El Escaramujo 124: LAS RELACIONES MÉXICO-ISRAEL

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

LAS RELACIONES MÉXICO-ISRAEL

Políticas, comerciales, jurídicas y militares…

Gustavo Castro Soto
Otros Mundos Chiapas
5 de Febrero 2024, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), manifiesta continuamente que no se inmiscuye en asunto internos de otros países, como una máxima que orienta la política exterior mexicana. Sin embargo, no ha sido así en todas las ocasiones. En 2019 recibió a Evo Morales de Bolivia e hizo fuertes críticas al nuevo gobierno de ese país en medio de un fuerte conflicto diplomático. Por las constantes declaraciones de AMLO contra Perú, éste país lo declaró persona ‘non grata’. Recientemente, en el caso de Guatemala, el Presidente se sumó a la petición de respetar la victoria del nuevo presidente. También hace juicios contra situaciones, procesos electorales y políticos de otros países como de Estados Unidos, España o Brasil. Aunque ha tratado de no entrar en polémica con el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ni con la situación en Nicaragua o el conflicto Rusia-Ucrania.

Sin embargo, ante el terrible genocidio que ejecuta Israel contra el pueblo palestino, AMLO fijó su posición blanda afirmando que “No queremos la guerra, estamos a favor de la paz” y, peor aún, reconoció “el derecho a la legítima defensa que asiste a Israel” favoreciendo su narrativa, aunque condenó “el uso de la fuerza contra civiles”. Pese a ello, la embajadora de Israel en México lamentó que AMLO no condenara el ataque de Hamás, aunque tampoco ha condenado los ataques de Israel contra el pueblo palestino que de manera sistemática lleva a cabo desde décadas atrás por medio de un genocidio sustentado en una Teología Política Sionista.

Ante a la demanda de Sudáfrica en la Corte Penal Internacional contra Israel por el genocidio que lleva a cabo contra los semitas palestinos, el apoyo de muchos países y las movilizaciones de millones de personas en todo el mundo en solidaridad con las victimas, AMLO tiene que dar un paso más y fija una nueva posición. En el documento manifiesta que México y Chile remitieron a la Corte Penal Internacional la situación del Estado de Palestina, para que investigue la ‘probable’ comisión de crímenes y que son de su competencia. Obviamente, con el desagrado de Israel.

¿Por qué AMLO no condena directamente este terrible genocidio televisado en vivo? Es la masacre más cruel cometida en los últimos años por los sionistas. Aunque parecieran contradictorias las diversas posiciones de AMLO en su política exterior, y no elimina los errores políticos, también hay razones diplomáticas, políticas, comerciales, jurídicas e incluso militares que las determinan, como en el caso de las relaciones México-Israel que ahora analizaremos.

RELACIONES POLÍTICAS MÉXICO-ISRAEL

Los vínculos que unen a México y los judíos se entrelazan a finales del siglo XIX con la llegada de inmigrantes de origen judío. Es hasta 1949 cuando en la ONU se propone la creación del Estado de Israel bajo el contexto de mucha violencia contra el pueblo palestino. México se abstuvo en esta votación. Sin embargo, cabe señalar desde ahora que no todos los judíos son representados en el gobierno sionista de Israel, y que sus políticas no reflejan los principios de la religión judía. No se puede equiparar judío igual y solo igual a Estado de Israel o viceversa.

Fue hasta 1952 que México estableció relaciones diplomáticas con el recién creado Estado de Israel, siendo David Ben Gurión el Primer Ministro de Israel y Miguel Alemán Valdés el Presidente de México. Nuestro país tiene actualmente su embajada en Tel Aviv, e Israel tiene su embajada en la Ciudad de México además de cuatro Consulados Honorarios ubicados en Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Cancún.

En 1971 el Presidente Luis Echeverría Álvarez nombró a Rosario Castellanos embajadora de México en Israel, donde fallece en 1974. En 1975, el Presidente Luis Echeverría visitó Israel y en ese mismo año México votó a favor de la Resolución 3379 de la Asamblea General de la ONU que definió al sionismo como una forma de racismo, lo que provocó que los judíos de Estados Unidos declararan un boicot turístico a México.

En 1993 se creó el Instituto Cultural México Israel con sede en la Ciudad de México. Como veremos más adelante, es la década cuando inician más fuertemente las inversiones militares israelíes en México.

En 1997 se crea la “Cátedra Rosario Castellanos” en la Universidad Hebrea de Jerusalén donde cada año diversos académicos imparten conferencias. En el 2000 el Presidente Ernesto Zedillo visitó Israel y se firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México e Israel e inmediatamente también se firmó el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea. Hasta el 2005 el Gobierno de México estableció una Oficina de Representación en la ciudad de Ramala, sede de los poderes palestinos, bajo
el descontento de Israel.

Desde 1999, al menos 7 reuniones se han llevado a cabo a nivel viceministerial del Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Mutuo. Ahí se abordan temas políticos, económicos, científicos, técnicos, educativos y culturales. También se llevaron a cabo un Diálogo Legal en 2011 y las Consultas Multilaterales en 2013 y 2021. Así se estrechan las relaciones diplomáticas y se callan las
bocas en tiempos de descontentos.

En 2011, a finales del gobierno de Felipe Calderón, iniciaron las negociaciones para comprar a una empresa israelí el programa espía Pegasus, que desde entonces y hasta la fecha es usado por el Ejército mexicano. En 2012 el programa lo adquiere la oficina del fiscal general y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Así, de pasar de espiar especialmente a los cárteles del narcotráfico, se pasó al espionaje de políticos, periodistas y defensores de derechos humanos, entre ellos presumiblemente al director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, entre otros.

En 2012, el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, visitó Israel.
En este año México votó a favor de la Resolución 67/19 en la Asamblea General de las Naciones Unidas para aceptar a Palestina como Estado observador no miembro de la ONU. Aunque México no lo
reconoció como estado. En 2013, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicitó al Presidente reconocer al Estado Palestino Independiente y Soberano y elevar a rango de embajadas a las
representaciones de Palestina en México y de México en la ciudad de Ramala, Cisjordania. Además, México votó a favor del Proyecto de Resolución A/67/L.28 de la ONU “ESTATUS DE PALESTINA EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS”. Todo esto bajo el descontento de Israel. La votación fue el cuarto intento de Palestina por lograr un mayor respaldo internacional desde que la ONU reconociera el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino en 1974.

Cabe recordar que desde el 2011 hasta la fecha, Benjamín Netanyahu ha sido el Primer Ministro de Israel a excepción de un año y medio entre 2021 y 2022.

En el 2012, en el contexto del 60 Aniversario de las relaciones México-Israel, la embajada de Israel realizó muchos actos para promover su imagen y cultura, y afirmaba que su país recibía a estudiantes becados en temas de seguridad y relaciones internacionales, estudiantes de arqueología realizando labores al lado del Mar de Galilea, entre otros profesionistas mexicanos capacitándose en diversas áreas. También presumía que médicos israelíes formaban campamentos de oftalmología en comunidades indígenas de Chiapas durante una semana y que realizaban hasta 400 operaciones de glaucoma y cataratas; del mismo modo que impartían cursos en comunidades indígenas de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Durango para atraer el turismo rural.

En 2013 se publicó en hebreo el libro “El Llano en Llamas” de Juan Rulfo. Y para fortalecer los intereses de Israel en México durante el terrible sexenio de Peña Nieto, el presidente israelí Shimon Peres visitó México y firmó con el Presidente Enrique Peña Nieto una declaración conjunta de amistad y cooperación educativa, científica y cultural, tecnologías del agua y créditos para la exportación. Shimon Peres inauguró el Foro de Negocios México-Israel con la presencia de 80 empresarios israelíes y sus contrapartes mexicanas. También visitó el Senado de la República, se reunió con la comunidad judía-mexicana en el Club Deportivo Israelí y sostuvo una reunión sobre ternas de seguridad con autoridades mexicanas. Peres participó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara donde inauguró el pabellón de Israel. A la muerte de Shimon Peres en 2016, Peña Nieto viajó a Israel para acudir a las honras fúnebres y se reunió con el Presidente de Israel, Reuven Rivlin y con el Primer Ministro Benjamín Netanyahu.

En 2017, poco antes de que Peña Nieto dejara el gobierno, el Primer Ministro Netanyahu visitó México para amarrar intereses ante el inminente triunfo de AMLO. Esta fue la primera visita de un Primer Ministro israelí en funciones a México. Se acompañó de empresarios israelíes y con Peña Nieto acordó modernizar el Tratado de Libre Comercio entre ambos países, fomentar el vínculo empresarial, apoyar conjuntamente la cooperación en Centroamérica y colaborar en materia de ciberseguridad. Se suscribieron acuerdos en materia de servicios aéreos y uso del espacio. Netanyahu también sostuvo encuentros con la comunidad judía en México. Y fue precisamente a finales de este año que se da la Resolución de la ONU contra las intensiones de Estados Unidos de reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. México se abstuvo en esta votación. Sin embargo, Donald Trump logró que 16 países también trasladaran sus embajadas en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Entre ellos Guatemala y Honduras.

En 2021 México votó a favor en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para la creación de una comisión de investigación contra Israel, tras lo ocurrido durante la operación “Guardián de los Muros” que causó cientos de asesinatos de palestinos en la Franja de Gaza. Inmediatamente Israel expresó su molestia con México. Curiosamente, en este mismo año se reunión en la Cámara de Diputados el Grupo de Amistad México-Israel entre un grupo de parlamentarios y el embajador de Israel en México, donde se manifestó que el principal objetivo es “fortalecer la cooperación de la diplomacia parlamentaria entre nuestras naciones, para que los parlamentos concilien posiciones y conjuguen intereses mediante el diálogo, el debate y la negociación, con intercambio de ideas y promoción cultural entre ambas naciones”, según afirmó la diputada Laura Barrera Fortoul. Por su lado, Rubén Moreira Valdéz, Presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, afirmó que “no se puede entender el mundo sin Israel, sin la comunidad judía” y que “el pensamiento occidental tiene un gran componente del pensamiento del pueblo judío”. Aunque la comunidad judía-mexicana en el país es pequeña, no así sus empresas e inversiones militares. Sin embargo, para el gobierno de México, “La comunidad judía-mexicana representa un vínculo importante entre ambos países. Su aportación al desarrollo de México es muy amplia y brinda un apoyo fundamental al fortalecimiento de nuestros lazos de amistad y cooperación con Israel.”

En 2021 México anunció que adelantaba el proceso de extradición del exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón De Lucio, involucrado en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, quien huyera a Israel con el fin de solicitar asilo político, donde sigue prófugo. Hasta la fecha, Israel no lo ha extraditado. En 2022 Israel y el gobierno de Querétaro firmaron un Memorándum de Entendimiento para realizar proyectos en materia económica, de agricultura, educación, cultura, agua, movilidad, planificación urbana, seguridad y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

En 2023 las autoridades de Israel detuvieron al académico y exdiplomático mexicano Andrés Roemer, acusado en México de abuso sexual y prófugo desde hace más de dos años. México solicitó a Israel su extradición y fue arrestado por la policía israelí. En enero de 2024 se anunció que fue liberado para continuar su proceso en prisión domiciliaria en Israel. Hay que recordar que Andrés Roemer, judío, fue embajador de México ante la UNESCO y en 2016 fue destituido de su cargo por no mostrar la posición de México y abstenerse en una resolución presentada por países árabes sobre la Explanada de las Mezquitas (la Mezquita Al Aqsa para los musulmanes y Monte del Templo para los judíos), situada en Jerusalén Este ocupado. Israel criticó la resolución y negaba el vínculo de este tercer lugar más sagrado del islam y el primero para el judaísmo. La posición de Roemer fue alabada por las autoridades israelíes, instituciones judías de todo el mundo, el Centro Simón Wiesenthal y por Benjamín Netanyahu. En la ciudad israelí de Ramat Gan se inauguró una calle con su nombre.

RELACIONES COMERCIALES MÉXICO-ISRAEL

El 1 de julio de 2000 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México e Israel y se actualizó en 2010. Su objetivo fue crear una Zona de Libre Comercio y eliminar trabas arancelarias y no arancelarias entre los dos países para favorecer el flujo de mercancías, servicios e inversiones. De los países de Medio Oriente, Israel es el primer socio comercial de México con quien se realiza el 45.2% del comercio de esa región, y es el primer proveedor para México de la zona. Por su lado, México es el segundo socio comercial de Israel en América Latina.

Para el 2021, el comercio entre los dos países creció 499.05%, al pasar de $210.6 millones de dólares a $1051 mdd. Entre enero-junio de 2022 el comercio alcanzó los 558 mdd, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Entre el periodo enero-julio de 2023, México exportó a Israel 592 mdd de mercancías e importó 101 mdd.

Israel es el 19º inversionista en México a nivel mundial, pero de los países del Medio Oriente es quien más inversiones tiene en México con una inversión acumulada de 2,223 mdd a septiembre de 2020, con la participación de 409 empresas de las áreas de comercio, manufacturas, agricultura y servicios. En 2016 la empresa farmacéutica israelí TEVA compró la empresa mexicana RIMSA por 2,011 mdd. La inversión israelí en México es preferencialmente en las industrias manufactureras (94.5% del total), seguida de los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (2.4%) y el comercio (2.3%). Esta inversión se ubica principalmente en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Estado de México.

Entre los productos que México ha exportado a Israel en los últimos años son automóviles de turismo; teléfonos, teléfonos celulares; vehículos para el transporte de mercancías; unidades de memoria y de proceso, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios; máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; máquinas, aparatos y materia eléctrico, y sus partes; turbinas de gas; preparaciones de hortalizas, de frutas y otros frutos, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. Por su lado, los principales productos que Israel exportó a México fueron circuitos integrados, equipo de transmisión y piezas de aviones. Pero también productos farmaquímicos, medicamentos que requiere el sistema de salud del país, equipo médico, procesadores y controladores; circuitos modulares; unidades de control o adaptadores; placas, láminas, hojas y tiras de plástico; mallas para invernaderos, semillas de hortalizas; baterías; instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía.

Empresas mexicanas, entre las que destacan Cemex, Bimbo, Grupo Orbia (Mexichem) y Rassini (empresa líder mundial en frenos y suspensiones), han instalado centros de Investigación y Desarrollo (I+D), filiales u oficinas de innovación en Israel. En 2018 Orbia adquiere la empresa israelí Netafim de sistemas de riego mientras que un grupo de inversionistas mexicanos crean Cantera Capital como un fondo de capital de riesgo con presencia en ambos países para invertir en innovación en el sector salud, educación y agronegocios en Israel y América Latina. Por su lado, CEMEX invierte en minería y en la construcción de muros y asentamientos ilegales de los colonos en territorio palestino.

El Escaramujo 122: CHIAPAS, UBICACIÓN DE LA FRONTERA EN DISPUTA

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CHIAPAS, UBICACIÓN DE LA FRONTERA EN DISPUTA
La narcoguerra, el terror de los pueblos

Gustavo Castro Soto
Otros Mundos Chiapas
23 de Octubre de 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/

La grave situación de violencia en Chiapas se agudiza día a día y de manera acelerada. La frontera de disputa territorial entre el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel de Sinaloa (CDS), se concentra actualmente en la frontera de Chiapas con Guatemala, sobre todo a partir del mes de septiembre del presente año.

Chiapas tiene 658 kilómetros de frontera con Guatemala desde la Costa hasta la Selva, donde tocan en su frontera un total de 18 municipios con una población total de 1,362,158 habitantes. Por el lado de Guatemala tocan frontera 17 municipios agrupados en cuatro Departamentos.

En toda la línea fronteriza existen 8 cruces fronterizos oficiales y alrededor de 45 cruces vehiculares informales. En este territorio fronterizo existe todo tipo de negocios ilegales. Por ello, ningún municipios se escapa de la presencia del narco, los conflictos armados y la disputa por el control de los territorios.

Desde hace dos años existe una región en especial en la que se ha centrado la línea de disputa por el control territorial entre los dos principales cárteles, desde el municipio de La Trinitaria hasta Suchiate en la Costa donde se ubican 13 municipios que tocan frontera con Guatemala.

Esta narcoguerra llegó al clímax de violencia en el pasado mes de septiembre del 2023 donde habitaba una población total de 944,023 personas. Sin embargo, la disputa se extendió a otros 6 municipios más, aledaños a los fronterizos con Guatemala, por lo que la población rehén de este terror y violencia llega al 1,054,231 habitantes. Así, con estos 6 municipios que no tocan frontera pero que están involucrados en el terror de los cárteles (El Porvenir, Siltepec, Bella Vista, Bejucal de Ocampo, La Grandeza y Chicomuselo), suman 24 municipios que actualmente se encuentran en la línea de la disputa territorial.

Sin embargo, ahora se ha corrido esta frontera por la disputa del territorio hacia el lado opuesto, hacia los municipios de La Trinitaria, Las Margaritas, La Independencia, Benemérito de las Américas y Ocosingo. La guerra entre los narcos se irradia por toda la frontera con Guatemala hacia el interior del estado, hacia los municipios de Tzimol, Comitán y Teopisca por el centro del estado de Chiapas; por Altamirano y Ocosingo hacia la región del Golfo, y por los municipios de la Costa hacia el Pacífico.

La frontera de disputa territorial se caracteriza por una violencia jamás vista. Miles de desplazados además de desaparecidos, asesinatos, narco retenes con la participación obligada de la población que debe participar cada tercer día en la vigilancia de los retenes durante 24 horas, cobros de piso, extorsiones, robos, narco bloqueo de carreteras, reclutamiento de jóvenes y con la toma del control de pueblos enteros imponiendo a la población sus reglas y necesidades. Los bancos, las tiendas, las escuelas, las clínicas de salud, los mercados, cerrados. Los poblados sin gas y sin gasolina.

Los cárteles suspenden el suministro de energía eléctrica y de la telecomunicación para bloquear a la población. Golpes a tablazos a hombres y mujeres que se nieguen a cooperar o se les aplica otros mecanismos de tortura. Colocan cámaras de vigilancia por todos lados. No hay alimentos y se acerca la hambruna mientras un poco de comida cuesta lo inimaginable. Los miembros de los cárteles patrullan armados en camionetas artilladas con armas de grueso calibre y en motocicletas. Algunos pobladores fronterizos han pretendido refugiarse en Guatemala pese al blindaje militar que el vecino país desplegó en la línea fronteriza para evitar que el conflicto invada su territorio.

También hay otros puntos de disputa hegemónica entre los dos cárteles. En la Región Zoque, en el norte del Estado, se han registrado enfrentamientos ente ambos cárteles y un nuevo indicador de la violencia: cabezas decapitadas frente a instalaciones oficiales en el municipio de Reforma.

También hay otros puntos de disputa hegemónica entre los dos cárteles. En la Región Zoque, en el norte del Estado, se han registrado enfrentamientos ente ambos cárteles y un nuevo indicador de la violencia: cabezas decapitadas frente a instalaciones oficiales en el municipio de Reforma.

En la Región Selva Norte, en el municipio de Tila y en Sabanilla, la violencia y las amenazas contra la población también repunta. En la Región Selva el CDS ha reforzado los retenes en el Crucero San Javier y el control sobre Frontera Corozal, una de las joyas del tráfico de indocumentados que hoy por hoy ya se cobra hasta 280 mil pesos por llegar a la frontera con los Estados Unidos. En esta parte de la Selva se pretende controlar el tráfico no sólo de migrantes, sino de palma de aceite, ganado ilegal proveniente de Guatemala, la futura explotación petrolera de los pozos de Benemérito de las Américas que alimentaría a la refinería Dos Bocas en Tabasco. En la Selva Lacandona existen pistas clandestinas para el tráfico de droga proveniente de Sudamérica. Por el municipio de Motozintla se trafica azúcar y en Chicomuselo se controla la mina de barita.

Todos los megaproyectos atraen los conflictos y la lucha por su control y ganancias. El Tren Maya, la carretera Pijijiapan a San Cristóbal y Palenque, el tren costero y su gasoducto hacia Centroamérica, el Puerto Chiapas y sus ampliaciones de infraestructura, los pozos petroleros, los monocultivos, el Canal Transístmico, los proyectos mineros y de represas que repuntarán por la supuesta demanda de energía, entre otros. Todo esto estará acompañado de mayor presencia de los cárteles y de la consecuente militarización.

A corto plazo el estado se podrá ver envuelto en mayor violencia por el control de los municipios de cara a las elecciones de junio del próximo año en que se renovarán todos los municipios, la gubernatura y las diputaciones. Como en otras entidades del país podrán darse bloqueos de carreteras, toma de edificios municipales, quema de urnas o impedimentos para ejercer el voto; amenazas, agresiones o hasta asesinatos de candidatos a puestos de elección popular, y otros focos rojos de enfrentamientos armados.

Ante tanta violencia y terror que se vive en el estado, AMLO procura no espantar las inversiones y el turismo, pero ya es imposible ocultar lo evidente. Para inhibir la violencia generada por la narcoguerra, una de las respuestas del gobierno es publicitar que en Chiapas están ubicados un total de 9,989 policías, y de ellos 8,767 son operativos. Por su lado la Policía Estatal Fronteriza cuenta con 135 elementos y 50 unidades equipadas.

El Presidente de la República informó además que en Chiapas hay 8 mil 283 militares, mil 823 marinos y 4 mil 932 uniformados de la Guardia Nacional distribuidos en 18 nuevos cuarteles. Y ante la narcoguerra en la frontera de disputa territorial agudizada en el mes de septiembre de 2023, el Presidente envió alrededor de mil 500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía General del Estado (FGE) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC). También se ha informado que en Chiapas durante el 2022 contaba ya con 2.8 policías por cada mil habitantes, logrando la media que pide el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Actualmente las autoridades confirman que existen 13 mil 400 elementos policiacos entre estatales y municipales.

Con toda esta presencia militar y policiaca, la violencia no para ni se inhibe. Paradójicamente, mientras que algunas comunidades solicitan la presencia del Ejército para detener la violencia del narco, en otras comunidades se les acusa de estar coludidos con los cárteles, de no hacer nada, de solo observar y de llegar tarde a detener la violencia. Frente a todo esto, la sociedad está optando por varios caminos: migrar, auto defenderse, quedarse y asumir la gobernanza de los cárteles, o movilizarse masivamente para exigir territorios libres de narcos. Frente a los signos de muerte, existen signos de vida y esperanza.

EL Escaramujo 121: EL ESTADO MEXICANO CONTRA SUS JÓVENES

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo

EL ESTADO MEXICANO CONTRA SUS JÓVENES
Dos casos: el movimiento estudiantil de 1968 y la Noche de Iguala (Primera Parte)

Ana Cristina Vázquez Carpizo
Otros Mundos Chiapas
11 de Octubre de 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/

EL COMPLOT COMUNISTA CONTRA MÉXICO

La década de los sesenta fue, sin duda, uno de los momentos de mayor agitación del siglo XX. Si bien forma parte de las llamadas olas de protesta que se han dado a lo largo de la historia, la característica distintiva de este periodo es el protagonismo de los jóvenes a lo largo y ancho del planeta. El autoritarismo de la postguerra, fuera desde el ‘mundo libre’ o desde el bloque comunista, dejó una estela de inconformidad entre las nuevas generaciones que la fantasía del american way of life o la supuesta superioridad moral de los comunistas no pudieron revertir. De toda la década, destaca un año en particular: 1968. Desde movimientos estudiantiles1, protestas contra el establishment y expresiones contraculturales2 hasta manifestaciones antibelicistas3, los jóvenes de todo el planeta tomaron las calles para gritar consignas libertarias y para desafiar gobiernos que se creían inamovibles. México no fue la excepción.

Durante toda la década las expresiones estudiantiles fueron numerosas en todo el país.4 Pero, sin duda, la más importante fue la de 1968. El movimiento estudiantil inició el 22 de julio de ese año con una pelea entre estudiantes de nivel medio superior en el barrio de Tlatelolco de la ciudad de México, duramente reprimida por la policía capitalina.5 Cuatro días después, el 26 de julio, se organizó una manifestación de protesta, esta vez encabezada por estudiantes universitarios y politécnicos que asumieron como una afrenta personal las agresiones contra los miembros más jóvenes de sus respectivas comunidades. La respuesta de las autoridades fue de cerrazón e intransigencia pero aún no se veía lo peor.

Conforme pasaron los días y ante la inminente inauguración de los Juegos Olímpicos,6 el nerviosismo del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1979) aumentó; paulatinamente fue endureciendo su discurso y sus decisiones. Coreógrafo principal de una danza macabra desde todas las instancias represoras del Estado, Díaz Ordaz no hizo más que acomodar las piezas a su visión de la realidad. Infestado de la paranoia anti-comunista de la época, que veía conspiraciones por todas partes y de la suya propia, Díaz Ordaz se dedicó a aplastar, con toda la fuerza del Estado, a quien consideraba su enemigo. Y para mala fortuna de los jóvenes, ellos llenaban el perfil mental que el poblano había hecho del criminal comunista que buscaba derrocarlo. Es decir, Díaz Ordaz y todo su gabinete no vieron en los estudiantes a adversarios alimentados por la efervescencia juvenil de la época sino a enemigos dispuestos a todo. Con los adversarios dialogas; a los enemigos los aniquilas.
Así de sencillo. De esta manera durante 1968, además del contexto de guerra fría, en México se conjuntaron dos hechos muy desafortunados: por un lado, la animadversión personal que Díaz Ordaz sentía hacia los jóvenes7, aderezada por un genuino anti-comunismo; y, por otro, un Estado profundamente autoritario pero altamente legitimado expresado en el Partido Revolucionario Institucional y sus aliados.8

A pesar de que los miembros del Consejo Nacional de Huelga9 ligados al Partido Comunista Mexicano o a alguna otra asociación de la misma ideología eran minoría, el Estado mexicano, personificado en la figura de Díaz Ordaz, estaba convencido de que, a través de los estudiantes, la amenaza roja10 se cernía sobre el país y que su deber era salvarlo. En la puesta en escena intervinieron desde el secretario Gobernación, Luis Echeverría; el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, General Marcelino García Barragán; el jefe del Estado Mayor Presidencial, General Luis Gutiérrez Oropeza); el Procurador Julio Sánchez Vargas y el director de la Dirección Federal de Seguridad, capitán Fernando Gutiérrez Barrios, hasta el encargado del entonces Departamento del Distrito Federal11 y los responsables de otras instituciones del Estado.12

En un primer momento el presidente presentó un discurso aparentemente conciliador, tan falso como su sonrisa, pero cuando los estudiantes publicaron su pliego petitorio,13 para Díaz Ordaz, cuya paranoia alimentó perversamente su secretario de Gobernación, las sospechas quedaron confirmadas: los jóvenes estaban infectados por el comunismo y seguramente eran parte de un plan macabro para derrocar al presidente y destruir al país. La osadía juvenil de apropiarse de las principales avenidas y plazas de la capital mexicana para expresarse ante la Nación entera fueron más allá de lo que el sistema estaba dispuesto a aceptar.14 Las marchas del 13 y del 27 de agosto fueron las gotas que derramaron el vaso. La tolerancia de Díaz Ordaz, mínima pero hasta entonces suficiente para evitar que se desbordara la represión, quedó rebasada. En la manifestación del 27, la llamada marcha de las antorchas, los estudiantes sobrepasaron todos los límites. No sólo se atrevían a tomar las calles, a ocupar las plazas públicas reservadas a las expresiones corporativistas de apoyo al mandatario en turno; el 27 de agosto se burlaron del presidente, ridiculizaron su físico, se mofaron de su esposa, del Ejército y de los granaderos, gritaron sus insultos justo debajo del balcón de Palacio Nacional. Exigieron, además, un diálogo público con el titular del Ejecutivo federal, es decir, nada más y nada menos que el mismísimo Díaz Ordaz, tuviera lugar la mañana del 1 de septiembre a las 10:00 horas, frente a toda la Nación. Esto era una provocación, una falta de respeto mayúscula que el presidente no iba a soportar.15

No. La actitud conciliatoria había sido malinterpretada por los jóvenes. Había llegado el momento de ponerle fin.

El repliegue ante la amenaza

La represión desatada después de la manifestación del 27 de agosto demostró a los estudiantes que la libertad de expresión que habían ganado en las calles del centro del país había sido una ilusión de apenas unas pocas semanas. Muy pronto probaron el poder, la fuerza, la contundencia autoritaria de un sistema y de un presidente especialmente autoritario. El mismo Díaz Ordaz anunció lo que se venía en su Cuarto Informe de Gobierno:

“… hemos sido tolerantes hasta excesos criticados; pero todo tiene su límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico (…) En la alternativa de escoger entre el respeto a los principios esenciales en que sustenta toda nuestra organización política, económica y social (…) y las conveniencias transitorias de aparecer personalmente accesible y generoso, la decisión no admite duda alguna y está tomada: defenderé los principios y arrostro las consecuencias (…) sé que tendré que enfrentarme a quienes tienen una gran capacidad de propaganda, de difusión, de falsía, de injuria, de perversidad. Sé que, en cambio, millones de compatriotas están decididamente en favor del orden y en contra de la anarquía (…). No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario; lo que sea nuestro deber, lo haremos, hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos”.16

Los estudiantes entendieron el mensaje. Las detenciones y golpizas se habían multiplicado desde el 28 de agosto, cuando el Ejército desalojó con lujo de violencia a los estudiantes que habían decidido permanecer en la Plaza del Zócalo, en espera de que Díaz Ordaz en persona saliera de Palacio Nacional para reunirse con ellos la mañana del 1 de septiembre para iniciar el diálogo frente a la Nación. Los hechos represivos se sucedieron en cascada.

Los estudiantes decidieron mostrar, entonces, una cara más moderada en una nueva manifestación el 13 de septiembre. Durante la llamada manifestación del silencio, no hubo gritos ni insultos. Ni una consigna siquiera. Las mantas expresaron lo que los estudiantes, con la boca cubierta por una cruz de tela adhesiva blanca, callaron.

El intento por mostrar la cara moderada del movimiento fue estéril. Cinco días después, el Ejército ocupó Ciudad Universitaria. Mil quinientas personas fueron arrestadas sin resistencia. En los días siguientes el resto de los planteles que se habían unido a la huelga sufrieron la misma suerte.17 De paso, las plumas al servicio del régimen culparon a coro al rector Barros Sierra de la efervescencia estudiantil. El ingeniero presentó su renuncia ante la Junta de Gobierno el 23 de septiembre. Tanto este organismo como el grueso de estudiantes, tanto de la UNAM como del IPN, no aceptaron la decisión de Barros Sierra.

Es pertinente mencionar que en todos los eventos de ‘recuperación’ de instalaciones se observó la
presencia de individuos vestidos de civil, algunos con el inconfundible aspecto militar, que portaban
un distintivo guante o pañuelo blanco en la mano izquierda. Se trataba del Batallón Olimpia, que el
gobierno federal había creado para garantizar la seguridad de las delegaciones durante las justas
deportivas. Su entrada en escena no fue, empero, en la Villa Olímpica para cuidar atletas sino en las
escuelas y facultades en huelga y para golpear y detener estudiantes.

El 2 de octubre

El pánico se apoderó de la comunidad estudiantil movilizada. La asistencia a los mítines, organizados de manera improvisada en distintos puntos de la ciudad dado que la Ciudad Universitaria y las instalaciones del IPN seguían ocupadas.18 Se habían emitido órdenes de aprehensión contra los líderes identificados del CNH que aún no habían sido detenidos. La incertidumbre y el miedo eran la norma.

EL Escaramujo119: ’SE LO BUSCARON…ES MÁS, ¡SE LO MERECEN POR ROJOS!”

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo

’SE LO BUSCARON…ES MÁS, ¡SE LO MERECEN POR ROJOS!”
La Guerra Sucia en México. Breve análisis crítico

Ana Cristina Vázquez Carpizo
Otros Mundos Chiapas
25 de Septiembre 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/

INTRODUCCIÓN
Silencio… cámara… ¡acción!

María vivía con su madre en una casa de huéspedes de su propiedad. La joven de 19 años era miembro de una organización clandestina que, desde el adoctrinamiento político y la vía armada, luchaba en contra del régimen. En su vida legal, María era estudiante de economía en la universidad pero en sus ratos libres se dedicaba al trabajo de base con obreros de las colonias pobres de la ciudad, a los que, además, alfabetizaba. Un día, la policía secreta llegó a casa de María y, ante la impotencia y gritos de su madre, la secuestró para llevarla a una cárcel clandestina. Eran los primeros días de abril de 1976…

Alicia nació en el norte, donde estudiaba en el Tecnológico. A través de su hermana mayor, compañera de un guerrillero, entró en contacto con la orga en 1973. Tres años más tarde, conoció a un compañero de armas, Enrique, que sería su pareja sentimental. De esa unión nació una niña. Enrique murió en un enfrentamiento con la policía antes del nacimiento de su hija. Alicia decidió llevar a la bebita con sus abuelos para que se hicieran cargo de ella porque, en ese momento, menos que nunca, podía dejar la clandestinidad. Y no lo hizo.
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De inmediato me vendaron los ojos, me llevaron a una casa donde se me desnudó y se me empezó a golpear en todo el cuerpo, principalmente con golpes de karate en la garganta y en la nuca; después me mojaron y empezaron a darme toques eléctricos con una picana [barra electrificada] en el pene, los testículos, el ano, en una cicatriz que tengo, en las orejas, dentro de las fosas nasales, en los labios, en las encías y en la lengua… Después de esto me hicieron comer dos tazas de excremento, luego me tendieron en el suelo y […] me ponía una pistola en la sien jalando el gatillo…
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Con los ojos vendados, la llevaron al garaje, una de las tantas cárceles clandestinas que la policía secreta tenía en varios puntos de la ciudad. De inmediato le retiraron la venda y le tomaron sus datos: nombre verdadero, edad, profesión, nombre de guerra… Como se negó a darlo, le pusieron ‘La Maestrita’, por aquello de sus clases de alfabetización a los obreros. Era una comunista de mierda, la muy puta. Pero ya cantaría pronto. Luego, la venda otra vez. María no estaba autorizada a quitársela en presencia de sus carceleros. Y a partir de entonces, la traería prácticamente todo el día. Después de registrar sus datos, la llevaron a un cuarto donde había una plancha de metal, como las que se ven en las morgues, y un tubo que, a través de unos cables, estaba conectado a un aparato parecido a una radio. María supo en sus pechos, sus genitales, sus labios, que ese tuvo se llama picana. Mientras la torturaban, afuera del cuarto se escuchaba música a todo volumen. La misma canción siempre que Félix la llevaba a sus sesiones con la picana.
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Roberto y Sebas habían coordinado los secuestros. Ninguna de las dos acciones salió bien. De hecho, resultaron un desastre. El empresario de Monterrey murió desangrado, al parecer, por el disparo de uno de sus escoltas. El de Guadalajara no corrió con mejor fortuna. La suerte estaba echada. Cero tolerancia, ninguna negociación con los delincuentes, con terroristas. Era necesario que escarmentaran. De eso se encargarían los muchachos de Don Miguel. Roberto y Sebas fueron detenidos. Unos días después, sus cuerpos aparecieron con evidentes signos de tortura. El de Sebas fue encontrado en Guadalajara, con hematomas múltiples, los huesos rotos, clavos de viga en las rodillas y en los hombros, la quijada destrozada y la masa encefálica expuesta. El de Roberto apareció en Monterrey, en condiciones muy similares. Como un bonus de los torturadores para las familias de los secuestrados, Sebas fue abandonado muy cerca de la casa del empresario muerto; y Roberto, arrojado a unos metros de la casa del empresario regio.
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María tenía una complexión frágil, parecía una adolescente. Era, sin embargo, más fuerte de lo que podría pensarse. ¡Cómo resistía la condenada! Félix tenía experiencia, sabía usar la picana muy bien, seguía la tabla de regulación eléctrica según peso y edad que, pegada en la pared, indicaba la carga exacta de acuerdo al caso. Pero el otro fulano era un incompetente. Y un animal. Un día por poco y mata a María. Y eso no le convenía al capitán. Antes tenían que sacarle más información a La Maestrita. Hubo que llamar al médico. Después de unas maniobras de reanimación, el doc logró que María ‘regresara’. La sesión podía continuar, concedió el médico. Pero el capitán no se iba a arriesgar. Llamó a Félix para que la reanudara. María hubiese preferido morir…
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… casi todos los que estuvimos detenidos tenemos una marca en el tabique de la nariz. Así quedas de la venda que nunca te sacan y se va jodiendo porque te mojan, te meten la cabeza en los excusados y luego se seca, se llaga y se infecta. Uno aguantaba pero hay un momento, compa, cuando lo que quieres es morirte. Y te mueres un chingo de veces y regresas a lo mismo y te vuelves a morir poco a poquito. Y les dices que te maten y nomás se ríen… María es un personaje ficticio de la multipremiada película de Mario Bechis, Garage Olimpo, que recrea los secuestros, cautiverio y torturas en una cárcel clandestina, y el final atroz en los llamados ‘vuelos de la muerte’ que sufrieron decenas de miles de argentinos durante la dictadura militar en ese país.1 La trama del film, empero, no es en absoluto ficción. Se trata de la recreación cinematográfica de un terrible episodio de la historia reciente del Cono Sur. El resto de los testimonios son experiencias reales que vivieron numerosos jóvenes mexicanos que, en la década de los setenta y parte de los años ochenta, decidieron optar por el cambio político a través de la vía armada.

Alicia de los Ríos Merino Susan fue militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, al igual que el padre de su hija, Enrique Pérez Mora El Tenebras. Ideada por el sinaloense Raúl Ramos Zavala2 y su grupo Los Procesos, la Liga fue fundada el 15 de marzo de 1973 por el ex alumno de los jesuitas en Monterrey, Ignacio Salas Obregón, Oseas; Ignacio Olivares Torre, Sebas; Salvador Corral, Roberto,3 y David Jiménez Sarmiento, Chano, entre otros.4 La orga, la resortera, la Dos- Tres, la O, la LC, la Veintitrés, como también se conoció a esta agrupación, fue el grupo de guerrilla urbana más importante de la década de los setenta en México. También el más brutalmente reprimido por la Dirección Federal de Seguridad (DFS),5 dirigida entonces por el General Luis de la Barreda y operada por el tristemente célebre Miguel Nazar Haro.

Los testimonios en primera persona corresponden a otros dos miembros de la Liga: Pedro Cassian Olvera y Jesús morales, respectivamente. Los dos fueron detenidos y torturados por Nazar Haro6 en alguna de las muchas cárceles clandestinas que la DFS y el Ejército mexicano establecieron en puntos estratégicos para detener, torturar, y en muchos casos desaparecer, a los guerrilleros. Son numerosos los testimonios que señalan la participación directa de Nazar Haro en los interrogatorios y las sesiones de tortura a las que fueron sometidos guerrilleros y no guerrilleros por igual.7

Muchos años después, el 18 de febrero de 2004, Nazar Haro fue detenido para enfrentar un proceso judicial en su contra por el delito de desaparición forzada de Jesús Ibarra Piedra el 19 de abril de 1975 en la ciudad de Monterrey.8 Por ello fue remitido al penal de Topo Chico, en el estado de Nuevo León. Su estancia en dicha cárcel fue, en realidad, virtual. Aquejado por la diabetes y otros padecimientos, el ex policía pasó más tiempo atendiéndose en una clínica privada que en su celda. Los costos hospitalarios así como la comida gourmet que le era enviada a diario desde los mejores restaurantes de Monterrey al penal o a la clínica fueron cubiertos por importantes empresarios de la ciudad. Una atención para agradecer a Don Miguel el haberles permitido vengarse de los rojos.9 Favor con favor se paga, dicen…

La estancia no sólo fue cómoda sino también corta pues al tener más de 70 años al momento de su
detención, Nazar Haro pudo gozar de los beneficios de la prisión domiciliaria. Fue absuelto en 2006. Murió en la comodidad de su hogar en 2012.

-¿Torturó usted?
-Pues si me enseñan a torturar, puede que aprenda…
-¿Asesinó?
-Fíjese que nunca he matado ni a una mosca y menos a un ser humano…
Entrevista de Raymundo Riva-Palacio a Miguel Nazar Haro10

MÉXICO ¿MÁGICO?

Por las buenas no se puede…

Los párrafos anteriores y el siguiente análisis del contexto guerrillero del México de los setenta no pretenden, de ninguna manera, hacer una apología de la violencia ni de los delitos en los que incurrieron las diversas organizaciones armadas durante aquellos terribles años. No buscan siquiera justificar tales acciones. Lo que se intenta es comprender las razones por las que para un número importante de mexicanos, en su gran mayoría jóvenes, los caminos de la lucha legal quedaron definitivamente cancelados, sobre todo a raíz de dos sucesos trágicos en los que el sistema demostró, una vez más, su cerrazón ante las demandas legítimas de amplios sectores de la sociedad: el 2 de octubre de 1968 y el Halconazo del 10 de junio de 1971. En estos dos episodios, el Estado mexicano no sólo mostró su peor rostro sino que lo volvió precisamente en contra del sector más prometedor del país: los jóvenes.11

Así, mientras Luis Echeverría daba la bienvenida a notables miembros de las izquierdas latinoamericanas exiliadas en México después de los golpes de Estado en sus respectivos países,12 los agentes de la DFS y miembros del Ejército mexicano se dedicaban a borrar del mapa a tantos subversivos mexicanos como fuera posible. La Brigada Blanca se hizo cargo de la guerrilla urbana mientras que los militares hicieron lo propio preferentemente en zonas rurales. El número de detenidos-desaparecidos es, y lo será quizá para siempre, indeterminado. Se calcula una cifra de alrededor de mil quinientas personas. Sin embargo, si en las ciudades es difícil precisar la cantidad de personas desaparecidas, en las zonas rurales es prácticamente imposible saberlo porque muchas de las víctimas de desaparición forzada no tuvieron siquiera acta de nacimiento. ¿Cómo probar que alguien desapareció si no se tiene prueba documental alguna de su existencia?

La lucha era, a todas luces, desigual. Pero a pesar de todo, había que continuar…
Los laberintos de la soledad

La formación, desarrollo, sobrevivencia y extinción de los diversos movimientos armados que
proliferaron después de 1968 fueron verdaderamente dramáticas. Primero, las dificultades para
articularse en una sola organización capaz de enfrentar al Estado y todas sus herramientas de
aniquilamiento, superando todos los obstáculos imaginables: desde la confrontación entre
individuos y grupos por diferencias ideológicas y estratégicas, hasta la violenta persecución de la
que fueron objeto todos. Luego, la creación de la estructura directiva,13 por un lado, y la definición
y formación de cuadros (entre quiénes trabajar, en dónde, cómo, para qué), por el otro.14 Después,
las diversas formas para hacerse de recursos. La mayor parte de las organizaciones recurrieron a
las llamadas expropiaciones, es decir, asaltos a bancos y empresas importantes, así como el robo
de armas, automóviles y otras herramientas útiles a la causa a las corporaciones policiacas como
los secuestros de políticos, empresarios e incluso diplomáticos. Hubo organizaciones, como las
Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), que estratégicamente apostaban a la guerra popular
prolongada, en vez de ataques frontales múltiples contra el Estado. Asimismo, no recurrieron a las
expropiaciones para obtener recursos.

Las dos últimas fases, la sobrevivencia y la extinción, fueron desde luego las más cruentas. No sólo se trataba de lidiar con el enemigo externo, no siempre tan visible como los guerrilleros habrían deseado. Las batallas se dieron también al interior de las organizaciones, lo mismo por discrepancias político-ideológicas que por traiciones y delaciones (sacadas, las más de las veces, bajo tortura). Por lo menos dos organizaciones importantes contaron con grupos internos de ajuste de cuentas el PDLP de Lucio Cabañas, con su Brigada de Ajusticiamiento; y la Brigada Roja, de la Liga. Los resultados fueron catastróficos, principalmente para la Liga, porque mermaron la confianza interna de los guerrilleros y alimentaron confrontaciones que debilitaron notablemente a las organizaciones.

Otro problema fue la incapacidad para elegir entre las dos opciones más socorridas por los grupos guerrilleros de todo el mundo: el llamado foquismo, que seguía en gran medida los lineamientos de Ernesto Che Guevara,15 y la guerra popular prolongada, que implicaba un trabajo de largo plazo, principalmente con bases estudiantiles, obreras y campesinas. En el caso de México, las diferencias en este sentido al interior y entre organizaciones hicieron prácticamente imposible la articulación de diversos grupos guerrilleros para enfrentar al enemigo común, el Estado. Asimismo, existía una incomprensión de origen entre las guerrillas urbanas y las rurales. Los guerrilleros urbanos estaban convencidos de que debían enseñar a los campesinos a pensar y luego, a actuar; había, pues, que adoctrinarlos. Para Lucio Cabañas y otros dirigentes rurales, no iban a ser los comunistas de la ciudad quienes iban a decir a las comunidades campesinas qué hacer y cómo. Nada tenían que aprender los unos de los otros, creyeron ambos, y en esta trinchera de orgullo, se les fueron muchas oportunidades de, si no unificar ideologías, por lo menos conjuntar esfuerzos.

Al responder a contextos y necesidades sociales diferentes, la incapacidad para ceder y negociar se hizo cada vez más grande e impidió a guerrilleros urbanos y grupos armados rurales complementarse. En lugar de buscar los lugares comunes, se enfatizaron las diferencias y sobre ellas se construyó un muro infranqueable contra el que nadie pudo.16

Ahora bien, en un país en donde, a pesar de los signos evidentes de crisis política, la sociedad en general mantenía un índice de confianza en el gobierno medianamente aceptable, resultaba verdaderamente difícil lograr que la opinión pública, mal informada y altamente prejuiciada, distinguiera al guerrillero del delincuente común. Más de un sector compró íntegra la versión del gobierno que, en el mejor de los casos, hablaba de jóvenes desorientados y manipulados por fuerzas oscuras. En un contexto de guerra fría donde el enemigo era el comunismo (aunque la mayoría no tuviera la menor idea de lo que realmente era), la sociedad permanecía, en términos generales, en una especie de letargo informativo del que estaba poco deseosa de salir.

También resultaba complicado, y en muchos casos inútil, el trabajo con las bases campesinas y obreras. La mayoría prefería seguir la lucha por la vía legal, a pesar de las amargas experiencias vividas. Pocos eran, pues, los que se arriesgaban a escuchar a los guerrilleros, menos aún los que se decidían a seguirlos. En este sentido, en un primer momento las organizaciones hicieron un cálculo demasiado optimista.17 Creyeron que, ante las circunstancias críticas del país, la cerrazón política del Estado, la represión y falta de democracia, las clases populares se incorporarían a la lucha y se levantarían en armas a la primera señal. Craso y costoso error. Jamás pudo articularse una movilización a gran escala que pusiera realmente en riesgo al Estado (aunque éste respondió como si el peligro fuera inminente).

El Escaramujo 118: A 50 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO EN CHILE

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

Ellos creen que eliminando a un hombre, a un político, a un dirigente, el proceso social va a desaparecer. Pero es un error. Podrá demorarse, podrá prolongarse pero, a la postre, no podrán detenerlo. En el caso de Chile, si me asesinan, el pueblo seguirá su ruta, seguirá su camino… Con la diferencia, quizás, que las cosas van a ser mucho más duras y mucho más violentas porque será una lección muy clara, muy objetiva para la masa de que esta gente no se detiene ante nada…
Salvador Allende Gossens

El 11 de septiembre pasado se cumplieron 50 años de uno de los más lamentables episodios en la historia reciente de América Latina y de la democracia mundial. En el contexto actual, vale la pena rememorar los fatídicos acontecimientos ocurridos el 11 de septiembre de 1973.

La mañana de ese día, Salvador Allende Gossens, presidente legal y legítimo de Chile desde noviembre de 1970, moría1 en el ataque que un sector de las Fuerzas Armadas dirigió al Palacio de La Moneda, sede del poder ejecutivo chileno. Con el golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet Ugarte2 y auspiciado por el gobierno de Richard Nixon, cayó el primer gobierno socialista en el mundo elegido por sufragio universal. Chile se convertiría en el conejillo de Indias del neoliberalismo en América Latina, engrosando así la lista de naciones devastadas por el humillante intervencionismo de los Estados Unidos.

UN LARGO CAMINO

La carrera de Allende en la política fue ciertamente difícil. Pero la perseverancia y la tenacidad hicieron de él un hombre tenaz que supo esperar su momento.

Poco después del fracaso de Marmaduke Grove Vallejo3, un nuevo instituto político nacía en Chile: el Partido Socialista, fundado en abril de 1933, entre otros, por el mismo Grove Vallejo y por el joven Salvador Allende, quien entonces tenía 25 años.

Tres años después, el movimiento comunista internacional, dominado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), hacía un llamado a todos los partidos afines del mundo para frenar el totalitarismo de los gobiernos fascistas europeos.4 Fue así que surgió el Frente Popular (FP). Sin embargo, a pesar de la radicalidad de algunos de sus miembros, el FP tuvo un carácter más bien reformista que le dio el triunfo en las elecciones presidenciales de 1939. Para 1947 el FP había expulsado a todos los izquierdistas radicales de sus filas. Y Allende ya había ingresado de tiempo completo a la política. Antes de cumplir los 30, fue electo diputado por las ciudades de Valparíso y Quillota, región de Valparaíso. En 1945 fue electo como senador y seguiría siendo legislador hasta 1970.

Por otro lado y a pesar de la solidez de sus instituciones, particularmente el Ejército, la democracia chilena enfrentó, desde principios del siglo XX, una constante: la polarización del electorado, reflejo de una sociedad profundamente dividida entre diversas corrientes de izquierda socialistas y comunistas, un centralismo oportunista y grupos de derecha liberal-conservadora, una de cuyas expresiones más importantes fue el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Las elecciones de 1964 fueron un claro ejemplo de esta realidad. Las derechas, unidas en el PDC, presentaron como candidato al conservador de centro Eduardo Frei Montalva,5 mientras que las izquierdas tuvieron en Salvador Allende al candidato de unidad. Se trataba de una elección decisiva en la que se enfrentaron de manera más contundente dos modelos de nación.

Chile estaba en la mira de la comunidad internacional, que se debatía en la bipolaridad de la guerra fría.6 El Frente de Acción Popular (FRAP),7 en boca de Salvador Allende, expresaba su abierto rechazo al capitalismo y al imperialismo estadounidense y la intención de transitar pacíficamente hacia el socialismo. Por su parte, los Estados Unidos tenían un especial interés en impedir que cualquier otro país de América Latina emulara a Cuba.8 De ahí que pusieran en marcha todos los recursos a su alcance para apoyar la candidatura de Frei Montalva, que se presentaba como el gran reformador.

A través de operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA),10 el gobierno estadounidense gastó más de 2,7 millones de dólares en apoyo directo a la campaña de Frei. Varios millones más fueron donados por organizaciones e instituciones contactadas por el gobierno estadounidense en Europa: el Partido Demócrata Cristiano de Italia, el Vaticano, las casas reales de Holanda y Bélgica, la Democracia Cristiana holandesa y la alemana así como la Iglesia católica de los Estados Unidos. Con estas donaciones, se creó un fondo administrado por la CIA para 1) Financiar campaña a favor de Frei y de terror contra Allende; y 2) Convencer a distintas personalidades dentro de Chile opuestas a Frei Montalva para que cambiaran a la intención de su voto a favor de aquél. Se calcula que, a través del gobierno estadounidense, se invirtieron más de 4 millones de dólares para financiar acciones clandestinas en contra del FRAP, como quedó documentado por el Comité Church varios años después.11 Los esfuerzos de las derechas chilenas y de sus aliados estadounidenses y europeos dieron resultados: Frei Montalva ganó las elecciones con un cómodo margen de 56 por ciento de los votos contra 39 por ciento de Allende.

Para cumplir con las grandes expectativas generadas, una vez asumido el cargo, el gobierno de Frei Montalva se concentró en sacar al país de la crisis económica heredada del gobierno de Alessandri. La primera medida tuvo que ver con el principal recurso natural de Chile: el cobre. Gran parte de la sociedad chilena esperaba que el país tuviera mayores beneficios de su explotación. El problema era que la industria estaba en manos de empresas estadounidenses. Como en otros rubros, Frei Montalva ofreció una solución intermedia, que dejó satisfechos a los empresarios extranjeros pero que generó mucho descontento y críticas desde las izquierdas. La idea del presidente chileno era, ante todo, aumentar la producción, las ganancias y apropiarse de parte de la industria. Los resultados fueron, empero, muy magros. Si bien los ingresos por exportación de cobre aumentaron en los siguientes años, esto se debió a un aumento en los precios del metal, no a una mayor producción.

Algo similar ocurrió en el sector agrario y la participación política de las clases populares. Por un lado, los resultados de la prometida reforma agraria de fondo frustraron las aspiraciones de los campesinos chilenos, que llevaban décadas exigiéndola. Por el otro, el impulso que Frey Montalvo dio a la conformación de cooperativas y el comunitarismo, lejos de apaciguar la efervescencia política, fortaleció la conciencia política de sindicalistas, estudiantes, profesionistas. Asimismo, aunque el gobierno de los Estados Unidos, siempre al pendiente de los resultados del gobierno demócrata cristiano de Chile, le otorgó un generoso crédito y gestionó que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo hicieran lo propio, la situación económica del país fue aun más incierta, pues dichos préstamos terminaron por engrosar sustancialmente la deuda externa. La ‘Revolución en libertad’ ofrecida por Frei Montalvo mostraba sus limitaciones más temprano que tarde. Si bien el PDC consolidó su poder en las elecciones de 1965, en los procesos electorales subsiguientes perdió terreno.

Un año antes de las elecciones presidenciales de 1969, el PDC ya no tenía mayoría legislativa. Ante la imposibilidad de reelección consecutiva que impedía a Frei volver a ser candidato, para 1970, las derechas, cuya unidad les había garantizado el triunfo en 1964, decidieron presentarse por separado. La ultraderecha optó nuevamente por el ex presidente Jorge Alessandri como candidato; la Democracia Cristiana, por Radomiro Tomic; y las izquierdas, esta vez aglutinadas en torno a la Unidad Popular (UP),12 una vez más por Salvador Allende. La fragmentación de las derechas en dos frentes permitió, por fin, el triunfo de las izquierdas. Ante el horror de las derechas y del gobierno de los Estados Unidos, el 4 de septiembre Allende ganaba con un reducido margen que, a pesar de todo, no pudo revertirse.

Es importante mencionar que la UP era un grupo heterogéneo que llevaba la unidad sólo en el nombre. Desde los moderados, como el mismo Allende,13 que buscaban la transformación siempre por la vía legal hasta los más radicales que no descartaban el uso de las armas para tal fin, todos encontraron en la UP el espacio para construir un diálogo que en otras circunstancias quizá no se hubiera dado. Lo cierto es que la frágil y coyuntural alianza entre tan diversos sectores de izquierdas jugó un papel decisivo en los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973.

¡VIVAN LA CHICHA, EL VINO, LA CUECA, LA ZAMBA Y LA DEMOCRACIA!

Venceremos, venceremos,
con Allende en septiembre a vencer.
Venceremos, venceremos,
¡la Unidad Popular al poder!
Himno Venceremos (fragmento)

Con una apretada diferencia, la UP ganó las elecciones del viernes 4 de septiembre de 1970.

Luego de la victoria, el objetivo de la oposición y del gobierno estadounidense fue uno: impedir a toda costa la toma de posesión de Allende. Para ello, se movieron en dos flancos: con el Congreso chileno, que debía ratificar el triunfo dado el apretado margen entre el triunfador y Alessandri (de menos de 2 puntos porcentuales); y con el Ejército, algunos de cuyos altos mandos habían expresado un marcado repudio hacia la UP y en especial, hacia Allende.

En cuanto al Congreso, la ultraderecha pensaba presionar a los legisladores para que, violentando el estado de derecho, no reconocieran el triunfo de Allende y, con sus votos y los de la DC, ungieran a Alessandri como presidente. Con el fin de lograr la legitimidad mínima necesaria para gobernar, la idea era que Alessandri convocara a nuevas elecciones renunciando al cargo inmediatamente después. Los democratacristianos rechazaron esta posibilidad y se inclinaron para la propuesta del ex candidato Tomic: nombrar a Allende presidente de Chile a cambio de un Estatuto de Garantías, lo que finalmente ocurrió.14

Quedaba entonces el Ejército, tan institucional como conservador…

El Escaramujo 117: CHIAPAS Y LOS GRUPOS DE ‘AUTODEFENSA’

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

CHIAPAS Y LOS GRUPOS DE ‘AUTODEFENSA’
Y el manoseo conceptual…

Gustavo Castro
Otros Mundos Chiapas
7 de Septiembre 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/

Diversos analistas, centros de derechos humanos, iglesias, periodistas e incluso organizaciones sociales tanto urbanas como rurales, entre otros actores, usan de manera indiscriminada y como les da la gana los conceptos de ‘paramilitares’ y ‘autodefensas’ con el fin de adaptarlos a sus narrativas favorables en sus diagnósticos coyunturales. Por tanto, se cae en contradicciones. Y es que para un análisis o ‘informe’ adecuados, al menos enmarcar el concepto de lo que se entiende por cada uno de estos términos, es de rigor. (Este artículo está en continuidad con El Escaramunjo 114 , 115 y 116).

¿LOS GRUPOS DE ‘AUTODEFENSA’?

Como hemos mencionado reiteradamente, en otras entidades del país se han visto acciones violentas
descomunales y alarmantes: decapitados, fosas clandestinas, cuerpos calcinados o ahorcados bajo los
puentes, asesinatos de periodistas y de funcionarios públicos o hasta de presidentes municipales.

También se registra el uso de bombas, drones, quema de instalaciones policíacas, retenes falsos o camuflados, balaceras en diversos establecimientos, siembra y consumo de drogas escandalosos, desplazamientos masivos de comunidades enteras, extorsiones y levantones de mujeres, reclutamientos forzados, entre otros muchos indicadores, que han provocado en algunos lugares el levantamiento armado de ciertos sectores de la población con el objetivo de ‘defenderse’ y expulsar a los cárteles de sus territorios.

Estos grupos se han autodenominado entonces como grupos de “autodefensas”, como una reacción
frente a las agresiones y que se organizan con un solo objetivo: expulsar al cártel. Es una acción ‘pasiva’ más que ‘activa’.

Por tanto, entenderemos como grupo de ‘Autodefensa’ a un grupo personas, en el ámbito rural o urbano, que se organizan de manera ‘espontánea’, por decirlo de alguna manera, originado por el hartazgo y que de forma armada quieren defenderse de las agresiones del narco. No reivindica ninguna ideología específica, no están en función de construir un proyecto político, no pretende derrocar al gobierno, no busca ampliar su zona de influencia más allá del propio territorio que le están amenazando. No es una guerra continua, permanente, sino de acción-reacción y mecanismos de protección. No se declaran en ‘guerra’ contra los cárteles.

Los grupos de ‘autodefensa’ actúan ante la ‘pasividad’ del estado, la impunidad y la ausencia de las instituciones. No son parte de la estructura del Ejército ni de la policía, ni éstos los entrenan o arman, pero para defenderse lo hacen pese a ellos. Connotan legitimidad y acción positiva por el hecho de defender su vida y hacerle frente a la violencia. Por eso hasta los ‘malos’ usan el concepto.

Los grupos de autodefensa pueden estar conformados por ganaderos, transportistas, productores, generadores de servicios, profesionistas, ex guerrilleros, colonos, organizaciones campesinas, indígenas o urbanas, el ciudadano de a pie, líderes comunitarios, organizaciones gremiales, vecinos y todo aquél que se suma para defender el territorio amenazado por el narco que viola mujeres, roba bienes muebles e inmuebles, cobra piso, extorsiona, entre otras acciones violentas que ya hemos descrito anteriormente. A mayores expresiones de autodefensa más indica que el estado está rebasado, que es parte o cómplice de la violencia o que sus estrategias para garantizar la seguridad no son eficaces.

Consideramos que pocas expresiones de “autodefensa” han sobrevivido. Más temprano que tarde han colapsado y ante la pérdida de rumbo navegan según ciertos intereses. Puede ser que también hayan sido cooptados por el Ejército, la policía o el mismo narco, ya que no tienen un proyecto alternativo a largo plazo qué defender y sucumben en un corto tiempo.

Los grupos de autodefensa no cuentan con financiamiento, aunque algunos que se cuelgan el mote controlen las remesas para la compra de armas, municiones o droga. Las autodefensas no les une más que el hecho de defenderse, no tienen proyectos o cosas en común más que el hartazgo. Pese a ello, nunca a nadie se le ocurrió decir que en algún rincón del país se está al borde de una “guerra civil”, como algunos grupos afirman que sucede en Chiapas y en Guerrero quieren adoptarlo. A nadie se le ha ocurrido decir que el gobierno federal esté armando grupos de autodefensa en la lógica de la contrainsurgencia, como lo fueron las Patrullas de Autodefensa Civil en Guatemala.

Una de las ambigüedades estriba en que cualquiera que se auto defiende de un enemigo se les llama o se autodenominan ‘autodefensa’, ya sea narco, civiles desarmados o ‘paramilitares’. O sea, todos se defienden del otro, ya sea el ‘bueno’ o el ‘malo’. Y como es legítima la autodefensa a cualquiera le sirve de justificación para bañarse de ‘bueno’. Ello significa que no es ‘guerra’, sino ‘autodefensa’, asociada a lo legítimo y positivo. Veamos algunos ejemplos.

En Guatemala, el gobierno y su ejército crearon las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) a principios de la década de 1980 como una fuerza paramilitar contrainsurgente. Al llamarles ‘autodefensa’ y ‘civil’, se pretendió también darle una connotación e imagen positiva. Las PAC provocaron tanta violencia y dolor al pueblo guatemalteco cuando se implementó la política de ‘tierra arrasada’ que exterminó a mucha población por medio de terribles masacres y persecuciones. Se le llamó ‘tierra arrasada’ y ‘exterminio’ y no ‘guerra’, quizás porque las comunidades indígenas violentadas huyeron a México sin enfrentarse de forma armada contra el Ejército y sus PAC’s.

Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se les identificó como una organización paramilitar, narcotraficante y contrainsurgente de extrema derecha que operó durante el ‘conflicto armado interno’, que no se identificó como ‘guerra civil’, entre 1997 y el 2006. Luego revivieron y se les denominó grupos ‘neo paramilitares’, entre ellos las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (Clan del Golfo), siempre ligados al narcotráfico.

En El Salvador surge en 2015 un grupo de ‘autodefensa’ en el Departamento de San Vicente integrado por ex combatientes de la ‘guerra civil’ librada entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la dictadura entre los años 1979 y 1992. Este grupo pretendió el reconocimiento oficial para combatir a pandilleros, maras, narcotráfico y asesinatos. En el siguiente Escaramujo hablaremos del concepto de la ‘guerra’ y ‘guerra civil’.

En Panamá, desde 1997 se identificaba a las “Autodefensas Campesinas” y “Brigadas de Autodefensa” como grupos paramilitares muy violentos ligados a los cárteles de la droga, quienes asesinaban, violaban y pretendían el control del paso del Darien.

O sea, los conceptos ‘autodefensa’ como ‘paramilitar’ se usan indiscriminadamente y cada quien a su favor y según convenga. No existe una definición consensuada, lo que no implica el rigor de caracterizarlo a la hora de elaborar los propios análisis e informes sobre la situación en Chiapas.

En México, las ‘policías comunitarias’ fueron legales desde el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934- 1940). Sin embargo, fue hasta poco antes, durante y posterior a la ‘guerra sucia’ de la década de 1970, que la falta de procuración de justicia, la impunidad hacia los pueblos indígenas y con total ausencia del Estado de Derecho, agudizó la inseguridad y el incremento de los delitos en la Región de la Montaña-Costa Chica del estado de Guerrero.

En las masacres en Guerrero siempre han estado vinculados el Ejército Mexicano y fuerzas policíacas. Desde la primera matanza ocurrida durante el proceso electoral en 1952, luego la matanza de estudiantes en 1960 que exigían respeto a la autonomía universitaria, y otra matanza más en 1962 contra la Asociación Cívica Guerrerense (ACG) quienes fueron víctimas de persecución, detenciones, allanamientos y más asesinatos.

En 1967 el Ejército masacra a padres de familia en Atoyac de Álvarez que protestaban frente a la escuela y fue cuando Lucio Cabañas huye a la sierra y funda el Partido de los Pobres. Es asesinado posteriormente en 1972. En ese mismo año, el conflicto en el sector coprero termina en una masacre en Acapulco ordenada por Gobernador del estado.

No podemos olvidar la masacre de Aguas Blancas en 1995. En 1988 el Ejército rodea la escuela en Ayutla de los Libres, donde descansaban autoridades indígenas ñuu savi, y los masacra. En 2014 la terrible desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa presidido de muchos casos de desaparecidos y asesinados.

El Escaramujo 116: CHIAPAS Y LOS GRUPOS ‘PARAMILITARES’

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo

CHIAPAS Y LOS GRUPOS ‘PARAMILITARES’
Y el manoseo conceptual…

Gustavo Castro
Otros Mundos Chiapas
30 de Agosto 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

Diversos analistas, centros de derechos humanos, iglesias, periodistas e incluso organizaciones sociales tanto urbanas como rurales, entre otros actores, usan de manera indiscriminada y como les da la gana los conceptos de ‘paramilitares’ y ‘autodefensas’ con el fin de adaptarlos a sus narrativas favorables en sus diagnósticos coyunturales. Por tanto, se cae en contradicciones. Y es que para un análisis o ‘informe’ adecuados, al menos enmarcar el concepto de lo que se entiende por cada uno de estos términos, es de rigor. (Este artículo está en continuidad con El Escaramunjo 114 y 115).

¿LOS GRUPOS ‘PARAMILITARES’?

El concepto “paramilitar” se usa en todo el mundo de diversas maneras y en diversos contextos, desde las guerras en África, Asia o en América Latina. Se usa de muchas formas, incluso contradictorias. En algunas ocasiones consideramos que el concepto está bien establecido y caracterizado en el análisis, pero en otras pareciera más bien el uso indiscriminado del concepto con el objetivo de justificar una posición política o ideológica, para estigmatizar a un actor o engrosar los argumentos contra el gobierno en turno acusado de ser el autor tras bambalinas de toda agresión.

Se usa también para referirse a un grupo armado delictivo o de narcos, para denostar a una comunidad o colectivo que se organiza para defenderse legítimamente de agresiones armadas, para estigmatizar o desacreditar a cualquier actor o enemigo y esconder el origen de otros conflictos que subyacen en la confrontación.

El concepto lo usan las narrativas de izquierda tanto como la derecha para acusar al mismo gobierno al que ambos se oponen, porque siempre los ‘paramilitares’ estarán asociados al gobierno. Y si esto no se sustenta ni con el sentido común, entonces usar el concepto ‘de corte paramilitar’ ayuda a acercarse al mismo objetivo. Cada quien lo usa a su antojo e interés.

Así, ya cualquiera es ‘paramilitar’, o en su defecto ‘de corte paramilitar’ -o sea que no es paramilitar pero como si lo fuera-. Y esto se presta a mucha manipulación y confusión, porque dependiendo del contexto y a quien se le cuelga el concepto, evoca, provoca y convoca consecuencias distintas, connotaciones distintas.

En el caso de México y específicamente para el análisis de la situación en Chiapas, entendemos por el
concepto “paramilitar” al grupo de civiles conformados, organizados, armados, entrenados y dirigidos
por el Ejército oficial en base a una estrategia definida desde el gobierno central contra la población
inconforme ya sea que esté o no armada.

Los ‘paramilitares’ tienen una estructura interna y ejecutan acciones fuera del marco legal para lograr las estrategias del gobierno central. Sus actuaciones no están reguladas por marcos internacionales en el ejercicio de sus acciones armadas. No son parte formal y oficial de las fuerzas militares y pueden estar integrados por población local, guardias blancas, narcotraficantes, grupos de ultra derecha, sicarios, ex militares, ex policías, o grupos que les une el odio, la venganza o cuentas pendientes contra el sector objetivo de las agresiones violentas que el Ejército o las fueras policíacas no pueden ejecutar por salirse de la legalidad, o para no ser acusados de violación a los derechos humanos.

El grupo ‘paramilitar’ o a veces también llamado ‘para policial’, ‘grupo de choque’ o ‘contrainsurgente’, ejecutan impunemente acciones como desapariciones forzadas, homicidios, masacres, robos, intimidaciones, vigilancia y control, amenazas, desplazamientos forzados, ejecuciones, violaciones sexuales, entre otras acciones. Todo esto en el marco de una ausencia del Estado de Derecho.

Por tanto, el concepto ‘paramilitar’ se usa indiscriminadamente para referirse a cualquier grupo civil armado, a un grupo de Autodefensa comunitaria o a cualquier pandilla. Y podrían serlo solo si están bajo el mando o cumplen la agenda que le marcan las fuerzas militares o policíacas quienes los reclutan, arman y entrenan ilegalmente, y a final responden a la estrategia del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Este fue el marco en que el gobierno mexicano creó varios de estos grupos paramilitares en el contexto del levantamiento armado del EZLN en 1994. Sin embargo, es pertinente preguntarse si aquellos ¿subsistieron?, ¿se mantuvieron?, ¿evolucionaron? ¿se independizaron?, ¿desaparecieron?, ¿son actualmente los mismos?, ¿siguen bajo el mando del gobierno luego de 30 años y 5 gobiernos distintos? Ahora, hay que tomar en cuenta que con el nuevo actor hegemónico ‘narco’ en el escenario territorial, toda otra expresión armada se verá obligada a negociar, replegarse, unirse o defenderse, de ahí las ‘autodefensas’ cuyo concepto también se manosea al extremo.

Durante los primeros seis años del conflicto armado en Chiapas, de 1994 al 2000, especialmente, los grupos ‘paramilitares’ en la entidad proliferaron aprovechando encausar el odio, las rencillas, las divisiones, las venganzas, los desacuerdos entre las comunidades con el EZLN, el racismo de los terratenientes y su frustración de las tierras perdidas en las recuperaciones indígenas en el contexto del alzamiento armado.

En ese momento, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) era el actor político más importante que logró marcar la agenda política y social no sólo de Chiapas sino del país, y centró la atención internacional. Por ello, habría que derrotarlos con todos los instrumentos posibles, entre ellos el impulso del para militarismo y todo grupo que buscara venganza, quienes ejecutaron estrategias contra insurgentes como fueron “Los Plátanos”, “Los Tomates”, “Los Chinchulines”, “Paz y Justicia”, “Máscara Roja”, “Los Chentes”, “Los Petules”, “Los Puñales”, “Los Aguilares”, “MIRA”, “Organización Clandestina Revolucionaria”, entre otros. También hubo otros grupos de guardias blancas comandados por los grandes terratenientes que se les dejó hacer para que abonaran a la estrategia de descomposición y contrainsurgencia.

Como ya hemos visto, en México y específicamente en Chiapas, la mayor violencia que vivimos actualmente es la generada por el narco, y sería muy ingenuo pensar que está orquestada, diseñada y provocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo que por décadas ha infestado las estructuras del Estado.

Pese a lo anterior, para muchos analistas toda acción violenta en Chiapas es actuación de ‘grupos paramilitares’ connotando que es producto de una estrategia deliberada desde la presidencia de la República para destruir principalmente a las comunidades zapatistas. Y eso no se sostiene ni con el sentido común. No solamente porque la mayor violencia desgarradora es la que vive la mayoría de la población urbana y rural, sino que además el conflicto ya no es el mismo de hace 30 años.

Y con todo respeto, el zapatismo no es actualmente el actor que amenace en el territorio chiapaneco el avance de los planes del presidente, mucho menos que sea el actor presente en todo el país por lo que no representa una amenaza territorial ni militar como para que se vuelva un objetivo central a aniquilar, como sí lo fue entre los años de 1994 al 2000. Afirmarlo sería una gran mentira como engaño.

Por ello, cuando el EZLN sea el actor que impida el avance de los proyectos mineros, de las represas, de la palma de aceite, de los aeropuertos y ampliaciones portuarias que implican despojo y profundización del extractivismo, o detenga el avance de los pozos petroleros y ahora las nuevas amenazas que se ciernen en el municipio de Benemérito de las Américas, cuando detengan el avance del Tren Maya, de la súper carretera San Cristóbal-Palenque, del gasoducto costero y la ampliación del ferrocarril por esa región, el avance del Parque Industrial con sus más de 800 hectáreas como plataforma del extractivismo, cuando detenga el avance del programa Sembrando Vida, del programa Jóvenes Construyendo Futuro y otros programas, o la instalación de tanto cuartel de la Guardia Nacional, y claro, por medio de la movilización de un músculo social fuerte ya que ha abandonado la lucha armada, entonces seguramente sí estaría en la estrategia de aniquilamiento gubernamental, sin duda. Pero nada de esto ha pasado. Incluso el gobierno facilita la entrega de credenciales electorales como de Actas de Nacimiento.

Sin embargo, eso no quita que los ya menos que siguen resistiendo, los que no se fueron a los Estados Unidos, los que no salieron de sus organizaciones o fueron expulsados, los que no aceptaron programas de gobierno y construyen alternativas en sus comunidades ya sea de salud, producción, educación o justicia autónomas, con gran heroísmo y admiración por la defensa de su territorio cada vez más acotado, no sean amenaza para el avance y consolidación territorial del narco. Porque el narco se alimenta también de los programas sociales y las remesas.

Como prácticamente todas las regiones están rodeadas por el narco en Chiapas, el apoyo, la solidaridad, el fortalecimiento de las alianzas, la recuperación de los espacios públicos, la organización, la unidad, la ayuda humanitaria, el apoyo a las resistencias, la rearticulación de los movimientos sociales, se vuelven estrategias fundamentales para detener este cerco (en otro momento abordaremos el tema de la ayuda humanitaria en en el contexto de conflictos armados internos).

Consideramos que es necesario ser más finos y responsables en el análisis y evitar posicionarse en la realidad bajo los extremos de gris y negro, como si no hubieran sus matices que, no por ello, son menos importantes para definir la coyuntura actual. Por tanto, consideramos que una crítica al gobierno en un aspecto no implica un rechazo total a todo lo que hace, a menos que se explicite y se compruebe. Y un reconocimiento positivo a una acción gubernamental no significa ser un “Amlover”. En otro Escaramujo abordaremos las claves para leer el gobierno de AMLO. Por lo pronto consideremos algunos aspectos como ejemplos:

Una cosa es considerar que algunos grupos paramilitares de antaño sobrevivieron, se re configuraron, siguen su propia dinámica y luchan por sus intereses territoriales e incluso se liguen con el narco, y otra es afirmar que AMLO está formando grupos paramilitares para aniquilar a los zapatistas.

Una cosa es que el corrupto sistema judicial federal -antiAmlo en muchos sentidos-, libere asesinos quienes fueron paramilitares o narcos, y otra es afirmar que tal acción es deliberada por AMLO para combatir a los pueblos originarios.

Una cosa es considerar que las políticas de gobierno socavan la autonomía y la identidad de los pueblos originarios aunque considere que son para su mejor desarrollo, y otra es considerar que son diseñados por el gobierno federal para su exterminio.

Una cosa es considerar que las políticas de gobierno, los programas sociales y los megaproyectos destruyan territorios, despoliticen a la población rural y urbana, generen clientelismo y corrupción, hagan extender la mano bajo la manga de ricos y pobres, de población urbana y rural, para recibir el dinero gubernamental, y otra es considerar que la estrategia de AMLO solo es acabar con las ya menos comunidades zapatistas.

Una cosa es que el narco esté asesinando y desplazando a miles y miles de personas en la entidad, y otra es concluir que AMLO esté diseñando el exterminio de los pueblos indígenas. Y así, podemos exponer muchos más ejemplos de los discursos y supuestos análisis de la coyuntura que se realizan por diversos actores. Y cabe destacar que muchas veces no son razonamientos malcriados, sino paralogismos, silogismos o entimemas.

Por otro lado, existen conflictos y enfrentamientos violentos en comunidades de Chiapas que se presumen como acciones de paramilitares contra ciertas comunidades, sin embargo, es conocido que existen conflictos internos por la disputa y distribución de tierras que antaño recuperaron cuando estaban juntos, pero ante la división no hay acuerdos sobre la cantidad y los mecanismos de su distribución por parte de quienes se separan de la organización y se confrontan armados. Armados contra armados. Y lo peor, se conocen muy bien. La misma lógica sucede entre los cárteles.

Mientras la Diócesis de San Cristóbal de las Casas afirma que “Chiapas está en guerra”, el EZLN enfatiza que “Chiapas está al filo de una guerra civil”. Por ello, bajo el lema “Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas”, recientemente se realizaron movilizaciones en varias partes del país y del extranjero en apoyo y solidaridad con el EZLN. Sobre todo se centra en la demanda de alto a las agresiones por parte de la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (ORCAO) y como respuesta a la invitación que hicieran 800 organizaciones y más de mil personalidades firmantes que

El Escaramujo 115: CHIAPAS, ¿NARCO O CRIMEN ORGANIZADO?

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

CHIAPAS, ¿NARCO O CRIMEN ORGANIZADO?
Y los anacrónicos análisis…

Gustavo Castro
Otros Mundos Chiapas
Lunes 14 de Agosto 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

Existen muchas perspectivas que explican la situación actual que se vive en Chiapas, violencia descomunal de la cual ya hablamos en El Escaramujo No. 114 y que el Presidente de la República se niega a reconocer ante los medios de comunicación, aunque en la realidad el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas envía cada vez más militares y construye más cuarteles para supuestamente inhibir o detener esta narcoviolencia que va en aumento.

Algunas organizaciones de derechos humanos, la Iglesia Católica, entre otros analistas, construyen narrativas, lecturas, supuestos análisis y diagnósticos de la situación en Chiapas acompañados de afirmaciones como estas: “es una guerra de contrainsurgencia”, “es una guerra del Estado contra los zapatistas”, “estamos al borde de una guerra civil”, “es una guerra del Estado con sus grupos paramilitares”, “es una guerra contra los pueblos indígenas”, entre otras.

Sin embargo, consideramos que muchas de estas afirmaciones se caen por su propio peso y no se sostienen de manera correcta. No se puede hacer un análisis basado en conceptos que se usaron hace 30 años en un contexto diferente al actual. Es necesario crear y recrear estos y otros conceptos. Es necesario hilar más fino ya que un tipo de análisis de la coyuntura desprende acciones y consecuencias diferentes. Actualmente existen nuevos actores, otros han desaparecido o disminuido su influencia, unos se han camuflado y otros han cambiado de bando, otros actores se han fusionado, algunos más se han dividido y ahora se confrontan incluso en el escenario bélico. Las alianzas se han modificado y la correlación de fuerzas ya no es la misma. Por ello, no se pueden concluir las mismas afirmaciones y eslogan que hace décadas ayudaron a diagnosticar la situación en Chiapas. Pese a todo lo anterior, algo sí es constante: la lógica de la acumulación incesante de capital. La disputa y el control por el territorio sigue siendo la misma, elemento clave para comprender los acontecimientos actuales.

Como ya hemos mencionado, muchas organizaciones no solo fuera del estado de Chiapas sino del país, han asumido una narrativa y un análisis anacrónico y se estancan en los conceptos. Esto ya se ha visto en otros contextos. Hoy no podemos evaluar ni analizar la situación de la Nicaragua actual con la de los inicios de la Revolución Sandinista. No se puede leer la situación actual de Venezuela desde el contexto de Hugo Chávez, por poner tan solo unos ejemplos. Cabe destacar que, cuando se alerta sobre ello y se rompe con esta narrativa, aquellos sectores encapsulados desde el análisis del pasado llaman ‘traidores’ a quienes desafían las narrativas que no se permitían dislocar, y quien lo hiciere, merecida guillotina política y social. Aunque en algunos casos se llegó a las descalificaciones y las amenazas. Así, los que criticaron desviaciones de los procesos revolucionarios en El Salvador, Guatemala o Nicaragua, el ostracismo político fue lo menos. Lo mismo latenta en Chiapas desde hace años.

México, y en específico Chiapas, no son la excepción. Ciertamente a partir de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) modificó la coyuntura nacional y la correlación de fuerzas. Aunque su presencia militar solo se ubicaba en Chiapas y la guerra duró 12 días, modificó las piezas en el tablero político del país, logró imponer la agenda nacional, logró articular alianzas locales, nacionales e internacionales, y fue el actor capaz de mover el escenario del Congreso de la Unión a una comunidad indígena en su territorio bajo la lógica de la negociación. El EZLN logró que el país soñara en que el cambio era posible y fue el actor político más importante en la década de los 90’s. Pero el gobierno violentó el proceso de paz, provocó una gran violencia y militarización, administró el conflicto, creó grupos de paramilitares e hizo todo lo posible por romper el proceso de paz y de la negociación, cuyo escenario iba perdiendo, para regresarlo al escenario que podría controlar: el Congreso de la Unión y los partidos políticos. De 1994 al año 2000, seis años fueron los que duró un proceso que transformó las consciencias en el país, hasta el rompimiento del diálogo. Pero esto, ya pasó.

Así, durante muchos años se mantuvo un análisis bajo los mismos patrones, eslogan y axiomas inamovibles: los zapatistas son muchos, controlan muchos territorios, es un ejército fuerte, todos los gobiernos quieren acabarlos porque son un gran estorbo a sus proyectos de nación, detienen y obstaculizan la construcción de obras y proyectos importantes, están solos pero al mismo tiempo todos estamos con ellos, cada acción violenta de los que son víctimas proviene del gobierno y sus estrategias de contrainsurgencia, todo grupo armado son paramilitares del gobierno, entre un largo etcétera de narrativas acompañados con vítores a toda iniciativa con supuesto “impacto nacional e internacional”. Sin embargo, entre pasillos más de uno ya no lo sostiene. La evidencia es ya tan obvia que no se puede ocultar la realidad que incluso sale a la luz en la prensa, en las reuniones y espacios de encuentros y análisis. Sin embargo, todavía existe cierta presión social a no romper con esta narrativa so pena de ostracismo político. Mantener la misma narrativa no ayuda a nadie y analizar la situación desde otros parámetros no es ‘traicionar’ a las comunidades zapatistas ni sus esfuerzos heroicos por crear alternativas de vida al capitalismo, procesos propios de salud, de educación, de justicia, de vida digna de admiración y gratitud, como otros muchos esfuerzos en el ámbito rural y urbano.

¿NARCO O CRIMEN ORGANIZADO?

Es evidente que ya no se puede analizar la coyuntura sin la perspectiva del actor “narco”, o para otros del llamado “crimen organizado” que irrumpe en todos los escenarios de la vida, aunque no de manera espontánea ni de un momento a otro, sino como un proceso que ha ido creciendo a lo largo de los años. Sin embargo, preferimos llamar “narco” a este actor, porque existen muchas formas de “crimen organizado”, de organizarse para cometer un crimen, que puede ir desde una pandilla callejera hasta las llamada “estafas maestras” o de “cuello blanco” por parte de banqueros, políticos y/o empresarios y que se manifiestan por todo el mundo, incluso en los países llamados ‘desarrollados’ donde sus bancos lavan el dinero del capitalismo informal. Así, el “narco” visibiliza el sujeto que compite por la apropiación y acumulación del capital aunque sus negocios ya van más allá de la producción, trasiego y venta de estupefacientes, y se comportan como una empresa trasnacional con negocios en muchos países del mundo en el marco del capitalismo informal.

Desde hace décadas hasta hoy, el narcotráfico siempre ha estado en vinculación con la clase política, y por lo menos presente en México desde hace 100 años cuando en la década de 1920 surge la primera generación de narcos, años de la bonanza económica en Estados Unidos. Es Ignacia Jasso, La Nacha, una de las primeras grandes narcotraficantes que controlaba los negocio en Chihuahua. También el militar y empresario Abelardo L. Rodríguez, quien fuera posteriormente el último presidente del Maximato (1932-1934), originario de Sonora y ligado con los negocios ilícitos en los EEUU. Consiguió fondos para las actividades militares provenientes del tráfico de opio, prostitución, tráfico de alcohol, casinos, entre otros giros, en medio de una corrupción galopante. Rodríguez fue gobernador de Sonora y de Baja California, secretario de Guerra y Marina y secretario de Industria, Comercio y Trabajo. Para algunos historiadores fue el primer “presidente narco”.

Sin embargo, nada que ver con lo que existe ahora. Esta vinculación político-narco-empresarial ha ido fusionándose paulatinamente a lo largo de los últimos 100 años. Por ello, exigir a cualquier gobierno, sea del partido o tendencia que fuere, que erradique en uno, dos o tres años esta tendencia de narcoviolencia, es más que ilusorio, por decir lo menos, sino que es irresponsable y peligroso hacer el análisis desde esta posición política. Es necesario tener una visión histórica para entender el presente y las tendencias a futuro. De lo contrario, no extraña escuchar en la misma izquierda discursos de odio peor que los académicos, periodistas o medios de comunicación de derecha, acusando al gobierno de no hacer nada frente a la narcoviolencia. El problema es mucho más complejo. Y preferimos decir ‘narcoviolencia’ que solamente ‘violencia’ para no ocultar al actor principal que provoca tanto sufrimiento en el país. Alimentar, crear, facilitar o ser parte del mismo ‘sistema narco’ no es lo mismo a no saber qué hacer para combatirlo, o si lo que se hace es lo atinado, correcto y eficaz.

EL AVANCE DEL NARCO

Al inicio de las políticas neoliberales con el presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) se fueron fortaleciendo las condiciones para que el narco tomara más poder en las estructuras del Estado. Pero sobre todo a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1998-1994), involucrado en las redes del narcotráfico, es quien abre el territorio a los narcos con la modificación del Artículo 27 Constitucional para despojar a los campesinos e indígenas del 52% del territorio del país compuesto por Ejidos y Bienes Comunales. Por otro lado, el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) agudizó la pobreza. Miles de campesinos e indígenas abandonaron sus tierras y migraron con más intensidad. El gobierno mexicano además de la privatización de la propiedad colectiva, eliminó los subsidios a los productores así como los mecanismos de comercialización, abrió las fronteras a la importación agropecuaria altamente subsidiada de Canadá y Estados Unidos; eliminó los precios de garantía, el control de los precios de la canasta básica y los aranceles. El desempleo y la falta de oportunidades para los jóvenes aumento y fueron rehenes del narcotráfico y sus ‘halcones’. En términos generales son algunas de las condiciones, entre otras muchas, que facilitaron el proceso de mayor presencia del narco en los territorios.

Otro elemento que abona al fortalecimiento de los cárteles es el supuesto fin de los conflictos en Centroamérica una vez que las guerrillas de El Salvador, Nicaragua y Guatemala logran acuerdos de pacificación’ en la región, momento que es aprovechado por Vicente Fox para lanzar el Plan Puebla Panamá (PPP) y que ahora consolida AMLO, así como el arraigo de Genaro García Luna en su gobierno. Los Kaibiles guatemaltecos engrosaron las filas del narco. Los Acuerdos de Libre Comercio en la región, el PPP y otros acuerdos multilaterales generaron mayor pobreza, abandono del campo y provocaron un aumento de la migración hacia los EEUU. Así, el narco se incrustó más en los territorios y en las altas esferas del poder político en la década del 2000.

El vaciamiento del campo se fue dando desde el norte y centro del país con una fuerte migración hacia los EEUU y poco a poco cada vez más desde el centro y el sur sureste, lo que impulsó una política norteamericana de detener el flujo migratorio, reforzar la frontera y evitar con un muro que los pobres que generaban sus políticas llegaran a su territorio. Es aquí que el narco encuentra otras posibilidades. No sólo de considerar a México como territorio de paso para la venta de su droga en el mayor de los mercados mundiales, en EEUU, sino convertir a México en consumidor. ¿Para qué traer tanta droga desde Colombia si la pueden producir en México ahora que los campesinos ya no les es rentable competir con las grandes transnacionales? ¿Para qué buscar tanto consumidor en EEUU si existen millones de consumidores mexicanos potenciales?

El narco impulsó el consumo en México y los cárteles iniciaron la pelea no sólo por disputarse corredores de tráfico sino los clientes. Regalaron drogas en las escuelas, agudizaron la adicción entre la población joven. Esto atrajo la necesidad de mayor producción y qué mejor que en un país devastado en el campo y cuya población necesitaba de recursos. Por convencimiento, conveniencia o amenazas, muchos ejidatarios y comuneros iniciaron la siembra de estupefacientes. Este cáncer se fue prolongando del Norte al Sur del país, paulatinamente. Tres frentes de lucha se agudizan entre los cárteles de la droga: rutas del trasiego de la droga, territorios de siembra y nichos exclusivos de clientes consumidores. Esto no se puede lograr sin el contubernio de los tres niveles de gobierno, políticos, empresarios y militares corruptos. Por ello, requirieron el apoyo de las estructuras del estado y lograron comprar a jueces, magistrados, policías, presidentes municipales, miembros del Ejército y la Marina, gobernadores, funcionarios públicos de todos los niveles e instituciones, y hasta presidentes. Un ‘narco-estado’. También necesitó del reclutamiento de jóvenes para engrosar las filas de los “halcones” y de comunidades como ‘bases de apoyo’. La década del 2000 fue la decena trágica de muertos, desaparecidos, corrupción infinita, violencia nunca antes vista y que con los años se agudizó. La diversificación de los negocios del narco es tal, que legalizar el consumo de la cannabis ya resulta una medida insignificante para detener el crecimiento de este actor.

Como ya hemos dicho antes, desde décadas atrás observamos cómo la clase política neoliberal y tecnócrata contra quienes el movimiento social luchaba, entregaron a la clase empresarial diversos sectores de la economía. Incluyó a la lógica del mercado los bienes comunes naturales y culturales, así como la responsabilidad de garantizar los derechos humanos a las empresas, convirtiendo todo en mercancía con precio y dueño. Poco tiempo después, ambos sectores, político y empresarial se fusionarían y los empresarios no sólo influyeron en los diversos niveles de gobierno para adecuar las políticas y las leyes a sus intereses, sino que ellos mismos arribaron al poder. Por ello cambiamos de un Modelo Neoliberal a un Modelo Corporativo que todavía no logran entender muchos analistas y se quedan en la antesala de lucha contra el poder corporativo o del llamado asalto corporativo a las estructuras del Estado. Esto genera otro paradigma de modelo de Estado y de modelo económico. Los empresarios luchan por llegar al poder, adueñarse de las estructuras del Estado y gobernar para sus intereses. Sucede en las estructuras internacionales, multilaterales, como el caso de la Organización de las Naciones Unidas y todo su andamiaje controlado y financiado por las grandes corporaciones transnacionales. Pues lo mismo sucede con el narco, y ahora observamos la fusión de los tres sectores: el político, el empresarial y el narco.

¿EXISTEN LOS ‘CÁRTELES’?

Algunos analistas afirman que no existen los “cárteles”, sino ‘grupos de crimen organizado’ lo que nos parece incorrecto. Entendemos por cártel a una organización ilegal de personas, criminal, con estructura propia, armada, con presencia significativa y determinante en la vida social, política y económica de un territorio o “plazas”, cuyo principal motor que les da origen es el narcotráfico, pero sus negocios se ramifican en todos aquellos que les aportan más poder y grandes sumas de ganancias.

En Europa se les llama ‘Mafias’, en Japón les llaman ‘Yakuza’, ‘Trída’ en China o ‘Bratva’ en Rusia. Independientemente de ello, la lógica es la misma: poder, acumulación de capital y control del territorio como aquí lo definimos. Sus negocios en el “capitalismo informal” van desde el tráfico de drogas, autos robados, armas, trata de personas, extorsión, lavado de dinero, falsificación de tarjetas de crédito y todo tipo de productos, prostitución, casinos o asesinos a sueldo, tráfico de indocumentados, control de la producción agropecuaria o de las actividades extractivistas, extorsión, ‘huachicoleo’, cobro de pisos, secuestros, control de puertos y aeropuertos, entre otros muchos giros que ramifican sus delitos de manera alarmante. Su presencia se extiende más allá de sus territorios nacionales, por lo que conforman empresas trasnacionales del capitalismo informal.

Por tanto, las acciones criminales que se registran en Chiapas y en todo México, requieren de una enorme organización y logística, de sus redes de comunicación, financiamiento, control y mayores ganancias. Como en la lógica empresarial, el pez grande tiende a comerse al pez chico o al menos controlarlo. Esta es la misma lógica entre los cárteles grandes y los medianos y pequeños cárteles (Pymecs). Hay que diferenciar entre los grandes cárteles y los grupos pequeños de narcos fruto de escisiones, así como de otros grupos delincuenciales. Al final de cuentas, éstos no tienen más opción que doblegarse al cartel mayor que controla el territorio, negociando o compartiendo intereses y ganancias.

Así, la competencia entre ellos se lleva a cabo en escenarios informales e ilegales, se disputan los territorios con grandes enfrentamientos armados. Por tanto, sí hay cárteles en Chiapas que se disputan los territorios en base a una ‘narcoguerra’. Y es que hoy por hoy, la mayor confrontación armada y violencia generada (asesinatos, colgados, masacres, desplazamiento forzado, etc..), se da entre los cárteles y de éstos contra la población, de ahí la ‘narcoguerra’ y ‘narcoviolencia’ como lo hemos constatado en El Escaramujo No. 114 . Y esta narcoviolencia es contra toda la sociedad, rural y urbana, campesina e indígena, afecta a todos los estratos sociales. No es ni siquiera entre el gobierno en turno y el narco, ni entre el gobierno contra los movimientos sociales, o contra los campesinos, o contra el magisterio o los periodistas, o contra los indígenas o contra los zapatistas que resisten al capitalismo de manera aislada pero heroica. Existen casos graves, pero no es la tónica en el mapeo estatal y nacional.

EL CONTROL POR EL TERRITORIO: EMPRESAS vs NARCO

Las empresas han ido dominando por años el “Territorio”, que es una de las principales disputas con los movimientos sociales, campesinos y pueblos originarios. Y nos referimos al ‘Territorio’ en sentido amplio. Un control del territorio físico, adueñándose de grandes extensiones de tierras para una infinidad de megaproyectos, entre los que se encuentran los proyectos mineros, represas hidroeléctricas, explotación de petróleo y gas así como de su infraestructura que va desde gasoductos, oleoductos, regasificadoras, refinerías, puertos, aeropuertos, parques eólicos, centros turísticos de élite, supuestos ‘polos de desarrollo’, entre otros proyectos de ingentes consecuencias sociales y ambientales. Pero la lista no termina aquí, nos topamos también con los grandes monocultivos agroindustriales como la palma de aceite, de soja y de maíz transgénico, o parques industriales, mega-granjas porcinas, camaronícolas y de todo tipo centralizado de producción y desplazando pueblos o creando economías de enclave. También otros giga proyectos como el Tren Maya o el Canal Interoceánico. Pero la lucha por la apropiación del territorio físico no es todo.

En el territorio legal y jurídico han logrado instalar sus intereses en lo local, nacional e internacional asegurando sus inversiones con los Tratados de Libre Comercio y los Tratados Bilaterales de Inversión. Se controló el aparato judicial y dependencias del estado como SEMARNAT, CONAGUA, PEMEX, CFE, entre otras que encabezan las instituciones más corruptas del país, desde donde se entregaron concesiones a diestra y siniestra a grandes trasnacionales de energía y farmacéuticas, por mencionar algunas.

En el territorio económico han logrado desplazar a la competencia en una lucha encarnizada para fusionar, comprar o hacer quebrar al oponente centralizando el poder en las grandes Corporaciones Trasnacionales. El territorio político también ha sido cooptado en la medida en que los empresarios han accedido al poder político electoral ganando elecciones, de los cual hay infinidad de casos. En el territorio cultural las empresas han logrado que el consumismo reine en la sociedad. Todo ello en medio de ilegalidades, trampas, competencias desleales, subsidios, desacato a resoluciones judiciales, desplazando comunidades, empobreciendo a los pueblos, agudizando la dependencia, con evasión de impuestos, robos, corrupción, hasta asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos, del medio ambiente y periodistas. Por ello le llamaremos “Capitalismo Formal”, que no “Legal”, frente a lo que consideramos el “Capitalismo Informal”, que no “Ilegal”, porque ambos lo son.

Aquí es donde entra el “narco”, porque su lógica es la misma lógica del “empresarial formal” en cuanto a la acumulación de capital, y que al igual que las empresas se van diversificando y apropiándose de los territorios. El narco es otro actor empresarial trasnacional. Es un actor muy voluble, que cambia con una rapidez impresionante como la misma Bolsa de Valores, como las mismas empresas. Esto significa que mañana hay dos cárteles, pasado tres, luego veinte y posteriormente cinco. Cambian, se fusionan, se traicionan o se matan. Así, el narco es un actor “empresarial informal” dentro del sistema capitalista que modifica la estructura y el escenario socio político y socio económico en el territorio donde asienta sus intereses. Este ‘capitalismo informal’ le está disputando la acumulación de capital al ‘capitalismo formal’.

Chiapas se encontraba blindado hasta cierto punto por varias razones. Una, porque el 65% del territorio estatal es propiedad colectiva, son Ejidos y Bienes Comunales, lo que implicó un cierto nivel de control territorial mediante sus Asambleas y otros mecanismos de gobernanza local y por dinámicas productivas y actividades colectivas. Otra razón es el número de organizaciones campesinas e indígenas cafetaleras, maiceras, o con diversas agendas reivindicativas que les otorgaba cierta fuerza de presencia y movilización en los territorios. Y una más, aunque no son las únicas, es que el EZLN mantenía otros controles territoriales donde se incluía expresamente la prohibición de siembra, tráfico y consumo de estupefacientes en las zonas de influencia zapatista. Sin embargo, la crisis llegó a Chiapas. Por diversos factores todos estos sectores se vieron debilitados con el tiempo. Y esto no es ninguna novedad aunque a algunos les de pavor pensarlo, aceptarlo y menos decirlo. Los grupos armados pululan por todos los rincones del estado.

CONCLUSIÓN

La mayor violencia en México y específicamente la terrible violencia en Chiapas proviene del narco, bajo la lógica del enfrentamiento entre cárteles, que afecta a todos los sectores tanto urbanos como rurales, y a todos los estratos, tanto pobres como ricos. Se han infiltrado en las estructuras del Estado, en los partidos y está accediendo directamente al poder político municipal y de los núcleos agrarios. Desde la lógica del capitalismo informal disputan los territorios y la acumulación de capital al capitalismo formal.

Hasta el momento el EZLN ha renunciado al uso de las armas para defender sus territorios donde ya pululan los grupos armados de los narcos, donde han visto reducido su influencia en los territorios y con débiles alianzas locales. Actualmente no es el actor que aglutina a las fuerzas sociales ni marca la agenda como en 1994 al 2000. El conflicto no es ‘zapacéntrico’ como lo fue en sus tiempos porque la violencia sí se explicaba en función de la fuerza político y social zapatista, pero ahora la complejidad es distinta. Otra cosa es que no nos guste para nada las políticas y supuestas estrategias del gobierno actual para detener esta narcoviolencia. Y otra cosa es que las políticas sociales del gobierno federal dividen y despolitizan a los movimientos sociales, a los colectivos, organizaciones, comunidades indígenas zapatistas o no zapatistas, resistencias urbanas o suburbanas, etc. En la siguiente entrega de El Escaramujo hablaremos de la ‘guerra’, de los ‘paramilitares’, de los ‘grupos de autodefensa’ y otros conceptos para diagnosticar la situación actual de Chiapas.

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Algunas Fuentes:

El Escaramujo 114: ¿QUÉ PASA EN CHIAPAS?

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

¿QUÉ PASA EN CHIAPAS?
La violencia que niega AMLO

Gustavo Castro
Otros Mundos Chiapas/
Lunes 17 de Julio 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

Fuera de Chiapas y de país se preguntan sobre lo que actualmente sucede en el estado de Chiapas. Aquí trataremos de ofrecer una serie de hechos en los últimos tres años que, lejos de ser exhaustiva, da una idea de la magnitud de la violencia en el estado. No son todos los hechos, ni están en orden cronológico ni de importancia por su impacto. Son hechos recopilados por testimonios o ampliamente difundidos por las redes sociales y otros medios de comunicación por lo que pueden ser verificados.

Los hechos violentos en la entidad reflejan el grave error del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el sentido de negar la violencia terrible en el estado de Chiapas.
Por otro lado, es cierto que la violencia en el estado todavía está lejos de los indicadores de violencia que se viven en otros estados del país desde hace años y que no reciben el mismo eco de gravedad.

Sin embargo, también son inadecuados los análisis que han esgrimido ciertos grupos en el sentido de que existe una “guerra civil”, o el uso de conceptos anacrónicos o generalizados para elaborar el diagnóstico del estado como “grupos paramilitares”, “guerra de contra insurgencia”, o que toda la violencia desatada se explica en función de una estrategia del gobierno contra las comunidades zapatistas. Más adelante diremos por qué.

La pandemia del COVID-19 en el 2020 marcó una línea que devela sorpresivamente lo que ya se fermentaba desde muchos años atrás y que marca un antes y un después. Evidencia el olvido de las instituciones de gobierno, la impunidad por décadas acumulada, la pobreza, los estragos de los Tratados de Libre Comercio en la región y la corrupción, entre otros muchos factores que son necesarios integrar en un análisis complejo.

LOS INDICADORES CHIAPANECOS

Algunos indicadores de la presencia del narco en los territorios, su influencia, poder y consecuencias a todos los niveles que se presentaron en el resto del país desde hace mucho tiempo, se veía lejos que se dieran en Chiapas. Y si se daban algunos de estos indicadores en la entidad se analizaban de manera aislada a inicios de la década del 2010, o al menos se pensaba que los acontecimientos fundamentales de la coyuntura no las marcaba en última instancia la lógica del narco. Sin embargo, diez años después revienta repentinamente a los ojos de la sociedad chiapaneca y de la opinión pública nacional e internacional una violencia vinculada al narco. Es hasta el 2020 pospandémico que la realidad cae como un balde de agua fría. Se hace mucho eco porque es “Chiapas” y lo que ha representado políticamente años atrás. Pero, lamentablemente, hechos peores ya se registraban en el resto del país como decapitados, ahorcados en los puentes, enfrentamientos con tanques o bombas con drones que ya usaban los cárteles, por mencionar algunos ejemplos.

Favorecidos por el enclaustramiento de la sociedad como política gubernamental a partir del 2020, provocado por el COVID-19, la presencia del narco se hace más patente y enraizada en los territorios de la entidad al salir de casa y abrir los espacios e instituciones públicas. En tan solo tres años, los indicadores de la violencia y presencia del narco en Chiapas son ahora más que evidentes, y avanzan a ritmos muy acelerados acercándose cada vez más a otros estados.

Actualmente en Chiapas, en casi todos los municipios del estado, existe tráfico, consumo y siembra de droga. Cada vez se observa más a niños y adolescentes ebrios y drogados. Los conflictos entre comercializadores de droga por ganar clientela y control territorial llega hasta los enfrentamientos armados y asesinatos. Las organizaciones que antaño lograron recuperar tierras, ahora divididas se confrontan armados por repartirse los territorios con saldos de muertos y desplazados, situación que los grupos criminales capitalizan. Pululan las armas y los depósitos de alto calibre en diversos puntos de la entidad. Hay miles de desaparecidos y otros tanto que no se ha informado por el miedo a las amenazas de los cárteles. La reciente irrupción de los desplazados y desaparecidos, así como la violencia desatada, no permite calcular adecuadamente su magnitud, sin embargo, podemos asegurar que son miles y miles. Ya inicia de igual manera la conformación de los colectivos de víctimas en búsqueda de sus familiares desaparecidos. Los negocios que se niegan a pagar el cobro de piso son asaltados con violencia o quemados.

Se han visibilizado más o han aparecido nuevos grupos armados en la entidad, y se han registrado fuertes enfrentamientos entre ellos, pero también contra el Ejército y la Guardia Nacional, en municipios como Ocosingo, Altamirano, Aldama, Chenalhó. Pantelhó. Chilón, Palenque, Las Margaritas, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Tuxtla, Tapachula, Venustiano Carranza, Teopisca, Tenejapa, San Andrés Larráinzar, Benemérito de las Américas, Tonalá, Pijijiapan, Tila, Sabanilla, Chapultenango, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Oxchuc, Huixtán, Motozintla, Siltepec, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Cintalapa, La Concordia, Tonalá, Tzimol, entre otros.

A nivel nacional, de 2006 a 2023 fueron detectadas 5,455 fosas clandestinas (de éstas, 2,710 fueron registradas de 2018 a mayo de este año). La mayoría en entidades como Veracruz (324), Tamaulipas (402) y Guerrero (260). Y aunque Chiapas no aparece en los primeros lugares con la mayor cantidad de fosas clandestinas, de 2018 a la fecha, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) reveló que se han detectado al menos 10; tres de éstas en Comitán, una de las ciudades del llamado “triángulo de la muerte”. En Tuxtla Gutiérrez se han encontrado tres, y una en los municipios de Chiapa de Corzo, Mezcalapa, Tapachula y Tuxtla Chico. Esto es lo que oficialmente se reconoce y se ha encontrado, pero seguro hay muchas más.

Se han encontrado también cuerpos desmembrados en bolsas como en el municipio de Ocozocoautla, granadas en el ayuntamiento de Berriozábal, enfrentamientos armados entre cárteles en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Comalapa y La Trinitaria. Mientras, las Madres en Resistencia en Chiapas siguen marchando en la capital de Tuxtla Gutiérrez exigiendo la aparición con vida de sus hijos. Se denuncian reclutamientos de varones por parte del narco, desaparición de mujeres y más feminicidios. Tráfico de niños, etnoprostitución, robo de autos, lavado de dinero, cobro de pisos en muchos municipios como Tuxtla, San Cristóbal, Comitán, Tapachula, etc. Los principales lugares de desaparición son Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Comitán y Palenque. También se registran levantones, secuestros y extorsiones.

En regiones como en el sur de la entidad los maestros abandonan las plazas y las escuelas por el miedo a la violencia desatada por la disputa del territorio entre el Cártel Jalisco Nueva Generación /CJNG) y el Cartel de Sinaloa (CS). Muchas comunidades donde los cárteles se disputan los territorios están ya vacías o sus pobladores van migrando a otros municipios de manera goteada. En otros lugares los pobladores venden sus tierras ante la imposibilidad de enfrentar la violencia y el cobro de piso.

En el municipio de Las Margaritas se enfrentaron los cárteles durante horas lo que provocó el éxodo de muchos pobladores a la montaña y a otros municipios. En el municipio de Bochil, decenas de estudiantes de nivel medio fueron hospitalizados de urgencia al presentar graves síntomas que ponían en peligro su vida causado presuntamente por el envenenamiento del agua con fentanilo. En Cancuc un indígena se ahorcó al no encontrar droga que paliara su ansiedad luego de regresar del norte donde muchos migrantes consumen drogas, entra ellas el cristal, para aguantar más las jornadas laborales y poder enviar así más dinero a sus familias. En el mes de mayo del presente año, la población indígenas ch’ol del municipio de Sabanilla estableció un toque de queda y, armados, expulsaron al narco del municipio donde ya operaban los narcomenudistas. Sin embargo, solicitaron la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército ya que consideran que no podrán solos contra el cártel. Del otro lado de la entidad, se registran balaceras y la quema de la comandancia policíaca en el municipio de Pichucalco.

En 2001, casi 60 inmigrantes murieron y 105 resultaron heridos al volcarse un trailer cerca de Tuxtla Gutiérrez que los transportaba hacinados. Pero en mayo del 2023 las autoridades volvieron a interceptar y rescatar a 175 personas migrantes, incluyendo 30 menores no acompañados, que viajaban del mismo modo en otro trailer. Y es que el negocio del tráfico de indocumentados implica ya unas ganancias estratosféricas por lo que el control de esta actividad también es disputada por los cárteles. Recordemos que desde el 2018 que inicia la oleada masiva de migrantes de Centroamérica y otros países por el territorio Chiapaneco, se convierten en un botín para el crimen organizado.

Por ello, Chiapas es la entidad con mayor crecimiento de ingresos por remesas que ha pasado de 222 millones 772 mil dólares en el primer trimestre de 2019, a 958 millones 111 mil dólares en el mismo periodo de 2023. En 2019 Chiapas ocupaba el lugar 14 de mayor movimiento de remesas, y en los últimos cuatro años pasó al cuarto lugar, detrás de los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, quienes encabezaron la mayor migración entre 1990 y 2010. Por otro lado, se registran en algunos municipios el cobro a las familias receptoras de remesas por parte del narco, o su condicionamiento para la compra de armas y municiones. En otras palabras, las remesas también financian al narco.

El Escaramujo 112: DICCIONARIO POPULAR AGRARIO

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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En México, para la instalación de Megaproyectos de todo tipo, el gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como las empresas, tienen que pasar por los núcleos agrarios que en el país representa la propiedad colectiva en poco más del 50% de todo el territorio mexicano. Por ello, para la defensa de la Tierra y el Territorio, los núcleos agrarios tienen otra herramienta legal basada en el buen uso de la Ley Agraria que por lo general los propios ejidatarios y ejidatarias, comunero y comuneras, pocos los han leído.

Este Diccionario Popular Agrario está basado en la Ley Agraria y busca facilitar la comprensión e interpretación de los términos legales muy comunes y usados en ella, en las dependencias de gobierno en materia agraria, como lo es el Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria (PA) y los Tribunales Unitarios Agrarios (TUAS). De esta forma, el Diccionario Popular Agrario busca acercar a los ejidatarios, ejidatarias, comuneras y comuneros, así como a toda persona interesada en el derecho agrario, el significado del vocabulario agrario que se usa en la celebración de las Asambleas, en la elaboración de los acuerdos de Asambleas, oficios o solicitudes.
Otros Mundos, A.C.

ABREVIATURAS

  • CEDH: Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas.
  • CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
  • CONAFOR: Comisión Nacional Forestal.
  • CONAGUA: Comisión Nacional del Agua.
  • CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
  • CONVENIO 169 DE LA OIT: Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho de los pueblos indígenas y tribales en países independientes.
  • CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
  • FANAR: Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar.
  • LA: Ley Agraria.
  • LGEEPA: Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
  • LOTA: Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
  • PA: Procuraduría Agraria.
  • PROCEDE: Programa de Certificación y Delimitación de Derechos Ejidales y Certificación de Solares.
  • PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
  • RAN: Registro Agrario Nacional.
  • RETRISA: Reglamento Interior del Tribunal Superior Agrario.
  • RIPA: Reglamento Interno de la Procuraduría Agraria.
  • RIRAN: Reglamento Interno del Registro Agrario Nacional.
  • RRAJA: Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios.
  • SEDATU: Secretaria de Desarrollo Agrícola Territorial y Urbano.
  • SEMARNAT: Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
  • TA: Tribunal Agrario.
  • TSA: Tribunal Superior Agrario.
  • TUA: Tribunal Unitario Agrario

A

Abigeato: robo de animales que requieren acarreo, como las vacas, chivos, borregos, etcétera.
Actor: persona que presenta una demanda.
Accesión: modo en que el propietario del suelo adquiere la propiedad de todo lo que quede unido o crezca en su suelo, ya sea de forma natural como un nuevo árbol o frutos, o el producto de una cosecha.
Achuramiento: forma de representar en un plano de núcleos agrarios, con un rayado diagonal, las áreas donde hay un problema entre colindantes, terrenos excedentes y especiales. Surgió con el PROCEDE.
Acciones series “T”: es la aportación de tierras y su destino de un socio a una sociedad propietaria de tierras agrícolas, forestales y ganaderas identificada con la letra “T”.
Acta de Asamblea: documento que se elabora cuando se llevan a cabo Asambleas y reuniones, donde se manifiestan los acuerdos que se toman. Existen mecanismos y requisitos para elaborarla si se requiere su legalidad en el marco de la Ley Agraria.
Acto de autoridad: en materia de amparo y en violaciones a derechos humanos son todas las actuaciones de las autoridades tanto federal, estatal y municipal que afectan de alguna manera los derechos de personas o de una colectividad.
Acto administrativo: todas y cada una de las decisiones que toman las autoridades administrativas (funcionarios públicos) para satisfacer intereses públicos. El acto administrativo es la manera donde se expresa la voluntad de una autoridad. Ejemplo: otorgar una concesión o negar una concesión.
Aceptación de ejidatario o comunero: atribución de la Asamblea en donde decide otorgar la calidad de ejidatario, ejidataria, comunero, comunera a una persona mayor de edad que es avecindado o posesionario en la comunidad o que haya heredado los derechos de una ejidataria, ejidatario, comunero o comunera.
Acta de audiencia conciliatoria: documento o acta que elabora la Procuraduría Agraria donde se anota lo que se trata en la audiencia conciliatoria.
Administración: llevar a cabo el control de algo, puede ser económico o de tierras; procurar que se haga bien una cosa.

Adopción: hacer propio una idea, una forma de organización, un pensamiento, una estructura social.
Agostadero: terreno donde van a pastar el ganado.
Amojonamiento: delimitar (trazar límites o colindancias) las tierras que le corresponden a un Ejido o Bien Comunal, por ejemplo: señales de piedra, mojoneras o estacas.
Aparcería: acuerdo entre el propietario de unas parcelas o las tierras y otra persona que las trabaja y le paga al propietario ya sea en dinero, en productos o la cosecha por concepto de renta de las tierras.
Apertura de Lista de Sucesión: después de que fallece un ejidatario o comunero, un familiar y dos testigos acuden al RAN para saber a quién se dejó como herederos. El RAN abre un expediente donde inicia el trámite de los certificados agrarios a la persona que aparece en la lista de sucesión.
Aprovechamiento: ocupar o usar una cosa (por ejemplo: parcelas, frutos de las cosechas o dinero).
Árbitro: cualquier persona, agentes auxiliares, jueces rurales o la misma PA que ayuda a resolver problemas entre dos partes quienes eligen a su árbitro. El árbitro da la última palabra sobre la solución al problema.
Área Natural Protegida: zona superficial decretada por una autoridad que por su importancia en la flora y fauna, en los valores culturales y sociales, se conserva de manera especial por parte del Estado ode actores privados.
Arrendamiento: rentar las tierras o las parcelas para que otra persona las trabaje.
Asamblea: órgano supremo de un Ejido o Comunidad donde participan todas las ejidatarias, ejidatarios, comuneras y comuneros con derechos vigentes, teniendo voz y voto para tratar acuerdos que van a regirlos. Su funcionamiento está estipulado en la LA.
Asentamiento humano: espacio, terreno o área necesaria para desarrollar la vida comunitaria del núcleo agrario. Es donde se construyen las viviendas.
Asignación: lo que se otorga o entrega. Pueden ser tierras, dinero o cosas.
Asociación civil: organización con personalidad jurídica reconocida legalmente; altruistas y sin fines de lucro, cuyo esfuerzo persigue fines culturales, deportivos, académicos, etcétera, y su existencia depende de los donativos de sus miembros, financiamientos o donativos y se rigen por medio de su Asamblea de socios en base a sus estatutos.
Audiencia Conciliatoria: forma en que la PA trata de que los mismos ejidatarios o comuneros resuelvan sus problemas y lleguen a soluciones en mutuo acuerdo.
Autoridad responsable: las que dictan algo u ordenan algo en las instituciones gubernamentales.
Avecindado: personas que viven en la comunidad o ejido por más de un año y que son reconocidos por la Asamblea. No son ejidatarios o comuneros y no participan en las Asambleas ejidales o comunales.

B

Baldío: tierras que no tienen dueño.
Bien: cosas que posee o tiene una persona, pueblo o comunidad.
Bienes Comunales: tierras y parcelas trabajadas colectivamente y que pertenecen a una población que viven en un territorio. La Asamblea puede asignar también parcelas a los comuneros.
Bienes ejidales: todos los bienes y tierras que tengan los ejidos.
Buena fe: principio de actuar con honradez, sinceridad, lealtad, sin malicia y de buena manera.

C

Calificación registral: acto del servidor público del RAN, que tiene la fe pública, mediante el cual califica los documentos que se presentan ante ellos para saber si cumplen los requisitos formales y así proceder a su inscripción.
Cambio de uso de suelo: cuando mediante una Asamblea, o un acuerdo de cabildo, se cambia el uso de suelo de un determinado lote de terreno, por ejemplo: tierras que antes era para agricultura, cambiarlos para ganadería, de uso forestal a ganadería, o de uso agrícola a minería.
Cancelación: cuando algo no se hizo bien se solicita que se borre, se anule o eliminen acuerdos tomados incluso en una Asamblea.
Capacidad jurídica: condición necesaria de una persona para ser sujeta a derechos y obligaciones.
Carta poder: cuando una persona le da poder a otra de representarla, de realizar ciertas actividades o trámites mediante un documento que lo acredita.
Carpeta Agraria: expediente ubicado en el RAN donde se narra cómo se creó el Ejido o Bien Comunal, quiénes lo fundaron, quiénes han sido los órganos agrarios, qué cambios o modificaciones se han tenido. Contiene todos los datos importantes de un ejido o comunidad, como el padrón de ejidatarios o comuneros.
Causa: lo que origina algo. Lo que hace que surja un problema o conflicto.
Causa de utilidad pública: es un requisito de las expropiaciones. Son las acciones que realizan las autoridades, como el presidente de México, gobernador de los estados o de los municipios, para decir que una acción que realizarán (aprovechamiento de recursos naturales, materiales o sociales) será para el beneficio de la colectividad.
Catastro: inventario que se tiene sobre las tierras rústicas que hay en México para ayudar en la identificación de sus titulares, poseedores o los que tienen el uso y disfrute.
CEDH (Comisión Estatal de los Derechos Humanos): institución del gobierno del estado de Chiapas que está encargada de vigilar, promover y garantizar los derechos humanos de las personas que viven en Chiapas. En caso de que haya afectaciones a los derechos de las personas cometidas por autoridades, la CEDH tiene la facultad de investigar y buscar que se reparen los daños a los derechos humanos.
Centro de población: áreas de asentamiento humano donde vive la población del ejido o comunidad y que cuenta con muchas viviendas y servicios públicos como luz, drenaje, agua potable o parques.
Certificado de Derechos Agrarios: documento que entrega el RAN en la que menciona que una persona es ejidataria y que pertenece a un ejido, que tiene parcelas, un solar y que le corresponde algo de tierras en las áreas de uso común. Señala cómo obtuvo la calidad de ejidataria. Estos son los que aún tienen aquellos ejidatarias, ejidatarios, comuneras, comuneros que no entraron a los programas de certificación de las tierras.
Cerril: terrenos que son pedregosos, con pendiente, accidentados y desigual.
Certificado Parcelario: documento que otorga el RAN donde consta que una persona ejidataria o comunera es titular de una parcela con medidas exactas y sus colindancias, aprobado previamente en Asamblea. Surgió con los programas de delimitación de las tierras como el PROCEDE, FANAR, y RRAJA-FANAR.
Cesión de Derechos Agrarios: cuando una persona ejidataria o comunera renuncia en vida y decide entregarle sus derechos agrarios a otra persona. Puede ser su hija, hijo, esposa, hermano o cualquier persona que se convierte en la nueva persona ejidataria o comunera. No es herencia ya que ésta se realiza cuando se ha fallecido.
Citatorio: documento elaborado por una autoridad en la que busca que una persona o varias personas acudan a sus oficinas o tribunales para llevar a cabo una audiencia, para informarles sobre un acuerdo, etcétera.
Cláusula: parte de un contrato o convenio donde se mencionan las obligaciones y derechos de las personas que lo firman.
CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos): institución del gobierno federal con autonomía para vigilar, promover, garantizar, investigar y buscar la reparación de las violaciones a derechos humanos que cometan autoridades en contra de las personas.
Colectivo: grupo de personas que trabajan para un mismo fin.
Comisariado ejidal/o comunal: órgano de representación del ejido o comunidad cuya labor principal es convocar a las Asambleas, resolver problemas de tenencia de las tierras como las colindancias en los núcleos agrarios, gestionar o realizar trámites ante el RAN como los certificados de ejidatarios o actualizar el reglamento interno. El comisariado ejidal o comunal se integra por un Presidente, Secretario y Tesorero. Su máxima autoridad es la Asamblea.
Comunera /o: persona mayor de edad, o menor de edad si ya tiene familia a su cargo, que es titular de derechos agrarios, cuenta con su certificado de derechos agrarios o certificado parcelario y certificado de uso común.
Comunidad: extensión de territorio donde viven las personas y comparten sus costumbres, un mismo idioma y tradiciones, enfocadas a las actividades de la tierra (agricultura, ganadería y pesca) principalmente para autoconsumo y mantenimiento por lo que se les ha entregado un reconocimiento.
CONAGUA (Comisión Nacional del Agua): dependencia de gobierno que tiene como función vigilar, conservar, administrar y gestionar las aguas Nacionales.
Concesión: decisión de las autoridades federal, estatal y municipal, en la que otorga a una persona particular o empresas el derecho para extraer, explotar, aprovechar, usar o lucrar con bienes comunes naturales en el suelo o subsuelo (agua, minería, petróleo, gas, etcétera), así como con en el sector servicios.
Conciliación: forma para solucionar los problemas entre las partes en conflicto para legar a un acuerdo y resolver las diferencias. Las partes se reúnen ante una autoridad como el comisariado, ante el agente
auxiliar municipal o juez rural, o ante la PA.
Conservación: mantener las cosas como están.
Consejo de Vigilancia: persona ejidataria o comunera con derecho vigente, elegida mediante la Asamblea para vigilar que el Comisariado haga bien su trabajo, se cumpla con el Reglamento y la LA. Puede convocar a la Asamblea cuando no lo haga el comisariado.
Constancia de vigencia de derechos: documento que se solicita en el RAN por un costo determinado, donde se verifica si una persona ejidataria o comunera tiene vigente sus derechos como tal, si se ha perdido por alguna razón, si ha cedido su derecho o haya vendido sus tierras.
Constitución de un Ejido o Bien Comunal: la LA señala que para crear un nuevo Ejido o Bien Comunal, se necesita que 20 personas aporten sus tierras, y hagan su propuesta de Reglamento interno, que consten en escritura pública y se solicite su inscripción en el RAN.
Contrato: documento elaborado por dos o más personas en las que se obligan a algo. Puede contener al mismo tiempo derechos de las personas que lo firman.

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Más Escaramujos:

Escaramujo

El Escaramujo 111 MÉXICO: LA DEVASTACIÓN EXTRANJERA MINERA EN 2021

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presume con orgullo que en su administración no se han otorgado concesiones mineras, mientras que en los pasados gobiernos neoliberales se otorgaron alrededor de 120 millones de hectáreas que equivalen al 60% del territorio nacional.1 Sin embargo, los mensajes al sector minero por parte de las distintas instancias de gobierno son muy contradictorios. Y las cifras y los mensaje van y vienen.

Por su lado, la Secretaria de Economía manifiesta su preocupación durante la XXXIV Convención Internacional de Minería por el desplome en la inversión minera y la parálisis en la exploración que espera se reactive. Según la Cámara Minera de México (Camimex) en su II Informe de Sustentabilidad, asegura que según la Secretaría de Economía, México cuenta actualmente con 24,066 concesiones mineras que abarcan 16.83 millones de hectáreas y equivalen al 8.59% del territorio nacional.2 Según la Camimex, desde 2014 al 2021 la inversión en exploración minera cayó un 60%, de 856 millones de dólares a sólo 399 millones. Para este sector empresarial los proyectos mineros no deben entrar en consulta con las comunidades en la etapa previa a la Exploración minera3. Les preocupa que el gobierno no otorgue más concesiones mineras, que haya desaparecido la Subsecretaría de Minas, disuelto el Fondo Minero y que no abra el litio a las inversiones privadas, uno de los metales que más ganancia dejarán con la supuesta transición energética4, que también podría llamarse la especulación energética.

En el mes de noviembre de 2021, AMLO afirmó a el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que el país no tiene conflictos con las empresas mineras canadienses, que se han resuelto los conflictos y que solo está pendiente un conflicto en Tayoltita, Durango, que ha tratado de evadir impuestos.5 Este es el caso de la canadiense First Majestic Silver que es dueña de 3 minas de oro y plata, y 4 en mantenimiento, y se encuentra en proceso arbitral dentro del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. El SAT congeló su cuenta bancaria y la controversia ronda los 223.1 millones de dólares (4 mil 531 millones de pesos). En 2019 el SAT revaluó el pago fiscal para los años 2010 a 2012 por 242.2 millones de dólares (4 mil 919 millones de pesos), incluyendo intereses, inflación y multas, y que este año emitió otra revaluación para 2013 por 134.1 millones de dólares (2 mil 723 millones de pesos).6

Sin embargo, el territorio nacional está plagado de conflictos socioambientales que la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) ha documentado ampliamente. El rompimiento de la presa de jales de la minera Grupo México sobre el rio en Sonora fue de dimensiones sociales y ambientales gigantescas. Pero se pueden desplegar más conflictos por el país. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó el Inventario homologado preliminar de presas de jales en el país7 donde se da cuenta de las 585 presas de jales que son los embalses donde las mineras depositan los residuos sólidos y líquidos de la actividad minera, llena de metales pesados. Las presas de jales de las minas de oro representan el 53.9%, le siguen la plata con el 16.46%, cobre con el 17%, hierro y plomo con 6% cada una, entre otras.

En el Tercer Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre la vigilancia ambiental en las actividades económicas del país, y para lo cual de septiembre de 2020 a junio de 2021 se realizaron 79 visitas de inspección a instalaciones mineras e impusieron cinco clausuras totales por incumplimiento de la normatividad ambiental. Por otro lado destacó que para fomentar el sector se destinaron alrededor de 180.8 millones de pesos en créditos para empresas mineras entre septiembre del año pasado a junio de 2021, cerrando con una cartera vigente de mil 175.8 millones de pesos, 12.8% más a lo que estaba registrado en el noveno mes de 2020. De septiembre de 2020 a junio de 2021, el Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera realizó 4 sesiones de Comités de Desarrollo Regional para las zonas mineras en Zacatecas, Oaxaca, Sinaloa y Colima. El Fondo aprobó 49 proyectos de inversión en infraestructura física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo; los recursos canalizados ascendieron a 257 millones de pesos.8

En marzo de 2021, en el marco de la convención virtual de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá, la ministra canadiense de la Pequeña Empresa, Promoción de las Exportaciones y Comercio Internacional, se reunió con la Secretaría de Economía de México, Tatiana Clouthier Carrillo, para discutir el fortalecimiento de los lazos comerciales entre Canadá y México, particularmente en los sectores de la minería y la energía, mantener un ambiente de negocios estable y predecible para las empresas canadienses que operan en México, particularmente en el sector minero, con el fin de mantener la confianza de los inversionistas.

Algunos analistas advierten que el sector minero, la mal llamada “industria minera” ya que es una actividad primaria extractiva, va a la baja y su tendencia seguirá en la medida en que en la presente administración no se otorguen nuevas concesiones y que, si en el 2010 México se encontraba en el puesto 20 de los países atractivos para la Inversión Extranjera Directa en este sector, ha pasado ahora al lugar 42.9

LOS PROYECTOS MINEROS DE CAPITAL EXTRANJERO

Pese a toda la danza de números y declaraciones contradictoreias, lo que aquí haremos es un análisis en función del documento oficial de la Secretaria de Economía sobre las concesiones actuales otorgadas a las empresas extranjeras del sector minero al primer semestre del presente año.

Hasta el mes de julio de 2021, en México existía un total de 453 proyectos mineros operados por empresas de capital extranjero10 en 23 estados del país, que representan el 72% de las entidades del país donde se encuentran las mineras extranjeras. Sobresalen los territorios del norte de México con cinco entidades con más concesiones en manos de las mineras extranjeras en los estados de Sonora (116), Chihuahua (51), Durango (46), Zacatecas (37) y Sinaloa (35). (Ver Cuadro No.1)

De todos estos proyectos mineros, 316 se encuentran en la Fase de Exploración que representan el 69.7% del total, 44 en Desarrollo que representan el 9.7%, 84 en Producción que representan el 18.5% y solo 9 en Cierre el 1.9%. (Ver Cuadro No.2)

Para la Camimex las cifras son distintas ya que en su informe anual 2021 afirma que en el país existen 1,190 proyectos mineros con capital extranjero, y que 6 de cada 10 se encuentran en estado de “postergación” que suman 754. Este sector empresarial reporta 307 concesiones en 26 estados del país en etapa de exploración, 78 en producción, 43 en desarrollo y ocho cerrados. Confirman que la cifra de proyectos mineros que han sido aplazados creció 44% respecto a 2019.11

Según la Secretaría de Economía, el origen de las inversiones provienen de 16 países. La inmensa mayoría provienen de Canadá con las tres cuartas partes del total de las empresas que intervienen, seguida de Estados Unidos, China y Australia.

De los 453 proyectos mineros, 87 de ellos que representan el 19.2% del total se realizan en “alianzas estratégicas” entre dos o más empresas mexicanas o de otros países, por lo que suman alrededor de 533 inversiones de capitales provenientes de estos 16 países involucradas en los 453 proyectos (Ver lista oficial de la Secretaria de Economía más abajo en los indicados con relleno azul). De las 533 inversiones mineras, la mayoría provienen de Canadá con 398 que equivalen al 74.6% del total. Le sigue Estados Unidos y luego China (Ver Cuadro No. 3) quien por cierto tiene inversiones en los grandes puertos del país como los puertos de Ensenada, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz.12

La extracción de minerales de las empresas extranjeras son principalmente de oro y plata, pero también de cobre, cobalto, litio, zinc, hierro, titanio, plomo, antimonio, manganeso, bario, mármol, boro, molibdeno, níquel, entre otros. Llama la atención una mina canadiense que explora uranio en Sonora.

Para Gustavo Abraham Ramonet Ontiveros, presidente de la Asociación Nacional de Directores de Minería de los Estados y titular de la Dirección de Minería, de la Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico de Chihuahua, espera que la extracción de Litio se abra a la inversión privada y con apoyo del Fondo Minero13, con lo que pretenden compensar los daños socio ambientales.

Por lo pronto, según Secretaria de Economía en la fuente citada, existen 19 concesiones de Litio en 5 estados, de los cuales solo una está en la Etapa de Desarrollo y 18 en Exploración: Baja California con una canadiense en la Etapa de Exploración; en Coahuila y en San Luis Potosí 3 concesiones canadienses cada estado en Exploración; en Sonora 5 concesiones, 4 en Exploración entre inversiones de China-Uk e Italia, y solo una en Desarrollo de la alianza China-UK. Por último, en Zacatecas 7 concesiones de Litio, 4 canadienses en exploración y 3 en alianza estratégica entre Australia y México también en Exploración. Cabe señalar que el 79% de las concesiones de Litio son canadienses. (Ver último Cuadro de la relación de concesiones de la Secretaría de Economía).14

Existen mineras extranjeras canadienses y americanas que ya buscan yacimientos de litio en el estado de San Luis Potosí, según el el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Arturo Segoviano García.15 Esta es una advertencia importante para la población rural del estado que se verá enfrascado en disputas, divisiones, ofertas de compras de tierras, etc.

De los 16 países de donde provienen las inversiones mineras de capital extranjero, con 10 de ellos México tiene Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) extranjera o Tratados Bilaterales de Inversión (TBI)16 que protegen las inversiones de las empresas y que, de violar las disposiciones, las corporaciones extranjeras pueden demandar a los Estados en los tribunales extraterritoriales. Estos países son: China, Australia, Italia, Reino Unido, Corea, Argentina, Francia, España, India y Suiza. Si a ello le sumamos los candados legales y geopolíticos que impone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos y México (T-MEC), países con quienes México mantiene relaciones comerciales tan dependientes, se explica el por qué AMLO nunca eliminará una concesión minera so pena de multimillonarias demandas, y esperará a que vayan terminando su vigencia en caso de que sea coherente con su discurso. La lucha y la defensa de los territorios será entonces tarea prioritaria de los pueblos.

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El Escaramujo 110: LOS GOBERNADORES DE CHIAPAS ¿Cómo llegamos a la violencia brutal de hoy?

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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Chiapas ha albergado en el Poder Ejecutivo desde militares, políticos, familias ricas sumamente racistas, hacendados, profesionistas insignes y hasta masones, aunque no todos han sido oriundos de Chiapas, pero prácticamente todos han sido la correa de transmisión de las políticas federales en turno a lo largo de la historia llena de violencia desde todos los aspectos, desde la depredación y extracción de los Bienes Comunes Naturales hasta los Culturales, una deforestación acelerada, el olvido de los pueblos indígenas sumidos la pobreza en medio de la disputa por sus territorios, despojándolos de sus conocimientos, saberes, mano de obra, entre otras muchas formas de despojo y de epistemicidio.1 La cárcel, los asesinatos, la represión, la explotación y la esclavitud también han sido los saldos contra los pueblos originarios algunos de ellos sublevados.

Chiapas ha sido gobernado por 351 períodos de Gobernadores desde 1528, fecha en que se funda la Provincia de Chiapas y Diego de Mazariegos se convierte en el primer Teniente Gobernador luego de la invasión española en estos territorios. Desde 1528 hasta el 14 de Septiembre de 1824 en que se crea el Estado Libre y Soberano de Chiapas, pasaron 122 Gobernadores a lo largo de 296 años, esto es, un promedio de 2.4 por año. En el período de la Colonia, estos gobiernos se identificaron de la siguiente forma: 80 ‘Alcaldes Mayor’, 19 ‘Tenientes Gobernador’, 19 ‘Gobernadores Intendente’, 3 ‘Alcaldías Mayor’: Ciudad Real de Chiapa, de Ciudad Real y de Tuxtla; y una ‘Intendencia’ de Ciudad Real de Chiapa.2 (Ver Tabla 4).

Esto viene a colación, porque entre los años 1824 y 2021, desde la creación del Estado de Chiapas a la fecha, se han registrado 229 Gobernadores en el lapso de 197 años, o sea un promedio de 0.8 por año. De todos ellos, 116 han sido designados como ‘Gobernador Interino’ durante todas las etapas convulsas de la entidad, que representan la mitad de todos los períodos de gobierno que han pasado en 197 años. Y es que muchos de estos Gobernadores Interinos esperaban el regreso del Gobernador en turno. A estos le siguen los 73 asignados como ‘Gobernador Constitucional’ que equivalen al 31.8% del total; 21 como ‘Gobernador Provisional’, 10 como ‘Gobernador Encargado’, 8 como ‘Gobernador Sustituto’ y sólo un ‘Gobernador Asignado’ (Pantaleón Domínguez). Al menos 14 de todos ellos han sido militares. (Ver Tabla 1)

Algunos de estos Gobernadores son los mismos, y pasan de Constitucional a Interino, de Interino a Provisional o de Constitucional a Encargado. Otros han sido Gobernadores Constitucionales o Interinos en múltiples ocasiones. Por ello, los 229 periodos de Gobernadores han sido ocupados por 144 personas distintas. (Ver Tabla 1 y 2)

No es posible aquí recorrer el largo camino de los gobiernos en Chiapas, por ello nos concentraremos en los últimos sexenios con el fin de hacer un esbozo muy general que caracterice en grandes pinceladas, desde la perspectiva del crimen organizado, los momentos y el contexto que abonaron al arribo de lo que hoy se vive en Chiapas, una violencia no vista y que, para muchos, no tiene regreso. Distinguimos, a manera de hipótesis, 5 Etapas, que no son puras sino que identifica énfasis o la tendencia mayor en cada una. Esta es una perspectiva.

1) Tráfico: Antes del año 2000 Chiapas era más identificado como territorio de tráfico de la droga por su obligado paso proveniente de Centroamérica y Sudamérica hacia el mercado estadounidense, el más grande del mundo. La violencia de desataba más en los estados del norte del país donde los cárteles se disputaban los pasos fronterizos a Estados Unidos. La presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y la militarización desatada luego de 1994 mantuvo de alguna forma un control del territorio chiapaneco al paso de los 5 Gobernadores en el lapso de esos 6 años controlados desde la Federación, bajo la Presidencia de Ernesto Zedillo para administrar el conflicto armado que arrastraba ya conflictos agrarios por el deslinde de tierras y las políticas de remunicipalización de Gobernador Sustituto Roberto Albores Guillén (1998-2000).

La entidad estuvo marcada por un estrategia de guerra contrainsurgente, con un aumento vertiginoso de la presencia militar y policíaca vinculada con la aparición de diversos grupos armados caracterizados como “paramilitares” que respondían a esta estrategia como lo fueron “Los Chinchulines”, “Paz y Justicia”, “Los Plátanos”, “Los Tomates”, “Máscara Roja”, “Los Machetes”, “Lo Aguilares”, “Los Puñales”, entre otros grupos de filiación priísta o con “guardias blancas” de grandes ganaderos y terratenientes cuyas tierras fueron recuperadas por diversos grupos indígenas. Todo ello culminó con la Masacre de Acteal y de El Bosque, entre otras acciones violentas contra Flores Magón en Taniperla, 10 de Abril en Altamirano, Tierra y Libertas en Amparo Aguatinta, Navil en Tenejapa y Nicolás Ruiz.3

Ya sea por la presencia internacional que se atrajo tras el conflicto, por la presencia de tantos puntos y cuarteles militares en la entidad4, por la recuperación de tierras tomadas a familias de caciques, o porque el 65% del territorio chiapaneco es propiedad colectiva y se regía en parte por las Asambleas ejidales y comunales, o por medio de otros mecanismos de gobernanza comunitarios, se mantenía el control de los territorios o al menos era más observado. Todo ello impedía el arraigo del crimen organizado en el estado aunque no el tráfico y el consumo de droga más vinculado a las fuerzas militares y policíacas, aunque poco a poco fuera creciendo la demanda. El gobierno estatal como correa de transmisión de las políticas federales tenía el reto de poner todas las condiciones para pacificar la entidad e inaugurar el Plan Puebla Panamá que se avecinaba luego de la “pacificación” de los conflictos armados en Centroamérica, con el fin de abrir los territorios a las inversiones trasnacionales y generar las condiciones sociales, políticas y económicas para el Tratado de Libre Comercio (TLC) iniciado en 1994.

2) Consumo: A partir del sexenio del Gobernador Pablo Salazar Mendiguchía y de Vicente Fox (2000-2006) la migración se dispara y el muro en la frontera norte se fortalece para impedir que arriben los pobres que genera el TLC al suelo norteamericano y el trasiego de droga encuentra más dificultades para vender en el país del norte. El envío de remesas irá creciendo hasta el día de hoy desplazando los ingresos petroleros, de la Banca Multilateral de Desarrollo, de las inversiones extranjeras, del turismo, del sector automotriz o de la minería. La población empieza a huir del país. El crimen organizado ve entonces la oportunidad de profundizar no solo la disputa de las rutas, sino convertir a Chiapas en un territorio de consumo. Las condiciones empiezan a darse.

La presencia de los puntos de distribución de la droga en centros escolares, bares y otros espacios se fortalece en el contexto de la crisis del campo y de los jóvenes sin empleo. Sin embargo, el EZLN mantenía cierto control sobre algunos territorios en la entidad fortaleciendo los Municipios Autónomos y las Juntas de Buen Gobierno, insistiendo en que sus territorios están libres de tráfico, consumo y siembra de droga. Mientras el crimen organizado empieza a afianzarse y estacionarse en los territorios del norte hacia el sur del país, el Ejecutivo Federal preparaba nuevos tratados de libre comercio con Asia.

Pablo Salazar Mendiguchía, quien fuera senador por el PRI desde 1994 al 2000 y miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) llega a la gubernatura por una coalición amplia de partidos y se convierte en el primer gobierno de alternancia luego de 70 años del partido oficial. Se dispuso a poner el tapete a las inversiones construyendo el Puerto Chiapas, el aeropuerto internacional, la súper carretera y el Puente Chiapas, entre otras obras. El EZLN se disputaba el control de sus territorios y los diversos grupos armados locales seguían evolucionando hasta que en noviembre del 2006, el denominado grupo paramilitar Organización Para la Defensa de Derechos Indígenas y Campesinos (OPDIC), acompañado de policías estatales, fueron responsables de 6 ejecuciones extrajudiciales, 2 desapariciones forzadas y 36 familias desplazadas de la comunidad de Viejo Velasco en la Selva Lacandona.

3) Siembra: En el gobierno de Juan Sabines Guerrero (2006-2012), conocido como cocainómano5, y en el contexto de la guerra del Presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado y la feroz violencia desatada por ello en el país, Chiapas todavía se mantenía lejano de los escenarios violentos de los estados del norte y centro ligados al crimen organizado. Ambos gobiernos presuntamente ligados con el narco, han sido uno de los peores escenarios para Chiapas y para el país.

En este sexenio el Tratado de Libre Comercio empieza a hacer sentir sus efectos negativos en el campo por medio de la baja en la producción agropecuaria debido a las importaciones de maíz, frijol, entre otros productos del campo, subsidiados desde Estados Unidos y Canadá. Europa empieza a entrar en el terreno de las inversiones en parques eólicos, represas y carreteras. En este sexenio el gobernador impulsa la Palma de Aceite a costa de la soberanía alimentaria de las comunidades hasta llegar hoy a las más de 70 mil has sembradas. Esta situación en el campo será el caldo de cultivo para el arraigo en los territorios del crimen organizado.

Se profundiza la crisis en los Ejidos y Bienes Comunales. El original Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos (PROCEDE) que fue cambiando de nombre, facilitó el debilitamiento del tejido comunitario y de las Asambleas como formas de control sobre los territorios. Otros mecanismos de gobernanza también se debilitan y se anuncian concesiones mineras que prenden la alerta en el estado y surgen nuevos conflictos territoriales que terminan con el asesinato de Mariano Abarca en 2009 por los empleados de la empresa minera canadiense Blackfire.

Los jóvenes no ven futuro en el campo, no hay precios favorable de los productos, no desean trabajar la tierra y además no son beneficiados en la distribución de tierras con el PROCEDE. La migración aumenta y los que regresan con otra visión y bajo los ecos del consumo de la droga increpan y retan a las autoridades comunitarias, desafían las costumbres y las estructuras de gobernanza locales al punto que en algunas regiones prohíben el regreso de este tipo de jóvenes que han perdido el camino. Este contexto favorece a que el crimen organizado de un paso más hacia siembra de droga en la entidad donde por conveniencia económica, por sobrevivencia o por extorsión, como en otras entidades del país, en diversas regiones se profundiza esta actividad que requerirá de ayudas, alianzas, jóvenes “halcones”, vigilantes, control, infiltración o cooptación de estructuras policíacas y municipales que se arraigan en los territorios de la entidad. Comitán fue un ejemplo de ello durante el paso de Eduardo Ramírez Aguilar en la presidencia municipal y que más tarde fuera diputado federal, Secretario de Gobierno de Chiapas durante la administración de Manuel Velasco, diputado del Congreso estatal, y Senador de la República y que desde hace rato busca la gubernatura del estado de Chiapas.

4) Nuevos negocios: Durante el periodo de Manuel Velasco Coello y de Enrique Peña Nieto (2012-2018), sumada la anterior crisis y ya en profundidad durante este sexenio, se suma la corrupción galopante en todo el andamiaje gubernamental. Por otro lado, se experimenta la división de las organizaciones y de los movimientos sociales, el debilitamiento de agendas comunes, la creciente impunidad, la violencia y los feminicidios ligados al crimen organizado. Se anuncian nuevos megaproyectos que amenazan los territorios, más concesiones mineras, represas, pozos petroleros, súper carreteras, Zonas Económicas Especiales, mercados de carbono, ampliación del Puerto Chiapas, entre otros que toma a los ejidatarios y comuneros, organizaciones indígenas y campesinas en total descobijo y desarticulación. No hay actor en la entidad que impulse o encabece agendas capaces de generar alianzas. La pulverización de los territorios y su control empieza a implosionar. El país anuncia ya los años más violentos de su historia.

En Chiapas, la impunidad se profundiza mientras que la violencia sigue en aumento y cada vez más la vinculada con el crimen organizado en diversas cabeceras municipales que evidencia su presencia como en Comitán, Comalapa, Pueblo Nuevo, Chamula, Chenalhó, Aldama, Chalchihuitán, entre otros. El narcotráfico hinca así sus dientes en las estructuras municipales y territoriales.

Este es el caldo de cultivo para otros indicadores más preocupantes, el de los nuevos negocios para el crimen organizado. La corrupción, la impunidad, la violencia y la que desata el mismo consumo de la droga, el desempleo, el control del narco-territorio geográfico, político y social, permite girar el interés hacia otros beneficios económicos locales como el tráfico de autos robados, de migrantes, de trata de personas y en especial de niños y niñas, los cobro de piso, la etnopornografía, las invasiones de tierras por parte de grupos contratados para la especulación de bienes raíces, las extorsiones, los robos, entre otros. En otros estados el crimen organizado tiene anclado sus intereses en los puertos, aeropuertos o en el sector minero por lo que el gobierno federal dispone una policía minera para cuidar los intereses de las grandes empresas mineras en el norte del país.

5) Crimen des-organizado: En el actual período del Gobernador Rutilio Escandón Cadenas y de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), los indicadores de la violencia se evidencian como nunca y sin control, con muertos y miles de desplazados en un escenario favorecido por un año de total permisividad e impunidad para que el crimen organizado se afianzara durante la pandemia del 2020. En este año la inmovilización de la vida cotidiana, del movimiento social, del transporte, de la ausencia de la población por los caminos, las calles y las veredas, del abandono del campo y de toda actividad física y presencial por los territorios, del cierre de todas las oficinas gubernamentales, de la despolitización de la sociedad civil causada por los programas de Bienestar del gobierno que desestructura la organización, en un ambiente político sumamente polarizado, favoreció que el crimen organizado se cimentara profundamente en los territorios mientras el EZLN viaja por Europa y se evidencia la pérdida del control sobre muchos territorios. Este contexto también le favoreció al gobierno federal para el avance de sus megaproyectos en el Sur-Sureste del país donde radican las principales obras del actual sexenio como el Tren Maya, el Canal Interoceánico del istmo de Tehuantepec, la Refinería Dos Bocas, represas, pozos petroleros, gasoductos, súper carreteras, entre otros.

Así, arribamos al actual etapa del crimen des-organizado, que se caracteriza por la erupción y visibilización de diversos grupos armados en Chiapas. De los existentes podemos observar varios tipos que van desde el EZLN, los grupos paramilitares y autóctonos de la década de los 90’s que han ido evolucionando y otros más, el crimen organizado y las guardias comunitarias. Además del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional cuya presencia se despliega por todo el territorio estatal sugiriendo inhibir por sí solo la fermentación del narco-estado. Algunos de los grupos armados y sus acciones de violencia estallan con más virulencia en Aldama, Chenalhó, Chamula, Chalchihuitán, Oxchuc, Mitontic, Altamirano, Simojovel, Pantelhó, Pueblo Nuevo, Comalapa, Carranza, Chilón, San Andrés, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula, entre otros. Sobre todo en el contexto de los procesos electorales se hace patente la lucha por el control de los territorios políticos y de las estructuras municipales.

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