Comunicado de la Diocesis de San Cristóbal de Las Casas – A 3 de julio de 2022
Imagen: Diocésis de San Cristóbal
Más información:
Comunicado ante el aumento de la violencia en Chiapas y la persecución a las personas defensoras de la vida
Categoría: Violencia de Estado
Informe: Fragmentos de la desaparición
Compartimos este informe especial publicado en Quinto Elemento Lab sobre la desaparición forzada en México- A mayo 2022
Por Marcela Turati, Efraín Tzuc y Thelma Gómez Durán
México acaba de rebasar la deshonrosa cifra de 100 mil personas desaparecidas.
Cien mil personas faltan en sus propias vidas, le faltan a sus familias, le faltan a su comunidad, le faltan a la sociedad.
Los números otorgan una dimensión a esta epidemia de violencia: de cada 100 personas que han sido desaparecidas, 75 son hombres y 25 son mujeres.
Los números le dan dimensión al desastre humano en que el país se ha sumido: de cada 100 personas desaparecidas, 17 son menores de edad; y de éstos, cuatro aún no han cumplido 12 años.
Toda desaparición es una catástrofe. Es una mamá que deja su propia vida para dedicarse a buscar a la hija o hijo ausentes. Es un maestro que no vuelve a dar clases. Son varios hermanos que abandonan los estudios porque les arrebataron al papá. Es una casa con un cuarto vacío, intacto, transformado en memorial. Es una milpa sin arar. Es una familia condenada a la tortura de buscar, y acosada por las enfermedades que se alimentan de la incertidumbre y la impunidad.
Las desapariciones son el miedo que se cuela como niebla y carcome el tejido social.
Habitación de Milynali Piña Pérez desaparecida a los 13 años de edad el 14 de agosto del 2012 en Tamaulipas. Su madre, Graciela Pérez, se ha dedicado a buscarla desde entonces. Foto: Mónica González
En México, el crimen de la desaparición no es nuevo, pero se aceleró y se convirtió en una crisis humanitaria a partir de diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón Hinojosa lanzó su “guerra contra las drogas”. Desde ese año y hasta mayo de 2022, las cifras de personas desaparecidas tuvieron un incremento de 4,086%.
Estos casos son sólo de los que se tienen registro. Hay un número incalculable de personas desaparecidas que nunca llegaron a las estadísticas.
Las cifras han cambiado y el ritmo en que se producen también. Cada uno de los días en que Felipe Calderón gobernó al país, un promedio diario de ocho personas fueron desaparecidas. Con Enrique Peña Nieto, el número se duplicó y saltó a 16. La vorágine no ha parado. En los tres años y medio de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cifra escaló a 25.
Y no se detiene.
La maquinaria de las desapariciones mantiene un ritmo imparable: cada día entre el 1 de diciembre de 2006 y el 3 de mayo de 2022, cada uno de esos días, un promedio de 15 personas han desaparecido de manera inevitable.
La huella de las ausencias se ha extendido por todas partes. En la lista total de 100 mil personas desaparecidas, el 63% de los municipios del país han sido alcanzados por la mancha de la desaparición: en 1 mil 574 municipios, al menos una persona fue reportada como desaparecida y sigue sin ser localizada.
Cinco son los municipios más golpeados al tener más de dos mil registros: Guadalajara y Zapopan, en Jalisco, así como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, en Tamaulipas.
De la “guerra sucia” a la llamada “guerra contra las drogas”
En México, la acción violenta de desaparecer gente tiene una larga historia.
Si miramos al pasado, el registro oficial arrancó con el caso de un joven, de entre 15 y 19 años, desaparecido en marzo de 1964, en el municipio de General Bravo, en Nuevo León.
Desde entonces y hasta 1990, Guerrero fue el epicentro de las desapariciones. De esa entidad era la mitad de las 920 víctimas que están registradas en ese periodo conocido como “guerra sucia”, cuando el Estado mexicano usó la desaparición como método represivo para combatir a quienes consideraba opositores y “corregir” a la población.
Contingente que el 30 de agosto de 1978 acompañó al Comité ¡Eureka! a la Cámara de Diputados, para entregar el proyecto de Ley de Amnistía para los presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos. Foto: Archivo General de la Nación.
En el país nunca han dejado de desaparecer personas. En la década de los 90 se reportó la ausencia de 250. La transición política vivida en el año 2000 no llevó a que cesara esta práctica y tampoco terminó con la impunidad de la que goza este delito. En el sexenio de Vicente Fox se sumaron 819 más.
Así que antes del 2006 se acumularon, al menos, mil 989 personas de las que, hasta ahora, no se sabe dónde están.
La desaparición se instaló como una práctica cotidiana, masiva y sistemática de violencia a partir de la militarización de la seguridad pública. Durante los 15 años que lleva instalada la llamada “guerra contra las drogas”, México se convirtió en un hoyo negro. Un mapa marcado por ausencias. Una vergüenza que lesiona a toda la humanidad.
¿Qué sabemos sobre las personas ausentes y los territorios que habitaban?
En Quinto Elemento Lab nos propusimos buscar las pocas pistas que arroja el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB).
Con apoyo de la iniciativa MORLAN, se realizaron miles de descargas automatizadas de la plataforma de consulta de ese registro para intentar reconstruir con diversos fragmentos una parte de la base de datos, ya que ésta no es pública. Así pudimos descubrir los días y semanas en que ocurrieron más desapariciones y cómo esta crisis se ha extendido en cada municipio a lo largo del tiempo.
También exploramos la última base de datos disponible que realizó el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que integra registros de personas desaparecidas que van de 1964 a junio de 2018 e incluye información sobre personas localizadas con vida o fallecidas.
La información compilada es un caleidoscopio que muestra distintos fragmentos de la desaparición en México. Para este análisis, decidimos enfocarnos en el periodo de enero del 2006 a mayo de 2022. En ese lapso de poco más de 15 años ocurrieron ocho de cada 10 desapariciones que ha registrado México.
Madres con hijos desaparecidos protestan en el Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México en Saltillo, Coahuila, en junio del 2013. En 2009 comenzó la “epidemia” de las desapariciones en esa entidad. Foto: Mónica González.
Hay estados y municipios del país que sobresalen por ser tierra de ausencias.
Hay lugares en donde la desaparición ya forma parte del paisaje.
En algunos es más abrumador: cinco estados concentran casi el 50% de las desapariciones.
En el 2006 sólo un municipio, Guadalajara, registró 20 personas desaparecidas, el número más alto en todo el país en ese momento. A partir de ese año, este crimen comenzó a propagarse en el norte, en especial en Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila.
Para 2007, en Ciudad Juárez el número de personas desaparecidas saltó de 13 a 68 casos. Lo ocurrido en esa frontera se replicó en otras regiones. Ese año, Culiacán y Torreón se asomaron en el mapa de personas desaparecidas con 41 y 34 registros, respectivamente.
A partir de ese momento, Torreón se instaló como lugar de peligro. Durante cinco años, ese municipio de La Laguna permaneció entre los diez con más casos. Para 2009, con sus 182 registros alcanzó niveles alarmantes.
En ese 2009, el noreste del país —Nuevo Laredo, Monterrey, Matamoros, Reynosa y Piedras Negras— comenzó a concentrar los números más altos de desapariciones. Ciudad Juárez, entonces la ciudad más mortífera del continente, mantuvo también esa tendencia.
En otras geografías, ese mismo año, Guadalajara —metrópoli que entonces tenía poco más de millón y medio de habitantes— sumó 60 personas desaparecidas, sólo un caso más que los contabilizados en Matamoros, ciudad fronteriza con la tercera parte de la población que tenía la capital de Jalisco.
En el mapa del 2009, también destacó el poco habitado municipio de Ciudad Cuauhtémoc, en Chihuahua, con 39 registros, el mismo número que presentó el municipio de Puebla, en el centro del país.
El año de la pesadilla: 2010
El 2010 marcó el parteaguas de la violencia en México. Ese año se rompieron los límites de lo imaginable. Su estela de muerte y destrucción dejó una herida difícil de remontar.
La ruptura entre antiguos aliados, los cárteles de los Zetas y del Golfo, y la disputa por territorio, rutas y control de la población, tuvo un alto costo social: poblaciones enteras pagaron por ello.
Si un año antes ningún municipio registró más de 200 desapariciones, para 2010 hubo lugares en los que se documentaron cifras récord: esa saña se notó en Matamoros (con 397 personas que faltan) o Monterrey (con 372).
En el fragmento de 2010, entre los diez municipios con más casos apareció, por primera vez, el municipio de Durango, que registró 145.
Para observar las diferencias entre los mapas es necesario deslizar las flechas de izquierda a derecha.
En 2009, los diez municipios con más personas desaparecidas fueron: Torreón (182), Piedras Negras (39), Culiacán (32), Coahuila; Nuevo Laredo (75), Matamoros (59), Reynosa (50), Tamaulipas; Monterrey (69), Nuevo León; Guadalajara, Jalisco (60); Juárez (57), Cuauhtémoc (39), Chihuahua; y Puebla (39), Puebla. En 2010, los municipios que sufrieron más este crimen fueron: Matamoros (397), Reynosa (164), Nuevo Laredo (135), Tamaulipas; Monterrey (372), Guadalupe (61), Nuevo León; Torreón (182), Saltillo (108), Piedras Negras (76), Coahuila; Durango (145), Durango; Culiacán (92) y Mazatlán (65), Sinaloa.
La dinámica de la desaparición no observa siempre patrones predecibles. Los años siguientes el número de personas desaparecidas se estacionó, especialmente en el noreste del país. En otras regiones se empezaron a prender las alertas poco a poco. Así, se desplazó desde el norte, cruzó por el centro y se dirigió al occidente del país.
Hoy sabemos que no sólo había disputas territoriales entre organizaciones criminales; la estrategia de militarización de la seguridad pública fragmentó a los grupos armados, pulverizó equilibrios estatales y municipales, y, muchas veces, abrió camino y empoderó a nuevos grupos. Hoy se siguen pagando esas consecuencias.
La espiral de violencia adquiriría nuevas formas en 2011: las fosas clandestinas comenzaron a plagar todo el país, de manera explosiva y violenta se libró una de las disputas más sangrientas entre grupos armados en Reynosa, Nuevo Laredo y Tampico, en Tamaulipas; además de Monterrey, Nuevo León; Saltillo, Torreón y Piedras Negras, Coahuila. El efecto se resintió casi de inmediato en esas ciudades: las atrocidades se reflejaron también en los números de desapariciones, con niveles que no se habían visto antes.
La lista de diez municipios con más ausencias incluyó también a Guadalajara (113 casos) y Ciudad Cuauhtémoc (con 89).
El cierre del sexenio de Felipe Calderón mostraba las consecuencias de la política de seguridad a cargo de militares: 16 mil personas desaparecidas al concluir 2012. Ese año un municipio ocupó el primer lugar con 214 víctimas: Nuevo Laredo. Anclado en uno de los epicentros de la violencia, el calderonismo significó para este municipio una tragedia: 989 personas que, hasta ahora, no han vuelto a casa.
La crisis de desapariciones ya no se puede ocultar
Enrique Peña Nieto llegó al poder, pero la desaparición no se alejó del noreste, y si bien se mantuvo en altas cuotas, ya no lo hizo con la misma fuerza que en años previos.
En cambio, este crimen de arrebatar personas de sus propias vidas se comenzó a generalizar en el centro y sur del país. En el Estado de México, por ejemplo, se contabilizaron un total de 332 desapariciones en 2013, aunque en 253 los datos no permiten conocer en qué municipios ocurrieron. Ese estado sobresalió a nivel nacional por su opacidad: del total de sus reportes, el 42% no especifica siquiera la fecha de los hechos.
Como si fuera un anuncio de lo que sucedió un año después, en 2013, el municipio de Iguala, en Guerrero, apareció entre los 10 con más casos reconocidos, se registraron 79 personas ausentes. Ese año también destacó Chilpancingo, con 61. Así como lo fue en las décadas de los 60 y 70.
Guerrero revivió con dolor su historia, la de las décadas de la “guerra sucia” de los años 60 y 70, cuando se convirtió en un territorio marcado por las vidas arrebatadas.
Protesta encabezada por los alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, por la desaparición en Guerrero de sus 43 compañeros. Foto: Mayolo López Gutiérrez/Obturador MX.
En 2014, la tormenta de ausencias ya fue imposible de contener y ocultar. La noche del 26 de septiembre de ese año 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa les fueron arrebatados al país, cuando un grupo de criminales y miembros de todas las corporaciones y fuerzas armadas se los llevaron y aún no regresan a casa.
A los estudiantes se sumaron mujeres y hombres que se sumieron en la oscuridad de Iguala: el año concluyó con 124 víctimas de desaparición en ese municipio. Pero no fue el único que resintió la ola de violencia. En Acapulco se registraron 107 desapariciones, una señal de que la disputa territorial entre diferentes grupos armados, entre ellos el Ejército, se trasladó a ese estado del Pacífico.
La violencia encuentra una lógica siniestra: cuando la desaparición de personas toca a un sitio, no lo suelta. Las pérdidas se repiten.
Para observar las diferencias entre los mapas es necesario deslizar las flechas de izquierda a derecha.
En 2014, entre los municipios con más desapariciones fueron: Reynosa (139), Matamoros (110), Tampico (107), Nuevo Laredo (99), Victoria (99), Tamaulipas; Iguala (124), Acapulco (107), Guerrero; Guadalajara (112), Jalisco; Culiacán, Sinaloa (76), Juárez, Chihuahua (76) y Xalapa (74), Veracruz. En 2015, los municipios con más personas desaparecidas fueron: Culiacán (124), Mazatlán (92), Sinaloa; Nuevo Laredo (101), Matamoros (64), Reynosa (60), Tamaulipas; Zapopan (96), Guadalajara (83), Lagos de Moreno (69), Jalisco; Hermosillo (93), Sonora; Juárez (75), Chihuahua y Acapulco (68), Guerrero.
Las instantáneas de las desapariciones permanecieron casi intactas de 2015 a 2016: las tres ciudades fronterizas de Tamaulipas mantuvieron números altos. Y la metástasis en Jalisco era evidente: Guadalajara, Lagos de Moreno, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga registraron anualmente entre 69 y 108 nuevos casos. Además, lugares como el municipio de Puebla; Ahome, Sinaloa; Ciudad Juárez, Chihuahua, y Hermosillo, Sonora, registraron más de 90.
2017. Del noroeste al centro
El país registró 23 mil 79 homicidios en 2017. Una cifra que rebasó en 31% a los que se contabilizaron un año antes. Ese incremento en la violencia también se notó en las desapariciones. Ese año terminó al menos con 7 mil 900 personas ausentes, casi 2 mil más que las contabilizadas en 2016.
El 2017 se vivió un pico de violencia. Municipios tamaulipecos —como Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros— registraron entre 152 y 362 desapariciones. También destacó Hermosillo con 263; y la capital de Puebla con 242.
Y aunque este crimen siguió arrebatando a personas en el norte del país, en lugares como el puerto de Veracruz, donde la dinámica también se hizo inocultable: ahí 143 personas fueron desaparecidas en 2018.
Veracruz es uno de los casos que resulta complejo abordar. Sus dinámicas violentas aparecen poco en este análisis porque uno de cada tres de los registros de desapariciones carecen de la fecha en que sucedieron. De ese tamaño era el desdén oficial.
La crisis en Jalisco se potencializó. La entidad vivió los efectos ya conocidos en el noreste. La disputa de grupos criminales por el territorio se intensificó y durante 2019 y 2020 los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara se ubicaron entre los diez con más desapariciones en todo el país. Las más de 280 personas desaparecidas cada año en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco —este último con menos de 200 mil habitantes— lo entronizaron como un estado-problema.
Nuevos sitios golpeados por la desaparición
Terminó el 2018 y el acumulado histórico de personas desaparecidas en el país era de 54 mil 500; esta cifra no incluye aquellas denuncias en las que las autoridades no registraron las fechas de la desaparición.
A finales de ese 2018, la presidencia del país cambió de partido con Andrés Manuel López Obrador. Las desapariciones continuaron: en el 2019 se sumaron, por lo menos, 9 mil 200 personas más.
En 2020, la lista de 10 municipios con más desapariciones incluyó otra vez lugares del Área Metropolitana de Guadalajara, pero también tocó a municipios con ciudades capitales: Hermosillo, Culiacán, y Monterrey. Cada uno aportó más de 120 personas. En esa estadística de terror aparecieron dos alcaldías de la Ciudad de México: Gustavo A. Madero e Iztapalapa, cada una con poco más de un centenar de registros de desapariciones recién perpetradas.
En el caleidoscopio de fragmentos se observa que hubo lugares en los que, de un año a otro, la desaparición dejó de ser un delito aislado para transformarse en un terremoto con distintos epicentros. Eso sucedió en el estado de Zacatecas durante 2021. Ese año, Fresnillo registró 163 casos; y eso que desde un año antes, con 46 personas ausentes, las cifras ya eran preocupantes.
Zacatecas es hoy la nueva meca de la desgracia.
Imagen del rostro de Sergio Orlando Beltrán Martínez, desaparecido el 7 de junio del 2017 en el centro histórico de Zacatecas a los 19 años. Foto: Adolfo V. Valtierra.
Entre los municipios que han tenido ese tipo de repuntes en casos de personas sin localizar destaca Ecatepec, en el Estado de México. En 2019 tuvo seis desapariciones. En 2020 el número se elevó a 69 y en 2021 alcanzó las 137; de éstas 51 son mujeres.
El fragmento de los dos primeros meses de 2022 recuerda, una vez más, que la Ciudad de México no es territorio aislado de lo que pasa en el resto del país: Iztapalapa y la Gustavo A. Madero son las alcaldías que más casos registraron en ese lapso, con 29 y 27 casos, respectivamente.
Otras geografías destacan en lo que va de 2022. Cuernavaca, Morelos, en donde este delito ya era un problema (como se reflejó en 2016 con el descubrimiento de las fosas de Tetelcingo, cavadas por el propio gobierno), otra vez comenzó a tomar vuelo: hasta el corte acumuló 29 desapariciones.
Lo mismo sucede con el municipio de Benito Juárez, donde está Cancún, en los dos primeros meses del 2022, al menos 33 personas ingresaron a las listas de la vergüenza nacional.
Un delito que toma fuerza
El caleidoscopio del registro oficial permite conocer otros municipios donde, de un año a otro, las denuncias llegaban como por goteo hasta convertirse en un tsunami. Entre esos casos están Mazatlán (2009-2010); Tijuana (2015-2016); Lagos de Moreno (2014-2015); y las alcaldías Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo e Iztapalapa (2018–2019).
Tepic es un caso que muestra el oscuro panorama que deja la unión entre las estructuras políticas y criminales. De seis desapariciones que ese municipio registró en 2016 aumentó casi a 100 en 2017, lo que representa casi mil 533% en un año.
El repunte en la capital de Nayarit ocurrió en este contexto: en febrero de 2017, Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido como el H2 y vinculado al Cártel de Los Beltrán Leyva, fue asesinado durante un enfrentamiento con la Marina. Un mes después, el Fiscal del Estado, Édgar Veytia fue detenido en San Diego, Estados Unidos, acusado de pertenecer a una red de tráfico de drogas. Y en junio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenecía el gobernador Roberto Sandoval —detenido en julio de 2021 por operaciones con recursos de procedencia ilícita—, perdió las elecciones a la gubernatura del estado.
¿Dónde se concentró la desolación?
Pobladores de lugares como Matamoros están entre los que han padecido por más largas e intensas temporadas las desapariciones: durante 13 años consecutivos el municipio que habitan se ubicó dentro los diez primeros con más víctimas. En 2010, por ejemplo, 70 personas desaparecieron por cada 100 mil personas. Y cada año llegó con su propia intensidad.
Fue justo en ese 2010 cuando este crimen se ensañó con la población de varias regiones tamaulipecas que no figuran en el gran mapa nacional porque tienen menor población, pero que sobresalen cuando se hace un acercamiento. Ciudad Mier, por ejemplo, rompió un récord hasta ahora no superado de 413 habitantes desaparecidos por cada 100 mil. De igual manera otros rincones de México han quedado invisibilizados en la estadística nacional aunque padecieron mucho.
Aumenta la desaparición de mujeres
Para observar las diferencias entre los mapas es necesario deslizar las flechas de izquierda a derecha
La primera desaparición registrada de una mujer ocurrió en agosto de 1968, en el municipio de Texcalyacac, Estado de México. Tenía 60 años. En las cinco décadas transcurridas desde entonces, 24 mil 750 mujeres más engrosaron la lista de desaparecidas.
Desde los años 70 hasta la actualidad, el panorama para las mujeres ha empeorado y se ha acentuado en las jóvenes: una cuarta parte de las desaparecidas entre 2006 y 2022 tienen entre 15 y 19 años.
El Estado de México es la entidad más peligrosa para las mujeres; con sus más de 2 mil 600 casos concentra el 14% del total de las que son buscadas a nivel nacional. A diferencia del resto del país, las desapariciones de mujeres ahí casi se equiparan a las de los hombres: de cada 10 víctimas, cuatro son mujeres.
En Tamaulipas, Nuevo León y Jalisco, respectivamente, hay más de mil 500 mujeres reportadas con paradero desconocido.
Los datos y el mapa muestran que son más los hombres desaparecidos, pero si se mira cómo ha evolucionado el fenómeno criminal es evidente que para ellas se ha incrementado el peligro: en 2006 la lista de víctimas contaba con 71, para febrero de 2022 llegó a 19 mil 813.
El 2017 destacó por su violencia con 2 mil mujeres desaparecidas.
A partir del año de la pandemia, 2020, la desaparición de mujeres no ha dado tregua.
En 2021, en promedio, siete mujeres desaparecieron por día.
En la geografía de la desaparición femenina destacan municipios como Puebla, Hermosillo y Zapopan.
Algunos de los lugares donde la cifra de víctimas tuvo un abrupto incremento de un año a otro —lo cual tendría que prender todas las alarmas— son: el municipio de Puebla (se reflejó en 2016); Ecatepec (en 2017); Hermosillo (en 2017); Iztapalapa (en 2020) Zacatecas y Tepic (en 2021).
>>Seguir leyendo informe aquí<<
Chiapas Acción Urgente: Las 10 comunidades de Aldama, Chiapas, bajo fuego. Por lo menos 3 mil desplazados
Compartimos esta nota de Radio Zapatista sobre la violencia constante en comunidades de Aldama – A 3 de noviembre del 202
Según información de la comisión de comunicación de Aldama, Chiapas, las 10 comunidades que conforman el municipio (Xuxch’en, Coco’, Taba, San Pedro Cotzilnam, Yeton, Ch’ivit, Cabecera, Stzelejpotobtik, Juxton y Ch’ayomte’ de Aldama) se encuentran en este momento (20:00) bajo fuerte ataque armado por parte de grupos paramilitares de Santa Marta, municipio de San Pedro Chenalhó.
A esta hora, los habitantes de Ch’ayomte’, Juxton, Stzelejpotobtik, Ch’ivit, Yeton, en las orillas que están en San Pedro Cotzilnam, Tabac, Coco’ y una parte de Xuxch’en, ya abandonaron sus casas y se fueron a las montañas a refugiarse, sumando aproximadamente 3 mil personas.
Los ataques iniciaron a las 9:07 con disparos de alto calibre contra la comunidad de Xuch’en Aldama, desde el punto de ataque de Slumka’ en Saclum, Chenalhó. Para las 11:15, se había sumado el punto de ataque de Yaxaltik, ahora también contra la comunidad de Coco’, y poco después lanzaron una bomba contra esa comunidad.
A las 13:00, se suma el punto de ataque Chuch te’ 2, ahora también hacia la comunidad de Chi’vit Aldama, donde un taxi que transitaba por la Tijera Ch’ivit fue alcanzado. Afortunadamente, en el taxi sólo iba el conductor, que resultó ileso. A as 14:00 se suma el punto de ataque K’ante’, también contra Chi’vit. En esta ocasión una moto que transitaba por la carretera fue alcanzada, afortunadamente sin daños para el conductor.
A las 15:00 la comunidad de Tabac Aldama también es atacada desde el punto de ataque de El Volcán, a los que se les suman a los pocos minutos los puntos de ataque de Telesecundaria y Tojtik, Santa Martha Chenalhó. Para las 17:45, las comunidades de Cabecera, Stzelejpotobtik y Juxton Aldama también estaban bajo fuego, desde los puntos de ataque de Chuch te’ 1 y 2, K’ante’, Panteón, Templo, Chalontik, Tijera Caridad y Puente, Santa Martha Chenalhó.
Una hora después, las 10 comunidades de Magdalena Aldama estaban bajo fuego. Los grupos armados estaban, y continúan hasta ahora, a todo lo largo del río, desde Yoc Ventana hasta Sector Santa Martha Chenaló. “Nos tienen rodeados”, advirtió la comisión de información de Aldama a las 17:15.
Cabe recordar que las comunidades de Aldama vienen siendo agredidas con armas de alto calibre constantemente desde hace cinco años, cuando siete familias fueron violentamente despojadas de 60 hectáreas en 2016, año en que se activa el grupo paramilitar que opera en Chenalhó. Las agresiones aumentaron dramáticamente en 2018, resultando en más de 2 mil desplazados. A lo largo del 2020 y 2021, los ataques armados se han incrementado aún más, afectando a 12 comunidades y más de 5 mil personas. Sólo en el mes de octubre de 2021 se reportaron 203 ataques armados hacia 9 comunidades.
Lee el Comunicado del Pueblo de Magdalena Aldama
Más información:
[Video] Colombia en llamas desafía el neoliberalismo
Compartimos este video de Amigos de la Tierra Internacional ATI sobre la situación en Colombia – A 8 de junio del 2021
Llamamos a los pueblos en lucha de todo el mundo a solidarizarse con el pueblo colombiano, con sus movimientos y organizaciones populares. Y a exigir juntas/os al derechista gobierno de Iván Duque que cese las violaciones de los derechos humanos y la pandemia de asesinatos que ha desatado, y resuelva las causas estructurales de la violencia en el país.
>>Ve video aquí<<
Envía cartas a la Embajada de Colombia en tu país repudiando el accionar del gobierno, y a la Procuraduría y la Defensoría colombianas exigiendo medidas con funcionarios de la Fuerza Pública por las violaciones a los derechos humanos.
Infórmate: http://www.foei.org/…/solidaridad-internacionalista-con…
#DóndeEstánLosDesaparecidos #ParoNacional #ParoNacionalColombia #SolidaridadInternacionalista
Más información:
Familias indígenas regresan a sus comunidades tras dos años de desplazamiento
Compartimos esta nota de Chiapas Paralelo sobre el retorno de familiar de las Abejas de Acteal a su comunidad – A 21 de mayo del 2021
*Las familias se refugiaron en el campamento de Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, y “su único delito: la resistencia frente a la violencia que viene del estado”.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dio a conocer que, 6 familias tsotsiles -30 personas en total- originarias de Río Jordán, Colonia Miguel Utrilla, Los Chorros del municipio de Chenalhó, e integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, retornaron este 20 de mayo de 2021, a su comunidad luego de permanecer un año, nueve meses y cuatro días en desplazamiento forzado interno.
Mencionaron que, desde el 16 de agosto de 2019, Las Abejas de Acteal no habían desistido a la búsqueda de un retorno seguro y digno para sus compañeros, esto con la demanda del diálogo ante las autoridades oficiales locales, municipales y estatales para el respeto a su autonomía y libre determinación.
Dicho retorno se dio en un contexto de falta de protección a las personas en situación de desplazamiento forzado interno en Chiapas, así como a la falta de verdad y acceso a la justicia.
El Frayba recordó que, familias de Rio Jordán y Los Chorros, fueron desplazadas de manera violenta de su comunidad, donde destruyeron y saquearon algunas de sus casas, así como el corte de luz y agua, por no aceptar proyectos gubernamentales.
En donde María Angélica Jiménez y María del Carmen Jiménez Ramírez, ambas niñas fallecieron en el periodo del desplazamiento forzado (26 de febrero de 2020 y 1 de mayo de 2021, de manera respectiva) provocando un profundo dolor no solo a sus familias sino a toda la organización.
El Día del Niño falleció María del Carmen Jiménez Ramírez, desplazada con sus papás en Acteal. Cortesía: Las Abejas de Acteal
Jiménez Ramírez nació desplazada en Acteal hace seis meses, con una vida corta difícil, pues vivir hacinados en un pequeño cuarto de madera con piso de tierra y compartir una cocina entre seis familias, donde la leña húmeda y el humo tupido se penetra en los pulmones de las mujeres, niñas y niños.
La noche del 29 de abril, Jiménez Ramírez no pudo dormir de llanto, cuando sus papás la llevaron al hospital en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, el día 30, la carretera en malas condiciones, la distancia entre Acteal y el hospital, la indiferencia del tráfico vehicular y la desesperación hicieron que se complicara su situación.
La pequeña niña murió en el marco de desplazamiento forzado, en un México en donde los pueblos originarios son despojados de su territorio, pero sobre todo en donde no se garantizan los derechos, ni la vida de las niñas y niños.
Ante dicho contexto, la CDH dijo que, el mensaje del estado mexicano es que no se garantiza los derechos de las niñas y niños a una vida libre de violencia y a la integridad personal.
Enfatizaron que, la violencia contenía, los municipios más visibles son: Aldama, Chalchihuitán, Chilón, Pantelhó, y Venustiano Carranza, además el desplazamiento forzado interno es uno de los fenómenos históricos que han sido invisibilizados, entre otros por la falta de respuesta del Estado, que permite la vulneración continua y múltiple de derechos, enmarcándose en tratos crueles, inhumanos y degradantes y tortura.
Las familias que ahora retornan, han perdido parte de su historia en Rio Jordán y Los Chorros, sus bienes materiales y mantienen el dolor profundo frente a la incertidumbre del desarraigo territorial, mientras la situación no se resuelva, mencionó el Frayba.
Añadieron que, ante el hartazgo de promesas incumplidas, las familias decidieron retornar en compañía de algunas de las autoridades de la Mesa Directiva de Las Abejas de Acteal, colectivos en solidaridad a su proceso de paz, autoridades religiosas, organizaciones de derechos humanos, observación internacional y medios de comunicación.
Hacemos responsable al Estado mexicano de la vida, salud, integridad y seguridad personal de las 30 personas que hoy retornan a su comunidad; exigimos la reparación integral del daño que se les ha causado frente a su lucha por la defensa de la vida, acentuó el CDH.
Reafirmaron que la tortura ya no es exclusiva de personas privadas de la libertad o como método de represión a movimientos sociales o de resistencia, sino que en la actualidad se presenta dentro de las dinámicas del desplazamiento forzado interno que ocurren en el estado.
Familias desplazadas de Aldama, Chiapas. Fotos: Luis Enrique Aguilar
Por último, se sumaron a la exigencia de justicia al estado mexicano para que garantice la vida, salud, seguridad e integridad de las seis familias y para que atienda la situación desde la raíz, detenga los hechos de desplazamiento forzado interno y aplique los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención sobre los Desplazamientos Internos, para asegurar el respeto a los derechos humanos de la población.
Imagen: Retorno de las familias de Río Jordán, Colonia Los Chorros, Chenalhó. Cortesía: Frayba
Más información:
Solidaridad internacionalista con Palestina
Comunicado de Amigos Internacional ATI en solidaridad con el pueblo palestino – A 19 de mayo del 2021
Amigos de la Tierra Internacional condena los ataques continuos de Israel contra Palestina, que incluyen escandalosos bombardeos a mujeres y niños/as, infraestructuras civiles y lugares densamente poblados, y ataques a edificios que albergan a medios de comunicación, amenazando el derecho a la libertad de información.
Durante décadas, la ocupación israelí le ha negado a la población palestina el acceso y control de sus tierras, fronteras y recursos naturales. La ocupación es fuente de graves violaciones de los derechos humanos y ambientales del pueblo palestino, incluyendo por contaminación, destrucción de medios de sustento y acaparamiento de tierras y agua, leyes de planificación discriminantes y desplazamiento y desalojos forzosos.
Los violentos ataques recientes contra el complejo de la mezquita de Al-Aqsa en la Ciudad Vieja de Jerusalén, los ataques aéreos sobre la Franja de Gaza sitiada ocurridos tras una campaña persistente y sistémica de represión y opresión por las fuerzas de ocupación en Jerusalén Oriental, y los planes israelíes de expulsar por la fuerza a la población palestina de sus hogares en Sheikh Jarrah ponen al desnudo un patrón de desprecio flagrante por la vida, los derechos humanos y el derecho internacional.
Aljazeera informó el 18 de mayo de 2021 que los bombardeos de la sitiada Franja de Gaza por las fuerzas israelíes, que ya llevan dos semanas, han segado la vida de al menos 201 palestinas/os, entre ellas/os 58 niñas/os y 35 mujeres, según las autoridades sanitarias de Gaza. Más de 1300 personas más han sufrido heridas. Israel informa que al menos 10 personas, dos de ellas niñas/os, perdieron la vida en los ataques de Hamas con cohetes.
Condenamos el uso de armas letales contra la población civil y objetivos civiles que ponen en riesgo la vida de civiles.
Además, hay más de 38.000 palestinas y palestinos desplazados internamente en Gaza, según la ONU, que están buscando refugio en 48 escuelas del Organismo de Socorro de la ONU para los Refugiados Palestinos (OOPS/UNRWA) a lo largo y ancho de ese territorio costero. Esa cifra incluye no menos de 2.500 personas cuyos hogares fueron completamente destruidos por los bombardeos israelíes recientes. Conseguir agua y comida también se está tornando difícil.
Estas agresiones ocurren en medio de una pandemia contra la que el sistema sanitario de Gaza está luchando con un número cada vez mayor de casos de contagio con Covid-19. Los ataques actuales contra la Franja de Gaza sitiada han obligado al personal médico a reducir o suspender la atención de pacientes con Covid-19, reasignar sus camas en los hospitales a las/os heridas/os y lidiar con instalaciones averiadas.
Llamamos a la comunidad internacional a sumarse a nuestro repudio de esos ataques:
- Pídele a tu gobierno que se manifieste en contra de esta violencia y exija el cese de estas aborrecibles injusticias provocadas por Israel.
- Emprende acciones para que cese la Nakba de Palestina y la masacre en Gaza sumándote a las manifestaciones de protesta que se estén llevando a cabo en tu zona organizadas por palestinas/os y movimientos de solidaridad con Palestina, u organízate con más personas para convocar una protesta si no hay ninguna planificada.
- Lleva pancartas y carteles condenando la agresión actual contra Gaza y Sheikh Jarrah.
- Comparte fotos y videos ampliamente en las redes sociales.
Amigos de la Tierra Internacional insta urgentemente a todos/as los líderes y lideresas mundiales a que terminen de una vez por todas con la ocupación de los territorios palestinos por Israel, un Estado que viola el derecho internacional a diario amparándose en la ausencia de cualquier tipo de rendición de cuentas. Exhortamos a la comunidad internacional a que intervenga de forma inmediata para detener los crímenes de Israel y reitere su llamamiento a las Altas Partes Contratantes del Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 para que cumplan con sus obligaciones.
Expresamos nuestra solidaridad internacionalista inquebrantable y constante con PENGON/ AT Palestina y el pueblo palestino y exigimos el cese inmediato de la ocupación de los territorios palestinos y el fin de esta violencia escandalosa.
#GazaUnderAttack #SaveSheikhJarrah
Imagen: Amigos de la Tierra Internacional
De la violencia endógena a la violencia macrodelincuencial en la Montaña de Guerrero
Compartimos este artículo de Tlachinollan publicado en Sin Embargo – A 14 de octubre de 2020
Pasan los días y las noches sin que las y los indígenas desaparecidos vuelvan a sus casas, al contrario, la violencia delincuencial continúa. Las desapariciones y asesinatos siguen marcando la historia de México. Muchas personas desaparecidas fueron truncadas de sus sueños, unas forman parte de las estadísticas de cuerpos que yacen en las barrancas, en los cerros y fosas clandestinas.
A propósito, el pasado miércoles 7 de octubre del año en curso Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), presentó un informe histórico de 2006 a septiembre de 2020 del Registro Nacional de Fosas Clandestinas donde existen 4 mil fosas y 6 mil 900 cuerpos exhumados en el país. Destacar que Guerrero ocupa uno de los primeros lugares con 383 fosas clandestinas y 563 cuerpos exhumados. Mientras que, con el gobierno actual, durante las labores de búsquedas, han encontrado “mil 257 fosas clandestinas y se han exhumado mil 957 cuerpos en territorio mexicano. En el caso de Guerrero, Acapulco cuenta con 61 fosas y 33 cuerpos exhumados, detalló.
Estas estadísticas muestran una minúscula parte de la radiografía de la violencia que, sin las historias, memorias de las personas ausentes, sólo serían un cúmulo de números en el tiempo.
La región de la Montaña no sólo es permeada por la violencia macrodelincuencial sino, además, la pobreza extrema que sufren las comunidades indígenas por falta de viviendas, salud, educación; el aumento con un registro de siete muertes maternas, seis feminicidios y muertes infantiles en esta región. Una violencia que es invisible, pero que provoca muerte de personas y afecta la vida.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan cuenta con un registro de 32 personas desaparecidas tan solo de 2018 a 2020. Del 2019 a la fecha, la Comisión Nacional de Búsquedas de Personas (CNB), la Fiscalía General del estado de Guerrero, la Comisión Estatal de Personas Desaparecidas, el Colectivo Luciérnaga (integrado por familias de las citadas 32 personas desaparecidas) y Tlachinollan, han realizado aproximadamente cinco búsquedas con resultados alentadores y crueles a la vez para las familias que buscan a sus seres queridos. Fueron 79 hallazgos de restos óseos de personas. Barranca Honda, Colonia Contlaco, Barranca 7 Cueros y Colonia el Ahuaje, Los Tres Postes son lugares donde cayeron las sombras del crimen para enterrar esas 79 historias, en una ocasión se encontró a una familia de cuatro integrantes en una fosa clandestina.
Para comprender la radiografía de la violencia en esta región inhóspita de Guerrero es importante dar el contexto en el que se inscriben las funestas desapariciones y los asesinatos. En un primer momento podríamos citar la violencia endógena en las comunidades, que se expresa por los ajustes de cuentas internas o rencillas personales. El olvido por parte de las autoridades y órganos de procuración justicia para prevenir los delitos, en el marco de múltiples agravios, la gente no le queda más que hacer justicia por propia mano. Este fenómeno de la violencia se da en varias comunidades de la región de la Montaña sean Na Savi, Me’phaa o nahuas. Por ejemplo, el municipio de Copanatoyac, Tlapa, Tlacoapa, Ayutla de los Libres, entre otros, son ilustrativos de la violencia endógena. Las consecuencias se percibían en la desolación de los pueblos, familias desplazadas, con el hambre y sin educación. Digamos que anteriormente esta violencia existía en la región de la Montaña, comenta Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan.
Sin embargo, en una nueva ola de violencia el 11 de diciembre de 2006 (Pereyra: “México: violencia criminal y «guerra contra el narcotráfico», 7 de mayo de 2012: https://bit.ly/34Ge9cX), “una vez que los pactos que tenían con el gobierno priista se disolvieron con el gobierno de transición del PAN, los cárteles de la droga iniciaron una guerra. En los cárteles se dan las escisiones, se generan y se van esparciendo grupos delincuenciales en todo el territorio mexicano. El descontrol es imparable”, en opinión de Vidulfo Rosales. El ex presidente, Felipe Calderón, declara la guerra al narcotráfico, lo que pasaría -sin alguna estrategia militar y sin conocer la capacidad de fuego del enemigo- sería un río de sangre y de lo que Juan Villoro llamaría la realidad esquizofrénica (Paullier: 10 años de la guerra contra el narcotráfico en México: Juan Villoro habla sobre la esquizofrenia del país y por qué “toda bala es una bala perdida”, 11 de diciembre de 2016: https://bbc.in/3dcsjq6). Así empezó todo.
En este marco referencial de la violencia, Guerrero no será la excepción. La guerra entre los grupos de la delincuencia es sin cuartel. Poco a poco empiezan a ingresar a grandes centros de poblaciones de la Montaña. Uno de los primeros municipios azotado por la violencia sería Chilapa, varias de sus comunidades ya sembraban y cultivaban la amapola y la mariguana; una actividad que los campesinos hacían desde hace tiempo, pero aún no había un involucramiento entre los productores y la maquinaria delincuencial.
Para Vidulfo Rosales “los años 2006, 2008 y 2009 empezará a entrar la delincuencia a Chilapa, que colinda con comunidades del municipio de Atlixtac y de Acatepec de la región de la Montaña alta. En estos espacios, por ejemplo, la delincuencia organizada controla la venta y la compra de la amapola. Fue, entonces, que sin querer el campesino se enganchó en esa ola delincuencial, obviamente para estos momentos se va centrando la violencia en estos lugares”.
Rosales Sierra, continúa, parecía que Tlapa por la tradición de lucha, siendo que fue donde nació el magisterio democrático de Guerrero en los años 70 y 80, y movimientos importantes como el de Othón Salazar Ramírez, la lucha de Genaro Vázquez Rojas que se concentró en muchas comunidades de la región. Todas esas ideas de luchas sociales, la lucha por los derechos de los pueblos indígenas como la policía comunitaria que pugna por un cambio social, de mejoras de vida en las familias, esto, por tanto, fue en cierta medida la contención de la violencia, por eso Tlapa y sus comunidades, tarda un poco más en llegar.
Pero los enfrentamientos entre grupos delincuenciales fueron arreciendo en Chilapa. La presencia policial y militar aumentó, así la violencia se dispersó hacía Tlapa. La ruta de trasiego de la droga era Chilapa, Chilpancingo, Iguala, hacia norte del país hasta llegar a Estados Unidos, complicado por las confrontaciones entre grupos delictivos con los asesinato y desapariciones de personas a la luz del día desde 2015 al 2018, en su máximo apogeo. Ante una ruta de trasiego bastante minada y no costeable para la empresa delincuencial, se bifurca una nueva ruta que va a ser Tlapa, Huamuxtitlán, Puebla, Veracruz y de ahí hacía Estados Unidos. Tlapa adquiere importancia como una “plaza” para los grupos delictivos y como consecuencia natural, se agudiza la violencia.
En el año 2010 y 2011 estuvo un jefe de la “plaza” en Tlapa sumamente violento, sanguinario, donde se registraron los primeros asesinatos. Más tarde fue detenido y todo el grupo que operaba fue aniquilado, las cosas se tranquilizaron por un espacio de unos meses.
Después volvió a cobrar vigencia la violencia por otro jefe de “plaza” que no era muy visible, pero mucho más violento porque se empezó a darse un fenómeno que no se había presentado: la desaparición forzada. En el 2017 se registraron muchos asesinatos, secuestros, levantones -como se conocen en argot delictivo- y desapariciones forzadas, se escucha entre dientes de la vox populi en Tlapa.
En Tlachinollan, sobre todo en 2018, empezamos a registrar un repunte de desapariciones forzadas y de secuestro a la orden del día. En 2019 fue el pico, se llegaron a contabilizar más de 70 asesinatos y más de 24 desapariciones. Abundaban los secuestros, de 4 o 5 personas por semana, uno al día.
Recordaremos, dice Vidulfo Rosales, que una vecina, frente a las instalaciones de Tlachinollan, fue privada de su libertad, desaparecida por un grupo armado. Estamos a una cuadra del Ayuntamiento Municipal, donde está la policía preventiva, a otra cuadra la policía ministerial, sin embargo, resulta increíble que un grupo delictivo viniera eso de las 14:00 horas enfrente de la oficina, a plena luz del día. Nadie dijo nada. Eso nos habla de la impunidad que este grupo gozaba y de su connivencia con las autoridades en Tlapa.
La radiografía completa de la violencia se va a tener en el 2019 cuando desaparecen Arnulfo Cerón Soriano. Es cuando la delincuencia se mete con la lucha social, toca a los luchadores sociales y agrede a los defensores de derechos humanos. La desaparición de Arnulfo fue vista como una amenaza a los defensores en la región y en el país. Las organizaciones de derechos humanos siguen condenando este hecho exigiendo justicia y castigo a los culpables.
Nos dimos cuenta cómo operaba la maquinaria de la delincuencia con el Ayuntamiento, con las policías municipales, otros cuerpos de seguridad: un modus operandi para privar de la libertad a las personas, asesinarlas, utilizar máquinas pesadas para cavar fosas clandestinas y enterrar cuerpos a gran profundidad. Muy difícil es la búsqueda de personas. En el caso de Arnulfo Cerón fueron los perpetradores quienes dijeron cuál era el paradero y así se encontró.
Esa es la radiografía de la violencia que se vive en la Montaña, con el caso de Arnulfo se vino a frenar de manera temporal, pero aún continua porque son grupos económicos, grupos de comerciantes, de políticos, policiacos y militares involucrados. Entendemos que es como una empresa criminal, que a muchos actores les reditúa y se ven beneficiados por este tipo de negocio que tiene que ver con el secuestro, la extorsión, el cobro de piso, lavado de dinero, venta de droga, robo de carros. La red criminal sigue intacta y por lo mismo el negocio de la macrocriminalidad continúa. El caso Ayotzinapa, con la desaparición de 43 estudiantes, está ilustrando claramente la red de la macrocriminalidad.
Lo preocupante de todo es que al parecer el gobierno del estado de Guerrero no está interesado en desmantelar las redes criminales, formados por políticos, diputados, regidores, presidentes municipales, etcétera.
Es menester mencionar la coyuntura del caso de Arnulfo Cerón para que las autoridades en Tlapa implementen una serie de medidas de prevención para evitar que de nueva cuenta se reposicione el crimen organizado, no obstante, es complicado si las mismas autoridades locales cuestionan que se defienda a un defensor de derechos humanos, desaparecido y asesinado, pero ese cuestionamiento justifica la continuidad de la violencia por crimen organizado.
El gobierno de la cuarta transformación, además de los programas sociales que está implementando para mejorar la condición económica de las personas, tiene que enfrentar a clases políticas, encarcelar a empresarios, diputados, comerciantes de mucho poder económico. Romper la red criminal y los pactos de silencio, debería ser la apuesta. En otras palabras, se tiene que tocar este modelo económico, hay que llegar al banquero que lava el dinero y al empresario que está metido en actividades ilícitas. De lo contrario, puede existir la voluntad de cambiar el estado de cosas, pero será difícil sin desmantelar a los grupos de la delincuencia. Pensando que la apuesta es que la gente tenga acceso a los satisfactores alimentarios, de vivienda, educación para resolver el tema de la violencia podría ser un desatino, sobre todo, considerando que la violencia es visto como un negocio lucrativo del cual no se puede prescindir tan fácil. Por tanto, el sentido común presupone romper con un modelo económico capitalista porque el lastre de la violencia fluye en sus rutas y así sobrevive. Este gobierno le falta mucho. Si sólo revisamos cuando entró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había aproximadamente 35 mil desaparecidos y a la fecha aumentó a 70 mil desaparecidos. Es alarmante la situación tanto que se cataloga como una crisis de derechos humanos o una crisis humanitaria en México.
El México de las fosas clandestinas
El día miércoles 7 de octubre de 2020, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en la presentación del informe histórico de 2006 al 30 de septiembre del 2020 sobre el Registro Nacional de Fosas Clandestinas, señaló que existe un “total 4 mil 092 fosas en todo el país, con un total de 6 mil 900 cuerpos exhumados. Las entidades con mayor número de fosas clandestinas son: Veracruz, con 504 (12.32% del total nacional); Tamaulipas, con 455 (11.12 por ciento); Guerrero, con 383 fosas (9.36%); Sinaloa, con 354 (8.65%); Zacatecas, con 331 (8.09%). En cuanto a los estados con mayor número de cuerpos exhumados de fosas clandestinas, Jalisco ocupa el primer lugar, con 897; y Sinaloa, en tercer sitio, con 613; seguido de Chihuahua, con 595; y, Guerrero, con 563.” (Transmisión en vivo en la mañanera presidencial:https://youtu.be/a904uDYTLbc)
En el gobierno de la cuarta transformación “se han intensificado las labores de búsqueda”, con un registro de “mil 257 fosas clandestinas (30.7 por ciento del total histórico) y se han exhumado mil 957 cuerpos (28.3 por ciento del 2006 a la fecha); de los exhumados en el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2020 hay 806 cuerpos han sido identificados (41.18 por ciento) y 449 fueron cuerpos entregados a familiares (22.94% del total). Así, los municipios con mayor número de fosas clandestinas, localizadas del 1 de diciembre del 2018 al 30 de septiembre del 2020, se encuentran: Tecomán, Colima, con 96 fosas y 164 cuerpos exhumados; seguido por Úrsulo Galván, en Veracruz, con 75 fosas y 17 cuerpos exhumados. Mientras que en tercer lugar se encuentra Ahome, Sinaloa, con 63 fosas y 100 cuerpos exhumados (5.41% del total nacional); Acapulco, Guerrero, con 61 fosas y 33 cuerpos exhumados; en quinto sitio está Mazatlán, Sinaloa, con 48 fosas y 101 cuerpos exhumados (5.46 por ciento del total del país).” (Ibid: https://youtu.be/a904uDYTLbc)
Además, Encinas Rodríguez informó “que el registro histórico señala que del 2006 a la fecha se han reportado un total de 77 mil 171 personas reportadas como desaparecidas, de las cuales 18 se han acreditado durante los últimos dos años”.
Publicado originalmente en Tlachinollan
Las Abejas de Acteal denuncian del fallecimiento de una niña desplazada del barrio Rió Jordán
Comunicado de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal – A 26 de febrero 2020
Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal,
Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.
- Al Congreso Nacional Indígena
- Al Concejo Indígena de Gobierno
- A las y los defensores de los derechos humanos
- A los medios libres y alternativos
- A los medios de comunicación nacional e internacional
- A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
Denunciamos que en la madrugada de hoy 26 de febrero del presente año falleció María Angélica Jiménez Ramírez una bebé de 11 meses, después que sus papás junto con las autoridades y hermanas y hermanos solidarios lucharon para salvarle la vida.
La niña María Angélica estaba desplazada en Acteal junto con sus papás por causa de desplazamiento forzado que sufrieron de parte de los partidistas del Verde Ecologista y paramilitares del barrio Río Jordán, cuando les fueron destruidas y saqueadas sus casas, el pasado 10 de agosto del 2019, todo por negarse a aceptar cargos que no son comunitarios y no aceptar una obra de drenaje, fue así que su opción a la resistencia de nuestros compañeros y compañeras del barrio Río Jordán, miembros de la Organización de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal, les fueron destruidas sus casas y pertenencias, este hecho lo denunciamos públicamente el 12 de agosto de 2019, ver en este link: http://acteal.blogspot.com/2019/08/ataque-violento-integrantes-de-las.html
La niña María Angélica, murió siendo víctima de desplazamiento forzado y sin gozar el pleno derecho a la niñez, a la salud y a vivir en paz, así como otras niñas y otros niños que también estaban desplazados con la niña fallecida, no están siendo garantizadas sus derechos a la paz mientras vivan desplazados forzadamente.
Queremos mencionar que el conflicto en el barrio Río Jordán tiene ya 5 años sin resolverse, aunque el presidente municipal de Chenalhó Abraham Cruz Gómez, se ha comprometido a intervenir para que dicho problema se resuelva y en consecuencia, nuestros compañeras y compañeros desplazados retornen con justicia a su comunidad de origen, pero, hasta la fecha no se ha hecho ningún encuentro con dicho autoridad oficial ya que sólo ha venido posponiendo las fechas y así se ha prolongado más el sufrimiento de las y los desplazados.
Ante la triste pérdida de la bebé María Angélica, es indignante, muere en un contexto de desplazamiento forzado orquestado actualmente por partidistas del Verde Ecologista y paramilitares, consecuencia de un conflicto político no resuelto en Chiapas que causó la masacre de Acteal en el marco del Plan de Campaña Chiapas 94.
Por todo lo anterior, los papás de la bebé fallecida junto con los papás y autoridades de la Organización de Las Abejas de Acteal, decidimos que el cuerpo de la niña, iremos a enterrarla a su comunidad de origen en el panteón comunitario del barrio Río Jordán, por lo que pedimos estar pendientes de nuestra integridad física y psicológica, en caso contrario, haremos responsables al agente rural del barrio Río Jordán Vicente Pérez Ruiz, al presidente de Chenalhó Abraham Cruz Gómez y a Rutilio Escandón Cadenas Gobernador de Chiapas.
Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza, a la tristeza por la partida de nuestra hermanita María Angélica, la luz de nuestros Mártires de Acteal.
Atentamente
La Voz de la Organización de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal.
Imagen: Área de comunicación de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal
Más información:
[Informe] “Yo sólo quería que amaneciera”
En el marco de acciones por las 5 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotziapa compartimos el siguiente informe “Yo sólo quería que amaneciera, impactos psicosociales del caso Ayotzinapa”
Prólogo
El diagnóstico psicosocial y en salud que recoge este informe, es parte de un proceso de acompañamiento a los familiares y víctimas del caso Ayotzinapa. Su objetivo es documentar su experiencia, y convertir ese dolor y sufrimiento en algo útil para escuchar y cambiar.
La idea del diagnóstico nació del trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e invitado por México de acuerdo con los representantes de las víctimas para coadyuvar en la investigación, la búsqueda y la atención a las víctimas del caso. El GIEI empezó a documentar la experiencia de los familiares, heridos y sobrevivientes, como una muestra de lo que se necesita hacer frente al drama de la desaparición forzada. Durante su trabajo, llevó a cabo acercamientos entre los familiares y el Estado y ayudó a tejer las primeras iniciativas de atención. También incluyó en su segundo informe la propuesta de que se hiciera un diagnóstico que ayudara a seguir dando pasos en esa dirección, y estableció algunos criterios como la adecuación al proceso de los familiares, su participación, el trabajo con profesionales de confianza y el apego a los estándares internacionales en la atención a sus derechos, con sus diferentes urgencias y necesidades.
El equipo que cuidadosamente lo ha realizado tuvo la ardua tarea de entrevistar, escuchar, tratar de entender, analizar y narrar algo para lo que no es fácil encontrar palabras. El trauma es inenarrable porque no entra en las categorías con las que contamos. Y la desaparición forzada es el trauma más duro porque además de la tragedia de la pérdida conlleva una dramática incertidumbre, un dolor permanente. Este diagnóstico acompaña y traduce, y sobre todo permite escuchar las voces de las víctimas, sobrevivientes y familiares. El compromiso acordado fue que las propuestas del diagnóstico serían la guía de las políticas del Estado en relación a los familiares y víctimas del caso. Esa es ahora la tarea.
El trabajo psicosocial es un método de trabajo al lado de la gente, con la convicción de que, en los casos de violaciones de derechos humanos, las víctimas y sobrevivientes son el elemento central de cualquier estrategia de transformación. Sin embargo, la historia reciente de muchos de estos casos en México está escrita en la crónica roja que convierte a los muertos y desaparecidos en estadísticas de un abstracto problema de seguridad, que se refiere a cárteles, policías, gobiernos o la militarización, pero que no habla del sufrimiento ni de sus rostros. Los heridos, sobrevivientes y familiares del caso Ayotzinapa son parte de una persistencia que hace visible, junto con otros muchos familiares, esa profunda herida.
En los casos de desaparición forzada, donde la niebla de silencio cubre los hechos y se trata de desviar la atención y ocultar las responsabilidades, la atención psicosocial empieza por el acompañamiento hacia lo que los familiares de desaparecidos más quieren y necesitan: saber la verdad y el destino de sus padres, hijos y hermanos. Asimismo, es necesario brindar apoyo a muchas de las necesidades invisibles que acompañan esa lucha por la verdad y contra la impunidad. El impacto en las familias, la atención psicosocial, los problemas de salud, son parte de los elementos que hay que considerar para el fortalecimiento personal y colectivo. Lo que en estas páginas se encuentra es un tesoro escondido en el que, a pesar del dolor de la ausencia y del desprecio sufridos, laten las ganas de saber y de vivir. El impacto de las violaciones a los derechos humanos, de las amenazas, las heridas, las pérdidas, la desaparición forzada, no puede esconderse debajo de la alfombra, ni se puede dejar de lado. Hay que mirarlo a los ojos.
Este es un trabajo de memoria viva. Hay un antes y un después de los hechos traumáticos para las víctimas y familiares. También lo hay para México. Como señala Hannah Arendt: “Hay tiempos históricos, raros periodos intermedios, en los que el tiempo está determinado tanto por cosas que ya no son como por cosas que todavía no son”. En la historia estos intervalos han demostrado, en más de una ocasión, que pueden contener el momento de la verdad. El intervalo entre el pasado y el futuro no es un contínuum sino un punto de fractura en el que luchamos para hacernos un lugar propio.
El Informe de impactos psicosociales da cuenta de esa fractura. Escucharla es parte de lo que se necesita para generar acciones de atención con respeto y dignidad. En estas páginas se dibujan y proponen algunos de esos caminos que, desde la experiencia de las víctimas y familiares, pasan por la atención psicosocial, la salud, la verdad y la justicia. Esta es una experiencia inédita en México, un ejemplo también para otros casos, para aprender y fortalecer una respuesta adecuada desde las instituciones. Este diagnóstico incluye algunos de esos caminos para hacerlo posible y está tejido de una convicción que es necesario escuchar: ninguna herida se cura sin el bálsamo del reconocimiento.
Dr. Carlos Martín Beristain
Introducción
El 26 y 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, fueron perpetrados una serie de ataques en contra de estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, jóvenes integrantes del equipo de fútbol Los Avispones y población civil que se encontraba en el lugar de los hechos o que acudieron para ayudar a los normalistas. Los ataques generaron indignación en la sociedad mexicana, que se movilizó sobre todo en apoyo a los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en los ataques. Estos hechos también tuvieron repercusiones a nivel internacional; se organizaron eventos de solidaridad en diferentes países y organismos internacionales de derechos humanos se pronunciaron por el esclarecimiento de los sucesos, la búsqueda de los normalistas desaparecidos y la sanción a los responsables.
El 3 de octubre de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) emitió la Medida Cautelar No. 409/141. En seguimiento a las medidas cautelares, y a petición de los beneficiarios, el Estado mexicano solicitó asistencia técnica internacional en la investigación del paradero de los estudiantes normalistas desaparecidos. En noviembre de 2014 se firmó el acuerdo para la asistencia técnica entre la cidh, el Estado mexicano y representantes de víctimas. Este acuerdo establece la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (giei)2, y su mandato: elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. El giei inició su mandato el 2 de marzo de 2015 por un periodo de seis meses, que fue prorrogado por seis meses más. El 30 de abril de 2016 culminó ese periodo. Durante su gestión, el giei emitió dos informes sobre el caso Ayotzinapa.
El giei permitió ampliar y profundizar las líneas de investigación, y el Estado creó la Oficina de Investigación para el caso Ayotzinapa, encargada de continuar la búsqueda de los estudiantes desaparecidos y la investigación de los hechos. En julio de 2016 se firmó un acuerdo para crear un Mecanismo de Seguimiento a las medidas cautelares emitidas por la cidh para el caso Ayotzinapa y de acuerdo a las recomendaciones del giei.
>>Descargar informe en pdf<<
Repensar los derechos humanos y la hondureñización de América Latina
Documento de análisis redactado por Juan Almendares Bonilla*
>> DESCARGAR EL ANÁLISIS COMPLETO EN PDF <<
Resumen: Honduras es considerado uno de los países más violentos del mundo con una tasa de impunidad del 90%. Se plantea la necesidad de reconceptualizar los derechos humanos en un país militarmente ocupado por Estados Unidos de América y con una democracia ficticia y donde el respeto a los derechos económicos-sociales es mínimo comparado con los derechos humanos formales de carácter individual, civil y político.
Es un estado Policial Militar y un país “experimento” en golpes de estado, procesos de electorales fraudulentos, Estado de excepción y alta corrupción. En consecuencia, se hace necesario repensar los derechos humanos y prevenir que esta experiencia violenta en Honduras se transplante a todo el continente, lo que hemos llamado: La hondureñización de América Latina.
Propósito: El ensayo que se presenta a continuación tiene como finalidad, desarrollar un replanteamiento teórico y crítico de los derechos humanos (DH) a partir de la génesis de la violencia estructural e histórica que vulnera la totalidad de las relaciones de los seres vivos entre sí, las relaciones materiales, metabólicas, espirituales y culturales entre la sociedad y la naturaleza sobre la producción y la reproducción de la totalidad dialéctica de la vida y de las relaciones sociales que tienen lugar en la formación social concreta de un país mesoamericano como Honduras, cuya realidad social está inserta y articulada a la mundialización del capital.
Lo que ha ocurrido en este país es una serie de ensayos experimentales de la explotación, perversidad política, fábrica de corruptos, tortura y tratos crueles y degradantes; cuyos métodos y prácticas pueden ser reproducidos en otros Estados, particularmente en América Latina.
Introducción: Pensar mediante conceptos y categorías, establecer sus relaciones entre sí en forma dialéctica e histórica a través de la praxis social, es pensar en forma reflexiva y crítica sobre la teoría y práctica de los derechos humanos (DH). Si se parte de lo histórico-real de la emancipación social del sujeto humano donde lo social en su práctica histórica, material, espiritual, política y cultural; es la forma y contenido de la expresión real de los conceptos y categorías como instrumentos que nos permiten comprender la realidad objetiva y subjetiva que enfrentamos para conocerla, interpretarla y transformarla.
Los conceptos referentes a los derechos humanos (DH) deben ser históricos, basados en la vida real y sus necesidades materiales, que se expresan por medio de la economía política de producción, la reproducción social y por medio de las relaciones sociedad-naturaleza (destrucción ambiental, cambio climático global) en el marco de la unidad dialéctica de la totalidad histórica planetaria.
La concepción reduccionista de los derechos humanos (DH) a lo jurídico, al Estado o a la sociedad civil sin considerar las categorías como: la explotación humana, la tasa de ganancia o plusvalía, el conflicto de clase, el patriarcado, la violencia de género, el sexismo, el racismo, la discriminación, la exclusión social (migraciones), la dependencia y las relaciones imperialistas entre los Estados; agravan la situación de los derechos humanos de los individuos, grupos sociales y comunidades.
Sin desconocer los aspectos positivos que tienen algunos conceptos y categorías que tiene la Declaración Universal de los derechos humanos (DH) de La ONU 1948, nuestro punto de partida serán las violaciones a los derechos económicos, sociales, territorios y procesos de conquista, colonización y neocolonización y coloniaje de Honduras.
>> DESCARGAR EL ANÁLISIS COMPLETO EN PDF <<
*Miembro del Movimiento Madre Tierra Honduras/Amigos de la Tierra Honduras y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo (M4) y presidente del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación para las Víctimas de las Torturas y sus Familiares en Honduras.
Más información:
VIDEO: Pronunciamiento de Juan Almendares contra el servicio militar obligatorio en Honduras
Juan Almendares Bonilla: Cartas a la Salud, Ecología y Derechos Humanos
Éxodo centroamericano: Actualización sobre los hechos ocurridos el día 22 de octubre
Comunicado de organizaciones de la sociedad civil – Tapachula, Chiapas, México, a 22 de octubre de 2018
Durante la observación realizada el día de hoy por las organizaciones trabajando en frontera sur, reiteramos nuestro compromiso de continuar monitoreando las acciones implementadas por el Estado mexicano para responder a la emergencia humanitaria derivada por las crisis en Centroamérica, en particular en Honduras.
Han pasado tres días y al menos 200 personas incluidas niñas, niños y adolescentes, permanecen a la espera en el Puente de Guatemala México sin condiciones dignas, a la intemperie y sin ayuda humanitaria gubernamental, con las afectaciones físicas y emocionales que esta situación conlleva.
La asistencia humanitaria sigue estando condicionada a la detención migratoria en la Feria Mesoamericana. Sigue sin haber transparencia, negándose la información sobre las personas detenidas, lo que propicia la separación de las familias, dificulta una respuesta integral y coordinada desde distintas instituciones y contribuye a la incertidumbre, afectando el estado general de las personas. Las condiciones de detención migratoria en ningún caso son aceptables para niños, niñas y adolescentes.
Después de dar una conferencia de prensa en Tapachula, las personas que forman parte del éxodo partieron rumbo a Huixtla, Chiapas. En el camino, se hacen evidentes las consecuencias de lo sucedido en días previos en el desgaste de las personas; de manera visible se observa que niños y niñas presentan cuadros de salud como conjuntivitis, golpes de calor, deshidratación, diarrea, tos, fiebre y cada vez son más frecuentes los signos de agotamiento en la población adulta.
Como efecto del hostigamiento y la tensión de las que han sido sujetas en la última semana, se constata el estado de alerta y de desconfianza, por ejemplo, ante la posibilidad de descansar en un recinto amplio pero cerrado, las personas decidieron dormir en otros espacios ante el temor de ser cercadas y detenidas.
Una vez más, la población ha dado grandes muestras de solidaridad, a pesar de los crecientes discursos de criminalización y xenofobia.
Parte de la emergencia se mueve con el éxodo y paralelamente en el Puente Guatemala-México y en Tapachula persisten las situaciones de riesgo en el incumplimiento de garantías de protección a la vida e integridad de las personas que están entrando al país o que son detenidas por su situación migratoria, así como el riesgo de que sufran daños irreparables, incluyendo graves violaciones a derechos humanos.
Hoy atestiguamos con mucho dolor lo que ayer advertimos; un joven de 22 años cayó de un vehículo en movimiento y perdió la vida buscando salvarla. Retomamos lo dicho en la rueda de prensa: “sabemos que México es un cementerio, por eso estamos viajando juntos”.
Firmamos:
Iniciativas para el Desarrollo Humano, Una Mano Amiga en la Lucha Contra el SIDA, AC, American Friends Service Committee oficina Latinoamérica y el Caribe, Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) y Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes AC, Otros Mundos A.C., Médicos del Mundo Suiza, Médicos del Mundo Francia y España y Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC.
Más información:
Éxodo centroamericano: Actualización sobre los hechos ocurridos el día 21 de octubre
Foto: Marie-Pia Rieublanc
Éxodo centroamericano: Actualización sobre los hechos ocurridos el día 21 de octubre
Comunicado de organizaciones de la sociedad civil – Tapachula, Chiapas a 21 de Octubre de 2018
Las organizaciones que estamos trabajando en frontera sur, queremos señalar que lo que está ocurriendo en este momento y de lo cual somos testigos, no tiene precedente alguno. Si bien el paso de personas migrantes es un hecho que viene ocurriendo desde hace muchos años, lo cierto es que, desde los años 80, no habíamos tenido noticia de un evento de esta magnitud en el cual miles de personas están buscando, de manera desesperada, ingresar a México con la finalidad de buscar protección. La diferencia sustancial entre lo ocurrido con las personas refugiadas guatemaltecas en la frontera con Campeche y esto que ocurre hoy en Tapachula, radica en que hasta el momento ningún país centroamericano se encuentra en “conflicto armado”.
Reiteramos que el origen de la Caravana responde a un contexto de violencia y pobreza generalizada en donde las condiciones mínimas de vida digna y respeto a los derechos humanos no han sido garantizadas, lo que obliga a miles de personas a desplazamientos forzados, como los que estamos presenciando.
Desde el día que nos enteramos de éste éxodo, nos encontramos monitoreando las acciones implementadas por el Estado mexicano para responder a la emergencia humanitaria derivada de la migración forzada a la que se han visto obligadas cientos de persona hondureñas y de otros países de la región. Hemos observado y documentado diversas violaciones a derechos humanos, cometidas por parte de autoridades mexicanas en contra de las personas que han estado arribando a México con necesidad de protección internacional.
Personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de policías federal, estatal y municipal, contrario a la información oficial que ha circulado, han obstaculizado el acceso a territorio mexicano bajo diversos medios y gestionando únicamente el ingreso bajo la condición de someterse a una detención migratoria.
Por otra parte, no existe coordinación de los distintos órdenes de gobierno a través de diferentes autoridades de acuerdo a sus funciones para dar una respuesta integral y regional a la situación; sino que observamos por parte de las autoridades mexicanas la reacción de confrontación contra las personas.
Hoy al momento en que las personas se movilizaron de Ciudad Hidalgo a Tapachula, en el Puente de Guatemala- México, se mantuvieron otros cientos de personas, esperando a que les dejen entrar desde el pasado 19 de Octubre, sin asistencia humanitaria, a la intemperie, sin acceso a las condiciones mínimas de subsistencia, con la incertidumbre del tiempo que tendrán que esperar para la atención de las autoridades, ante la reducción de la respuesta por parte de INM y sin otras alternativas de recepción en Ciudad Hidalgo por el cierre del Albergue Temporal.
Durante el avance de este éxodo, la respuesta del Estado sigue siendo de un enfoque militarista al mando de la Policía Federal, que durante el recorrido hasta Tapachula, de manera sistemática y permanente, ha tenido el objetivo de bloquear el paso e incluso en varios momentos la clara amenaza de reprimir a las personas, intimidando con el sobrevuelo a baja altura de un helicóptero de la Policía Federal; causando confusión y terror entre las personas.
Esta respuesta tiene graves afectaciones en las personas, que también sufren el impacto provocado por las condiciones en la que realizan el recorrido sin ninguna asistencia humanitaria y atención a la salud. El cansancio, la debilidad y las condiciones climáticas extremas van rezagando grupos de mayor vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas de edad avanzada, personas que sufren alguna discapacidad o enfermedad.
Dentro de este contexto de inseguridad e incertidumbre se encuentran niños, niñas y adolescentes migrantes tanto acompañados como no acompañados. Hasta el momento no hay cifras que nos permitan determinar el número, pero constituyen en sí mismo un grupo de población particularmente vulnerable y con necesidades especiales de detección, atención y protección. Hasta el momento las autoridades federales no han emitido las medidas de protección a las que está obligado.
En contraste, a lo largo de todo el monitoreo observamos grandes muestras de solidaridad de la población, quienes acompañaron en diversas formas aportando y compartiendo lo que tenían a mano: agua, comida, carriolas, ropa, mochilas, bañando a bebés ante el extremo calor y con palabras de aliento.
Por su parte los albergues de la sociedad civil en Tapachula están rebasados, contando solo con recursos propios que son insuficientes para atender a las personas que acuden a ellos. Mientras la asistencia humanitaria gubernamental se está condicionando a la detención migratoria.
Por lo anterior, exigimos que el Estado mexicano brinde una respuesta apegada a los estándares internacionales en derechos humanos, derecho humanitario y derecho de asilo y refugio, siendo inaceptable que se condicione el respeto a los derechos en función de su situación migratoria.
Responsabilizamos al Estado mexicano:
1) Por el incumplimiento de garantías de protección a la vida e integridad de las personas que están entrando al país y el riesgo de que sufran daños irreparables, incluyendo graves violaciones a derechos humanos;
2) Por las detenciones arbitrarias que están sufriendo las personas en la Estación Migratoria Siglo XXI, así como en la extensión de la misma instalada en la Feria Mesoamericana de Tapachula.
3) Por la denegación de acceso al procedimiento de reconocimiento de refugio, el rechazo en frontera y las deportaciones masivas;
4) De acuerdo a los hechos constatados, por los tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos, corriendo el riesgo de que las personas sean víctimas de alguna forma de tortura;
5) Por la inobservancia del interés superior de la niñez, dado el sinnúmero de niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados que son ignorados y tratados igual que los adultos.
Hacemos un llamado a generar una respuesta inmediata y coordinada desde instancias internacionales para asistir integral y regionalmente a las personas ante la situación actual y los distintos escenarios posibles.
Firman: American Friends Service Committee oficina Latinoamérica y el Caribe, Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) y Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes AC, Médicos del Mundo Suiza, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC. y Otros Mundos Chiapas.
Con el acompañamiento de SweFOR México.
Fotos: El éxodo entre Ciudad Hidalgo y Tapachula (Foto: Isaac Guzmán/Tragameluz)