Con mucha alegría les compartimos esta noticia del Consejo Civico de Organizaciones Populares en Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta a 25 de noviembre del 2024
COMUNICADO N°12 2024: La Corte Suprema de Justicia de Honduras confirma sentencias de asesinos de Berta Cáceres, pero modifica agravantes en la condena de David Castillo y envía el caso de Sergio Rodríguez al pleno de la Corte Suprema de Justicia.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, hace del conocimiento de la comunidad nacional e internacional lo siguiente:
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ha confirmado las sentencias de siete de los ocho hombres condenados en los juicios de 2018 y 2021 por el crimen contra nuestra compañera Berta Cáceres y el intento de asesinato de Gustavo Castro. Se han ratificado las condenas de David Castillo, empleado principal de la familia Atala; Douglas Bustillo, militar y jefe de seguridad de la empresa de la familia Atala; Mariano Díaz, mayor del ejército de Honduras; Henry Hernández, militar; Elvin Rápalo; Oscar Torres y Edilson Duarte.
Esta decisión confirma una vez más, la existencia de una estructura criminal responsable del asesinato de Berta Cáceres, cuyas cabezas, los miembros de la familia Atala continúan en la impunidad.
La decisión de los magistrados de la Sala Penal ha modificado los agravantes en la sentencia de David Castillo, lo que implica una reducción de su condena, y ha enviado el caso de Sergio Rodríguez al pleno de la Corte Suprema debido a la falta de unanimidad sobre la ratificación. Estas modificaciones son producto de las presiones indebidas al órgano de justicia y demuestra la continuidad de la existencia de la estructura criminal detrás del crimen contra Berta Cáceres.
El derecho al acceso a la justicia se sigue obstaculizando por parte de los intereses económicos y políticos que tienen sus garras dentro del sistema de justicia hondureño y que pretenden beneficiar a la familia Atala y sus aliados criminales.
La decisión de enviar el caso de Sergio Rodríguez al pleno de la Corte Suprema prolonga aún más el proceso judicial y demuestra que el sistema de justicia hondureño continúa favoreciendo la impunidad de quienes actúan en nombre de intereses empresariales por encima de los derechos de las comunidades indígenas.
Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a redoblar esfuerzos en esta etapa crucial para responsabilizar a los autores intelectuales del crimen. Puesto que la lucha por la Justicia para Berta y para los pueblos continúa. No descansaremos hasta que todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, enfrenten las consecuencias de sus crímenes y se profundice la grieta de la justicia en el muro de la impunidad en Honduras.
El COPINH, las comunidades Lencas organizadas, junto a la madre, hijas e hijo de Berta Cáceres, agradecemos profundamente a todas las personas, organizaciones, instituciones y espacios solidarios en Honduras y el mundo por su incansable respaldo en esta lucha por la justicia. Estas sentencias marcan un precedente importante en la historia de Honduras, y son un aliciente para continuar en la lucha por la justicia para los pueblos.
Reafirmamos nuestro compromiso con la justicia social en Honduras y la reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas por las que luchó nuestra Berta.
Dado en La Esperanza, Intibucá, a los 25 días del mes de noviembre de 2024.
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz.”
Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre los pasos para llegar a una verdadera #JusticiaParaBerta – A 15 de noviembre del 2024
Condenas en Caso Fraude sobre el Gualcarque
Roberto David Castillo Mejía, Gerente de DESA, y Carolina Lizeth Castillo Argueta, ex-funcionaria de la ENEE, ambos culpables de fraude: 5 años de prisión Inhabilitación absoluta por el doble de la pena Multa de 380,000 Lempiras
Raúl Pineda Pineda, ex-alcalde de San Francisco de Ojuera, enfrenta dos delitos: Delito de falsificación de documentos públicos: 2 años de prisión + multa de trabajo social Delito de usurpación de funciones: 1 año y 1 mes de prisión + inhabilitación para cargos municipales por 6 años
Estas sentencias marcan un paso importante hacia la justicia para el pueblo Lenca, el COPINH y la justicia por el asesinato a Berta Cáceres, evidenciando que la concesión del Río Gualcarque fue un fraude en beneficio de la familia Atala, que involucraba corrupción, usurpación y falsificación de documentos por parte de funcionarios públicos.
“Estamos en riesgo, estamos en riesgo y eso preocupa grandemente porque salir de la casa nos vulnera considerablemente”, dio a conocer el Vicario de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal, Miguel Montoya, quien explicó que a partir del asesinato del padre Marcelo ha sido bastante complicado ejercer la labor ministerial.
Posterior a la celebración religiosa en el marco de la peregrinación por los 100 años del natalicio del obispo Samuel Ruiz García, y por la demanda de justicia para esclarecer el crimen, el Vicario detalló que en vehículos y motocicletas, personas con el rostro cubierto han hostigado a integrantes de la Diócesis.
Detalló que también, en las dos semanas que han pasado tras el asesinato, se ha incrementado el nivel de inseguridad en el estado, “se ha incrementado muchísimo y no sólo para quienes ejercen una labor ministerial, sino para todos, todos los que estamos viviendo en Chiapas”.
“Estamos en riesgo, estamos en riesgo y eso preocupa grandemente porque salir de la casa nos vulnera considerablemente”, dijo el sacerdote, quien hizo “un llamado con una profunda caridad y en una sintonía de paz, a las autoridades del estado, a las autoridades federales, para que puedan ellos ofrecer las garantías de seguridad, pero no sólo para nosotros, no lo pedimos para la iglesia, no lo pedimos para los curas, las religiosas, servidores, servidoras que laboramos en las comunidades, sino que lo solicitamos, lo pedimos por todos los habitantes, todo el pueblo”.
Pidió a las autoridades “que no cierren los ojos a la realidad de violencia que estamos teniendo en el estado de Chiapas (…) la violencia que se ha disparado, se ha disparado y no sabemos si va a disminuir, más bien pensamos va en aumento, un creciente aumento”.
Por su parte, representantes de los feligreses explicaron que como pueblo organizado están trabajando para terminar con la violencia “pero con una diferencia muy grande, nosotros no optamos por las armas, sino con nuestra palabra como Diócesis de San Cristóbal, buscamos una lucha sin violencia (…) somos un pueblo que queremos caminar con una paz, que el pueblo también sienta que sí se puede vivir con esa paz”.
Compartimos estos comunicados de Amigos de la Tierra America Latina y El Caribe ATALC, la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el asesinato del Padre Marcelo Pérez Pérez – a 21 y 22 de octubre del 2024
Repudiamos el asesinato del Padre Marcelo Pérez Pérez
Solidaridad Internacionalista con los pueblos mexicanos
El día 20 de octubre a las 7:30 de la mañana el Padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de la Iglesia de Guadalupe de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, fue asesinado después de haber oficiado misa en un barrio de dicha ciudad.
Marcelo Pérez Pérez era un indígena de la etnia maya tsotsil que había sido párroco en diferentes municipios de la región Altos del estado de Chiapas, desde donde defendió incansablemente los derechos de los pueblos originarios. Fue un valiente defensor de la Madre Tierra y los territorios, así como un decidido promotor de la paz y de la justicia.
A causa de su trabajo, el Padre Marcelo fue víctima de muchas amenazas, incluidos por lo menos cinco atentados contra su vida. En diversos espacios y medios se denunció la vulnerabilidad en la que se encontraba. Sin embargo, el Estado mexicano fue incapaz de garantizar su seguridad y por esta razón, desde 2015 el Padre Marcelo contaba con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al final resultaron insuficientes.
Desde Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) expresamos nuestra consternación por el asesinato de Marcelo Pérez Pérez y exigimos al Estado mexicano que cumpla con su deber investigando con profesionalismo el terrible crimen y llevando ante la justicia a los responsables. No aceptaremos la perpetuación de la impunidad que se ha generalizado en México en las últimas décadas y que tiene a varias regiones del país, incluido el estado de Chiapas, sumidas en la peor espiral de violencia de su historia reciente.
Creemos que únicamente mediante la lucha contra la impunidad, es posible evitar que estos hechos se repitan. A la comunidad internacional, a las organizaciones y movimientos sociales de América Latina y el Caribe y de diferentes partes del mundo les llamamos a denunciar este crimen, y a mantenernos en alerta permanente frente a los atentados e injusticias contra los que defienden la vida.
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe / 21 de octubre de 2024
@atalc
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA
Expresamos dolor e indignación por el asesinato del Padre Marcelo Pérez Pérez.
Expresamos nuestra profunda indignación y dolor ante el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez quien, durante años, denunció la violencia criminal y los actos crueles cometidos contra las comunidades Chiapas, gran defensor de derechos humanos, de la tierra y el territorio. Incansable constructor de paz.
A pesar de las múltiples amenazas, difamaciones y hostigamientos, su voz se mantuvo firme, señalando la urgencia de abordar la violencia en Chiapas. Hoy lamentamos que su vida haya sido arrebatada en un acto atroz, el cual refleja la creciente impunidad y la grave crisis de violencia que vive Chiapas.
Padre Marcelo caminó con el pueblo indígena de Chiapas para defender a la madre tierra y denunciar los proyectos extractivos, realizó un gran trabajo por denunciar la minería y sus consecuencias a los bienes naturales, siempre solidario con las luchas, animador de la esperanza.
Querido Marcelo, tu voz nunca será callada, vivirá siempre en cada paso de nuestros actos de resistencia. Tu vida será legado y siempre nos convocará a seguir luchando por la justicia.
Nos unimos al clamor por justicia, exigiendo que se investigue y castigue a los responsables, tanto materiales como intelectuales, de este crimen.
Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH
¡ALTO A LA VIOLENCIA EN CHIAPAS!
Con mucho dolor, tristeza e indignación, condenamos el asesinato del defensor de derechos humanos y sacerdote/Padre tzotzil Marcelo Pérez Pérez al salir de dar misa la mañana del domingo 20 de octubre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el sureste mexicano
No más impunidad. No más violencia. Nos unimos a la demanda de que se tomen todas las medidas urgentes y necesarias para garantizar y proteger la vida, la integridad y la seguridad personal de las comunidades indígenas, incluidas las familias de los Bases de Apoyo Zapatista, evitando que la situación de violencia y riesgo denunciada en varias regiones de Chiapas empeore. Exigimos justicia y protección para todos y todas las defensoras. #JusticiaPorElPadreMarcelo#AltoALaViolencia#Chiapas
Lamentamos y denunciamos el asesinato del Padre Marcelo Pérez
El Padre Marcelo Pérez fue un destacado defensor de la Madre Tierra y los derechos humanos, comprometido con la justicia social y la reconciliación para la construcción de paz. Debido a su labor de defensa, se encontraba en una situación de riesgo inminente. En este contexto, desde el año 2015, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares para su protección.
El asesinato del Padre Marcelo Pérez es una muestra más del alarmante aumento de la violencia en Chiapas denunciado por diversos movimientos y organizaciones. Desde hace varios años, las y los miembros de la Red-DESC han reflexionado sobre la economía política de la violencia, o las causas estructurales que llevan a contextos de creciente violencia y represión en muchas comunidades, lo que en última instancia señala cómo los distintos grupos e individuos se benefician económicamente del aumento de la violencia o utilizan la violencia para proteger sus intereses económicos. Este escenario constituye un riesgo aún mayor para las personas, movimientos y organizaciones que defienden a la Madre Tierra y los derechos humanos.
Lamentamos que sean las propias autoridades quienes ubiquen en mayor vulnerabilidad y riesgo a quienes defienden los derechos humanos, criminalizando sus acciones y vinculándolos como sospechosos de la comisión de delitos. Ese fue el caso del Padre Marcelo y de otras personas que han sido involucradas, por ejemplo, en el conflicto de la comunidad de Pantelhó.
La Red-DESC se une a la exigencia a las autoridades de los tres niveles de gobierno en México para realizar una investigación que acerque a la verdad y la justicia sobre este terrible asesinato. De igual forma, exigimos que el Estado mexicano aborde la situación en Chiapas con una perspectiva de derechos humanos y de reconstrucción del tejido social en las comunidades particularmente indígenas asoladas por la violencia al servicio de intereses privados y frecuentemente generada por diversos grupos pertenecientes al crimen organizado.
Comunicado de Otros Mundos ante el vil asesinato del querido Padre Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas – A 20 de octubre del 2024
Hoy a las 7:30 de la mañana fue asesinado en el barrio de Cuxtitali, de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el Padre Marcelo Pérez Pérez, indígena tsotsil, defensor de la Madre Tierra y los derechos humanos, promotor de la paz y reconciliador comunitario que vivió para servir a las comunidades indígenas y mestizas que acompañó.
Durante su desempeño pastoral, el Padre Marcelo desafió a los poderes formales y de facto que atentaran contra los intereses colectivos de los pueblos originarios. Desempeñó un papel decisivo en la mediación de diversos conflictos inter e intracomunitarios y su palabra solidaria hizo eco allí donde hubiera una causa justa que defender. Por todo ello, fue descalificado, amenazado, perseguido y calumniado. Hoy las amenazas se hicieron dolorosa realidad.
Desde Otros Mundos Chiapas A.C. expresamos nuestra indignación ante un hecho atroz largamente anunciado. Exigimos el esclarecimiento puntual del crimen y la aplicación de la ley. Rechazamos cualquier intento de minimizar el caso y presentarlo como un hecho aislado de violencia. Tampoco aceptaremos ninguna acción que perpetúe la impunidad que caracteriza a la justicia en México, sobre todo en el estado de Chiapas.
Marcelo Pérez Pérez, de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, pugnó por los procesos de diálogo y pacificación. Por su labor recibió amenazas de muerte, difamaciones y una orden de aprensión.
La mañana de este domingo fue asesinado por disparos de armas de fuego el sacerdote indígena tsotsil Marcelo Pérez Pérez, cuando salía de oficiar una misa transitaba por una de las calles de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.
En los últimos años, Marcelo Pérez había recibido amenazas de muerte, difamaciones constantes, y tenía una orden de aprensión en su contra, por su trabajo como mediador en el conflicto que se vive en el municipio de Pantelhó, donde un grupo armado y un grupo de autodefensas mantienen una disputa desde julio de 2021, año en que estalló la violencia en esta y otras regiones de Chiapas.
A raíz de estas amenazas, la Diócesis decidió trasladarlo de la parroquia de Simojovel, en donde se encontraba, a la parroquia de Guadalupe, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.
Desde su nueva sede, Marcelo Pérez siguió trabajando en los procesos de pacificación y denunciando la situación que se vive en Chiapas.
“Chiapas es una bomba de tiempo, hay muchos desaparecidos, muchos secuestrados, hay muchos asesinados por la presencia del crimen organizado en Chiapas”, fueron las palabras que pronuncio durante la entrevista que dio el pasado 13 de septiembre, durante una multitudinaria manifestación que se dio en la capital del estado, por la parte de feligreses de las tres Diócesis de Chiapas, para exigir la paz en Chiapas.
Esta mañana, había acudido al barrio de Cuxtitali, en donde ofició una misa que le pidieron los feligreses del lugar. Al salir fue que recibió disparos con arma de fuego. Aún no hay una versión de la Fiscalía de Justicia sobre los hechos. El Arzobispo Rodrigo Aguilar confirmó los hechos, “oremos y sigamos buscando la paz con verdad y con justicia”, dijo el líder religioso.
Compartimos esta carta del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM en solidaridad con una comunidad que resiste a la palma de aceite en Indonesia -A 10 de octubre del 2024
Llamamos a grupos, organizaciones y movimientos a apoyar esta carta en solidaridad con las familias campesinas que defienden su territorio frente a los intentos de la empresa Wilmar International de convertir sus arrozales en plantaciones industriales de palma aceitera.
Desde el 4 de octubre, campesinos de la comunidad de Nagari Kapa, en Sumatra Occidental, Indonesia, se enfrentan a violentos ataques y detenciones policiales. Su “delito” es defender su territorio y su dignidad frente a los intentos de la empresa PT PHP I, filial de la transnacional Wilmar International, de convertir los arrozales de la comunidad en plantaciones industriales de palma aceitera.
Con esta carta pública urgente que presentamos a continuación, expresamos nuestra solidaridad con la comunidad de Nagari Kapa. La carta hace un llamado a las instituciones gubernamentales y a la Policía indonesias a que frenen nuevas agresiones y actos de violencia contra los campesinos de Nagari Kapa y aceleren el proceso de reforma agraria en curso.
Compartimos esta carta abierta dirigida a la presidenta de Honduras con el fin de pedirle que garantice justicia por el asesinato de Juan López, cede a la violencia hacia defensores y defensoras y protección a los derechos humanos – A 27 de septiembre del 2024
CARTA ABIERTA A XIOMARA CASTRO, PRESIDENTA DE HONDURAS, ENVIADA POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN REACCION AL ASESINATO DE JUAN LÓPEZ
27 de septiembre de 2024
Señora Presidenta Xiomara Castro Sarmiento Presidenta de la República de Honduras
Señora Presidenta,
Las organizaciones abajo firmantes, expresamos nuestra profunda preocupación y consternación por el reciente asesinato de Juan López, defensor ambiental y regidor municipal de Tocoa, ocurrido el pasado 14 de septiembre. Juan López era un líder incansable en la defensa de la montaña de Botaderos, el parque nacional Carlos Escaleras, y los ríos Guapinol y San Pedro. Su labor de defensor ambiental así como su lucha contra la corrupción, eran vitales para la preservación de los derechos humanos y la justicia en Honduras. Lamentablemente, este asesinato refleja un patrón alarmante de violencia contra defensores del medio ambiente en su país. De acuerdo con Global Witness, en 2023 fueron asesinados 18 defensores del ambiente y de los territorios, la tasa más alta de homicidios en el mundo.1
Reconocemos y lamentamos también el rol de Estados Unidos con sus políticas fallidas hacia Honduras (el apoyo tácito al golpe de estado de 2009 y los 12 años siguientes de narco -gobiernos) que contribuyeron a facilitar e incrustar las estructuras del crimen organizado y corrupción que resultaron en el asesinato de Juan López.
Sabemos que Juan López había denunciado amenazas provenientes de actores políticos y económicos, incluyendo el alcalde de Tocoa, Inversiones los Pinares, Grupo EMCO e Inversiones Ecotek. Nos preocupa profundamente que, a pesar de contar con medidas de protección del Mecanismo de Protección para Defensores, Periodistas y Abogados, y las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado de Honduras no haya garantizado la seguridad de Juan López.
Por lo anterior, nos dirigimos a usted para solicitarle que se adopten medidas urgentes para garantizar la protección efectiva de la vida e integridad personal de las personas defensoras de derechos humanos, del ambiente, del agua y de los territorios en Honduras. Ninguna persona debiera perder la vida por luchar por los bienes colectivos que garantizan el bienestar del pueblo hondureño.
Asimismo, nos dirigimos a usted para pedirle que busque el apoyo de instancias internacionales como el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y naciones unidas para poner en marcha una investigación rigurosa, imparcial y eficaz, que permita identificar tanto a los autores materiales como a los intelectuales detrás de este crimen. El asesinato de Juan López no puede quedar en la impunidad, y es esencial que el Estado hondureño tome medidas inmediatas y contundentes para garantizar la protección de los defensores de derechos humanos. Los responsables deben ser procesados y llevados ante la justicia sin demora.
El lento avance y los resultados de investigaciones de asesinatos de defensores de derechos es lo que nos hace pensar en la necesidad de un acompañamiento internacional para la fiscalía y una veeduría en los procesos penales. La lucha contra la impunidad es uno de los mayores desafíos que enfrenta el país.
En este marco también, es imperante aprovechar esta coyuntura para avanzar hacia la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). La creación de esta comisión representaría un paso decisivo en la lucha contra la corrupción, al tiempo que ofrecería garantías efectivas para la protección de defensores de derechos humanos y ambientales, evitando así que crímenes como el asesinato de Juan López queden en la impunidad.
La violencia contra los defensores del medio ambiente y los derechos humanos es un grave daño para toda la sociedad hondureña. Esperamos que bajo su liderazgo se prioricen acciones que permitan la protección de quienes trabajan en la defensa de los territorios, del ambiente y del agua.
Esperamos su compromiso firme en la protección de los derechos humanos y quedamos a disposición para colaborar en cualquier acción que garantice un cambio real en esta situación.
Atentamente, Alianza Americas Sin Fronteras IAP Unitarian Universalist Service Committee (UUSC) Clima21 Asociación Pop No’j Climate Refugees Caleidoscopio Humano Vicerrectoría de Proyección Social de la UCA de El Salvador Centro de Desarrollo Humano. CDH Centro San Bonifacio Friends of Swazi Freedom Center for Gender & Refugee Studies INVER-SANTA MARTA CoDevelopment Canada University of Guelph Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC-SJ Red Jesuita con Migrantes Latinoamérica y el Caribe (RJM LAC) Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica y el Caribe – JRS LAC Utsil Kuxtal (México) Resistencia Civil de Candelaria Ciencia social alternativa ac Kanan’tzonot Church World Service EDUCACIÓN, CULTURA Y ECOLOGÍA, A.C. Albergue Decanal Guadalupano /Oasis Providencial Comunidades Sin Fronteras CFS – CT INC Root Causes Initiative – Iniciativa Causas Raíz COPINH. Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos CIPRODEH MAS Movimiento Ambientalista Santabarbarense Amismaxaj SITRASEMCA RED DEPARTAMENTAL DE MUJERES DE SANTA BÁRBARA FRP- Libre Colón GRUFIDES Movimiento ambientalista santabarbarense (MAS) Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales Red de Mujeres Santa Bárbara Comité intersectorial de salud Massvida Movimiento de mujeres por la Paz Visitacion Padilla Red de mujeres Departamental ADERITAC COMDECUN MNI-GR COPA Otros Mundos Chiapas SITRAINA Comdecun Red contra la Violencia Antisindical Sintraho Red contra la Violencia Antisindical Colegio de Pedagogos de Honduras Caja Rural de ahorro y Crédito Vision y Hermandad Sitrainfop Ecodesarrollo Sindicato de Trabajadores de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (SITRAAHAC) SIEMPE Sindicato de trabajadores de la empresa Southern Apparel Contractors Asociación de Mujeres Indígenas de Santa Maria Xalapan Jalapa – amismaxaj Asociación Feminista Trans AFET Las Voces de Esperanza/Red de mujeres Red Feminista Defensora de Derechos de la Mujer del Occidente Festagro Sitradahsa Red contra la violencia antisindical Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán Fsar Defensoras y defensores de la vida y la pachamama cajamarca Hermanas de la Misericordia en Honduras Sitraaventh Latin America Working Group (LAWG) Plataforma Agraria APOMUH ADERITAC Red Contra la Violencia Antisindical Sisters of Mercy of the Americas – Justice Team, Washington, DC Office Asociación de Mujeres Luchadoras Tejiendo Sueños Cajamarca Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) Biis Iguana A. C Sindicato de trabajadores de la empresa southern apparel contractor Hope Border Institute – Instituto Fronterizo Esperanza Secours Catholique Caritas France NISGUA COPA Misioneras ICM Caminata Ecologica Plataforma Internacional contra la Impunidad Defenza del Territorio y el Rio Atenco. REMA Otras Voces por la Tierra EDUCE Red contra la violencia antisindical FRP Libre Tocoa y C. J. P. Diosesis de Trujillo.
Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre la exigencia de #JusticiaParaBerta y para el defensor Juan López asesinado el 1 de septiembre – A 23 de septiembre del 2024
Llegamos desde los rincones más profundos de Honduras, porque ya no hay más tiempo.
A más de 8 años del cruel crimen que arrebató la vida de nuestra compañera Berta Cáceres, seguimos viendo la fragilidad y corrupción del sistema de justicia en Honduras. La impunidad en este caso es un recordatorio constante de las injusticias que enfrentan quienes defienden los derechos humanos y los territorios ancestrales.
Hoy, esa misma impunidad amenaza con repetirse con el asesinato de Juan López, un nuevo mártir en la lucha por la defensa de los territorios. Tanto Juan López como Berta Cáceres estaban bajo medidas cautelares de la CIDH, y aun así el Estado de Honduras no fue capaz de proteger sus vidas. Es inaceptable que los defensores sigan siendo asesinados a pesar de las advertencias y amenazas que sufren.
Nos dirigimos a Tegucigalpa con la firme convicción de que la justicia para Berta y para Juan no es negociable, y que su legado sigue vivo en cada corazón que anhela un mundo más justo.. Exigimos que las sentencias contra los ocho hombres condenados por el asesinato de Berta, que representan un paso importante en la lucha contra la impunidad en nuestro país, se confirmen de inmediato. No permitiremos que grupos económicos poderosos frenen el proceso judicial para proteger sus intereses.
Asimismo, demandamos una investigación pronta, transparente y diligente para que el asesinato de Juan López no quede en la impunidad. Es imperativo que las autoridades hondureñas garanticen justicia para Juan y para todos los defensores ambientales que han perdido la vida en la lucha por proteger nuestros territorios.
Exigimos:
A la Corte Suprema de Justicia presidida por la magistrada Rebeca Ráquel, y la Sala de lo Penal compuesta por los magistrados Walter Raúl Miranda Sabio, Mario Rolando Díaz y Nelson Danilo Mairena Franco, para que confirme la sentencia ya emitida contra los 7 hombres responsables de la autoria material del asesinato de Berta Cáceres y la sentencia contra David Castillo, coautor de este crimen.
La captura y enjuiciamiento de todos los miembros de la familia Atala Zablah vinculados con el crimen por parte del Ministerio Público de Honduras.
Al Gobierno de Honduras, que actúe de manera decidida y comprometida para proteger la vida de quienes defienden los territorios y los derechos humanos, y que garantice justicia para todos los mártires de la defensa ambiental, como Berta Cáceres y Juan López.
Dado en La Esperanza, Intibucá a los 23 días del mes de septiembre de 2024.
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz ”
Compartimos esta información publicada en Salva la Selva sobre el último informe de GlobalWitness sobre la situación mundial de defensoras y defensores – A 13 de septiembre del 2024
Informe anual de Global Witness: más de 2.100 personas defensoras de la tierra y el medioambiente asesinadas en el mundo entre 2012 y 2023
Londres, martes 10 de septiembre de 2024. de Global Witness
En 2023 murieron asesinadas al menos 196 personas defensoras de la tierra y el medioambiente del mundo entero, según un informe publicado el 10 de septiembre 2024 por Global Witness.
Las nuevas cifras elevan a 2.106 el total de asesinatos de personas defensoras entre 2012 y 2023.
Por segundo año consecutivo, Colombia registró el mayor número de asesinatos del mundo, al alcanzar la cifra récord de 79 personas defensoras asesinadas, por encima de Brasil (con 25), México (con 18) y Honduras (con 18).
Un año más, América Latina registró el número más alto de homicidios de todo el mundo, con un total de 166: 54 en México y Centroamérica y 112 en América del Sur.
En Asia, el Reino Unido, la Unión Europea y los Estados Unidos, cada vez hay más activistas ambientales que sufren las diversas tácticas utilizadas para silenciar a quienes defienden el planeta.
Al menos 196 personas defensoras de la tierra y el medioambiente fueron asesinadas el año pasado por intentar proteger el planeta, según un nuevo informe de Global Witness publicado hoy, en colaboración con socios de todo el mundo. Las nuevas cifras elevan a 2.106 el total de asesinatos de personas defensoras entre 2012 y 2023.
El año pasado, Colombia resultó ser el país con la mayor tasa de homicidios de todo mundo, con 79 muertes en total, frente a las 60 de 2022 y las 33 de 2021. Se trata de la cifra más alta registrada por Global Witness de personas defensoras asesinadas en un país en un solo año. Con 461 asesinatos entre 2012 y 2023, Colombia ha acumulado el mayor número de homicidios de activistas ambientales registrados en todo el mundo.
El año pasado, otros países latinoamericanos con una elevada tasa de ataques mortales fueron Brasil, con 25, y México y Honduras, con 18 cada uno.
Centroamérica se ha convertido también en uno de los lugares más peligrosos del mundo para las personas defensoras. En 2023 Honduras registró el mayor número de homicidios de personas defensoras per cápita, con un total de 18. Ese mismo año también se asesinó a 10 personas defensoras en Nicaragua, 4 en Guatemala y 4 en Panamá.
En todo el mundo, los pueblos indígenas y afrodescendientes siguieron siendo víctimas de una cantidad desproporcionada de ataques mortales: el 49 %.
Laura Furones, autora y asesora principal de la campaña de las personas defensoras de la tierra y el medioambiente de Global Witness, declaró:
Mientras la crisis climática avanza apresuradamente, quienes alzan voz con valentía para defender nuestro planeta se enfrentan a actos de violencia, intimidación y asesinato. Nuestros datos indican que el número de homicidios sigue siendo escandaloso y los Gobiernos no pueden mantenerse impasibles ante esta situación completamente inaceptable: deben tomar medidas contundentes para proteger a las personas defensoras y abordar las causas ocultas de la violencia que sufren. Las personas activistas y sus comunidades son esenciales en cualquier labor para prevenir y reparar los daños y perjuicios causados por las industrias nocivas para el medioambiente. No podemos permitirnos la pérdida de más vidas; no lo toleraremos.
Si bien sigue siendo difícil establecer una relación directa entre el homicidio de una persona defensora e intereses empresariales concretos, Global Witness determinó que la minería fue el mayor móvil industrial con diferencia, con 25 personas defensoras asesinadas tras oponerse a operaciones mineras en 2023. Otros sectores involucrados fueron la pesca (5), la explotación forestal (5), la agroindustria (4), las carreteras e infraestructuras (4) y la energía hidroeléctrica (2).
En total, 23 de los 25 asesinatos vinculados a la minería en todo el mundo el año pasado ocurrieron en América Latina. Por otra parte, más del 40 % de todos los asesinatos relacionados con esta industria entre 2012 y 2023 tuvieron lugar en Asia, región que cuenta con importantes reservas naturales de los principales minerales críticos para las tecnologías energéticas limpias.
Además de señalarse el número de homicidios a escala mundial, en el informe también se ponen al descubierto las tendencias más generales de las agresiones sin consecuencias mortales y los efectos dañinos que estas tienen en las comunidades de todo el mundo. Se destacan casos de desapariciones forzadas y detenciones ilegales, tácticas crueles que se usan en Filipinas y México en particular, así como el uso generalizado de la criminalización para silenciar a personas activistas en todo el mundo.
En el informe se analiza también la represión del activismo ambiental en el Reino Unido, Europa y los Estados Unidos, donde cada vez se usa más la legislación para atacar a las personas defensoras y se imponen condenas más duras a quienes han participado en protestas contra el cambio climático. Estas conclusiones van de la mano de una tendencia preocupante de criminalización que está surgiendo en todo el mundo.
En el informe se expone la criminalización a la que se enfrenta Jonila Castro, activista filipina secuestrada por el Ejército de su país en 2023, quien manifestó:
Incluso después de ser liberadas de nuestro secuestro, las amenazas continuaron. La vuelta a nuestro hogar y comunidad está siendo difícil. Siguen vigilándonos, señalándonos e intimidándonos. Los ataques para silenciar a quienes trabajamos en defensa del medioambiente entorpecen nuestras labores de protección del planeta y de los derechos de las personas.
Existe un vínculo estrecho entre la devastación ambiental y las violaciones de los derechos humanos que potencian los Gobiernos y los sistemas extractivos que ellos promueven. Nuestra experiencia pone de relieve la urgente necesidad de un mayor reconocimiento y protección de activistas de la comunidad y ecologistas que luchan por la justicia climática en el mundo.
A pesar de la escalada de la crisis climática y de las promesas de los Gobiernos de alcanzar el objetivo establecido en el Acuerdo de París de limitar el calentamiento mundial a 1,5 °C, las personas defensoras de la tierra y el medioambiente cada vez sufren más las diversas agresiones con las que se intenta frenar sus esfuerzos por proteger el planeta. Al menos 1.500 de estas personas han sido asesinadas desde la aprobación del Acuerdo de París, el 12 de diciembre de 2015.
Nonhle Mbuthuma, autora del prólogo del informe y ganadora del premio Goldman de Medioambiente en 2024, comentó:
En todos los rincones del planeta, quienes se atreven a denunciar los efectos devastadores de las industrias extractivas, como la deforestación, la contaminación y el acaparamiento de tierras, se enfrentan a actos de violencia e intimidación. Particularmente notorio es el caso de los pueblos indígenas, que son imprescindibles en la lucha contra el cambio climático y, sin embargo, año tras año sufren un número desproporcionado de agresiones.
Sin embargo, la brutalidad de esos ataques saca a la luz una realidad oculta: el poder que ejerce la gente corriente cuando se une por la justicia. Los dirigentes tienen el deber de escucharnos y garantizar que las personas que defendemos la tierra y el medioambiente podamos ponernos en pie, estemos donde estemos, sin temor a represalias. Esta responsabilidad recae directamente sobre todas las naciones ricas y con recursos del mundo.
La investigación de Global Witness sobre violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente puede descargarse en su página web.
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la agresión y represión que sufrieron integrantes del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac en Xochimilco – A 11 de septiembre del 2024
Estudiantes, organizaciones sociales, comunicadores y pobladores de las alcaldías de Xochimilco y Tlalpan, al sur de la ciudad de México, denunciaron que, a casi una semana de la represión sucedida en esas demarcaciones en el contexto de protestas pacíficas, las autoridades aún no han fincado responsabilidades a los agresores, elementos policiacos, ni a funcionarios señalados como autores intelectuales de la violencia contra los manifestantes.
La mañana del pasado jueves (5), durante una protesta para exigir el cese a la criminalización, por parte de la alcaldía de Xochimilco contra la activista Hortensia Telesforo -a quien acusa del delito de despojo por participar en la recuperación de una biblioteca comunitaria-, un grupo de al menos 30 personas armadas con palos, tubos, navajas e incluso armas de fuego, atacaron a mujeres de la tercera edad, adultos mayores y jóvenes que se manifestaban en la demarcación.
Represión durante manifestación pacífica en la alcaldía Xochimilco.
Testimonios de los manifestantes resaltan que, pese a la presencia de elementos policiacos, estos no intervinieron para detener las agresiones en su contra. Peor aún, tras la represión, cinco activistas fueron detenidos y trasladados al Ministerio Público de la alcaldía de Tlalpan, a 10 kilómetros de distancia de los hechos donde, por la tarde del mismo jueves (5), colectivos solidarios se apersonaron para demandar su libertad.
El mismo jueves por la tarde aconteció una segunda represión, esta vez por parte de policías antimotines quienes encapsularon a los manifestantes e hicieron uso de violencia física, psicológica y sexual contra estudiantes, defensores de derechos humanos y comunicadores independientes, dejando un saldo de 14 personas detenidas, decenas de heridos, así como reportes de tortura y el robo masivo de teléfonos móviles.
“Fue una carnicería”, sostuvo Jorge Paez, habitante del pueblo de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, quien durante conferencia de prensa realizada este miércoles (11) compartió su testimonio ante la brutalidad de las agresiones contra las y los manifestantes.
Paez relató que fue golpeado con un arma de fuego mientras intentaba rescatar a uno de los manifestantes que era atacado tumultuariamente por el grupo de “halcones” – referencia al grupo paramilitar del mismo nombre, creado durante la década de los sesentas y coordinada por directivos policiacos para reprimir manifestaciones. Destaca su involucramiento en la masacre del 10 de junio de 1971 donde asesinaron a participantes de una manifestación estudiantil en la Ciudad de México.
“Es lamentable de un Estado supuestamente democrático que pueda hacer esto”, condenó el activista quien también sostuvo que dentro de los responsables se encuentra Víctor Muñoz, operador político de la alcaldía, vinculado al narcotráfico por denuncias de habitantes, e hijo del funcionario del mismo nombre quien funge como Director de Gobierno de la alcaldía de Xochimilco.
Otros manifestantes señalan a trabajadores de la alcaldía como las personas que son contratadas como “golpeadores”. Alejandro Velázquez, integrante del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac, enfatizó que entre los funcionarios involucrados está el Director Jurídico de la Alcaldía, Francisco Pastrana, así como el Director General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Guerrero de la Cruz, así como la propia alcaldesa en funciones Juana Onésima Delgado.
Esta agresión se suma a otras previas ejecutadas contra habitantes organizados en la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco quienes desde el año 2014 realizan acciones en la defensa de su territorio. Destaca su lucha contra la construcción de un puente vehicular en Cuemanco, así como por las omisiones de los gobiernos para proteger el medio ambiente y el agua del área natural protegida de Xochimilco.
Resalta la represión violenta, por parte de un operativo con mil elementos policiacos en diciembre del 2022, contra pobladores de San Gregorio quienes se manifestaban en contra de las obras hidráulicas del Colector Actopan, el cual afectaría el servicio de agua potable en la demarcación, lo que dejó un saldo de 24 heridos y en cuyo momento se denunció el actuar del alcalde Carlos Acosta, sin que fuera sancionado por lo hechos represivos.
Represión sin castigo
Por su parte Karen Castillo, integrante del Observatorio Memoria y Libertad, señaló que los eventos represivos del pasado 5 de septiembre son “solo el aviso de lo que nos espera en el siguiente sexenio, comandado por una mujer que por seis años criminalizó, reprimió y encarceló a defensores de derechos humanos, al movimiento feminista, a la comunidad de Xochimilco, a la comunidad Otomí”.
Castillo relató que, mientras se encontraba documentando la represión policiaca en Tlalpan, fue agredida por al menos 30 policías varones, quienes también detuvieron y torturaron a periodistas independientes. Ante ello, calificó lo sucedido en la mañana en Xochimilco y en la tarde en Tlalpan como “un crimen de Estado al haber participación, colusión y omisión de múltiples agencias del Estado mexicano”, por lo que denunció que el caso sigue en total impunidad.
Conferencia de prensa realizada el miércoles 11 para denunciar la impunidad tras los hechos represivos acontecidos al sur de la CDMX. Fotos: Regeneración Radio.
Por esto responsabilizó al jefe de gobierno, Martí Bartres, debido a que hasta el momento los funcionarios identificados como los principales agresores no han sido suspendidos de sus cargos.
Estudiantes, perseguidos
Jóvenes estudiantes, quienes acudieron al MP de Tlalpan para solidarizarse contra la represión en Xochimilco, compartieron que fueron objeto de agresiones e intento de homicidio, así como de secuestro y tortura. Uno de los 14 estudiantes retenidos por elementos antimotines aseguró que la violencia de los policías tenía la intención de dejar lesiones para inhabilitarlos como se evidencia en las heridas que se repiten en los cuerpos de varios jóvenes detenidos.
A su vez, denunciaron que, por medio de violencia, elementos policiacos les obligaron a dar datos personales, sin que existiera un proceso formal dentro de los protocolos judiciales. Esto, denuncian, es particularmente grave ya que señalan que durante los días posteriores se han suscitado seguimientos y acoso de policías, vestidos de civil, contra jóvenes estudiantes a quienes les fueron sustraídos documentos de identificación y, contra quienes, posiblemente existen carpetas de investigación sin que se les haya notificado de manera oficial.
Por ello, los presentes en la rueda de prensa exigieron el cese a la criminalización contra la activista Hortensia Telesforo, así como contra los cinco detenidos en Xochimilco y hacia los jóvenes estudiantes detenidos dentro del MP de Tlalpan.
Acciones
Durante la rueda de prensa se informó que el lunes (9), 22 personas que fueron víctimas de las agresiones se presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (Cdhcm) para iniciar el largo proceso de denuncia. En el lugar realizaron certificados de lesiones como esguinces, fracturas y policontusiones que presentaron los manifestantes agredidos.
Sin embargo, dejaron claro que, a pesar de las denuncias, hasta el momento la Cdhcm aún no se ha pronunciado frente a la violencia sucedida al sur de la CDMX, por lo que exigieron que el organismo haga un llamado frente a la gravedad de los hechos. También se anunció que levantaran denuncias penales por robo, tortura y lesiones contra los elementos policiales y funcionarios que resulten responsables.Por ello, finalizaron convocando a una acción a realizarse la mañana de este jueves (12) ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para exigir diálogo con el titular de dicha dependencia
