Compartimos este informe de IM-Defensoras sobre la violencia hacia mujeres defensoras en Mesoamérica – A abril 2025
LA TIERRA, PARA QUIENES LA TRABAJAN Y LA DEFIENDEN
10+ Años de agresiones contra defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Mesoamérica (2012-2024)
Desde 2012, en la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) hemos desarrollado un sistema de registro de agresiones que documenta, cuantifica y permite realizar un análisis de género sobre la violencia ejercida contra la diversidad de mujeres y disidencias sexo-genéricas que defendemos derechos humanos en Mesoamérica.1 La riqueza de este sistema, pionero en el mundo, es que en su interacción con el resto de las estrategias de la Protección Integral Feminista contribuye a la protección de las defensoras identificando las violencias y realidades concretas que vivimos tanto individualmente como en nuestras colectividades.
La presente separata, “LA TIERRA, PARA QUIENES LA TRABAJAN Y LA DEFIENDEN.10+ Años de agresiones contra defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Mesoamérica (2012-2024)”, se enfoca en el análisis particular de los casos de agresiones contra defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente que se integran, de manera general, en nuestro informe “Datos que nos duelen, redes que nos salvan. 10+ Años de agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica (2012-2023)”, profundizando en los mismos y actualizándolos con datos preliminares de 2024.2
- En la IM-defensoras llamamos agresiones a las acciones violentas que atentan contra la dignidad e integridad de una o varias defensoras o de sus organizaciones en un determinado periodo de tiempo, pudiendo ser físicas, emocionales, espirituales y psicológicas, directas o indirectas.
- Para 2023 y 2024 no contamos con datos referentes a Guatemala.
DEFENDER LA VIDA EN TERRITORIO HOSTIL
Las defensoras de derechos humanos, con nuestros pueblos, comunidades y organizaciones, nos organizamos en diferentes territorios para resistir ante las violencias que nos acechan, proteger la vida y el bienestar colectivo y construir esperanza y alternativas de vida digna. Nuestra sola existencia como sujetas políticas desafía los mandatos patriarcales que pretenden silenciar el poder de las mujeres y disidencias sexo-genéricas. El mundo por el que luchamos es diametralmente opuesto al que pretenden imponernos y, por ello, nuestra labor pone en riesgo los intereses de los poderosos.
En Mesoamérica vivimos bajo un modelo económico, político y cultural de herencia colonial que se manifiesta en opresiones estructurales y una continuidad histórica de violencias patriarcales, capitalistas y racistas sobre los cuerpos y territorios de las mujeres. En el contexto de crisis global provocada por este modelo, en nuestra región se agravan las desigualdades económicas, la violencia, la pobreza y los impactos del cambio climático. Los poderes que se benefician de este modelo de muerte encuentran en la represión, la violencia y el uso de la fuerza la única forma de contener nuestro poder colectivo.
A lo largo de estos 13 años, como consecuencia directa del capitalismo extractivista que se impone en nuestros territorios, las defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente han representado uno de los colectivos con mayor número de agresiones registradas, tal y como se desprende del hecho que 22,3% del total de las 43,186 agresiones contra defensoras que documentamos entre 2012 y 2024 en Mesoamérica fueron perpetradas contra compañeras que defendían estos derechos (Gráfico 1).
¿QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS, LAS DEFENSORAS DE LA TIERRA, EL TERRITORIO Y EL MEDIO AMBIENTE?
Las defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente defendemos tanto nuestro derecho a permanecer o a retornar a nuestros territorios, como el de salvaguardar la red de la vida, protegiendo y defendiendo los derechos de la naturaleza y velando por el resguardo del agua, los ríos, las montañas, los bosques, las semillas y la diversidad de especies animales. Defender la tierra significa también defender nuestros medios de reproducción de la vida y nuestras cosmovisiones, las cuales, alejándose de la acumulación y explotación capitalista, establecen otros vínculos y formas de relacionarnos con el territorio y la naturaleza. Defendemos también una manera de entender el territorio no como un lugar geográfico y de explotación humana, sino como el lugar donde descansan nuestros ancestros y donde encontramos identidad y arraigo.
La mayoría de defensoras del territorio y el medio ambiente agredidas somos mujeres indígenas, garífunas o afrodescendientes que habitamos en zonas rurales, trabajamos la tierra, realizamos trabajo de base y hemos sido excluidas de la propiedad y las decisiones sobre el futuro de nuestros territorios.1 Ante Estados-nación que perpetuan políticas coloniales de aniquilación de las cosmovisiones, culturas y lenguas de los pueblos originarios y otras comunidades, las defensoras indígenas y afrodescendiente protegemos nuestros saberes, nuestro derecho a la autonomía e identidad cultural, nuestros territorios y los bienes naturales. Las defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente resistimos y denunciamos colectivamente las consecuencias de despojo y muerte que conlleva el capitalismo extractivo porque estamos convencidas de que hacerlo es fundamental para proteger y sostener la vida en todas sus manifestaciones.
- Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas: Situación de las Defensoras de derechos humanos. Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos. 2019.
¿POR QUÉ NOS ATACAN?
Nuestras luchas incansables han dado frutos concretos como la primera ley del mundo que prohibía la minería metálica, aprobada en El Salvador en 20171 —y lamentablemente revertida en diciembre de 2024 [VER CASO SANTA MARTA]; la derogación en 2022, en Honduras, del proyecto de muerte y despojo que representan las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), como respuesta a las demandas de un movimiento social con enorme fuerza popular y feminista;2 la suspensión del proyecto de construcción del Canal Transoceánico en Nicaragua, fruto de la lucha del movimiento campesino y organizaciones ambientalistas del país [VER CASO FRANCISCA RAMÍREZ]; o la cancelación del megaproyecto eólico Gunaa Sicarú en 2022, en México, gracias a la lucha colectiva de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, el cual incluyó un litigio transnacional en tribunales civiles de Paris (Francia) contra la empresa Electricité de France (EDF).3 Sin embargo, enfrentar los intereses económicos detrás de la destrucción y apropiación de nuestras tierras y territorios también ha implicado que vivamos múltiples y dolorosas violencias.
Entre 2012 y 2024 hemos documentado un total de 9,629 agresiones contra defensoras y organizaciones que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente en Mesoamérica. En el mismo periodo, 35 compañeras fueron asesinadas.
En Honduras, 62% del total de agresiones que registramos en el periodo señalado se dirigieron contra defensoras de la tierra, territorio y bienes naturales, erigiéndose así en el tipo de derecho defendido con más agresiones documentadas en este país (6,764). Por su parte, en México, El Salvador y Guatemala las agresiones contra defensoras de tierra y territorio registradas durante estos años representaron 13.4%, 12.7% y 12.3% respectivamente.
Entre 2012 y 2024 también hemos documentado 738 agresiones vinculadas a acciones de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos de la región, cuyas luchas en ocasiones se entrecruza con la defensa de la tierra y el territorio.
“En todos los territorios donde hay pueblos indígenas y afrodescendiente con los últimos recursos del planeta, las defensoras reciben agresiones directas por la defensa de la tierra y el territorio… tiene que ver con un exterminio ya que para hacer avanzar el modelo extractivo se llevan a quienes lo cuidan y lo protegen.”
Melissa Cardoza, defensora hondureña.
El informe 2023 de Global Witness indica que México, Honduras, Guatemala y Nicaragua están entre los 10 países del mundo con mayor cantidad de asesinatos por defender la tierra y el medioambiente.4 El Estado de la Región registró en el período 1990-2020, en Centroamérica, que 80.2% de los conflictos socioambientales estuvieron relacionados con la extracción de minerales y materiales de construcción, conflictos por el uso de la tierra asociados a actividades como la agricultura, pesquería, ganadería y forestería, gestión del agua, uso de combustibles fósiles y justicia climática/energética.5 El Mapa Mundial de Justicia Ambiental ha documentado 211 casos de conflictos ambientales en México, 31 en Guatemala, 24 en Honduras, 12 en Nicaragua y 7 en El Salvador.6 Gran porcentaje del territorio mesoamericano está concesionado para la explotación minera: 1.6% en Honduras, 4.84% en Guatemala,7 11% en México8 y 23% en Nicaragua.9
- IM-Defensoras: SORORIDAD / Ley aprobada: El Salvador libre de minería metálica
- IM-Defensoras: [PRONUNCIAMIENTO] Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras ante extradición de JOH y derogación de las ZEDES.
- ProDESC: ¡Revés a EDF en México! Comunidad zapoteca de Unión Hidalgo y ProDESC consiguen la cancelación definitiva del megaproyecto eólico Gunaa Sicarú. 2 de junio de 2022.
- Global Witness: Siempre en pie. Personas defensoras de la tierra y el medioambiente al frente de la crisis climática. Septiembre 2023.
- Estado de la región: Conflictividad ambiental: una aproximación para el análisis de las presiones sobre los ecosistemas y sus recursos. 2021.
- EJAtlas – Global Atlas of Environmental Justice. https://ejatlas.org/
- Martínez Espinoza, M.I., 2017. El extractivismo minero en América Latina: planteamientos, paralelismos y presunciones desde el caso de Guatemala. En Perfiles Latinoamericanos, 27 (53). https://doi.org/10.18504/pl2753-001-2019
- La Jornada: “Concesionado a mineras, 11% del país hasta por 100 años”. 20 de mayo de 2021.
- Fundación del Río: Nicaragua y su oro perverso. 14 de julio de 2022.
DEFENDER LA TIERRA, UNA ACCIÓN COLECTIVA QUE SE REPRIME COLECTIVAMENTE
En este contexto, en nuestra región destacan las agresiones perpetradas en el marco de acciones colectivas de defensoras y comunidades que mantienen viva sus luchas frente al avance del extractivismo en la agroindustria, la minería y la explotación forestal [VER CASO SANTA MARTA]. El carácter colectivo de estas agresiones se debe a que la defensa de la tierra y los bienes comunes no es individualizable,1 ya que sin comunidad y colectividad no es posible defender el territorio. Así, muchas de las agresiones que registramos, como la militarización de territorios y los desalojos, implican violencia directa y generalizada en contra de comunidades, incluyendo a menores de edad y personas adultas mayores, entre otras poblaciones vulnerables [VER CASO AGUA BLANCA SUR].
- Vázquez, E. 2019. ¿Defensoras o comunidades en resistencia? Los procesos colectivos de defensa territorial frente a la individualización del “defensor/a ambiental”. En Informe de la Ruta por la verdad y la justicia para la naturaleza y los pueblos. Acción Ecológica.
UNA VIOLENCIA QUE SE PROLONGA Y ACRECENTA
El análisis de la evolución de las agresiones contra las defensoras de tierra, el territorio y el medio ambiente entre 2012 y 2024 señala tres puntos de inflexión: el primero en 2017, año siguiente al asesinato de Berta Cáceres; el segundo en 2020, caracterizado por las respuestas autoritarias de los gobiernos ante la sindemia por COVID-19; y el tercero en 2022, marcado por la profundización en las políticas de militarización de los territorios y el aumento de los desalojos.
El asesinato, en marzo de 2016,de nuestra compañera Berta Cáceres, dirigente comunal indígena lenca que resistía contra el proyecto de la presa hidroeléctrica Agua Zarca para proteger el río Gualcarque [VER CASO BERTA CÁCERES], marcó un punto de inflexión, en Honduras y en el resto de la la región, que dio visibilidad tanto al liderazgo que ejercen las mujeres indígenas contra el extractivismo capitalista, como a las diferentes manifestaciones de la violencia y la impunidad a las que se enfrentan. De esta forma, el año siguiente a su asesinato, 2017, presenta un incremento sustancial de las agresiones que está relacionado con las vividas por las compañeras que en Honduras se oponían a megaproyectos y exigían justicia para Berta. A partir de entonces, a través de nuestro sistema de registro, en las formas y mensajes de las agresiones contra las defensoras de la tierra y territorio identificamos tendencias y patrones que buscan, sin éxito, apagar sus luchas.1 Desde el asesinato de Berta Cáceres, en marzo de 2016, hasta diciembre de 2024 fueron asesinadas 22 defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Mesoamérica: 6 en México, 3 en Guatemala, 2 en El Salvador, 9 en Honduras y 2 en Nicaragua.
Posteriormente, con el inicio de la sindemia por COVID-19 en 2020, registramos un aumento de agresiones contra las defensoras de tierra y territorio en todos los países de la región. Esto responde a un contexto de crecientes políticas autoritarias donde, con diferentes matices en cada país, se utilizó la emergencia sanitaria como pretexto para imponer medidas represivas, restringir derechos y profundizar procesos de militarización. Así, las restricciones a la movilidad de las personas defensoras de derechos humanos habilitaron el avance de las políticas de despojo contra los territorios y los cuerpos de las mujeres. En centroamérica, los gobiernos se ampararon en la necesidad de salir de la crisis económica tras la sindemia, para ello incrementaron las concesiones mineras y dinamizaron otras industrias extractivas como los monocultivos.2
A partir de 2022 identificamos una nueva escalada regional de agresiones contra defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. El gráfico 2 muestra como en 2023 las agresiones contra estas defensoras aumentaron significativamente (160% en relación al año precedente, 2022). En este incremento tienen un importante peso las agresiones de carácter colectivo, las cuales pasaron de representar 46% de las registradas en 2020 a 86% en 2024. En los últimos años las agresiones colectivas se han caracterizado por el uso excesivo de la fuerza, con respaldo evidente de autoridades y cuerpos armados, de la mano con la militarización de los territorios y la manipulación de los marcos jurídicos que legalizan la represión y la violencia.
En Honduras, este aumento responde a la agudización de los conflictos territoriales a partir de la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, la cual ha legitimado desalojos masivos [VER CASO AGUA BLANCA SUR] y ha utilizado el derecho penal para criminalizar a quienes luchan por la tierra para favorecer a empresas aceiteras, azucareras y sectores terratenientes [VER CASO MARIA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ]. Sólo en los últimos 3 años (2022-2024) registramos 4,851 agresiones contra defensoras de tierra y territorio en este país. Un caso paradigmático es el de las agresiones contra el pueblo garífuna, el cual viene enfrentando asesinatos, desaparición forzada, violentos desalojos forzados,3 incendios provocados en sus casas de salud ancestral, detenciones arbitrarias, racismo institucionalizado y agresiones contra su espiritualidad,4 entre otras, en un contexto de intento de despojo de sus tierras ancestrales [VER CASO MIRIAM MIRANDA].
En México, entre 2022 y 2024 documentamos 860 agresiones contra defensoras de tierra, territorio y medio ambiente que se enfrentan a grandes intereses económicos detrás de proyectos extractivos o de infraestructura [VER CASO KENIA HERNÁNDEZ]. Algunas de las agresiones registradas se dieron en el marco de actos de resistencia ante el megaproyecto del tren maya, la mega granja porcina en Yucatán, el corredor interoceánico en Oaxaca, la explotación del agua de la empresa Bonafont en Puebla y diferentes proyectos inmobiliarios a lo largo del país.
Finalmente, en el Salvador, la reciente aprobación en diciembre de 2024 de la Ley de Minería Metálica que revierte la histórica prohibición de esta actividad nociva para el medio ambiente, ha desencadenado un proceso de movilización popular que, bajo la vigencia del Régimen de excepción vigente, unido al precedente de la criminalización de cinco ambientalistas de la Comunidad de Santa Marta y la situación de riesgo y amenaza que enfrenta el conjunto de esta comunidad [VER CASO SANTA MARTA], nos recuerda que nuestros logros pueden ser revertidos y que es necesario no dejar nunca de reivindicarlos y defenderlos, y nos obliga a permanecer alerta ante un posible incremento de las agresiones contra las defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente de este país.
