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Compartimos este pronunciamiento de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC en solidaridad con el Pueblo Argentino ante la terrible represión que esta viviendo – A 21 de junio del 2024

ATALC (Amigos de la Tierra América Latina y El Caribe) denuncia y repudia la salvaje represión realizada por diversas fuerzas policiales sobre los manifestantes que se oponían a la sanción de legislación sumamente regresiva llamada “Ley de Bases” e impulsada por el gobierno de ultraderecha de Javier Milei. La represión resultó en numerosos hechos de violencia y la detención arbitraria de más de 30 personas, de las cuales 16 aún se encuentran detenidas y amenazadas con procesamiento judicial bajo gravísimos cargos. Durante las detenciones, se utilizó un nuevo mecanismo por el cual las/los manifestantes quedan a disposición de la justicia federal con prisión preventiva por riesgo de fuga, acusados de terrorismo e intento de golpe de Estado. De las 17 personas liberadas, se solicita que 14 vuelvan a ser detenidas acusadas de atentar contra la democracia. Mientras tanto, los detenidos restantes denuncian que en los penales han sido sometidos a abusos, como el uso de gas pimienta, golpes y desnudamientos. Estas nuevas formas de actuar por parte de la Justicia Federal siembran un grave precedente para futuras movilizaciones.

La manifestación del día 12 de junio fue el resultado de 6 meses de un gobierno que ha elevado los índices de pobreza al 55,5% de la población y la indigencia al 17,5%. Este gobierno intenta sancionar una ley que otorga superpoderes al presidente, inaugura el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que libera totalmente el accionar de multinacionales extractivas y flexibiliza la legislación laboral, entre otros ataques a las/os trabajadores y la soberanía nacional.

Mediante la aplicación del “Protocolo Antiprotestas”, las fuerzas armadas avanzaron y la represión duró más de cinco horas, utilizando camiones hidrantes, balas de goma, gas pimienta y realizando detenciones arbitrarias. Después de esta brutal represión y de la aprobación de la ley en la cámara de senadores a través de escandalosos hechos de corrupción, el gobierno felicitó a las fuerzas de seguridad -vía canales oficiales- “por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado” (sic). El fiscal a cargo acusó a los detenidos de “alzarse contra el orden constitucional y la vida democrática”, imputándolos con 15 delitos y trasladando a 10 de ellos a penales de máxima seguridad bajo la figura de “prisión preventiva”.

Este hecho pone en evidencia la escalada de violencia económica, simbólica y política que ocurre en Argentina desde hace 6 meses de manera ininterrumpida y creciente, y que se ha exacerbado desde el pasado miércoles. Los y las detenidas son estudiantes, trabajadores/as y luchadores/as sociales.

Los movimientos sociales, ambientales, sindicales, feministas y de la economía popular nos encontramos en alerta a nivel internacional. Acompañamos a los movimientos populares argentinos y responsabilizamos al gobierno de Javier Milei por la integridad de la población.

Llamamos a la comunidad internacional a ejercer la solidaridad internacionalista, exigiendo la libertad inmediata y el desprocesamiento de todos los detenidos y detenidas, quienes no sólo han sido encarcelados/as sino que han sufrido enormes maltratos. Además, exigimos el cese de la violencia del Estado, el respeto por la democracia y el fin de la criminalización de la protesta.

ATALC,18 de junio de 2024

Compartimos este pronunciamiento de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC de donde somos parte en solidaridad con el pueblo argentino – A 10 de enero del 2024

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) se solidariza con el pueblo argentino ante la ofensiva autoritaria y neoliberal desplegada desde la asunción del presidente Javier Milei, el pasado 20 de diciembre de 2023. En menos de un mes de ocupar el poder, el representante de extrema derecha neoliberal ha violentado a la sociedad argentina con sus proyectos autoritarios de reformas legales inconstitucionales a través de un decreto presidencial “de necesidad y urgencia”, además de profundizar enormemente la pobreza con una devaluación de la moneda del 120%; llevar a cabo un ajuste total del Estado en materia social y privilegiar su carácter represivo; e imponer la apertura económica y la desindustrialización; generar una inflación descontrolada y un aumento abrumador del costo de vida, efectivizando una “doctrina de shock”.

Todas estas medidas que perjudican al grueso de la población, serán respaldadas por otra norma de prohibición de las protestas: a través de un Protocolo del Ministerio de Seguridad que prohíbe el derecho fundamental a exigir y manifestarse públicamente, a organizarse social y políticamente y a ejercer la libertad de expresión. Estos derechos, consagrados por la Constitución Nacional Argentina y en acuerdos internacionales a los que el país suscribe, serán gravemente vulnerados por las medidas que buscan criminalizar a los sectores populares, organizaciones sociales y sus referentes.

El “Protocolo para el mantenimiento del orden público” es un mecanismo para convertir en delito la protesta y la organización social que pone en riesgo la integridad física de las personas, su seguridad y libertad. El Protocolo penaliza los cortes de calles o rutas, por lo que cualquier persona que participe en una manifestación incurrirá en la comisión de un delito. Cabe destacar que el Protocolo no es claro respecto al uso de la fuerza policial y no prohíbe expresamente el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas policiales. Sumado a esto, amenazan con cobrar a las organizaciones los costos, que ascienden a sumas millonarias, de los operativos de seguridad en las manifestaciones.

No conforme con estas atrocidades, posteriormente Javier Milei envió un proyecto de ley al Congreso de la Nación, que contiene más de 600 artículos. Popularmente conocida como “Ley ómnibus” por la cantidad de modificaciones que propone. Sin embargo, es en realidad una fuerte reforma inconstitucional del Estado: le quita de facultades al poder legislativo, propone la privatización de 41 empresas estatales, permite el endeudamiento externo desde el poder ejecutivo sin pasar por el parlamento, elimina el derecho a la protesta social, modifica la ley de glaciares habilitando la minería y otras actividades económicas en zona periglaciar y amenazando el agua de las comunidades cordilleranas, habilita el desmonte modificando la Ley de Bosques, establece un “Régimen de Incentivo para grandes inversiones” destinado a sectores de agroindustria, infraestructura, minería, forestal, gas y petróleo, brindándoles seguridad jurídica y protección de derechos en materia tributaria, faculta al poder ejecutivo la creación de un “mercado doméstico de emisión de gases de efecto invernadero” pudiendo asignar derechos de emisión de GEI a cada sector de la economía, establece un mercado de carbono en el cual quienes hayan cumplido sus “metas de carbono” puedan “vender” su cupo a los que no estén cumpliendo las metas, modifica la ley de los 1.000 días que complementa la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Introduce como objetivo la “detección de madres embarazadas e hijos por nacer” abriendo la puerta a la derogación de la ley del aborto.

A nivel internacional, retiró rápidamente a Argentina de los BRICS, propone la aprobación del Acuerdo Unión Europea Mercosur y boicotea el multilateralismo, priorizando el vínculo con Estados Unidos e Israel y proponiendo la ruptura de lazos comerciales con países como Brasil y China por considerarlos bajo la órbita del comunismo.

El gobierno claramente autocrático de Milei es un riesgo para la democracia argentina y para la integración regional. La resistencia a estas medidas en Argentina comenzó rápidamente, mediante protestas que fueron reprimidas, presentaciones judiciales, llamamientos al poder legislativo y judicial para poner freno a estos atropellos y la convocatoria por parte de las centrales sindicales a un paro general con movilización al Congreso de la Nación para el próximo 24 de enero.
Los movimientos sociales, ambientales, sindicales, feministas y de la economía popular nos encontramos en alerta a nivel nacional e internacional. ATALC apoya el llamamiento a paro general, se solidariza con los movimientos populares argentinos en la calle a pesar de los riesgos, hace responsable al gobierno de Javier Milei por la integridad de los y las manifestantes y llama a la comunidad internacional a una alerta permanente y solidaridad activa para que Argentina no pierda los derechos que ha conquistado con años de luchas populares.

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)

10 de enero de 2024