Informe: Financiando la represión

Les compartimos el nuevo informe de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo sobre las instituciones financieras que invierten en proyecto que contribuyen a la represión y violación de derechos humanos – A 4 de diciembre del 2024

En todo el mundo, las instituciones financieras de desarrollo (IFD) están invirtiendo mucho en contextos muy represivos, donde la gente no puede expresar públicamente sus preocupaciones y los grupos de la sociedad civil no pueden actuar libremente. «Financiar la represión: Por qué los bancos de desarrollo deben replantearse la financiación en países que bloquean las libertades cívicas» combina análisis cuantitativos de las inversiones de las IFD y estudios de casos para

  • revelar hasta qué punto los bancos de desarrollo financian proyectos en países con un espacio cívico cerrado;
  • explicar por qué las restricciones del espacio cívico deberían ser una preocupación crítica para los bancos de desarrollo
  • esbozar una serie de recomendaciones que los bancos de desarrollo deberían seguir antes de aprobar proyectos en tales contextos.

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Nota de prensa

Los bancos de desarrollo alimentan la represión al invertir fuertemente en países que restringen las libertades cívicas

4 de diciembre de Este mes, el Banco Mundial está listo para votar un proyecto potencialmente catastrófica que implica desplazar a unas 60.000 personas, en uno de los países más represivos del mundo. La represa Rogun en Tayikistán es uno de los ejemplos más flagrantes de cómo los bancos de desarrollo a menudo dan prioridad a sus propios intereses estratégicos sobre los derechos humanos, ignorando severas restricciones a las libertades cívicas en sus países de operaciones. Lamentablemente, sin embargo, este caso dista mucho de ser único.

De acuerdo con el informe – Represión de Financiamiento – publicado por la Coalición para los , el Sistema de Alerta Temprana (EWS) y el Proyecto de Rendición Internacional de Rendición (IAP) – Los bancos de desarrollo están financiando proyectos multimillonarios en contextos altamente represivos, donde la gente no puede expresar públicamente sus preocupaciones y los grupos de la sociedad civil no pueden operar libremente.

En el documento, las consultas con las comunidades afectadas son un requisito clave para los proyectos financiados con bancos de desarrollo. Pero cómo pueden los bancos garantizar la participación pública, en los países donde la opinión equivocada puede llevarte a la cárcel o donde la gente ni siquiera se atreve a hablar, ya que tienen demasiado miedo de hacerlo, dice Mark Fodor, Coordinador de la campaña de Defensores en el Desarrollo.

Financing Repression. utiliza datos de la base de datos dirigida por la sociedad civil Sistema de Alerta Temprana para analizar las inversiones de los bancos de desarrollo en países marcados como con espacio cívico cerrado (según datos de CIVICUS Monitor).

Inversión total de datos ENG

Algunos hallazgos clave incluyen:

  • De 2019 a 2023, 13 bancos de desarrollo invirtió al menos 88.000 millones de dólares a 1058 proyectos en 18 países con espacio cívico cerrado.
  • Los bancos que más están invirtiendo son: Banco Mundial, Banco Asiático de Desarrollo (ADB), Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB), Corporación Financiera Internacional (CFI) y Banco Europeo de Inversiones (BEI).
  • China, Egipto, Uzbekistán y Vietnam recibieron casi el 90% del total de las inversiones.
  • En 2023, Uzbekistán, Laos, Djibouti y Egipto tuvieron las inversiones per cápita más altas.
  • En los 18 países con espacio cívico cerrado, los sectores más financiados son las finanzas (13,6%), la energía (12,7%), el transporte (11,8%), la ley y el Gobierno (10,2%) y la infraestructura (9,2%).

Los datos revelados en este informe son extremadamente preocupantes, dice Ryan Schlief, director ejecutivo de IAP. Los millones están siendo canalizados a los países más represivos del mundo, y esto es sólo la punta del iceberg. Afortunadamente, a menudo falta transparencia y se detallan todos los detalles sobre la cantidad invertida y el uso específico de los fondos proporcionados sigue sin estar disponible.

Sectores de datos ENG

El informe incluye cinco estudios de casos (Azerbaiyán, Egipto, Tayikistán, Uzbekistán y Vietnam), que ilustran cómo las restricciones del espacio cívico plantean graves riesgos para los defensores de los derechos humanos y las comunidades que hablan sobre proyectos de desarrollo.

En estos contextos, cuando los proyectos de desarrollo en estados autoritarios no se alinean con las necesidades de las comunidades locales o cuando conducen a impactos dañinos, hay poco espacio para que las personas afectadas hagan oír su voz, dice Umida Niyazova, del Foro uzbeko de Derechos Humanos.

  • Azerbaiyán : A pesar de haber acogido la COP29 el mes pasado, los defensores de derechos humanos que exponen la corrupción o exigen responsabilidades en el sector energético son criminalizados rutinariamente. En los últimos cinco años, los bancos de desarrollo han invertido 267 millones de dólares en proyectos energéticos, pero no han utilizado su apalancamiento para exigir libertad para activistas anticorrupción como Gubad Ibadoghlu (quien actualmente está bajo arresto domiciliario).
  • Egipto : El miedo a la represión ha llevado a una autocensura generalizada, impidiendo que los defensores de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y cualquier persona den voz segura a sus preocupaciones sobre los proyectos de desarrollo, mientras que los bancos de desarrollo y la Unión Europea (UE) siguen comprometiendo miles de millones para financiar el régimen.
  • Tayikistán : los principales bancos de desarrollo en el marco de un plan orquestado por el Banco Mundial están financiando el controvertido proyecto hidroeléctrico de Rogun. Si se completa, esta se convertirá en la presa más alta del mundo. Este proyecto corre el riesgo de causar importantes impactos ambientales, sociales y financieros en Tayikistán y otros países aguas abajo, y se espera que unas 60.000 personas sean desplazadas. Pero en un contexto tan represivo, sus preocupaciones corren el riesgo de permanecer inaudita.
  • Uzbekistán : el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), la CFI y el BAsD están financiando la empresa de algodón Indorama Agro, a pesar de las represalias perpetradas por la empresa, funcionarios del gobierno y servicios de seguridad contra trabajadores, miembros del sindicato y defensores de los derechos humanos.
  • Vietnam: mientras negociaba y lanzaba un acuerdo internacional sobre la transición energética justamente con varios bancos de desarrollo y gobiernos occidentales, el gobierno vietnamita ha estado criminalizando a los líderes ambientales y climáticos bajo falsas acusaciones.

Entre los grupos de la sociedad civil, hay diferentes perspectivas sobre si las instituciones financieras y las instituciones financieras internacionales deben invertir en tales contextos o no, y en qué condiciones. Sin embargo, todos apuntan a la necesidad de que los bancos de desarrollo extremen la precaución extrema.

Los bancos de

Citas adicionales

– Reasentamiento adicional de 50.000 personas para construir la represa Rogun en Tayikistán, un país con un historial muy problemático en materia de derechos humanos – contradice directamente las políticas de salvaguardia de la mayoría de las instituciones de financiación del desarrollo. Opciones alternativas, como la construcción de una presa más baja y la rápida instalación de paneles solares, podrían servir mejor a las necesidades de Tayikistán y evitar reasentamientos adicionales. Sin embargo, a favor de la actual propuesta de proyecto, el Banco Mundial y los demás financiistas están estimulando una silenciosa crisis humanitaria, en un país donde la gente ni siquiera se atreve a hablar. (Eugene Simonov, Coordinación de los Ríos sin Coalición Internacional de Límites)

Cuando los proyectos de desarrollo en estados autoritarios no se alinean con las necesidades de las comunidades locales o cuando conducen a impactos dañinos, hay poco espacio para que las personas afectadas hagan oír su voz. Los bancos carecen de mecanismos eficaces (tanto durante el diseño como en las etapas de aplicación) para colaborar significativamente con las partes interesadas, en contextos en los que las libertades de asociación y expresión están tan restringidas que las personas tienen demasiado miedo de expresar sus preocupaciones. Además, los bancos han demostrado que están mal equipados para responder a las represalias contra los trabajadores y los monitores, dejando un vacío de información en el que los derechos pueden ser violados con impunidad. (Umida Niyazova, Foro de Uzbekistán sobre Derechos Humanos)

El informe será presentado durante un seminario web el 4 de diciembre (más información e inscripción aquí). Entre los panelistas tendremos:

  • Mary Lawlor – Relatora Especial de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos
  • Umida Niyazova – Foro uzbeko para los Derechos Humanos
  • Jewher Ilham – Consorcio de Derechos de los Trabajadores, hija del encarcelado defensor de los derechos humanos uigur Ilham Toti
  • Zhala Bayramova . Abogado en Derechos Humanos e hija de Gubad Ibadoghlu, defensora de los derechos humanos (Azerbaiyán)
  • Ryan Schlief – Proyecto de Responsabilidad Internacional
  • Dalile Antúnez – Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo

Para más información, póngase en contacto con Lorena Cotza (Comunications Lead, Coalition for Human Rights in Development) – lcotza.rightsindevelopment.org (39 3285761056)

Acerca de los autores

El informe ha sido aprobado por 37 organizaciones de todo el mundo. El informe es una iniciativa colectiva de la Campaña de Defensores para el Desarrollo (proyecto auspiciada por la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo), que se dedica al fomento de la capacidad y la acción colectiva para asegurar que las comunidades y los grupos marginados tengan la información, los recursos, la protección y el poder para dar forma, participar o oponerse a las actividades de desarrollo, y responsabilizar a los financiadores del desarrollo.

Los coautores principales son:

  • La Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo es una coalición global-sur de más de 100 movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y grupos de base. Trabajamos juntos para promover el desarrollo basado en los derechos y para hacer que las instituciones de financiación del desarrollo, los gobiernos, las corporaciones y otros actores rinda cuentas de sus impactos en las personas y el planeta.
  • International Accountability Project (IAP) es una organización internacional que aboga por el cambio de políticas, impulsa los esfuerzos locales de promoción y apoya a los activistas y comunidades locales para que accedan e intercambien información sobre el desarrollo que les afecta. A través del Sistema de Alerta Temprana (EWS), IAP contribuyó al informe de la Represión de la Financiamiento, que rastrea las inversiones de los bancos de desarrollo en 18 países con espacios cívicos cerrados durante 2019-2023. La base de datos EWS es la primera iniciativa dirigida por la sociedad civil basada en la web para organizar, resumir y normalizar proyectos de 15 instituciones de financiación del desarrollo, con actualizaciones diarias.

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(Actualización) Radiografia del poder transnacional: el régimen de protección de inversiones y sus consecuencias

Compartimos esta infografía e informe de una investigación de ISDS América Latina donde participamos sobre el poder corporativo y las demandas de transnacionales a países – A mayo 2024 – Actualización septiembre 2024

En 2023 México fue el país que más demandas de arbitraje de inversión recibió en el marco de tratados de protección de inversiones a nivel mundial. Con 53 casos en total, México se encuentra hoy entre los países más demandados del mundo por inversionistas extranjeros ante tribunales de arbitraje internacional, y es el tercer país más demandado de América Latina y el Caribe. Cada vez más dinero público está en riesgo para tener que pagar a los inversionistas las cantidades multimillonarias resultantes de los arbitrajes. A pesar de ello, México sigue firmando nuevos tratados de protección de inversiones que incluyen el recurso a los tribunales arbitrales internacionales como principal mecanismo de resolución de conflictos entre inversionistas y Estado (también conocido como ISDS, por sus siglas en inglés). En los últimos años, México ratificó el CPTPP; renegoció el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TLCAN 2.0/T-MEC), manteniendo entre México y EEUU el sistema de solución de disputas inversionista-Estado; y cerró la renegociación “en principio” del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM) que incluye un nuevo capítulo de protección de inversiones. Además, en 2018 se convirtió en miembro pleno del Convenio del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. En este informe vamos a mirar al régimen de protección de inversiones de México y develar sus principales consecuencias para el país.

Informe ejecutivo actualizado a septiembre 2024

(publicado en Mayo 2024)

Descargar infográfico sobre México

Descargar informe sobre México

Descargar excel con todas las demandas

¿Qué es el mecanismo de solución de controversias entre Estado e inversionista?

El mecanismo de solución de disputas inversionista-Estado, conocido como ISDS por sus siglas en inglés (Investor-State Dispute Settlement) permite a los inversionistas extranjeros, principalmente grandes empresas transnacionales y fondos de inversión, demandar a Estados ante tribunales de arbitraje internacionales si consideran que las leyes, las regulaciones, las decisiones judiciales u otras medidas tomadas por el Estado violan las protecciones que tienen bajo un tratado. Los casos son normalmente decididos por tres árbitros, frecuentemente abogados/as, que ejercen la profesión desde el sector privado y con un fuerte sesgo proinversionista.
ISDS ha generado numerosas críticas desde el ámbito académico, profesional y de la sociedad civil, entre las que destacan:
• La falta de transparencia en los procedimientos arbitrales.
• La ausencia de imparcialidad y de independencia de los árbitros.
• Los laudos pueden ser ejecutados en cualquier parte del mundo.
• El costo de un arbitraje inversionista-Estado es mayor que un juicio en cortes nacionales.
• Es un sistema unilateral: el inversionista es el único que puede iniciar una demanda.
• Las víctimas de los abusos de las empresas transnacionales no disponen de ningún mecanismo como este para
acceder a la justicia.

El universo de tratados de protección de inversiones de México

México cuenta con 31 Acuerdos para la Promoción Recíproca de Inversiones (APRI), o Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) vigentes, la mayoría de ellos con países europeos (18). Todos (excepto tres) entraron en vigor a partir del año 2000. De los 31 TBI con México, 22 podrían ser terminados, pues pasaron la fase inicial de 10 años que estipula el tratado para su vigencia, con lo cual México tiene la oportunidad de revisar y/o salirse de más del 70% de todos sus TBI. Sin embargo, la postura de los gobiernos mexicanos ha sido de continuar firmando tratados de protección de inversiones. En los últimos años, México firmó varios TBI de los cuales la mayoría ya entró en vigor, excepto el TBI con Haití, firmado en 2015.

Principales claúsulas de los Tratados de Protección de Inversiones para demandar a los Estados

1) Compensación por “Expropiación Indirecta” (del lucro cesante)

Si bien el término expropiación en el pasado se aplicaba a la confiscación física de la propiedad, las reglas actuales también protegen a los inversionistas contra la expropiación “indirecta”, que se interpreta como las reglamentaciones y otras acciones del gobierno que reducen significativamente el valor de una inversión extranjera o impiden una ganancia esperada. Por eso, ahora las compañías pueden entablar juicio contra el Estado, demandando indemnización por normas y leyes ambientales, de salud u otras de interés público que son adoptadas a través de un proceso democrático. Si bien los tribunales no pueden obligar a un gobierno a revocar esas normas y leyes, la amenaza de ser condenado a pagar grandes sumas de dinero por daños y perjuicios puede tener un “efecto paralizante” (chilling effect, como se le conoce en inglés) en la formulación de políticas nacionales responsables.

2) Norma subjetiva de “Trato Justo y Equitativo” a la empresa extranjera

Esta cláusula no tiene significado definible y es inherentemente subjetivo, lo que permite que los árbitros en tribunales supranacionales la apliquen con sus propias interpretaciones a acciones de gobiernos de países que tienen historias, culturas y sistemas de valores diversos. Cualquier accionar del gobierno que afecta negativamente el negocio del inversionista puede ser interpretado como un acto “discriminatorio” y por ende un incumplimiento del trato justo y equitativo.

3) Trato Nacional y Trato de Nación Más Favorecida

Los gobiernos deben tratar a los inversionistas extranjeros y sus inversiones al menos tan favorablemente como a los inversionistas nacionales (trato nacional) y a aquellos de cualquier tercer país (trato de nación más favorecida). Aunque se le pregona como un principio básico de justicia, esto en realidad despoja a los gobiernos de la posibilidad de impulsar estrategias de desarrollo nacional, utilizadas en el pasado prácticamente por todas las economías exitosas. Es más, una medida reglamentaria que se aplique a todas las compañías, pero tenga un impacto desproporcionado en un inversionista extranjero, podría ser demandada como una violación al trato nacional.

4) Prohibición de los Controles de Movimientos de Capitales

Se prohíbe a los gobiernos aplicar restricciones a los flujos de capital, a pesar de que muchos gobiernos han utilizado estos controles para prevenir y mitigar de manera efectiva la volatilidad y las burbujas financieras. Incluso el mismo FMI reconoce hoy en día que los controles de capital constituyen herramientas de políticas públicas importantes en algunas circunstancias.

5) Prohibición a establecer Requisitos de Desempeño a la Inversión

Los gobiernos tienen que renunciar al ejercicio de su autoridad y abstenerse de exigir que los inversionistas extranjeros usen un cierto porcentaje de insumos locales en la producción, que transfieran tecnología y otros requisitos que en el pasado constituyeron herramientas de políticas de desarrollo económico responsables.

6) Estándar de Plena Protección y Seguridad

Este estándar abarca los daños y perjuicios tanto físicos como legales que afecten a las inversiones, supuestamente provocadas por el Estado o por terceros (por ejemplo, la sociedad civil o comunidades en defensa de sus recursos naturales y territoriales). Hasta hace poco, este componente no se destacaba en los tratados de inversión, pero cada vez los inversionistas se están sirviendo de él con mayor frecuencia. Este estándar obliga, por ejemplo, al uso de la fuerza del Estado u otros medios para garantizar la protección de los inversionistas ante protestas de comunidades contra sus proyectos.

Además de los 31 TBI, México tiene 11 Tratados de Libre Comercio en vigor que cuentan con un capítulo de inversiones y permiten el recurso al arbitraje de inversiones como principal mecanismo de solución de controversias inversionista – Estado.

El T-MEC (TLCAN 2.0)

México, Estados Unidos y Canadá terminaron de renegociar el TLCAN en 2020. Este tratado, que estuvo vigente más de 20 años, no sólo le ha generado consecuencias económicas, sociales y ambientales adversas, también es responsable de 38 de las 53 demandas de inversionistas contra México en el sistema de arbitraje, o sea más de 2/3 partes de las demandas. El 1 de octubre de 2018, los tres gobiernos acordaron el TLCAN 2.0, ahora denominado Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, o USMCA por sus siglas en inglés). El tratado entró en vigor el 1 de Julio de 2020. El T-MEC modifica al capítulo 11 del TLCAN que permitía la resolución de controversias inversionista-Estado. El nuevo tratado elimina por completo la posibilidad de demandas inversionista-Estado entre los Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, a pesar de algunas restricciones, deja abierta la puerta a demandas de inversionistas estadounidenses contra México ymviceversa (aunque esta opción es menos probable). Bajo el T-MEC, los inversionistas sólo podrán demandar en caso de la vulneración de las cláusulas de “nación más favorecida” y “trato nacional” o en el caso de expropiación directa (no indirecta) y en algunos sectores como petróleo y gas, generación de electricidad, transporte, telecomunicación u otra infraestructura. Además, el capítulo 11 de protección de inversiones del TLCAN quedó en vigencia tres años más para los tres países (hasta junio de 2023), bajo la llamada “cláusula de legado”.

A pesar de las restricciones a demandas que supuestamente impone el T-MEC, en solo dos años se ha vuelto el segundo tratado de inversión más nocivo para México, ya que en 15 de las demandas contra México se invoca este tratado (en paralelo al TLCAN). Esto demuestra que no basta con reformar acuerdos, si no se impide el uso de ISDS por completo, inversionistas siempre encontrarán una forma de demandar a Estados en el sistema de arbitraje.

MÉXICO EXPANDE PRIVILEGIOS A LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS

A pesar de ser uno de los países más demandados del mundo por inversionistas extranjeros, el gobierno de México ha optado por seguir concediendo derechos de protección.


CPTPP-11: México es el primero en ratificar, y el primero en recibir una demanda bajo este tratado

El 8 de marzo de 2018, en Santiago de Chile, 11 países -Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Chile, Singapur y Vietnam- firmaron la versión revisada del Tratado Transpacífico (TPP), sin Estados Unidos, después de que Donald Trump retirara a su país de las negociaciones. El tratado lleva el nombre de Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica (CPTPP, por sus siglas en inglés), también conocido como TPP-11. Tras la salida de Estados Unidos, las negociaciones se aceleraron y concluyeron en apenas 5 meses. El 30 de diciembre de 2018, después de haber sido ratificado por seis países, el CPTPP entró en vigor. El Congreso mexicano fue el primero en ratificar el TPP-11, a sólo un mes y medio de haber sido firmado.
El CPTPP cuenta con un capítulo de protección de inversiones que otorga protecciones especiales para los inversionistas, como es el recurso al arbitraje de inversiones. Nueva Zelanda acordó con Australia no aplicar las cláusulas de disputas inversionista-Estado, y ha pedido a los otros miembros del CPTPP firmar acuerdos similares. México podría haber hecho lo mismo, y sin embargo, eligió mantener la cláusula de solución de controversias inversionista – Estado intacta.

México es el primer país en recibir una demanda ISDS bajo el CPTPP. Se trata del caso de las empresa de electricidad canadienses Caisse de Dépôt et Placement du Québec y CDP Groupe Infrastructures Inc. v. United Mexican States (ICSID Case No. ARB/23/53).6 Y también ha recibido una Notificación de Intención de demanda bajo el CCTPP de la empresa minera canadiense Almadex and Almaden.


El 28 de abril de 2020, en medio de la crisis de la COVID-19, México y la Unión Europea anunciaron el final de la negociación de la modernización de su TLC (TLCUEM), vigente desde el 2000 y firmaron un “acuerdo en principio”. Un punto clave de la modernización es la inclusión de un capítulo de inversiones, que el viejo TLCUEM no tenía. Con este nuevo capítulo las privatizaciones y reformas pro-empresariales en el sector petrolero y gasífero de México quedarán blindadas, y en el caso de querer revertirlas el inversionista puede usar el tratado para demandar a México. Los defensores de la modernización argumentan que el mecanismo de solución de controversias propuesto en el acuerdo, ahora llamado Sistema de Tribunales de Inversiones (ICS, por sus siglas en inglés), es una versión mejorada del antiguo sistema ISDS. Lejos de ser verdad, lo único que mejora el ICS son los procedimientos administrativos, pero no cambia el principal problema del sistema: los inversionistas extranjeros pueden seguir demandando a México por cualquier medida legislativa que afecte sus ganancias, aunque estas sean medidas sanitarias o de lucha contra el cambio climático.

Para terminar, México está negociando otros tratados de libre comercio que podrían contener cláusulas de protección de inversiones. Se trata del TLC con Turquía, Ecuador y una renovación de su tratado con Chile, entre otros.

El ingreso al CIADI

En julio de 2018, México se convirtió en el miembro número 154 del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo de arbitraje internacional del Banco Mundial. Según indican fuentes cercanas al gobierno mexicano, la decisión está directamente relacionada con la posición incierta de EE.UU frente al futuro del capítulo de inversiones en el T-MEC. Para México, firmar la entrada al CIADI fue una señal fuerte hacia los inversionistas extranjeros de que sus emprendimientos estarán protegidos en México, independientemente de la postura del próximo gobierno al respecto. Esta medida del gobierno mexicano fue aplaudida por la comunidad de abogados de inversiones, quienes opinaron que, “Al ratificar las Convenciones del CIADI y de Nueva York y promover la permanencia del mecanismo de resolución inversionista-Estado (ISDS) en el TLCAN, el país [México] ha hecho mucho para combatir la imagen de que está en contra del arbitraje.” Esta afirmación es uno de los pilares ideológicos de la economía global de los años noventa, que vaticinaba que la llegada de capital extranjero sólo se garantiza otorgando seguridad jurídica a dichos capitales. Sin embargo, cada vez hay más organismos internacionales (OCDE, UNCTAD), académicos/as, abogados/as y organizaciones de la sociedad civil que ponen en duda las supuestas bondades del sistema, entre otros de los acuerdos de libre comercio y de inversión. Con la entrada en el CIADI, México perdió la oportunidad de ser uno de los países en la vanguardia para repensar su política de comercio y de inversiones.

MÉXICO – TERCER PAÍS MÁS DEMANDADO DE LA REGIÓN

México es el tercer país más demandado de América Latina y el Caribe y el cuarto país más demandado a nivel mundial con 53 demandas inversionista-Estado conocidas hasta el 31 de marzo 2024. Casi todas las demandas han sido llevadas al CIADI, solo en tres demandas hubo tribunales ad-hoc y en un caso no se conoce la institución administradora elegida. Desde su entrada al CIADI, a mediados de 2018, se empezaron a usar las reglas arbitrales de esta institución (21 demandas), mientras que en las demandas previas a 2019, se usaron principalmente las reglas de la facilidad adicional del CIADI (19 demandas) o de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI) (13 demandas).

Los inversionistas que demandan

El 58% de los inversionistas que demandan a México provienen de los Estados Unidos. Si sumamos los inversionistas de América del Norte y de Europa, constatamos que el 93% de las demandas fueron iniciadas por inversionistas de estas dos regiones. Resulta interesante que además son países norteamericanos y europeos que más árbitros tienen en el CIADI. Por otro lado, solo existen siete demandas por parte de empresas mexicanas contra otros países, dos contra España y Estados Unidos y una contra Colombia, Perú y Honduras respectivamente.

El número de demandas por año

México recibió la primera demanda de arbitraje de inversiones en 1997 por parte de la empresa estadounidense Metalclad, a raíz de que esta empresa quería construir un confinamiento de residuos cancerígenos (asbestos) en acuíferos subterráneos en un área que luego fue declarada reserva natural por el gobierno municipal de Guadalcazar, en el estado de San Luis Potosí. Desde entonces, México ha recibido demandas casi todos los años. Desde 2015 no ha pasado un año sin que México haya recibido una demanda por parte de inversionistas extranjeros. Esta avalancha de demandas ha visto su culminación en 2023 con 11 demandas, más que ningún otro país a nivel mundial en este año. A esto se suman por lo menos tres amenazas de demandas que se podrían convertir en demandas concretas en 2024; entre ellas la demanda de la empresa china Ganfeng en relación a “la cancelación de nueve concesiones de litio tras el impulso y la normativa que ha promovido la creación de una empresa pública de litio mexicana” y de la minera canadiense arriba citada Almadex y Almaden.

El resultado de las demandas

Hay 53 demandas en contra de México, 12 han beneficiado al inversionista sea por laudo o por acuerdo entre partes, y en 12 demandas el tribunal decidió rechazar la demanda del inversionista. Además, seis demandas fueron discontinuadas, mientras que 23 aún siguen pendientes.

Los costos de las demandas

Hasta ahora México ha sido condenado a pagar casi 296,6 millones de dólares en 11 casos por concepto de indemnización a los inversionistas. Esta cifra representa 3 veces el presupuesto de la Secretaría de Cultura en 2024, y es aún mayor al presupuesto total que México preve en 2024 para la búsqueda de personas desaparecidas, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desapareción Forzada y la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura juntas. Datos muy preocupantes teniendo en cuenta la situación grave de derechos humanos y el número creciente de desaparecidos/as en México.
Considerando solo las 23 demandas pendientes, la cantidad total que reclaman los inversionistas asciende a 13,325 millones de dólares, aunque en realidad el monto es aún mayor, ya que en ocho de las 23 demandas pendientes no se conoce el monto reclamado por el inversionista. Con este dinero se podría financiar durante tres años el trabajo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, cuyo presupuesto en 2024 es de 4,300 millones de dólares y durante 82 años al programa de Salud Materna Sexual y Reproductiva.

México y el Boom de las Demandas de Empresas Mineras

De los 13,000 millones de dólares por los que México está siendo demandado, más de la mitad, 6,438 millones de dólares, corresponden a demandas de empresas mineras.

Solo en 2023, México recibió cuatro demandas con relación a proyectos mineros, aunque las más espectaculares de estas demandas son de 2019. En septiembre de 2018, poco después de que se hiciera público el texto renegociado del T-MEC, la minera estadounidense Legacy Vulcan LLC y su subsidiaria mexicana Calizas Industriales del Carmen (Calica), notificaron su intención de someter una demanda en contra de México en el marco del TLCAN. La demanda tiene su origen en una controversia ambiental sobre la extracción de piedra caliza en el estado de Quintana Roo. La empresa está en disputa con el municipio de Solidaridad, cuyo Programa de Ordenamiento Ecológico Local y Programa de Desarrollo Urbano ha impedido que la empresa explote dos predios. La empresa efectivamente interpuso la demanda de arbitraje el 3 de enero de 2019 en el CIADI, por un monto de alrededor de 1,900 millones de dólares. El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha hecho un llamado a llegar a un acuerdo con Legacy Vulcan LLC, ofreciéndole facilidades para desarrollar, en vez de la mina, un desarrollo turístico. y hasta ofreciendole a la empresa de comprar el predio de extracción por más de 389 millones de dólares.

En seguida de esta demanda, a inicios de 2019, la también estadounidense Odyssey Marine Exploration Inc. entabló una notificación de intención de demandar a México bajo el TLCAN por no haber aprobado los permisos ambientales para su proyecto de minería de fosfato en subsuelos marinos cerca de las costas de Baja California Sur, por la enorme cantidad de “cuando menos 3,540 millones de dólares”, por oposición de grupos pescadores.

“Las concesiones pesqueras de la Sociedad cooperativa de Producción pesquera de Puerto Chale cubren parte del fondo marino que la empresa quiere dragar. La cooperativa se ha opuesto al proyecto desde sus inicios y depositó una solicitud de autorización para presentar sus preocupaciones al tribunal del TLCAN en octubre 2021, con la ayuda del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL por sus siglas en inglés). Ambas organizaciones buscaban dar testimonio de los impactos que el proyecto podría tener en sus vidas y en el medio ambiente, y explicar porqué la decisión de la entidad reguladora ambiental de México de negarle a esta empresa el permiso de explotación minera del fondo marino era acertada y conforme al principio de precaución reconocido en el derecho nacional e internacional. Como ha sido recurrente en este sistema de arbitraje diseñado para favorecer a las empresas transnacionales, el tribunal del TLCAN se negó recientemente a recibir su solicitud”.

Odyssey, una empresa exploradora de tesoros convertida en empresa minera con escasos ingresos propios, consiguió financiación de un tercero para poder llevar adelante la demanda; el bufete de abogados Poplar Falls, especializado en litigios de EE. UU.

Al reclamo total de los inversionistas hay que sumar otros millones de dólares más por los costos propios del arbitraje de inversionista-Estado, esto incluye los honorarios de los abogados y de los árbitros, los gastos administrativos del centro de arreglo de las disputas (como puede ser el CIADI) y otros gastos del tribunal. En algunos casos el Estado no solo paga sus propios costos de defensa, sino el fallo en contra puede obligarle a también asumir la parte del demandante. Por ejemplo, en el caso Cargill v. México, el Estado tuvo que pagar la mitad de los costos de los abogados del inversionista. Por este caso México tuvo que abonar en total como gastos del arbitraje 3,3 millones de dólares. En el caso Lion México Consolidated v. México, el país tuvo que pagarle 2,25 millones de dólares al inversionista por sus gastos del arbitraje, y en el caso Gemplus v. México el monto llegó a 5,4 millones de dólares. A diferencia de la mayoría de los países, México ha usado, en muchas ocasiones, su propio equipo de abogados para la defensa. En los casos en que se contrató a un bufete de abogados, el Estado optó por Pillsbury Winthrop Shaw Pittman y Thomas & Partners; y más adelante por Tereposky & DeRose y en pocas ocasiones también por Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle.

Sectores de las demandas

México cuenta con una economía ciertamente diversificada. No sorprende entonces que las 53 demandas contra el país afecten a una gran variedad de rubros, aunque el sector más afectado ha sido el de minería e hidrocarburos con nueve demandas. Le sigue suministro de agua y manejo de residuos con siete demandas, información y comunicación,  manufactura y transporte con cinco demandas respectivamente.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La estrategia económica de México de abrir el país a inversionistas extranjeros, concediéndoles cada vez más privilegios a través de tratados de protección de inversiones, le ha costado caro. Año tras año el país recibe más demandas de inversionistas y amenazas que debilitan la función básica del Estado: su potestad legislativa y ejecutiva. La simple amenaza de una demanda podría ser suficiente para echar atrás una importante medida, como ha sido el caso de Talos Energy vs México, que no se llegó a registrar. La empresa solo envió la Notificación de Intención, lo que forzó al gobierno de AMLO a negociar y dar una mayor participación a Talos en un proyecto petrolero de Pemex. Es un un caso importante de llamado “efecto congelador “ (o chilling effect, como se le conoce en inglés) y de cómo se ha usado por primera vez el Anexo 14-D del T-MEC para amenazar efectivamente a México. Afrontar los nuevos retos, como la crisis climática o la crisis sanitaria requieren medidas innovadoras y flexibles que sean capaces de adaptarse a las necesidades del momento. En cambio, los tratados de protección de inversiones pueden poner freno a estas iniciativas, pues podrían suponer nuevas demandas millonarias, si nuevas medidas o regulaciones gubernamentales van en contra de los intereses corporativos. Una política soberana, enfocada en el bienestar de la población, la protección del medio ambiente, del clima y la promoción de empresas de la economía local es irreconciliable con los derechos que los tratados de protección de inversiones les otorgan a los inversionistas. Si México quiere salir del círculo vicioso de recibir demandas ISDS cada vez que quiere adaptar sus políticas y regulaciones, tiene que revisar su régimen de protección de inversiones. La única manera que México puede evitar nuevos arbitrajes de inversión es denunciando los tratados y acuerdos de comercio e inversión ya firmados y renunciando a renovarlos o firmar otros nuevos, ya que posibilitan la interposición de otras demandas. Por este camino ya han optado Bolivia y Ecuador en la región.

Para ello, recomendamos:
Realizar una auditoría de todos los tratados de protección de inversiones (APRI o TBI o bajo TLC) y sus impactos para la economía y sociedad mexicana.
Suspender la posibilidad del uso de demandas inversionista–Estado por parte de empresas extranjeras mientras dura la auditoría y tomar los pasos necesarios una vez terminada ésta.
Salir del CIADI y promover opciones nacionales y regionales (por ejemplo crear un mecanismo bajo la CELAC), para la resolución de disputas entre inversionistas y Estado.
No firmar nuevos tratados con cláusula de protección de inversiones, sino
›› dar primacia a la protección de los derechos humanos y ambientales, los recursos naturales y ecosistemas.
›› garantizar los sectores básicos para la población: energía, alimentación, servicios públicos, resguardando su soberanía ante las reglas internacionales de inversión.
›› posibilitar la participación de las poblaciones afectadas por proyectos con empresas extranjeras de acuerdo al consentimiento previo, libre e informado, el monitoreo y evaluación de su desarrollo.
›› dotar al Estado el espacio para elaborar políticas e implementar medidas para el fomento de las MYPME y el desarrollo regional, sectores específicos, e imponer a inversionistas ciertos requisitos de desempeño.
›› exigir responsabilidad de las empresas transnacionales inversionistas en términos laborales, sociales, ambientales, en coherencia con las mismas regulaciones que tienen en sus países de origen.
›› apoyar la creación un Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos al nivel de la ONU.

Descargar infográfico sobre México

Descargar informe sobre México

Descargar excel con todas las demandas

Este reporte fue preparado y publicado por Publicado por Transnational Institute, Institute for Policy Studies, Colectivo Ecologista Jalisco, A.C, Comisión de Derechos Humanos del Valle de Tehuacán, A.C., EDUCA Servicios para una Educación Alternativa, A.C., Enlace Comunicación y Capacitación, A.C., Otros Mundos Chiapas, A.C., Proyecto sobre Organización y Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)

RedDESC: Lanza nuevo cómic y acciones por la Justicia de la deuda

Les compartimos este nuevo material didactico lanzado por la Red DESC sobre el poder coorporativo- A 7 de octubre del 2023

El Poder del 99% para Detener la Captura Corporativa y la Deuda

Nos complace anunciar el lanzamiento del nuevo cómic «El Poder del 99% para Detener la Captura Corporativa y la Deuda«, una herramienta de educación política para fomentar la discusión y profundizar la comprensión de las causas fundamentales de la deuda y sus legados coloniales, el papel de la captura corporativa en la deuda, así como la  intersección con otros problemas como las crisis de cuidados y climática. En última instancia, este cómic busca inspirar la acción para enfrentar la captura corporativa y los modelos económicos impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y los acreedores privados, que priorizan las ganancias de los acreedores y los intereses corporativos en detrimento de los derechos humanos, incluido el derecho a un ambiente sano.También aspiramos a desafiar la narrativa dominante propagada por las élites económicas y financieras, que utilizan un lenguaje confuso para ocultar las injusticias dentro del sistema. Por lo tanto, ante todo, esta es una historia de posibilidades y un recordatorio de que unidos podemos detener la captura corporativa, cancelar la deuda ilegítima e insostenible y abogar por un cambio transformador.
Descargar cómic:
Inglés | Francés | Árabe | Español
 
Del 11 al 15 de octubre: Utiliza el cómic para #ReclamarNuestroFuturo al FMI y al Banco Mundial   Cada vez más, los países del Sur Global se encuentran asfixiados por la deuda. El FMI, el Banco Mundial y los acreedores privados siguen priorizando el pago de la deuda, en detrimento de servicios públicos y los derechos humanos. Además, están utilizando las crisis de la deuda para imponer cambios económicos y sociales alineados con los intereses de actores corporativos y financieros.Por ello, coincidiendo con las Reuniones Anuales del FMI/BM (9-15 de octubre de 2023, Marrakech, Marruecos), numerosos miembros de la Red estarán presentes para abogar por la cancelación de la deuda y un cambio transformador. ¡Ayúdanos a impulsar el cambio que queremos!
1. Del 11 al 15 de octubre, únete a nuestra campaña en redes sociales para #ReclamarNuestroFuturo y #CancelarDeuda, dirigida al FMI y al Banco Mundial (@IMFNews @WorldBank). En nuestro kit de acción digital, encontrarás mensajes y gráficos.   IR AL KIT DE ACCIÓN 
2. Comparte nuestras demandas sobre la deuda, los cuidados y la justicia climática:> En inglésespañolfrancés y árabe
 
Agradecimientos   Un agradecimiento especial a las y los miembros del Grupo de Trabajo de Política Económica y del Grupo de Trabajo de Rendición de Cuentas Corporativa de la Red-DESC por sus importantes contribuciones en la creación de esta historia. También deseamos reconocer los inmensos esfuerzos de nuestros aliados y de cientos de organizaciones, pueblos indígenas, grupos feministas y movimientos sociales que luchan por recuperar los derechos humanos y el interés público frente al creciente poder de las élites corporativas y financieras. Están construyendo alianzas y trabajando juntes hacia el cambio que aspiramos a ver: un mundo donde la solidaridad, el cuidado de las personas y el planeta, y la igualdad sustantiva, guíen las decisiones y den forma a estructuras que garanticen los derechos humanos para todas las personas.
 
Para más información sobre nuestro trabajo colectivo en Justicia de la Deuda, póngase en contacto con Collins Liko en cliko@escr-net.org. Para más información sobre nuestro trabajo en torno a la captura corporativa, póngase en contacto con Mona Sabella en msabella@escr-net.org.

Entrevista: Transnacionales en México: descampesinización y walmartización

Compartimos esta entrevista de Radio Mundo Real a nuestra compañera Tania Gonzáles sobre las políticas públicas y normativas abrieron paso a las grandes empresas transnacionales y cerraron puertas a los pueblos en México – A 24 de mayo del 2022

El diagnóstico mexicano sobre las políticas gubernamentales que han permitido e impulsado el avance de las empresas transnacionales, producido por Otros Mundos Chiapas – Amigos de la Tierra México, está centrado en el sector agroalimentario y coincide con el resto de los países de la región en un momento bisagra: los años 90, las políticas neoliberales y los Tratados de Libre Comercio (TLC).

En el caso específico de México el quiebre puede referenciarse con la firma y puesta en marcha del TLC de América del Norte (TLCAN). Entrevistada por Radio Mundo Real, la activista de Otros Mundos Chiapas, Tania González, explicó que esta apertura comercial, con Estados Unidos como principal socio, provocó un giro en las políticas agroalimentarias del país y concibió una perspectiva agroexportadora. Esto debilitó a instituciones y apoyos que impulsaban un desarrollo rural con los/as trabajadores/as y pobladores/as del campo como centro.

“Las transnacionales agroalimentarias están jugando un rol protagónico en la dinámica de producción y consumo de nuestro país, tanto a nivel interno como externo. Están impactando en las decisiones sobre la tierra y la tenencia, absolutamente en todo lo que tiene que ver con fertilizantes, agroquímicos y semillas. También controlan la cadena de comercialización, exportación y logística. Además, están en el comercio minorista, en la industria de los alimentos y la bebida. Es un panorama preocupante”, dijo González.

Dentro de las políticas específicas que habilitaron la concentración de poder de las empresas transnacionales, González destacó la modificación al artículo 27 de la Constitución mexicana, que permitió el arrendamiento de tierras de propiedad social. “Esto llevó a la descampesinización y disminuyó la superficie de nuestro principal cultivo, el corazón de nuestro país, el maíz”. Además, la activista contó que el cierre de la Productora Nacional de Semillas (PRONASE), por falta de apoyo y fomento, permitió la entrada a las transnacionales de semillas, ya que la producción nacional se vio desabastecida.

Por otro lado, las políticas alimentarias de México tienen como principales proveedores a empresas transnacionales y los programas apuntados al campo incluyen paquetes tecnológicos con semillas mejoradas, fertilizantes y plaguicidas. El informe diagnóstico de México también cuestiona las políticas de subsidio del agro orientada a la exportación. “Se les dan subsidios a grandes productores que trabajan con empresas transnacionales, incluso Cargill ha recibido subsidio”, contó González.

Las empresas acaparan y controlan toda la cadena agroalimentaria, incluso la comercialización minorista. El informe recoge un término utilizado por la investigadora Silvia Ribeiro, del Grupo ETC: la Walmartización. González explicó: “es un cambio de relaciones personales y cotidianas en base a la alimentación y la salud. Son modelos de relaciones estandarizadas y mercantiles, no sabemos quién produce ni de dónde viene. Hoy en una sola tienda compramos medicamentos, ropa y comida. Es peligroso porque es un modelo que controla toda la cadena y reduce la posibilidad de competencia de los pequeños productores y minoristas”.

Las consecuencias directas de todas estas políticas recaen sobre campesinos/as, indígenas y pequeños/as comerciantes. Y doblemente sobre las mujeres de estos sectores. González lo analizó desde dos puntos. Uno es que las políticas de subsidios para mujeres en México “refuerzan roles convencionales de género y la división sexual del trabajo, además aumenta la carga de trabajo de las mujeres”, quienes terminan por ser el sustento del hogar, pero sin los derechos a la propiedad de la tierra y por lo tanto sin lugar para la toma de decisiones en el territorio.

El otro punto es que, unido a la descampesinización, se dan los procesos de migración que tienen impactos negativos sobre las mujeres. “Trabajan en la agroindustria hortícola, con condiciones laborales precarias, salarios más bajos, pagos por hora y temporales”, explicó González.

Ante el avance transnacional motivado desde la esfera pública y legal, Otros Mundos Chiapas propone acciones de incidencia social y prevención en territorios. Aún con el cambio constitucional, en México la forma de propiedad social de la tierra representa más del 50 por ciento del territorio nacional. Esto es una oportunidad, ya que según explicó González, “no existen proyectos de ninguna índole donde no tengan que intervenir el municipio y la asamblea de los núcleos agrarios; las empresas tienen que negociar y confrontar sí o sí a las comunidades”.


*A fines de 2021 Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) realizó una publicación donde recopila informes diagnósticos de ocho países de la región referidos al aumento del poder de las empresas transnacionales en los sectores agropecuario y energético. Además, profundiza en las políticas públicas y cambios normativos que han impulsado esta concentración de poder.
El informe Resistencia al aumento del poder de las transnacionales en América Latina y el Caribe recoge relatorías de México, Honduras, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador y Costa Rica, realizadas por los grupos de base de Amigos de la Tierra en cada país.
En este compilado se observan tendencias generales, actuales e históricas en la región, que han permitido el avance de las transnacionales. Entre ellas se encuentran: escenarios antidemocráticos, de militarización y criminalización de la lucha social, lobby y presión política por parte de las empresas, liberalización del comercio y las inversiones, afectaciones directas sobre las mujeres, procesos de despojo y desplazamientos forzados.
Radio Mundo Real propone un repaso por los diagnósticos de cada país a través de entrevistas a los/as referentes de las organizaciones de ATALC involucradas.

(CC) 2022 Radio Mundo Real

Wikileaks filtra sobre el TPP capítulo ambiental

Amagan empresas de EU ecología de 12 naciones

Wikileaks filtra sobre el TPP capítulo ambiental

-No define medidas estrictas ni sanciones para proteger los recursos naturales
-El borrador omite acciones que afectan significativamente el cambio climático
-El acuerdo dejaría las decisiones en esa materia a los respectivos gobiernos
-Negociaciones soslayan protección a recursos naturales
-No hay protecciones ambientales obligatorias. «Queda claro que las mayores empresas estadunidenses continúan mandando en la negociación del ATP»


Angélica Enciso y Tania Molina. Periódico La Jornada

El borrador del capítulo ambiental del Acuerdo Transpacífico (ATP) no define medidas estrictas para la protección de los recursos naturales, deja de lado acciones contra el cambio climático, establece un comercio de recursos genéticos de la diversidad biológica y pretende que no se utilice el medio ambiente como barrera comercial, según el más reciente texto de la negociación correspondiente, la cual se efectúa en secreto entre 12 países, entre ellos México, desde marzo de 2010.

Por lo que se desprende del documento (wikileaks.org/tpp-enviro), entregado por Wikileaks a tres medios, entre ellos a La Jornada en exclusiva para el mundo de habla española, el ATP dejaría a los gobiernos integrantes las decisiones en materia ambiental, de acuerdo con sus leyes nacionales y los acuerdos internacionales que han suscrito, sin definir estándares específicos para la protección ambiental. Ello contrasta con los estrictos mecanismos fijados en el capítulo de propiedad intelectual, en los cuales se establece un panel internacional para dirimir las disputas, cuyas decisiones deberán ser acatadas por las partes del acuerdo, aun si contravienen sus legislaciones locales.

Amistoso endulzante

Julian Assange, fundador de Wikileaks, opinó sobre el documento: «Se esperaba que el capítulo ambiental del ATP fuera un amistoso endulzante público que compensaría lo amargo del resto del texto, pero es un ejercicio de relaciones públicas sin dientes. No hay protecciones ambientales obligatorias. Al compararlo con el capítulo de propiedad intelectual, que mandata sanciones penales y otras intervenciones, queda claro que las mayores empresas estadunidenses continúan mandando en la negociación del ATP».

El documento confirma que para Estados Unidos la biodiversidad y el cambio climático –que forman parte del acuerdo– no son temas prioritarios. El antecedente de la posición estadunidense es su negativa a suscribir el Convenio de Diversidad Biológica y a ratificar el Protocolo de Kyoto. Este último incluía compromisos para la reducción de emisiones de gases de efectos invernadero.

Los países que negocian el ATP son: México, Estados Unidos, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, los cuales generan 35 por ciento de la producción mundial. El gobierno mexicano se incorporó a la negociación durante la última etapa del gobierno de Felipe Calderón.

Este capítulo es resultado de las negociaciones que los representantes de esas naciones llevaron a cabo en Salt Lake City, Utah, en noviembre pasado. Después de esa ronda se efectuó otra reunión en diciembre, en Singapur, sin que se reportaran avances significativos. Corea del Sur ha mostrado interés por unirse al ATP y sostuvo pláticas preliminares con algunos de los países participantes, reportó The Wall Street Journal (http://on.wsj.com/1j31vZq).

“El informe de avances (http://bit.ly/1a5f2gn) detalla que el borrador del texto consolidado muestra que las partes ya alcanzaron acuerdos en muchos puntos, pero que se necesita más para arribar a un texto final”, señala Wikileaks. «Las principales áreas en disputa incluyen el papel de ese convenio respecto de otros acuerdos ambientales multilaterales y el proceso de resolución de disputas».

Entre los objetivos que el capítulo ambiental se plantea está la promoción del comercio solidario y políticas ambientales con altos niveles de protección, así como el cumplimiento efectivo de las leyes, pero deja a cada país estas medidas de acuerdo con lo que fijan las legislaciones nacionales, aunque precisa: «Las partes reconocen que es inapropiado determinar o utilizar sus leyes ambientales y otras medidas a manera de restricción encubierta de comercio o inversión entre las partes». Éstas, agrega, reconocen la soberanía de cada país para establecer sus niveles de protección ambiental y prioridades, así como para definir, adoptar o modificar sus legislaciones y políticas.

El capítulo SS.9 plantea mecanismos voluntarios para mejorar el desempeño ambiental y propone determinar incentivos basados en el mercado y el intercambio de información. Afirma: «Las asociaciones público-privadas pueden contribuir al logro y mantenimiento de altos niveles de protección ambiental, complementado con medidas regulatorias nacionales». Agrega que las partes reconocen que esos mecanismos podrían ser diseñados para maximizar los beneficios ambientales y evitar las innecesarias barreras comerciales. Así, de acuerdo con la legislación interna, cada nación fomentará los mecanismos voluntarios para la protección de los recursos naturales y ambientales en su territorio.

Este apartado consta de 18 artículos. De los múltiples temas ambientales, sólo se abordan biodiversidad, cambio climático, el Protocolo de Montreal, especies invasoras, pesquerías y conservación y comercio. Se soslayan rubros como la contaminación ocasionada por las empresas mineras, el comercio de residuos peligrosos y el uso del agua.

En el ATP (también conocido como TPP, por sus siglas en inglés) están incluidos México y Perú, dos de los países con mayor biodiversidad del planeta, tema al que el acuerdo dedica el artículo 13. Indica que las partes están interesadas en fomentar la conservación y sustentabilidad de la diversidad biológica y «compartir de manera justa y equitativa los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos», participación que debe ser en condiciones mutuamente acordadas.

Señala que las naciones se comprometen a mantener el conocimiento, las innovaciones y las prácticas de indígenas y comunidades locales que sean relevantes para la conservación y uso sustentable de la diversidad biológica, así como a fomentar la distribución equitativa de los beneficios derivados del uso de su conocimiento, innovaciones y prácticas.

Hay que recordar que en México, a finales de la década de los 90, se establecieron convenios de bioprospección –búsqueda de organismos en la naturaleza que pueden tener valor comercial–, como el de la Universidad Nacional Autónoma de México y la empresa Diversa, con la cual, en territorio nacional, se recolectarían plantas, de las cuales se extraía su ADN para fines comerciales. Otro fue el de ICBG-Maya (Investigación Farmacéutica y Uso Sustentable del Conocimiento Etnobotánico y la biodiversidad en la región maya de los Altos de Chiapas) entre la empresa Molecular Nature, con sede en Gales, y el Colegio de la Frontera Sur; con éste se buscó encontrar fármacos en hongos y plantas. Ambos acuerdos fueron cuestionados por organizaciones y ambientalistas, porque no tomaron en cuenta a las comunidades locales.

Sobre el tema, el capítulo ambiental indica que los países reconocen que el acceso a los recursos genéticos, cuando se conceda, debe ser sometido al consentimiento previo informado de la parte que provee los recursos, «a menos que de otro modo lo determine la parte». También estipula que se admite la importancia de la consulta y participación pública «que establezcan las leyes y políticas nacionales en materia de conservación y sustentabilidad de la diversidad biológica».

Abunda que las partes «se comprometen a fortalecer los esfuerzos de cooperación en áreas de interés mutuo relacionado con la diversidad biológica. La cooperación puede incluir la conservación y sustentabilidad de la diversidad biológica, la protección y mantenimiento de los ecosistemas y los servicios que proveen, y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos, incluido un acceso adecuado a ellos».

En el artículo SS.15, dedicado a comercio y cambio climático, los negociadores reconocen que es un problema global que requiere acciones colectivas. Expresan la importancia de implementar las acciones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Pesquerías

Otro tema es el de las pesquerías, en el que se da por hecho un manejo inadecuado y se advierte que los subsidios contribuyen a la sobrepesca y a rebasar la capacidad de captura, así como a la actividad ilegal, por lo cual se propone su eliminación. Cada nación procurará determinar un sistema que regule la pesquería, evitar la sobrepesca y permitir la recuperación de especies. Este sistema deberá basarse en las prácticas internacionales reconocidas para el manejo pesquero.

El sistema de manejo fijado por cada país estará basado en las mejores evidencias científicas disponibles para promover la conservación de tortugas y mamíferos marinos, con la puesta en práctica efectiva de medidas para la conservación.

En el apartado de bienes ambientales y servicios se reconoce la importancia del comercio y la inversión en estos rubros como medio para mejorar el rendimiento económico y hacer frente a los desafíos ambientales internacionales.

Con la entrada en vigor de este acuerdo cada parte, de acuerdo con su legislación, eliminará todos los derechos aduaneros en una amplia gama de bienes ambientales. Además, los gobiernos firmantes se esforzarán por hacer frente a las barreras potenciales al comercio que puedan ser identificadas por alguna de las partes.

El proyecto de acuerdo deja la puerta abierta a que se desarrollen proyectos de cooperación bilaterales o multilaterales en bienes y servicios ambientales para abordar el comercio mundial y los futuros desafíos ambientales.

El documento fue porporcionado a La Jornada, The New York Times (Estados Unidos) y Fairfax (Australia), así como al periodista neozelandés Nicky Hager.

Los desafíos de la Alianza del Pacífico. Soberanía regional o periferia de lujo

Los desafíos de la Alianza del Pacífico

Soberanía regional o periferia de lujo

Raúl Zibechi. ALAI AMLATINA

unasurDos proyectos de asociación regional se enfrentan en América del Sur: la Alianza del Pacífico y la UNASUR. Ambas son incompatibles, responden a intereses geopolíticos opuestos que colocan a cada uno de los países de la región ante una disyuntiva. Ya no quedan espacios ni para ingenuidades ni para distracciones.

“Existe una cierta tendencia en nuestras perspectivas integracionistas a sobrecargar de ideología las lecturas sobre los diferentes proyectos subregionales”, escribió Carlos Chacho Álvarez, secretario general de Aladi (Tiempo Argentino, 2 de junio de 2013). Por esa razón considera que contraponer la Alianza del Pacífico al Mercosur ampliado, “resulta claramente un signo negativo, cuando no un retroceso”. De todos modos, Álvarez apuesta por la Unasur y la Celac “como los dos proyectos más ambiciosos e integrales de la región”, que al excluir a Estados Unidos y Canadá enseñan también su costado ideológico. (1)

“El continente se dividió”, apunta el ex presidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso en referencia al nacimiento de la Alianza del Pacífico (Valor, 30 de noviembre de 2012). “De alguna manera perdemos nuestra relevancia política en el continente que era incontestable”, añade. Cardoso cree que la salida para su país es “una negociación a fondo con los Estados Unidos”, a la que “siempre tuvimos miedo”.

Deslizándose por encima de los dos bloques, el presidente peruano Ollanta Humala recibió a principios de junio a Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco del foro “10 Años de la Alianza Estratégica Brasil-Perú 2003-2013”, y señaló que en diez años “se ha avanzado mucho en la integración peruano-brasileña y sobre todo en el entendimiento de que es una alianza natural para poder integrar un bloque bioceánico Atlántico-Pacífico” (La Voz de Rusia, 6 de junio de 2013).

En el mismo acto Lula recordó que una década atrás fue muy criticado en su país por firmar el acuerdo de integración con Perú, pues las elites brasileñas consideran que sólo se alcanzaría el desarrollo en base a relaciones comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea: “América del Sur no existía, ni América Latina, no existía África ni los países árabes, yo creía que se podía cambiar la geografía comercial y política del mundo si creíamos en nosotros mismos, pero no era un discurso fácil”, sentenció el ex presidente.

Lula apoyó su discurso en datos irrefutables: el comercio bilateral pasó de 650 millones de dólares en 2003 a 3.700 millones en 2012. Las inversiones privadas brasileñas en Perú ascienden a 6.000 millones de dólares y lanzó el desafío de exportar productos industriales y con elevada composición tecnológica con el objetivo de que ambas economías “puedan complementarse”. Conscientemente abordó el punto clave de cualquier proceso serio de integración.

Los TLC hilvanados

La Alianza del Pacífico nació en abril de 2001 con la “Declaración de Lima”, iniciativa del entonces presidente Alan García, entre cuatro países que tienen Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos: México, Colombia, Perú y Chile. El 6 de junio de 2012 se firmó el “Acuerdo Marco de Antofagasta” por los presidentes Sebastián Piñera, Juan Manuel Santos, Humala y Felipe Calderón. Panamá y Costa Rica fueron los primeros miembros observadores, a los que luego se sumaron España, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Uruguay, y en las siguientes cumbres se incorporaron Ecuador, El Salvador, Francia, Japón, Honduras, Paraguay, Portugal y República Dominicana.

Los defensores de la Alianza suelen decir que los cuatro países que la integran suman 200 millones de habitantes, representan el 55 por ciento de las exportaciones latinoamericanas y el 40 por ciento del PIB de la región. Dos destacados economistas de la región, el peruano Oscar Ugarteche y el brasileño José Luis Fiori, coinciden en analizar los procesos regionales como si fueran un juego de ajedrez, en el que la movida de una pieza por uno de los jugadores debe ir acompañada de una respuesta del otro contendiente adecuada al desafío recibido. Cuando se produjo el “golpe constitucional” que apartó a Fernando Lugo del gobierno, Paraguay fue separado del Mercosur y se le dio el ingreso a Venezuela. Del mismo modo debe interpretarse la creación de la Alianza del Pacífico: una respuesta a la creación de la Unasur encabezada por Brasil.

Cuando se formó la Alianza, Ugarteche sostuvo: “Los tres gobiernos sudamericanos del grupo (Chile, Colombia y Perú) tienen en común no haber firmado el acta de constitución del Banco del Sur, no tener acuerdos comerciales con el Mercosur vigentes, son observadores, tener TLCs firmados con Estados Unidos que aseguran arancel cero, lo que impide el acuerdo con el Mercosur cuyo piso es 5 por ciento, y carecer de un sector industrial nacional significativo” (Alai, 26 de abril de 2011). Su conclusión era que la Alianza es “un contrapeso a la influencia brasileña en Sudamérica” que “sirve no para competir sino para bloquear”.

Sin embargo, en un reciente artículo el economista sostiene que en los últimos tiempos “quien ha realizado los mejores movimientos ha sido sin duda la Alianza del Pacífico”, no tanto por sus propios méritos como por el notable estancamiento del Mercosur por el atasco en las relaciones entre Buenos Aires y Brasilia (Alai, 24 de abril de 2013). Entre esos avances figura el acercamiento del Paraguay pos Lugo. Así y todo, la Alianza debe sortear numerosas dificultades entre las que destacan la oposición de sectores del empresariado colombiano a un acuerdo que no les genera nuevas oportunidades sino “un detrimento de la balanza comercial y del empleo”.

Las dificultades de la integración

Los datos sobre inversión extranjera directa (IED) pueden tomarse como una radiografía de la región. La IED ha escalado de forma exponencial en América del Sur, pasando de poco más de 30.000 millones de dólares anuales en los primeros años de la década de 2000 a 143.000 millones en 2012. Se multiplicó por más de cinco, según el último informe de la CEPAL. (2)

Vale la pena destacar que los tres países andinos de la Alianza del Pacífico pasaron de recibir una IED de 11.000 millones de dólares al comenzar el siglo a percibir 58.000 millones. El mayor crecimiento de la región. Pero lo que revela el carácter de las economías nacionales es el sector al que se dirigen.

Chile es el segundo país en volumen de IED, con 30.000 millones de dólares en 2012, pero la mitad se invierte en la minería (49 por ciento) y un quinto en el sector financiero. Colombia recibió una IED de 15.800 millones de dólares, pero más de la mitad van a petróleo y minería. En Perú, que recibió 12.200 millones, sólo la minería absorbe bastante más de la mitad de las inversiones (quizá el 70 por ciento, aunque no hay datos).

En Brasil la relación es justamente la inversa: la industria manufacturera absorbe alrededor del 40 por ciento de las inversiones (decayendo del 47 a 38 por ciento en los últimos años) mientras las actividades extractivas concentran apenas el 13 por ciento. Esto quiere decir que el grueso de la inversión extranjera, de 66.000 millones de dólares (la cuarta del mundo luego de Estados Unidos, China y Hong Kong), se dirige a sectores que generan puestos de trabajo calificados y agregan valor a la producción.

Argentina tiene una situación intermedia entre Brasil y los países andinos. Luego de una década de fuerte retracción, la IED hacia Argentina creció un 27 por ciento en 2012 hasta alcanzar 12.500 millones de dólares. A fines de 2011 la composición sectorial de la IED acumulada en Argentina estaba concentrada en un 44 por ciento en la industria y un 30 por ciento en servicios.

Es cierto que toda la región sufre un proceso de desindustrialización como consecuencia de la competencia china. Pero los efectos son dispares: en algunos casos la dependencia de los bienes naturales es apabullante, convirtiendo a esos países en absolutamente dependientes de los precios de las commodities en las bolsas de valores y, muy en particular, de la evolución del mercado chino. Es posible que la mentada pujanza de la Alianza del Pacífico sea poco más que humo y se evapore cuando esos precios caigan.

Chile no es capaz de absorber productivamente los enormes flujos de IDE que recibe, toda vez que el 26% son reinvertidos inmediatamente fuera del país por las subsidiarias chilenas de empresas extranjeras. La CEPAL concluye que el país andino, colocado como modelo a seguir por buena parte de los economistas de la región, es apenas “una puerta de entrada para otros mercados latinoamericanos”.

Según Fiori los tres países sudamericanos de la Alianza del Pacífico “son pequeñas o medianas economías costeras y de exportación, con escasísimo relacionamiento comercial entre sí, o con México”. El único país que tiene clima templado y tierras productivas, Chile, “es casi irrelevante para la economía sudamericana, además de ser uno de los países más aislados del mundo”, dice el economista brasileño.

Cree que la Alianza del Pacífico no tiene un futuro promisorio. Sus exportaciones son mayores que las del Mercosur, pero el comercio intrazona es ínfimo (dos por ciento del total exportado frente al 13 por ciento del Mercosur). En rigor, es una alianza comercial que no busca la integración.

El problema no radica tanto en las virtudes de la Alianza sino en los problemas que atraviesa el Mercosur. Por un lado, los cuatro países que lo crearon (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) exportan los mismos productos (básicamente soja y carne) a los mismos mercados. Con esa estructura de exportaciones no hay integración posible, que sólo puede forjarse sobre la base de la complementación productiva. Como apunta Fiori, desde la crisis de 2008 y a caballo de la expansión china, se han profundizado las características seculares de las economías sudamericanas que obstaculizan cualquier proyecto de integración: “El hecho de ser una sumatoria de economías primario-exportadoras paralelas y orientadas por los mercados externos” (Pontes, febrero 2013).

Por otro, y estrechamente ligado a lo anterior, la permanente disputa entre Brasil y Argentina por sus exportaciones industriales (automotriz y de electrodomésticos) está empantanando la alianza regional. Cada producto argentino que ingresa en Brasil, le hace perder puestos de trabajo, y viceversa. Los acuerdos comerciales existentes y la opción por la integración aún no se tradujeron en la creación de industrias capaces de complementarse.

En su balance de la inversión extranjera en 2012, la Cepal no deja lugar a dudas: “En América del Sur (sin incluir a Brasil), se ha ido profundizando un patrón de distribución de la IED en el cual los sectores basados en recursos naturales son claramente el primer destino”. La minería absorbió el 51 por ciento de las inversiones en la región, servicios el 37 y la industria apenas el 12 por ciento.

Hora de elegir

“Se puede decir con toda certeza que el ´cisma del Pacífico´ tiene más importancia ideológica que económica en América del Sur y sería casi insignificante políticamente si no se tratara de una pequeña franja del proyecto de Obama de crear una Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés), pieza central de su política de reafirmación del poder económico y militar en la región del Pacífico”, señala Fiori (Pontes, febrero de 2013).

Este es quizá el nudo de la cuestión. México es ya una pieza inseparable de la economía estadounidense. Luego de la crisis de 2008, que le impone serias restricciones presupuestales, la estrategia de los Estados Unidos consiste en “tercerizar” la administración de su poder global pero con el cuidado de impedir que surjan potencias regionales que amenacen su posición y en particular el predominio aéreo y naval. A través del sistema financiero, razona Fiori, la superpotencia sigue traspasando sus costos y sus crisis a terceros países, como sucedió con su principal aliado, la Unión Europea, manteniendo en tanto el “control monopólico de la innovación tecnológica”.

Ante este panorama, lo decisivo serán las opciones de los demás países, sobre todo el rumbo que adopte Brasil. El profesor Ricardo Sennes, analista internacional de la Universidad de Sao Paulo, sostiene que el crecimiento económico pos 2002 “profundizó las divergencias entre las estrategias económicas de los países, así como se ampliaron las asimetrías entre Brasil y los países de la región” (3).

A esta dificultad estructural se suma que en Brasil prevalece “la preferencia por un patrón de relación regional basado en la proyección de las capacidades políticas brasileñas y no en un patrón de integración regional”. No es lo mismo la densificación de los negocios que una estrategia de integración. En su opinión eso debe a que existe una débil “coalición interna” a favor de la integración y se traduce en un elevado activismo diplomático que contrasta con la baja institucionalidad de la integración. En conclusión, “la regionalización, aumento de las relaciones regionales no derivadas de política y acuerdos entre estados, avanzó más rápida y profundamente que la integración regional”.

Eso se manifiesta en que los miembros del Mercosur han establecido acuerdos más profundos con países de fuera de esta alianza que entre ellos mismos. Sennes concluye que más allá de las declaraciones, “el proyecto regional de Brasil no integra el eje central de su estrategia internacional”. Suena fuerte, pero en modo alguno parece alejado de la realidad. En su apoyo, resume: preferencia por reuniones de cúpula antes que acuerdos institucionales; “integración económica rasa”, o sea focalizada en cuestiones comerciales bilaterales en detrimento de la integración productiva, financiera y logística; privilegiar agencias de crédito domésticas como el BNDES en vez de regionales; y apoyar las iniciativas privadas de inversiones en detrimento de acuerdos regionales de promoción de inversiones.

A partir de este cúmulo de dificultades, Fiori plantea una disyuntiva de hierro. Que Brasil y la región se conviertan en “periferia de lujo” de las grandes potencias, como ya fueron Australia y Canadá, con acuerdos de “socios preferenciales”, en línea con la propuesta de Cardoso y de las elites de cada país, atornillados al papel de exportadores de commodities. O bien emprender un camino alternativo, asentado en la autosuficiencia energética y los recursos naturales estratégicos, combinando “una industria de alto valor agregado como un sector productor de alimentos y commodities de alta productividad”, que no renuncie a la complementariedad y competitividad con Estados Unidos pero que “luche para aumentar su capacidad de decisión estratégica autónoma” (“Brasil e América do Sul: o desafío da inserçâo internacional soberana”, Brasilia, CEPAL/IPEA, 2011).

Las elites han hecho su opción y pelean por ella. La Confederación Nacional de la Industria (CNI) y la Federación de las Industrias del Estado de San Pablo rechazan cada vez con mayor vigor el Mercosur y ni siquiera toman en cuenta la Unasur. Aecio Neves, candidato por el Partido de la Social Democracia que representa a esos sectores, habla claro: “Tenemos que tener el coraje de repensar y revisar el Mercosur. En este sentido, la Alianza del Pacífico, es un ejemplo ya de movilidad y dinamismo” (La Nación, 9 de junio de 2013).

Esa claridad contrasta con las nebulosas y contradictorias posiciones del progresismo. En el actual panorama global, no hay lugar para la neutralidad. “Los que se consideran neutros son siempre países irrelevantes o que acaban sucumbiendo”, concluye Fiori. Por eso sostiene que la región debería construirse como “un grupo de países aliados capaces de decir no, cuando sea necesario, y capaces de defenderse, cuando sea inevitable”.

Notas

1) Aladi: Asociación Latinoamericana de Integración. Unasur: Unión de Naciones Suramericanas. Celac: Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
2) La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2012”, Santiago, 2013.
3) Revista “Tempo do Mundo”, Vol. 3, No. 2, Brasilia, diciembre 2012.

– Raúl Zibechi, periodista uruguayo, escribe en Brecha y La Jornada y es colaborador de ALAI.

El TPP SE ESTÁ NEGOCIANDO EN SECRETO Y AMENAZA GRAVEMENTE NUESTROS DERECHOS

 

El TPP SE ESTÁ NEGOCIANDO EN SECRETO Y AMENAZA GRAVEMENTE NUESTROS DERECHOS

TPPEl Acuerdo de Asociación Transpacífico es un tratado de libre comercio promovido por Estados Unidos y que incluye a Chile, México y Perú. Conoce cómo afecta nuestros derechos y únete al clamor global por un TPP abierto y justo.

El TPP es un tratado de libre comercio multilateral, que involucra a 12 naciones: Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, y los latinoamericanos México, Perú y Chile.

En sus más de 26 capítulos de negociación, el acuerdo abarca un espectro amplio de temáticas, que van desde el comercio de lácteos, hasta la regulación laboral.

Las negociaciones del TPP comenzaron en marzo del 2010, pero las conversaciones preliminares se remontan a algunos años previos, y encuentran su origen formal en la existencia del P4 o Pacific Four, un acuerdo negociado por Chile, Brunei, Singapur y Nueva Zelandia que tiene vigencia desde el 2006.

La negociación del TPP es secreta, de espalda a la comunidad de los países afectados. En febrero del 2011, se filtró el capítulo de propiedad intelectual que ha impuesto Estados Unidos al resto de los países, lo que ha generado alerta mundial respecto a diversos temas, como:

Limitación a Derechos Humanos en Internet.
-Obstáculos al acceso a medicamentos genéricos.
-Obstáculos al acceso al conocimiento y la cultura.
-Obstáculos a los derechos de los consumidores.

Países como Estados Unidos y Chile, han expresado su voluntad de que el TPP se firme en octubre del 2013, aunque la reciente incorporación de Japón podría retrasar esa fecha.

Presenta diversos peligros que han generado la alarma a nivel mundial:

Negociación secreta
Los términos del acuerdo están siendo llevados en secreto. La filtración del capítulo de propiedad intelectual ha permitido conocer cómo esta condición de secreta ha sido aprovechada por el lobby de la industria farmacéutica y de la industria del entretenimiento para imponer una agenda agresiva en estas materias. Si un tratado es bueno,
no existe ninguna buena razón para que se haga a espaldas de la ciudadanía.

Atenta contra nuestros derechos ciudadanos
Con el TPP se ven afectados derechos como: el acceso a la salud de los ciudadanos, nuestros derechos digitales, nuestro acceso a la cultura como también nuestros derechos como consumidores.

No es un acuerdo de mutuo beneficio
Tal como está, el TPP es una herramienta de los países más poderosos para imponer condiciones abusivas a los países más pobres de la negociación, como los latinoamericanos“

Más que un TLC, es una estrategia geo-política de Estados Unidos
No se trata de una iniciativa políticamente neutral. La documentación existente permite asumir que para EE. UU., el TPP se trataría más de una estrategia de balance y contención a la expansión del poderío de China, que de un intento de integración económica real.

NUESTRO DERECHO A LA SALUD
El TPP busca expandir el plazo de protección a las patentes de medicamentos, lo que significa mayores trabas para la fabricación de genéricos y, en consecuencia, tendremos medicinas cada vez más caras.

Los medicamentos genéricos han sido vitales para reducir el costo de tratamientos de enfermedades como el cáncer y SIDA, aumentando las posibilidades de supervivencia de los afectados, sobre todo en los países más pobres. Limitar su producción es un atentado contra nuestro el derecho a la salud.

Información extraída de: http://tppabierto.net

VIDEO NO AL TPP, CONFERENCIA EN LIMA

¡NO AL TPP (TRANSPACIFIC PARTNERSHIP)! CONFERENCIA EN LIMA 16 mayo 2013

Fuente: bloglavozdelreservista.blogspot.com.br

TPPPresentamos la CONFERENCIA SOBRE EL TPP (TRANSPACIFIC PARTNERSHIP o ACUERDO TRANSPACÍFICO) realizada el 16 de mayo de 2013 en el hotel «San Agustin Exclusive» de Miraflores, Lima, Perú. Es un resumen de la última parte de la ronda de conferencias sostenida ese día, esperando que sirva como divulgación y testimonio a la vez.

Concienciémonos todos sobre la gravedad de este «acuerdo» que se «negocia» A PUERTA CERRADA en el Hotel Marriott de Miraflores, sin la participación del PUEBLO quien, al final, será quien pague todas las consecuencias de la firma del TPP, a saber: PÉRDIDA ABSOLUTA DE NUESTRA SOBERANÍA, MEDICINAS CON PRECIOS MÁS Y MÁS ELEVADOS, DESAPARICIÓN DE LOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PÉRDIDA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA PRIVACIDAD EN INTERNET, SAQUEO DE NUESTRAS RIQUEZAS ORIGINARIAS, DESAPARICIÓN DEL «SOFTWARE LIBRE», etc.

¡NO AL TPP!

¡NO A LA PÉRDIDA DEFINITIVA DE NUESTRA SOBERANÍA, A CAMBIO DE «INVERSIONES» QUE EN NADA HAN FAVORECIDO NI FAVORECERÁN AL PUEBLO!

 

Amenazas del Acuerdo Transpacífico

Amenazas del Acuerdo Transpacífico

Alejandro Nadal | En La Jornada, 3 de abril de 2013.

TTPEsta semana se reanudan en Singapur las negociaciones del Acuerdo Transpacífico, un proyecto anunciado por sus promotores como el más grande y ambicioso tratado comercial. Participan 11 países: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Se dice que será un instrumento para el crecimiento, el empleo y la prosperidad. Esa es la promesa, pero la realidad será distinta.

La economía mundial tiene tres décadas de acuerdos comerciales de corte neoliberal que han incluido una fuerte liberalización financiera, tanto en lo interno como en los flujos trans-fronterizos. También han sido acompañados de reglas sobre propiedad industrial, compras del sector público, medidas sanitarias y fitosanitarias, relaciones laborales y la prohibición de requisitos de desempeño sobre las corporaciones internacionales. Esos acuerdos comerciales han redefinido radicalmente la estrategia de desarrollo de cualquier país y la colocan en manos de las transnacionales y del ‘libre mercado’.

¿Cuál ha sido el resultado? Una economía mundial semi-estancada, altos niveles de desempleo, deterioro ambiental acelerado y la peor crisis en 80 años. Alguien podría pensar que con estos ‘logros’ se habría frenado el afán de negociar nuevos acuerdos comerciales. Pero es exactamente al revés. Las corporaciones trasnacionales necesitan abrir espacios de rentabilidad, aunque sea en detrimento de las reglas de ética social y de salud ambiental. Y como esas empresas trasnacionales se han adueñado del ámbito regulatorio, sus amanuenses en la burocracia se esmeran inventando nuevos pactos comerciales.

México aceptó ser parte del proceso negociador el año pasado. Al hacerlo tuvo que aceptar dos condiciones dañinas. La primera es que renunció a cualquier pretensión de reabrir negociaciones sobre acuerdos ya adoptados por los países que arrancaron el Acuerdo Transpacífico (ATP). Es decir, aceptó el principio de que lo que ya se acordó debe ser aceptado por un nuevo «socio» para ingresar al proceso. La segunda es que tampoco puede solicitar la inclusión de nuevos temas en la agenda del proceso. Así, México entró en las negociaciones como siempre: de rodillas y entregando todo aún antes de comenzar a negociar. Alguien podría pensar que con el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) nuestro país ya entregó todo y no hay nada que perder. Eso es parcialmente incorrecto. Se entregó todo a Estados Unidos y Canadá, no a otros ocho países en Asia y América Latina. El ATP es una nueva amenaza sobre México.

Uno de los rasgos característicos del ATP es que los gobiernos pueden ser demandados por una empresa extranjera cuando ésta sienta que se ha visto afectada en sus ganancias esperadas. Esta parte del ATP está inspirada en el capítulo XI del TLCAN que constituye una amenaza particularmente peligrosa en materia de salud pública, protección al consumidor y medio ambiente. De hecho este instrumento ya fue utilizado por la empresa Metalclad en 1996. Por cierto, Monsanto podría estar recurriendo a esta parte del TLCAN para forzar al gobierno federal a abrir completamente el campo mexicano a sus dañinos maíces transgénicos. ¿Se atreverá el gobierno de Peña Nieto a rechazar con una clara negativa los peligrosos planes de la transnacional o aceptará jugar el rol de subordinado?

El ATP también es un instrumento para presionar a China en el plano monetario. ¿Cómo es que el gigante asiático no forma parte del ATP? La respuesta es que se pretende crear un cinturón comercial que sirva para frenar el auge del yuan chino como moneda de referencia y permita extender la vida útil del dólar estadunidense. Las llamadas «guerras de divisas» de hoy se verán exacerbadas por la entrada en vigor del ATP.

TTPPor su parte, Japón apenas va a incorporarse a las negociaciones. Los japoneses están preocupados por la presión para abrir su sector agropecuario y desregular su sistema de salud pública. El 13 de marzo un comité del parlamento japonés envió una carta al primer ministro Shinzo Abe alertando sobre la amenaza del ATP. Su advertencia central: es necesario evitar la humillación y subordinación de México al incorporarse al proceso el año pasado. Y es que a los parlamentarios japoneses no se les escapa el costo que significa aceptar un proyecto de tratado que ya está muy avanzado sin haber participado en las negociaciones. A diferencia de los gobiernos mexicanos, Japón no siente que debe comportarse como satélite de Estados Unidos.

El ATP también podría convertirse en un cordón o bloque militar. En esta región ya existen antecedentes de acuerdos comerciales y estratégicos para frenar el auge económico de una potencia emergente que tenía sus propias pretensiones imperialistas (Japón en los años 1921-1938). El resultado fue la extensión de la segunda guerra mundial en el océano Pacífico. Un mal presagio: Obama acaba de establecer el Pacífico occidental como el centro de operaciones de las fuerzas navales estadunidenses.

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Han transcurrido 20 años desde el inicio del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de America del Norte) y los daños que ha suscitado deben motivar la suspensión del Tratado Transpacífico actualmente en negociación.  

Por: Raúl Burbano, Kristen Beifus and Manuel Pérez-Rocha

ttpEsta semana se ha llevado a cabo en Singapur la 16ava ronda de negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, o Tratado Transpacífico (TTP). Es la segunda ocasión que Canadá y México se han reunido con los otros nueve países del TTP desde que el gobierno estadounidense invito a sus aliados del TLCAN ha unirse el año pasado.

El TTP es un gigantesco tratado de carácter expansionista, y es el más grande de la llamada era de “la nueva generación” de tratados y negociaciones de inversión. Los países del TLCAN lo procuran ahora debido al estancamiento en la Organización Mundial del Comercio. Este tratado multilateral posee serias amenazas para los pueblos de la región de Norteamérica, y va a ser combatido por un movimiento tri-nacional conformado por activistas en favor de la justicia en el comercio internacional, quienes se están preparando para una posible ronda de negociaciones del TTP que se llevarían a cabo en el mes de Julio en Canadá.

Desde que el TLCAN fue firmado hace ya casi veinte años, los tres países norteamericanos han sufrido una disminución de buenos empleos, la inequidad del ingreso ha empeorado, se han debilitados la prestación de servicios públicos ya sea por escasa financiación o por la entrega de estos al sector privado, se ha visto un aumento de la inseguridad alimentaria (particularmente en México) y los ecosistemas han sufrido graves consecuencias. Con el TLCAN se prometió una prosperidad económica para Norteamérica que supuestamente beneficiaría a todos. Sin embargo, en enero del 2014 el TLCAN cumplirá 20 años y las promesas de derramas económicas para los pueblos no se han llevado a acabo.

Tres Naciones, Sin Ganadores

En los últimos diez años Canadá ha perdido 500,000 empleos en el sector manufacturero. El último reporte de United Way Toronto encontró que en Toronto y sus alrededores, que conforman la urbe más grande de Canadá, un 20% de sus habitantes se encuentran empleados en condiciones precarias, inestables o con trabajos de tiempo parcial. Este tipo de empleo ha aumentado en un 50% en los últimos veinte años. En este mismo periodo no se ha conocido o implementando ningún programa social relevante. El “libre comercio” ha erosionado de manera grave nuestra percepción de cómo las personas pueden trabajar juntas por el bien común.

Actualmente, Canadá esta enfrentado en tribunales internacionales demandas que llegan aun monto de 2 mil 500 millones de dólares por parte de corporaciones transnacionales. El TLCAN posibilita el que los Estados sean sujetos a estos tipos de demandas, cuando los posibles ingresos de las corporaciones se vean amenazados por leyes de seguridad, medio ambiente o salud que afectan el libre desempeño de sus operaciones. Entre las demandas recientes, se incluyen la de una corporación estadounidense que esta desafiando un moratorioum a la fracturación (o fracking) de gas natural en Quebec, la decisión de una corte para anular un patente de Eli Lily, la decisión en contra de la apertura de una nueva cantera de grava en Ontario debido a las consecuencias que pueden afectar el agua y a las tierra agrícolas y muchas otras.

Durante 1994 cuando el TLCAN entro en rigor, en México millones de pequeños agricultores se vieron desplazados, desatando una migración masiva a los Estados Unidos. El TLCAN le dio un gran golpe a México durante la crisis financiera de 2008-2009 debido a la fundada dependencia de México hacia los EEUU. De hecho, el periodo del presidente Felipe Calderón ha sido caracterizado como el mas lento desde 1954, solo 1.58% en promedio desde 2007 al 2011. Según indicadores del Banco Mundial desde 2007 al 2010 el PIB per cápita en México disminuyó en un 3.71 %, lo cual fue catalogo como el peor desempeño en Latinoamérica, y todo esto debido a la dependencia de la economía de México de las exportaciones hacia Estados Unidos. México también enfrenta varias demandas de empresas transnacionales, la mayoría estadounidenses, por cientos de millones de dólares. Un caso reciente fue la victoria de la transnacional agroalimentaria Cargill sobre México por 77 millones de dólares.

Estados Unidos, país que lidera las negociaciones del TTP, también se ha visto afectado por el TLCAN. En febrero la AFL-CIO desmintió el que el TTP ofrezca beneficios a los trabajadores, subrayando que el déficit del comercio estadounidense “ha aumentado dramáticamente desde el TLCAN –de 75 mil millones de dólares en 1993 a 540 mil millones hoy en día (en términos nominales).” La AFL-CIO afirma que desde el inicio de la implantación del TLCAN “el crecimiento del déficit con México le ha costado a los Estados Unidos 700,000 empleos.” La AFL-CIO en cambio, está haciendo un llamado a un Nuevo Tratado Global que promueva el crecimiento “con equidad, preservando la salud y la seguridad, al mismo tiempo que garantice un desarrollo sostenible.”

La Nueva Generación de Grilletes

ttpLa nueva generación de tratados comerciales y corporativos como el TTP y los propuestos tratados de “amplia envergadura” que Canadá, EEUU y México buscan con la Unión Europea pretenden inhibir nuestra habilidad para alcanzar estrategias económicas distintas. Estos tratados están diseñados para garantizar que los gobiernos no tengan poder en el control de la economía, y que simplemente sean útiles para utilizar los dólares de los impuestos para rescatar grandes bancos y otras corporaciones.

Al igual que el TLCAN, el TTP restringiría nuestra capacidad de implementar regulaciones en áreas importantes como las finanzas, la industria, el medio ambiente, contratación publica, y en crear programas alternativos para crear trabajos desde los hogares. Los “libre comercio” ofrece subsidios a los ricos y mete a todos los demás a una competencia encarnizada. De esta manera, no es ninguna sorpresa que las comunidades del hemisferio occidental se estén movilizando para luchar en la venidera batalla en contra del TTP.

El primero de diciembre, cientos de activistas en Canadá, Estados Unidos y México en favor de los derechos laborales y comunitarios, por la salud publica y la libertad en el Internet, se reunieron en el Parque del Arco de la Paz en la frontera de British Columbia en Canadá y del Estado de Washington en Estados Unidos. La declaración que emanó de este encuentro estratégico de unidad Tri-Nacional ha sido firmado por cientos de organizaciones que representan a miles de personas a lo largo del continente.

Desde el pasado primero de diciembre asociaciones transfronterizas, de comunidades y ONG de Centro América y de todo Latinoamérica han levantado las voces colectivas para oponerse al TTP. Esta oposición se ha consolidado en la Cumbre de los Pueblos de Santiago de Chile- que fue paralela a la cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC)- el pasado mes de enero, en donde se reunió la sociedad civil para expresar y compartir sus preocupaciones y desarrollar estrategias para detener este tipo de tratados. La sociedad civil del hemisferio ha identificado al TTP como una “herramienta de desintegración” para la región ya que intenta desestabilizar los procesos de integración regionales los cuales a su vez representan un obstáculo para el modelo neoliberal inherente al TTP.

Estas alternativas regionales incluyen a UNASUR, CELAC al igual que los bloques económicos regionales de MERCOSUR y ALBA. El TTP ha sido catalogado por América Latina como el Segundo intento de los Estados Unidos para imponer en la región la fracasada Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), contando con la ayuda de países cuyos gobiernos están subordinados a los Estados Unidos bajo la ideología neoliberal y economías de “libre mercado”.

Detener a nuestros gobiernos para que no cometan mas daños con pactos que defienden los derechos corporativos, como el TTP, tiene que ser una prioridad de los pueblos de Norteamérica. Debemos demandar alternativas más justas y un régimen comercial sustentable a nivel global. Los tratados y las inversiones deben respetar y promover los derechos fundamentales, el medio ambiente, la soberanía indígena, los derechos laborales, incluyendo igualdad en los derechos de los trabajadores y de las personas afrodescendientes.

Las comunidades y los gobiernos locales necesitan de una manera activa crear empleos con buenos salarios y prestaciones, de manera que no denigren la dignidad de nuestras hermanas y hermanos a nivel global.

Gente rica, Comunidades pobres

Los gobiernos deben de tener la capacidad de promover políticas publicas responsables y de manera incluyente para el interés publico, sin tener que temer a demandas catastróficas en tribunales de inversiones excluyentes y a puertas cerradas, a espaldas de los afectados.

El “libre comercio” hace de los ricos más ricos pero crean comunidades pobres. Tenemos veinte años de evidencias con el TLCAN… no queremos más!. Detengamos el TTP!! Firmando la Declaración de Unidad Tri nacional en contra del Tratado Traspacífico. Para conocer más y unirse puede entrar a www.TTPxborder.org.

Raul Burbano es el director de Common Frontiers (Canadá Kristen Beifus es la directora de Washington Fair Trade Coalition y Manuel Pérez-Rocha es miembro de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) e investigador del Institute for Policy Studies (IPS).

http://nottp.webs.com/

video: Peril in the Pacific: No to the TPP

video: «Peril in the Pacific: No to the TPP»

Friends of the Earth, U.S. has released a new video, “Peril in the Pacific: Trans Pacific trade agreement threatens people and the planet.” The video highlights the threats to the environment and human rights posed by the secret negotiation of the TPP deal and in particular its draft investment chapter

The video illustrates these threats by telling the story of Chevron v. Ecuador, a cautionary tale about an international investment suit brought under an existing U.S. treaty that raises important questions like: Who should pay to clean up what has been called the “Rainforest Chernobyl” in the Ecuadorian Amazon? Why are the people of the rainforest who suffered the most not represented at the international tribunal hearing the case? Is it U.S. policy to favor the financial interests of multi-national corporations over people and the environment in such disputes?

The video also asks why the negotiating framework for the Trans Pacific Partnership trade deal favors Wall Street and multinational corporations at the expense effective environmental and climate policy. In particular, why does the U.S. proposal for a TPP investment chapter allow transnational corporations to challenge environmental laws that protect our air, land and water? These wealthy investors could demand millions or even billions of dollars in damages for the cost of complying with such environmental regulations, including lost future profits.

Friends of the Earth is concerned that the TPP deal potentially checkmates many of our past environmental victories, and likewise blocks new initiatives on global climate change and  exports of tar sands oil, for example. Friends of the Earth is using the video to encourage people concerned about the environmental costs of a TPP trade deal to talk to their friends, neighbors and fellow environmentalists about it. We are even offering copies of the video to people interested in screening it at local meetings or sharing it with local media. This could move communities, both domestically and abroad, to take action on this issue that reflects local priorities and values.

For more information about the TPP or organizing a community meeting contact Bill Waren at wwaren@foe.org.

ttp

Firmas en oposición al Tratado Trans Pacífico

DECLARACIÓN UNITARIA DE NORTEAMÉRICA

NOS OPONEMOS A LA EXPANSIÓN DEL TLCAN MEDIANTE EL TRATADO DE ASOCIACION TRANSPACIFICO (TTP)*

ttpLas casi dos décadas de daños económicos, ambientales y culturales causados por el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) han sido muy perjudiciales para la mayoría de las personas en toda la región, aunque estos daños no han sido experimentados de manera equitativa.
 
Como resultado directo del TLCAN, hay cada vez menos buenos empleos, las granjas familiares enfrentan más dificultades, los sistemas alimentarios son menos estables, cada día son más débiles las medidas de seguridad para los consumidores y se acrecienta la desigualdad social. Las reglas del tratado en torno a propiedad intelectual continúan dificultando el acceso a medicamentos a precios asequibles, mientras que sus provisiones en servicios financieros han socavado las regulaciones bancarias. El TLCAN alimentó aún más las condiciones que precipitaron una crisis de emigración económica y ha exacerbado una falsa guerra contra las drogas, provocando abusos a los derechos humanos de manera masiva, donde decenas de miles de ciudadanos han sido las víctimas. Se ha degradado la tierra y sus ecosistemas en muchas maneras, incluyendo la minería y otros proyectos de extracción de recursos, y ha tenido efectos pronunciados sobre la soberanía de los pueblos indígenas. Los acuerdos comerciales posteriores también han impulsado una carrera a la baja en los salarios, en los derechos laborales y en la protección del medio ambiente, así como la desregulación y la privatización, lo que contribuye a las crisis financieras a nivel mundial y a la crisis climática.
 
Detener un mayor daño debe ser una prioridad compartida por nuestros pueblos. En cambio, dado que el TLCAN de manera simultanea ha facilitado la concentración de la riqueza y el poder en las élites de cada uno de los países involucrados, ahora los gobiernos de Canadá, México y Estados Unidos, entre otros, están tratando de ampliar las reglas de comercio e inversión del TLCAN a lo largo de la costa del Pacífico, en la forma del llamado Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés). De hecho, documentos filtrados sugieren que el TPP pretende ir más allá del TLCAN, otorgando aún más derechos y nuevas competencias a las corporaciones transnacionales, incluso ampliando el infame proceso de solución de controversias inversionista-Estado, mediante el cual los inversores internacionales pueden desafiar las leyes de interés públicas, los reglamentos y incluso las decisiones judiciales que pusieran en peligro sus expectativas de beneficios a través de tribunales, con jueces privados que no rinden cuentas y que eluden y violan los sistemas judiciales nacionales.
 
El mundo no puede permitirse este paquete de expansión del TLCAN. En contraste, lo que necesitamos son políticas que ayuden a construir una economía mundial más justa y sostenible, incluido el respeto y promoción de los derechos fundamentales del trabajo, incluida la igualdad de derechos para los trabajadores migrantes, la creación de empleos con salarios y mayores prestaciones, la protección del medio ambiente, la soberanía alimentaria, la estabilidad de los mercados financieros, una verdadera sanidad de los productos, un acceso a servicios de salud de calidad, y a la democracia local.
 
Juntos, hacemos un llamado a nuestros hermanos y hermanas en América del Norte y más allá, para informar y compartir con sus comunidades la grave amenaza que entraña el TPP e involucrarse desde ahora, para detener el daño que se nos impone así como a los pueblos de muchos otros países.
 
*El Acuerdo de Asociación Transpacífico está actualmente en negociación entre Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam, pero también ha sido propuesta como un “acuerdo de conexión” que permitiría otros países a adherirse eventualmente sin poder poner condiciones (tal y cómo se ha aceptado a México y a Canadá).

Por favor enviar sus firmas a MAS TARDAR el jueves 28 de febrero  a rmalc@rmalc.org.mx