Les compartimos la invitación a la presentación del libro: Totik Marcelo, Profeta y Martir por la Paz de nuestro Pueblo este lunes 28 de abril a las 5 pm en el Seminario Conciliar de San Cristóbal de Las Casas, Calle Julio M Corzo #16, Barrio de Santa Lucia
Compartimos esta carta difundida por la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA que fue enviada a la empresa minera Equinox Gold – A 13 de marzo del 2025
Hoy, casi 100 organizaciones y coaliciones de Canadá, incluyendo la Red Canadiense para la Rendición de Cuentas Empresarial que abarca 30 organizaciones de todo el país, además de 66 redes y organizaciones de México y otras 31 organizaciones de 12 países enviamos una carta a la empresa minera multimillonaria Equinox Gold.
La carta fue enviada al Presidente y CEO de Equinox Gold, Greg Smith, ubicado en Vancouver, con copia al jefe de la junta directiva de la empresa, Ross Beaty, el embajador de Canadá a México, Cameron McKay. En México fue enviada a los representantes de la de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración de México, Félix Arturo Medina Padilla, y al Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Ochoa Martínez.
Estimado Sr. Greg Smith
CEO & Presidente, Equinox Gold
Re: Amenazas en contra del Ejido de Carrizalillo y llamamiento a negociaciones respetuosas
Las organizaciones abajo firmantes escribimos con profunda preocupación por la escalada de tensiones, amenazas de violencia y persecución legal hacia los miembros del ejido de Carrizalillo y sus familias, las cuáles viven aproximadamente a 500 M. del masivo patio de lixiviación en la mina Los Filos de Equinox Gold en Guerrero, México y cuyas tierras agrícolas están prácticamente ocupadas en un 100% por la operación minera.
Además de la pérdida de tierras cultivables, la comunidad ha denunciado la pérdida irreparable de más de una docena de fuentes de agua, y la contaminación de otras, así como el correspondiente aumento de los impactos a la salud desde que se instaló la mina en 2007. Los convenios de ocupación territorial y de cooperación social con la comunidad son un requisito legal para que la mina funcione, así también son importantes herramientas de las que dispone la comunidad para compensar los efectos de las pérdidas y daños causados por la mina. Estos acuerdos expiran el 31 de marzo de este año.
Durante más de un año, en el marco de la renegociación de los convenios, su empresa ha lanzado repetidamente un ultimátum, afirmando que si no consigue los términos que busca en los acuerdos renegociados con Carrizalillo y otras dos comunidades «podrá suspender las operaciones indefinidamente o hasta que se establezcan nuevos acuerdos.» Es de nuestro conocimiento que Equinox busca firmar acuerdos a largo plazo con un valor drásticamente reducido para el ejido de Carrizalillo en comparación con los acuerdos actuales, presumiblemente para compensar las pérdidas en Los Filos y justificar nuevas inversiones. No está claro, sin embargo, que los acuerdos con las comunidades sean los culpables de las pérdidas registradas por la empresa en Los Filos en los últimos años. Los documentos presentados por la empresa para 2023 explican estas pérdidas como resultado de cuestiones técnicas y económicas, entre ellas la decisión de la empresa de retrasar la inversión en una nueva planta de procesamiento necesaria para obtener mejores rendimientos, con el fin de centrarse en la construcción de la mina Greenstone, actualmente en funcionamiento, en Ontario.
Este ultimátum, seguido de una campaña mediática de parte de su empresa en contra del ejido y en particular en contra de los integrantes de la mesa agraria, está dando lugar a una situación de alta tensión que pone en riesgo la integridad física y psicológica de los pobladores en Carrizalillo. La reciente ruptura de las negociaciones y la negativa de la empresa hasta el momento a responder a las peticiones de la comunidad para que se reajuste las condiciones para continuar negociando está dando lugar a una escalada de amenazas y criminalización contra Carrizalillo:
Las amenazas de muerte y la campaña de estigmatización dirigida a integrantes específicos y a la comunidad de Carrizalillo ya representan un acto de violencia psicológica que la empresa instrumenta, y la empresa no puede ser omisa de que las amenazas de muerte que están concatenadas con la actuación de sus operadores pueden desembocar en graves actos de violencia física. No es menor que en ese caso, azuzar una confrontación intercomunitaria a través de la campaña de desprestigio que se implementa, la empresa no tome en cuenta el contexto de la violencia sistémica extrema que se enfrenta en el centro de Guerrero, y obvie o no comprenda que el ejido de Carrizalillo ya ha enfrentado el desplazamiento forzado de la mitad de su comunidad en 2015 y más de 60 asesinatos en los últimos 15 años.
Somo testigos de que el ejido de Carrizalillo no se oponen a las negociaciones y han buscado con usted un reinicio de las conversaciones pero que con respeto, sea independiente de otras dos comunidades que viven a una distancia considerablemente mayor de la mina y que no han sufrido impactos comparables de sus operaciones, y que también sea independiente de los funcionarios del estado de Guerrero, a quienes han denunciado por presionarles indebidamente en la mesa que en vez de ser de negociación han denunciado ha sido de imposición.
La empresa siempre tiene la discreción de continuar o cerrar sus operaciones, pero debe retirar inmediatamente su ultimátum hacia la comunidad y hacer todo lo que esté en su mano para poner fin a cualquier implicación de su personal en amenazas u otros comportamientos que puedan contribuir a provocaciones y amenazas de violencia. Además, instamos a la empresa a que responda de forma constructiva y respetuosa a las peticiones de Carrizalillo de reanudar las negociaciones sobre los acuerdos de ocupación territorial y de cooperación social. Si, por el contrario, la empresa decide suspender o cerrar la mina, debe entablar conversaciones con la comunidad para determinar los planes de cierre adecuados teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad.
CC
Ross Beaty, Jefe de la Junta Directiva, Equinox Gold
Mr. Cameron McKay, Embajador de Canadá en México
Sylvie Bedard, Directora General – Centroamérica y el Caribe
Sr. Félix Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
Sr. Enrique Ochoa Martínez, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos
FIRMAN:
MEXICO
CANADÁ
INTERNACIONAL
El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, en este programa estaremos platicando con Gustavo Castro y Miguel Ángel de los Santos en el marco del noveno aniversario de la siempre de nuestra hermana Berta, con el tema: Una lucha irrenunciable por la justicia: El caso de Berta Cáceres y Gustavo Castro. Acompáñanos este miércoles 5 de marzo las 6:00 pm por facebook live y nuestro canal de Youtube.
El caso de Berta Cáceres y Gustavo Castro
Comunicado de Otros Mundos en el marco del noveno aniversario de la siempre de nuestra hermana Berta Cáceres – A 2 de marzo del 2025
Este 2 de marzo se cumplen nueve años del vil asesinato de nuestra hermana Berta Cáceres, mujer indígena lenca, defensora del río Gualcarque y de los derechos de los pueblos. Su lucha y su legado siguen vivos en cada rincón donde las comunidades se organizan para defender sus territorios de la imposición de megaproyectos extractivistas que amenazan la vida.
El camino hacia la justicia ha sido largo y doloroso, pero gracias a la incansable lucha de su familia, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y de organizaciones solidarias, se han logrado avances importantes. La condena contra los autores materiales y la sentencia contra David Castillo, exgerente de DESA y operador clave en su asesinato, representa un paso
significativo en la exigencia de justicia. Sin embargo, no podemos olvidar que falta castigar a quienes planearon y financiaron este crimen: la familia Atala Zablah, dueña de la empresa DESA. La justicia no será completa hasta que todos los responsables sean llevados ante los tribunales. La justicia no puede ser parcial ni selectiva.
A lo largo de estos nueve años, el caso de Berta ha sido símbolo de la impunidad con la que operan las empresas y los grupos de poder en nuestros países, criminalizando, persiguiendo y asesinando a quienes defienden la tierra, el agua y la vida. Pero también ha sido símbolo de resistencia, dignidad y lucha colectiva.
Desde nuestros territorios, hoy, a nueve años de su siembra nos sumamos al llamado de justicia total para Berta y reafirmamos nuestro compromiso con la lucha de Berta, con la defensa de la vida, de los ríos y con la exigencia de justicia plena. La memoria de Berta vive en cada resistencia, en cada comunidad que levanta su voz, en cada río que sigue corriendo libre.
¡Berta Cáceres vive, la lucha sigue!
¡Justicia para Berta Cáceres, hasta que la verdad sea completa!
¡No más impunidad para los asesinos de defensoras y defensores!
Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta – A 14 de febrero del 2025
Desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) anunciamos que hoy se ha concretado la instalación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para la investigación del feminicidio territorial de nuestra compañera Berta Cáceres.
Esto representa un paso histórico en la lucha contra la impunidad en Honduras y es resultado del caminar incansable de la familia de Berta, las comunidades organizadas del COPINH y el pueblo Lenca que, desde 2016, no han cesado en sus demandas de verdad y justicia.
El GIEI que llega hoy a Honduras es el cuarto en instalarse en América Latina y le anteceden los Grupos conformados para investigar la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México; los crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2018 en Nicaragua; y los hechos de violencia en Bolivia en 2019. En estos casos los GIEI han posibilitado investigaciones independientes que han permitido revelar la verdad detrás de violaciones a derechos humanos y la responsabilidad de los actores involucrados, aun cuando estos han sido el gobierno y el ejército.
En el caso de Berta, el GIEI se instala como respuesta a la exigencia de las victimas para avanzar en la justicia integral, ya que, a pesar de los avances judiciales logrados, como las condenas a los autores materiales y al gerente de la empresa DESA, a 9 años del vil crimen, los autores intelectuales aún no han sido investigados ni procesados y las comunidades no han sido reparadas.
Esta impunidad es una herida abierta para quienes luchamos por justicia para los pueblos y perpetúa la violencia que enfrentan las comunidades indígenas y campesinas en Honduras, uno de los países más mortales en el mundo para quienes defienden el territorio.
Frente a este contexto,el GIEI en el caso de Berta Cáceres tendrá el objetivo de brindar asistencia técnica internacional, desde la perspectiva de los derechos humanos, a las autoridades hondureñas responsables de conducir la investigación respecto de la autoría intelectual y los delitos conexos del asesinato de Berta Cáceres. Asimismo, el grupo trabajará por desarrollar un Plan de Reparación Integral que tome en cuenta a las víctimas colectivas del caso, en aras de reparar el daño causado a las víctimas y sus familias, incluyendo a las comunidades afectadas. Su plazo de ejecución será de 6 meses contados a partir de su instalación este 14 de febrero.
En un contexto de riesgo para las personas defensoras y ante un modelo extractivista que instala la violencia, el despojo, la criminalización y la muerte en las comunidades, es fundamental contar con investigaciones independientes y desde COPINH y CEJIL confiamos en el Grupo Interdisciplinario, conformado por tres personas expertas en derecho internacional de los derechos humanos, derecho penal y criminalidad económica: Roxanna Altholz de Estados Unidos, Ricardo Guzmán de Guatemala y Pedro Biscay de Argentina. Esperamos que su trabajo permita avances en el acceso a la verdad y la justicia para Berta, pero también en la reparación integral de las comunidades y en medidas de no repetición, para que hechos como los que enfrentó Berta, no se repitan.
Reconocemos la voluntad del Estado hondureño en la conformación del GIEI y demandamos que esa voluntad se mantenga presente para garantizar que el Grupo pueda realizar su labor de manera eficiente y segura y que su trabajo tenga continuidad después de terminada su gestión. Reconocemos igualmente el compromiso y acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la instalación del Grupo y su aporte para atender la situación de derechos humanos en el continente.
Agradecemos a las redes que sostienen la búsqueda de Justicia para Berta, que se nutren de los esfuerzos individuales y colectivos, nacionales e internacionales, de quienes se han comprometido porque los pueblos de Honduras vivan con justicia, en autonomía y libertad. Les pedimos estar pendientes de este proceso y respaldar la investigación desde sus espacios.
Desde COPINH y CEJIL marcamos este momento como un paso firme en el camino de justicia para Berta, para los pueblos y para todo Honduras, y reafirmamos nuestro compromiso de mantener viva la lucha de Berta Cáceres, articulando esfuerzos con organizaciones aliadas, sociedad civil y comunidades indígenas. Exigimos al Estado hondureño garantizar la independencia y el respaldo necesario para el trabajo del GIEI, y responder con celeridad y transparencia a sus hallazgos y recomendaciones.
Sobre el GIEI:
Un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es un grupo de especialistas de diversas disciplinas enfocados en realizar una investigación especializada sobre hechos de violación de derechos humanos. El GIEI-Honduras resulta de un acuerdo entre la CIDH, el Estado de Honduras, COPINH y CEJIL, en el marco de las medidas cautelares de protección otorgadas por la CIDH a familiares de la defensora y miembros del COPINH desde 2016.
Más información sobre el grupo aquí.
La justicia para Berta es justicia para los pueblos.
¡Berta vive, COPINH sigue! ¡Un GIEI para Berta es un GIEI para los pueblos!
Dado en La Esperanza, Intibucá, a los 14 días del mes de febrero de 2025.
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz”.
Con mucha alegría les compartimos esta noticia del Consejo Civico de Organizaciones Populares en Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta a 25 de noviembre del 2024
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, hace del conocimiento de la comunidad nacional e internacional lo siguiente:
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ha confirmado las sentencias de siete de los ocho hombres condenados en los juicios de 2018 y 2021 por el crimen contra nuestra compañera Berta Cáceres y el intento de asesinato de Gustavo Castro. Se han ratificado las condenas de David Castillo, empleado principal de la familia Atala; Douglas Bustillo, militar y jefe de seguridad de la empresa de la familia Atala; Mariano Díaz, mayor del ejército de Honduras; Henry Hernández, militar; Elvin Rápalo; Oscar Torres y Edilson Duarte.
Esta decisión confirma una vez más, la existencia de una estructura criminal responsable del asesinato de Berta Cáceres, cuyas cabezas, los miembros de la familia Atala continúan en la impunidad.
La decisión de los magistrados de la Sala Penal ha modificado los agravantes en la sentencia de David Castillo, lo que implica una reducción de su condena, y ha enviado el caso de Sergio Rodríguez al pleno de la Corte Suprema debido a la falta de unanimidad sobre la ratificación. Estas modificaciones son producto de las presiones indebidas al órgano de justicia y demuestra la continuidad de la existencia de la estructura criminal detrás del crimen contra Berta Cáceres.
El derecho al acceso a la justicia se sigue obstaculizando por parte de los intereses económicos y políticos que tienen sus garras dentro del sistema de justicia hondureño y que pretenden beneficiar a la familia Atala y sus aliados criminales.
La decisión de enviar el caso de Sergio Rodríguez al pleno de la Corte Suprema prolonga aún más el proceso judicial y demuestra que el sistema de justicia hondureño continúa favoreciendo la impunidad de quienes actúan en nombre de intereses empresariales por encima de los derechos de las comunidades indígenas.
Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a redoblar esfuerzos en esta etapa crucial para responsabilizar a los autores intelectuales del crimen. Puesto que la lucha por la Justicia para Berta y para los pueblos continúa. No descansaremos hasta que todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, enfrenten las consecuencias de sus crímenes y se profundice la grieta de la justicia en el muro de la impunidad en Honduras.
El COPINH, las comunidades Lencas organizadas, junto a la madre, hijas e hijo de Berta Cáceres, agradecemos profundamente a todas las personas, organizaciones, instituciones y espacios solidarios en Honduras y el mundo por su incansable respaldo en esta lucha por la justicia. Estas sentencias marcan un precedente importante en la historia de Honduras, y son un aliciente para continuar en la lucha por la justicia para los pueblos.
Reafirmamos nuestro compromiso con la justicia social en Honduras y la reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas por las que luchó nuestra Berta.
Dado en La Esperanza, Intibucá, a los 25 días del mes de noviembre de 2024.
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz.”
Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre los pasos para llegar a una verdadera #JusticiaParaBerta – A 15 de noviembre del 2024
Condenas en Caso Fraude sobre el Gualcarque
Roberto David Castillo Mejía, Gerente de DESA, y Carolina Lizeth Castillo Argueta, ex-funcionaria de la ENEE, ambos culpables de fraude:
5 años de prisión
Inhabilitación absoluta por el doble de la pena
Multa de 380,000 Lempiras
Raúl Pineda Pineda, ex-alcalde de San Francisco de Ojuera, enfrenta dos delitos:
Delito de falsificación de documentos públicos: 2 años de prisión + multa de trabajo social
Delito de usurpación de funciones: 1 año y 1 mes de prisión + inhabilitación para cargos municipales por 6 años
Estas sentencias marcan un paso importante hacia la justicia para el pueblo Lenca, el COPINH y la justicia por el asesinato a Berta Cáceres, evidenciando que la concesión del Río Gualcarque fue un fraude en beneficio de la familia Atala, que involucraba corrupción, usurpación y falsificación de documentos por parte de funcionarios públicos.
Compartimos esta nota de Chiapas Paralelo sobre lo que ha acontecido a un dos semanas del asesinato del Padre Marcelo – A 4 de noviembre del 2024
Por Ángeles Mariscal
“Estamos en riesgo, estamos en riesgo y eso preocupa grandemente porque salir de la casa nos vulnera considerablemente”, dio a conocer el Vicario de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal, Miguel Montoya, quien explicó que a partir del asesinato del padre Marcelo ha sido bastante complicado ejercer la labor ministerial.
Posterior a la celebración religiosa en el marco de la peregrinación por los 100 años del natalicio del obispo Samuel Ruiz García, y por la demanda de justicia para esclarecer el crimen, el Vicario detalló que en vehículos y motocicletas, personas con el rostro cubierto han hostigado a integrantes de la Diócesis.
“Es un signo que preocupa, preocupa porque está siendo pues una ardua tarea, un fuerte riesgo ejercer el servicio (religioso)”.
Detalló que también, en las dos semanas que han pasado tras el asesinato, se ha incrementado el nivel de inseguridad en el estado, “se ha incrementado muchísimo y no sólo para quienes ejercen una labor ministerial, sino para todos, todos los que estamos viviendo en Chiapas”.
“Estamos en riesgo, estamos en riesgo y eso preocupa grandemente porque salir de la casa nos vulnera considerablemente”, dijo el sacerdote, quien hizo “un llamado con una profunda caridad y en una sintonía de paz, a las autoridades del estado, a las autoridades federales, para que puedan ellos ofrecer las garantías de seguridad, pero no sólo para nosotros, no lo pedimos para la iglesia, no lo pedimos para los curas, las religiosas, servidores, servidoras que laboramos en las comunidades, sino que lo solicitamos, lo pedimos por todos los habitantes, todo el pueblo”.
Pidió a las autoridades “que no cierren los ojos a la realidad de violencia que estamos teniendo en el estado de Chiapas (…) la violencia que se ha disparado, se ha disparado y no sabemos si va a disminuir, más bien pensamos va en aumento, un creciente aumento”.
Por su parte, representantes de los feligreses explicaron que como pueblo organizado están trabajando para terminar con la violencia “pero con una diferencia muy grande, nosotros no optamos por las armas, sino con nuestra palabra como Diócesis de San Cristóbal, buscamos una lucha sin violencia (…) somos un pueblo que queremos caminar con una paz, que el pueblo también sienta que sí se puede vivir con esa paz”.
Más información:
Lleva flores, velas, fotografías, música, poemas, mensajes de justicia y solidaridad etc.
Compartimos estos comunicados de Amigos de la Tierra America Latina y El Caribe ATALC, la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el asesinato del Padre Marcelo Pérez Pérez – a 21 y 22 de octubre del 2024
Solidaridad Internacionalista con los pueblos mexicanos
El día 20 de octubre a las 7:30 de la mañana el Padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de la Iglesia de Guadalupe de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, fue asesinado después de haber oficiado misa en un barrio de dicha ciudad.
Marcelo Pérez Pérez era un indígena de la etnia maya tsotsil que había sido párroco en diferentes municipios de la región Altos del estado de Chiapas, desde donde defendió incansablemente los derechos de los pueblos originarios. Fue un valiente defensor de la Madre Tierra y los territorios, así como un decidido promotor de la paz y de la justicia.
A causa de su trabajo, el Padre Marcelo fue víctima de muchas amenazas, incluidos por lo menos cinco atentados contra su vida. En diversos espacios y medios se denunció la vulnerabilidad en la que se encontraba. Sin embargo, el Estado mexicano fue incapaz de garantizar su seguridad y por esta razón, desde 2015 el Padre Marcelo contaba con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al final resultaron insuficientes.
Desde Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) expresamos nuestra consternación por el asesinato de Marcelo Pérez Pérez y exigimos al Estado mexicano que cumpla con su deber investigando con profesionalismo el terrible crimen y llevando ante la justicia a los responsables. No aceptaremos la perpetuación de la impunidad que se ha generalizado en México en las últimas décadas y que tiene a varias regiones del país, incluido el estado de Chiapas, sumidas en la peor espiral de violencia de su historia reciente.
Creemos que únicamente mediante la lucha contra la impunidad, es posible evitar que estos hechos se repitan. A la comunidad internacional, a las organizaciones y movimientos sociales de América Latina y el Caribe y de diferentes partes del mundo les llamamos a denunciar este crimen, y a mantenernos en alerta permanente frente a los atentados e injusticias contra los que defienden la vida.
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe / 21 de octubre de 2024
@atalc
Expresamos nuestra profunda indignación y dolor ante el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez quien, durante años, denunció la violencia criminal y los actos crueles cometidos contra las comunidades Chiapas, gran defensor de derechos humanos, de la tierra y el territorio. Incansable constructor de paz.
A pesar de las múltiples amenazas, difamaciones y hostigamientos, su voz se mantuvo firme, señalando la urgencia de abordar la violencia en Chiapas. Hoy lamentamos que su vida haya sido arrebatada en un acto atroz, el cual refleja la creciente impunidad y la grave crisis de violencia que vive Chiapas.
Padre Marcelo caminó con el pueblo indígena de Chiapas para defender a la madre tierra y denunciar los proyectos extractivos, realizó un gran trabajo por denunciar la minería y sus consecuencias a los bienes naturales, siempre solidario con las luchas, animador de la esperanza.
Querido Marcelo, tu voz nunca será callada, vivirá siempre en cada paso de nuestros actos de resistencia. Tu vida será legado y siempre nos convocará a seguir luchando por la justicia.
Nos unimos al clamor por justicia, exigiendo que se investigue y castigue a los responsables, tanto materiales como intelectuales, de este crimen.
Con mucho dolor, tristeza e indignación, condenamos el asesinato del defensor de derechos humanos y sacerdote/Padre tzotzil Marcelo Pérez Pérez al salir de dar misa la mañana del domingo 20 de octubre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el sureste mexicano
No más impunidad. No más violencia. Nos unimos a la demanda de que se tomen todas las medidas urgentes y necesarias para garantizar y proteger la vida, la integridad y la seguridad personal de las comunidades indígenas, incluidas las familias de los Bases de Apoyo Zapatista, evitando que la situación de violencia y riesgo denunciada en varias regiones de Chiapas empeore. Exigimos justicia y protección para todos y todas las defensoras. #JusticiaPorElPadreMarcelo#AltoALaViolencia#Chiapas
El Padre Marcelo Pérez fue un destacado defensor de la Madre Tierra y los derechos humanos, comprometido con la justicia social y la reconciliación para la construcción de paz. Debido a su labor de defensa, se encontraba en una situación de riesgo inminente. En este contexto, desde el año 2015, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares para su protección.
El asesinato del Padre Marcelo Pérez es una muestra más del alarmante aumento de la violencia en Chiapas denunciado por diversos movimientos y organizaciones. Desde hace varios años, las y los miembros de la Red-DESC han reflexionado sobre la economía política de la violencia, o las causas estructurales que llevan a contextos de creciente violencia y represión en muchas comunidades, lo que en última instancia señala cómo los distintos grupos e individuos se benefician económicamente del aumento de la violencia o utilizan la violencia para proteger sus intereses económicos. Este escenario constituye un riesgo aún mayor para las personas, movimientos y organizaciones que defienden a la Madre Tierra y los derechos humanos.
Lamentamos que sean las propias autoridades quienes ubiquen en mayor vulnerabilidad y riesgo a quienes defienden los derechos humanos, criminalizando sus acciones y vinculándolos como sospechosos de la comisión de delitos. Ese fue el caso del Padre Marcelo y de otras personas que han sido involucradas, por ejemplo, en el conflicto de la comunidad de Pantelhó.
La Red-DESC se une a la exigencia a las autoridades de los tres niveles de gobierno en México para realizar una investigación que acerque a la verdad y la justicia sobre este terrible asesinato. De igual forma, exigimos que el Estado mexicano aborde la situación en Chiapas con una perspectiva de derechos humanos y de reconstrucción del tejido social en las comunidades particularmente indígenas asoladas por la violencia al servicio de intereses privados y frecuentemente generada por diversos grupos pertenecientes al crimen organizado.
Más información:
Comunicado de Otros Mundos ante el vil asesinato del querido Padre Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas – A 20 de octubre del 2024
Hoy a las 7:30 de la mañana fue asesinado en el barrio de Cuxtitali, de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el Padre Marcelo Pérez Pérez, indígena tsotsil, defensor de la Madre Tierra y los derechos humanos, promotor de la paz y reconciliador comunitario que vivió para servir a las comunidades indígenas y mestizas que acompañó.
Durante su desempeño pastoral, el Padre Marcelo desafió a los poderes formales y de facto que atentaran contra los intereses colectivos de los pueblos originarios. Desempeñó un papel decisivo en la mediación de diversos conflictos inter e intracomunitarios y su palabra solidaria hizo eco allí donde hubiera una causa justa que defender. Por todo ello, fue descalificado, amenazado, perseguido y calumniado. Hoy las amenazas se hicieron dolorosa realidad.
Desde Otros Mundos Chiapas A.C. expresamos nuestra indignación ante un hecho atroz largamente anunciado. Exigimos el esclarecimiento puntual del crimen y la aplicación de la ley. Rechazamos cualquier intento de minimizar el caso y presentarlo como un hecho aislado de violencia. Tampoco aceptaremos ninguna acción que perpetúe la impunidad que caracteriza a la justicia en México, sobre todo en el estado de Chiapas.
¡¡¡JUSTICIA PARA MARCELO PÉREZ PÉREZ!!!
Atentamente
Otros Mundos Chiapas A.C.
Ilustración: Alter Nativas
Más información:
Compartimos esta terrible noticia publicada en Chiapas Paralelo – A 20 de octubre del 2024
Marcelo Pérez Pérez, de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, pugnó por los procesos de diálogo y pacificación. Por su labor recibió amenazas de muerte, difamaciones y una orden de aprensión.
La mañana de este domingo fue asesinado por disparos de armas de fuego el sacerdote indígena tsotsil Marcelo Pérez Pérez, cuando salía de oficiar una misa transitaba por una de las calles de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.
En los últimos años, Marcelo Pérez había recibido amenazas de muerte, difamaciones constantes, y tenía una orden de aprensión en su contra, por su trabajo como mediador en el conflicto que se vive en el municipio de Pantelhó, donde un grupo armado y un grupo de autodefensas mantienen una disputa desde julio de 2021, año en que estalló la violencia en esta y otras regiones de Chiapas.
A raíz de estas amenazas, la Diócesis decidió trasladarlo de la parroquia de Simojovel, en donde se encontraba, a la parroquia de Guadalupe, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.
Desde su nueva sede, Marcelo Pérez siguió trabajando en los procesos de pacificación y denunciando la situación que se vive en Chiapas.
“Chiapas es una bomba de tiempo, hay muchos desaparecidos, muchos secuestrados, hay muchos asesinados por la presencia del crimen organizado en Chiapas”, fueron las palabras que pronuncio durante la entrevista que dio el pasado 13 de septiembre, durante una multitudinaria manifestación que se dio en la capital del estado, por la parte de feligreses de las tres Diócesis de Chiapas, para exigir la paz en Chiapas.
Esta mañana, había acudido al barrio de Cuxtitali, en donde ofició una misa que le pidieron los feligreses del lugar. Al salir fue que recibió disparos con arma de fuego. Aún no hay una versión de la Fiscalía de Justicia sobre los hechos. El Arzobispo Rodrigo Aguilar confirmó los hechos, “oremos y sigamos buscando la paz con verdad y con justicia”, dijo el líder religioso.