El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, en este programa estaremos platicando con Gustavo Castro y Miguel Ángel de los Santos en el marco del noveno aniversario de la siempre de nuestra hermana Berta, con el tema: Una lucha irrenunciable por la justicia: El caso de Berta Cáceres y Gustavo Castro. Acompáñanos este miércoles 5 de marzo las 6:00 pm por facebook livey nuestro canal de Youtube.
Este 2 de marzo se cumplen nueve años del vil asesinato de nuestra hermana Berta Cáceres, mujer indígena lenca, defensora del río Gualcarque y de los derechos de los pueblos. Su lucha y su legado siguen vivos en cada rincón donde las comunidades se organizan para defender sus territorios de la imposición de megaproyectos extractivistas que amenazan la vida.
El camino hacia la justicia ha sido largo y doloroso, pero gracias a la incansable lucha de su familia, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y de organizaciones solidarias, se han logrado avances importantes. La condena contra los autores materiales y la sentencia contra David Castillo, exgerente de DESA y operador clave en su asesinato, representa un paso significativo en la exigencia de justicia. Sin embargo, no podemos olvidar que falta castigar a quienes planearon y financiaron este crimen: la familia Atala Zablah, dueña de la empresa DESA. La justicia no será completa hasta que todos los responsables sean llevados ante los tribunales. La justicia no puede ser parcial ni selectiva.
A lo largo de estos nueve años, el caso de Berta ha sido símbolo de la impunidad con la que operan las empresas y los grupos de poder en nuestros países, criminalizando, persiguiendo y asesinando a quienes defienden la tierra, el agua y la vida. Pero también ha sido símbolo de resistencia, dignidad y lucha colectiva.
Desde nuestros territorios, hoy, a nueve años de su siembra nos sumamos al llamado de justicia total para Berta y reafirmamos nuestro compromiso con la lucha de Berta, con la defensa de la vida, de los ríos y con la exigencia de justicia plena. La memoria de Berta vive en cada resistencia, en cada comunidad que levanta su voz, en cada río que sigue corriendo libre.
¡Berta Cáceres vive, la lucha sigue! ¡Justicia para Berta Cáceres, hasta que la verdad sea completa! ¡No más impunidad para los asesinos de defensoras y defensores!
Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta – A 14 de febrero del 2025
Desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) anunciamos que hoy se ha concretado la instalación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para la investigación del feminicidio territorial de nuestra compañera Berta Cáceres.
Esto representa un paso histórico en la lucha contra la impunidad en Honduras y es resultado del caminar incansable de la familia de Berta, las comunidades organizadas del COPINH y el pueblo Lenca que, desde 2016, no han cesado en sus demandas de verdad y justicia.
El GIEI que llega hoy a Honduras es el cuarto en instalarse en América Latina y le anteceden los Grupos conformados para investigar la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México; los crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2018 en Nicaragua; y los hechos de violencia en Bolivia en 2019. En estos casos los GIEI han posibilitado investigaciones independientes que han permitido revelar la verdad detrás de violaciones a derechos humanos y la responsabilidad de los actores involucrados, aun cuando estos han sido el gobierno y el ejército.
En el caso de Berta, el GIEI se instala como respuesta a la exigencia de las victimas para avanzar en la justicia integral, ya que, a pesar de los avances judiciales logrados, como las condenas a los autores materiales y al gerente de la empresa DESA, a 9 años del vil crimen, los autores intelectuales aún no han sido investigados ni procesados y las comunidades no han sido reparadas.
Esta impunidad es una herida abierta para quienes luchamos por justicia para los pueblos y perpetúa la violencia que enfrentan las comunidades indígenas y campesinas en Honduras, uno de los países más mortales en el mundo para quienes defienden el territorio.
Frente a este contexto,el GIEI en el caso de Berta Cáceres tendrá el objetivo de brindar asistencia técnica internacional, desde la perspectiva de los derechos humanos, a las autoridades hondureñas responsables de conducir la investigación respecto de la autoría intelectual y los delitos conexos del asesinato de Berta Cáceres. Asimismo, el grupo trabajará por desarrollar un Plan de Reparación Integral que tome en cuenta a las víctimas colectivas del caso, en aras de reparar el daño causado a las víctimas y sus familias, incluyendo a las comunidades afectadas. Su plazo de ejecución será de 6 meses contados a partir de su instalación este 14 de febrero.
En un contexto de riesgo para las personas defensoras y ante un modelo extractivista que instala la violencia, el despojo, la criminalización y la muerte en las comunidades, es fundamental contar con investigaciones independientes y desde COPINH y CEJIL confiamos en el Grupo Interdisciplinario, conformado por tres personas expertas en derecho internacional de los derechos humanos, derecho penal y criminalidad económica: Roxanna Altholz de Estados Unidos, Ricardo Guzmán de Guatemala y Pedro Biscay de Argentina. Esperamos que su trabajo permita avances en el acceso a la verdad y la justicia para Berta, pero también en la reparación integral de las comunidades y en medidas de no repetición, para que hechos como los que enfrentó Berta, no se repitan.
Reconocemos la voluntad del Estado hondureño en la conformación del GIEI y demandamos que esa voluntad se mantenga presente para garantizar que el Grupo pueda realizar su labor de manera eficiente y segura y que su trabajo tenga continuidad después de terminada su gestión. Reconocemos igualmente el compromiso y acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la instalación del Grupo y su aporte para atender la situación de derechos humanos en el continente.
Agradecemos a las redes que sostienen la búsqueda de Justicia para Berta, que se nutren de los esfuerzos individuales y colectivos, nacionales e internacionales, de quienes se han comprometido porque los pueblos de Honduras vivan con justicia, en autonomía y libertad. Les pedimos estar pendientes de este proceso y respaldar la investigación desde sus espacios.
Desde COPINH y CEJIL marcamos este momento como un paso firme en el camino de justicia para Berta, para los pueblos y para todo Honduras, y reafirmamos nuestro compromiso de mantener viva la lucha de Berta Cáceres, articulando esfuerzos con organizaciones aliadas, sociedad civil y comunidades indígenas. Exigimos al Estado hondureño garantizar la independencia y el respaldo necesario para el trabajo del GIEI, y responder con celeridad y transparencia a sus hallazgos y recomendaciones.
Sobre el GIEI:
Un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es un grupo de especialistas de diversas disciplinas enfocados en realizar una investigación especializada sobre hechos de violación de derechos humanos. El GIEI-Honduras resulta de un acuerdo entre la CIDH, el Estado de Honduras, COPINH y CEJIL, en el marco de las medidas cautelares de protección otorgadas por la CIDH a familiares de la defensora y miembros del COPINH desde 2016.
Con mucha alegría les compartimos esta noticia del Consejo Civico de Organizaciones Populares en Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta a 25 de noviembre del 2024
COMUNICADO N°12 2024: La Corte Suprema de Justicia de Honduras confirma sentencias de asesinos de Berta Cáceres, pero modifica agravantes en la condena de David Castillo y envía el caso de Sergio Rodríguez al pleno de la Corte Suprema de Justicia.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, hace del conocimiento de la comunidad nacional e internacional lo siguiente:
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ha confirmado las sentencias de siete de los ocho hombres condenados en los juicios de 2018 y 2021 por el crimen contra nuestra compañera Berta Cáceres y el intento de asesinato de Gustavo Castro. Se han ratificado las condenas de David Castillo, empleado principal de la familia Atala; Douglas Bustillo, militar y jefe de seguridad de la empresa de la familia Atala; Mariano Díaz, mayor del ejército de Honduras; Henry Hernández, militar; Elvin Rápalo; Oscar Torres y Edilson Duarte.
Esta decisión confirma una vez más, la existencia de una estructura criminal responsable del asesinato de Berta Cáceres, cuyas cabezas, los miembros de la familia Atala continúan en la impunidad.
La decisión de los magistrados de la Sala Penal ha modificado los agravantes en la sentencia de David Castillo, lo que implica una reducción de su condena, y ha enviado el caso de Sergio Rodríguez al pleno de la Corte Suprema debido a la falta de unanimidad sobre la ratificación. Estas modificaciones son producto de las presiones indebidas al órgano de justicia y demuestra la continuidad de la existencia de la estructura criminal detrás del crimen contra Berta Cáceres.
El derecho al acceso a la justicia se sigue obstaculizando por parte de los intereses económicos y políticos que tienen sus garras dentro del sistema de justicia hondureño y que pretenden beneficiar a la familia Atala y sus aliados criminales.
La decisión de enviar el caso de Sergio Rodríguez al pleno de la Corte Suprema prolonga aún más el proceso judicial y demuestra que el sistema de justicia hondureño continúa favoreciendo la impunidad de quienes actúan en nombre de intereses empresariales por encima de los derechos de las comunidades indígenas.
Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a redoblar esfuerzos en esta etapa crucial para responsabilizar a los autores intelectuales del crimen. Puesto que la lucha por la Justicia para Berta y para los pueblos continúa. No descansaremos hasta que todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, enfrenten las consecuencias de sus crímenes y se profundice la grieta de la justicia en el muro de la impunidad en Honduras.
El COPINH, las comunidades Lencas organizadas, junto a la madre, hijas e hijo de Berta Cáceres, agradecemos profundamente a todas las personas, organizaciones, instituciones y espacios solidarios en Honduras y el mundo por su incansable respaldo en esta lucha por la justicia. Estas sentencias marcan un precedente importante en la historia de Honduras, y son un aliciente para continuar en la lucha por la justicia para los pueblos.
Reafirmamos nuestro compromiso con la justicia social en Honduras y la reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas por las que luchó nuestra Berta.
Dado en La Esperanza, Intibucá, a los 25 días del mes de noviembre de 2024.
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz.”
Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre los pasos para llegar a una verdadera #JusticiaParaBerta – A 15 de noviembre del 2024
Condenas en Caso Fraude sobre el Gualcarque
Roberto David Castillo Mejía, Gerente de DESA, y Carolina Lizeth Castillo Argueta, ex-funcionaria de la ENEE, ambos culpables de fraude: 5 años de prisión Inhabilitación absoluta por el doble de la pena Multa de 380,000 Lempiras
Raúl Pineda Pineda, ex-alcalde de San Francisco de Ojuera, enfrenta dos delitos: Delito de falsificación de documentos públicos: 2 años de prisión + multa de trabajo social Delito de usurpación de funciones: 1 año y 1 mes de prisión + inhabilitación para cargos municipales por 6 años
Estas sentencias marcan un paso importante hacia la justicia para el pueblo Lenca, el COPINH y la justicia por el asesinato a Berta Cáceres, evidenciando que la concesión del Río Gualcarque fue un fraude en beneficio de la familia Atala, que involucraba corrupción, usurpación y falsificación de documentos por parte de funcionarios públicos.
“Estamos en riesgo, estamos en riesgo y eso preocupa grandemente porque salir de la casa nos vulnera considerablemente”, dio a conocer el Vicario de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal, Miguel Montoya, quien explicó que a partir del asesinato del padre Marcelo ha sido bastante complicado ejercer la labor ministerial.
Posterior a la celebración religiosa en el marco de la peregrinación por los 100 años del natalicio del obispo Samuel Ruiz García, y por la demanda de justicia para esclarecer el crimen, el Vicario detalló que en vehículos y motocicletas, personas con el rostro cubierto han hostigado a integrantes de la Diócesis.
Detalló que también, en las dos semanas que han pasado tras el asesinato, se ha incrementado el nivel de inseguridad en el estado, “se ha incrementado muchísimo y no sólo para quienes ejercen una labor ministerial, sino para todos, todos los que estamos viviendo en Chiapas”.
“Estamos en riesgo, estamos en riesgo y eso preocupa grandemente porque salir de la casa nos vulnera considerablemente”, dijo el sacerdote, quien hizo “un llamado con una profunda caridad y en una sintonía de paz, a las autoridades del estado, a las autoridades federales, para que puedan ellos ofrecer las garantías de seguridad, pero no sólo para nosotros, no lo pedimos para la iglesia, no lo pedimos para los curas, las religiosas, servidores, servidoras que laboramos en las comunidades, sino que lo solicitamos, lo pedimos por todos los habitantes, todo el pueblo”.
Pidió a las autoridades “que no cierren los ojos a la realidad de violencia que estamos teniendo en el estado de Chiapas (…) la violencia que se ha disparado, se ha disparado y no sabemos si va a disminuir, más bien pensamos va en aumento, un creciente aumento”.
Por su parte, representantes de los feligreses explicaron que como pueblo organizado están trabajando para terminar con la violencia “pero con una diferencia muy grande, nosotros no optamos por las armas, sino con nuestra palabra como Diócesis de San Cristóbal, buscamos una lucha sin violencia (…) somos un pueblo que queremos caminar con una paz, que el pueblo también sienta que sí se puede vivir con esa paz”.
Compartimos estos comunicados de Amigos de la Tierra America Latina y El Caribe ATALC, la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el asesinato del Padre Marcelo Pérez Pérez – a 21 y 22 de octubre del 2024
Repudiamos el asesinato del Padre Marcelo Pérez Pérez
Solidaridad Internacionalista con los pueblos mexicanos
El día 20 de octubre a las 7:30 de la mañana el Padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de la Iglesia de Guadalupe de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, fue asesinado después de haber oficiado misa en un barrio de dicha ciudad.
Marcelo Pérez Pérez era un indígena de la etnia maya tsotsil que había sido párroco en diferentes municipios de la región Altos del estado de Chiapas, desde donde defendió incansablemente los derechos de los pueblos originarios. Fue un valiente defensor de la Madre Tierra y los territorios, así como un decidido promotor de la paz y de la justicia.
A causa de su trabajo, el Padre Marcelo fue víctima de muchas amenazas, incluidos por lo menos cinco atentados contra su vida. En diversos espacios y medios se denunció la vulnerabilidad en la que se encontraba. Sin embargo, el Estado mexicano fue incapaz de garantizar su seguridad y por esta razón, desde 2015 el Padre Marcelo contaba con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al final resultaron insuficientes.
Desde Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) expresamos nuestra consternación por el asesinato de Marcelo Pérez Pérez y exigimos al Estado mexicano que cumpla con su deber investigando con profesionalismo el terrible crimen y llevando ante la justicia a los responsables. No aceptaremos la perpetuación de la impunidad que se ha generalizado en México en las últimas décadas y que tiene a varias regiones del país, incluido el estado de Chiapas, sumidas en la peor espiral de violencia de su historia reciente.
Creemos que únicamente mediante la lucha contra la impunidad, es posible evitar que estos hechos se repitan. A la comunidad internacional, a las organizaciones y movimientos sociales de América Latina y el Caribe y de diferentes partes del mundo les llamamos a denunciar este crimen, y a mantenernos en alerta permanente frente a los atentados e injusticias contra los que defienden la vida.
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe / 21 de octubre de 2024
@atalc
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA
Expresamos dolor e indignación por el asesinato del Padre Marcelo Pérez Pérez.
Expresamos nuestra profunda indignación y dolor ante el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez quien, durante años, denunció la violencia criminal y los actos crueles cometidos contra las comunidades Chiapas, gran defensor de derechos humanos, de la tierra y el territorio. Incansable constructor de paz.
A pesar de las múltiples amenazas, difamaciones y hostigamientos, su voz se mantuvo firme, señalando la urgencia de abordar la violencia en Chiapas. Hoy lamentamos que su vida haya sido arrebatada en un acto atroz, el cual refleja la creciente impunidad y la grave crisis de violencia que vive Chiapas.
Padre Marcelo caminó con el pueblo indígena de Chiapas para defender a la madre tierra y denunciar los proyectos extractivos, realizó un gran trabajo por denunciar la minería y sus consecuencias a los bienes naturales, siempre solidario con las luchas, animador de la esperanza.
Querido Marcelo, tu voz nunca será callada, vivirá siempre en cada paso de nuestros actos de resistencia. Tu vida será legado y siempre nos convocará a seguir luchando por la justicia.
Nos unimos al clamor por justicia, exigiendo que se investigue y castigue a los responsables, tanto materiales como intelectuales, de este crimen.
Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH
¡ALTO A LA VIOLENCIA EN CHIAPAS!
Con mucho dolor, tristeza e indignación, condenamos el asesinato del defensor de derechos humanos y sacerdote/Padre tzotzil Marcelo Pérez Pérez al salir de dar misa la mañana del domingo 20 de octubre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el sureste mexicano
No más impunidad. No más violencia. Nos unimos a la demanda de que se tomen todas las medidas urgentes y necesarias para garantizar y proteger la vida, la integridad y la seguridad personal de las comunidades indígenas, incluidas las familias de los Bases de Apoyo Zapatista, evitando que la situación de violencia y riesgo denunciada en varias regiones de Chiapas empeore. Exigimos justicia y protección para todos y todas las defensoras. #JusticiaPorElPadreMarcelo#AltoALaViolencia#Chiapas
Lamentamos y denunciamos el asesinato del Padre Marcelo Pérez
El Padre Marcelo Pérez fue un destacado defensor de la Madre Tierra y los derechos humanos, comprometido con la justicia social y la reconciliación para la construcción de paz. Debido a su labor de defensa, se encontraba en una situación de riesgo inminente. En este contexto, desde el año 2015, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares para su protección.
El asesinato del Padre Marcelo Pérez es una muestra más del alarmante aumento de la violencia en Chiapas denunciado por diversos movimientos y organizaciones. Desde hace varios años, las y los miembros de la Red-DESC han reflexionado sobre la economía política de la violencia, o las causas estructurales que llevan a contextos de creciente violencia y represión en muchas comunidades, lo que en última instancia señala cómo los distintos grupos e individuos se benefician económicamente del aumento de la violencia o utilizan la violencia para proteger sus intereses económicos. Este escenario constituye un riesgo aún mayor para las personas, movimientos y organizaciones que defienden a la Madre Tierra y los derechos humanos.
Lamentamos que sean las propias autoridades quienes ubiquen en mayor vulnerabilidad y riesgo a quienes defienden los derechos humanos, criminalizando sus acciones y vinculándolos como sospechosos de la comisión de delitos. Ese fue el caso del Padre Marcelo y de otras personas que han sido involucradas, por ejemplo, en el conflicto de la comunidad de Pantelhó.
La Red-DESC se une a la exigencia a las autoridades de los tres niveles de gobierno en México para realizar una investigación que acerque a la verdad y la justicia sobre este terrible asesinato. De igual forma, exigimos que el Estado mexicano aborde la situación en Chiapas con una perspectiva de derechos humanos y de reconstrucción del tejido social en las comunidades particularmente indígenas asoladas por la violencia al servicio de intereses privados y frecuentemente generada por diversos grupos pertenecientes al crimen organizado.
Comunicado de Otros Mundos ante el vil asesinato del querido Padre Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas – A 20 de octubre del 2024
Hoy a las 7:30 de la mañana fue asesinado en el barrio de Cuxtitali, de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el Padre Marcelo Pérez Pérez, indígena tsotsil, defensor de la Madre Tierra y los derechos humanos, promotor de la paz y reconciliador comunitario que vivió para servir a las comunidades indígenas y mestizas que acompañó.
Durante su desempeño pastoral, el Padre Marcelo desafió a los poderes formales y de facto que atentaran contra los intereses colectivos de los pueblos originarios. Desempeñó un papel decisivo en la mediación de diversos conflictos inter e intracomunitarios y su palabra solidaria hizo eco allí donde hubiera una causa justa que defender. Por todo ello, fue descalificado, amenazado, perseguido y calumniado. Hoy las amenazas se hicieron dolorosa realidad.
Desde Otros Mundos Chiapas A.C. expresamos nuestra indignación ante un hecho atroz largamente anunciado. Exigimos el esclarecimiento puntual del crimen y la aplicación de la ley. Rechazamos cualquier intento de minimizar el caso y presentarlo como un hecho aislado de violencia. Tampoco aceptaremos ninguna acción que perpetúe la impunidad que caracteriza a la justicia en México, sobre todo en el estado de Chiapas.
Marcelo Pérez Pérez, de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, pugnó por los procesos de diálogo y pacificación. Por su labor recibió amenazas de muerte, difamaciones y una orden de aprensión.
La mañana de este domingo fue asesinado por disparos de armas de fuego el sacerdote indígena tsotsil Marcelo Pérez Pérez, cuando salía de oficiar una misa transitaba por una de las calles de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.
En los últimos años, Marcelo Pérez había recibido amenazas de muerte, difamaciones constantes, y tenía una orden de aprensión en su contra, por su trabajo como mediador en el conflicto que se vive en el municipio de Pantelhó, donde un grupo armado y un grupo de autodefensas mantienen una disputa desde julio de 2021, año en que estalló la violencia en esta y otras regiones de Chiapas.
A raíz de estas amenazas, la Diócesis decidió trasladarlo de la parroquia de Simojovel, en donde se encontraba, a la parroquia de Guadalupe, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.
Desde su nueva sede, Marcelo Pérez siguió trabajando en los procesos de pacificación y denunciando la situación que se vive en Chiapas.
“Chiapas es una bomba de tiempo, hay muchos desaparecidos, muchos secuestrados, hay muchos asesinados por la presencia del crimen organizado en Chiapas”, fueron las palabras que pronuncio durante la entrevista que dio el pasado 13 de septiembre, durante una multitudinaria manifestación que se dio en la capital del estado, por la parte de feligreses de las tres Diócesis de Chiapas, para exigir la paz en Chiapas.
Esta mañana, había acudido al barrio de Cuxtitali, en donde ofició una misa que le pidieron los feligreses del lugar. Al salir fue que recibió disparos con arma de fuego. Aún no hay una versión de la Fiscalía de Justicia sobre los hechos. El Arzobispo Rodrigo Aguilar confirmó los hechos, “oremos y sigamos buscando la paz con verdad y con justicia”, dijo el líder religioso.
Compartimos esta carta del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM en solidaridad con una comunidad que resiste a la palma de aceite en Indonesia -A 10 de octubre del 2024
Llamamos a grupos, organizaciones y movimientos a apoyar esta carta en solidaridad con las familias campesinas que defienden su territorio frente a los intentos de la empresa Wilmar International de convertir sus arrozales en plantaciones industriales de palma aceitera.
Desde el 4 de octubre, campesinos de la comunidad de Nagari Kapa, en Sumatra Occidental, Indonesia, se enfrentan a violentos ataques y detenciones policiales. Su “delito” es defender su territorio y su dignidad frente a los intentos de la empresa PT PHP I, filial de la transnacional Wilmar International, de convertir los arrozales de la comunidad en plantaciones industriales de palma aceitera.
Con esta carta pública urgente que presentamos a continuación, expresamos nuestra solidaridad con la comunidad de Nagari Kapa. La carta hace un llamado a las instituciones gubernamentales y a la Policía indonesias a que frenen nuevas agresiones y actos de violencia contra los campesinos de Nagari Kapa y aceleren el proceso de reforma agraria en curso.
Compartimos esta carta abierta dirigida a la presidenta de Honduras con el fin de pedirle que garantice justicia por el asesinato de Juan López, cede a la violencia hacia defensores y defensoras y protección a los derechos humanos – A 27 de septiembre del 2024
CARTA ABIERTA A XIOMARA CASTRO, PRESIDENTA DE HONDURAS, ENVIADA POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN REACCION AL ASESINATO DE JUAN LÓPEZ
27 de septiembre de 2024
Señora Presidenta Xiomara Castro Sarmiento Presidenta de la República de Honduras
Señora Presidenta,
Las organizaciones abajo firmantes, expresamos nuestra profunda preocupación y consternación por el reciente asesinato de Juan López, defensor ambiental y regidor municipal de Tocoa, ocurrido el pasado 14 de septiembre. Juan López era un líder incansable en la defensa de la montaña de Botaderos, el parque nacional Carlos Escaleras, y los ríos Guapinol y San Pedro. Su labor de defensor ambiental así como su lucha contra la corrupción, eran vitales para la preservación de los derechos humanos y la justicia en Honduras. Lamentablemente, este asesinato refleja un patrón alarmante de violencia contra defensores del medio ambiente en su país. De acuerdo con Global Witness, en 2023 fueron asesinados 18 defensores del ambiente y de los territorios, la tasa más alta de homicidios en el mundo.1
Reconocemos y lamentamos también el rol de Estados Unidos con sus políticas fallidas hacia Honduras (el apoyo tácito al golpe de estado de 2009 y los 12 años siguientes de narco -gobiernos) que contribuyeron a facilitar e incrustar las estructuras del crimen organizado y corrupción que resultaron en el asesinato de Juan López.
Sabemos que Juan López había denunciado amenazas provenientes de actores políticos y económicos, incluyendo el alcalde de Tocoa, Inversiones los Pinares, Grupo EMCO e Inversiones Ecotek. Nos preocupa profundamente que, a pesar de contar con medidas de protección del Mecanismo de Protección para Defensores, Periodistas y Abogados, y las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado de Honduras no haya garantizado la seguridad de Juan López.
Por lo anterior, nos dirigimos a usted para solicitarle que se adopten medidas urgentes para garantizar la protección efectiva de la vida e integridad personal de las personas defensoras de derechos humanos, del ambiente, del agua y de los territorios en Honduras. Ninguna persona debiera perder la vida por luchar por los bienes colectivos que garantizan el bienestar del pueblo hondureño.
Asimismo, nos dirigimos a usted para pedirle que busque el apoyo de instancias internacionales como el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y naciones unidas para poner en marcha una investigación rigurosa, imparcial y eficaz, que permita identificar tanto a los autores materiales como a los intelectuales detrás de este crimen. El asesinato de Juan López no puede quedar en la impunidad, y es esencial que el Estado hondureño tome medidas inmediatas y contundentes para garantizar la protección de los defensores de derechos humanos. Los responsables deben ser procesados y llevados ante la justicia sin demora.
El lento avance y los resultados de investigaciones de asesinatos de defensores de derechos es lo que nos hace pensar en la necesidad de un acompañamiento internacional para la fiscalía y una veeduría en los procesos penales. La lucha contra la impunidad es uno de los mayores desafíos que enfrenta el país.
En este marco también, es imperante aprovechar esta coyuntura para avanzar hacia la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). La creación de esta comisión representaría un paso decisivo en la lucha contra la corrupción, al tiempo que ofrecería garantías efectivas para la protección de defensores de derechos humanos y ambientales, evitando así que crímenes como el asesinato de Juan López queden en la impunidad.
La violencia contra los defensores del medio ambiente y los derechos humanos es un grave daño para toda la sociedad hondureña. Esperamos que bajo su liderazgo se prioricen acciones que permitan la protección de quienes trabajan en la defensa de los territorios, del ambiente y del agua.
Esperamos su compromiso firme en la protección de los derechos humanos y quedamos a disposición para colaborar en cualquier acción que garantice un cambio real en esta situación.
Atentamente, Alianza Americas Sin Fronteras IAP Unitarian Universalist Service Committee (UUSC) Clima21 Asociación Pop No’j Climate Refugees Caleidoscopio Humano Vicerrectoría de Proyección Social de la UCA de El Salvador Centro de Desarrollo Humano. CDH Centro San Bonifacio Friends of Swazi Freedom Center for Gender & Refugee Studies INVER-SANTA MARTA CoDevelopment Canada University of Guelph Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC-SJ Red Jesuita con Migrantes Latinoamérica y el Caribe (RJM LAC) Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica y el Caribe – JRS LAC Utsil Kuxtal (México) Resistencia Civil de Candelaria Ciencia social alternativa ac Kanan’tzonot Church World Service EDUCACIÓN, CULTURA Y ECOLOGÍA, A.C. Albergue Decanal Guadalupano /Oasis Providencial Comunidades Sin Fronteras CFS – CT INC Root Causes Initiative – Iniciativa Causas Raíz COPINH. Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos CIPRODEH MAS Movimiento Ambientalista Santabarbarense Amismaxaj SITRASEMCA RED DEPARTAMENTAL DE MUJERES DE SANTA BÁRBARA FRP- Libre Colón GRUFIDES Movimiento ambientalista santabarbarense (MAS) Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales Red de Mujeres Santa Bárbara Comité intersectorial de salud Massvida Movimiento de mujeres por la Paz Visitacion Padilla Red de mujeres Departamental ADERITAC COMDECUN MNI-GR COPA Otros Mundos Chiapas SITRAINA Comdecun Red contra la Violencia Antisindical Sintraho Red contra la Violencia Antisindical Colegio de Pedagogos de Honduras Caja Rural de ahorro y Crédito Vision y Hermandad Sitrainfop Ecodesarrollo Sindicato de Trabajadores de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (SITRAAHAC) SIEMPE Sindicato de trabajadores de la empresa Southern Apparel Contractors Asociación de Mujeres Indígenas de Santa Maria Xalapan Jalapa – amismaxaj Asociación Feminista Trans AFET Las Voces de Esperanza/Red de mujeres Red Feminista Defensora de Derechos de la Mujer del Occidente Festagro Sitradahsa Red contra la violencia antisindical Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán Fsar Defensoras y defensores de la vida y la pachamama cajamarca Hermanas de la Misericordia en Honduras Sitraaventh Latin America Working Group (LAWG) Plataforma Agraria APOMUH ADERITAC Red Contra la Violencia Antisindical Sisters of Mercy of the Americas – Justice Team, Washington, DC Office Asociación de Mujeres Luchadoras Tejiendo Sueños Cajamarca Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) Biis Iguana A. C Sindicato de trabajadores de la empresa southern apparel contractor Hope Border Institute – Instituto Fronterizo Esperanza Secours Catholique Caritas France NISGUA COPA Misioneras ICM Caminata Ecologica Plataforma Internacional contra la Impunidad Defenza del Territorio y el Rio Atenco. REMA Otras Voces por la Tierra EDUCE Red contra la violencia antisindical FRP Libre Tocoa y C. J. P. Diosesis de Trujillo.
