En Chiapas la violencia derivada de la lucha por el dominio territorial entre diversos grupos el crimen organizado ha entrado en una nueva fase. Los acontecimientos de los últimos meses y, sobre todo, de las semanas recientes son clara muestra de una escalada sin precedentes. Otros Mundos Chiapas expresa su más profunda preocupación ante esta catástrofe social, económica y política.
La imposibilidad de ingresar a diversos municipios del estado por la falta de garantías de seguridad; la carencia de información fehaciente y la confusión que esto genera; el número aún impreciso de desplazados, desaparecidos y asesinados son indicadores de la descomposición acelerada que sufre la entidad, donde la población ha quedado atrapada entre varios frentes.
Hacemos un llamado urgente a las autoridades federales, estatales y municipales, y a todos los sectores de la sociedad civil, para que juntos revirtamos esta espiral de muerte y destrucción que podría empeorar en los próximos meses cuando la contienda electoral y los reacomodos de fuerzas estén en pleno auge. Chiapas y todo México merecen vivir en paz.
¡¡ALTO A LA VIOLENCIA, A LA IMPUNIDAD Y A LA BARBARIE!!
Compartimos esta nota publicado en Avispa Midia sobre la poca o nula respuesta del gobierno antes los casos de desaparición en especial de defensoras y defensores – A 16 de enero del 2024
El pasado lunes (15) se cumplió un año de la desaparición forzada del abogado defensor de derechos humanos, Ricardo Arturo Lagunes Gasca, y del profesor y líder de la comunidad indígena de San Miguel de Aquila, Antonio Díaz Valencia. Ambos sostenían la defensa legal de la población nahua, ubicada en la región Sierra Costa de Michoacán, para garantizar la elección libre de sus autoridades comunales y el cumplimiento de los acuerdos con la minera Las Encinas, propiedad de la empresa Ternium.
Lagunes y Díaz fueron víctimas de desaparición forzada cuando se trasladaban entre los límites de Michoacán y Colima, después de haber participado en una asamblea comunitaria. Desde aquel momento no se tiene información de su paradero y sus familiares continúan exigiendo su búsqueda y presentación con vida.
Familiares de los defensores desaparecidos realizaron una manifestación en la Glorieta de las y los desaparecidos, en la Ciudad de México, el 22 de enero de 2023. Fotografía: Ulises Martínez/ObturadorMX
El crimen ocurrió a pesar de que, meses atrás, Díaz y Lagunes habían alertado a las autoridades, tanto estatales como federales, sobre una serie de amenazas contra ellos y otras personas de la comunidad indígena. Desde hacía tiempo, los pobladores nahuas señalaban a la minera, que extrae uno de los principales yacimientos de hierro en México, como un factor de división y fragmentación social al interior de la comunidad.
Pese a las advertencias reportadas a las autoridades de diferentes niveles, a quienes se les solicitó su intervención para mediar los conflictos entre la población y la minera para evitar la escalada de la violencia en la región, estas fueron ignoradas, destaca un comunicado de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (RedTDT).
No es un caso aislado
Mediante posicionamiento a un año sin información de su paradero, la RedTDT asevera que la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz no es un hecho aislado. “En los últimos 15 años han desaparecido más de 93 personas defensoras ambientales en México, 62 de ellas por defender el territorio indígena ante proyectos de minería y de tala clandestina de madera”, asevera la red de organismos de derechos humanos en México.
Cabe destacar que, durante el último año, en la región Sierra Costa de Michoacán se han registrado mas ataques y desapariciones contra otras comunidades indígenas y defensores del territorio. De acuerdo a la RedTDT, esto sucede en un contexto fuertemente marcado por la injerencia de la empresa Ternium y la presencia del crimen organizado.
El profesor Antonio Díaz se distinguió por ser un líder de su comunidad. Foto: cortesía de los familiares/Mongabay
Resaltan los ataques contra la comunidad nahua de Santa María Ostula, donde tres guardias comunitarios fueron asesinados días después de las desapariciones en Aquila. Ostula también reporta cuatro defensores del territorio que continúan desaparecidos.
También se registró, el 1 de abril del 2023, la desaparición de Eustacio Alcalá, perteneciente a la comunidad nahua de San Juan Huitzontla, población que desde 2017 se declaró como territorio libre de minería y que mantiene una batalla legal para cancelar las concesiones minera de Las Encinas. Tres días después de su desaparición fue encontrado el cadáver de Alcalá.
Eustacio Alcalá, líder de la comunidad nahua de San Juan Huitzontla. Foto: Cortesía Centro Prodh/Mongabay
“Ante las múltiples exigencias de colaboración con la empresa, la respuesta de todos los actores fue continuar las negociaciones económicas dejando en segundo plano las desapariciones y sin fortalecer las estrategias de búsqueda y localización. Tanto el gobierno de Michoacán como el gobierno federal aceleraron los acuerdos con la empresa Ternium, para reactivar la operación de la mina e incidieron en actores locales para que respaldaran esta decisión, aprovechando la gran dependencia económica que la mina históricamente ha generado en la comunidad”, destaca la RedTDT sobre el lento avance en la búsqueda de Lagunes y Díaz.
Acorde al posicionamiento, a un año de su desaparición forzada, las familias de los defensores han experimentado la realidad que viven miles de buscadoras y buscadores en México, “simulación, superficialidad en los compromisos de búsqueda e investigación y revictimización desde todas las esferas gubernamentales”.
Les compartimos la siguiente petición lanzada por un grupo organizado de la sociedad civil sobre la preocupante situación que se vive en Chiapas en esta ola de violencia – A 26 de noviembre del 2023
Somos personas de la sociedad civil preocupadas por los sucesos en Chiapas, relacionados con las actividades del llamado crimen organizado y que han escalado su propia guerra en contra de personas que viven en diversas comunidades, ejidos, rancherías y que además de trabajar para poder subsistir, son víctimas de cobros de piso y amenazas, entre otras cosas.
Chiapas vive la desaparición constante de personas; jóvenes la mayoría.
Ahora en la región fronteriza de Maravilla Tenejapa, los grupos violentos vienen atacando a la población que ha tenido que refugiarse en comunidades de municipios cercanos por las vegas de los ríos Jataté y Santo Domingo. En días recientes cientos de familias salieron de al menos 13 comunidades del municipio Maravilla Tenejapa.
La situación es crítica, por lo que demandamos la ayuda y asistencia humanitaria a la brevedad. Exigimos que la seguridad pública, responsabilidad del Estado mexicano, se asegure de inmediato.
Demandamos del gobierno mexicano, del gobierno estatal. Así como de las instancias correspondientes que se hagan presentes en la región de la frontera sur que recorre los municipios de la Selva, Frontera, Sierra para darles certeza a la población con alimentos, y sobre todo, seguridad de que su vida no corre peligro.
Atentamente,
Ciudadanas y ciudadanos de la sociedad civil de Chiapas.
En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad,
Otros Mundos A.C.
Invita a su cine-debate:
“ASÍ BUSCAMOS, ASÍ AMAMOS”
Martes 21 de noviembre de 2023 a las 18.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
ENTRADA LIBRE
En esta ocasión les presentaremos este documental producido por Serpaj, Red Enlaces Nacionales, Brigada Nacional de Búsqueda y Nos Hacen Falta. Dirigida por: Éber Huitzil y Gabriela Espejo y el guión de: Pietro Ameglio, Roxanna Romero, Mónica Acevedo, Aarón Andrade, Myriam Fracchia, Gabriela Espejo.
Contaremos con la presencia y participación de una familia Integrante de la Brigada Nacional de Búsqueda, quienes nos compartirán su testimonio.
La película «Así buscamos, así amamos» habla sobre el sujeto colectivo que hoy padece directamente la desaparición, pero también retrata cómo ha sido la construcción, por parte de distintos colectivos, de un modelo integral de intervención para prevenir la desaparición, sensibilizar a la población, incentivar a la denuncia y encontrar tanto en vida como en campo, personas que nos hacen falta.
Además, mediante más de 25 entrevistas, reconstruye el camino por el cual transitan las personas buscadoras para convertirse de víctimas en luchadoras sociales o constructoras de paz, como mujeres y hombres se llaman a sí mismas.
Se trata de una propuesta documental que lejos de centrarse en las historias de vida de quienes buscan a sus personas desaparecidas, explora respuestas a las preguntas: ¿qué ideas de justicia tienen?, ¿cómo afrontan el miedo ante los riesgos de búsqueda?, ¿qué acciones de lucha realizan en su día a día?, ¿qué significa el colectivo para ustedes?, ¿qué esperan de esta sociedad?
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
Gustavo Castro Otros Mundos Chiapas/ Lunes 17 de Julio 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
Fuera de Chiapas y de país se preguntan sobre lo que actualmente sucede en el estado de Chiapas. Aquí trataremos de ofrecer una serie de hechos en los últimos tres años que, lejos de ser exhaustiva, da una idea de la magnitud de la violencia en el estado. No son todos los hechos, ni están en orden cronológico ni de importancia por su impacto. Son hechos recopilados por testimonios o ampliamente difundidos por las redes sociales y otros medios de comunicación por lo que pueden ser verificados.
Los hechos violentos en la entidad reflejan el grave error del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el sentido de negar la violencia terrible en el estado de Chiapas. Por otro lado, es cierto que la violencia en el estado todavía está lejos de los indicadores de violencia que se viven en otros estados del país desde hace años y que no reciben el mismo eco de gravedad.
Sin embargo, también son inadecuados los análisis que han esgrimido ciertos grupos en el sentido de que existe una “guerra civil”, o el uso de conceptos anacrónicos o generalizados para elaborar el diagnóstico del estado como “grupos paramilitares”, “guerra de contra insurgencia”, o que toda la violencia desatada se explica en función de una estrategia del gobierno contra las comunidades zapatistas. Más adelante diremos por qué.
La pandemia del COVID-19 en el 2020 marcó una línea que devela sorpresivamente lo que ya se fermentaba desde muchos años atrás y que marca un antes y un después. Evidencia el olvido de las instituciones de gobierno, la impunidad por décadas acumulada, la pobreza, los estragos de los Tratados de Libre Comercio en la región y la corrupción, entre otros muchos factores que son necesarios integrar en un análisis complejo.
LOS INDICADORES CHIAPANECOS
Algunos indicadores de la presencia del narco en los territorios, su influencia, poder y consecuencias a todos los niveles que se presentaron en el resto del país desde hace mucho tiempo, se veía lejos que se dieran en Chiapas. Y si se daban algunos de estos indicadores en la entidad se analizaban de manera aislada a inicios de la década del 2010, o al menos se pensaba que los acontecimientos fundamentales de la coyuntura no las marcaba en última instancia la lógica del narco. Sin embargo, diez años después revienta repentinamente a los ojos de la sociedad chiapaneca y de la opinión pública nacional e internacional una violencia vinculada al narco. Es hasta el 2020 pospandémico que la realidad cae como un balde de agua fría. Se hace mucho eco porque es “Chiapas” y lo que ha representado políticamente años atrás. Pero, lamentablemente, hechos peores ya se registraban en el resto del país como decapitados, ahorcados en los puentes, enfrentamientos con tanques o bombas con drones que ya usaban los cárteles, por mencionar algunos ejemplos.
Favorecidos por el enclaustramiento de la sociedad como política gubernamental a partir del 2020, provocado por el COVID-19, la presencia del narco se hace más patente y enraizada en los territorios de la entidad al salir de casa y abrir los espacios e instituciones públicas. En tan solo tres años, los indicadores de la violencia y presencia del narco en Chiapas son ahora más que evidentes, y avanzan a ritmos muy acelerados acercándose cada vez más a otros estados.
Actualmente en Chiapas, en casi todos los municipios del estado, existe tráfico, consumo y siembra de droga. Cada vez se observa más a niños y adolescentes ebrios y drogados. Los conflictos entre comercializadores de droga por ganar clientela y control territorial llega hasta los enfrentamientos armados y asesinatos. Las organizaciones que antaño lograron recuperar tierras, ahora divididas se confrontan armados por repartirse los territorios con saldos de muertos y desplazados, situación que los grupos criminales capitalizan. Pululan las armas y los depósitos de alto calibre en diversos puntos de la entidad. Hay miles de desaparecidos y otros tanto que no se ha informado por el miedo a las amenazas de los cárteles. La reciente irrupción de los desplazados y desaparecidos, así como la violencia desatada, no permite calcular adecuadamente su magnitud, sin embargo, podemos asegurar que son miles y miles. Ya inicia de igual manera la conformación de los colectivos de víctimas en búsqueda de sus familiares desaparecidos. Los negocios que se niegan a pagar el cobro de piso son asaltados con violencia o quemados.
Se han visibilizado más o han aparecido nuevos grupos armados en la entidad, y se han registrado fuertes enfrentamientos entre ellos, pero también contra el Ejército y la Guardia Nacional, en municipios como Ocosingo, Altamirano, Aldama, Chenalhó. Pantelhó. Chilón, Palenque, Las Margaritas, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Tuxtla, Tapachula, Venustiano Carranza, Teopisca, Tenejapa, San Andrés Larráinzar, Benemérito de las Américas, Tonalá, Pijijiapan, Tila, Sabanilla, Chapultenango, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Oxchuc, Huixtán, Motozintla, Siltepec, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Cintalapa, La Concordia, Tonalá, Tzimol, entre otros.
A nivel nacional, de 2006 a 2023 fueron detectadas 5,455 fosas clandestinas (de éstas, 2,710 fueron registradas de 2018 a mayo de este año). La mayoría en entidades como Veracruz (324), Tamaulipas (402) y Guerrero (260). Y aunque Chiapas no aparece en los primeros lugares con la mayor cantidad de fosas clandestinas, de 2018 a la fecha, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) reveló que se han detectado al menos 10; tres de éstas en Comitán, una de las ciudades del llamado “triángulo de la muerte”. En Tuxtla Gutiérrez se han encontrado tres, y una en los municipios de Chiapa de Corzo, Mezcalapa, Tapachula y Tuxtla Chico. Esto es lo que oficialmente se reconoce y se ha encontrado, pero seguro hay muchas más.
Se han encontrado también cuerpos desmembrados en bolsas como en el municipio de Ocozocoautla, granadas en el ayuntamiento de Berriozábal, enfrentamientos armados entre cárteles en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Comalapa y La Trinitaria. Mientras, las Madres en Resistencia en Chiapas siguen marchando en la capital de Tuxtla Gutiérrez exigiendo la aparición con vida de sus hijos. Se denuncian reclutamientos de varones por parte del narco, desaparición de mujeres y más feminicidios. Tráfico de niños, etnoprostitución, robo de autos, lavado de dinero, cobro de pisos en muchos municipios como Tuxtla, San Cristóbal, Comitán, Tapachula, etc. Los principales lugares de desaparición son Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Comitán y Palenque. También se registran levantones, secuestros y extorsiones.
En regiones como en el sur de la entidad los maestros abandonan las plazas y las escuelas por el miedo a la violencia desatada por la disputa del territorio entre el Cártel Jalisco Nueva Generación /CJNG) y el Cartel de Sinaloa (CS). Muchas comunidades donde los cárteles se disputan los territorios están ya vacías o sus pobladores van migrando a otros municipios de manera goteada. En otros lugares los pobladores venden sus tierras ante la imposibilidad de enfrentar la violencia y el cobro de piso.
En el municipio de Las Margaritas se enfrentaron los cárteles durante horas lo que provocó el éxodo de muchos pobladores a la montaña y a otros municipios. En el municipio de Bochil, decenas de estudiantes de nivel medio fueron hospitalizados de urgencia al presentar graves síntomas que ponían en peligro su vida causado presuntamente por el envenenamiento del agua con fentanilo. En Cancuc un indígena se ahorcó al no encontrar droga que paliara su ansiedad luego de regresar del norte donde muchos migrantes consumen drogas, entra ellas el cristal, para aguantar más las jornadas laborales y poder enviar así más dinero a sus familias. En el mes de mayo del presente año, la población indígenas ch’ol del municipio de Sabanilla estableció un toque de queda y, armados, expulsaron al narco del municipio donde ya operaban los narcomenudistas. Sin embargo, solicitaron la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército ya que consideran que no podrán solos contra el cártel. Del otro lado de la entidad, se registran balaceras y la quema de la comandancia policíaca en el municipio de Pichucalco.
En 2001, casi 60 inmigrantes murieron y 105 resultaron heridos al volcarse un trailer cerca de Tuxtla Gutiérrez que los transportaba hacinados. Pero en mayo del 2023 las autoridades volvieron a interceptar y rescatar a 175 personas migrantes, incluyendo 30 menores no acompañados, que viajaban del mismo modo en otro trailer. Y es que el negocio del tráfico de indocumentados implica ya unas ganancias estratosféricas por lo que el control de esta actividad también es disputada por los cárteles. Recordemos que desde el 2018 que inicia la oleada masiva de migrantes de Centroamérica y otros países por el territorio Chiapaneco, se convierten en un botín para el crimen organizado.
Por ello, Chiapas es la entidad con mayor crecimiento de ingresos por remesas que ha pasado de 222 millones 772 mil dólares en el primer trimestre de 2019, a 958 millones 111 mil dólares en el mismo periodo de 2023. En 2019 Chiapas ocupaba el lugar 14 de mayor movimiento de remesas, y en los últimos cuatro años pasó al cuarto lugar, detrás de los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, quienes encabezaron la mayor migración entre 1990 y 2010. Por otro lado, se registran en algunos municipios el cobro a las familias receptoras de remesas por parte del narco, o su condicionamiento para la compra de armas y municiones. En otras palabras, las remesas también financian al narco.
Compartimos este pronunciamiento de Amigos de la Tierra Internacional ATI sobre la violencia que se vive en Palestina – A 29 de junio del 2023
Desde junio de 2007, el bloqueo ilegítimo de la Franja de Gaza impide la libre circulación de personas y bienes dentro y fuera de Gaza. En 2016, el secretario general de la ONU lo definió como un “castigo colectivo por el cual se tienen que rendir cuentas”.
Amigos de la Tierra Internacional repudia categóricamente las constantes violaciones que comete Israel contra la Franja de Gaza, como el bloqueo, la privación de alimentos y el sitio, y las considera crímenes contra la humanidad.
La falta de suministros vitales, como agua y electricidad, junto con el deterioro del medioambiente, han hecho de Gaza un lugar inhabitable. La electricidad funciona de dos a cuatro horas por día. Solo el 4 % del agua es apta para consumo humano. Hasta el 35 % de las tierras agrícolas de Gaza y el 85 % de sus aguas destinadas a la pesca se han visto afectadas en distintos momentos. Estas restricciones impiden el acceso a grandes áreas agrícolas y de pesca y su aplicación pone en grave riesgo físico a la población civil. Entre las prácticas empleadas para hacer cumplir estas restricciones se encuentra el uso de municiones reales, la detención y el acoso dirigido a pescadoras/es, el arrasado de terrenos de cultivo, la destrucción de propiedad pública y privada y la confiscación de embarcaciones pesqueras.
La política actual de Israel con respecto a la Franja de Gaza y sus dos millones de habitantes constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario, por ejemplo, la obligación de Israel como Potencia Ocupante de, como mínimo, garantizar las necesidades básicas de la población bajo su control efectivo y prohibir las medidas de castigo colectivo, coacción, represalias ilegítimas y la destrucción de objetos indispensables para la supervivencia de la población civil. El ejercicio de los derechos humanos fundamentales en estas circunstancias es inconcebible.
Amigos de la Tierra Internacional hace un llamamiento:
A Israel para que cese inmediatamente todas las operaciones militares en la Franja de Gaza y ponga fin a sus castigos colectivos; abra los cruces de frontera para permitir la circulación de bienes y personas; reestablezca el suministro de combustible y la asistencia humanitaria.
A la comunidad internacional para que establezca las obligaciones de Israel en el marco del derecho internacional con respecto a la población civil de la Franja de Gaza, lo que incluye poner fin a las medidas de castigo colectivo y garantizar el acceso a servicios médicos esenciales, alimentos, agua y saneamiento como parte integral de toda negociación.
A las organizaciones y movimientos sociales regionales e internacionales en diferentes partes del mundo para que denuncien las violaciones del derecho internacional por parte de Israel ante las autoridades de sus países.
Manifestamos nuestra solidaridad internacionalista con el pueblo palestino. Exigimos que se levante inmediatamente el bloqueo ilegítimo y que se ponga fin al castigo colectivo contra la población de Gaza.
No puede haber ningún justificativo para negarle suministros humanitarios, agua suficiente y electricidad a toda una población durante 16 años.
Imagen: “La playa de Gaza es el único destino al que pueden ir” – Crédito: A’aed Baker, PENGON/Amigos de la Tierra Palestina
Compartimos la siguiente petición e información sobre el constante aumento de la violencia en la zona de Frontera Comalapa por la disputa del territorio entre el crimen organizado en Chiapas
El estado de Chiapas lleva años, envuelto en una espiral de violencia creciente que se ha recrudecido de manera alarmante en los últimos días. Las causas no pueden atribuirse únicamente a la pobreza, la exclusión, la desigualdad y la injusticia endémicas que han caracterizado a la entidad a lo largo de toda su historia.
Lamentablemente, por su ubicación geográfica y por el aislamiento en el que Chiapas vivió por años, la presencia del crimen organizado en el estado no es nueva. Desde hace décadas, se trafica de todo, desde personas hasta armas y drogas. Por años, estos fenómenos operaron sin mayores daños para la población local aunque ciertamente las consecuencias de los delitos han ido penetrando lentamente el tejido social comunitario. Sin embargo, en los años recientes la disputa territorial entre diferentes grupos delincuenciales ha derivado en una escalada alarmante de la violencia y la inseguridad que hoy tiene su escenario más dramático en los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria, Amatenango de la Frontera, entre otros ubicados en la región.
La falta de respuesta institucional tiene que ver con la ambición desenfrenada y la corrupción de muchas autoridades que, concentradas en mantener su poder político o incluso acrecentarlo, han dejado abandonada a su suerte a una población que se debate entre los fuegos de los grupos delicitivos rivales. Esta situación, aunada al alarmante aumento del tráfico de armas en todo el estado, con la consecuente proliferación de grupos armados de todo tipo, ha convertido a nuestra entidad en tierra de nadie, donde el diálogo y la negociación han sido cruelmente desplazados por la fuerza de las balas.
La zona fronteriza con Guatemala es hoy la manifestación más aguda de la situación de violencia e inseguridad que se padece en Chiapas pero desgraciadamente no es la única. En toda la entidad ha crecido aceleradamente el tráfico ilegal de todo tipo. En los últimos años, diversos grupos, presumiblemente células del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa, se han apoderado de territorios completos a los que dominan a través del terror, las amenazas, las extorsiones, las desapariciones, la muerte. Existen otros grupos armados que se mueven desde la frontera y en regiones como Teopisca, San Cristóbal, San Juan Chamula, hacia los Altos y Norte de la entidad. Ante la total inacción de las autoridades, todos estos grupos han ido ganando poder y territorio, en medio de una violencia nunca antes vista en nuestro estado. Aunque la crisis se concentra en tres regiones de la entidad (Frontera, Sierra y Centro), las repercusiones se padecen en todo el estado.
Una muestra de la violencia generalizada en otras regiones del estado ocurrió apenas la noche del viernes 2 de junio, cuando un grupo armado presumiblemente proveniente desde Santa Martha, Chenalhó, atacó a balazos a desplazados de dicha comunidad que se encuentran refugiados desde octubre de 2022 en la comunidad de Polhó, en el mismo municipio, con un saldo, hasta ahora, de 7 muertos y 3 heridos. Al momento de redactar el presente pronunciamiento, no se tenía mayor información.
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la situación más alarmante está ubicada en la Zona Fronteriza. Desde el 25 de mayo pasado, la violencia se ha desbordado particularmente en el municipio de Frontera Comalapa, a raíz de los enfrentamientos entre grupos antagónicos presumiblemente del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa, principalmente en las proximidades de las comunidades Nueva Independencia (conocida como Lajerío) y Candelaria. Aunque no se tienen cifras precisas, se habla de entre 3,500 y 4 mil personas desplazadas, con un número indeterminado de heridos, desaparecidos y muertos. Durante varios días, no se hizo presente autoridad alguna por lo que la población se defendió como pudo. Finalmente, el 31 de mayo el Ejército Mexicano logró ingresar al municipio, después de enfrentar la resistencia de pobladores del ejido Joaquín Miguel Gutiérrez, mejor conocido como Quespala. A cuenta gotas, algunos pobladores han iniciado el retorno a sus hogares. La situación es de gran incertidumbre y miedo.
Ante este panorama, exigimos:
1. La presencia de las instituciones encargadas de la seguridad de la población: Ejército, Marina, Guardia Nacional, Fiscalías estatal y federal, para restablecer el orden y realizar las investigaciones de rigor que determinen la magnitud de los daños causados y su reparación.
2. La atención integral a la población en situación de desplazamiento forzado, que debe incluir garantías para un retorno seguro. La gente merce vivir sin temor a perder a sus seres queridos y a ver arrebatado el patrimonio de toda una vida.
3. La implementación de las medidas necesarias para el restablecimiento de la paz permanente en toda la región fronteriza, para lo cual es indispensable proceder, en la forma que se requiera, contra los grupos delincuenciales que han afectado gravemente la vida de la población. Sin embargo, el esfuerzo será inútil si el resto del estado sigue atrapado en una espiral de violencia sin fin. Exigimos que el restablecimiento de la paz se haga extensivo a todo Chiapas.
4. El reconocimiento de parte de las autoridades estatales y federales de la grave situación que se vive en la entidad. Seguir con el discurso negacionista que pretende aparentar que todo está bien y que los innegables hechos de violencia son brotes aislados, no sólo es profundamente irresponsable sino una falta de respeto a las y los chiapanecos que día con día constatamos la violencia y la descomposición social acelerada. Pero además, la insistencia en negar la gravedad de la situación pone en altísimo riesgo a la población, como lo demuestran los hechos ocurridos en Chenalhó y en la Zona Fronteriza, que se vienen denunciando desde hace meses y ante los cuales, las autoridades han sido absolutamente omisas.
5. La aplicación irrestricta de la ley, que significa, entre otras cosas, poner fin definitivo a la complicidad de muchos políticos con el crimen organizado. Es un verdadero insulto para las y los chiapanecos que conocidos miembros de la clase política chiapaneca, ampliamiente sabidos sus lazos con la delincuencia o ellos mismos delincuentes, aspiren a cargos de elección popular como la gubernatura o la presidencia de la República.
Nos negamos a ser testigos mudos de la destrucción social, económica, política, ambiental y cultural de nuestro estado. Ya se dejó crecer la pudredumbre por demasiado tiempo.
¡BASTA DE BARBARIE! ¡BASTA DE LA INACCIÓN DEL ESTADO MEXICANO! ¡QUEREMOS UN CHIAPAS CON PAZ DURADERA Y CON JUSTICIA VERDADERA!
Con tortura y homicidios, CJNG y El Maíz controlan Frontera Comalapa
El cártel de Sinaloa disputa territorio
Pobladores aseguran que los obligan a cerrar carreteras
Junto con el cártel Jalisco Nueva generación (CJNG), la agrupación criminal El Maíz tiene sometidos a los pobladores del municipio de Frontera Comalapa, donde suman unos 3 mil desplazados por la violencia; a quienes se niegan a participar en los bloqueos, los matan, desaparecen, secuestran, multan o golpean con tablas, denunciaron habitantes de esa población, situada a 25 kilómetros de la frontera con Guatemala.
Algunos de los que están cerrando caminos son transportistas, vendedores de chicles, boleros, comerciantes; toda la gente que busca ganarse el pan de cada día con el trabajo más sencillo está sujeta a esta agrupación, acusaron.
Bajo amenazas, miedo y temor, todos están así, presionados. Así está Comalapa. Son contados los que están por conciencia; la mayoría del pueblo de Comalapa no participa por voluntad propia, puntualizaron algunos lugareños consultados bajo la condición del anonimato.
Si a los locatarios del mercado les dicen que tienen que cerrar para ir a bloquear deben obedecer; de lo contrario, los multan, los encierran tres días y hasta les quitan los puestos, detallaron.
Contaron que la situación en Comalapa se descompuso hace más de dos años, cuando se escindió un grupo del cártel de Sinaloa y se integró al CJNG.
Luego conformaron El Maíz, ahora temida agrupación, para formar su base social mediante amenazas y presión.
Los enfrentamientos que comenzaron hace dos años son resultado de que el cártel de Sinaloa pretende recuperar el territorio.
Tienen sometidos a los sindicatos de pozoleros, boleros, chicleros, tablajeros, tortilleros, estibadores, etcétera (sólo los maestros y los trabajadores de salud no han sido obligados a sumarse); desde el más chico al más grande están sometidos a esta organización, respaldadas por las cuatro letras, reveló un poblador.
Desde el martes pasado, cuando se iniciaron los más recientes enfrentamientos, en los que según algunos vecinos se usaron hasta drones, la amenaza constante, sobre todo a través de mensajes de WhatsApp, es que ingresarán a la cabecera para capturar a los dirigentes o que habrá reclutamientos forzados.
En respuesta, El Maíz obliga a los ciudadanos a bloquear diferentes puntos y a enfrentar a algún grupo contrario que se acerque por Lajerío o alguna otra comunidad.
Lo menos que le puede pasar a quien se resista a participar es que lo tableen: les bajan los pantalones y con un pedazo de tabla los golpean en las nalgas y hasta que defecan por el dolor, narró un lugareño.
Economía paralizada
Comalapa, gobernado por un concejo municipal presidido por Alejandro Mérida, está tomado por hombres del CJNG-El Maíz, que sin presencia de fuerzas de seguridad pública se mueven a toda velocidad por las calles, en camionetas y con armas de alto poder.
Cuando participan en enfrentamientos utilizan los llamados monstruos, vehículos blindados con gruesas placas de metal.
Los pobladores de Frontera Comalapa aseveraron que las refriegas ocurridas en días recientes han dejado un número indeterminado de muertos y heridos de los dos bandos; se han registrado además cuantiosas pérdidas económicas debido a que los comercios están cerrados, el transporte paralizado y los ciudadanos no pueden trabajar.
Compartimos esta nota de Olca – A 7 de diciembre del 2022
(Prensa Latina) Autoridades de los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’ de Guatemala confirmaron hoy graves violaciones de los derechos humanos en la comunidad Chapín Abajo, Izabal, tras un desalojo violento.
La comisión llegó al área sur de El Estor, después de que en la madrugada de este martes un numeroso grupo de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público ingresara a Chapín Abajo con 25 órdenes de allanamiento contra sus líderes.
En un primer informe de los hechos de violencia -que incluyeron el uso de gases lacrimógenos-, se contabilizaron tres heridos de bala, un niño de 17 años, quien fue trasladado en busca de atención médica, y dos hombres.
La delegación dio cuenta, asimismo, de varias mujeres y niños intoxicados por los gases, lo cual comprobó la prensa independiente que acompañó a las autoridades.
Según la narración de los hechos por las familias, además de las fuerzas de seguridad, intervinieron paramilitares posiblemente contratados por la empresa NaturAceites.
Ellos entraron a las viviendas y robaron alimentos y otros bienes de las familias, confirmó el reporte de las autoridades q’eqchi’.
También constataron la detención de Alba María Choc, esposa del dirigente de Chapín Abajo, Pedro Cuc, junto a sus dos hijos menores de edad, con el propósito de presionar su entrega.
Las autoridades ancestrales pidieron la presencia del Procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova, y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el fin de verificar la grave situación y el riesgo a la vida de cientos de personas de la comunidad, especialmente por falta de atención médica.
La PNC, por su parte, informó que tres agentes resultaron heridos en los enfrentamientos.
El medio alternativo Prensa Comunitaria recordó que esta es la cuarta ocasión en que fuerzas de seguridad ingresan a Chapín Abajo para desalojar a familias que reclaman las tierras hoy en poder de NaturAceites, dedicada al monocultivo de la palma africana en el área sur de El Estor, Izabal.
La empresa considera esos terrenos como propios y criminaliza a Cuc y otros dirigentes por su resistencia contra la explotación de palma y la minería.
En enero de este año, el líder comunitario aseguró que lo más grave de la problemática agraria en El Estor son las invasiones de tierra de las empresas para sembrar y producir aceite de palma y los desalojos promovidos por terratenientes vinculados a este tipo de monocultivos, compañías mineras y otras.
Compartimos la siguiente campaña de solidaridad internacionalista con Haití a través de Amigos de la Tierra Internacional ATI – A 24 de octubre del 2022
Roger Waters, Noam Chomsky, y más de 500 militantes sociales y populares, artistas, académicos/as, figuras públicas, han firmado esta carta abierta por un Haiti digno y soberano, libre de intervención extranjera. Impulsada por la Asamblea Internacional de los Pueblos, ALBA Movimientos, la Asamblea de los Pueblos del Caribe, y la Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo, buscamos sumar más luchas y manifestaciones de solidaridad con nuestro hermano pueblo de Haití para frenar los ataques en su contra.
Durante los últimos 4 años, el pueblo haitiano se ha movilizado permanentemente contra el enorme empobrecimiento de las masas, las escandalosas desigualdades que condenan a la mayoría de la población a vivir en condiciones inhumanas y contra los beneficios económicos de los que goza una pequeña minoría. En particular se ha movilizado contra el aumento de la inflación, los precios del combustible y, más recientemente, para rechazar los llamamientos a la intervención extranjera que ha solicitado de forma ilegítima el primer ministro Ariel Henry, respaldado por Estados Unidos.
Hoy Haití se encuentra frente a una posible nueva ocupación militar directa de la ONU, tal como ocurrió entre 2004 y 2017 a través de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH). Al respecto son preocupantes las declaraciones del Secretario General del organismo, Antonio Guterres, quien ha solicitado al Consejo de Seguridad la aprobación de dicha intervención de carácter militar, que se suma al reciente arribo de aviones militares enviados por los gobiernos de Canadá y Estados Unidos.
Llama especialmente la atención que las razones por las cuales el gobierno de Henry, y las Naciones Unidas justifican esta posible intervención militar, son provocadas precisamente por las ocupaciones anteriores en la isla, como es la propagación del cólera, y la crisis humanitaria ocasionada por los numerosos casos de violaciones sexuales y de derechos humanos cometidos por los cascos azules contra la población civil.
Instamos a la comunidad internacional, a los mecanismos regionales de integración como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, y en particular a los gobiernos populares y progresistas de nuestro continente, a rechazar de forma tajante estos nuevos intentos de ocupación en Haití, y rechazar todo intento de injerencia. Aludiendo a los principios del Derecho Internacional de no intervención, igualdad de derechos, libre determinación de los pueblos, e igualdad soberana consagrados en la Resolución 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas; la solución a los problemas domésticos de Haití debe ser impulsada por el mismo pueblo haitiano sin ningún tipo de intervención extranjera, y priorizando la soberanía, autodeterminación y democracia en el país.
¡Por un Haití digno y soberano, libre de ocupación!
Compartimos este informe especial publicado en QuintoElemento Lab sobre la desaparición forzada en México- A mayo 2022
Por Marcela Turati, Efraín Tzuc y Thelma Gómez Durán
México acaba de rebasar la deshonrosa cifra de 100 mil personas desaparecidas.
Cien mil personas faltan en sus propias vidas, le faltan a sus familias, le faltan a su comunidad, le faltan a la sociedad.
Los números otorgan una dimensión a esta epidemia de violencia: de cada 100 personas que han sido desaparecidas, 75 son hombres y 25 son mujeres.
Los números le dan dimensión al desastre humano en que el país se ha sumido: de cada 100 personas desaparecidas, 17 son menores de edad; y de éstos, cuatro aún no han cumplido 12 años.
Toda desaparición es una catástrofe. Es una mamá que deja su propia vida para dedicarse a buscar a la hija o hijo ausentes. Es un maestro que no vuelve a dar clases. Son varios hermanos que abandonan los estudios porque les arrebataron al papá. Es una casa con un cuarto vacío, intacto, transformado en memorial. Es una milpa sin arar. Es una familia condenada a la tortura de buscar, y acosada por las enfermedades que se alimentan de la incertidumbre y la impunidad.
Las desapariciones son el miedo que se cuela como niebla y carcome el tejido social.
Habitación de Milynali Piña Pérez desaparecida a los 13 años de edad el 14 de agosto del 2012 en Tamaulipas. Su madre, Graciela Pérez, se ha dedicado a buscarla desde entonces. Foto: Mónica González
En México, el crimen de la desaparición no es nuevo, pero se aceleró y se convirtió en una crisis humanitaria a partir de diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón Hinojosa lanzó su “guerra contra las drogas”. Desde ese año y hasta mayo de 2022, las cifras de personas desaparecidas tuvieron un incremento de 4,086%.
Estos casos son sólo de los que se tienen registro. Hay un número incalculable de personas desaparecidas que nunca llegaron a las estadísticas.
Las cifras han cambiado y el ritmo en que se producen también. Cada uno de los días en que Felipe Calderón gobernó al país, un promedio diario de ocho personas fueron desaparecidas. Con Enrique Peña Nieto, el número se duplicó y saltó a 16. La vorágine no ha parado. En los tres años y medio de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cifra escaló a 25.
Y no se detiene.
La maquinaria de las desapariciones mantiene un ritmo imparable: cada día entre el 1 de diciembre de 2006 y el 3 de mayo de 2022, cada uno de esos días, un promedio de 15 personas han desaparecido de manera inevitable.
La huella de las ausencias se ha extendido por todas partes. En la lista total de 100 mil personas desaparecidas, el 63% de los municipios del país han sido alcanzados por la mancha de la desaparición: en 1 mil 574 municipios, al menos una persona fue reportada como desaparecida y sigue sin ser localizada.
Cinco son los municipios más golpeados al tener más de dos mil registros: Guadalajara y Zapopan, en Jalisco, así como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, en Tamaulipas.
De la “guerra sucia” a la llamada “guerra contra las drogas”
En México, la acción violenta de desaparecer gente tiene una larga historia.
Si miramos al pasado, el registro oficial arrancó con el caso de un joven, de entre 15 y 19 años, desaparecido en marzo de 1964, en el municipio de General Bravo, en Nuevo León.
Desde entonces y hasta 1990, Guerrero fue el epicentro de las desapariciones. De esa entidad era la mitad de las 920 víctimas que están registradas en ese periodo conocido como “guerra sucia”, cuando el Estado mexicano usó la desaparición como método represivo para combatir a quienes consideraba opositores y “corregir” a la población.
Contingente que el 30 de agosto de 1978 acompañó al Comité ¡Eureka! a la Cámara de Diputados, para entregar el proyecto de Ley de Amnistía para los presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos. Foto: Archivo General de la Nación.
En el país nunca han dejado de desaparecer personas. En la década de los 90 se reportó la ausencia de 250. La transición política vivida en el año 2000 no llevó a que cesara esta práctica y tampoco terminó con la impunidad de la que goza este delito. En el sexenio de Vicente Fox se sumaron 819 más.
Así que antes del 2006 se acumularon, al menos, mil 989 personas de las que, hasta ahora, no se sabe dónde están.
La desaparición se instaló como una práctica cotidiana, masiva y sistemática de violencia a partir de la militarización de la seguridad pública. Durante los 15 años que lleva instalada la llamada “guerra contra las drogas”, México se convirtió en un hoyo negro. Un mapa marcado por ausencias. Una vergüenza que lesiona a toda la humanidad.
¿Qué sabemos sobre las personas ausentes y los territorios que habitaban?
En Quinto Elemento Lab nos propusimos buscar las pocas pistas que arroja el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB).
Con apoyo de la iniciativa MORLAN, se realizaron miles de descargas automatizadas de la plataforma de consulta de ese registro para intentar reconstruir con diversos fragmentos una parte de la base de datos, ya que ésta no es pública. Así pudimos descubrir los días y semanas en que ocurrieron más desapariciones y cómo esta crisis se ha extendido en cada municipio a lo largo del tiempo.
También exploramos la última base de datos disponible que realizó el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que integra registros de personas desaparecidas que van de 1964 a junio de 2018 e incluye información sobre personas localizadas con vida o fallecidas.
La información compilada es un caleidoscopio que muestra distintos fragmentos de la desaparición en México. Para este análisis, decidimos enfocarnos en el periodo de enero del 2006 a mayo de 2022. En ese lapso de poco más de 15 años ocurrieron ocho de cada 10 desapariciones que ha registrado México.
Madres con hijos desaparecidos protestan en el Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México en Saltillo, Coahuila, en junio del 2013. En 2009 comenzó la “epidemia” de las desapariciones en esa entidad. Foto: Mónica González.
Hay estados y municipios del país que sobresalen por ser tierra de ausencias.
Hay lugares en donde la desaparición ya forma parte del paisaje.
En algunos es más abrumador: cinco estados concentran casi el 50% de las desapariciones.
En el 2006 sólo un municipio, Guadalajara, registró 20 personas desaparecidas, el número más alto en todo el país en ese momento. A partir de ese año, este crimen comenzó a propagarse en el norte, en especial en Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila.
Para 2007, en Ciudad Juárez el número de personas desaparecidas saltó de 13 a 68 casos. Lo ocurrido en esa frontera se replicó en otras regiones. Ese año, Culiacán y Torreón se asomaron en el mapa de personas desaparecidas con 41 y 34 registros, respectivamente.
A partir de ese momento, Torreón se instaló como lugar de peligro. Durante cinco años, ese municipio de La Laguna permaneció entre los diez con más casos. Para 2009, con sus 182 registros alcanzó niveles alarmantes.
En ese 2009, el noreste del país —Nuevo Laredo, Monterrey, Matamoros, Reynosa y Piedras Negras— comenzó a concentrar los números más altos de desapariciones. Ciudad Juárez, entonces la ciudad más mortífera del continente, mantuvo también esa tendencia.
En otras geografías, ese mismo año, Guadalajara —metrópoli que entonces tenía poco más de millón y medio de habitantes— sumó 60 personas desaparecidas, sólo un caso más que los contabilizados en Matamoros, ciudad fronteriza con la tercera parte de la población que tenía la capital de Jalisco.
En el mapa del 2009, también destacó el poco habitado municipio de Ciudad Cuauhtémoc, en Chihuahua, con 39 registros, el mismo número que presentó el municipio de Puebla, en el centro del país.
El año de la pesadilla: 2010
El 2010 marcó el parteaguas de la violencia en México. Ese año se rompieron los límites de lo imaginable. Su estela de muerte y destrucción dejó una herida difícil de remontar.
La ruptura entre antiguos aliados, los cárteles de los Zetas y del Golfo, y la disputa por territorio, rutas y control de la población, tuvo un alto costo social: poblaciones enteras pagaron por ello.
Si un año antes ningún municipio registró más de 200 desapariciones, para 2010 hubo lugares en los que se documentaron cifras récord: esa saña se notó en Matamoros (con 397 personas que faltan) o Monterrey (con 372).
En el fragmento de 2010, entre los diez municipios con más casos apareció, por primera vez, el municipio de Durango, que registró 145.
Para observar las diferencias entre los mapas es necesario deslizar las flechas de izquierda a derecha.
En 2009, los diez municipios con más personas desaparecidas fueron: Torreón (182), Piedras Negras (39), Culiacán (32), Coahuila; Nuevo Laredo (75), Matamoros (59), Reynosa (50), Tamaulipas; Monterrey (69), Nuevo León; Guadalajara, Jalisco (60); Juárez (57), Cuauhtémoc (39), Chihuahua; y Puebla (39), Puebla. En 2010, los municipios que sufrieron más este crimen fueron: Matamoros (397), Reynosa (164), Nuevo Laredo (135), Tamaulipas; Monterrey (372), Guadalupe (61), Nuevo León; Torreón (182), Saltillo (108), Piedras Negras (76), Coahuila; Durango (145), Durango; Culiacán (92) y Mazatlán (65), Sinaloa.
La dinámica de la desaparición no observa siempre patrones predecibles. Los años siguientes el número de personas desaparecidas se estacionó, especialmente en el noreste del país. En otras regiones se empezaron a prender las alertas poco a poco. Así, se desplazó desde el norte, cruzó por el centro y se dirigió al occidente del país.
Hoy sabemos que no sólo había disputas territoriales entre organizaciones criminales; la estrategia de militarización de la seguridad pública fragmentó a los grupos armados, pulverizó equilibrios estatales y municipales, y, muchas veces, abrió camino y empoderó a nuevos grupos. Hoy se siguen pagando esas consecuencias.
La espiral de violencia adquiriría nuevas formas en 2011: las fosas clandestinas comenzaron a plagar todo el país, de manera explosiva y violenta se libró una de las disputas más sangrientas entre grupos armados en Reynosa, Nuevo Laredo y Tampico, en Tamaulipas; además de Monterrey, Nuevo León; Saltillo, Torreón y Piedras Negras, Coahuila. El efecto se resintió casi de inmediato en esas ciudades: las atrocidades se reflejaron también en los números de desapariciones, con niveles que no se habían visto antes.
La lista de diez municipios con más ausencias incluyó también a Guadalajara (113 casos) y Ciudad Cuauhtémoc (con 89).
El cierre del sexenio de Felipe Calderón mostraba las consecuencias de la política de seguridad a cargo de militares: 16 mil personas desaparecidas al concluir 2012. Ese año un municipio ocupó el primer lugar con 214 víctimas: Nuevo Laredo. Anclado en uno de los epicentros de la violencia, el calderonismo significó para este municipio una tragedia: 989 personas que, hasta ahora, no han vuelto a casa.
La crisis de desapariciones ya no se puede ocultar
Enrique Peña Nieto llegó al poder, pero la desaparición no se alejó del noreste, y si bien se mantuvo en altas cuotas, ya no lo hizo con la misma fuerza que en años previos.
En cambio, este crimen de arrebatar personas de sus propias vidas se comenzó a generalizar en el centro y sur del país. En el Estado de México, por ejemplo, se contabilizaron un total de 332 desapariciones en 2013, aunque en 253 los datos no permiten conocer en qué municipios ocurrieron. Ese estado sobresalió a nivel nacional por su opacidad: del total de sus reportes, el 42% no especifica siquiera la fecha de los hechos.
Como si fuera un anuncio de lo que sucedió un año después, en 2013, el municipio de Iguala, en Guerrero, apareció entre los 10 con más casos reconocidos, se registraron 79 personas ausentes. Ese año también destacó Chilpancingo, con 61. Así como lo fue en las décadas de los 60 y 70.
Guerrero revivió con dolor su historia, la de las décadas de la “guerra sucia” de los años 60 y 70, cuando se convirtió en un territorio marcado por las vidas arrebatadas.
Protesta encabezada por los alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, por la desaparición en Guerrero de sus 43 compañeros. Foto: Mayolo López Gutiérrez/Obturador MX.
En 2014, la tormenta de ausencias ya fue imposible de contener y ocultar. La noche del 26 de septiembre de ese año 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa les fueron arrebatados al país, cuando un grupo de criminales y miembros de todas las corporaciones y fuerzas armadas se los llevaron y aún no regresan a casa.
A los estudiantes se sumaron mujeres y hombres que se sumieron en la oscuridad de Iguala: el año concluyó con 124 víctimas de desaparición en ese municipio. Pero no fue el único que resintió la ola de violencia. En Acapulco se registraron 107 desapariciones, una señal de que la disputa territorial entre diferentes grupos armados, entre ellos el Ejército, se trasladó a ese estado del Pacífico.
La violencia encuentra una lógica siniestra: cuando la desaparición de personas toca a un sitio, no lo suelta. Las pérdidas se repiten.
Para observar las diferencias entre los mapas es necesario deslizar las flechas de izquierda a derecha.
En 2014, entre los municipios con más desapariciones fueron: Reynosa (139), Matamoros (110), Tampico (107), Nuevo Laredo (99), Victoria (99), Tamaulipas; Iguala (124), Acapulco (107), Guerrero; Guadalajara (112), Jalisco; Culiacán, Sinaloa (76), Juárez, Chihuahua (76) y Xalapa (74), Veracruz. En 2015, los municipios con más personas desaparecidas fueron: Culiacán (124), Mazatlán (92), Sinaloa; Nuevo Laredo (101), Matamoros (64), Reynosa (60), Tamaulipas; Zapopan (96), Guadalajara (83), Lagos de Moreno (69), Jalisco; Hermosillo (93), Sonora; Juárez (75), Chihuahua y Acapulco (68), Guerrero.
Las instantáneas de las desapariciones permanecieron casi intactas de 2015 a 2016: las tres ciudades fronterizas de Tamaulipas mantuvieron números altos. Y la metástasis en Jalisco era evidente: Guadalajara, Lagos de Moreno, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga registraron anualmente entre 69 y 108 nuevos casos. Además, lugares como el municipio de Puebla; Ahome, Sinaloa; Ciudad Juárez, Chihuahua, y Hermosillo, Sonora, registraron más de 90.
2017. Del noroeste al centro
El país registró 23 mil 79 homicidios en 2017. Una cifra que rebasó en 31% a los que se contabilizaron un año antes. Ese incremento en la violencia también se notó en las desapariciones. Ese año terminó al menos con 7 mil 900 personas ausentes, casi 2 mil más que las contabilizadas en 2016.
El 2017 se vivió un pico de violencia. Municipios tamaulipecos —como Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros— registraron entre 152 y 362 desapariciones. También destacó Hermosillo con 263; y la capital de Puebla con 242.
Y aunque este crimen siguió arrebatando a personas en el norte del país, en lugares como el puerto de Veracruz, donde la dinámica también se hizo inocultable: ahí 143 personas fueron desaparecidas en 2018.
Veracruz es uno de los casos que resulta complejo abordar. Sus dinámicas violentas aparecen poco en este análisis porque uno de cada tres de los registros de desapariciones carecen de la fecha en que sucedieron. De ese tamaño era el desdén oficial.
La crisis en Jalisco se potencializó. La entidad vivió los efectos ya conocidos en el noreste. La disputa de grupos criminales por el territorio se intensificó y durante 2019 y 2020 los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara se ubicaron entre los diez con más desapariciones en todo el país. Las más de 280 personas desaparecidas cada año en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco —este último con menos de 200 mil habitantes— lo entronizaron como un estado-problema.
Nuevos sitios golpeados por la desaparición
Terminó el 2018 y el acumulado histórico de personas desaparecidas en el país era de 54 mil 500; esta cifra no incluye aquellas denuncias en las que las autoridades no registraron las fechas de la desaparición.
A finales de ese 2018, la presidencia del país cambió de partido con Andrés Manuel López Obrador. Las desapariciones continuaron: en el 2019 se sumaron, por lo menos, 9 mil 200 personas más.
En 2020, la lista de 10 municipios con más desapariciones incluyó otra vez lugares del Área Metropolitana de Guadalajara, pero también tocó a municipios con ciudades capitales: Hermosillo, Culiacán, y Monterrey. Cada uno aportó más de 120 personas. En esa estadística de terror aparecieron dos alcaldías de la Ciudad de México: Gustavo A. Madero e Iztapalapa, cada una con poco más de un centenar de registros de desapariciones recién perpetradas.
En el caleidoscopio de fragmentos se observa que hubo lugares en los que, de un año a otro, la desaparición dejó de ser un delito aislado para transformarse en un terremoto con distintos epicentros. Eso sucedió en el estado de Zacatecas durante 2021. Ese año, Fresnillo registró 163 casos; y eso que desde un año antes, con 46 personas ausentes, las cifras ya eran preocupantes.
Zacatecas es hoy la nueva meca de la desgracia.
Imagen del rostro de Sergio Orlando Beltrán Martínez, desaparecido el 7 de junio del 2017 en el centro histórico de Zacatecas a los 19 años. Foto: Adolfo V. Valtierra.
Entre los municipios que han tenido ese tipo de repuntes en casos de personas sin localizar destaca Ecatepec, en el Estado de México. En 2019 tuvo seis desapariciones. En 2020 el número se elevó a 69 y en 2021 alcanzó las 137; de éstas 51 son mujeres.
El fragmento de los dos primeros meses de 2022 recuerda, una vez más, que la Ciudad de México no es territorio aislado de lo que pasa en el resto del país: Iztapalapa y la Gustavo A. Madero son las alcaldías que más casos registraron en ese lapso, con 29 y 27 casos, respectivamente.
Otras geografías destacan en lo que va de 2022. Cuernavaca, Morelos, en donde este delito ya era un problema (como se reflejó en 2016 con el descubrimiento de las fosas de Tetelcingo, cavadas por el propio gobierno), otra vez comenzó a tomar vuelo: hasta el corte acumuló 29 desapariciones.
Lo mismo sucede con el municipio de Benito Juárez, donde está Cancún, en los dos primeros meses del 2022, al menos 33 personas ingresaron a las listas de la vergüenza nacional.
Un delito que toma fuerza
El caleidoscopio del registro oficial permite conocer otros municipios donde, de un año a otro, las denuncias llegaban como por goteo hasta convertirse en un tsunami. Entre esos casos están Mazatlán (2009-2010); Tijuana (2015-2016); Lagos de Moreno (2014-2015); y las alcaldías Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo e Iztapalapa (2018–2019).
Tepic es un caso que muestra el oscuro panorama que deja la unión entre las estructuras políticas y criminales. De seis desapariciones que ese municipio registró en 2016 aumentó casi a 100 en 2017, lo que representa casi mil 533% en un año.
El repunte en la capital de Nayarit ocurrió en este contexto: en febrero de 2017, Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido como el H2 y vinculado al Cártel de Los Beltrán Leyva, fue asesinado durante un enfrentamiento con la Marina. Un mes después, el Fiscal del Estado, Édgar Veytia fue detenido en San Diego, Estados Unidos, acusado de pertenecer a una red de tráfico de drogas. Y en junio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenecía el gobernador Roberto Sandoval —detenido en julio de 2021 por operaciones con recursos de procedencia ilícita—, perdió las elecciones a la gubernatura del estado.
¿Dónde se concentró la desolación?
Pobladores de lugares como Matamoros están entre los que han padecido por más largas e intensas temporadas las desapariciones: durante 13 años consecutivos el municipio que habitan se ubicó dentro los diez primeros con más víctimas. En 2010, por ejemplo, 70 personas desaparecieron por cada 100 mil personas. Y cada año llegó con su propia intensidad.
Fue justo en ese 2010 cuando este crimen se ensañó con la población de varias regiones tamaulipecas que no figuran en el gran mapa nacional porque tienen menor población, pero que sobresalen cuando se hace un acercamiento. Ciudad Mier, por ejemplo, rompió un récord hasta ahora no superado de 413 habitantes desaparecidos por cada 100 mil. De igual manera otros rincones de México han quedado invisibilizados en la estadística nacional aunque padecieron mucho.
Aumenta la desaparición de mujeres
Para observar las diferencias entre los mapas es necesario deslizar las flechas de izquierda a derecha
La primera desaparición registrada de una mujer ocurrió en agosto de 1968, en el municipio de Texcalyacac, Estado de México. Tenía 60 años. En las cinco décadas transcurridas desde entonces, 24 mil 750 mujeres más engrosaron la lista de desaparecidas.
Desde los años 70 hasta la actualidad, el panorama para las mujeres ha empeorado y se ha acentuado en las jóvenes: una cuarta parte de las desaparecidas entre 2006 y 2022 tienen entre 15 y 19 años.
El Estado de México es la entidad más peligrosa para las mujeres; con sus más de 2 mil 600 casos concentra el 14% del total de las que son buscadas a nivel nacional. A diferencia del resto del país, las desapariciones de mujeres ahí casi se equiparan a las de los hombres: de cada 10 víctimas, cuatro son mujeres.
En Tamaulipas, Nuevo León y Jalisco, respectivamente, hay más de mil 500 mujeres reportadas con paradero desconocido.
Los datos y el mapa muestran que son más los hombres desaparecidos, pero si se mira cómo ha evolucionado el fenómeno criminal es evidente que para ellas se ha incrementado el peligro: en 2006 la lista de víctimas contaba con 71, para febrero de 2022 llegó a 19 mil 813.
El 2017 destacó por su violencia con 2 mil mujeres desaparecidas.
A partir del año de la pandemia, 2020, la desaparición de mujeres no ha dado tregua.
En 2021, en promedio, siete mujeres desaparecieron por día.
En la geografía de la desaparición femenina destacan municipios como Puebla, Hermosillo y Zapopan.
Algunos de los lugares donde la cifra de víctimas tuvo un abrupto incremento de un año a otro —lo cual tendría que prender todas las alarmas— son: el municipio de Puebla (se reflejó en 2016); Ecatepec (en 2017); Hermosillo (en 2017); Iztapalapa (en 2020) Zacatecas y Tepic (en 2021).
Compartimos esta nota de Radio Zapatista sobre la violencia constante en comunidades de Aldama – A 3 de noviembre del 202
Según información de la comisión de comunicación de Aldama, Chiapas, las 10 comunidades que conforman el municipio (Xuxch’en, Coco’, Taba, San Pedro Cotzilnam, Yeton, Ch’ivit, Cabecera, Stzelejpotobtik, Juxton y Ch’ayomte’ de Aldama) se encuentran en este momento (20:00) bajo fuerte ataque armado por parte de grupos paramilitares de Santa Marta, municipio de San Pedro Chenalhó.
A esta hora, los habitantes de Ch’ayomte’, Juxton, Stzelejpotobtik, Ch’ivit, Yeton, en las orillas que están en San Pedro Cotzilnam, Tabac, Coco’ y una parte de Xuxch’en, ya abandonaron sus casas y se fueron a las montañas a refugiarse, sumando aproximadamente 3 mil personas.
Los ataques iniciaron a las 9:07 con disparos de alto calibre contra la comunidad de Xuch’en Aldama, desde el punto de ataque de Slumka’ en Saclum, Chenalhó. Para las 11:15, se había sumado el punto de ataque de Yaxaltik, ahora también contra la comunidad de Coco’, y poco después lanzaron una bomba contra esa comunidad.
A las 13:00, se suma el punto de ataque Chuch te’ 2, ahora también hacia la comunidad de Chi’vit Aldama, donde un taxi que transitaba por la Tijera Ch’ivit fue alcanzado. Afortunadamente, en el taxi sólo iba el conductor, que resultó ileso. A as 14:00 se suma el punto de ataque K’ante’, también contra Chi’vit. En esta ocasión una moto que transitaba por la carretera fue alcanzada, afortunadamente sin daños para el conductor.
A las 15:00 la comunidad de Tabac Aldama también es atacada desde el punto de ataque de El Volcán, a los que se les suman a los pocos minutos los puntos de ataque de Telesecundaria y Tojtik, Santa Martha Chenalhó. Para las 17:45, las comunidades de Cabecera, Stzelejpotobtik y Juxton Aldama también estaban bajo fuego, desde los puntos de ataque de Chuch te’ 1 y 2, K’ante’, Panteón, Templo, Chalontik, Tijera Caridad y Puente, Santa Martha Chenalhó.
Una hora después, las 10 comunidades de Magdalena Aldama estaban bajo fuego. Los grupos armados estaban, y continúan hasta ahora, a todo lo largo del río, desde Yoc Ventana hasta Sector Santa Martha Chenaló. “Nos tienen rodeados”, advirtió la comisión de información de Aldama a las 17:15.
Cabe recordar que las comunidades de Aldama vienen siendo agredidas con armas de alto calibre constantemente desde hace cinco años, cuando siete familias fueron violentamente despojadas de 60 hectáreas en 2016, año en que se activa el grupo paramilitar que opera en Chenalhó. Las agresiones aumentaron dramáticamente en 2018, resultando en más de 2 mil desplazados. A lo largo del 2020 y 2021, los ataques armados se han incrementado aún más, afectando a 12 comunidades y más de 5 mil personas. Sólo en el mes de octubre de 2021 se reportaron 203 ataques armados hacia 9 comunidades.
