Marie-Pia Rieublanc / Otros Mundos AC/Chiapas
VIDEOS al Final
La semana pasada, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones de Chiapas (SinfrayC) aseguró que la futura autopista que conectará San Cristóbal de Las Casas a Palenque, dos de los centros turísticos más importantes del estado, será una “herramienta de desarrollo para regiones históricamente rezagas en la entidad, dotándolas de mecanismos para un crecimiento económico autosustentable”. Sus declaraciones intervinieron dos días después de que más de 15 000 personas marcharon en diez municipios de Chiapas ubicados entre San Cristóbal y Palenque, en contra de este proyecto nacido hace unos diez años.
“Sólo beneficiará a las empresas, no a las comunidades”, “dañará a la Madre Tierra”, gritaron los manifestantes invitados por la diócesis de San Cristóbal de las Casas a peregrinar “por la paz, la defensa de la vida, de la madre tierra y de los pueblos” ese 19 de julio. Hombres y mujeres de todas los edades marcharon desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde en Huixtán, Tenejapa, Oxchuc, Cancuc, Pantelhó (Altos), Altamirano, Ocosingo (Selva), Chilón, Yajalón, y Tumbalá (Tujilá).
“La carretera pasará en los municipios donde la gente la dejará pasar”
El proyecto está entre las manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) quién contrató la empresa de consultoría en ingeniería Cal y Mayor (México) para elaborar el diseño de la carretera. Se tratará de una carretera de tipo A2 (dos carriles) de 153 km entre San Cristóbal y Palenque, más un ramal de 16.3 km que conectará Ocosingo. Todavía ningún trazo definitivo ha sido publicado. En 2009, la autopista debía pasar por 31 localidades en los municipios Chilón, Tumbalá, Tila, Salto de Agua (Tujilá), Palenque (región Maya) y Macuspana (Tabasco), pero los planes han cambiado varias veces. En febrero de 2014, la Secretaría informó que estaba todavía estudiando un nuevo trazo debido a la oposición de varias comunidades que rechazaban el diseño inicial. Decenas de comunidades pertenecientes a los municipios de San Cristóbal de las Casas, Tenejapa, Huixtán, Oxchuc, Ocosingo, Chilón y Palenque, podrían ser afectadas.
“La carretera pasará en los municipios donde la gente la dejará pasar, por eso no debemos dejar de luchar”, nos confió un habitante de Huixtán que participó a la marcha del 19 de julio. Según sus informaciones, el trazo de la carretera podría afectar hasta 10 comunidades de su municipio. Espera que la resistencia de los pueblos frene o cancele el proyecto a pesar de la alta presión ejercida por el gobierno federal para que las obras empiecen este año. ¿Pero porqué él y miles de pobladores chiapanecos no quieren que la carretera pase en sus tierras?
Por la falta de información y la violación del derecho a la consulta. Como acabamos de verlo, los planes del gobierno no están todavía claros. Cabe recordar que como pueblos originarios, tzotziles, tseltales y choles, los habitantes de esta zona tienen el derecho a una consulta libre e informada previa cada vez que el gobierno o una empresa quiere implementar un proyecto que pueda afectar su territorio, según el convenio 169 sobre los Pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por México. Pero en el caso de la construcción de esta carretera, la población indígena no ha sido integrada a la definición del trazo. En ciertas localidades, las asambleas ejidales se reunieron por su propia iniciativa y votaron “no” al proyecto de la carretera, pero ello no impidió que ingenieros continuaran estudiando la factibilidad del proyecto en su territorio, sobrevolándolo en helicóptero. Eso pasó en el ejido López Mateo, en Huixtán, donde una asamblea ejidal rechazó oficialmente el proyecto al fin de 2013, aseguró uno de sus habitantes.
Por la afectación al medio ambiente, a los cultivos y a las viviendas. La construcción de la carretera implica crear una brecha en los cerros que bordean el camino San Cristóbal-Palenque, donde se encuentran viviendas, cultivos, bosques y manantiales. Según los últimos anuncios de la SinfryC, la autopista incluirá tres puentes, de 400, 450 y 500 metros. Los dos carriles medirán doce metros de ancho en total, pero el “derecho de vía”, es decir la parte del suelo que hará parte de la infraestructura y no podrá ser usada por los habitantes será de 60 metros, según un estudio de impacto ambiental realizado en 2009 por la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales (Semarnat). En esa época, empleados de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), confiaron a un periodista de Ecoportal que estaban personalmente opuestos al proyecto a causa de la destrucción ambiental que implicaba el proyecto. La Secretaría no publicó otro estudio desde entonces a pesar de que cambiaron los planes.
“Donde está el trazo, casas, terrenos, parcelas… lo que tengan (los pobladores), lo van a invadir”, teme un habitante del ejido de Chilil en Huixtán. En enero de 2014, los comuneros tzotziles de Los Llanos (municipio de San Cristóbal), donde debe pasar la carretera, interpusieron un amparo contra el megaproyecto que “pone en riesgo (su) soberanía alimentaria y vulnera (sus) derechos al territorio, autonomía, no discriminación y protección de medio ambiente y recursos naturales”. Aseguraron que el 16 noviembre de 2013, el sexto regidor del ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Fidencio Pérez Jiménez, “se presentó aquí para amenazar de que la autopista pasaría sobre las tierras de uso común, y en caso de que la comunidad se opusiera, las autoridades de la comunidad irían a la cárcel y se llevaría al Ejército para el inicio de las obras de construcción”.
Porque no será gratis. Cuando el proyecto de construcción de la carretera fue reactivado en 2008 bajo la presidencia de Calderón después de haber sido olvidado varios años, se trataba oficialmente de una autopista de cuota que iba a ser concesionada a la empresa CAS (Concesionaria de Autopistas del Sureste). Esta entidad mexicano-española es participada en mayor parte por el grupo español Aldesa, es propietaria desde 2008 de la carretera San Cristóbal-Tuxtla, donde la cuota es de 48 pesos mínimo. Las recientes declaraciones del titular de la SinfrayC anunciando que la carretera será libre de cuota no parecen creíbles, sabiendo además que el estado está invirtiendo muchísimo dinero para llevar a cabo su proyecto y que seguramente querrá recuperar su dinero de alguna manera. Su costo total será de 10 mil 600 millones de pesos, informó Bayardo Robles Riqué.
Porque permitirá la llegada de empresas extractivistas y el saqueo de las tierras. “El motivo esencial es conectar a Chiapas: no podemos traer inversiones si no tenemos la infraestructura carretera; lo primero que te pide la iniciativa privada, ya sea extranjera o nacional, son buenas vías carreteras y en Chiapas tenemos muy pocas vías carreteras: fueron construidas hace más de 30 años o 40 años y ya con el paso de tiempo, y la inmensa cantidad de topes, te has de imaginar que no quieren invertirle a Chiapas. Nosotros estamos viendo como un horizonte de oportunidades esta inversión económica, turística y social. » Esas palabras del secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, entrevistado por el Heraldo de Chiapas en enero de 2014, ilustran muy bien las intenciones del gobierno.
El beneficio para las comunidades en términos de posibilidad de vender su artesanía o sus cultivos en esta futura vía turística no es nada en comparación con los beneficios para las empresas que podrán entrar más fácilmente en los territorios indígenas y usar sus recursos para hacer ganancias. Los proyectos ecoturísticos o de turismo de “aventura” se van a multiplicar, comercializando y privatizando la naturaleza, amenazando los bienes comunes de los pobladores. Las empresas que quieren construir plantas en esta zona podrán hacerlo más fácilmente gracias a la carretera. En Huixtán por ejemplo, los habitantes temen la instalación de una nueva planta de la embotelladora norteamericana Coca-Cola Company cerca de un manantial (ver video abajo). Los megaproyectos energéticos como presas y minas que necesitan grandes maquinas y camiones para su construcción y su funcionamiento se verán facilitados también por la carretera. Aún más ahora que el Congreso aprobó la Reforma energética, legalizando la privatización de las tierras en nombre de la “utilidad pública” para todo tipo de extracción de recursos que se encuentran en el subsuelo.
-Peregrinación por la Paz, la Defensa de la Vida y de la Madre Tierra en Huixtán
https://www.youtube.com/watch?v=IpHUa9v3NiM
-Peregrinación por la Paz, la Defensa de la Vida y de la Madre Tierra en Cancuc
https://www.youtube.com/watch?v=ZPEhhnnNiDs