Desaparecidos y violencia en Chiapas a la alta

Compartimos este informe sobre personas desaparecidas en Chiapas y el sureste de México realizado por la Red Lupa del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

La Red Lupa es un espacio digital para el seguimiento y vigilancia de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.

Análisis de contexto – Región Sureste

Actualizado: 15 de abril de 2024

Parte del éxito de la desaparición de personas como estrategia para sembrar terror, es la confusión que provoca su aparente generación espontánea e inconexa, como si la desaparición surgiera de la nada.

Mapa análisis de contexto Región Sureste México
Montaje de los mapas IMDHD y personas participantes de los talleres.

Lo que hoy sabemos es que este fenómeno nace en contextos de impunidad, corrupción, militarización, extractivismo, ataques a periodistas, lavado de dinero, destrucción ambiental, trasiego de droga, entre muchos otros delitos.

Partiendo de esta premisa y del reconocimiento de que lo que ocurre en los territorios ocurre también en los cuerpos de las personas: no somos cuerpos que habitan en un territorio, somos Cuerpo-Territorio, se planteó la metodología de cartografía social para trabajar el análisis de los delitos asociados con la desaparición de personas.

Este trabajo fue realizado de manera presencial en encuentros por región, en el que familiares de personas desaparecidas, periodistas, académicos y académicas, defensoras y defensores de derechos humanos y personas expertas en la materia, se agruparon por estado para trabajar sobre los mapas con división municipal que se muestran en las fotografías y, a partir de una propuesta de simbología representada con calcomanías y ayudándose con plumones, trazaron las heridas abiertas que identifican en sus territorios, los dolores que no han sido sanados, las grietas por las que se escabulle la verdad y la justicia y explicaron al resto de las compañeras y compañeros cómo este entramado de delitos y violaciones a derechos humanos ha sostenido la desaparición de personas en impunidad y en aumento en sus estados.

Mapa violencias y desaparición en Yucatán

Yucatán

Las compañeras del estado de Yucatán identificaron como las problemáticas más apremiantes de los años recientes: la gentrificación de las ciudades, el daño ambiental ocasionado por el Tren Maya y los mega granjas porcícolas y el aumento en los casos de suicidio y abuso sexual.

Simbología

Problemas ambientales

Los cenotes, son la reserva más grande de agua del país, pero están bajo amenaza por  tres razones principales:

1. La venta de terrenos indiscriminada, sobre todo en Mérida con el desarrollo inmobiliario enfocado en población extranjera, contribuyen a la gentrificación de la ciudad, aumentando el costo de vida. En Yucatán no estaba permitido hacer edificios muy altos por los huracanes, pero con el gobierno del PRI de Ortega se cambió la regulación del uso de suelo, por lo que estamos viendo un crecimiento desorganizado sin planeación urbana, dificultando el acceso a los servicios públicos como el acceso al agua y a la energía, especialmente en la zona sur donde se encuentra la población con menor poder adquisitivo.

Gentrificación: viaje a la Mérida 2023 a través de los arquetipos futuros.

2. Los puntos rojos en el mapa señalan las mega-granjas porcícolas del estado, identificadas por el daño ambiental que causan, principalmente en la contaminación de los mantos acuíferos, considerando que de los tres mantos que tiene Yucatán, dos están contaminados y uno se encuentra en riesgo.

En Yucatán las “granjas” de cerdos ascienden a más de 500; aumentan los problemas ambientales y sociales.

3. La ruta del tren maya que ha dejado un daño ambiental profundo, entre la deforestación, el daño a los cenotes, la destrucción del hábitat y de la flora y fauna.

México: organizaciones denuncian que obras del Tren Maya han deforestado hasta el momento 6 659 hectáreas.

Desapariciones y violencia

Respecto a las desapariciones se ubica en Tekax dos mujeres que siguen en calidad de no identificadas, además se perdieron las muestras de ADN y no se tomaron las denuncias por desaparición.

Peto, Akil y la zona sur son conocidos por las rutas de narcomenudeo; sobre los carteles hay presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación; en Tekax hay casas de seguridad relacionadas con el crimen organizado, hay documentación de rutas de narcomenudeo por las que en estos municipios las mujeres son usadas como “mulas” para transportar droga, en Tekax también hay granjas de cristal, llegan a Uman, y de ahí a Mérida donde también hay casas de seguridad. Una de las rutas para el tráfico de drogas es Valladolid, Tizimín y Progreso, funcionando como ruta costera.

En el tema de migración, se ubica que a partir de la actuación de la Guardia Nacional y de las mega caravanas de migrantes, se ha modificado la dinámica de la migración, considerando que en Mérida se transportan en autobús o avión a la Ciudad de México para evitar la deportación. También, en el río Lagarto se han encontrado cuerpos de migrantes víctimas de naufragios.

Respecto a la violencia contra las mujeres, hay más casos de supuestos sucidios que feminicidios, sin un programa de prevención en el estado y sin protocolos de investigación para los casos de muertes de mujeres, niñas y adolescentes, por lo que los suicidios podrían estar ocultando otros delitos.Se conocen tres casos de mujeres que se han suicidado debido a la violencia que recibían, también 5 casos de mujeres víctimas de violencia que asesinan a sus violentadores ante una falta de protección del estado. Existe también una mayor incidencia de suicidios dentro de la población LGBTQ+, por la discrminación y abusos de las que son objeto

Actualmente, se percibe al gobierno como uno empresarial, corrupto y al servicio del capital.

En el mapa se observa el daño ambiental como un fenómeno extendido en todo el estado al igual que los suicidios y el abuso sexual. Para Yucatán se utilizó la categoría de trans feminicidio y mega granjas porcícolas, las cuales no se encontraban dentro de la simbología básica proporcionada a cada estado.

18% de los casos de personas desaparecidas y no localizadas está en el rango de edad entre los 15 y 19 años.

Hay 15 casos sin edad de referencia.

Explora el informe estatal de Yucatán completo

Mapa violencias y desaparición en Quintana Roo

Quintana Roo

En el mapa se puede observar que el municipio de Benito Juárez, donde se encuentra la zona más turística del estado como Cancún, Playa del Carmen, Tulum e Isla Mujeres, se concentra también la mayoría de delitos y fenómenos identificados como el feminicidio, la presencia de megaproyectos y con ellos el daño ambiental, la militarización, las ejecuciones, la trata de personas, las desapariciones, el narcomenudeo y las extorsiones a trabajadores.

Quintana Roo es percibido como un estado corrupto tomado por los carteles.

Se identifica un aumento en casos de abuso sexual, violación, suicidios y feminicidios. En el municipio de Lázaro Cárdenas hay niñas que van a trabajar a los bares donde son prostituidas. El fenómeno de la desaparición de personas se ha extendido, antes se encontraba solamente en el municipio de Benito Juárez y actualmente hay casos en toda la zona norte, siendo esa parte del estado donde se concentra la mayoría de los delitos.

Simbología

La construcción de la ruta del Tren Maya ha generado ecocidios, el estado se encuentra ubicado geográficamente en una zona de cenotes, en los que se han puesto pilotes de cimentación para sostener las vías del Tren Maya, dañando los cenotes de forma irreparable. Este tipo de terreno ha sido efectivo para ocultar cuerpos de personas desaparecidas ya que hay cenotes en todas las regiones, también se ocultan cuerpos en huecos, pozos o socavones que quedan tras labores de construcción. Existen fosas clandestinas en todo el estado.

Foto: Paola Chiomante/ReutersTuristas, drogas y violencia en la Riviera Maya de México

Existe un subregistro por parte del Estado para la invisibilización de delitos como la desaparición, los homicidios y los feminicidios, esto con la intención de no perjudicar el turismo en la zona al ser la principal fuente de ingreso de Quintana Roo.

Al ser un estado costero existe ruta de migrantes principalmente de Cuba y Belice que llegan al estado en barca, de la misma forma ingresan al país armas y drogas, lo que favorece el delito de desaparición y el tráfico de personas. 

Foto: gatopardoExtorsiones en el paraíso: derecho de piso en cada rincón del Caribe Mexicano

Los principales cárteles que operan en el estado son el cártel de Sinaloa, el cártel de Caborca y el cártel Jalisco Nueva Generación, lo que ha generado en años recientes episodios de violencia como balaceras y homicidios en zonas turísticas como Cancún o Tulum.

También han aumentado los casos de extorsiones a la clase obrera que trabaja en la construcción de hoteles, donde se han encontrado cuerpos enterrados debido a que ante la falta de pago en la que pueden incurrir los trabajadores, estos son asesinados o desaparecidos.

En la zona de Bacalar y Carrillo Puerto existen sembradíos de droga.

Incremento de personas desaparecidas y no localizadas por año en Quintana Roo

Conoce el informe estatal completo de Quintana Roo

Mapa violencias y desaparición en Tabasco

Tabasco

Dentro del territorio del estado de Tabasco se identifican afectaciones medioambientales como la explotación de la flora y la fauna por la construcción del Tren Maya en los municipios de Balancán y Tenosique. En Paraíso, donde se ha construido la refinería petrolera Dos Bocas se ha observado la contaminación del agua y con ello la afectación del cangrejo azul.

Simbología

En el municipio de Centla se han hecho estudios de suelo para explotar el petróleo de la zona, lo que ha afectado a los pescadores de la comunidad, quienes han metido quejas y denuncias que no han sido respondidas. Por otro lado, existe robo de hidrocarburos en los municipios en los que se explota el petróleo, es decir, en Paraíso, Comalcalco, Huimanguillo, Centro y Cárdenas. 

Deforestación, derrames de crudo, gases tóxicos… ante la nueva refinería, un Paraíso inerme (segunda parte).

En el mapa, los municipios sin señalamientos no han sido marcados por la falta de información en esas regiones y no por la ausencia de delitos o violaciones a derechos humanos.

En los municipios Centro, Huimanguillo y Cárdenas ha sido más evidente la presencia de cárteles del crimen organizado, desde el sexenio de Andrés Granier Melo (2007-2012), en el que aumentaron los asesinatos en el estado y el despliegue de estrategias para infundir terror en la población utilizando para ello el espacio público. En estos municipios controlados por grupos delictivos existe una pelea por la plaza entre los cárteles del Golfo, Jalisco Nueva Generación y el grupo local de Los Pelones.

Cárdenas es el municipio más violento por la circulación de droga y la cercanía con el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Se tiene conocimiento de desapariciones de personas que viajan por la carretera de Coatzacoalcos hacia las Choapas o hacia Villahermosa. De forma general, en el estado de Tabasco circula la droga que entra por el Golfo o por el municipio de Tenosique y se tiene mayor presencia de narcomenudeo en Cunduacán, Huimanguillo y Cárdenas.

Violencia tabasco Foto: InfobaeCómo llegó el CJNG a Tabasco; el cártel que tenía un rito caníbal para sus nuevos reclutas

Las y los migrantes ingresan al estado a través del municipio de Tenosique y se concentran en Centro, Cárdenas y Huimanguillo, donde en las calles se pueden observar a muchas personas migrantes, provenientes principalmente de países de Centroamérica.

Existe corrupción en todos los municipios y en diferentes niveles. En el trabajo con víctimas es frecuente que las autoridades les insinúan que sus procesos no pueden avanzar sin algún tipo de compensación económica, para la gasolina para realizar diligencias, para la comida, etc.

A partir de la pandemia se dio un aumentó en el número de suicidios, principalmente entre niñas, niños y adolescentes, y personas adultas entre los cuarenta y cincuenta años de edad. Durante 2022 se contabilizaron 38 suicidios en el estado pero no existe un análisis profundo que permita identificar a qué razones alude este aumento.

Existen casos de feminicidio en casi todos los municipios del estado, con mayor prevalencia en Centro, Comalcalco, Huimanguillo y Cárdenas. Diferentes organizaciones han solicitado la declaratoria de alerta de violencia de género pero no se ha tenido respuesta.

El municipio de Centro, en el que se encuentra la capital Villahermosa, pasó de 119 a 143 casos de personas desaparecidas en un año.

Al 16 de mayo de 2023

El municipio de Centro, donde se encuentra Villahermosa concentra la mayor cantidad de casos de personas desaparecidas en el estado, para mayo de 2023, continuó como el municipio con más casos, pasando de 119 a 143 casos. Los demás municipios muestran también un ligero aumento en el total de personas desaparecidas, con excepción del municipio de Macuspana que pasó de 16 a 15 casos en un año.

Explora el informe estatal completo de Tabasco

Mapa violencias y desaparición en Chiapas

Chiapas

Actualmente, se identifican en Chiapas como problemáticas principales el drástico aumento de la violencia lo que ha generado el desplazamiento interno forzado de comunidades enteras, principalmente en los municipios de Frontera Comalapa y Aldama. Y por otro lado, el clima de militarización de la seguridad pública y de graves violaciones a derechos humanos entorno a las personas migrantes que ingresan al país a través de la frontera sur donde son objeto de violaciones graves a sus derechos humanos, desapariciones, torturas, extorsiones, secuestros y asesinatos, por parte del crimen organizado y/o de funcionarios públicos.

Simbología

Chiapas es un estado con gran diversidad natural y cultural, la cual actualmente se ve amenazada por los megaproyectos y las actividades extractivas de empresas multinacionales. De estos conflictos se identifican principalmente:

  • Las afectaciones a la naturaleza por el paso del Tren Maya en el municipio de Palenque, lo que ha implicado deforestación y el daño a la flora y fauna local.
  • La extracción ilegal de ámbar en el municipio de Simojovel, donde una banda local conocida como Los Chinos, busca extraer esta piedra semipreciosa.
  • El robo de agua que realiza la planta de Coca-Cola en el municipio de San Cristóbal de las Casas, ha dejado sin agua a diversas comunidades y por la cual se han realizado movilizaciones sociales para resistir al saqueo.
  • La siembra de palma para la explotación de su aceite ha implicado la deforestación de la selva Lacandona.

Foto FRayba

Chiapas es estado de tránsito, de llegada y expulsor de migrantes. En torno a la migración, se ha generado en el estado un clima de militarización de la seguridad pública y de graves violaciones a derechos humanos. La política migratoria se ve como una política de seguridad nacional, desplegada en toda la frontera de Chiapas. Desde 2019 la Guardia Nacional se encuentra de forma permanente en la frontera con facultades para hacer verificaciones migratorias. Esto ha representado aumento de la violencia especialmente en Tapachula, un municipio concentrador de personas migrantes, donde se encuentra la estación migratoria “Siglo 21”, también conocida como la cárcel para migrantes más grande de América Latina. Esto viene asociado a la desaparición de personas migrantes, su reclutamiento para grupos del crimen organizado, para trata de personas con fines de explotación sexual o para extorsionar a sus familias en su países de origen, siendo afectados hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes que ingresan a México con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Chenalhó, Chamula y Tecpatán, son otros municipios por los que atraviesan las personas migrantes en su paso hacia Estados Unidos, por lo que se tiene conocimiento de desapariciones. 

Foto: Animal PolíticoTortura, asesinatos, violaciones: lo que CNDH ha ocultado sobre secuestros a migrantes en 2019 y 2020

Las historias de los delitos y violaciones a derechos humanos que enfrentan las personas migrantes en México a manos del crimen organizado pero también por parte de servidores públicos, son crueles e inhumanas y algunas de ellas salieron a la luz por una investigación realizada por Animal Político que da cuenta de los testimonios recogidos por visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual ha buscado ocultar y silenciar esta realidad.

La regla en el estado ha sido y continúa siendo la impunidad para todo tipo de delitos, a continuación se presentan los municipios donde se identifica una mayor incidencia de los siguientes delitos:

  • Feminicidios en Comitán, Tapachula, Margaritas y Frontera Comalapa.
  • Desaparición de mujeres en el centro del estado, Tuxtla Gutiérrez, Comitán y San Cristóbal de las Casas.
  • Desaparición de niñas, niños y adolescentes en la región de los altos de Chiapas y Comitán.

Foto: FraybaDesplazarse para salvar la vida: Crisis humanitaria en Chiapas

También se tiene registro de desapariciones forzadas a partir de problemas en comunidades. Actualmente, Chiapas está viviendo una época de mucha violencia lo que ha generado el desplazamiento interno de decenas de comunidades que ven sus vidas amenazadas por grupos del crimen organizado, principalmente en municipios como Comalapa y Aldama. Esto ha generado la creación de grupos de autodefensa y con ello la desaparición de personas que no quedan en los registros.

De forma general, la desaparición de personas está envuelta en una impunidad sistémica que trastoca los tres niveles de gobierno en el que las cifras se ocultan bajo la alfombra para que la población crea que se ha puesto remedio a este problema.

Feministas alertan por incremento en agresiones contra defensoras en Centroamérica

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la violencia hacia mujeres defensoras en Centroamérica – A 18 de abril del 2024

Organizaciones feministas en México y Centroamérica han alertado que, durante 2023, se registró un incremento de agresiones contra defensoras de derechos humanos en los países de El Salvador, Honduras, México y Nicaragua.

De acuerdo a la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), el año pasado contabilizaron 6,214 agresiones contra defensoras, lo que representa un aumento del 13% respecto al año 2022.

Según los datos, este incremento se debe a que las agresiones colectivas pasaron de 2,683 en 2022 a 3,828 en el año 2023. Destaca en este rubro el aumento de la violencia en Honduras, donde este tipo de agresiones se triplicaron respecto al año precedente.

En su registro, las organizaciones feministas resaltan que al menos 10 defensoras fueron asesinadas, mientras que otras 47 sobrevivieron a intentos de homicidio. Los asesinatos del 2023 acontecieron en México, Honduras y El Salvador.

Entre los casos se encuentran los homicidios de tres mujeres transexuales, así como de tres buscadoras de familiares desaparecidos en México. También destacan que las agresiones se expresan en la criminalización de la labor de defensa de derechos humanos, pues a nivel regional se registraron 130 causas judiciales y 116 detenciones arbitrarias. 

“Documentamos 47 detenciones en México, 37 en Honduras, 30 en Nicaragua y 2 en El Salvador. Más de la mitad de las detenciones arbitrarias en México (24) se perpetraron en el mes de marzo, la mayoría en el contexto de manifestaciones que conmemoran el 8 de marzo”, sostiene IM-Defensoras que, en el caso mexicano, enfatiza que solo en ese mes se registró el 24% del total de agresiones perpetradas en 2023.

Las organizaciones subrayan que durante 2023 identificaron que las agresiones son parte de una estrategia con el objetivo de criminalizar a las defensoras mediante actos de divulgación de hechos falsos y campañas de desprestigio.

En total, las agresiones afectaron a 1,188 defensoras y a 73 organizaciones que trabajan en labores de defensa de derechos humanos en los cuatro países analizados. A su vez, enfatizan que, mientras marzo se confirma como el mes más peligroso, la tendencia de años anteriores – de que los Estados son los principales agresores – también se repitió en el último registro.

“Casi la mitad de las agresiones registradas en este año (47,8%) fueron perpetradas por actores estatales: autoridades públicas locales, estatales o federales/nacionales (23,5%), agentes policiales (23,1%) o fuerzas armadas (1,2%)”, detallan las organizaciones feministas, quienes añadieron que estas agresiones suceden con frecuencia debido a que las autoridades buscan proteger intereses y actores privados. 

Desplazamiento forzados

Una de las violencias que han cobrado relevancia, debido a su incremento como por los impactos generados es de los desplazamientos forzados. “Durante 2023 documentamos 240 agresiones relativas a desplazamientos forzados, lo que supone 4 veces que más que en 2022”, alertan las organizaciones feministas. Honduras y Nicaragua encabezan las cifras con mayor desplazamiento de defensoras, con 168 y 69 personas respectivamente.

“A los desplazamientos internos y externos antecedieron un conjunto de agresiones que obligaron a las defensoras a abandonar de manera forzada sus comunidades. Son agresiones que no sólo buscan detener su trabajo de defensa en los territorios, sino también castigarlas en un intento por destruir sus proyectos de vida y debilitar sus redes de apoyo. Además lanzan un mensaje que genera temor en las mujeres y las comunidades, inhibiendo así la defensa de los derechos humanos”, enfatiza IM-Defensoras.

Imagen: Organizaciones indígenas y feministas se manifiestan por sentencia en caso del asesinato y feminicidio político de Berta Cáceres, quien coordinara el COPINH. Foto: Orlando Sierra. 

8 de Marzo: Mujeres de Todos los Pueblos Unidas en Resistencia por un Mundo Más Justo

Comunicado de las mujeres de Otros Mundos Chiapas /Amigos de la Tierra México en el marco del #8M Día Internacional de la mujer – A 8 de marzo del 2024

En este 8 de marzo, conmemorando el Día Internacional de las Mujeres, nosotras, mujeres diversas de todas las culturas, edades y lugares del mundo, nos unimos una vez más en solidaridad para afirmar nuestro compromiso continuo de luchar hasta que todas las mujeres sean liberadas de la opresión patriarcal, capitalista y colonial.

Hoy, reafirmamos nuestras demandas y honramos las luchas históricas de las mujeres en todo el mundo. Nos solidarizamos con las valientes mujeres defensoras que resisten contra el modelo extractivista y los proyectos que amenazan la vida en todas partes. Reconocemos el derecho fundamental de todas las mujeres a defender sus cuerpos, tierras, aguas y la misma vida. Recordamos que ni las mujeres ni la tierra son territorios de conquista.

Rechazamos enérgicamente la impunidad y el crecimiento de la violencia contra las mujeres. Rechazamos enérgicamente la impunidad y el crecimiento de la violencia contra las mujeres. Denunciamos la situación de un país donde el feminicidio es una triste certeza, donde la seguridad de salir a las calles es un privilegio negado para muchos, donde la protección a los agresores prevalece sobre las víctimas. Exigimos justicia, seguridad y el fin de la violencia contra las mujeres

Homenajeamos a todas las mujeres que han perdido la vida en la lucha por proteger la vida y la tierra, especialmente a nuestras hermanas Berta Cáceres y Bety Cariño, así como a todas aquellas que continúan en la lucha hoy en día.

Celebramos nuestra resistencia contra la violencia patriarcal, que persiste en todas las esferas de nuestras vidas, desde lo más íntimo hasta lo más público. Y exigimos a las autoridades que dejen de disfrazar cifras y se pongan a trabajar para garantizar seguridad en México para todas y todos. Exigimos que atiendan la situación de violencia en la frontera de Chiapas y el desplazamiento forzado de miles de familias por el mismo hecho.

En este día, recordamos la alegría y la diversidad que nos fortalece en nuestra lucha por la defensa de la tierra y el territorio, reconociendo la importancia de la sororidad entre nosotras. Nos inspira la solidaridad y el apoyo mutuo que compartimos en esta batalla, celebrando nuestra fuerza colectiva y nuestro compromiso compartido por un mundo más justo y equitativo.

¡Ya basta de criminalizar, hostigar y violentar a las mujeres por oponerse al patriarcado ya los proyectos que amenazan la vida!

¡Ya basta de asesinar a las defensoras de la vida en México, América Latina y en todo el mundo!

¡Exigimos que se respeten nuestros derechos y que se ponga fin a la violencia contra las mujeres en todas sus formas!

#VivasNosQueremos #JusticiaParaTodas #NiUnaMás

Firma

Mujeres de Otros Mundos A.C.

Informe: México: Tierra y ¿libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente

Compartimos este informe de Amnistia Internacional México sobre la criminalización a personas defensoras entre ellas; a las y los vecinos de la Colonia Maya galardonados con el 4to Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas “Mariano Abarca” – A 7 de septiembre del 2023

Amnistía Internacional documentó cuatro casos en donde se utilizó el sistema penal en contra de personas defensoras que protestaban por estos derechos y que, al momento de la documentación, tenían procesos judiciales pendientes.

Las personas defensoras ejercen su labor en un contexto hostil, que incluye de manera constante la estigmatización, hostigamiento, ataques, atentados, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos. Las autoridades deben parar la utilización del sistema penal para castigar la protesta y garantizar un entorno adecuado para quienes defienden los derechos humanos.

De igual manera amnistia lanzo una petición para pedir un alto a la criminalización de personas defenrosas en especial a las y los defensores de estos 4 casos documentados en el informe:

#ProtestarNoEsUnCrimen

En México, las personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente enfrentan graves riesgos.

Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades nacionales para que valoren el papel de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente y refuercen su protección a través de mecanismos existentes. También instamos a investigar las violaciones de derechos humanos, retirar los cargos en los casos activos y proporcionar capacitación a los fiscales para abandonar los procesos penales en contra de las personas defensoras.

¡Firma la petición para exigir a las autoridades que detengan el uso indebido del sistema legal en contra de las personas que protestan para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente!

Informe: Confianza en el lugar equivocado

Compartimos el siguiente informe de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo sobre el papel de los bancos de desarrollo en los mega proyecto y las represiones a las personas defensoras – A de julio del 2023

“Confianza en el lugar equivocado”, un nuevo informe de la campaña Personas Defensoras en el Desarrollo publicado el 5 de julio, muestra cómo los bancos de desarrollo ponen en grave peligro a las personas defensoras de los derechos humanos al confiar en sus clientes para hacer frente a las represalias.

La investigación, basada en el análisis de 38 estudios de casos de represalias en el contexto de proyectos de desarrollo, muestra que en todos los casos, excepto en dos, los clientes de los bancos de desarrollo han desempeñado un papel directo en la perpetración de los ataques.

El informe también incluye una serie de recomendaciones, indicando que los bancos de desarrollo deberían dejar de delegar acríticamente la evaluación del riesgo de represalias y la respuesta a los clientes. En cambio, los bancos deberían desarrollar protocolos y directrices sobre lo que harán ellos mismos en materia de represalias.

CONCLUSIONES PRINCIPALES

Los casos analizados en “Confianza mal depositada” muestran que:

  • En todos los casos menos en dos, los clientes desempeñan un papel en la perpetración de represalias contra las personas defensoras.
  • Las represalias cuya responsabilidad puede atribuirse a los clientes van desde amenazas hasta asesinatos; la criminalización es uno de los tipos más comunes de represalias.
  • Las represalias suelen ser perpetradas por las fuerzas de seguridad, personal/contratistas de empresas privadas y funcionarios estatales y gubernamentales.
  • Las fuerzas de seguridad pública suelen desempeñar un papel en la perpetración o facilitación de las represalias.
  • A menudo, los clientes también contribuyen a las condiciones que conducen a las represalias (por ejemplo, no garantizar consultas significativas).

El análisis de las políticas de ocho grandes bancos de desarrollo muestra que los bancos tienden a confiar en la información generada por los clientes para procesos clave (como las evaluaciones de riesgos ambientales y sociales, la participación de las partes interesadas y las consultas con las comunidades afectadas) que son fundamentales para prevenir y abordar las represalias.

RECOMENDACIONES CLAVE

Aplicar la tolerancia cero a las represalias exige que las IFD dejen de confiar a sus clientes la evaluación del riesgo de represalias y la respuesta a éstas, a menos que los clientes hayan trabajado activamente con las comunidades directamente afectadas y las personas defensoras para ganarse primero su confianza. Las IFD no pueden delegar acríticamente la evaluación del riesgo de represalias y la respuesta a los clientes.

En su lugar, las IFD deben desarrollar protocolos y directrices sobre lo que harán ellas mismas en materia de represalias. Estos protocolos y directrices deben abarcar todo el ciclo del proyecto y prepararse en estrecha consulta con quienes hayan sufrido directamente represalias en el contexto de proyectos de desarrollo, así como con la comunidad en general y sus aliados, incluidas las OSC especializadas en cuestiones de derechos humanos.

En virtud de estos protocolos y directrices, DFI debería

  • Evaluar los riesgos de represalias y responder cuando se produzcan.
  • Reforzar la capacidad y los incentivos del personal, la dirección y los consultores del banco para prevenir y responder a las represalias.
  • Alinear los incentivos de los clientes (incluso mediante la aplicación de consecuencias negativas) para evitar los riesgos de represalias y responder cuando éstas se produzcan.

Podcast Elemental: Contra la voracidad del capitalismo con Gustavo Castro

Les compartimos el siguiente episodio del Podcats Elemental donde en entrevista con nuestro compañero Gustavo Castro hablan de la defensa del medio ambiente, los mega proyectos extractivistas, las alternativas y las vida que se dan por defender la vida y una vida digna como nuestra querida #BertaCaceres

Elemental

Un pódcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y con sus demás especies. Presentado y co-producido por Nicolás Ibargüen, La No Ficción y Exile Content Studio.

Gustavo Castro Soto lleva décadas luchando contra la raíz de lo que él considera los problemas más urgentes que aquejan a la humanidad y el planeta entero: el modelo actual de producción.

Buena parte de su vida ha presidido organizaciones para defender territorios mexicanos de la devastación por represas y minas. En el camino ha perdido compañeros y compañeras entrañables, pero su lucha sigue en medio de las dificultades.

En esta conversación exploramos los males del sistema capitalista, su efecto sobre el medioambiente y las alternativas sostenibles que existen.

La Red DESC lanza video animado sobre los Derechos Humanos

Compartimos el siguiente video de la Red DESC sobre los derechos humanos – A 29 de junio del 2023

Nos alegra mucho compartir nuestro flamante “Video de animación sobre los datos y los derechos humanos” con todos ustedes. Se trata de una herramienta de educación popular que analiza el papel crítico que tienen los datos en nuestras vidas y su profundo impacto sobre los derechos humanos. Refleja nuestro compromiso incondicional con avanzar la justicia de los datos y colocar a las comunidades afectadas en el centro de nuestro trabajo.

El video forma parte de un esfuerzo más amplio de cooperación entre miembros del Grupo de Trabajo de Monitoreo, incluyendo la Junta Asesora (formada por ACIJ, Pamoja, ISER, RTE, Amnesty, y Participation and the Practice of Rights), quienes desarrollaron la Posición Colectiva sobre los Datos y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), junto con toda una gama de poderosos contenidos y recursos como parte de nuestra Iniciativa de Justicia de los Datos. Continúe leyendo para informarse acerca de los cinco principios de un enfoque de los datos basado en los derechos humanos y sobre la variedad de recursos para el trabajo de incidencia desarrollados en los últimos dos años. Agradecemos a nuestros miembros por la orientación que brindaron a nuestras actividades #Paraquelosderechoshumanoscuenten. 


Todas nuestras herramientas y recursos educativos se incluyen en este correo y también están disponibles en nuestra página web. Alentamos a todos y todas no solo a compartir nuestro vídeo, sino a explorar los demás recursos para el trabajo activo de incidencia que hemos preparado. ¡Trabajemos juntos #Paraquelosderechoshumanoscuenten!

Abejas de Acteal denuncian continuación de contrainsurgencia en comunidades de Chiapas

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el contaste hostigamiento y violencia que vive las compañeros y los compañeros de Las Abejas de Acteal – A 3 de mayo 2023

La organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal denunció que el pasado jueves (27), habitantes de la comunidad Quextic Centro, perteneciente al municipio de Chenalhó, junto a integrantes del grupo “Consejo Pacifista Sembradores de Paz” (Consejo Pacifista), destruyeron un potrero de su organización, en el contexto de la construcción de una carretera que pasa por terrenos de la organización tzotzil.

“La gente de la citada comunidad, llegaron con machetes, barretas de fierro, martillos y una motosierra para destruir nuestro alambrado y posteriormente se robaron todo los postes y los alambres de púas en una camioneta nissan doble cabina, color blanca”, detalla un comunicado emitido después de la agresión.

Habitantes de la comunidad Quextic Centro, junto a integrantes del Consejo Pacifista, destruyeron un potrero de Las Abejas de Acteal

Las Abejas de Acteal alertan que el más reciente hostigamiento forma parte de un conflicto social y político mayor. “Confirmamos que este gobierno que se pregona así mismo de ‘4ª Transformación’, está dando continuidad a las políticas de contrainsurgencia, de desgaste y de divisionismo en nuestras comunidades”, sostuvo la organización de los Altos de Chiapas.

En comunicado, reiteraron el llamado a las autoridades federales, a quienes se dirigieron en marzo de este año, para que interceda a través de las dependencias de derechos humanos, “ya que la carretera de la comunidad Quextic Centro es parte de los acuerdos de ‘solución amistosa’ que suscribió un pequeño grupo de sobrevivientes de la Masacre de Acteal el llamado ‘Consejo Pacifista’, en el año de 2020”. Señalan que también se dirigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que la “solución amistosa” del gobierno federal, “está causando problemas, violencias en las comunidades de Chenalhó y sobre todo en donde existe presencia de Las Abejas de Acteal”.

La organización contextualiza que, en el año de 2019, las autoridades comunitarias de Quextic Centro solicitaron derecho de vía para construir una carretera que atravesaría parte de un predio de Las Abejas de Acteal, a lo cual brindaron su permiso. No obstante, señalan que para 2021, cuando comenzaron los trabajos, las autoridades comunitarias tomaron más espacio de lo acordado, “violando así las actas de acuerdo en las cuales hemos dado nuestro consentimiento”.

Ante esta situación, integrantes de Las Abejas han realizado tareas para reforzar el alambrado del predio y el potrero de su organización. Un día antes de la agresión, señalan haber notificado a las autoridades de Chenalhó sobre la realización de trabajos en dicho lugar “para evitar agresiones hacia nuestra integridad física y psicológica”. Pese a ello, aconteció la destrucción del espacio y el robo a la propiedad colectiva de la organización tzotzil, sin intervención de ninguna autoridad.

“Invitamos en dos ocasiones a las autoridades de Quextic Centro y su patronato de camino a una plática para resolver dicho problema, pero hicieron caso omiso a nuestra invitación”, detallan Las Abejas de Acteal. También señalan que, dentro del predio propiedad de la organización, existe un manantial de agua, por lo que las autoridades de Quextic Centro “construyeron una captación para llevar este vital líquido a su comunidad sin pedirnos permiso, consideramos esto como abuso de confianza ya que, en el acta de acuerdo de derecho de vía del camino, jamás se habla del manantial de agua”, denuncian.

Antecedentes

A la más reciente agresión se suma que, a principios de este año, el grupo “Consejo Pacifista” construyó su oficina junto a la entrada de la sede de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. “Su objetivo es el de confundir a la sociedad y reafirmar su usurpación hacia nuestra lucha y organización. Y tenemos conocimiento que sus líderes o como se hagan llamar, son los que aconsejan al agente rural y patronato de camino de la comunidad Quextic Centro, violar los acuerdos plasmados en las actas de acuerdo sobre el derecho de vía de la carretera”, sostiene la organización tzotzil.

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Las Abejas denuncian que estas acciones son posibles debido a la impunidad en el caso de la Masacre de Acteal sucedida en 1997. “La contrainsurgencia y agresiones hacia los pueblos organizados y apartidistas, la grave crisis de derechos humanos y un Estado que se ha convertido en un Narco-Estado, toda esta podredumbre es el tipo de gobiernos en México que va desde los tres niveles de responsabilidad y, es lo que ha venido a rematar las heridas del tejido social y comunitario de las comunidades de Chenalhó, y como es evidente, en nuestra organización Las Abejas de Acteal”, refieren en comunicado.             

Por último, la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, con más de 30 años de lucha, señala que “entienda el mal gobierno que no caeremos en sus provocaciones a través de nuestros propios hermanos que tristemente su corazón y pensamiento han sido cegados y envenenados por el dinero y poder”. Ante ello, exigieron respeto a su propiedad colectiva “de lo contrario, recurriremos a otras acciones, hasta que se respeten los acuerdos firmados entre nuestra Organización Las Abejas de Acteal y la comunidad Quextic Centro”.

Imagen: Habitantes de la comunidad Quextic Centro, junto a integrantes del Consejo Pacifista, destruyeron un potrero de Las Abejas de Acteal

Organizaciones de Derechos Humanos expresan su preocupación sobre el contexto de riesgo para personas defensoras indígenas en Chiapas

Compartimos este pronunciamiento de Front Line Defenders y Indigenous Peoples Rights International sobre el contexto de violencia para defensoras y defensores de la vida en Chiapas – A 12 de abril del 2023

Ciudad de México y Dublín, 12 de abril de 2023

MÉXICO: TRAS VISITA CONJUNTA A CHIAPAS, ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS MANIFIESTAN SU PREOCUPACIÓN SOBRE EL CONTEXTO DE RIESGO PARA PERSONAS DEFENSORAS INDÍGENAS EN EL ESTADO

En la semana del 27 al 31 de marzo de 2023 las organizaciones internacionales Indigenous Peoples Rights International (IPRI) y Front Line Defenders realizamos una visita conjunta a Chiapas con el objetivo de documentar la situación de riesgo y violencia que viven personas defensoras, organizaciones y comunidades indígenas en el estado. Nos reunimos con 30 personas defensoras y autoridades indígenas de 12 casos de personas defensora o procesos comunitarios que enfrentan riesgos por su labor de defensa, de los pueblos tseltal, tsotsil y ch’ol de los municipios de Palenque, Tila, Chilón, Chenalhó, Ocosingo, Simojovel, San Cristóbal, San Juan Cancuc, Aldama y Chicomuselo. En estas reuniones recibimos información sobre una nueva ola de violencia en contra de personas defensoras y comunidades indígenas ch’oles, tsotsiles y tseltales, además de diversas preocupaciones respecto a la impunidad que ha acompañado este contexto.

Además de reuniones y entrevistas con organizaciones de sociedad civil locales, nacionales e internacionales basadas en Chiapas, se sostuvieron dos reuniones con autoridades del gobierno estatal: Una con la directora de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Marisol Gómez Hernández, y una segunda con la Fiscalía, representada por el Dr. Manuel de Jesus Corado de Paz, Director de Atención a Víctimas, y el Dr. Pedro Sergio Becerra Toledo, Director para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Estas son las principales observaciones de ambas organizaciones, resultado del trabajo
de documentación y recopilación de testimonios de esa visita:

  • Identificamos un claro patrón de criminalización en contra de personas defensoras indígenas que defienden los derechos ambientales, al territorio, a la autonomía y a la libre determinación de sus comunidades. Este patrón se evidencia en el creciente número de casos en la fabricación de crímenes y en violaciones al debido proceso con un fuerte impacto en la organización comunitaria y en la lucha por los derechos colectivos. Esto lo observamos en casos como el de Cristóbal Santiz de Aldama y el del Padre Marcelo Pérez Pérez de San Cristóbal.
  • Resaltamos que en el contexto actual de uso del sistema penal en contra de las personas defensoras y comunidades, existe un patrón de criminalización en contra de quienes se han opuesto a la militarización de sus comunidades y como parte de su lucha en defensa de sus derechos colectivos. Esto puede ser observado en los casos de Manuel Santiz Cruz de la comunidad de San Juan Cancuc, de César Hernández y José Luis Gutiérrez del ejido de San Sebastián Bachajón en Chilón (quienes están a la espera de la próxima audiencia el 24 de abril), de Cristóbal Santiz de Aldama y en el caso de las recientes investigaciones en contra de personas defensoras en la comunidad de Taniperla en Ocosingo.
  • Observamos la falta de soluciones duraderas a los conflictos agrarios y territoriales en las comunidades, lo que sigue representando un riesgo alto para las personas defensoras y continúa perpetuando la descomposición del tejido social de las comunidades. Esto se ha visto agravado con la situación actual de despojo de tierras en el contexto de militarización de la región y por la disputa por el control territorial y la imposición de las actividades económicas por parte de grupos del crimen organizado.
  • Hay una delicada situación provocada por la falta de intervenciones oportunas por parte de las autoridades del Estado ante las amenazas y el riesgo al que se enfrentan las personas defensoras de las comunidades indígenas en Chiapas. A pesar de que las personas defensoras en riesgo han reportado y/o denunciado graves amenazas y ataques, las autoridades no han logrado intervenir antes de que muchas de estas deriven en casos de graves violaciones de derechos humanos. Esto ha sido el caso del asesinato del defensor Simón Pedro Pérez expresidente de la mesa directiva de Las Abejas de Acteal; la situación que se vive con las 5 familias desplazadas de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo como consecuencia de una cadena de graves violaciones de derechos humanos incluyendo: desaparición, tentativa de homicidio, tortura sexual, lesiones, quema y destrucción de sus propiedades, lo que llevó al desplazamiento de 25 personas, incluyendo niñas, niños y adolescentes; así como la violencia física, hostigamiento amenazas de muerte en contra de la defensora tsotsil Pascuala López López del ejido Pinar Cuxtitalli, en San Cristóbal de Las Casas.
  • Con preocupación reconocemos que las personas defensoras y sus comunidades llevan a cabo su labor de defensa de derechos humanos en un contexto de proliferación y diversificación de grupos armados, lo que ha empeorado una compleja situación heredada del contexto del paramilitarismo de los años 90 y la continua impunidad conectada a dicho fenómeno.
  • Recogimos importantes testimonios que dan cuenta de la existencia de vínculos entre autoridades estatales y municipales con el crimen organizado, lo que genera condiciones favorables para que prevalezca la impunidad. A esta crisis se suma lo que identificamos como un patrón en el retraso y postergación de las audiencias de casos vinculados a personas defensoras de derechos humanos, tanto de procesos de búsqueda de justicia, como es el caso del asesinato del defensor Simón Pedro Pérez López, o en el proceso de criminalización de personas defensoras, como es el caso de Manuel Santiz Cruz de la comunidad de San Juan Cancuc.
  • Finalmente, identificamos dentro de las instituciones de gobierno del estado una falta de reconocimiento de la labor de defensa de derechos humanos dentro de las que realizan personas defensoras y comunidades indígenas. Esto es particularmente evidente en la sentencia dictada el 31 de marzo sobre el asesinato del defensor de derechos humanos Simón Pedro, en donde nunca fue incorporada a la investigación ni en la resolución su labor de defensa de derechos humanos como parte del móvil del homicidio. La falta de reconocimiento de la labor de defensa de derechos humanos y el riesgo que resulta de ésta suma al contexto de estigmatización y a las campañas de desprestigio en contra de las personas defensoras de derechos humanos, como ha sido el caso del defensor Padre Marcelo Pérez Pérez.

A t e n t a m e n t e

Front Line Defenders

Indigenous Peoples Rights- International- IPRI

Diplomáticos canadienses priorizan la minería a expensas de los derechos humanos, dicen expertos legales a la ONU

Compartimos esta nota de Mining Watch Canadá sobre las empresas mineras y sus violanciones a los derechos humanos – A 5 de abril de 2023

OTTAWA – Hoy, expertos en responsabilidad corporativa enviaron una presentación de 30 páginas al Consejo de Derechos Humanos de la ONU antes de su Examen Periódico Universal de Canadá en abril de 2023, denunciando a Canadá por su continuo apoyo diplomático a las empresas mineras por encima de la seguridad de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente (DDH). 

La presentación se basa en cinco estudios de caso bien documentados de México, Guatemala, Perú y Ecuador para ilustrar los temas clave que definen el enfoque diplomático de Canadá a los conflictos mineros en el exterior. Entre los estudios citados, en México, se cree que el apoyo incondicional de la Embajada de Canadá a Blackfire Exploration puso en mayor riesgo la vida del defensor del medio ambiente Mariano Abarca en los meses previos a su asesinato en noviembre de 2009. En Ecuador, en 2021, la embajadora canadiense denegó las peticiones de apoyo de la presidenta del Pueblo Shuar Arutam, Josefina Tunki, después de que ésta denunciara haber recibido amenazas de muerte del vicepresidente de operaciones de la empresa canadiense Solaris Resources como consecuencia de la oposición de su pueblo al proyecto de cobre de la empresa.

El escrito, redactado por el Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés) con el apoyo de MiningWatch Canadá, cuenta con el respaldo de 27 organizaciones de la sociedad civil canadiense y 39 profesores, abogados y juristas. El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU examinará el cumplimiento por parte de Canadá de sus compromisos en materia de derechos humanos y formulará recomendaciones específicas, correspondiendo a Canadá la responsabilidad de aplicar los cambios. 

“Hemos constatado que las embajadas canadienses siguen prestando un importante apoyo a las empresas mineras canadienses a pesar de ser conscientes de las graves y creíbles denuncias de violaciones de derechos humanos y medioambientales”, afirma Charis Kamphuis, profesora de Derecho de la Universidad Thompson Rivers (TRU) y integrante de la junta directiva de JCAP. “El Examen Periódico Universal es una oportunidad crucial para poner a Canadá en el punto de mira y revelar la enorme brecha existente entre los compromisos nacionales e internacionales de Canadá en materia de derechos humanos y las acciones y omisiones de los funcionarios canadienses, que ignoran sistemáticamente las preocupaciones de las comunidades afectadas y los riesgos para las y los defensores. En algunos casos, los funcionarios canadienses han tomado medidas para socavar los esfuerzos de las comunidades por defender sus derechos y acceder a la justicia”.

El documento examina los problemas que siguen planteando las Voces en Riesgo: Directrices Canadienses para el Apoyo a los Defensores de Derechos Humanos, un conjunto de directrices que especifican cómo las embajadas canadienses y otros funcionarios deben apoyar a los defensores de los derechos humanos, incluidos los canadienses, y promover una conducta responsable por parte de las empresas canadienses que operan en el extranjero. En el documento se señalan fallos específicos de la política, como la falta de claridad en cuanto a las obligaciones concretas de los funcionarios canadienses, la falta de información y transparencia sobre cómo se aplican las directrices y la falta de supervisión independiente para garantizar su cumplimiento. 

“Al mismo tiempo que los funcionarios de la embajada canadiense hacen esfuerzos considerables para promover los intereses mineros canadienses en el extranjero, poniendo a los defensores en mayor riesgo, el gobierno canadiense no ha logrado garantizar ni siquiera un mínimo de rendición de cuentas para los responsables de daños devastadores”, dice Viviana Herrera, Coordinadora del Programa de América Latina de MiningWatch Canadá. “Estamos pidiendo al Grupo de Trabajo que haga fuertes recomendaciones a Canadá para que ajuste finalmente sus acciones en cuanto a sus compromisos cuando se trata de la rendición de cuentas del Estado y de las empresas.” 

JCAP hace las siguientes recomendaciones al grupo de trabajo en su escrito: 

  1. Recomendar a Canadá que reforme su política y su enfoque jurídico de la diplomacia económica y los defensores de los derechos humanos en el extranjero por un enfoque que pueda garantizar que las acciones de los funcionarios canadienses cumplan las obligaciones internacionales de Canadá en materia de derechos humanos y medioambientales.
  2. Recomendar que dichas reformas se desarrollen únicamente tras un proceso completo y significativo de participación de la sociedad civil. Éste debería incluir a los defensores de los derechos humanos, los pueblos indígenas, las comunidades y los grupos directamente afectados por la extracción industrial de recursos en el extranjero, con el apoyo del gobierno y las misiones diplomáticas canadienses.
  3. Recomendar que Canadá lleve a cabo una revisión exhaustiva de los incumplimientos por parte de los funcionarios canadienses de las obligaciones internacionales de Canadá en materia de derechos humanos y medioambientales en los cuatro casos citados en este informe. Esta revisión debe identificar los remedios apropiados a cualquier persona que haya sido perjudicada directa o indirectamente por las acciones de Canadá.

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Contactos para medios de comunicación: 

  • Charis Kamphuis, integrante de la Junta directiva de JCAP, profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad Thompson Rivers | ckamphuis@tru.ca, 250-572-2625
  • Viviana Herrera, Coordinadora del Programa para América Latina en MiningWatch Canadá | viviana@miningwatch.ca, 438-993-1264

Imagen: Altar en memoria de Mariano Abarca. Foto: blog ewwaunel vía Chiapas Paralelo

En los Medios:

3 de mayo: Manifiesto por el agua

Compartimos este manifiesto por el agua de la campaña Yo Prefiero Agua Y Salud dado durante una actividad por el agua en San Cristóbal de Las Casas en el marco de la celebración de 3 de mayo

Celebrando el Día de la Santa Cruz, hoy 3 de mayo. Es una celebración de agradecimiento por el AGUA, reconocerla como el elemento que trasciende la vida de las personas pero también de todo ser vivo sobre el planeta. Elemento vivo que es parte de nuestro cuerpo, de nuestro alimento, de nuestra casa común. Es una celebración ancestral para agradecer la lluvia y toda fuente de agua.

1. El agua es vida y es sagrada, no es una mercancía

2. El agua tiene derecho a fluir limpia y libre por sus cauces naturales

3. El agua es un derecho de todos los seres vivos

4. Los bosques atraen y retienen el agua. Es urgente detener la tala de árboles

5. Debemos reforestar con árboles nativos, como el encino, ellos son guardianes del agua y la vida. Es necesario frenar el monocultivo del pino

6. La extracción de grava y arena acelera la devastación ecológica de las montañas. Es apremiante actualizar y cumplir la normatividad para frenar su explotación

7. Los humedales de montaña son ecosistemas frágiles. Rellenarlos es un ecocidio

8. Los cerros, ríos, manantiales y humedales del valle de Jovel son nuestra casa. Ciudadanos, gobernantes e instituciones estamos obligados a protegerlos

9. Estamos contaminando el agua en esta ciudad. Busquemos soluciones para sanearla con ecotecnias eficientes y viables

10. La extracción excesiva de agua está secando los pozos profundos. Es inadmisible permitir concesiones irresponsables

11. Las autoridades correspondientes deben respetar el mandato internacional del derecho humano al agua potable y al saneamiento

12. El plan de gestión de la Cuenca de Jovel debe ser apropiado por la ciudadanía y los gobernantes

13. Dignificar el agua es dignificar nuestra propia vida. Todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de cuidarla y protegerla.

Imagen: Yo Prefiero Agua y Salud

Más información:

Solidaridad feminista internacional ante cancelación ilegal de organizaciones feministas y/o que apoyan o trabajan por los derechos de las mujeres en Nicaragua.

Compartimos este comunicado de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) – A 20 de abril del 2022

  • Desde abril de 2018, el gobierno de Daniel Ortega ha cancelado ilegalmente 26 organizaciones feministas y/o que apoyan o trabajan por los derechos de las mujeres.
  • Desde la solidaridad feminista internacional hacemos un llamado para que el mundo abra sus ojos y vea a Daniel Ortega como lo que realmente es: un macho violador impune, misógino, corrupto y capitalista enriquecido a través del ejercicio despótico del poder.

En Nicaragua, ser mujer, ser feminista y estar organizada es cada vez más peligroso.

Desde 2018 al menos 26 organizaciones feministas y/o que apoyan o trabajan por los derechos de las mujeres han sido ilegalmente canceladas por el gobierno. Son organizaciones radicadas a lo largo y ancho del país, en zonas urbanas y campesinas, así como en territorios y comunidades indígenas y afrodescendientes. Algunas de ellas llevaban décadas trabajando en la denuncia y prevención de la violencia machista, exigiendo justicia por los femicidios, defendiendo los derechos laborales de las mujeres, informando y educando con perspectiva de género o promocionando los derechos sexuales y reproductivos, entre muchos otros aportes a los derechos humanos de las mujeres nicaragüenses.

Ahora, todas estás organizaciones han visto ilegalmente arrebatada su personería jurídica y la posibilidad de acceder a los recursos necesarios para desarrollar su labor. Sus oficinas han sido desmanteladas por el gobierno y sus bienes requisados. Muchas de sus integrantes han sido y son objeto de criminalización, campañas de descrédito y hostigamientos constantes, hasta el extremo de que algunas de ellas han tenido que exiliarse.

En la mayoría de casos, la cancelación de estas organizaciones se ha apoyado en procedimientos arbitrarios por parte de las instituciones responsables. Estas instituciones han puesto todo tipo de obstáculos o directamente se han negado a recibir la documentación administrativa requerida por ley, pese a que las organizaciones cumplían con todos los requisitos en tiempo y forma. Muchas otras organizaciones viven un cierre administrativo de facto, sin acceso a recursos y a la gestión de actividades, al estar sometidas a trámites y requerimientos arbitrarios.

Todo esto sucede en un país donde al menos 71 mujeres fueron víctimas de femicidio en 2021.

Donde, según datos oficiales, durante ese mismo año, más de 8 mil mujeres denunciaron haber sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar y cerca de 5 mil denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual.

Donde muchas mujeres víctimas de violencias machistas no denuncian sus casos sabiendo que no van a tener justicia y con miedo a ser revictimizadas por el Estado.

Donde miles de mujeres trabajan en maquilas de capital trasnacional bajo condiciones de explotación y extrema precariedad.

Donde desde abril de 2018 se viene agudizando la profunda crisis social, política y de graves violaciones a derechos humanos que estalló tras la brutal represión del Gobierno de Daniel Ortega a las multitudinarias protestas pacíficas contra su reforma neoliberal del seguro social, dejando a centenares de personas muertas y miles de exiliadas.

Donde trece defensoras de derechos humanos están presas y condenadas a penas de entre 8 y 18 años de cárcel por trabajar por la democratización del país. 

Donde la interrupción del embarazo está completamente penalizada y las mujeres tienen que abortar de manera clandestina y en condiciones que ponen en peligro sus vidas.

Donde el Estado ha venido desmantelando leyes, políticas e instituciones orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y avanzar hacia la igualdad que habían sido logradas gracias al trabajo y las luchas históricas de las feministas nicaragüenses. 

En este contexto, la cancelación de estas organizaciones supone un grave golpe para todas las mujeres del país, dejándolas en una situación de mayor vulnerabilidad y exposición a la violencia y a la vulneración de sus derechos fundamentales.

Las feministas de todo el mundo sabemos que los ataques de Daniel Ortega a las feministas nicaragüenses se remontan a mucho antes de la crisis de 2018. Se remontan a 1998, cuando trascendió que el mandatario había abusado sexualmente de su hijastra, Zoilamérica Narvaez Murillo, y las feministas nicaragüenses denunciaron públicamente el caso y acuerparon a Zoilamérica.

Tampoco podemos olvidar el pacto de Daniel Ortega con la jerarquía católica, que en 2006 llevó a penalizar totalmente el aborto en el país. Este pacto, junto con el que suscribió con el ex-presidente corrupto y neoliberal Arnoldo Alemán, le permitió regresar al poder traicionando la historia del Sandinismo y los valores y esperanzas por las que muchas compañeras nicaragüenses habían luchado en la revolución y contribuido a crear un proyecto de país más justo, libre e igualitario.

Desde la solidaridad feminista internacional hacemos un llamado para que el mundo abra sus ojos y vea a Daniel Ortega como lo que realmente es: un macho violador impune, misógino, corrupto y capitalista enriquecido a través del ejercicio despótico del poder.

Abrazamos a todas las compañeras de las organizaciones canceladas quienes, pese a todos los obstáculos y hostilidades que diariamente tienen que enfrentar, siguen organizadas y no cesan en su empeño de trabajar por los derechos de las mujeres nicaragüenses.

Que sepan que las feministas de América Latina y del mundo entero estamos con ellas, que no las dejaremos solas y que sabemos que lo que llevan décadas construyendo sobrevivirá a cualquier gobierno represor, hostil y corrupto, porque es el abono de los futuros que soñamos juntas y en los que tarde o temprano todas nos habitaremos libres, diversas e iguales.

Organizaciones feministas y/o que apoyan o trabajan por los derechos de las mujeres que han sido ilegalmente canceladas por el gobierno de Daniel Ortega desde abril de 2018: 

  • Asociación Centro de Capacitación de la Mujer Obrera
  • Asociación Colectivo de Mujeres de Matagalpa
  • Asociación Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH)
  • Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia Oyanka
  • Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra (MEC)
  • Asociación para la Sobrevivencia y el Desarrollo Local (ASODEL)
  • Asociación Red de Empresarias de Nicaragua (REN)
  • Centro de Derechos Constitucionales (CDC) 
  • Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua. (CEJUDHCAN)
  • Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS)
  • Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO)
  • Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
  • Colectivo 8 de Marzo.
  • Diakonia
  • Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI)
  • Fundación Centro de Comunicación y Educación CANTERA
  • Fundación Entre Volcanes
  • Fundación Luisa Mercado (FUNLUM)
  • Fundación OXFAM Ibis
  • Fundación OXFAM Intermon
  • Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer Indígena de Sutiaba
  • Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez (FUNDEMUNI)
  • Fundación Popol Na para la Promoción y el Desarrollo Municipal
  • Fundación Xochiquetzal
  • Instituto de Liderazgo de las Segovias, ILLS
  • Trocaire