Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por la vida y antiminera en Oaxaca – A octubre 2024
Habitantes de Magdalena Ocotlán denuncian escurrimientos de la montaña “Dry Stack” (presa de jales) de la minera Cuzcatlán y contaminación del río Coyote.
En la mañana del martes veintitrés de septiembre habitantes denunciaron a través de redes sociales un escurrimiento de la montaña de la presa de jales de la compañía minera Cuzcatlán para la extracción de oro y plata, filial de la canadiense Fortuna Mining (antes Fortuna Silver Mines). El escurrimiento de los lodos tóxicos inició en la unidad de “San José del Progreso”, ubicada en el mismo municipio, y descargó los tóxicos por el río Coyote, dañando principalmente a la comunidad de Magdalena Ocotlán, que se encuentra río abajo. En días siguientes, por las lluvias causadas por el huracán John, fueron visibles los escurrimientos de agua del centro de la presa de jales, debido a la falta de capacidad de almacenamiento del agua de lluvia.
Las fotografías y videos que circulan en redes sociales muestran enormes hilos de lodo bajando de esa monstruosa montaña. En recorridos sobre el cauce del río Coyote las comunidades pudieron constatar que los residuos del lodo habían recorrido varios kilómetros hasta llegar a una ciénega donde se encuentra el pozo de agua que abastece al municipio de Magdalena Ocotlán. Ante los hechos, la empresa Minera Cuzcatlán afirma por diversos medios de comunicación que la misma PROFEPA ha constatado actividad normal, reafirmando su propaganda sobre que la salud y el cuidado del medio ambiente son parte de sus prioridades.
A casi 6 años del primer derrame, de 1.5 millones de litros de lodo tóxico, de la presa de jales la empresa continúa contaminando el agua, el medio ambiente y dañando la salud de las personas a quienes les impusieron este proyecto. Esta situación, comprueba una vez más, que no existe empresa minera sustentable, ni sostenible para las comunidades que dependen del ecosistema del que la empresa extrae los minerales. Las supuestas regulaciones emitidas por las instancias gubernamentales responsables del medio ambiente y las aparentes técnicas de tratamiento de agua son una máscara que la empresa utiliza a su favor. La empresa utiliza una técnica: “Dry Stack”, que aparentemente filtra hasta el 90% de las aguas, es llamada “presa de jales secos”, sin embargo, podemos constatar escurrimientos y que lo que ha generado en la región es el equivalente a una gran montaña llena de residuos tóxicos.
Habitantes de Magdalena Ocotlán y la Red Mexicana de Afectados por la Minería exigimos:
Que la PROFEPA atienda la denuncia de las y los ciudadanos de Magdalena entregada el 04 de octubre de este año, con número de folio 001185, así como permita una supervisión conjunta con las y los denunciantes.
Que la SEMARNAT deje de ser cómplice de esta criminal empresa minera, como lo fue en la administración anterior encabezada por María Luisa Albores, quien lejos de sancionar a la minera Cuzcatlán, la premió con una ampliación del permiso ambiental de 10 años más, validando de esta manera la explotación de los bienes naturales y brindando poder ante quienes la denuncian.
Esperamos que la nueva secretaria del medio ambiente inicie su administración dando señales de compromiso real con la protección del medio ambiente y con los pueblos indígenas del país y que investigue y sancione a la compañía criminal Cuzcatlán. Por décadas esta empresa ha dañado no solo al medio ambiente y la salud de quienes se encuentran alrededor, sino que ha dividido a las comunidades en valles centrales y corrompido a las autoridades.
Fuera minera Cuzcatlán de los valles centrales de Oaxaca. ¡No más impunidad
Imagen: Habitantes de Magdalena Ocotlán. Derrame de agua de la presa de jales
Autoridades de la comunidad zapoteca de Capulálpam de Méndez, en la Sierra Norte de Oaxaca, confiscaron en la madrugada del 31 de agosto minerales extraídos clandestinamente por laminera Natividad y Anexas S.A. de C.V., filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, pese al cierre de la mina por las autoridades ambientales federales, el 5 de agosto de 2024, informaron las autoridades de la comunidad en sus redes sociales.
“La minera Natividad continúa saqueando minerales, contaminando y abatiendo fuentes de agua sin contar con los permisos ambientales correspondientes”, sostuvieron.
Las autoridades de Capulálpam de Méndez hacen un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que, en el “ámbito de sus atribuciones, hagan efectiva la clausura ejecutada el 5 de agosto de 2024”. Además, avisan que la comunidad “no permitirá el saqueo clandestino de minerales en su territorio”.
Esa es la segunda vez en 2024 que las autoridades de Capulálpam confiscan cargas de minerales. Un día antes de la contienda electoral en México, en junio de 2024, los comuneros se declararon en alerta máxima tras identificar dos camiones de carga que transportaban minerales extraídos de su territorio. Inmediatamente bloquearon las rutas de salida del pueblo zapoteca y retuvieron uno de los vehículos, mientras que el otro se dio a la fuga.
La unidad retenida contenía la cantidad de 22 toneladas de roca molida. Liberaron el camión y retuvieron el mineral explotado. “Este material ya estaba procesado. Se han mandado hacer los estudios y tienen un alto contenido de oro y plata”, señaló en la ocasión a Avispa Mídia Francisco García López, presidente del comisariado de bienes comunales de este municipio.
También señaló el presidente del comisariado que las denuncias de explotación de materiales mineros por parte de la Compañía Minera de Natividad y Anexas, S.A. de C.V.,sin el permiso de la comunidad, no es de ahora. “En dos ocasiones el gobernador del estado [Salomón Jara] vino a la comunidad y le hicimos saber que necesitábamos que se suspendieran los trabajos de minería. Pero, nos decían que la empresa no estaba trabajando”.
En el mes de febrero de este año la comunidad de Capulálpam ganó un amparo sobre tres concesiones mineras pertenecientes a Compañía Minera de Natividad y Anexas, S.A. de C.V., aunque no especificaron cuales son porque, según las autoridades, aún están en litigio. Detallan que el juez ordenó dejar inconsistentes las concesiones mineras en Capulálpam.
Compartimos el quinto capítulo de este podcats de Avispa Midia – A 17 de julio del 2024
Este es un podcast de diez episodios que analizan las soluciones propuestas por Estados y corporaciones ante la crisis climática, como la transición energética, contrastándolas con las experiencias de comunidades latinoamericanas que luchan por la defensa de los bienes comunes.
Estimados lectores y oyentes, a continuación, les presentamos un nuevo episodio de «Atizando el Avispero», el podcast donde desentrañamos las complejidades de la crisis climática y las falsas soluciones que se nos presentan.
En el episodio anterior, exploramos cómo la matriz energética de México ha estado en constante transformación, con un énfasis creciente en el gas natural proveniente de Estados Unidos, extraído mediante el controvertido fracking. Este recurso, que algunos consideran un puente hacia una transición energética más limpia, ha sido objeto de un análisis profundo debido a sus impactos ambientales y su papel en la configuración del panorama energético mexicano.
En el episodio de hoy, el número 5 de la serie, continuaremos profundizando en este tema y examinaremos la realidad detrás del mito del gas natural como una fuente de energía para la explotación minera.
Para ello seguiremos debatiendo con Isabel Velásquez y Luis Pérez, del colectivo geocomunes.
Así que, sino quieres saber que papel juega el gas y la minería en México, no sigas las siguientes plataformas.
Puedes escuchar el episodio V en estas plataformas
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
Gustavo Castro Soto Otros Mundos Chiapas 15 de Mayo 2024, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México https://otrosmundoschiapas.org/
El Modelo Extractivo Minero es el megaproyecto de mayor impacto ambiental, social, económico, político y cultural. Entre los impactos más significativos está la deforestación, la pérdida de biodiversidad, el desplazamiento de población y la pobreza, la pérdida de soberanía alimentaria, las enfermedades y la disputa por el agua, las divisiones familiares y comunitarias, la corrupción municipal y estatal así como en diversas dependencias del estado; además de amenazas, persecución, asesinatos e impunidad.
En 2015 existían 99 Concesiones mineras vigentes en Chiapas, que abarcaban un total de un millón 57 mil 81 hectáreas concesionadas del subsuelo de tierras campesinas y de territorios indígenas. Estas concesiones representaban el 14,20% del territorio chiapaneco, ubicados en 16 municipios que equivalían al 13% del total de los 123 municipios de la entidad. Estos municipios eran: Acacoyagua (13 concesiones), Acapetahua (3), Ángel Albino Corzo (8), Chicomuselo (13), Cintalapa (10), Escuintla (8), Frontera Comalapa (1), Ixhuatán (1), La Concordia (2), Mapastepec (6), Motozintla (4), Pijijiapan (5), Siltepec (3), Solosuchiapa (6), Tapachula (14) y Tonalá (1).
Posteriormente, las concesiones aumentaron y luego volvieron a disminuir. En 2021 fueron canceladas 58 concesiones mineras que abarcaban 985,758.08 hectáreas del territorio chiapaneco.1 Así, del 14,20% del territorio de Chiapas concesionado en 2015, bajó al 1,86% en 2021. Esto se explica en el contexto de al menos dos sucesos fundamentales que modificaron la coyuntura. Por un lado al crisis del la COVID-19 en el 2020 provocó que disminuyeran las expectativas de inversión y de capital. Todo ello a pesar de que fue la minería el sector menos afectado en el país y al que se le permitió seguir operando las minas en territorio nacional. Por otro lado, el repunte de los actos violentos generados por los cárteles del narcotráfico en el estado, la lucha por el control de los territorios y los fuertes enfrentamientos en las fronteras de disputa, pudo haber provocado el desinterés de seguir pagando las cuotas de las concesiones.
Entre los municipios donde se han registrado hechos violentos agudizados a partir de la pandemia de la Covid-19 y causados por los cárteles de la droga están: Acacoyagua, Acapetahua, Escuintla. Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, La Concordia, Pijijiapan, Tapachula, Tonalá y Siltepec. En todos ellos se cancelaron concesiones mineras.
En 2024 iniciamos el año con 54 concesiones mineras en Chiapas, poco menos de 50% de hace casi 10 años. Esta disminución de concesiones si bien es importante, no elimina las amenazas sobre el territorio y especialmente por la injerencia de los cárteles en todo el territorio del estado, así como su control sobre las ganancias mineras y de otros sectores económicos.
En el caso del municipio de Chicomuselo, el cartel de la droga ha tomado el control de la mina de barita que antes tenía concesionada la empresa canadiense Blackfire, minera que asesinó a Mariano Abarca en 2009. Sin embargo, no se entiende cómo la empresa Blackfire continúan siendo dueño de una concesión minera en el municipio de Pijijiapan cuando la empresa ya no existe ni se tiene registro legal de ella en Canadá.
Otras concesiones mineras vigentes están atrapadas en el control de los cárteles como en el caso de las ubicadas en la sierra de Motozintla, entre otros municipios controlados por el narcotráfico donde la violencia y el control territorial impiden la operación de dichas concesiones.
La concesión minera es un acto administrativo por medio del cual el Estado otorga a particulares, físicos o morales, un derecho condicionado con el fin de aprovechar los recursos minerales en un terreno delimitado y por un tiempo determinado. Contar con una concesión minera no significa que la mina esté ya operando. Tampoco significa que tener el permiso de la posible explotación del subsuelo implica el permiso automático de los dueños con los que tiene que negociar. Hay tres tipos de dueños del suelo: privado, estatal o Ejidos y Bienes Comunales. Hay que tomar en cuenta también que las concesiones se pueden volver a adquirir.
Para adquirir una concesión la persona física o moral, según la Ley Federal de Derechos actualizada el 12 de noviembre de 2021, debe pagar la ridícula cantidad de $8.63 pesos semestrales durante los dos primeros años por cada hectárea de tierra que el Estado le haya otorgado en concesión para la explotación minera.
Durante el tercer y cuarto años el pago es de $12.91 pesos por hectárea; durante el quinto y sexto año se paga $26.68 pesos; en el séptimo y octavo años es de $53.66 pesos; en el noveno y décimo años de $107.32. A partir del décimo año el pago es de $188.86 pesos por hectárea.
Si los concesionarios no llevan a cabo la exploración o explotación minera durante dos años continuos en el lapso de los primeros 11 años de vigencia de la concesión, solo pagan el 50% de la cuota señalada, pero a partir del año 12 pagarían el 100% de la cuota.
Así, al terminar la pandemia de la Covid-19, en el año 2021 se estimaban en el país alrededor de 25 mil 72 concesiones mineras que abarcaban en total 20 millones 853 mil 927 hectáreas. Entre 2017 y 2022, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recaudó 14 mil 322 millones de pesos por cobro de todas esas concesiones mineras.
El gobierno federal continúa con el impulso de la actividad minera abanderando el litio como la punta de lanza de la transición energética minera. Así, el Modelo Extractivo Minero no termina, solo se cambia de mineral al ritmo en que se descubren nuevos nichos de negocios blanqueados como combate al cambio climático.
La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) impulsa la estrategia de prevención contra los proyectos mineros. Entre las acciones preventivas está el impulso de crear y decretar “Territorios Libres de Minería” donde los pueblos, comunidades y colectivos blindan su territorio y se organizan para evitar el arribo de los proyectos mineros que destruyen la vida de los pueblos.
Este decreto lo han hecho los mismos ayuntamientos como en el caso del municipio de Escuintla, Chiapas, gracias a los miembros de la REMA del Frente Popular por la Defensa del Soconusco (FPDS). Del mismo modo, en reunión del Cabildo abierto, se declaró al Municipio de Epazoyucan, Hidalgo, como “Territorio Libre de Minería” gracias al trabajo arduo de resistencia de la Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan (APTyBE), también miembros de la REMA. Otras organizaciones miembros de la REMA como el Comité por la Defensa del Territorio de Guadalcázar, San Luis Potosí, declaró al territorio El Realejo como “Territorio Libre de Minería”.
Estos son algunos ejemplos de resistencia y protección de los pueblos, de los bosques, el agua, la vida y la cultura de los pueblos frente al embate del Modelo Extractivo Minero en el país. Sin embargo, existen dos retos fundamentales a enfrentar. Por un lado, el actor que domina cada vez más los territorios con lujo de violencia dificulta esta defensa.
El crimen organizado, los carteles de la droga, poco a poco clavan sus intereses en el sector minero como lo han hecho para tomar el control de los comercios, los negocios, la producción agropecuaria, el tráfico de indocumentados o la infraestructura. Esto obliga al movimiento social a replantearse la estrategias de cuidado del territorio, de la seguridad, de la autonomía y la defensa de las comunidades.
El otro reto fundamental es la continua búsqueda de alternativas locales que no solo satisfagan las necesidades concretas y resuelvan los problemas inmediatos, sino que ayude a rearticular la confianza, la organización, los mecanismos de gobernanzas locales y comunitarios. Las alternativas que generen autonomía alimentaria, energética, de acceso al agua y la salud, a la apropiación del territorio que le disputa el narco a los pueblos.
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 27 de abril del 2024
El 27 de abril del 2010 nuestra compañera Bety Cariño, fundadora de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por Minería (REMA) y. el observador internacional finlandés Jyri Antero Jaakkola fueron asesinadxs cuando participaban en una caravana de solidaridad pacífica de ayuda humanitaria con destino al Municipio Autónomo Triqui de San Juan Copala en Oaxaca, comunidad sitiada por paramilitares. En septiembre 2023 los presuntos asesinos fueron liberados por un Juez del Tribunal Unitario de la Región de la Mixteca Oaxaquena.
En diciembre del 2023, en el contexto de la exposición dedicada a Bety y Jyri en la Eurocámara en Estamburgo, sus familias y sus acompañantes dieron a conocer que el caso se llevaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos debelando la impunidad del caso en México y los nexos del Estado con grupos paramilitares.
Bety Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajamos Unidos (CACTUS), mujer apasionada y comprometida con los pueblos indígenas, defensora del territorio contra el Corredor Interoceánico, mujer valiente y amorosa que seguirá siendo semilla de lucha para México y el mundo. Bety, como muchas defensoras y defensores del Territorio en México, perdieron la vida en la lucha, demostrando los mecanismos de violencia estatal y corporativa desplegada en defensa del modelo extractivo impuesto en nuestros pueblos.
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería, hoy en conmemoración de su partida, abrazamos a sus familias desde la solidaridad y seguimos exigiendo al gobierno federal de México y estatal de Oaxaca voluntad política para esclarecer los hechos y castigo a las personas responsables. Al mismo tiempo hacemos un llamado a los pueblos de América Latina a tejernos en redes que luchen ante la impunidad que rodea el asesinato de defensores de la Madre Naturaleza y defender el derecho legítimo a la resistencia.
Les compartimos esta entrevista que les realizaron a integrantes de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 1 de marzo del 2024
La Red de Afectados por la Minería es una organización que existe desde 2008, conformada por comunidades, movimientos, redes y organizaciones afectadas e interesadas en los efectos socioambientales del modelo extractivo minero en México. Isa Velásquez y Esperanza Salazar son parte de esta red, y tuvimos la suerte de charlar con ellas el sábado 24 de febrero.
En un primer momento de la charla abordamos los orígenes de REMA, sus actividades y sus conexiones con múltiples movimientos que defienden el territorio contra la minería en diferentes países de Latinoamérica. Señalaron que las afectaciones de la minería se replican en todos estos lugares, manifestándose especialmente en la salud de las personas y el medio ambiente. Además, se abordó cómo existe una estrecha relación entre la violencia que se manifiesta en estos territorios donde la minería ya está establecida o busca ser establecida.
También se abordó cómo ha sido la actividad minera en el país a lo largo de tres sexenios con gobiernos de distintos partidos políticos, señalando que no notan un cambio trascendental, siendo muy parecido sexenio tras sexenio.
Por último, se abordó la propuesta que forma parte de este paquete de propuestas de reformas a la Constitución generadas por AMLO, específicamente aquella que busca “prohibir tanto el otorgamiento de concesiones como las actividades de exploración, explotación, beneficio, uso o aprovechamiento de minerales, metales o metaloides a cielo abierto”. Cuestión que es interpretada por REMA como inacabada o no muy bien planteada, pues no queda totalmente claro si se prohibirá conceder mineras de cielo abierto, o si se detendrán las concesiones ya planteadas, en lo que visualizan como una propuesta con trasfondo meramente electoral y no con el fin de detener estas “zonas de sacrificio” que solo buscan aumentar la riqueza de los dueños de las minas.
Compartimos esta nota Pagina 3 sobre la lucha por la vida en Oaxaca y otra victoria de la resistencia. Felicitamos a las y los ejidatarios de San Miguen por su incansable lucha – A 27 de febrero del 2024
Ante amenaza de minera canadiense, autoridades declaran a Chimalapas como territorio libre de Minería
Juchitán, Oax.- Autoridades locales encabezadas por la presidenta municipal, Ceyla Cruz Gutiérrez declararon en sesión de cabildo al municipio de San Miguel Chimalapas como “territorio libre de Mineria”.
Con la mayoría de los concejales, 9 de 10 regidores, esta declaración significa que ninguna empresa minera podrá realizar exploración o explotación del territorio en el tema minero.
Recalcaron que está decisión ha sido expresada en años anteriores por la asamblea comunitaria, ya que atenta contra la vida, la salud y la existencia misma como comunidad y pueblo indígena como de nuestros hermanos zapotecos e ikoot’s
La presidenta municipal, Ceyla Cruz Gutiérrez recalcó que esta determinación se efectuó con
fundamento en el artículo 43, de las atribuciones del Ayuntamiento, inciso G. En materia ambiental.
El proyecto minero de la empresa canadiense “Minaurum Gold” contempla dos territorios, el primero denominado «Santa Martha*, bajo el título número 231753, superficie 5,610.4665 hectáreas, bajo el lote denominado Mar de Cobre, así como del titulo registrado bajo el número 225472.
Y el segundo, con superficie 1,499.8829 hectáreas, del lote «Jackita*, que en total suman
6 mil 409 hectáreas de bienes comunales para extraer minerales como oro y plata en comunidades zoques ubicadas en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec.
Noé Solano, comunero reveló que desde hace 20 años la canadiense añora su territorio, pero le han insistido que no está en venta y ni tampoco permitirán que una empresa la explore con fines mineros.
Finalmente recordó, que en el 2004, el priista Ulises Ruiz Ortiz, quién era gobernador de Oaxaca les ofreció un millón de pesos para otorgar el permiso de exploración, pero se negaron y años después si se hizo, sin embargo, ahora reafirman que su territorio es libre de minería.
Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre un paso más de algunas comunidades que resiste al embiste minero en México – A 12 de enero del 2024
Concesiones de agua para industria deberán consultarse con pueblos indígenas
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que las autoridades deben consultar a los pueblos indígenas cuando se emitan títulos de concesión de agua para uso industrial que afecten su territorio y su derecho a un medio ambiente sano.
Lo anterior al resolver un juicio de amparo promovido por la comunidad rarámuri de “El Trigo”, Municipio de Uruachi, en el estado de Chihuahua, en contra de la expedición y promulgación de un decreto que eliminó las zonas de veda de la Subregión Hidrológica del Río Fuerte y estableció zonas de reserva para el aprovechamiento de las aguas del río para usos industriales y urbanos; así como de cuatro títulos de concesión otorgados a empresas mineras para aprovechar industrialmente el agua.
De acuerdo con los datos del caso, la Jueza de Distrito que conoció del asunto decidió no entrar al fondo de la demanda planteada, al «considerar que la comunidad indígena no contaba con interés jurídico ni legítimo, ya que la expedición de los títulos de concesión y su registro no le generaban por sí solos una afectación jurídica, al no tener efectos en su territorio”.
Inconforme con esa decisión, la comunidad indígena interpuso un recurso de revisión, y la Primera Sala asumió el estudio del caso y propuesta de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, los integrantes de la Primera Sala, establecieron por unanimidad que la comunidad indígena solicitante de amparo que habita esa región desde principios del siglo XIX y tiene como principal sustento el cultivo de maíz, actividad alrededor de la cual organiza la mayor parte de su vida cotidiana y espiritual, y para cuyo desarrollo depende del agua proveniente de la Subregión Hidrológica del Río Fuerte, sí cuenta con interés legítimo para promover el juicio de amparo en contra de los actos que reclamó.
Los ministros consideraron que debía otorgarse la protección a la comunidad indígena “debido a las potenciales afectaciones que las concesiones implican en su vida cultural y ceremonial, ya que su implementación puede disminuir el flujo o contaminar el líquido vital del que se benefician”.
Así, al analizar el fondo del asunto, la Sala advirtió que los actos reclamados pueden afectar directamente a la comunidad indígena, en particular, sus derechos al territorio en relación con el uso preferente de los recursos naturales existentes en éstos, así como el derecho al agua y a un medio ambiente sano, lo que generaba la obligación de realizar una consulta libre, informada y previa a la emisión de tales actos.
Por tal motivo, la Primera Sala determinó procedente revocar la sentencia y conceder el amparo para dejar sin efectos el Decreto impugnado, así como los títulos de concesión para uso y explotación industrial de las aguas superficiales de la cuenca otorgados por la Comisión Nacional del Agua, con base en ese decreto.
Por ello, determinó que en caso de emitir un nuevo decreto o emitir una nueva concesión para el uso, explotación y aprovechamiento de las aguas que constituyen la Subregión Hidrológica Río Fuerte, de la Región Hidrológica número 10 Sinaloa, las autoridades responsables realicen la consulta previa correspondiente.
Les compartimos este reportaje de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha en el desierto de Sonora – A 7 de diciembre del 2023
Es muy difícil para Abigail hablar del encarcelamiento de su papá, Bartolo Pacheco. Él es uno de los cinco ejidatarios del ejido El Bajío detenidos el 13 de abril de 2016 por defender su territorio de una mina de oro que pertenece a una empresa del poderoso grupo mexicano Peñoles, controlado por la familia Baillères.
“No se me hace justo y a la vez te da mucho coraje porque no puedes hacer nada, viendo como la misma ley te trata de ver como una persona mala, cuando no lo eres. Ellos por ser inocentes, por cuidar sus tierras, por defender lo de ellos, los llevan como si fueran criminales. Pues, no. No lo podía creer y nunca me imaginé estar en esta situación,” nos dice Abigail entre lágrimas.
Frente a la detención de su padre, Abigail tuvo que tomar una difícil decisión para ayudar la economía familiar. Buscaría trabajo en la misma empresa, pero en la mina La Herradura, una mina de oro a cielo abierto que colinda con su ejido y que inclusive ha invadido una parte de sus tierras. Haría esto enfrentando la discriminación, explotación laboral y riesgos a la salud.
“Tenía mi niña grandecita un año y seis meses, y dije, ¿qué vamos a hacer? Mis hermanos [estaban] estudiando y decidí buscar trabajar para ayudar un poquito a mi familia, mi mamá, mi papá, lo que sea, mis hermanos. Y la opción fue la mina. En este tiempo, mi esposo estaba trabajando y fue el que me ayudó con la solicitud, y sí. Pero, pensaba que no nos iba a aceptar porque, por ser hijos de ejidatarios, ¿no?”
Foto: Patio de lixiviación de la mina Herradura; Giuliano Salvatore, septiembre 2023
Por parte de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), participamos en el encuentro Comunidad-Minería-Periodismo en septiembre de este año dentro del territorio del ejido El Bajío, ubicado en el Gran Desierto de Altar frente el Golfo de California, entre Puerto Peñasco y Caborca, Sonora. En este desierto, único en su tipo en toda América del Norte por sus dunas, los espectaculares colores y la frescura de sus amaneceres y atardeceres invitan a reflexionar sobre la belleza de la diversidad de cactáceas y especies de fauna tímidas que habitan estas tierras de calor hostil, pero de una diversidad importante. Este hermoso e imponente desierto resguarda especies en peligro de extinción, como el berrendo sonorense, y paisajes llenos de vida y resistencia.
Organizado por el ejido y la Fundación Bajío Sahuaro, este encuentro nos dio la oportunidad de conocer de cerca las importantes victorias y los difíciles sacrificios que han hecho las mujeres y hombres del ejido, quienes siguen en la lucha para hacer valer sus derechos colectivos y para defender sus tierras.
Foto: El Bajío, Sonora; Giuliano Salvatore, septiembre 2023
La mina ilegal Soledad-Dipolos y los abusos de poder de la empresa minera Fresnillo PLC
Un enorme despliegue de 33 patrullas acompañado por la seguridad privada de la empresa minera Penmont, subsidiaria de la Fresnillo PLC, se presentaron en el Ejido aquel día de abril 2016 que detuvieron a Bartolo y cuatro compañeros más. Fresnillo cotiza en la bolsa de valores de Londres y presume ser la principal explotadora de plata en el mundo. Las policías respondieron a una denuncia interpuesta por Rafael Pavlovich Durazo, el tío de la entonces gobernadora de Sonora, quien también había mostrado interés en las tierras del ejido.
Sin embargo, fue la empresa Penmont la que estaba operando en la ilegalidad.
Desde fines de los años noventa, la empresa operó en el ejido mediante convenios acordados con un pequeño grupo de ejidatarios. Los convenios de los años 2002 y 2005 jamás fueron ratificados por la Asamblea Ejidal, la máxima autoridad del ejido, y tampoco cuentan con la firma del Comisariado Ejidal, sino de un notario y de los representantes de la empresa minera. En 2010, la empresa puso en operación comercial la mina de oro Soledad-Dipolos.
Pero para entonces ya habían crecido las tensiones entre la empresa y la mayoría de los y las ejidatarios quienes, en pleno ejercicio de sus derechos agrarios, lograron una victoria poco común entre las luchas contra las grandes empresas mineras. En diciembre de 2014, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario de Distrito Veintiocho dictó 67 sentencias a favor del ejido. Las sentencias ordenaron a la empresa entregar y reparar las tierras del ejido, indemnizar al Ejido por los daños generados y, algo inédito, devolver el oro que se había extraído de forma irregular de su territorio. Sin embargo, frente a esa sentencia histórica, la impunidad se ha antepuesto: el Magistrado no fue ratificado por el Senado y las sentencias aún no han sido ejecutadas.
Foto: Defensores y Defensoras del Territorio, El Bajío, Sonora; REMA, septiembre 2023
Desde ese entonces, para proteger su amplio territorio de 19 mil 38 hectáreas, un grupo de ejidatarios ha mantenido un campamento en un área cercana a donde se encuentra la mina. Están ahí para vigilar la implementación de las sentencias y cuidar su terreno, haciendo lo que el tribunal debería hacer, pero que no ha hecho. Quienes resisten en el campamento han contado con mucho apoyo de sus familias y de los demás ejidatarios, muchos de los cuales han tenido que desplazarse a otros lados, dadas las difíciles condiciones que se presentan en el ejido, especialmente la falta de agua.
Gracias a la lucha de este ejido y al campamento que sostienen, durante la mayor parte de los últimos nueve años, la mina no ha operado. Sin embargo, desde esta sentencia la criminalización y la violencia escaló inmediatamente, con grandes costos para la vida de todo el ejido.
La violencia que siguió a la victoria
Margarita López recuerda claramente el día 13 de abril de 2016, cuando más de cien policías llegaron al campamento junto con la seguridad privada de la empresa para detener a cinco compañeros del ejido, entre ellos su esposo Erasmo Santiago. En este momento, ella no pasaba las noches en el campamento, sino en el centro habitacional del ejido que se llama El Sahuaro, debido a que sus hijos aún eran pequeños y necesitaban ir a la escuela.
“A nosotros nos avisaron ya cuando llegaron la policía… Veníamos entrando cuando la patrulla ya iba saliendo con ellos.”
Después de presionar mediante su abogado para saber a dónde los había llevado, ella y otras compañeras del ejido iban cada ocho días para verlos en la cárcel Centro de Reinserción Social (CERESO), en Caborca. Tuvieron que pasar por revisiones invasivas para poder entrar. Toda la comida y otras cosas que llevaban para sus compañeros fue inspeccionada y estropeada adrede con tan violenta verificación.
Erasmo se quedaría en la cárcel un año y ocho meses, mientras que los demás compañeros lo harían por ocho meses.
“El chiste es que cuando lo agarraron [ellos] querían un líder para chingarlo y colocarlo en su lugar. Y cuando agarraron a Erasmo, [que] es quien habló más, es quien le andaba más a la madre, a la fregada y todo esto. Entonces, ¿qué hicieron con él? Por eso le pusieron más cargos falsos, para que él se quedaba allí adentro.”
Durante el resto del sexenio de la Gobernadora Claudia Pavlovich, ahora cónsul de México en Barcelona, la violencia se mantuvo muy fuerte en contra del ejido.
En febrero de 2018, el ejidatario Raúl Ibarra fue asesinado, y Noemí Elizabeth López Gutiérrez desaparecida. Eran esposos. Margarita nos dice que ellos eran los que siempre lucharon más que todos.
“Raúl Ibarra era quien más hablaba también que el no se dejaba, si entraba un gobierno, él le mandaba hasta la madre. Decía que aquí es mi tierra y nadie me va a sacar de aquí. Él hablaba duro. Y su señora es igual,” dice Margarita.
Raúl logró evitar ser detenido en 2016. No estuvo en el campamento este día y le llegó el aviso a tiempo. Aún así, Noemí acompañaba a las compañeras.
“Noemí Elizabeth siempre estuvo con nosotras. Cuando [los] íbamos a visitar, ella también iba y daba ánimo a los que estaban adentro, que no se preocupa, que todo iba a salir bien.”
“Ella, cuando fue a pelear con nosotros, a lo mejor para esto fue en contra de ella también, porque ella es la que hablaba más. Y cuando se enojaba, ella entraba y agarraba el teléfono y le grababa a los policías allí adentro y no se detenía.”
Otro líder, José de Jesús Robledo Cruz, quien era el presidente del comisariado ejidal en el momento que salieron las 67 sentencias, huyó a los Estados Unidos por todas las amenazas que enfrentaba. Sin embargo, cuando volvió a México, en abril de 2021, fue asesinado junto con María de Jesús Gómez Vega, su esposa.
“Por parte de Chuy Robledo, pues, fue ensaña en contra de él porque fue el Comisariado en aquellos tiempos. … Todo el tiempo ha tenido amenazas. Y el último, pues, creo que se descuidó y lo agarraron con todo y su señora, pues. Y se mira en el cuerpo, porque cuando lo encontraron estaba bien feo. … Y en su cuerpo, cuando se murió, le puso un cartón con cuchillo en la panza con los nombres de todos los hombres ejidatarios.”
El ejido se enteró del asesinado de la pareja y de la amenaza en contra de los 13 ejidatarios por los noticieros, y esto les generó mucho miedo y preocupación nuevamente.
Reflexionando sobre estas grandes pérdidas, Margarita dice, “No podemos hacer nada, están descansando. Pero su lucha no va a quedar en vano, los que hicieron un sacrificio también les pasó lamentablemente, pero su lucha valía la pena y nosotros vamos a seguir adelante para que valga la pena lo que ellos hicieron y vamos a seguir hasta que ganamos.”
El extractivismo minero rapaz y los daños a la salud
En tan solo tres años de operación, la empresa Fresnillo sacó 236,709 onzas de oro de la mina Soledad-Dipolos, una cantidad que cabe en un cubo de 70 centímetros por 70 centímetros. Sin embargo, dejó un hueco enorme y más de 3 mil hectáreas destruidas con millones de toneladas de roca y residuos tóxicos del mineral procesado, residuos que permanecerán para siempre en el territorio de El Bajío. Los desechos amontonados se muestran en el horizonte como grandes escalones planos y alargados que contrastan con las siluetas accidentadas de la Sierra Madre Occidental.
Foto: La mina Soledad-Dipolos, El Bajío, Sonora; REMA, septiembre 2023
El artista Miguel Fernández de Castro expone la dramática diferencia entre la pequeña cantidad de mineral extraído y la magnitud de la destrucción generada por la mina de tajo abierto, con la instalación de un cubo de tierra compactada marcada con una placa con textos de Natalia Mendoza. Después de mostrarlo en Nueva York, ahora se encuentra dentro del tajo de la mina Soledad-Dipolos.
Regresar este oro a la comunidad es algo que está dentro de las posibilidades de esta empresa mexicana transnacional. El oro que Fresnillo debe a El Bajío es equivalente a 37% del oro que la empresa sacó en sus siete minas en operación en México tan solo en 2022, o el 68% del oro extraído solamente de la mina La Herradura el mismo año.
Foto: El cubo y la placa dentro de la mina Soledad-Dipolos, El Bajío, Sonora; REMA, septiembre 2023
Sin embargo, si bien la empresa podría regresar el oro, esta parte del territorio de El Bajío jamás regresará a su estado anterior.
Desde hace unos años, Margarita y sus hijas permanecen más tiempo en el campamento, junto con Erasmo. Pero no es fácil.
“Lo que comemos, tenemos un poquito de ayuda de los ejidatarios que [viven fuera y] nos ayuda. Y yo tengo también hijos ya grandes por la propia familia” dice Margarita. Sus hijos trabajan fuera y mandan todo que pueden como parte de su contribución a la lucha.
Tampoco hay agua para poder cultivar y, aún cuando la mina no está en operación, todos ellos están constantemente expuestos al polvo contaminado de los patios de lixiviación que dejó la mina. La exposición a metales pesados como el plomo tiene impactos sobre el sistema nervioso. En otras comunidades afectadas por la minería en México los daños a la salud por la minería se han observado particularmente en las mujeres gestantes que viven cerca de las minas de oro a tajo abierto, tal como en el caso de Carrizalillo, Guerrero, donde desde hace años se ha identificado un fuerte aumento en los nacimientos con deformaciones, así como un incremento en los abortos y partos prematuros.
Por su parte, Abigail se quedó trabajando en la mina La Herradura de la empresa Fresnillo desde la detención de su papá para ayudar a su familia. Trabajaba en el laboratorio y, poco después de entrar, se embarazó.
Foto: Patio de lixiviación y instalaciones mineras de la mina Soledad-Dipolos, El Bajío, Sonora; Giuliano Salvatore, septiembre 2023
“En el área en donde yo trabajaba, estábamos dos meses, cinco días a la semana en el mismo lugar. Inhalar todo el vapor, hasta los mismos facilitadores te dicen, ¿sabes qué?, el colector no está funcionando. Aquí se sienten el sabor como si fuera dulcecito de cala, es algo que tú sientes y es difícil quitártelo, aunque tomas agua, aunque comes algo, allí lo tienes. Hasta los mismos facilitadores saben que es el plomo y con sólo el olor, el sabor, dicen checan el colector.”
Tuvieron su uniforme y ropa especial designada, pero aún así el plomo traspasaba todo: “aunque dicen que tienen todos los controles, aún estás en contacto” comenta Abigail.
Su segunda hija nació con espina bífida y otros problemas de salud. Hoy Abigail está embarazada de nuevo. Luchar para que su hija pueda caminar y jugar como las demás niñas es un gran reto, especialmente ahora, puesto que fue despedida hace unos meses, y ahora lucha para que la empresa le pague lo que le debe.
“Espero que me paguen lo que me correspondan y todo el daño que nos hayan hecho.”
Que viva el Gran Desierto de Altar y su gente
La lucha del ejido El Bajío sigue con la mirada puesta en la lucha por un futuro mejor para sus familias y todos los seres vivos en su territorio. No solo están luchando por la ejecución de las 67 sentencias del Tribunal Agrario y por justicia por toda la violencia que han sufrido, sino también para restaurar el hábitat con la importante flora y fauna que abarca su territorio.
Mientras visitamos su campamento, el papá de Abigail firmó un certificado que convierte 2,460 hectáreas del ejido en un Área Destinada Voluntariamente a la Conservación. Abigail espera que el proyecto que salga de allí y de su lucha pueda mejorar la situación para todo el ejido, y también para toda la flora y fauna del hermoso desierto de Altar.
Foto: Bartolo Pacheco firma certificado del área de conservación, El Bajío, Sonora; REMA, septiembre 2023
Margarita dice estar feliz por las sentencias que ganaron, pero para que realmente valga la pena el sacrificio que han hecho y para que esto tenga sentido para quienes vengan en un futuro, lo que quiere es seguir luchando por su territorio: “Seguir adelante es lo que queremos. Cuidar los animales mejor y las plantas, para que ya no destruye.” En lo personal, también espera poder descansar un rato, poder estar más con su familia y sembrar sus tierras.
“Nos gusta mucho el cultivar,” dice, sonriendo.
Foto: El Bajío, Sonora; Giuliano Salvatore, septiembre 2023
Imagen: El Bajío, Sonora; Giuliano Salvatore, septiembre 2023
Compartimos este comunicado de la REMA resultado del Foro realizado en Cicacalco, Zacatecas – A 30 de noviembre del 2023
Foro en Cicacalco, Zacatecas, la «Dignificación de Nuestra Tierra», celebra la lucha de la comunidad indígena, teje alianzas hacia alternativas para un medioambiente sano, y exige concluir el programa de cierre y transitar a la remediación del tiradero municipal
Con la participación de luchas y resistencias de distintas regiones del país, hoy, 30 de noviembre de 2023 realizamos el foro, «Tratamiento de Residuos, Agua y Territorio: Dignificación de Nuestra Tierra», en la comunidad indígena de Cicacalco, municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas. Con la participación de 21 organizaciones de varias partes del país e invitados de la región, reafirmamos nuestro compromiso con la vida y el cuidado del medio ambiente, y refirmamos nuestra exigencia a las autoridades de los tres niveles para concluir el cierre y realizar la remediación y reparación de dafios generados en nuestra comunidad por la instalación de un mal llamado «Relleno Sanitario», con dictamen de clausura total definitiva desde noviembre de 2022.
Nuestro territorio, en el sur de Zacatecas, tiene paisajes hermosos, ríos, arroyos y de abundante agua subterránea, en donde los pozos son de baja profundidad y tenemos múltiples ojos de agua y estanques con agua todo el año. No obstante, tal como queda plasmado en el mapeo comunitario que hoy hacemos público, un basurero municipal fue colocado en 2019 sobre el nacimiento del arroyo Los Tecongos, afluente del río Tlaltenango, y a menos de 800 metros de varios ojos de agua que están sobre el cauce de dicho arroyo, no solo violentando la ley, sino toda lógica de protección a la vida. Esta zona está rodeada por áreas de cultivo y de pastoreo de ganado, por lo que afectó nuestras formas de ser y estar en e mundo.
Aunque se abrió bajo el nombre Relleno Sanitario de primer nivel, el basurero funcionó como tiradero a cielo abierto, ya que en su interior se mezclaron sin ningún tratamiento desechos urbanos, desechos tóxico infecciosos y múltiples animales muertos. Se calcula que entraban aproximadamente 20 toneladas de desechos al día, por lo que durante los meses en que estuvo abierto, se depositaron entre 10 y 12 mil toneladas de desechos al basurero en Cicacalco. La presencia de moscas gusaneras, bolsas de basura y malos olores, llegarona afectar un radio de entre 2.5 y 3 km. Desde sus inicios, y con toda la intención, aguas contaminadas salieron de tubos que las depositaban sobre el arroyo.
Entre septiembre y noviembre de 2020, hubo un brote de hepatitis entre los habitantes del barrio más cercanos al basurero a un lado del arroyo Los Tecongos. Los habitantes lo asocian con los residuos peligrosos y biológico infecciosos observados dentro del tiradero y los lixiviados que fluyeron desde ahí toda la temporada de lluvias, además de las tolvaneras que dispersaban todo tipo de residuos. Además, para la instalación de este basurero no fuimos tomados en consideración, violentando nuestra autodeterminación como pueblo Indígena y pasando por encima nuestra máxima autoridad, la Asamblea Comunal.
Durante el foro, dimos un paso importante para fortalecer la organización local y consolidar acciones ante el impacto que dejó el «relleno sanitario» instalado en la comunidad indígena de Cicacalco. A través del intercambio de conocimiento y experiencias nos fortalecemos y construimos nuevas alianzas basadas en la solidaridad. Desde las experiencias que nos compartieron desde Guadalcázar, San Luis Potosí y de las Lomas de San Francisco Tepojaco, de la Ciudad de México, estamos construyendo acciones para frenar la contaminación del territorio y del agua a causa de los desechos y sitios de disposición final. Asimismo, con representantes de las poblaciones de El Grullo, Jalisco y Susticacan, Zacatecas, municipalidades que han trabajado para construir procesos de formación ambiental, vemos opciones para un control adecuado de los desechos sólidos y planes para una reducción en la basura generada.
De esta forma podemos visualizar los pasos necesarios para construir mayor fuerza social que permita un mejor manejo de la basura en Tlaltenango. Todo ello depende de mantener fuerte la unidad y los procesos de autodeterminación de nuestra comunidad, lo cual también conversamos con quienes nos visitaron desde la Montaña y Costa Chica de Guerrero.
Nos juntamos para una vez más decir que no estamos de acuerdo que nuestra comunidad sea convertida en zona de sacrificio, tal como sucede en donde se instalan los tiraderos municipales, de desechos tóxicos, industriales y otros. En un mundo de plástico, «del consúmase y tire», del «extraiga, fabrique y venda», y del «reemplace y tire», todos somos afectados. Indudablemente, estas acciones provocan graves afectaciones a la vida: al agua, a la tierra, a nuestros organismos y a la salud de nuestras comunidades. Nuevas formas de ser y estar en el mundo son necesarias, por ello son importantes estos ejercicios de reunirnos para repensar y construir nuevas formas de relación con la vida, con el medio ambiente.
Denunciamos y rechazamos la administración de los conflictos por las autoridades, asimismo las demás formas de dominación política, económica y cultural que nos vende un estilo de vida donde el aumento desmedido de la riqueza y el poder mediante el extractivismo, es uno de los fines. Igualmente, refrendamos la necesidad de otro tipo de relación campo- ciudad que no se base en la falsa «seguridad» de garantizar bienes y servicios a los grandes conglomerados de poblaciones humanas, en perjuicio de las comunidades y sus territorios.
Nos queda claro que este foro es un paso para la generación de conciencias y de acciones en donde las autoridades, dependencias, legisladores y ciudadanos hagamos lo que a cada uno nos corresponde para el cuidado de nuestra casa común.
HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE
Atentamente:
BIENESTAR COMUNITARIO CICACALCO
ARTICULACIÓN POR LA VIDA, CONTRA LA MINERÍA DEL VALLE DE OCOTLÁN, OAXACA ASOCIACIÓN POR LA PROTECCIÓN DE LA TIERRA Y EL BIENESTAR DE EPAZOYUCAN A.C. (APTYBE), HIDALGO BÍOS IGUANA COMITÉ DE DEFENSA, PAPALUTLA, OAXACA COMITÉ DE DEFENSA DEL TERRITORIO DE GUADALCÁZAR, SAN LUIS POTOSÍ CONSEJO REGIONAL DE AUTORIDADES AGRARIAS EN DEFENSA DEL TERRITORIO (CRAADET), MONTAÑA Y COSTA CHICA, GUERRERO EJIDO CANOAS, COLIMA GEOCOMUNES FRENTE POPULAR EN DEFENSA DE SOCONUSCO 20 DE JUNIO, CHIAPAS (FPDS) FRONTERAS COMUNES JORGE ARZAVE, ACTIVISTA POR LA VIVIENDA, EL AGUA, LA SALUD Y MEDIOAMBIENTE, LOMAS DE SAN FRANCISCO TEPOJACO, ESTADO DE MÉXICO JOSÉ EDUARDO VILLALPANDO RUIZ & CARMEN ALIAGA, ACTIVISTAS, MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO MOVIMIENTO EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y DEL RÍO ATENCO, ZACATECAS OBSERVATORIO DE CONFLICTOS MINEROS ZACATECAS PROCESOS INTEGRALES PARA LA AUTOGESTIÓN DE LOS PUEBLOS (PIAP) RED LATINOAMERICANA DE DEFENSORAS DE DERECHOS SOCIALES Y AMBIENTALES RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERIA (REMA) RIZOMA ENTRETEJIENDO LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNES VICTORIANO DÍAZ FÉLIX & GUSTAVO JAVIER VÁSQUEZ DÍAZ, AMBIENTALISTAS, MUNICIPIO DE SUSTICACAN, ZACATECAS
Comunidad Indígena de Cicacalco, 30 de noviembre de 2023.
Imagen: MARTÍN CATALÁN LERMA – La Jornada Zacatecas
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 28 de noviembre del 2023
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería, condenamos la desaparición forzada y asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz, Indígena Nahua-Otomí de la comunidad de Ayotitlán, Jalisco, quien el viernes el 24 de noviembre del presente fue citado a la presidencia municipal de Cuauhtitlán de García Barragán, en la costa sur de Jalisco y no se supo de él hasta que el sábado 25 de noviembre fue localizado sin vida a la altura del puente Arroyo, en el tramo carretero de Cuautitlán de García Barragán a la localidad Las Marias.
Higinio Trinidad era defensor del territorio contra la minería, el despojo de tierras en su comunidad de Ayotitlán y la tala ilegal en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán.
La comunidad indígena de Ayotitlán tiene una historia de casi 90 años de violencia y despojo, desde que por los años 30s, el General García Barragán permitía y solapaba la tala inmoderada de los bosques en territorio indígena y luego se incrementó con la llegada del Consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada que comenzó a operar en 1967, primero como una paraestatal y luego privatizada en el periodo de Salinas de Gortari.
Esto aunado a la falta de seguridad jurídica sobre los límites territoriales entre Colima y Jalisco, que ha dado por resultado que ninguno de los dos Estados se haga cargo de seguridad, servicios, bienestar y salud de las y los habitantes de la zona. Muy por el contrario, los dos Estados han estado apoyando fuertemente al Consorcio Peña Colorada, una asociación entre las empresas siderúrgicas Ternium y ArcelorMittal, y dejando en total indefensión a la comunidad indígena. Los dos estados han otorgado todo el apoyo con la fuerza pública, pero solo para reprimir a las y los defensores indígenas que siguen defendiendo su territorio, como lo hicieron sus antepasados.
Condenamos también al Gobierno Federal, Estatales de Jalisco y Colima, así como a los Municipios de Cuauhtitlán de García Barragán y Minatitlán que han sido omisos ante la flagrante violencia que se ha desatado en la zona con el crimen organizado que opera para la empresa minera y los talamontes. La falta de atención a las denuncias realizadas por las comunidades de La Astilla, Puertecito de las Parotas, Mameycito, Las Pesadas, CI Naranjal, entre otras, así como la denuncia por desaparición de Celedonio Monroy Prudencio (2013), que no han tenido ninguna respuesta y ni justicia, sin embargo, el etnocidio continúa impunemente, tal parece que es un objetivo de los tres niveles de gobierno.
Exigimos atención inmediata, un alto total al despojo, la contaminación y la violencia contra la comunidad indígena de Ayotitlán y el esclarecimiento del cobarde asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz. A sus familiares y amigos, les enviamos toda nuestra solidaridad.
Les compartimos la siguiente petición de Salva la selva, Voces Ecológicas y Radio Temblor sobre la resistencia antiminera – A 17 de noviembre 2023
Panamá está movilizada. El gobierno ha desencadenado una profunda crisis de confianza al autorizar una enorme mina de cobre en la selva tropical. Decenas de miles de personas están protestando y han paralizado en parte el país. Exigen que se preserve la naturaleza y se respeten los derechos humanos. Apoya la protesta con tu firma.
Decenas de miles de personas salen a las calles en Panamá desde hace semanas para manifestarse contra los proyectos mineros. Acusan al gobierno de vender sus tierras y sus recursos a empresas extranjeras.
El foco de las protestas es la enorme mina de cobre a cielo abierto de Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum. La mina se sitúa en medio del corredor biológico de selva tropical que conecta América Central con América del Sur.
El pueblo panameño junto a las organizaciones socioambientales denunciaron el acuerdo de concesión de la empresa minera y ganaron en la Corte Suprema por fallo de inconstitucionalidad en el año 2018. Pero los políticos y las autoridades han impedido durante años que se ejecute la sentencia.
Mientras tanto, Minera Panamá ha construido la mina a cielo abierto donde antes había selva tropical y biodiversidad: naves industriales, tuberías, depósitos de residuos y depósitos para los lodos tóxicos de la mina, así como un puerto y una central eléctrica de carbón en la costa caribeña para alimentar la mina. Desde 2019, la empresa exporta concentrado de cobre a China, Japón, Corea del Sur, España y Alemania.
El presidente de Panamá, Laureano Cortizo, presenta la mina de cobre como «el futuro del país». Sin una auténtica participación ciudadana, el gobierno negoció un nuevo acuerdo de concesión con Minera Panamá, desencadenando una profunda crisis de confianza.
El Contrato Ley 406 aprobado por el Parlamento a mediados de octubre y firmado por el Presidente el mismo día, pretende legalizar la mina de cobre durante al menos 20 años prorrogables por otros 20.
El pueblo de Panamá está protestando en las calles. Ha habido cuatro muertos: el dinero de la empresa minera no puede compensar el daño que la mina causa a la vida y la naturaleza. Exigen naturaleza intacta y un medio ambiente limpio.
