Llamado a las autoridades hondureñas a hacer justicia en el asesinato de Berta Cáceres

Compartimos este comunicado de Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG), Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Robert F. Kennedy Derechos Humanos (RFKHR), Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) sobre el caso #JusticiaParaBerta – A julio 2024

La justicia en el caso de Berta Cáceres sigue siendo denegada por la Corte Suprema de Justicia de Honduras, que no ha confirmado las condenas de los ocho individuos responsables de su asesinato. El retraso innecesario de la Corte en asumir el caso perpetúa el ciclo de impunidad por la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos en Honduras y causa a su familia un sufrimiento inconmensurable mientras esperan un resultado definitivo en su caso.

Berta Cáceres, lideresa indígena y activista social hondureña, fue asesinada el 2 de marzo de 2016 tras liderar la oposición a la instalación inconsulta e ilegal de la represa de Agua Zarca. La represa es un proyecto hidroeléctrico de la empresa DESA (Desarrollos Energéticos S.A.), propiedad de la poderosa familia Atala Zablah de Honduras. 

El 29 de noviembre de 2018, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal dictó sentencia condenatoria por el asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro contra las siguientes personas: Douglas Bustillo (ex militar, jefe de seguridad de DESA), Mariano Díaz (mayor del ejército), Henry Hernández (ex militar, sicario), Sergio Rodríguez (Gerente Ambiental y Social de DESA), Elvin Rápalo (sicario), Óscar Torres (sicario) y Edilson Duarte (sicario). Cada uno de ellos fue condenado a penas de entre 30 y 50 años de prisión el 2 de diciembre de 2019. El 5 de julio de 2021, el Tribunal también emitió una condena contra David Castillo (gerente general de DESA, ex militar) por el asesinato de Berta Cáceres como coautor del crimen. Casi un año después, el 20 de junio de 2022, el Tribunal condenó a Castillo a 22 años y 6 meses de prisión. Los condenados en ambos casos interpusieron recursos contra las sentencias, pero hasta la fecha, la Corte Suprema de Justicia no ha emitido una resolución sobre ninguno de los dos casos.

El proceso judicial en el caso de Berta Cáceres sienta un importante precedente en Honduras para acabar con la impunidad, ya que es la primera vez que se juzga y sanciona a miembros de una poderosa empresa por crímenes contra comunidades y organizaciones indígenas en el contexto de la defensa del territorio. Es indispensable que la Corte Suprema de Justicia emita una resolución y confirme las sentencias de las ocho personas ya condenadas por este delito para continuar la lucha contra la impunidad en Honduras. Las organizaciones abajo firmantes hacemos un llamado a las autoridades judiciales hondureñas para que emitan resoluciones que confirmen las sentencias de los responsables mencionados y garanticen justicia por el asesinato de Berta Cáceres. 

Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG)

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Robert F. Kennedy Derechos Humanos (RFKHR)

Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Continúan sin confirmarse las sentencias contra los responsables del asesinato de Berta Cáceres

Compartimos este comunicado de IM-Defensoras – A 8 de mayo del 2024

A 8 años del asesinato de Berta Cáceres, feminista, defensora del territorio y de los derechos del pueblo Lenca, las sentencias condenatorias en contra de los autores materiales y el coautor del crimen siguen sin ser firmes y el proceso de justicia bajo ataque.

En días recientes, Juan Carlos Sánchez Cantillano y Ritza Antúnez, abogados de David Castillo, condenado como coautor del asesinato de Berta Cáceres por el Tribunal de Sentencia el 5 de julio de 2021, han desarrollado una campaña de falsedades con el interés de afectar el proceso de justicia para Berta Cáceres y la confirmación de las sentencias de los responsables de su muerte.

Este ataque intenta criminalizar a la perito del Ministerio Público y busca entorpecer el deber que tiene la Sala de lo Penal de ratificar la sentencia condenatoria contra David Castillo y los demás asesinos de Berta Cáceres.

Los señalamientos hechos por la defensa de David Castillo pretenden crear duda y confusión, sin embargo, han sido desmentidos a través de comunicados por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y organizaciones que le acompañan. Y ya han sido desestimados en juicio por el Tribunal de Sentencia que condenó a Castillo.

Dichas organizaciones señalaron que las propias comunicaciones de los condenados son la prueba fundamental que corroboran su responsabilidad penal. Además que las extracciones de las comunicaciones de los celulares de los imputados realizadas por el Ministerio Público, coinciden plenamente con las realizadas por el perito de la defensa de Castillo, Sean Bodde. La información extraída de los aparatos telefónicos prueba que David Castillo participó en la planificación, coordinación, ejecución y pago del asesinato de Berta Cáceres.

Cabe destacar que la supuesta denuncia fue presentada ante el Ministerio Público una semana después del nombramiento de Juan Carlos Sánchez Villalobos como director de fiscales del Ministerio Público. Sánchez Villalobos es reconocido por defender a imputados en casos emblemáticos de corrupción. Fue parte de la defensa de Carolina Castillo en el juicio “Fraude sobre el Gualcarque”, caso que evidenció la corrupción en el otorgamiento de licencias inconsultas para la explotación del sagrado río Gualcarque que originó violaciones a los derechos del pueblo indígena Lenca en los departamentos de Intibucá y Santa Barbara.

El pasado 3 de mayo, tanto Carolina Castillo como David Castillo fueron hallados culpables por fraude y Raúl Pineda por usurpación de funciones y falsificación de documentos, sentando un nuevo precedente que demuestra la estructura criminal detrás del proyecto Agua Zarca.

Lo anterior es relevante porque muestra el posible tráfico de influencias para dejar impune este terrible asesinato y porque la causa Berta Cáceres está relacionada con el caso Fraude sobre el Gualcarque.

Paralelamente, acciones por parte de Sergio Ramón Ramírez Orellana, otro condenado por el asesinato de Berta Cáceres, buscan manipular el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todas estas acciones buscan afectar negativamente los resultados que ha ofrecido el sistema penal en este caso, fruto de la exigencia de justicia de la familia, del COPINH y de la lucha contra la impunidad y por la preservación del Estado de Derecho.

Las organizaciones firmantes condenamos estas maniobras que ponen en riesgo el proceso y a las personas que intervienen en él. De igual manera, exigimos a la Corte Suprema de Justicia presidida por la magistrada Rebeca Raquel, y la Sala de lo Penal compuesta por los magistrados Walter Raúl Miranda Sabio, Mario Rolando Díaz  y Nelson Danilo Mairena Franco, la inmediata confirmación de la sentencia ya emitida contra los 7 hombres responsables de la autoría material del asesinato de Berta Cáceres y la sentencia contra  David Castillo, como coautor de este crimen.

Las defensoras son el sostén de la vida en sus comunidades. Por eso, cada acción contra las defensoras es un atentado contra la comunidad en su conjunto, que muestra un modelo de desarrollo extractivista,  capitalista y depredador, que es profundamente patriarcal y por eso ataca de forma específica y diferenciada a las mujeres.

Nos sumamos al llamado del COPINH para que la comunidad nacional e internacional permanezcamos alertas y vigilantes del funcionamiento del sistema de justicia de Honduras para garantizar al pueblo Lenca el efectivo acceso a la verdad, justicia, reparación y a medidas de no repetición.

ADHESIONES

Organizaciones internacionales: Centre for Civil and Political Rights (CCPR-Centre), Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, Colectivo Caminando Fronteras, Comité de Solidaridad con los Pueblos – Interpueblos, Coordinadora Asturiana de ONGD (CODOPA), Cultural Survival.Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte.Equality Now, FIDH (Federación Internacional por los Derechos Humanos), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Foro Honduras Suiza, Hondurasdelegation, International Service for Human Rights (ISHR), Lisangà culture in movimento Italia, Lumaltik Herriak, MUGARIK GABE, Observatoire International des Avocats en Danger, Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Organización mundial contra la tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Red Ecofeminista, Robert F. Kennedy Human Rights, Soldepaz Pachakuti, Solidarity Economy Association, South Feminist Futures (SFF),Synergía, iniciativas para los derechos humanos, Trocaire (Honduras), Witness for Peace – Solidarity Collective, Zehar-Errefuxiatuekin.

Organizaciones regionales: ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Fundación para Estudio e investigación de la Mujer (FEIM), Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), Instituto Las Segovias, Jamaa Resource Initiatives, Latin America Working Group (LAWG), Latinas en Poder, MENA Fem Movement For Economic, Development And Ecological Justice, MIRA: feminismos y democracias, Protection International, Oficina para Mesoamérica, Red de Solidaridad para la transformación social (REDS), Red Europea de Comités Oscar Romero (SICSAL-Europa), Rights Action.

Organizaciones nacionales y locales: Alemania: Oficina Ecuménica por La Paz y la Justicia.

Argentina: Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir (RDBV) de la región de la Patagonia, Unidos por Nuestras Acequias de la región Paravachasca en Córdoba, Red Disidente Santiagueña de Santiago del Estero, VICAM: Vicuñas, camélidos y ambiente, Nómadas Comunicación Feminista de la región de la Patagonia.

Bolivia: Comunidad de Derechos Humanos, Red Nacional Alianza Libres sin Violencia.

Colombia: Tamboras Insurrectas Colectiva Feminista,Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (CAJAR), Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (SINDHEP), Comunidad Guaguas Guaneñas, Catedra de Paz Alfredo Molano Bravo (CEPAZ), Juntanza feminista de mujeres y disidencias sexuales de Cali, Fundación Tejiendo Cultura Caribe, Asociación Nacional de Mujeres Colombianas (ASONAM), Corporación para el Desarrollo Regional (CDR) de Cali, Fundación Grupo de Teatro La Mascara de Cali, Escuela Política Travesía por la Paz y la Equidad de Género.

 Costa Rica: Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica.

 Ecuador: Organización del pueblo kichwa Saraguro SAKIAT.

 El Salvador: Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Asociación por el Respeto de los Derechos de la Mujer Salvadoreña (ARDEMUSA), Centro Cultural Casa Bruja, Colectiva Amorales, Colectiva Feminista por el Desarrollo Local, Colectivo Alejandría, COSAL, Red Salvadoreña Defensoras de Derechos Humanos (RSDDH).

Estado Español: Ecologistas en Acción, Grup Suport Con Vos, SOS Ribagorza, Araba Bizirik de Euskal Herria, AHTrik EZ Arabako Haranak de Euskal Herria.

Estados Unidos: Madre Tierra, Organización de Mujeres Latinas Inmigrantes en Washington, DC, Virginia & Maryland.

Guatemala: Asociación Pop No’j, Convergencia por los Derechos Humanos de Guatemala, Consejo del Pueblo Maya (CPO), Organización de Mujeres Tierra Viva.

Honduras: ACI PARTICIPA, Bufete Justicia para los Pueblos, Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Red Nacional Defensoras de Derechos Humanos en Honduras.

Kirguistán: Bir Duino Human Rights Movement.

Liberia: Green Advocates International.

México: Alianza Sierra Madre en Chihuahua (ASMAC), Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura (CPOOEM), Otros Mundos Chiapas A.C., Consorcio Oaxaca, Colectivo del periódico El Zenzontle, Comunidad Teo Tepahkale en Ciudad de México, El Puente SC. en Chiapas, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM),Taller Integral para el Desarrollo Comunitario TAIDECO A.C., Tamaulipas Diversidad Vihda Trans A.C, Sí hay mujeres en Durango A.C., Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP), Comunidad Casas de Medicina y Partería Tradicional en México,Servicios y Asesoría para la Paz A.C.  (SERAPAZ), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), Secretariado Social Mexicano (SSM), Tlalij, yolojtli uan nemililistlij de San Luis Potosí, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC).

Mongolia: Oyu Tolgoi Watch.

Nicaragua: Agenda Propia Nicaragua, Asociación para el Desarrollo Integral de la Mujer (APADEIM), Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Morada Feminista Nicaragua-UK, Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM), Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Unión Democrática Renovadora (Unamos).

Perú: Demus Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Paz y Esperanza.

Uganda: Women Human Rights Defenders Network Uganda.

Venezuela: Acción Solidaria,Vicaría de Derechos Humanos de Caracas.

Foro: Violencia contra defensoras y defensores ambientales en Centroamérica: el caso de la empresa TRECSA

Les compartimos esta invitación para este foro donde participará nuestro compañero Gustavo Castro

Ana Laura Rojas es defensora de los derechos humanos en Guatemala y comunicadora social, además es parte de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Empresa TRECSA.
Esta organización ha sido víctima de múltiples agresiones por parte de personas vinculadas TRECSA.

Este miércoles 7 de mayo a las 4:00 PM, hora de Centroamérica, tendremos un foro virtual de la mano de referentes regionales  de la lucha por la defensa de los ríos
Puede inscribirse al foro en solidaridad con Ana Laura en el link:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIlcOGtqTkiG9xWFe9BYoEObY-_X3qVyknr
Además transmitiremos el foro por: https://facebook.com/bloque.verde/ y por https://www.facebook.com/socioambientalesucr.kioscos

Puebla: Alto a la brutalidad policíaca contra los Pueblos de Cholula

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 3 de mayo del 2024

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería repudiamos la brutal represión el pasado 30 de abril por la noche, donde un operativo de la guardia nacional y policías de los municipios de Calpan, Huejotzingo, Chiutzingo, Xoxtla, Tlaltenango, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, dispararon contra la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua, que mantienen un plantón pacífico desde el 21 de marzo del presente en el basurero intermunicipal ubicado en San Pedro Cholula, en el Estado de Puebla, que está contaminando aire, suelo y los mantos freáticos, afectando la salud de 250 mil habitantes.

La “Planta Procesadora de Residuos Sólidos Urbanos” operada por la empresa Pro Faj Hidro Limpieza S.A. de C.V., cuyo dueño es Cuauhtémoc Ochoa candidato a senador por Morena, se instaló desde abril de 2016 y recibe los desechos de 21 municipios de la región sin ningún tipo de manejo previo.

El 9 de abril la PROFEPA clausuró el basurero a cielo abierto ya que la empresa no cumplió con medidas urgentes como el manejo de los lixiviados, control de fauna nociva y monitoreo de la calidad del agua, lo que contradice a Norma Angélica Sandoval, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, quien dijo “que el basurero funciona correctamente, no contamina y cumple con la NOM 083”. Sin embargo, el 29 de abril, supuestos trabajadores de la empresa retiraron los sellos de clausura.

Nos unimos solidariamente a las exigencias de cese inmediato a las agresiones y al hostigamiento de la fuerza pública; cierre definitivo del basurero a cielo abierto, su programa de remediación, y un plan de manejo responsable de la basura; que cada municipio se haga responsable por su basura; respeto total a la autodeterminación de los pueblos originarios y su derecho a defender la tierra, el agua y la vida.

Responsabilizamos al gobernador Sergio Salomón Céspedes y los presidentes municipales de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula de cualquier daño que puedan sufrir las y los miembros Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua

¡RESPETO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!
¡VIVA LA LUCHA POR LA VIDA!
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Imagen: La Jornada Oriente

Más información:

COPINH: ¡Exigimos justicia en el Caso Fraude sobre el Gualcarque!

Compartimos este comunicado con Consejo Cívico de Organizaciones Populares en Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso del Fraude del Río Gualcarque – A 29 de abril del 2024

El Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada y Corrupción ha convocado a audiencia de fallo para el viernes 3 de mayo, momento clave en la búsqueda de justicia en el caso del Fraude sobre el Gualcarque.

En marzo del 2023, concluyó la fase del juicio que expuso una red de corrupción que afectó a la comunidad Lenca de Río Blanco y resultaron en el vil asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. Durante el proceso, se presentaron decenas de medios de prueba, entre testimonios, documentos y pericias que demostraron la responsabilidad penal de los seis imputados en delitos graves como fraude, violación de deberes de los funcionarios, falsificación de documentos y usurpación de funciones.

La evidencia presentada reveló como una red criminal entre funcionarios del Estado operaba en favor de la empresa DESA, violando los derechos de la comunidad Lenca de Río Blanco. Estos actos de corrupción, ocurridos entre 2009 y 2012, condujeron ilegalmente a la concesión del Río Gualcarque a la empresa DESA, en fraude al Estado de Honduras y a la comunidad Lenca de Río Blanco.

Este caso presenta una oportunidad para avanzar en la lucha contra la corrupción en Honduras y sentar precedentes judiciales sobre la lucha anticorrupción y por los derechos humanos en el país. No solo se trata de la afectación de los derechos a la tierra y al agua de la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, sino también de la estrecha relación entre la denuncia pública de la corrupción y el asesinato en 2016 de nuestra compañera Berta Cáceres.

Por todo lo anterior el COPINH demanda:

  1. Que el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada y Corrupción, integrado por Karla María Arita, Nilser Jasmin Ramirez Carvajal y Fernando Gabriel Morazán, cumpla con su deber y emita un fallo coherente con las pruebas y que sancione enérgicamente los actos corruptos de Roberto David Castillo Mejía, Roberto Martínez Lozano, Carolina Castillo Argueta, Raúl Pineda Pineda, Luis Espinoza Mejía y José Carbajal Flores en el otorgamiento ilegal de la concesión sobre el Río Gualcarque.
  2. Que la fiscalía especial UFERCO continúe la investigación y enjuiciamiento de todas las personas involucradas en los delitos de corrupción en favor de la empresa de la familia Atala Zablah y que llevaron al asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.

Es momento de que la justicia hondureña cumpla con su deber de garantizar una justicia integral y así avanzar hacia la construcción de una sociedad basada en el respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos humanos.

Dado en La Esperanza, Intibucá a los 29 días del mes de abril de 2024.

“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz ”

Bety Cariño y Jyri Jaakkola ¡viven! A 14 años de impune asesinato

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 27 de abril del 2024

El 27 de abril del 2010 nuestra compañera Bety Cariño, fundadora de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por Minería (REMA) y. el observador internacional finlandés Jyri Antero Jaakkola fueron asesinadxs cuando participaban en una caravana de solidaridad pacífica de ayuda humanitaria con destino al Municipio Autónomo Triqui de San Juan Copala en Oaxaca, comunidad sitiada por paramilitares. En septiembre 2023 los presuntos asesinos fueron liberados por un Juez del Tribunal Unitario de la Región de la Mixteca Oaxaquena.

En diciembre del 2023, en el contexto de la exposición dedicada a Bety y Jyri en la Eurocámara en Estamburgo, sus familias y sus acompañantes dieron a conocer que el caso se llevaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos debelando la impunidad del caso en México y los nexos del Estado con grupos paramilitares.

Bety Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajamos Unidos (CACTUS), mujer apasionada y comprometida con los pueblos indígenas, defensora del territorio contra el Corredor Interoceánico, mujer valiente y amorosa que seguirá siendo semilla de lucha para México y el mundo. Bety, como muchas defensoras y defensores del Territorio en México, perdieron la vida en la lucha, demostrando los mecanismos de violencia estatal y corporativa desplegada en defensa del modelo extractivo impuesto en nuestros pueblos.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería, hoy en conmemoración de su partida, abrazamos
a sus familias desde la solidaridad y seguimos exigiendo al gobierno federal de México y estatal de Oaxaca voluntad política para esclarecer los hechos y castigo a las personas responsables. Al mismo tiempo hacemos un llamado a los pueblos de América Latina a tejernos en redes que luchen ante la impunidad que rodea el asesinato de defensores de la Madre Naturaleza y defender el derecho legítimo a la resistencia.

¡Hoy clamamos por justicia para Bety y Jyri!

Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería

A 14 años Betty y Jyri en nuestros corazones siempre

BETY Y JYRI, EN NUESTROS CORAZONES SIEMPRE…

A 14 años de su siembra recordamos con profundo amor a nuestros compañeros Bety Cariño y Jyri Jaakkola, asesinados por un grupo paramilitar camino a la comunidad de San Juan Copala, Oaxaca, el 27 de abril de 2010. Ustedes siguen siendo nuestra inspiración.
El crimen sigue impune. ¡¡¡No dejaremos de exigir justicia!!!

El 8 de abril recordamos con agradecimiento y admiración a nuestra querida compañera Alberta Cariño Trujillo. Bety, como la llamamos quienes tuvimos la fortuna de conocerla, nació un día como hoy de 1973 en Chila de Las Flores, Oaxaca Haciendo honor a su sangre mixteca, Bety fue defensora del territorio, agua, soberanía alimentaria y derechos de los pueblos originarios, principalmente de las mujeres indígenas.

Luchó con valentía contra megaproyectos mineros y construcción de presas Apoyó la conformación y funcionamiento de radios comunitarias, educación popular, procesos de economía solidaria y acompañamiento a migrantes.

Fundó y dirigió el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, en Oaxaca. Fue también fundadora de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

Bety fue asesinada el 27 de abril de 2010, cuando llevaba ayuda humanitaria a la comunidad triqui de San Juan Copala. Con este hecho atroz, a Bety la sembraron, se multiplicó y vive en el corazón de muches que seguimos inspirándonos en ella

Feministas alertan por incremento en agresiones contra defensoras en Centroamérica

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la violencia hacia mujeres defensoras en Centroamérica – A 18 de abril del 2024

Organizaciones feministas en México y Centroamérica han alertado que, durante 2023, se registró un incremento de agresiones contra defensoras de derechos humanos en los países de El Salvador, Honduras, México y Nicaragua.

De acuerdo a la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), el año pasado contabilizaron 6,214 agresiones contra defensoras, lo que representa un aumento del 13% respecto al año 2022.

Según los datos, este incremento se debe a que las agresiones colectivas pasaron de 2,683 en 2022 a 3,828 en el año 2023. Destaca en este rubro el aumento de la violencia en Honduras, donde este tipo de agresiones se triplicaron respecto al año precedente.

En su registro, las organizaciones feministas resaltan que al menos 10 defensoras fueron asesinadas, mientras que otras 47 sobrevivieron a intentos de homicidio. Los asesinatos del 2023 acontecieron en México, Honduras y El Salvador.

Entre los casos se encuentran los homicidios de tres mujeres transexuales, así como de tres buscadoras de familiares desaparecidos en México. También destacan que las agresiones se expresan en la criminalización de la labor de defensa de derechos humanos, pues a nivel regional se registraron 130 causas judiciales y 116 detenciones arbitrarias. 

“Documentamos 47 detenciones en México, 37 en Honduras, 30 en Nicaragua y 2 en El Salvador. Más de la mitad de las detenciones arbitrarias en México (24) se perpetraron en el mes de marzo, la mayoría en el contexto de manifestaciones que conmemoran el 8 de marzo”, sostiene IM-Defensoras que, en el caso mexicano, enfatiza que solo en ese mes se registró el 24% del total de agresiones perpetradas en 2023.

Las organizaciones subrayan que durante 2023 identificaron que las agresiones son parte de una estrategia con el objetivo de criminalizar a las defensoras mediante actos de divulgación de hechos falsos y campañas de desprestigio.

En total, las agresiones afectaron a 1,188 defensoras y a 73 organizaciones que trabajan en labores de defensa de derechos humanos en los cuatro países analizados. A su vez, enfatizan que, mientras marzo se confirma como el mes más peligroso, la tendencia de años anteriores – de que los Estados son los principales agresores – también se repitió en el último registro.

“Casi la mitad de las agresiones registradas en este año (47,8%) fueron perpetradas por actores estatales: autoridades públicas locales, estatales o federales/nacionales (23,5%), agentes policiales (23,1%) o fuerzas armadas (1,2%)”, detallan las organizaciones feministas, quienes añadieron que estas agresiones suceden con frecuencia debido a que las autoridades buscan proteger intereses y actores privados. 

Desplazamiento forzados

Una de las violencias que han cobrado relevancia, debido a su incremento como por los impactos generados es de los desplazamientos forzados. “Durante 2023 documentamos 240 agresiones relativas a desplazamientos forzados, lo que supone 4 veces que más que en 2022”, alertan las organizaciones feministas. Honduras y Nicaragua encabezan las cifras con mayor desplazamiento de defensoras, con 168 y 69 personas respectivamente.

“A los desplazamientos internos y externos antecedieron un conjunto de agresiones que obligaron a las defensoras a abandonar de manera forzada sus comunidades. Son agresiones que no sólo buscan detener su trabajo de defensa en los territorios, sino también castigarlas en un intento por destruir sus proyectos de vida y debilitar sus redes de apoyo. Además lanzan un mensaje que genera temor en las mujeres y las comunidades, inhibiendo así la defensa de los derechos humanos”, enfatiza IM-Defensoras.

Imagen: Organizaciones indígenas y feministas se manifiestan por sentencia en caso del asesinato y feminicidio político de Berta Cáceres, quien coordinara el COPINH. Foto: Orlando Sierra. 

Guatemala: Condenan la detención del Defensor comunitario Tomas Domingo Mateo

Compartimos este comunicado de Consejo del Pueblo Maya CPO y el Consejo de Pueblos Wuxhtaj – A 15 de abril del 2024

CONDENAMOS ENERGICAMENTE LA DETENCION DEL COMUNITARIO TOMAS DOMINGO MATEO ¡

Reactivan persecución legal y política en contra de líderes defensores de los ríos en Huehuetenango

En la ciudad de Huehuetenango fue detenido por parte del Policía Civil el líder comunitario Tomás Domingo Mateo, actual presidente del Comité de Energía Eléctrica de Pojom, San Mateo Ixtatan, Huehuetenango.

Esta detención tiene relación directa con la persecución legal y política de la que han sido víctimas líderes y lideresas defensoras de los ríos en el marco de la imposición de proyectos hidroeléctricos privados en el norte de Huehuetenango. El compañero Tomas Domingo Mateo, fue denunciado arbitrariamente por operadores de la empresa Proyecto de Desarrollo Hídrico -PDHSA- desde el 2016 cuando fungía como autoridad comunitaria.

Esta detención forma parte de una serie de desestabilización que se está dando a nivel nacional y la reactivación de la persecución legal y política en contra de los defensores de los derechos humanos en el país.

Exigimos la liberación inmediata de Tomas Domingo, porque es víctima de un montaje judicial como lo han sido los casos de defensores de los ríos que han sido declarados inocentes en diferentes tribunales.

Huehuetenango, 15 de abril de 2024

Consejo de Pueblos Wuxhtaj
Miembros del Consejo del Pueblo Maya CPO

COPINH: ¡Basta de dilatar las sentencias de los culpables del asesinato de Berta Cáceres!

Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre los retardos de justicia en el caso de #BertaCáceres – A 10 de abril del 2024

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH, ante las declaraciones públicas de Juan Carlos Sánchez y Ritza Antúnez, abogados de David Castillo, coautor del asesinato de Berta Cáceres, días después de que Juan Carlos Sánchez Villalobos, quien fue parte de la defensa de Carolina Castillo en el juicio “Fraude sobre el Gualcarque”, fue nombrado como director de fiscales,

DECLARA:

  1. El ataque contra la perito Brenda Barahona, es una acción cobarde y condenable en virtud de que la prueba fundamental del juicio no fue el análisis que ella realizó, sino la información extraída de los aparatos telefónicos, por los peritos, incluyendo la realizada por el perito Sean Bodden, propuesto por los defensores de David castillo, Juan Carlos Sánchez y Ritza Antúnez.
  2. La información extraída de los aparatos telefónicos prueban que David Castillo participó en la planificación, coordinación, ejecución y pago del asesinato de Berta Cáceres, motivo por el cual, fue declarado culpable como coautor del asesinato de Berta Caceres por el Tribunal de Sentencia el 5 de julio de 2021.
  3. Las declaraciones de los abogados de David Castillo ponen en evidencia el uso del tráfico de influencias con las recientes designaciones del Fiscal Adjunto y Director Fiscales, lo cual, pone en riesgo la seguridad jurídica, la lucha contra la impunidad y la preservación del Estado de Derecho.

Por ello desde el COPINH exigimos:

  1. Al Fiscal General de Honduras, Johel Antonio Zelaya Alvarez, a detener los intentos de criminalización sin fundamentos a peritos y fiscales, así como actuar, de manera decidida para evitar el tráfico de influencias dentro del Ministerio Público; así como, solicitar a la Corte Suprema de Justicia que emita pronta resolución del recurso de casación y permitir la garantía efectiva de los derechos de las víctimas.
  2. A la Corte Suprema de Justicia presidida por la magistrada Rebeca Ráquel, y la Sala de lo Penal compuesta por los magistrados Walter Raúl Miranda Sabio, Mario Rolando Díaz  y Nelson Danilo Mairena Franco, para que confirme la sentencia ya emitida contra los 7 hombres responsables de la autoria material del asesinato de Berta Cáceres y la sentencia contra David Castillo, coautor de este crimen.
  3. A la sociedad hondureña y comunidad internacional a continuar auditando el funcionamiento del sistema de justicia para garantizar a las víctimas los derechos de verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición.

Dado en La Esperanza, Intibucá a los 10 días del mes de abril de 2024.


“¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!”

#JusticiaParaSimónPedro

#JusticiaParaSimónPedro A un año de la sentencia del autor material de asesinato de #SimónPedro nos sumanos a las exigencias de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal para que continué la investigación hasta encontrar y castigar a los autores intelectuales

COPINH: Entrevista a Gustavo Castro Soto en Radio Guarajambala

Les compartimos esta entrevista que realizo el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH en el marco del 8vo Aniversario de la siembra de Berta Cáceres – A 12 de marzo de 2024

En el marco del 8vo aniversario de la siembra de Berta Cáceres contamos con la participación especial de Gustavo Castro Soto, de Otros Mundos Chiapas.

Gustavo fue el único testigo del crimen de Berta, y en esta entrevista en Radio Guarajambala nos cuenta sobre aquel día, pero también sobre los sueños que lo llevaron aquel dos de marzo a Honduras.

También nos comparte algunas historias que nos permiten conocer más a Berta Cáceres, su lucha y su manera incansable de buscar un mundo mejor.

Escucha la entrevista completa aqui:

https://archive.org/embed/entrevista-a-gustavo-cs-8-abc-2024

Más información: