El Escaramujo 132: CHIAPAS Y LA MINERÍA EN 2024

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

CHIAPAS Y LA MINERÍA EN 2024

Gustavo Castro Soto
Otros Mundos Chiapas
15 de Mayo 2024, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/

El Modelo Extractivo Minero es el megaproyecto de mayor impacto ambiental, social, económico, político y cultural. Entre los impactos más significativos está la deforestación, la pérdida de biodiversidad, el desplazamiento de población y la pobreza, la pérdida de soberanía alimentaria, las enfermedades y la disputa por el agua, las divisiones familiares y comunitarias, la corrupción municipal y estatal así como en diversas dependencias del estado; además de amenazas, persecución, asesinatos e impunidad.

En 2015 existían 99 Concesiones mineras vigentes en Chiapas, que abarcaban un total de un millón 57 mil 81 hectáreas concesionadas del subsuelo de tierras campesinas y de territorios indígenas. Estas concesiones representaban el 14,20% del territorio chiapaneco, ubicados en 16 municipios que equivalían al 13% del total de los 123 municipios de la entidad. Estos municipios eran: Acacoyagua (13 concesiones), Acapetahua (3), Ángel Albino Corzo (8), Chicomuselo (13), Cintalapa (10), Escuintla (8), Frontera Comalapa (1), Ixhuatán (1), La Concordia (2), Mapastepec (6), Motozintla (4), Pijijiapan (5), Siltepec (3), Solosuchiapa (6), Tapachula (14) y Tonalá (1).

Posteriormente, las concesiones aumentaron y luego volvieron a disminuir. En 2021 fueron canceladas 58 concesiones mineras que abarcaban 985,758.08 hectáreas del territorio chiapaneco.1 Así, del 14,20% del territorio de Chiapas concesionado en 2015, bajó al 1,86% en 2021. Esto se explica en el contexto de al menos dos sucesos fundamentales que modificaron la coyuntura. Por un lado al crisis del la COVID-19 en el 2020 provocó que disminuyeran las expectativas de inversión y de capital. Todo ello a pesar de que fue la minería el sector menos afectado en el país y al que se le permitió seguir operando las minas en territorio nacional. Por otro lado, el repunte de los actos violentos generados por los cárteles del narcotráfico en el estado, la lucha por el control de los territorios y los fuertes enfrentamientos en las fronteras de disputa, pudo haber provocado el desinterés de seguir pagando las cuotas de las concesiones.

Entre los municipios donde se han registrado hechos violentos agudizados a partir de la pandemia de la Covid-19 y causados por los cárteles de la droga están: Acacoyagua, Acapetahua, Escuintla. Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, La Concordia, Pijijiapan, Tapachula, Tonalá y Siltepec. En todos ellos se cancelaron concesiones mineras.

En 2024 iniciamos el año con 54 concesiones mineras en Chiapas, poco menos de 50% de hace casi 10 años. Esta disminución de concesiones si bien es importante, no elimina las amenazas sobre el territorio y especialmente por la injerencia de los cárteles en todo el territorio del estado, así como su control sobre las ganancias mineras y de otros sectores económicos.

En el caso del municipio de Chicomuselo, el cartel de la droga ha tomado el control de la mina de barita que antes tenía concesionada la empresa canadiense Blackfire, minera que asesinó a Mariano Abarca en 2009. Sin embargo, no se entiende cómo la empresa Blackfire continúan siendo dueño de una concesión minera en el municipio de Pijijiapan cuando la empresa ya no existe ni se tiene registro legal de ella en Canadá.

Otras concesiones mineras vigentes están atrapadas en el control de los cárteles como en el caso de las ubicadas en la sierra de Motozintla, entre otros municipios controlados por el narcotráfico donde la violencia y el control territorial impiden la operación de dichas concesiones.

La concesión minera es un acto administrativo por medio del cual el Estado otorga a particulares, físicos o morales, un derecho condicionado con el fin de aprovechar los recursos minerales en un terreno delimitado y por un tiempo determinado. Contar con una concesión minera no significa que la mina esté ya operando. Tampoco significa que tener el permiso de la posible explotación del subsuelo implica el permiso automático de los dueños con los que tiene que negociar. Hay tres tipos de dueños del suelo: privado, estatal o Ejidos y Bienes Comunales. Hay que tomar en cuenta también que las concesiones se pueden volver a adquirir.

Para adquirir una concesión la persona física o moral, según la Ley Federal de Derechos actualizada el 12 de noviembre de 2021, debe pagar la ridícula cantidad de $8.63 pesos semestrales durante los dos primeros años por cada hectárea de tierra que el Estado le haya otorgado en concesión para la explotación minera.

Durante el tercer y cuarto años el pago es de $12.91 pesos por hectárea; durante el quinto y sexto año se paga $26.68 pesos; en el séptimo y octavo años es de $53.66 pesos; en el noveno y décimo años de $107.32. A partir del décimo año el pago es de $188.86 pesos por hectárea.

Si los concesionarios no llevan a cabo la exploración o explotación minera durante dos años continuos en el lapso de los primeros 11 años de vigencia de la concesión, solo pagan el 50% de la cuota señalada, pero a partir del año 12 pagarían el 100% de la cuota.

Así, al terminar la pandemia de la Covid-19, en el año 2021 se estimaban en el país alrededor de 25 mil 72 concesiones mineras que abarcaban en total 20 millones 853 mil 927 hectáreas. Entre 2017 y 2022, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recaudó 14 mil 322 millones de pesos por cobro de todas esas concesiones mineras.

El gobierno federal continúa con el impulso de la actividad minera abanderando el litio como la punta de lanza de la transición energética minera. Así, el Modelo Extractivo Minero no termina, solo se cambia de mineral al ritmo en que se descubren nuevos nichos de negocios blanqueados como combate al cambio climático.

La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) impulsa la estrategia de prevención contra los proyectos mineros. Entre las acciones preventivas está el impulso de crear y decretar “Territorios Libres de Minería” donde los pueblos, comunidades y colectivos blindan su territorio y se organizan para evitar el arribo de los proyectos mineros que destruyen la vida de los pueblos.

Este decreto lo han hecho los mismos ayuntamientos como en el caso del municipio de Escuintla, Chiapas, gracias a los miembros de la REMA del Frente Popular por la Defensa del Soconusco (FPDS).
Del mismo modo, en reunión del Cabildo abierto, se declaró al Municipio de Epazoyucan, Hidalgo, como “Territorio Libre de Minería” gracias al trabajo arduo de resistencia de la Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan (APTyBE), también miembros de la REMA. Otras organizaciones miembros de la REMA como el Comité por la Defensa del Territorio de Guadalcázar, San Luis Potosí, declaró al territorio El Realejo como “Territorio Libre de Minería”.

Estos son algunos ejemplos de resistencia y protección de los pueblos, de los bosques, el agua, la vida y la cultura de los pueblos frente al embate del Modelo Extractivo Minero en el país. Sin embargo, existen dos retos fundamentales a enfrentar. Por un lado, el actor que domina cada vez más los territorios con lujo de violencia dificulta esta defensa.

El crimen organizado, los carteles de la droga, poco a poco clavan sus intereses en el sector minero como lo han hecho para tomar el control de los comercios, los negocios, la producción agropecuaria, el tráfico de indocumentados o la infraestructura. Esto obliga al movimiento social a replantearse la estrategias de cuidado del territorio, de la seguridad, de la autonomía y la defensa de las comunidades.

El otro reto fundamental es la continua búsqueda de alternativas locales que no solo satisfagan las necesidades concretas y resuelvan los problemas inmediatos, sino que ayude a rearticular la confianza, la organización, los mecanismos de gobernanzas locales y comunitarios. Las alternativas que generen autonomía alimentaria, energética, de acceso al agua y la salud, a la apropiación del territorio que le disputa el narco a los pueblos.

El Escaramujo 131: EL CONTEXTO PRE ELECTORAL EN CHIAPAS

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

EL CONTEXTO PRE ELECTORAL EN CHIAPAS

Gustavo Castro Soto
Otros Mundos Chiapas
25 de Abril 2024, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/

El 2 de Junio de 2024 se llevarán a cabo las elecciones para elegir nuevo Presidente de la República, 128 Senadores y 500 diputados. También se elegirán Gubernaturas, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Congresos Locales, Ayuntamientos, Juntas Municipales y Alcaldías. Se elegirán más de 19 mil cargos en total. Entre las entidades que renovarán gobernadores están Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Estas son las elecciones más importantes en la historia reciente de México. Sus resultados tendrán repercusiones fundamentales en la vida del país.

Chiapas está conformado por 24 Distritos Electorales Uninominales, 124 municipios y 2,119 secciones. En Chiapas habrá cambio de Gubernatura y además 875 Regidurías, 24 Diputaciones de Mayoría Relativa, 24 Diputaciones de Mayoría Relativa, 16 Diputaciones de Representación Proporcional, 123 Presidencias Municipales y 123 Sindicaturas de Mayoría Relativa. Compiten por la gubernatura Óscar Eduardo Ramírez Aguilar por la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT- PVEM); Olga Luz Espinosa Morales de la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas, y Karla Irasema Muñoz Balanzár por el Movimiento Ciudadano (MC).

Se pretenden instalar 6,991 casillas únicas en todo el estado de Chiapas. Si para ello se requieren 9 personas por mesa directiva que incluyen al presidente, dos secretarios, tres escrutadores y tres suplentes generales, significa que se necesitan al menos 62,919 ciudadanos para instalar todas estas casillas. Sin embargo, también podemos prever que muchas de ellas no se instalarán debido a diversos conflictos y la violencia que se vive en la entidad.

En el proceso electoral de 2018, Chiapas ocupó el cuarto lugar a nivel nacional con más participación en las urnas registrando una asistencia del 68.45% de la lista nominal, solo detrás de Yucatán, Ciudad de México y Campeche. Sin embargo, cada vez más se impone el control de los territorios por parte de crimen organizado en muchas regiones del país, y Chiapas no es la excepción. La violencia política previa a las elecciones del 2 de Junio se incrementa de forma alarmante, especialmente en Baja California, Sonora, Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Chiapas, Tabasco y Veracruz, entre otras entidades. Ahora cunde el miedo.

Con el fin de controlar los territorios, los carteles implementan estrategias que van desde la imposición de candidatos, la financiación de campañas y la corrupción; el impedimento en la instalación de urnas o las amenazas e intimidaciones; el control de los votantes y la votación misma, las campañas de miedo y hasta los asesinatos de candidatos, o por lo menos las amenazas para provocar que los candidatos y candidatas a puestos de elección popular declinen en su participación. Principalmente se enfocan estas estrategias en el primer nivel gobierno, el municipal, donde podrán controlar los territorios directamente. Sin embargo, las amenazas e intimidaciones también se dirigen a candidatos al Senado y a las diputaciones federales.

No importa de qué partido político sean los indeseables para el crimen organizado, ya que puede controlar a cualquiera o imponer a sus candidatos independientemente del gorro político que se pongan.
En Chiapas, al menos 12 candidatos del PAN han renunciado a la contienda política al tiempo en que algunos de ellos acuden a las autoridades competentes para solicitar la implementación de mecanismos de seguridad. Otro candidato de La Concordia se bajó del proceso electoral.

Por su lado, el aspirante de Morena a la presidencia municipal de San Fernando sufre un atentado a balazos y en otros municipios como en la Selva los candidatos huyen de las amenazas y persecuciones.
Ya desde el año 2023 Morena también ha sido víctima del secuestro de cinco encuestadores de los cuales dos fueron asesinados y uno permanece desaparecido. En Villa Las Rosas el aspirante del PRI al Senado de la República fue perseguido por un comando armado. También hay otros casos como la desaparición del comisariado ejidal y político del PVEM de Las Margaritas, y el asesinato del candidato a la alcaldía de Suchiate por la coalición PRI-PAN-PRD. En fin, estas situaciones se repiten por toda la geografía chiapaneca.

Data Cívica, una organización que forma parte del Programa para el Estudio de la Violencia (PEV) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en su informe “Votar entre balas”, asegura que Chiapas ocupa el quinto lugar a nivel nacional de mayor violencia criminal electoral. Ante esta escalada de violencia política en Chiapas, el dirigente del Frente Cívico Nacional y los candidatos a cargos públicos exigieron al Instituto Nacional Electoral y al gobierno local que implementen mecanismos de seguridad para la protección de los aspirantes de los 13 distritos electorales.

La violencia general provocada por el crimen organizado y ahora aunado al contexto de la violencia política electoral se extiende en todas las regiones, desde los Altos hasta la Frontera y desde la Selva hasta la Costa,. Por citar solo algunos casos, se registran focos rojos de violencia en los municipios de Chamula, San Cristóbal de las Casas, Pantelhó, Chenalhó, Oxchuc, Ocozocoautla, Berriozábal, Reforma, Chicomuselo, Comalapa, Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Pantelhó, Tila, Cancuc, Suchiate, Marqués de Comillas, Mitontic, Aldama, Motozintla, Palenque, Ocosingo, Altamirano, La Concordia, Ángel Albino Corzo, Villaflores, El Parral, Maravilla Tenejapa, entre otros muchos. Y podrían registrarse conflictos especialmente donde las organizaciones indígenas luchan por procesos de autonomía y autodeterminación según sus usos y costumbres y fuera de la lógica partidista. Estos procesos existen en Tila, Oxchuc, Pantelhó, Chilón y Sitalá.

Se reporta que ciudadanos de al menos seis municipios de la Sierra declinaron la invitación para ser funcionarios de casilla, entre ellos están los municipios de Comalapa, Motozintla, Chicomuselo, La Trinitaria, Amatenango de la Frontera y Bejucal de Ocampo. Muchas personas rehuyen a las visitas o invitaciones del INE. Otras fuentes confirman que el 35% de los ciudadanos insaculados para designar a los funcionarios de mesas directivas de casillas no aceptaron participar por el miedo y la inseguridad.

Ante esta violencia política, los núcleos agrarios, las organizaciones indígenas y campesinas, el movimiento social y otros gremios, han tomado diversas posiciones frente al proceso electoral. En algunos casos han optado bajo acuerdo comunitario por no votar y en otros por fortalecer el voto. Las razones son múltiples. Para algunos el gobierno ha olvidado a los pobladores de las comunidades a su suerte y los ha dejado a merced de los carteles del narcotráfico, donde incluso manifiestan su enojo por la aparente complicidad de las Fuerzas Armadas y policiacas. En otras regiones es por el miedo o las amenazas del crimen organizado en la región. Sea cual sea la respuesta de los diversos sectores de la sociedad, el móvil se fundamenta en la fuerte presencia de los carteles en el estado.

Los programas sociales gubernamentales y el actuar de los carteles despolitizan a la sociedad. Inhiben la organización o se apropian, controlan y desarticulan las organizaciones sociales y productivas, los acuerdos comunitarios y los mecanismos de gobernanza locales. Por ello, el reto para los núcleos agrarios y las organizaciones sociales es mantener y recuperar estos mecanismos y la organización, la unidad en medio de tanta desarticulación así como recuperar la confianza entre los movimientos, los vecinos e incluso dentro de la familia.

El movimiento social enfrenta la defensa de su territorio que le disputa el gobierno con sus programas y proyectos, pero también las empresas que pretenden controlar el territorio urbano y rural. Sin embargo, su mayor reto se encuentra en la disputa que los carteles pretenden hacer de los territorios indígenas, campesinos y también de los urbanos. De disputar el control político, la producción, la comercialización, los precios de los productos, las rutas, las calles y carreteras, los negocios y otras formas de acumulación de capital. Por ello, las próximas elecciones transitan por la disputa entre los partidos por el poder, a la disputa entre el gobierno y los partidos y los carteles presentes en todo el país.

El Escaramujo 130: LA MILITARIZACIÓN DE MÉXICO

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

LA MILITARIZACIÓN DE MÉXICO

Gustavo Castro Soto
Otros Mundos Chiapas
17 de Abril 2024, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/

Mucho se debate sobre la “militarización” en México. Se acusa al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de militarizar el país, lo que él niega rotundamente, por lo que los análisis y las narrativas se encuentran polarizadas. Pero, ¿qué significa militarizar el país? Para responder a la pregunta es necesario definir qué se entiende por militarización y cómo se caracteriza. Cómo ésta se expresa actualmente, cuáles son sus indicadores y a qué realidad está respondiendo. Si la estrategia está acorde a la realidad que se enfrenta y si es eficaz y efectiva. ¿Qué narrativa se construye para justificar su estrategia y cometido?

La ‘militarización’ la podemos definir de muchas maneras. Se puede entender como al aumento de la presencia física de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, con más cuarteles o fuera de ellos con retenes o patrullando caminos; o al aumento excesivo de su presupuesto en detrimento de otras inversiones productivas o del gasto social. También se entiende por la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas no convencionales como en la comercialización, operación o construcción y mantenimiento de infraestructura y otras actividades de desarrollo; e incluso como inversionistas, dueños y gestionadores de empresas.

Otra concepción de la militarización es la participación de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad que competen a las fuerzas policíacas civiles de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal); o su participación como titulares de muchas dependencias gubernamentales de carácter civil, o en la vida política con altos cargos de responsabilidad o de elección popular, incluso como presidentes de una nación, incidiendo en las decisiones fundamentales y en las políticas del país.

Otra manera de entender la militarización es su participación o sustitución de tareas civiles como control de tráfico y carreteras, de migración, de administración de aduanas, de protección civil, de seguridad y vigilancia interna, o de fletes y mudanzas, o hasta la resolución de problemas públicos bajo la lógica militar.

La militarización se puede expresar en la presencia de las Fuerzas Armadas en el sector de la salud repartiendo vacunas, de la educación con actos militares en los planteles educativos, del comercio vendiendo servicios, de las finanzas ofertando servicios bancarios, y en la vida cotidiana en general como parte del paisaje. Algunas de estas formas pueden estar acompañadas de cambios constitucionales o legales para otorgar seguridad jurídica a su presencia y actuar.

Así, por ‘militarización’ se entiende al proceso en el cual la presencia de las Fuerzas Armadas, de manera legal o ilegal, se hacen visibles, necesarias, determinantes y hasta dependiente de ellas en la diversas esferas, en lo político, lo económico y lo social. La concepción más radical de la militarización es un golpe de Estado donde las Fuerzas Armadas toman el poder por la fuerza, violentan los poderes del Estado y destituyen al gobierno en curso para imponer otros intereses o los suyos propios. Es el momento en que un actor poderoso y con armamento rompe su vínculo jerárquico con su Comandante Supremo. Podría también suceder cuando un Presidente viola sistemáticamente el orden democrático, da un maltrato a las Fuerzas Armadas o no se sienten suficientemente consentidas por su Comandante en Jefe.

Quizás sean muy pocos países los que no hayan pasado por algún periodo de militarización, por golpes de Estado, fascismo, dictaduras militares terribles, revoluciones, guerras internas o de sucesión, guerras internacionales o internas, procesos de independencia, etcétera. Sin embargo, no debemos confundir la ‘militarización’ con el ‘militarismo’, entendido éste como las normas, leyes, procedimientos, valores, costumbres o ideales impuestos en la sociedad civil y que crean una cultura militar en torno a la autoridad, los ritos militares, la disciplina, la obediencia ciega y la exaltación del patriotismo. Incluso en la transmisión de esta cultura en la educación formal de las escuelas.

¿Por qué un gobierno elige este camino de la militarización? ¿Cuál es el contexto en que se da? ¿Hay razones y narrativas que puedan justificar la militarización de un país? Por lo pronto podemos apreciar que AMLO ha desarrollado la mayoría de los indicadores arriba expuestos sobre la militarización y descansa su proyecto político en las espaldas de las Fuerzas Armadas, incluidas en ellas al Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y a la Guardia Nacional.

BREVE CONTEXTO NACIONAL, MARCO DEL ANÁLISIS

La experiencia en México nos indica que la presencia física de los militares en las comunidades principalmente de carácter rural genera descomposición familiar y social. Su presencia física provoca el aumento de los costos de los productos básicos, de la prostitución, del consumo de drogas y de alcohol, entre otros efectos. Según los contextos las narrativas oscilan en los extremos. Para algunos la presencia permanente de militares en estas regiones genera confianza y seguridad, mientras que para otros son aliados de los carteles. Lo que sí es cierto es que la sociedad civil ha sido víctima de asesinatos y torturas por parte de las Fuerzas Armadas. En México, el Ejército y la Marina han sido señaladas durante décadas como uno de los principales violadores de los derechos humanos. Algunos dirán que son daños colaterales e inevitables.

No podemos dudar que la corrupción y los intereses de los carteles de la droga se fueron incrustando paulatinamente en las estructuras políticas e institucionales del estado mexicano, en todos los territorios, en las infraestructuras, en los tres poderes de la Unión y en los tres niveles de gobierno con más fuerza a partir de 1988 con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Los carteles usaron el sistema financiero para sus transacciones y lavado de dinero. Lograron no solo adueñarse de tierras y territorios, sino que fueron capaces de presionar, comprar o corromper a jueces, magistrados, policías, profesionistas, abogados, altos funcionarios y de muchas dependencias del estado; a diputados y senadores acusados también de tener vínculos con el narcotráfico. Pusieron de rodillas a algunas empresas. Corrompieron a los militares. Todo esto tampoco es nuevo y mucho menos el hecho de que militares, funcionarios de gobierno y narcotraficantes han pisado las cárceles del país.

En México los carteles han logrado controlar muchos aeropuertos por medio de la corrupción a funcionarios aeroportuarios, sus policías, trabajadores e incluso altos mandos del Ejército y de la Marina presentes en ellos. Del mismo modo lograron controlar los puertos marítimos y las aduanas por donde se trafica no solo drogas y armas sino también dinero en efectivo y otros productos. Si en Alemania de los millones de contenedores que llegan a sus puertos solo el 2% logran revisar, en México el sistema de control y verificación de los contenedores que se exportan o importan es bastante más ineficiente. Esto pasa en todos lados.

Los carteles lograron robar gasolina de los ductos y hasta hidrocarburos de las plataformas marinas. Construyeron túneles fronterizos y pistas de aterrizaje para las avionetas cargadas de droga y dinero. Todo esto fue incrustándose en el país especialmente durante los últimos cuarenta años, con una dinámica y lógica propia, como una bola de nieve que va creciendo rápido y con mucha fuerza. Los carteles se convirtieron en un actor con tal presencia y poder que es imposible no reconocerlo. Cualquier gobierno que genuinamente desee combatir esto se preguntará por la mejor estrategia para lograrlo. Y cuando eso suceda quizás sea demasiado tarde. ¿Cómo desterrar la corrupción y los intereses del narcotráfico y sus carteles del territorio y de las estructuras del estado? ¿Cómo sacarlos del poder político, económico, social, territorial, incluso en las mismas Fuerzas Armadas?.

No debe extrañar que algún gobierno se vea obligado a negociar con este actor que logró fundirse en la clase política y empresarial. Los políticos que se convirtieron en empresarios, y éstos en narcos; los narcos que se convirtieron en políticos y grandes empresarios. Y los empresarios que llegan al poder político y luego se convierten en narcos. Por supuesto, aunque esto es real, un gobierno podría aceptarlo en lo privado, pero no en lo público. No aceptar públicamente lo que es evidente para la gente tampoco tiene que asustarnos. Aceptar públicamente esta realidad conlleva repercusiones políticas y económicas de gravedad para un país. Otros lo harán para justificar precisamente la militarización.

Es necesario insistir que la dinámica y la lógica propia interna de este proceso de fortalecimiento de un Narco-Estado ha llevado su tiempo en desarrollarse, y en la medida de su crecimiento más es su fuerza de imposición. Detenerlo y luego desmantelarlo no será tarea fácil no sólo para los gobiernos de América Latina, sino de otros países incluyendo Europa ya controlada por los carteles de la droga. El mismo AMLO ha manifestado que había un Narco-Estado en México. Ingenuo sería pensar que en un sexenio se desmantelaría algo tan complejo. Pero, ¿Cómo disputarle a los carteles de la droga el territorio que ya han conquistado? Y que, por cierto, nadie logra esta conquista si no se compran las voluntades con muchos millones de dólares. La corrupción es la llave que abre puertas a la creación del Narco-Estado. ¿Se tendrá que negociar irremediablemente con ellos? Eso ya se hace en Colombia. ¿Se les enfrenta directamente en el terreno de la guerra armada? Eso ya lo hizo México. ¿Cuál será la mejor estrategia?

Hay que recordar que el mayor consumo de droga desde la clase empresarial y política hasta la gente de la calle, se da en Estados Unidos y en Europa. Este consumo no se puede entender sin la entrada ilegal de la droga a sus países con el contubernio de autoridades en cada país, en sus autoridades aduanales, policías, jueces y otros actores, y en el caso de los Estados Unidos con el contubernio de la Administración de Control de Drogas (DEA, sigla en inglés). Por ello, los carteles tienen en jaque a muchos países, entre ellos a Estados Unidos, Italia, Alemania, Holanda, Suecia, Noruega, España, Francia, Reino Unido, entre otros.

En AL el crimen organizado de los carteles de la droga inunda el Continente y se incrusta en las estructuras del estado desde hace décadas. Cada gobierno latinoamericano ha desarrollado su estrategia para enfrentar el Narco-Estado, pero los gobiernos siguen sin saber cómo erradicarlo. Declaran mano dura contra el narco y apuestan por estrategias de militarización en diversas formas y niveles. Por ejemplo, Argentina declara la guerra al narco y una lucha sin cuartel en todos los niveles de gobierno aunque la ley prohíbe que el ejército lleve a cabo acciones de seguridad interna, ya que las heridas de la dictadura militar del General Videla están presentes en la sociedad argentina. El gobierno lanza entonces una ‘ley anti bandas’ al mismo tiempo que se ve envuelta en una reacción violenta del narco, lo que justifica el anuncio de más compras de equipo militar y le entrega a Estados Unidos una base en la Patagonia.

El Ecuador califica a los narcos como terroristas, les declara la guerra y afirma que no negociará con ellos. Decreta mano dura contra el narco e impone el Estado de Excepción y toques de queda y le otorga todo el poder al Ejército para su accionar. El gobierno ecuatoriano mantiene el control de los poderes e instituciones del país y hasta con el atrevimiento de invadir con sus Fuerzas Armadas la Embajada de México.

El Salvador lanza la persecución contra las pandillas y construye su mega cárcel, estrategia que algunos gobiernos quieren copiar. Con Estado de Excepción permanente, con el control de los tres poderes del país, con los militares en la calle persiguiendo a las pandillas y con múltiples acusaciones de violaciones a los derechos humanos, la opinión sobre esta estrategia de militarización se polariza.

Honduras es otro caso paradigmático de Narco-Estado cuyo ex presidente se encuentra preso en los Estados Unidos, aunque su carcelero fue quien lo engendró. El gobierno hondureño define también un Estado de Excepción e invade las funciones de seguridad pública. En Guatemala, país incondicional a Israel, los militares son parte del paisaje y de la memoria de los guatemaltecos que han sufrido la guerra. Siguen presentes en el territorio nacional que es paso obligado de los carteles de la droga.

Colombia ha probado de todo para el supuesto combate al narcotráfico incrustado en todas las estructuras del estado, desde la aplicación del Plan Colombia hasta verse obligado a negociar con los delincuentes. Costa Rica vive el peor momento de violencia por la presencia de más de 300 organizaciones criminales, cuyo ministro de Seguridad, Mario Zamora, admite que las organizaciones criminales locales asociadas a bandas extranjeras generan una fuerza que “rebasa el modelo policial vigente, la administración de Justicia y las leyes”. Por su lado, Panamá se mantiene como puente del narcotráfico hacia muchos países del mundo incluso a Sudamérica.

Uruguay pide ayuda a la DEA para combatir el tráfico de droga. En Paraguay se advierte un proceso de ‘cocainización’ y de narco-política. Brasil está rebasado por su gigantesco territorio y la invasión de los carteles de la droga. Venezuela convive y vive del problema. En Chile la presencia del narcotráfico aumenta y todavía no llega a las estrategias militarizadas como el resto de los países de la región. En Perú la siembra y tráfico aumenta mientras que su gobierno plantea la salida militar para enfrentarlo. Bolivia se convierte en los principales productores de cocaína y se advierte un Narco-Estado sin capacidad operativa para enfrentarlo.

Por tanto, al parecer no hay país que no se salve de los carteles y de la tentación de militarizar su territorio como único modo de enfrentar el problema.

El Escaramujo 129: LOS INTERESES DE ECUADOR EN MÉXICO

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

LOS INTERESES DE ECUADOR EN MÉXICO
Los de México en Ecuador, y los de Estados Unidos en la Región

Gustavo Castro Soto
Otros Mundos Chiapas
12 de Abril 2024, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/

El pasado viernes 5 de Abril 2023 a las 10pm las Fuerzas Armadas y fuerzas policíacas de Ecuador invadieron el territorio mexicano asaltando por la fuerza la Embajada de México en este país, con el fin de secuestrar al asilado político y ex vicepresidente Jorge Glas. Ecuador viola así la Convención de Viena. Un hecho sin precedentes en la historia de América Latina, lo que no sucedió en el contexto de las terribles dictaduras militares en el continente cuando México ofrecía asilo político a muchas personas de diversos países de América Latina.

Por falta de experiencia diplomática, por arrogancia y prepotencia, o por ignorancia del joven presidente ecuatoriano con nacionalidad estadounidense Daniel Noboa de 36 años de edad, el territorio mexicano fue invadido y la respuesta de la comunidad internacional ha sido contundente contra estos hechos. No olvidemos que Ecuador mantuvo al asilado político Julian Assange en su embajada durante años quien era perseguido, acusado por varios países y sin embargo ningún país invadió la embajada ecuatoriana. Vamos, ni Pinochet ni otros dictadores se atrevieron cuando México salvaba vidas de los perseguidos políticos. Incuso días antes al asalto a la embajada mexicana, el representante de Ecuador en la ONU había rechazado con contundencia el ataque de Israel a la embajada de Irán en Siria.

Pero ¿Cuál es la relación económica entre los dos países? Ecuador, con una población de alrededor de 18 millones de habitantes y un territorio poco más grande que el del estado de Chihuahua, vende y compra pocos bienes y servicios a México, y viceversa.

EL BALANCE COMERCIAL

Según datos oficiales, las exportaciones de México a Ecuador representan el 0.073% del total de las exportaciones mexicanas, y el 0.048% de todas las importaciones que realiza México. Aunque el porcentaje de exportación e importación es mínimo, México exporta más a Ecuador que lo que le compra. En enero 2024 México importó de Ecuador bienes por US$22.2M y exportó a este país US$30.5M, por lo que el superávit comercial es de US$8.26M a favor de México.

En 2022, la participación mexicana en las exportaciones globales de Medicamentos Preparaciones
para Usos Terapéuticos o Profilácticos
fue del 0.33%, y representó el 0.67% de participación en las
importaciones globales.

En 2023, los estados con mayor intercambio comercial (ventas menos compras internacionales) con Ecuador fueron Estado de México (US$117M), Ciudad de México (US$83.6M) y Nuevo León (US$54M). Sin embargo, en este año, la principal exportación que realizó México a Ecuador fue los Medicamentos y Preparaciones para Usos Terapéuticos o Profilácticos (US$68.2M) de empresas ubicadas en los mayores centros industriales del país: Ciudad de México (US$202M), Estado de México (US$123M) y Nuevo León (US$63.3M). México vendió a otros países en 2023 un total de US$1,786M de este rubro, por lo que las ventas destinadas a Ecuador solo representaron el 3.8% del total de las exportaciones mexicanas en Medicamentos y Preparaciones para Usos Terapéuticos o Profilácticos.

En 2023 México compró a Ecuador principalmente Cacao (US$60.8M) que fue destinado a empresas ubicadas en Ciudad de México (US$121M), Jalisco (US$32.8M) y Chihuahua (US$14.7M). Es necesario enfatizar que esta cantidad representó el 51% del cacao que México importó en este año y que equivalió a US$119M, por lo que la mitad de las importaciones de cacao a México se depende de Ecuador quien es uno de los líderes mundiales en la exportación de este producto. A Perú, con quien también México tiene conflictos diplomáticos, le compra el 15% y en el mismo porcentaje a República Dominicana, poco más del 11% a Costa de Marfil y el 4.5% a Colombia.

Un año antes, en 2022 la participación mexicana en la exportación global de cacao fue del 0.0095%, y representó el 1.34% de participación en las importaciones globales.

En 2023 México importó un total de $1,267M en Minerales de Cobre y Concentrados principalmente destinados a Sonora (US$1,136M) y Ciudad de México (US$123M); y vendió al extranjero un total de US$4,561M. México vende más de lo que compra en este rubro. Los países con más ventas internacionales a México en 2023 en este rubro fueron Estados Unidos (US$1,136M), Perú (US$47.2M), Canadá (US$37.6M), Ecuador (US$34.1M) y Arabia Saudita (US$4.1M). Sin embargo, en enero de 2024 la principal compra de México a Ecuador fue de estos Minerales de Cobre y sus Concentrados (US$5.08M) destinados a las industrias ubicadas en Ciudad de México (US$7.87M), Jalisco (US$1.33M) y Chihuahua (US$1.03M).

En resumen, según El Economista, México mantiene un superávit comercial con Ecuador:

LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Entre 1999 y 2023, México recibió US$120M en IED proveniente de Ecuador, distribuidos en nuevas inversiones (US$84.6M), cuentas entre compañías (US$24.3M) y reinversión de utilidades (US$11.1M). En este período los estados que han recibido más IED de Ecuador son el Estado de México (US$51.2M), Yucatán (US$40.3M) y Ciudad de México (US$13.4M). Si analizamos el último año, tan solo en 2023 la IED de Ecuador a México fue de US$5.48M, principalmente destinada en la Ciudad de México (US$3.32M), Estado de México (S/D) y Quintana Roo (US$295k).

Según la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) son alrededor de 30 empresas mexicanas ubicadas actualmente en Ecuador, aunque en la información digital de la misma SRE solo expone 15 empresas. Estos emprendimientos mexicanos en Ecuador se ubican principalmente en el sector de servicios, venta de productos alimenticios de chocolate, pan, tortillas, repostería y comidas tradicionales mexicanas y artesanales; impresiones y estampados, entre otros.

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO

En 2021 Ecuador pretendía el cierre de negociaciones de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con
México ya que es requisito para poder ingresar como miembro pleno en la Alianza del Pacífico. Sin
embargo, las negociaciones no avanzaron. La Alianza del Pacífico está conformado por México, Colombia, Chile, Perú y Singapur, que fortalecería el comercio de estas naciones hacia el mercado asiático.

En 2022, México anunció las preferencias arancelarias del Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación número 29 celebrado con Ecuador. Entre estos productos están los diversos tipos de peces y productos del mar; jaleas, purés, tés, pastas, licores, tabaco, medicamentos, diversas bebidas, muebles de madera, tejidos y otros productos industriales.

LAS REMESAS

En 2020 había en México alrededor de 2,477 personas inmigrantes provenientes de Ecuador, de los cuales 39.2% mujeres y 60.8% hombres. La entidades federativas que concentraron mayor número de inmigrantes provenientes de Ecuador fueron: Ciudad de México (1,143 personas), Nuevo León (338 personas) y Estado de México (312 personas). En 2021 las remesas desde Ecuador sumaron US$188M.

El Escaramujo 124: LAS RELACIONES MÉXICO-ISRAEL

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

LAS RELACIONES MÉXICO-ISRAEL

Políticas, comerciales, jurídicas y militares…

Gustavo Castro Soto
Otros Mundos Chiapas
5 de Febrero 2024, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), manifiesta continuamente que no se inmiscuye en asunto internos de otros países, como una máxima que orienta la política exterior mexicana. Sin embargo, no ha sido así en todas las ocasiones. En 2019 recibió a Evo Morales de Bolivia e hizo fuertes críticas al nuevo gobierno de ese país en medio de un fuerte conflicto diplomático. Por las constantes declaraciones de AMLO contra Perú, éste país lo declaró persona ‘non grata’. Recientemente, en el caso de Guatemala, el Presidente se sumó a la petición de respetar la victoria del nuevo presidente. También hace juicios contra situaciones, procesos electorales y políticos de otros países como de Estados Unidos, España o Brasil. Aunque ha tratado de no entrar en polémica con el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ni con la situación en Nicaragua o el conflicto Rusia-Ucrania.

Sin embargo, ante el terrible genocidio que ejecuta Israel contra el pueblo palestino, AMLO fijó su posición blanda afirmando que “No queremos la guerra, estamos a favor de la paz” y, peor aún, reconoció “el derecho a la legítima defensa que asiste a Israel” favoreciendo su narrativa, aunque condenó “el uso de la fuerza contra civiles”. Pese a ello, la embajadora de Israel en México lamentó que AMLO no condenara el ataque de Hamás, aunque tampoco ha condenado los ataques de Israel contra el pueblo palestino que de manera sistemática lleva a cabo desde décadas atrás por medio de un genocidio sustentado en una Teología Política Sionista.

Ante a la demanda de Sudáfrica en la Corte Penal Internacional contra Israel por el genocidio que lleva a cabo contra los semitas palestinos, el apoyo de muchos países y las movilizaciones de millones de personas en todo el mundo en solidaridad con las victimas, AMLO tiene que dar un paso más y fija una nueva posición. En el documento manifiesta que México y Chile remitieron a la Corte Penal Internacional la situación del Estado de Palestina, para que investigue la ‘probable’ comisión de crímenes y que son de su competencia. Obviamente, con el desagrado de Israel.

¿Por qué AMLO no condena directamente este terrible genocidio televisado en vivo? Es la masacre más cruel cometida en los últimos años por los sionistas. Aunque parecieran contradictorias las diversas posiciones de AMLO en su política exterior, y no elimina los errores políticos, también hay razones diplomáticas, políticas, comerciales, jurídicas e incluso militares que las determinan, como en el caso de las relaciones México-Israel que ahora analizaremos.

RELACIONES POLÍTICAS MÉXICO-ISRAEL

Los vínculos que unen a México y los judíos se entrelazan a finales del siglo XIX con la llegada de inmigrantes de origen judío. Es hasta 1949 cuando en la ONU se propone la creación del Estado de Israel bajo el contexto de mucha violencia contra el pueblo palestino. México se abstuvo en esta votación. Sin embargo, cabe señalar desde ahora que no todos los judíos son representados en el gobierno sionista de Israel, y que sus políticas no reflejan los principios de la religión judía. No se puede equiparar judío igual y solo igual a Estado de Israel o viceversa.

Fue hasta 1952 que México estableció relaciones diplomáticas con el recién creado Estado de Israel, siendo David Ben Gurión el Primer Ministro de Israel y Miguel Alemán Valdés el Presidente de México. Nuestro país tiene actualmente su embajada en Tel Aviv, e Israel tiene su embajada en la Ciudad de México además de cuatro Consulados Honorarios ubicados en Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Cancún.

En 1971 el Presidente Luis Echeverría Álvarez nombró a Rosario Castellanos embajadora de México en Israel, donde fallece en 1974. En 1975, el Presidente Luis Echeverría visitó Israel y en ese mismo año México votó a favor de la Resolución 3379 de la Asamblea General de la ONU que definió al sionismo como una forma de racismo, lo que provocó que los judíos de Estados Unidos declararan un boicot turístico a México.

En 1993 se creó el Instituto Cultural México Israel con sede en la Ciudad de México. Como veremos más adelante, es la década cuando inician más fuertemente las inversiones militares israelíes en México.

En 1997 se crea la “Cátedra Rosario Castellanos” en la Universidad Hebrea de Jerusalén donde cada año diversos académicos imparten conferencias. En el 2000 el Presidente Ernesto Zedillo visitó Israel y se firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México e Israel e inmediatamente también se firmó el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea. Hasta el 2005 el Gobierno de México estableció una Oficina de Representación en la ciudad de Ramala, sede de los poderes palestinos, bajo
el descontento de Israel.

Desde 1999, al menos 7 reuniones se han llevado a cabo a nivel viceministerial del Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Mutuo. Ahí se abordan temas políticos, económicos, científicos, técnicos, educativos y culturales. También se llevaron a cabo un Diálogo Legal en 2011 y las Consultas Multilaterales en 2013 y 2021. Así se estrechan las relaciones diplomáticas y se callan las
bocas en tiempos de descontentos.

En 2011, a finales del gobierno de Felipe Calderón, iniciaron las negociaciones para comprar a una empresa israelí el programa espía Pegasus, que desde entonces y hasta la fecha es usado por el Ejército mexicano. En 2012 el programa lo adquiere la oficina del fiscal general y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Así, de pasar de espiar especialmente a los cárteles del narcotráfico, se pasó al espionaje de políticos, periodistas y defensores de derechos humanos, entre ellos presumiblemente al director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, entre otros.

En 2012, el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, visitó Israel.
En este año México votó a favor de la Resolución 67/19 en la Asamblea General de las Naciones Unidas para aceptar a Palestina como Estado observador no miembro de la ONU. Aunque México no lo
reconoció como estado. En 2013, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicitó al Presidente reconocer al Estado Palestino Independiente y Soberano y elevar a rango de embajadas a las
representaciones de Palestina en México y de México en la ciudad de Ramala, Cisjordania. Además, México votó a favor del Proyecto de Resolución A/67/L.28 de la ONU “ESTATUS DE PALESTINA EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS”. Todo esto bajo el descontento de Israel. La votación fue el cuarto intento de Palestina por lograr un mayor respaldo internacional desde que la ONU reconociera el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino en 1974.

Cabe recordar que desde el 2011 hasta la fecha, Benjamín Netanyahu ha sido el Primer Ministro de Israel a excepción de un año y medio entre 2021 y 2022.

En el 2012, en el contexto del 60 Aniversario de las relaciones México-Israel, la embajada de Israel realizó muchos actos para promover su imagen y cultura, y afirmaba que su país recibía a estudiantes becados en temas de seguridad y relaciones internacionales, estudiantes de arqueología realizando labores al lado del Mar de Galilea, entre otros profesionistas mexicanos capacitándose en diversas áreas. También presumía que médicos israelíes formaban campamentos de oftalmología en comunidades indígenas de Chiapas durante una semana y que realizaban hasta 400 operaciones de glaucoma y cataratas; del mismo modo que impartían cursos en comunidades indígenas de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Durango para atraer el turismo rural.

En 2013 se publicó en hebreo el libro “El Llano en Llamas” de Juan Rulfo. Y para fortalecer los intereses de Israel en México durante el terrible sexenio de Peña Nieto, el presidente israelí Shimon Peres visitó México y firmó con el Presidente Enrique Peña Nieto una declaración conjunta de amistad y cooperación educativa, científica y cultural, tecnologías del agua y créditos para la exportación. Shimon Peres inauguró el Foro de Negocios México-Israel con la presencia de 80 empresarios israelíes y sus contrapartes mexicanas. También visitó el Senado de la República, se reunió con la comunidad judía-mexicana en el Club Deportivo Israelí y sostuvo una reunión sobre ternas de seguridad con autoridades mexicanas. Peres participó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara donde inauguró el pabellón de Israel. A la muerte de Shimon Peres en 2016, Peña Nieto viajó a Israel para acudir a las honras fúnebres y se reunió con el Presidente de Israel, Reuven Rivlin y con el Primer Ministro Benjamín Netanyahu.

En 2017, poco antes de que Peña Nieto dejara el gobierno, el Primer Ministro Netanyahu visitó México para amarrar intereses ante el inminente triunfo de AMLO. Esta fue la primera visita de un Primer Ministro israelí en funciones a México. Se acompañó de empresarios israelíes y con Peña Nieto acordó modernizar el Tratado de Libre Comercio entre ambos países, fomentar el vínculo empresarial, apoyar conjuntamente la cooperación en Centroamérica y colaborar en materia de ciberseguridad. Se suscribieron acuerdos en materia de servicios aéreos y uso del espacio. Netanyahu también sostuvo encuentros con la comunidad judía en México. Y fue precisamente a finales de este año que se da la Resolución de la ONU contra las intensiones de Estados Unidos de reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. México se abstuvo en esta votación. Sin embargo, Donald Trump logró que 16 países también trasladaran sus embajadas en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Entre ellos Guatemala y Honduras.

En 2021 México votó a favor en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para la creación de una comisión de investigación contra Israel, tras lo ocurrido durante la operación “Guardián de los Muros” que causó cientos de asesinatos de palestinos en la Franja de Gaza. Inmediatamente Israel expresó su molestia con México. Curiosamente, en este mismo año se reunión en la Cámara de Diputados el Grupo de Amistad México-Israel entre un grupo de parlamentarios y el embajador de Israel en México, donde se manifestó que el principal objetivo es “fortalecer la cooperación de la diplomacia parlamentaria entre nuestras naciones, para que los parlamentos concilien posiciones y conjuguen intereses mediante el diálogo, el debate y la negociación, con intercambio de ideas y promoción cultural entre ambas naciones”, según afirmó la diputada Laura Barrera Fortoul. Por su lado, Rubén Moreira Valdéz, Presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, afirmó que “no se puede entender el mundo sin Israel, sin la comunidad judía” y que “el pensamiento occidental tiene un gran componente del pensamiento del pueblo judío”. Aunque la comunidad judía-mexicana en el país es pequeña, no así sus empresas e inversiones militares. Sin embargo, para el gobierno de México, “La comunidad judía-mexicana representa un vínculo importante entre ambos países. Su aportación al desarrollo de México es muy amplia y brinda un apoyo fundamental al fortalecimiento de nuestros lazos de amistad y cooperación con Israel.”

En 2021 México anunció que adelantaba el proceso de extradición del exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón De Lucio, involucrado en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, quien huyera a Israel con el fin de solicitar asilo político, donde sigue prófugo. Hasta la fecha, Israel no lo ha extraditado. En 2022 Israel y el gobierno de Querétaro firmaron un Memorándum de Entendimiento para realizar proyectos en materia económica, de agricultura, educación, cultura, agua, movilidad, planificación urbana, seguridad y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

En 2023 las autoridades de Israel detuvieron al académico y exdiplomático mexicano Andrés Roemer, acusado en México de abuso sexual y prófugo desde hace más de dos años. México solicitó a Israel su extradición y fue arrestado por la policía israelí. En enero de 2024 se anunció que fue liberado para continuar su proceso en prisión domiciliaria en Israel. Hay que recordar que Andrés Roemer, judío, fue embajador de México ante la UNESCO y en 2016 fue destituido de su cargo por no mostrar la posición de México y abstenerse en una resolución presentada por países árabes sobre la Explanada de las Mezquitas (la Mezquita Al Aqsa para los musulmanes y Monte del Templo para los judíos), situada en Jerusalén Este ocupado. Israel criticó la resolución y negaba el vínculo de este tercer lugar más sagrado del islam y el primero para el judaísmo. La posición de Roemer fue alabada por las autoridades israelíes, instituciones judías de todo el mundo, el Centro Simón Wiesenthal y por Benjamín Netanyahu. En la ciudad israelí de Ramat Gan se inauguró una calle con su nombre.

RELACIONES COMERCIALES MÉXICO-ISRAEL

El 1 de julio de 2000 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México e Israel y se actualizó en 2010. Su objetivo fue crear una Zona de Libre Comercio y eliminar trabas arancelarias y no arancelarias entre los dos países para favorecer el flujo de mercancías, servicios e inversiones. De los países de Medio Oriente, Israel es el primer socio comercial de México con quien se realiza el 45.2% del comercio de esa región, y es el primer proveedor para México de la zona. Por su lado, México es el segundo socio comercial de Israel en América Latina.

Para el 2021, el comercio entre los dos países creció 499.05%, al pasar de $210.6 millones de dólares a $1051 mdd. Entre enero-junio de 2022 el comercio alcanzó los 558 mdd, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Entre el periodo enero-julio de 2023, México exportó a Israel 592 mdd de mercancías e importó 101 mdd.

Israel es el 19º inversionista en México a nivel mundial, pero de los países del Medio Oriente es quien más inversiones tiene en México con una inversión acumulada de 2,223 mdd a septiembre de 2020, con la participación de 409 empresas de las áreas de comercio, manufacturas, agricultura y servicios. En 2016 la empresa farmacéutica israelí TEVA compró la empresa mexicana RIMSA por 2,011 mdd. La inversión israelí en México es preferencialmente en las industrias manufactureras (94.5% del total), seguida de los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (2.4%) y el comercio (2.3%). Esta inversión se ubica principalmente en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Estado de México.

Entre los productos que México ha exportado a Israel en los últimos años son automóviles de turismo; teléfonos, teléfonos celulares; vehículos para el transporte de mercancías; unidades de memoria y de proceso, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios; máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; máquinas, aparatos y materia eléctrico, y sus partes; turbinas de gas; preparaciones de hortalizas, de frutas y otros frutos, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. Por su lado, los principales productos que Israel exportó a México fueron circuitos integrados, equipo de transmisión y piezas de aviones. Pero también productos farmaquímicos, medicamentos que requiere el sistema de salud del país, equipo médico, procesadores y controladores; circuitos modulares; unidades de control o adaptadores; placas, láminas, hojas y tiras de plástico; mallas para invernaderos, semillas de hortalizas; baterías; instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía.

Empresas mexicanas, entre las que destacan Cemex, Bimbo, Grupo Orbia (Mexichem) y Rassini (empresa líder mundial en frenos y suspensiones), han instalado centros de Investigación y Desarrollo (I+D), filiales u oficinas de innovación en Israel. En 2018 Orbia adquiere la empresa israelí Netafim de sistemas de riego mientras que un grupo de inversionistas mexicanos crean Cantera Capital como un fondo de capital de riesgo con presencia en ambos países para invertir en innovación en el sector salud, educación y agronegocios en Israel y América Latina. Por su lado, CEMEX invierte en minería y en la construcción de muros y asentamientos ilegales de los colonos en territorio palestino.

El Escaramujo 122: CHIAPAS, UBICACIÓN DE LA FRONTERA EN DISPUTA

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo

CHIAPAS, UBICACIÓN DE LA FRONTERA EN DISPUTA
La narcoguerra, el terror de los pueblos

Gustavo Castro Soto
Otros Mundos Chiapas
23 de Octubre de 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/

La grave situación de violencia en Chiapas se agudiza día a día y de manera acelerada. La frontera de disputa territorial entre el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel de Sinaloa (CDS), se concentra actualmente en la frontera de Chiapas con Guatemala, sobre todo a partir del mes de septiembre del presente año.

Chiapas tiene 658 kilómetros de frontera con Guatemala desde la Costa hasta la Selva, donde tocan en su frontera un total de 18 municipios con una población total de 1,362,158 habitantes. Por el lado de Guatemala tocan frontera 17 municipios agrupados en cuatro Departamentos.

En toda la línea fronteriza existen 8 cruces fronterizos oficiales y alrededor de 45 cruces vehiculares informales. En este territorio fronterizo existe todo tipo de negocios ilegales. Por ello, ningún municipios se escapa de la presencia del narco, los conflictos armados y la disputa por el control de los territorios.

Desde hace dos años existe una región en especial en la que se ha centrado la línea de disputa por el control territorial entre los dos principales cárteles, desde el municipio de La Trinitaria hasta Suchiate en la Costa donde se ubican 13 municipios que tocan frontera con Guatemala.

Esta narcoguerra llegó al clímax de violencia en el pasado mes de septiembre del 2023 donde habitaba una población total de 944,023 personas. Sin embargo, la disputa se extendió a otros 6 municipios más, aledaños a los fronterizos con Guatemala, por lo que la población rehén de este terror y violencia llega al 1,054,231 habitantes. Así, con estos 6 municipios que no tocan frontera pero que están involucrados en el terror de los cárteles (El Porvenir, Siltepec, Bella Vista, Bejucal de Ocampo, La Grandeza y Chicomuselo), suman 24 municipios que actualmente se encuentran en la línea de la disputa territorial.

Sin embargo, ahora se ha corrido esta frontera por la disputa del territorio hacia el lado opuesto, hacia los municipios de La Trinitaria, Las Margaritas, La Independencia, Benemérito de las Américas y Ocosingo. La guerra entre los narcos se irradia por toda la frontera con Guatemala hacia el interior del estado, hacia los municipios de Tzimol, Comitán y Teopisca por el centro del estado de Chiapas; por Altamirano y Ocosingo hacia la región del Golfo, y por los municipios de la Costa hacia el Pacífico.

La frontera de disputa territorial se caracteriza por una violencia jamás vista. Miles de desplazados además de desaparecidos, asesinatos, narco retenes con la participación obligada de la población que debe participar cada tercer día en la vigilancia de los retenes durante 24 horas, cobros de piso, extorsiones, robos, narco bloqueo de carreteras, reclutamiento de jóvenes y con la toma del control de pueblos enteros imponiendo a la población sus reglas y necesidades. Los bancos, las tiendas, las escuelas, las clínicas de salud, los mercados, cerrados. Los poblados sin gas y sin gasolina.

Los cárteles suspenden el suministro de energía eléctrica y de la telecomunicación para bloquear a la población. Golpes a tablazos a hombres y mujeres que se nieguen a cooperar o se les aplica otros mecanismos de tortura. Colocan cámaras de vigilancia por todos lados. No hay alimentos y se acerca la hambruna mientras un poco de comida cuesta lo inimaginable. Los miembros de los cárteles patrullan armados en camionetas artilladas con armas de grueso calibre y en motocicletas. Algunos pobladores fronterizos han pretendido refugiarse en Guatemala pese al blindaje militar que el vecino país desplegó en la línea fronteriza para evitar que el conflicto invada su territorio.

También hay otros puntos de disputa hegemónica entre los dos cárteles. En la Región Zoque, en el norte del Estado, se han registrado enfrentamientos ente ambos cárteles y un nuevo indicador de la violencia: cabezas decapitadas frente a instalaciones oficiales en el municipio de Reforma.

También hay otros puntos de disputa hegemónica entre los dos cárteles. En la Región Zoque, en el norte del Estado, se han registrado enfrentamientos ente ambos cárteles y un nuevo indicador de la violencia: cabezas decapitadas frente a instalaciones oficiales en el municipio de Reforma.

En la Región Selva Norte, en el municipio de Tila y en Sabanilla, la violencia y las amenazas contra la población también repunta. En la Región Selva el CDS ha reforzado los retenes en el Crucero San Javier y el control sobre Frontera Corozal, una de las joyas del tráfico de indocumentados que hoy por hoy ya se cobra hasta 280 mil pesos por llegar a la frontera con los Estados Unidos. En esta parte de la Selva se pretende controlar el tráfico no sólo de migrantes, sino de palma de aceite, ganado ilegal proveniente de Guatemala, la futura explotación petrolera de los pozos de Benemérito de las Américas que alimentaría a la refinería Dos Bocas en Tabasco. En la Selva Lacandona existen pistas clandestinas para el tráfico de droga proveniente de Sudamérica. Por el municipio de Motozintla se trafica azúcar y en Chicomuselo se controla la mina de barita.

Todos los megaproyectos atraen los conflictos y la lucha por su control y ganancias. El Tren Maya, la carretera Pijijiapan a San Cristóbal y Palenque, el tren costero y su gasoducto hacia Centroamérica, el Puerto Chiapas y sus ampliaciones de infraestructura, los pozos petroleros, los monocultivos, el Canal Transístmico, los proyectos mineros y de represas que repuntarán por la supuesta demanda de energía, entre otros. Todo esto estará acompañado de mayor presencia de los cárteles y de la consecuente militarización.

A corto plazo el estado se podrá ver envuelto en mayor violencia por el control de los municipios de cara a las elecciones de junio del próximo año en que se renovarán todos los municipios, la gubernatura y las diputaciones. Como en otras entidades del país podrán darse bloqueos de carreteras, toma de edificios municipales, quema de urnas o impedimentos para ejercer el voto; amenazas, agresiones o hasta asesinatos de candidatos a puestos de elección popular, y otros focos rojos de enfrentamientos armados.

Ante tanta violencia y terror que se vive en el estado, AMLO procura no espantar las inversiones y el turismo, pero ya es imposible ocultar lo evidente. Para inhibir la violencia generada por la narcoguerra, una de las respuestas del gobierno es publicitar que en Chiapas están ubicados un total de 9,989 policías, y de ellos 8,767 son operativos. Por su lado la Policía Estatal Fronteriza cuenta con 135 elementos y 50 unidades equipadas.

El Presidente de la República informó además que en Chiapas hay 8 mil 283 militares, mil 823 marinos y 4 mil 932 uniformados de la Guardia Nacional distribuidos en 18 nuevos cuarteles. Y ante la narcoguerra en la frontera de disputa territorial agudizada en el mes de septiembre de 2023, el Presidente envió alrededor de mil 500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía General del Estado (FGE) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC). También se ha informado que en Chiapas durante el 2022 contaba ya con 2.8 policías por cada mil habitantes, logrando la media que pide el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Actualmente las autoridades confirman que existen 13 mil 400 elementos policiacos entre estatales y municipales.

Con toda esta presencia militar y policiaca, la violencia no para ni se inhibe. Paradójicamente, mientras que algunas comunidades solicitan la presencia del Ejército para detener la violencia del narco, en otras comunidades se les acusa de estar coludidos con los cárteles, de no hacer nada, de solo observar y de llegar tarde a detener la violencia. Frente a todo esto, la sociedad está optando por varios caminos: migrar, auto defenderse, quedarse y asumir la gobernanza de los cárteles, o movilizarse masivamente para exigir territorios libres de narcos. Frente a los signos de muerte, existen signos de vida y esperanza.

EL Escaramujo 121: EL ESTADO MEXICANO CONTRA SUS JÓVENES

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo

EL ESTADO MEXICANO CONTRA SUS JÓVENES
Dos casos: el movimiento estudiantil de 1968 y la Noche de Iguala (Primera Parte)

Ana Cristina Vázquez Carpizo
Otros Mundos Chiapas
11 de Octubre de 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/

EL COMPLOT COMUNISTA CONTRA MÉXICO

La década de los sesenta fue, sin duda, uno de los momentos de mayor agitación del siglo XX. Si bien forma parte de las llamadas olas de protesta que se han dado a lo largo de la historia, la característica distintiva de este periodo es el protagonismo de los jóvenes a lo largo y ancho del planeta. El autoritarismo de la postguerra, fuera desde el ‘mundo libre’ o desde el bloque comunista, dejó una estela de inconformidad entre las nuevas generaciones que la fantasía del american way of life o la supuesta superioridad moral de los comunistas no pudieron revertir. De toda la década, destaca un año en particular: 1968. Desde movimientos estudiantiles1, protestas contra el establishment y expresiones contraculturales2 hasta manifestaciones antibelicistas3, los jóvenes de todo el planeta tomaron las calles para gritar consignas libertarias y para desafiar gobiernos que se creían inamovibles. México no fue la excepción.

Durante toda la década las expresiones estudiantiles fueron numerosas en todo el país.4 Pero, sin duda, la más importante fue la de 1968. El movimiento estudiantil inició el 22 de julio de ese año con una pelea entre estudiantes de nivel medio superior en el barrio de Tlatelolco de la ciudad de México, duramente reprimida por la policía capitalina.5 Cuatro días después, el 26 de julio, se organizó una manifestación de protesta, esta vez encabezada por estudiantes universitarios y politécnicos que asumieron como una afrenta personal las agresiones contra los miembros más jóvenes de sus respectivas comunidades. La respuesta de las autoridades fue de cerrazón e intransigencia pero aún no se veía lo peor.

Conforme pasaron los días y ante la inminente inauguración de los Juegos Olímpicos,6 el nerviosismo del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1979) aumentó; paulatinamente fue endureciendo su discurso y sus decisiones. Coreógrafo principal de una danza macabra desde todas las instancias represoras del Estado, Díaz Ordaz no hizo más que acomodar las piezas a su visión de la realidad. Infestado de la paranoia anti-comunista de la época, que veía conspiraciones por todas partes y de la suya propia, Díaz Ordaz se dedicó a aplastar, con toda la fuerza del Estado, a quien consideraba su enemigo. Y para mala fortuna de los jóvenes, ellos llenaban el perfil mental que el poblano había hecho del criminal comunista que buscaba derrocarlo. Es decir, Díaz Ordaz y todo su gabinete no vieron en los estudiantes a adversarios alimentados por la efervescencia juvenil de la época sino a enemigos dispuestos a todo. Con los adversarios dialogas; a los enemigos los aniquilas.
Así de sencillo. De esta manera durante 1968, además del contexto de guerra fría, en México se conjuntaron dos hechos muy desafortunados: por un lado, la animadversión personal que Díaz Ordaz sentía hacia los jóvenes7, aderezada por un genuino anti-comunismo; y, por otro, un Estado profundamente autoritario pero altamente legitimado expresado en el Partido Revolucionario Institucional y sus aliados.8

A pesar de que los miembros del Consejo Nacional de Huelga9 ligados al Partido Comunista Mexicano o a alguna otra asociación de la misma ideología eran minoría, el Estado mexicano, personificado en la figura de Díaz Ordaz, estaba convencido de que, a través de los estudiantes, la amenaza roja10 se cernía sobre el país y que su deber era salvarlo. En la puesta en escena intervinieron desde el secretario Gobernación, Luis Echeverría; el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, General Marcelino García Barragán; el jefe del Estado Mayor Presidencial, General Luis Gutiérrez Oropeza); el Procurador Julio Sánchez Vargas y el director de la Dirección Federal de Seguridad, capitán Fernando Gutiérrez Barrios, hasta el encargado del entonces Departamento del Distrito Federal11 y los responsables de otras instituciones del Estado.12

En un primer momento el presidente presentó un discurso aparentemente conciliador, tan falso como su sonrisa, pero cuando los estudiantes publicaron su pliego petitorio,13 para Díaz Ordaz, cuya paranoia alimentó perversamente su secretario de Gobernación, las sospechas quedaron confirmadas: los jóvenes estaban infectados por el comunismo y seguramente eran parte de un plan macabro para derrocar al presidente y destruir al país. La osadía juvenil de apropiarse de las principales avenidas y plazas de la capital mexicana para expresarse ante la Nación entera fueron más allá de lo que el sistema estaba dispuesto a aceptar.14 Las marchas del 13 y del 27 de agosto fueron las gotas que derramaron el vaso. La tolerancia de Díaz Ordaz, mínima pero hasta entonces suficiente para evitar que se desbordara la represión, quedó rebasada. En la manifestación del 27, la llamada marcha de las antorchas, los estudiantes sobrepasaron todos los límites. No sólo se atrevían a tomar las calles, a ocupar las plazas públicas reservadas a las expresiones corporativistas de apoyo al mandatario en turno; el 27 de agosto se burlaron del presidente, ridiculizaron su físico, se mofaron de su esposa, del Ejército y de los granaderos, gritaron sus insultos justo debajo del balcón de Palacio Nacional. Exigieron, además, un diálogo público con el titular del Ejecutivo federal, es decir, nada más y nada menos que el mismísimo Díaz Ordaz, tuviera lugar la mañana del 1 de septiembre a las 10:00 horas, frente a toda la Nación. Esto era una provocación, una falta de respeto mayúscula que el presidente no iba a soportar.15

No. La actitud conciliatoria había sido malinterpretada por los jóvenes. Había llegado el momento de ponerle fin.

El repliegue ante la amenaza

La represión desatada después de la manifestación del 27 de agosto demostró a los estudiantes que la libertad de expresión que habían ganado en las calles del centro del país había sido una ilusión de apenas unas pocas semanas. Muy pronto probaron el poder, la fuerza, la contundencia autoritaria de un sistema y de un presidente especialmente autoritario. El mismo Díaz Ordaz anunció lo que se venía en su Cuarto Informe de Gobierno:

“… hemos sido tolerantes hasta excesos criticados; pero todo tiene su límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico (…) En la alternativa de escoger entre el respeto a los principios esenciales en que sustenta toda nuestra organización política, económica y social (…) y las conveniencias transitorias de aparecer personalmente accesible y generoso, la decisión no admite duda alguna y está tomada: defenderé los principios y arrostro las consecuencias (…) sé que tendré que enfrentarme a quienes tienen una gran capacidad de propaganda, de difusión, de falsía, de injuria, de perversidad. Sé que, en cambio, millones de compatriotas están decididamente en favor del orden y en contra de la anarquía (…). No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario; lo que sea nuestro deber, lo haremos, hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos”.16

Los estudiantes entendieron el mensaje. Las detenciones y golpizas se habían multiplicado desde el 28 de agosto, cuando el Ejército desalojó con lujo de violencia a los estudiantes que habían decidido permanecer en la Plaza del Zócalo, en espera de que Díaz Ordaz en persona saliera de Palacio Nacional para reunirse con ellos la mañana del 1 de septiembre para iniciar el diálogo frente a la Nación. Los hechos represivos se sucedieron en cascada.

Los estudiantes decidieron mostrar, entonces, una cara más moderada en una nueva manifestación el 13 de septiembre. Durante la llamada manifestación del silencio, no hubo gritos ni insultos. Ni una consigna siquiera. Las mantas expresaron lo que los estudiantes, con la boca cubierta por una cruz de tela adhesiva blanca, callaron.

El intento por mostrar la cara moderada del movimiento fue estéril. Cinco días después, el Ejército ocupó Ciudad Universitaria. Mil quinientas personas fueron arrestadas sin resistencia. En los días siguientes el resto de los planteles que se habían unido a la huelga sufrieron la misma suerte.17 De paso, las plumas al servicio del régimen culparon a coro al rector Barros Sierra de la efervescencia estudiantil. El ingeniero presentó su renuncia ante la Junta de Gobierno el 23 de septiembre. Tanto este organismo como el grueso de estudiantes, tanto de la UNAM como del IPN, no aceptaron la decisión de Barros Sierra.

Es pertinente mencionar que en todos los eventos de ‘recuperación’ de instalaciones se observó la
presencia de individuos vestidos de civil, algunos con el inconfundible aspecto militar, que portaban
un distintivo guante o pañuelo blanco en la mano izquierda. Se trataba del Batallón Olimpia, que el
gobierno federal había creado para garantizar la seguridad de las delegaciones durante las justas
deportivas. Su entrada en escena no fue, empero, en la Villa Olímpica para cuidar atletas sino en las
escuelas y facultades en huelga y para golpear y detener estudiantes.

El 2 de octubre

El pánico se apoderó de la comunidad estudiantil movilizada. La asistencia a los mítines, organizados de manera improvisada en distintos puntos de la ciudad dado que la Ciudad Universitaria y las instalaciones del IPN seguían ocupadas.18 Se habían emitido órdenes de aprehensión contra los líderes identificados del CNH que aún no habían sido detenidos. La incertidumbre y el miedo eran la norma.

EL Escaramujo119: ’SE LO BUSCARON…ES MÁS, ¡SE LO MERECEN POR ROJOS!”

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo

’SE LO BUSCARON…ES MÁS, ¡SE LO MERECEN POR ROJOS!”
La Guerra Sucia en México. Breve análisis crítico

Ana Cristina Vázquez Carpizo
Otros Mundos Chiapas
25 de Septiembre 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/

INTRODUCCIÓN
Silencio… cámara… ¡acción!

María vivía con su madre en una casa de huéspedes de su propiedad. La joven de 19 años era miembro de una organización clandestina que, desde el adoctrinamiento político y la vía armada, luchaba en contra del régimen. En su vida legal, María era estudiante de economía en la universidad pero en sus ratos libres se dedicaba al trabajo de base con obreros de las colonias pobres de la ciudad, a los que, además, alfabetizaba. Un día, la policía secreta llegó a casa de María y, ante la impotencia y gritos de su madre, la secuestró para llevarla a una cárcel clandestina. Eran los primeros días de abril de 1976…

Alicia nació en el norte, donde estudiaba en el Tecnológico. A través de su hermana mayor, compañera de un guerrillero, entró en contacto con la orga en 1973. Tres años más tarde, conoció a un compañero de armas, Enrique, que sería su pareja sentimental. De esa unión nació una niña. Enrique murió en un enfrentamiento con la policía antes del nacimiento de su hija. Alicia decidió llevar a la bebita con sus abuelos para que se hicieran cargo de ella porque, en ese momento, menos que nunca, podía dejar la clandestinidad. Y no lo hizo.
-o-

De inmediato me vendaron los ojos, me llevaron a una casa donde se me desnudó y se me empezó a golpear en todo el cuerpo, principalmente con golpes de karate en la garganta y en la nuca; después me mojaron y empezaron a darme toques eléctricos con una picana [barra electrificada] en el pene, los testículos, el ano, en una cicatriz que tengo, en las orejas, dentro de las fosas nasales, en los labios, en las encías y en la lengua… Después de esto me hicieron comer dos tazas de excremento, luego me tendieron en el suelo y […] me ponía una pistola en la sien jalando el gatillo…
-o-

Con los ojos vendados, la llevaron al garaje, una de las tantas cárceles clandestinas que la policía secreta tenía en varios puntos de la ciudad. De inmediato le retiraron la venda y le tomaron sus datos: nombre verdadero, edad, profesión, nombre de guerra… Como se negó a darlo, le pusieron ‘La Maestrita’, por aquello de sus clases de alfabetización a los obreros. Era una comunista de mierda, la muy puta. Pero ya cantaría pronto. Luego, la venda otra vez. María no estaba autorizada a quitársela en presencia de sus carceleros. Y a partir de entonces, la traería prácticamente todo el día. Después de registrar sus datos, la llevaron a un cuarto donde había una plancha de metal, como las que se ven en las morgues, y un tubo que, a través de unos cables, estaba conectado a un aparato parecido a una radio. María supo en sus pechos, sus genitales, sus labios, que ese tuvo se llama picana. Mientras la torturaban, afuera del cuarto se escuchaba música a todo volumen. La misma canción siempre que Félix la llevaba a sus sesiones con la picana.
-o-

Roberto y Sebas habían coordinado los secuestros. Ninguna de las dos acciones salió bien. De hecho, resultaron un desastre. El empresario de Monterrey murió desangrado, al parecer, por el disparo de uno de sus escoltas. El de Guadalajara no corrió con mejor fortuna. La suerte estaba echada. Cero tolerancia, ninguna negociación con los delincuentes, con terroristas. Era necesario que escarmentaran. De eso se encargarían los muchachos de Don Miguel. Roberto y Sebas fueron detenidos. Unos días después, sus cuerpos aparecieron con evidentes signos de tortura. El de Sebas fue encontrado en Guadalajara, con hematomas múltiples, los huesos rotos, clavos de viga en las rodillas y en los hombros, la quijada destrozada y la masa encefálica expuesta. El de Roberto apareció en Monterrey, en condiciones muy similares. Como un bonus de los torturadores para las familias de los secuestrados, Sebas fue abandonado muy cerca de la casa del empresario muerto; y Roberto, arrojado a unos metros de la casa del empresario regio.
-o-

María tenía una complexión frágil, parecía una adolescente. Era, sin embargo, más fuerte de lo que podría pensarse. ¡Cómo resistía la condenada! Félix tenía experiencia, sabía usar la picana muy bien, seguía la tabla de regulación eléctrica según peso y edad que, pegada en la pared, indicaba la carga exacta de acuerdo al caso. Pero el otro fulano era un incompetente. Y un animal. Un día por poco y mata a María. Y eso no le convenía al capitán. Antes tenían que sacarle más información a La Maestrita. Hubo que llamar al médico. Después de unas maniobras de reanimación, el doc logró que María ‘regresara’. La sesión podía continuar, concedió el médico. Pero el capitán no se iba a arriesgar. Llamó a Félix para que la reanudara. María hubiese preferido morir…
-o-

… casi todos los que estuvimos detenidos tenemos una marca en el tabique de la nariz. Así quedas de la venda que nunca te sacan y se va jodiendo porque te mojan, te meten la cabeza en los excusados y luego se seca, se llaga y se infecta. Uno aguantaba pero hay un momento, compa, cuando lo que quieres es morirte. Y te mueres un chingo de veces y regresas a lo mismo y te vuelves a morir poco a poquito. Y les dices que te maten y nomás se ríen… María es un personaje ficticio de la multipremiada película de Mario Bechis, Garage Olimpo, que recrea los secuestros, cautiverio y torturas en una cárcel clandestina, y el final atroz en los llamados ‘vuelos de la muerte’ que sufrieron decenas de miles de argentinos durante la dictadura militar en ese país.1 La trama del film, empero, no es en absoluto ficción. Se trata de la recreación cinematográfica de un terrible episodio de la historia reciente del Cono Sur. El resto de los testimonios son experiencias reales que vivieron numerosos jóvenes mexicanos que, en la década de los setenta y parte de los años ochenta, decidieron optar por el cambio político a través de la vía armada.

Alicia de los Ríos Merino Susan fue militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, al igual que el padre de su hija, Enrique Pérez Mora El Tenebras. Ideada por el sinaloense Raúl Ramos Zavala2 y su grupo Los Procesos, la Liga fue fundada el 15 de marzo de 1973 por el ex alumno de los jesuitas en Monterrey, Ignacio Salas Obregón, Oseas; Ignacio Olivares Torre, Sebas; Salvador Corral, Roberto,3 y David Jiménez Sarmiento, Chano, entre otros.4 La orga, la resortera, la Dos- Tres, la O, la LC, la Veintitrés, como también se conoció a esta agrupación, fue el grupo de guerrilla urbana más importante de la década de los setenta en México. También el más brutalmente reprimido por la Dirección Federal de Seguridad (DFS),5 dirigida entonces por el General Luis de la Barreda y operada por el tristemente célebre Miguel Nazar Haro.

Los testimonios en primera persona corresponden a otros dos miembros de la Liga: Pedro Cassian Olvera y Jesús morales, respectivamente. Los dos fueron detenidos y torturados por Nazar Haro6 en alguna de las muchas cárceles clandestinas que la DFS y el Ejército mexicano establecieron en puntos estratégicos para detener, torturar, y en muchos casos desaparecer, a los guerrilleros. Son numerosos los testimonios que señalan la participación directa de Nazar Haro en los interrogatorios y las sesiones de tortura a las que fueron sometidos guerrilleros y no guerrilleros por igual.7

Muchos años después, el 18 de febrero de 2004, Nazar Haro fue detenido para enfrentar un proceso judicial en su contra por el delito de desaparición forzada de Jesús Ibarra Piedra el 19 de abril de 1975 en la ciudad de Monterrey.8 Por ello fue remitido al penal de Topo Chico, en el estado de Nuevo León. Su estancia en dicha cárcel fue, en realidad, virtual. Aquejado por la diabetes y otros padecimientos, el ex policía pasó más tiempo atendiéndose en una clínica privada que en su celda. Los costos hospitalarios así como la comida gourmet que le era enviada a diario desde los mejores restaurantes de Monterrey al penal o a la clínica fueron cubiertos por importantes empresarios de la ciudad. Una atención para agradecer a Don Miguel el haberles permitido vengarse de los rojos.9 Favor con favor se paga, dicen…

La estancia no sólo fue cómoda sino también corta pues al tener más de 70 años al momento de su
detención, Nazar Haro pudo gozar de los beneficios de la prisión domiciliaria. Fue absuelto en 2006. Murió en la comodidad de su hogar en 2012.

-¿Torturó usted?
-Pues si me enseñan a torturar, puede que aprenda…
-¿Asesinó?
-Fíjese que nunca he matado ni a una mosca y menos a un ser humano…
Entrevista de Raymundo Riva-Palacio a Miguel Nazar Haro10

MÉXICO ¿MÁGICO?

Por las buenas no se puede…

Los párrafos anteriores y el siguiente análisis del contexto guerrillero del México de los setenta no pretenden, de ninguna manera, hacer una apología de la violencia ni de los delitos en los que incurrieron las diversas organizaciones armadas durante aquellos terribles años. No buscan siquiera justificar tales acciones. Lo que se intenta es comprender las razones por las que para un número importante de mexicanos, en su gran mayoría jóvenes, los caminos de la lucha legal quedaron definitivamente cancelados, sobre todo a raíz de dos sucesos trágicos en los que el sistema demostró, una vez más, su cerrazón ante las demandas legítimas de amplios sectores de la sociedad: el 2 de octubre de 1968 y el Halconazo del 10 de junio de 1971. En estos dos episodios, el Estado mexicano no sólo mostró su peor rostro sino que lo volvió precisamente en contra del sector más prometedor del país: los jóvenes.11

Así, mientras Luis Echeverría daba la bienvenida a notables miembros de las izquierdas latinoamericanas exiliadas en México después de los golpes de Estado en sus respectivos países,12 los agentes de la DFS y miembros del Ejército mexicano se dedicaban a borrar del mapa a tantos subversivos mexicanos como fuera posible. La Brigada Blanca se hizo cargo de la guerrilla urbana mientras que los militares hicieron lo propio preferentemente en zonas rurales. El número de detenidos-desaparecidos es, y lo será quizá para siempre, indeterminado. Se calcula una cifra de alrededor de mil quinientas personas. Sin embargo, si en las ciudades es difícil precisar la cantidad de personas desaparecidas, en las zonas rurales es prácticamente imposible saberlo porque muchas de las víctimas de desaparición forzada no tuvieron siquiera acta de nacimiento. ¿Cómo probar que alguien desapareció si no se tiene prueba documental alguna de su existencia?

La lucha era, a todas luces, desigual. Pero a pesar de todo, había que continuar…
Los laberintos de la soledad

La formación, desarrollo, sobrevivencia y extinción de los diversos movimientos armados que
proliferaron después de 1968 fueron verdaderamente dramáticas. Primero, las dificultades para
articularse en una sola organización capaz de enfrentar al Estado y todas sus herramientas de
aniquilamiento, superando todos los obstáculos imaginables: desde la confrontación entre
individuos y grupos por diferencias ideológicas y estratégicas, hasta la violenta persecución de la
que fueron objeto todos. Luego, la creación de la estructura directiva,13 por un lado, y la definición
y formación de cuadros (entre quiénes trabajar, en dónde, cómo, para qué), por el otro.14 Después,
las diversas formas para hacerse de recursos. La mayor parte de las organizaciones recurrieron a
las llamadas expropiaciones, es decir, asaltos a bancos y empresas importantes, así como el robo
de armas, automóviles y otras herramientas útiles a la causa a las corporaciones policiacas como
los secuestros de políticos, empresarios e incluso diplomáticos. Hubo organizaciones, como las
Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), que estratégicamente apostaban a la guerra popular
prolongada, en vez de ataques frontales múltiples contra el Estado. Asimismo, no recurrieron a las
expropiaciones para obtener recursos.

Las dos últimas fases, la sobrevivencia y la extinción, fueron desde luego las más cruentas. No sólo se trataba de lidiar con el enemigo externo, no siempre tan visible como los guerrilleros habrían deseado. Las batallas se dieron también al interior de las organizaciones, lo mismo por discrepancias político-ideológicas que por traiciones y delaciones (sacadas, las más de las veces, bajo tortura). Por lo menos dos organizaciones importantes contaron con grupos internos de ajuste de cuentas el PDLP de Lucio Cabañas, con su Brigada de Ajusticiamiento; y la Brigada Roja, de la Liga. Los resultados fueron catastróficos, principalmente para la Liga, porque mermaron la confianza interna de los guerrilleros y alimentaron confrontaciones que debilitaron notablemente a las organizaciones.

Otro problema fue la incapacidad para elegir entre las dos opciones más socorridas por los grupos guerrilleros de todo el mundo: el llamado foquismo, que seguía en gran medida los lineamientos de Ernesto Che Guevara,15 y la guerra popular prolongada, que implicaba un trabajo de largo plazo, principalmente con bases estudiantiles, obreras y campesinas. En el caso de México, las diferencias en este sentido al interior y entre organizaciones hicieron prácticamente imposible la articulación de diversos grupos guerrilleros para enfrentar al enemigo común, el Estado. Asimismo, existía una incomprensión de origen entre las guerrillas urbanas y las rurales. Los guerrilleros urbanos estaban convencidos de que debían enseñar a los campesinos a pensar y luego, a actuar; había, pues, que adoctrinarlos. Para Lucio Cabañas y otros dirigentes rurales, no iban a ser los comunistas de la ciudad quienes iban a decir a las comunidades campesinas qué hacer y cómo. Nada tenían que aprender los unos de los otros, creyeron ambos, y en esta trinchera de orgullo, se les fueron muchas oportunidades de, si no unificar ideologías, por lo menos conjuntar esfuerzos.

Al responder a contextos y necesidades sociales diferentes, la incapacidad para ceder y negociar se hizo cada vez más grande e impidió a guerrilleros urbanos y grupos armados rurales complementarse. En lugar de buscar los lugares comunes, se enfatizaron las diferencias y sobre ellas se construyó un muro infranqueable contra el que nadie pudo.16

Ahora bien, en un país en donde, a pesar de los signos evidentes de crisis política, la sociedad en general mantenía un índice de confianza en el gobierno medianamente aceptable, resultaba verdaderamente difícil lograr que la opinión pública, mal informada y altamente prejuiciada, distinguiera al guerrillero del delincuente común. Más de un sector compró íntegra la versión del gobierno que, en el mejor de los casos, hablaba de jóvenes desorientados y manipulados por fuerzas oscuras. En un contexto de guerra fría donde el enemigo era el comunismo (aunque la mayoría no tuviera la menor idea de lo que realmente era), la sociedad permanecía, en términos generales, en una especie de letargo informativo del que estaba poco deseosa de salir.

También resultaba complicado, y en muchos casos inútil, el trabajo con las bases campesinas y obreras. La mayoría prefería seguir la lucha por la vía legal, a pesar de las amargas experiencias vividas. Pocos eran, pues, los que se arriesgaban a escuchar a los guerrilleros, menos aún los que se decidían a seguirlos. En este sentido, en un primer momento las organizaciones hicieron un cálculo demasiado optimista.17 Creyeron que, ante las circunstancias críticas del país, la cerrazón política del Estado, la represión y falta de democracia, las clases populares se incorporarían a la lucha y se levantarían en armas a la primera señal. Craso y costoso error. Jamás pudo articularse una movilización a gran escala que pusiera realmente en riesgo al Estado (aunque éste respondió como si el peligro fuera inminente).

El Escaramujo 118: A 50 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO EN CHILE

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

Ellos creen que eliminando a un hombre, a un político, a un dirigente, el proceso social va a desaparecer. Pero es un error. Podrá demorarse, podrá prolongarse pero, a la postre, no podrán detenerlo. En el caso de Chile, si me asesinan, el pueblo seguirá su ruta, seguirá su camino… Con la diferencia, quizás, que las cosas van a ser mucho más duras y mucho más violentas porque será una lección muy clara, muy objetiva para la masa de que esta gente no se detiene ante nada…
Salvador Allende Gossens

El 11 de septiembre pasado se cumplieron 50 años de uno de los más lamentables episodios en la historia reciente de América Latina y de la democracia mundial. En el contexto actual, vale la pena rememorar los fatídicos acontecimientos ocurridos el 11 de septiembre de 1973.

La mañana de ese día, Salvador Allende Gossens, presidente legal y legítimo de Chile desde noviembre de 1970, moría1 en el ataque que un sector de las Fuerzas Armadas dirigió al Palacio de La Moneda, sede del poder ejecutivo chileno. Con el golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet Ugarte2 y auspiciado por el gobierno de Richard Nixon, cayó el primer gobierno socialista en el mundo elegido por sufragio universal. Chile se convertiría en el conejillo de Indias del neoliberalismo en América Latina, engrosando así la lista de naciones devastadas por el humillante intervencionismo de los Estados Unidos.

UN LARGO CAMINO

La carrera de Allende en la política fue ciertamente difícil. Pero la perseverancia y la tenacidad hicieron de él un hombre tenaz que supo esperar su momento.

Poco después del fracaso de Marmaduke Grove Vallejo3, un nuevo instituto político nacía en Chile: el Partido Socialista, fundado en abril de 1933, entre otros, por el mismo Grove Vallejo y por el joven Salvador Allende, quien entonces tenía 25 años.

Tres años después, el movimiento comunista internacional, dominado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), hacía un llamado a todos los partidos afines del mundo para frenar el totalitarismo de los gobiernos fascistas europeos.4 Fue así que surgió el Frente Popular (FP). Sin embargo, a pesar de la radicalidad de algunos de sus miembros, el FP tuvo un carácter más bien reformista que le dio el triunfo en las elecciones presidenciales de 1939. Para 1947 el FP había expulsado a todos los izquierdistas radicales de sus filas. Y Allende ya había ingresado de tiempo completo a la política. Antes de cumplir los 30, fue electo diputado por las ciudades de Valparíso y Quillota, región de Valparaíso. En 1945 fue electo como senador y seguiría siendo legislador hasta 1970.

Por otro lado y a pesar de la solidez de sus instituciones, particularmente el Ejército, la democracia chilena enfrentó, desde principios del siglo XX, una constante: la polarización del electorado, reflejo de una sociedad profundamente dividida entre diversas corrientes de izquierda socialistas y comunistas, un centralismo oportunista y grupos de derecha liberal-conservadora, una de cuyas expresiones más importantes fue el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Las elecciones de 1964 fueron un claro ejemplo de esta realidad. Las derechas, unidas en el PDC, presentaron como candidato al conservador de centro Eduardo Frei Montalva,5 mientras que las izquierdas tuvieron en Salvador Allende al candidato de unidad. Se trataba de una elección decisiva en la que se enfrentaron de manera más contundente dos modelos de nación.

Chile estaba en la mira de la comunidad internacional, que se debatía en la bipolaridad de la guerra fría.6 El Frente de Acción Popular (FRAP),7 en boca de Salvador Allende, expresaba su abierto rechazo al capitalismo y al imperialismo estadounidense y la intención de transitar pacíficamente hacia el socialismo. Por su parte, los Estados Unidos tenían un especial interés en impedir que cualquier otro país de América Latina emulara a Cuba.8 De ahí que pusieran en marcha todos los recursos a su alcance para apoyar la candidatura de Frei Montalva, que se presentaba como el gran reformador.

A través de operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA),10 el gobierno estadounidense gastó más de 2,7 millones de dólares en apoyo directo a la campaña de Frei. Varios millones más fueron donados por organizaciones e instituciones contactadas por el gobierno estadounidense en Europa: el Partido Demócrata Cristiano de Italia, el Vaticano, las casas reales de Holanda y Bélgica, la Democracia Cristiana holandesa y la alemana así como la Iglesia católica de los Estados Unidos. Con estas donaciones, se creó un fondo administrado por la CIA para 1) Financiar campaña a favor de Frei y de terror contra Allende; y 2) Convencer a distintas personalidades dentro de Chile opuestas a Frei Montalva para que cambiaran a la intención de su voto a favor de aquél. Se calcula que, a través del gobierno estadounidense, se invirtieron más de 4 millones de dólares para financiar acciones clandestinas en contra del FRAP, como quedó documentado por el Comité Church varios años después.11 Los esfuerzos de las derechas chilenas y de sus aliados estadounidenses y europeos dieron resultados: Frei Montalva ganó las elecciones con un cómodo margen de 56 por ciento de los votos contra 39 por ciento de Allende.

Para cumplir con las grandes expectativas generadas, una vez asumido el cargo, el gobierno de Frei Montalva se concentró en sacar al país de la crisis económica heredada del gobierno de Alessandri. La primera medida tuvo que ver con el principal recurso natural de Chile: el cobre. Gran parte de la sociedad chilena esperaba que el país tuviera mayores beneficios de su explotación. El problema era que la industria estaba en manos de empresas estadounidenses. Como en otros rubros, Frei Montalva ofreció una solución intermedia, que dejó satisfechos a los empresarios extranjeros pero que generó mucho descontento y críticas desde las izquierdas. La idea del presidente chileno era, ante todo, aumentar la producción, las ganancias y apropiarse de parte de la industria. Los resultados fueron, empero, muy magros. Si bien los ingresos por exportación de cobre aumentaron en los siguientes años, esto se debió a un aumento en los precios del metal, no a una mayor producción.

Algo similar ocurrió en el sector agrario y la participación política de las clases populares. Por un lado, los resultados de la prometida reforma agraria de fondo frustraron las aspiraciones de los campesinos chilenos, que llevaban décadas exigiéndola. Por el otro, el impulso que Frey Montalvo dio a la conformación de cooperativas y el comunitarismo, lejos de apaciguar la efervescencia política, fortaleció la conciencia política de sindicalistas, estudiantes, profesionistas. Asimismo, aunque el gobierno de los Estados Unidos, siempre al pendiente de los resultados del gobierno demócrata cristiano de Chile, le otorgó un generoso crédito y gestionó que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo hicieran lo propio, la situación económica del país fue aun más incierta, pues dichos préstamos terminaron por engrosar sustancialmente la deuda externa. La ‘Revolución en libertad’ ofrecida por Frei Montalvo mostraba sus limitaciones más temprano que tarde. Si bien el PDC consolidó su poder en las elecciones de 1965, en los procesos electorales subsiguientes perdió terreno.

Un año antes de las elecciones presidenciales de 1969, el PDC ya no tenía mayoría legislativa. Ante la imposibilidad de reelección consecutiva que impedía a Frei volver a ser candidato, para 1970, las derechas, cuya unidad les había garantizado el triunfo en 1964, decidieron presentarse por separado. La ultraderecha optó nuevamente por el ex presidente Jorge Alessandri como candidato; la Democracia Cristiana, por Radomiro Tomic; y las izquierdas, esta vez aglutinadas en torno a la Unidad Popular (UP),12 una vez más por Salvador Allende. La fragmentación de las derechas en dos frentes permitió, por fin, el triunfo de las izquierdas. Ante el horror de las derechas y del gobierno de los Estados Unidos, el 4 de septiembre Allende ganaba con un reducido margen que, a pesar de todo, no pudo revertirse.

Es importante mencionar que la UP era un grupo heterogéneo que llevaba la unidad sólo en el nombre. Desde los moderados, como el mismo Allende,13 que buscaban la transformación siempre por la vía legal hasta los más radicales que no descartaban el uso de las armas para tal fin, todos encontraron en la UP el espacio para construir un diálogo que en otras circunstancias quizá no se hubiera dado. Lo cierto es que la frágil y coyuntural alianza entre tan diversos sectores de izquierdas jugó un papel decisivo en los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973.

¡VIVAN LA CHICHA, EL VINO, LA CUECA, LA ZAMBA Y LA DEMOCRACIA!

Venceremos, venceremos,
con Allende en septiembre a vencer.
Venceremos, venceremos,
¡la Unidad Popular al poder!
Himno Venceremos (fragmento)

Con una apretada diferencia, la UP ganó las elecciones del viernes 4 de septiembre de 1970.

Luego de la victoria, el objetivo de la oposición y del gobierno estadounidense fue uno: impedir a toda costa la toma de posesión de Allende. Para ello, se movieron en dos flancos: con el Congreso chileno, que debía ratificar el triunfo dado el apretado margen entre el triunfador y Alessandri (de menos de 2 puntos porcentuales); y con el Ejército, algunos de cuyos altos mandos habían expresado un marcado repudio hacia la UP y en especial, hacia Allende.

En cuanto al Congreso, la ultraderecha pensaba presionar a los legisladores para que, violentando el estado de derecho, no reconocieran el triunfo de Allende y, con sus votos y los de la DC, ungieran a Alessandri como presidente. Con el fin de lograr la legitimidad mínima necesaria para gobernar, la idea era que Alessandri convocara a nuevas elecciones renunciando al cargo inmediatamente después. Los democratacristianos rechazaron esta posibilidad y se inclinaron para la propuesta del ex candidato Tomic: nombrar a Allende presidente de Chile a cambio de un Estatuto de Garantías, lo que finalmente ocurrió.14

Quedaba entonces el Ejército, tan institucional como conservador…

El Escaramujo 117: CHIAPAS Y LOS GRUPOS DE ‘AUTODEFENSA’

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

CHIAPAS Y LOS GRUPOS DE ‘AUTODEFENSA’
Y el manoseo conceptual…

Gustavo Castro
Otros Mundos Chiapas
7 de Septiembre 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/

Diversos analistas, centros de derechos humanos, iglesias, periodistas e incluso organizaciones sociales tanto urbanas como rurales, entre otros actores, usan de manera indiscriminada y como les da la gana los conceptos de ‘paramilitares’ y ‘autodefensas’ con el fin de adaptarlos a sus narrativas favorables en sus diagnósticos coyunturales. Por tanto, se cae en contradicciones. Y es que para un análisis o ‘informe’ adecuados, al menos enmarcar el concepto de lo que se entiende por cada uno de estos términos, es de rigor. (Este artículo está en continuidad con El Escaramunjo 114 , 115 y 116).

¿LOS GRUPOS DE ‘AUTODEFENSA’?

Como hemos mencionado reiteradamente, en otras entidades del país se han visto acciones violentas
descomunales y alarmantes: decapitados, fosas clandestinas, cuerpos calcinados o ahorcados bajo los
puentes, asesinatos de periodistas y de funcionarios públicos o hasta de presidentes municipales.

También se registra el uso de bombas, drones, quema de instalaciones policíacas, retenes falsos o camuflados, balaceras en diversos establecimientos, siembra y consumo de drogas escandalosos, desplazamientos masivos de comunidades enteras, extorsiones y levantones de mujeres, reclutamientos forzados, entre otros muchos indicadores, que han provocado en algunos lugares el levantamiento armado de ciertos sectores de la población con el objetivo de ‘defenderse’ y expulsar a los cárteles de sus territorios.

Estos grupos se han autodenominado entonces como grupos de “autodefensas”, como una reacción
frente a las agresiones y que se organizan con un solo objetivo: expulsar al cártel. Es una acción ‘pasiva’ más que ‘activa’.

Por tanto, entenderemos como grupo de ‘Autodefensa’ a un grupo personas, en el ámbito rural o urbano, que se organizan de manera ‘espontánea’, por decirlo de alguna manera, originado por el hartazgo y que de forma armada quieren defenderse de las agresiones del narco. No reivindica ninguna ideología específica, no están en función de construir un proyecto político, no pretende derrocar al gobierno, no busca ampliar su zona de influencia más allá del propio territorio que le están amenazando. No es una guerra continua, permanente, sino de acción-reacción y mecanismos de protección. No se declaran en ‘guerra’ contra los cárteles.

Los grupos de ‘autodefensa’ actúan ante la ‘pasividad’ del estado, la impunidad y la ausencia de las instituciones. No son parte de la estructura del Ejército ni de la policía, ni éstos los entrenan o arman, pero para defenderse lo hacen pese a ellos. Connotan legitimidad y acción positiva por el hecho de defender su vida y hacerle frente a la violencia. Por eso hasta los ‘malos’ usan el concepto.

Los grupos de autodefensa pueden estar conformados por ganaderos, transportistas, productores, generadores de servicios, profesionistas, ex guerrilleros, colonos, organizaciones campesinas, indígenas o urbanas, el ciudadano de a pie, líderes comunitarios, organizaciones gremiales, vecinos y todo aquél que se suma para defender el territorio amenazado por el narco que viola mujeres, roba bienes muebles e inmuebles, cobra piso, extorsiona, entre otras acciones violentas que ya hemos descrito anteriormente. A mayores expresiones de autodefensa más indica que el estado está rebasado, que es parte o cómplice de la violencia o que sus estrategias para garantizar la seguridad no son eficaces.

Consideramos que pocas expresiones de “autodefensa” han sobrevivido. Más temprano que tarde han colapsado y ante la pérdida de rumbo navegan según ciertos intereses. Puede ser que también hayan sido cooptados por el Ejército, la policía o el mismo narco, ya que no tienen un proyecto alternativo a largo plazo qué defender y sucumben en un corto tiempo.

Los grupos de autodefensa no cuentan con financiamiento, aunque algunos que se cuelgan el mote controlen las remesas para la compra de armas, municiones o droga. Las autodefensas no les une más que el hecho de defenderse, no tienen proyectos o cosas en común más que el hartazgo. Pese a ello, nunca a nadie se le ocurrió decir que en algún rincón del país se está al borde de una “guerra civil”, como algunos grupos afirman que sucede en Chiapas y en Guerrero quieren adoptarlo. A nadie se le ha ocurrido decir que el gobierno federal esté armando grupos de autodefensa en la lógica de la contrainsurgencia, como lo fueron las Patrullas de Autodefensa Civil en Guatemala.

Una de las ambigüedades estriba en que cualquiera que se auto defiende de un enemigo se les llama o se autodenominan ‘autodefensa’, ya sea narco, civiles desarmados o ‘paramilitares’. O sea, todos se defienden del otro, ya sea el ‘bueno’ o el ‘malo’. Y como es legítima la autodefensa a cualquiera le sirve de justificación para bañarse de ‘bueno’. Ello significa que no es ‘guerra’, sino ‘autodefensa’, asociada a lo legítimo y positivo. Veamos algunos ejemplos.

En Guatemala, el gobierno y su ejército crearon las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) a principios de la década de 1980 como una fuerza paramilitar contrainsurgente. Al llamarles ‘autodefensa’ y ‘civil’, se pretendió también darle una connotación e imagen positiva. Las PAC provocaron tanta violencia y dolor al pueblo guatemalteco cuando se implementó la política de ‘tierra arrasada’ que exterminó a mucha población por medio de terribles masacres y persecuciones. Se le llamó ‘tierra arrasada’ y ‘exterminio’ y no ‘guerra’, quizás porque las comunidades indígenas violentadas huyeron a México sin enfrentarse de forma armada contra el Ejército y sus PAC’s.

Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se les identificó como una organización paramilitar, narcotraficante y contrainsurgente de extrema derecha que operó durante el ‘conflicto armado interno’, que no se identificó como ‘guerra civil’, entre 1997 y el 2006. Luego revivieron y se les denominó grupos ‘neo paramilitares’, entre ellos las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (Clan del Golfo), siempre ligados al narcotráfico.

En El Salvador surge en 2015 un grupo de ‘autodefensa’ en el Departamento de San Vicente integrado por ex combatientes de la ‘guerra civil’ librada entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la dictadura entre los años 1979 y 1992. Este grupo pretendió el reconocimiento oficial para combatir a pandilleros, maras, narcotráfico y asesinatos. En el siguiente Escaramujo hablaremos del concepto de la ‘guerra’ y ‘guerra civil’.

En Panamá, desde 1997 se identificaba a las “Autodefensas Campesinas” y “Brigadas de Autodefensa” como grupos paramilitares muy violentos ligados a los cárteles de la droga, quienes asesinaban, violaban y pretendían el control del paso del Darien.

O sea, los conceptos ‘autodefensa’ como ‘paramilitar’ se usan indiscriminadamente y cada quien a su favor y según convenga. No existe una definición consensuada, lo que no implica el rigor de caracterizarlo a la hora de elaborar los propios análisis e informes sobre la situación en Chiapas.

En México, las ‘policías comunitarias’ fueron legales desde el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934- 1940). Sin embargo, fue hasta poco antes, durante y posterior a la ‘guerra sucia’ de la década de 1970, que la falta de procuración de justicia, la impunidad hacia los pueblos indígenas y con total ausencia del Estado de Derecho, agudizó la inseguridad y el incremento de los delitos en la Región de la Montaña-Costa Chica del estado de Guerrero.

En las masacres en Guerrero siempre han estado vinculados el Ejército Mexicano y fuerzas policíacas. Desde la primera matanza ocurrida durante el proceso electoral en 1952, luego la matanza de estudiantes en 1960 que exigían respeto a la autonomía universitaria, y otra matanza más en 1962 contra la Asociación Cívica Guerrerense (ACG) quienes fueron víctimas de persecución, detenciones, allanamientos y más asesinatos.

En 1967 el Ejército masacra a padres de familia en Atoyac de Álvarez que protestaban frente a la escuela y fue cuando Lucio Cabañas huye a la sierra y funda el Partido de los Pobres. Es asesinado posteriormente en 1972. En ese mismo año, el conflicto en el sector coprero termina en una masacre en Acapulco ordenada por Gobernador del estado.

No podemos olvidar la masacre de Aguas Blancas en 1995. En 1988 el Ejército rodea la escuela en Ayutla de los Libres, donde descansaban autoridades indígenas ñuu savi, y los masacra. En 2014 la terrible desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa presidido de muchos casos de desaparecidos y asesinados.

El Escaramujo 116: CHIAPAS Y LOS GRUPOS ‘PARAMILITARES’

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo

CHIAPAS Y LOS GRUPOS ‘PARAMILITARES’
Y el manoseo conceptual…

Gustavo Castro
Otros Mundos Chiapas
30 de Agosto 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

Diversos analistas, centros de derechos humanos, iglesias, periodistas e incluso organizaciones sociales tanto urbanas como rurales, entre otros actores, usan de manera indiscriminada y como les da la gana los conceptos de ‘paramilitares’ y ‘autodefensas’ con el fin de adaptarlos a sus narrativas favorables en sus diagnósticos coyunturales. Por tanto, se cae en contradicciones. Y es que para un análisis o ‘informe’ adecuados, al menos enmarcar el concepto de lo que se entiende por cada uno de estos términos, es de rigor. (Este artículo está en continuidad con El Escaramunjo 114 y 115).

¿LOS GRUPOS ‘PARAMILITARES’?

El concepto “paramilitar” se usa en todo el mundo de diversas maneras y en diversos contextos, desde las guerras en África, Asia o en América Latina. Se usa de muchas formas, incluso contradictorias. En algunas ocasiones consideramos que el concepto está bien establecido y caracterizado en el análisis, pero en otras pareciera más bien el uso indiscriminado del concepto con el objetivo de justificar una posición política o ideológica, para estigmatizar a un actor o engrosar los argumentos contra el gobierno en turno acusado de ser el autor tras bambalinas de toda agresión.

Se usa también para referirse a un grupo armado delictivo o de narcos, para denostar a una comunidad o colectivo que se organiza para defenderse legítimamente de agresiones armadas, para estigmatizar o desacreditar a cualquier actor o enemigo y esconder el origen de otros conflictos que subyacen en la confrontación.

El concepto lo usan las narrativas de izquierda tanto como la derecha para acusar al mismo gobierno al que ambos se oponen, porque siempre los ‘paramilitares’ estarán asociados al gobierno. Y si esto no se sustenta ni con el sentido común, entonces usar el concepto ‘de corte paramilitar’ ayuda a acercarse al mismo objetivo. Cada quien lo usa a su antojo e interés.

Así, ya cualquiera es ‘paramilitar’, o en su defecto ‘de corte paramilitar’ -o sea que no es paramilitar pero como si lo fuera-. Y esto se presta a mucha manipulación y confusión, porque dependiendo del contexto y a quien se le cuelga el concepto, evoca, provoca y convoca consecuencias distintas, connotaciones distintas.

En el caso de México y específicamente para el análisis de la situación en Chiapas, entendemos por el
concepto “paramilitar” al grupo de civiles conformados, organizados, armados, entrenados y dirigidos
por el Ejército oficial en base a una estrategia definida desde el gobierno central contra la población
inconforme ya sea que esté o no armada.

Los ‘paramilitares’ tienen una estructura interna y ejecutan acciones fuera del marco legal para lograr las estrategias del gobierno central. Sus actuaciones no están reguladas por marcos internacionales en el ejercicio de sus acciones armadas. No son parte formal y oficial de las fuerzas militares y pueden estar integrados por población local, guardias blancas, narcotraficantes, grupos de ultra derecha, sicarios, ex militares, ex policías, o grupos que les une el odio, la venganza o cuentas pendientes contra el sector objetivo de las agresiones violentas que el Ejército o las fueras policíacas no pueden ejecutar por salirse de la legalidad, o para no ser acusados de violación a los derechos humanos.

El grupo ‘paramilitar’ o a veces también llamado ‘para policial’, ‘grupo de choque’ o ‘contrainsurgente’, ejecutan impunemente acciones como desapariciones forzadas, homicidios, masacres, robos, intimidaciones, vigilancia y control, amenazas, desplazamientos forzados, ejecuciones, violaciones sexuales, entre otras acciones. Todo esto en el marco de una ausencia del Estado de Derecho.

Por tanto, el concepto ‘paramilitar’ se usa indiscriminadamente para referirse a cualquier grupo civil armado, a un grupo de Autodefensa comunitaria o a cualquier pandilla. Y podrían serlo solo si están bajo el mando o cumplen la agenda que le marcan las fuerzas militares o policíacas quienes los reclutan, arman y entrenan ilegalmente, y a final responden a la estrategia del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Este fue el marco en que el gobierno mexicano creó varios de estos grupos paramilitares en el contexto del levantamiento armado del EZLN en 1994. Sin embargo, es pertinente preguntarse si aquellos ¿subsistieron?, ¿se mantuvieron?, ¿evolucionaron? ¿se independizaron?, ¿desaparecieron?, ¿son actualmente los mismos?, ¿siguen bajo el mando del gobierno luego de 30 años y 5 gobiernos distintos? Ahora, hay que tomar en cuenta que con el nuevo actor hegemónico ‘narco’ en el escenario territorial, toda otra expresión armada se verá obligada a negociar, replegarse, unirse o defenderse, de ahí las ‘autodefensas’ cuyo concepto también se manosea al extremo.

Durante los primeros seis años del conflicto armado en Chiapas, de 1994 al 2000, especialmente, los grupos ‘paramilitares’ en la entidad proliferaron aprovechando encausar el odio, las rencillas, las divisiones, las venganzas, los desacuerdos entre las comunidades con el EZLN, el racismo de los terratenientes y su frustración de las tierras perdidas en las recuperaciones indígenas en el contexto del alzamiento armado.

En ese momento, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) era el actor político más importante que logró marcar la agenda política y social no sólo de Chiapas sino del país, y centró la atención internacional. Por ello, habría que derrotarlos con todos los instrumentos posibles, entre ellos el impulso del para militarismo y todo grupo que buscara venganza, quienes ejecutaron estrategias contra insurgentes como fueron “Los Plátanos”, “Los Tomates”, “Los Chinchulines”, “Paz y Justicia”, “Máscara Roja”, “Los Chentes”, “Los Petules”, “Los Puñales”, “Los Aguilares”, “MIRA”, “Organización Clandestina Revolucionaria”, entre otros. También hubo otros grupos de guardias blancas comandados por los grandes terratenientes que se les dejó hacer para que abonaran a la estrategia de descomposición y contrainsurgencia.

Como ya hemos visto, en México y específicamente en Chiapas, la mayor violencia que vivimos actualmente es la generada por el narco, y sería muy ingenuo pensar que está orquestada, diseñada y provocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo que por décadas ha infestado las estructuras del Estado.

Pese a lo anterior, para muchos analistas toda acción violenta en Chiapas es actuación de ‘grupos paramilitares’ connotando que es producto de una estrategia deliberada desde la presidencia de la República para destruir principalmente a las comunidades zapatistas. Y eso no se sostiene ni con el sentido común. No solamente porque la mayor violencia desgarradora es la que vive la mayoría de la población urbana y rural, sino que además el conflicto ya no es el mismo de hace 30 años.

Y con todo respeto, el zapatismo no es actualmente el actor que amenace en el territorio chiapaneco el avance de los planes del presidente, mucho menos que sea el actor presente en todo el país por lo que no representa una amenaza territorial ni militar como para que se vuelva un objetivo central a aniquilar, como sí lo fue entre los años de 1994 al 2000. Afirmarlo sería una gran mentira como engaño.

Por ello, cuando el EZLN sea el actor que impida el avance de los proyectos mineros, de las represas, de la palma de aceite, de los aeropuertos y ampliaciones portuarias que implican despojo y profundización del extractivismo, o detenga el avance de los pozos petroleros y ahora las nuevas amenazas que se ciernen en el municipio de Benemérito de las Américas, cuando detengan el avance del Tren Maya, de la súper carretera San Cristóbal-Palenque, del gasoducto costero y la ampliación del ferrocarril por esa región, el avance del Parque Industrial con sus más de 800 hectáreas como plataforma del extractivismo, cuando detenga el avance del programa Sembrando Vida, del programa Jóvenes Construyendo Futuro y otros programas, o la instalación de tanto cuartel de la Guardia Nacional, y claro, por medio de la movilización de un músculo social fuerte ya que ha abandonado la lucha armada, entonces seguramente sí estaría en la estrategia de aniquilamiento gubernamental, sin duda. Pero nada de esto ha pasado. Incluso el gobierno facilita la entrega de credenciales electorales como de Actas de Nacimiento.

Sin embargo, eso no quita que los ya menos que siguen resistiendo, los que no se fueron a los Estados Unidos, los que no salieron de sus organizaciones o fueron expulsados, los que no aceptaron programas de gobierno y construyen alternativas en sus comunidades ya sea de salud, producción, educación o justicia autónomas, con gran heroísmo y admiración por la defensa de su territorio cada vez más acotado, no sean amenaza para el avance y consolidación territorial del narco. Porque el narco se alimenta también de los programas sociales y las remesas.

Como prácticamente todas las regiones están rodeadas por el narco en Chiapas, el apoyo, la solidaridad, el fortalecimiento de las alianzas, la recuperación de los espacios públicos, la organización, la unidad, la ayuda humanitaria, el apoyo a las resistencias, la rearticulación de los movimientos sociales, se vuelven estrategias fundamentales para detener este cerco (en otro momento abordaremos el tema de la ayuda humanitaria en en el contexto de conflictos armados internos).

Consideramos que es necesario ser más finos y responsables en el análisis y evitar posicionarse en la realidad bajo los extremos de gris y negro, como si no hubieran sus matices que, no por ello, son menos importantes para definir la coyuntura actual. Por tanto, consideramos que una crítica al gobierno en un aspecto no implica un rechazo total a todo lo que hace, a menos que se explicite y se compruebe. Y un reconocimiento positivo a una acción gubernamental no significa ser un “Amlover”. En otro Escaramujo abordaremos las claves para leer el gobierno de AMLO. Por lo pronto consideremos algunos aspectos como ejemplos:

Una cosa es considerar que algunos grupos paramilitares de antaño sobrevivieron, se re configuraron, siguen su propia dinámica y luchan por sus intereses territoriales e incluso se liguen con el narco, y otra es afirmar que AMLO está formando grupos paramilitares para aniquilar a los zapatistas.

Una cosa es que el corrupto sistema judicial federal -antiAmlo en muchos sentidos-, libere asesinos quienes fueron paramilitares o narcos, y otra es afirmar que tal acción es deliberada por AMLO para combatir a los pueblos originarios.

Una cosa es considerar que las políticas de gobierno socavan la autonomía y la identidad de los pueblos originarios aunque considere que son para su mejor desarrollo, y otra es considerar que son diseñados por el gobierno federal para su exterminio.

Una cosa es considerar que las políticas de gobierno, los programas sociales y los megaproyectos destruyan territorios, despoliticen a la población rural y urbana, generen clientelismo y corrupción, hagan extender la mano bajo la manga de ricos y pobres, de población urbana y rural, para recibir el dinero gubernamental, y otra es considerar que la estrategia de AMLO solo es acabar con las ya menos comunidades zapatistas.

Una cosa es que el narco esté asesinando y desplazando a miles y miles de personas en la entidad, y otra es concluir que AMLO esté diseñando el exterminio de los pueblos indígenas. Y así, podemos exponer muchos más ejemplos de los discursos y supuestos análisis de la coyuntura que se realizan por diversos actores. Y cabe destacar que muchas veces no son razonamientos malcriados, sino paralogismos, silogismos o entimemas.

Por otro lado, existen conflictos y enfrentamientos violentos en comunidades de Chiapas que se presumen como acciones de paramilitares contra ciertas comunidades, sin embargo, es conocido que existen conflictos internos por la disputa y distribución de tierras que antaño recuperaron cuando estaban juntos, pero ante la división no hay acuerdos sobre la cantidad y los mecanismos de su distribución por parte de quienes se separan de la organización y se confrontan armados. Armados contra armados. Y lo peor, se conocen muy bien. La misma lógica sucede entre los cárteles.

Mientras la Diócesis de San Cristóbal de las Casas afirma que “Chiapas está en guerra”, el EZLN enfatiza que “Chiapas está al filo de una guerra civil”. Por ello, bajo el lema “Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas”, recientemente se realizaron movilizaciones en varias partes del país y del extranjero en apoyo y solidaridad con el EZLN. Sobre todo se centra en la demanda de alto a las agresiones por parte de la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (ORCAO) y como respuesta a la invitación que hicieran 800 organizaciones y más de mil personalidades firmantes que

El Escaramujo 115: CHIAPAS, ¿NARCO O CRIMEN ORGANIZADO?

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

CHIAPAS, ¿NARCO O CRIMEN ORGANIZADO?
Y los anacrónicos análisis…

Gustavo Castro
Otros Mundos Chiapas
Lunes 14 de Agosto 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

Existen muchas perspectivas que explican la situación actual que se vive en Chiapas, violencia descomunal de la cual ya hablamos en El Escaramujo No. 114 y que el Presidente de la República se niega a reconocer ante los medios de comunicación, aunque en la realidad el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas envía cada vez más militares y construye más cuarteles para supuestamente inhibir o detener esta narcoviolencia que va en aumento.

Algunas organizaciones de derechos humanos, la Iglesia Católica, entre otros analistas, construyen narrativas, lecturas, supuestos análisis y diagnósticos de la situación en Chiapas acompañados de afirmaciones como estas: “es una guerra de contrainsurgencia”, “es una guerra del Estado contra los zapatistas”, “estamos al borde de una guerra civil”, “es una guerra del Estado con sus grupos paramilitares”, “es una guerra contra los pueblos indígenas”, entre otras.

Sin embargo, consideramos que muchas de estas afirmaciones se caen por su propio peso y no se sostienen de manera correcta. No se puede hacer un análisis basado en conceptos que se usaron hace 30 años en un contexto diferente al actual. Es necesario crear y recrear estos y otros conceptos. Es necesario hilar más fino ya que un tipo de análisis de la coyuntura desprende acciones y consecuencias diferentes. Actualmente existen nuevos actores, otros han desaparecido o disminuido su influencia, unos se han camuflado y otros han cambiado de bando, otros actores se han fusionado, algunos más se han dividido y ahora se confrontan incluso en el escenario bélico. Las alianzas se han modificado y la correlación de fuerzas ya no es la misma. Por ello, no se pueden concluir las mismas afirmaciones y eslogan que hace décadas ayudaron a diagnosticar la situación en Chiapas. Pese a todo lo anterior, algo sí es constante: la lógica de la acumulación incesante de capital. La disputa y el control por el territorio sigue siendo la misma, elemento clave para comprender los acontecimientos actuales.

Como ya hemos mencionado, muchas organizaciones no solo fuera del estado de Chiapas sino del país, han asumido una narrativa y un análisis anacrónico y se estancan en los conceptos. Esto ya se ha visto en otros contextos. Hoy no podemos evaluar ni analizar la situación de la Nicaragua actual con la de los inicios de la Revolución Sandinista. No se puede leer la situación actual de Venezuela desde el contexto de Hugo Chávez, por poner tan solo unos ejemplos. Cabe destacar que, cuando se alerta sobre ello y se rompe con esta narrativa, aquellos sectores encapsulados desde el análisis del pasado llaman ‘traidores’ a quienes desafían las narrativas que no se permitían dislocar, y quien lo hiciere, merecida guillotina política y social. Aunque en algunos casos se llegó a las descalificaciones y las amenazas. Así, los que criticaron desviaciones de los procesos revolucionarios en El Salvador, Guatemala o Nicaragua, el ostracismo político fue lo menos. Lo mismo latenta en Chiapas desde hace años.

México, y en específico Chiapas, no son la excepción. Ciertamente a partir de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) modificó la coyuntura nacional y la correlación de fuerzas. Aunque su presencia militar solo se ubicaba en Chiapas y la guerra duró 12 días, modificó las piezas en el tablero político del país, logró imponer la agenda nacional, logró articular alianzas locales, nacionales e internacionales, y fue el actor capaz de mover el escenario del Congreso de la Unión a una comunidad indígena en su territorio bajo la lógica de la negociación. El EZLN logró que el país soñara en que el cambio era posible y fue el actor político más importante en la década de los 90’s. Pero el gobierno violentó el proceso de paz, provocó una gran violencia y militarización, administró el conflicto, creó grupos de paramilitares e hizo todo lo posible por romper el proceso de paz y de la negociación, cuyo escenario iba perdiendo, para regresarlo al escenario que podría controlar: el Congreso de la Unión y los partidos políticos. De 1994 al año 2000, seis años fueron los que duró un proceso que transformó las consciencias en el país, hasta el rompimiento del diálogo. Pero esto, ya pasó.

Así, durante muchos años se mantuvo un análisis bajo los mismos patrones, eslogan y axiomas inamovibles: los zapatistas son muchos, controlan muchos territorios, es un ejército fuerte, todos los gobiernos quieren acabarlos porque son un gran estorbo a sus proyectos de nación, detienen y obstaculizan la construcción de obras y proyectos importantes, están solos pero al mismo tiempo todos estamos con ellos, cada acción violenta de los que son víctimas proviene del gobierno y sus estrategias de contrainsurgencia, todo grupo armado son paramilitares del gobierno, entre un largo etcétera de narrativas acompañados con vítores a toda iniciativa con supuesto “impacto nacional e internacional”. Sin embargo, entre pasillos más de uno ya no lo sostiene. La evidencia es ya tan obvia que no se puede ocultar la realidad que incluso sale a la luz en la prensa, en las reuniones y espacios de encuentros y análisis. Sin embargo, todavía existe cierta presión social a no romper con esta narrativa so pena de ostracismo político. Mantener la misma narrativa no ayuda a nadie y analizar la situación desde otros parámetros no es ‘traicionar’ a las comunidades zapatistas ni sus esfuerzos heroicos por crear alternativas de vida al capitalismo, procesos propios de salud, de educación, de justicia, de vida digna de admiración y gratitud, como otros muchos esfuerzos en el ámbito rural y urbano.

¿NARCO O CRIMEN ORGANIZADO?

Es evidente que ya no se puede analizar la coyuntura sin la perspectiva del actor “narco”, o para otros del llamado “crimen organizado” que irrumpe en todos los escenarios de la vida, aunque no de manera espontánea ni de un momento a otro, sino como un proceso que ha ido creciendo a lo largo de los años. Sin embargo, preferimos llamar “narco” a este actor, porque existen muchas formas de “crimen organizado”, de organizarse para cometer un crimen, que puede ir desde una pandilla callejera hasta las llamada “estafas maestras” o de “cuello blanco” por parte de banqueros, políticos y/o empresarios y que se manifiestan por todo el mundo, incluso en los países llamados ‘desarrollados’ donde sus bancos lavan el dinero del capitalismo informal. Así, el “narco” visibiliza el sujeto que compite por la apropiación y acumulación del capital aunque sus negocios ya van más allá de la producción, trasiego y venta de estupefacientes, y se comportan como una empresa trasnacional con negocios en muchos países del mundo en el marco del capitalismo informal.

Desde hace décadas hasta hoy, el narcotráfico siempre ha estado en vinculación con la clase política, y por lo menos presente en México desde hace 100 años cuando en la década de 1920 surge la primera generación de narcos, años de la bonanza económica en Estados Unidos. Es Ignacia Jasso, La Nacha, una de las primeras grandes narcotraficantes que controlaba los negocio en Chihuahua. También el militar y empresario Abelardo L. Rodríguez, quien fuera posteriormente el último presidente del Maximato (1932-1934), originario de Sonora y ligado con los negocios ilícitos en los EEUU. Consiguió fondos para las actividades militares provenientes del tráfico de opio, prostitución, tráfico de alcohol, casinos, entre otros giros, en medio de una corrupción galopante. Rodríguez fue gobernador de Sonora y de Baja California, secretario de Guerra y Marina y secretario de Industria, Comercio y Trabajo. Para algunos historiadores fue el primer “presidente narco”.

Sin embargo, nada que ver con lo que existe ahora. Esta vinculación político-narco-empresarial ha ido fusionándose paulatinamente a lo largo de los últimos 100 años. Por ello, exigir a cualquier gobierno, sea del partido o tendencia que fuere, que erradique en uno, dos o tres años esta tendencia de narcoviolencia, es más que ilusorio, por decir lo menos, sino que es irresponsable y peligroso hacer el análisis desde esta posición política. Es necesario tener una visión histórica para entender el presente y las tendencias a futuro. De lo contrario, no extraña escuchar en la misma izquierda discursos de odio peor que los académicos, periodistas o medios de comunicación de derecha, acusando al gobierno de no hacer nada frente a la narcoviolencia. El problema es mucho más complejo. Y preferimos decir ‘narcoviolencia’ que solamente ‘violencia’ para no ocultar al actor principal que provoca tanto sufrimiento en el país. Alimentar, crear, facilitar o ser parte del mismo ‘sistema narco’ no es lo mismo a no saber qué hacer para combatirlo, o si lo que se hace es lo atinado, correcto y eficaz.

EL AVANCE DEL NARCO

Al inicio de las políticas neoliberales con el presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) se fueron fortaleciendo las condiciones para que el narco tomara más poder en las estructuras del Estado. Pero sobre todo a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1998-1994), involucrado en las redes del narcotráfico, es quien abre el territorio a los narcos con la modificación del Artículo 27 Constitucional para despojar a los campesinos e indígenas del 52% del territorio del país compuesto por Ejidos y Bienes Comunales. Por otro lado, el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) agudizó la pobreza. Miles de campesinos e indígenas abandonaron sus tierras y migraron con más intensidad. El gobierno mexicano además de la privatización de la propiedad colectiva, eliminó los subsidios a los productores así como los mecanismos de comercialización, abrió las fronteras a la importación agropecuaria altamente subsidiada de Canadá y Estados Unidos; eliminó los precios de garantía, el control de los precios de la canasta básica y los aranceles. El desempleo y la falta de oportunidades para los jóvenes aumento y fueron rehenes del narcotráfico y sus ‘halcones’. En términos generales son algunas de las condiciones, entre otras muchas, que facilitaron el proceso de mayor presencia del narco en los territorios.

Otro elemento que abona al fortalecimiento de los cárteles es el supuesto fin de los conflictos en Centroamérica una vez que las guerrillas de El Salvador, Nicaragua y Guatemala logran acuerdos de pacificación’ en la región, momento que es aprovechado por Vicente Fox para lanzar el Plan Puebla Panamá (PPP) y que ahora consolida AMLO, así como el arraigo de Genaro García Luna en su gobierno. Los Kaibiles guatemaltecos engrosaron las filas del narco. Los Acuerdos de Libre Comercio en la región, el PPP y otros acuerdos multilaterales generaron mayor pobreza, abandono del campo y provocaron un aumento de la migración hacia los EEUU. Así, el narco se incrustó más en los territorios y en las altas esferas del poder político en la década del 2000.

El vaciamiento del campo se fue dando desde el norte y centro del país con una fuerte migración hacia los EEUU y poco a poco cada vez más desde el centro y el sur sureste, lo que impulsó una política norteamericana de detener el flujo migratorio, reforzar la frontera y evitar con un muro que los pobres que generaban sus políticas llegaran a su territorio. Es aquí que el narco encuentra otras posibilidades. No sólo de considerar a México como territorio de paso para la venta de su droga en el mayor de los mercados mundiales, en EEUU, sino convertir a México en consumidor. ¿Para qué traer tanta droga desde Colombia si la pueden producir en México ahora que los campesinos ya no les es rentable competir con las grandes transnacionales? ¿Para qué buscar tanto consumidor en EEUU si existen millones de consumidores mexicanos potenciales?

El narco impulsó el consumo en México y los cárteles iniciaron la pelea no sólo por disputarse corredores de tráfico sino los clientes. Regalaron drogas en las escuelas, agudizaron la adicción entre la población joven. Esto atrajo la necesidad de mayor producción y qué mejor que en un país devastado en el campo y cuya población necesitaba de recursos. Por convencimiento, conveniencia o amenazas, muchos ejidatarios y comuneros iniciaron la siembra de estupefacientes. Este cáncer se fue prolongando del Norte al Sur del país, paulatinamente. Tres frentes de lucha se agudizan entre los cárteles de la droga: rutas del trasiego de la droga, territorios de siembra y nichos exclusivos de clientes consumidores. Esto no se puede lograr sin el contubernio de los tres niveles de gobierno, políticos, empresarios y militares corruptos. Por ello, requirieron el apoyo de las estructuras del estado y lograron comprar a jueces, magistrados, policías, presidentes municipales, miembros del Ejército y la Marina, gobernadores, funcionarios públicos de todos los niveles e instituciones, y hasta presidentes. Un ‘narco-estado’. También necesitó del reclutamiento de jóvenes para engrosar las filas de los “halcones” y de comunidades como ‘bases de apoyo’. La década del 2000 fue la decena trágica de muertos, desaparecidos, corrupción infinita, violencia nunca antes vista y que con los años se agudizó. La diversificación de los negocios del narco es tal, que legalizar el consumo de la cannabis ya resulta una medida insignificante para detener el crecimiento de este actor.

Como ya hemos dicho antes, desde décadas atrás observamos cómo la clase política neoliberal y tecnócrata contra quienes el movimiento social luchaba, entregaron a la clase empresarial diversos sectores de la economía. Incluyó a la lógica del mercado los bienes comunes naturales y culturales, así como la responsabilidad de garantizar los derechos humanos a las empresas, convirtiendo todo en mercancía con precio y dueño. Poco tiempo después, ambos sectores, político y empresarial se fusionarían y los empresarios no sólo influyeron en los diversos niveles de gobierno para adecuar las políticas y las leyes a sus intereses, sino que ellos mismos arribaron al poder. Por ello cambiamos de un Modelo Neoliberal a un Modelo Corporativo que todavía no logran entender muchos analistas y se quedan en la antesala de lucha contra el poder corporativo o del llamado asalto corporativo a las estructuras del Estado. Esto genera otro paradigma de modelo de Estado y de modelo económico. Los empresarios luchan por llegar al poder, adueñarse de las estructuras del Estado y gobernar para sus intereses. Sucede en las estructuras internacionales, multilaterales, como el caso de la Organización de las Naciones Unidas y todo su andamiaje controlado y financiado por las grandes corporaciones transnacionales. Pues lo mismo sucede con el narco, y ahora observamos la fusión de los tres sectores: el político, el empresarial y el narco.

¿EXISTEN LOS ‘CÁRTELES’?

Algunos analistas afirman que no existen los “cárteles”, sino ‘grupos de crimen organizado’ lo que nos parece incorrecto. Entendemos por cártel a una organización ilegal de personas, criminal, con estructura propia, armada, con presencia significativa y determinante en la vida social, política y económica de un territorio o “plazas”, cuyo principal motor que les da origen es el narcotráfico, pero sus negocios se ramifican en todos aquellos que les aportan más poder y grandes sumas de ganancias.

En Europa se les llama ‘Mafias’, en Japón les llaman ‘Yakuza’, ‘Trída’ en China o ‘Bratva’ en Rusia. Independientemente de ello, la lógica es la misma: poder, acumulación de capital y control del territorio como aquí lo definimos. Sus negocios en el “capitalismo informal” van desde el tráfico de drogas, autos robados, armas, trata de personas, extorsión, lavado de dinero, falsificación de tarjetas de crédito y todo tipo de productos, prostitución, casinos o asesinos a sueldo, tráfico de indocumentados, control de la producción agropecuaria o de las actividades extractivistas, extorsión, ‘huachicoleo’, cobro de pisos, secuestros, control de puertos y aeropuertos, entre otros muchos giros que ramifican sus delitos de manera alarmante. Su presencia se extiende más allá de sus territorios nacionales, por lo que conforman empresas trasnacionales del capitalismo informal.

Por tanto, las acciones criminales que se registran en Chiapas y en todo México, requieren de una enorme organización y logística, de sus redes de comunicación, financiamiento, control y mayores ganancias. Como en la lógica empresarial, el pez grande tiende a comerse al pez chico o al menos controlarlo. Esta es la misma lógica entre los cárteles grandes y los medianos y pequeños cárteles (Pymecs). Hay que diferenciar entre los grandes cárteles y los grupos pequeños de narcos fruto de escisiones, así como de otros grupos delincuenciales. Al final de cuentas, éstos no tienen más opción que doblegarse al cartel mayor que controla el territorio, negociando o compartiendo intereses y ganancias.

Así, la competencia entre ellos se lleva a cabo en escenarios informales e ilegales, se disputan los territorios con grandes enfrentamientos armados. Por tanto, sí hay cárteles en Chiapas que se disputan los territorios en base a una ‘narcoguerra’. Y es que hoy por hoy, la mayor confrontación armada y violencia generada (asesinatos, colgados, masacres, desplazamiento forzado, etc..), se da entre los cárteles y de éstos contra la población, de ahí la ‘narcoguerra’ y ‘narcoviolencia’ como lo hemos constatado en El Escaramujo No. 114 . Y esta narcoviolencia es contra toda la sociedad, rural y urbana, campesina e indígena, afecta a todos los estratos sociales. No es ni siquiera entre el gobierno en turno y el narco, ni entre el gobierno contra los movimientos sociales, o contra los campesinos, o contra el magisterio o los periodistas, o contra los indígenas o contra los zapatistas que resisten al capitalismo de manera aislada pero heroica. Existen casos graves, pero no es la tónica en el mapeo estatal y nacional.

EL CONTROL POR EL TERRITORIO: EMPRESAS vs NARCO

Las empresas han ido dominando por años el “Territorio”, que es una de las principales disputas con los movimientos sociales, campesinos y pueblos originarios. Y nos referimos al ‘Territorio’ en sentido amplio. Un control del territorio físico, adueñándose de grandes extensiones de tierras para una infinidad de megaproyectos, entre los que se encuentran los proyectos mineros, represas hidroeléctricas, explotación de petróleo y gas así como de su infraestructura que va desde gasoductos, oleoductos, regasificadoras, refinerías, puertos, aeropuertos, parques eólicos, centros turísticos de élite, supuestos ‘polos de desarrollo’, entre otros proyectos de ingentes consecuencias sociales y ambientales. Pero la lista no termina aquí, nos topamos también con los grandes monocultivos agroindustriales como la palma de aceite, de soja y de maíz transgénico, o parques industriales, mega-granjas porcinas, camaronícolas y de todo tipo centralizado de producción y desplazando pueblos o creando economías de enclave. También otros giga proyectos como el Tren Maya o el Canal Interoceánico. Pero la lucha por la apropiación del territorio físico no es todo.

En el territorio legal y jurídico han logrado instalar sus intereses en lo local, nacional e internacional asegurando sus inversiones con los Tratados de Libre Comercio y los Tratados Bilaterales de Inversión. Se controló el aparato judicial y dependencias del estado como SEMARNAT, CONAGUA, PEMEX, CFE, entre otras que encabezan las instituciones más corruptas del país, desde donde se entregaron concesiones a diestra y siniestra a grandes trasnacionales de energía y farmacéuticas, por mencionar algunas.

En el territorio económico han logrado desplazar a la competencia en una lucha encarnizada para fusionar, comprar o hacer quebrar al oponente centralizando el poder en las grandes Corporaciones Trasnacionales. El territorio político también ha sido cooptado en la medida en que los empresarios han accedido al poder político electoral ganando elecciones, de los cual hay infinidad de casos. En el territorio cultural las empresas han logrado que el consumismo reine en la sociedad. Todo ello en medio de ilegalidades, trampas, competencias desleales, subsidios, desacato a resoluciones judiciales, desplazando comunidades, empobreciendo a los pueblos, agudizando la dependencia, con evasión de impuestos, robos, corrupción, hasta asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos, del medio ambiente y periodistas. Por ello le llamaremos “Capitalismo Formal”, que no “Legal”, frente a lo que consideramos el “Capitalismo Informal”, que no “Ilegal”, porque ambos lo son.

Aquí es donde entra el “narco”, porque su lógica es la misma lógica del “empresarial formal” en cuanto a la acumulación de capital, y que al igual que las empresas se van diversificando y apropiándose de los territorios. El narco es otro actor empresarial trasnacional. Es un actor muy voluble, que cambia con una rapidez impresionante como la misma Bolsa de Valores, como las mismas empresas. Esto significa que mañana hay dos cárteles, pasado tres, luego veinte y posteriormente cinco. Cambian, se fusionan, se traicionan o se matan. Así, el narco es un actor “empresarial informal” dentro del sistema capitalista que modifica la estructura y el escenario socio político y socio económico en el territorio donde asienta sus intereses. Este ‘capitalismo informal’ le está disputando la acumulación de capital al ‘capitalismo formal’.

Chiapas se encontraba blindado hasta cierto punto por varias razones. Una, porque el 65% del territorio estatal es propiedad colectiva, son Ejidos y Bienes Comunales, lo que implicó un cierto nivel de control territorial mediante sus Asambleas y otros mecanismos de gobernanza local y por dinámicas productivas y actividades colectivas. Otra razón es el número de organizaciones campesinas e indígenas cafetaleras, maiceras, o con diversas agendas reivindicativas que les otorgaba cierta fuerza de presencia y movilización en los territorios. Y una más, aunque no son las únicas, es que el EZLN mantenía otros controles territoriales donde se incluía expresamente la prohibición de siembra, tráfico y consumo de estupefacientes en las zonas de influencia zapatista. Sin embargo, la crisis llegó a Chiapas. Por diversos factores todos estos sectores se vieron debilitados con el tiempo. Y esto no es ninguna novedad aunque a algunos les de pavor pensarlo, aceptarlo y menos decirlo. Los grupos armados pululan por todos los rincones del estado.

CONCLUSIÓN

La mayor violencia en México y específicamente la terrible violencia en Chiapas proviene del narco, bajo la lógica del enfrentamiento entre cárteles, que afecta a todos los sectores tanto urbanos como rurales, y a todos los estratos, tanto pobres como ricos. Se han infiltrado en las estructuras del Estado, en los partidos y está accediendo directamente al poder político municipal y de los núcleos agrarios. Desde la lógica del capitalismo informal disputan los territorios y la acumulación de capital al capitalismo formal.

Hasta el momento el EZLN ha renunciado al uso de las armas para defender sus territorios donde ya pululan los grupos armados de los narcos, donde han visto reducido su influencia en los territorios y con débiles alianzas locales. Actualmente no es el actor que aglutina a las fuerzas sociales ni marca la agenda como en 1994 al 2000. El conflicto no es ‘zapacéntrico’ como lo fue en sus tiempos porque la violencia sí se explicaba en función de la fuerza político y social zapatista, pero ahora la complejidad es distinta. Otra cosa es que no nos guste para nada las políticas y supuestas estrategias del gobierno actual para detener esta narcoviolencia. Y otra cosa es que las políticas sociales del gobierno federal dividen y despolitizan a los movimientos sociales, a los colectivos, organizaciones, comunidades indígenas zapatistas o no zapatistas, resistencias urbanas o suburbanas, etc. En la siguiente entrega de El Escaramujo hablaremos de la ‘guerra’, de los ‘paramilitares’, de los ‘grupos de autodefensa’ y otros conceptos para diagnosticar la situación actual de Chiapas.

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Algunas Fuentes: