Guatemala: Comunidades resisten extractivismo minero

Compartimos este reportaje especial publicado por Red Latinas Sin Frontera sobre la defensa de la vida y el territorio en Guatemala – A 5 de diciembre del 2022

Los resistentes locales piden un modelo económico diferente, uno que priorice el agua y el suelo limpios, comunidades saludables, paz, dignidad y autodeterminación.

Por Ana Sandoval (*)

Una empresa minera con sede en Nevada está demandando a Guatemala por más de $400 millones, la primera demanda de este tipo para el empobrecido país centroamericano.

La empresa se queja de que el gobierno guatemalteco no hizo lo suficiente para proteger sus inversiones en el país. Pero esa es una noticia para mi comunidad y para otros que enfrentaron una represión policial violenta cuando nos manifestamos de manera no violenta para evitar que estas operaciones mineras envenenen nuestra salud y agua.

La firma, Kappes, Cassiday & Associates (KCA), presentó su caso en una sucursal poco conocida del Banco Mundial llamada Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

El Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República Dominicana, que Guatemala suscribió con Estados Unidos en 2006, permite a las corporaciones estadounidenses demandar a los gobiernos en este foro no solo por la supuesta pérdida de inversiones de la empresa, sino también por la pérdida de supuestas ganancias futuras. Alrededor del 80 por ciento de los 400 millones de dólares que KCA afirma haber perdido se basa en estimaciones de ganancias futuras de actividades de exploración que nunca llevó a cabo.

Un mural que dice «si a la vida. No a la muerta». Mural dice “Sí a la Vida, No a la Minería”/Iximche Media.

Las demandas de los tribunales de inversión socavan el estado de derecho.

Mi análisis de este caso publicado recientemente  expone cómo los casos de arbitraje supranacional como este, que están disponibles únicamente para las empresas transnacionales a través de acuerdos comerciales y de inversión, ignoran la resistencia de la comunidad y la violencia que enfrentamos.

La opción de simplemente demandar a los gobiernos proporciona un desincentivo perverso para que las empresas respeten la ley y alienta la especulación salvaje sobre la pérdida de ganancias en el futuro, incluso cuando las inversiones fracasan. Si la demanda prospera, también privará a los guatemaltecos de millones de dólares en escasos fondos que podrían ser mucho mejor utilizados para atender las necesidades básicas de la población, los desastres provocados por la crisis climática y frenar el flujo de emigración forzada.

Estas demandas no muestran consideración por las preocupaciones de las personas más directamente afectadas por las operaciones de la empresa.

Conocer los hechos

Nuestro movimiento en La Puya ha presentado amplia evidencia a lo largo de los años de cómo el proyecto de oro de KCA conduciría al agotamiento del agua y la contaminación poniendo en riesgo nuestra salud. Desde el principio, la mina enfrentó una dura oposición de nuestras comunidades que viven cerca del proyecto, justo al norte de la Ciudad de Guatemala. Desde entonces, nuestras comunidades han mantenido un campamento de protesta las 24 horas frente a la carretera que lleva a la mina durante más de 10 años.

Como resultado, hemos enfrentado amenazas, violencia dirigida, persecución legal, represión policial y actos de intimidación. De hecho, el proyecto solo pudo operar después de que la dura represión policial contra el movimiento despejara el paso de equipos en varias ocasiones, llegando incluso a lesionar a personas. Sin embargo, la mina de oro solo operó durante dos años, hasta que los tribunales suspendieron el proyecto a fines de 2015 por no consultarnos adecuadamente.

En respuesta al reclamo de KCA, el gobierno guatemalteco ha argumentado que la empresa se basó en los favores del gobierno para obtener su licencia ambiental. Cita comunicaciones entre el presidente de la KCA, Daniel Kappes, y el entonces director general de Minería, Selvyn Morales, en 2011, en las que Kappes escribió: “Me siento mucho más cómodo de que participe y pueda ayudarnos a que el proceso de obtención de permisos avance para que podamos los permisos antes de que la política se entrometa demasiado”. Poco después de este intercambio, Morales dejó el gobierno para trabajar en una empresa de servicios mineros, que KCA contrató de inmediato.

Guatemala construyó gran parte de su defensa legal sobre la documentación, argumentos y estudios que desarrollamos durante años de lucha con el apoyo de técnicos, abogados y organizaciones aliadas. Por ejemplo, la defensa legal de Guatemala señala el lamentablemente deficiente estudio de impacto ambiental de KCA que incluso el gobierno reconoce que nunca debería haber sido aprobado. También destaca la violación de las normas ambientales por parte de la empresa y su falta de obtención de una licencia de construcción para construir la mina.

Los abogados del gobierno incluso llamaron a los miembros de la comunidad a declarar ante el tribunal de arbitraje.

La industria minera pensó que podía aplastar a la oposición local. Pero el gobierno no es mucho mejor.

La defensa del gobierno legitima efectivamente las razones que sustentan nuestra lucha de una década. Sin embargo, si bien utiliza nuestros argumentos y evidencias para tratar de evitar el pago a la empresa, aún no se ha mostrado dispuesto a respetar nuestro derecho a decidir sobre un proyecto que afecta tan profundamente nuestra tierra y nuestra vida.

En junio de este año se inició el proceso de consulta ordenado por la Corte Constitucional bajo la dirección del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Hasta ahora, el gobierno ha demostrado poco interés en involucrar a las comunidades más directamente afectadas que viven en las inmediaciones de la mina.

Las acciones del ministerio son contrarias a los propios argumentos del gobierno presentados ante el tribunal de arbitraje, en los que subraya el descontento local por el proyecto. Critica a las KCA por haber logrado solo un 6 por ciento de credibilidad entre la población a partir de 2014, cuando entró en funcionamiento, según una encuesta encargada por la KCA.

En lugar de buscar consultar a nuestras comunidades, el gobierno guatemalteco alega en el procedimiento de arbitraje que la empresa trató de sobornar a personas clave para afianzarse localmente: “Hicieron pagos directos a líderes comunitarios y municipales” y “pagaron a personas para que participaran en sesiones de desarrollo de capacidades”, dice el gobierno.

Además, las autoridades guatemaltecas critican la afirmación de KCA de que «consultó» con las comunidades a través de entrevistas con consejos públicos municipales y de aldea, que no se puede presumir que sean representativos de los pueblos indígenas.

No obstante, el Ministerio de Energía y Minas ahora está repitiendo algunas tácticas similares para excluir de la consulta a la población indígena más cercana a la mina al enfocarse en las comunidades ubicadas más lejos del sitio. Tal como lo hizo KCA antes, el gobierno está favoreciendo la participación de las agencias públicas y los consejos municipales en lugar de las personas directamente afectadas.

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Pancartas rojas y verdes sobre la resistencia de La Puya, celebrando el décimo aniversario en marzo de 2022 de la Resistencia Pacífica La Puya/Iximche Media.

El arbitraje alienta tanto a los estados como a las corporaciones a marginar a la oposición. Necesitamos un nuevo modelo.

Esto demuestra aún más lo absurdo del sistema de arbitraje supranacional: las empresas y los gobiernos pueden argumentar lo que quieran en los procedimientos de arbitraje, independientemente de los hechos sobre el terreno.

KCA actuó con impunidad para obtener permisos y nunca demostró ninguna intención de respetar la ley guatemalteca. El gobierno, por su parte, se basó en los argumentos de las comunidades para construir su defensa y ahora parece estar dándole la espalda nuevamente a los residentes locales.

Mientras tanto, son nuestras comunidades y el pueblo guatemalteco en general los que pagarán un precio tremendo si el tribunal de arbitraje ordena a Guatemala que pague a KCA incluso una parte de su reclamo o si la consulta es manipulada para reiniciar su proyecto.

Guatemala no necesita proyectos mineros ni acuerdos internacionales que defiendan la impunidad y la codicia empresarial. Más bien, debemos abordar la noción falsa de que Guatemala se desarrollará a través de la extracción de recursos naturales, lo que afecta negativamente el tejido social de las comunidades y contribuye a nuestro mayor empobrecimiento.

La Resistencia Pacífica La Puya, junto con otras comunidades organizadas en Guatemala, ha reiterado durante más de 10 años que lo que se necesita es un modelo económico diferente, uno que priorice agua y suelo limpios, comunidades saludables, paz, dignidad y autodeterminación.

(*) Ana Sandoval es miembro de Resistencia Pacífica La Puya en Guatemala.

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fuente: https://www.bilaterals.org/?a-mining-lawsuit-in-guatemala&lang=es

Declaración oficial del pueblo y de la Alianza de Sulawesi, Indonesia; en relación con la reunión de la Cumbre del G20 en Nusa Dua Bali

Compartimos este pronunciamiento vía Salva la Selva – A 15 de noviembre del 2022

“Salvemos los bosques tropicales y el pueblo de Sulawesi: Detengan la financiación y la inversión en minas y fundiciones de níquel y sus centrales eléctricas de carbón en Indonesia. Los vehículos eléctricos son una falsa solución al cambio climático”

La Cumbre del G20 se celebrará en Nusa Dua Bali. Los líderes de los países desarrollados y en vías de desarrollo se reunirán para debatir los problemas que están ocurriendo en todo el mundo, especialmente las crisis económicas que están empezando a sufrir los países de Europa y América. Estas crisis también afectarán a Indonesia y a otros países del Sur global debido a su dependencia de la inversión extranjera. Por lo tanto, uno de los intereses de los países en desarrollo en el G20 es garantizar que el capital extranjero de inversores europeos y estadounidenses no se retire de Indonesia por el aumento de los tipos de interés en los bancos europeos y estadounidenses. De hecho, el interés de Indonesia en la cumbre del G20 es convencer a los países desarrollados de que aumenten sus inversiones en Indonesia, especialmente en los sectores de la energía, el transporte y las materias primas relacionadas con la tecnología y los vehículos eléctricos.

Creemos que en esta reunión del G20, el gobierno indonesio ofrecerá a los países desarrollados el potencial de níquel presente en las selvas tropicales de Indonesia, especialmente en la isla de Sulawesi. Además, Indonesia tiene la ambición de convertirse en un productor de primera clase de materias primas para baterías que sirvan a la producción mundial de vehículos eléctricos. El gobierno indonesio espera organizar una exposición de vehículos eléctricos tematizando la transición energética.

La Alianza de Sulawesi, una coalición de ONG de la isla de Sulawesi que trabaja por la protección del medio ambiente y el cumplimiento de los derechos humanos, considera por tanto importante expresar las aspiraciones y la voluntad de la población de la isla de Sulawesi a los líderes mundiales en vísperas de la reunión del G20. Consideramos que esto es crucial porque las políticas del gobierno indonesio no suelen reflejar la voluntad del pueblo.

Los líderes de los países del G20 -especialmente Estados Unidos, Canadá, los países europeos, Japón, China y Australia- deberían tomar nota de que el nivel de vida de los habitantes de Indonesia, especialmente los que viven alrededor de los bosques, está actualmente disminuyendo. Esto es especialmente cierto para las familias de agricultores y pescadores que viven alrededor de las minas y fundiciones de níquel y sus sucias centrales eléctricas. Antes de que las minas de níquel se extendieran por los bosques tropicales de Sulawesi, los agricultores de Morowali, Morowali Norte (Sulawesi Central), Luwu Este (Sulawesi Sur), Konawe, Konawe Norte y otros distritos del sureste de Sulawesi contaban con dos cosechas al año. Sin embargo, tras la puesta en marcha de las minas y fundiciones de níquel, las comunidades sufrieron numerosas pérdidas de cosechas porque sus arrozales estaban contaminados por los lodos de las minas y los residuos de las fundiciones. Los agricultores se vieron obligados a vender sus arrozales porque ya no eran viables.

La contaminación de ríos y mares es un impacto inevitable de la minería y la fundición de níquel. Los dirigentes de los países que promueven la movilidad eléctrica deberían saber que la destrucción en la isla de Sulawesi debida a las minas y fundiciones de níquel no es sólo un problema local en los bosques tropicales, sino que se extiende también a la costa. Cada lluvia arrastra el lodo de las minas al río Malili, en Sulawesi del Sur, tiñéndolo de rojo. El lodo llega hasta el mar, contaminando la costa, diezmando las poblaciones de peces y afectando negativamente los modos de vida de las familias de pescadores, que se ven obligadas a navegar cada vez más lejos para pescar. Lo mismo ocurre en la aldea de Lampia, en el distrito de Malili, en Sulawesi del Sur, donde el lodo de la antigua mina contamina directamente el mar. El equipo de WALHI Sulsel ha observado que la contaminación del lodo de la mina de níquel en la costa de Lampia ha llegado hasta 100 metros dentro del mar, afectando también a los manglares de la costa de Lampia. Esto ha tenido un impacto dramático en los medios de vida de las familias de pescadores de la zona.

El impacto de la minería del níquel también lo sufren las mujeres: para las mujeres de Sorowako, especialmente las del pueblo indígena karonsie, las minas y fundiciones de níquel propiedad de empresas canadienses y japonesas han destrozado sus sueños de una vida buena y autosuficiente cultivando su propia tierra. Las empresas mineras de níquel les han arrebatado sus tierras y jardines habituales sin compensación e incluso los han convertido en un campo de golf propiedad de la empresa. Ya no tienen acceso a agua limpia y se ven obligadas a consumir agua sucia del río contaminada con el lodo de las minas de níquel. El asentamiento actual ha sido vallado con una total fata de respeto a los derechos consuetudinarios sobre la tierra del pueblo Karonsie.

La expansión de las últimas explotaciones mineras de níquel en Sulawesi del Sur ha provocado desalojos y la incautación de huertos de pimienta de propiedad comunitaria, que proporcionaban a la población local unos buenos ingresos, con los que durante muchos años se mantenían las familias. El conflicto social es inevitable aquí.

En Sulawesi central y sudoriental también se dan casos de destrucción de la selva tropical que repercuten en la destrucción de las fuentes de vida de la población, especialmente de las mujeres. En el centro de Sulawesi, precisamente en los distritos de Morowali y Morowali Norte, debido a los lodos de las minas y a los residuos de las fundiciones de níquel de las empresas chinas, los pescadores de Morowali tienen que resignarse a perder sus medios de vida porque las costas y los mares, que han sido la fuente de ingresos de los pescadores, se han contaminado con los lodos de las antiguas minas de níquel y los residuos de las fundiciones de níquel. Por ello, los pescadores han decidido dejar de pescar y han optado por convertirse en obreros de la construcción y de las fábricas de fundición, cuyos ingresos son muy inferiores a los de cuando eran pescadores.

Lo peor en Sulawesi Central es que la minería y la construcción de la fundición de níquel han creado conflictos agrarios. En el distrito de Morowali Norte, los campos de arroz y los huertos de los agricultores han sido tomados a la fuerza por la empresa sin consulta ni compensación. La comunidad tiene ahora que vivir sin tierra, que es la única fuente de sustento de la comunidad, y que ha sido tomada por la fuerza para las empresas mineras y la construcción de fundiciones de níquel. Así que para nosotros, la expansión de la minería de níquel en la isla de Sulawesi es una catástrofe para la comunidad, especialmente para los agricultores y las mujeres.

Aparte del enorme impacto de las minas y fundiciones de níquel en los bosques, ríos, costas y comunidades de la isla de Sulawesi, creemos firmemente que el níquel, las baterías y los vehículos eléctricos no son una panacea para la crisis climática mundial por las siguientes razones:

1. El aumento de la producción de níquel en Indonesia, así como de baterías y vehículos eléctricos en el Norte global, contribuye directamente a la destrucción de las selvas tropicales, especialmente las de la isla de Sulawesi. Estos bosques tropicales son vitales para el medio ambiente, la vida de las personas y el clima mundial. Las selvas tropicales de la isla de Sulawesi secuestran el carbono emitido por las fábricas de Indonesia, así como por las industrias y las centrales eléctricas de combustibles fósiles del Norte global. Por lo tanto, es muy erróneo llamar a la industria de los vehículos eléctricos -cuya materia prima se obtiene de la destrucción de los bosques- respetuosa con el medio ambiente y una solución al cambio climático.

2. El 80% de la energía eléctrica que mueve las fundiciones de níquel en Sulawesi procede de centrales eléctricas de carbón. Esto es ciertamente contrario a los principios de desarrollo sostenible, de negocios respetuosos con el medio ambiente y de mitigación del cambio climático que están enunciando actualmente los líderes mundiales. El uso de la energía del carbón en las fundiciones duplica las emisiones asociadas a la producción de níquel.

3. Al aumentar la demanda de carbón, la mayor producción de níquel en Sulawesi también está acelerando la destrucción de los bosques en otras islas, especialmente en Kalimantan, el mayor centro de actividad minera del carbón en Indonesia. Mientras la producción de vehículos eléctricos implique la destrucción de selvas tropicales en Sulawesi y Kalimantan y el aumento de las emisiones de carbono, no pueden considerarse una solución al cambio climático.

4. La última consideración es el uso de energía a base de carbón para cargar los vehículos eléctricos: mientras los combustibles fósiles sean la fuente de energía más extendida en el mundo, los daños medioambientales y climáticos continuarán sin cesar. A medida que más y más personas utilicen los coches eléctricos, las minas de níquel y carbón seguirán comiéndose la selva, y se construirán cada vez más centrales eléctricas de carbón.

Por lo tanto, la inversión y la financiación en la industria del níquel en Indonesia, especialmente en la isla de Sulawesi, desde la parte alta hasta la baja, refuerza aún más el ritmo de destrucción de la selva tropical, lo que contribuye a que el cambio climático sea cada vez más grave. Además, la vida de la población indígena y local, que actualmente es pobre, será más pobre, porque sus fuentes de subsistencia también se ven perjudicadas e incluso desaparecen.

Para salvar los bosques tropicales que quedan en Indonesia y la vida de las personas, especialmente las mujeres y el futuro de los niños de la isla de Sulawesi, nosotros, la Alianza de Sulawesi, en representación de todas las comunidades, los agricultores y las familias de pescadores afectados por los daños medioambientales debidos a las industrias mineras y del níquel pedimos a los líderes de los países del G20, especialmente al Presidente de China, Xi Jinping y a los BMD, que se comprometan firmemente a poner fin a las inversiones en las minas de níquel, la construcción de fundiciones de níquel, la industria de las baterías y las centrales eléctricas de carbón asociadas en Indonesia, especialmente en la isla de Sulawesi. También exigimos que los líderes políticos y empresariales de los países del G20 dejen de promover los vehículos eléctricos como una alternativa ecológica y una solución a la crisis climática.

Sobre la base de los hechos y las condiciones reales anteriores, nosotros, la Alianza de Sulawesi, en representación de todo el pueblo de la isla de Sulawesi, exigimos:

  1. A los líderes de los países del Grupo 20, especialmente al Presidente de los Estados Unidos, China, al Primer Ministro de Canadá, Japón, Reino Unido, al Líder de la Unión Europea y al Canciller de Alemania para que dejen de apoyar las inversiones que destruyen los bosques tropicales en todo el mundo, especialmente en la isla de Sulawesi, Indonesia. Exigimos concretamente que se detenga el apoyo a las inversiones en el sector minero, especialmente en la extracción de níquel.
  2. A las instituciones financieras internacionales para que pongan fin al apoyo financiero al sector minero, especialmente a la extracción de níquel en Indonesia. Las instituciones financieras internacionales deben cambiar su financiación hacia empresas sostenibles, especialmente las que protegen los bosques tropicales de todo el mundo.
  3. Al gobierno indonesio, especialmente al presidente Jokowi, para que deje de emitir inmediatamente licencias de negocios mineros, especialmente licencias de negocios mineros de níquel. Además, exigimos que el presidente Jokowi revoque las licencias de minería que han destruido los bosques tropicales de la isla de Sulawesi y otras islas de Indonesia.

Por último, también hacemos un llamamiento a todas las personas del mundo para que apoyen a la Alianza y al pueblo de Sulawesi para detener la destrucción de las selvas tropicales en Indonesia, especialmente en Sulawesi. Proteger la selva tropical es la forma más poderosa de preservar la vida en nuestro planeta.

Makassar, 15 de noviembre de 2022

Alianza de Sulawesi

Sunardi, Director Ejecutivo de WALHI Central Sulawesi

Theo Runtuwene, Director Ejecutivo de WALHI Sulawesi Norte

Muhammad Al Amin, Director Ejecutivo de WALHI South Sulawesi

Saharuddin, Director Ejecutivo de WALHI Southeast Sulawesi

Asnawi, Director Ejecutivo de WALHI Sulawesi Occidental

Imagen: destrucción en Sulawesi por la minería de níquel

Más información:

Video: Decreto de eliminación de glifosato y maíz transgénico en México por Fernando Bejarano

Compartimos la participación del Dr. Fernando Bejarano en el Festival del Maíz Mujeres rurales y alimentación en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas México realizado el día 1 de octubre en el marco del Día Nacional del Maíz el 27 de septiembre

Más información:

Serie de video: Excavando territorios: geografía y trayectorias emocionales de mujeres mexicanas en resistencia a las empresas mineras canadienses

Compartimos con ustedes esta serie de 3 relatos digitales basados en la técnica del “digital Storytelling”; son relatos testimoniales creados a partir de la experiencia compartida de las mujeres chicomuselenses que aceptaron participar en el proyecto de investigación “Excavando territorios: geografía y trayectorias emocionales de mujeres mexicanas en resistencia a las empresas mineras canadienses” que tuvo lugar entre enero 2020-enero 2022, realizada por Linamar Campos

Sipnosis: Tres compañeras de lucha de Mariano Abarca Roblero, líder del movimiento opositor a la extracción de barita en Chicomuselo por parte de la minera canadiense BlackFire Ltd., comparten sus experiencias y las razones que las motivaron a participar en la defensa de sus espacios y el medio ambiente.

Testimonio 1

Testimonio 2

Testimonio 3

Video: Foro y Presentación del informe: La Lucha por lo Esencial; Resistiendo la Pandemia Minera en México y América Latina

Compartimos con ustedes algunas fotografías y en video del foro y presentación de informe: La Lucha por lo Esencial; Resistiendo la Pandemia Minera en México y América Latina que se realizó el pasado viernes 21 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Las organizaciones que forman parte de la Coalición en Contra de la Pandemia Minera presentaron el informe de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) La Lucha por lo Esencial: La Pandemia Minera en México en Tiempos de COVID-19 con participación de compañeras y compañeros de México Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) y del Medio Chiapas Paralelo, así como de Honduras del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) y Perú del Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) reflexionando sobre el informe regional Sin Tregua: Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera,

Video:

https://fb.watch/gmv9YIK3qe/

Galería de fotografías

Morelos: Comunicado de Pueblos y Colonias contra la minería

Compartimos este comunicado de Pueblos y Colonias contra la minería en Morelos a través de Red Latina Sin Fronteras – A 13 de octubre del 2022

12 DE OCTUBRE DÍA DE LAS RESISTENCIAS DE LOS PUEBLOS DE INDÍGENAS DEL MUNDO

COMUNICADO DE LA UNIFICACIÓN DE PUEBLOS Y COLONIAS CONTRA LA MINERÍA EN MORELOS.

México, Morelos 13 Octubre, 2022

Los pueblos indígenas de México seguimos en la resistencia por nuestra existencia, a 530 años de invasión seguimos siendo invadidos en nuestros territorios, seguimos siendo desplazados, militarizados, desaparecidos y despojados de nuestras tierras. Hoy 12 de octubre día de las resistencias indígenas, saludamos a todos los pueblos que luchan por la vida, por el territorio, por el agua, por el aire, por la madre tierra, saludamos a nuestras hermanas y hermanos del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y sus bases de apoyo y exigimos a los 3 órdenes de gobierno que paren el hostigamiento y la militarización en los pueblos zapatistas, de igual forma condenamos la destrucción del territorio por el paso del mal llamado tren maya en los pueblos que resisten a los megaproyectos de muerte.

Denunciamos los atropellos a nuestros derechos humanos y colectivos como pueblos indígenas, la devastación de nuestros territorios, de nuestros cerros sagrados por las empresas extractivas y al Estado Mexicano por permitir tal devastación de nuestra cultura e identidad. Los pueblos nahuas organizados del Estado de Morelos nos hemos unido y realizado EL DECRETO DONDE SE PROHÍBE LA MINERÍA, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VINCULADA AL PROYECTO INTEGRAL MORELOS Y PROYECTOS DE MUERTE EN EL TERRITORIO DEL PUEBLO NAHUA DEL ESTADO DE MORELOS aprobados los días 23 y 24 de abril del 2022.

Las comunidades nahuas de Cuentepec, Tetlama, Coatetelco, Xoxocotla y Alpuyeca pueblos originarios, así como las colonias y municipios aledaños de la Unidad Morelos, Temixco, Xochitepec, Acatlipa, Xochicalco, Tezoyuca; Benito Juárez, Aeropuerto, Las Rosas, Francisco Villa, Miacatlán, Palpan, Milpillas, Xochicalco, serán afectados gravemente por las concesiones mineras Esperanza Silver, Alamos Gold y Zacatecas Silver, empresas canadienses que traen un devastador proyecto minero, paradójicamente denominado “ESPERANZA”, para la explotación, en tajos a cielo abierto, de oro, plata y otros minerales; proyecto que afectará en forma grave nuestras aguas, tierras y territorios ancestrales, los ecosistemas de la región, la sub cuenca del Río Apatlaco, la cuenca del Río Amacuzac y el Acuífero de Cuernavaca, incluidas sus zonas de recarga hídrica y mantos freáticos, así como la vida y la salud de aproximadamente 200 mil habitantes que viven en las comunidades y sus alrededores. Señalando además que a 500 metros se encuentra la zona arqueológica de Xochicalco declarada como patrimonio de la humanidad desde el año 1999 por la UNESCO, por lo que es un sitio sagrado para todas las comunidades originarias.

Es por ello que el día de hoy reivindicamos la lucha de los pueblos indígenas originarios de Morelos, México y del mundo, realizando las denuncias correspondientes por la devastación de los cerros sagrados del Jumil y la calabaza, señalamos que las empresas mineras Esperanza Silver, Alamos Gold y Zacatecas Silver no cuenta con los permisos correspondientes para talar los árboles, realizar caminos y destruir nuestra flora y fauna de nuestro territorio.

Asimismo, hacemos la denuncia del Proyecto Integral Morelos (PIM), el cual es un megaproyecto de muerte, energético regional que afecta a los pueblos nahuas que rodean el volcán Popocatépetl de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala y que consta de dos centrales termoeléctricas; habiéndose instalado la primera de ellas aproximadamente a trescientos metros de la comunidad de Huexca, Morelos. Para alimentar dichas centrales también se ha impuesto un gasoducto de 160 kilómetros que peligrosamente atraviesa las faldas del Volcán Popocatépetl, una zona volcánica y de alta sismicidad. Asimismo, se construye un acueducto de 26 pulgadas de diámetro que pretende despojar de 580 litros por segundo de agua de riego a los ejidos de la región del municipio de Ayala. 

Del mismo modo nos solidarizamos con la lucha de los pueblos de Tepoztlán que se resisten a un megaproyecto turístico y con el pueblo de Jiutepec qué se encuentra en lucha en contra de la minera de cal, el cual ha ocasionado grietas y destrucción de las casas de los habitantes.

¡NUESTRA LUCHA ES POR LA VIDA, NO A LA MINA!

¡LA ESPERANZA DE JUSTICIA… ES LA CARABINA QUE ZAPATA NOS DEJO!

¡VIVAN LOS PUEBLOS INDIGENAS NAHUAS DE MORELOS!

¡VIVA LA UNIFICACIÓN DE PUEBLOS Y COLONIAS CONTRA LA MINERIA EN MORELOS!

¡VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDIGENA Y CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO!

¡VIVA ZAPATA!

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS Y NOSOTRAS!

¡POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS DEL MUNDO!

El Escaramujo en la Radio jueves 20 de octubre 5 pm – La minería en la transición energética capitalista

El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, en el mes de octubre y en marco de la a reunión anual de REMA Mujeres hablaremos sobre las implicaciones de la transición energética capitalista en el modelo extractivo minero contraemos con la participación de integrantes de GeoComunes, Rizoma y REMA Mujeres, así que acompáñanos este jueves 20 de octubre a las 5 pm.

Acompáñanos este jueves 20 de octubre 5 pm en el programa de radio “El Escaramujo” en que abordaremos el tema “La minería en la transición energética capitalista”. Charlaremos acerca de

Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Kinoki este martes 20 de octubre a las 5 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki

Viernes 21 de octubre 6 pm Presentación del informe: La Lucha por lo Esencial

Resistiendo la Pandemia Minera en México y América Latina

Foro virtual y presencial

Viernes 21 de octubre del 2022

México / Perú: 18 a 20 HRS; Honduras: 17 a 19 HRS

Mientras los grandes capitales mineros se beneficiaron de los altos precios por los metales y las restricciones sociales por la emergencia sanitaria de la pandemia COVID-19, para las comunidades y las mujeres defensoras de la tierra y el territorio este último periodo ha reforzado la importancia de resistir a los proyectos extractivistas, fortalecer el cuidado mutuo, y construir un futuro basado en la salud, la soberanía alimentaria, y la defensa de un ambiente sano y los derechos colectivos. 

Las organizaciones que formamos parte de la Coalición en Contra de la Pandemia Minera presentamos el informe de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) La Lucha por lo Esencial: La Pandemia Minera en México en Tiempos de COVID-19 con participación desde Honduras y Perú reflexionando sobre el informe regional Sin Tregua: Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera.

Presentan:

Honduras: 

Dalila Santiago, Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT)

Perú: 

Valeria Cajia Cajia, Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA)

México:

Amada García, Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS)

Ángeles Mariscal, Periodista y Directora de Chiapas Paralelo

Moderan:  Jen Moore, IPS- Economía Global y Libertad Díaz, Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA)

Localidad de Guerrero se declara “libre de la minería”

Compartimos esta nota de La Jornada sobre la resistencia antiminera y la lucha por la vida en la Montaña de Guerrero – A 11 de octubre del 2022

Iliatenco, Gro. Coreando “¡agua sí, oro no!” y “¡Zapata, Sandino, seguimos su camino!”, unos 500 indígenas me’phaá (tlapanecos), apoyados por activistas de diversas organizaciones, marcharon ayer en rechazo a la presencia de empresas mineras en este municipio de la Montaña alta de Guerrero.

La movilización se realizó en el contexto de la conmemoración de los 10 años de fundación de la Coordinadora Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadet), cuyo dirigente, Claudio Santos García, dijo que más de 400 comunidades de seis municipios continúan en la lucha en defensa de la tierra.

Sin embargo, manifestó su preocupación por la creciente presencia de la delincuencia organizada en los núcleos agrarios. “Hay resultados positivos, a pesar de que los gobiernos anteriores pretendieron imponer a empresas extranjeras en la región, pero los pueblos se organizaron y lucharon por su territorio; cuidar el medio ambiente y sus árboles, eso es lo más relevante”, expuso.

Santos García señaló a la empresa canadiense Media Luna de insistir en que se concesione el territorio de la demarcación; “hemos parado la imposición, porque lo quieren hacer sin consultar a las comunidades; en 10 años hemos tenido éxito relevante en defensa del territorio”.

Explicó que en la Craadet, los municipios de San Luis Acatlán, Iliatenco y Malinaltepec se han manifestado contra proyectos mineros en la zona; actualmente trabajan con nosotros Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca, que están en la mira de las mineras”.

La movilización se inició en el puente ubicado en la entrada a Iliatenco y concluyó una hora después en el auditorio de los bienes comunales, un recorrido de alrededor de tres kilómetros.

Claudio Santos García alertó que a los núcleos agrarios les preocupa “cómo defenderse de la delincuencia; sabemos que están a las puertas; ahora la lucha continúa en defensa del agua y contra el crimen organizado. Hay que trabajar para que no entre en nuestros municipios”.

En tanto, Salvador Campanu, del Consejo de Pueblos de Cherán, Michoacán, reconoció a los pueblos indígenas de Guerrero que “han manifestado su organización para liberarse de las cosas que los oprimen. Han dicho ¡ya basta! Eso les permite una vida comunitaria, haciendo el uso de la libre determinación para llegar a la autonomía y ponerla en la práctica”.

El sistema capitalista “sigue trabajando con sus políticas neoliberales, haciendo uso de su programa de globalización que afecta a los indios, porque el capitalismo quiere hacerse dueño de los territorios donde existen los recursos naturales que les dan ganancia.

“No les importa a quien despojan de sus tierras; hay una crisis de desesperación en el capitalismo para tener más ganancias, pero en Guerrero hay organización y están buscando la mejor salida”, destacó.

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró que “hay una dimensión sagrada del territorio que es el sentido de la gratuidad y de la reciprocidad. Una comunidad sabe que no puede existir si no tiene estas redes cosmogónicas, como son el agua, la tierra, los bosques, que forman parte del nicho sagrado de un pueblo que sabe que su matriz es el territorio, donde nace el sentido de pertenencia”.

Miguel Ángel Mijangos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), recordó que hace 10 años todos los núcleos agrarios tienen actas de asamblea para definir si avalan los proyectos extractivos, “y hoy Iliatenco vuelve a refrendar el rechazo a las mineras”.

Imagen: Con motivo del décimo aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, indígenas y activistas de diversos colectivos marcharon ayer en el municipio de Iliatenco, Guerrero. Foto Sergio Ocampo

Más información:

Sonora: Jesús Javier Thomas en la mira del difunto Bailleres, Ejidatarias y Ejidatarios de El Bajío bajo amenazas de más muertes

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 3 de octubre del 2022

Imagen: Ejido El Bajío

Más información:

Chiapas: La mina de barita, alerta por regreso de la sombra de la muerte en Chicomuselo

…pero también de la resistencia

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 30 de septiembre 2022

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Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el litio en México – A 13 de septiembre del 2022

La falsa solución a la crisis energética del capitalismo se encamina a la profundización del Modelo Extractivo, cargando, como siempre, los costos de despojo, desigualdad y destrucción de la supuesta transición a una “economía de energía verde y limpia” a los territorios y pueblos donde se encuentran el litio y los minerales estratégicos que lo acompañan (cobalto, niquel, grafito, aluminio, hierro, fósforo, cobre entre otros); así como a la profundización de una crisis hídrica que desde hace años ya azota a este país.

Los hidrocarburos ahora serán reemplazados por la minería y, en especial, por el litio principalmente para la fabricación de baterías para “vehículos sustentables”. El control por este mineral modifica el mapa geopolítico para las naciones y las trasnacionales que dominan el mercado y la tecnología que requieren de este mineral. China, EU y los Estados miembros de la UE están imponiendo un falso discurso de preocupación global por el calentamiento global, y bajo la lógica de una necesidad de reducción de CO2, imponen un nuevo modelo de “mercado verde” que sigue despojando territorios y apropiándose de la vida de los pueblos para alimentar la voracidad de las empresas y del gran capital, bajo el puro estilo y lógica perversa colonialista.

Lejos de contrarrestar este Modelo Extractivo y buscar verdaderas soluciones virando hacia otros paradigmas de energía y estrategias al combate del Calentamiento Global, el gobierno mexicano pretende posicionarse en el control de la llave que abre las puertas del territorio a la explotación intensiva del litio en México, en el marco de controlar las ganancias que conllevará, ya que las consecuencias sociales y ambientales serán igual independientemente de la empresa que explote intensivamente este mineral.

Para ello, recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de creación de la empresa estatal Litio para México (LitioMx) que será coordinado por la Secretaría de Energía (Sener), dirigido por el hijo del actual Superdelegado del gobierno federal en Sonora, una vez que termine sus estudios, y contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía auténtica, operativa y de gestión. Según la Sener: “El objeto de Litio para México es la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, ubicado en territorio nacional, así como la administración y control de las cadenas de valor económico de dicho mineral”.

El discurso de la “utilidad pública del litio”, el “interés y la seguridad nacional”, serán la clave para la persecución, criminalización, judicialización o estigmatización de quienes defiendan el territorio, los derechos colectivos de los pueblos, para quien se oponga a la explotación del litio a lo largo del territorio nacional.

Aunque el gobierno está lejos de tener una idea real de los yacimientos de litio en el país, más allá del proyecto de Sonora Lithium que sigue en manos de la empresa china Ganfeng, el gobierno federal ve ahora en este mineral el reemplazo del ingreso de divisas petroleras toda vez que el litio, entre 2014 y 2018, su precio se disparó hasta en un 156%, desde los 7 mil dólares hasta llegar al máximo histórico de los 17 mil dólares. La fiebre de la prospección, exploración y explotación del litio en México pondrá bajo amenaza a los pueblos y territorios en el país, que serán estigmatizados de ir en contra del desarrollo “verde”, del interés nacional y de atentar contra la paz y la seguridad del país.

Por ello, el Presidente Andrés Manuel López Obrador necesita cuerpos de élite y fuerzas de seguridad especializada que le ayuden a imponer estos proyectos, por lo que es alarmante el nombramiento recientemente al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, como el Coordinador de LitioMx donde estará ubicada la sede de la paraestatal, y quien en 2020 fuera el encargado de la creación de la policía minera con el fin de proteger los intereses de las grandes empresas del sector, mientras era titular de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana del 2018 al 2020.

En aquel momento, toda la primera generación de 118 efectivos de policía minera fue desplegada a la mina de oro Herradura de la empresa Fresnillo plc en Sonora, una de las entidades donde las afectaciones sociales y ambientales han causado mayores conflictos mineros. 

Tal es el caso de los justos reclamos de los pobladores del Ejido El Bajío para la implementación de 67 sentencias agrarias favorables quedeclararon nulos e inexistentes los convenios de ocupación de tierras delos ejidatarios afectados por la empresa mexicana Penmont (filial deFresnillo plc). Estas sentencias dictadas en 2014 ordenan resarcir los daños generados por la extracción de oro en las tierras del ejido y regresar todo el oro extraído de manera ilegal del ejido.Sin embargo, la justicia no ha llegado y los riesgos para el ejido se han intensificado. Las y los ejidatarios han sido víctimas de hechos violentos como asesinatos, encarcelamiento ilegal y desaparición forzada, además han denunciado el hostigamiento constante por parte de la policía federal, el ejército y hombres armados al servicio del tío de la exgobernadora de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich, actual cónsul de México en Barcelona, además de la misma policía minera.

Así también sigue en impunidad el derrame de lixiviados de sulfato de cobre acidulado de la mina Cananea del Grupo México que contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi en agosto de 2014, dejando sin agua limpia a miles y lo cual sigue generando fuertes daños a la salud de las comunidades afectadas a lo largo de los cuerpos de agua afectados.

Es así que el fervor actual por el litio en el país y el nombramiento de este personaje totalmente aliado de las empresas mineras nos deja claro que la política de la 4T va encaminada a seguir favoreciendo el avance de la minería en México, y con ello la violación a los derechos de los pueblos y el despojo de sus territorios dando continuidad al modelo extractivo de muerte.

POR UN MÉXICO LIBRE DEL MODELO EXTRACTIVO MINERO

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)

Imagen: Imagen: Mina de litio. Foto: Getty Images

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