Declaración de Organizaciones y Movimientos Sociales de la América Latina sobre las elecciones en Argentina, Avance de la Ultraderecha e impactos en la integración regional

Les compartimos esta carta en Solidaridad con Argentina. Ayúdanos a recolectar firmas durante todo el mes de septiembre.

El próximo 22 de octubre, el pueblo argentino estará votando para elegir su nuevo jefe de Estado. El escenario es complejo desde el punto de vista socio-económico y político. Argentina se ve acorralada por una ilegítima deuda con el FMI que exige recortes presupuestarios y ajustes que afectan dramáticamente a los sectores populares de la población, a la vez que empobrecen a una clase media que, ante un escenario de alta inflación, e inestabilidad económica, enfrenta una recaída histórica de su poder adquisitivo.

El malestar social se ha traducido en las últimas elecciones, así como se observó en Brasil en 2019, en el apoyo de una parte de la población al candidato de ultraderecha Javier Milei, que se presenta contrario a las instituciones democráticas y que aboga por una reducción drástica del Estado y por un ideario de libre mercado al modelo empresarial. Sus propuestas de carácter ultraliberal incluyen la privatización de las empresas y servicios públicos, la dolarización de la economía y el cierre del Banco Central.

Yendo a contramano de todos los debates y los retos que hemos construido junto a la comunidad internacional frente al desafío que es impuesto por la emergencia climática y socioambiental y, por ende, la necesidad de crear mecanismos de cooperación, Milei se presenta como un negacionista del cambio climático.

En caso de ser electo, ya ha anunciado la salida de Argentina del Mercosur y la ruptura de lazos comerciales con países como Brasil y China por considerarlos bajo la órbita del comunismo. Tras la incorporación de Argentina en el bloque de los BRICS, el mismo candidato apuntó que, en caso de asumir como presidente, no respaldará tal incorporación aludiendo que los países que componen el bloque atentan contra las libertades individuales, el derecho de propiedad y el libre mercado. En contraparte, propone como prioridad de su eventual gobierno, el estrechamiento de vínculos comerciales con Israel y Estados Unidos.

Vemos con preocupación el avance de posturas que plantean la ruptura definitiva del bloque MERCOSUR y proponen mecanismos de libre comercio y absoluta liberalización de los mercados en el país.

El MERCOSUR constituye para Argentina el principal espacio de integración económica regional, que permite disminuir las asimetrías entre nuestras economías y el Norte Global, fortalecer los lazos comerciales entre los países que conforman el bloque a través de mecanismos internos y fortalecer la cooperación y la solidaridad de nuestra región.

La integración de nuestros países en el MERCOSUR constituye un recorrido histórico que construye articulaciones en aspectos comerciales, productivos, sociales y políticos, a través del rol fundamental de los Estados que, a través de su unidad, promueven su autonomía y soberanía en el marco de la subordinación hemisférica que la globalización propone.

Ante el avance de la ultraderecha, llamamos a levantar las voces de unidad de los pueblos latinoamericanos por la defensa de nuestros Estados nacionales, la soberanía política de nuestros países y el resguardo de la integración regional.

Somos solidarios/as con  las organizaciones y movimientos sociales en Argentina, acompañando con  fuerza al pueblo argentino para que logren enfrentar ese avance y preservar  la democracia en el país.

Firman:

  • Amigas da Terra Brasil
  • CONTRAF – Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil
  • FASE – Solidariedade e Educação
  • Frente Brasileira contra o Acordo UE-Mercosul e EFTA-Mercosul
  • INESC – Instituto Nacional de Estudos Socioeconômicos
  • ISP – Internacional dos Serviços Públicos
  • PAD – Articulação e Diálogo Internacional
  • REBRIP – Rede Brasileira pela Integração dos Povos
  • Rede Jubileu Sul Brasil
  • REDES – Amigos de la Tierra Uruguay
  • SOBREVIVENCIA – Amigos de la Tierra Paraguay
  • Tierra Nativa – Amigos de la Tierra Argentina
  • Otros Mundos Chiapas – Amigos de la Tierra México
  • ATALC – Amigos de la Tierra América Latina y Caribe

[Video] Voces en resistencia IV: Medidas ante los megaproyectos extractivistas

Con mucha alegría les compartimos el cuarto capítulo de la serie Voces en Resistencia; una serie de testimonios de personas que luchan por defender la vida y el territorio de mega proyectos extractivistas.

En este caso Rose, integrante de Amigos de la Tierra Internacional y participante de la Asamblea Anual de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería donde nos cuenta la importancia de la solidaridad internacionalista en las luchas para enfrentar el poder corporativo.

Más capítulos:

Solidaridad con la lucha de los pueblos del Ecuador ante acusaciones de Ministro Santos Alvite

Compartimos este pronunciamiento de Amigos de la Tierra America Latina y el Caribe ATALC – A 27 de abril del 2023

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) manifiesta su profunda indignación y rechaza vehementemente los hechos que tuvieron lugar el 26 de abril en Ecuador, en los que el Ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, criminalizó la lucha de los pueblos del Ecuador por su derecho al ambiente sano.

En el marco de la comparecencia ante la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, frente a la que el ministro debía rendir cuentas por el caso de las 9 niñas ecuatorianas que enfrentan al Estado con la demanda interpuesta por la contaminación de la Amazonía generada con la instalación y quema de gas en mecheros, el Ministro tildó de “delincuente internacional” al abogado Pablo Fajardo, integrante de la Unión de Afectadas/os por Operaciones Petroleras de la Texaco (UDAPT), sin que haya para esta agresión temeraria ningún tipo de prueba, soporte jurídico o fallo que así lo defina; esta acusación pone en riesgo la lucha democrática de los pueblos ecuatorianos que además exigen reparación integral por las violaciones de los derechos de los pueblos y sus derechos humanos, de las que se acusa a la transnacional Chevron.

La Corte de Sucumbíos en la sentencia del caso mecheros le ordenó al Estado que en un plazo de 18 meses eliminara todos los que están aledaños a poblaciones. El plazo se cumplió el pasado 29 de marzo y el Estado no ha cumplido con esta obligación, razón por la que instituciones como UDAPT, entre otras, exigen el cumplimiento de la ley como una de las condiciones necesarias para hacer justicia, de ahí la presencia legítima del abogado Pablo Fajardo en la comparecencia señalada.

La acusación del ministro Santos Alvite recae contra todos los pueblos originarios de Orellana y Sucumbíos, mujeres, niñas/os y articulaciones sociales que por más de 30 años han luchado para lograr reparación integral del daño causado por las transnacionales petroleras.

Es importante recordar, también, que el ministro Santos Alvite tiene una larga historia de vinculación a la industria petrolera como asesor de empresas, y 8 años como delegado de Ecuador ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y que ha sido un férreo defensor de Chevron y otras empresas transnacionales. Lamentablemente, lo sucedido el 26 de abril no es un hecho aislado, en diferentes ocasiones ha realizado ese tipo de acusaciones temerarias.

ATALC pide que ante situaciones de esta gravedad, que criminalizan las luchas de los pueblos y ponen en riesgo la vida e integridad de las personas estigmatizadas, se haga la retractación correspondiente, y se avance en el cumplimiento de las sentencias ajustadas al Estado de Derecho.

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
Abril 27 de 2023

Más información:

Ecuador es denunciado ante la CIDH por sus intromisiones en el caso Chevron

Compartimos este pronunciamiento de la Unión de Afectadas y Afectados por las Operaciones Petroleras de TexacoUDAPT vía Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC sobre el caso Chevron en Ecuador – A 23 de marzo del 2023

Este lunes 20 de marzo de 2023, las/os afectadas/os por las operaciones de Chevron (Texaco) en el Ecuador recurrieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar que el Gobierno de Ecuador obstaculiza y pone en riesgo la ejecución de la sentencia y la reparación de las zonas afectadas por la contaminación provocada por los procesos extractivos implementados por Chevron en las provincias de Orellana y Sucumbíos.

Lago Agrio, 21 de marzo de 2023. Han pasado más de 30 años desde que inició el juicio contra Chevron y 11 años desde que se ejecutorió la sentencia en favor de indígenas y colonos que habitan en las provincias de Orellana y Sucumbíos. Sin embargo, pese a existir cuatro sentencias que encuentran a Chevron culpable del daño causado, la reparación no llega a los pueblos victimas del crimen de la petrolera. Las/os afectadas/os por las operaciones de Chevron responsabilizan al Gobierno de Ecuador por haber interferido en este juicio privado para evitar que puedan ejecutar la sentencia. Son tres los elementos que señalan.

Primero, el ex Procurador General del Estado, Iñigo Salvador, envió oficios mediante valija diplomática a las Cortes de Canadá y Argentina, en donde se encontraban pendientes sendos procesos de ejecución de la sentencia contra Chevron. Como consecuencia de la interferencia del Procurador, los procesos fueron descartados. El caso fue particularmente grave en Canadá, donde estaba pendiente una decisión final de la Corte Suprema que permitiría la ejecución completa de la sentencia, pero luego de la intervención de Salvador, el caso fue archivado. Adicionalmente, el Ex Procurador General del Estado emitió una serie de declaraciones públicas, en las que parecía ser defensor de los intereses de Chevron y no del Estado ecuatoriano.

En segundo lugar, el Gobierno de Ecuador ha emprendido una campaña de persecución en contra de las/os pobladoras/es ecuatorianas/os, con la clara intención de favorecer a la multinacional. Por pedido expreso del ex Procurador del Estado, Íñigo Salvador, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, a mediados del año 2021 inició indagaciones contra las/os pobladoras/es amazónicas/os por un supuesto delito de cohecho, en el cual se pretende demostrar que el juez de primera instancia, Nicolás Zambrano, dictó sentencia a favor de las/os amazónicas/os por supuestos ofrecimientos de dinero al Juez.

Y tercero, desde el 2017 el Gobierno de Ecuador ha fallado en su obligación de ejercer una defensa técnica efectiva, sobre la base de la soberanía y la institucionalidad del Estado, ante el panel arbitral y ante la justicia holandesa. Los actos realizados por la defensa del Gobierno demuestran desidia y hasta negligencia.

En 2018 el Estado ecuatoriano planteó el recurso de nulidad del laudo arbitral que obtuvo Chevron el 30 de agosto de ese mismo año. Aunque la justicia holandesa todavía no ha emitido un fallo definitivo sobre el recurso de nulidad planteado por la Procuraduría del Estado, el Gobierno de Ecuador actualmente ya se encuentra ejecutando el laudo como si estuviera vigente. Justamente, es por su cumplimiento que el Gobierno de Ecuador se ha empeñado en entorpecer las acciones de cobro de los demandantes en jurisdicciones extranjeras, en las que ha intervenido sin ser parte procesal.

Estas acciones dejan en claro que el Estado y Chevron están actuando coordinadamente, y que para el Gobierno de Ecuador es más importante el cumplimiento de un laudo arbitral y la satisfacción de los accionistas de Chevron, que los derechos de sus ciudadanas/os. La intervención del Gobierno de Ecuador con la intención de evitar que las comunidades puedan ejecutar una sentencia emitida por su propio poder judicial, es contraria a las obligaciones nacionales e internacionales del Ecuador en materia de Derechos Humanos.

Pablo Fajardo, abogado de los demandantes en el caso Aguinda Vs Chevron, afirmó que es lamentable que el Gobierno del Ecuador, con la Procuraduría General del Estado, se pongan al servicio de la transnacional y pretendan desconocer una sentencia ejecutoriada del sistema judicial ecuatoriano. La sentencia que beneficia a los pueblos y a la naturaleza se basa en instrumentos jurídicos de Derechos Humanos. El Laudo arbitral que beneficia a Chevron, contra Ecuador, se basa en un Tratado Bilateral de Protección de Inversiones. Este es un caso en el cual se refleja una grave disputa entre el sistema de protección del derecho económico de las empresas transnacionales, que cuentan con la complicidad de muchos gobiernos, que se ponen en contra de su propia población como es el caso de Ecuador. Ese sistema está en contra del sistema de derechos humanos que protege a los pueblos humildes de Latinoamérica. En el fondo es un abuso del derecho de las trasnancionales, que someten a los gobiernos de países pequeños en todo el mundo. Por lo tanto, este problema no es solo del Ecuador, es un problema que afecta a la humanidad, sentenció Fajardo. En ninguna parte del mundo, el dinero puede valer más que la vida de miles de campesinos e indígenas.

Donald Moncayo, coordinador de la Unión de Afectados por Texaco, alertó sobre las interferencias del ex Procurador Iñigo Salvador. Señaló que sus actos llevaron al Estado ecuatoriano a inmiscuirse en un juicio entre privados. Resulta un acto de traición que nuestro Procurador del Estado obstaculice una sentencia en favor de ciudadanos de Ecuador, que ha sido analizada y ratificada por todas las instancias judiciales de Ecuador, incluyendo la Corte Nacional y la Corte Constitucional.

Las acciones del Procurador, dijo Lidia Aguinda, una de las demandantes, traerán graves consecuencias al Estado ecuatoriano, pues está atentando contra los derechos que debe proteger de los ecuatorianos, contraviniendo así su mandato constitucional. Enfatizó que sus actos son una clara violación de la independencia judicial y mancillan la soberanía del Ecuador en favor de Chevron. Con referencia al presupuesto general del Estado, que dispone 2 mil millones de dólares para pagarle a Chevron, añadió: “Parece que el Gobierno de Ecuador está más preocupado por satisfacer a las exigencias de Chevron que las necesidades de la población ecuatoriana”.

Por su parte Elias Piaguaje, Presidente de la Nacionalidad Siekopai, afirmó que hemos luchado 30 años buscando justicia y reparación. Nos hemos envejecido en esta batalla, pero seguiremos luchando hasta lograr que se repare nuestra Amazonía. No podemos dejar un legado de muerte y destrucción a nuestras futuras generaciones.

La dirigencia de la UDAPT hace un llamado a los pueblos de Latinoamérica a unirse y levantarse en casos como estos. No se puede permitir que nuestros gobiernos den seguridad jurídica a las empresas transnacionales, y desmantelen todo el sistema de protección de nuestros derechos humanos de la Naturaleza, cuando somos agredidos por esas corporaciones. Igualmente hacemos un llamado al Gobierno del Ecuador a respetar la sentencia de la Corte Constitucional del país y a no intervenir en favor de Chevron. Por ahora confiamos que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos nos proteja de las interferencias indebidas del Gobierno de Ecuador, le ordene reparar los derechos vulnerados, y prevenga futuras intervenciones violatorias de los derechos de las/os pobladoras/es amazónicas/os.

Contactos
Donald Moncayo +593 99 397 7808
Pablo Fajardo +593 99 397 7811

Solidaridad urgente con UDAPT / Amigos de la Tierra Ecuador

Compartimos este pronunciamiento de Amigos de la Tierra America Latina y el Caribe en solidaridad con Unión de Afectadas y Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT), delegación de Amigos de la Tierra Ecuador – A 9 de febrero del 2023

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), organización que trabaja por la justicia ambiental, social, económica y de género, con presencia en 14 países de América Latina y en articulación con 75 países del mundo bajo la Federación Amigos de la Tierra Internacional, se declara en alerta y manifiesta su profunda preocupación y repudio por las amenazas, atentados y persecuciones sufridos por la Unión de Afectadas y Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT) / Amigos de la Tierra Ecuador. La misma, es una organización social sinfines de lucro que desde hace 29 años está luchando por el acceso a la justicia y la reparación integral. UDAPT está compuesta por las Nacionalidades Siekopai, Siona, Cofanes, comunidades Kichwas, Shuar, Waorani y miles de campesinos o mestizos.

UDAPT lleva a cabo numerosas acciones en defensa de las comunidades afectadas por la contaminación y sus acciones afectan los intereses económicos de las empresas transnacionales (ETN) y del Estado ecuatoriano, por ello se ha incrementado enormemente la agresiva campaña mediática para difamar a las/os abogadas/os de UDAPT, quienes incluso han sido atacadas/os verbalmente por autoridades del Gobierno Nacional y por la Procuraduría General del Estado.

Debido a la arquitectura de la impunidad tejida por las propias ETN a nivel internacional, la organización es acusada afirmando que por su accionar el Ecuador ha perdido el arbitraje internacional con la petrolera Chevron, cuando en realidad Ecuador pierde los arbitrajes con Chevron, Perenco y otras transnacionales, por su pésima defensa técnica y por las reglas de juego del sistema arbitral.

En agosto del 2022, dos sujetos con armas de fuego en mano ingresaron a la oficina donde trabaja el abogado Pablo Fajardo y sustrajeron su computadora portátil. Pocos días después, posiblemente los mismos delincuentes enviaron una serie de mensajes con amenazas. El 26 de enero del 2023, ingresaron nuevamente a la oficina de UDAPT, abrieron una ventana y se llevaron la computadora portátil del abogado Jayro Salazar. El 27 de enero del 2023, una motocicleta con dos personas a bordo persiguió el vehículo que se movilizaba el representante de UDAPT Donald Moncayo y su familia.

La noche del día viernes 27 de enero del 2023, Jayro Salazar fue interceptado por una motocicleta donde iban dos personas con cuchillo en mano y con su rostro totalmente cubierto por un pasamontañas, uno de ellos se acercó a Jayro Salazar y le propinó una puñalada en la pierna. El sujeto, antes de subir a la moto que lo esperaba, lanzó un papel que señalaba: primera advertencia: “_deja de meterte en lo que no te importa y deja de averiguar más de lo que debes o iremos por tu familia_”.

Los hechos denunciados por UDAPT revisten una gravedad inusitada y demuestran la impunidad del poder corporativo en América Latina y el Caribe. Las luchas dignas llevadas adelante por los pueblos de Ecuador, en defensa de los territorios que habitan, son absolutamente legítimas. Responsabilizamos al gobierno Ecuatoriano por la seguridad e integridad de todos los miembros de UDAPT y las comunidades con las que trabajan.

ATALC expresa su profunda solidaridad internacionalista con UDAPT, exige una investigación urgente de los hechos y la identificación de los responsables de las agresiones, que deben ser inmediatamente sometidos a la justicia.

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)

Febrero 9 de 2023

Repudio a intento de golpe en Brasil

Compartimos este pronunciamiento de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC sobre el intento de golpe de estado en Brasil – A enero 9 de 2023

América Latina y el Caribe. Enero 9 de 2023

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) manifiesta su rechazo y repudio total a los hechos que tuvieron lugar en Brasilia el día de ayer bajo intentos golpistas de los sectores de la ultraderecha bolsonarista. La toma violenta de las 3 sedes del poder en la capital federal dan cuenta de los desesperados intentos del bolsonarismo y sus cómplices nacionales e internacionales por desestabilizar la democracia desde la violencia y la fuerza, actos que sin lugar a dudas deben ser condenados y aislados de Brasil y de toda la región de manera tajante.

El presidente Luis Inácio Lula Da Silva obtuvo la victoria democráticamente en las pasadas elecciones y tras su posesión las fuerzas neoliberales y fascistas continúan sin reconocer su legítimo gobierno que es producto de la decisión soberana del pueblo brasilero. Por eso es urgente y estrictamente necesario que desde las organizaciones, movimientos sociales y articulaciones de los pueblos soberanos acompañemos al pueblo de Brasil en estos momentos de ataque a la democracia que pone en peligro no solamente la estabilidad del gobierno, también la vida de millones de hombres y mujeres que trabajan día a día por la construcción de la paz y la redignificación de la vida de las clases populares y trabajadora.

ATALC expresa su profunda solidaridad internacionalista con el pueblo de Brasil y hace un llamado para rodear al gobierno, organizaciones y movimientos sociales desde distintas partes del mundo, levantando nuestras voces contra las amenazas golpistas en el Brasil y en toda la región latinoamericana y del Caribe. No permitiremos que vuelvan a imponerse los golpes de Estado y la barbarie.

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)

Más información:

Campaña Internacional de Solidaridad con Haití: ¡Por un Haití digno y soberano, libre de ocupación!

Compartimos la siguiente campaña de solidaridad internacionalista con Haití a través de Amigos de la Tierra Internacional ATI – A 24 de octubre del 2022

Roger Waters, Noam Chomsky, y más de 500 militantes sociales y populares, artistas, académicos/as, figuras públicas, han firmado esta carta abierta por un Haiti digno y soberano, libre de intervención extranjera. Impulsada por la Asamblea Internacional de los Pueblos, ALBA Movimientos, la Asamblea de los Pueblos del Caribe, y la Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo, buscamos sumar más luchas y manifestaciones de solidaridad con nuestro hermano pueblo de Haití para frenar los ataques en su contra.

Suma tu firma a nuestra declaración en solidaridad con el pueblo haitiano y contra la intervención extranjera: https://bit.ly/3DjBOTa

Durante los últimos 4 años, el pueblo haitiano se ha movilizado permanentemente contra el enorme empobrecimiento de las masas, las escandalosas desigualdades que condenan a la mayoría de la población a vivir en condiciones inhumanas y contra los beneficios económicos de los que goza una pequeña minoría. En particular se ha movilizado contra el aumento de la inflación, los precios del combustible y, más recientemente, para rechazar los llamamientos a la intervención extranjera que ha solicitado de forma ilegítima el primer ministro Ariel Henry, respaldado por Estados Unidos.

Hoy Haití se encuentra frente a una posible nueva ocupación militar directa de la ONU, tal como ocurrió entre 2004 y 2017 a través de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH). Al respecto son preocupantes las declaraciones del Secretario General del organismo, Antonio Guterres, quien ha solicitado al Consejo de Seguridad la aprobación de dicha intervención de carácter militar, que se suma al reciente arribo de aviones militares enviados por los gobiernos de Canadá y Estados Unidos.

Llama especialmente la atención que las razones por las cuales el gobierno de Henry, y las Naciones Unidas justifican esta posible intervención militar, son provocadas precisamente por las ocupaciones anteriores en la isla, como es la propagación del cólera, y la crisis humanitaria ocasionada por los numerosos casos de violaciones sexuales y de derechos humanos cometidos por los cascos azules contra la población civil.

Instamos a la comunidad internacional, a los mecanismos regionales de integración como la  Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, y en particular a los gobiernos populares y progresistas de nuestro continente, a rechazar de forma tajante estos nuevos intentos de ocupación en Haití, y rechazar todo intento de injerencia. Aludiendo a los principios del Derecho Internacional de no intervención, igualdad de derechos, libre determinación de los pueblos, e igualdad soberana consagrados en la Resolución 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas; la solución a los problemas domésticos de Haití debe ser impulsada por el mismo pueblo haitiano sin ningún tipo de intervención extranjera, y priorizando la soberanía, autodeterminación y democracia en el país. 

¡Por un Haití digno y soberano, libre de ocupación!

Más información:

Solidaridad Internacional con La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal quien será reconocida este año con el III Premio a la Defensa Ambiental “Mariano Abarca” 2021

Compartimos esta carta en apoyo y solidaridad con La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal – A noviembre 2021

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El 27 de noviembre de 2021 se cumplen 12 años del asesinato del defensor del medio ambiente mexicano Mariano Abarca. Como líder comunitario y miembro fundador de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Mariano se manifestó activamente contra los impactos socio-ambientales de un proyecto de minería de barita en su comunidad de Chicomuselo, Chiapas. Los sospechosos de su asesinato eran trabajadores de la empresa canadiense Blackfire Exploration que explotaba la mina.

Este año es especialmente importante. El 8 de noviembre, la familia de Mariano y aliados presentaron su última petición ante la Corte Federal de Apelaciones para que se investigue las acciones de la embajada canadiense en México que pudieron haber puesto en peligro la vida de Mariano. De acuerdo con más de mil páginas de documentos obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información, la embajada canadiense abogó ante las autoridades mexicanas para impulsar las operaciones de Blackfire, pese a que sabía que la vida de Mariano corría peligro. Como lo declaró la Corte Federal de Apelaciones en el 2019, Mariano Abarca “quizás no hubiera sido asesinado” si la embajada canadiense en México “[hubiese] actuado de otra manera”

La Corte Federal de Apelaciones de Canadá aún no ha decidido si recomendará que la investigación regrese al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública para evaluar las acciones de la embajada o si se pondrá del lado de la impunidad estatal y empresarial. Mientras tanto, las/los defensores del medio ambiente en México siguen enfrentando violencia por defender sus territorios y el agua frente al capitalismo extractivista. 

El compromiso de Mariano con la vida ha servido de inspiración para el Premio anual a la Defensa Ambiental “Mariano Abarca”, que se entrega cada 27 de noviembre y que reconoce a una organización local de Chiapas en nombre de 35 organizaciones de la sociedad civil mexicanas e internacionales.

Este año, en honor a la memoria de Mariano, el Premio Ambiental Mariano Abarca se entregará a la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, una organización indígena que fiel a la visión y vida de Mariano trabaja desde 1992 en la defensa de su territorio y de los derechos humanos. 

La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal aboga por la justicia, la paz y la autodeterminación. Defiende los derechos de los pueblos indígenas mayas Tsotsil y Tseltal y apoya las luchas de otros movimientos sociales e indígenas que luchan por la justicia social y ambiental como el Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas y la Escuela de Justicia Energética que aglutina a comunidades y organizaciones de Chiapas y Guatemala contra las represas y en búsqueda de un nuevo modelo energético para los pueblos. 

En este sentido, luchan contra la militarización de sus territorios para instalar megaproyectos extractivos como mega-hidroeléctricas y el Tren Maya. Estos proyectos amenazan con despojar y desplazar aún más a las comunidades de sus territorios en beneficio de las empresas transnacionales. Su resistencia pacífica ha detenido hasta ahora un proyecto de exploración petrolera.

En 1997, un grupo paramilitar mató a 45 de sus integrantes quienes se habían refugiado en Acteal en lo que se conoce hoy como la Masacre de Acteal. En un contexto de creciente violencia en México, y particularmente en el estado de Chiapas, Las Abejas se han convertido en un refugio muy necesario para las comunidades que huyen para salvar sus vidas de los grupos armados y de las fuerzas armadas del estado.

El premio Mariano Abarca de este año llega luego de que uno de los ex-presidentes de la Mesa Directiva de Las Abejas, Simón Pedro Pérez López, fue asesinado delante de su hijo el 5 de julio de 2021. Simón se había pronunciado firmemente en apoyo de las comunidades afectadas por las hidroeléctricas y los proyectos mineros. Hoy, las comunidades no sólo buscan justicia por la masacre de Acteal, sino también por Simón Pedro Pérez. 

La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal es una fuente de inspiración y un ejemplo de resistencia pacífica para todas y todos los que luchan contra el despojo, el desplazamiento, la militarización y los megaproyectos extractivos en Chiapas. Expresamos nuestra solidaridad con la Las Abejas y hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que inicien una investigación imparcial y exhaustiva por el asesinato de Simón Pedro y lleven a los responsables ante la justicia.

A doce años del asesinato de Mariano, nos solidarizamos con su familia y nos comprometemos a seguir apoyando sus esfuerzos para lograr justicia. 

¿Qué puedes hacer tú?  Firma esta petición y exige justicia para Simón:

Súmate firmando esta declaración de solidaridad con la familia de Mariano y la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. 

>>FIRMA AQUÍ<<

Carta de apoyo a El Estor

Compartimos esta carta de apoyo y solidaridad con El Estor – A Noviembre de 2021

Estimad@s compañer@s colegas y amig@s:


Les compartimos una carta de apoyo a la comunidad, autoridades ancestrales y periodistas de El Estor ante la proclamación del Estado de sitio por parte del Gobierno de Guatemala y la persecución y criminalización de los defensores del territorio y periodistas comunitarios.
Les pedimos que nos ayuden a DIFUNDIRLAY si están de acuerdo con el contenido y quieren FIRMARLA, por favor enviar su nombre y adscripción (si la hay) al correo  ApoyoalEstor@gmail.com

Muchas gracias

Los abajo firmantes, ciudadanas y ciudadanos, miembros de pueblos, investigadoras y profesores, activistas de organizaciones, artistas, periodistas, defensoras y defensores de derechos, queremos unir nuestras voces para mostrar nuestra preocupación porque una vez más, un municipio guatemalteco, está vez el territorio Maya Q’eqchi’ de El Estor, colindando el Lago Izabal, está siendo objeto de un Estado de sitio, provocado por los intereses económicos de una empresa que en esta ocasión es extranjera. Como resultado, además de alterar la vida cotidiana de los habitantes de esta comunidad y  se están produciendo detenciones arbitrarias e irregulares y situaciones de acoso e intimidación que atentan contra los derechos de las personas, los pueblos afectados y la libertad de expresión.

La actividad minera ya tiene varias décadas en el Estor, y desde su instalación ha estado ligada a la imposición, la violencia, el desprecio por la población y el ambiente, y la corrupción, que han aumentado después de que en 2011 la compañía ruso-suiza Solway Investment Group tomara el control de la mina a través de su subsidiaria CGN –Compañía Guatemalteca de Níquel- y en 2014 el presidente Otto Pérez les aprobara una concesión de 250 km2, muy por encima de los 20 km2 regulados en la Ley de Minería. Las protestas de la comunidad ante la visible contaminación del Lago Izabal en 2017 y 2018, llevaron a la intervención de la Policía Nacional Civil -PNC- provocando la muerte de don Carlos Maaz, pescador artesanal. En este año 2021 se dieron a conocer acciones de corrupción que relacionan al presidente Alejandro Giamattei con los empresarios rusos de las principales mineras de níquel en esa región; CGN y MayaníquelFruto de los esfuerzos de la comunidad por defender su territorio de los efectos perniciosos de la actividad minera, en 2020 la Corte de Constitucionalidad -CC- conminó a la empresa CGN a suspender actividades mientras se llevaba a cabo la consulta que, según el Convenio 169 de la OIT –ratificado por el Estado guatemalteco- debía de haberse realizado previo a la reanudación de actividades. La empresa CGN no sólo no ha suspendido su accionar –tampoco lo hizo durante la vigencia de restricciones durante la pandemia de covid-19-  sino que ha puesto en marcha un proceso de pre-consulta en que se ha negado la participación de quienes se oponen a la presencia de la actividad minera, distorsionando y tergiversando el sentido de la consulta -libre, previa e informada-. Pretenden además acelerar el proceso de preconsulta bajo un estado de sitio, que elimina las garantías del pueblo Q’eqchi’.

Ante esta situación, los cuatro Consejos Ancestrales Q’eqchi’s que representan a la población afectada, decidieron en asamblea el 3 de octubre organizar un plantón que impidiera el paso de los vehículos de la empresa –las “góndolas” que entran carbón y sacan tierra y ferroníquel-  para llamar la atención sobre las irregularidades que les mantenían fuera del proceso que ellos mismos habían puesto en marcha al solicitar la demanda contra el Ministerio de Energía y Minas MEM a través del amparo a la CC. 

La respuesta de las autoridades ha sido, una vez más, desoír las demandas de la población, criminalizar sus demandas y tratar sus acciones como un problema de orden público. De esa manera, desde el día siguiente a la instalación del plantón empezaron a llegar a El Estor elementos de la PNC, que el día 22 de octubre procedieron a desalojar el plantón con exceso de fuerza y apoyo del Ejército y de helicópteros militares. La acción policial de manera ilegal acompañó cada uno de los camiones cargados con carbón, a pesar de la suspensión minera y luego escoltó la salida de camiones cargados de ferroníquel al Puerto Santo Tomas de Castilla. Al día siguiente, el gobierno de Alejandro Giamattei consolidó la agresión promulgando el Estado de sitio en el municipio de El Estor. En este contexto, se ha procedido a retomar o poner en marcha procesos de persecución penal contra autoridades locales y periodistas comunitarios y hostigamiento a base de retenciones, amenazas y allanamiento de sus viviendas.

Este Estado de sitio y las actividades realizadas bajo su promulgación muestran una vez más la incapacidad del Estado guatemalteco de dar salida a los conflictos sociales y las demandas de la población que ve su bienestar, derechos y dignidad afectadas por las actividades económicas. La represión como única forma de respuesta muestra la toma de postura de los sucesivos gobiernos a favor de unas empresas que no sólo no dejan apenas beneficios y sí muchos problemas, sino que además desconocen las leyes vigentes. Ésta es una de las facetas más constantes en la degradación de la vida política guatemalteca que vivimos desde hace unas décadas.

Ante esta situación instamos a las instancias gubernamentales a cumplir su papel constitucional haciendo cumplir la legislación vigente a todos los sectores involucrados; y que se obligue a la empresa CGN a cumplir con lo establecido por la Corte de Constitucionalidad sin tergiversar sus obligaciones. Que se levante el estado de sitio, se suspenda la preconsulta minera promovida por el MEM, se respeten los derechos de los pueblos, sus demandas y formas de organización, como está establecido en los Convenios ratificados por el Estado guatemalteco. Que se respeten la vida, la dignidad y los derechos de las personas que en estos momentos están siendo objeto de  persecución y hostigamiento; así como el derecho a la libertad de informar, base del derecho a la libertad de expresión y de elección

 Firmantes

Imagen: Radio Temblor

Más información:

El Escaramujo en la Radio Martes 3 de agosto 6pm – “Haití” ¿Qué pasa ahí? Pueblo en Resistencia

En nuestra emisión mensual de agosto del El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, estaremos platicando sobre la situación tan complicada y difícil por la que esta pasando Haití y la resistencia de su pueblo en la búsqueda de una vida digna, así que acompáñanos este martes 3 de agosto a las 6 pm.

Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Koniki este martes 3 de agosto a las 6 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki

Más información:

En solidaridad con el pueblo de Haití

Compartimos este comunicado de la Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC en solidaridad con el pueblo Haití – A 21 de julio del 2021

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) se solidariza con el pueblo haitiano, ante la violencia, inestabilidad e incertidumbre social ocurrida en las últimas décadas y acrecentadas con los riesgos de intervención extranjera generados por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, quien se había mantenido en el poder de una manera violenta e ilegal ya que su mandato constitucional finalizo en el pasado 7 de febrero 2021.

Desde hace meses, Haití vive una espiral de violencia que busca frenar y reprimir las luchas populares que se han mantenido de forma permanente y pacífica durante los últimos 4 años. Según organizaciones locales y organismos internacionales:

• La organización de derechos humanos haitiana Défenseurs Plus afirma que se registraron más de 1.000 secuestros en todo el 2020.
• La Red Nacional de DDHH de Haití (RNDDH) denuncia 12 masacres.
• Más de 150 personas fueron asesinadas y otras 200 secuestradas entre el 1 y el 30 de junio pasado en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, reveló un informe reciente del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH).
• Se han identificado más de 76 grupos armados y 500.000 armas ilegales denunciadas por la CNDDR, Comisión Nacional de desarme, desmantelamiento y reitengración.
• Cálculos de Unicef y de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estiman 10.000 personas desplazadas por enfrentamientos. Según la organización Noupapadomi, 214 niños han quedado huérfanos por masacres en barrios populares.

A estas cifras se sumaron recientemente 17 nuevos asesinatos en el distrito de Delmas 32, entre las víctimas se incluyen periodistas y líderes sociales.

Con el deterioro de la situación sociopolítica, los grupos más vulnerables tendrán dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, con el riesgo de enfrentar una crisis mayor a la ya generada por las sucesivas crisis y la pandemia. Actualmente Haití es el único país de la región donde no hay programa de vacunación contra el COVID 19.

Los sectores progresistas y populares haitianos denunciaron hace mucho el riesgo latente de una nueva ocupación militar avalada por organismos internacionales. Asimismo reclaman organizar un período de transición de por lo menos dos años que permita restaurar la legalidad constitucional, reorganizar el sistema electoral y responder a la masificación de la pobreza y el grave deterioro de las condiciones de vida de la población, salir del neoliberalismo y definir un nuevo pacto nacional de desarrollo que sea el resultado de un amplio proceso de concertación.

La grave situación que vive el pueblo haitiano hoy exige un cambio radical de la política de las agencias internacionales hacia Haití, que detenga el ataque a los derechos de los pueblos y sus derechos humanos. Nos oponemos a cualquier intento de manipular la transición mediante el injerencismo, la ocupación y las medidas represivas y violentas.

Manifestamos nuestra solidaridad internacionalista y nos mantenemos en alerta ante el devenir de los acontecimientos en Haití y llamamos a las organizaciones y movimientos sociales de América y otras partes del mundo a sumarse a las demandas del pueblo haitiano construyendo solidaridad activa en torno a la justicia y la soberanía de los pueblos.

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
Julio de 2021

Imagen: ATALC

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La Universidad Itinerante de Resistencia en Haití se pronuncia sobre la crisis en Haití

Compartimos la Declaración sobre la Crisis en Haití de la Universidad Itinerante de Resistencia en Haití – A 13 de julio, 2021

Una vez más, Haití se encuentra en el centro de una crisis. El ex presidente Jovenel Moïse fue asesinado el 7 de julio. El había suspendido las elecciones presidenciales previstas constitucionalmente para el mes de febrero pasado, y con ello había dado inicio a otra dictadura en Haití. Aun así, denunciamos enérgicamente su asesinato.

Su ilícita continuidad en el cargo venía siendo apoyada por la administración de Biden. Al mismo tiempo, algunos sospechosos de ser responsables del crimen trabajaron como informantes para la US Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA). El listado de los actores haitianos y extranjeros en el complot muestra que Haití ha sido tomado como rehén por la mafia nacional e internacional.

Denunciamos también el nuevo golpe de estado que sucedió tras el asesinato de Moïse, que abrió la entrada de una dictadura más feroz. Ahora ninguna de las ramas del poder público es legítima ni funciona, dado que el tribunal judicial y el parlamento ya se encontraban suspendidos y que hubo dos primeros ministros, uno despedido por el presidente y el otro apenas nominado pero nunca confirmado.

Es evidente el uso premeditado de este vacío de poder para establecer otro gobierno ilegítimo y violento; la declaración de “estado de sitio” y la promulgación de la “ley marcial” apenas unas horas luego del asesinato, por un supuesto primer ministro que nunca fue legalmente posesionado, lo evidencian: se imponen condiciones abiertamente dictatoriales, el ejército reemplaza a la policía en las acciones de seguridad pública, libertades del estado de derecho (como la circulación, la manifestación y la expresión) quedan fuertemente restringidas, los medios de comunicación están controlados, se ha establecido el toque de queda, los tribunales civiles han sido reemplazados por tribunales militares y en general se aumenta la vigilancia de la población.

Estos hechos muestran la continuidad de la criminalización de los movimientos sociales y de las personas más pobres y necesitadas. Bajo la administración de Moïse, por ejemplo, hubo 13 masacres de 7 o más personas, más de 10.000 personas desplazadas por violencia, violaciones colectivas sin fin y secuestros constantes. Cada día el pueblo vive en medio de una inseguridad feroz.

Saludamos a la población haitiana y a las organizaciones y movimientos sociales que tratan de ver el camino a seguir y planifican sus estrategias para el restablecimiento de la democracia. Deploramos que la ONU, por el contrario, trabaje con un ex primer ministro haitiano que había sido destituido y que no tiene ninguna autoridad. Resulta altamente preocupante el pedido de fuerzas militares estadounidenses hecha por el primer ministro de facto – por ahora sin respuesta positiva – y que el gobierno estadounidense haya enviado misiones del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional a Haití, lo que puede significar el inicio de una gran estrategia de intervención internacional. Es claro que otra ocupación solo agravará la situación de pobreza, inseguridad e inequidad, y reproducirá la ausencia de poder y de derechos que parecen ser el destino diario que una pequeña élite y una serie de gobiernos han impuesto históricamente al pueblo haitiano. La nueva dictadura y la intervención internacional son dos caras de un mismo plan para destruir y matar al pueblo y a las instituciones democráticas. Por eso el pueblo nunca ha podido construir un futuro mejor para el país.

Compartimos plenamente las palabras de Kettly Alexandre, de la Universidad Itinerante de la Resistencia en Haití (UNIR) y la sección de mujeres del Movimiento de Campesinos de Papay (MPP): “Solo el pueblo haitiano puede decidir su futuro, pero es esencial contar con la solidaridad de los movimientos sociales internacionales y sus verdaderos amigos.”

Imagen: Confederación Sindical de Comisiones Obreras

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