#ALERTA ATALC demanda al Gobierno de Nayib Bukele la integridad y libertad del defensor de Derechos del del pueblo Nahuat, miembro de la Red de Territorios de Vida de El Salvador y del Movimiento de Víctimas Afectadas por el cambio climático y las corporaciones (MOVIAC).
Como parte de las organizaciones en defensa de los Derechos Humanos y de los Pueblos en América Latina y el Caribe, nos sumamos exigir al Gobierno de El Salvador:
• A la PNC, Fiscalía general de la República y demás funcionarios, el respeto a sus derechos humanos, a la integridad física y moral de José Iván y su familia.
• Su inmediata liberación, basados en los principios de justicia que establece la constitución de El Salvador y los Tratados internacionales como la declaración de los derechos de los pueblos indígenas ratificado por El Salvador en el 2007, y el convenio 169 de la OIT.
Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta y la visita de la Red-DESC a Honduras – A 21 de agosto del 2024
Durante los días 19 y 20 de agosto de 2024 tres representantes de la RED DESC se movilizaron hacia Tegucigalpa con la finalidad de visibilizar la falta de resolución de los recursos de casación en el caso de Berta Cáceres.
Luego de una conferencia de prensa frente a la Corte Suprema de Justicia de Honduras, presentaron ante la Sala de lo Penal una carta con su preocupación, con el objetivo de señalar la preocupación internacional y la importancia de una acción rápida para garantizar la justicia y cumplir con las obligaciones internacionales de Honduras en materia de derechos humanos en el caso del asesinato de Berta Cáceres.
También contamos con la entrevista a la compañera Ana Elisa Samayoa en el programa de T.V. de Canal 8 de Honduras “Más temprano que tarde” donde se logró visibilizar la preocupación de la comunidad internacional en la falta de resolución de los recursos de casación de los asesinos de Berta Cáceres.
El martes 20 de agosto realizamos el Foro público Internacional: “Berta Cáceres y la justicia para los pueblos indígenas” donde participaron Ana Elisa Samayoa, abogada experta en DD.HH. Miembro de Due Process of Law Foundation (DPLF); Wyatt Gjullin: abogado de Earth Rights International (ERI); Apolonia Agustín, representante de CPO (Consejo de Pueblos Mayas); Bertha Zúniga, coordinadora General del COPINH e hija de Berta Cáceres. y Pedro Landa, Miembro de la Misión de Observación Calificada de la Causa Berta Cáceres.
Una vez más, la comunidad organizada, demuestra que la lucha por la justicia para Berta Cáceres es un esfuerzo que nos une a todos/as quienes defendemos la vida, los derechos humanos y el futuro de nuestras comunidades. Este es un momento crítico en el que necesitamos alzar nuestras voces y mostrar nuestra fuerza colectiva.
Compartimos esta síntesis del caso #JusticiaParaBerta del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 10 de agosto del 2024
Berta Cáceres, lideresa indígena Lenca y defensora de derechos humanos, fue brutalmente asesinada por su incansable lucha contra el modelo extractivo en Honduras. Su compromiso con la defensa del Río Gualcarque y la comunidad de Río Blanco la llevó a enfrentarse al Proyecto Hidroeléctrico ‘Agua Zarca’, promovido por la poderosa familia Atala Zablah.
El proyecto Agua Zarca, impulsado por la empresa DESA, pretendía explotar el Río Gualcarque bajo el pretexto de vender energía “renovable” al Estado de Honduras. Sin embargo, Berta Cáceres expuso las ilegalidades, la corrupción y la falta de consulta previa a la comunidad, demostrando la complicidad entre los intereses privados, el gobierno hondureño y el Ejército Nacional.
La valentía de Berta le costó caro. A pesar de las múltiples amenazas, persecuciones y un montaje judicial orquestado por el Ejército y DESA, ella continuó su lucha. Fue víctima de una campaña de desprestigio dirigida por David Castillo, empleado principal de la familia Atala, quien contrató a periodistas para difamarla.
El asesinato de Berta Cáceres no solo fue un crimen, sino también un mensaje intimidante para todas las defensoras de derechos humanos en el país. Este acto de violencia de género se entrelazó con la violencia estatal y empresarial, convirtiéndose en un símbolo de la represión que sufren quienes defienden la vida y el medio ambiente.
Hasta la fecha, tres personas han sido condenadas por fraude en el caso “Fraude sobre el Gualcarque”:
Roberto David Castillo Mejía: empleado principal de la familia Atala.
Carolina Lizeth Castillo Argueta: empleada de la familia Atala.
Raúl Pineda Pineda: ex-alcalde de San Francisco de Ojuera.
A pesar de estas condenas, las sentencias de los asesinos de Berta aún están pendientes:
David Castillo: actuó como mediador entre los autores intelectuales del crimen y los sicarios.
Sergio Rodríguez: identificó a Berta como objetivo y proporcionó la información para el asesinato.
Douglas Bustillo: coordinó directamente con los sicarios y con David Castillo para ejecutar el asesinato.
Mariano Díaz Chávez: organizó las acciones para llevar a cabo el atentado.
Además, el grupo sicarial bajo el mando de Douglas Bustillo, contratado por directivos de DESA, sigue esperando sentencia:
Henry Javier Hernández Rodríguez
Elvin Heliberto Rapalo Orellana
Edilson Atilio Duarte
Óscar Aroldo Torres Velásquez
Es hora de que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras actúe con celeridad, garantizando la verdad y la reparación. ¡Para Berta, toda la verdad y toda la justicia!
Les compartimos nuestra pronunciamiento a las y los integrantes de Somos la Maya, a las y los vecinos de la Colonia Maya y a la población en general sobre la noticia que dieron hoy en su conferencia de prensa las y los integrantes de Somos la maya – A 15 de julio del 2024
Todo el equipo de Otros Mundos Chiapas expresamos nuestra más sincera felicitación a las y los integrantes del Colectivo Somos la Maya y a todas y todos los vecinos de la Colonia Maya en este día tan especial. Su comunidad es un ejemplo de convivencia, solidaridad y esfuerzo colectivo, y hoy celebramos todos los logros y la unidad que han construido juntos.
Compartimos con ustedes la tranquilidad del reciente retiro de las órdenes de aprehensión que pesaban sobre algunos de ustedes por defender valientemente su territorio. Esta noticia es un testimonio de la resistencia y el compromiso de la comunidad de la Colonia Maya y de que el caminar colectivo siempre cosecha frutos.
Es un privilegio ser testigos de cómo cada una, uno y une de ustedes contribuye a hacer de nuestra comunidad un lugar mejor para todos. Sus esfuerzos diarios no pasan desapercibidos y son verdaderamente inspiradores. Por eso fueron conmemorados con el 4to Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas Mariano Abarca en el año 2022, siendo el primer colectivo urbano es recibir este reconocimiento.
¡Felicidades nuevamente a toda la comunidad de la Colonia Maya! Que este día esté lleno de alegría y momentos memorables junto a sus seres queridos.
Compartimos este informe de Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos IM DEFENSORAS sobre las agresiones hacia mujeres defensoras de derechos humanos en Mesoamérica – A Abril 2024
Datos que nos duelen, redes que nos salvan
10+ Años de agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica (2012-2023)”
Por más de 10 años, en la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) hemos desarrollado un sistema de registro de agresiones1 que documenta, cuantifica y permite realizar un análisis de género sobre la violencia ejercida contra la diversidad de mujeres y disidencias sexo-genéricas que defendemos derechos humanos en Mesoamérica. La riqueza de este sistema, pionero en el mundo, es que en su interacción con el resto de las estrategias de la Protección Integral Feminista2 contribuye a la protección de las defensoras identificando las violencias y realidades concretas que vivimos tanto individualmente como en nuestras colectividades.
Este informe no sólo presenta un análisis de los datos numéricos registrados, a partir de un vínculo cercano y comprometido con los territorios, por decenas de compañeras encargadas del registro y la documentación en las diferentes redes nacionales de defensoras que, a nivel regional, se articulan en nuestra estrategia de registro,3 sino que también contiene la compilación de los análisis y reflexiones que hemos construido colectivamente a lo largo de estos más de diez años.
En la IM-defensoras llamamos agresiones a las acciones violentas que atentan contra la dignidad e integridad de una o varias defensoras o de sus organizaciones en un determinado periodo de tiempo, pudiendo ser físicas, emocionales, espirituales y psicológicas, directas o indirectas.
Son la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. En Nicaragua trabajamos en alianza con defensoras y organizaciones del país y, en el caso de Guatemala, desde 2020 la información presentada es a partir de la generada por el registro de agresiones de la Unidad de protección a defensoras y defensores de derechos humanos de Guatemala (UDEFEGUA).
UNA MIRADA A MESOAMÉRICA: DEFENDER LA VIDA EN TERRITORIO HOSTIL
Las defensoras de derechos humanos, con nuestros pueblos, comunidades y organizaciones, nos organizamos en diferentes territorios para resistir ante las violencias que nos acechan, proteger la vida y el bienestar colectivo y construir esperanza y alternativas de vida digna. Nuestra sola existencia como sujetas políticas desafía los mandatos patriarcales que pretenden silenciar el poder de las mujeres y disidencias sexo-genéricas. El mundo por el que luchamos es diametralmente opuesto al que pretenden imponernos y, por ello, nuestra labor pone en riesgo los intereses de los poderosos.
En Mesoamérica vivimos bajo un modelo económico, político y cultural de herencia colonial que se manifiesta en opresiones estructurales y una continuidad histórica de violencias patriarcales, capitalistas y racistas sobre los cuerpos y territorios de las mujeres. En el contexto de crisis global provocada por este modelo, en nuestra región se agravan las desigualdades económicas, la violencia, la pobreza y los impactos del cambio climático. Desde sus respectivas particularidades, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua se han caracterizado en la última década por la agudización del autoritarismo, la corrupción, el cierre de los espacios de participación social y política, la militarización, el extractivismo, la penetración o profundización de la presencia del crimen organizado, el feminicidio/femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres y las disidencias sexo-genéricas, así como por una crisis migratoria sin precedentes. Incluso en países en los que se han generado cambios electorales de signo progresista no se han podido superar las violencias y desigualdades estructurales.
Los poderes que se benefician de este modelo de muerte encuentran en la represión, la violencia y el uso de la fuerza la única forma de contener nuestro poder colectivo.
Entre 2012 y 2023 hemos documentado 35,077 agresiones contra 8,926 defensoras y 953 organizaciones de defensoras que trabajan en la defensa de derechos humanos en Mesoamérica.1
En el mismo período, 200 compañeras defensoras fueron asesinadas. A esta cifra se suman los 228 intentos de asesinato registrados, esto significa que de haberse materializado la intención de los perpetradores, en la actualidad estaríamos hablando de 428 compañeras aniquiladas por luchar por un mundo mejor.
Es importante destacar que de los 58 asesinatos de defensoras documentados entre 2020 y 2022, 40% fueron contra defensoras trans, con un total de 23 transfemicidios/transfeminicidios que se caracterizaron por la tortura y saña con que fueron cometidos.
LA SINDEMIA: UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN LA VIOLENCIA CONTRA LAS DEFENSORAS
En 2020 y 2021, en el marco de la sindemia por COVID-19, se dio un incremento exacerbado en el registro de agresiones que realizamos en la IM-Defensoras.En 2020 registramos 4,745 agresiones, cifra que representa el doble de agresiones que el año precedente. Mientras que en 2021 documentamos 6,943 agresiones, lo cual supone 46% más que en 2020. Muchas de estas agresiones están vinculadas de forma directa o indirecta con medidas autoritarias de control social que los gobiernos en sus diferentes niveles (nacionales/federales, estatales/departamentales o locales/municipales) implementaron durante la emergencia sanitaria.
Hoy la sindemia parece ser un tema del pasado, sin embargo, el avance de las medidas de control y restricción de la movilización por parte de los Estados de la región no se ha revertido. Por el contrario, durante la sindemia se sentaron las bases para implementar estrategias de control que se mantienen hasta ahora y que se han consolidado como la verdadera nueva normalidad.
Los datos de 2023 no contienen información sobre Guatemala. Por otra parte, es importante señalar que en los años previos al ajuste de la base de datos del sistema de registro en 2020, la suma anual tanto de defensoras como de organizaciones agredidas puede contabilizar más de una vez a las que fueron agredidas de forma reiterada durante ese mismo año.
Como protectoras de la vida, las defensoras mesoamericanas defendemos una diversidad de derechos de forma simultánea. A continuación detallamos los principales derechos que, a nivel regional, estábamos defendiendo en el momento de ser agredidas, según los datos recabados en nuestro registro entre 2012 y 2022.1
6,629 agresiones por defender el derecho a la verdad, justicia y reparación. Estas agresiones suponen 23% de las agresiones documentadas entre 2012 y 2022. A partir de 2020 identificamos un aumento constante y alarmante de las mismas. Esto es un reflejo del aumento de la violencia social generada por las prácticas totalitarias de los gobiernos y otros poderes fácticos como el crimen organizado, ante los cuales las mujeres (madres, hermanas, abuelas…) asumimos la búsqueda de la justicia y el acompañamiento a familiares y víctimas. Destacan las agresiones en contra de las colectivas de “buscadoras” en México, de las Madres de Abril en Nicaragua2 o de familiares de las niñas asesinadas en la masacre del Hogar Virgen de la Asunción en Guatemala,3 todas ellas sujetas políticas que se enfrentan a poderosos actores estatales y no estatales articulados para preservar un sistema de impunidad.
4,504 agresiones contra defensoras u organizaciones que defienden la tierra, el territorio y bienes comunes de la naturaleza. Estas agresiones, que representan 15,6% del total de agresiones registradas, se dirigen principalmente hacia mujeres y comunidades indígenas y afrodescendientes que luchan contra el extractivismo y la explotación capitalista. A lo largo del período que abarca este informe identificamos tres momentos que apuntan a un repunte sustancial de agresiones de este tipo: en 2017, tras el asesinato de Berta Cáceres, en contra de defensoras que se oponían a megaproyectos y exigían justicia en Honduras;4en 2020, en el marco de la sindemia por COVID-19,5 ante la cual los gobiernos respondieron habilitando la restricción de derechos y acelerando procesos de militarización para favorecer el avance de las políticas de despojo contra los territorios y los cuerpos de las mujeres; y en 2022, particularmente en Honduras, a través de agresiones relacionadas con la estigmatización, criminalización y desalojos violentos y racistas a comunidades indígenas que son expulsadas de sus tierras ancestrales6 para favorecer proyectos extractivos, ecocapitalistas o turísticos.
4,062 agresiones por la defensa del derecho a la libertad de expresión. Representan 14.1% del total de agresiones registradas en la región y responden a los contextos particulares de cada país. En México7 la libertad de expresión se enfrenta al oligopolio mediático y a la complicidad y alianza que con frecuencia se da entre autoridades gubernamentales de diferentes niveles8 y el crimen organizado. En El Salvador, desde el inicio del período presidencial de Nayib Bukele en 2019, el periodismo no oficialista ha sido víctima de acoso sistemático, habiéndose utilizado la “Ley de ciberdelitos” y la “Ley de escucha telefónica y registro de llamadas” para vigilar y criminalizar la cobertura crítica con el gobierno. En Nicaragua, el cierre y criminalización de los medios de comunicación señalados como opositores a partir de la “Ley de ciberdelitos” ha acorralado a periodistas y comunicadoras no afines al gobierno, obligándolas a trabajar en la clandestinidad o en el exilio. Por su parte, en Guatemala la seguridad de quienes ejercen el periodismo se ha degradado en los últimos años, generando especial preocupación la persecución penal y censura a periodistas y medios de comunicación que investigan actos de corrupción y violaciones a derechos humanos.9 La manipulación de los marcos legales y los sistemas de justicia para acallar voces y criminalizar a quienes defienden el derecho a informar y a expresarse libremente se ha hecho notoria y recurrente en toda la región.
3,000 agresiones contra defensoras u organizaciones que defienden el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Estas agresiones, que representan 10.4% del total de las registradas en la región, afectan a defensoras y organizaciones que se enfrentan tanto a los agresores de las mujeres a las que acompañan y defienden, como a actores estatales y no estatales que pretenden proteger a estos agresores y mantener el orden y privilegios del sistema patriarcal. En México, las agresiones contra defensoras de este derecho representan 21.3% del total de agresiones documentadas en el país entre 2012 y 2022; entre éstas destacan las agresiones colectivas cometidas en el marco de movilizaciones feministas en protesta contra los feminicidios y otras violencias de género.
2,614 agresiones hacia defensoras de la participación política y comunitaria de las mujeres. Estas agresiones representan 9.1% del total regional, pero destaca el hecho de que más de la mitad de las mismas (1,475) fueron documentadas en Nicaragua. En este país, a partir de 2018 se ha dado un proceso de consolidación de un gobierno de carácter totalitario que sanciona y persigue cualquier acto de defensa de derechos e implementa estrategias de represión en contra de las defensoras o sus familias a través de hostigamientos, destierro o despojo de ciudadanía,10 detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, torturas11 y criminalización bajo los delitos de “conspiración y propagación de noticias falsas”.12 Por su parte, en 2021 en El Salvador registramos un total de 185 agresiones contra defensoras del derecho a la participación política de las mujeres, representando el año con mayor número de agresiones contra estas defensoras en dicho país. Destacan las agresiones perpetradas contras defensoras participantes en manifestaciones feministas,13 o hacia quienes se pronunciaban en contra de la deriva autoritaria del presidente Nayib Bukele,14 siendo las más frecuentes: campañas de desprestigio y amenazas virtuales, vigilancia e intimidación policial e intentos de detención con uso de violencia.
540 agresiones contra quienes luchan por la defensa de derechos sexuales y reproductivos.En todos los países de la región, de la mano con el avance de discursos fundamentalistas y de ultraderecha y la intromisión de las jerarquías religiosas en los asuntos públicos, representantes de partidos políticos de diferentes banderas ideológicas han promovido políticas que, en nombre de la “protección de valores familiares”, vulneran los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Entre 2012 y 2022 documentamos campañas de desprestigio y estigmatización que incluyen calumnias, discursos de odio e incitación a la violencia contra defensoras y colectivas feministas que promueven derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la despenalización del aborto. Algunas de estas agresiones fueron promovidas a nivel local e internacional por organizaciones anti-derechos en el marco de la campaña “40 Días por la Vida” en El Salvador15 y México16. Otras se dieron en el contexto de la demanda de justicia que cristalizó en una sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando al Estado de El Salvador por la detención, condena y posterior muerte de “Manuela”, una mujer que fue sentenciada a 30 años de prisión acusada de homicidio agravado tras sufrir una emergencia obstrética.17
A partir de ahora, los datos presentados comprenden el periodo 2012-2022, debido a que para 2023 no contamos con la información de Guatemala. Para información más detallada sobre el año 2023 pueden consultar el capítulo Una mirada preliminar a 2023.
AMA es una de las entidades de referencia surgidas en el contexto de la crisis socio-política en Nicaragua, cuando madres y familiares de personas asesinadas en el marco de las protestas se organizaron para exigir justicia, verdad y reparación por los crímenes de lesa humanidad cometidos en su mayoría por fuerzas policiales y parapoliciales afines al gobierno.
En la IM-Defensoras decidimos usar el término sindemia para referirnos a la crisis profundizada por el Coronavirus. Este término refiere al impacto mayor que tiene una situación de salud debido a su interacción con condiciones sociales y ambientales que hacen que la población sea más vulnerable a su impacto. Fuente: IM-Defensoras. Julio 2021. Des-hilar la crisis, tejer futuros. Impactos de COVID-19 sobre las vidas y las luchas de las defensoras mesoamericanas de derechos humanos.
En las agresiones a defensoras que defienden el derecho a la libertad de expresión y la información en México se identifica con frecuencia a autoridades locales como perpetradores en alianza con expresiones del crimen organizado.
El caso más emblemático es el de José Rubén Zamora, fundador de El Periódico, quien está en prisión desde mediados de 2022.
En Mesoamérica, casi la mitad (45%) de nuestros agresores entre 2012 y 2022 fueron actores vinculados al Estado, incluyendo cuerpos policiales (22.9%), autoridades municipales, departamentales, provinciales, estatales, nacionales o federales (17.2%) o fuerzas militares (4.9%). Las instituciones gubernamentales están cooptadas y protegen a las élites económicas nacionales y transnacionales y a otros poderes fácticos (corporativos, crimen organizado, jerarquías religiosas, monopolios de la comunicación, etc.).
EL SISTEMA DE (IN)JUSTICIA
El modelo capitalista, patriarcal y racista que impera en nuestros países se apoya en un sistema de (in)justicia en el cual el poder judicial se ha convertido en un instrumento que nos agrede y que promueve y garantiza la impunidad de nuestros agresores. De esta forma, el mismo sistema judicial que se utiliza para criminalizar y judicializar la defensa de derechos humanos o despojar a las comunidades de sus bienes y territorios, también se usa para obstaculizar el acceso a la justicia a las defensoras, garantizando la impunidad de quienes nos agreden, sosteniendo el poder de las fuerzas militares y policiales y protegiendo a actores no estatales como empresas privadas, crimen organizado y otros poderes fácticos.
Nuestro acceso a la justicia ante las agresiones que vivimos como defensoras de derechos humanos se ve mermado por los altos niveles de impunidad, la falta de confianza en el sistema de justicia estatal y el miedo a que poner una denuncia pueda generar nuevas agresiones en contra de nuestra integridad personal o la de nuestras familias. En búsqueda de seguridad, las defensoras acudimos a mecanismos nacionales, regionales o internacionales de protección. Sin embargo, en muchos casos estos mecanismos no son efectivos: 19.2% de las agresiones documentadas en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua entre 2012 y 2022 fueron contra defensoras que contaban previamente con medidas de protección.
OTROS AGRESORES
Además del rol preponderante del Estado como agresor directo, otros perpetradores relevantes son:
Desconocidos. 20.4% de los perpetradores no han podido ser identificados, tanto en agresiones directas cometidas de forma presencial como en las que se dan en el entorno virtual. En los últimos años, el anonimato que facilitan las redes sociales las ha convertido en un medio privilegiado para agresiones como campañas de desprestigio, expresiones de odio, incitación a la violencia, amenazas, intimidación y hostigamiento psicológico. Entre 2020 y 2022 hemos documentado 863 agresiones perpetradas por usuarios virtuales desconocidos, los cuales representan 17.3% del total de agresores identificados en esos 3 años.
Empresas. Son identificadas en 5.3% de las agresiones documentadas.El poder económico intenta detener la acción de las defensoras, organizaciones y comunidades que ponemos en evidencia los abusos y violaciones de derechos humanos que generan sus proyectos de acumulación de capital. Es importante señalar que en las agresiones documentadas se identifica sobre todo a empresas extractivistas transnacionales.
Crimen organizado. Es responsable directo de 2.9% de las agresiones registradas. Debido a la naturaleza de su acción, basada en el anonimato, y al elevado riesgo que conlleva su denuncia y documentación, es muy difícil identificar con certeza cuando las agresiones son perpetradas por estos grupos que basan su negocio en la violencia, el narcotráfico y otras actividades ilícitas. Sin embargo, muchas veces actores vinculados al crimen organizado son identificados en nuestro registro como principales sospechoso de las agresiones.
Grupos fundamentalistas y anti-derechos. Identificados como responsables directos en 2.4% de las agresiones entre 2012 y 2022.No obstante, si nos focalizamos en los tres últimos años del periodo, entre 2020 y 2022, estos grupos representaron 20% de los perpetradores directos de las agresiones en contra de las defensoras de derechos sexuales y reproductivos. Además, estos actores con frecuencia son identificados como los principales sospechosos de estar tras campañas impulsadas anónimamente o por usuarios virtuales desconocidos. El incremento en su influencia se debe tanto a la construcción de amplias alianzas transnacionales con iglesias, partidos políticos de extrema derecha y oscuras redes de financiación; como a su estrategia de buscar ganar legitimidad y movilizar adeptos a través de la construcción de un imaginario social de enemigo común —la llamada «ideología de género»— y de la reapropiación del lenguaje de la justicia social y de las formas organizativas de los movimientos sociales.
Casi la mitad (46.3%) de las agresiones contra defensoras registradas en la región entre 2012 y 2022 son parte de una serie de eventos de violencia previos. Este porcentaje varía en cada país, oscilando entre el 31.6% de El Salvador y el 58% de Honduras.El carácter sistemático de las agresiones evidencia que estas violencias no son casos puntuales y aislados, sino que responden a una estrategia continua que tiende a escalar en la gravedad del tipo de agresión con el objetivo de desgastarnos y detener nuestra labor de defensa.
ÁMBITO Y ALCANCE DE LAS AGRESIONES
Agresiones directamente dirigidas contra la defensora, de manera personal. Entre 2012 y 2022 hemos registrado un total de 13,228 agresiones de carácter personal.Estas agresiones violaron sobre todo nuestro derecho a la integridad personal (31,9%), nuestro derecho al prestigio, a la imagen pública y a la vida privada y familiar (23,7%), así como nuestro derecho a la libertad de asociación, reunión y expresión (14,1%). Durante el mismo período registramos 1,730 hostigamientos, 1,322 campañas de desprestigio o puesta en duda de la credibilidad, 817 agresiones que implican algún tipo de violencia psicológica, verbal, física, tortura o tratos crueles, 730 vigilancias o prácticas de monitoreo o acecho de la vida cotidiana y 619 amenazas.
Agresiones a personas cercanas. Las distintas violencias que enfrentamos no sólo se ejercen sobre nuestras personas y cuerpos, también buscan controlarnos y acallar nuestras luchas a través de narrativas y acciones que generan angustia y miedo en nuestro entorno inmediato: nuestras familias, organizaciones y comunidades. Entre 2020 y 2022 documentamos que en 39,5% de las agresiones personales vividas por las defensoras mesoamericanas se sumaron además ataques contra nuestras personas cercanas. Este porcentaje oscila entre el 11% y el 56% en los países de la región; resultando especialmente crítico el caso de Honduras y Nicaragua, donde supera el 50%.
Agresiones colectivas. Entre 2012 y 2022 hemos documentado 13,340 agresiones de carácter colectivo.1Su evolución en el tiempo generalmente responde a hitos de protestas públicas y masivas que son objeto de una respuesta represiva por parte de los gobiernos. Es el caso de movilizaciones feministas contra la violencia machista y los femicidios/feminicidios, en particular en fechas emblemáticas como el 8 de marzo (Día Internacional de las Mujeres) y el 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer); en movilizaciones estudiantiles en México;2 o en acciones colectivas en exigencia de justicia por el asesinato de Berta Cáceres o el feminicidio bajo custodia policial de Keyla Martínez en 2021 en Honduras.3 Adicionalmente, identificamos un aumento de agresiones colectivas en Honduras a partir de 2020 relacionadas con los desalojos de comunidades que defienden su derecho a la tierra y al territorio; y en Nicaragua en 2021, perpetradas con el objetivo de obstaculizar el ejercicio del derecho de reunión y asociación en el contexto de las elecciones presidenciales que se celebraron ese año.
Entre 2020 y 2022, en el marco de agresiones colectivas registramos 1,292 hostigamientos y 1,241 casos de violencia psicológica, verbal y/o física; así como 1152 campañas de desprestigio o puesta en duda de la credibilidad de las integrantes de una organización o movimiento. Estas agresiones violentan principalmente el derecho a la integridad personal de las defensoras que participan en las acciones colectivas (37,2%), a la libertad de expresión, reunión y asociación (11,8%), a la imagen pública y la vida privada y familiar (11,6%), al acceso a la justicia (11%) y a la libertad personal y seguridad (10,9%).
Agresiones contra organizaciones o grupos.Entre 2012 y 2022 hemos documentado un total de 2,295 agresiones contra 880 organizaciones o grupos4de defensa de derechos humanos. Se ataca a las organizaciones como un intento de destruir los procesos organizativos y los cuerpos colectivos construidos para defender derechos. Estas agresiones evidencian las estrategias de instrumentalización del poder político y el sistema de (in)justicia, en complicidad o alianza con otros poderes fácticos, para erigir marcos normativos que institucionalizan y legalizan la criminalización de las organizaciones sociales.
Destacan especialmente las agresiones contra organizaciones o grupos en Nicaragua, donde se ha dado la cancelación masiva de la personería jurídica, cierre y confiscación de organizaciones. Entre 2018 y diciembre de 2022, se cancelaron en Nicaragua 233 organizaciones que trabajan los derechos de las mujeres, niñas y juventud.5
Entre 2020 y 2022 identificamos que más de la mitad (52,2%) de las agresiones contra organizaciones o grupos limitan el derecho de libertad de asociación, reunión y expresión. Los principales métodos de agresión a nivel regional implican el uso de la legislación y procesos de control fiscal y administrativo para limitar la acción de las organizaciones, ya sea para impedir u obstaculizar la identidad jurídica de las mismas (222), la libertad de asociarse (217) o el acceso o utilización de recursos financieros (178).
TIPOS DE AGRESIONES
Entre las 28,863 agresiones contra defensoras y organizaciones o grupos de defensoras documentadas destacan por su frecuencia los hostigamientos, campañas de desprestigio, amenazas, la violencia física, verbal y psicológica,6 la vigilancia a las prácticas de nuestra vida cotidiana7 y el uso excesivo de la fuerza. Todas estas formas de violencia se pueden presentar en nuestras vidas de forma simultánea y van escalando de gravedad en contextos de impunidad o con débiles mecanismos de protección a nuestra labor.
Es un hecho preocupante que las agresiones sistemáticas que enfrentamos con frecuencia son parte de un proceso más amplio y complejo de criminalización de la defensa de derechos humanos. Entre 2012 y 2022 registramos un total de 849 detenciones arbitrarias y 858 inicios de procesos judiciales penales o administrativos que no corresponden a los hechos o que claramente descansan en hechos falsos. Como proceso sistemático, la criminalización busca no sólo silenciar liderazgos que cuestionan a poderosos actores privados y estatales, sino también deslegitimar el trabajo de defensa de derechos humanos ante la comunidad y la sociedad en su conjunto.8 Además, reconocemos que en los procesos de criminalización, la defensa de derechos humanos se presenta como un delito que se castiga de forma diferenciada cuando es cometido por mujeres o disidencias sexo-genéricas rurales, indígenas o afrodescendientes. En el caso de las mujeres defensoras, las agresiones tienen un mensaje aleccionador en contra de nosotras y nuestros movimientos sociales que busca disciplinar y controlar a otras compañeras, preservando los mandatos patriarcales de género a través de la imposición de nuevas barreras para la participación política de mujeres y disidencias sexo-genéricas.
Adicionalmente, una de las manifestaciones más evidentes del patriarcado es el uso de la violencia sexual9 para transmitir mensajes de control, poder y soberanía sobre nuestros cuerpos. Entre 2012 y 2022 registramos un total de 475 agresiones de carácter sexual contra defensoras de derechos humanos. Tan sólo entre 2020 y 2022 registramos 12 casos de violación sexual, 60 de acoso sexual y 155 de abuso sexual.10
Llamamos agresiones en acciones colectivas a aquellas agresiones que van dirigidas contra varias defensoras al mismo tiempo, quienes pueden pertenecer o no a una misma organización o movimiento; o contra defensoras que se encuentran juntas en una acción colectiva (protesta pública, marcha, manifestación, plantón, etc.).
El conteo de organizaciones puede incluir de forma reiterada a una misma organización agredida en diferentes años o, previo al cambio del sistema de registro en 2020, en diferentes ocasiones el mismo año.
Este tipos de agresiones los empezamos a documentar en 2020, por lo tanto la cifra de número de agresiones corresponde a las documentadas entre 2020 y 2022.
Idem.
IM-Defensoras: Documento interno sobre Criminalización en México. 2023.
El registro de este tipo de agresiones se enfrenta a grandes desafíos debido a un contexto sociocultural patriarcal cargado de creencias, normas y prácticas que normalizan o minimizan la gravedad de las violencias sexuales. Asimismo, en ocasiones se guarda silencio por miedo al agresor o para evitar estigmatización o revictimización.
El registro de forma separada de tres tipos de agresiones sexuales lo iniciamos en 2020, anteriormente se registraban como “violencia sexual” y “abuso sexual”.
LAS AGRESIONES CONTRA DEFENSORAS SON VIOLENCIA PATRIARCAL
La violencia contra las mujeres en su diversidad, la violencia racista y xenófoba, la violencia transfóbica, entre otras, constituyen instrumentos efectivos de control social, profundización de la desigualdad y destrucción del tejido social. En este sentido, la violencia sociopolítica contra defensoras descrita en este informe se manifiesta en nuestros cuerpos como parte de un continuum de violencias patriarcales, clasistas y racistas.
Pese al desafío que supone la normalización social y cultural de la violencia machista, lo que provoca que no siempre la reconozcamos y denunciemos, logramos documentar situaciones específicas de discriminación basada en género en 39% de las agresiones.Este porcentaje oscila significativamente en cada país, representando el 22.4% en Nicaragua y el 76.3% en El Salvador.
Algunas de las situaciones registradas entre 2020 y 2022 fueron:
En 19% de los casos las agresiones son una respuesta directa al trabajo de la organización o grupo que promueve la defensa de derechos de las mujeres y población LGBTTTIQ+.
18% son mensajes misóginos que menosprecian a las defensoras por el hecho de ser mujeres (frases cargadas de odio contra las mujeres como: perras, putas, zorras, feminazi, malparidas, etc.). Estas agresiones muchas veces son perpetradas tanto por usuarios virtuales desconocidos como, en el marco de casos de violencia represiva o detenciones arbitrarias, por actores vinculados al Estado.
16% de estas situaciones implican la descalificación del trabajo y/o logros de las defensoras. Generalmente se nos pretende descalificar divulgando información falsa o manipulada sobre nuestra vida privada, nuestra pareja o nuestra vida sexual.
En 13% de los casos se identifican situaciones de odio basadas en la sexualidad, identidad de género, edad, identidad étnica o racial, etc.
En 9% se trata de agresiones en cuyos contenidos se señalan aspectos relativos a preservar un orden específico en la sociedad o comunidad; por ejemplo, lo que debe ser la familia, un hombre o una mujer (estar en su casa, ser buena madre, cómo vestirse, quien tiene la propiedad de la tierra, entre otros). Estos mensajes buscan disciplinarnos y controlarnos cuestionando nuestra participación en la esfera social y política. Además, a las defensoras que somos madres se nos reprocha que abandonemos nuestro rol de cuidadoras y se nos acusa de abandonar a nuestras familias.
En 8% de las situaciones de discriminación por género identificamos violencia de carácter sexual: abuso sexual, violación, hostigamiento, campañas de desprestigio basadas en la sexualidad de la defensora, uso de fetiches, manipulación de ropa interior o dibujos sexualizados.
Entre 2020 y 2022 Identificamos 68 casos en los cuales las defensoras fueron agredidas e incluso asesinadas por sus parejas o exparejas. En estos casos, el hecho de ser mujeres y defensoras de derechos humanos pudo exacerbar o exponerlas a una mayor violencia como castigo por subvertir el orden establecido.
LOS IMPACTOS SOBRE NUESTRO TRABAJO Y NUESTRAS VIDAS
Los datos registrados durante el período 2020-2022 también ponen de manifiesto los impactos de las agresiones que sufrimos sobre nuestro trabajo y nuestras vidas. Estos impactos se agravan cuando somos agredidas de forma sistemática.
En 59.5% de las agresiones personales y 32.7% de las colectivas identificamos como uno de los impactos la limitación a nuestros derechos y libertades fundamentales. Entre éstos, los relacionados con la libre expresión, asociación, movilización, participación política, educación y salud.
En 12.6% de las agresiones personales y 36.8% de las colectivas registramos afectaciones físicas en las que identificamos como patrón el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de autoridades estatales, así como agresiones físicas cometidas por actores paraestatales, con el objetivo de impedir movilizaciones sociales.
En 26% de las agresiones personales y 8.2% de las sufridas en acciones colectiva se reconocen riesgos y cambios en la vida cotidiana y en el entorno cercano de la defensora agredida.
Hemos documentado 466 casos personales y 377 colectivos en los cuales las agresiones han sido identificadas como la causa de desplazamientos forzados internos o fuera de sus países.
El uso de la legislación y procesos de control fiscal y administrativo para limitar la acción de las organizaciones de la región ha impactado en el acceso a recursos financieros (10.2%), la suspensión o retiro permanente de la personería jurídica (12.9%) y, finalmente, el cierre temporal o definitivo de las mismas (45.2%). Además, la criminalización de las organizaciones comúnmente viene acompañada de campañas de estigmatización y/o la promoción de listas estigmatizantes.
El sometimiento a situaciones continuas de violencia e injusticia, tanto por los casos y contextos con los que nos relacionamos en el marco de nuestra labor por los derechos humanos como por las agresiones que enfrentamos a causa de ella, nos hace estar en constante cercanía con el horror, la muerte y la desesperanza. No obstante, las defensoras y nuestras organizaciones y comunidades seguimos resistiendo, multiplicándonos y defendiendo la esperanza, fortalecidas por nuestras ancestras y por la energía de las juventudes diversas que se suman a las luchas por la vida. Nos mantenemos en pie porque nos acuerpan nuestras redes y nuestras estrategias de protección colectiva, porque tenemos poder y experiencia para sobrevivir a las violencias y continuar con nuestras luchas. Esta convicción en el poder personal y colectivo que las mujeres defensoras tenemos para defendernos y protegernos es lo que hace más de trece años, a través del “pacto de cuidarnos”, nos articuló en la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.1 Desde entonces hacemos de la Protección Integral Feminista nuestra guía para cuidar nuestras vidas y nuestras luchas.
En 2023 registramos 6,214 agresiones contra al menos 1,188 defensoras de derechos humanos1 y 73 organizaciones o grupos de El Salvador, Honduras, México y Nicaragua.2 En relación al año 2022, esto representa un incremento de 13% en las agresiones a defensoras y organizaciones o grupos. Siguiendo con la tendencia histórica de nuestro registro regional, durante 2023 las agresiones fueron principalmente perpetradas por actores vinculados al Estado (47,8%).
Diez compañeras fueron asesinadas durante 2023, entre ellas: tres mujeres trans que defendían el derecho a transgredir el orden de género en México y Honduras, y tres defensoras que buscaban a personas de su familia desaparecidas en diversos estados de México. Otras 47 compañeras fueron objeto de intentos de asesinato que, afortunadamente, no se consumaron.
En El Salvador y Honduras identificamos una continuidad en la militarización de los territorios y las agresiones a defensoras en el marco de la suspensión de derechos y libertades fundamentales que habilitan los estados de excepción. En Nicaragua, se mantuvo el cierre absoluto de todos los espacios de participación y la criminalización y desprotección legal de las defensoras, mientras se fortalecieron nuevas estrategias represivas como destierro, despojo de ciudadanía o permiso de residencia. En México, durante 2023 continuó aumentando el porcentaje y la gravedad de las agresiones contra defensoras de la verdad, justicia y reparación (21%); entre éstas destacan el seguimiento, amenaza y vigilancia a madres buscadoras y las agresiones perpetradas por policías estatales en el marco de manifestaciones en exigencia de la localización con vida de personas desaparecidas.
Destacamos con preocupación que durante el 2023 hubo un aumento de nuestros registros de desplazamientos forzados y agresiones digitales. Documentamos 240 agresiones relativas a desplazamientos forzados internos y externos, cuadriplicando las registradas en 2022. Las defensoras desplazadas son mayoritariamente de Honduras (168) y Nicaragua (69). En el caso de Honduras los desplazamientos de defensoras se dieron principalmente a lo interno del país de forma colectiva ante los desalojos masivos impulsados por la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la tierra. Por su parte, el 2023 fue el año con mayor cantidad de desplazamiento fuera del país de defensoras nicaragüenses desde el inicio de la represión Estatal en 2018.
Por otro lado, en 2023 identificamos un total de 1,222 agresiones digitales en contra de defensoras y organizaciones o grupos de defensoras mesoamericanas, lo que representa 20% del total de agresiones documentadas. Este porcentaje aumenta significativamente en el caso de El Salvador (78,7%), donde el gobierno mantiene control y vigilancia del entorno digital. Las agresiones en el entorno digital son parte del continuum de violencias que viven las defensoras y, por lo general, se vinculan con otras agresiones en el ámbito físico.
Total de defensoras: Para evitar duplicación el total de defensoras agredidas se reporta como una a defensoras que recibieron agresiones tanto personales como colectivas, siendo un total de 84 defensoras en 2023. Igualmente, está cifra excluye a defensoras agredidas de forma colectiva que no fueron identificadas.
Estos datos históricos, recabados a lo largo de de más de una década, muestran como a las defensoras mesoamericanas nos agreden de forma sistemática para silenciar nuestras voces y debilitar nuestra resistencia colectiva, generando entornos de terror que dejan mensajes aleccionadores para nosotras y nuestras comunidades. Esta violencia, lejos de ser consecuencia de Estados fallidos, se relaciona con opresiones históricas y estructurales que utilizan a los sistemas de justicia y a las fuerzas públicas de seguridad, entre otros actores, para sostener el capitalismo racista y patriarcal.
El análisis de los patrones de agresión nos permite identificar cómo la violencia sigue escalando y cómo a partir de la sindemia por COVID-19 se sentaron las bases para consolidar estrategias de control que se mantienen hasta ahora. También nos permite reconocer cómo la construcción social de género se manifiesta en las formas y contenidos de los hostigamientos, las campañas de desprestigio, la criminalización y la violencia física, psicológica y sexual que vivimos las mujeres y las disidencias sexo-genéricas que defendemos derechos humanos en la región.
A pesar de ello, las defensoras continuamos apostando por la vida y construyendo esperanza. Para protegernos de las violencias que buscan silenciar nuestras luchas, desde la IM-Defensoras llevamos más de trece años impulsando la Protección Integral Feminista (PIF). La PIF es el pacto de cuidarnos entre defensoras de diferentes movimientos sociales, identidades y territorios para enfrentar juntas las violencias que nos afectan. Lo hacemos a través de la articulación en redes nacionales, una alianza regional y diversas estrategias de seguridad, autocuidado, cuidado colectivo y sanación.
Nuestras luchas por la conquista plena de los derechos humanos ameritan la garantía de nuestro derecho a defenderlos.
Por este motivo, demandamos:
El reconocimiento y legitimación de nuestros aportes y nuestras luchas.
El compromiso y la acción efectiva de Estados e instituciones para que dejen de atacarnos para proteger intereses privados.
Mecanismos internacionales fuertes y con capacidad de respuesta ante el incumplimiento de los Estados de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Apoyo sostenido y flexible a nuestros procesos de fortalecimiento y protección.
El cese de las violencias que enfrentamos al interior de nuestros espacios organizativos, comunitarios y familiares.
Este cinco de julio se cumplen tres años del vil asesinato del compañero y hermano Simón Pedro Pérez López, integrante de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Para todo el equipo de Otros Mundos Chiapas, su pérdida sigue llenando nuestros corazones de indignación y tristeza. Con Simón Pedro recorrimos muchos caminos en la búsqueda de una vida digna para los pueblos, y aunque seguimos sin él, su fuerza y espíritu nos acompañan.
Nos sumamos a las exigencias de verdadera justicia y un debido proceso en la búsqueda de la verdad. Tres años después, seguimos sin justicia para su muerte. Basta de seguir criminalizando y hostigando a quienes luchan por un buen vivir. Exigimos a las autoridades federales y estatales que se pongan a trabajar para esclarecer este vil asesinato y que se encuentren a los autores materiales e intelectuales.
¡JUSTICIA PARA SIMÓN PEDRO!
¡ALTO A LA VIOLENCIA CONTRA DEFENSORAS Y DEFENSORES DE LA VIDA!
La justicia en el caso de Berta Cáceres sigue siendo denegada por la Corte Suprema de Justicia de Honduras, que no ha confirmado las condenas de los ocho individuos responsables de su asesinato. El retraso innecesario de la Corte en asumir el caso perpetúa el ciclo de impunidad por la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos en Honduras y causa a su familia un sufrimiento inconmensurable mientras esperan un resultado definitivo en su caso.
Berta Cáceres, lideresa indígena y activista social hondureña, fue asesinada el 2 de marzo de 2016 tras liderar la oposición a la instalación inconsulta e ilegal de la represa de Agua Zarca. La represa es un proyecto hidroeléctrico de la empresa DESA (Desarrollos Energéticos S.A.), propiedad de la poderosa familia Atala Zablah de Honduras.
El 29 de noviembre de 2018, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal dictó sentencia condenatoria por el asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro contra las siguientes personas: Douglas Bustillo (ex militar, jefe de seguridad de DESA), Mariano Díaz (mayor del ejército), Henry Hernández (ex militar, sicario), Sergio Rodríguez (Gerente Ambiental y Social de DESA), Elvin Rápalo (sicario), Óscar Torres (sicario) y Edilson Duarte (sicario). Cada uno de ellos fue condenado a penas de entre 30 y 50 años de prisión el 2 de diciembre de 2019. El 5 de julio de 2021, el Tribunal también emitió una condena contra David Castillo (gerente general de DESA, ex militar) por el asesinato de Berta Cáceres como coautor del crimen. Casi un año después, el 20 de junio de 2022, el Tribunal condenó a Castillo a 22 años y 6 meses de prisión. Los condenados en ambos casos interpusieron recursos contra las sentencias, pero hasta la fecha, la Corte Suprema de Justicia no ha emitido una resolución sobre ninguno de los dos casos.
El proceso judicial en el caso de Berta Cáceres sienta un importante precedente en Honduras para acabar con la impunidad, ya que es la primera vez que se juzga y sanciona a miembros de una poderosa empresa por crímenes contra comunidades y organizaciones indígenas en el contexto de la defensa del territorio. Es indispensable que la Corte Suprema de Justicia emita una resolución y confirme las sentencias de las ocho personas ya condenadas por este delito para continuar la lucha contra la impunidad en Honduras. Las organizaciones abajo firmantes hacemos un llamado a las autoridades judiciales hondureñas para que emitan resoluciones que confirmen las sentencias de los responsables mencionados y garanticen justicia por el asesinato de Berta Cáceres.
Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Robert F. Kennedy Derechos Humanos (RFKHR)
Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Compartimos este comunicado de IM-Defensoras – A 8 de mayo del 2024
A 8 años del asesinato de Berta Cáceres, feminista, defensora del territorio y de los derechos del pueblo Lenca, las sentencias condenatorias en contra de los autores materiales y el coautor del crimen siguen sin ser firmes y el proceso de justicia bajo ataque.
En días recientes, Juan Carlos Sánchez Cantillano y Ritza Antúnez, abogados de David Castillo, condenado como coautor del asesinato de Berta Cáceres por el Tribunal de Sentencia el 5 de julio de 2021, han desarrollado una campaña de falsedades con el interés de afectar el proceso de justicia para Berta Cáceres y la confirmación de las sentencias de los responsables de su muerte.
Este ataque intenta criminalizar a la perito del Ministerio Público y busca entorpecer el deber que tiene la Sala de lo Penal de ratificar la sentencia condenatoria contra David Castillo y los demás asesinos de Berta Cáceres.
Los señalamientos hechos por la defensa de David Castillo pretenden crear duda y confusión, sin embargo, han sido desmentidos a través de comunicados por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y organizaciones que le acompañan. Y ya han sido desestimados en juicio por el Tribunal de Sentencia que condenó a Castillo.
Dichas organizaciones señalaron que las propias comunicaciones de los condenados son la prueba fundamental que corroboran su responsabilidad penal. Además que las extracciones de las comunicaciones de los celulares de los imputados realizadas por el Ministerio Público, coinciden plenamente con las realizadas por el perito de la defensa de Castillo, Sean Bodde. La información extraída de los aparatos telefónicos prueba que David Castillo participó en la planificación, coordinación, ejecución y pago del asesinato de Berta Cáceres.
Cabe destacar que la supuesta denuncia fue presentada ante el Ministerio Público una semana después del nombramiento de Juan Carlos Sánchez Villalobos como director de fiscales del Ministerio Público. Sánchez Villalobos es reconocido por defender a imputados en casos emblemáticos de corrupción. Fue parte de la defensa de Carolina Castillo en el juicio “Fraude sobre el Gualcarque”, caso que evidenció la corrupción en el otorgamiento de licencias inconsultas para la explotación del sagrado río Gualcarque que originó violaciones a los derechos del pueblo indígena Lenca en los departamentos de Intibucá y Santa Barbara.
El pasado 3 de mayo, tanto Carolina Castillo como David Castillo fueron hallados culpables por fraude y Raúl Pineda por usurpación de funciones y falsificación de documentos, sentando un nuevo precedente que demuestra la estructura criminal detrás del proyecto Agua Zarca.
Lo anterior es relevante porque muestra el posible tráfico de influencias para dejar impune este terrible asesinato y porque la causa Berta Cáceres está relacionada con el caso Fraude sobre el Gualcarque.
Paralelamente, acciones por parte de Sergio Ramón Ramírez Orellana, otro condenado por el asesinato de Berta Cáceres, buscan manipular el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todas estas acciones buscan afectar negativamente los resultados que ha ofrecido el sistema penal en este caso, fruto de la exigencia de justicia de la familia, del COPINH y de la lucha contra la impunidad y por la preservación del Estado de Derecho.
Las organizaciones firmantes condenamos estas maniobras que ponen en riesgo el proceso y a las personas que intervienen en él. De igual manera, exigimos a la Corte Suprema de Justicia presidida por la magistrada Rebeca Raquel, y la Sala de lo Penal compuesta por los magistrados Walter Raúl Miranda Sabio, Mario Rolando Díaz y Nelson Danilo Mairena Franco, la inmediata confirmación de la sentencia ya emitida contra los 7 hombres responsables de la autoría material del asesinato de Berta Cáceres y la sentencia contra David Castillo, como coautor de este crimen.
Las defensoras son el sostén de la vida en sus comunidades. Por eso, cada acción contra las defensoras es un atentado contra la comunidad en su conjunto, que muestra un modelo de desarrollo extractivista, capitalista y depredador, que es profundamente patriarcal y por eso ataca de forma específica y diferenciada a las mujeres.
Nos sumamos al llamado del COPINH para que la comunidad nacional e internacional permanezcamos alertas y vigilantes del funcionamiento del sistema de justicia de Honduras para garantizar al pueblo Lenca el efectivo acceso a la verdad, justicia, reparación y a medidas de no repetición.
ADHESIONES
Organizaciones internacionales: Centre for Civil and Political Rights (CCPR-Centre), Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, Colectivo Caminando Fronteras, Comité de Solidaridad con los Pueblos – Interpueblos, Coordinadora Asturiana de ONGD (CODOPA), Cultural Survival.Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte.Equality Now, FIDH (Federación Internacional por los Derechos Humanos), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Foro Honduras Suiza, Hondurasdelegation, International Service for Human Rights (ISHR), Lisangà culture in movimento Italia, Lumaltik Herriak, MUGARIK GABE, Observatoire International des Avocats en Danger, Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Organización mundial contra la tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Red Ecofeminista, Robert F. Kennedy Human Rights, Soldepaz Pachakuti, Solidarity Economy Association, South Feminist Futures (SFF),Synergía, iniciativas para los derechos humanos, Trocaire (Honduras), Witness for Peace – Solidarity Collective, Zehar-Errefuxiatuekin.
Organizaciones regionales: ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Fundación para Estudio e investigación de la Mujer (FEIM), Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), Instituto Las Segovias, Jamaa Resource Initiatives, Latin America Working Group (LAWG), Latinas en Poder, MENA Fem Movement For Economic, Development And Ecological Justice, MIRA: feminismos y democracias, Protection International, Oficina para Mesoamérica, Red de Solidaridad para la transformación social (REDS), Red Europea de Comités Oscar Romero (SICSAL-Europa), Rights Action.
Organizaciones nacionales y locales: Alemania: Oficina Ecuménica por La Paz y la Justicia.
Argentina: Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir (RDBV) de la región de la Patagonia, Unidos por Nuestras Acequias de la región Paravachasca en Córdoba, Red Disidente Santiagueña de Santiago del Estero, VICAM: Vicuñas, camélidos y ambiente, Nómadas Comunicación Feminista de la región de la Patagonia.
Bolivia: Comunidad de Derechos Humanos, Red Nacional Alianza Libres sin Violencia.
Colombia: Tamboras Insurrectas Colectiva Feminista,Colectivo de Abogados y Abogadas «José Alvear Restrepo» (CAJAR), Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (SINDHEP), Comunidad Guaguas Guaneñas, Catedra de Paz Alfredo Molano Bravo (CEPAZ), Juntanza feminista de mujeres y disidencias sexuales de Cali, Fundación Tejiendo Cultura Caribe, Asociación Nacional de Mujeres Colombianas (ASONAM), Corporación para el Desarrollo Regional (CDR) de Cali, Fundación Grupo de Teatro La Mascara de Cali, Escuela Política Travesía por la Paz y la Equidad de Género.
Costa Rica: Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica.
Ecuador: Organización del pueblo kichwa Saraguro SAKIAT.
El Salvador: Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Asociación por el Respeto de los Derechos de la Mujer Salvadoreña (ARDEMUSA), Centro Cultural Casa Bruja, Colectiva Amorales, Colectiva Feminista por el Desarrollo Local, Colectivo Alejandría, COSAL, Red Salvadoreña Defensoras de Derechos Humanos (RSDDH).
Estado Español: Ecologistas en Acción, Grup Suport Con Vos, SOS Ribagorza, Araba Bizirik de Euskal Herria, AHTrik EZ Arabako Haranak de Euskal Herria.
Estados Unidos: Madre Tierra, Organización de Mujeres Latinas Inmigrantes en Washington, DC, Virginia & Maryland.
Guatemala: Asociación Pop No’j, Convergencia por los Derechos Humanos de Guatemala, Consejo del Pueblo Maya (CPO), Organización de Mujeres Tierra Viva.
Honduras: ACI PARTICIPA, Bufete Justicia para los Pueblos, Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Red Nacional Defensoras de Derechos Humanos en Honduras.
Kirguistán: Bir Duino Human Rights Movement.
Liberia: Green Advocates International.
México: Alianza Sierra Madre en Chihuahua (ASMAC), Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura (CPOOEM), Otros Mundos Chiapas A.C., Consorcio Oaxaca, Colectivo del periódico El Zenzontle, Comunidad Teo Tepahkale en Ciudad de México, El Puente SC. en Chiapas, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM),Taller Integral para el Desarrollo Comunitario TAIDECO A.C., Tamaulipas Diversidad Vihda Trans A.C, Sí hay mujeres en Durango A.C., Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP), Comunidad Casas de Medicina y Partería Tradicional en México,Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), Secretariado Social Mexicano (SSM), Tlalij, yolojtli uan nemililistlij de San Luis Potosí, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC).
Mongolia: Oyu Tolgoi Watch.
Nicaragua: Agenda Propia Nicaragua, Asociación para el Desarrollo Integral de la Mujer (APADEIM), Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Morada Feminista Nicaragua-UK, Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM), Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Unión Democrática Renovadora (Unamos).
Perú: Demus Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Paz y Esperanza.
Uganda: Women Human Rights Defenders Network Uganda.
Venezuela: Acción Solidaria,Vicaría de Derechos Humanos de Caracas.
Les compartimos esta invitación para este foro donde participará nuestro compañero Gustavo Castro
Ana Laura Rojas es defensora de los derechos humanos en Guatemala y comunicadora social, además es parte de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Empresa TRECSA. Esta organización ha sido víctima de múltiples agresiones por parte de personas vinculadas TRECSA.
Este miércoles 7 de mayo a las 4:00 PM, hora de Centroamérica, tendremos un foro virtual de la mano de referentes regionales de la lucha por la defensa de los ríos Puede inscribirse al foro en solidaridad con Ana Laura en el link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIlcOGtqTkiG9xWFe9BYoEObY-_X3qVyknr Además transmitiremos el foro por: https://facebook.com/bloque.verde/ y por https://www.facebook.com/socioambientalesucr.kioscos
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 3 de mayo del 2024
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería repudiamos la brutal represión el pasado 30 de abril por la noche, donde un operativo de la guardia nacional y policías de los municipios de Calpan, Huejotzingo, Chiutzingo, Xoxtla, Tlaltenango, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, dispararon contra la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua, que mantienen un plantón pacífico desde el 21 de marzo del presente en el basurero intermunicipal ubicado en San Pedro Cholula, en el Estado de Puebla, que está contaminando aire, suelo y los mantos freáticos, afectando la salud de 250 mil habitantes.
La «Planta Procesadora de Residuos Sólidos Urbanos» operada por la empresa Pro Faj Hidro Limpieza S.A. de C.V., cuyo dueño es Cuauhtémoc Ochoa candidato a senador por Morena, se instaló desde abril de 2016 y recibe los desechos de 21 municipios de la región sin ningún tipo de manejo previo.
El 9 de abril la PROFEPA clausuró el basurero a cielo abierto ya que la empresa no cumplió con medidas urgentes como el manejo de los lixiviados, control de fauna nociva y monitoreo de la calidad del agua, lo que contradice a Norma Angélica Sandoval, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, quien dijo «que el basurero funciona correctamente, no contamina y cumple con la NOM 083». Sin embargo, el 29 de abril, supuestos trabajadores de la empresa retiraron los sellos de clausura.
Nos unimos solidariamente a las exigencias de cese inmediato a las agresiones y al hostigamiento de la fuerza pública; cierre definitivo del basurero a cielo abierto, su programa de remediación, y un plan de manejo responsable de la basura; que cada municipio se haga responsable por su basura; respeto total a la autodeterminación de los pueblos originarios y su derecho a defender la tierra, el agua y la vida.
Responsabilizamos al gobernador Sergio Salomón Céspedes y los presidentes municipales de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula de cualquier daño que puedan sufrir las y los miembros Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua
¡RESPETO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS! ¡VIVA LA LUCHA POR LA VIDA! RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA
Compartimos este comunicado con Consejo Cívico de Organizaciones Populares en Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso del Fraude del Río Gualcarque – A 29 de abril del 2024
El Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada y Corrupción ha convocado a audiencia de fallo para el viernes 3 de mayo, momento clave en la búsqueda de justicia en el caso del Fraude sobre el Gualcarque.
En marzo del 2023, concluyó la fase del juicio que expuso una red de corrupción que afectó a la comunidad Lenca de Río Blanco y resultaron en el vil asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. Durante el proceso, se presentaron decenas de medios de prueba, entre testimonios, documentos y pericias que demostraron la responsabilidad penal de los seis imputados en delitos graves como fraude, violación de deberes de los funcionarios, falsificación de documentos y usurpación de funciones.
La evidencia presentada reveló como una red criminal entre funcionarios del Estado operaba en favor de la empresa DESA, violando los derechos de la comunidad Lenca de Río Blanco. Estos actos de corrupción, ocurridos entre 2009 y 2012, condujeron ilegalmente a la concesión del Río Gualcarque a la empresa DESA, en fraude al Estado de Honduras y a la comunidad Lenca de Río Blanco.
Este caso presenta una oportunidad para avanzar en la lucha contra la corrupción en Honduras y sentar precedentes judiciales sobre la lucha anticorrupción y por los derechos humanos en el país. No solo se trata de la afectación de los derechos a la tierra y al agua de la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, sino también de la estrecha relación entre la denuncia pública de la corrupción y el asesinato en 2016 de nuestra compañera Berta Cáceres.
Por todo lo anterior el COPINH demanda:
Que el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada y Corrupción, integrado por Karla María Arita, Nilser Jasmin Ramirez Carvajal y Fernando Gabriel Morazán, cumpla con su deber y emita un fallo coherente con las pruebas y que sancione enérgicamente los actos corruptos de Roberto David Castillo Mejía, Roberto Martínez Lozano, Carolina Castillo Argueta, Raúl Pineda Pineda, Luis Espinoza Mejía y José Carbajal Flores en el otorgamiento ilegal de la concesión sobre el Río Gualcarque.
Que la fiscalía especial UFERCO continúe la investigación y enjuiciamiento de todas las personas involucradas en los delitos de corrupción en favor de la empresa de la familia Atala Zablah y que llevaron al asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.
Es momento de que la justicia hondureña cumpla con su deber de garantizar una justicia integral y así avanzar hacia la construcción de una sociedad basada en el respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos humanos.
Dado en La Esperanza, Intibucá a los 29 días del mes de abril de 2024.
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz ”
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 27 de abril del 2024
El 27 de abril del 2010 nuestra compañera Bety Cariño, fundadora de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por Minería (REMA) y. el observador internacional finlandés Jyri Antero Jaakkola fueron asesinadxs cuando participaban en una caravana de solidaridad pacífica de ayuda humanitaria con destino al Municipio Autónomo Triqui de San Juan Copala en Oaxaca, comunidad sitiada por paramilitares. En septiembre 2023 los presuntos asesinos fueron liberados por un Juez del Tribunal Unitario de la Región de la Mixteca Oaxaquena.
En diciembre del 2023, en el contexto de la exposición dedicada a Bety y Jyri en la Eurocámara en Estamburgo, sus familias y sus acompañantes dieron a conocer que el caso se llevaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos debelando la impunidad del caso en México y los nexos del Estado con grupos paramilitares.
Bety Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajamos Unidos (CACTUS), mujer apasionada y comprometida con los pueblos indígenas, defensora del territorio contra el Corredor Interoceánico, mujer valiente y amorosa que seguirá siendo semilla de lucha para México y el mundo. Bety, como muchas defensoras y defensores del Territorio en México, perdieron la vida en la lucha, demostrando los mecanismos de violencia estatal y corporativa desplegada en defensa del modelo extractivo impuesto en nuestros pueblos.
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería, hoy en conmemoración de su partida, abrazamos a sus familias desde la solidaridad y seguimos exigiendo al gobierno federal de México y estatal de Oaxaca voluntad política para esclarecer los hechos y castigo a las personas responsables. Al mismo tiempo hacemos un llamado a los pueblos de América Latina a tejernos en redes que luchen ante la impunidad que rodea el asesinato de defensores de la Madre Naturaleza y defender el derecho legítimo a la resistencia.
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