Compartimos la convocatoria lanzada por el COPINH para conmemorar el decimo aniversario luctuoso de nuestra querida hermana Bera
A 10 años de la siembra de Berta Cáceres, los pueblos seguimos exigiendo verdad y justicia.
1 de marzo – Siembra de Berta | La Esperanza, Intibucá
8:45 am
Berta Cáceres – 10 años de esperanzacontra la impunidad. #BertaVive#10AñosDeEsperanza#JusticiaIntegral#COPINH
Les compartimos el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el asesinato de Berta Cáceres presentado hoy en Honduras – A 12 de enero del 2026
GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE EXPERTOS INDEPENDIENTES (GIEI Honduras)
INFORME FINAL
Informe sobre el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres y delitos conexos.
Medidas de reparación integral y recomendaciones
GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE EXPERTOS INDEPENDIENTES
Experta y expertos:
Roxanna Altholz
Pedro Biscay
Ricardo Guzmán
Secretario ejecutivo:
Jaime Vidal Melero
ÍNDICE
RESUMEN EJECUTIVO 9
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 24
A. PRESENTACIÓN 24
B. ANTECEDENTES 25
C. CONSTITUCIÓN Y MANDATO 27
D. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 29
CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 32
A. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 32
B. FUENTES DE INFORMACIÓN 33
C. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 34
El asesinato de Berta Cáceres y el contexto que lo hizo posible
La noche del 2 de marzo de 2016, Berta Isabel Cáceres Flores fue asesinada en su vivienda en La Esperanza, Intibucá. En el mismo ataque resultó gravemente herido Gustavo Castro Soto, testigo sobreviviente. La irrupción armada que terminó con la vida de Berta Cáceres no fue un hecho fortuito ni un acto de violencia común. Fue la culminación de un proceso prolongado de persecución, vigilancia, criminalización y violencia ejercida contra la lideresa indígena que, durante años, encabezó la defensa del territorio lenca frente a la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Berta Cáceres era una figura de proyección nacional e internacional. Como coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), articuló la resistencia de comunidades indígenas frente a proyectos concesionados sin consulta previa, libre e informada, en violación de obligaciones constitucionales e internacionales del Estado hondureño. Su liderazgo fue decisivo para frenar el avance de la represa Agua Zarca, promovido por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), y para visibilizar, dentro y fuera del país, los impactos sociales, ambientales y culturales de estos proyectos.
Desde etapas tempranas del proyecto Agua Zarca, Berta Cáceres fue identificada por directivos de la empresa como un obstáculo estratégico para la consolidación del emprendimiento hidroeléctrico. Esta condición la colocó en una situación de riesgo previsible y ampliamente documentada. Pese a contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado no adoptó medidas eficaces para proteger su vida ni para desactivar los factores de riesgo asociados al conflicto territorial.
El asesinato ocurrió en un contexto estructural marcado por la violencia, la militarización, la corrupción, la concentración del poder económico y una institucionalidad progresivamente capturada por intereses privados. Tras el golpe de Estado de 2009, Honduras promovió la expansión acelerada de proyectos extractivos y energéticos, apoyado por procesos de privatización y marcos regulatorios flexibles. Esta iniciativa se sostuvo en decisiones estatales y empresariales nacionales, y con el respaldo financiero de bancos internacionales de desarrollo, cuyos créditos otorgaron viabilidad económica y legitimidad institucional a proyectos impuestos en territorios indígenas sin consulta previa. La relación entre el Estado, las empresas y los financistas internacionales se estructuró sobre una institucionalidad débil, permeable a la corrupción y orientada a priorizar la inversión por encima de la protección de los derechos humanos.
El proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, instalado en el territorio indígena lenca de Río Blanco, constituye un caso paradigmático de este modelo. Su autorización se sustentó en licencias irregulares, contratos administrativos viciados y procesos de titulación individual que desconocieron derechos colectivos. La implementación del proyecto se realizó mediante la militarización del territorio, la cooptación comunitaria, el uso de violencia, y la criminalización sistemática de quienes defendían el río Gualcarque como espacio sagrado, cultural y de subsistencia. Su implementación fue posible gracias a financiamiento internacional otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO) en 2014, pese a la existencia de un conflicto territorial conocido, una oposición comunitaria sostenida y riesgos evidentes para las personas defensoras del territorio.
Durante varios años, Honduras ha sido unos de los países más peligrosos en el mundo para personas
defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. La violencia contra personas defensoras es estructural y selectiva, dirigida de manera sistemática contra quienes cuestionan intereses económicos vinculados a la agroindustria, la minería, los proyectos energéticos y otras formas de extracción de bienes comunes. La impunidad persistente ha operado como un factor habilitante de esta violencia, enviando un mensaje claro de tolerancia y permisividad frente a los ataques contra personas defensoras y consolidando un entorno en el que las amenazas, la criminalización y los asesinatos rara vez conllevan consecuencias penales para los responsables.
En el caso de Berta Cáceres, su condición de mujer indígena lenca, lideresa comunitaria y figura pública que desafiaba estructuras de poder profundamente masculinizadas y racializadas, la expuso a formas diferenciadas y agravadas de estigmatización y violencia. La violencia contra Berta Cáceres debe comprenderse no solo como una represalia por su oposición a un proyecto específico, sino como parte de un patrón más amplio de violencia estructural que castiga de manera desproporcionada a las mujeres indígenas y afrohondureñas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras.
La impunidad ha sido históricamente el principal rasgo de la respuesta estatal frente a la violencia y las
violaciones de derechos humanos en Honduras. Las violaciones que culminaron en el asesinato de Berta Cáceres continúan hasta hoy, como lo demuestra la persistente falta de demarcación y titulación del territorio ancestral lenca de Río Blanco, la continua vigencia de la concesión del proyecto Agua Zarca y la ausencia de depuración de los archivos de inteligencia utilizados para la vigilancia y criminalización de personas defensoras. Sin embargo, en el caso de Berta Cáceres se obtuvieron condenas contra varios autores materiales, así como contra algunos empleados de DESA y un directivo de la empresa, lo que confirma que el crimen no fue un hecho aislado ni espontáneo. No obstante, estos avances no agotaron las líneas de responsabilidad superiores y dejan en evidencia que persiste un núcleo duro de impunidad, en particular respecto de la eventual participación de otros directivos y accionistas de DESA, así como de la dimensión completa de la complicidad y tolerancia estatal.
Desde las primeras horas posteriores al asesinato, la familia de Berta Cáceres, el COPINH y sus representantes legales exigieron de manera sostenida la conformación de un grupo independiente de personas expertas que pudiera investigar de forma exhaustiva todas las responsabilidades, frente a una investigación penal ordinaria marcada por omisiones y sesgos. Tras años de resistencia y de una búsqueda incansable de verdad y justicia, estas demandas derivaron finalmente en una solicitud formal de asistencia técnica internacional por parte del Estado hondureño, constituyendo un paso relevante —aunque tardío— en el combate contra la impunidad estructural.
Mandato del GIEI y enfoque metodológico
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue constituido como un mecanismo extraordinario e independiente, dotado de plena autonomía técnica, con el mandato de contribuir al esclarecimiento integral del asesinato de Berta Cáceres y de los hechos conexos vinculados al proyecto Agua Zarca. Su creación respondió a la necesidad de superar los límites de una investigación penal fragmentada, centrada principalmente en los autores materiales, y de examinar de manera articulada las dimensiones estructurales, empresariales, financieras y estatales del crimen.
El mandato del GIEI se fundamenta en la obligación del Estado hondureño de investigar con debida diligencia graves violaciones de derechos humanos, determinar responsabilidades individuales y colectivas, garantizar elderecho a la verdad de las víctimas y la sociedad, y formular propuestas de reparación integral y garantías de no repetición, conforme a los estándares internacionales. El 14 de febrero de 2025, se realizó en la ciudad de Tegucigalpa el acto público de instalación oficial del GIEI Honduras, ocasión en la que— conforme al Acuerdo constitutivo firmado por representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Honduras y las victimas—, se le otorgó un mandato inicial de seis meses. Posteriormente, el 14 de agosto de 2025, las partes suscribieron una adenda al Acuerdo mediante la cual se prorrogó el mandato del GIEI hasta el 15 de enero de 2026, con el objetivo de continuar las diligencias en materia de investigación, persecución penal y reparación integral necesarias para consolidar los avances alcanzados.
El trabajo del GIEI se desarrolló a partir de un enfoque metodológico riguroso, interdisciplinario y centrado en los derechos humanos, sustentado en la triangulación sistemática de fuentes y evidencias. La investigación incluyó la revisión integral de expedientes judiciales y administrativos; el análisis de información financiera, bancaria y contable de DESA y de empresas vinculadas al proyecto; el estudio de cientos de horas de interceptaciones telefónicas y datos de geolocalización; entrevistas a víctimas, testigos y personas expertas; y una evaluación contextual del conflicto territorial, de la actuación estatal y de los impactos individuales y colectivos del proyecto Agua Zarca y del asesinato de Berta Cáceres. Este enfoque permitió superar visiones fragmentadas de los hechos y reconstruir de manera integral los patrones de violencia, corrupción y omisiones institucionales documentados en el informe.
La labor del GIEI se rigió por los principios de independencia institucional, autonomía operativa e imparcialidad de criterios, los cuales resultaron esenciales para garantizar un proceso de investigación objetivo y técnicamente riguroso. El GIEI actuó con plena autonomía para definir sus líneas de investigación, diligencias y medios probatorios, sin estar sujeto a directrices ni interferencias de la CIDH, del Estado ni de las personas beneficiarias o sus representantes, y contó con facultades operativas plenas para realizar visitas al país, acceder a información relevante, administrar sus recursos y organizar su equipo técnico, todo ello protegido por inmunidades específicas previstas en el Acuerdo. La imparcialidad guió la verificación objetiva de los hechos y la formulación de conclusiones fundadas, sin favoritismos ni sesgos. Estos principios no implicaron un distanciamiento de las víctimas y sus familiares, quienes constituyen una parte central del Acuerdo y destinatarios del acervo de información generado. Durante el ejercicio de su mandato, el GIEI Honduras enfrentó presiones e intentos de injerencia orientados a limitar su trabajo, incluyendo comunicaciones intimidatorias de abogados que actuaban en representación del señor Daniel Atala y su familia, así como prácticas de monitoreo de sus desplazamientos y actividades, hechos que generaron preocupación por su potencial impacto en la búsqueda de la verdad y la justicia.
Las conclusiones que se presentan a continuación sintetizan los principales hallazgos del GIEI y reflejan el análisis integral de la evidencia reunida en el marco de su mandato, dando cuenta de las responsabilidades, patrones y fallas estructurales que hicieron posible el asesinato de Berta Cáceres, la persistencia de la impunidad, los daños individuales y colectivos, así como la falta de reparación integral:
El GIEI concluyó que el asesinato de Berta Cáceres es resultado de una operación criminal organizada, cuidadosamente planificada y ejecutada mediante una estructura de coparticipación que incluyó sicarios, intermediarios con formación militar, personal y directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), así como redes de apoyo, tolerancia y omisión desde distintos ámbitos del Estado.
El GIEI estableció que el crimen fue previsible y prevenible. Existía información concreta en manos del Estado y en tiempo real que alertaba sobre su planificación, incluyendo interceptaciones telefónicas en las que se discutía explícitamente el asesinato, se negociaban pagos, armas y logística, y se hacía referencia a decisiones adoptadas por niveles superiores. A partir del análisis de cientos de horas de intervenciones telefónicas obtenidas en el marco de una investigación penal iniciada en 2015, el GIEI constató que Mariano Díaz Chávez —militar en activo y posteriormente condenado como autor material del asesinato— contaba con acceso a armas, logística y personal armado, y utilizaba redes vinculadas a estructuras de seguridad para coordinar operaciones ilícitas. Estas interceptaciones revelaron que, desde el 4 de enero de 2016, se mantenían conversaciones explícitas sobre cinco incursiones previas al asesinato de Berta Cáceres. Estas incursiones involucraron planificación, logística, seguimientos, portación de armamentos y dieron cuenta de la elaboración de un plan concebido con anticipación, a decisiones atribuidas a “los de arriba” y a negociaciones sobre pagos y logística. Pese a contar con esta información en tiempo real, las autoridades estatales no activaron mecanismos de prevención ni adoptaron medidas oportunas para impedir el crimen, omisión que el GIEI califica como una violación grave del deber de debida diligencia.
El GIEI determinó que los fondos desembolsados por bancos internacionales de desarrollo —principalmente el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO)—, destinados formalmente al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, fueron desviados de su finalidad original y utilizados para financiar un conjunto de actividades ilícitas vinculadas a la gestión violenta del conflicto territorial, incluyendo operaciones de vigilancia e inteligencia ilegal, incursiones armadas, logística y pagos asociados a dichas operaciones, así como, en última instancia, el asesinato de Berta Cáceres. El análisis financiero permitió identificar una arquitectura financiera estructurada, deliberada y funcional, integrada en la contabilidad, la gestión financiera y la gobernanza corporativa de DESA. Esta arquitectura se caracterizó por el desvío sistemático de fondos provenientes de créditos otorgados por bancos internacionales de desarrollo, principalmente el BCIE y el FMO, destinados formalmente a la construcción de la represa. La investigación financiera del GIEI estableció que, de un total de 18.540.325,62 dólares estadounidenses ejecutados en el proyecto, cerca del 67 % de los recursos —equivalentes a 12.426.190,53 dólares estadounidenses— fue objeto de desvíos y/o manejos irregulares.
El GIEI identificó operaciones financieras realizadas inmediatamente después del asesinato, mediante las cuales se cobraron cheques en efectivo por un monto equivalente a, por lo menos, parte del pago ofrecido a la célula sicaria para ejecutar el crimen. A partir de información inicial aportada por uno de los autores materiales, la investigación financiera permitió reconstruir un circuito de desvío de fondos por parte de DESA que incluyó desembolsos presuntamente irregulares, transferencias entre empresas vinculadas —incluida una estructura offshore— y la conversión de recursos bancarizados en efectivo. El análisis de los cheques reveló prácticas altamente irregulares desde la perspectiva de prevención de lavado de activos, incluyendo el fraccionamiento de montos y el cobro por parte de empleados de la empresa de bajo rango, de confianza de sus directivos, pero sin un perfil económico coincidente con los montos cobrados en efectivo. La triangulación de esta evidencia financiera con registros de comunicaciones y geolocalización permitió vincular los flujos de dinero con coordinaciones operativas posteriores al asesinato y con directivos del proyecto.
El GIEI concluye que este mecanismo de desvío y “cambio de cheques” no fue excepcional, sino parte de un modus operandi sostenido en el tiempo, que permitió financiar no solo el asesinato, sino también operaciones previas de vigilancia, incursiones armadas y otras actividades irregulares vinculadas a la gestión violenta del conflicto territorial. El GIEI documentó un patrón reiterado de transferencias injustificadas, conversiones de fondos bancarizados en efectivo, uso de empleados de bajo rango como cobradores de cheques, fragmentación de montos para evadir controles antilavado y supuestos pagos por servicios inexistentes o sobredimensionados. La investigación del GIEI demostró una correspondencia directa entre estos movimientos financieros y el pago a los autores materiales del crimen, así como el financiamiento de operaciones previas de vigilancia, inteligencia y logística.
El GIEI concluyó que el asesinato de Berta Cáceres constituyó un crimen con motivación empresarial que fue posible gracias a la conformación y funcionamiento de un dispositivo societario y financiero en el que los accionistas mayoritarios del proyecto Agua Zarca y la alta dirección de DESA desempeñaron roles relevantes y decisivos. La evidencia analizada —incluyendo comunicaciones digitales, interceptaciones telefónicas y documentación bancaria— permite establecer que estos actores tenían pleno conocimiento del conflicto generado por la oposición comunitaria al proyecto y participaron activamente en la adopción de estrategias orientadas a neutralizarla, incluyendo la coordinación de acciones de seguridad, la gestión de recursos financieros y el uso de influencias institucionales.
El GIEI documentó que integrantes de la familia Atala participaron directa o indirectamente en espacios de coordinación orientados a la gestión del conflicto territorial, incluyendo el grupo denominado “Seguridad PHAZ”, en el que se desarrollaron acciones sistemáticas de vigilancia, recolección de información y seguimiento contra Berta Cáceres y el COPINH. En particular, se identificaron gestiones destinadas a articular intervenciones estatales —incluidos desalojos— a través de contactos de alto nivel en el Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional, con el objetivo de neutralizar la oposición comunitaria al proyecto. El GIEI constató el rol de directivos responsables del manejo financiero de la empresa en la administración de cuentas y pagos, así como su conocimiento y disposición a recurrir a la violencia como mecanismo de resolución del conflicto.
El análisis de comunicaciones y datos de geolocalización permitió establecer que, en los días posteriores al crimen, los principales accionistas directivos y gerentes de DESA mantuvieron contactos reiterados y coordinados lo que evidencia un nivel de articulación orientado a gestionar las repercusiones del asesinato. En su conjunto, el GIEI concluyó que estos elementos fueron determinantes para la configuración de un móvil criminal de naturaleza empresarial, vinculado a la protección de los intereses económicos y financieros del proyecto Agua Zarca, y para la consolidación del dispositivo de financiamiento que culminó en el asesinato de Berta Cáceres.
El GIEI determinó que el asesinato de Berta Cáceres, se inscribió en un contexto de operaciones ajenas al objeto social del proyecto, destacándose una multiplicidad sostenida de pagos bajo sospecha que permitió a la empresa DESA financiar actividades de vigilancia e inteligencia ilegal, estructuras parapoliciales y logística represiva; cooptar autoridades públicas y municipales; influir en fuerzas de seguridad estatales; manipular la narrativa pública; y blindar financieramente un proyecto inviable e ilegal, asegurando la continuidad del financiamiento internacional. El GIEI documentó que esta arquitectura incluyó pagos directos e indirectos a funcionarios públicos y exfuncionarios con capacidad de decisión, así como el uso de auditorías, certificaciones técnicas y consultorías externas para otorgar una apariencia de legalidad y cumplimiento socioambiental al proyecto. Estas certificaciones, emitidas pese a la existencia de irregularidades graves y conflictos territoriales no resueltos, operaron como un mecanismo de legitimación que permitió la continuidad del financiamiento internacional y el subsecuente desvío de recursos. Asimismo, el GIEI acreditó la existencia de pagos recurrentes a informantes y a grupos comunitarios con funciones parapoliciales, coordinados con fuerzas estatales, destinados a vigilar, intimidar y fragmentar la oposición comunitaria. Se documentó también el financiamiento de acciones de manipulación mediática y la adquisición de tierras con recursos ilícitos, que servía para para blanquear fondos, debilitar la resistencia social y asegurar el control territorial. En su conjunto, estos mecanismos facilitaron una captura progresiva de distintas ramas del poder estatal, en la que autoridades llamadas a proteger los derechos humanos y el medio ambiente actuaron, por acción u omisión, en favor de intereses privados, debilitando el Estado de derecho y garantizando altos niveles de impunidad. El GIEI concluyó que este conjunto de prácticas fue constitutivo del modelo de negocio del proyecto Agua Zarca y determinante para la configuración del crimen que culminó con el asesinato de Berta Cáceres.
Asimismo, el GIEI documentó una obstaculización deliberada de la investigación criminal desde sus primeras horas. Esta incluyó la promoción de narrativas falsas para desviar la atención, la criminalización del entorno de la víctima y del testigo sobreviviente, la interceptación masiva de comunicaciones de miembros del COPINH mientras se omitía investigar a actores empresariales clave, la incorporación de pruebas falsas, conflictos de interés dentro de la investigación fiscal y la ausencia de mecanismos adecuados de protección frente a amenazas contra investigadores y fiscales. Aunque el Estado logró condenar a los ejecutores directos del asesinato, y a algunos eslabones intermedios ligados a la empresa DESA, no investigó de manera exhaustiva el rol que en el crimen tuvieron los directivos de mayor nivel y los accionistas de la empresa, en especial en relación con el soporte financiero del crimen. Además, tampoco se investigó de manera exhaustiva la responsabilidad que, por acción u omisión, corresponde al Estado por la actuación de sus funcionarios públicos.
El GIEI determinó que los daños derivados del asesinato de Berta Cáceres y del conflicto asociado al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca son múltiples, diferenciados y de carácter individual y colectivo. Estos daños afectan a su familia, al testigo sobreviviente Gustavo Castro, al COPINH como organización, a la comunidad indígena lenca de Río Blanco y al río Gualcarque como espacio espiritual, cultural y de subsistencia. No se trata de impactos aislados, sino de afectaciones acumulativas producidas a lo largo de años de imposición del proyecto, violencia, criminalización y ausencia de protección estatal.
Desde el ingreso del proyecto al territorio lenca, la comunidad de Río Blanco sufrió la destrucción de sus tierras y cultivos, restricciones al acceso a tierras comunales y al río, y un despliegue progresivo de mecanismos de control territorial, incluyendo la militarización del territorio, redes de vigilancia, amenazas y el uso de la fuerza. Estas prácticas generaron un clima sostenido de temor y se complementaron con el hostigamiento sistemático, la estigmatización pública y la criminalización judicial de personas defensoras, así como con hechos de extrema gravedad, incluidos asesinatos y otras formas de violencia dirigidas a desarticular la resistencia comunitaria. Estos impactos fueron diferenciados y agravados en el caso de las mujeres indígenas y de las personas jóvenes.
El GIEI concluyó que la causa estructural del conflicto territorial y de la violencia asociada al proyecto radica en la omisión persistente del Estado hondureño de reconocer y garantizar el derecho del pueblo indígena lenca de Río Blanco a la propiedad colectiva de su territorio. La ausencia de título colectivo, la superposición de derechos sobre el territorio y la imposición del proyecto sin consulta previa, libre e informada colocaron a la comunidad en una situación de especial vulnerabilidad frente al despojo, la criminalización y el uso de la violencia, facilitando la afectación de sus derechos territoriales, culturales y espirituales.
El asesinato de Berta Cáceres produjo impactos devastadores y de largo alcance. A nivel familiar, afectó
profundamente la salud, los proyectos de vida y la estabilidad emocional de sus familiares; a nivel colectivo, buscó debilitar al COPINH y a la comunidad de Río Blanco; y a nivel social, reforzó la impunidad estructural y el debilitamiento del Estado de derecho. El GIEI constató que el Estado no ha adoptado medidas efectivas de cesación ni de reparación integral, manteniendo las condiciones que posibilitaron las violaciones y perpetuando sus efectos en el tiempo.
El GIEI concluyó que el asesinato de Berta Cáceres y las violaciones asociadas comprometen
responsabilidades diferenciadas y concurrentes del Estado, de actores empresariales y de instituciones
financieras, cada uno conforme a sus obligaciones específicas bajo el derecho internacional, cuya actuación y omisiones facilitaron la planificación, el financiamiento, la ejecución y la impunidad del crimen. Las violaciones de derechos humanos documentadas en el asesinato de Berta Cáceres comprometen la responsabilidad internacional del Estado de Honduras, por la falta de respeto y garantía de los derechos a la vida e integridad personal de Berta Cáceres y de Gustavo Castro en un contexto en el que agentes estatales participaron, por acción u omisión, en la planificación, ejecución y encubrimiento del crimen; por los graves daños ocasionados a la comunidad indígena lenca de Río Blanco como consecuencia de la militarización del territorio; por la ausencia de consulta previa, libre e informada; por el incumplimiento del deber de delimitar, demarcar, titular y sanear el territorio indígena; por la omisión del deber de prevención frente a riesgos conocidos para la vida e integridad personal; y por la falta de regulación, supervisión y fiscalización efectiva de la actividad empresarial y financiera, así como por la ausencia de una investigación integral que alcanzara a todas las personas responsables, incluidas aquellas que actuaron desde posiciones de poder y decisión.
El GIEI concluyó asimismo que las instituciones financieras nacionales y multilaterales involucradas incumplieron sus obligaciones específicas en materia de derechos humanos, en particular aquellas relativas a los derechos de los pueblos indígenas y a la debida diligencia, y que estas fallas permitieron la liberación y el uso indebido de fondos en un contexto de violencia y conflictividad territorial, contribuyendo materialmente a la comisión de las violaciones documentadas.
Finalmente, el GIEI subrayó que la obligación de reparar y las garantías de no repetición exigen medidas que trasciendan respuestas meramente formales o compensatorias, incluyendo investigaciones exhaustivas sobre la coautoría de mandos superiores y financistas, el fortalecimiento institucional del Ministerio Público, la adopción de un marco robusto de regulación y supervisión empresarial y financiera con enfoque de derechos humanos, la implementación de medidas efectivas de protección para las personas defensoras, y la adopción de reparaciones estructurales, integrales y colectivas orientadas a modificar las condiciones que hicieron posibles las violaciones y a restablecer la confianza de las comunidades afectadas en las instituciones del Estado.
El Plan de Reparación Integral y Recomendaciones
En este marco, el GIEI propone las bases de un Plan de Reparación Integral que comprende medidas de
cesación y restitución, así como de rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. Dicho Plan se concibe como un proceso integral, colectivo y transformador, indispensable para restaurar la dignidad de las víctimas, reconstruir el tejido social del pueblo indígena lenca de Río Blanco y garantizar que crímenes como el asesinato de Berta Cáceres no vuelvan a repetirse. Estas recomendaciones están orientadas a garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral, así como a establecer garantías efectivas de no repetición
Sobre la base de los hallazgos y evidencias identificados a lo largo de la investigación realizada por el GIEI— relativos tanto a las distintas aristas que rodearon el asesinato de la lideresa Berta Cáceres como a los daños, individuales y colectivos, causados en el contexto del proyecto Agua Zarca y de las acciones violentas que lo caracterizaron—formuló las recomendaciones que se presentan a continuación. El GIEI subraya que las recomendaciones no constituyen un conjunto de medidas sugeridas ni un glosario de buenas prácticas, sino que han sido formuladas con miras a su cumplimiento obligatorio, en el entendido de que su implementación efectiva es condición necesaria para enfrentar problemas estructurales de impunidad y violencia que impactan de manera directa a las comunidades y a los sectores históricamente más discriminados de Honduras.
El GIEI recomienda al Estado las siguientes medidas de cesación y restitución:
• Revocar de manera total y definitiva los instrumentos jurídicos del proyecto Agua Zarca durante los primeros treinta días posteriores a la publicación de este informe.
• Demarcar, delimitar, titular durante los sesenta días siguientes a la publicación de este informe y sanear integralmente el territorio ancestral lenca de Río Blanco antes de cumplir los doscientos cuarenta días siguientes a la publicación de este informe.
• Emitir una instrucción administrativa vinculante que prohíba a las municipalidades otorgar títulos de propiedad individuales en contravención con la normativa nacional aplicable y en perjuicio de los derechos colectivos de la comunidad lenca de Río Blanco, dentro de los quince días siguientes a la publicación de este informe.
• Iniciar y completar de oficio la disolución y liquidación de DESA y destinar activos recuperados a la reparación antes de cumplir los ciento ochenta días siguientes a la publicación de este informe.
• Depurar y abrir al escrutinio público los archivos de inteligencia e integrarlos en un archivo de memoria histórica antes de cumplir los doscientos cuarenta días siguientes a la publicación de este informe.
El GIEI recomienda al Estado las siguientes medidas de rehabilitación:
• Crear el Programa “Berta Cáceres” de atención médica, psicológica, psicosocial y comunitaria e iniciar antes de cumplir los noventa días siguientes a la publicación del este informe la operación del programa.
• Implementar el programa de becas “Berta Cáceres”.
• Poner en marcha un plan agrícola y productivo para el restablecimiento de los medios de
vida afectados —incluidos cultivos, animales y bienes materiales— mediante proyectos comunitarios de economía colectiva, acompañado de inversiones públicas en infraestructura, servicios básicos y acceso a mercados que garanticen su sostenibilidad a largo plazo durante los primeros sesenta días siguientes a la publicación de este informe.
• Desarrollar, con la participación de líderes espirituales lencas y el COPINH, procesos de justicia restaurativa intercultural antes de cumplir los ciento veinte días siguientes a la publicación de este informe.
El GIEI recomienda al Estado las siguientes medidas de satisfacción:
• Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad al más alto nivel antes de cumplir los noventa días siguientes a la publicación del informe.
• Construir un memorial permanente en honor a Berta Cáceres y al río Gualcarque antes de cumplir los 180 días siguientes a la publicación del presente informe.
• Incorporar contenidos educativos en currículos escolares y universitarios.
• Garantizar la publicación durante los treinta días siguientes a la publicación del informe y difusión amplia del informe en formatos accesibles, incluida lengua lenca antes de cumplir los noventa a días siguientes a la publicación de este informe.
El GIEI recomienda al Estado las siguientes medidas de compensación:
• Crear y financiar el Fondo de Reparación “Berta Cáceres”, con un modelo de gobernanza compartida, que permita indemnizar de manera efectiva y concurrente —sin sustituir la vía judicial— los daños materiales, inmateriales y al proyecto de vida sufridos por las víctimas directas e indirectas, conforme a los estándares interamericanos aplicables, mediante la emisión y publicación del decreto correspondiente dentro de los 180 días siguientes a la publicación de este informe, asegurando que, dentro de los 90 días posteriores, se asignen recursos presupuestarios y que estos queden efectivamente incorporados en el presupuesto correspondiente dentro de ese mismo plazo.
El GIEI recomienda al Estado las siguientes medidas de garantía de no repetición:
• Garantizar la investigación, juzgamiento y sanción de la responsabilidad empresarial del asesinato, incluyendo a todos los actores vinculados al crimen.
• Adoptar un Protocolo Nacional de Investigación de Delitos contra Personas Defensoras dentro de los primeros noventa días siguientes a la publicación de este informe.
• Reformar el Mecanismo Nacional de Protección, incorporando un diagnóstico nacional de riesgo, la gobernanza participativa de la sociedad civil, enfoques diferenciados (género, intercultural y territorial) plenamente operativos, obligaciones de debida diligencia empresarial en sectores de alto riesgo conforme a estándares internacionales, y un abordaje interinstitucional con compromiso del Ministerio Público y asignación presupuestaria suficiente.
• Impulsar una reforma integral del Ministerio Público orientada a superar su crisis de eficacia y legitimidad mediante la adopción de modelos de persecución penal estratégica, el fortalecimiento de la investigación de mercados criminales y de las capacidades especializadas de investigación financiera y anticorrupción, la creación de una unidad técnica de coordinación con reguladores financieros, el refuerzo de los mecanismos de control interno y externo, y la mejora de los procesos de selección de personal, con el fin de desarticular las principales redes de criminalidad, frenar la criminalización arbitraria de comunidades vulnerables y combatir la impunidad estructural que afecta al país.
• Adoptar, con carácter urgente, un marco legislativo y administrativo integral que establezca obligaciones claras y exigibles de debida diligencia en derechos humanos para todas las empresas e instituciones financieras nacionales e internacionales que operan en el país, conforme a los estándares internacionales —incluidos los Principios Rectores de la ONU—, que regule el otorgamiento de financiamiento a proyectos de desarrollo y de explotación de bienes comunes, asegure el respeto al derecho a la consulta previa, libre e informada, exija estudios de impacto y mecanismos de reparación, garantice la transparencia sobre beneficiarios finales, y establezca sistemas efectivos de supervisión interinstitucional con participación de la sociedad civil y de los pueblos indígenas y afrodescendientes, incluyendo la adopción inmediata de un decreto administrativo mientras se aprueba la legislación correspondiente.
• Crear un órgano específico de coordinación, con sustento normativo, autonomía técnica y capacidad operativa, encargado de articular a las instituciones responsables, dar seguimiento al cumplimiento íntegro de las medidas y garantizar la participación efectiva de las víctimas, comunidades afectadas y organizaciones de la sociedad civil, sin sustituir las obligaciones propias de cada autoridad ejecutora.
• Crear un Comité de Seguimiento independiente, con autonomía técnica y financiera, integrado por personas de reconocida trayectoria en derechos humanos y acordadas con las víctimas, encargado de monitorear, evaluar y supervisar la implementación del Plan de Reparación, publicar informes periódicos y garantizar la transparencia, contando para ello con acceso irrestricto a la información y con un presupuesto estable y suficiente.
El GIEI recomienda al Estado de Honduras:
• A la luz de los avances alcanzados y de las limitaciones del período de investigación desarrollado, el GIEI recomienda la continuidad de su mandato a fin de profundizar líneas de investigación aún no esclarecidas y completar el esclarecimiento integral de los hechos.
• Implementar procesos de depuración institucional y control interno en SERNA, ENEE, SEN e INA.
• Profundizar la depuración y el control interno en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
• Iniciar los procedimientos administrativos, mercantiles y judiciales para la disolución, liquidación y cancelación del registro mercantil de DESA.
• Practicar una auditoría exhaustiva de los registros financieros de DESA y de las empresas relacionadas para identificar activos para destinar a la reparación integral.
El GIEI recomienda al Instituto Nacional Agrario (INA) y al Instituto de la Propiedad (IP):
• Concluir, con carácter prioritario, la demarcación, delimitación, titulación colectiva y saneamiento del territorio ancestral lenca de Río Blanco.
• Revisar de oficio la situación jurídica de los títulos individuales y las concesiones otorgados de forma incompatible con los derechos territoriales de la comunidad.
• Instruir a las municipalidades y registros locales a prohibir la emisión de nuevos títulos individuales dentro del territorio en proceso de regularización y garantizar la vinculatoriedad de las decisiones de saneamiento y titulación para todas las instituciones del Estado.
El GIEI recomienda al Estado:
• Reformar y fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección para garantizar atención prioritaria a personas defensoras de la tierra, el territorio y el ambiente
• Incorporar medidas colectivas y comunitarias y evaluaciones de riesgo que contemplen factores estructurales de violencia y criminalización.
• Establecer perfiles especializados para el personal de análisis de riesgo con formación en enfoque de género, interculturalidad, conflictividad socioambiental y criminalidad compleja.
• Actualizar el catálogo de medidas de protección para transformarlo en una instancia de protección integral.
El GIEI recomienda a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE):
• Revisar y reformar los procedimientos de evaluación y aprobación de contratos de suministro de energía.
• Verificar documentalmente la existencia de una consulta previa, libre e informada válida.
• Certificar la inexistencia de conflictos socioambientales graves o medidas cautelares internacionales.
• Crear una unidad independiente de debida diligencia socioambiental y de derechos humanos encargada de evaluar riesgos antes de la firma de contratos, monitorear el cumplimiento durante su ejecución y recomendar la suspensión o terminación de contratos ante violaciones graves o persistentes.
• Establecer un registro público y accesible en línea de los contratos de suministro de energía y de operación que incluya sus términos esenciales, la ubicación y características de los proyectos, los estudios de impacto y supervisión, así como las sanciones, suspensiones o resoluciones por incumplimientos ambientales o sociales.
• Crear una unidad de prevención de la corrupción con independencia funcional encargada de prevenir conflictos de interés, supervisar el manejo financiero de los proyectos, recibir denuncias de irregularidades y garantizar la transparencia en litaciones y contratos.
El GIEI recomienda a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA):
• Establecer una unidad especializada de inspección y fiscalización ambiental.
• Implementar protocolos obligatorios de monitoreo periódico con especial énfasis en aquellos proyectos ubicados en zonas de conflictividad socioambiental.
• Garantizar procesos de consulta previa culturalmente adecuados y ajustados a los estándares interamericanos e internacionales.
• Revisar de oficio y, cuando corresponda, anular licencias ambientales otorgadas irregularmente.
• Diseñar e implementar un sistema nacional de monitoreo articulado con ENEE, SEN, INA e IP.
• Establecer un procedimiento reforzado de evaluación ambiental para proyectos de alto impacto en territorios indígenas que incorpore impactos acumulativos, análisis de riesgos para personas defensoras y la participación de peritos independientes propuestos por las comunidades.
• Crear una unidad de prevención de la corrupción con independencia funcional encargada de prevenir conflictos de interés, supervisar el manejo financiero de los proyectos, recibir denuncias de irregularidades y garantizar la transparencia en litaciones y contratos.
El GIEI recomienda a la Secretaría de Energía (SEN):
• Adoptar medidas de transparencia institucional y prevención de conflictos de interés.
• Revisar y reformar el marco regulatorio de concesiones hidroeléctricas para asegurar la consulta previa, libre e informada en territorios indígenas y excluir proyectos en zonas de alta conflictividad, violencia contra personas defensoras o corrupción.
• Crear un Registro Nacional de Concesiones Hidroeléctricas de acceso público con información sobre concesiones y beneficiarios finales.
El GIEI recomienda al Instituto Nacional Agrario (INA):
• Establecer un Programa Nacional de Titulación Colectiva con metas, presupuesto y participación directa.
• Crear una Unidad de Reconocimiento Territorial y Cartografía Comunitaria encargada de validar mapas comunitarios, aplicar metodologías participativas y antropológicas, y reconocer la continuidad histórica y la ocupación tradicional de las tierras conforme a la jurisprudencia interamericana.
• Implementar un mecanismo extraordinario de revisión de títulos individuales emitidos dentro de territorios indígenas.
• Garantizar la vinculatoriedad de las decisiones de saneamiento y titulación para todo el aparato estatal.
El GIEI recomienda al Instituto de la Propiedad (IP):
• Establecer un Registro Especial de Territorios Indígenas de carácter público que identifique tierras en proceso de titulación, suspenda inscripciones que las afecten y garantice la inoponibilidad de títulos fraudulentos.
• Realizar, en coordinación con la INA, auditorías registrales retroactiva con el fin de identificar irregularidades en la emisión de títulos en Rio Blanco y en otros territorios afectados por megaproyectos.
• Implementar sistemas de alertas tempranas registrales.
• Adoptar medidas de transparencia activa mediante publicación de historiales y procedimientos disciplinarios.
El GIEI recomienda a los registros locales y municipalidades:
• Suspender la inscripción de actos y permisos en territorios indígenas cuando existan procesos de saneamiento, títulos fraudulentos o denuncias comunitarias.
• Validar con autoridades indígenas antes de emitir permisos municipales.
• Resguardar archivos históricos, catastros y documentación comunal.
• Incorporar la consulta previa en procedimientos administrativos municipales.
• Adoptar políticas de prevención de la corrupción y del lavado de activos.
El GIEI recomienda al Poder Judicial:
• Adoptar un protocolo obligatorio de remisión de copias, dirigido a la SERNA, la ENEE, el INA, el IP, la PGR y demás instituciones pertinentes, cuando las sentencias penales o civiles revelen posibles ilegalidades administrativas, ambientales o patrimoniales.
• Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional, con plazos perentorios, para que las instituciones receptoras adopten acciones correctivas inmediatas. Incorporar estándares interamericanos en la formación judicial.
• Fortalecer el control judicial de métodos especiales de investigación.
El GIEI recomienda al Ministerio Público:
• Impulsar una reforma orgánica y funcional del Ministerio Público que priorice la persecución penal estratégica y supere la fragmentación institucional mediante enfoques integrales para abordar fenómenos delictivos complejos, incluyendo la creación de una Dirección de Análisis Criminal y una Dirección de Análisis Financiero con capacidades especializadas en investigación de redes criminales, patrones de violencia estructural y flujos financieros ilícitos.
• Implementar equipos conjuntos de investigación interdisciplinarios, conformados por fiscales, analistas, peritos, investigadores de campo y especialistas en delitos económicos, financieros y de corrupción.
• Fortalecer la cooperación internacional y el intercambio de información financiera.
El GIEI recomienda al Congreso Nacional:
• Aprobar reformas estructurales para modernizar el sistema de justicia penal.
• Revisar y derogar normas regresivas contrarias a los estándares internacionales.
• Armonizar el marco legal con el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia interamericana.
• Crear marcos específicos para prevenir la corrupción y la criminalidad empresarial que regulen los conflictos de interés y las puertas giratorias, supervisen el financiamiento de la seguridad privada y garanticen el control parlamentario, la transparencia y la auditoría social en proyectos extractivos y energéticos.
• Reformar el Código Procesal Penal para ampliar la figura del acusador privado y permitir la participación de organismos internacionales en casos de corrupción, criminalidad económica, delitos ambientales y graves violaciones a derechos humanos.
• Aprobar una reforma integral del régimen de colaboración eficaz y derecho premial que, con control judicial reforzado y supervisión externa, garantice colaboraciones verificables y sustanciales, protección integral a las personas colaboradoras y la exclusión de beneficios para encubrir a altos mandos o autores intelectuales.
• Ampliar los plazos de conservación y reporte de información bancaria, fiscal y de telecomunicaciones para fortalecer la investigación de delitos complejos.
Recomendaciones en Materia financiera, Supervisión y Ética Profesional
El GIEI recomienda a las entidades financieras nacionales, regionales e internacionales:
• Reconocer públicamente su responsabilidad en el presente caso.
• Contribuir de manera sustantiva y proporcional al Fondo de Reparación “Berta Cáceres”.
• Revisar y fortalecer sus marcos de debida diligencia en derechos humanos y ambiente para prevenir efectivamente la repetición de estos hechos.
• Garantizar plena transparencia frente a las comunidades afectadas y las autoridades supervisoras nacionales en proyectos de alto riesgo.
• Adoptar controles efectivos sobre el manejo financiero de fondos que permitan prevenir y alertar sobre desvíos y solicitudes o movimientos irregulares de fondos.
• Cooperar con las autoridades nacionales e internacionales y compartir expedientes relevantes.
El GIEI recomienda a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF):
• Diseñar y exigir controles reforzados a sujetos obligados.
• Mejorar la detección temprana de transacciones sospechosas.
• Fortalecer la identificación de tipologías de lavado de activos.
• Prevenir el uso del sistema financiero para sobornos, cooptación o criminalización.
El GIEI recomienda a entidades supervisoras de medios de comunicación y colegios profesionales:
• Establecer reglas obligatorias sobre conflictos de interés y financiamiento de contenidos.
• Crear mecanismos eficaces de denuncia, investigación y sanción frente a prácticas de desinformación, estigmatización o campañas pagadas orientadas a criminalizar a personas defensoras, organizaciones sociales o comunidades.
• Prevenir la desinformación y la estigmatización de personas defensoras.
• Promover estándares de ética profesional compatibles con los derechos humanos.
El GIEI recomienda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):
• Expandir el uso de Grupos Interdisciplinarios de Expertos Independientes.
• Impulsar mecanismos de cooperación y seguimiento.
• Fortalecer la asistencia al Estado en análisis criminal y financiero.
• Adoptar medidas para monitorear y proteger la seguridad del COPINH y de las personas
expertas del GIEI.
Comunicado de Otros Mundos Chiapas sobre el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre en caso #JusticiaParaBerta a casi 10 años del asesinato de Berta Cáceres- A 12 de enero de 2026
Otros Mundos Chiapas manifiesta su total apoyo y respaldo al Informe sobre el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres y otros delitos conexos, y propuesta sobre el plan de reparación integral, presentado el día de hoy en Tegucigalpa, Honduras, por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado bajo el acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno de Honduras.
Los hallazgos de la investigación llevada a cabo durante el año 2025 por parte del GIEI, revelan que la ejecución de Berta Cáceres donde fue herido nuestro compañero Gustavo Castro Soto, testigo del crimen, “fue encomendada a un grupo profesional de sicarios contratados específicamente para poner fin a su vida y a su lucha social, entonces centrada en la denuncia del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.” El GIEI manifiesta que “El asesinato de Berta Cáceres representa un caso paradigmático en la lucha contra la impunidad en Honduras y América Latina.”
El informe devela la trama financiera de fondos internacionales otorgados por el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de los Paı́ses Bajos
(FMO), bajo el control de Daniel Atala Midence, gerente financiero de DESA, en vinculación con
Roberto David Castillo Mejía, presidente ejecutivo de la empresa y actualmente preso. Para el GIEI,
“El asesinato de Berta Cáceres fue un crimen empresarial, financiero y político, ejecutado mediante una
arquitectura criminal compleja que articuló intereses económicos, financiamiento internacional,
estructuras de seguridad, corrupción institucional y omisiones graves del Estado.”
Para el GIEI, “Los daños derivados del asesinato de la señora Berta Cáceres y del conflicto asociado al proyecto Agua Zarca son múltiples y diferenciados. Afectan a la familia Cáceres, al testigo sobreviviente Gustavo Castro, al COPINH como organización, a la comunidad indígena lenca de Rı́o Blanco y al Rı́o Gualcarque como espacio espiritual y cultural.” El GIEI concluye que “los daños causados en el presente caso, y las correspondientes violaciones a los derechos humanos, comprometen la responsabilidad internacional del Estado de Honduras.”
Avalamos las recomendaciones del GIEI sobre la reparación integral, con medidas de cesación y restitución; de rehabilitación, de satisfacción y compensación. Con garantías de no repetición. Se recomienda además la revocación definitiva del Proyecto Agua Zarca, la titulación y saneamiento del territorio ancestral lenca de Río Blanco, la disolución y liquidación de DESA, la depuración y acceso a archivos de inteligencia, la depuración institucional y control interno, y la reforma y el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Protección, entre otras muchas medidas.
Felicitamos el trabajo del GIEI y nos sumamos a la exigencia de ¡Justicia para Berta!
OTROS MUNDOS A.C.
El próximo lunes 12 de enero el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), instalado en Honduras para investigar el feminicidio territorial de Berta Cáceres, presentará los resultados de su investigación y develará información clave respecto a la planificación y el financiamiento del asesinato de la defensora Lenca.
El informe incluirá hallazgos respecto a los actores responsables del crimen, así como recomendaciones para la garantía de justicia y reparación, y representa un hito en el camino de justicia para Berta Cáceres, su familia y el pueblo Lenca al reconstruir con rigor e independencia la verdad sobre el crimen.
Lunes 12 de enero
9:00am Honduras | 10:00am Washington D.C.
En vivo: : youtube.com/@noticiasCanal8
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA en conmemoración de Mariano Abarca – A 28 de noviembre del 2025
Este 27 de noviembre, recordamos a Mariano Abarca Roblero, defensor ambiental, integrante fundador de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) y referente de la lucha contra la minería en Chiapas y en América Latina. Mariano fue asesinado el 27 de noviembre de 2009 en Chicomuselo, Chiapas, por haber denunciado los impactos sociales y ambientales de la empresa minera canadiense Blackfire Exploration, que explotaba la mina de barita “La Revancha” en el ejido Morelia.
Recordamos que su asesinato no fue un hecho aislado ni fortuito, Mariano había sido objeto de hostigamientos, amenazas y campañas de criminalización, incluyendo una detención injusta dos meses antes de su asesinato, precisamente por oponerse al daño provocado por la empresa minera y por organizar a la comunidad para defender el territorio.
La organización comunitaria de Chicomuselo y la fuerza de Mariano lograron que el municipio se declarará “Territorio libre de minería“ y la clausura de la mina de Blackfire en el ejido Morelia. Sin embargo, la violencia no se ha desarticulado de la mina en la región, por lo que pobladores del municipio han continuado con diversas demandas, confirmando que en donde se establece una mina no volverá a haber paz.
La búsqueda de justicia por el asesinato de Mariano Abarca se ha convertido en un caso emblemático contra la impunidad en México y en Canadá. En 2017, su familia, la REMA y las organizaciones Otros Mundos Chiapas y MiningWatch Canadá llevamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciando la negligencia del Estado mexicano para garantizar la seguridad física y psicológica de Mariano, a pesar de las amenazas públicas y documentadas en su contra.
En 2018, la familia de Mariano denunció en Canadá la complicidad de la Embajada de Canadá en México, que priorizó la protección de los intereses de Blackfire por encima de la seguridad de Mariano, incluso en los meses y semanas previas a su asesinato. A este proceder le hemos nombrado “diplomacia letal”, para evidenciar cómo la política exterior canadiense puede volverse un factor directo de riesgo para quienes defienden el territorio. Después de que las instancias legales canadienses rechazaran la denuncia, en 2023 se presentó un nuevo recurso ante la CIDH, señalando también la responsabilidad del gobierno canadiense por su rol en la protección de las empresas mineras y en la falta de garantías para las personas defensoras.
Este 2025, el recuerdo de Mariano se cruza con un nuevo ciclo de promoción agresiva de la minería, incluyendo a Canadá. El 18 de septiembre, el primer ministro canadiense Mark Carney visitó México para fortalecer el T-MEC, blindar inversiones y abrir nuevas oportunidades comerciales para las empresas de capital privado en Canadá. Desde la REMA, afirmamos que está visita no representó ninguna garantía contra la impunidad con la que han operado históricamente las minas canadienses en nuestro país; por el contrario, buscó consolidar la continuidad de una prosperidad no compartida y racista, basada en el saqueo de los minerales y en la violación a los derechos de los pueblos.
Durante una mañanera, la presidenta de México Claudia Sheinbaum declaró que Carney se comprometió a pedir a las mineras canadienses que cumplan con las normas ambientales si están interesados en aumentar inversiones en México, sin embargo sabemos lo hueco de esta promesa por nuestra experiencia en los territorios y por saber que, en Canadá, se ha estado desarmando el mecanismo creado para recibir quejas sobre empresas canadienses en el exterior (mecanismo que hemos denunciado como insuficiente y sin poder de hacer recomendaciones vinculantes sobre la actuación de las empresas). En Chicomuselo, Chiapas, tal como en Carrizalillo, Guerrero, la “buena conducta” empresarial que promete el mandatario canadiense y las promesas de mejores prácticas no han traído justicia, ni han frenado la contaminación, las enfermedades y el despojo ligado a la minería.
Durante este mes, el 19 de noviembre, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, vuelve a entregar a México como un destino “seguro” para la inversión extractiva, anunciando que vuelve a reactivar el modelo extractivo minero de muerte. Aparentemente, no le importa a este gobierno toda la evidencia de los graves daños socioambientales que el modelo minero genera, muchos de ellos irreparables, y tampoco la violencia que atrae, desde los asesinatos y desapariciones de personas defensoras del territorio al desplazamiento forzado de poblaciones. Al mismo tiempo, el propio gobierno está atado a tratados comerciales como el T-MEC y el TPP, que lo exponen a demandas millonarias por parte de las mismas corporaciones responsables de la devastación de los territorios como parte de la estructura de impunidad, siendo México el cuarto país más demandado por empresas transnacionales en el mundo y el tercero a nivel del Caribe y América Latina.
Por eso, cuando hoy se anuncian nuevas rondas de expansión minera y se publicitan los absurdos “compromisos” ambientales de las empresas canadienses, desde la REMA denunciamos que la impunidad de Blackfire y del Estado canadiense en el caso de Mariano Abarca, y de tantos otros casos en el país, sigue intacta. La falta de protección brindada a Mariano por parte del Estado mexicano, así como la complicidad activa de la Embajada de Canadá, crearon las condiciones para que su asesinato ocurriera. Hasta hoy, ninguno de los dos Estados ha asumido plenamente su responsabilidad ni ha garantizado justicia y reparación para su familia y su comunidad.
Desde la REMA exigimos que tanto el Estado mexicano como el Estado canadiense respondan por su responsabilidad en la falta de protección a Mariano y por la impunidad que rodea su caso; y que se detenga la promoción de la minería como supuesto motor de desarrollo. Exigimos verdad, justicia y reparación en los territorios ya devastados; y que se respeten las decisiones de los pueblos que, como Chicomuselo, se han declarado libres de minería y han dicho NO al modelo extractivo.
Enviamos un saludo a la iniciativa creada por Otros Mundos A.C., el “Premio Ambiental Mariano Abarca”, que es un reconocimiento moral y colectivo a las luchas en defensa del territorio y la vida en Chiapas, y que este año distingue a la BIORED por sus alternativas comunitarias de energía, agua y soberanía alimentaria frente al modelo extractivo. El legado de Mariano no sólo denuncia las injusticias, sino que también sigue inspirando a construir territorios libres de extractivismo y llenos de alternativas al modelo de producción capitalista.
¡Mariano Abarca vive en la lucha de los pueblos de Chicomuselo, de Chiapas y de toda América Latina!
Compartimos este comunicado de CLIFODH y Otros Mundos – A 21 de noviembre del 2025
El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, el Tribunal Colegiado del Poder Judicial del Estado de Chiapas, ordenó la libertad inmediata de nuestro representado, el indígena tseltal Manuel Santiz Cruz, acusado de un delito que no cometió y por el que estuvo preso más de tres años. La decisión del organismo fue la respuesta al amparo 64/2025 que la Clínica de Litigio Indígena y Formación en Derechos Humanos – Otros Mundos interpuso ante la serie de violaciones a los derechos humanos ocurridas a lo largo del proceso judicial contra Manuel Santiz Cruz y la consecuente sentencia condenatoria de 25 años, a todas luces injusta.
Entre las acciones contrarias a la justicia se encuentran:
Manuel Santiz Cruz es miembro activo de la Parroquia de San Juan Evangelista en Cancuc, de donde es originario, así como un reconocido defensor de derechos humanos y de la tierra y el territorio en dicho municipio. Su detención, encarcelamiento y sentencia condenatoria fueron un duro golpe a la justicia y una afrenta más a la población indígena del estado de Chiapas. Con su liberación no sólo se revierte esta terrible injusticia; se demostró su inocencia y se reparó en parte el daño causado a nuestro defendido, a su familia y a su pueblo.
Esperamos que la acertada decisión del Tribunal Colegiado del Poder Judicial en el caso de Manuel Santiz Cruz siente un precedente que sirva para que muchas otras personas injustamente presas alcancen la libertad que merecen.
Más información
Comunicado de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC – A 10 de octubre del 2025
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) se solidariza con la Unión de Afectados y afectadas por Texaco (UDAPT) organización hermana perteneciente a la Federación Amigos de la Tierra Internacional, y conformada por organizaciones y procesos de renombrada y honesta trayectoria que están siendo atacados por el gobierno de ultraderecha de Noboa que ordenó cerrar las cuentas bancarias de la organización el día 8 de octubre, generando graves perjuicios a su funcionamiento.
UDAPT trabaja hace más de 32 años en la en defensa de los derechos de los pueblos y los derechos humanos de más de 30000 personas afectadas por la contaminación y la impunidad de empresas petroleras transnacionales. Todos los fondos de la organización son lícitos y se utilizan para la misión institucional.
ATALC exige al gobierno del Ecuador detener estas acciones abiertamente antidemocráticas, y llamamos a la comunidad internacional y a las organizaciones y movimientos sociales a expresar su solidaridad y denunciar esta estrategia que busca inhabilitar la acción legítima de las organizaciones y movimientos sociales
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe
Octubre 10 de 2025
www.atalc.org
Comunicado de Otros Mundos Chiapas/Amigos de la Tierra México en solidaridad con la Colectiva Madres en Resistencia Chiapas ante nuevas agresiones que sufrieron el día de hoy 7 de octubre de 2025
El día de hoy, la Colectiva Madres en Resistencia Chiapas fue objeto de una nueva agresión, esta vez
de parte de las autoridades policiacas municipales de Tuxtla Gutiérrez, cuando se encontraban en
plantón indefinido a la altura de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.
Alrededor de las 15:00 hrs., efectivos femeninos y masculinos de la policia municipal se presentaron
en el lugar para desalojar a las integrantes de la Colectiva, quienes recibieron amenazas de
detención, agresiones verbales, y algunas, incluso fisicas. Llama la atención que varios elementos,
todos varones, portaban equipo táctico, pasamontañas y estaban armados, en contraste con sus
compañeras mujeres, que iban con el rostro descubierto y sin armas.
La Colectiva Madres en Resistencia Chiapas fue creada por valientes mujeres de diversos municipios
de nuestro estado, que buscan justicia para sus hijas asesinadas y sus hijos, padres, esposos y
hermanos desaparecidos. Han enfrentado la indiferencia, el desprecio, la omisión, la falta de
compromiso y ahora la agresión directa de autoridades que, lejos de atenderlas con el respeto y la
eficacia que merecen, se burlan de su tragedia y minimizan su dolor.
Nos preguntamos ¿dónde está la tan cacareada justicia con humanismo? ¿Dónde el Chiapas seguro
y la cero impunidad? ¿Dónde el cambio prometido? Lo ocurrido hoy con la Colectiva Madres en
Resistencia Chiapas es una muestra de la falta de congruencia entre el discurso y la realidad.
Expresamos, una vez más, nuestro repudio al maltrato que sufrió hoy la Colectiva, la cual ya ha sido
objeto de violencia desde el Estado en ocasiones anteriores. Exigimos que se brinde a sus
integrantes la atención respetuosa y expedita que merecen ellas y sus familias y que se deje de una
vez por todas de revictimizarlas. ¡¡No más simulaciones!!
¡¡¡NO ESTÁN SOLAS!!!
¡¡¡JUSTICIA PARA TODOS LOS CASOS DE FEMINICIDIO!!!
¡¡¡NUESTROS DESAPARECIDOS Y DESAPARECIDAS DE REGRESO EN CASA!!!
OTROS MUNDOS CHIAPAS – AMIGOS DE LA TIERRA MÉXICO
Más información:
Compartimos este pronunciamiento publicado por Witness donde diversas organizaciones respaldamos y pedimos seguridad para las personas defensoras en el marco de la Marcha en contra de la presa Milpillas y en Defensa del Río Atenco realizada en 12 de septiembre en Jiménez del Teúl, Zacatecas.
México a 11 de septiembre del 2025; Lxs abajo firmantes, reconocemos y respaldamos el histórico y legítimo esfuerzo del Movimiento en Defensa del Río Atenco, integrado por las comunidades afectadas por el proyecto Presa Milpillas en Zacatecas, para defender su territorio y sus derechos fundamentales, el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas y la Red Mexicana de Afectados/as por la Minería (REMA), en México.
Exigimos, con fundamento en estándares internacionales de derechos humanos y la protección de defensores del medio ambiente:
Invitamos a organismos de derechos humanos, la ciudadanía, medios independientes, redes de la sociedad civil y organismos internacionales a:
La defensa del Río Atenco no es sólo una lucha local: es la defensa de nuestros derechos colectivos, territoriales y ambientales. Lxs abajo firmantes reafirmamos nuestra solidaridad y compromiso para amplificar sus voces y resistencias.
Quienes defienden el territorio merecen protección, respeto y reconocimiento. ¡Están tejiendo futuro!
Firmas de organizaciones, comunidades, movimientos y medios libres:
Compartimos nuestro comunicado en solidaridad con la Colectiva de Madres en Resistencia Chiapas – A 12 de septiembre del 2025
Desde hace varias décadas, México vive una verdadera tragedia a nivel nacional en relación al tema de las y los desaparecidos. Prácticamente ningún estado de la República se salva de este flagelo. En Chiapas, las y los desaparecidos se cuentan ya por miles. Lamentablemente, la dimensión del problema, tanto a nivel nacional como estatal, no ha sido reconocida y menos antendida por ninguno de los últimos gobiernos, incluido el actual. Esto significa que las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos no sólo cargan con el dolor inenarrable de la desaparición sino que deben enfrentar la indiferencia, la incomprensión, el desprecio, la total falta de empatía, la incompetencia e incluso acusaciones que justifican el crimen, de parte de las autoridades encargadas de atenderlas.
Habrá que recordarle a dichas instancias que la desaparición involuntaria, sea forzada o en manos de particulares, es un delito tipificado en Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGMDFP), donde también se establecen las responsabilidades que el Estado tiene en la prevención y búsqueda de las víctimas. Es decir, el Estado, en cualquiera de sus niveles, está obligado a prevenir y sancionar el delito así como a implementar todas las medidas necesarias para la búsqueda y localización de las y los desaparecidos. No es una opción, es una obligación y es irrenunciable, sea cual sea la circunstancia de la víctima al momento de su desaparición.
Ante esta terrible realidad, en Otros Mundos A.C. apoyamos, con todo nuestra admiración, respeto y cariño, la labor de la Colectiva Madres en Resistencia Chiapas, conformada por mujeres extraordinarias que buscan, como ellas mismas expresan, no sólo a sus hijos e hijas, sino a todas y todos los desaparecidos en México. Exigimos a las autoridades estatales y federales que cumplan con su deber y atiendan las justas demandas de estas madres incansables, como miles en el resto del país. Basta de ignorarlas, basta de revictimizarlas, basta de violentar una y otra vez sus derechos.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 12 de septiembre de 2025.
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco – A 20 de agosto del 2025
A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES
Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación
Félix Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Derechos Humanos, SEGOB
Efraín Morales López, Titular de la CONAGUA
Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la CNDH
Yuriana Helena Hernández Lino, Subdirectora de Área, Subsecretaría de Derechos Humanos del Mecanismo para Defensores de DHH y Periodistas.
David Monreal Ávila, Gobernador de Zacatecas
Rodrigo Reyes Mugüerza, Secretario de Gobierno de Zacatecas
Maricela Dimas Reveles, Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Jan Jarab, Representante de la Oficina Regional ONU-DH
ANTECEDENTES
Las comunidades del municipio de Jiménez del Teúl en Zacatecas llevan 10 años luchando contra el proyecto de la presa Milpillas, que pretende captar 47 Mm3/año de agua, contribuyendo a solucionar el problema de abastecimiento del agua en el estado; pero que fue demostrado por varios estudios no ser viable, agudizando la problemática del agua en la entidad y afectando de manera irreversible a las comunidades donde quedaría instalada dicha presa.
Sandra Miranda Ortega es una de las personas lideresas de la lucha en contra de la presa, una de las fundadoras del Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco que agrupa a los ejidos de Atotonilco, Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales, así como a personas de la cabecera municipal de Jiménez del Teul. Como defensora de derechos humanos se ha destacado por apoyar siempre a la comunidad, a las personas con discapacidad y a personas enfermas, trasladándolas en su camioneta al hospital, dando orientación para trámites ante instituciones. En el período de 2019-2021, fue elegida por la comunidad para ser Delegada. Desde 2018 a la fecha ha defendido el territorio contra la instalación de la presa Milpillas.
HECHOS
El pasado 18 de agosto de 2025, la defensora de derechos humanos, de la tierra y el territorio en Zacatecas, Sandra Miranda Ortega, compareció ante el juez comunitario del municipio de Jiménez del Teul, Zacatecas, en un careo con la C. Liliana Nayeli Herrera Muro, directora de Obras públicas de dicho municipio. Este encuentro tuvo como objetivo esclarecer las declaraciones realizadas por la funcionaria, en las que vincula a la defensora con un presunto acto de compraventa de terrenos que realizaron otras personas sin la participación y consentimiento de la defensora, además, según testimonios esta compraventa se efectuó bajo presiones e intimidaciones, con el argumento de que “la presidenta de México expropiaría los terrenos” en caso de negarse a la venta.
Las declaraciones de la funcionaria pública, y el uso de información personal o familiar como herramienta de agresión o deslegitimación contra la defensora constituye una violación a sus derechos humanos y al derecho fundamental de defender derechos. A estas declaraciones se suman la difusión de un documento y fotografías de las personas implicadas que según la propia Liliana Herrera obtuvo a través de una solicitud de acceso a la información pública, mientras las fotografías le fueron proporcionadas por la titular de la secretaria del Agua y Medio Ambiente del estado de Zacatecas, la Dra. Susana Rodríguez Márquez (SAMA). El documento de transacción y la fotografía se ha divulgado principalmente dentro del Ejido de Atotonilco, acompañado de difamaciones en una franca acción dolosa para armar una campaña de odio contra la defensora Sandra Miranda, quien abiertamente se ha opuesto al proyecto de la presa Milpillas desde hace 10 años.
Durante el careo, la C. Iliana Herrera, incriminó a la defensora bajo la falsa acusación de estar impidiendo que personal de CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) entre a la comunidad a otorgar beneficios; cuando se trata de una decisión de las y los ejidatarios. Este tipo de prácticas no solo pone en riesgo la seguridad de quienes defienden la vida y el territorio, sino que también erosiona el tejido comunitario y debilita los procesos de justicia y resistencia que ellas sostienen.
Durante el careo, la defensora solicitó formalmente que se desvincule su nombre de dicha transacción, recordando que los señalamientos infundados vulneran la integridad de quienes defienden derechos humanos y obstaculizan su importante labor.
Cabe señalar que el 23 de julio del presente, a través de la regidora, Joana Cristina Torres Gallegos, le fue entregado a la CONAGUA un documento del Comisariado Ejidal donde le prohíbe entrar al Ejido Atotonilco sin la solicitud de un permiso. Sin embargo, contraviniendo dicho documento Ejidal, la CONAGUA ha entrado en vehículos particulares acompañados de trabajadoras (servidoras de la nación), violentando la decisión de las y los ejidatarios. Esto en una clara estrategia de coacción con el fin de reventar el tejido social y debilitar la lucha que las y los ejidatarios están dando por defender su territorio.
Denunciamos también que la citada funcionaria de SAMA ha estado hostigando a través de su personal al delegado de la comunidad, Adrián Ramos Torres, insistiendo en concertar reuniones en horarios inapropiados, así como llamadas por la madrugada, hechos que constituyen formas de presión e intimidación.
Estos actos representan los más recientes en contra de las personas defensoras de su territorio que se oponen al proyecto de la presa Milpillas, sin embargo, forman parte de un patrón continuo y sistemático de difamación, desinformación, hostigamiento y criminalización hacia ellas y ellos desde hace 10 años. Hacemos responsable a la Dra. Susana Rodríguez y al Gobierno del Estado de Zacatecas por los daños ocasionados a la privacidad, seguridad y dignidad de las familias afectadas, así como por la exposición pública de información personal que vulnera sus derechos humanos.
A estos hechos se suma la difamación y hostigamiento contra la defensora Sandra Miranda Ortega por parte del presidente municipal de Jiménez del Teul, Daniel Cisneros Esparza, quien el pasado 14 de agosto acudió a la comunidad de Las Bocas para promover el proyecto de la presa Milpillas, utilizando de nueva cuenta la venta realizada por familiares de la defensora como argumento de presión, creando así un ambiente de desconfianza y división con información que no tenía por qué ser divulgada.
Denunciamos:
1. La vulneración a la privacidad y seguridad de las familias afectadas.
2. Las acciones de hostigamiento, persecución y criminalización contra los defensores de derechos humanos Sandra Miran Ortega y Adrián Ramos Torres, por parte de Iliana Nayeli Herrera Muro, directora de Obras Públicas del municipio de Jiménez del Teul, y la Dra. Susana Rodríguez Márquez, titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA) del estado de Zacatecas.
3. El uso de intimidaciones, coacción, difamación con dolo, por parte de autoridades federales, estatales y municipales para imponer el proyecto de la presa Milpillas.
Exigimos:
Finalmente, hacemos un llamado urgente a la presidenta de México para que tenga conocimiento de que los supuestos “permisos” que se presumen obtenidos para la presa Milpillas, se han conseguido mediante coacción, intimidación y violaciones a derechos humanos, lo cual también la responsabiliza a ella por ser la titular del Estado y de la actual administración que promueve la realización del proyecto de la presa Milpillas como parte del Plan Nacional Hídrico.
Atentamente
Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco
Municipio de Jiménez del Teul, Zacatecas
Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería