Categoría: Violencia de Estado

Más de 300 recomendaciones a México por crisis en derechos humanos

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Compartimos esta nota de AvispaMidia en relación con la gran ola de violencia y crisis en derechos humanos de vive Chiapas – A 21 de octubre del 2024

PorJeny Pascacio

El Colectivo EPU Mx llamó a las autoridades en Chiapas, sur de México, a priorizar la implementación de recomendaciones en materia de desaparición forzada, militarización, desplazamiento forzado, movilidad humana y violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas, que fueron dirigidas a México en el Examen Periódico Universal (EPU).

El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para revisar el desempeño de los países en la implementación de sus compromisos internacionales en derechos humanos, en el caso de México a cada cuatro años y medio. 

En julio de este 2024, se emitieron 318 recomendaciones del EPU, realizadas por 115 países, de las cuales México aceptó 304 y “tomó nota” de 14. Este número es mayor al pasado EPU (2019), donde se emitieron 264 sugerencias.

Para Mario Andrés Hurtado, representante del Espacio Organizaciones de la Sociedad Civil, esto puede tener distintas interpretaciones como la inclusión de temas como el desplazamiento forzado, que hasta el 2019 el Estado mexicano lo adoptó como un problema público. 

Hurtado fue parte del conversatorio titulado “Implementación de las Recomendaciones Internacionales en Materia de Derechos Humanos del Examen Periódico Universal en Chiapas: Retos y Oportunidades a Nivel Estatal”, llevado a San Cristóbal de Las Casas por el Colectivo EPU Mx. 

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Este colectivo está integrado por 300 organizaciones nacionales e internacionales que presentaron informes en el marco del 4o Examen Periódico Universal de México (EPU), para dar un amplio diagnóstico sobre la situación general de derechos humanos en el país, mismos que detallaron el contexto de Chiapas debido a la violencia por enfrentamientos entre cárteles del crimen organizado. 

Chiapas, sin registros oficiales de personas desplazadas 

El desplazamiento forzado interno es un problema grave en México. Cada año miles de personas se ven obligadas a dejar sus hogares a consecuencia de la violencia, los desastres naturales, desalojos forzados o explotación de los recursos. 

Sin embargo no existe desde el Estado mexicano un compromiso por diagnosticar adecuadamente la situación, mencionó Mario Ortega, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). “Lo que incluye que a la fecha no existen registros oficiales sobre el número de víctimas del desplazamiento forzado en nuestro país”.

Los números que en la actualidad se manejan son estimaciones de la sociedad civil y la academia. Por mencionar el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno estima que en México se han desplazado 392,000 personas entre 2008 y 2023 por situaciones de violencia. 

En 2021, miles de personas en la región de los Altos de Chiapas se vieron obligadas a desplazarse forzadamente de sus comunidades debido a la violencia de grupos civiles armados. Foto: Frayba

“Con preocupación observamos que el común en los casos de desplazamiento es la inacción estatal para prevenir y proporcionar atención humanitaria y reparar a las víctimas”.

Para las organizaciones, los deberes del Estado no deberían estar en duda, pues el desplazamiento forzado interno vulnera una gran esfera de derechos, entre ellos la libre circulación, la vivienda, el libre desarrollo, la seguridad, la alimentación y un largo etcétera.

Incluso la Ley General de Víctimas estipula derechos específicos y prioridades de atención en las personas desplazadas internas como el acceso a medidas de ayuda inmediata, alojamiento, alimentación, a servicios médicos y psicológicos, entre otros.

En este punto, Ortega hizo hincapié en la falta de voluntad política y posturas oficiales que pretenden invisibilizar el fenómeno, aunado a la ausencia de conocimientos sobre DDHH por parte de funcionarios responsables de la atención y la carencia de procedimientos adecuados a las especificidades del desplazamiento forzado interno.

“En la mayoría de las ocasiones no hay una respuesta a la emergencia humanitaria máxime si no existe una presión mediática o de instancias internacionales. En los casos donde se ha logrado algún tipo de atención humanitaria podríamos decir que no existen procedimientos homologados y adecuados, ni garantías de qué esta atención sea permanente”.

El Estado aún se niega a levantar los registros de las personas desplazadas lo que es una condición básica para que sigan las medidas adecuadas, incluso si logran retornar, especificó Ortega.

Hasta ahora no existe un tipo penal a nivel federal y en el estado de Chiapas que castigue el delito de desplazamiento forzado, “lo que sería una medida necesaria para combatir la impunidad y evitar por ende la repetición”, especificó Ortega.

El número de desaparecidos puede ser mayor 

En este conversatorio, Jorge Hernández, de Serapaz, dijo que 40 delegaciones emitieron 43 recomendaciones en el EPU en materia de personas desaparecidas, principalmente en temas de investigación, judicialización, aplicación del  marco constitucional y legislativo, y desaparición de mujeres. 

De las 116,482 personas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), hasta octubre de 2024, al menos 1,328 se han reportado en Chiapas. En la actualidad Tapachula encabeza la lista, le sigue Tuxtla Gutiérrez y Frontera Comalapa. 

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En los municipios mencionados, las propias organizaciones han denunciado un incremento de la violencia criminal en los últimos tres años, lo que dificulta el acceso para la documentación y hace proliferar el temor en las familias de víctimas de denunciar ante las autoridades o buscar a sus familiares públicamente. Por lo que la cifra real de personas desaparecidas podría ser mayor. 

De acuerdo a la documentación del Frayba, los grupos poblacionales afectados por esta situación son las mujeres, además de niñas, niños y adolescentes (NNA). Por ejemplo, Melel Xojobal AC y Redias documentaron de 2020 al 30 de junio de 2024 un total de 2,350 desapariciones sólo de NNA en Chiapas, siendo el 70% adolescentes mujeres. 

Cassandra, de 18 años, fue desaparecida por un grupo armado durante la boda de su mamá.

Jorge Hernández explicó que también hay particularidades como la desaparición de personas migrantes y solicitantes de refugio, que se suman a las desapariciones en el marco de la violencia extrema en regiones la Frontera, Sierra, Costa, Frailesca y Centro. 

“No siempre se denuncia por temor a las consecuencias de tocar intereses económicos y políticos detrás de las desapariciones… y al tener un subregistro de desapariciones, las cifras esconden la dimensión de la problemática y son usadas por las autoridades para minimizar o negar la situación”, sostuvo Hernández.

En este tenor es necesario, dijo, que la Comisión Estatal de Búsqueda fortalezca los mecanismos de comunicación y registro. También está pendiente el desarrollo de todo el andamiaje necesario para la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, de la desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

“Se requiere asegurar los suficientes recursos estructurales, operativos y económicos para su buen funcionamiento”, así también crear el Consejo Estatal Ciudadano que es fundamental para garantizar la voz de las familias de víctimas en las estrategias contra las desapariciones del Estado. 

Migración, militarización y violencia

En cuanto a la migración, México recibió 29 recomendaciones del EPU, aceptó 26 y “tomó nota” sobre tres. Las 26 que son aceptadas tienen que ver con investigación, sanción de delitos y violaciones graves de derechos humanos cometidas contra personas migrantes. 

Mientras que las tres restantes son fundamentales para transitar de una política migratoria que está basada en la securitización de la frontera hacia una política de integración social y acceso a los derechos de las personas migrantes, dijo Yuridia Salvador del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Frayma).

Una de ellas fue hecha por Nueva Zelanda para retirar progresivamente a las Fuerzas Armadas de las actividades policiales públicas y del control de la migración mediante una transición dirigida por civiles. Un tema que las organizaciones han reiterado desde el 2019 cuando la Guardia Nacional se desplegó por el río Suchiate –que divide a Guatemala de México– y demás municipios fronterizos de Chiapas para contener los flujos migratorios.  

Personal de la Guardia Nacional impide el paso a migrantes en las oficinas del INM en Huixtla, al sur de Chiapas.

Las otras dos recomendaciones son de Brasil y de Kirguistán. Tienen que ver con revisar la Ley de Migración para que la detención sea el último recurso y una excepción, así también eliminar las posiciones que permiten la detención automática de las personas en situación irregular.

La defensora de los derechos humanos destacó que no sólo en el marco del EPU se ha hecho énfasis en el tema de las detenciones migratorias como práctica sistemática, arbitraria y generalizada, también el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, en el informe del 2023 pone énfasis en el tema.  

“No hay otras vías para la regularización migratoria y las personas están en riesgo de detenciones reiteradas”, explica la defensora.Es decir, son detenidas más de una vez y esto se refleja en los números. Por ejemplo el año pasado hubo 440 mil eventos de detenciones, mientras que de enero a julio de 2024 suman 700 mil detenciones; 80 mil corresponden a niñas, niños y adolescentes en albergues del Sistema Nacional DIF (Desarrollo Integral de la Familia).

“En las estaciones migratorias no tienen autonomía de comunicación con el exterior, información adecuada y suficiente; la posibilidad de tomar decisiones, están sometidas al control total de la libertad y esto constituye un entorno carcelario de privación de la libertad”. 

Consideró que para traducir las recomendaciones en una política pública y garantía de derechos, tienen que ser dotadas de presupuesto a las instituciones, mejorar la coordinación entre el Instituto Nacional de Migración (INAMI) y demás autoridades para propiciar una política más respetuosa y de goce efectivo de derecho. 

Recrudece la violencia en la zona fronteriza de Chiapas

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Les compartimos estas dos notas de Chiapas Paralelo sobre la terrible y cada vez mas preocupante violencia que se vive en la zona fronteriza de Chiapas por la disputa territorial entre dos grupos del crimen organizado – A 21 de agosto del 2024

“¡Paren!” piden obispos de Chiapas y Guatemala a crimen organizado

“A los violentos, les demandamos ¡Paren! Los seres humanos no son objeto de deshecho”, afirmaron los obispos de San Marcos y Huehuetenango, Guatemala; de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; y de la Pastoral de la Movilidad Humana, de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

Cómo resultado de una reunión que tuvieron en Panamá, los religiosos redactaron una carta pública dirigida a los tres niveles de gobierno, al pueblo religioso y, por primera vez, se dirigieron directamente “a los creadores y ejecutores de la violencia”.

En su pronunciamiento explican: Las comunidades y pueblos de Chicomuselo, Comalapa, Amatenango, Jaltenango, Bejucal de Ocampo, Siltepec, Motozintla, están convertidos en un campo de batalla por la disputa del territorio entre grupos criminales que obligan a los hombres a ir al frente, a cuidar las plumas, a cerrar caminos, ellos y sus familias enfrentar un terror que nunca imaginaron”.

Bernabé Sagastume, Álvaro Cardenal Ramazzini, Rodrigo Aguiar Martínez y Guadalupe Torres Campos, refieren que hoy, de manera obligada, la población de esta región de Chiapas “son puestos como escudos humanos por causas de un sistema de muerte que ningún nivel de gobierno ha querido escuchar y atender en sus raíces”.

Esta, señalan, es una “guerra interesada en la que el pueblo no tiene parte y se le sigue sometiendo bajo amenazas”.

“Las armas de alto calibre descargan sobre hermanos cuya lucha ha sido defender la vida, la tierra, el territorio, dando servicio animados por la Palabra de Dios, vigías de la dignidad con la que han sido revestidos como herencia y por el bautismo, con sus luchas de siempre para que sus pueblos tengan vida”.

Hacen referencia a que, para salvar la vida, miles de pobladores han tenido que abandonar sus comunidades. Llaman esta estrategia como “de exterminio” donde hay intereses económicos, extractivistas y políticos donde la presión para que se lleven a cabo procesos electorales, solo incrementan la violencia.

“Se señaló, se dijo, se demostró, no hay condiciones para las elecciones, los costos son graves ante las elecciones extraordinarias programadas para el 25 de agosto en Chicomuselo, Pantelhó y Capitán Luis Ángel Vidal”.

En este contexto, al dirigirse “a los creadores y ejecutores de la violencia”, les pidieron que paren.

“A los violentos, les demandamos ¡Paren! Los seres humanos no son objeto de deshecho. La vida es sagrada, la sangre derramada clama al cielo y el corazón no olvida la sangre que nos salpica”, señalan.

La violencia generada en Chiapas por los intereses que describen los líderes religiosos, ha dejado una secuela de miles de personas en situación de desplazamiento forzado, de desaparecidos y asesinados.

Otro éxodo masivo de desplazados de Chicomuselo por narcoviolencia

Por Isaín Mandujano

Luego de cuatro días de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que se disputan el control del territorio, cientos de personas pudieron salir de Chicomuselo este martes 20, para buscar refugio en los municipios de La Concordia; Tuxtla Gutiérrez y Comitán.

Tan pronto como el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional pudieron tomar el control de la cabecera municipal, cientos de hombres, mujeres, niños, niñas y personas adultas mayores salieron en una larga caravana de vehículos hacia el municipio de La Concordia para internarse a la región central del estado.

Los vehículos llegaron hasta el punto conocido como Rizo de Oro, donde abordaron en grupos los vehículos en el chalán o panga para pasar el primer brazo de La Angostura, luego siguieron su camino y en el segundo brazo, entre la angustia y miedo se maravillaron que esta vez ya tuvieron que pasar ese punto sobre el Puente Atirantado de 700 metros recién inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Muchos de los desplazados se quedaron en La Concordia, por el ser el pueblo más cercano a Chicomuselo, sin embargo, otro convoy se enfiló hacia Comitán y muchos más se adentraron a Tuxtla, la capital del estado, para buscar refugio con amigos familiares o albergues de iglesias católicas o evangélicas. Chicomuselo, está enclavado en la región de la Sierra Madre de Chiapas, tiene unos 25 mil habitantes, en la cabecera municipal hay ocho barrios pero en sus alrededores hay 206 comunidades, ejidos y rancherías.

La narcoviolencia llegó a finales del 2022 y principios del 2023, e impactó, además de la cabecera municipal, en muchas comunidades rurales que quedaron deshabitadas, estas son La Pinta, Nueva Morelia, San Antonio El Ocotlán, 20 de noviembre, Galicia, Jolentón, Nueva Piedra Labrada, Zacualpa, y Piedra Labrada. Son pues pueblos fantasmas.

Desde el mes de noviembre del 2023, el alcalde de ese municipio Jorge Sepúlveda Morales del Partido del Trabajo abandonó ese municipio y con él desaparecieron los más de 130 millones de presupuesto del ayuntamiento para este 2024.

Hasta el pasado fin de semana se calculaba que los desplazados todos de Chicomuselo, tanto de la cabecera municipal como de las comunidades, oscilaban en unas 4 mil 500 personas, pero con el desplazamiento masivo de estos días, la cifra podría ser de alrededor de más de cinco mil personas.

El Cártel Chiapas y Guatemala (CCYG) se disputa el control del territorio contra el Cártel de Sinaloa (CDS), y la guerra se intensificó en ese municipio donde justo desde el 2018 se creó el Cuartel del 101 Batallón de Infanterá de la SEDENA para garantizar la seguridad de la población, seguridad que no han encontrado hasta ahora.

Imagen: Chiapas Paralelo

Más información:

Las abejas de acteal: Nos da mucha tristeza, llora nuestro corazón por la violencia que ya es imparable y se ha convertido en un monstruo que devora a toda persona que encuentra a su paso

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Les compartimos este comunicado de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal sobre la terrible situación de violencia incontrolable que se vive en Chiapas – A 12 de agosto de 2024

Al Congreso Nacional Indígena

Al Consejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A la Vicaría de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

A los Medios Libres y Alternativos

A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional 

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

A 15 años de la liberación masiva de los paramilitares por la mal llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aquí seguimos, porque somos un pueblo que no olvida. Aquí seguimos las y los sobrevivientes, caminando de la mano con nuestra Mesa Directiva de Las Abejas de Acteal; no nos hemos dejado vender ni manipular por los gobiernos responsables de la Masacre de Acteal ni por los gobiernos actuales que, con su indiferencia y falta de voluntad política, han decidido mantener en la impunidad a los autores intelectuales de la masacre de Acteal.

Las Abejas de Acteal somos una organización con memoria que, a lo largo de casi 27 años desde la masacre de 45 hermanas y hermanos nuestros, más los cuatro bebés no nacidos el 22 de diciembre de 1997, hemos visto cómo este crimen de Estado ha sido objeto de una política de desgaste y de olvido por parte de los mismos gobiernos, quienes buscan dejar impune su propio crimen. Bajo estas políticas, gobiernan y siguen gobernando a México, sin importar el color del partido al que pertenezcan; y no les importan los costos políticos, sociales y económicos que causan, con tal de mantenerse en el poder para saciar sus ambiciones y avaricias.

Nos da mucha tristeza, llora nuestro corazón por la violencia que ya es imparable y se ha convertido en un monstruo que devora a toda persona que encuentra a su paso. Por ejemplo, en esta zona en la que vivimos, el municipio de Pantelhó y las comunidades de Chenalhó que viven en las inmediaciones del primero se han desplazado de manera forzada por los disparos constantes de los grupos armados. Como ya es sabido, el Ejército mexicano y la Guardia Nacional permiten que tales actos ocurran bajo sus propias narices.

Las y los sobrevivientes de Acteal, sobre todo las mujeres que vivieron el terror del ataque de los paramilitares durante aproximadamente seis horas y que vieron caer sin piedad a sus familiares, a los niños y a las mujeres embarazadas, se han enfermado por el pánico y la crisis psicológica. Con esta violencia, el gobierno en turno, en lugar de crear garantías de no repetición de un crimen como el de Acteal, permite a los grupos del crimen organizado mantener aterrorizada a la población, propiciando así el olvido de la Masacre de Acteal, al igual que Ayotzinapa, Tlatlaya, Pasta de Conchos, Aguas Blancas y otros crímenes de Estado cometidos en todo el país.

La decisión de la mal llamada SCJN de liberar a los autores materiales de la Masacre de Acteal, así como la campaña emprendida por los amigos de los paramilitares en 2006, involucrando al Centro de Investigaciones y Docencias Económicas (CIDE), Confraternice, Hugo Eric Flores Cervantes, Héctor Aguilar Camín, Manuel Anzaldo Meneses y con el pacto de Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México en esa época, han hecho que el fruto de su colaboración en la impunidad haya llevado a Chiapas a una guerra civil, tal como lo advirtió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en uno de sus comunicados del año pasado.

Bajo el contexto de oscuridad y muerte que reina en Chiapas, nosotras y nosotros, las guardianas y guardianes de la Memoria y constructoras y constructores de la Justicia y de la Paz, siempre apostaremos por la Esperanza y por la Vida a pesar de la muerte. Sin embargo, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no se pronuncie con el informe de fondo, la violencia, las muertes, los desplazamientos forzados y el terror de día a día van empeorando. No estamos exagerando. En este tenor, insistimos en nombre de las 45 hermanas y hermanos, más los cuatro no nacidos masacrados en Acteal, y en nombre de la sangre que se sigue derramando absurdamente en todo Chiapas y México, solicitamos:

URGENTEMENTE a la CIDH que dicte YA el INFORME DE FONDO del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal), donde responsabilice al Estado mexicano por la Masacre de Acteal y así iniciar la investigación y juicio a los autores intelectuales de dicha masacre, encabezada por Ernesto Zedillo Ponce de León.

Finalmente, reiteramos la invitación a toda la gente a la que también le duele e indigna la impunidad y la violencia a que actuemos levantando la voz y realizando acciones no violentas para exigirles a los tres niveles de gobierno que recuerden que existe una Constitución en nuestro país que les obliga a dar seguridad y proteger a todas y todos los mexicanos. Asimismo, existen tratados internacionales, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se estipulan los derechos de gozar de la paz y de la vida para toda la humanidad.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.

Acción urgente: En riesgo la vida e integridad de la población civil en Chiapas

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Les compartimos esta petición de la Red TDT sobre la terrible situación de violencia que se vive en la zona fronteriza de Chiapas por la disputa territorial entre grupos del crimen organizado – A 1 de agosto del 2024

Reclutamiento forzado de la población en Frontera Comalapa

Actualización 02

01 de agosto de 2024

El 1 de agosto grupos delincuenciales reclutaron al 50% de hombres habitantes de los barrios y ejidos (Ciudad Cuauhtémoc, Paso Hondo, Portal y Nuevo México) de Frontera Comalapa, así como del Barrio Potrerillo del municipio de Amatenango de la Frontera, obligándolos a que se concentren en las casetas de las salidas de Frontera Comalapa y Chicomuselo y a las mujeres de estas poblaciones, que no tienen esposo ni hijos, le están obligando a que cocinen para los hombres reclutados.

La situación es particularmente preocupante. En los últimos 15 días ha habido numerosos enfrentamientos, en varios de ellos la población civil ha sufrido graves consecuencias, prueba de ello es el desplazamiento interno de numerosos grupos y el desplazamiento externo hacia Guatemala. En respuesta a lo anterior, Protección Civil coordinó la entrega de despensas a familias desplazadas originarias de Amatenango de la Frontera, Chicomuselo y Bejucal de Ocampo.

Se reporta también que vehículos del ejército han salido de la zona por la carretera Panamericana con dirección a la Trinitaria. Instamos al Estado mexicano a que, en el marco de sus obligaciones internacionales, realice todas las acciones pertinentes para salvaguardar la vida y la integridad física de la población de la zona fronteriza y sierra de Chiapas. Así mismo, solicitamos información por parte de las autoridades sobre las acciones que estén realizando para asegurar la protección de la población civil del municipio.

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Desplazamiento forzado desde Chiapas a Guatemala por condiciones de inseguridad en el país

Actualización 01

01 de agosto de 2024

La situación de inseguridad en Chiapas no frena a pesar de que se ha visibilizado en las recientes semanas los graves riesgos para la vida y la integridad de la población. Las organizaciones de la sociedad civil tenemos conocimiento del reciente desplazamiento de personas desde Chiapas a Guatemala. De acuerdo con información proporcionada por el gobierno de Guatemala, el 26 de julio huyeron alrededor de 249 personas para buscar refugio. Actualmente se encuentran en la Comunidad Ampliación Nueva Reforma, Aldea La Laguna, Cuilco.

En los días posteriores nuevos enfrentamientos y hechos de violencia en la zona sierra y frontera de Chiapas, han causado el flujo de más personas desplazadas hacia Guatemala, que, de acuerdo a fuentes locales suman al menos 600 que se albergan en refugios oficiales y en casas particulares en el municipio de Cuilco.

El Gobierno Mexicano ofreció albergar a las personas desplazadas en la Estación Migratoria Siglo XXI, sin embargo, este sitio no cuenta con las condiciones necesarias para otorgar ayuda humanitaria e incluso ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por incomunicación, malos tratos a población en movilidad y cuenta con reiteradas quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Mantenemos las peticiones de esta Acción Urgente y solicitamos a la embajada de México en Guatemala que se coordine con las autoridades competentes para brindar atención humanitaria a la población desplazada, así como la protección de la misma.

En riesgo la vida e integridad de la población civil en Chiapas

México, 20 de julio de 2024

Acción Urgente

Por el riesgo inminente que enfrenta la población de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista, Siltepec, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Honduras de la Sierra, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo, del estado de Chiapas.

Respetados Señores y Señoras:

Desde las organizaciones firmantes, activamos la presente acción urgente por el recrudecimiento de la violencia que está teniendo lugar en este momento en varias comunidades de la región fronteriza del estado de Chiapas con Guatemala, y por el cual requerimos intervención inmediata para garantizar la protección de la población civil en los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista, Siltepec, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Honduras de la Sierra, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo.

Desde al menos el domingo 14 de julio, hay indicios de un aumento de las hostilidades entre los grupos armados del crimen organizado que desde 2021 se disputan el control de la zona fronteriza. La situación se ha agravado particularmente hoy, sábado 20 de julio, al cercarse varias comunidades y cabeceras municipales, incluida la de Chicomuselo, por medio de al menos 13 bloqueos carreteros, retenes de hombres civiles armados y obstáculos físicos. Se está reclutando de manera forzada a personas civiles, por lo menos, de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista y Siltepec, y se han reportado ejecuciones de civiles en Zacualpa, municipio de Chicomuselo, los cuales habían sido reclutados forzadamente por parte de integrantes de uno de los grupos armados. Se recibió información confiable de enfrentamientos armados en distintas comunidades del mismo municipio tales como Piedra Labrada y Galicia.

Esta situación representa un riesgo inminente para la población civil de los municipios mencionados, la cual ha comenzado a desplazarse, exponiéndose a ulteriores riesgos derivados de los movimientos de los grupos armados en el territorio y de los enfrentamientos en curso.

Urgimos al Estado mexicano a que salvaguarde la vida e integridad física de la población afectada en los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista, Siltepec, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Honduras de la Sierra, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo.

Asimismo, solicitamos información por parte de las autoridades sobre las acciones que se estén realizando para asegurar la protección de la población civil de estos municipios.

Agradeciéndoles su atención, quedamos atentas a las respuestas a la presente carta.

Un saludo cordial,

Red Nacional de Organismos Civiles de derechos humanos Todos los derechos para todas, todos y todes – Red TDT

Servicios y Asesoría para la Paz, A. C. – Serapaz

Movimiento Sueco por la Reconciliación – SweFOR

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas- Frayba

Servicio Internacional para La Paz (SIPAZ)

Destinatarios:

Sr. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. XTwitter: @lopezobrador_ amlo@presidencia.gob.mx

Sra. Luisa María Alcalde, Secretaria de Gobernación.  E-mail: secretario@segob.gob.mx

Sr. Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Derechos Humanos y Población, Secretaría de Gobernación (SEGOB). E-mail: subsedhpm@segob.gob.mx

Sra Alicia Bárcena, Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE). E-mail: canciller@sre.gob.mx

Sr. Joel Hernández, Subsecretario Para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos,

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). E-mail: jhernandezg@sre.gob.mx

Sr. Adelfo Regino,  Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. E-mail: aregino@inpi.gob.mx

Sra. Josefina Bravo Rangel, Comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México. E-mail: jbravo@segob.gob.mx

Sra. María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). E-mail: presidente@cndh.org.mx / correo@cndh.org.mx

Dra. Irene Alvarez Rodríguez, Coordinadora de Diseño e Implementación de Política Pública de Derechos Humanos imalvarez@segob.gob.mx

Dr. Raúl Arturo Ramírez Ramírez, Director General de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos raramirez@cndh.org.mx

Lic. Victoria Cecilia Flores Pérez, Secretaria General de Gobierno del estado de Chiapas sectec.sgg@gmail.com / sgg@sgg.chiapas.gob.mx

Sra. Andrea Pochak, Comisionada para México, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, APochak@oas.org

Sra. Fiorella Melzi, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, FMelzi@oas.org

Sr. Piero Vásquez Agüero, Consultor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos PVasquez@oas.org

Lic. Gonzalo de Jesús López Nandayapa, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas. secretaria.ejecutiva@cedhchiapas.org

Alejandro Martínez Peralta, encargado de la Sección Consular de la Embajada de México en Guatemala, Secretaría de Relaciones Exteriores apublicogua@sre.gob.mx embguatemala@sre.gob.mx

Personas para contacto:

1) Nataniel Hernández Núñez.  Coordinador de Protección- Red TDT, proteccion@redtdt.org.mx celular:  56-41-60-12-25

2) Teresa Baratta. Responsable de incidencia, SweFor. cel: 967 321 20 52

3) Diana Lepe, Serapaz, dlepe@serapaz.org.mx, cel 55 43 51 50 51

Más información:

Recrudece violencia en frontera sur de Chiapas; cientos huyen a Guatemala

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Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la compleja y dificil situación que se vive en la fronte de Chiapas por la violencia originada por la disputa entre grupos del crimen organizado – A 25 de julio del 2024

PorAldo Santiago

Como ha ocurrido en los últimos tres años ante la omisión de autoridades estatales y federales, una vez más la crisis provocada por los enfrentamientos entre grupos criminales en la frontera sur de Chiapas alcanza niveles alarmantes de violencia, ocasionando terror, muerte y desplazamiento forzado entre la población civil.

En las últimas semanas, desde distintos municipios de las regiones de la Sierra Madre y su vecina, la Frailesca, pobladores han lanzado llamados de auxilio mediante redes sociales para alertar sobre el incremento de las agresiones. Entre ellas, destacan las amenazas de coacción por parte de grupos armados, para que civiles participen en bloqueos carreteros, de secuestro de hombres y mujeres, así como de ejecuciones.

Desde el pasado sábado (20) y por medio de una acción urgente, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas, todos y todes (Red TDT) confirmó el recrudecimiento de la violencia en comunidades de la región fronteriza del estado de Chiapas con Guatemala.

Mediante un comunicado, las organizaciones resaltaron que, por lo menos, desde el domingo 14 de junio, se registró un aumento en las hostilidades entre los grupos armados del crimen organizado quienes desde 2021 se disputan el control de la zona fronteriza.

Ante esta situación, la RedTDT llamó a las autoridades federales y locales para la intervención imediata y garantizar la protección de la población de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista, Siltepec, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Honduras de la Sierra, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo.

“La situación se ha agravado particularmente el sábado 20 de julio, al cercarse varias comunidades y cabeceras municipales, incluida la de Chicomuselo, por medio de al menos 13 bloqueos carreteros, retenes de hombres civiles armados y obstáculos físicos”, sostuvo la red de organizaciones.

Bloqueos en las regiones de la Sierra Madre y Frailesca, en Chiapas.

Por su parte, el periodista Isaín Mandujano reportó que, para el martes (23), el número de bloqueos en la región ascendía a 31, lo cual obstaculizaba el tránsito entre los caminos rurales y carreteros en la zona de disputa por los grupos criminales.

“Algunos son bloqueos que buscan autoprotegerse del grupo que controla Chicomuselo. Estas comunidades son Nueva América, El Raizal y Nuevo Resplandor del municipio de Chicomuselo, tambien Nuevo Chejel y Puerto Rico de Socoltenango”, divulgó el periodista en sus redes sociales.

Pobladores de la región relatan que, pese a la presencia de Cuartel del 101 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ubicado en Chicomuselo, los criminales transitan sin problemas mediante caravanas de camionetas con blindaje, portando armas de alto calibre.

El reclutamiento forzado por parte de los criminales también ha sido denunciado por la RedTDT. Registros de la red señalan estos sucesos en, por lo menos, los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista y Siltepec. A ello, la red suma el reporte de ejecuciones de civiles ocurridas en Zacualpa, municipio de Chicomuselo, “los cuales habían sido reclutados forzadamente; se recibió información confiable de enfrentamientos armados en distintas comunidades del mismo municipio tales como Piedra Labrada y Galicia”.

Desplazamiento hacia Guatemala

Desde la acción urgente difundida el pasado fin de semana se alertaba que las familias comenzaban a desplazarse para huir de la guerra entre grupos criminales y, ahora, se reconoce que centenas de personas han viajado hacia el departamento de Huehuetenango, adyacente a la frontera entre Chiapas y Guatemala.

Medios chiapanecos reportaron que, el martes (23), derivado de la incursión de un grupo armado al municipio de Amatenango de la Frontera, 200 personas iniciaron el éxodo para buscar refugio en el país centroamericano. El miércoles (24), el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo confirmó el arribo de las familias a la población de Cuilco. 

“Estamos colaborando con las autoridades del departamento de Huehuetenango y de la municipalidad, del Ministerio de la Defensa, para poder coordinar la atención que se le está dando a las personas que están escapando a esta confrontación entre grupos que tiene lugar en el lado en México”, respondió ante cuestionamientos de la prensa local. 

Por su lado, la gobernadora de Huehuetenango, Elsa Hernández, puntualizó que existe una brigada militar en la región para brindar seguridad en coordinación con elementos de la Policía Nacional Civil (PNC). En su reporte, compartió que registraban aproximadamente 300 personas procedentes de Chiapas y lamentó que las autoridades mexicanas no se han pronunciado para proteger a sus ciudadanos.

Familias chiapanecas huyeron rumbo a Guatemala para buscar refugio ante la violencia criminal en el estado al sur de México.

Para este jueves (25) los servicios de atención de Guatemala atendían al menos a 580 personas, entre ellas familias enteras con niños, mujeres, ancianos y hombres.

Mientras tanto, a través de una carta, el obispo emérito de la diocesis de Tapachula, Jaime Calderón, aseguró que a las condiciones de violencia que viven las comunidades desde hace años, se sumó el «ser amedrentados, amenazados y obligados a participar como escudos humanos en los enfrentamientos de los cárteles de la droga”.

El religioso detalla que los grupos armados “disponen a su antojo de la población” al mismo tiempo que los elementos de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano “hacen nada por la población a la que ven sufrir día a día”.

“Prudencia”, la respuesta

Consultado por la prensa ante la situación de violencia durante la conferencia matutina del pasado martes (23), el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), argumentó que lo que sucede en la región fronteriza de Chiapas es el enfrentamiento de grupos que “quieren tener bases de apoyo de las comunidades”, por lo que aconsejó “prudencia” a la población para no colaborar con los criminales.

“Con cuidado, con prudencia, pero que no se dejen enganchar, que no se enrolen; porque puede ser que les lleven despensas o cualquier apoyo, pero ese no es el camino, ese no es el camino del bien”, compartió el mandatario, quien aseguró que las fuerzas de seguridad tienen las instrucciones de proteger a la población frente a las agresiones criminales.

“No se dejen manipular por los jefes de las bandas que actúan en esa región, es un llamado. Además, ellos (la población) saben que los estamos atendiendo como nunca, tan es así que no hay una demanda social, no existe”, aseguró AMLO, quien explicó que lo que se encuentra en disputa es el control de corredores entre Guatemala y Chiapas.

Detengan la represíon en Argentina

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Compartimos este pronunciamiento de Amigos de la Tierra Internacional ATI sobre la represión que vive el pueblo argentino – A 18 de julio del 2024

Amigos de la Tierra Internacional se solidariza con los movimientos socioambientales, feministas, sindicatos, pueblos indígenas en Argentina, quienes sufrieron el último 12 de junio un hecho de represión repudiable que resultó en más de 600 personas heridas y 35 detenidas de manera arbitraria, de los cuales aún 5 continúan presas en cárceles federales de máxima seguridad por ejercer su legítimo derecho a manifestarse. 

El “Protocolo Antiprotestas”: leyes regresivas, pobreza y crueldad 

La manifestación fue el resultado de 6 meses de un gobierno de extrema derecha que ha elevado los índices de pobreza al 55,5% de la población y la indigencia al 17,5%. Mientras sanciona leyes y decretos profundamente regresivos en materia de derechos, intenta otorgar superpoderes al presidente, libera totalmente el accionar de multinacionales extractivas y flexibiliza la legislación laboral, entre otros ataques a las/os trabajadores y la soberanía nacional. 

Mediante la aplicación del “Protocolo Antiprotestas” y la generación de disturbios por parte de agentes encubiertos, las fuerzas armadas avanzaron sobre los manifestantes, utilizando camiones hidrantes, balas de goma, gas pimienta y realizando detenciones arbitrarias a personas al azar. Los/as detenidos/as denuncian que en los penales han sido sometidos a abusos, como el uso de gas pimienta, golpes y desnudamientos. Además de quedar procesados, acusados de terrorismo e intento de golpe de Estado. Estas nuevas formas de actuar por parte de la Justicia Federal siembran un grave precedente para futuras movilizaciones: el procesamiento de las y los manifestantes marca una peligrosa profundización en la política de criminalización de la protesta y pone en peligro al sistema democrático. 

Aumentando la represión en Argentina para desmovilizar  

Si bien la represión en manifestaciones pacíficas es parte del modus operandi del nuevo gobierno nacional, la acusación sobre un plan sedicioso y terrorista, y el intento judicial de convalidar esta hipótesis, marca un punto de inflexión que indica que quienes se movilizan ya no tienen derechos ni garantías. Este hecho pone en evidencia la escalada de violencia económica, simbólica y política que ocurre en Argentina desde hace 6 meses, de manera ininterrumpida y creciente. Los y las detenidas son estudiantes, trabajadores/as y luchadores/as sociales. 

Este hecho se suma también a un plan sistemático de estigmatización en los medios de comunicación de los movimientos sociales organizados y la quita de alimentos subsidiados a los comedores comunitarios. 

Solidaridad Internacionalista

El rechazo a las políticas inhumanas de Javier Milei se multiplica en todo el mundo. Recientemente se realizaron manifestaciones en España y Alemania por su visita a dichos países, donde viaja con dinero del Estado Argentino para apoyar expresiones de derechas. 

Los movimientos sociales, ambientales, sindicales, feministas y de la economía popular de Argentina y del mundo nos encontramos en alerta. Llamamos a la comunidad internacional a ejercer la solidaridad internacionalista,  exigir la libertad inmediata y el desprocesamiento de todos los detenidos y detenidas. Además, exigimos de inmediato el cese de la violencia del Estado, el respeto por la democracia y el fin de la criminalización de la protesta.  

Guatemala: Poblaciones maya q’eqchi’ alertan amenazas de desalojos contra nueve comunidades en El Estor

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Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre los impacto de los monocultivos de palma de aceite en la región – A 9 de julio del 2024

PorAldo Santiago

Luego del operativo policiaco que desalojó, en mayo pasado, a 30 familias maya q’eqchi’ miembros de la comunidad de Buena Vista, al norte del Lago de Izabal, Guatemala, actualmente suman nueve comunidades en la misma región del Valle del Polochic las cuales viven con la amenaza de desplazamiento forzado.

Con diversos llamados de alerta, autoridades comunitarias de las poblaciones indígenas han denunciado las intenciones del Ministerio Público (MP) para ejecutar órdenes de desalojo, que comunidades denuncian “son promovidos por funcionarios y propietarios”, productores de aceite de palma que acapararon tierras en la región, contra comunidades tanto del norte y sur del lago.

Reportes de Prensa Comunitaria registraron que, durante el desalojo de las 30 familias, además de los elementos policiacos también estuvieron presentes Luis Fernando Arriaza Migoya y miembros de su equipo de seguridad privada. Arriaza posee monocultivos de palma aceitera que suministran a la empresa Naturaceites, la cual se encarga de procesar y comercializar aceite de palma a trasnacionales.

Desalojo de familias en la comunidad Buena Vista. Fotos: Juan Bautista Col / Prensa Comunitaria.

Acorde a medios locales, durante pláticas entre la población desalojada y la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos de Guatemala, funcionarios notificaron que son nueve las comunidades con riesgo de expulsión en la región: Plan Grande, Agrario El Tunico, Chapin Abajo, Chinebal, Las nubes, Lote 6, Semococh y Qotoxha del municipio de El Estor, Izabal, así como Santa Lucia de Panzós, en el departamento de Alta Verapaz. En total, se contabilizan mas de 1,500 personas amenazadas de desplazamiento forzado.

Las 30 familias ya desalojadas, entre mujeres embarazadas, infancias, ancianos y adultos de la comunidad de Buena Vista, viven en un campamento improvisado debajo de los árboles. 

El refugio, dentro del terreno de la comunidad de Santa Rosita, también se encuentra en peligro, pues ésta última también cuenta con orden judicial cuya ejecución se esperaba ocurrir el pasado 26 de junio, pero que ahora fue reprogramada para el próximo 28 de agosto.

Fotos: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria.

“Es injusto que se sigan cometiendo estos actos violentos, muchos niños y mujeres sufren de problemas de salud. Hoy vemos el resultado de un desalojo donde las familias quedaron abandonadas y los niños sin oportunidad de educación”, comentó Gabriel Pacham, autoridad ancestral de El Estor, sobre los desplazados y la amenazas de desalojo contra otras 30 familias que conforman Santa Rosita.

Entre siete a nueve personas desplazadas tienen órdenes de captura por los delitos de usurpación agravada y atentado contra el patrimonio natural, pues son acusados de tala de árboles. Aunque algunas personas han sido condenadas en estos procesos judiciales, han apelado a la sentencia, con asistencia legal de organizaciones de derechos humanos.

A través de conferencia de prensa en los últimos días de junio, el Consejo de Autoridades ancestrales del pueblo Q’eqchi’ repudió los distintos desalojos realizados en contra de comunidades del Polochic, y demandaron al gobierno de Bernardo Arévalo garantizar la seguridad de las familias de Buena Vista, quienes habitaban las tierras desde que, en 2015, obligados a desplazarse por un desastre natural, se instalaron en la finca Tz’inté, territorio que poblaciones maya q’eqchi’ reclaman como suyo por propiedad ancestral.

Racismo

El Consejo de Autoridades Ancestrales del Pueblo Q’eqchi’ también denunció que autoridades del Estado, la jueza Sandra Nineth Ayala (quien ordenó el desalojo de Buena Vista y promueve otros más), el gobernador de Izabal, Carlos Tenas, y el alcalde municipal de El Estor, Genaro Ico Cholom, se estuvieron reuniendo para acordar los operativos sin la participación de las comunidades, a lo que están obligados por parte del protocolo de desalojo en Guatemala.

“Desconocemos la existencia de un plan. Este extremo pone en grave riesgo nuestra vida, pues únicamente pretenden desplazarnos sin un plan claro de atención humanitaria”, reclamaron las Autoridades Ancestrales mediante rueda de prensa. Además, acusan que esto se debe a “una carga de racismo y discriminación, porque carece de toda sensibilidad humana al señalarnos y argumentar que somos un grupo criminal, ignorando que poseemos todas las cualidades de una comunidad organizada que reproduce la vida de forma organizada”. 

Apenas el pasado jueves (4), familias de Plan Grande reportaron que trabajadores de la finca El Murciélago, propiedad de Miguel Ángel Arriaza Migoya, amenazaron con desalojar a las 38 familias de dicha comunidad. 

Por esta situación, el Comité de Unidad Campesina (CUC) compartió que las comunidades realizaron la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, EEUU, para solicitar el mecanismo de protección de dicho órgano, a partir de medidas cautelares para brindarles seguridad ante los desalojos. “No queremos más criminalización, persecución, más desalojo”, sostuvo la organización campesina, la cual también promueve una acción de amparo para evitar el desalojo de las familias de Buena Vista y Santa Rosita.

Amenazas

Por su parte, Pedro Cuc, autoridad ancestral de la comunidad de Chapín Abajo, aseguró a Avispa Mídia que cuenta con información sobre un posible desalojo contra su comunidad y la población vecina de Chinebal, a ocurrir durante los próximos días. Pero aún esperan una notificación oficial por parte de las autoridades.

“Si ellos quieren entrar a la fuerza, nosotros tampoco vamos a retroceder, la organización está en alerta”, asevera y asegura que la responsable por promover el desalojo es la empresa Naturaceites S.A., propiedad del empresario de origen suizo-alemán, Juan Maegli Müller.

Ante ello, lamenta que en Guatemala, dado el poder e influencia del agroindustrial, las denuncias de la población maya q’eqchi’ no son atendidas. “Porque el organismo judicial es de las empresas, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad también”, reclamó ante lo que señala como omisión de parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y el MP ante las acusaciones de los indígenas por la violencia mediante la cual la familia Maegli Müller acaparó las tierras. 

Imagen: Familias desplazadas de la comunidad Buena Vista se encuentran albergadas bajo un techo de nylon en la entrada de la carretera que conduce a Santa Rosita, población maya q’eqchi’ que también está en riesgo de desalojo. Foto: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria

Desaparecidos y violencia en Chiapas a la alta

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Compartimos este informe sobre personas desaparecidas en Chiapas y el sureste de México realizado por la Red Lupa del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

La Red Lupa es un espacio digital para el seguimiento y vigilancia de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.

Análisis de contexto – Región Sureste

Actualizado: 15 de abril de 2024

Parte del éxito de la desaparición de personas como estrategia para sembrar terror, es la confusión que provoca su aparente generación espontánea e inconexa, como si la desaparición surgiera de la nada.

Mapa análisis de contexto Región Sureste México
Montaje de los mapas IMDHD y personas participantes de los talleres.

Lo que hoy sabemos es que este fenómeno nace en contextos de impunidad, corrupción, militarización, extractivismo, ataques a periodistas, lavado de dinero, destrucción ambiental, trasiego de droga, entre muchos otros delitos.

Partiendo de esta premisa y del reconocimiento de que lo que ocurre en los territorios ocurre también en los cuerpos de las personas: no somos cuerpos que habitan en un territorio, somos Cuerpo-Territorio, se planteó la metodología de cartografía social para trabajar el análisis de los delitos asociados con la desaparición de personas.

Este trabajo fue realizado de manera presencial en encuentros por región, en el que familiares de personas desaparecidas, periodistas, académicos y académicas, defensoras y defensores de derechos humanos y personas expertas en la materia, se agruparon por estado para trabajar sobre los mapas con división municipal que se muestran en las fotografías y, a partir de una propuesta de simbología representada con calcomanías y ayudándose con plumones, trazaron las heridas abiertas que identifican en sus territorios, los dolores que no han sido sanados, las grietas por las que se escabulle la verdad y la justicia y explicaron al resto de las compañeras y compañeros cómo este entramado de delitos y violaciones a derechos humanos ha sostenido la desaparición de personas en impunidad y en aumento en sus estados.

Mapa violencias y desaparición en Yucatán

Yucatán

Las compañeras del estado de Yucatán identificaron como las problemáticas más apremiantes de los años recientes: la gentrificación de las ciudades, el daño ambiental ocasionado por el Tren Maya y los mega granjas porcícolas y el aumento en los casos de suicidio y abuso sexual.

Simbología

Problemas ambientales

Los cenotes, son la reserva más grande de agua del país, pero están bajo amenaza por  tres razones principales:

1. La venta de terrenos indiscriminada, sobre todo en Mérida con el desarrollo inmobiliario enfocado en población extranjera, contribuyen a la gentrificación de la ciudad, aumentando el costo de vida. En Yucatán no estaba permitido hacer edificios muy altos por los huracanes, pero con el gobierno del PRI de Ortega se cambió la regulación del uso de suelo, por lo que estamos viendo un crecimiento desorganizado sin planeación urbana, dificultando el acceso a los servicios públicos como el acceso al agua y a la energía, especialmente en la zona sur donde se encuentra la población con menor poder adquisitivo.

Gentrificación: viaje a la Mérida 2023 a través de los arquetipos futuros.

2. Los puntos rojos en el mapa señalan las mega-granjas porcícolas del estado, identificadas por el daño ambiental que causan, principalmente en la contaminación de los mantos acuíferos, considerando que de los tres mantos que tiene Yucatán, dos están contaminados y uno se encuentra en riesgo.

En Yucatán las “granjas” de cerdos ascienden a más de 500; aumentan los problemas ambientales y sociales.

3. La ruta del tren maya que ha dejado un daño ambiental profundo, entre la deforestación, el daño a los cenotes, la destrucción del hábitat y de la flora y fauna.

México: organizaciones denuncian que obras del Tren Maya han deforestado hasta el momento 6 659 hectáreas.

Desapariciones y violencia

Respecto a las desapariciones se ubica en Tekax dos mujeres que siguen en calidad de no identificadas, además se perdieron las muestras de ADN y no se tomaron las denuncias por desaparición.

Peto, Akil y la zona sur son conocidos por las rutas de narcomenudeo; sobre los carteles hay presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación; en Tekax hay casas de seguridad relacionadas con el crimen organizado, hay documentación de rutas de narcomenudeo por las que en estos municipios las mujeres son usadas como “mulas” para transportar droga, en Tekax también hay granjas de cristal, llegan a Uman, y de ahí a Mérida donde también hay casas de seguridad. Una de las rutas para el tráfico de drogas es Valladolid, Tizimín y Progreso, funcionando como ruta costera.

En el tema de migración, se ubica que a partir de la actuación de la Guardia Nacional y de las mega caravanas de migrantes, se ha modificado la dinámica de la migración, considerando que en Mérida se transportan en autobús o avión a la Ciudad de México para evitar la deportación. También, en el río Lagarto se han encontrado cuerpos de migrantes víctimas de naufragios.

Respecto a la violencia contra las mujeres, hay más casos de supuestos sucidios que feminicidios, sin un programa de prevención en el estado y sin protocolos de investigación para los casos de muertes de mujeres, niñas y adolescentes, por lo que los suicidios podrían estar ocultando otros delitos.Se conocen tres casos de mujeres que se han suicidado debido a la violencia que recibían, también 5 casos de mujeres víctimas de violencia que asesinan a sus violentadores ante una falta de protección del estado. Existe también una mayor incidencia de suicidios dentro de la población LGBTQ+, por la discrminación y abusos de las que son objeto

Actualmente, se percibe al gobierno como uno empresarial, corrupto y al servicio del capital.

En el mapa se observa el daño ambiental como un fenómeno extendido en todo el estado al igual que los suicidios y el abuso sexual. Para Yucatán se utilizó la categoría de trans feminicidio y mega granjas porcícolas, las cuales no se encontraban dentro de la simbología básica proporcionada a cada estado.

18% de los casos de personas desaparecidas y no localizadas está en el rango de edad entre los 15 y 19 años.

Hay 15 casos sin edad de referencia.

Explora el informe estatal de Yucatán completo

Mapa violencias y desaparición en Quintana Roo

Quintana Roo

En el mapa se puede observar que el municipio de Benito Juárez, donde se encuentra la zona más turística del estado como Cancún, Playa del Carmen, Tulum e Isla Mujeres, se concentra también la mayoría de delitos y fenómenos identificados como el feminicidio, la presencia de megaproyectos y con ellos el daño ambiental, la militarización, las ejecuciones, la trata de personas, las desapariciones, el narcomenudeo y las extorsiones a trabajadores.

Quintana Roo es percibido como un estado corrupto tomado por los carteles.

Se identifica un aumento en casos de abuso sexual, violación, suicidios y feminicidios. En el municipio de Lázaro Cárdenas hay niñas que van a trabajar a los bares donde son prostituidas. El fenómeno de la desaparición de personas se ha extendido, antes se encontraba solamente en el municipio de Benito Juárez y actualmente hay casos en toda la zona norte, siendo esa parte del estado donde se concentra la mayoría de los delitos.

Simbología

La construcción de la ruta del Tren Maya ha generado ecocidios, el estado se encuentra ubicado geográficamente en una zona de cenotes, en los que se han puesto pilotes de cimentación para sostener las vías del Tren Maya, dañando los cenotes de forma irreparable. Este tipo de terreno ha sido efectivo para ocultar cuerpos de personas desaparecidas ya que hay cenotes en todas las regiones, también se ocultan cuerpos en huecos, pozos o socavones que quedan tras labores de construcción. Existen fosas clandestinas en todo el estado.

Foto: Paola Chiomante/ReutersTuristas, drogas y violencia en la Riviera Maya de México

Existe un subregistro por parte del Estado para la invisibilización de delitos como la desaparición, los homicidios y los feminicidios, esto con la intención de no perjudicar el turismo en la zona al ser la principal fuente de ingreso de Quintana Roo.

Al ser un estado costero existe ruta de migrantes principalmente de Cuba y Belice que llegan al estado en barca, de la misma forma ingresan al país armas y drogas, lo que favorece el delito de desaparición y el tráfico de personas. 

Foto: gatopardoExtorsiones en el paraíso: derecho de piso en cada rincón del Caribe Mexicano

Los principales cárteles que operan en el estado son el cártel de Sinaloa, el cártel de Caborca y el cártel Jalisco Nueva Generación, lo que ha generado en años recientes episodios de violencia como balaceras y homicidios en zonas turísticas como Cancún o Tulum.

También han aumentado los casos de extorsiones a la clase obrera que trabaja en la construcción de hoteles, donde se han encontrado cuerpos enterrados debido a que ante la falta de pago en la que pueden incurrir los trabajadores, estos son asesinados o desaparecidos.

En la zona de Bacalar y Carrillo Puerto existen sembradíos de droga.

Incremento de personas desaparecidas y no localizadas por año en Quintana Roo

Conoce el informe estatal completo de Quintana Roo

Mapa violencias y desaparición en Tabasco

Tabasco

Dentro del territorio del estado de Tabasco se identifican afectaciones medioambientales como la explotación de la flora y la fauna por la construcción del Tren Maya en los municipios de Balancán y Tenosique. En Paraíso, donde se ha construido la refinería petrolera Dos Bocas se ha observado la contaminación del agua y con ello la afectación del cangrejo azul.

Simbología

En el municipio de Centla se han hecho estudios de suelo para explotar el petróleo de la zona, lo que ha afectado a los pescadores de la comunidad, quienes han metido quejas y denuncias que no han sido respondidas. Por otro lado, existe robo de hidrocarburos en los municipios en los que se explota el petróleo, es decir, en Paraíso, Comalcalco, Huimanguillo, Centro y Cárdenas. 

Deforestación, derrames de crudo, gases tóxicos… ante la nueva refinería, un Paraíso inerme (segunda parte).

En el mapa, los municipios sin señalamientos no han sido marcados por la falta de información en esas regiones y no por la ausencia de delitos o violaciones a derechos humanos.

En los municipios Centro, Huimanguillo y Cárdenas ha sido más evidente la presencia de cárteles del crimen organizado, desde el sexenio de Andrés Granier Melo (2007-2012), en el que aumentaron los asesinatos en el estado y el despliegue de estrategias para infundir terror en la población utilizando para ello el espacio público. En estos municipios controlados por grupos delictivos existe una pelea por la plaza entre los cárteles del Golfo, Jalisco Nueva Generación y el grupo local de Los Pelones.

Cárdenas es el municipio más violento por la circulación de droga y la cercanía con el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Se tiene conocimiento de desapariciones de personas que viajan por la carretera de Coatzacoalcos hacia las Choapas o hacia Villahermosa. De forma general, en el estado de Tabasco circula la droga que entra por el Golfo o por el municipio de Tenosique y se tiene mayor presencia de narcomenudeo en Cunduacán, Huimanguillo y Cárdenas.

Violencia tabasco Foto: InfobaeCómo llegó el CJNG a Tabasco; el cártel que tenía un rito caníbal para sus nuevos reclutas

Las y los migrantes ingresan al estado a través del municipio de Tenosique y se concentran en Centro, Cárdenas y Huimanguillo, donde en las calles se pueden observar a muchas personas migrantes, provenientes principalmente de países de Centroamérica.

Existe corrupción en todos los municipios y en diferentes niveles. En el trabajo con víctimas es frecuente que las autoridades les insinúan que sus procesos no pueden avanzar sin algún tipo de compensación económica, para la gasolina para realizar diligencias, para la comida, etc.

A partir de la pandemia se dio un aumentó en el número de suicidios, principalmente entre niñas, niños y adolescentes, y personas adultas entre los cuarenta y cincuenta años de edad. Durante 2022 se contabilizaron 38 suicidios en el estado pero no existe un análisis profundo que permita identificar a qué razones alude este aumento.

Existen casos de feminicidio en casi todos los municipios del estado, con mayor prevalencia en Centro, Comalcalco, Huimanguillo y Cárdenas. Diferentes organizaciones han solicitado la declaratoria de alerta de violencia de género pero no se ha tenido respuesta.

El municipio de Centro, en el que se encuentra la capital Villahermosa, pasó de 119 a 143 casos de personas desaparecidas en un año.

Al 16 de mayo de 2023

El municipio de Centro, donde se encuentra Villahermosa concentra la mayor cantidad de casos de personas desaparecidas en el estado, para mayo de 2023, continuó como el municipio con más casos, pasando de 119 a 143 casos. Los demás municipios muestran también un ligero aumento en el total de personas desaparecidas, con excepción del municipio de Macuspana que pasó de 16 a 15 casos en un año.

Explora el informe estatal completo de Tabasco

Mapa violencias y desaparición en Chiapas

Chiapas

Actualmente, se identifican en Chiapas como problemáticas principales el drástico aumento de la violencia lo que ha generado el desplazamiento interno forzado de comunidades enteras, principalmente en los municipios de Frontera Comalapa y Aldama. Y por otro lado, el clima de militarización de la seguridad pública y de graves violaciones a derechos humanos entorno a las personas migrantes que ingresan al país a través de la frontera sur donde son objeto de violaciones graves a sus derechos humanos, desapariciones, torturas, extorsiones, secuestros y asesinatos, por parte del crimen organizado y/o de funcionarios públicos.

Simbología

Chiapas es un estado con gran diversidad natural y cultural, la cual actualmente se ve amenazada por los megaproyectos y las actividades extractivas de empresas multinacionales. De estos conflictos se identifican principalmente:

  • Las afectaciones a la naturaleza por el paso del Tren Maya en el municipio de Palenque, lo que ha implicado deforestación y el daño a la flora y fauna local.
  • La extracción ilegal de ámbar en el municipio de Simojovel, donde una banda local conocida como Los Chinos, busca extraer esta piedra semipreciosa.
  • El robo de agua que realiza la planta de Coca-Cola en el municipio de San Cristóbal de las Casas, ha dejado sin agua a diversas comunidades y por la cual se han realizado movilizaciones sociales para resistir al saqueo.
  • La siembra de palma para la explotación de su aceite ha implicado la deforestación de la selva Lacandona.

Foto FRayba

Chiapas es estado de tránsito, de llegada y expulsor de migrantes. En torno a la migración, se ha generado en el estado un clima de militarización de la seguridad pública y de graves violaciones a derechos humanos. La política migratoria se ve como una política de seguridad nacional, desplegada en toda la frontera de Chiapas. Desde 2019 la Guardia Nacional se encuentra de forma permanente en la frontera con facultades para hacer verificaciones migratorias. Esto ha representado aumento de la violencia especialmente en Tapachula, un municipio concentrador de personas migrantes, donde se encuentra la estación migratoria “Siglo 21”, también conocida como la cárcel para migrantes más grande de América Latina. Esto viene asociado a la desaparición de personas migrantes, su reclutamiento para grupos del crimen organizado, para trata de personas con fines de explotación sexual o para extorsionar a sus familias en su países de origen, siendo afectados hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes que ingresan a México con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Chenalhó, Chamula y Tecpatán, son otros municipios por los que atraviesan las personas migrantes en su paso hacia Estados Unidos, por lo que se tiene conocimiento de desapariciones. 

Foto: Animal PolíticoTortura, asesinatos, violaciones: lo que CNDH ha ocultado sobre secuestros a migrantes en 2019 y 2020

Las historias de los delitos y violaciones a derechos humanos que enfrentan las personas migrantes en México a manos del crimen organizado pero también por parte de servidores públicos, son crueles e inhumanas y algunas de ellas salieron a la luz por una investigación realizada por Animal Político que da cuenta de los testimonios recogidos por visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual ha buscado ocultar y silenciar esta realidad.

La regla en el estado ha sido y continúa siendo la impunidad para todo tipo de delitos, a continuación se presentan los municipios donde se identifica una mayor incidencia de los siguientes delitos:

  • Feminicidios en Comitán, Tapachula, Margaritas y Frontera Comalapa.
  • Desaparición de mujeres en el centro del estado, Tuxtla Gutiérrez, Comitán y San Cristóbal de las Casas.
  • Desaparición de niñas, niños y adolescentes en la región de los altos de Chiapas y Comitán.

Foto: FraybaDesplazarse para salvar la vida: Crisis humanitaria en Chiapas

También se tiene registro de desapariciones forzadas a partir de problemas en comunidades. Actualmente, Chiapas está viviendo una época de mucha violencia lo que ha generado el desplazamiento interno de decenas de comunidades que ven sus vidas amenazadas por grupos del crimen organizado, principalmente en municipios como Comalapa y Aldama. Esto ha generado la creación de grupos de autodefensa y con ello la desaparición de personas que no quedan en los registros.

De forma general, la desaparición de personas está envuelta en una impunidad sistémica que trastoca los tres niveles de gobierno en el que las cifras se ocultan bajo la alfombra para que la población crea que se ha puesto remedio a este problema.

Columna semanal del ODEMCA: ¿Cómo reaccionan los movimientos sociales en Chiapas frente a la violenta coyuntura preelectoral?

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Les compartimos este análisis hecho por nuestro compañero Gustavo Castro para la Columna del Observatorio de las Democracias: sur de México y Centroamérica ODEMCA – A 30 de abril del 2024

«Contexto pre electoral y movimientos sociales en Chiapas”

Por Gustavo Castro Soto[i] [ii] (Otros Mundos – Chiapas)

El 2 de junio de 2024 se llevarán a cabo las elecciones para elegir nuevo Presidente de la República, 128 Senadores y 500 diputados. También se elegirán Gubernaturas, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Congresos Locales, Ayuntamientos, Juntas Municipales y Alcaldías. Se elegirán más de 19 mil cargos en total. Entre las entidades que renovarán gobernadores están Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Estas son las elecciones más importantes en la historia reciente de México. Sus resultados tendrán repercusiones fundamentales en la vida del país.

Chiapas está conformado por 24 Distritos Electorales Uninominales, 124 municipios y
2,119 secciones. En Chiapas habrá cambio de Gubernatura y además 875 Regidurías, 24 Diputaciones de Mayoría Relativa, 24 Diputaciones de Mayoría Relativa, 16 Diputaciones de Representación Proporcional, 123 Presidencias Municipales y 123 Sindicaturas de Mayoría Relativa. Se pretenden instalar 6,991 casillas únicas en todo el estado de Chiapas. Si para ello se requieren 9 personas por mesa directiva que incluyen al presidente, dos secretarios, tres escrutadores y tres suplentes generales, significa que se necesitan al menos 62,919 ciudadanos para instalar todas estas casillas. Sin embargo, también podemos prever que muchas de ellas no se instalarán debido a diversos conflictos y la violencia que se vive en la entidad.

En el proceso electoral de 2018, Chiapas ocupó el cuarto lugar a nivel nacional con más participación en las urnas registrando una asistencia del 68.45% de la lista nominal. Sin embargo, ahora la violencia política se incrementa de forma alarmante, especialmente en Baja California, Sonora, Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Chiapas, Tabasco y Veracruz, entre otras entidades.

Con el fin de controlar los territorios, los carteles implementan estrategias que van desde la imposición de candidatos, la financiación de campañas y la corrupción; el impedimento en la instalación de urnas o las amenazas e intimidaciones; el control de los votantes y la votación misma, las campañas de miedo, los asesinatos de candidatos, las amenazas para provocar que los candidatos y candidatas a puestos de elección popular declinen en su participación. Principalmente se enfocan en el primer nivel gobierno, el municipal, donde podrán controlar los territorios directamente. Sin embargo, las amenazas e intimidaciones también se dirigen a candidatos al Senado y a las diputaciones federales. Por ello se reporta que ciudadanos de al menos seis municipios de la Sierra declinaron la invitación para ser funcionarios de casilla, entre ellos están los municipios de Comalapa, Motozintla, Chicomuselo, La Trinitaria, Amatenango de la Frontera y Bejucal de Ocampo. Muchas personas rehuyen a las visitas o invitaciones del INE. Otras fuentes confirman que el 35% de los ciudadanos insaculados para designar a los funcionarios de mesas directivas de casillas no aceptaron participar.

No importa de qué partido político sean los indeseables para el crimen organizado, ya que puede controlar a cualquiera o imponer a sus candidatos con el gorro político que sea. En Chiapas, al menos 12 candidatos del PAN han renunciado a la contienda política, el candidato de La Concordia “se bajó” del proceso electoral, el aspirante de Morena a la presidencia municipal de San Fernando sufrió un atentado a balazos y en otros municipios de la Selva los candidatos huyen de las amenazas y persecuciones. Desde 2023 Morena ha sido víctima del secuestro de cinco encuestadores de los cuales dos fueron asesinados y uno permanece desaparecido. En Villa Las Rosas el aspirante del PRI al Senado de la República fue perseguido por un comando armado y se registra la desaparición del comisariado ejidal y político del PVEM de Las Margaritas así como el asesinato del candidato a la alcaldía de Suchiate por la coalición PRI-PAN-PRD.

Data Cívica, una organización que forma parte del Programa para el Estudio de la Violencia (PEV) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en su informe «Votar entre balas», asegura que Chiapas ocupa el quinto lugar a nivel nacional de mayor violencia criminal electoral. Ante esta escalada de violencia el dirigente del Frente Cívico Nacional y los candidatos a cargos públicos exigieron al INE y al gobierno local que implementen mecanismos de seguridad para la protección de los aspirantes de los 13 distritos electorales.

La violencia general provocada por el crimen organizado y ahora aunado al contexto de la violencia política electoral se extiende en todas las regiones, desde los Altos hasta la Frontera y desde la Selva hasta la Costa. Por citar solo algunos casos, se registran focos rojos de violencia en los municipios de Chamula, San Cristóbal de las Casas, Pantelhó, Chenalhó, Oxchuc, Ocozocoautla, Berriozábal, Reforma, Chicomuselo, Comalapa, Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Pantelhó, Tila, Cancuc, Suchiate, Marqués de Comillas, Mitontic, Aldama, Motozintla, Palenque, Ocosingo, Altamirano, La Concordia, Ángel Albino Corzo, Villaflores, El Parral, Maravilla Tenejapa, entre otros. Y podrían registrarse conflictos especialmente donde las organizaciones indígenas luchan por procesos de autonomía y autodeterminación según sus usos y costumbres y fuera de la lógica partidista. Estos procesos existen en Tila, Oxchuc, Pantelhó, Chilón y Sitalá.

Ante esta violencia política, los núcleos agrarios, las organizaciones indígenas y campesinas, el movimiento social y otros gremios, han tomado diversas posiciones frente al proceso electoral. En algunos casos han optado bajo acuerdo comunitario por no votar y en otros por fortalecer el voto. Las razones son múltiples. Para algunos el gobierno ha olvidado a los pobladores de las comunidades a su suerte y los ha dejado a merced de los carteles del narcotráfico, donde incluso manifiestan su enojo por la aparente complicidad de las Fuerzas Armadas y policiacas. En otras regiones es por el miedo o las amenazas del crimen organizado en la región. Sea cual sea la respuesta de los diversos sectores de la sociedad, el móvil se fundamenta en la fuerte presencia de los carteles en el estado.

Los programas sociales gubernamentales y el actuar de los carteles despolitizan a la sociedad. Inhiben la organización o se apropian, controlan y desarticulan las organizaciones sociales y productivas, los acuerdos comunitarios y los mecanismos de gobernanza locales. Por ello, el reto para los núcleos agrarios y las organizaciones sociales es mantener y recuperar estos mecanismos y la organización, la unidad en medio de tanta desarticulación así como recuperar la confianza entre los movimientos, los vecinos e incluso dentro de la familia. El movimiento social enfrenta la defensa de su territorio que le disputa el gobierno con sus programas y proyectos, pero también las empresas que pretenden controlar el territorio urbano y rural. Sin embargo, su mayor reto se encuentra en la disputa que los carteles pretenden hacer de los territorios indígenas, campesinos y también de los urbanos. De disputar el control político, la producción, la comercialización, los precios de los productos, las rutas, las calles y carreteras, los negocios y otras formas de acumulación de capital. Por ello, las próximas elecciones transitan por la disputa entre los partidos por el poder, a la disputa entre el gobierno y los partidos contra los carteles presentes en todo el país.

[i] Colaboración del autor para el monitoreo que realiza el ODEMCA con investigadores/as, organizaciones y movimientos sociales que participan en el ‘Foro Social sobre democracias otras’.

[ii] Otros Mundos Chiapas: https://otrosmundoschiapas.org/ Correo electrónico: guscastro@otrosmundoschiapas.org

Imagen: Ángeles Mariscal

Más información:

Encuentro a 10 años de la Red de Enlaces Nacionales de Madres Buscadoras

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Les compartimos esta convocatoria de la Red de Enlaces Nacionales de Madres Buscadoras en México – A abril 2024

Les compartimos que el 9 de mayo estaremos abriendo nuestro espacio de Encuentro a 10 años de la Red de Enlaces Nacionales para abrazarnos y cruzar miradas de cara al proceso de Unificación Nacional. Luego de nuestro Encuentro, el día 10 de mayo nos vamos a unir a la Acción de Unificación Nacional en la Ciudad de México.

Hemos gestionado hospedaje en el Estado de México, muy cerca de la CDMX y alimentación de todas las personas que se quieran sumar. Abrimos esta invitación amplia para que todas y todos puedan llegar a este Encuentro y Proceso de Unificación.

El registro inicia HOY 10 de abril y se cerrará el 1 de mayo.

Puedes registrarte aquí: https://forms.gle/FwcY1VnrVw8U45UE8

Si ya te registraste antes del 10 de abril no es necesario completar el formulario de nuevo, tu registro está asegurado

Nota: Gobierno niega conflicto armado en Chiapas, mientras violencia exacerba crisis humanitaria

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Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el preocupante incremento de la violencia en Chiapas – A 14 de febrero 2024

Violencia y crimen es la realidad en poblaciones de 12 municipios de la región frontera y sierra de Chiapas, quienes viven atrapadas entre la disputa de distintos grupos armados por el control de territorios y rutas para la circulación de mercancías, servicios, personas y productos, legales e ilegales.

Así lo compartieron este martes (13) redes de organizaciones de derechos humanos, durante conferencia de prensa para la presentación del informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los Derechos Humanos”, el cual da cuenta del conflicto armado que se ha acentuado en los últimos dos años y medio en el sur de México, región limítrofe con Guatemala.

Sólo entre junio del 2021 y noviembre del 2023, se registró el desplazamiento de 7 mil 500 personas, provocado por enfrentamientos de grupos criminales, quienes con armamento de guerra, uso de explosivos y drones artillados, siembran el miedo y terror entre la población. 

Desplazados de la región frontera y sierra de Chiapas

A este éxodo, se suma el desplazamiento forzado de otras 3 mil personas, ocurrido en las primeras semanas del 2024, con lo cual la cifra supera los 10,000 habitantes que abandonaron sus hogares para resguardar su vida. 

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En contraste, acusan organizaciones de derechos humanos, autoridades de los tres niveles de gobierno han sido omisas en atender a la población desplazada y se niegan a reconocer la crisis provocada por las estructuras criminales que operan en la región con alcance trasnacional.

El Ejército de Guatemala ha reforzado su presencia en la frontera con México.

Apenas el pasado 8 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró desconocer el número exacto de personas desplazadas en el sur de Chiapas y lo calificó como “no significativo”, minimizando la gravedad de la situación. 

Pero más allá de las estadísticas, están las afectaciones en la vida comunitaria en los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista, donde en conjuntoalbergan una población de más de 400 mil habitantes.

Macrocriminalidad

Desapariciones, secuestros, extorsiones, abuso y explotación sexual; asesinatos y reclutamiento forzado; vigilancia, cooptación y represión, son algunas de las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional que afectan a la población local y a defensores de derechos humanos y del territorio en la región frontera de Chiapas.

Así lo registra el informe, elaborado por el Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género, Guatemala – México (MTMG) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes” (Red TDT).

Acorde a Carlos Ogaz, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y del Grupo de Trabajo Región Frontera, el documento, construido con testimonios directos de la población civil, análisis de medios y fuentes secundarias, da cuenta de lo que sucede en lo que constituye una “zona silenciada” en medio de la “sumisión y aquiescencia de las autoridades de todos los niveles de gobierno” frente a la actuación de los grupos criminales.

“Las estructuras criminales se han apropiado del corazón de los pueblos y de su vida interna, de las asambleas ejidales y comunitarias, se toman barrios y se les obliga a alinearse”, detalla el informe sobre el control de instituciones sociales por parte de lo que denomina “macrocriminalidad”, una forma de gobernanza criminal donde los derechos humanos de todas las personas que habitan la región fronteriza-sierra son violentados de forma grave, sistemática y generalizada. 

Además, señala que dicho control se consolida por la interacción de funcionarios del gobierno con la delincuencia organizada, “conformando estructuras criminales que intervienen y agravan las tensiones y el conflicto por el control territorial. Tal es el grado de inserción en las estructuras de gobierno que en algunas cabeceras municipales se ha reportado que todo el ayuntamiento está dentro de estructuras delictivas y que están a su servicio”, sostiene el documento.

Rastros de los enfrentamientos entre grupos armados por la disputa territorial de la frontera de Chiapas y Guatemala.

Es en este contexto que los grupos criminales cooptan organizaciones de diferentes ramos, tales como transportistas, comerciantes y autoridades ejidales, mediante lo cual obtienen la desmovilización de organizaciones sociales, campesinas y de otra índole al acaparar líderes mediante amenazas y presiones. “En todos estos procesos de cooptación se deciden cuestiones fundamentales como la introducción de la extracción minera contra la voluntad de las asambleas”, ejemplifica el documento en referencia a la minería ilegal de barita que, como documentó este medio, acontece en Chicomuselo desde mayo del 2023. 

El documento asevera que, con estas estrategias, las estructuras criminales controlan todo el territorio donde las comunidades desarrollan su vida social: los caminos, espacios públicos e incluso mediante la ocupación física de las parcelas donde trabajan los campesinos de la región, limitando la siembra y, por tanto, su acceso a alimentos. “Se trata de un proceso de control territorial que vuelve a las personas ajenas a sus propias tierras”, denuncia.

Chiapas, geoestratégico para 4T y crimen trasnacional

Por su ubicación geográfica y recursos naturales estratégicos, Chiapas es un territorio clave para el control e impulso de economías legales e ilegales, refiere el análisis. El estado en el sureste mexicano también es relevante para la operación de tres de los megaproyectos de la autodenominada “cuarta transformación” impulsada por el gobierno federal: El tren maya, el corredor interoceánico y la refinería de Dos Bocas.

Mapa de megaproyectos, mineria y rutas de tráfico en Chiapas.

A su vez, todo el territorio chiapaneco forma parte de rutas que son utilizadas para la circulación de todo tipo de mercancías. Según el informe, desde 1998 la zona de la selva, en su frontera con Guatemala ha sido considerada por la administración de los EEUU como corredor clave de estupefacientes. También señala que el propio ejército mexicano identifica seis rutas de tráfico de drogas que conectan a Chiapas con el interior del país y con rumbo a los EEUU. 

En medio del conflicto armado, otra actividad económica fortalecida por los grupos armados es la explotación de los cuerpos, en particular de personas en movilidad internacional. “Mujeres y adolescentes originarias principalmente de Centroamérica, pero también de otras zonas del país son víctimas de explotación sexual en cantinas, prostíbulos y en casas ocupadas por los grupos delincuenciales. A menudo se dan las desapariciones forzadas temporales de estas mujeres con estos fines de agresión y explotación sexual”, detalla el informe.

Las desapariciones también se mantienen a la alza y constituyen delitos con alta dificultad de seguimiento. “El fenómeno de la desaparición, por ejemplo, es muy difícil de documentar en la región fronteriza, precisamente también debido a la escasez de denuncias (…) tan sólo entre diciembre de 2018 y septiembre de 2023, en Chiapas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tiene a 812 personas registradas”, detalló Sandra Suaste, integrante de la RedTDT durante la presentación del informe en la Ciudad de México.

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La escasez de denuncias, argumenta el informe, se debe a la falta de confianza en las autoridades y el miedo al que está sometida la población. Según los registros, del total en Chiapas, solo existen denuncias de 83 desapariciones en la región frontera-sierra. 

“Sobresalen personas líderes de comunidades, comisariados ejidales y voceros de organizaciones, lo que revela que uno de los principales objetivos de la desaparición de personas es acallar las voces de procesos organizativos”, denuncia el informe. 

Militarizacion, otro frente contra la población

Para entender la crisis actual, el informe también retoma el contexto de militarización que ha vivido el estado sureño a lo largo de tres décadas, a partir de las acciones de contrainsurgenia desplegadas por el ejército y paramilitares mediante el Plan de Campaña Chiapas 94 como respuesta al levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Según el análisis, las distintas agrupaciones paramilitares, que perpetraron graves violaciones a derechos humanos en las regiones de Los Altos, Norte y Selva de Chiapas, nunca fueron judicializadas, desarticuladas ni desarmadas, razón por la cual han mantenido poder e influencia regional, “insertándose y consolidándose en los diferentes niveles de la política local y comunitaria. Como en los años noventa, estos actores configuran una diversidad de grupos armados que a menudo difícilmente se diferencian de la delincuencia organizada o los separa una línea muy delgada”, asevera el documento. 

Ya en el año 2018, con el arribo de Obrador al poder, arranca un proceso de remilitarización el cual incluye a una nueva fuerza armada: la Guardia Nacional (GN), que junto a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la Secretaría de Marina (SEMAR) suman más de 15,000 elementos castrenses operando en Chiapas. 

Militares patrullan la región frontera entre Chiapas y Guatemala, sin que ello se traduzca en la reducción de la criminalidad y los enfrentamientos armados.

El estado alberga 71 campamentos militares. También contabiliza la construcción de 10 cuarteles de la GN en los municipios de Villaflores, Tonalá, Huehuetán, Tapachula, Chilón, Las Margaritas, Frontera Comalapa, Bochil, Palenque y San Cristóbal de Las Casas. Su presencia, justifica la administración federal, es para controlar los flujos migratorios y el narcotráfico. No obstante, “este despliegue no ha tenido un efecto consistente para frenar la escalada de la violencia”, argumenta el informe.

Minería, ilegal y bajo cobijo de autoridades

Durante el año 2023 se registraron dos picos de violencia en la región frontera-sierra. Uno de ellos se conoció como “la guerra de los cuatro días”, ocurrida en el mes de mayo con el enfrentamiento de grupos criminales en la comunidad de Nueva Independencia, impactando a comunidades vecinas del municipio de Frontera Comalapa. En ese momento se contabilizó el desplazamiento forzado de 3,500 personas.

Para el mes de septiembre, se multiplicaron los eventos violentos en los municipios de Motozintla, Frontera Comalapa, La Grandeza y Siltepec. Más de 300 organizaciones denunciaron las tácticas de guerra de los grupos criminales. “La población civil fue tomada como rehén, utilizada como escudo, forzada a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos en disputa”, denunciaron defensores de derechos humanos sobre la situación. 

Uno de los elementos económicos, clave en la disputa por el dominio territorial para el control de bienes naturales, se evidencia con lo que aconteció durante esos meses en el municipio de Chicomuselo durante los enfrentamientos del cártel de Sinaloa (CDS) contra el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para controlar un territorio minero. Acorde al informe, en esta zona, “se ejemplifica el funcionamiento delestado de las cosas en la región frontera de la mano de empresas privadas, delincuencia organizada y gobierno”. 

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Según la documentación, en Chicomuselo existen 12 concesiones mineras vigentes y dos vencidas. Después de una larga historia de resistencia contra la minería, la cual obtuvo una pausa en la extracción de barita a partir de 2009, fue desde octubre del año 2022 cuando “estructuras criminales, en colusión con las empresas y con la aquiescencia de los distintos niveles de gobierno”, reiniciaron las actividades extractivas.

Pese a múltiples denuncias de habitantes locales, quienes desde enero y febrero del 2023 señalaron la entrada de mineros, acompañados del crimen organizado, “las autoridades han argumentado que no existen condiciones de seguridad para poder abordar cualquier indicio de minería ilegal”, cita el informe. 

Testimonios anónimos señalan que, desde el año 2022, organizaciones y comisariados pidieron la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). “Les visitaron dos veces, y la segunda vez los estaba esperando el Maíz -en referencia a una facción criminal ligada al CJNG-. Se pusieron violentos y amenazaron a Semarnat/Profepa y golpearon al chofer en presencia del Ejército y de la Guardia Nacional y no intervinieron”, relata uno de los testimonios recopilados en el informe.

Imagen ilustrativa de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Acorde a la población de Chicomuselo, los incidentes violentos por parte de la delincuencia organizada han sido falseados y negados por parte de la Profepa. “La Profepa me escribió por correo electrónico ‘en tal fecha hubo una delegación de la Profepa, llegó para verificar el predio minero, y resulta que en el camino encontraron a un grupo ejidatario que le manifestaron a la Profepa que estaban de acuerdo con la minería’. La Profepa y la Semarnat saben bien que no son ejidatarios, que son grupos del crimen organizado. Pero así responden, nosotros somos tan ignorantes que no lo vamos a creer’”, detalla uno de los testimonios sobre el encubrimiento de la actividad criminal por parte de las autoridades ambientales. 

Debido a las acusaciones de la población local sobre supuestas colusiones entre las fuerzas de seguridad del Estado y el crimen organizado, algunas comunidades tomaron acuerdos para intentar impedir los patrullajes del ejército y GN. 

Las sospechas se acrecentaron cuando, según testimonios, durante los enfrentamientos en mayo del 2023, sujetos armados transitaban con total impunidad frente a las instalaciones militares. “En Chicomuselo está el cuartel del ejército mexicano más grande en el estado y pues bueno, la contención no ha sido para los grupos criminales, por el contrario como hemos visto en las últimas semanas, la contención, el uso de gases lacrimógeno, la dispersión con armas de grueso calibre ha sido en contra de la población civil”, señaló Ogaz durante la presentación del informe.

Alertas, ignoradas

Para Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la situación actual no emerge del vacío. Muchas fueron las alertas que durante los últimos tres años indicaban el incremento de la violencia y la impunidad con que operan los distintos grupos criminales en todo el estado de Chiapas. 

Para Aguirre, el trabajo compilado en el informe se suma a los trabajos de la sociedad civil de Chiapas y las propias comunidades, así como las distintas comunidades de fe, para denunciar una situación crítica que sigue sin ser atendida. 

Conferencia de prensa para la presentación del informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los Derechos Humanos”, realizada en las instalaciones del Centro Prodh.

“No es normal, contrario a lo que se ha dicho desde la más alta tribuna presidencial. Desde 2021 empezamos a escuchar voces que alertaban sobre que Chiapas se encontraba al borde de la guerra civil. Esas denuncias se acrecentaron en 2022. En 2023, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas alertó en su informe ‘Chiapas un desastre’, que la situación continuaba deteriorándose. En diciembre, tuvimos llamados enérgicos de la diócesis de San Cristóbal, y hoy tenemos este informe que nos muestra un panorama desolador y crítico, específicamente en los 12 municipios que comprenden la región fronteriza de Chiapas”, sostuvo durante la presentación del informe.

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“Con los pronunciamientos de ‘todo normal en Chiapas’ –en referencia a la declaración del presidente tras un desfile de hombres armados pertenecientes al CJNG en la región frontera durante septiembre del 2023-, Andrés Manuel López Obrador ofrece públicamente un discurso de negación del conflicto que condena a la población a un estado de desprotección”, enfatiza el documento.

Además, alertan que durante el período de precampaña para las elecciones a nivel local, estatal y federal del año 2024 se ha registrado un aumento de la violencia criminal electoral que ha colocado a Chiapas en el quinto lugar a nivel nacional, según un informe de Data Cívica, lo que podría reflejar “una intención por parte de la delincuencia organizada en influir en los resultados sobre quienes tienen posibilidades de ser candidatas o candidatos y, eventualmente, ocupar la gubernatura en Chiapas” para las elecciones de este 2024.

Puedes consultar y descargar el informe completo aquí

Imagen: Isabel Mateos/Cuartoscuro En portada: El 30 de mayo del 2023 se realizó el Despliegue de Fuerza de Tareas dirigido por la Sedena acompañado por la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal rumbo a la región frontera entre Chiapas y Guatemala que ha sido azotada por la violencia entre grupos armados

El Escaramujo en la Radio NUEVA FECHA viernes 16 de febrero 6:00 pm: HASTA ENCONTRARLOS, HASTA ENCONTRARLAS

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El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, en este programa estaremos platicando con integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda para compartiri sus testimonios de la terrible situación en de desaparición forzada en México. Tuvimos problemas técnicos para transmisitir en la fecha anunciado pero ya tenemos nueva fecha . Acompáñanos en la nueva fecha este viernes 16 de febrero las 6:00 pm por nuestro facebook live.

¡¡HASTA ENCONTRARLOS, HASTA ENCONTRARLES!!

La tragedia de las y los desaparecidos en México

Testimonios de miembros de la Brigada Nacional de Búsqueda

Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Kinoki este de febrero a las 6:00 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki