y gubernamentales.
  • Las fuerzas de seguridad pública suelen desempeñar un papel en la perpetración o facilitación de las represalias.
  • A menudo, los clientes también contribuyen a las condiciones que conducen a las represalias (por ejemplo, no garantizar consultas significativas).

El análisis de las políticas de ocho grandes bancos de desarrollo muestra que los bancos tienden a confiar en la información generada por los clientes para procesos clave (como las evaluaciones de riesgos ambientales y sociales, la participación de las partes interesadas y las consultas con las comunidades afectadas) que son fundamentales para prevenir y abordar las represalias.

RECOMENDACIONES CLAVE

Aplicar la tolerancia cero a las represalias exige que las IFD dejen de confiar a sus clientes la evaluación del riesgo de represalias y la respuesta a éstas, a menos que los clientes hayan trabajado activamente con las comunidades directamente afectadas y las personas defensoras para ganarse primero su confianza. Las IFD no pueden delegar acríticamente la evaluación del riesgo de represalias y la respuesta a los clientes.

En su lugar, las IFD deben desarrollar protocolos y directrices sobre lo que harán ellas mismas en materia de represalias. Estos protocolos y directrices deben abarcar todo el ciclo del proyecto y prepararse en estrecha consulta con quienes hayan sufrido directamente represalias en el contexto de proyectos de desarrollo, así como con la comunidad en general y sus aliados, incluidas las OSC especializadas en cuestiones de derechos humanos.

En virtud de estos protocolos y directrices, DFI debería

  • Evaluar los riesgos de represalias y responder cuando se produzcan.
  • Reforzar la capacidad y los incentivos del personal, la dirección y los consultores del banco para prevenir y responder a las represalias.
  • Alinear los incentivos de los clientes (incluso mediante la aplicación de consecuencias negativas) para evitar los riesgos de represalias y responder cuando éstas se produzcan.

Podcast Elemental: Contra la voracidad del capitalismo con Gustavo Castro

Les compartimos el siguiente episodio del Podcats Elemental donde en entrevista con nuestro compañero Gustavo Castro hablan de la defensa del medio ambiente, los mega proyectos extractivistas, las alternativas y las vida que se dan por defender la vida y una vida digna como nuestra querida #BertaCaceres

Elemental

Un pódcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y con sus demás especies. Presentado y co-producido por Nicolás Ibargüen, La No Ficción y Exile Content Studio.

Gustavo Castro Soto lleva décadas luchando contra la raíz de lo que él considera los problemas más urgentes que aquejan a la humanidad y el planeta entero: el modelo actual de producción.

Buena parte de su vida ha presidido organizaciones para defender territorios mexicanos de la devastación por represas y minas. En el camino ha perdido compañeros y compañeras entrañables, pero su lucha sigue en medio de las dificultades.

En esta conversación exploramos los males del sistema capitalista, su efecto sobre el medioambiente y las alternativas sostenibles que existen.