Fin del camino para la justicia en Canadá: La Corte Suprema se niega a escuchar apelación de la familia de defensor del medio ambiente mexicano asesinado

Compartimos este comunicado de MiningWatch Canadá, Fundación Ambiental Mariano Abarca (FAMA), Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) y Otros Mundos Chiapas – A 23 de enero 2023

(Ottawa, Chiapas | 23 de enero de 2023) La Corte Suprema de Canadá se ha negado a escuchar una apelación de la familia del defensor del medio ambiente mexicano asesinado Mariano Abarca, cerrando efectivamente la puerta en Canadá a cualquier investigación sobre el papel que la diplomacia canadiense pudo haber jugado en poner en peligro la vida de Mariano.

Mariano Abarca, un líder comunitario en la lucha contra los impactos sociales y ambientales de las operaciones mineras canadienses en Chicomuselo, Chiapas, fue asesinado en 2009. Creyendo que el apoyo incondicional de la Embajada de Canadá a Blackfire Exploration puso a Mariano en mayor riesgo en las semanas y meses previos a su asesinato, su familia presentó una queja bajo la ley de denunciantes de Canadá en 2018. Ignorando más de 1000 páginas de pruebas que documentaban las acciones de la Embajada en apoyo a la empresa, el Comisionado de Integridad para la Administración Pública de Canadá -cuya responsabilidad es examinar denuncias y garantizar la confianza en el sector público- se negó a abrir una investigación.

Tras una revisión judicial, un juez del tribunal federal admitió que “quizás no hubiera sido asesinado” si la embajada canadiense en México “[hubiese] actuado de otra manera”. No obstante, los recursos presentados contra la decisión del Comisionado no consiguieron que se abriera una investigación, y el 12 de enero del presente año la Corte Suprema rechazó el recurso de apelación presentado por la familia.

Dado que los mecanismos de rendición de cuentas en Canadá le han fallado a la familia de Mariano Abarca, ésta ahora acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de justicia.

“Hemos agotado todas las vías para llegar a la verdad en Canadá”, afirma José Luis Abarca, hijo de Mariano. “Mi padre fue asesinado hace 13 años y, hasta el día de hoy, no estamos más cerca de comprender el papel que los funcionarios canadienses pudieron haber desempeñado en poner en peligro su vida. Mientras no se investiguen las acciones de estos funcionarios canadienses, las embajadas de Canadá en todo el mundo seguirán prestando un importante apoyo diplomático a empresas mineras canadienses, probablemente poniendo en peligro las vidas de otros defensores de derechos humanos y del medio ambiente. Es hora de que recurramos a organismos internacionales para que Canadá rinda cuentas”.

La decisión de la Corte Suprema menoscaba el derecho de acceso a la justicia de los defensores del medio ambiente, según los abogados

El asesor jurídico de la familia, Nicholas Pope, afirma: “Al negar la autorización para apelar, la Corte Suprema de Canadá ha puesto fin a la posibilidad de una investigación administrativa y judicial canadiense sobre las irregularidades cometidas por funcionarios canadienses en el caso de Mariano Abarca.  La integridad de los procedimientos de revisión ética de Canadá en sus actividades internacionales es un asunto que preocupa enormemente a los canadienses. Es lamentable que la Corte haya cerrado esta puerta”.

Shin Imai, del Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP por sus siglas en inglés), afirma: “Este caso va más allá de una mera investigación de los actos y omisiones de funcionarios canadienses de la embajada en México. Si el recurso hubiera sido aprobado por la Corte Suprema, habría sido la primera vez que el deplorable sistema denunciantes de Canadá hubiera sido omitido al escrutinio de la más alta Corte– con importantes implicaciones para la democracia, la transparencia y el problemático apoyo diplomático de Canadá a las empresas canadienses en el extranjero.”

El gobierno canadiense sigue dando prioridad a las empresas en detrimento de los derechos humanos

En 2022, el valor de los activos mineros canadienses en el extranjero ascendía a 188.000 millones de dólares– activos propiedad de empresas que reciben un importante apoyo financiero y diplomático del gobierno canadiense.

La profesora Charis Kamphuis, también de JCAP, afirma que la diplomacia económica puede tener repercusiones negativas sobre los derechos humanos y estar en contradicción con las obligaciones internacionales de Canadá. Ella afirma que “los funcionarios canadienses ofrecen un sólido apoyo político para promover los intereses mineros canadienses en el extranjero y a menudo no respetan las propias políticas canadienses de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos y del medio ambiente amenazados”. “Lamentablemente, en el caso de Mariano Abarca, los tribunales canadienses no quisieron tomarse en serio esta cuestión y exigir una investigación de las acciones de los funcionarios canadienses”.

Gustavo Castro, de Otros Mundos Chiapas y de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), ha trabajado con la familia Abarca desde antes del asesinato de Mariano.  Según él, “la negativa de la Corte Suprema de Canadá a escuchar esta apelación es decepcionante y reafirma nuestra percepción de hasta qué punto las autoridades canadienses están capturadas por los intereses de sus empresas mineras. Este caso trata del asesinato de Mariano Abarca en México, pero también de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente que protegen su tierra y su agua de los daños causados por las explotaciones mineras canadienses en América Latina y en todas partes”.

Antecedentes:

  Contactos para los medios de comunicación:

  • Nicholas Pope, Hameed Law, 613-656-6917
  • Shin Imai, profesor emérito, Facultad de Derecho Osgoode Hall, 647-524-2312
  • Viviana Herrera, coordinadora del programa para América Laina, (para concertar entrevistas con la familia), 438-993-1264

Más información:

En prensa:

Asesinan a dos defensores del territorio Guapinol en Honduras

Compartimos esta noticia publicada en Educa Oaxaca sobre el asesinato de los defensores del río Guapinol en Honduras – A enero 9 de 2023

El 7 de enero del presente año se registró el asesinato de dos defensores comunitarios de Guapinol en Honduras,  Aly Domínguez y Jairo Bonilla eran los líderes comunitarios de la comunidad que durante muchos años se ha mantenido en resistencia ante los proyectos mineros que intentan imponer. Sus familiares exigen justicia ante estos crímenes que se integran a una dolorosa lista de 32 personas criminalizadas por la empresa minera Inversiones Los Pinares y el Estado de Honduras por defender el Parque Nacional Carlos Escaleras ante su proyecto minero ilegal.

La lucha de la comunidad de Guapinol comenzó desde 2012 un año después de que se declarara “parque nacional protegido” a la zona donde nacen dos ríos importantes para estas regiones, los ríos Guapinol y San pedro, un logro comunitario que lograron durante muchos años. Sin embargo en 2012 de manera ilegal el congreso  nacional de Honduras aprobó un decreto donde reducía las hectáreas de protección de dicho parque con el fin de que la empresa minera EMCO (ahora, Inversiones Los Pinares) estableciera una minera en la zona.

Desde entonces la lucha por la defensa del territorio y el agua ha permanecido y con ella diversos ataques a personas de la comunidad y defensores, a pesar de la múltiples denuncias que se han interpuesto, la autoridades estatales no han garantizado para protección a la integridad física de las comunidades en riesgo, pero también no han accionado en contra de las mineras que continúan dañando y contaminado los ríos y el ambiente a causa de la explotación  minera.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales exigen un cese a la violencia contra esta comunidad, las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos para poder acceder a la justicia y al mismo tiempo exigen la cancelación inmediata de las licencias mineras en el parque nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras.

Para conocer más sobre su lucha puedes visitar la Página “Libertad para Guapinol”

Alerta: Denuncian captura de 2 líderes comunitarios y otras 3 personas en El Salvador

Compartimos esta información sobre la violencia y represión a defensores de la vida en El Salvador – A 11 de enero del 2022

San Salvador, 11 ene (EFE).- Habitantes de una comunidad del central departamento de Cabañas denunciaron este miércoles la captura de dos líderes comunitarios y de otras tres personas más por supuestamente estar involucrados en delitos cometidos antes del estadillo de la guerra civil de El Salvador (1980-1992).

Se trata de 2 miembros de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), una organización no gubernamental creada en 1993, y tres habitantes de la comunidad Santa Marta (Cabañas), quienes fueron arrestados por la Policía la madrugada de hoy, de acuerdo con un comunicado compartido en redes sociales.

Las personas detenidas responden a los nombres de Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas.

Según la fuente, a estas personas “se les vincula en un caso ocurrido entre los años 1973 y 1974”, según la Fiscalía, y “se les agrega el cargo de asociaciones ilícitas”.

Los habitantes denunciaron que “toda esta situación pone en evidencia la construcción de un caso de forma exprés cuya finalidad real es atacar a la comunidad Santa Marta y a ADES”.

Señalaron que los representantes de la Fiscalía les indicaron que las capturas “no tienen nada que ver con el régimen de excepción”, por lo que piden que “se siga un proceso apegado a la ley” y que “antes de 72 horas se realice una audiencia”.

El Salvador se encuentra en régimen de excepción desde finales de marzo de 2022 y a la fecha han sido capturados más de 61.000 supuestos miembros de pandillas y personas ligadas a estas estructuras.

Tres organizaciones humanitarias denunciaron en septiembre del año pasado al Estado de El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la detención arbitraria de al menos 152 personas durante dicho régimen.

La comunidad Santa Marta fue una de los lugares más golpeados durante el conflicto armando interno y sus habitantes han pedido en reiteradas ocasiones justicia ante de casos de violaciones de derechos humanos. EFE

Denuncian corte de servicio de agua y luz eléctrica hacia familias de Las Abejas de Acteal

Compartimos este comunicado de Las Abejas de Acteal – A 16 de diciembre del 2022

>>Firma la petición aquí<<

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los Defensores de los derechos humanos

A los Medios libres y alternativos

A los Medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Al Pueblo de San Pedro Chenalhó

Hermanas y hermanos:

Recordamos que el sagrado agua es vital para nuestra vida humana y la de otros seres vivientes en esta tierra. Que es un regalo de la Vida y el uso, así como el acceso al agua es un derecho humano contemplado en el artículo 4º de nuestra Constitución Mexicana y que los tres niveles de gobierno es su responsabilidad garantizar el cumplimiento de este derecho humano. Pero ya suman seis familias de nuestra Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal que les han quitado el agua y energía eléctrica.

En sentido de lo anterior denunciamos con indignación que el día de ayer 15 de diciembre, en un lapso de tres horas (entre las 5pm- 8.30pm), la familia Pérez Pérez integrada por Pedro Pérez Pérez, Guadalupe Pérez Días madre de familia, quienes comparten servicio de agua y luz eléctrica con su hijo Jaime Pérez Pérez y su esposa Flor de María Jiménez Hernández junto con sus dos hijos menores de edad; miembros de nuestra Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, les fue cortado el servicio de agua y energía eléctrica. El corte de los servicios fue realizado por los partidistas acompañados de su agente y patronatos de la comunidad Campo Los Toros. Esta violencia y violación a los derechos humanos cometidos en contra de la familia se debe a que le compartía el uso de electricidad a Juvencio Pérez Solís, miembro de la familia quien ya vive en otro hogar y que le habían cortado los mismos servicios junto a 4 familias más desde el 8 de febrero del 2021.

Como recordarán, el pasado 10 de noviembre del 2022, realizamos una conferencia de prensa1 en frente de la presidencia municipal de Chenalhó, para denunciar una serie de violaciones a los derechos humanos2 de nuestros compañeros y compañeras de la Organización de las comunidades Bach’en, Campo Los Toros, colonia Puebla y Nuevo Yibeljoj, que tanto el ayuntamiento de Chenalhó, presidido por el C. Abraham Cruz Gómez y sus agentes municipales de las respectivas comunidades en mención, no han tenido voluntad política y sensibilidad humana para resolver dichos conflictos de manera seria y transparente.

Desde nuestro espíritu y convicción política de la No Violencia, le exigimos a las autoridades municipales restablecer todos los derechos de nuestros compañeros y compañeras al agua y luz eléctrica, en un lapso de 11 días después de dicha conferencia. Sin embargo, el presidente de Chenalhó decidió mantenerse callado y haciendo caso omiso de una intervención realizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) de fecha 14 de noviembre del presente, dirigido al: Gobernador de Chiapas, a la Secretaria general de gobierno del estado de Chiapas, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al citado munícipe. Y hasta el 1 de diciembre el alcalde de Chenalhó mandó un mensaje vía whatsapp diciendo:

  • “Directiva buenos, Buenas tarde, seraque me puede marcar cuando puedas porque kiero desirte algo sobre los asuntos pendiente”. Obviamente, no le marcamos porque decidimos que después del 10 de noviembre cualquier comunicación respecto a los conflictos, debe tener seriedad.
  • A lo que el día 3 de diciembre enviamos una carta formal al alcalde municipal, exigiéndole que lo que queremos es el restablecimiento del agua y luz eléctrica de nuestros compañeros de las comunidades Bach’en y Campo Los toros.
  • Y hasta el 10 de diciembre, el presidente de Chenalhó y el síndico municipal C. Juan Erasto Rodríguez Pérez, nos mandan una invitación escrita para asistir a una plática en la comunidad Bach’en para el día 20 de diciembre de este año, según para “dar seguimiento a la problemática” de la comunidad Bach’en.
  • A lo que el 15 de diciembre, les respondimos dicha invitación mediante un escrito y entregado a una de las secretarias del presidente municipal, en donde rechazamos caer en juegos, e insistirles si de verdad tienen voluntad de resolver dicho problema, es demostrando con la reconexión del agua y electricidad de nuestros compañeros de las comunidades Bach’en y Campo Los Toros.
  • Y grande fue nuestra sorpresa e indignación, mientras estábamos entregando la carta en la presidencia de Chenalhó para exigir la reconexión del agua y electricidad de las comunidades de Bach’en y Campo Los Toros; el agente y patronato de agua y luz de Campo Los Toros, llegaron a la casa de nuestro compañero Pedro Pérez Pérez para desmantelarle los servicios de agua y luz eléctrica.

Es indignante que después de la Masacre de Acteal y como respuesta a nuestras exigencias de justicia y respeto a la construcción de nuestra autonomía, el Estado mexicano ha creado con la impunidad de que en las comunidades y autoridades comunitarias afiliadas al municipio de Chenalhó, nos castiguen de manera absurda; cortándonos el servicio de agua y luz eléctrica, porque saben que son necesidades básicas y así creen lograr nuestra renuncia a nuestra lucha y resistencia como organización.

Ante todo lo anterior, por la burla y humillación del agente y patronato de agua y de luz eléctrica de la comunidad Campo Los Toros, nuestros compañeros han tomado la decisión de darles una última oportunidad hasta el día domingo 18 del presente para que reconsideren y remienden sus errores, reconectando los servicios de agua y luz eléctrica de las 6 familias afectadas y violentadas por los supuestos usos y costumbres y acuerdos comunitarios y que 4 de ellas se les ha privado del derecho humano del agua desde hace 23 meses.

Pero, si no hay respuesta favorable a nuestra exigencia dentro de 2 días, nuestros compañeros realizarán ellos mismos la reconexión del agua y electricidad, el día 19 de diciembre, ya que es su derecho, porque no han faltado en los trabajos de mantenimiento de dichos servicios en cuestión. Y responsabilizamos a las autoridades competentes de nuestra seguridad e integridad física y psicológica durante ese día.

Al respecto, hermanas y hermanos de organizaciones y pueblos hermanos; a los medios de comunicación y al público en general; les pedimos estar atentos este día lunes 19 de diciembre, y si los partidistas de la comunidad Campo Los Toros cometen algún acto violento hacia la integridad física y psicológica de nuestros compañeros y compañeras durante y después del trabajo de reconexión del agua y electricidad; reiteramos que los responsables inmediatos serán el presidente Abraham Cruz Gómez, el síndico municipal Juan Erasto Rodríguez Pérez y el agente y patronatos de agua y de luz de la comunidad mencionada.

Esta es la situación de derechos humanos y el trato que nos dan los partidistas y el ayuntamiento de Chenalhó, en el marco de la conmemoración de los 25 años de la Masacre de Acteal y de la celebración de los 30 años del nacimiento de nuestra Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.

Atentamente.

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Petición:

La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal a lo largo de sus casi 30 años de caminar han enfrentado diversas agresiones, hostigamientos y violencia a familias pertenecientes a la organizaciones en sus 25 comunidades. Este año no fue la excepción. 

Ahora familias en la comunidad Campo los Toros sufren del corte de servicios públicos como energía eléctrica y el agua potable por parte del Ayuntamiento del Municipio de Chenalhó, encabezo por el señor Abraham Cruz Gómez

Por eso pedimos alto al hostigamiento y violación de derechos humanos a estas familia y todas las familiar que integran a la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Así mismo exigimos que restablezcan de inmediato los servicios básico y esenciales para estas familias.

>>Firma la petición aquí<<

29N, Día Internacional de las Defensoras: Ante la barbarie, nos cuidamos entre nosotras, en comunidad

Comunicado de IM-Defensoras en el marco del Día Internacional de las mujeres Defensoras – A 29 de noviembre del 2022

Este año, en México, fueron víctimas de feminicidio cinco defensoras que buscaban a personas de su familia desaparecidas. En Nicaragua, veintiuna mujeres siguen presas por luchar contra la deriva totalitaria del gobierno de Daniel Ortega, mientras muchas otras han sido desterradas, se han tenido que exiliar, han visto cómo sus organizaciones eran ilegalmente canceladas o viven, junto con sus familias, bajo un ambiente de miedo y persecución. En Honduras, terratenientes, empresas extractivas y poderes institucionales racistas y corruptos no cesan de agredir y criminalizar a defensoras y comunidades que resisten ante el despojo de sus tierras. En El Salvador, las defensoras y las periodistas viven bajo un régimen de excepción en el marco del cual cualquier arbitrariedad es posible, enfrentando ataques digitales que las señalan y las ponen en el punto de mira de la violencia que sacude el país. 

En toda la región, desde los poderes opresores pero también desde nuestros entornos cercanos, se nos sigue discriminando, acusando de ser “malas mujeres”, agrediendo sexualmente, negando nuestro derecho a organizarnos y a alzar la voz.

Estos son tan solo algunos apuntes sobre el contexto en el que hoy en día las defensoras mesoamericanas de derechos humanos desarrollamos nuestra labor. Seguramente las cosas no han cambiado mucho de cómo eran hace ya casi trece años, cuando defensoras de diversos movimientos sociales de Mesoamérica y otros países nos reunimos en Oaxaca, México, para compartir nuestra preocupación e impotencia ante la violencia que tocaba nuestros cuerpos y vidas. De ahí nació un pacto para protegernos y cuidarnos juntas al que llamamos Protección Integral Feminista (PIF). 

La PIF es la manera en la que nos acompañamos entre defensoras y comunidades cuando somos agredidas; la manera de hacer análisis de riesgo con una mirada feminista que atienda a todas las dimensiones del contexto; de construir espacios de acogida; de documentar las violencias, denunciarlas y buscar justicia; también es la manera de sanar y cuidarnos colectivamente y de fortalecer nuestras capacidades para protegernos. Construirla y llevarla a la práctica no ha sido fácil, ha sido y sigue siendo un proceso plagado de retos y aprendizajes, con sus logros y desafíos, encuentros y desencuentros, dolores y pequeñas victorias. 

Hoy, casi trece años después, nuestra región sigue siendo el lugar violento y hostil que era, incluso puede que más; las políticas capitalistas, racistas y patriarcales que desde hace siglos buscan subyugar y expropiar nuestras vidas siguen tan vigentes o más que antes. La crisis climática, la sindemia por COVID-19, el auge de la extrema derecha y los fundamentalismos religiosos, el poder de las empresas y grupos mafiosos y el autoritarismo cada vez más desacomplejado de algunos Estados dan testimonio de ello.

Ante la violencia de tales poderes, instancias internacionales, entidades supraestatales, mecanismos estatales y otras instituciones se han demostrado, cuando menos, impotentes. Es más, nuestro Registro de Agresiones constata como en toda la región, los Estados – sí, esos que en teoría deberían protegernos – son nuestros principales agresores a través de la acción de policías, militares, instituciones y autoridades de diferente nivel. Esto no ha hecho sino reafirmar nuestra convicción de que la mejor protección es la que nos damos entre nosotras, en comunidad, desde nuestros territorios y desde el enfoque de la Protección Integral Feminista. Nuestras vidas no pueden depender de instituciones incapaces o cómplices. Por ello hemos creado redes de protección entre y para defensoras de diferentes movimientos sociales para cuidar nuestras vidas, nuestras organizaciones y comunidades y, así, seguir luchando juntas por el futuro de la red de la vida.

Hoy, en el marco del Día Internacional de las Defensoras, desde la IM-Defensoras reconocemos y saludamos las luchas de todas nuestras compañeras, denunciamos todas las violencias que buscan acallarnos y nos reafirmamos en el pacto de cuidarnos juntas.

 En este día de las defensoras, también les invitamos a conocer cómo hemos enfrentado la violencia y cómo hemos venido construyendo la Protección Integral Feminista, anunciándoles nuestra próxima publicación, “El pacto de cuidarnos”, que presentaremos públicamente el próximo 9 de diciembre de 2022, a las 10 am horas de Mesoamérica, a través de nuestro canal de Youtube.

Imagen: IM – Defensoras

Más información:

Banco ligado al asesinato de Berta Cáceres expande operaciones en Centroamérica

Compartimos esta nota publicada por Avispa Midia sobre – A 7 de noviembre del 2022

El banco europeo de desarrollo FMO, cofinanciador de la central hidroeléctrica Agua Zarca, planeada para ser construida en el río Gualcarque, en territorio Lenca, Honduras, anunció la apertura de una nueva sede de operaciones en la capital de Costa Rica.

En respuesta, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien señala los intereses económicos del proyecto energético como responsables del asesinato de la ambientalista e indígena Lenca Berta Cáceres, alertó que el banco busca continuar con sus inversiones en Centroamérica a pesar de no haber asumido su responsabilidad y no haber reparado a las víctimas de la violencia que financió.

Entre 2014 y 2017, el banco FMO, propiedad en un 51% del Estado de Holanda, financió el proyecto Agua Zarca, propiedad de la familia Atala Zablah e impuesto a la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, en el occidente de Honduras. De acuerdo al Copinh, FMO contribuyó con más de 17 millones de dólares y, junto a recursos del banco finlandés FinnFund y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aportó recursos a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) con los cuales pagaron actos de violencia y asesinatos contra la comunidad Lenca.

Financiamiento de violencia

Durante el proceso de resistencia contra la construcción de Agua Zarca, Berta Cáceres, quien fungía como coordinadora del Copinh, denunció actos de violencia que iban desde la persecución y amenazas contra integrantes de la organización indígena; sabotajes, actos de corrupción dirigidos a miembros de la policía y alcaldías locales, así como ataques directos mediante la contratación de sicarios para agredir a las y los indígenas lencas.

Por estos antecedentes y tras el asesinato de Cáceres, desde 2018 el Copinh mantiene una demanda civil por negligencia contra el banco FMO. Recientemente, en junio del 2022, el medio The Intercept reveló el rastro financiero de un pago, con valor de un millón 700 mil dólares provenientes del banco FMO, realizado días antes del asesinato de Berta Cáceres.

Tras consultar documentos legales y financieros holandeses y estadounidenses entregados por el banco FMO a los abogados europeos representantes del Copinh, se evidenció que dicha transferencia se realizó a través de una compañía fantasma panameña denominada Concretos del Caribe S.A., (CONCASA), la cual tiene entre sus socios a Daniel Atala Midence quien ocupaba el cargo de ejecutivo financiero de DESA y mantenía el control administrativo de CONCASA a partir de enero de 2016, cuando recibió los pagos provenientes de FMO.

Mediante comunicado, el Copinh asevera que el banco FMO, junto a sus socios, el BCIE y el FinnFund, “cometieron graves delitos financieros que permitieron el desvío de parte sustancial de sus fondos, que financiaron los hechos de violencia por parte de David Castillo y los Atala Zablah. Mediante este mecanismo de desvío de fondos incluso se hizo un pago de 1.2 millones de dólares directamente a David Castillo 3 días antes del asesinato de Berta Cáceres”.

Cabe mencionar que, tras la revelación de los pagos, el Copinh presentó una denuncia penal ante la oficina del Fiscal General de Holanda contra el banco FMO y sus directivos por los crímenes de complicidad en actos de corrupción, malversación, blanqueo de dinero y violencia en el financiamiento del proyecto Agua Zarca de la familia Atala Zablah.

En el momento de la presentación de la acción penal, el Copinh declaró que la demanda tiene como objetivo “desenmascarar el accionar criminal de los supuestos bancos de ‘desarrollo’ y ‘verdes’ como el FMO que con su dinero financian la corrupción, la violencia y la violación de derechos humanos a las comunidades indígenas, de banqueros multimillonarios como los Atala”.

En 2022, David Castillo, quien se desempeñó como gerente general del proyecto Agua Zarca, fue condenado a 22 años y medio de prisión por su responsabilidad en el asesinato de Cáceres. Acorde al Copinh, Castillo era el principal contacto y enlace con el banco holandés.

Ahora, con la demanda penal se señala la responsabilidad de los principales directivos de FMO: Nanno Kleiterp, presidente honorario de las Instituciones Financieras Europeas de Desarrollo (EDFI); Jurgen Rigterink, actual primer vicepresidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD); y Linda Broekhuizen, ex directora ejecutiva interina del FMO, entre otros ejecutivos.

Desde el año 2017 y tras las exigencias del Copinh y organizaciones hondureñas e internacionales, el banco FMO anunció el retiro en las operaciones del proyecto hidroeléctrico. A pesar de ello, “los términos de tal salida se mantienen en secreto para las víctimas, sin embargo, se corroboró que el FMO condonó la deuda a la familia Atala Zablah, por ende, regaló millones de dólares a los directos responsables del asesinato de Berta Cáceres”.

Ante el anuncio de la nueva sede de FMO en San José, el Copinh alertó a las organizaciones y comunidades de Costa Rica y Centroamérica, que “la presencia del banco europeo implica la presencia de inversiones violatorias de los Derechos Humanos. Debemos estar alertas y vigilar estas acciones”.

Imagen: Protesta de comunidad lenca contra el banco FMO por su participación en el financiamiento del proyecto Agua Zarca– COPINH

Alto a los Desapariciones Forzadas y Ataques a los Movimientos Sociales en Honduras: Una Carta Abierta

Compartimos esta carta de solidaridad con el pueblo hondureño – A 12 de octubre del 2022

>>Firma la carta aquí <<

Antecedentes:

En su lucha por defender sus territorios ancestrales, el pueblo Afroindígena Garífuna de Honduras se ha enfrentado a un ciclo casi constante de agresiones por parte del anterior gobierno hondureño, los elementos de la narco-dictadura que todavía existen en el Ministerio Público y la Corte Supremadel gobierno hondureño, las élites poderosas y el crimen organizado. La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), contraparte de Grassroots International, es uno de los blancos de estas agresiones.

El mes pasado, OFRANEH lanzó una serie de acciones nacionales e internacionales para llamar la atención y hacer justicia sobre las desapariciones forzadas de cuatro jóvenes líderes comunitarios. En respuesta, la Fiscalía General de Honduras, controlada por la derecha, tomó represalias abriendo investigaciones penales contra dos dirigentes de OFRANEH y un miembro de su equipo jurídico. La coordinadora general de OFRANEH, Miriam Miranda, que ya se ha enfrentado a múltiples amenazas, Luther Castillo Harry, miembro de OFRANEH y ministro de Ciencia y Tecnología del actual gobierno, y el abogado de OFRANEH, Edy Tábora, han sido objeto de ataques políticos. Además, la Fiscalía General incluyó a nuestra otra contrparte COPINH en su ataque – porque COPINH se solidarizó con el trabajo de los Garifunas por la justicia.

A pesar de que este año se ha elegido una nueva presidenta, lo que supone una ruptura con los doce años de gobierno golpista de derechas, muchas de las estructuras de poder asociadas al anterior gobierno siguen vigentes, incluso en la Corte Suprema y el Ministerio Público. La Fiscalía afirma que una reciente protesta de la campaña “alteró el orden” y “privó ilegalmente de la libertad”. Esto se produce después de otros esfuerzos de la derecha por criminalizar los movimientos sociales, incluyendo la reescritura del código penal.

No basta con que estos cargos criminalicen hipócritamente a los mismos organizadores que buscan acabar con la violencia racista contra los Garífunas. Estos posibles cargos conllevan penas de prisión que van de uno a siete años, un golpe devastador para el movimiento.

Los movimientos de Honduras necesitan urgentemente la solidaridad internacional frente a estos y otros ataques. Por favor, únanse a la creciente protesta internacional en apoyo de estos defensores de los derechos humanos y sus demandas de justicia enviando un mensaje a las autoridades hondureñas.

Por favor, actúe firmando su organización en la siguiente carta, así como tomando medidas individuales aquí. Gracias.

Carta abierta

A la atención de Fiscal General Oscar Fernando Chinchilla, Fiscal General Adjunto Daniel Sibrian, Presidente de la Corte Suprema de Justicia Rolando Argueta, y Carlos Josué Padilla Eveline, representante ante la Junta Nominadora de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia:

En nombre de las organizaciones abajo mencionadas, les escribimos para expresar nuestra grave preocupación por la creciente ola de violencia y terror contra las comunidades Afrodescendientes e Indígenas en Honduras y la consiguiente persecución de los defensores de los derechos humanos. Esto incluye los recientes ataques contra la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Ambas organizaciones son ampliamente reconocidas y altamente apreciadas por la comunidad internacional de derechos humanos por su trabajo crítico en defensa de los derechos de los pueblos Garífuna y Lenca y sus territorios ancestrales.

Desde la elección democrática de la presidenta Xiomara Castro a principios de este año, los movimientos de Honduras han aprovechado esta nueva apertura política para luchar por la justicia real para los pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Apoyamos sus esfuerzos y nos unimos a ellos para denunciar los intentos del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, que siguen bajo el mandato del anterior gobierno de Juan Orlando Hernández, de socavar la democracia y los derechos humanos.

Hemos tenido conocimiento de que el 17 de agosto de 2022, la Fiscalía Especial contra Delitos Comunes y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) confirmaron que han abierto una investigación penal contra Miriam Miranda, Coordinadora General de OFRANEH, Luther Castillo Harry, miembro de OFRANEH y Ministro de Ciencia y Tecnología del actual gobierno, y el abogado Edy Tábora, miembro del equipo jurídico de SUNLA (Comité Garífuna de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz) y abogado de OFRANEH. También nos preocupa saber que otros líderes de OFRANEH, SUNLA y COPINH están siendo perseguidos a través de una investigación penal.

El momento en el que se ha atacado a estos defensores de los derechos humanos no es una coincidencia. Viene después de una serie de acciones públicas por parte de OFRANEH, COPINH, y aliados a nivel nacional e internacional exigiendo justicia por la desaparición forzada de cuatro jóvenes líderes de la comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz. Los jóvenes fueron secuestrados por hombres armados con uniformes policiales el 18 de julio de 2020. OFRANEH ha estado llamando la atención sobre el hecho de que este espantoso crimen aún no ha recibido una investigación adecuada por parte del gobierno.

En lugar de tomar las acciones necesarias para apoyar a las víctimas del secuestro, como lo pide la Corte Interamericana, el Fiscal Adjunto Sibrían Bueso ridiculizó a OFRANEH en las redes sociales e inició una investigación penal contra los defensores de derechos humanos mencionados.

Las desapariciones forzosas no sólo son violaciones contra los individuos involucrados, sino también contra sus familias, comunidades y movimientos. Los ataques contra los líderes de los movimientos sociales van de la mano de los secuestros, como parte de un asalto más amplio contra las comunidades y los movimientos impulsado por poderosos intereses. Nuestra comunidad internacional ha seguido de cerca el caso de las desapariciones forzosas del Triunfo de la Cruz, y este reciente ataque a los defensores de los derechos humanos sólo nos hace estar más atentos.

Les exigimos:

1. Diseñar e implementar acciones y planes de búsqueda de los desaparecidos de Triunfo de la Cruz, basados en los Principios Rectores de la ONU para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.

2. Crear una fiscalía especial contra la desaparición forzada para investigar la desaparición de los jóvenes líderes de Triunfo de la Cruz y las demás desapariciones que ocurren a diario en el país.

3. La incorporación del Comité Garífuna de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz (“SUNLA”) como organismo independiente para la investigación y búsqueda de los jóvenes desaparecidos.

4. El cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.

5.  Respetar y cumplir el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho de los pueblos Indígenas al consentimiento libre, previo e informado; y

6. Cesar inmediatamente la criminalización, represalias y persecución judicial de quienes luchan por la defensa de los derechos territoriales, incluyendo a Miriam Miranda, Luther Castillo Harry, Edy Tábora y otros involucrados con OFRANEH y COPINH.

Sonora: Jesús Javier Thomas en la mira del difunto Bailleres, Ejidatarias y Ejidatarios de El Bajío bajo amenazas de más muertes

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 3 de octubre del 2022

Imagen: Ejido El Bajío

Más información:

A 3 meses de conmemorar los 25 años de la Masacre de Acteal y 30 años del nacimiento de Las Abejas de Acteal

Compartimos esta publicación de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal – A 22 de septiembre del 2022

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los Defensores de los derechos humanos

A los Medios libres y alternativos

A los Medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Se cree que las abejitas (los insectos), en tiempo de frío y de lluvias dejan de trabajar, solamente porque no salen al campo a buscar flores y lo que necesitan para hacer la miel; en realidad, nunca descansan dentro de su caja, o sea, siguen trabajando internamente. Así nos pasa también a nosotros, que a pesar de la lluvia literal de este mes y de la lluvia de ataques, desprestigios, violaciones a nuestros derechos humanos y amenazas a nuestros proyectos autonómicos, seguimos organizándonos y, sobre todo, construyendo casas y espacios para la formación de nuestra lucha No Violenta.

Y desde esta Tierra Sagrada, la colmena donde mantenemos viva la memoria y el clamor de nuestros 45 mártires y los 4 bebés que sacaron del vientre de sus mamás, seguimos exigiendo que la impunidad no tenga la última palabra. Exigimos que se haga justicia y se desmantelen las redes de acción paramilitar que creó el mal gobierno en Chiapas desde 1995 y que sigue manteniendo hasta la actualidad para desgastar, amedrentar y aterrorizar a todos los que deciden no alinearse con el gobierno y sus partidos políticos. Los que hemos sobrevivido casi 25 años al desgaste que han organizado de manera coordinada los tres niveles de gobierno para acallar este grito, sabemos que sólo con justicia y memoria se puede evitar que se vuelva a repetir un crimen tan atroz como el que cometieron aquí.

Las guardianas y guardianes de la memoria que somos, hoy queremos recordar y denunciar que no ha cambiado nada la situación que vivimos hace justamente 25 años. Entre el 16 y 21 de septiembre de 1997, las agresiones paramilitares se intensificaron en contra de nuestra Organización y de las bases zapatistas del municipio autónomo de San Pedro Polhó. A pesar de que se denunciaron públicamente tales actos de violencia, el gobierno de Chiapas y el gobierno federal no actuaron para investigarlos, sino que simplemente permitieron que dicha violencia culminara con la masacre de Acteal.

Por estas fechas pero hace 25 años, una comisión de nuestra Organización Las Abejas buscó al entonces presidente municipal de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz de la colonia Puebla, para aconsejarle que él y sus agentes rurales detuvieran los actos de violencia ejercidos por el grupo paramilitar. Sin embargo, este señor sólo nos acusó de ser provocadores y de ser zapatistas; días después, se escaló la violencia y esto provocó miles de desplazados que tuvieron que huir a las montañas y buscar refugio en comunidades aledañas. En este mes de septiembre pero de 1997, los paramilitares priistas y cardenistas balearon nuestras casas y nuestras banderas de paz, borrando con lodo o con disparos de armas de grueso calibre nuestro letreros que decían: Sociedad civil -Paz- Zona Neutral, y nos amenazaban diciendo: “ahora no es tiempo de paz, ahora es tiempo de guerra, vamos a liberar a nuestro municipio de Chenalhó, porque todos debemos ser del PRI, y tienen que renunciar a su organización; si no lo hacen, entonces son zapatistas y los vamos a matar y quitarles todas sus pertenencias”. Y lamentablemente, cumplieron sus amenazas con el desplazamiento masivo y la Masacre de Acteal.

Una enfermedad maligna que no se trata a tiempo y a la que no se le busca una cura seriamente, se vuelve un cáncer que después pudre todo el cuerpo. Y eso es lo que vemos que está pasando ahora en Chenalhó con la enfermedad de la impunidad. Estos actos de violencia cometidos por los paramilitares de hace 25 años nunca se investigaron; ni los paramilitares autores materiales, ni las autoridades de alto nivel que son los autores intelectuales de la masacre de Acteal, fueron castigados. Gracias a esto, los paramilitares priístas y cardenistas de hace 25 años ahora tienen herederos muy activos. Son una nueva generación que hace el mismo encargo de una forma mucho más letal y hasta parece ser que ni el propio gobierno federal, estatal, ni el actual presidente municipal de Chenalhó pueden controlarlos.

Así, la impunidad es una estrategia eficaz para continuar atacando nuestra lucha e intentar minar nuestra resistencia civil y pacífica. Actualmente, en varias comunidades de Chenalhó donde existen miembros de Las Abejas, han sido violentados nuestros derechos y hasta hemos sido desplazados de nuestras comunidades, o nos han cortado nuestros servicios de agua y de luz eléctrica como un castigo por tener otro modo de pensar. Esto porque el conflicto suscitado desde el año de 1997 en nuestro municipio no se ha solucionado; y ahora la nueva generación paramilitar, con otro rostro pero controlados por el mismo patrón, se encargan de desgastar nuestra lucha por que sea respetada nuestra organización y sus objetivos, como la construcción de la libre determinación, el autogobierno y demás proyectos autonómicos. Intentan, sobre todo, frenar la búsqueda de la justicia verdadera para la Masacre de Acteal, esa que dé lugar a una verdadera paz.

Esa misma justicia es la que hoy siguen persiguiendo los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, quienes fueron secuestrados por elementos de la policía municipal de Iguala y desaparecidos por elementos del cártel “Guerreros Unidos” con el conocimiento y participación del Ejército Mexicano y policía estatal, cuyo encubrimiento se construyó desde el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, con la participación de la Marina de México. Seguiremos apoyando la digna lucha para dar con el paradero de sus hijos que sus padres, madres y demás familiares han mantenido desde hace ocho años, que se cumplen el 26 de este mes, y por el castigo a todos los responsables, en todos los niveles del gobierno y las fuerzas armadas involucradas.

También es la justicia que buscamos en Chiapas y todo México para que la criminalización y asesinato de los defensores de la vida, la tierra y el territorio de los pueblos, como nuestro compañero y hermanos Simón Pedro Pérez López, dejen de ser política de estado. No podemos seguir viviendo en un país con 28 asesinatos de defensores de derechos humanos en un año, 13 de ellos pertenecientes a pueblos indígenas, como documenta hasta mayo del 2022 el último informe del Comité Cerezo, presentado hace unos días.

Por ello nos unimos a las demandas de nuestros hermanos creyentes de la región tseltal de Chilón y del equipo Chab de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, que el día de ayer realizaron una Marcha-Procesión en Bachajón para exigir la libertad de líderes comunitarios que se encuentran encarcelados o enfrentan procesos penales en libertad condicional, en represalia por participar en la defensa de su tierra o fomentando el autogobierno comunitario sin partidos políticos: dos de Bachajón (José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, cuya sentencia se espera este 27 de septiembre), cinco de San Juan Cancuc. También exigimos junto con ellas y ellos, la cancelación de la orden de aprehensión en contra del Padre Marcelo Pérez Pérez, quien tendrá siempre nuestro apoyo pues ha caminado con nosotros diciendo la verdad y promoviendo la paz con justicia en nuestros pueblos, perjudicando intereses que no se lo perdonan, arriesgando la vida y la libertad, como Jesús.

También queremos solidarizarnos con nuestros hermanos de las organizaciones indígenas en Michoacán que este mes han enfrentado duros golpes a su autonomía. Por un lado, por parte de las resoluciones que ha emitido la Suprema Corte de Ricos y Criminales de la Nación (SCJN) sobre las controversias constitucionales que presentaron los ayuntamientos de Tangamandapio y Nahuatzen, y que como dicen nuestros hermanos: “representan un grave retroceso a los derechos colectivos de las comunidades y una traición a los pueblos indígenas”. Y por otro lado, por el anuncio del Gobierno Estatal de Michoacán de querer desmantelar la Guardia Comunal del municipio Aquila, esfuerzo autónomo que por años ha mantenido la heroica Comunidad Indígena de Santa María Ostula, como única alternativa a la inseguridad que provocan los cárteles de la droga en su región. Nos unimos a nuestros hermanas y hermanos p’urhépechas que no permitirán que los intereses de los partidos políticos y el crimen organizado, fortalecidos con sus socios en todos los niveles del gobierno, limiten su autonomía que permite la defensa de la vida de sus pueblos.

A 3 meses de conmemorar los 25 años de la Masacre de Acteal y la celebración de los 30 años del nacimiento de nuestra Organización Las Abejas de Acteal, seguimos compartiéndoles lo que vive en nuestro corazón, porque las nuevas generaciones merecen saber la verdad; y porque reproducir y difundir la memoria de lo que pasó, hará que hechos vergonzosos como la Masacre de Acteal no se repitan. Por eso, precisamente, es que nos urge que la CIDH publiqué sin más demora su Informe de Fondo sobre el Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (masacre de Acteal).

Hace casi 25 años los mensajeros de la muerte, enviados por Ernesto Zedillo Ponce de León a masacrar a 45 hermanas y hermanos nuestros y más los 4 bebés no nacidos, hirieron nuestro corazón y nuestra organización. Es grande el dolor que nos causaron, pero dentro de ese dolor, brotaron fuerzas y esperanzas. Ahora, ya nada ni nadie nos puede callar. Ya nada puede detener nuestra lucha. Hace 25 años empezó la violencia paramilitar en Chenalhó e intentaron destruirnos, pero hoy aquí seguimos construyendo nuestro panal, trabajamos para producir paz. Y hoy nos alegra compartirles una construcción física más que hemos logrado: la Casa de Herrería Comunitaria para las mujeres de Las Abejas de Acteal, apoyada por la organización Desarrollo tecnológico y Servicios Comunitarios El Puente, S. C., con la cual estamos muy agradecidos por permitirnos caminar juntos y juntas.

En tiempos de lluvia, las abejitas trabajan internamente, pero, aunque no lo miramos, también vuelan.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza.

                                                   Atentamente.

La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.   

Más información:

La REMA rechaza la liberación de los asesinos de Betty Cariño y Jyri Jaakkola

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA sobre el caso #JusticiaParaBetyCariño – A 12 de septiembre del 2022

El 27 de abril de 2010, Alberta “Betty” Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakkola, fueron asesinados en el Municipio de San Juan Copala, Oaxaca, por miembros del grupo paramilitar Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), cuando la caravana de la misión civil de paz en que viajaban se dirigía a entregar ayuda humanitaria.

«Bety» Cariño Trujillo era fundadora y miembro de la Coordinación Nacional de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), y directora de la organización CACTUS en Oaxaca. Jyri era un voluntario de origen finlandés que acompañaba la misión humanitaria de paz, donde más de una veintena de defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas viajaban y donde resultaron algunos más heridos.

El pasado 7 de Septiembre del presente año, un Juez del Tribunal Unitario de la Región Mixteca ordenó la liberación de los últimos cuatro presos (Daniel Martínez López, Antonio Solano
Velásquez, Mauro Vásquez Ramírez y Elías Cruz Merino) acusados de participar en la emboscada armada en el que fueron asesinados Betty y Jyri.

Por si fuera poco, el grupo paramilitar UBISORT continúa presente en la región con total impunidad, asediando a las comunidades e imponiendo el poder y control en el territorio, haciendo evidente la complicidad del gobierno del estado que tardó cuatro años en realizar la investigación, y de las 14 órdenes de aprehensión sólo se ejecutaron siete quienes al día de hoy ya han sido todos liberados, incluyendo el líder del grupo paramilitar Rufino Juárez y Juan Macario Bautista.

La REMA se solidariza con la familia Esparza Cariño y con la familia Jaakkola.

La REMA exige el fin de la impunidad, castigo a los responsables de los asesinatos, alto a la intimidación y amenazas a defensores y defensoras de los derechos colectivos de los pueblos.

¡JUSTICIA PARA BETY Y JYRI!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)

COMUNICADO EN PDF

Más información:

Petición: Alto a la criminalización contra el Sacerdote Marcelo Pérez Pérez

>>Firma la petición aquí<<

Basta de la persecución en contra Defensores de los Derechos Humanos y del Medio Ambiente en Chiapas

México enfrenta, desde hace por lo menos veinte años, una espiral de violencia que parece no tener fin. En prácticamente todos los puntos del territorio nacional los asesinatos, desapariciones, extorsiones y secuestros se han convertido en lamentables hechos de la vida cotidiana de la sociedad mexicana. La violencia y persecución no sólo proviene del crimen organizado contra periodistas y defensores de los derechos humanos y del medio ambiente sino incluso del mismo Estado. Chiapas no es la excepción. Durante el gobierno de Rutilio Escandón, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), tanto comunicadores como miembros de la sociedad civil que defienden los derechos humanos han sido víctimas de una violencia estructural que aumenta día con día. Ahora le ha tocado el turno a la Iglesia Católica y a personas ligadas a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

El pasado 21 de junio de 2022, la Fiscalía General del Estado solicitó al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas, orden de aprehensión contra Marcelo Pérez Pérez, presbítero de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y reconocido defensor de los derechos humanos. Este caso se agrega al del defensor de derechos humanos y miembro de la parroquia de San Juan Cancuc, Manuel Santiz Cruz, detenido con otras 4 personas, acusados de asesinato en un proceso judicial por demás irregular; o el de Pedro Cortés López y Diego Mendoza Cruz, agentes de pastoral de la Diócesis, apresados, según testigos presenciales, sin orden de aprehensión y con lujo de violencia en la capital del estado a finales de junio.

En una terrible paradoja del sistema de justicia estatal, mientras que criminales quedan impunes por los múltiples feminicidios, desapariciones, desplazamiento forzado interno de miles de chiapanecos, asesinatos y la proliferación de decenas de grupos armados por diversas ciudades y poblados de toda la entidad, el Estado persigue y criminaliza a quien ha defendido a su pueblo, quien ha sido reconocido internacionalmente por su labor, quien ha inspirado, entre otras acciones de organización colectiva, la creación de Zoques en Defensa de la Vida y del Territorio (ZODEVITE), como lo ha hecho el Padre Marcelo.

El Padre Marcelo, que también acompaña al Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) y las luchas por la defensa del agua y de los humedales de la Cuenca de Jovel, ha estado al lado de las miles familias desplazadas víctimas de la violencia estructural y del crimen organizado que el Estado no atiende. Asimismo, asiste a los presos, combate el alcoholismo y los negocios en torno a la trata de personas, y  contribuye en la construcción la paz en medio de diversos procesos de diálogo y negociaciones en varias comunidades de la región, con lo que ha logrado disminuir significativamente la confrontación y la violencia inter e intracomunitarias.

Originario del municipio de San Andrés Larráinzar, el Padre Marcelo Pérez, indígena de lengua y cultura tsotsil, ha sido un constante pregonero de la paz. Sin embargo, las calumnias y difamaciones para inculparlo por la violencia que tiene su raíz en las estructuras del Estado en Chiapas, alimentada por años de impunidad y corrupción, ahora pretende lavarse las manos y buscar chivos expiatorios ante su incompetencia y contubernio con la violencia que prevalece en todo la entidad.

Ante los hostigamientos, agresiones físicas, acoso psicológico y amenazas que mantienen al Padre Marcelo en constante peligro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió desde 2016 las medidas cautelares número MC- 506-14 con el objetivo de que el Estado le brinde la protección que requiere. Por ello, está adscrito al Mecanismo de Protección para Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno Federal. Del mismo modo está afiliado al organismo internacional con sede en Irlanda Front Line Defenders, como Defensor de los Derechos Humanos.

Frente a esta preocupante situación, exigimos a los gobiernos Federal y Estatal que dirijan sus instituciones, recursos y herramientas jurídicas hacia los verdaderos criminales y generadores de la violencia que se encuentran dentro y fuera de las estructuras del Estado que, por acción u omisión, ha consecuentado el  sufrimiento de miles de chiapanecos, principalmente niños y niñas, mujeres y ancianos que, además de la pobreza endémica que han enfrentado por generaciones, ahora tienen que lidiar con una espiral de violencia incontenible.

Los abajo firmantes demandamos un alto a la criminalización de los defensores de  derechos humanos y un cese al hostigamiento hacia sus personas y su trabajo. Pedimos    acciones concretas por parte del Estado, en los tres niveles de gobierno, que garanticen la seguridad e integridad de todos los miembros de la sociedad. ¡¡BASTA DE PERSECUCIÓN Y HOSTIGAMIENTO A QUIENES DEFIENDEN LA VIDA Y EL ESTADO DE DERECHO!

>>Firma la petición aquí<<

Comunicado ante el aumento de la violencia en Chiapas y la persecución a las personas defensoras de la vida

Comunicado de la Diocesis de San Cristóbal de Las Casas – A 3 de julio de 2022

Imagen: Diocésis de San Cristóbal

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