Alto a las agresiones contra la población desplazada de Chilón, Chiapas

Compartimos este comunicado de la Clínica de Litigio y Formación en Derechos Humanos CLIFODH – A 30 de mayo del 2023

El pasado domingo 28 de mayo fue herido de bala MIGUEL MEJÍA GÓMEZ, originario de la comunidad San Antonio Patbaxil, municipio de Chilón, Chiapas. El joven de 27 años, padre de seis hijos, se encuentra desplazado junto con su familia y otros miembros de su comunidad en la Ranchería San Ramón, a causa de la violencia ejercida por personas armadas contra las familias y autoridades del Gobierno Comunitario del citado municipio.

El día de los hechos, Miguel salió de su domicilio para ir a trabajar en su parcela alrededor de las 5:00 hrs., cuando fue atacado por hombres armados quienes le dispararon directamente a la cara. El joven logró sobrevivir al ataque y fue trasladado, en un primer momento, al Centro de Salud de Chilón, donde no pudieron ayudarlo. En seguida se le llevó al Hospital General de Yajalón “Dr. José Manuel Velasco Siles”, donde se encuentra internado actualmente. Su estado de salud es delicado ya que la bala no ha podido ser removida de su cavidad bucal, donde se alojó. Se está valorando si se puede hacer la intervención para removerla en dicho nosocomio o si será necesario trasladarlo al Hospital de Las Culturas, en San Cristóbal de Las Casas. No sobra decir que la familia de la víctima vive en situación de pobreza extrema, agravada por su condición de desplazamiento forzado desde hace casi siete años. Hasta el momento se ignora la identidad de los agresores.

Este hecho se inserta en el contexto de violencia extrema que impera en el municipio de Chilón y en muchos otros del estado de Chiapas, donde grupos armados operan para cometer delitos de todo tipo en la más absoluta impunidad. Es pertinente agregar que Miguel es cercano al Gobierno Comunitario autónomo de Chilón, cuyos miembros han sufrido acoso y persecución desde hace varios años.Por lo anterior, desde la Clínica de Litigo y Formación en Derechos Humanos exigimos que:

1. Las autoridades responsables cumplan con lo estipulado en el Artículo 4º Párrafo 3 de la Constitución General de la Republica, el Artículo 3º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Artículo 4º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y realicen las investigaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y que la agresión, que pudo costar la vida al joven Mejía Gómez, no quede impune.

2. En este sentido, que el Ministerio Público tome declaración a la víctima de manera inmediata y que lleve a cabo todas las diligencias necesarias en este sentido.

3. La víctima reciba la atención adecuada y oportuna a la que tiene derecho, incluyendo su traslado al Hospital de Las Culturas de San Cristóbal de Las Casas, en caso de ser necesario. Es responsabilidad del personal médico del Hospital General de Yajalón “Dr. José Manuel Velasco Siles” brindar el debido tratamiento a la víctima, quien por casi tres días ha estado a la espera de que le sea retirada la bala. De prolongarse, esta situación podría ser considerada como negligencia médica y ameritaría las sanciones que marca la ley.

4. Desarme, desarticulación y aplicación estricta del estado de derecho a los grupos armados que, al amparo del anonimato y la impunidad, han instalado el terror en muchas regiones del estado de Chiapas.

No podemos permitir la normalización de la violencia y la perpetuación de la impunidad. Hechos como la agresión sufrida por Miguel Mejía Gómez son inaceptables. Recordamos a las autoridades su responsabilidad primordial para con la sociedad: garantizar la seguridad de los ciudadanos en sus personas y en sus bienes. El incumplimiento de este compromiso fundamental trastoca gravemente la convivencia social armónica y echa por tierra el ejercicio pleno de los derechos humanos.


CLÍNICA DE LITIGIO Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Petición: Defensores afro ecuatorianos de los bosques sufren racismo y discriminación

Compartimos esta petición de Salva la Selva sobre defensores de los bosques, selvas y la vida en Ecuador que están siendo violentados – A 15 de mayo de 2023

La comunidad afroecuatoriana Barranquilla de San Javier defiende su territorio frente a la deforestación y la expansión de la palma aceitera. En lugar de garantizar el cumplimiento de la ley, las autoridades se ponen del lado de las empresas. Se intenta usar los tribunales para silenciar las protestas con multas desproporcinadas.

Para: Gobierno del Ecuador; Ministerio de Agricultura del Ecuador; copia a empresas Energy&Palma, La Fabril, Nestlé, General Mills y Pepsi Co; Round Table on Sustainable Palm Oil RSPO

“Restitución del territorio, bosques y derechos para la comuna afroecuatoriana de Barranquilla de San Javier y sus defensores. Basta de racismo y discriminación.”

Leer la carta

En la costa pacífica, provincia Esmeraldas, se encuentra el último remanente del biodiverso ecosistema de bosque húmedo tropical del Chocó en Ecuador. La población afro e indígena vive en extrema pobreza por el racismo estructural y el abandono histórico de ese territorio por parte del Estado. “No se atiende debidamente la salud, la educación ni necesidades básicas como agua, habitación, ambiente libre de contaminación”, explica Nathalia Bonilla, de Acción Ecológica.

Aprovechando la ausencia de control estatal, empresas palmicultoras, madereras y minería de oro expanden sus actividades. La naturaleza se degrada de forma irreversible, todos los ríos están contaminados. El Estado no responde a denuncias y reclamos de la comuna.

“El accionar del Estado y de la empresa es claramente discriminatorio”, señala Bonilla.

Mientras, la industria palmicultora ha ido tomando más de 13.000 hectáreas en el cantón San Lorenzo, sin haber realizado nunca una consulta previa, libre e informada, sin respetar derechos.

La comuna afro de Barranquilla de San Javier sufre este avance en carne propia desde 2010. La empresa de palma aceitera Energy&Palm, de La Fabril, está en su territorio. En un estudio del Ministerio de Agricultura se comprueba que 251 hectáreas en manos de esa empresa se sobreponen a territorios comunitarios. “Un proceso de despojo con compraventas ilegales de territorios de la comuna”, explica el abogado Gustavo Redín. Añade que, como comunidad ancestral, tiene derechos constitucionales sobre su territorio.

Hay varios procesos judiciales abiertos. Pero, sorprendentemente, no contra la empresa, como se pudiera pensar, sino contra varios miembros de la comunidad. Uno de ellos, fue por el reclamo de un pago de 350.000 dólares por supuestos daños y perjuicios. “Una utilización del sistema judicial para amedrentar y perseguir a los defensores”, explica Redín.

La empresa Energy&Palma es proveedora de multinacionales como Nestlé, General Mills y PepsiCo. El conflicto ha ido en aumento y hasta las Naciones Unidas se han pronunciado.

Firma la petición en solidaridad.

Imagen: Luis Quintero, presidente de la comuna Barranquilla de San Javier (© Accion Ecológica)

¡Alto a la desinformación y amenazas en contra del Ejido El Bajío en Sonora!

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el constante hostigamiento a las y los ejidatarios del Ejido El Bajío por la defensa de tu territorio ante la minería – A 12 de mayo de 2023

La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) denunciamos la campaña de desinformación y señalamientos en contra del Ejido El Bajío a través del periódico El Universal y declaraciones difamatorias y peligrosas del Senador José Narro Céspedes de Zacatecas.

El Ejido El Bajío es integrante de la REMA por lo cual conocemos bien su permanente lucha por la implementación de 67 sentencias agrarias históricas que la comunidad logró en contra de una mina de oro de la empresa Fresnillo PLC, dictadas desde hace casi una década y que siguen sin haber sido ejecutadas. Estas sentencias ordenan la restauración a su estado natural del territorio destruido por la operación de la mina de oro a tajo abierto Soledad Dipolos de la empresa de la familia Baillères, y el retorno al ejido del oro saqueado de sus tierras en violación de sus derechos.  

Por su valiente lucha en defensa de la vida en el desierto y en contra de esta empresa mexicana, parte del grupo minero Peñoles y cuyos tentáculos le vincula con diversos políticos que actúan en contubernio con grupos armados legales e ilegales, el Ejido ha sufrido amenazas permanentes. Esto incluye la criminalización de doce de sus integrantes, el asesinato de Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz y su esposa María de Jesús Gómez Vega, y la desaparición de Noemí Elizabeth López Gutiérrez. Todos crímenes que siguen en impunidad.

En un comunicado detallado publicado esta semana, el Ejido El Bajío explica con mucha claridad cómo El Universal ha publicado pronunciamientos del Senador Narro diciendo que la comunidad quiere el apoyo de Gobernación supuestamente para abrir negociaciones con la empresa Fresnillo hacia la reapertura de su mina. A la vez, acusa a ejidatarios de tener vínculos con el crimen organizado, cuando es el mismo Senador que ha demostrado tener tales relaciones por sus gestiones anteriores a favor del jefe de la plaza en el municipio de Caborca.

Exigimos un alto a esta campaña de mentiras y difamación, y nos solidarizamos con las demandas del ejido El Bajío por la implementación ya de sus 67 sentencias agrarias, el cese de las amenazas y acosos, una investigación plena e imparcial de los tres asesinatos y la aparición con vida de la compañera Noemí Elizabeth López Gutiérrez.

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Imagen: Ejido El Bajío

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COPINH se opone a la reelección de Dante Mossi, cómplice de la familia Atala, como presidente del BCIE

Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 9 de mayo del 2023

El COPINH, ante la intención de reelección de Dante Mossi, presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en la asamblea de gobernadores de este viernes 12 de mayo de 2023, hace del conocimiento de la comunidad nacional e internacional lo siguiente:

Dante Mossi es responsable de dirigir las actuaciones relacionadas al financiamiento del BCIE al Proyecto Agua Zarca de la familia Atala Zablah, por el que asesinaron a nuestra compañera Berta Cáceres, para el beneficio de ciertos grupos económicos y en detrimento de los derechos de las víctimas de la violencia y de las comunidades indígenas.

El Banco BCIE otorgó un préstamo de 24.4 millones de dólares (602.2 millones de lempiras aprox.) en el año 2014 para el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca de la familia Atala, sin realizar la debida diligencia para verificar la legalidad del origen del proyecto, ni la legalidad de los permisos, licencias y concesiones, por lo que hay un juicio en curso. Así mismo, el banco BCIE, junto a los bancos, FMO, Finn Fund y FICOHSA, ignoraron y violaron los derechos de consulta y consentimiento de la comunidad Lenca de Río Blanco al imponer su inversión.

El BCIE falló en el monitoreo del correcto uso de los fondos otorgados a partir de la oposición de la comunidad Lenca y en evitar graves violaciones de Derechos Humanos; financió y respaldó actos de violencia en contra del COPINH y la comunidad Lenca, lo que significó múltiples asesinatos, incluyendo el de Berta Cáceres en 2016. Por estos hechos fueron condenados empleados de la familia Atala.

Dante Mossi, como presidente del BCIE, evitó realizar una evaluación exhaustiva del financiamiento al proyecto Agua Zarca, para la reparación de las víctimas y del daño producido por su inversión; y por el contrario, promovió de manera irregular, la venta del préstamo de 24 millones de dólares, por tan solo medio millón al grupo Bancatlan de su compañero de universidad Guillermo Bueso, lo que incluso constituye una pérdida financiera para el banco. Mossi, mantiene en secretividad la información del proyecto Agua Zarca, lo que evidencia falta de transparencia y obstaculización del acceso a la verdad.

Mossi no solo es responsable de la vulneración de derechos del proyecto Agua Zarca, sino de múltiples irregularidades y arbitrariedades en su administración que deben ser investigados, así como su vinculación con regímenes autoritarios como el de Juan Orlando Hernández y Daniel Ortega, y con las mafias empresariales y bancarias de Honduras.

Por lo anterior, el COPINH:

1. Llama a la presidenta Xiomara Castro, y a la gobernadora por Honduras, Rixi Moncada,  así como a los países miembros a no permitir la reelección de Dante Mossi como presidente ejecutivo del BCIE.

2. Demanda que se pare el financiamiento y apoyo a proyectos corruptos, ilegítimos, y extractivistas en nombre del desarrollo y el cierre de los fondos de este banco para proyectos privados de empresarios corruptos que traen miseria y violencia para Honduras y la región.

“Han creído que la impunidad es eterna. Se equivocan. ¡Los pueblos saben hacer justicia!”

Dado en La Esperanza, Intibucá a los 9 días del mes de mayo de 2023

Imagen: COPINH

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A 13 años no llega la justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la busqueda de #JusticiaParaBetyCariño y #JusticiaParaJyriJaakkola – A 10 de mayo del 2023

Hace unos dias se cumplieron 13 años del cobarde asesinato de nuestra querida compañera Bety Cariño, fundadora de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) y directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajamos Unidos (CACTUS); y de Jyri Jaakkola, observador internacional proveniente de Finlandia. El 27 de abril de 2010. Bety y Jury fueron emboscados en la caravana pacifica de ayuda humanitaria que se dirigia al Municipio Autónomo Triqui de San Juan Copala llevando medicinas y alimento para la comunidad indigena sitiada por paramilitares apoyados por el gobierno.

Bety era una mujer muy comprometida con los pueblos en resistencia y siempre luchó por los derechos de las mujeres indigenas. la soberania alimentaria, la defensa del agua, contra el modelo extractivo con sus proyectos de muerte que se imponen en las comunidades, y por defender el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas.

Es grande la indignación que genera el grado de impunidad con que operan los grupos paramilitares que apoyan a las empresas en complicidad con los gobiemos que pretenden despojar de los territorios a las comunidades indigenas, lo que nos muestra la realidad que enfrentan las y los defensores del territorio en todo el país.

Desde REMA, expresamos muestra rabia y preocupación por la impunidad que sigue prevaleciendo. la falta de voluntad política para esclarecer los ataques, y la clara protección a los perpetradores del crimen y apostar por el olvido. Lo que nunca pasará.

Enviamos un fuerte abrazo a las familias de Bety y Jyri y exigimos al gobiemo federal y estatal de Oaxaca que dejen de ser omisos y simular la aplicación de la justicia, encerrando y luego liberando a los paramilitares responsables del ataque. ¡Ya Basta! Exigimos la detención y castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos asesinatos que arrebataron la vida a Bety y Jyri.

¡DEMANDAMOS JUSTICIA PARA BETY CARIÑO Y JYRI JAAKKOLA!

¡NI PERDÓN NI OLVIDO!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

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Abejas de Acteal denuncian continuación de contrainsurgencia en comunidades de Chiapas

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el contaste hostigamiento y violencia que vive las compañeros y los compañeros de Las Abejas de Acteal – A 3 de mayo 2023

La organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal denunció que el pasado jueves (27), habitantes de la comunidad Quextic Centro, perteneciente al municipio de Chenalhó, junto a integrantes del grupo “Consejo Pacifista Sembradores de Paz” (Consejo Pacifista), destruyeron un potrero de su organización, en el contexto de la construcción de una carretera que pasa por terrenos de la organización tzotzil.

“La gente de la citada comunidad, llegaron con machetes, barretas de fierro, martillos y una motosierra para destruir nuestro alambrado y posteriormente se robaron todo los postes y los alambres de púas en una camioneta nissan doble cabina, color blanca”, detalla un comunicado emitido después de la agresión.

Habitantes de la comunidad Quextic Centro, junto a integrantes del Consejo Pacifista, destruyeron un potrero de Las Abejas de Acteal

Las Abejas de Acteal alertan que el más reciente hostigamiento forma parte de un conflicto social y político mayor. “Confirmamos que este gobierno que se pregona así mismo de ‘4ª Transformación’, está dando continuidad a las políticas de contrainsurgencia, de desgaste y de divisionismo en nuestras comunidades”, sostuvo la organización de los Altos de Chiapas.

En comunicado, reiteraron el llamado a las autoridades federales, a quienes se dirigieron en marzo de este año, para que interceda a través de las dependencias de derechos humanos, “ya que la carretera de la comunidad Quextic Centro es parte de los acuerdos de ‘solución amistosa’ que suscribió un pequeño grupo de sobrevivientes de la Masacre de Acteal el llamado ‘Consejo Pacifista’, en el año de 2020”. Señalan que también se dirigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que la “solución amistosa” del gobierno federal, “está causando problemas, violencias en las comunidades de Chenalhó y sobre todo en donde existe presencia de Las Abejas de Acteal”.

La organización contextualiza que, en el año de 2019, las autoridades comunitarias de Quextic Centro solicitaron derecho de vía para construir una carretera que atravesaría parte de un predio de Las Abejas de Acteal, a lo cual brindaron su permiso. No obstante, señalan que para 2021, cuando comenzaron los trabajos, las autoridades comunitarias tomaron más espacio de lo acordado, “violando así las actas de acuerdo en las cuales hemos dado nuestro consentimiento”.

Ante esta situación, integrantes de Las Abejas han realizado tareas para reforzar el alambrado del predio y el potrero de su organización. Un día antes de la agresión, señalan haber notificado a las autoridades de Chenalhó sobre la realización de trabajos en dicho lugar “para evitar agresiones hacia nuestra integridad física y psicológica”. Pese a ello, aconteció la destrucción del espacio y el robo a la propiedad colectiva de la organización tzotzil, sin intervención de ninguna autoridad.

“Invitamos en dos ocasiones a las autoridades de Quextic Centro y su patronato de camino a una plática para resolver dicho problema, pero hicieron caso omiso a nuestra invitación”, detallan Las Abejas de Acteal. También señalan que, dentro del predio propiedad de la organización, existe un manantial de agua, por lo que las autoridades de Quextic Centro “construyeron una captación para llevar este vital líquido a su comunidad sin pedirnos permiso, consideramos esto como abuso de confianza ya que, en el acta de acuerdo de derecho de vía del camino, jamás se habla del manantial de agua”, denuncian.

Antecedentes

A la más reciente agresión se suma que, a principios de este año, el grupo “Consejo Pacifista” construyó su oficina junto a la entrada de la sede de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. “Su objetivo es el de confundir a la sociedad y reafirmar su usurpación hacia nuestra lucha y organización. Y tenemos conocimiento que sus líderes o como se hagan llamar, son los que aconsejan al agente rural y patronato de camino de la comunidad Quextic Centro, violar los acuerdos plasmados en las actas de acuerdo sobre el derecho de vía de la carretera”, sostiene la organización tzotzil.

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Las Abejas denuncian que estas acciones son posibles debido a la impunidad en el caso de la Masacre de Acteal sucedida en 1997. “La contrainsurgencia y agresiones hacia los pueblos organizados y apartidistas, la grave crisis de derechos humanos y un Estado que se ha convertido en un Narco-Estado, toda esta podredumbre es el tipo de gobiernos en México que va desde los tres niveles de responsabilidad y, es lo que ha venido a rematar las heridas del tejido social y comunitario de las comunidades de Chenalhó, y como es evidente, en nuestra organización Las Abejas de Acteal”, refieren en comunicado.             

Por último, la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, con más de 30 años de lucha, señala que “entienda el mal gobierno que no caeremos en sus provocaciones a través de nuestros propios hermanos que tristemente su corazón y pensamiento han sido cegados y envenenados por el dinero y poder”. Ante ello, exigieron respeto a su propiedad colectiva “de lo contrario, recurriremos a otras acciones, hasta que se respeten los acuerdos firmados entre nuestra Organización Las Abejas de Acteal y la comunidad Quextic Centro”.

Imagen: Habitantes de la comunidad Quextic Centro, junto a integrantes del Consejo Pacifista, destruyeron un potrero de Las Abejas de Acteal

Empresas noruegas vinculadas a David Castillo, SCATEC y NORFUND, demandan al Estado de Honduras

Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el poder corporativo en el caso #JusticiaParaBerta – A 26 de abril del 2023

Scatec y Norfund, compañías de energías renovables de Noruega, han presentado dos demandas de arbitraje de inversión contra Honduras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI): La razón de estas demandas es debido a la nueva ley de generación de energías aprobada por el gobierno en 2022, que llevó a la ENEE a proponer ciertos cambios en los PPAs que incluyen cambios en los precios de tarifas para los proyectos de Agua Fría y Los Prados.

Con esta acción estas empresas noruegas, una de ellas estatales, demuestran su criminalidad, no solo se asociaron con empresarios corruptos, sino que ahora pretenden que el pueblo hondureño pague por sus “pérdidas” reafirmando la mentira de que son bancos de “desarrollo”Bertha Zúniga, Coordinadora General del COPINH.

En 2015, Scatec empezó a operar en Honduras invirtiendo en dos proyectos de energía solar: Agua Fría y Los Prados adjudicadas a PRODERSSA, empresa que pertenecía a David Castillo; quien está cumpliendo condena por ser declarado coautor del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.

PRODERSSA, fue creada en 2013 a través de testaferros, obteniendo los contratos para los proyectos de energía solar Agua Fría y Los Prados sin tener experiencia previa en la industria de la energía en Honduras.

En enero de 2014 se suscribió el Contrato de Suministro de Energía Eléctrica y Potencia Número 003/2014 entre PRODERSSA y la ENEE. Se trata del proyecto solar Agua Fría en el municipio de Nacaome, Valle, Honduras.

En agosto de 2014, las acciones de PRODERSSA pasaron a propiedad de  David Castillo y la empresa PEMSA, nombrando a Castillo como presidente. 


El 29 de mayo de 2015, se suscribió un contrato para la operación del proyecto solar Agua Fría entre PRODERSSA y SCATEC SOLAR, para la construcción de la primera planta de energía solar construida por SCATEC en América Latina.


Y el 28 de octubre del mismo año, las dos empresas noruegas Scatec Solar y Norfund firmaron un contrato de compra de derechos para construir el proyecto solar Los Prados en el municipio de Namasigüe en Choluteca.

Sin embargo, los pobladores rechazaron la construcción del proyecto que implicaría el desplazamiento de algunos de los habitantes de zona, provocando la criminalización y persecución de algunos de los líderes de la comunidad. A pesar de los rechazos, las grandes empresas decidieron continuar con la construcción del proyecto para la explotación de los recursos naturales.

En marzo de 2018 las autoridades hondureñas confiscaron los activos de la empresa PRODERSSA como parte de una operación que confiscó varias empresas relacionadas con la red criminal y de narcotráfico denominada “Los Cachiros”.

En 2019, luego del arresto de David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres, la Junta Directiva de PRODERSSA autorizó la transferencia de las acciones de Castillo y PEMSA al Fondo de Inversión Noruego para Países en Desarrollo (NORFUND).

Para estos proyectos, la empresa hizo acuerdos con la ENEE, para obtener beneficios por la venta de la energía generada durante un lapso de 20 años.

A pesar de ello, en octubre de 2022, el gobierno de Honduras aprobó una nueva ley de generación de energía, lo que provocó que la ENEE propusiera cambios en los PPAs (contratos de compraventa de energía) que incluyen ajustes en los precios de las tarifas para los proyectos de Agua Fría y Los Prados.

Ante esta demanda por parte de Scatec y Norfund nos pronunciamos rechazando las prácticas poco éticas de estas instituciones internacionales que buscan beneficiarse de la explotación de nuestros territorios. Y que han mantenido un vinculo con David Castillo, coautor del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.

Imagen: COPINH

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Organizaciones de Derechos Humanos expresan su preocupación sobre el contexto de riesgo para personas defensoras indígenas en Chiapas

Compartimos este pronunciamiento de Front Line Defenders y Indigenous Peoples Rights International sobre el contexto de violencia para defensoras y defensores de la vida en Chiapas – A 12 de abril del 2023

Ciudad de México y Dublín, 12 de abril de 2023

MÉXICO: TRAS VISITA CONJUNTA A CHIAPAS, ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS MANIFIESTAN SU PREOCUPACIÓN SOBRE EL CONTEXTO DE RIESGO PARA PERSONAS DEFENSORAS INDÍGENAS EN EL ESTADO

En la semana del 27 al 31 de marzo de 2023 las organizaciones internacionales Indigenous Peoples Rights International (IPRI) y Front Line Defenders realizamos una visita conjunta a Chiapas con el objetivo de documentar la situación de riesgo y violencia que viven personas defensoras, organizaciones y comunidades indígenas en el estado. Nos reunimos con 30 personas defensoras y autoridades indígenas de 12 casos de personas defensora o procesos comunitarios que enfrentan riesgos por su labor de defensa, de los pueblos tseltal, tsotsil y ch’ol de los municipios de Palenque, Tila, Chilón, Chenalhó, Ocosingo, Simojovel, San Cristóbal, San Juan Cancuc, Aldama y Chicomuselo. En estas reuniones recibimos información sobre una nueva ola de violencia en contra de personas defensoras y comunidades indígenas ch’oles, tsotsiles y tseltales, además de diversas preocupaciones respecto a la impunidad que ha acompañado este contexto.

Además de reuniones y entrevistas con organizaciones de sociedad civil locales, nacionales e internacionales basadas en Chiapas, se sostuvieron dos reuniones con autoridades del gobierno estatal: Una con la directora de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Marisol Gómez Hernández, y una segunda con la Fiscalía, representada por el Dr. Manuel de Jesus Corado de Paz, Director de Atención a Víctimas, y el Dr. Pedro Sergio Becerra Toledo, Director para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Estas son las principales observaciones de ambas organizaciones, resultado del trabajo
de documentación y recopilación de testimonios de esa visita:

  • Identificamos un claro patrón de criminalización en contra de personas defensoras indígenas que defienden los derechos ambientales, al territorio, a la autonomía y a la libre determinación de sus comunidades. Este patrón se evidencia en el creciente número de casos en la fabricación de crímenes y en violaciones al debido proceso con un fuerte impacto en la organización comunitaria y en la lucha por los derechos colectivos. Esto lo observamos en casos como el de Cristóbal Santiz de Aldama y el del Padre Marcelo Pérez Pérez de San Cristóbal.
  • Resaltamos que en el contexto actual de uso del sistema penal en contra de las personas defensoras y comunidades, existe un patrón de criminalización en contra de quienes se han opuesto a la militarización de sus comunidades y como parte de su lucha en defensa de sus derechos colectivos. Esto puede ser observado en los casos de Manuel Santiz Cruz de la comunidad de San Juan Cancuc, de César Hernández y José Luis Gutiérrez del ejido de San Sebastián Bachajón en Chilón (quienes están a la espera de la próxima audiencia el 24 de abril), de Cristóbal Santiz de Aldama y en el caso de las recientes investigaciones en contra de personas defensoras en la comunidad de Taniperla en Ocosingo.
  • Observamos la falta de soluciones duraderas a los conflictos agrarios y territoriales en las comunidades, lo que sigue representando un riesgo alto para las personas defensoras y continúa perpetuando la descomposición del tejido social de las comunidades. Esto se ha visto agravado con la situación actual de despojo de tierras en el contexto de militarización de la región y por la disputa por el control territorial y la imposición de las actividades económicas por parte de grupos del crimen organizado.
  • Hay una delicada situación provocada por la falta de intervenciones oportunas por parte de las autoridades del Estado ante las amenazas y el riesgo al que se enfrentan las personas defensoras de las comunidades indígenas en Chiapas. A pesar de que las personas defensoras en riesgo han reportado y/o denunciado graves amenazas y ataques, las autoridades no han logrado intervenir antes de que muchas de estas deriven en casos de graves violaciones de derechos humanos. Esto ha sido el caso del asesinato del defensor Simón Pedro Pérez expresidente de la mesa directiva de Las Abejas de Acteal; la situación que se vive con las 5 familias desplazadas de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo como consecuencia de una cadena de graves violaciones de derechos humanos incluyendo: desaparición, tentativa de homicidio, tortura sexual, lesiones, quema y destrucción de sus propiedades, lo que llevó al desplazamiento de 25 personas, incluyendo niñas, niños y adolescentes; así como la violencia física, hostigamiento amenazas de muerte en contra de la defensora tsotsil Pascuala López López del ejido Pinar Cuxtitalli, en San Cristóbal de Las Casas.
  • Con preocupación reconocemos que las personas defensoras y sus comunidades llevan a cabo su labor de defensa de derechos humanos en un contexto de proliferación y diversificación de grupos armados, lo que ha empeorado una compleja situación heredada del contexto del paramilitarismo de los años 90 y la continua impunidad conectada a dicho fenómeno.
  • Recogimos importantes testimonios que dan cuenta de la existencia de vínculos entre autoridades estatales y municipales con el crimen organizado, lo que genera condiciones favorables para que prevalezca la impunidad. A esta crisis se suma lo que identificamos como un patrón en el retraso y postergación de las audiencias de casos vinculados a personas defensoras de derechos humanos, tanto de procesos de búsqueda de justicia, como es el caso del asesinato del defensor Simón Pedro Pérez López, o en el proceso de criminalización de personas defensoras, como es el caso de Manuel Santiz Cruz de la comunidad de San Juan Cancuc.
  • Finalmente, identificamos dentro de las instituciones de gobierno del estado una falta de reconocimiento de la labor de defensa de derechos humanos dentro de las que realizan personas defensoras y comunidades indígenas. Esto es particularmente evidente en la sentencia dictada el 31 de marzo sobre el asesinato del defensor de derechos humanos Simón Pedro, en donde nunca fue incorporada a la investigación ni en la resolución su labor de defensa de derechos humanos como parte del móvil del homicidio. La falta de reconocimiento de la labor de defensa de derechos humanos y el riesgo que resulta de ésta suma al contexto de estigmatización y a las campañas de desprestigio en contra de las personas defensoras de derechos humanos, como ha sido el caso del defensor Padre Marcelo Pérez Pérez.

A t e n t a m e n t e

Front Line Defenders

Indigenous Peoples Rights- International- IPRI

Diplomáticos canadienses priorizan la minería a expensas de los derechos humanos, dicen expertos legales a la ONU

Compartimos esta nota de Mining Watch Canadá sobre las empresas mineras y sus violanciones a los derechos humanos – A 5 de abril de 2023

OTTAWA – Hoy, expertos en responsabilidad corporativa enviaron una presentación de 30 páginas al Consejo de Derechos Humanos de la ONU antes de su Examen Periódico Universal de Canadá en abril de 2023, denunciando a Canadá por su continuo apoyo diplomático a las empresas mineras por encima de la seguridad de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente (DDH). 

La presentación se basa en cinco estudios de caso bien documentados de México, Guatemala, Perú y Ecuador para ilustrar los temas clave que definen el enfoque diplomático de Canadá a los conflictos mineros en el exterior. Entre los estudios citados, en México, se cree que el apoyo incondicional de la Embajada de Canadá a Blackfire Exploration puso en mayor riesgo la vida del defensor del medio ambiente Mariano Abarca en los meses previos a su asesinato en noviembre de 2009. En Ecuador, en 2021, la embajadora canadiense denegó las peticiones de apoyo de la presidenta del Pueblo Shuar Arutam, Josefina Tunki, después de que ésta denunciara haber recibido amenazas de muerte del vicepresidente de operaciones de la empresa canadiense Solaris Resources como consecuencia de la oposición de su pueblo al proyecto de cobre de la empresa.

El escrito, redactado por el Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés) con el apoyo de MiningWatch Canadá, cuenta con el respaldo de 27 organizaciones de la sociedad civil canadiense y 39 profesores, abogados y juristas. El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU examinará el cumplimiento por parte de Canadá de sus compromisos en materia de derechos humanos y formulará recomendaciones específicas, correspondiendo a Canadá la responsabilidad de aplicar los cambios. 

“Hemos constatado que las embajadas canadienses siguen prestando un importante apoyo a las empresas mineras canadienses a pesar de ser conscientes de las graves y creíbles denuncias de violaciones de derechos humanos y medioambientales”, afirma Charis Kamphuis, profesora de Derecho de la Universidad Thompson Rivers (TRU) y integrante de la junta directiva de JCAP. “El Examen Periódico Universal es una oportunidad crucial para poner a Canadá en el punto de mira y revelar la enorme brecha existente entre los compromisos nacionales e internacionales de Canadá en materia de derechos humanos y las acciones y omisiones de los funcionarios canadienses, que ignoran sistemáticamente las preocupaciones de las comunidades afectadas y los riesgos para las y los defensores. En algunos casos, los funcionarios canadienses han tomado medidas para socavar los esfuerzos de las comunidades por defender sus derechos y acceder a la justicia”.

El documento examina los problemas que siguen planteando las Voces en Riesgo: Directrices Canadienses para el Apoyo a los Defensores de Derechos Humanos, un conjunto de directrices que especifican cómo las embajadas canadienses y otros funcionarios deben apoyar a los defensores de los derechos humanos, incluidos los canadienses, y promover una conducta responsable por parte de las empresas canadienses que operan en el extranjero. En el documento se señalan fallos específicos de la política, como la falta de claridad en cuanto a las obligaciones concretas de los funcionarios canadienses, la falta de información y transparencia sobre cómo se aplican las directrices y la falta de supervisión independiente para garantizar su cumplimiento. 

“Al mismo tiempo que los funcionarios de la embajada canadiense hacen esfuerzos considerables para promover los intereses mineros canadienses en el extranjero, poniendo a los defensores en mayor riesgo, el gobierno canadiense no ha logrado garantizar ni siquiera un mínimo de rendición de cuentas para los responsables de daños devastadores”, dice Viviana Herrera, Coordinadora del Programa de América Latina de MiningWatch Canadá. “Estamos pidiendo al Grupo de Trabajo que haga fuertes recomendaciones a Canadá para que ajuste finalmente sus acciones en cuanto a sus compromisos cuando se trata de la rendición de cuentas del Estado y de las empresas.” 

JCAP hace las siguientes recomendaciones al grupo de trabajo en su escrito: 

  1. Recomendar a Canadá que reforme su política y su enfoque jurídico de la diplomacia económica y los defensores de los derechos humanos en el extranjero por un enfoque que pueda garantizar que las acciones de los funcionarios canadienses cumplan las obligaciones internacionales de Canadá en materia de derechos humanos y medioambientales.
  2. Recomendar que dichas reformas se desarrollen únicamente tras un proceso completo y significativo de participación de la sociedad civil. Éste debería incluir a los defensores de los derechos humanos, los pueblos indígenas, las comunidades y los grupos directamente afectados por la extracción industrial de recursos en el extranjero, con el apoyo del gobierno y las misiones diplomáticas canadienses.
  3. Recomendar que Canadá lleve a cabo una revisión exhaustiva de los incumplimientos por parte de los funcionarios canadienses de las obligaciones internacionales de Canadá en materia de derechos humanos y medioambientales en los cuatro casos citados en este informe. Esta revisión debe identificar los remedios apropiados a cualquier persona que haya sido perjudicada directa o indirectamente por las acciones de Canadá.

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Contactos para medios de comunicación: 

  • Charis Kamphuis, integrante de la Junta directiva de JCAP, profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad Thompson Rivers | ckamphuis@tru.ca, 250-572-2625
  • Viviana Herrera, Coordinadora del Programa para América Latina en MiningWatch Canadá | viviana@miningwatch.ca, 438-993-1264

Imagen: Altar en memoria de Mariano Abarca. Foto: blog ewwaunel vía Chiapas Paralelo

En los Medios:

Eustacio Alcalá Díaz, otro asesinado más víctima del modelo extractivo minero

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 6 de abril del 2023

Secuestrado el 01 de abril del presente cuando transportaba a 3 monjas provenientes de Aquila hacia su comunidad, Eustacio Alcalá Díaz, representante legal y férreo defensor de su territorio, de Huizontla, Municipio de Chinicuila, en el Estado de Michoacán, fue encontrado sin vida este 4 de abril. La Comunidad indígena nahua decidió en Asamblea emprender acciones legales en defensa de su territorio en contra de la explotación minera desde 2018.

El 21 de enero de 2022 la Comunidad nahua ganó un amparo promovido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que reconoce la violación a los derechos colectivos de San Juan Huizontla y declara la suspensión de los títulos de concesión minera a las empresas ArcelorMittal y Ternium.

Precisamente el 15 de enero de 2023 el líder comunal Antonio Díaz y el abogado Rafael Lagunes, quienes habían denunciado una posible “explosión de violencia por enfrentamiento entre comuneros y derramamiento de sangre” responsabilizando a la empresa Ternium de “meter las manos para dividir a la comunidad y sacar tajada”; desaparecieron en Aquila Michoacán después de estar en una Asamblea Comunal y hasta la fecha no se ha dado con su paradero.

No es ninguna casualidad que estas empresas mineras, como la mayoría, a lo largo y ancho del país estén siguiendo la misma estrategia de violencia contra las y los defensores del territorio que se oponen a sus proyectos de muerte, pues este es el modus operandi del modelo extractivo minero a nivel mundial que nos han impuesto para sembrar proyectos que a todas luces violentan los derechos de los pueblos, mientras los gobiernos en turno deliberadamente cierran los ojos dando un claro mensaje a las empresas de que tienen el permiso de delinquir, devastar y saquear con total impunidad.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) condenamos totalmente el asesinato del compañero Eustacio Alcalá, nos solidarizamos con la familia y la Comunidad de Huizontla, y exigimos a los tres órdenes de gobierno se investiguen los hechos y se castiguen a los responsables, así como un alto total a la violencia en contra de las y los defensores del territorio.

¡ALTO TOTAL A LA ACTIVIDAD MINERA EN NUESTRO PAÍS!

¡YA BASTA DE ASESINATOS Y DESAPARICIONES POR PARTE DE EMPRESAS MINERAS Y LA INACCIÓN DEL GOBIERNO!

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Ecuador es denunciado ante la CIDH por sus intromisiones en el caso Chevron

Compartimos este pronunciamiento de la Unión de Afectadas y Afectados por las Operaciones Petroleras de TexacoUDAPT vía Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC sobre el caso Chevron en Ecuador – A 23 de marzo del 2023

Este lunes 20 de marzo de 2023, las/os afectadas/os por las operaciones de Chevron (Texaco) en el Ecuador recurrieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar que el Gobierno de Ecuador obstaculiza y pone en riesgo la ejecución de la sentencia y la reparación de las zonas afectadas por la contaminación provocada por los procesos extractivos implementados por Chevron en las provincias de Orellana y Sucumbíos.

Lago Agrio, 21 de marzo de 2023. Han pasado más de 30 años desde que inició el juicio contra Chevron y 11 años desde que se ejecutorió la sentencia en favor de indígenas y colonos que habitan en las provincias de Orellana y Sucumbíos. Sin embargo, pese a existir cuatro sentencias que encuentran a Chevron culpable del daño causado, la reparación no llega a los pueblos victimas del crimen de la petrolera. Las/os afectadas/os por las operaciones de Chevron responsabilizan al Gobierno de Ecuador por haber interferido en este juicio privado para evitar que puedan ejecutar la sentencia. Son tres los elementos que señalan.

Primero, el ex Procurador General del Estado, Iñigo Salvador, envió oficios mediante valija diplomática a las Cortes de Canadá y Argentina, en donde se encontraban pendientes sendos procesos de ejecución de la sentencia contra Chevron. Como consecuencia de la interferencia del Procurador, los procesos fueron descartados. El caso fue particularmente grave en Canadá, donde estaba pendiente una decisión final de la Corte Suprema que permitiría la ejecución completa de la sentencia, pero luego de la intervención de Salvador, el caso fue archivado. Adicionalmente, el Ex Procurador General del Estado emitió una serie de declaraciones públicas, en las que parecía ser defensor de los intereses de Chevron y no del Estado ecuatoriano.

En segundo lugar, el Gobierno de Ecuador ha emprendido una campaña de persecución en contra de las/os pobladoras/es ecuatorianas/os, con la clara intención de favorecer a la multinacional. Por pedido expreso del ex Procurador del Estado, Íñigo Salvador, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, a mediados del año 2021 inició indagaciones contra las/os pobladoras/es amazónicas/os por un supuesto delito de cohecho, en el cual se pretende demostrar que el juez de primera instancia, Nicolás Zambrano, dictó sentencia a favor de las/os amazónicas/os por supuestos ofrecimientos de dinero al Juez.

Y tercero, desde el 2017 el Gobierno de Ecuador ha fallado en su obligación de ejercer una defensa técnica efectiva, sobre la base de la soberanía y la institucionalidad del Estado, ante el panel arbitral y ante la justicia holandesa. Los actos realizados por la defensa del Gobierno demuestran desidia y hasta negligencia.

En 2018 el Estado ecuatoriano planteó el recurso de nulidad del laudo arbitral que obtuvo Chevron el 30 de agosto de ese mismo año. Aunque la justicia holandesa todavía no ha emitido un fallo definitivo sobre el recurso de nulidad planteado por la Procuraduría del Estado, el Gobierno de Ecuador actualmente ya se encuentra ejecutando el laudo como si estuviera vigente. Justamente, es por su cumplimiento que el Gobierno de Ecuador se ha empeñado en entorpecer las acciones de cobro de los demandantes en jurisdicciones extranjeras, en las que ha intervenido sin ser parte procesal.

Estas acciones dejan en claro que el Estado y Chevron están actuando coordinadamente, y que para el Gobierno de Ecuador es más importante el cumplimiento de un laudo arbitral y la satisfacción de los accionistas de Chevron, que los derechos de sus ciudadanas/os. La intervención del Gobierno de Ecuador con la intención de evitar que las comunidades puedan ejecutar una sentencia emitida por su propio poder judicial, es contraria a las obligaciones nacionales e internacionales del Ecuador en materia de Derechos Humanos.

Pablo Fajardo, abogado de los demandantes en el caso Aguinda Vs Chevron, afirmó que es lamentable que el Gobierno del Ecuador, con la Procuraduría General del Estado, se pongan al servicio de la transnacional y pretendan desconocer una sentencia ejecutoriada del sistema judicial ecuatoriano. La sentencia que beneficia a los pueblos y a la naturaleza se basa en instrumentos jurídicos de Derechos Humanos. El Laudo arbitral que beneficia a Chevron, contra Ecuador, se basa en un Tratado Bilateral de Protección de Inversiones. Este es un caso en el cual se refleja una grave disputa entre el sistema de protección del derecho económico de las empresas transnacionales, que cuentan con la complicidad de muchos gobiernos, que se ponen en contra de su propia población como es el caso de Ecuador. Ese sistema está en contra del sistema de derechos humanos que protege a los pueblos humildes de Latinoamérica. En el fondo es un abuso del derecho de las trasnancionales, que someten a los gobiernos de países pequeños en todo el mundo. Por lo tanto, este problema no es solo del Ecuador, es un problema que afecta a la humanidad, sentenció Fajardo. En ninguna parte del mundo, el dinero puede valer más que la vida de miles de campesinos e indígenas.

Donald Moncayo, coordinador de la Unión de Afectados por Texaco, alertó sobre las interferencias del ex Procurador Iñigo Salvador. Señaló que sus actos llevaron al Estado ecuatoriano a inmiscuirse en un juicio entre privados. Resulta un acto de traición que nuestro Procurador del Estado obstaculice una sentencia en favor de ciudadanos de Ecuador, que ha sido analizada y ratificada por todas las instancias judiciales de Ecuador, incluyendo la Corte Nacional y la Corte Constitucional.

Las acciones del Procurador, dijo Lidia Aguinda, una de las demandantes, traerán graves consecuencias al Estado ecuatoriano, pues está atentando contra los derechos que debe proteger de los ecuatorianos, contraviniendo así su mandato constitucional. Enfatizó que sus actos son una clara violación de la independencia judicial y mancillan la soberanía del Ecuador en favor de Chevron. Con referencia al presupuesto general del Estado, que dispone 2 mil millones de dólares para pagarle a Chevron, añadió: “Parece que el Gobierno de Ecuador está más preocupado por satisfacer a las exigencias de Chevron que las necesidades de la población ecuatoriana”.

Por su parte Elias Piaguaje, Presidente de la Nacionalidad Siekopai, afirmó que hemos luchado 30 años buscando justicia y reparación. Nos hemos envejecido en esta batalla, pero seguiremos luchando hasta lograr que se repare nuestra Amazonía. No podemos dejar un legado de muerte y destrucción a nuestras futuras generaciones.

La dirigencia de la UDAPT hace un llamado a los pueblos de Latinoamérica a unirse y levantarse en casos como estos. No se puede permitir que nuestros gobiernos den seguridad jurídica a las empresas transnacionales, y desmantelen todo el sistema de protección de nuestros derechos humanos de la Naturaleza, cuando somos agredidos por esas corporaciones. Igualmente hacemos un llamado al Gobierno del Ecuador a respetar la sentencia de la Corte Constitucional del país y a no intervenir en favor de Chevron. Por ahora confiamos que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos nos proteja de las interferencias indebidas del Gobierno de Ecuador, le ordene reparar los derechos vulnerados, y prevenga futuras intervenciones violatorias de los derechos de las/os pobladoras/es amazónicas/os.

Contactos
Donald Moncayo +593 99 397 7808
Pablo Fajardo +593 99 397 7811