[NUEVO INFORME] 10+ Años de agresiones contra defensoras de la tierra, el territorio y los bienes naturales en Mesoamérica (2012-2024)

Compartimos este informe de IM-Defensoras sobre la violencia hacia mujeres defensoras en Mesoamérica – A abril 2025

LA TIERRA, PARA QUIENES LA TRABAJAN Y LA DEFIENDEN

10+ Años de agresiones contra defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Mesoamérica (2012-2024)

Desde 2012, en la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) hemos desarrollado un sistema de registro de agresiones que documenta, cuantifica y permite realizar un análisis de género sobre la violencia ejercida contra la diversidad de mujeres y disidencias sexo-genéricas que defendemos derechos humanos en Mesoamérica.1 La riqueza de este sistema, pionero en el mundo, es que en su interacción con el resto de las estrategias de la Protección Integral Feminista contribuye a la protección de las defensoras identificando las violencias y realidades concretas que vivimos tanto individualmente como en nuestras colectividades. 

La presente separata, “LA TIERRA, PARA QUIENES LA TRABAJAN Y LA DEFIENDEN.10+ Años de agresiones contra defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Mesoamérica (2012-2024)”, se enfoca en el análisis particular de los casos de agresiones contra defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente que se integran, de manera general, en nuestro informe “Datos que nos duelen, redes que nos salvan. 10+ Años de agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica (2012-2023)”, profundizando en los mismos y actualizándolos con datos preliminares de 2024.2

  1. En la IM-defensoras llamamos agresiones a las acciones violentas que atentan contra la dignidad e integridad de una o varias defensoras o de sus organizaciones en un determinado periodo de tiempo, pudiendo ser físicas, emocionales, espirituales y psicológicas, directas o indirectas.
  2. Para 2023 y 2024 no contamos con datos referentes a Guatemala.

DEFENDER LA VIDA EN TERRITORIO HOSTIL

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Las defensoras de derechos humanos, con nuestros pueblos, comunidades y organizaciones, nos organizamos en diferentes territorios para resistir ante las violencias que nos acechan, proteger la vida y el bienestar colectivo y construir esperanza y alternativas de vida digna. Nuestra sola existencia como sujetas políticas desafía los mandatos patriarcales que pretenden silenciar el poder de las mujeres y disidencias sexo-genéricas. El mundo por el que luchamos es diametralmente opuesto al que pretenden imponernos y, por ello, nuestra labor pone en riesgo los intereses de los poderosos. 

En Mesoamérica vivimos bajo un modelo económico, político y cultural de herencia colonial que se manifiesta en opresiones estructurales y una continuidad histórica de violencias patriarcales, capitalistas y racistas sobre los cuerpos y territorios de las mujeres. En el contexto de crisis global provocada por este modelo, en nuestra región se agravan las desigualdades económicas, la violencia, la pobreza y los impactos del cambio climático. Los poderes que se benefician de este modelo de muerte encuentran en la represión, la violencia y el uso de la fuerza la única forma de contener nuestro poder colectivo.

A lo largo de estos 13 años, como consecuencia directa del capitalismo extractivista que se impone en nuestros territorios, las defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente han representado uno de los colectivos con mayor número de agresiones registradas, tal y como se desprende del hecho que 22,3% del total de las 43,186 agresiones contra defensoras que documentamos entre 2012 y 2024 en Mesoamérica fueron perpetradas contra compañeras que defendían estos derechos (Gráfico 1). 

¿QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS, LAS DEFENSORAS DE LA TIERRA, EL TERRITORIO Y EL MEDIO AMBIENTE?

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Las defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente defendemos tanto nuestro derecho a permanecer o a retornar a nuestros territorios, como el de salvaguardar la red de la vida, protegiendo y defendiendo los derechos de la naturaleza y velando por el resguardo del agua, los ríos, las montañas, los bosques, las semillas y la diversidad de especies animales. Defender la tierra significa también defender nuestros medios de reproducción de la vida y nuestras cosmovisiones, las cuales, alejándose de la acumulación y explotación capitalista, establecen otros vínculos y formas de relacionarnos con el territorio y la naturaleza. Defendemos también una manera de entender el territorio no como un lugar geográfico y de explotación humana, sino como el lugar donde descansan nuestros ancestros y donde encontramos identidad y arraigo.

La mayoría de defensoras del territorio y el medio ambiente agredidas somos mujeres indígenas, garífunas o afrodescendientes que habitamos en zonas rurales, trabajamos la tierra, realizamos trabajo de base y hemos sido excluidas de la propiedad y las decisiones sobre el futuro de nuestros territorios.1 Ante Estados-nación que perpetuan políticas coloniales de aniquilación de las cosmovisiones, culturas y lenguas de los pueblos originarios y otras comunidades, las defensoras indígenas y afrodescendiente protegemos nuestros saberes, nuestro derecho a la autonomía e identidad cultural, nuestros territorios y los bienes naturales. Las defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente resistimos y denunciamos colectivamente las consecuencias de despojo y muerte que conlleva el capitalismo extractivo porque estamos convencidas de que hacerlo es fundamental para proteger y sostener la vida en todas sus manifestaciones.

  1. Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas:  Situación de las Defensoras de derechos humanos. Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos. 2019.

¿POR QUÉ NOS ATACAN?

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Nuestras luchas incansables han dado frutos concretos como la primera ley del mundo que prohibía la minería metálica, aprobada en El Salvador en 20171 —y lamentablemente revertida en diciembre de 2024 [VER CASO SANTA MARTA]; la derogación en 2022, en Honduras, del proyecto de muerte y despojo que representan las  Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), como respuesta a las demandas de un movimiento social con enorme fuerza popular y feminista;2 la suspensión del proyecto de construcción del Canal Transoceánico en Nicaragua, fruto de la lucha del movimiento campesino y organizaciones ambientalistas del país [VER CASO FRANCISCA RAMÍREZ]; o la cancelación del megaproyecto eólico Gunaa Sicarú en 2022, en México, gracias a la lucha colectiva de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, el cual incluyó un litigio transnacional en tribunales civiles de Paris (Francia) contra la empresa Electricité de France (EDF).3 Sin embargo, enfrentar los intereses económicos detrás de la destrucción y apropiación de nuestras tierras y territorios también ha implicado que vivamos múltiples y dolorosas violencias.

Entre 2012 y 2024 hemos documentado un total de 9,629 agresiones contra defensoras y organizaciones que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente en Mesoamérica. En el mismo periodo, 35 compañeras fueron asesinadas.

En Honduras, 62% del total de agresiones que registramos en el periodo señalado se dirigieron contra defensoras de la tierra, territorio y bienes naturales, erigiéndose así en el tipo de derecho defendido con más agresiones documentadas en este país (6,764). Por su parte, en México, El Salvador y Guatemala las agresiones contra defensoras de tierra y territorio registradas durante estos años representaron 13.4%, 12.7% y 12.3% respectivamente. 

Entre 2012 y 2024 también hemos documentado 738 agresiones vinculadas a acciones de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos de la región, cuyas luchas en ocasiones se entrecruza con la defensa de la tierra y el territorio. 

“En todos los territorios donde hay pueblos indígenas y afrodescendiente con los últimos recursos del planeta, las defensoras reciben agresiones directas por la defensa de la tierra y el territorio… tiene que ver con un exterminio ya que para hacer avanzar el modelo extractivo se llevan a quienes lo cuidan y lo protegen.”

Melissa Cardoza, defensora hondureña.

El informe 2023 de Global Witness indica que México, Honduras, Guatemala y Nicaragua están entre los 10 países del mundo con mayor cantidad de asesinatos por defender la tierra y el medioambiente.4 El Estado de la Región registró en el período 1990-2020, en Centroamérica, que 80.2% de los conflictos socioambientales estuvieron relacionados con la extracción de minerales y materiales de construcción, conflictos por el uso de la tierra asociados a actividades como la agricultura, pesquería, ganadería y forestería, gestión del agua, uso de combustibles fósiles y justicia climática/energética.5 El Mapa Mundial de Justicia Ambiental ha documentado 211 casos de conflictos ambientales en México, 31 en Guatemala, 24 en Honduras, 12 en Nicaragua y 7 en El Salvador.6 Gran porcentaje del territorio mesoamericano está concesionado para la explotación minera: 1.6% en Honduras, 4.84% en Guatemala,7 11% en México8 y 23% en Nicaragua.9

  1. IM-Defensoras: SORORIDAD / Ley aprobada: El Salvador libre de minería metálica
  2. IM-Defensoras: [PRONUNCIAMIENTO] Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras ante extradición de JOH y derogación de las ZEDES.
  3. ProDESC: ¡Revés a EDF en México! Comunidad zapoteca de Unión Hidalgo y ProDESC consiguen la cancelación definitiva del megaproyecto eólico Gunaa Sicarú. 2 de junio de 2022.
  4. Global Witness: Siempre en pie. Personas defensoras de la tierra y el medioambiente al frente de la crisis climática. Septiembre 2023.
  5. Estado de la región: Conflictividad ambiental: una aproximación para el análisis de las presiones sobre los ecosistemas y sus recursos. 2021.
  6. EJAtlas – Global Atlas of Environmental Justice. https://ejatlas.org/ 
  7. Martínez Espinoza, M.I., 2017. El extractivismo minero en América Latina: planteamientos, paralelismos y presunciones desde el caso de Guatemala. En Perfiles Latinoamericanos, 27 (53). https://doi.org/10.18504/pl2753-001-2019
  8. La Jornada: “Concesionado a mineras, 11% del país hasta por 100 años”. 20 de mayo de 2021.
  9. Fundación del Río: Nicaragua y su oro perverso. 14 de julio de 2022.

DEFENDER LA TIERRA, UNA ACCIÓN COLECTIVA QUE SE REPRIME COLECTIVAMENTE

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En este contexto, en nuestra región destacan las agresiones perpetradas en el marco de acciones colectivas de defensoras y comunidades que mantienen viva sus luchas frente al avance del extractivismo en la agroindustria, la minería y la explotación forestal [VER CASO SANTA MARTA]. El carácter colectivo de estas agresiones se debe a que la defensa de la tierra y los bienes comunes no es individualizable,1 ya que sin comunidad y colectividad no es posible defender el territorio. Así, muchas de las agresiones que registramos, como la militarización de territorios y los desalojos, implican violencia directa y generalizada en contra de comunidades, incluyendo a menores de edad y personas adultas mayores, entre otras poblaciones vulnerables [VER CASO AGUA BLANCA SUR].

  1. Vázquez, E. 2019. ¿Defensoras o comunidades en resistencia? Los procesos colectivos de defensa territorial frente a la individualización del “defensor/a ambiental”. En Informe de la Ruta por la verdad y la justicia para la naturaleza y los pueblos. Acción Ecológica.

UNA VIOLENCIA QUE SE PROLONGA Y ACRECENTA

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El análisis de la evolución de las agresiones contra las defensoras de tierra, el territorio y el medio ambiente entre 2012 y 2024 señala tres puntos de inflexión: el primero en 2017, año siguiente al asesinato de Berta Cáceres; el segundo en 2020, caracterizado por las respuestas autoritarias de los gobiernos ante la sindemia por COVID-19; y el tercero en 2022, marcado por la profundización en las políticas de militarización de los territorios y el aumento de los desalojos.

El asesinato, en marzo de 2016,de nuestra compañera Berta Cáceres, dirigente comunal indígena lenca que resistía contra el proyecto de la presa hidroeléctrica Agua Zarca para proteger el río Gualcarque [VER CASO BERTA CÁCERES], marcó un punto de inflexión, en Honduras y en el resto de la la región, que dio visibilidad tanto al liderazgo que ejercen las mujeres indígenas contra el extractivismo capitalista, como a las diferentes manifestaciones de la violencia y la impunidad a las que se enfrentan. De esta forma, el año siguiente a su asesinato, 2017, presenta un incremento sustancial de las agresiones que está relacionado con las vividas por las compañeras que en Honduras se oponían a megaproyectos y exigían justicia para Berta. A partir de entonces, a través de nuestro sistema de registro, en las formas y mensajes de las agresiones contra las defensoras de la tierra y territorio identificamos tendencias y patrones que buscan, sin éxito, apagar sus luchas.1 Desde el asesinato de Berta Cáceres, en marzo de 2016, hasta diciembre de 2024 fueron asesinadas 22 defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Mesoamérica: 6 en México, 3 en Guatemala, 2 en El Salvador, 9 en Honduras y 2 en Nicaragua. 

Posteriormente, con el inicio de la sindemia por COVID-19 en 2020, registramos un aumento de agresiones contra las defensoras de tierra y territorio en todos los países de la región. Esto responde a un contexto de crecientes políticas autoritarias donde, con diferentes matices en cada país, se utilizó la emergencia sanitaria como pretexto para imponer medidas represivas, restringir derechos y profundizar procesos de militarización. Así, las restricciones a la movilidad de las personas defensoras de derechos humanos habilitaron el avance de las políticas de despojo contra los territorios y los cuerpos de las mujeres. En centroamérica, los gobiernos se ampararon en la necesidad de salir de la crisis económica tras la sindemia, para ello incrementaron las concesiones mineras y dinamizaron otras industrias extractivas como los monocultivos.2

A partir de 2022 identificamos una nueva escalada regional de agresiones contra defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. El gráfico 2 muestra como en 2023 las agresiones contra estas defensoras aumentaron significativamente (160% en relación al año precedente, 2022). En este incremento tienen un importante peso las agresiones de carácter colectivo, las cuales pasaron de representar 46% de las registradas en 2020 a 86% en 2024. En los últimos años las agresiones colectivas se han caracterizado por el uso excesivo de la fuerza, con respaldo evidente de autoridades y cuerpos armados, de la mano con la militarización de los territorios y la manipulación de los marcos jurídicos que legalizan la represión y la violencia.

En Honduras, este aumento responde a la agudización de los conflictos territoriales a partir de la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, la cual ha legitimado desalojos masivos [VER CASO AGUA BLANCA SUR] y ha utilizado el derecho penal para criminalizar a quienes luchan por la tierra para favorecer a empresas aceiteras, azucareras y sectores terratenientes [VER CASO MARIA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ]. Sólo en los últimos 3 años (2022-2024) registramos 4,851 agresiones contra defensoras de tierra y territorio en este país. Un caso paradigmático es el de las agresiones contra el pueblo garífuna, el cual viene enfrentando asesinatos, desaparición forzada, violentos desalojos forzados,3 incendios provocados en sus casas de salud ancestral, detenciones arbitrarias, racismo institucionalizado y agresiones contra su espiritualidad,4 entre otras, en un contexto de intento de despojo de sus tierras ancestrales [VER CASO MIRIAM MIRANDA].

En México, entre 2022 y 2024 documentamos 860 agresiones contra defensoras de tierra, territorio y medio ambiente que se enfrentan a grandes intereses económicos detrás de proyectos extractivos o de infraestructura [VER CASO KENIA HERNÁNDEZ]. Algunas de las agresiones registradas se dieron en el marco de actos de resistencia ante el megaproyecto del tren maya, la mega granja porcina en Yucatán, el corredor interoceánico en Oaxaca, la explotación del agua de la empresa Bonafont en Puebla y diferentes proyectos inmobiliarios a lo largo del país.

Finalmente, en el Salvador, la reciente aprobación en diciembre de 2024 de la Ley de Minería Metálica que revierte la histórica prohibición de esta actividad nociva para el medio ambiente, ha desencadenado un proceso de movilización popular que, bajo la vigencia del Régimen de excepción vigente, unido al precedente de la criminalización de cinco ambientalistas de la Comunidad de Santa Marta y la situación de riesgo y amenaza que enfrenta el conjunto de esta comunidad [VER CASO SANTA MARTA], nos recuerda que nuestros logros pueden ser revertidos y que es necesario no dejar nunca de reivindicarlos y defenderlos, y nos obliga a permanecer alerta ante un posible incremento de las agresiones contra las defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente de este país.

Presentación del libro: Totik Marcelo 28 de abril en San Cristóbal de Las Casas

Les compartimos la invitación a la presentación del libro: Totik Marcelo, Profeta y Martir por la Paz de nuestro Pueblo este lunes 28 de abril a las 5 pm en el Seminario Conciliar de San Cristóbal de Las Casas, Calle Julio M Corzo #16, Barrio de Santa Lucia

Casi 100 organizaciones y redes exigimos a Equinox Gold detener amenazas y respetar los derechos de Carrizalillo, Guerrero

Compartimos esta carta difundida por la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA que fue enviada a la empresa minera Equinox Gold – A 13 de marzo del 2025

Hoy, casi 100 organizaciones y coaliciones de Canadá, incluyendo la Red Canadiense para la Rendición de Cuentas Empresarial que abarca 30 organizaciones de todo el país, además de 66 redes y organizaciones de México y otras 31 organizaciones de 12 países enviamos una carta a la empresa minera multimillonaria Equinox Gold.

La carta fue enviada al Presidente y CEO de Equinox Gold, Greg Smith, ubicado en Vancouver, con copia al jefe de la junta directiva de la empresa, Ross Beaty, el embajador de Canadá a México, Cameron McKay. En México fue enviada a los representantes de la de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración de México, Félix Arturo Medina Padilla, y al Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Ochoa Martínez.

Estimado Sr. Greg Smith 

CEO & Presidente, Equinox Gold

Re: Amenazas en contra del Ejido de Carrizalillo y llamamiento a negociaciones respetuosas

Las organizaciones abajo firmantes escribimos con profunda preocupación por la escalada de tensiones, amenazas de violencia y persecución legal hacia los miembros del ejido de Carrizalillo y sus familias, las cuáles viven aproximadamente a 500 M. del masivo patio de lixiviación en la mina Los Filos de Equinox Gold en Guerrero, México y cuyas tierras agrícolas están prácticamente ocupadas en un 100% por la operación minera.

Además de la pérdida de tierras cultivables, la comunidad ha denunciado la pérdida irreparable de más de una docena de fuentes de agua, y la contaminación de otras, así como el correspondiente aumento de los impactos a la salud desde que se instaló la mina en 2007. Los convenios de ocupación territorial y de cooperación social con la comunidad son un requisito legal para que la mina funcione, así también son importantes herramientas de las que dispone la comunidad para compensar los efectos de las pérdidas y daños causados por la mina. Estos acuerdos expiran el 31 de marzo de este año.

Durante más de un año, en el marco de la renegociación de los convenios, su empresa ha lanzado repetidamente un ultimátum, afirmando que si no consigue los términos que busca en los acuerdos renegociados con Carrizalillo y otras dos comunidades «podrá suspender las operaciones indefinidamente o hasta que se establezcan nuevos acuerdos.» Es de nuestro conocimiento que Equinox busca firmar acuerdos a largo plazo con un valor drásticamente reducido para el ejido de Carrizalillo en comparación con los acuerdos actuales, presumiblemente para compensar las pérdidas en Los Filos y justificar nuevas inversiones. No está claro, sin embargo, que los acuerdos con las comunidades sean los culpables de las pérdidas registradas por la empresa en Los Filos en los últimos años. Los documentos presentados por la empresa para 2023 explican estas pérdidas como resultado de cuestiones técnicas y económicas, entre ellas la decisión de la empresa de retrasar la inversión en una nueva planta de procesamiento necesaria para obtener mejores rendimientos, con el fin de centrarse en la construcción de la mina Greenstone, actualmente en funcionamiento, en Ontario. 

Este ultimátum, seguido de una campaña mediática de parte de su empresa en contra del ejido y en particular en contra de los integrantes de la mesa agraria, está dando lugar a una situación de alta tensión que pone en riesgo la integridad física y psicológica de los pobladores en Carrizalillo. La reciente ruptura de las negociaciones y la negativa de la empresa hasta el momento a responder a las peticiones de la comunidad para que se reajuste las condiciones para continuar negociando está dando lugar a una escalada de amenazas y criminalización contra Carrizalillo:

  • Más de una docena de líderes comunitarios, familiares y un asesor de la comunidad han recibido amenazas de muerte desde finales de febrero. 
  • El ultimátum de la empresa ha sido recogido regularmente en los medios de comunicación locales, incluso para señalar a representantes de la comunidad de manera personal como responsables de la amenaza de cierre de la mina, exponiéndoles a ellos y a sus familias al riesgo de la violencia. 
  • La radiodifusora “La Filosita” que la empresa opera dentro del proyecto Los Filos, ha difundido spots en las que se acusa a los representantes de Carrizalillo de obstaculizar los esfuerzos por alcanzar un nuevo acuerdo, en detrimento de los trabajadores y los niños de la comunidad.
  • Dos altos funcionarios de la empresa Equinox Gold, el Sr. André Souza de Amorín, Gerente General de Equinox Gold para Los Filos, y el Sr. Armando Fausto Ortega, vicepresidente Senior de Equinox Gold en México, hicieron recientemente una visita sorpresa a Carrizalillo el sábado 1º de marzo reiterando la amenaza de que si Carrizalillo se negaba a firmar un acuerdo final con la empresa ese día, la mina cerraría.
  • El ejido ha hecho responsable a Equinox Gold y su gerente de responsabilidad social de Los Filos, el Sr. Hugo Vergara, por ser el que dirige la campaña de desprestigio en contra del ejido y de forma reiterada ha manifestado su desprecio en contra de la representación del ejido.

Las amenazas de muerte y la campaña de estigmatización dirigida a integrantes específicos y a la comunidad de Carrizalillo ya representan un acto de violencia psicológica que la empresa instrumenta, y la empresa no puede ser omisa de que las amenazas de muerte que están concatenadas con la actuación de sus operadores pueden desembocar en graves actos de violencia física. No es menor que en ese caso, azuzar una confrontación intercomunitaria a través de la campaña de desprestigio que se implementa, la empresa no tome en cuenta el contexto de la violencia sistémica extrema que se enfrenta en el centro de Guerrero, y obvie o no comprenda que el ejido de Carrizalillo ya ha enfrentado el desplazamiento forzado de la mitad de su comunidad en 2015 y más de 60 asesinatos en los últimos 15 años.

Somo testigos de que el ejido de Carrizalillo no se oponen a las negociaciones y han buscado con usted un reinicio de las conversaciones pero que con respeto, sea independiente de otras dos comunidades que viven a una distancia considerablemente mayor de la mina y que no han sufrido impactos comparables de sus operaciones, y que también sea independiente de los funcionarios del estado de Guerrero, a quienes han denunciado por presionarles indebidamente en la mesa que en vez de ser de negociación han denunciado ha sido de imposición. 

La empresa siempre tiene la discreción de continuar o cerrar sus operaciones, pero debe retirar inmediatamente su ultimátum hacia la comunidad y hacer todo lo que esté en su mano para poner fin a cualquier implicación de su personal en amenazas u otros comportamientos que puedan contribuir a provocaciones y amenazas de violencia. Además, instamos a la empresa a que responda de forma constructiva y respetuosa a las peticiones de Carrizalillo de reanudar las negociaciones sobre los acuerdos de ocupación territorial y de cooperación social. Si, por el contrario, la empresa decide suspender o cerrar la mina, debe entablar conversaciones con la comunidad para determinar los planes de cierre adecuados teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad.   

CC

Ross Beaty, Jefe de la Junta Directiva, Equinox Gold

Mr. Cameron McKay, Embajador de Canadá en México 

Sylvie Bedard, Directora General – Centroamérica y el Caribe

Sr. Félix Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración

Sr. Enrique Ochoa Martínez, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos

FIRMAN: 

MEXICO

  1. Red Mexicana de Afectados/as por la Minería (REMA)
  2. Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño
  3. Coolectivo de Académicos Sudcalifornianos
  4. La Sandia Digital
  5. Ideas Comunitarias
  6. El fogón de las palabras
  7. Rizoma Entretejiendo la Defensa de los Bienes Comunes
  8. Centro de Investigación y Capacitación Rural (CEDICAR)
  9. Mujer y Medio Ambiente
  10. Teleradiocosta
  11. Fundación Bajío Sahuaro
  12. Cooperación Comunitaria A.C.
  13. Al Sur: Latin American Studies Project
  14. Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Limeddh
  15. Bienestar Comunitario Cicacalco
  16. Frente Popular en Defensa del Soconusco
  17. Secretariado Social Mexicano
  18. GeoComunes
  19. Geo-grafías Comunitarias
  20. Cineclub La Luciérnaga
  21. Mujeres y maíz
  22. Pastoral Social, Iglesia Anglicana de México
  23. Colectiva ¡Cambiémosla Ya!
  24. Bios Iguana A.C
  25. Colectivo Tecuan
  26. Instituto Guerrerense de DH AC
  27. CartoCrítica
  28. Mujer Libre Mx La Fuerza de Ixchel AC
  29. Centro de Estudios de la Región Cuicateca-Oaxaca
  30. Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano
  31. Maxtum Kalaw Chuchutsipi 
  32. Movimiento Morelense contra la Minería Tóxica por Metales 
  33. Movimiento Cívico Obradorista 
  34. Alianza Mexicana contra el Fracking
  35. Centro Cuicateco de los Derechos Humanos
  36. Otros Mundos Chiapas 
  37. Impulso Sustentable Lek
  38. Modi Te Yu Nguani
  39. Comité en Defensa del Territorio de Guadalcazar
  40. Casa Armaluz, Organización de Educación Acción Comunitaria del Pueblo Originario de San Pedro Cuajimalpa CDMX. 
  41. Colectivo Sí a la Vida
  42. Corriente del Pueblo Sol Rojo 
  43. Comité ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio
  44. Comité de Hijos Ausentes de Temaca en Guadalajara 
  45. Asociacion Ecologica Santo Tomás, A.C.
  46. Geografía Septentrional
  47. Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas
  48. Salvemos Temaca
  49. Comunidades Unidas Zimapan, a c.
  50. Colectivo del periódico El Zenzontle Ricc
  51. Querétaro con Palestina
  52. Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C.
  53. Colectiva Malditos Plásticos
  54. Red de Mujeres Zoques Construyendo Esperanza
  55. Unitierra Jonotla 
  56. API-NAHU
  57. Mujeres para el Diálogo 
  58. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral
  59. Asociación por la Protección de la Tierra  y Bienestar de Epazoyucan A.C.
  60. Grupo Promotor Controlaría Autónoma del Agua de Guanajuato 
  61. Morras Por El Territorio
  62. Fundación Don Sergio Mendez Arceo 
  63. SICSAL
  64. Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero
  65. Centro de Derechos Humanos Paso del Norte 
  66. ITESO

CANADÁ

  1. Canadian Network on Corporate Accountability  (CNCA) (representa a 30 organizaciones canadienses) 
  2. MiningWatch Canada
  3. Common Frontiers
  4. Mining Justice Alliance- Vancouver
  5. CoDevelopment Canada
  6. Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL)
  7. Rights Action
  8. Friends of the Earth Canada
  9. Atlantic Regional Solidarity Network
  10. Observatory on Violence, Criminalization and Democracy, University of Ottawa
  11. Trade Justice Group of Council of Canadians
  12. Mining Injustice Solidarity Network

INTERNACIONAL

  1. Yes to Life, No to Mining, Red de Solidaridad Global
  2. Institute for Policy Studies – Mining & Trade Project, EE.UU.
  3. Earth Thrive, Reino Unido/Balkans
  4. Earthworks, EE.UU.
  5. WITNESS, EE.UU
  6. Project Sepik, Papua Nueva Guinea
  7. Save Our Sperrins, Irlanda del Norte
  8. The Gaia Foundation, Reino Unido
  9. CATAPA, Bélgica
  10. Aid/Watch, Australia
  11. Kalikasan People’s Network for the Environment, Filipinas
  12. Grupo de Mujeres Guerreras de Morazán, El Salvador 
  13. UNIR in Haití
  14. Universidad Itinerante de la Resistencia en Haití
  15. Salva la Selva, España
  16. Center for Interdisciplinary Environmental Justice, EE.UU.
  17. TerraJusta, Bolivia
  18. Chicago Religious Leadership Network on Latin America, EE.UU.
  19. Derechos Humanos y Medio Ambiente, Perú

El Escaramujo en la Radio miércoles 5 de marzo 6:00 pm: Una lucha irrenunciable por la justicia: El caso de Berta Cáceres y Gustavo Castro

El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, en este programa estaremos platicando con Gustavo Castro y Miguel Ángel de los Santos en el marco del noveno aniversario de la siempre de nuestra hermana Berta, con el tema: Una lucha irrenunciable por la justicia: El caso de Berta Cáceres y Gustavo Castro. Acompáñanos este miércoles 5 de marzo las 6:00 pm por facebook live y nuestro canal de Youtube.

Una lucha irrenunciable por la justicia

El caso de Berta Cáceres y Gustavo Castro

A nueve años: ¡Justicia para Berta Cáceres, hasta que la verdad sea completa!

Comunicado de Otros Mundos en el marco del noveno aniversario de la siempre de nuestra hermana Berta Cáceres – A 2 de marzo del 2025

Este 2 de marzo se cumplen nueve años del vil asesinato de nuestra hermana Berta Cáceres, mujer indígena lenca, defensora del río Gualcarque y de los derechos de los pueblos. Su lucha y su legado siguen vivos en cada rincón donde las comunidades se organizan para defender sus territorios de la imposición de megaproyectos extractivistas que amenazan la vida.

El camino hacia la justicia ha sido largo y doloroso, pero gracias a la incansable lucha de su familia, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y de organizaciones solidarias, se han logrado avances importantes. La condena contra los autores materiales y la sentencia contra David Castillo, exgerente de DESA y operador clave en su asesinato, representa un paso
significativo en la exigencia de justicia. Sin embargo, no podemos olvidar que falta castigar a quienes planearon y financiaron este crimen: la familia Atala Zablah, dueña de la empresa DESA. La justicia no será completa hasta que todos los responsables sean llevados ante los tribunales. La justicia no puede ser parcial ni selectiva.

A lo largo de estos nueve años, el caso de Berta ha sido símbolo de la impunidad con la que operan las empresas y los grupos de poder en nuestros países, criminalizando, persiguiendo y asesinando a quienes defienden la tierra, el agua y la vida. Pero también ha sido símbolo de resistencia, dignidad y lucha colectiva.

Desde nuestros territorios, hoy, a nueve años de su siembra nos sumamos al llamado de justicia total para Berta y reafirmamos nuestro compromiso con la lucha de Berta, con la defensa de la vida, de los ríos y con la exigencia de justicia plena. La memoria de Berta vive en cada resistencia, en cada comunidad que levanta su voz, en cada río que sigue corriendo libre.


¡Berta Cáceres vive, la lucha sigue!
¡Justicia para Berta Cáceres, hasta que la verdad sea completa!
¡No más impunidad para los asesinos de defensoras y defensores!

Un nuevo paso en la justicia para Berta Cáceres: se instala Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en Honduras

Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta – A 14 de febrero del 2025

Desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) anunciamos que hoy se ha concretado la instalación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para la investigación del feminicidio territorial de nuestra compañera Berta Cáceres.

Esto representa un paso histórico en la lucha contra la impunidad en Honduras y es resultado del caminar incansable de la familia de Berta, las comunidades organizadas del COPINH y el pueblo Lenca que, desde 2016, no han cesado en sus demandas de verdad y justicia.

El GIEI que llega hoy a Honduras es el cuarto en instalarse en América Latina y le anteceden los Grupos conformados para investigar la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México; los crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2018 en Nicaragua; y los hechos de violencia en Bolivia en 2019. En estos casos los GIEI han posibilitado investigaciones independientes que han permitido revelar la verdad detrás de violaciones a derechos humanos y la responsabilidad de los actores involucrados, aun cuando estos han sido el gobierno y el ejército.

En el caso de Berta, el GIEI se instala como respuesta a la exigencia de las victimas para avanzar en la justicia integral, ya que, a pesar de los avances judiciales logrados, como las condenas a los autores materiales y al gerente de la empresa DESA, a 9 años del vil crimen, los autores intelectuales aún no han sido investigados ni procesados y las comunidades no han sido reparadas.

Esta impunidad es una herida abierta para quienes luchamos por justicia para los pueblos y perpetúa la violencia que enfrentan las comunidades indígenas y campesinas en Honduras, uno de los países más mortales en el mundo para quienes defienden el territorio.

Frente a este contexto,el GIEI en el caso de Berta Cáceres tendrá el objetivo de brindar asistencia técnica internacional, desde la perspectiva de los derechos humanos, a las autoridades hondureñas responsables de conducir la investigación respecto de la autoría intelectual y los delitos conexos del asesinato de Berta Cáceres. Asimismo, el grupo trabajará por desarrollar un Plan de Reparación Integral que tome en cuenta a las víctimas colectivas del caso, en aras de reparar el daño causado a las víctimas y sus familias, incluyendo a las comunidades afectadas. Su plazo de ejecución será de 6 meses contados a partir de su instalación este 14 de febrero.

En un contexto de riesgo para las personas defensoras y ante un modelo extractivista que instala la violencia, el despojo, la criminalización y la muerte en las comunidades, es fundamental contar con investigaciones independientes y desde COPINH y CEJIL confiamos en el Grupo Interdisciplinario, conformado por tres personas expertas en derecho internacional de los derechos humanos, derecho penal y criminalidad económica: Roxanna Altholz de Estados Unidos, Ricardo Guzmán de Guatemala y Pedro Biscay de Argentina. Esperamos que su trabajo permita avances en el acceso a la verdad y la justicia para Berta, pero también en la reparación integral de las comunidades y en medidas de no repetición, para que hechos como los que enfrentó Berta, no se repitan.  

Reconocemos la voluntad del Estado hondureño en la conformación del GIEI y demandamos que esa voluntad se mantenga presente para garantizar que el Grupo pueda realizar su labor de manera eficiente y segura y que su trabajo tenga continuidad después de terminada su gestión. Reconocemos igualmente el compromiso y acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la instalación del Grupo y su aporte para atender la situación de derechos humanos en el continente.

Agradecemos a las redes que sostienen la búsqueda de Justicia para Berta, que se nutren de los esfuerzos individuales y colectivos, nacionales e internacionales, de quienes se han comprometido porque los pueblos de Honduras vivan con justicia, en autonomía y libertad. Les pedimos estar pendientes de este proceso y respaldar la investigación desde sus espacios.

Desde COPINH y CEJIL marcamos este momento como un paso firme en el camino de justicia para Berta, para los pueblos y para todo Honduras, y reafirmamos nuestro compromiso de mantener viva la lucha de Berta Cáceres, articulando esfuerzos con organizaciones aliadas, sociedad civil y comunidades indígenas. Exigimos al Estado hondureño garantizar la independencia y el respaldo necesario para el trabajo del GIEI, y responder con celeridad y transparencia a sus hallazgos y recomendaciones.

Sobre el GIEI:

Un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es un grupo de especialistas de diversas disciplinas enfocados en realizar una investigación especializada sobre hechos de violación de derechos humanos. El GIEI-Honduras resulta de un acuerdo entre la CIDH, el Estado de Honduras, COPINH y CEJIL, en el marco de las medidas cautelares de protección otorgadas por la CIDH a familiares de la defensora y miembros del COPINH desde 2016.

Más información sobre el grupo aquí.

La justicia para Berta es justicia para los pueblos.

¡Berta vive, COPINH sigue! ¡Un GIEI para Berta es un GIEI para los pueblos!

Dado en La Esperanza, Intibucá, a los 14 días del mes de febrero de 2025.

“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz”.

La Corte Suprema de Justicia de Honduras confirma sentencias de asesinos de Berta Cáceres, pero modifica agravantes en la condena de David Castillo y envía el caso de Sergio Rodríguez al pleno de la Corte Suprema de Justicia

Con mucha alegría les compartimos esta noticia del Consejo Civico de Organizaciones Populares en Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta a 25 de noviembre del 2024

COMUNICADO N°12 2024: La Corte Suprema de Justicia de Honduras confirma sentencias de asesinos de Berta Cáceres, pero modifica agravantes en la condena de David Castillo y envía el caso de Sergio Rodríguez al pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Comunicacion COPINH

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, hace del conocimiento de la comunidad nacional e internacional lo siguiente:

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ha confirmado las sentencias de siete de los ocho hombres condenados en los juicios de 2018 y 2021 por el crimen contra nuestra compañera Berta Cáceres y el intento de asesinato de Gustavo Castro. Se han ratificado las condenas de David Castillo, empleado principal de la familia Atala; Douglas Bustillo, militar y jefe de seguridad de la empresa de la familia Atala; Mariano Díaz, mayor del ejército de Honduras; Henry Hernández, militar; Elvin Rápalo; Oscar Torres y Edilson Duarte.

Esta decisión confirma una vez más, la existencia de una estructura criminal responsable del asesinato de Berta Cáceres, cuyas cabezas, los miembros de la familia Atala continúan en la impunidad.

La decisión de los magistrados de la Sala Penal ha modificado los agravantes en la sentencia de David Castillo, lo que implica una reducción de su condena, y ha enviado el caso de Sergio Rodríguez al pleno de la Corte Suprema debido a la falta de unanimidad sobre la ratificación. Estas modificaciones son producto de las presiones indebidas al órgano de justicia y demuestra la continuidad de la existencia de la estructura criminal detrás del crimen contra Berta Cáceres.

El derecho al acceso a la justicia se sigue obstaculizando por parte de los intereses económicos y políticos que tienen sus garras dentro del sistema de justicia hondureño y que pretenden beneficiar a la familia Atala y sus aliados criminales.

La decisión de enviar el caso de Sergio Rodríguez al pleno de la Corte Suprema prolonga aún más el proceso judicial y demuestra que el sistema de justicia hondureño continúa favoreciendo la impunidad de quienes actúan en nombre de intereses empresariales por encima de los derechos de las comunidades indígenas.

Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a redoblar esfuerzos en esta etapa crucial para responsabilizar a los autores intelectuales del crimen. Puesto que la lucha por la Justicia para Berta y para los pueblos continúa. No descansaremos hasta que todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, enfrenten las consecuencias de sus crímenes y se profundice la grieta de la justicia en el muro de la impunidad en Honduras.

El COPINH, las comunidades Lencas organizadas, junto a la madre, hijas e hijo de Berta Cáceres, agradecemos profundamente a todas las personas, organizaciones, instituciones y espacios solidarios en Honduras y el mundo por su incansable respaldo en esta lucha por la justicia. Estas sentencias marcan un precedente importante en la historia de Honduras, y son un aliciente para continuar en la lucha por la justicia para los pueblos.

Reafirmamos nuestro compromiso con la justicia social en Honduras y la reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas por las que luchó nuestra Berta. 

Dado en La Esperanza, Intibucá, a los 25 días del mes de noviembre de 2024.

“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz.”

Honduras: Finalmente se establecen las condenas para los funcionarios públicos culpables del caso Fraude sobre el Gualcarque

Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre los pasos para llegar a una verdadera #JusticiaParaBerta – A 15 de noviembre del 2024

Condenas en Caso Fraude sobre el Gualcarque

Roberto David Castillo Mejía, Gerente de DESA, y Carolina Lizeth Castillo Argueta, ex-funcionaria de la ENEE, ambos culpables de fraude:

5 años de prisión
Inhabilitación absoluta por el doble de la pena
Multa de 380,000 Lempiras


Raúl Pineda Pineda, ex-alcalde de San Francisco de Ojuera, enfrenta dos delitos:

Delito de falsificación de documentos públicos
: 2 años de prisión + multa de trabajo social
Delito de usurpación de funciones: 1 año y 1 mes de prisión + inhabilitación para cargos municipales por 6 años

Estas sentencias marcan un paso importante hacia la justicia para el pueblo Lenca, el COPINH y la justicia por el asesinato a Berta Cáceres, evidenciando que la concesión del Río Gualcarque fue un fraude en beneficio de la familia Atala, que involucraba corrupción, usurpación y falsificación de documentos por parte de funcionarios públicos
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Tras homicidio del padre Marcelo incrementan amenazas y acciones del crimen organizado contra sacerdotes y comunidades

Compartimos esta nota de Chiapas Paralelo sobre lo que ha acontecido a un dos semanas del asesinato del Padre Marcelo – A 4 de noviembre del 2024

Por Ángeles Mariscal

“Estamos en riesgo, estamos en riesgo y eso preocupa grandemente porque salir de la casa nos vulnera considerablemente”, dio a conocer el Vicario de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal, Miguel Montoya, quien explicó que a partir del asesinato del padre Marcelo ha sido bastante complicado ejercer la labor ministerial.

Posterior a la celebración religiosa en el marco de la peregrinación por los 100 años del natalicio del obispo Samuel Ruiz García, y por la demanda de justicia para esclarecer el crimen, el Vicario detalló que en vehículos y motocicletas, personas con el rostro cubierto han hostigado a integrantes de la Diócesis.

“Es un signo que preocupa, preocupa porque está siendo pues una ardua tarea, un fuerte riesgo ejercer el servicio (religioso)”.

Detalló que también, en las dos semanas que han pasado tras el asesinato, se ha incrementado el nivel de inseguridad en el estado, “se ha incrementado muchísimo y no sólo para quienes ejercen una labor ministerial, sino para todos, todos los que estamos viviendo en Chiapas”.

“Estamos en riesgo, estamos en riesgo y eso preocupa grandemente porque salir de la casa nos vulnera considerablemente”, dijo el sacerdote, quien hizo “un llamado con una profunda caridad y en una sintonía de paz, a las autoridades del estado, a las autoridades federales, para que puedan ellos ofrecer las garantías de seguridad, pero no sólo para nosotros, no lo pedimos para la iglesia, no lo pedimos para los curas, las religiosas, servidores, servidoras que laboramos en las comunidades, sino que lo solicitamos, lo pedimos por todos los habitantes, todo el pueblo”.

Pidió a las autoridades “que no cierren los ojos a la realidad de violencia que estamos teniendo en el estado de Chiapas (…) la violencia que se ha disparado, se ha disparado y no sabemos si va a disminuir, más bien pensamos va en aumento, un creciente aumento”.

Por su parte, representantes de los feligreses explicaron que como pueblo organizado están trabajando para terminar con la violencia “pero con una diferencia muy grande, nosotros no optamos por las armas, sino con nuestra palabra como Diócesis de San Cristóbal, buscamos una lucha sin violencia (…) somos un pueblo que queremos caminar con una paz, que el pueblo también sienta que sí se puede vivir con esa paz”.

Más información:

#JusticiaParaMarcelo Alta colectivo en memoria del Padre Marcelo Pérez Pérez en la Plaza de la Paz 6 pm en San Cristóbal de Las Casas

La sociedad civil de San Cristóbal de Las Casas convoca a participar en el altar colectivo en memoria del querido Padre Marcelo

Sábado 2 de noviembre 6 pm en la Cruz de la Plaza de la Paz en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Lleva flores, velas, fotografías, música, poemas, mensajes de justicia y solidaridad etc.

Amigos de la Tierra America Latina y El Caribe (ATALC), la REMA, el COPINH y la Red DESC se pronuncian sobre el asesinato del Padre Marcelo Pérez Pérez

Compartimos estos comunicados de Amigos de la Tierra America Latina y El Caribe ATALC, la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el asesinato del Padre Marcelo Pérez Pérez – a 21 y 22 de octubre del 2024

Comunicado de: Amigos de la Tierra America Latina y El Caribe ATALC

Repudiamos el asesinato del Padre Marcelo Pérez Pérez

Solidaridad Internacionalista con los pueblos mexicanos

El día 20 de octubre a las 7:30 de la mañana el Padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de la Iglesia de Guadalupe de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, fue asesinado después de haber oficiado misa en un barrio de dicha ciudad.

Marcelo Pérez Pérez era un indígena de la etnia maya tsotsil que había sido párroco en diferentes municipios de la región Altos del estado de Chiapas, desde donde defendió incansablemente los derechos de los pueblos originarios. Fue un valiente defensor de la Madre Tierra y los territorios, así como un decidido promotor de la paz y de la justicia.

A causa de su trabajo, el Padre Marcelo fue víctima de muchas amenazas, incluidos por lo menos cinco atentados contra su vida. En diversos espacios y medios se denunció la vulnerabilidad en la que se encontraba. Sin embargo, el Estado mexicano fue incapaz de garantizar su seguridad y por esta razón, desde 2015 el Padre Marcelo contaba con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al final resultaron insuficientes.

Desde Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) expresamos nuestra consternación por el asesinato de Marcelo Pérez Pérez y exigimos al Estado mexicano que cumpla con su deber investigando con profesionalismo el terrible crimen y llevando ante la justicia a los responsables. No aceptaremos la perpetuación de la impunidad que se ha generalizado en México en las últimas décadas y que tiene a varias regiones del país, incluido el estado de Chiapas, sumidas en la peor espiral de violencia de su historia reciente.

Creemos que únicamente mediante la lucha contra la impunidad, es posible evitar que estos hechos se repitan. A la comunidad internacional, a las organizaciones y movimientos sociales de América Latina y el Caribe y de diferentes partes del mundo les llamamos a denunciar este crimen, y a mantenernos en alerta permanente frente a los atentados e injusticias contra los que defienden la vida.

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe / 21 de octubre de 2024

@atalc

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA

Expresamos dolor e indignación por el asesinato del Padre Marcelo Pérez Pérez.

Expresamos nuestra profunda indignación y dolor ante el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez quien, durante años, denunció la violencia criminal y los actos crueles cometidos contra las comunidades Chiapas, gran defensor de derechos humanos, de la tierra y el territorio. Incansable constructor de paz.

A pesar de las múltiples amenazas, difamaciones y hostigamientos, su voz se mantuvo firme, señalando la urgencia de abordar la violencia en Chiapas. Hoy lamentamos que su vida haya sido arrebatada en un acto atroz, el cual refleja la creciente impunidad y la grave crisis de violencia que vive Chiapas.

Padre Marcelo caminó con el pueblo indígena de Chiapas para defender a la madre tierra y denunciar los proyectos extractivos, realizó un gran trabajo por denunciar la minería y sus consecuencias a los bienes naturales, siempre solidario con las luchas, animador de la esperanza.

Querido Marcelo, tu voz nunca será callada, vivirá siempre en cada paso de nuestros actos de resistencia. Tu vida será legado y siempre nos convocará a seguir luchando por la justicia.

Nos unimos al clamor por justicia, exigiendo que se investigue y castigue a los responsables, tanto materiales como intelectuales, de este crimen.

Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH

¡ALTO A LA VIOLENCIA EN CHIAPAS!

Con mucho dolor, tristeza e indignación, condenamos el asesinato del defensor de derechos humanos y sacerdote/Padre tzotzil Marcelo Pérez Pérez al salir de dar misa la mañana del domingo 20 de octubre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el sureste mexicano

No más impunidad. No más violencia. Nos unimos a la demanda de que se tomen todas las medidas urgentes y necesarias para garantizar y proteger la vida, la integridad y la seguridad personal de las comunidades indígenas, incluidas las familias de los Bases de Apoyo Zapatista, evitando que la situación de violencia y riesgo denunciada en varias regiones de Chiapas empeore. Exigimos justicia y protección para todos y todas las defensoras. #JusticiaPorElPadreMarcelo#AltoALaViolencia#Chiapas

Comunicado de la Red DESC

Lamentamos y denunciamos el asesinato del Padre Marcelo Pérez

El Padre Marcelo Pérez fue un destacado defensor de la Madre Tierra y los derechos humanos, comprometido con la justicia social y la reconciliación para la construcción de paz. Debido a su labor de defensa, se encontraba en una situación de riesgo inminente. En este contexto, desde el año 2015, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares para su protección.

El asesinato del Padre Marcelo Pérez es una muestra más del alarmante aumento de la violencia en Chiapas denunciado por diversos movimientos y organizaciones. Desde hace varios años, las y los miembros de la Red-DESC han reflexionado sobre la economía política de la violencia, o las causas estructurales que llevan a contextos de creciente violencia y represión en muchas comunidades, lo que en última instancia señala cómo los distintos grupos e individuos se benefician económicamente del aumento de la violencia o utilizan la violencia para proteger sus intereses económicos. Este escenario constituye un riesgo aún mayor para las personas, movimientos y organizaciones que defienden a la Madre Tierra y los derechos humanos.

Lamentamos que sean las propias autoridades quienes ubiquen en mayor vulnerabilidad y riesgo a quienes defienden los derechos humanos, criminalizando sus acciones y vinculándolos como sospechosos de la comisión de delitos. Ese fue el caso del Padre Marcelo y de otras personas que han sido involucradas, por ejemplo, en el conflicto de la comunidad de Pantelhó.

La Red-DESC se une a la exigencia a las autoridades de los tres niveles de gobierno en México para realizar una investigación que acerque a la verdad y la justicia sobre este terrible asesinato. De igual forma, exigimos que el Estado mexicano aborde la situación en Chiapas con una perspectiva de derechos humanos y de reconstrucción del tejido social en las comunidades particularmente indígenas asoladas por la violencia al servicio de intereses privados y frecuentemente generada por diversos grupos pertenecientes al crimen organizado.

Más información:

Otros Mundos Chiapas A.C. expresamos nuestra indignación ante un hecho atroz largamente anunciado, el asesinato del Padre Marcelo Pérez Pérez,indígena tsotsil, defensor de la Madre Tierra y los derechos humanos,promotor de la paz y reconciliador comunitario

Comunicado de Otros Mundos ante el vil asesinato del querido Padre Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas – A 20 de octubre del 2024

Hoy a las 7:30 de la mañana fue asesinado en el barrio de Cuxtitali, de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el Padre Marcelo Pérez Pérez, indígena tsotsil, defensor de la Madre Tierra y los derechos humanos, promotor de la paz y reconciliador comunitario que vivió para servir a las comunidades indígenas y mestizas que acompañó.

Durante su desempeño pastoral, el Padre Marcelo desafió a los poderes formales y de facto que atentaran contra los intereses colectivos de los pueblos originarios. Desempeñó un papel decisivo en la mediación de diversos conflictos inter e intracomunitarios y su palabra solidaria hizo eco allí donde hubiera una causa justa que defender. Por todo ello, fue descalificado, amenazado, perseguido y calumniado. Hoy las amenazas se hicieron dolorosa realidad.

Desde Otros Mundos Chiapas A.C. expresamos nuestra indignación ante un hecho atroz largamente anunciado. Exigimos el esclarecimiento puntual del crimen y la aplicación de la ley. Rechazamos cualquier intento de minimizar el caso y presentarlo como un hecho aislado de violencia. Tampoco aceptaremos ninguna acción que perpetúe la impunidad que caracteriza a la justicia en México, sobre todo en el estado de Chiapas.

¡¡¡JUSTICIA PARA MARCELO PÉREZ PÉREZ!!!

Atentamente

Otros Mundos Chiapas A.C.

Ilustración: Alter Nativas

Más información: