Petición: Justicia para Berta Cáceres: No Más Impunidad

Compartimos la siguiente petición hecha por el Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta – A 6 de septiembre del 2023

Hoy nos unimos como voz colectiva, firme y decidida, para exigir justicia y rendición de cuentas en el caso del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, una valiente defensora de los derechos humanos y el medio ambiente. Berta fue cruelmente asesinada debido a su inquebrantable lucha en defensa del pueblo Lenca y de nuestros preciosos recursos naturales. A pesar de que algunos autores materiales han sido enjuiciados, los responsables intelectuales aún permanecen impunes, incluyendo a la familia Atala Zablah. Hace 3 años que esperamos la sentencia de los siete hombres condenados por su crimen y aún no hay justicia. Y desde 2022 esperamos que se confirme la sentencia de David Castilo.

Han transcurrido 7 años desde que perdimos a Berta, y seguimos exigiendo que se haga justicia. Nuestro objetivo es presionar a las autoridades estatales de Honduras para que avancen en la búsqueda de justicia por Berta Cáceres y asegurar que los responsables intelectuales sean llevados ante la justicia. También exigimos que sean confirmadas las sentencias de los condenados por su crimen y de David Castillo.

El asesinato de Berta no fue solamente un crimen, sino también un feminicidio político que resalta la urgente necesidad de justicia para quienes defienden nuestros territorios ancestrales. La búsqueda de justicia para Berta es una lucha que trasciende su persona, es una lucha por nuestros territorios y por el respeto a nuestras comunidades indígenas.

Las comunidades indígenas son la evidencia viva de que los proyectos extractivistas financiados por bancos internacionales no equivale a desarrollo, sino un saqueo de nuestros territorios. La impunidad no puede ser una opción: Berta fue una incansable defensora de los derechos humanos y del medio ambiente; su lucha continúa en su memoria.

Por lo tanto hacemos un llamado a las instituciones del Estado a actuar de manera urgente:

A la Corte Suprema de Justicia presidida por la magistrada Rebeca Ráquel, para que confirme las sentencias ya emitidas.
Al Ministerio Público (Fiscalía) para que realice las capturas y enjuiciamiento de todas las personas responsables.
Al Congreso Nacional, presidido por Luis Redondo, y al poder ejecutivo, presidido por Xiomara Castro, para que realicen los cambios normativos y de política pública para que se garantice la justicia, reparación, verdad y garantías de no repetición para todas las víctimas, comunidades indígenas y personas defensoras de los territorios, por los crímenes cometidos.
Firma la petición y únete a nosotros/as en la búsqueda incansable de justicia y en la preservación del legado de Berta Cáceres.

Gracias por tu apoyo.

“Justicia para Berta, es un grito que no se apaga y una lucha que nos descansa”

#JusticiaParaBerta #FaltanLosAtala

Oaxaca: Aumenta violencia contra activistas que se oponen al Corredor Interoceánico

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la resistencia en el Itsmo de Tehunatepec ante el corredor interoceánico – A 16 de agosto del 2023

PorRenata Bessi

El día de ayer, 15 de agosto, se llevó a cabo una audiencia del proceso penal en contra del defensor de derechos humanos David Hernández Salazar, acusado de ataques a las vías de comunicación y daños por incendio, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

El defensor de derechos humanos ha sido criminalizado por su rol activo en la reivindicación del derecho al territorio de la comunidad indígena binnizá de Puente Madera, al protestar contra de la instalación, en sus tierras comunes, del Parque Industrial Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI) en el marco del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que se planea conectar con otro proyecto de inversión a gran escala, el llamado Tren Maya.

Salazar encabezó actos de protesta, por los cuales, en mayo de 2021, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Municipio de San Blas Atempa lo denunciaron penalmente.

En una rueda de prensa, realizada el 16 de agosto, aclararon que durante la audiencia se admitió en el proceso las periciales presentadas por la defensa de Salazar donde comprueban la inocencia del indígena.

Sin embargo, la Fiscalía y el Ministerio Público de Tehuantepec decidieron continuar con el proceso penal, basados en “testimonios y declaraciones falsas”, señala Mario Quintero, integrante de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIDTT).

La siguiente audiencia ocurrirá en aproximadamente un mes para desahogo de las pruebas.

Además de la criminalización enfrentada por David Hernández Salazar, 17 integrantes más de Puente Madera han corrido con la misma suerte y cuentan con carpetas de investigación en su contra y órdenes de aprehensión.

La organización de derechos humanos Front Line Defenders expresó su preocupación por los actos de criminalización y violencia hacia Salazar y las demás personas defensoras de derechos humanos del APIIDTT.

La organización insta a las autoridades de México a retirar los cargos en contra de las 18 personas y las investigaciones y órdenes de aprehensión en contra de las y los integrantes de la comunidad indígena binnizá de Puente Madera y garantizar su derecho al debido proceso.

Acoso y violencia

La comunidad de Puente Madera y la APIDTT divulgaron un historial detallado de todos los incidentes de seguridad que han ocurrido contra sus miembros. El acoso y violencia se han intensificado justo después de que la Asamblea General Comunitaria de Puente Madera se amparó contra la declaratoria del PODEBI en San Blas Atempa en juzgados federales en materia de derechos humanos.

El 6 de junio de 2023, el juez decidió por la suspensión de oficio y de plano contra la declaratoria y el PODEBI en favor de Puente Madera.

El mismo día, alrededor de las 19h30, vehículos del ejército mexicano ingresaron a Puente Madera, instalándose en el puente, al interior de la comunidad a unos metros de la Agencia y la Radio Comunitaria, revisando con violencia a los habitantes que transitaban, sin dar ninguna explicación, relataron miembros de la Asamblea.

El 20 de junio de 2023, el gobierno federal hace pública las licitaciones de todos los PODEBI del CIIT. Por el amparo interpuesto, no aparece el PODEBI de San Blas Atempa.

Salazar señala que han tenido vigilancia constante por parte de la Guardia Nacional, Ejército mexicano, de la Policía Estatal y de la Marina. “Hemos tenido mucha intimidación, han entrado al pueblo, han implementado puestos de control cerca de las escuelas, han detenido compañeros sin ninguna explicación, esto vemos claramente como acto de intimidación hacia nosotros, hacia a esta comunidad”, dice.

Las oficinas de la APIDTT, en Juchitán, y las casas de miembros de la Asamblea también han sido vigiladas por personas armadas. Las llamadas anónimas que difunden amenazas también son constantes.

Otra de las estrategias de intento de intimidación son las llamadas telefónicas indirectas. El 10 de agosto de 2023, alrededor de las 22h30, Salazar recibió, a través de su número personal, un mensaje de una persona conocida en la comunidad que le preguntó sobre el paradero de Mario Quintero, así como sus informaciones personales.

Sin embargo, esta persona de la comunidad hizo las preguntas en nombre de personas del Ejército mexicano con sede en la Zona Militar de Ixtepec. En el mensaje que recibió Salazar se añadió audios de militares para “invitar a Mario a una comida”. El audio fue divulgado por la APIDTT durante la rueda de prensa.

“Accidentes”

El 14 de julio de 2023, alrededor de las 21h30, dos habitantes de Puente Madera viajaban en un pointer rojo rumbo a la terminal de autobuses de Tehuantepec, a la altura del Rancho Los Caporales, a unos metros del entronque de Puente Madera, cuando fueron embestidos por un Jetta gris. Juan Cortés Meléndez, de 31 años, perdió la vida al instante. El copiloto, Kevin Alberto Solorzano Cortés, de 17 años, falleció días después en terapia intensiva.

El 19 de Julio de 2023, ocurre otro “accidente”. Viajaban en una camioneta de redila David Hernández Salazar y Guadalupe Ríos Maldonado. A las 15h30, fueron embestidos por una camioneta de 3.5 toneladas, a unos kilómetros de la entrada de Puente Madera, a la altura de la mojonera de Tehuantepec. Aunque la camioneta en la que viajaban quedó con daños irreparables, ninguno de los dos resultó con daños físicos.

“Lo que vemos es que se intensifican amenazas y persecución mediante los avances jurídicos y organizativos que se tiene como comunidad”, sostiene Quintero.

“No hay conflicto”

Los integrantes de Puente Madera y de la APIDTT también respondieron al intento del titular de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca (SEGO), Jesús Romero López, de invisibilizar el conflicto que se ha instalado en el Istmo de Tehuantepec con la llegada de la implementación del Corredor Interoceánico.

El último sábado (12), el funcionario de gobierno dijo a los medios de comunicación: “Solamente vemos dos problemas, el que existe en San Blas Atempa, que es un litigio que está en el Tribunal Agrario y el de Santa María Mixtequilla, donde se está dialogando”.

“No es solo un juicio agrario o una disputa local por tierras. Lo que está puesto es la imposición de un gran proyecto de dimensiones catastróficas para los pueblos indígenas, para el medio ambiente y que tiene una dimensión geopolítica, con intereses de Estados Unidos y China”, declara Quintero.

Además, Romero López minimizó el trabajo de los integrantes de la Misión Civil de Observación, quienes visitaron comunidades impactadas por el Corredor Interoceánico y clasificó sus conclusiones como “sesgadas”.

Los integrantes de las 23 organizaciones que formaron parte de la Misión encontraron violaciones a los derechos humanos, agresiones contra activistas defensores de la tierra y la criminalización de las comunidades indígenas, con más de 40 carpetas de investigación.

Imagen: En portada: Habitantes de Puente Madera reciben a activistas y organizaciones para denunciar los efectos negativos del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Foto: El Sur Resiste

COPINH: ¡Basta de impunidad! David Castillo y todos los culpables de la corrupción que asesinó a Berta Cáceres deben ser condenados

Compartimos este comunicado del Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta – A 20 de julio del 2023

La justicia en el único caso sobre redes de corrupción en el otorgamiento ilegal de concesiones para explotación de recursos en territorios indígenas de Honduras está en peligro por retrasos injustificados.

David Castillo, el delincuente que articula la red criminal de fraude al Estado y al pueblo indígena Lenca busca que en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se le otorgue el beneficio de amnistía y por consiguiente, ser liberado del caso por corrupción denominado “Fraude Sobre el Gualcarque”.

El juicio por corrupción ha terminado demostrando la responsabilidad de Castillo y las demás personas imputadas, sin embargo, no hay una sentencia debido que Castillo busca impunidad mediante un recurso de amparo para ser amnistiado, solicitud que ya le ha sido negada en múltiples ocasiones.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le denegó el recurso de amparo desde octubre de 2022, sin embargo, debido a la falta de resolución de un recurso desde hace más de cuatro meses, se mantiene en impunidad el caso.

El decreto de amnistía (4-2022), busca beneficiar a víctimas del Golpe de Estado de 2009. David Castillo, coautor del asesinato de Berta Cáceres, por el contrario, fue un beneficiado del Golpe de Estado.

La pretensión de David Castillo y su defensa legal de someterse a la amnistía es la confesión de su responsabilidad penal por corrupción y su imposibilidad de desestimar los cargos.

Por todo lo anterior el COPINH demanda:

1. Que la Sala de lo Constitucional resuelva sin retraso el recurso pendiente para poder continuar con el proceso y emitir un fallo condenatorio en el caso de Fraude.

2. Que la fiscalía especial UFERCO continúe en la investigación y enjuiciamiento de todas las demás personas involucradas en los delitos de corrupción de la empresa de los Atala Zablah que llevaron al asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.

3. Reiteramos al Estado de Honduras la urgencia de cancelar de manera responsable e inmediata la ilegal, violenta y corrupta concesión del Proyecto Agua Zarca sobre el sagrado río Gualcarque.

“Han creído que la impunidad es eterna. Se equivocan. ¡Los pueblos saben hacer justicia!”


Dado en La Esperanza, Intibucá a los 20 días del mes de julio de 2023

Las Abejas de Acteal conmemoran el 2do aniversario del asesinato de Simon Pedro y condenan la violencia en Chiapas

Compartimos el siguiente comunicado de La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal en e 2do Aniversario del asesinato de nuestro compañero y amigo Simón Pedro – A 5 de julio del 2023

Manifestamos nuestra preocupación por la violencia gravemente en Chiapas, porque vemos a las personas que pueden quedar muertos en donde quiera como si fueran animales, mientras el gobierno federal, hace declaraciones públicas afirmando que no está pasando nada en el estado de Chiapas;

Hermanas y hermanos: 

La memoria de nuestro hermano Simón Pedro nos ha reunido en este día, aquí estamos para honrarla. No olvidamos el crimen vergonzoso que le quitó la vida a nuestro hermano y, sobre todo estamos aquí para seguir exigiendo justicia verdadera y hasta encontrarla.

Estamos aquí en donde fuera la casa y comunidad de Simón Pedro para decirle a su familia, a su pareja, a sus hijas e hijos; a sus papás, a su hermano y hermana, que no están solas y solos, que nunca los abandonaremos en estos tiempos difíciles, de oscuridad y violencia en Chiapas.

Hoy 5 de julio de 2023, se cumplen dos años del asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, hace dos años que se oscureció el día, porque un hombre cegado por el odio, contratado por criminales y con la permisión del mal gobierno de Chiapas y de México, fue muerto a balazos un compañero pacifista, defensor de derechos humanos y de la vida, al igual como lo hicieron un grupo de paramilitares priistas y cardenistas de Chenalhó bajo la orden directa del mal gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León en el marco de la guerra de contrainsurgencia de Chiapas inscrito en el Plan de Campaña Chiapas 94, la de masacrar a 45 hombres, mujeres, niñas y niños, ancianos y ancianas y más 4 bebés que fueron sacados con machetes del vientre de sus madres en Acteal el 22 de diciembre de 1997.

Han pasado ya dos años de que nos hayan quitado la vida de nuestro compañero Simón Pedro, y durante 730 días, tanto la familia de Simón Pedro como nuestra Organización Las Abejas de Acteal y el Frayba tuvimos que pasar burlas y desgastes de parte del mal gobierno de Chiapas a través de su Fiscalía General del Estado (FGE), la de posponer una y otra vez las audiencias que en respectivos momentos los denunciamos públicamente.

Aunque con tantas trabas y engaños se pudo condenar al autor material del asesinato de nuestro compañero Simón Pedro, sin embargo, no es la justicia verdadera que queremos, sino una justicia a medias porque en el juicio no se tomó en cuenta la labor de nuestro compañero Simón Pedro en la defensa de derechos humanos y de la vida, además de que pertenecía a una organización pacifista, misma a la que pertenecían los 45 mártires de Acteal más los 4 bebés no nacidos. Y lo peor es que nunca se tomó en cuenta en el juicio la investigación de los autores intelectuales del asesinato de nuestro hermano; con este tipo de justicia no garantiza mínimamente la no repetición de hechos tan lamentables como el caso de Simón Pedro.

En el marco de la conmemoración de los dos años del asesinato de nuestro compañero Simón Pedro, manifestamos nuestra preocupación por la violencia gravemente en Chiapas, porque vemos a las personas que pueden quedar muertos en donde quiera como si fueran animales, mientras el gobierno federal, hace declaraciones públicas afirmando que no está pasando nada en el estado de Chiapas; en específico el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en su conferencia en el palacio nacional cuando se refirió a las agresiones de los paramilitares contra las bases de apoyo del EZLN en la comunidad Moisés Gandhi, que “no hay una agresión como tal”. Estos tipos de declaraciones nos confirman que sea quien sea el gobierno en el poder, nunca dicen la verdad, o no les preocupa la vida de la gente de la que dicen “gobernar y servir”. No sabemos si se acuerdan, pero a nosotros nunca se nos va a olvidar, cuando estaba sucediendo la masacre de Acteal, el Padre Gonzalo Ituarte quien fuera secretario de la desaparecida Comisión Nacional de Intermediación, se comunicó directamente con el entonces secretario de gobierno de Chiapas Homero Tovilla Cristiani, y este funcionario estatal, respondió, “no está pasando nada, está todo bajo control, hubo unos disparos, pero nada de qué preocuparse”.

Y por si fuera poco, justo unos días antes de esta conmemoración de los dos años del asesinato de Simón Pedro, ahora en Pantelhó como en el municipio de Chenalhó, de la misma violencia que arrebató la vida de nuestro compañero, ahora se ha vuelto, más bien dicho, nunca se ha calmado, porque como ya lo dijimos, los gobiernos estatal y federal no les interesa la paz, porque ahora están ocupados en preparar sus campañas políticas para mantenerse en el poder a costa de la sangre del pueblo mexicano.

Ante la incertidumbre, ante la ingobernabilidad, ante la violencia generalizada y ante la infamia que se está viviendo actualmente en Chiapas y en la región en la que vivía nuestro compañero Simón Pedro; nosotros como Organización Las Abejas de Acteal, invitamos a toda la gente que también no quieren la guerra y la violencia y que también luchan contra las injusticias y las violaciones graves de derechos humanos a que organicen acciones pacíficas para denunciar a nivel mundial la destrucción y el exterminio que estamos viviendo en Chiapas en estos momentos; porque los que dicen ser gobiernos, estarán tranquilos viéndonos desde sus curules, sentados desde su silla presidencial, desde el balcón de sus palacios de cómo se derraman sangre inocentes como lo ocurrido con Simón Pedro y de muchas y muchos defensores de derechos humanos y de la vida en todo México.

Ante todo lo anterior, les pedimos no nos dejen solos en nuestra exigencia de justicia verdadera del asesinato de Simón Pedro; queremos su valioso apoyo y palabra para que juntos exijamos al gobierno estatal y federal:

Primero: A que el Poder Judicial y el Estado, no dejen libre al autor material del asesinato de Simón Pedro, ya que sus abogados interpusieron una apelación de la sentencia condenatoria de los 25 años que actualmente purga en el penal de El Amate, Chiapas.

Segundo: Que inicien una investigación verdadera hacia los autores intelectuales de dicho crimen.

Tercero: Que no permitan más asesinatos en contra de defensores de derechos humanos y de la vida, tanto en Chiapas como en el resto del país.

Hermanas y hermanos; que la sangre de nuestro compañero Simón Pedro, no haya sido en vano, que sea siempre la semilla de la paz, de la memoria, de la verdad y de la justicia que tanto anhelamos. Y que sus hijas e hijos vivan, trabajen y jueguen en paz en su casa, en su comunidad y adonde quiera que vayan, tengan seguridad de su integridad física y psicológica; y nunca más vuelvan a sufrir un hecho lamentable como lo padeció Simón Pedro.

Aunque haya dolor en nuestro corazón, confiamos en Dios Padre-Madre que ellos siempre nos guiarán a buscar la justicia y la paz verdaderas. Y que hoy la memoria de Simón Pedro nos ayuda a recordar que nuestra misión de trabajar por la paz y la vida no se termina, sino que sigue hasta donde sea necesario.

Queremos terminar nuestra palabra, agradeciendo a las personas que hoy nos acompañan, ya sean periodistas, fotógrafos, reporteros, medios libres y medios convencionales, así también a las y los defensores de derechos humanos en especial al Frayba que siempre han caminado con nosotros y ha llevado el proceso jurídico del asesinato de Simón Pedro; también agradecemos al acompañamiento del Obispo Rodrigo de nuestra Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, nos da mucho gusto que nos haya venido a acompañar hasta la comunidad de Simón Pedro, en donde viven su esposa, hijas e hijos. Así mismo agradecemos a las autoridades del ejido Israelita que nos hayan recibido en esta comunidad.

Y gracias infinitos a la memoria de Simón Pedro, que nos reunió en este día y dar motivo de decir la verdad y, que su alma y espíritu lleve toda nuestra plegaria, palabra, exigencia de justicia verdadera y nuestro anhelo de paz para nuestras comunidades hasta la presencia de Dios Padre-Madre, hasta el Corazón del Cielo y Corazón de la Tierra quienes nos abrazan en estos momentos.

Desde el ejido Israelita, municipio de Simojovel, Chiapas, lugar donde ha iniciado a crecer la semilla de la paz y memoria de Simón Pedro Pérez López; a 5 de julio de 2023.

Atentamente.

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. 

Imagen: Área de Comunicación Las Abejas de Acteal

Repudiamos el asesinato de Oquelí Domínguez Ramos, defensor del Río Guapinol

Repudiamos el as Compartimos este comunicado de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC – A 23 de junio de 2023

Amigos de la Tierra América Latina y Caribe (ATALC) se suma a las acciones de denuncia por el asesinato de Oquelí Domínguez Ramos, ocurrido el 15 de junio en el municipio de Tocoa, departamento de Colón. Además lamentamos que en el hecho resultara herida su madre Catalina Ramos. Oquelí era hermano de Ali Domínguez, quien fuese asesinado en enero,, ambos hermanos de Reynaldo Domínguez, reconocido defensor del río Guapinol.

El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa denunció públicamente que el crecimiento de los ataques de sicarios paramilitares se vincula a los proyectos mineros del conglomerado empresarial de fondos norteamericanos Grupo EMCO..

Nos solidarizamos con la familia Domínguez Ramos, demandamos justicia y que sean capturados y sometidos a la ley los responsables del crimen..

Teniendo en cuenta el riesgo constante al que se exponen las/os defensoras/es del territorio y de los derechos de los pueblos, demandamos además protección urgente a dirigentes/as de la Plataforma Agraria, de los Bienes Comunes y de COPA, así como protección para las comunidades indígenas, Misquitas, Tawakhas, Pech, Garífuna, Lencas, Tolupanes y defensores/as del ambiente en general.

Llamamos también a la comunidad internacional a denunciar el asesinato de Oquelí Domínguez Ramos y a mantenernos en alerta permanente y solidaridad activa con la familia Domínguez Ramos, la comunidad de Guapinol y el pueblo hondureño.

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
junio 20 de 2023

Foto: Comité municipal defensa bienes comunes y públicos Tocoa

(Enlaces de apoyo / referencia)
https://telesurtv.net/news/asesinato-lider-agua-guapinol-honduras-oqueli-dominguez-20230616-0014.html

Honduras: Asesinan a otro ambientalista en el Aguán

https://viacampesina.org/es/honduras-asesinan-a-otro-ambientalista-en-el-aguan/embed/#?secret=NDVqcJPn4l#?secret=WEMgZCBxvz

Honduras: Más sangre derramada en el Bajo Aguán

La familia de Mariano Abarca y la REMA presenta petición en contra de la diplomacia económica de Canadá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 8 de junio del 2023

Esta semana, representantes de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería y la familia del defensor chiapaneco Mariano Abarca estuvimos en Canadá para anunciar que hemos interpuesto una denuncia en contra de Canadá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La denuncia, interpuesta con la colaboración de dos organizaciones canadienses, el Proyecto para la Justicia y la Responsabilidad Empresarial y Alerta Minera Canadá, señala las acciones y las omisiones realizadas por la embajada canadiense en México y que incrementaron el peligro que corría Mariano Abarca antes de su asesinato, el 27 de noviembre de 2009.

Esta es la primera petición ante la CIDH que cuestiona la práctica de “diplomacia económica” de Canadá, una estrategia mediante la cual este país dirige los esfuerzos de todo su cuerpo diplomático para “atender las necesidades” de sus empresas en el extranjero y que, en la práctica, se realiza sin considerar los grandísimos daños que generan estas mismas inversiones en los países receptores, ni la violencia que gira en torno a éstas. La “diplomacia económica” es un mecanismo de presión corporativa que se hace utilizando los instrumentos del Estado canadiense. El caso de Mariano Abarca presentado en la denuncia ante la CIDH, así como en la petición presentada en contra de México por el mismo caso en 2017, resulta clave para entender la gravedad de esta estrategia corporativa, más aún considerando la terrible escalada de violencia en Chiapas y otros territorios del país, situación que profundiza los riesgos que enfrentan los pueblos que buscan defender sus territorios del extractivismo minero.

Mariano Abarca fue fundador de la REMA y padre de dos hijas y dos hijos. Desde 2008, inició una lucha junto con la organización Otros Mundos Chiapas, así como con otros defensores y defensoras del territorio y de la vida en el pueblo de Chicomuselo, en el estado de Chiapas, para evitar que la empresa minera canadiense Blackfire Exploration siguiera contaminando el agua y la tierra de su comunidad por la explotación de barita que se llevaba a cabo.

Desde antes de que Blackfirepusiera su mina en operación, la embajada tuvo conocimiento del descontento que había entre la población local frente a la empresa, y también tuvo información sobre Mariano y los riesgos que él enfrentaba al oponerse a este proyecto. En julio de 2009 Mariano viajó a la ciudad de México junto con compañeros de Chicomuselo y otros aliados para manifestarse frente a la embajada canadiense por lo que estaba pasando en torno a la mina de Blackfire. Ahí expusieron los impactos negativos ambientales y sociales, además de las amenazas que había recibido en su contra por su movilización. En documentos que nuestros aliados canadienses lograron obtener tras solicitudes bajo la ley de acceso a la información, pudimos percatarnos que la información que tuvo la embajada fue muy detallada. También, pudimos darnos cuenta de que la empresa consideraba esencialel apoyo de la embajada, primero, para arrancar su mina, y luego, para seguir operando pese a la oposición social del pueblo.

Antes de que lleváramos nuestra petición ante la CIDH en contra de Canadá, presentamos una denuncia ante el Comisionado por la Integridad de la Administración Pública en Canadá. Sin embargo, ahí nos encontramos con una gran falta de voluntad y de seriedad para investigar el caso, misma con que nos hemos topado en México, en donde vivimos en un contexto de impunidad para las empresas y quienes las apoyan. Por ello, queremos denunciar que, contrario al discurso del gobierno canadiense en torno a los derechos humanos y la responsabilidad social empresarial, el proceso que hemos recorrido en Canadá demuestra el singular interés del gobierno canadiense en promover y proteger el capital canadiense, no a las personas. En el curso de la revisión del caso que se ha hecho en las cortes federales, el gobierno canadiense “se defendió” argumentando que no son vinculantes sus compromisos con la vida de las y los defensores de los derechos humanos. La poca seriedad y poca profundidad con lo cual se ha tratado este proceso revela, además, un desprecio colonialista y una gran falta de respeto hacia quienes sufren los daños de la industria minera, dando prioridad al enriquecimiento de unos pocos empresarios a costa de la vida y la naturaleza.

Vale recordar que unos pocos meses después de presentar nuestra denuncia original, en febrero de 2018, el Comisionado negó una investigación, diciendo que las políticas de Responsabilidad Social Empresarial de Canadá, las declaraciones de representantes del gobierno, y los compromisos ante la ONU hechos por Canadá sobre la protección de las y los defensores de los derechos humanos “no son políticas oficiales del Gobierno de Canadá” y “no parecen dictar acciones específicas que la Embajada debería haber tomado o no en el momento pertinente, por lo que la Embajada no estaba obligada a seguirlas y, en consecuencia, no se justificaba ninguna investigación.

La corte federal y, posteriormente, la corte federal de apelaciones sostuvieron esta decisión. Para ello, hicieron casi nulo el análisis de toda la información que habíamos proporcionado. Sin embargo, el Juez Federal Boswell admitió: Sin duda, a los solicitantes les hubiera gustado quela Embajada hubiera actuado de cierta manera, y [de haber sido así] tal vez el Sr. Abarca no habría sido asesinado.

Ante la Corte Federal de Apelaciones, intervinieron tres grupos: Amnistía Internacional Canadá, Abogados Canadienses para los Derechos Humanos Internacionales con la Clínica de Justicia Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Columbia Británica, y el Centro para la Libre Expresión de la Universidad de Ryerson. Éstos argumentaron la obligación de Canadá de cumplir con el derecho internacional, de investigar y garantizar un remedio efectivo, y señalaron también que la ausencia de una investigación podría socavar la confianza que el público tiene en la administración pública. Sin embargo, nada de esto fue tomado en cuenta.

Al final, la Suprema Corte de Canadá no admitió nuestra solicitud de revisión del caso, a pesar de su importancia para las comunidades y las organizaciones de defensoras y defensores de la vida ante el despojo y la destrucción social y ambiental, y pese a haber cientos de empresas mineras canadienses operando alrededor del mundo, lo que representa un peligro cada vez mayor para las organizaciones que se oponen a estos proyectos.

Hoy, después de agotar los pocos e inadecuados mecanismos disponibles en Canadá, recurrimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir una respuesta que abra un camino hacia la justicia, la remediación y, sobre todo, hacia cambios de fondo dentro del modelo extractivo que exporta Canadá al mundo.

Considerando las condiciones actuales de tanta violencia en el país y frente a los daños a perpetuidad que siempre acompañan la minería, Canadá debe dejar de proporcionar cualquier apoyo diplomático a la codicia empresarial, misma que nos sigue despojando y matando en México y otras partes del mundo. Queremos que nuestra denuncia contra el Estado canadiense, interpuesta en la CIDH nos ayude a demostrar y argumentar la gravedad de esta estrategia corporativa, para establecer así un precedente sobre la responsabilidad que tienen los Estados, como Canadá, en la promoción, cobijo y complicidad que les brindan a sus empresas. Canadá está lejos de ser el único caso. Por ello hacemos un llamado al gobierno de México para que se de paso a la reparación de daños y la justicia en este caso, tal como planteamos en nuestra petición en contra de México ante la misma Comisión en el 2017, y actualizada en el 2020.

¡Basta de la impunidad por los crímenes de las empresas mineras en Canadá y México!

 ¡Detengan la diplomacia económica colonialista del gobierno canadiense!

 ¡Justicia para Mariano Abarca y todxs que han perdido la vida defendiendo su territorio!

Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería

El resumen de nuestra petición a la CIDH que se puede ubicar en: https://miningwatch.ca/sites/default/files/resumen_cidh_esp.pdf 

Más información:

En la prensa:

Conferncia de prensa: Canadá cerró sus puertas a la justicia para Mariano Abarca: ¿Qué sigue? – jueves 8 de junio

Jueves 8 de junio de 2023

11:00 am a 12:30 pm

Presencial: CENCOS, Medellín 33, Col. Roma, CDMX

En línea: https://www.facebook.com/cencos.org

Hace cinco años que, la familia del defensor chiapaneco Mariano Abarca, la REMA y otros aliados presentamos una denuncia administrativa al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá, exigiendo una investigación inédita sobre las acciones y las omisiones de la embajada canadiense en México por haber aumentado el peligro que corría Mariano durante las semanas y meses antes de su asesinato.

Durante todo el tiempo que Blackfire operaba en Chicomuselo, la embajada tuvo conocimiento detallado del descontento de la población local con la empresa, y también tuvo información sobre Mariano y los riesgos que enfrentaba. A pesar de esto, proporcionaba apoyo constante y significativo a la empresa. Esto se pudo evidenciar tras documentos obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información en Canadá. Sin embargo, después de agotar todas las instancias en Canadá, han negado abrir una investigación.

Hoy, en el maco de una terrible profundización de la violencia en los territorios, incluyendo a Chiapas y Chicomuselo, y ante la flagrante evidencia de como el gobierno canadiense sigue proporcionando un importante apoyo diplomático a las empresas mineras canadienses que permite la continuidad de la impunidad, así como la imposición de un modelo minero extractivo que destruye la vida de los pueblos, la familia de Mariano y algunos aliados informarán y compartirán los próximos pasos en su lucha por la justicia.

Con:

·  José Luis Abarca, abogado y hijo de Mariano Abarca

·  Esperanza Salazar & Libertad Díaz, Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA)

·  Shin Imai, abogado con el Proyecto para la Justicia y Responsabilidad Empresarial (JCAP)

·  Fabian Sánchez Matus, abogado con el Laboratorio de Litio Estructural

Para más información, contactar: Jen Moore, jen@ips-dc.org

Convocado por la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), Alerta Minera Canadá, y el Instituto de Estudios Políticos – Programa de Economía Global

Alto a las agresiones contra la población desplazada de Chilón, Chiapas

Compartimos este comunicado de la Clínica de Litigio y Formación en Derechos Humanos CLIFODH – A 30 de mayo del 2023

El pasado domingo 28 de mayo fue herido de bala MIGUEL MEJÍA GÓMEZ, originario de la comunidad San Antonio Patbaxil, municipio de Chilón, Chiapas. El joven de 27 años, padre de seis hijos, se encuentra desplazado junto con su familia y otros miembros de su comunidad en la Ranchería San Ramón, a causa de la violencia ejercida por personas armadas contra las familias y autoridades del Gobierno Comunitario del citado municipio.

El día de los hechos, Miguel salió de su domicilio para ir a trabajar en su parcela alrededor de las 5:00 hrs., cuando fue atacado por hombres armados quienes le dispararon directamente a la cara. El joven logró sobrevivir al ataque y fue trasladado, en un primer momento, al Centro de Salud de Chilón, donde no pudieron ayudarlo. En seguida se le llevó al Hospital General de Yajalón “Dr. José Manuel Velasco Siles”, donde se encuentra internado actualmente. Su estado de salud es delicado ya que la bala no ha podido ser removida de su cavidad bucal, donde se alojó. Se está valorando si se puede hacer la intervención para removerla en dicho nosocomio o si será necesario trasladarlo al Hospital de Las Culturas, en San Cristóbal de Las Casas. No sobra decir que la familia de la víctima vive en situación de pobreza extrema, agravada por su condición de desplazamiento forzado desde hace casi siete años. Hasta el momento se ignora la identidad de los agresores.

Este hecho se inserta en el contexto de violencia extrema que impera en el municipio de Chilón y en muchos otros del estado de Chiapas, donde grupos armados operan para cometer delitos de todo tipo en la más absoluta impunidad. Es pertinente agregar que Miguel es cercano al Gobierno Comunitario autónomo de Chilón, cuyos miembros han sufrido acoso y persecución desde hace varios años.Por lo anterior, desde la Clínica de Litigo y Formación en Derechos Humanos exigimos que:

1. Las autoridades responsables cumplan con lo estipulado en el Artículo 4º Párrafo 3 de la Constitución General de la Republica, el Artículo 3º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Artículo 4º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y realicen las investigaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y que la agresión, que pudo costar la vida al joven Mejía Gómez, no quede impune.

2. En este sentido, que el Ministerio Público tome declaración a la víctima de manera inmediata y que lleve a cabo todas las diligencias necesarias en este sentido.

3. La víctima reciba la atención adecuada y oportuna a la que tiene derecho, incluyendo su traslado al Hospital de Las Culturas de San Cristóbal de Las Casas, en caso de ser necesario. Es responsabilidad del personal médico del Hospital General de Yajalón “Dr. José Manuel Velasco Siles” brindar el debido tratamiento a la víctima, quien por casi tres días ha estado a la espera de que le sea retirada la bala. De prolongarse, esta situación podría ser considerada como negligencia médica y ameritaría las sanciones que marca la ley.

4. Desarme, desarticulación y aplicación estricta del estado de derecho a los grupos armados que, al amparo del anonimato y la impunidad, han instalado el terror en muchas regiones del estado de Chiapas.

No podemos permitir la normalización de la violencia y la perpetuación de la impunidad. Hechos como la agresión sufrida por Miguel Mejía Gómez son inaceptables. Recordamos a las autoridades su responsabilidad primordial para con la sociedad: garantizar la seguridad de los ciudadanos en sus personas y en sus bienes. El incumplimiento de este compromiso fundamental trastoca gravemente la convivencia social armónica y echa por tierra el ejercicio pleno de los derechos humanos.


CLÍNICA DE LITIGIO Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Petición: Defensores afro ecuatorianos de los bosques sufren racismo y discriminación

Compartimos esta petición de Salva la Selva sobre defensores de los bosques, selvas y la vida en Ecuador que están siendo violentados – A 15 de mayo de 2023

La comunidad afroecuatoriana Barranquilla de San Javier defiende su territorio frente a la deforestación y la expansión de la palma aceitera. En lugar de garantizar el cumplimiento de la ley, las autoridades se ponen del lado de las empresas. Se intenta usar los tribunales para silenciar las protestas con multas desproporcinadas.

Para: Gobierno del Ecuador; Ministerio de Agricultura del Ecuador; copia a empresas Energy&Palma, La Fabril, Nestlé, General Mills y Pepsi Co; Round Table on Sustainable Palm Oil RSPO

“Restitución del territorio, bosques y derechos para la comuna afroecuatoriana de Barranquilla de San Javier y sus defensores. Basta de racismo y discriminación.”

Leer la carta

En la costa pacífica, provincia Esmeraldas, se encuentra el último remanente del biodiverso ecosistema de bosque húmedo tropical del Chocó en Ecuador. La población afro e indígena vive en extrema pobreza por el racismo estructural y el abandono histórico de ese territorio por parte del Estado. “No se atiende debidamente la salud, la educación ni necesidades básicas como agua, habitación, ambiente libre de contaminación”, explica Nathalia Bonilla, de Acción Ecológica.

Aprovechando la ausencia de control estatal, empresas palmicultoras, madereras y minería de oro expanden sus actividades. La naturaleza se degrada de forma irreversible, todos los ríos están contaminados. El Estado no responde a denuncias y reclamos de la comuna.

“El accionar del Estado y de la empresa es claramente discriminatorio”, señala Bonilla.

Mientras, la industria palmicultora ha ido tomando más de 13.000 hectáreas en el cantón San Lorenzo, sin haber realizado nunca una consulta previa, libre e informada, sin respetar derechos.

La comuna afro de Barranquilla de San Javier sufre este avance en carne propia desde 2010. La empresa de palma aceitera Energy&Palm, de La Fabril, está en su territorio. En un estudio del Ministerio de Agricultura se comprueba que 251 hectáreas en manos de esa empresa se sobreponen a territorios comunitarios. “Un proceso de despojo con compraventas ilegales de territorios de la comuna”, explica el abogado Gustavo Redín. Añade que, como comunidad ancestral, tiene derechos constitucionales sobre su territorio.

Hay varios procesos judiciales abiertos. Pero, sorprendentemente, no contra la empresa, como se pudiera pensar, sino contra varios miembros de la comunidad. Uno de ellos, fue por el reclamo de un pago de 350.000 dólares por supuestos daños y perjuicios. “Una utilización del sistema judicial para amedrentar y perseguir a los defensores”, explica Redín.

La empresa Energy&Palma es proveedora de multinacionales como Nestlé, General Mills y PepsiCo. El conflicto ha ido en aumento y hasta las Naciones Unidas se han pronunciado.

Firma la petición en solidaridad.

Imagen: Luis Quintero, presidente de la comuna Barranquilla de San Javier (© Accion Ecológica)

¡Alto a la desinformación y amenazas en contra del Ejido El Bajío en Sonora!

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el constante hostigamiento a las y los ejidatarios del Ejido El Bajío por la defensa de tu territorio ante la minería – A 12 de mayo de 2023

La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) denunciamos la campaña de desinformación y señalamientos en contra del Ejido El Bajío a través del periódico El Universal y declaraciones difamatorias y peligrosas del Senador José Narro Céspedes de Zacatecas.

El Ejido El Bajío es integrante de la REMA por lo cual conocemos bien su permanente lucha por la implementación de 67 sentencias agrarias históricas que la comunidad logró en contra de una mina de oro de la empresa Fresnillo PLC, dictadas desde hace casi una década y que siguen sin haber sido ejecutadas. Estas sentencias ordenan la restauración a su estado natural del territorio destruido por la operación de la mina de oro a tajo abierto Soledad Dipolos de la empresa de la familia Baillères, y el retorno al ejido del oro saqueado de sus tierras en violación de sus derechos.  

Por su valiente lucha en defensa de la vida en el desierto y en contra de esta empresa mexicana, parte del grupo minero Peñoles y cuyos tentáculos le vincula con diversos políticos que actúan en contubernio con grupos armados legales e ilegales, el Ejido ha sufrido amenazas permanentes. Esto incluye la criminalización de doce de sus integrantes, el asesinato de Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz y su esposa María de Jesús Gómez Vega, y la desaparición de Noemí Elizabeth López Gutiérrez. Todos crímenes que siguen en impunidad.

En un comunicado detallado publicado esta semana, el Ejido El Bajío explica con mucha claridad cómo El Universal ha publicado pronunciamientos del Senador Narro diciendo que la comunidad quiere el apoyo de Gobernación supuestamente para abrir negociaciones con la empresa Fresnillo hacia la reapertura de su mina. A la vez, acusa a ejidatarios de tener vínculos con el crimen organizado, cuando es el mismo Senador que ha demostrado tener tales relaciones por sus gestiones anteriores a favor del jefe de la plaza en el municipio de Caborca.

Exigimos un alto a esta campaña de mentiras y difamación, y nos solidarizamos con las demandas del ejido El Bajío por la implementación ya de sus 67 sentencias agrarias, el cese de las amenazas y acosos, una investigación plena e imparcial de los tres asesinatos y la aparición con vida de la compañera Noemí Elizabeth López Gutiérrez.

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Imagen: Ejido El Bajío

Más información:

COPINH se opone a la reelección de Dante Mossi, cómplice de la familia Atala, como presidente del BCIE

Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 9 de mayo del 2023

El COPINH, ante la intención de reelección de Dante Mossi, presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en la asamblea de gobernadores de este viernes 12 de mayo de 2023, hace del conocimiento de la comunidad nacional e internacional lo siguiente:

Dante Mossi es responsable de dirigir las actuaciones relacionadas al financiamiento del BCIE al Proyecto Agua Zarca de la familia Atala Zablah, por el que asesinaron a nuestra compañera Berta Cáceres, para el beneficio de ciertos grupos económicos y en detrimento de los derechos de las víctimas de la violencia y de las comunidades indígenas.

El Banco BCIE otorgó un préstamo de 24.4 millones de dólares (602.2 millones de lempiras aprox.) en el año 2014 para el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca de la familia Atala, sin realizar la debida diligencia para verificar la legalidad del origen del proyecto, ni la legalidad de los permisos, licencias y concesiones, por lo que hay un juicio en curso. Así mismo, el banco BCIE, junto a los bancos, FMO, Finn Fund y FICOHSA, ignoraron y violaron los derechos de consulta y consentimiento de la comunidad Lenca de Río Blanco al imponer su inversión.

El BCIE falló en el monitoreo del correcto uso de los fondos otorgados a partir de la oposición de la comunidad Lenca y en evitar graves violaciones de Derechos Humanos; financió y respaldó actos de violencia en contra del COPINH y la comunidad Lenca, lo que significó múltiples asesinatos, incluyendo el de Berta Cáceres en 2016. Por estos hechos fueron condenados empleados de la familia Atala.

Dante Mossi, como presidente del BCIE, evitó realizar una evaluación exhaustiva del financiamiento al proyecto Agua Zarca, para la reparación de las víctimas y del daño producido por su inversión; y por el contrario, promovió de manera irregular, la venta del préstamo de 24 millones de dólares, por tan solo medio millón al grupo Bancatlan de su compañero de universidad Guillermo Bueso, lo que incluso constituye una pérdida financiera para el banco. Mossi, mantiene en secretividad la información del proyecto Agua Zarca, lo que evidencia falta de transparencia y obstaculización del acceso a la verdad.

Mossi no solo es responsable de la vulneración de derechos del proyecto Agua Zarca, sino de múltiples irregularidades y arbitrariedades en su administración que deben ser investigados, así como su vinculación con regímenes autoritarios como el de Juan Orlando Hernández y Daniel Ortega, y con las mafias empresariales y bancarias de Honduras.

Por lo anterior, el COPINH:

1. Llama a la presidenta Xiomara Castro, y a la gobernadora por Honduras, Rixi Moncada,  así como a los países miembros a no permitir la reelección de Dante Mossi como presidente ejecutivo del BCIE.

2. Demanda que se pare el financiamiento y apoyo a proyectos corruptos, ilegítimos, y extractivistas en nombre del desarrollo y el cierre de los fondos de este banco para proyectos privados de empresarios corruptos que traen miseria y violencia para Honduras y la región.

“Han creído que la impunidad es eterna. Se equivocan. ¡Los pueblos saben hacer justicia!”

Dado en La Esperanza, Intibucá a los 9 días del mes de mayo de 2023

Imagen: COPINH

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