3 de mayo: Manifiesto por el agua

Compartimos este manifiesto por el agua de la campaña Yo Prefiero Agua Y Salud dado durante una actividad por el agua en San Cristóbal de Las Casas en el marco de la celebración de 3 de mayo

Celebrando el Día de la Santa Cruz, hoy 3 de mayo. Es una celebración de agradecimiento por el AGUA, reconocerla como el elemento que trasciende la vida de las personas pero también de todo ser vivo sobre el planeta. Elemento vivo que es parte de nuestro cuerpo, de nuestro alimento, de nuestra casa común. Es una celebración ancestral para agradecer la lluvia y toda fuente de agua.

1. El agua es vida y es sagrada, no es una mercancía

2. El agua tiene derecho a fluir limpia y libre por sus cauces naturales

3. El agua es un derecho de todos los seres vivos

4. Los bosques atraen y retienen el agua. Es urgente detener la tala de árboles

5. Debemos reforestar con árboles nativos, como el encino, ellos son guardianes del agua y la vida. Es necesario frenar el monocultivo del pino

6. La extracción de grava y arena acelera la devastación ecológica de las montañas. Es apremiante actualizar y cumplir la normatividad para frenar su explotación

7. Los humedales de montaña son ecosistemas frágiles. Rellenarlos es un ecocidio

8. Los cerros, ríos, manantiales y humedales del valle de Jovel son nuestra casa. Ciudadanos, gobernantes e instituciones estamos obligados a protegerlos

9. Estamos contaminando el agua en esta ciudad. Busquemos soluciones para sanearla con ecotecnias eficientes y viables

10. La extracción excesiva de agua está secando los pozos profundos. Es inadmisible permitir concesiones irresponsables

11. Las autoridades correspondientes deben respetar el mandato internacional del derecho humano al agua potable y al saneamiento

12. El plan de gestión de la Cuenca de Jovel debe ser apropiado por la ciudadanía y los gobernantes

13. Dignificar el agua es dignificar nuestra propia vida. Todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de cuidarla y protegerla.

Imagen: Yo Prefiero Agua y Salud

Más información:

Solidaridad feminista internacional ante cancelación ilegal de organizaciones feministas y/o que apoyan o trabajan por los derechos de las mujeres en Nicaragua.

Compartimos este comunicado de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) – A 20 de abril del 2022

  • Desde abril de 2018, el gobierno de Daniel Ortega ha cancelado ilegalmente 26 organizaciones feministas y/o que apoyan o trabajan por los derechos de las mujeres.
  • Desde la solidaridad feminista internacional hacemos un llamado para que el mundo abra sus ojos y vea a Daniel Ortega como lo que realmente es: un macho violador impune, misógino, corrupto y capitalista enriquecido a través del ejercicio despótico del poder.

En Nicaragua, ser mujer, ser feminista y estar organizada es cada vez más peligroso.

Desde 2018 al menos 26 organizaciones feministas y/o que apoyan o trabajan por los derechos de las mujeres han sido ilegalmente canceladas por el gobierno. Son organizaciones radicadas a lo largo y ancho del país, en zonas urbanas y campesinas, así como en territorios y comunidades indígenas y afrodescendientes. Algunas de ellas llevaban décadas trabajando en la denuncia y prevención de la violencia machista, exigiendo justicia por los femicidios, defendiendo los derechos laborales de las mujeres, informando y educando con perspectiva de género o promocionando los derechos sexuales y reproductivos, entre muchos otros aportes a los derechos humanos de las mujeres nicaragüenses.

Ahora, todas estás organizaciones han visto ilegalmente arrebatada su personería jurídica y la posibilidad de acceder a los recursos necesarios para desarrollar su labor. Sus oficinas han sido desmanteladas por el gobierno y sus bienes requisados. Muchas de sus integrantes han sido y son objeto de criminalización, campañas de descrédito y hostigamientos constantes, hasta el extremo de que algunas de ellas han tenido que exiliarse.

En la mayoría de casos, la cancelación de estas organizaciones se ha apoyado en procedimientos arbitrarios por parte de las instituciones responsables. Estas instituciones han puesto todo tipo de obstáculos o directamente se han negado a recibir la documentación administrativa requerida por ley, pese a que las organizaciones cumplían con todos los requisitos en tiempo y forma. Muchas otras organizaciones viven un cierre administrativo de facto, sin acceso a recursos y a la gestión de actividades, al estar sometidas a trámites y requerimientos arbitrarios.

Todo esto sucede en un país donde al menos 71 mujeres fueron víctimas de femicidio en 2021.

Donde, según datos oficiales, durante ese mismo año, más de 8 mil mujeres denunciaron haber sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar y cerca de 5 mil denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual.

Donde muchas mujeres víctimas de violencias machistas no denuncian sus casos sabiendo que no van a tener justicia y con miedo a ser revictimizadas por el Estado.

Donde miles de mujeres trabajan en maquilas de capital trasnacional bajo condiciones de explotación y extrema precariedad.

Donde desde abril de 2018 se viene agudizando la profunda crisis social, política y de graves violaciones a derechos humanos que estalló tras la brutal represión del Gobierno de Daniel Ortega a las multitudinarias protestas pacíficas contra su reforma neoliberal del seguro social, dejando a centenares de personas muertas y miles de exiliadas.

Donde trece defensoras de derechos humanos están presas y condenadas a penas de entre 8 y 18 años de cárcel por trabajar por la democratización del país. 

Donde la interrupción del embarazo está completamente penalizada y las mujeres tienen que abortar de manera clandestina y en condiciones que ponen en peligro sus vidas.

Donde el Estado ha venido desmantelando leyes, políticas e instituciones orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y avanzar hacia la igualdad que habían sido logradas gracias al trabajo y las luchas históricas de las feministas nicaragüenses. 

En este contexto, la cancelación de estas organizaciones supone un grave golpe para todas las mujeres del país, dejándolas en una situación de mayor vulnerabilidad y exposición a la violencia y a la vulneración de sus derechos fundamentales.

Las feministas de todo el mundo sabemos que los ataques de Daniel Ortega a las feministas nicaragüenses se remontan a mucho antes de la crisis de 2018. Se remontan a 1998, cuando trascendió que el mandatario había abusado sexualmente de su hijastra, Zoilamérica Narvaez Murillo, y las feministas nicaragüenses denunciaron públicamente el caso y acuerparon a Zoilamérica.

Tampoco podemos olvidar el pacto de Daniel Ortega con la jerarquía católica, que en 2006 llevó a penalizar totalmente el aborto en el país. Este pacto, junto con el que suscribió con el ex-presidente corrupto y neoliberal Arnoldo Alemán, le permitió regresar al poder traicionando la historia del Sandinismo y los valores y esperanzas por las que muchas compañeras nicaragüenses habían luchado en la revolución y contribuido a crear un proyecto de país más justo, libre e igualitario.

Desde la solidaridad feminista internacional hacemos un llamado para que el mundo abra sus ojos y vea a Daniel Ortega como lo que realmente es: un macho violador impune, misógino, corrupto y capitalista enriquecido a través del ejercicio despótico del poder.

Abrazamos a todas las compañeras de las organizaciones canceladas quienes, pese a todos los obstáculos y hostilidades que diariamente tienen que enfrentar, siguen organizadas y no cesan en su empeño de trabajar por los derechos de las mujeres nicaragüenses.

Que sepan que las feministas de América Latina y del mundo entero estamos con ellas, que no las dejaremos solas y que sabemos que lo que llevan décadas construyendo sobrevivirá a cualquier gobierno represor, hostil y corrupto, porque es el abono de los futuros que soñamos juntas y en los que tarde o temprano todas nos habitaremos libres, diversas e iguales.

Organizaciones feministas y/o que apoyan o trabajan por los derechos de las mujeres que han sido ilegalmente canceladas por el gobierno de Daniel Ortega desde abril de 2018: 

  • Asociación Centro de Capacitación de la Mujer Obrera
  • Asociación Colectivo de Mujeres de Matagalpa
  • Asociación Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH)
  • Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia Oyanka
  • Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra (MEC)
  • Asociación para la Sobrevivencia y el Desarrollo Local (ASODEL)
  • Asociación Red de Empresarias de Nicaragua (REN)
  • Centro de Derechos Constitucionales (CDC) 
  • Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua. (CEJUDHCAN)
  • Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS)
  • Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO)
  • Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
  • Colectivo 8 de Marzo.
  • Diakonia
  • Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI)
  • Fundación Centro de Comunicación y Educación CANTERA
  • Fundación Entre Volcanes
  • Fundación Luisa Mercado (FUNLUM)
  • Fundación OXFAM Ibis
  • Fundación OXFAM Intermon
  • Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer Indígena de Sutiaba
  • Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez (FUNDEMUNI)
  • Fundación Popol Na para la Promoción y el Desarrollo Municipal
  • Fundación Xochiquetzal
  • Instituto de Liderazgo de las Segovias, ILLS
  • Trocaire

Comunicado del Pueblo Creyente a 11 años de la Pascua de jTatic Samuel Ruíz

Les compartimos el comunicado del Pueblo Creyente – A 25 de enero del 2022

DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

COMUNICADO DEL PUEBLO CREYENTE

A la sociedad civil

A las diferentes creencias religiosas

A los tres niveles de gobierno

A  los medios de comunicación

A los hombres y mujeres que construyen la paz.

“… Mantener una constante práctica de análisis de la realidad, con sus luces y sombras, que nos permitan un mejor entendimiento y sensibilidad de la problemática social que se vive, de los esfuerzos que se hacen para construir una alternativa y tener una claridad de conciencia para actuar responsablemente ante los engaños del sistema dominante”. (Carta Pastoral ¡Caminemos Juntos a la luz del Señor! #54).

El año pasado por la situación de la pandemia por Covid-19 no pudimos celebrar nuestra peregrinación de la manera acostumbrada cada año. Hoy nuevamente como Pueblo Creyente peregrinamos este día, celebrando los 11 años de la Pascua de Jtatic Samuel Ruíz García, profeta del pueblo que sufre y que entregó su vida de manera generosa a esta diócesis; y los 2 años de haber sembrado la Carta Pastoral de nuestro obispo Rodrigo Aguilar: ¡Caminemos juntos a la luz del Señor!

La pandemia ha traído como consecuencias en nuestro país el alza de precio de la canasta básica, del gas L.P., de la gasolina y otros servicios indispensables. Subió el precio del pasaje a las comunidades lo cual aumenta el precio de los productos del campo. También se ha visto en los pueblos y ciudades el aumento de comercios ambulantes y bazares de ropa americana. Existe desempleo y falta de oportunidades para progresar. Nuevas variantes del covid-19 han surgido. Y la posibilidad de una nueva crisis económica mundial está a la puerta.

Como Pueblo Creyente nos unimos, en este día, para manifestar todos los atropellos e injusticias que viven nuestros pueblos y comunidades, sobre todo la inseguridad, la violencia y la disputa territorial provocada por el crimen organizado, ante las cuales las autoridades de los tres niveles de gobierno se ven rebasadas, permisivas y coludidas por el sistema de control que el crimen organizado ejerce en el territorio nacional. Lo cual trae consecuencias muy fuertes para nuestros municipios y nuestros pueblos como: la narcopolítica, la drogadicción en los ejidos, el aumento de cantinas, robos de carros y motos, asesinatos. Así como supuestos problemas agrarios en Ejidos y Rancherías, o entre pueblos, como el caso más conocido de Santa Marta y Aldama. También la amenaza y asesinato a líderes sociales y comunicadores sociales, así como amenazas a Agentes de Pastoral de nuestra Diócesis.

En el asesinato del hermano catequista y compañero Simón Pedro todavía no se ve la acción de la justicia.

Se ha evidenciado más en este último año la desaparición de personas, niñas-niños, hombres y mujeres, de diferentes edades. Y por el miedo a represalias y el no ejercicio del Estado de derecho la gente no denuncia. También se provoca la lucha de poderes de organizaciones, manipuladas por partidos políticos, caciquismo y empresariado. Un sistema neoliberal que busca el control del territorio y los recursos, a toda costa, con tal de obtener la máxima ganancia. Seguimos observando la tala inmoderada de árboles y el tráfico de los mismos, sin que las autoridades correspondientes hagan algo.

Como Pueblo Creyente denunciamos y rechazamos la corrupción política, el tráfico de influencias, la impunidad, el tráfico de migrantes y la militarización de los pueblos.

Queremos justicia, que actúe el gobierno y no pasa nada, pero si nosotros nos comprometemos podemos hacer algo.

Ante la situación que se vive la Sociedad Civil organizada ya está haciendo algo. Las mujeres han logrado prevalecer y organizarse en las comunidades, lo cual hace visible la importancia de su protagonismo en la historia. Nosotras y nosotros nos unimos también a esta lucha en la construcción del Buen Vivir.

Ha aumentado el flujo de migrantes de distintos países y sobre todo de Haítí, en diferentes rutas de nuestro estado de Chiapas. Estos últimos tienen problemas para comunicarse porque muchos no entienden ni hablan el español.

Algunas y algunos migrantes son empleados en negocios, también como barrenderos y peones.

Todo este éxodo migratorio hace que la Pastoral de Movilidad Humana redoble sus esfuerzos en el apoyo solidario a estas hermanas y hermanos. Pero a la vez existen también amenazas e intimidaciones contra personal que colabora en las casas de migrantes coordinados por Agentes de Pastoral de nuestra Diócesis.

Por otra parte nos enteramos con tristeza, coraje e indignación de la muerte de 58 migrantes, en el tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, provocado por llevar ocultos en un tráiler a más de 100 migrantes. Con lo cual se evidencia la otra cara del crimen organizado.

La Arquidiócesis de Tuxtla en su comunicado decía: “Un lamentable hecho como este, no hace sino mostrarnos, una vez más, el terrible drama que cotidianamente viven los migrantes en su paso por nuestra tierra. Además, pone en evidencia la corrupción que aún prevalece en torno al tema migratorio. ¿Cómo es posible que un tráiler lleno de migrantes pase desapercibido por los puntos de revisión? ¿Cómo es posible que se permita que decenas de personas viajen en esas condiciones inhumanas, poniendo en peligro sus vidas? ¿Qué autoridades están coludidas para que sucedan estas cosas?

Hacemos un enérgico llamado a las autoridades para que esclarezcan este lamentable hecho y establezcan los mecanismos para que situaciones como estas no se repitan. Es momento para que se establezcan condiciones para la tan anhelada “migración segura, ordenada y regular”, que tanto se necesita en medio de esta crisis humanitaria.

La sangre de estos hermanos clama al Cielo; la corrupción institucionalizada clama al Cielo; la indiferencia ante el dolor de los migrantes clama al Cielo”.

Otro aspecto que afectó a nuestras comunidades en 2021 es el covid-19,  y a finales del año enfermedades como tos y gripe que se parecen al covid, a veces se puede controlar y a veces no. No se sana con medicinas o jarabes.

Como Pueblo Creyente hemos mantenido nuestra convicción del respeto a la Madre Tierra y la defensa de Tierra y Territorio. Cada vez se nos dificulta hacer conciencia de esto en  nuestras comunidades pero seguiremos firmes en hacerlo.

También continuamos construyendo alternativas de Acuerdos Comunitarios que den vida a nuestros pueblos y que no nos dejemos absorber por la “globalidad de la indiferencia” como nos dice el Papa Francisco (cf. Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz, 1 de enero de 2016).

Como Pueblo Creyente nos comprometemos a corresponsabilizarnos en la búsqueda de la seguridad comunitaria. Por lo cual también procuraremos de manera urgente articularnos más entre áreas, instancias, grupos y organizaciones, en la búsqueda del Bien Común.

Hacemos un llamado a todas las personas, sin importar su credo religioso, a reconocer  la importancia de la vida comunitaria, que nos heredaron nuestros abuelos y nuestras abuelas, comprometernos y organizarnos para la defensa de la vida en nuestros pueblos, buscando recuperar nuestros valores y el camino de fe que Dios nos señala para vivir en un mundo de hermanos y hermanas. Y abrirnos en la búsqueda de caminos de esperanza junto con los pueblos de otros países.

Pedimos sabiduría al Corazón del Cielo y Corazón de la Madre Tierra para saber cómo acompañar los procesos de los pueblos y que surjan profetisas y profetas, individuales y colectivos, que acompañen al pueblo en las diferentes dimensiones que abarcan al ser humano. Y ser un signo de esperanza de esta transformación que Dios quiere para la humanidad “cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales more la justicia” (2Pe 3,13).

Buscaremos alternativas para caminar como Iglesia Diocesana en la exigencia de la sinodalidad a la que nos está empujando el Ch´ul Espíritu.

Como Pueblo Creyente seguimos decididos y decididas a seguir construyendo una alternativa ante la violencia e inseguridad.

Como Pueblo Creyente Invitamos a todos los pueblos a construir juntas-juntos la justicia y la esperanza.

“LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES”

Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas

A 25 de enero de 2022.

Imagen: SERAPAZ México y Diócesis de San Cristóbal

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Ante la violencia producida por armas de fuego, organizaciones y academia lanzan campaña: #PazSinArmas

Compartimos este comunicado de diversas organizaciones, colectivos y movimientos en México- A 12 de octubre del 2021

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2021. La campaña #PazSinArmas es producto de la suma de esfuerzos de más de 20 organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y otros actores sociales, que buscamos mitigar los efectos negativos que ha producido la creciente violencia armada en el país. Nos hemos unido para exigir que existan controles efectivos de armas, que eviten su entrada ilegal, principalmente de Estados Unidos a México; además, que se refuercen los mecanismos de auditoría para conocer el uso y destino de las armas adquiridas de forma legal entre
las instituciones de seguridad. A la par que se garanticen los controles de confianza y seguimiento efectivo de los elementos que las portan. Asimismo, abogamos por que los controles incluyan la investigación y sanción ejemplar a unidades específicas o elementos con historiales impunes de violaciones graves de derechos humanos o colusión con el crimen organizado.

La violencia armada se ha incrementado drásticamente en México durante los últimos años, afectando a toda la población. Si bien este tipo de violencia responde a múltiples factores, la cercanía con los Estados Unidos siendo el mayor productor y consumidor de armas de fuego del mundo, así como la decisión de militarizar la seguridad pública, adicionada con la opacidad con la que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) actúa en cuanto a su papel en el manejo, distribución y control de armas de fuego, juegan una papel fundamental en el actual contexto de violencia.

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de acuerdo con la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de EUA, casi todas las armas recuperadas en las escenas del crimen en México —entre 70% y 90% de ellas— fueron traficadas desde Estados Unidos. En este sentido, es importante resaltar que la búsqueda de paz demanda reforzar el control de armas de fuego entre ambos países: tanto de aquellas armas traficadas ilegalmente al país y que se ven involucradas en un gran número de eventos catastróficos perpetrados con armas de fuego utilizadas por miembros del crimen organizado y por parte de personas civiles que no forman parte de organizaciones criminales. Así como de aquellas que entran legalmente y terminan en manos de autoridades que hacen mal uso de estas, perpetrando graves violaciones a derechos humanos.

De acuerdo con la información obtenida por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Stop US Arms to Mexico y el Centro de Estudios Ecuménicos, la SEDENA se declaró como el usuario final en más de 147 mil armas de fuego importadas de Estados Unidos entre 2008 y 2019, cuando estas en realidad estaban destinadas para uso policial. Dejando así una brecha en la información respecto del usuario final de esas armas y su utilidad. Aunado a ello se debe considerar la adquisición de armas por particulares, que carecen de registro y que ya han sido documentadas en otros estudios.

Del mismo modo resulta nos es pertinente resaltar el impacto diferenciado de las armas de fuego en las dinámicas de violencia. Las organizaciones Intersecta y Data Cívica han identificado que, desde el año 2007, los homicidios de mujeres con armas de fuego han incrementado, así como su ocurrencia en la vía pública.

Ante este contexto, las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación y hacemos un llamado urgente a la construcción de la #PazSinArmas. El uso de armas de fuego sin controles facilita la ocurrencia de violaciones de derechos humanos, actos de tortura, ejecuciones, desapariciones forzadas, lesiones en personas, robos, extorsiones y violencia de género; además de forzar a poblaciones enteras a desplazarse o migrar para huir de la violencia.

Por ello, exhortamos a las autoridades a:

  • Iniciar las investigaciones para determinar la responsabilidad administrativa y penal de las y los servidores públicos implicados en actos contrarios a derecho, particularmente aquellos que tienen relación con el uso de las armas de fuego.
  • Establecer un sistema de seguimiento adecuado para las importaciones legales de armas a México, el cual incluya información que transparente los registros, controles y rastreo de los usos finales de las armas, incluyendo todas las unidades de posibles usuarios finales, no solo las unidades centrales de distribución.
  • Garantizar el diálogo permanente entre representantes de sociedad civil, la SEDENA, SEMAR, Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y otras dependencias federales y locales sobre el flujo y control de armas. En este sentido, se exhorta a las autoridades a comprometerse, participar y dar seguimiento puntual a los espacios de diálogo y trabajo con la sociedad civil.
  • Diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas y el marco normativo para el control de armas y municiones conforme a la evidencia y con participación de la sociedad civil; sustentados en metodologías para recabar y sistematizar información con indicadores interseccionales de un amplio espectro de la violencia armada, con el fin de identificar el impacto específico en diferentes poblaciones y diseñar mejores políticas de prevención y de atención a víctimas.
  • Actualizar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos vigente desde hace casi 50 años (1972), así como sus normas secundarias. En esta reforma el Legislativo deberá incluir, entre otras cosas, la transparencia en la información sobre armas y municiones. El gobierno debe socializar la propuesta de la nueva Ley de Armas y Municiones y normas reglamentarias a la ciudadanía, para garantizar que la sociedad civil tenga plena incidencia en la formulación y revisión de dicha normatividad.
  • Garantizar que la SEDENA identifique y declare los usuarios finales verdaderos a las empresas exportadoras y a las autoridades de sus países respectivos, en los certificados emitidos antes de expedir una licencia y el envío de las armas.
  • Formular medidas que tengan mayor efectividad en la búsqueda y recuperación de armas que han ingresado de manera ilegal al país, así como el establecimiento de mayores controles en materia, haciendo énfasis particular, en la frontera norte.
  • Las dependencias del gobierno federal, estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, deberían recopilar informacion tanto de victimas como de perpetradores, asi como difundir proactivamente datos de impactos de armas de fuego, desagregados por categorías sospechosas e interseccionalidad; por ejemplo y no limitado a sexo, identidad de género, edad, etnia, orientación sexual, estatus migratorio y discapacidad.

Es innegable que parte de las armas adquiridas que han sido adquiridas por el estado mexicano, en conjunto con las que tienen actores criminales están cobrando vidas, en un contexto en el que parece ser que el único marco de regulación existente es la violencia armada.

La situación requiere la participación inmediata de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. que exista una política centrada en la reparación y asistencia a las víctimas y familias afectadas. En este sentido, recordamos al Estado mexicano que tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar los actos que pongan en riesgo la vida, salud (física y mental), integridad, seguridad y libertad de las personas, así como ofrecer elementos suficientes que permitan la construcción de la #PazSinArmas y garantizar los derechos de las víctimas.

Contacto de prensa: Eva Avilés Gómez (Comunicación, Prensa & Medios Sociales, CMDPDH)
comunicacion1@cmdpdh.org

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Comunicado de colectivos y comunidades de Oaxaca en contra de los “Encuentros Indígenas Canadá-Oaxaca 2021”

Comunicado de colectivos y comunidades de Oaxaca sobre la falsa hermandad que pretenden hacer entre el Gobiernos de Canadá y el Gobierno de Oaxaca apensar de la gran destrucción de proyectos mineros canadienses – A 29 de septiembre de 2021

A nuestrxs hermanxs de Isla tortuga

En el contexto de la celebración organizada por los Estados canadiense y mexicano, denominada “Encuentros indígenas Oaxaca-Canadá 2021-”, llevada a cabo del 20 de septiembre al 8 de octubre en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, hemos decidido dar a conocer algunos aspectos relevantes que han sido omitidos o tergiversados en las convocatorias oficiales y en las ruedas de prensa.

Lo que llaman “estado de Oaxaca” es uno de los más diversos cultural y lingüísticamente gracias a la resistencia indígena al exterminio, que comenzó con la expansión europea en el territorio de lo que hoy es México. Esta diversidad a la que aluden los gobiernos de Oaxaca y Canadá, figura como la motivación principal para realizar dicho evento.

Sin embargo, lo que llaman diversidad ésta más cercano al nacionalismo mexicano construido con los huesos y sangre de nuestros antepasados, la razón principal para decir esto es que los gobiernos ven al indígena y al afro como expresión cultural mercantilizable, como un discurso, como una imagen, etc.

Nosotrxs, quienes por generaciones hemos resistido a su necropolitica, racismo, clasismo y sexismo, no solo nos negamos a alentar ese nacionalismo, si no que repudiamos la mercantilización de nuestras formas de vida. Queremos que sepan todxs aquellxs que lo ignoran, que por generaciones hemos sido testigxs de la expulsión y marginalización de indígenas en el territorio invadido que han nombrado como Oaxaca; hemos sido objeto de la invasión y despojo de tierras, a las que miramos con tristeza y rabia convertirse en artículo de especulación financiera.

Si algo hemos de compartir con nuestrxs hermanxs de Isla Tortuga, es esta historia de dolor y violencia colonial. Ellxs también fueron despojados, masacrados y obligados a vivir en reservaciones. Lo que llaman “Canadá” oculta bajo sus suelos miles de cuerpos de infantes, hombres y mujeres indígenas, asesinados por la desgracia de no ser blancos y no pensar como blancos. Aunque el Estado pretenda ocultarlo, esta violencia perdura y se manifiesta de diversas maneras.

Esta historia compartida de despojo, nos convoca en esta ocasión para decirles al unísono, a quienes con sus leyes justifican o facilitan el exterminio indígena y de cualquier modo de vida contingente, a quienes confunden nuestra historia de resistencia con folcklor y a quienes ocultan sus negocios tras la expresión “hermandad cultural”, que NO SE LOS VAMOS A PERMITIR, NI MATERIAL NI SIMBÓLICAMENTE.

DENUNCIAMOS, que han sido estas mismas personas los actores intelectuales de la peor tragedia ambiental y social que hemos visto en tiempos recientes, un ejemplo de ellos es la instalación de minas para la extracción masiva de minerales, a través de la exploración y puesta en marcha de concesiones y proyectos mineros.

Empresas Canadienses tienen desplegados cientos de proyectos mineros por toda América Latina; muchos de ellos en territorios de comunidades indígenas, a las que ha tratado con racismo y desde una perspectiva colonialista.

Según datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, en México, el 50% de los conflictos mineros está relacionado directamente con empresas canadienses; de acuerdo con información contenida en el Sistema Integral sobre Economía Minera, de las 242 empresas extranjeras con proyectos mineros en el país, 160 corresponden a Canadá; además de que el 74% de las concesiones para exploración minera son otorgadas a empresas de dicho país.

En lo que respecta al estado de Oaxaca, hoy sede de este mal llamado “Hermanamiento cultural”, existe un total de 47 proyectos mineros de capital extranjero, de los cuales 33 son de empresas canadienses y tres más de asociación Canadá-Australia.

En la comunidad de San José del Progreso, Ocotlán, la criminal Fortuna Silver Mines opera bajo el nombre de Compañía Minera Cuzcatlán y, tras imponerse en el año 2009 mediante un operativo policial de más de 2 mil efectivos, ha dejado como saldo: 5 personas asesinadas, dos de ellas líderes antimineros y 3 integrantes de la autoridad municipal; el derrame de 1 millón 516 mil litros de desechos tóxicos, ocurrido el 8 de octubre de 2018, y que sigue en la impunidad; la contaminación del Río Coyote en Magdalena Ocotlán que actualmente presenta 5 elementos químicos en concentraciones tales que hacen al agua inviable para cualquier tipo de uso, agrícola o humano. Cabe señalar que, en 9 años de producción, Fortuna Silver Mines ha extraído del subsuelo una riqueza equivalente a 1,487 millones 778 mil dólares, de la explotación de oro y plata y también ha divido a la comunidad, desinformando y agudizando conflictos.

Otro caso de invasión y despojo se localiza en la zona de los Chimalapas, uno de los grandes pulmones del mundo. La empresa canadiense Minaurum Gold SA. tiene adjudicados a su nombre los títulos de concesión minera 22 5472 y 24 6936, a través de los cuales ha pretendido apropiarse de más de 6 mil 400 hectáreas para la explotación de oro y cobre. Este territorio selvático ha sido hogar del pueblo angpøn o zoque durante siglos; hoy, un proyecto minero canadiense pone en riesgo su vida, su cultura milenaria y un ecosistema vital para la regulación climática.

Ixtepec es un caso similar al anterior, donde una mina de capital canadiense pretendía apropiarse de 8,150 hectáreas para la apertura de una mina a cielo abierto; esto, cabe señalar, sin la menor preocupación por la vida y la salud de las comunidades indígenas susceptibles a ser afectadas. Actualmente, dicho proyecto se encuentra detenido temporalmente por la cancelación de la concesión.

Por su parte, Capulálpam de Méndez, comunidad indígena de la Sierra Juárez, ha denunciado constantemente, desde 2005, el grave daño ambiental causado por la CIA Minera de Natividad y Anexas a su territorio comunal y recursos naturales. Es bien sabido que esta empresa funciona como presta nombre de compañías canadienses, primero sirviendo a Continuum Resource y después a la empresa SUNDANCE. Sus actividades, llevadas a cabo contra la voluntad del pueblo de Capulálpam, han causado graves afectaciones ambientales, principalmente la desaparición de trece manantiales debido a los túneles excavados en el subsuelo. Asimismo, la contaminación con residuos tóxicos y jales mineros que vierten impunemente en el Río Grande, principal afluente del Río Papaloapam, lo que significa afectaciones a un gran número de comunidades que ya no pueden aprovechar el agua y por ende se violenta su derecho universal al acceso al agua. Por lo antes expuesto sobre este caso, queremos DENUNCIAR, que en 2015 se interpuso un amparo en contra de las concesiones mineras que la Secretaría de Economía otorgó sin el consentimiento de la comunidad y sin la consulta previa, libre e informada a la que tenemos derecho. Sin embargo, la Secretaría de Economía impugnó la sentencia a favor de la comunidad y, derivado de ello, la Minera de Natividad y Anexas sigue trabajando sin acatar la sentencia, sin permiso de la comunidad y sin tener la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental; todo en complacencia de las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes ambientales como la PROFEPA y la CONAGUA.

¡Mentira que buscan reconciliación con los pueblos indígenas!

Con este evento, el Estado Canadiense y el Estado Mexicano, a través del gobierno de Oaxaca, pretenden lavar sus rostros en lo que respecta a su relación colonial con las comunidades indígenas y afros; pero no lograrán desviar nuestra atención de los problemas estructurales y las situaciones de despojo y saqueo de las que pretenden hacernos objeto.

Por último, SEÑALAMOS que nos encontramos en ALERTA MÁXIMA y a la expectativa por esta simulación de hermandad. Sabemos que sus intereses son y serán siempre otros. Los lazos de afinidad y reciprocidad con lxs indígenas de Isla Tortuga los tejeremos nosotrxs, con el objetivo de extender nuestra resistencia, hasta que las praderas, montañas, ríos y animales vuelvan a ser libres, hasta que la resistencia nos permita vivir con dignidad, y no a la sombra de un deber ser impuesto y construido por aquellos que duplican sus inversiones gracias a nuestro exterminio.

¡NO PUEDE HABER HERMANDAD DONDE HAY DESPOJO Y SAQUEO!

¡MUERTE AL COLONIALISMO!

¡FUERA EMPRESAS MINERAS!

¡SIN ORO Y PLATA, SE VIVE!; ¡SIN AGUA, NO!

ATENTAMENTE

AUTORIDAD MUNICIPIAL DE SAN PEDRO APÓSTOL, OCOTLÁN. AUTORIDAD MUNICIPIAL DE SAN PEDRO MÁRTIR, OCOTLÁN. COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ. COMUNIDADES EL REBOLLERO, RÍO MINAS Y LOS ARQUITOS, SAN PABLO CUATRO VENADOS, ZAACHILA. COMITÉ IXTEPECANO EN DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO. ESPACIO DE MUJERES EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA “LAS MEÑAS”. COLECTIVO MATZA, SAN MIGUEL CHIMALAPAS. ARTICULACIÓN POR LA VIDA, CONTRA LA MINERÍA EN EL VALLE DE OCOTLÁN

Imagen: Manifestación realizada en Oaxaca por comunidades indígenas en contra de la minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. Foto: Santiago Navarro F.

Más información:

Carta de Organizaciones Sociales sobre la Conferencia de Estados Partes del Tratado sobre Comercio de Armas

Compartimos esta carta del Centro de Estudios Ecuménicos – A 19 de agosto del 2021

Ciudad de México, 19 de agosto de 2021.
Lic. Marcelo Ebrard Casaubón
Secretario de Relaciones Exteriores
Lic. Martha Delgado Peralta
Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos
Secretaría de Relaciones Exteriores
Presentes

Estimados Secretario y Subsecretaria:
Reciban saludos cordiales de comunidades de fe, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanas y ciudadanos que trabajamos en la construcción de caminos de paz con justicia y dignidad. Sabedoras del compromiso del gobierno de México con la reducción de la violencia y sufrimiento que causan las armas de fuego en nuestro país y en el mundo1, en esta ocasión nos dirigimos a ustedes con motivo de la próxima Conferencia de Estados Partes del Tratado sobre Comercio de Armas (TCA/ATT – CSP7).

La Sexta Conferencia de Estados Partes del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA/ATT – CSP6), celebrada en agosto de 2020, se llevó a cabo mediante un procedimiento escrito, que fue criticado por la falta de transparencia. Este año, la CSP7, bajo el liderazgo del Embajador Lansana Gberie de Sierra Leona, se celebrará utilizando un modelo híbrido (en persona y virtual) y permitirá una inclusión significativa de todas las partes interesadas del ATT de todo el mundo, incluida la sociedad civil; por lo que hacemos eco a las peticiones de la coalición Armas Bajo Control de mantenerse firmes en su compromiso para reducir el sufrimiento humano.

I. Con reducir el sufrimiento humano:

1-Participar activamente en el proceso de de la Conferencia y la implementacion eficaz del tratado (TCA/ATT) con:

  • Declaraciones durante las sesiones plenarias de la CSP7 para compartir los beneficios del ATT con otros estados y destacar el apoyo y la asistencia internacionales para aplicar el ATT. Además, fomentar que otros estados de la región Latinoamericana y del Caribe también las hagan.
  • Debates en la sesión plenaria de la CSP7, sobre el impacto de las transferencias de armas en los conflictos en curso, para identificar y denunciar el incumplimiento del Tratado.

Para garantizar que las voces de todos los Estados Miembros, de los que participan en todas las etapas del comercio de armas (exportación, importación, tránsito/transbordo) y de todas las regiones, se incluyan y se escuchen para que se identifiquen las áreas de asistencia y cooperación y se aborden todos los aspectos del ATT de forma equitativa.

2- Participar en las evaluaciones de riesgo de las exportaciones de armas que dispone el Tratado:

  • Compartir opiniones y experiencias nacionales sobre el establecimiento y la aplicación con coherencia de las evaluaciones del riesgo en las exportaciones, en cumplimiento de los artículos 6 y 7 del Tratado, para fomentar el desarrollo de normas comunes sólidas para evaluar los riesgos de cualquier transferencia de armas.
  • Alentar a otros Estados Miembros a que realicen una revisión exhaustiva de todas las licencias de exportación a zonas de conflicto en todo el mundo para garantizar que se cumplen todas las obligaciones del ATT.

Para lograr que todos los Estados Miembros comprendan en la práctica los elementos de un proceso de evaluación riguroso para poner en práctica procedimientos de control de armas que defiendan los principios humanitarios mundiales y protejan los derechos humanos de las poblaciones.

3-Participar en las evaluaciones del Tratado sobre riesgos de desvío de las armas

  • Comentar el documento del Presidente de la CSP7, para asegurarse de que sus recomendaciones son prácticas, útiles y servirán para reforzar la capacidad del Tratado de abordar la seguridad de los arsenales y frenar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras (APAL).
  • Compartir -en el marco del Foro de Intercambio de Información sobre Desvíos (DIEF) y en el subgrupo de trabajo del ATT sobre el artículo 11- las medidas adoptadas a nivel nacional para evaluar el riesgo de desvío y debatir los casos concretos de desvío junto con las medidas de mitigación que hayan resultado eficaces.

Para Garantizar que la dirección del subgrupo de trabajo sobre el artículo 11 aborde los riesgos de desvío de forma práctica y útil, incluyendo la cooperación y el intercambio de información para aprender de la experiencia la mejor manera de prevenir y mitigar los riesgos.

Asegurar que los Estados miembros proporcionen vías de comunicación y entendimiento a todas las partes interesadas en el Tratado para lograr una mayor comprensión pública del DIEF (Diversion Information Exchange Forum/ Foro de inercambio de información sobre desvio) su proceso y su potencial para mejorar la detección y prevención del desvío de las armas.

II. Profundizar el compromiso con la transparencia y alentar a otros Estados a comprometerse:

1-Con la presentación de informes del ATT

  • Instar a los Estados Partes a cumplir con sus obligaciones de presentación de informes anuales y que presenten informes completos, precisos y a tiempo; con menos agregación de datos, menos dependencia de la confidencialidad y más detalles sobre las transferencias de armas.
  • Fomentar que los Estados miembros apoyen y respalden las modificaciones o ajustes recomendados en las revisiones del modelo de informe, que permiten una mayor coherencia y precisión en la presentación de informes; así como una mayor facilidad de uso, lo que permitirá obtener una radiografía más clara del comercio de armas, para todos.

Para revertir la tendencia actual hacia la privacidad y confidencialidad en los informes y en solo foros por invitación; para adoptar el intercambio de información, la cooperación y el diálogo como práctica cotidiana entre todas las partes interesadas en el Tratado y así mejorar la transparencia y la inclusión en el mismo.

III. Comprometerse con el progreso

  1. En la integración de la perspectiva de género y la prevención de la violencia basada en el género
  • Asegurar el equilibrio de género en la delegación de México en el CSP7
  • Dar prioridad a la prevención de la GBV cuando consideren la venta de armas en el marco del TCA.

2-Participar en la revisión de las recomendaciones de enfoque temático.

  • Animar a los Estados miembros a implementar las recomendaciones formuladas en años anteriores como parte del enfoque temático del Presidente y alentar la inclusión de una sesión especial en la agenda de del CSP, que permitirá a las partes interesadas del TCA hacer un balance de los progresos realizados en relación con cada uno de estos compromisos, año a año.

Para poner en práctica las recomendaciones de la CSP5 sobre género y violencia basada en el género; y dar mayor atención y continuidad a las áreas temáticas elegidas a lo largo de los ciclos de las diferentes Conferencias de Estados Parte CSP.

3- Participar en los esfuerzos de universalización del Tratado

  • Instar que el Grupo de Trabajo sobre Univerzalizacion (WGTU) centre sus esfuerzos desde un enfoque regional para la universalización del Tratado, tal como se estableció en el mandato original de ese grupo de trabajo en la Segunda Conferencia de Estados Parte (CSP2), para identificar objetivos más concretos
  • Compartir con aquellos que aún no se han unido al Tratado , los beneficios de formar parte del mismo desde perspectivas nacionales, regionales y globales.
  • Ayudar a los que aún no se han adherido a dar los pasos procesales y legislativos necesarios para ratificar o adherirse al Tratado

Para que más Estados se adhieran al Tratado destacando ejemplos de su impacto positivo y avanzar en el control efectivo del comercio mundial de Armas de fuego y en la reducción del sufrimiento humano.

Agradeceremos la oportunidad de dialogar previo a la Séptima Conferencia, con las y los responsables de esta temática en la Secretaria, y reiteramos nuevamente nuestro interés en otros procesos de desarme humanitario que enfrentan diversos obstáculos por la continuada emergencia sanitaria, con los cuales tanto la sociedad civil organizada como ciertos Estados, incluyendo México, mantenemos nuestro compromiso. Tengan la seguridad de que desde la Campaña contra Robots Asesinos (SKR), la Red Internacional sobre Armas Explosivas (INEW), la Coalición sobre Municiones en Racimo (CMC), la Campaña Internacional contra Minas Terrestres (ICBL) y la Campaña para la Prohibición de las Armas Nucleares (ICAN) seguimos trabajando para lograr nuestros diversos objetivos humanitarios y esperamos seguir contando con el compromiso del gobierno de México en estos escenarios.

Atentamente,

Organización civil o comunidad de fe:

  • Centro de Estudios Ecuménicos, A.C. Ana Paula García V. Directora Ejecutiva
  • Centro de Derechos Humanos “Fr. Francisco De Vitoria, O.P.”, A.C. Fr.Miguel Concha Malo, Dir. Gral.
  • Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C. Mtra. Alicia Mesa Bribiesca Directora Ejecutiva
  • Centro de Educación en Apoyo a la Producción y al Medio ambiente, A.C., CEP-Parras Coahuila, .Guadalupe Macías Pérez, Nestora Macías Pérez
  • Global Thougth – Mx, Mtra. Montserrat Martínez Téllez
  • Servicio Paz y Justicia – México (Serpaj-México). Pietro Ameglio
  • Cultura Joven, A.C. Juan Machín
  • Derechos de la Infancia y la Adolescencia, A.C. Raquel Pastor Escobar, Directora
  • Enlace Comunicación y Capacitación, A.C. Dir. Consuelo Tafoya Guerrero,
  • Comunidades Eclesiales de Base – Derechos Humanos, Hmna. Carmen Gallegos
  • Comunidad Teológica de México, Rev. Dan González Ortega, Rector
  • Iglesias por la Paz, Ignacio Cuevas
  • Centro de Estudios Humanísticos A.C., Mtro. Javier Ulloa Castellanos, Rector
  • Pastoral Social de la Iglesia Anglicana de México, P. Arturo Carrasco-Gómez
  • Morada infantil, A. C. Dir. María Teresa Zúñiga Preciado
  • Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina Mons. Oscar A. Romero/Sicsal/México. Maria Elena
  • Mujeres para el Diálogo, Maricarmen Montes Castillo
  • Red x la Infancia en Cd Juarez y Red por la Infancia en Ciudad Juárez.
  • Otros Mundos AC/Chiapas, México. Gustavo Castro
  • Organización Popular Independiente A.C. Cd Juárez, Catalina Castillo
  • Centro de Apoyo y Defensa de los Derechos Humanos de la Infancia A.C. Cd. Juárez
  • Fundación Don Sergio Méndez Arceo, Soila Luna Pineda, Coordinadora
  • Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México. AFADEM-FEDEFAM
  • Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH);
  • Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM)
  • Fundación Diego Lucero, A.C. (FDL)
  • Foro Permanente de Mujeres Iztacalco, A.C. (FPM-I)
  • Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, A.C. (FMPDH);
  • ReverdeSer Colectivo AC
  • Colectivo María Herrera de Chilpancingo Guerrero
  • Frente Guerrero por Nuestros Desaparecidos
  • Articulación para la Paz y el Buen Vivir
  • Programa Casa Refugiados AC. José Luis Loera Aguilar
  • Dinamismo Juvenil – Celina Valadez .
  • Solidarios México. Red Nacional de Economía Solidaria en México
  • Centro de apoyo y defensa de los derechos Humanos de la infancia A.C.
  • Instituto RIA A.C. Zara Snapp
  • Servicio, Desarrollo y Paz- SEDEPAC. A.C. Roberto Vega
  • Seminario Bautista de México, Rev. Lázaro González Domínguez

De Otros países de la región:

  • Global Exchange, Marco Castillo
  • Mennonite Central Committe U.S. Kate Parsons.
  • Red Seguridad Humana en América Latina y el Caribe (SEHLAC), Pía Devoto
  • ECPAT – Guatemala. End Child Trafficking and Sexual Exploitation of Children. María Eugenia
  • Instituto de Ecología Política de Chile, Pamela Velázquez Guzmán
  • Campaña Colombiana Contra Minas – Camilo Ernesto Serna V

Personas:
Clara Jusidman, Sergio Aguayo, Miguel Álvarez Gándara, Rafael Reygadas Gil, Noé Amezcua, Ma. Luisa Guzmán
Aguirre, Ilse Mayer, Daniel Mata Lugo, Beatriz Gómez Berrenechea, Karen Castillo Mayagoita, Rosa Margarita
Mayoral, Gerardo Cruz González, María de los Dolores Palencia Gómez, Julián Cruzalta Aguirre, Lucila Sertvije
Montull, Gema Antunez Flores; Daniel Otero, Guadalupe Cruz Cárdenas, Hmna. Paola Clerico Medina,
Hmna.María Elena Gallardo, Ricardo Gallego

Contacto:
Sara San Martín Romero
Centro de Estudio Ecuménicos
Área de Paz y Solidaridad
sara@estudiosecumenicos.org.mx
sarasanmartin1@gmail.com

Imagen: Carl-Fredirik-Reutersward

México: Hostigamiento en contra de periodistas y defensoras y defensores de los derechos de las personas migrantes en Chiapas

Compartimos este comunicado de Front Line Defender, SweFor, IM Defensoras entre otros colectivos y organizaciones sobre la situación de violencia y hostigamiento a periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos en la frontera sur de México – A 21 de septiembre del 2021

Las organizaciones firmantes expresan su profunda preocupación por el reciente aumento de violencia y el persistente clima de hostilidad en contra de las personas migrantes, periodistas, y defensoras y defensores de los derechos de las personas migrantes en el sureste mexicano. Particularmente, en el estado de Chiapas y Tabasco en donde colectivos de defensa de derechos humanos, periodistas y organizaciones se han enfrentado a una nueva oleada de hostigamiento por parte de elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM).

Desde el 28 de agosto de 2021, la Guardia Nacional y el INM han llevado a cabo continuos operativos conjuntos para frenar el tránsito de personas migrantes que desean salir de Chiapas debido al retraso en la resolución de sus trámites de regularización migratoria o de refugio. De acuerdo a reportes de organizaciones como el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSE), los operativos han sido violentos y se han llevado a cabo sin protocolos adecuados que respeten los derechos y la dignidad de las personas migrantes. En este contexto, las personas defensoras de derechos humanos quienes acompañan a las personas migrantes en la exigencia de sus derechos, han experimentado nuevas olas de hostigamientos por parte de las autoridades mexicanas.

El 28 de agosto, partió una caravana migrante de Tapachula, Chiapas junto con periodistas, personas defensoras de derechos humanos y funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En el camino, personas defensoras de derechos humanos e integrantes del COMDHSE se percataron que la caravana estaba siendo vigilada y seguida por personas desconocidas en vehículos con vidrios polarizados. Cerca de las seis de la tarde, elementos de la Guardia Nacional bloquearon el paso de las y los defensores periodistas y funcionarios de la CNDH impidiéndoles realizar su labor de documentación, observación y acompañamiento. El despliegue de elementos desde este día fue desproporcionado, con la presencia de aproximadamente 50 vehículos de elementos del INM, de la Guardia Nacional y del Ejército, además de vehículos con vidrios polarizado con hombres armados vestidos de civiles.

El 2 de septiembre, funcionarios del INM obstruyeron el paso de autos pertenecientes COMDHSE y de periodistas en Mapastepec, quienes estaban ahí para documentar los pasos de la caravana. El 5 de septiembre, el COMDHSE documentó un fuerte operativo conjunto llevado a cabo por elementos antimotines de la Guardia Nacional y por el INM en Huixtla . Durante el operativo que dueró más de ocho horas, se llevaron a cabo múltiples detenciones violentas y arbitrarias en las que las y los defensores también fueron agredidos por elementos de la Guardia Nacional, quienes utilizaron los escudos antimotines para empujarlos.

Las agresiones, hostigamiento y vigilancia en contra de quienes defienden los derechos de las personas migrantes y, en particular, de integrantes del COMDHSE no son nuevas; en julio de 2021 distintas relatorías de las Naciones Unidas expresaron preocupación por los actos de hostigamiento en contra de la red de organizaciones ocurridos durante el primer semestre de Así mismo, en 2019 las organizaciones Front Line Defenders, el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos investigaron y denunciaron algunos de los riesgos y amenazas a las que se enfrentan de manera continua quienes defienden los derechos de las personas migrantes, así como las consecuencias que ello tiene en dicha población.


Las organizaciones firmantes recuerdan la obligación del gobierno mexicano de garantizar la integridad personal de todas las personas que transitan el territorio mexicano. Así como su compromiso de salvaguardar los derechos humanos de todas las personas que transitan o residen dentro del país, incluyendo a las y los extranjeros, tal y como ha reconocido en los principios de la Ley de Migración de 2011.


Estas as organizaciones instan a las autoridades mexicanas a que reconozcan y permitan sin obstrucciones la labor de documentación y acompañamiento que realizan las personas defensoras de derechos migrantes y comunicadoras, así como las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la frontera sur de México. Asimismo, hacen un llamado a que se respeten los derechos humanos de todas las personas que transitan el territorio mexicano, recordando que migrar y solicitar refugio es un derecho garantizado en la Constitución Mexicana y en los instrumentos internacionales de los que México es parte.

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Front Line Defenders, Ibero Ciudad de México, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México,

con la Observación Internacional de SweFOR México, con la Observación Internacional de Brigadas Internacionales de
Paz-México

Imagen: Los abusos habrían ocurrido en el contexto de la migración en Chiapas. Foto: Darinel Zacarías

Más información:

[Video] Colombia en llamas desafía el neoliberalismo

Compartimos este video de Amigos de la Tierra Internacional ATI sobre la situación en Colombia – A 8 de junio del 2021

Llamamos a los pueblos en lucha de todo el mundo a solidarizarse con el pueblo colombiano, con sus movimientos y organizaciones populares. Y a exigir juntas/os al derechista gobierno de Iván Duque que cese las violaciones de los derechos humanos y la pandemia de asesinatos que ha desatado, y resuelva las causas estructurales de la violencia en el país.

>>Ve video aquí<<

Envía cartas a la Embajada de Colombia en tu país repudiando el accionar del gobierno, y a la Procuraduría y la Defensoría colombianas exigiendo medidas con funcionarios de la Fuerza Pública por las violaciones a los derechos humanos.

Infórmate: http://www.foei.org/…/solidaridad-internacionalista-con…
#DóndeEstánLosDesaparecidos #ParoNacional #ParoNacionalColombia #SolidaridadInternacionalista

https://fb.watch/67EUhVET44/

Más información:

Semarnat reconoce el derecho indígena para el manejo del bosque de La Malinche

Compartimos esta nota de Lado B publicada en Chiapas Paralelo sobre la autogestión de los territorios en Puebla y Tlaxcala – A 2 de junio del 2021

Más de 12 municipios de Puebla y Tlaxcala sumaron fuerzas para rescatar La Malinche, que ha sufrido grandes pérdidas por el mal manejo del Estado y por la plaga del gusano descortezador.

#AlianzadeMedios | Por Aranzazú Ayala Martínez de Lado B

El área de Atención y Participación Ciudadana de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) acordó que, a través de Conafor, se haga una revisión jurídica respecto al derecho indígena y el respeto de la organización comunitaria, tradicional y los usos y costumbres en el bosque de la Matlalcuéyatl. Esto no solo para combatir las plagas en el área sino para el manejo del bosque, explicó en entrevista para LADO B el enlace de comunicación de los comités intercomunitarios de los pueblos de la Matlalcuéyatl.

El acuerdo se dio tras la manifestación del 27 de mayo afuera de las oficinas centrales de la  Semarnat en la Ciudad de México, en la que alrededor de 20 personas del grupo “Pueblos unidos de la montaña Malinche” exigieron un plan de trabajo integral, en el cual participen quienes habitan esa zona, para rescatar la Malinche, o Matlalcueye, de la plaga del gusano descortezador y la tala ilegal.

Esto derivó en una reunión en la que también participaron la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la dirección del Parque Nacional La Malinche y la delegación de Tlaxcala de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El problema de las constancias de posesión

En La Malinche, al interior de las comunidades, cada predio tiene su dueño y es reconocido dentro de las mismas, solo que sin escrituras públicas o documentos oficiales que lo avalen. Solamente los terrenos ejidales tienen certificado parcelario, pero lo demás no tiene documentos.

Esta situación se vive en toda la montaña, pero esto es que desde los usos y costumbres la propiedad de la tierra se respeta. De ahí la importancia de que se acordara que las autoridades reconocerán la posesión de tierras desde el derecho indígena.

También puedes leer: El cambio climático y la vulnerabilidad hídrica en la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala

El enlace del Comité también explicó que usualmente las autoridades federales exigían constancias de posesión de las tierras avaladas por el municipio, sin tomar en cuenta el derecho indígena y la tenencia de la tierra por usos y costumbres.Semarnat reconoce el derecho indígena para el manejo del bosque de La Malinche

Foto: Cortesía

Los habitantes relataron que este problema con los documentos ha representado una traba inmensa, que fue utilizada también por los municipios para obstaculizar las acciones de saneamiento.

El enlace de los comités explicó que se autorizaban supuestas acciones de saneamiento reconociendo la posesión de un terreno, pero realmente lo que se hacía era derribar arbolados sanos para presuntamente comerciar con la madera de manera ilegal.

El 30 de abril de este año el comité la “Brigada San Pedrito por la Matlalcueitl”, de la comunidad de Muñoztla, documentó y denunció a la Conafor por haber emitido una notificación de una acción de saneamiento en un área de La Malinche, donde no había árboles infectados con la plaga del descortezador. Es decir, que las autoridades dieron luz verde a que se talara madera sana, cuyo destino final desconocen los pobladores.

El trabajo conjunto entre comunidades y autoridades

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Foto: Cortesía

Otro de los acuerdos fue que las comunidades presentarán un plan de trabajo el próximo 9 de junio, planteado desde la organización comunitaria. Este se afinará para hacer un saneamiento efectivo y rápido del bosque, pero también incluirá una propuesta para que los habitantes se involucren a largo plazo en el rescate de La Malinche.

La Conanp se comprometió a actualizar el programa de manejo que opera desde 2012, mediante talleres de junio a noviembre, de los cuales los habitantes pidieron formar parte para construir una solución que responda a las necesidades reales del bosque.

Desde 2019, quienes habitan los pueblos de la montaña se acercaron a las instancias federales para alertar de la presencia del gusano descortezador, que es una plaga voraz que ataca a varios bosques de la región, y pidieron que se llevaran a cabo acciones concretas para terminar con este insecto. Pero a la fecha, no han tenido ninguna respuesta concreta.

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Cabe destacar que la organización para la defensa del bosque que abarca Puebla y Tlaxcala tiene al menos 15 años, con agrupaciones de ambos estados. Para los pueblos de la montaña, dicen los comités, no se habla de entidades ni división territorial, sino que se consideran como una unidad como pueblos de la Matlalcuéyatl, articulados, trabajando para una finalidad en común que es el rescate de la zona boscosa.

“Este proceso que se ha vivido de manera individual donde cada quien se ha topado siempre con el burocratismo, con la falta de atención, lo ha vivido cada comunidad desde su trabajo. Y de pronto llegan los mega incendios (de 2021) y nos unen”, dijo el enlace de los comités.

“Nos unen las mismas carencias hacia afuera de respuesta, y vemos que solamente con nuestro interés y solidaridad podemos sacar adelante esta necesidad que ahora tenemos de rescatar la montaña”.

*Foto de portada: Cortesía

Más información:

Mapa [Activistas por la vida

Les compartimos este bello material de Entrepueblos donde pintan un panorama de las luchas por defender la vida en Guatemala y Honduras – Junio 2021

Centroamérica es una de las regiones más abundantes en bienes naturales. Pero hoy en día las regiones del planeta más ricas parecen condenadas a vivir en las sociedades con mayores desigualdades y violencias.

En tiempos de emergencia climática y ecológica, estos rostros y estas voces nos plantean la necesidad de cuestionar el crecimiento ilimitado del consumo material como base del bienestar. Nos advierten de que, agotando los bienes naturales y la biodiversidad, estamos socavando las bases de nuestra propia existencia.

**Desde el proyecto Activistas por la Vida trabajamos con organizaciones, colectivos y entidades que trabajan y defienden los derechos humanos en regiones específicas de cada país. Entendemos que la criminalización de las defensoras y los defensores en estos países traspasa estas zonas, convirtiéndose en una problemática nacional.

“DEFENDEMOS LA TIERRA CON NUESTRA SANGRE” #activistasporlavida

Navega y conoce las comunidades de #Guatemala y #Honduras que están en primera línea contra un sistema abusivo, extractivo y destructivo

Conoce aquí el mapa

Más información:

[Informe] Lo que está en juego en América Latina y el Caribe: perspectiva desde la justicia ambienta

Compartimos este informe de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC – A Febrero del 2021

Introducción:

Los pueblos de América Latina y el Caribe, empobrecidos tras siglos de opresión y expoliación de sus bienes naturales, hoy sufren los terribles impactos de las profundas crisis sistémicas globales que afectan los sistemas ecológicos que hacen posible la vida, al tiempo que generan mayor concentración, desigualdad y exclusión. La crisis climática, de la biodiversidad, del agua, de la alimentación, de los cuidados, y ahora la crisis de COVID 19, están interrelacionadas y son consecuencia del sistema de acumulación capitalista que privilegia el crecimiento continuo y el afán de lucro, al tiempo que atenta contra la vida, destruye la naturaleza y viola los derechos de los pueblos.

Las múltiples crisis a las que se enfrentan los pueblos en América Latina y el Caribe tienen su origen en la infame injusticia que se reproduce a diario en un continente profundamente desigual, de la mano de gobiernos de derecha y neoliberales que desprecian a las clases populares y las empobrecen con sus políticas criminales. El debilitamiento o privatización de lo público a manos de las empresas transnacionales, y como resultado de las políticas neoliberales fomentadas por las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) y la agenda de liberalización del comercio y las inversiones, aplicadas al pie de la letra por los gobiernos de derecha que responden a los intereses del gran capital, lleva a que las clases populares sufran todo el rigor de la destrucción de sus territorios, del cambio climático, de las pandemias y otros impactos del modelo depredador. Gobiernos y políticas que refuerzan no sólo la opresión de clase, sino también patriarcal y racista, y violan sistemáticamente los derechos de las mujeres, de las comunidades negras y afrodescendientes y de los Pueblos Indígenas.

Lo cierto es que América Latina y el Caribe, como otros continentes del Sur del mundo, aún hoy sufre las consecuencias de la dominación colonial y neocolonial y de la ofensiva imperialista que históricamente han sido impuestas a sangre y fuego, dejando un nefasto legado de opresión y explotación de los pueblos y la naturaleza en función de los intereses de las clases dominantes y de las potencias coloniales e imperialistas.

El sistema capitalista, patriarcal, racista, en su fase neoliberal y con fuerte predominio del capital transnacional y del sector financiero que operan en connivencia con las clases dominantes nacionales, acecha a nuestro continente, niega los derechos colectivos conquistados mediante la lucha, y genera destrucción, despojo, pobreza y hambre en nuestros pueblos.

La expansión del capital sobre los ecosistemas y su consecuente degradación, se articula con la reorganización del trabajo y de la sociedad para posibilitar el incremento de las tasas de ganancia y consolidar la capacidad de lucro de los actores y élites económicas nacionales y transnacionales. Proceso que se sostiene en base a la explotación del trabajo de las mujeres, que como consecuencia de la división sexual del trabajo están obligadas a hacerse cargo del trabajo de cuidados, que no es reconocido como trabajo productivo y por lo tanto no se le asigna ningún valor. Todas estas características de un sistema que privilegia la ganancia privada sobre los derechos de los pueblos, sumen a la región latinoamericana en una situación dramática, además con la clase trabajadora, especialmente las mujeres, afectada gravemente por la crisis global de la salud y sus consecuencias, producto del neoliberalismo, que ha llevado a que la pandemia por COVID19 tenga efectos devastadores y letales. Estos nefastos ataques a los pueblos, a sus derechos y a sus territorios, imponen retos de gran envergadura.

Pero como antes en la historia del continente, aún en un duro contexto en que tiene lugar una disputa política, de sentidos, en torno a los derechos y los territorios, los pueblos, sus organizaciones, procesos y movimientos continúan construyendo proyectos e iniciativas populares emancipatorias, desde principios éticos y políticos que marcan el camino para una transformación radical, como propone entre otros el movimiento feminista, apelando a la resistencia y al coraje que caracterizan la lucha por la democracia y el poder popular, la soberanía de los pueblos y la justicia en todas sus manifestaciones.

Nuestra apuesta por la justicia y la soberanía de los pueblos exige promover nuevas relaciones sociales, reconociendo la centralidad del trabajo para generar las bases materiales para la producción y la reproducción de la vida.2 Los movimientos y organizaciones sociales del continente se comprometen día a día a construir las condiciones necesarias para garantizar una vida digna para nuestros pueblos y desmantelar los sistemas de opresión, fomentando políticas públicas y creando procesos productivos que se nutren de y cuidan los sistemas y funciones ecológicas, resistiendo la lógica de la acumulación de capital. Ello exige poner en el centro la sustentabilidad de la vida y los cuidados como principio organizador de los procesos económicos, revirtiendo la división sexual del trabajo y la explotación del trabajo y el cuerpo de las mujeres. Asimismo, reclama romper con la dicotomía entre trabajo productivo y reproductivo y reafirmar la importancia de la autonomía económica de las mujeres.

1. ATAQUE CONTRA LA DEMOCRACIA Y CONTRA LOS PUEBLOS COMO SUJETO POLÍTICO

Este modelo basado en la explotación de la naturaleza y la producción de materias primas con poco valor agregado, para abastecer las cadenas de producción transnacionales, hoy se articula en proyectos nacionales y regionales anti-democráticos y anti populares signados por el papel central del capital, con fuerte participación del capital financiero, y el consecuente fortalecimiento de los sistemas de opresión -racista, patriarcal, de clase, colonial.

Se produce así un ataque contra la democracia. Para ese proyecto político la democracia no tiene sentido, es un estorbo, por ello se impone su carácter autoritario, y desarrolla estrategias de guerra para el control de la naturaleza; se persigue, encarcela y asesina a las/os defensoras/es de derechos y territorios, y toman fuerza posiciones fascistas que pretenden eliminar la diferencia y la diversidad para imponer un pensamiento totalitario que se materializa con el rechazo a la participación democrática en la construcción de la política y de las políticas públicas, que pasan a ser dictadas e impuestas por los CEOs de las empresas transnacionales.

La historia reciente de la región da cuenta de un fenómeno por todas/os conocido, pero negado por quienes se favorecen directa o indirectamente de la barbarie. Los golpes de Estado se convirtieron en una práctica constante para derrocar gobiernos y procesos elegidos democráticamente y articulados a la organización popular, que materializaban propuestas de dignificación de la vida a partir de la garantía de derechos para toda la sociedad y focalizados en las clases populares y las/os menos favorecidas/os.

Los golpes de Estado perpetrados en Haití (2004), Honduras (2009), Paraguay (2012), Brasil (2016) y Bolivia (2019), dan cuenta de la magnitud que ha tomado esta práctica criminal de las derechas nacionales aliadas con las fuerzas neoliberales y reaccionarias del Continente y con Estados Unidos. El último golpe, el de Bolivia4, en el que se ejerció la violencia y la sevicia contra el pueblo, vejámenes de distinta índole a mujeres indígenas, asesinatos, humillaciones, ilustra el verdadero rostro de la derecha, su carácter racista y colonialista, y sus imposiciones de muerte y destrucción. El golpe de Estado también puso al descubierto la complicidad de sectores y organizaciones que se jactan de trabajar por la defensa de la democracia, pero desplegaron una estrategia para maquillar al golpe con retóricas ancladas en un supuesto levantamiento popular aprovechado posteriormente por la derecha, dando la espalda a las millones de mujeres y hombres que fueron atacadas/os por las fuerzas militares y policiales cómplices de la derecha fascista.

La organización y capacidad de lucha de los movimientos sociales permitió restablecer la democracia en el país andino, y resultó en la aplastante victoria del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones de octubre pasado, con la participación popular más alta en la historia de los comicios electorales en Bolivia. Lo que dejó al descubierto las falacias con las que se pretendió legitimar el golpe desde sectores presuntamente democráticos, pero sobre todo no dejó duda sobre la capacidad popular para organizarse ante la adversidad y ante la imposición de la violencia armada.

Al igual que antes en Paraguay y en Brasil, las empresas transnacionales tenían especial interés en el control de lo que consideran recursos estratégicos para sus cadenas de valor. Cuando no logran imponer de lleno sus intereses, la democracia y las políticas públicas, como la prohibición del maíz transgénico en Paraguay, o la estatización de las reservas de petróleo en Brasil, se transforman en obstáculos a derribar. Para ello cuentan con el apoyo de las clases dominantes y su proyecto político y económico de carácter explotador, racista y patriarcal que se plasma en una agenda de derecha. Asimismo, cuentan con el apoyo y papel activo de Estados Unidos, que mantiene un fuerte interés en tener bajo control a “su patio trasero”.

Así, hoy está en juego en la región el restablecimiento de la democracia, y aunque la correlación de fuerzas es negativa por el signo político de una mayoría de gobiernos de derecha y neoliberales por ahora en el poder, el pueblo boliviano nos ha dado un ejemplo de grandeza, de paciencia y tenacidad para que triunfe la voluntad popular desde la lucha pacífica de los pueblos organizados. También el pueblo chileno ha dado una muestra de su capacidad de lucha contra el poder de la derecha dictactorial y décadas de políticas neoliberales que hambrearon a la mayoría de la población y le negaron sus derechos atentando contra la democracia.

La arremetida en la región, como en otros continentes, se complementa con una ofensiva que pretende deslegitimar la política, banalizarla y con ello reducir el poder popular para la toma de decisiones y para la conducción de los Estados y sus instituciones.

La deslegitimación de la política se enmarca en una estrategia más amplia de control social, que predica la importancia de la gestión eficaz especializada, denostando a la política como una actividad esencialmente corrupta. De esta manera, se pretende desplazar al pueblo de la toma de decisiones y se le vacía de su condición de sujeto político, para que la esfera de decisión sea controlada por los dictámenes de las élites nacionales, las corporaciones transnacionales y las IFIs, que se encargan de dictar las políticas públicas, incluidas las que definen el futuro de los territorios y los bienes naturales que contienen. La deslegitimación de la política y los atentados a la democracia son en realidad ataques contra los sujetos políticos populares que construyen agendas y proyectos políticos y disputan la arena política y la política pública, quienes desde su acumulado histórico intentan cambiar la correlación de fuerzas. Es por eso que los sujetos políticos populares que se organizan en movimientos -como el campesino, feminista, sindical, por la justicia ambiental- son perseguidos, criminalizados, judicializados, asesinados, y se emprenden campañas mediáticas en pos de su estigmatización y deslegitimación.

Una mirada a países como Honduras, Colombia, México o Brasil da cuenta de los ataques sistemáticos a los sujetos políticos populares como consecuencia de su defensa de los derechos de los pueblos y de los territorios; los asesinatos se cuentan por cientos en cada uno de esos países sin que los gobiernos les protejan o implementen medidas estructurales para prevenir esas atrocidades o para acabar con la impunidad que permite su repetición. Colombia, infortunadamente, concentra una de las tasas más altas de asesinatos y violaciones a los derechos de los pueblos y sus derechos humanos. En 2020 casi 400 líderes/as y firmantes del acuerdo de paz fueron asesinados, y desde la firma de los acuerdos de paz hasta agosto de 2020, mil personas fueron asesinadas por su trabajo en defensa de los derechos humanos. En lo corrido de 2021 ya se cuentan 18 defensoras/es asesinadas/os5.

Según Global Witness, organización que hace seguimiento a las violaciones de derechos humanos y pone énfasis en la violencia contra las/os defensoras/es medioambientales, “(el) informe anual sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente de 2019, muestra el número más alto de muertes en un solo año hasta la fecha. 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas en 2019, un promedio de más de cuatro personas por semana”6.

Y la violencia se manifiesta de manera brutal contra las mujeres que se organizan y lideran luchas en defensa de los territorios, sus derechos y los derechos de los pueblos, cuestionando la raíz del sistema capitalista, patriarcal y racista. La criminalización y la persecución, e incluso los asesinatos, tienen la intención de acallar sus voces e impedir su acción política. Los gobiernos de derecha, machistas y misóginos, emprenden campañas contra lo que ellos denominan “ideología de género”, para imponer su concepción de la familia y del papel de la mujer. De esta manera niegan el papel de las mujeres como sujeto político y llevan adelante una ofensiva que pretende relegarlas al trabajo reproductivo fortaleciendo la división sexual del trabajo y al mismo tiempo explotar sus cuerpos y trabajo. En este marco es más significativa aún la victoria lograda por el movimiento feminista con la legalización del aborto en Argentina, tras años de dura lucha.

Frente a los ataques a la democracia y la deslegitimación de la política, está en juego la necesidad de continuar y fortalecer la construcción de la solidaridad internacionalista contra todos los sistemas de opresión -de clase, racista, patriarcal, heteronormativo, colonial, imperialista-, en la que la unión de los pueblos y sus movimientos nos permita retomar el sentido de la democracia desde la participación de los sujetos políticos populares en la política y en la definición de la política pública para atender las necesidades de quienes más los necesitan, garantizando los derechos de las clases populares, protegiendo a quienes entregan sus vidas por los proyectos colectivos emancipatorios, y deshaciendo el secuestro del Estado y sus instituciones que vienen consolidando las derechas en respuesta a los intereses de los grupos económicos nacionales y de las transnacionales.

Disputar la comunicación desde las construcciones conjuntas y populares.

En este marco y contexto descritos, el poder y el papel de los grandes medios de comunicación empresariales y la manipulación de las redes sociales deben ser confrontados, pues tienen una enorme incidencia e influencia en la normalización de la violencia, en la deslegitimación de la política y en los ataques continuos a cualquier tipo de disputa democrática. Confrontar este poder implica el fortalecimiento de las estrategias de comunicación popular y la disputa por las tecnologías de la información.

Los movimientos sociales nucleados en la Jornada Continental por la Democracia y contra el neoliberalismo7 son protagonistas de la lucha en defensa de la democracia y han identificado la importancia de disputar las comunicaciones, por ello apuestan a la convergencia de medios populares. Ejemplo de ello son Radio Mundo Real (RMR) y, más recientemente, la herramienta Capire, construida en línea de confrontación a los grandes medios empresariales y su hegemonía totalizante, desde producciones propias de las mujeres en lucha. La comunicación es uno de los puntos clave para organizaciones como ATALC y la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM), por eso junto a movimientos aliados han participado de iniciativas conjuntas para crear una comunicación popular y feminista, que visibilice las luchas y los proyectos políticos de los pueblos y las mujeres en todo el mundo.

Propuestas de esta naturaleza visibilizan la lucha de las clases populares en pos de proyectos políticos emancipatorios y la construcción y fortalecimiento de iniciativas territoriales, para que las acciones y reflexiones que allí se presentan den cuenta de procesos que logran hacerse un espacio como grandes medios de comunicación. Permiten asimismo participar activamente en la disputa de sentidos.

Enfrentar los bloqueos y ataques a los pueblos dignos y soberanos

La continuidad de los ataques orquestados desde los Estados Unidos contra los pueblos de Cuba y Venezuela, en alianza con gobiernos de derecha y fascistas de la región, se hacen más brutales y repudiables en tiempos de la crisis global de la salud, y configuran ataques históricos y sistemáticos a la democracia. Los movimientos sociales y articulaciones de sujetos políticos populares colectivos tienen entre sus responsabilidades históricas la solidaridad internacionalista con los pueblos cubano y venezolano que han soportado con dignidad y tenacidad la arremetida del imperialismo y de la derecha. En la defensa de los pueblos bajo ataque está en juego la continuidad de sus aportes a la paz e integración regional.

2. OFENSIVA NEOLIBERAL

Ataques a los derechos laborales y desmonte de los derechos conquistados.

La aplicación de políticas neoliberales, que en muchos países se ha profundizado en el marco de la pandemia de COVID 19, también ha traído como consecuencia la adopción de medidas sumamente regresivas en materia laboral. La Confederación Sindical de Trabajadoras/es de las Américas (CSA), organización que representa a más de 55 millones de personas trabajadoras en el continente, ha señalado que la pandemia “dinamizó los procesos y tendencias de deterioro de la vida de la población trabajadora que ya estaban en curso”8. Se deterioraron las condiciones laborales, de la estabilidad del empleo, de los derechos laborales y sindicales, de las posibilidades de mantener salarios dignos, y “los propios sistemas de protección, además de los sanitarios, se encuentran inmersos en profundas crisis en la mayoría de los países de las Américas”9.

Lejos de aportar a la solución de la crisis, las medidas adoptadas por la mayoría de los gobiernos la agravaron, y se amplificó la violencia contra las mujeres, quienes debieron asumir una mayor carga de trabajo de cuidados esenciales para la vida que no son valorados por el capital y el mercado, configurándose un escenario de mayor explotación de sus cuerpos y trabajo. En muchos países, a ello se sumó la falta de acceso a servicios fundamentales como consecuencia de las privatizaciones o el debilitamiento de lo público, el debilitamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva, la negación del derecho al aborto, y la obligación de quedarse en casa, un espacio no seguro donde se vieron forzadas a convivir con los perpetradores.

En términos generales, son cuatro los aspectos centrales que representan ataques a los derechos laborales y a los derechos conquistados históricamente:

una reforma laboral de facto respaldada en la necesidad de reactivación económica al tiempo que se reducen los costos laborales10. Como lo denuncia la CSA “aun con medidas de restricción de despidos en estos meses, se denuncian despidos masivos, reducción de salarios y jornadas laborales, negativa a declarar COVID 19 como enfermedad laboral, envío de trabajadoras/es a vacaciones obligatorias y sin pago, cancelación o renegociación de contratos, reformas legislativas para eliminar la negociación colectiva y un desconocimiento general de los sindicatos”11.

Protección de la actividad económica, desprotección de trabajadores/as. La definición de los sectores básicos a mantener operativos durante los confinamientos respondió a criterios presionados por empresarios (la construcción, producción de bebidas alcohólicas, textiles y calzado, por ejemplo) y no a las necesidades básicas de la población durante la pandemia; además, en esos sectores tampoco se garantizó la salud y seguridad de las/os trabajadoras/es. El común denominador fue la ausencia de elementos de protección individual, ausencia de condiciones adecuadas de transporte, falta de agua potable. Con el agravante conocido en la región de la precariedad laboral que debió asumir el personal de salud que tuvo que enfrentarse a la crisis sin equipos de protección adecuados y en muchos casos sin recibir durante meses el pago de sus salarios y obligaciones contractuales.

Endeudamiento como salvaguarda de grandes empresas. Los nuevos procesos de endeudamiento para los países de la región que fueron presentados como necesarios ante la emergencia económica generada por la pandemia, se utilizaron para el salvamento de empresas transnacionales y no para la implementación de auxilios a las pequeñas y medianas empresas, tampoco para la creación de un ingreso o renta básica necesaria y urgente para la población. El caso del intento de salvamento a la transnacional AVIANCA, por el gobierno del derechista Iván Duque en Colombia, es escandaloso. Al momento se ha denunciado que se han entregado cinco mil millones de pesos (COP) a la empresa, mientras en el país andino no se entregó renta básica, se ha superado los cincuenta mil muertos por la pandemia y no se ha empezado la vacunación de la población.

Informalidad. Una de las características del trabajo en la región es la alta tasa de informalidad y las/os trabajadoras/es que tienen esta condición fueron de los/as más golpeadas/os con las restricciones a la movilidad y confinamientos impuestos. Su pérdida de ingresos les ha llevado a situaciones de empobrecimiento extremo.

Las/os trabajadoras/es de las aplicaciones de plataformas sufrieron un empeoramiento de sus condiciones de trabajo que ya de por sí tiene todas las características de la desregulación y explotación laboral: los costos de transporte, protección y mantenimiento de instrumentos de trabajo son asumidos por las/os trabajadoras/es que en su mayoría se movilizan en bicicletas en las que se exponen a accidentes constantemente; no cuentan con derecho a salud ni pensión, ni ninguna prestación legal. Por estas condiciones y situaciones lamentables de accidentes y muerte de las/os trabajadoras/es, en países como Brasil se convocó a movilizaciones desde los colectivos de trabajadoras/es de las Apps, pues mientras ellas/os exponen sus vidas para sobrevivir, las ganancias de las transnacionales dueñas de las aplicaciones crecen de manera exponencial.

En la región está en juego la dignificación del trabajo, en condiciones desfavorables ante el poder de las transnacionales y gobiernos de derecha y neoliberales que avanzan en la precarización, desregulación y desmonte paulatino o acelerado de los derechos conquistados históricamente por la clase trabajadora.

Imagen: ATALC

Más información:

Pronunciamiento de REMA por denuncia de violencia de género y para reafirmar que se rompa el pacto patriarcal

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 31 de mayo del 2021

A través del presente comunicado queremos hacer del conocimiento público que, previo al desarrollo de nuestro encuentro nacional de enlaces, llevado a cabo del 20al 22de mayo en Guanajuato,en el cual participaron enlaces de 13 de los 15 estados de la República Mexicana en los que como REMA tenemos presencia hasta esa fecha nos enteramos de una rueda de prensa en donde Geovanna Dávalos, enlace de REMA en Guanajuato del 2016 al 2019, hizo del conocimiento público el haber interpuesto una demanda penal contra Gustavo Lozano en la que expresa haber vivido diversos tipos de violencia de género. Gustavo Lozano ha sido parte de la REMA desde sus inicios y también ha sido enlace de REMA en el estado de Guanajuato.

En ese mismo evento, Geovanna y un representante de la organización Las Libres hicieron mención recurrente de REMA, entre otras organizaciones de las cuales Gustavo forma parte o es acompañante de procesos. Nos acusaron de actuar como cómplices,de permitir la violencia, de legitimar y solapar acciones relacionadas con la violencia de género. Eso nos anima a colocar algunos cuestionamientos sobre este tipo de señalamientos hacia REMA,primero porque nos parecen desproporcionados y segundo porque equívocamente implicaría que en REMA existen normas dañinas que contribuyen al establecimiento de sistemas patriarcales que facilitan perpetuar estructuras de poder y mantener las desigualdades de género y pone al escrutinio como verdad lo que es totalmente falso.

Al respecto queremos manifestar nuestra posición:

1.La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) somos un espacio organizativo y político integrado,preferentemente,por mujeres y hombres de comunidades quienes en colectivo y bajo procesos gestados desde lo local,han y hemos decidido luchar contra el capitalismo patriarcal a partir de no permitir el ingreso en los territorios del impositivo y asimétrico modelo extractivo minero el cual estamos seguros,es uno de los mayores exponentes que hace énfasis en establecer diferencias estructurales de poder. Citamos un ejemplo para darnos a entender;las empresas mineras principalmente establecen acuerdos comunitarios en asambleas donde la mayoría de los integrantes son hombres, por lo tanto, no se consideran que los acuerdos ahí gestados dañarán por igual e incluso de manera más álgida a las mujeres,tal cual lo hemos documentado. En ese contexto, estamos claros que bajo el enfoque de género estamos inmersos en una problemática no sólo contra una empresa minera, sino que el problema es más grave porque las mujeres están impedidas de acceder a los bienes comunes naturales como tierra, así como también están impedidas de acceder a recursos materiales como créditos de financiamiento para emprender economías propias,o se encuentran limitadas al acceso de bienes no materiales como el poder político.Por lo tanto, el enfoque de género está presente en nuestro quehacer cotidiano.

2.Ese contundente hecho,nos hace reflexionar y trabajar con miras a romper ese espacio de poder e intentar la construcción de espacios horizontales, incluyentes y participativos. La fórmula para resolverlo no la tenemos,y nuestras búsquedas nos han enseñado en avanzar discutiendo y exigiendo que las estructuras comunitarias desde adentro rompan las inercias culturales que persisten, sabiendo también que el sistema en el que vivimos continúa retroalimentándolas.

3. A lo largo de 13 años de trabajo, las comunidades y grupos integrados en REMA hemos intentado una y otra vez construir territorios más justos y resilientes. Somos fieles creyentes a que únicamente a partir del fortalecimiento de las y los defensorxs de la tierra,del territorio,de los bienes comunes naturales y de la vida, damos pequeños pasos para ir deconstruyendo el patriarcado y construyendo senderos que nos permitan caminar en congruencia para erradicar todo tipo de violencias.Estamos totalmente claros que aquellas personas que viven en un contexto de violencia de género sumamente complejo,que no único, son las mujeres de las comunidades con quienes nos integramos como REMA. Esto nos impulsa permanentemente a identificar, reflexionar, replantear y actuar a partir de implementar procesos que vayan deconstruyendo relaciones de poder para avanzar en la construcción de comunidades y pueblos libres de violencia de género.

4.Como REMA trabajamos en comunidades distribuidas en varios municipios de 15 estados del país, razón suficiente para saber y reconocer que no estamos exentos de tener manifestaciones de violencia de género.Muchas de las cuales intentamos abordar de distintas maneras sea a través de información, de emergencia, con sororidad, con refugioo con acompañamiento a las compañeras para realizar denuncias,además de, constantemente participar en iniciativas estatales, nacionales e internacionales en donde trabajamos diferentes aspectos relacionados con el enfoque de género.Reconocemos que nuestro trabajo es insuficiente para transformar y eliminar los tipos de violencia de género,sin embargo, seguimos reconstruyéndonos en ese aspecto desde nuestras realidades, de tal manera que, nuestras insuficiencias y torpezas no nos hacen, en automático, ni omisos, ni protectores, ni solapadores.

5.REMA trabaja con una estructura de enlaces por cada estado de la República y,para ser enlaces requieren ser nombrados por las asambleas de las comunidades o de sus organizaciones. En total somos 22 enlaces de los cuales 12 son mujeres.Destacamos también que en REMA no tenemos una estructura organizativa piramidal, por lo tanto, carecemos de cargos de dirección, presidencia o cualquier otro que signifique verticalidad y el grueso de nuestros procesos se llevan a cabo bajo consensos.

6. Bajo esas premisas expuestas, nos parecen injustos y desproporcionados los señalamientos sobre ser cómplices al permitir, legitimar, solapar y ser protectores de quienes ejerzan acciones relacionadas con violencia como las señaladas en la rueda de prensa. Por el contrario, hemos sido activas/os para denunciar las violencias en contra de la mujer dentro de la REMA y dentro de las organizaciones con las cuales colaboramos. Como ejemplo de ello, mencionamos que en 2017 Geovanna participó como parte de la delegación de la REMA en un encuentro internacional en Costa Rica en donde vivió acoso sexual por parte de un delegado que no era de México. Ante esta situación y con el consentimiento de Geovanna, como REMA mandamos una carta denunciandolos hechos a la organización respectiva, en la cual manifestamos nuestro rotundo rechazo a toda forma de violencia y continuar construyendo y defendiendo espacios seguros para todas y todos.

7.En el 2018 iniciamos un proceso de reflexión sobre la violencia de género dentro de REMA y las organizaciones en las que nos integramos, de tal manera que, para establecer e implementar acciones que atiendan y de ser posible resuelvan la problemática,se formó y consolidó un espacio permanente de análisis al cual nombramos “REMA MUJERES”. Desde este espacio han derivado algunos acuerdos contundentes; por ejemplo,la necesidad de concluir un reglamento interno y construir conjuntamente un protocolo para prevenir y erradicar la violencia de género tanto al interior de la REMA, como al interior de los grupos, organizaciones y comunidades con las que nos relacionamos.En ese contexto, sabemos que nuestro reto es enorme y complejo, así como también es esperanzador impulsarlo.

8.Con la formación de REMA MUJERES y, a partir de la participación directa de Geovanna Dávalos, acordamos que nuestro acompañamiento debía estar centrado en respetar las decisiones que ella iba tomando acerca de su participación dentro de Acción Colectiva, así como sobre su relación con Gustavo Lozano.Nuestra finalidad fue la de no contribuir a procesos de revictimización y no, como se menciona en la rueda de prensa, tomando partido por Gustavo Lozano, menos aun de protegerlo. Hoy nos damos cuenta de que las acciones de acompañamiento para Geovanna Dávalos,a partir de su consentimiento expresado y registrado en diversos mensajes, reuniones y conversaciones,fueron insuficientes. Reconocemos nuestro error de no haber podido manejar y darle seguimiento a este tema de manera colectiva como red,sino solo a partir de iniciativas individuales.Pero de ninguna manera reconocemos que nuestras acciones fueron proteccionistas, solapadoras u omisas. Debemos decir que fue ella quien unilateralmente dejó de solicitar nuestro apoyo sobre su situación desde julio del 2020, cuando envió sus agradecimientos por la sororidad y el apoyo que la REMA MUJERES le había dado, como también de otros integrantes de REMA mostraron hacia ella.

9.Otro aspecto del acompañamiento para Geovanna Dávalos al interior de la REMA fue que, aun cuando ella finalmente salió de Acción Colectiva, se le permitió continuar participando como aliada de REMA MUJERES, aun y a pesar de que la regla para ser parte de REMA impide aceptar a personas en lo individual, ya que sólo se permite la integración a través de enlaces que deben ser nombrados por pueblos, organizaciones o colectivos. Esta “prerrogativa”le permitió representar a REMA en distintos espacios nacionales e internacionales de defensoras, así como también participó en intercambios de experiencias con grupos de mujeres. No queremos dejar de comentar que su continuación en REMA se deriva de un reconocimiento implícito de las capacidades potenciales, intelectuales y colaborativas que siempre mostró en los espacios de fortalecimiento comunitario, por lo tanto, su trabajo siempre fue reconocido y valorado en la red.

10.Dentro de nuestra asamblea de los últimos días y, ante los recientes acontecimientos analizamos y reflexionamos que estos esfuerzos relacionados con el enfoque de género y las violencias vinculadas no han sido suficientes,en consecuencia,nos implica un proceso más activo, profundo, decisivo y contundente.Una vez más,reconocemos que las acciones personales y colectivas no fueron eficaces en el contexto de la relación personal entre Geovanna y Gustavo. Además,a pesar de que REMA en lo general y REMAMUJERES en lo específico,estamos en constantes procesos de construcción, debemos destinar más es fuerzo en allegarnos de una mayor cantidad de elementos y herramientas incluyendo psicoemocionales orientadas a dar pasos más firmes y congruentes con nuestro horizonte relacionado con expulsar las actividades mineras de los territorios comunitarios y que cada territorio transite a la construcción de espacios libres de violencia de género.

11.Hacemos un llamado de colaboración y construcción para aquellas personas, comunidades y organizaciones que hayan adquirido mayor experiencia y tengan una mayor especialización en estos temas, ya que nuestra convicción es continuar fortaleciéndonos en este y otros temas tan relevantes que tenemos culturalizados los cuales debemos deconstruir en el andar durante los procesos relacionados a la defensa del o los territorios.

12.Informamos que tras conocer la denuncia realizada en la rueda de prensa y tras una nutrida reflexión colectiva al respecto, Gustavo Lozano asumió separarse de la REMA,ante las y los enlaces presentes en nuestro encuentro nacional.

13.Hacemos énfasis que como red emprenderemos acciones que nos lleven a garantizar que el trabajo contra el modelo extractivo se lleve en un contexto donde la sororidad, el respeto y la confianza, prevengan la construcción de círculos de violencia, y de esa manera empezar a responder en mayor prontitud contra todo tipo de violencias, incluyendo las expresiones machistas que socavan la defensa por nuestros territorios y bienes comunes naturales, con el propósito de juntas/os lograr, con ayuda de organizaciones hermanas, respuestas más sólidas ante cualquiera de estos casos que presenten sus múltiples manifestaciones.

14.De manera pública reafirmarnos nuestro compromiso con esforzarnos en romper el pacto patriarcal y estar en contra de toda forma de violencia ejercida en los cuerpos y en los territorios, principalmente de las mujeres que luchan en defensa de los bienes comunes, así como también de las compañeras que hacemos parte de la REMA. Refrendamos nuestra convicción de atender dentro de la REMA las violencias de género, tal cual lo manifestamos el pasado 8 de marzo: “Las mujeres exigimos romper y darle la espalda al pacto patriarcal y desobedecer el modelo extractivista que nos ha hecho tanto daño, que nos mantiene tan vulnerables y que perpetúa la violencia en nuestros cuerpos y territorios”.

ATENTAMENTE:

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Revista Mujeres en resistencia