La comunidad rarámuri de “El Trigo”, en Chihuahua, obtuvo un amparo y deberá ser consultada para la concesión de agua a mineras

Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre un paso más de algunas comunidades que resiste al embiste minero en México – A 12 de enero del 2024

Concesiones de agua para industria deberán consultarse con pueblos indígenas

Gustavo Castillo

12 de enero de 2024 14:28

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que las autoridades deben consultar a los pueblos indígenas cuando se emitan títulos de concesión de agua para uso industrial que afecten su territorio y su derecho a un medio ambiente sano.

Lo anterior al resolver un juicio de amparo promovido por la comunidad rarámuri de “El Trigo”, Municipio de Uruachi, en el estado de Chihuahua, en contra de la expedición y promulgación de un decreto que eliminó las zonas de veda de la Subregión Hidrológica del Río Fuerte y estableció zonas de reserva para el aprovechamiento de las aguas del río para usos industriales y urbanos; así como de cuatro títulos de concesión otorgados a empresas mineras para aprovechar industrialmente el agua.

De acuerdo con los datos del caso, la Jueza de Distrito que conoció del asunto decidió no entrar al fondo de la demanda planteada, al “considerar que la comunidad indígena no contaba con interés jurídico ni legítimo, ya que la expedición de los títulos de concesión y su registro no le generaban por sí solos una afectación jurídica, al no tener efectos en su territorio”.

Inconforme con esa decisión, la comunidad indígena interpuso un recurso de revisión, y la Primera Sala asumió el estudio del caso y propuesta de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, los integrantes de la Primera Sala, establecieron por unanimidad que la comunidad indígena solicitante de amparo que habita esa región desde principios del siglo XIX y tiene como principal sustento el cultivo de maíz, actividad alrededor de la cual organiza la mayor parte de su vida cotidiana y espiritual, y para cuyo desarrollo depende del agua proveniente de la Subregión Hidrológica del Río Fuerte, sí cuenta con interés legítimo para promover el juicio de amparo en contra de los actos que reclamó.

Los ministros consideraron que debía otorgarse la protección a la comunidad indígena “debido a las potenciales afectaciones que las concesiones implican en su vida cultural y ceremonial, ya que su implementación puede disminuir el flujo o contaminar el líquido vital del que se benefician”.

Así, al analizar el fondo del asunto, la Sala advirtió que los actos reclamados pueden afectar directamente a la comunidad indígena, en particular, sus derechos al territorio en relación con el uso preferente de los recursos naturales existentes en éstos, así como el derecho al agua y a un medio ambiente sano, lo que generaba la obligación de realizar una consulta libre, informada y previa a la emisión de tales actos.

Por tal motivo, la Primera Sala determinó procedente revocar la sentencia y conceder el amparo para dejar sin efectos el Decreto impugnado, así como los títulos de concesión para uso y explotación industrial de las aguas superficiales de la cuenca otorgados por la Comisión Nacional del Agua, con base en ese decreto.

Por ello, determinó que en caso de emitir un nuevo decreto o emitir una nueva concesión para el uso, explotación y aprovechamiento de las aguas que constituyen la Subregión Hidrológica Río Fuerte, de la Región Hidrológica número 10 Sinaloa, las autoridades responsables realicen la consulta previa correspondiente.


Reportaje: Hacer valer los sacrificios de la lucha por la vida en el Gran Desierto de Altar de Sonora

Les compartimos este reportaje de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha en el desierto de Sonora – A 7 de diciembre del 2023

Es muy difícil para Abigail hablar del encarcelamiento de su papá, Bartolo Pacheco. Él es uno de los cinco ejidatarios del ejido El Bajío detenidos el 13 de abril de 2016 por defender su territorio de una mina de oro que pertenece a una empresa del poderoso grupo mexicano Peñoles, controlado por la familia Baillères.

“No se me hace justo y a la vez te da mucho coraje porque no puedes hacer nada, viendo como la misma ley te trata de ver como una persona mala, cuando no lo eres. Ellos por ser inocentes, por cuidar sus tierras, por defender lo de ellos, los llevan como si fueran criminales. Pues, no. No lo podía creer y nunca me imaginé estar en esta situación,” nos dice Abigail entre lágrimas.

Frente a la detención de su padre, Abigail tuvo que tomar una difícil decisión para ayudar la economía familiar. Buscaría trabajo en la misma empresa, pero en la mina La Herradura, una mina de oro a cielo abierto que colinda con su ejido y que inclusive ha invadido una parte de sus tierras. Haría esto enfrentando la discriminación, explotación laboral y riesgos a la salud.

“Tenía mi niña grandecita un año y seis meses, y dije, ¿qué vamos a hacer? Mis hermanos [estaban] estudiando y decidí buscar trabajar para ayudar un poquito a mi familia, mi mamá, mi papá, lo que sea, mis hermanos. Y la opción fue la mina. En este tiempo, mi esposo estaba trabajando y fue el que me ayudó con la solicitud, y sí. Pero, pensaba que no nos iba a aceptar porque, por ser hijos de ejidatarios, ¿no?”

Foto: Patio de lixiviación de la mina Herradura; Giuliano Salvatore, septiembre 2023

Por parte de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), participamos en el encuentro Comunidad-Minería-Periodismo en septiembre de este año dentro del territorio del ejido El Bajío, ubicado en el Gran Desierto de Altar frente el Golfo de California, entre Puerto Peñasco y Caborca, Sonora. En este desierto, único en su tipo en toda América del Norte por sus dunas, los espectaculares colores y la frescura de sus amaneceres y atardeceres invitan a reflexionar sobre la belleza de la diversidad de cactáceas y especies de fauna tímidas que habitan estas tierras de calor hostil, pero de una diversidad importante. Este hermoso e imponente desierto resguarda especies en peligro de extinción, como el berrendo sonorense, y paisajes llenos de vida y resistencia.

Organizado por el ejido y la Fundación Bajío Sahuaro, este encuentro nos dio la oportunidad de conocer de cerca las importantes victorias y los difíciles sacrificios que han hecho las mujeres y hombres del ejido, quienes siguen en la lucha para hacer valer sus derechos colectivos y para defender sus tierras.

Foto: El Bajío, Sonora; Giuliano Salvatore, septiembre 2023

La mina ilegal Soledad-Dipolos y los abusos de poder de la empresa minera Fresnillo PLC

Un enorme despliegue de 33 patrullas acompañado por la seguridad privada de la empresa minera Penmont, subsidiaria de la Fresnillo PLC, se presentaron en el Ejido aquel día de abril 2016 que detuvieron a Bartolo y cuatro compañeros más. Fresnillo cotiza en la bolsa de valores de Londres y presume ser la principal explotadora de plata en el mundo. Las policías respondieron a una denuncia interpuesta por Rafael Pavlovich Durazo, el tío de la entonces gobernadora de Sonora, quien también había mostrado interés en las tierras del ejido.

Sin embargo, fue la empresa Penmont la que estaba operando en la ilegalidad.

Desde fines de los años noventa, la empresa operó en el ejido mediante convenios acordados con un pequeño grupo de ejidatarios. Los convenios de los años 2002 y 2005 jamás fueron ratificados por la Asamblea Ejidal, la máxima autoridad del ejido, y tampoco cuentan con la firma del Comisariado Ejidal, sino de un notario y de los representantes de la empresa minera. En 2010, la empresa puso en operación comercial la mina de oro Soledad-Dipolos.

Pero para entonces ya habían crecido las tensiones entre la empresa y la mayoría de los y las ejidatarios quienes, en pleno ejercicio de sus derechos agrarios, lograron una victoria poco común entre las luchas contra las grandes empresas mineras. En diciembre de 2014, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario de Distrito Veintiocho dictó 67 sentencias a favor del ejido. Las sentencias ordenaron a la empresa entregar y reparar las tierras del ejido, indemnizar al Ejido por los daños generados y, algo inédito, devolver el oro que se había extraído de forma irregular de su territorio. Sin embargo, frente a esa sentencia histórica, la impunidad se ha antepuesto: el Magistrado no fue ratificado por el Senado y las sentencias aún no han sido ejecutadas.

Foto: Defensores y Defensoras del Territorio, El Bajío, Sonora; REMA, septiembre 2023

Desde ese entonces, para proteger su amplio territorio de 19 mil 38 hectáreas, un grupo de ejidatarios ha mantenido un campamento en un área cercana a donde se encuentra la mina. Están ahí para vigilar la implementación de las sentencias y cuidar su terreno, haciendo lo que el tribunal debería hacer, pero que no ha hecho. Quienes resisten en el campamento han contado con mucho apoyo de sus familias y de los demás ejidatarios, muchos de los cuales han tenido que desplazarse a otros lados, dadas las difíciles condiciones que se presentan en el ejido, especialmente la falta de agua.

Gracias a la lucha de este ejido y al campamento que sostienen, durante la mayor parte de los últimos nueve años, la mina no ha operado. Sin embargo, desde esta sentencia la criminalización y la violencia escaló inmediatamente, con grandes costos para la vida de todo el ejido.

La violencia que siguió a la victoria

Margarita López recuerda claramente el día 13 de abril de 2016, cuando más de cien policías llegaron al campamento junto con la seguridad privada de la empresa para detener a cinco compañeros del ejido, entre ellos su esposo Erasmo Santiago. En este momento, ella no pasaba las noches en el campamento, sino en el centro habitacional del ejido que se llama El Sahuaro, debido a que sus hijos aún eran pequeños y necesitaban ir a la escuela.

“A nosotros nos avisaron ya cuando llegaron la policía… Veníamos entrando cuando la patrulla ya iba saliendo con ellos.”

Después de presionar mediante su abogado para saber a dónde los había llevado, ella y otras compañeras del ejido iban cada ocho días para verlos en la cárcel Centro de Reinserción Social (CERESO), en Caborca. Tuvieron que pasar por revisiones invasivas para poder entrar. Toda la comida y otras cosas que llevaban para sus compañeros fue inspeccionada y estropeada adrede con tan violenta verificación.

Erasmo se quedaría en la cárcel un año y ocho meses, mientras que los demás compañeros lo harían por ocho meses.

“El chiste es que cuando lo agarraron [ellos] querían un líder para chingarlo y colocarlo en su lugar. Y cuando agarraron a Erasmo, [que] es quien habló más, es quien le andaba más a la madre, a la fregada y todo esto. Entonces, ¿qué hicieron con él? Por eso le pusieron más cargos falsos, para que él se quedaba allí adentro.”

Durante el resto del sexenio de la Gobernadora Claudia Pavlovich, ahora cónsul de México en Barcelona, la violencia se mantuvo muy fuerte en contra del ejido.

En febrero de 2018, el ejidatario Raúl Ibarra fue asesinado, y Noemí Elizabeth López Gutiérrez desaparecida. Eran esposos. Margarita nos dice que ellos eran los que siempre lucharon más que todos.

“Raúl Ibarra era quien más hablaba también que el no se dejaba, si entraba un gobierno, él le mandaba hasta la madre. Decía que aquí es mi tierra y nadie me va a sacar de aquí. Él hablaba duro. Y su señora es igual,” dice Margarita.

Raúl logró evitar ser detenido en 2016. No estuvo en el campamento este día y le llegó el aviso a tiempo. Aún así, Noemí acompañaba a las compañeras.

“Noemí Elizabeth siempre estuvo con nosotras. Cuando [los] íbamos a visitar, ella también iba y daba ánimo a los que estaban adentro, que no se preocupa, que todo iba a salir bien.”

“Ella, cuando fue a pelear con nosotros, a lo mejor para esto fue en contra de ella también, porque ella es la que hablaba más. Y cuando se enojaba, ella entraba y agarraba el teléfono y le grababa a los policías allí adentro y no se detenía.”

Otro líder, José de Jesús Robledo Cruz, quien era el presidente del comisariado ejidal en el momento que salieron las 67 sentencias, huyó a los Estados Unidos por todas las amenazas que enfrentaba. Sin embargo, cuando volvió a México, en abril de 2021, fue asesinado junto con María de Jesús Gómez Vega, su esposa.

“Por parte de Chuy Robledo, pues, fue ensaña en contra de él porque fue el Comisariado en aquellos tiempos. … Todo el tiempo ha tenido amenazas. Y el último, pues, creo que se descuidó y lo agarraron con todo y su señora, pues. Y se mira en el cuerpo, porque cuando lo encontraron estaba bien feo. … Y en su cuerpo, cuando se murió, le puso un cartón con cuchillo en la panza con los nombres de todos los hombres ejidatarios.”

El ejido se enteró del asesinado de la pareja y de la amenaza en contra de los 13 ejidatarios por los noticieros, y esto les generó mucho miedo y preocupación nuevamente.

Reflexionando sobre estas grandes pérdidas, Margarita dice, “No podemos hacer nada, están descansando. Pero su lucha no va a quedar en vano, los que hicieron un sacrificio también les pasó lamentablemente, pero su lucha valía la pena y nosotros vamos a seguir adelante para que valga la pena lo que ellos hicieron y vamos a seguir hasta que ganamos.”

El extractivismo minero rapaz y los daños a la salud

En tan solo tres años de operación, la empresa Fresnillo sacó 236,709 onzas de oro de la mina Soledad-Dipolos, una cantidad que cabe en un cubo de 70 centímetros por 70 centímetros. Sin embargo, dejó un hueco enorme y más de 3 mil hectáreas destruidas con millones de toneladas de roca y residuos tóxicos del mineral procesado, residuos que permanecerán para siempre en el territorio de El Bajío. Los desechos amontonados se muestran en el horizonte como grandes escalones planos y alargados que contrastan con las siluetas accidentadas de la Sierra Madre Occidental.

Foto: La mina Soledad-Dipolos, El Bajío, Sonora; REMA, septiembre 2023

El artista Miguel Fernández de Castro expone la dramática diferencia entre la pequeña cantidad de mineral extraído y la magnitud de la destrucción generada por la mina de tajo abierto, con la instalación de un cubo de tierra compactada marcada con una placa con textos de Natalia Mendoza. Después de mostrarlo en Nueva York, ahora se encuentra dentro del tajo de la mina Soledad-Dipolos.

Regresar este oro a la comunidad es algo que está dentro de las posibilidades de esta empresa mexicana transnacional. El oro que Fresnillo debe a El Bajío es equivalente a 37% del oro que la empresa sacó en sus siete minas en operación en México tan solo en 2022, o el 68% del oro extraído solamente de la mina La Herradura el mismo año.

Foto: El cubo y la placa dentro de la mina Soledad-Dipolos, El Bajío, Sonora; REMA, septiembre 2023

Sin embargo, si bien la empresa podría regresar el oro, esta parte del territorio de El Bajío jamás regresará a su estado anterior.

Desde hace unos años, Margarita y sus hijas permanecen más tiempo en el campamento, junto con Erasmo. Pero no es fácil.

“Lo que comemos, tenemos un poquito de ayuda de los ejidatarios que [viven fuera y] nos ayuda. Y yo tengo también hijos ya grandes por la propia familia” dice Margarita. Sus hijos trabajan fuera y mandan todo que pueden como parte de su contribución a la lucha.

Tampoco hay agua para poder cultivar y, aún cuando la mina no está en operación, todos ellos están constantemente expuestos al polvo contaminado de los patios de lixiviación que dejó la mina. La exposición a metales pesados como el plomo tiene impactos sobre el sistema nervioso. En otras comunidades afectadas por la minería en México los daños a la salud por la minería se han observado particularmente en las mujeres gestantes que viven cerca de las minas de oro a tajo abierto, tal como en el caso de Carrizalillo, Guerrero, donde desde hace años se ha identificado un fuerte aumento en los nacimientos con deformaciones, así como un incremento en los abortos y partos prematuros.

Por su parte, Abigail se quedó trabajando en la mina La Herradura de la empresa Fresnillo desde la detención de su papá para ayudar a su familia. Trabajaba en el laboratorio y, poco después de entrar, se embarazó.

Foto: Patio de lixiviación y instalaciones mineras de la mina Soledad-Dipolos, El Bajío, Sonora; Giuliano Salvatore, septiembre 2023

“En el área en donde yo trabajaba, estábamos dos meses, cinco días a la semana en el mismo lugar. Inhalar todo el vapor, hasta los mismos facilitadores te dicen, ¿sabes qué?, el colector no está funcionando. Aquí se sienten el sabor como si fuera dulcecito de cala, es algo que tú sientes y es difícil quitártelo, aunque tomas agua, aunque comes algo, allí lo tienes. Hasta los mismos facilitadores saben que es el plomo y con sólo el olor, el sabor, dicen checan el colector.”

Tuvieron su uniforme y ropa especial designada, pero aún así el plomo traspasaba todo: “aunque dicen que tienen todos los controles, aún estás en contacto” comenta Abigail.

Su segunda hija nació con espina bífida y otros problemas de salud. Hoy Abigail está embarazada de nuevo. Luchar para que su hija pueda caminar y jugar como las demás niñas es un gran reto, especialmente ahora, puesto que fue despedida hace unos meses, y ahora lucha para que la empresa le pague lo que le debe.

“Espero que me paguen lo que me correspondan y todo el daño que nos hayan hecho.”

Que viva el Gran Desierto de Altar y su gente

La lucha del ejido El Bajío sigue con la mirada puesta en la lucha por un futuro mejor para sus familias y todos los seres vivos en su territorio. No solo están luchando por la ejecución de las 67 sentencias del Tribunal Agrario y por justicia por toda la violencia que han sufrido, sino también para restaurar el hábitat con la importante flora y fauna que abarca su territorio.

Mientras visitamos su campamento, el papá de Abigail firmó un certificado que convierte 2,460 hectáreas del ejido en un Área Destinada Voluntariamente a la Conservación. Abigail espera que el proyecto que salga de allí y de su lucha pueda mejorar la situación para todo el ejido, y también para toda la flora y fauna del hermoso desierto de Altar.

Foto: Bartolo Pacheco firma certificado del área de conservación, El Bajío, Sonora; REMA, septiembre 2023

Margarita dice estar feliz por las sentencias que ganaron, pero para que realmente valga la pena el sacrificio que han hecho y para que esto tenga sentido para quienes vengan en un futuro, lo que quiere es seguir luchando por su territorio: “Seguir adelante es lo que queremos. Cuidar los animales mejor y las plantas, para que ya no destruye.” En lo personal, también espera poder descansar un rato, poder estar más con su familia y sembrar sus tierras.

“Nos gusta mucho el cultivar,” dice, sonriendo.

Foto: El Bajío, Sonora; Giuliano Salvatore, septiembre 2023

Imagen: El Bajío, Sonora; Giuliano Salvatore, septiembre 2023

Más información:

Pronunciamiento del Foro “Dignificación de Nuestra Tierra”, celebra la lucha de la comunidad indígena, teje alianzas hacia alternativas para un medioambiente sano, y exige concluir el programa de cierre y transitar a la remediación del tiradero municipal

Compartimos este comunicado de la REMA resultado del Foro realizado en Cicacalco, Zacatecas – A 30 de noviembre del 2023

Foro en Cicacalco, Zacatecas, la “Dignificación de Nuestra Tierra”, celebra la lucha de la comunidad indígena, teje alianzas hacia alternativas para un medioambiente sano, y exige concluir el programa de cierre y transitar a la remediación del tiradero municipal

Con la participación de luchas y resistencias de distintas regiones del país, hoy, 30 de noviembre de 2023 realizamos el foro, “Tratamiento de Residuos, Agua y Territorio: Dignificación de Nuestra Tierra”, en la comunidad indígena de Cicacalco, municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas. Con la participación de 21 organizaciones de varias partes del país e invitados de la región, reafirmamos nuestro compromiso con la vida y el cuidado del medio ambiente, y refirmamos nuestra exigencia a las autoridades de los tres niveles para concluir el cierre y realizar la remediación y reparación de dafios generados en nuestra comunidad por la instalación de un mal llamado “Relleno Sanitario”, con dictamen de clausura total definitiva desde noviembre de 2022.

Nuestro territorio, en el sur de Zacatecas, tiene paisajes hermosos, ríos, arroyos y de abundante agua subterránea, en donde los pozos son de baja profundidad y tenemos múltiples ojos de agua y estanques con agua todo el año. No obstante, tal como queda plasmado en el mapeo comunitario que hoy hacemos público, un basurero municipal fue colocado en 2019 sobre el nacimiento del arroyo Los Tecongos, afluente del río Tlaltenango, y a menos de 800 metros de varios ojos de agua que están sobre el cauce de dicho arroyo, no solo violentando la ley, sino toda lógica de protección a la vida. Esta zona está rodeada por áreas de cultivo y de pastoreo de ganado, por lo que afectó nuestras formas de ser y estar en e mundo.

Aunque se abrió bajo el nombre Relleno Sanitario de primer nivel, el basurero funcionó como tiradero a cielo abierto, ya que en su interior se mezclaron sin ningún tratamiento desechos urbanos, desechos tóxico infecciosos y múltiples animales muertos. Se calcula que entraban aproximadamente 20 toneladas de desechos al día, por lo que durante los meses en que estuvo abierto, se depositaron entre 10 y 12 mil toneladas de desechos al basurero en Cicacalco. La presencia de moscas gusaneras, bolsas de basura y malos olores, llegarona afectar un radio de entre 2.5 y 3 km. Desde sus inicios, y con toda la intención, aguas contaminadas salieron de tubos que las depositaban sobre el arroyo.

Entre septiembre y noviembre de 2020, hubo un brote de hepatitis entre los habitantes del barrio más cercanos al basurero a un lado del arroyo Los Tecongos. Los habitantes lo asocian con los residuos peligrosos y biológico infecciosos observados dentro del tiradero y los lixiviados que fluyeron desde ahí toda la temporada de lluvias, además de las tolvaneras que dispersaban todo tipo de residuos. Además, para la instalación de este basurero no fuimos tomados en consideración, violentando nuestra autodeterminación como pueblo Indígena y pasando por encima nuestra máxima autoridad, la Asamblea Comunal.

Durante el foro, dimos un paso importante para fortalecer la organización local y consolidar acciones ante el impacto que dejó el “relleno sanitario” instalado en la comunidad indígena de Cicacalco. A través del intercambio de conocimiento y experiencias nos fortalecemos y construimos nuevas alianzas basadas en la solidaridad. Desde las experiencias que nos compartieron desde Guadalcázar, San Luis Potosí y de las Lomas de San Francisco Tepojaco, de la Ciudad de México, estamos construyendo acciones para frenar la contaminación del territorio y del agua a causa de los desechos y sitios de disposición final.
Asimismo, con representantes de las poblaciones de El Grullo, Jalisco y Susticacan, Zacatecas,
municipalidades que han trabajado para construir procesos de formación ambiental, vemos opciones para un control adecuado de los desechos sólidos y planes para una reducción en la basura generada.

De esta forma podemos visualizar los pasos necesarios para construir mayor fuerza social que permita un mejor manejo de la basura en Tlaltenango. Todo ello depende de mantener fuerte la unidad y los procesos de autodeterminación de nuestra comunidad, lo cual también conversamos con quienes nos visitaron desde la Montaña y Costa Chica de Guerrero.

Nos juntamos para una vez más decir que no estamos de acuerdo que nuestra comunidad sea convertida en zona de sacrificio, tal como sucede en donde se instalan los tiraderos municipales, de desechos tóxicos, industriales y otros. En un mundo de plástico, “del consúmase y tire”, del “extraiga, fabrique y venda”, y del “reemplace y tire”, todos somos afectados. Indudablemente, estas acciones provocan graves afectaciones a la vida: al agua, a la tierra, a nuestros organismos y a la salud de nuestras comunidades. Nuevas formas de ser y estar en el mundo son necesarias, por ello son importantes estos ejercicios de reunirnos para repensar y construir nuevas formas de relación con la vida, con el medio ambiente.

Denunciamos y rechazamos la administración de los conflictos por las autoridades, asimismo las demás formas de dominación política, económica y cultural que nos vende un estilo de vida donde el aumento desmedido de la riqueza y el poder mediante el extractivismo, es uno de los fines. Igualmente, refrendamos la necesidad de otro tipo de relación campo- ciudad que no se base en la falsa “seguridad” de garantizar bienes y servicios a los grandes conglomerados de poblaciones humanas, en perjuicio de las comunidades y sus territorios.

Nos queda claro que este foro es un paso para la generación de conciencias y de acciones en donde las autoridades, dependencias, legisladores y ciudadanos hagamos lo que a cada uno nos corresponde para el cuidado de nuestra casa común.

HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE

Atentamente:

BIENESTAR COMUNITARIO CICACALCO

ARTICULACIÓN POR LA VIDA, CONTRA LA MINERÍA DEL VALLE DE OCOTLÁN, OAXACA
ASOCIACIÓN POR LA PROTECCIÓN DE LA TIERRA Y EL BIENESTAR DE EPAZOYUCAN A.C. (APTYBE), HIDALGO
BÍOS IGUANA
COMITÉ DE DEFENSA, PAPALUTLA, OAXACA
COMITÉ DE DEFENSA DEL TERRITORIO DE GUADALCÁZAR, SAN LUIS POTOSÍ
CONSEJO REGIONAL DE AUTORIDADES AGRARIAS EN DEFENSA DEL TERRITORIO (CRAADET), MONTAÑA Y COSTA CHICA, GUERRERO
EJIDO CANOAS, COLIMA
GEOCOMUNES
FRENTE POPULAR EN DEFENSA DE SOCONUSCO 20 DE JUNIO, CHIAPAS (FPDS)
FRONTERAS COMUNES
JORGE ARZAVE, ACTIVISTA POR LA VIVIENDA, EL AGUA, LA SALUD Y MEDIOAMBIENTE, LOMAS DE SAN FRANCISCO TEPOJACO, ESTADO DE MÉXICO
JOSÉ EDUARDO VILLALPANDO RUIZ & CARMEN ALIAGA, ACTIVISTAS, MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO
MOVIMIENTO EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y DEL RÍO ATENCO, ZACATECAS
OBSERVATORIO DE CONFLICTOS MINEROS ZACATECAS
PROCESOS INTEGRALES PARA LA AUTOGESTIÓN DE LOS PUEBLOS (PIAP)
RED LATINOAMERICANA DE DEFENSORAS DE DERECHOS SOCIALES Y AMBIENTALES
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERIA (REMA)
RIZOMA ENTRETEJIENDO LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNES
VICTORIANO DÍAZ FÉLIX & GUSTAVO JAVIER VÁSQUEZ DÍAZ, AMBIENTALISTAS, MUNICIPIO DE SUSTICACAN, ZACATECAS

Comunidad Indígena de Cicacalco, 30 de noviembre de 2023.

Imagen: MARTÍN CATALÁN LERMA – La Jornada Zacatecas

Más información:

En la prensa:

REMA: Otros Indígena más asesinado en Ayolitlán, Jalisco donde opera el consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 28 de noviembre del 2023

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería, condenamos la desaparición forzada y asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz, Indígena Nahua-Otomí de la comunidad de Ayotitlán, Jalisco, quien el viernes el 24 de noviembre del presente fue citado a la presidencia municipal de Cuauhtitlán de García Barragán, en la costa sur de Jalisco y no se supo de él hasta que el sábado 25 de noviembre fue localizado sin vida a la altura del puente Arroyo, en el tramo carretero de Cuautitlán de García Barragán a la localidad Las Marias.

Higinio Trinidad era defensor del territorio contra la minería, el despojo de tierras en su comunidad de Ayotitlán y la tala ilegal en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán.

La comunidad indígena de Ayotitlán tiene una historia de casi 90 años de violencia y despojo, desde que por los años 30s, el General García Barragán permitía y solapaba la tala inmoderada de los bosques en territorio indígena y luego se incrementó con la llegada del Consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada que comenzó a operar en 1967, primero como una paraestatal y luego privatizada en el periodo de Salinas de Gortari.

Esto aunado a la falta de seguridad jurídica sobre los límites territoriales entre Colima y Jalisco, que ha dado por resultado que ninguno de los dos Estados se haga cargo de seguridad, servicios, bienestar y salud de las y los habitantes de la zona. Muy por el contrario, los dos Estados han estado apoyando fuertemente al Consorcio Peña Colorada, una asociación entre las empresas siderúrgicas Ternium y ArcelorMittal, y dejando en total indefensión a la comunidad indígena. Los dos estados han otorgado todo el apoyo con la fuerza pública, pero solo para reprimir a las y los defensores indígenas que siguen defendiendo su territorio, como lo hicieron sus antepasados.

Condenamos también al Gobierno Federal, Estatales de Jalisco y Colima, así como a los Municipios de Cuauhtitlán de García Barragán y Minatitlán que han sido omisos ante la flagrante violencia que se ha desatado en la zona con el crimen organizado que opera para la empresa minera y los talamontes. La falta de atención a las denuncias realizadas por las comunidades de La Astilla, Puertecito de las Parotas, Mameycito, Las Pesadas, CI Naranjal, entre otras, así como la denuncia por desaparición de Celedonio Monroy Prudencio (2013), que no han tenido ninguna respuesta y ni justicia, sin embargo, el etnocidio continúa impunemente, tal parece que es un objetivo de los tres niveles de gobierno.

Exigimos atención inmediata, un alto total al despojo, la contaminación y la violencia contra la comunidad indígena de Ayotitlán y el esclarecimiento del cobarde asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz. A sus familiares y amigos, les enviamos toda nuestra solidaridad.

ALTO AL ETNOCIDIO PERMITIDO EN AYOTITLÁN

¡BASTA DE IMPUNIDAD PARA EMPRESAS MINERAS!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Petición: Panamá quiere parar la minería y la corrupción

Les compartimos la siguiente petición de Salva la selva, Voces Ecológicas y Radio Temblor sobre la resistencia antiminera – A 17 de noviembre 2023

Panamá está movilizada. El gobierno ha desencadenado una profunda crisis de confianza al autorizar una enorme mina de cobre en la selva tropical. Decenas de miles de personas están protestando y han paralizado en parte el país. Exigen que se preserve la naturaleza y se respeten los derechos humanos. Apoya la protesta con tu firma.

Para: Gobierno de Panamá, Asamblea de Diputados, Corte Suprema de Justicia

“Cancelen el Contrato Ley 406 que autoriza la enorme mina de cobre a cielo abierto en la selva tropical de la minera Minera Panamá”

Leer la carta

Decenas de miles de personas salen a las calles en Panamá desde hace semanas para manifestarse contra los proyectos mineros. Acusan al gobierno de vender sus tierras y sus recursos a empresas extranjeras.

El foco de las protestas es la enorme mina de cobre a cielo abierto de Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum. La mina se sitúa en medio del corredor biológico de selva tropical que conecta América Central con América del Sur.

El pueblo panameño junto a las organizaciones socioambientales denunciaron el acuerdo de concesión de la empresa minera y ganaron en la Corte Suprema por fallo de inconstitucionalidad en el año 2018. Pero los políticos y las autoridades han impedido durante años que se ejecute la sentencia.

Mientras tanto, Minera Panamá ha construido la mina a cielo abierto donde antes había selva tropical y biodiversidad: naves industriales, tuberías, depósitos de residuos y depósitos para los lodos tóxicos de la mina, así como un puerto y una central eléctrica de carbón en la costa caribeña para alimentar la mina. Desde 2019, la empresa exporta concentrado de cobre a China, Japón, Corea del Sur, España y Alemania.

El presidente de Panamá, Laureano Cortizo, presenta la mina de cobre como “el futuro del país”. Sin una auténtica participación ciudadana, el gobierno negoció un nuevo acuerdo de concesión con Minera Panamá, desencadenando una profunda crisis de confianza.

El Contrato Ley 406 aprobado por el Parlamento a mediados de octubre y firmado por el Presidente el mismo día, pretende legalizar la mina de cobre durante al menos 20 años prorrogables por otros 20.

El pueblo de Panamá está protestando en las calles. Ha habido cuatro muertos: el dinero de la empresa minera no puede compensar el daño que la mina causa a la vida y la naturaleza. Exigen naturaleza intacta y un medio ambiente limpio.

Se requiere atención global. Por favor apoya con tu firma la petición conjunta con nuestra organización aliada Radio Temblor – Colectivo Voces Ecológicas en Panamá.

REMA: Exigimos el cierre de la mina canadiense Capstone Cooper-Cozamin en Zacatecas

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la resistencia de habitantes de algunas colonias de Zacatecas – A 20 de noviembre del 2023

El pasado 15 de noviembre del presente año, vecinas y vecinos de las colonias Gustavo Díaz Ordaz, Lázaro Cárdenas del Río, Frente Popular de Zacatecas, Bancomer, La Filarmónica, El Robote de Barbosa, Las Margaritas, la Peñuela, Lomas de Bracho, Mexicapan, Pedro Ruiz Gonzáles y gran parte del Centro Histórico, fueron afectadas y afectados por los cuatro sismos que se sintieron a causa de las detonaciones de la mina Capstone Gold.

Desde hace varios años las y los vecinos han exigido que se revise y se de cierre la mina debido a las afectaciones que vienen sufriendo por el impacto minero después de que la empresa decidiera implementar un plan de crecimiento en su explotación y producción. Actualmente, la canadiense extrae 4 mil 400 toneladas diarias de material rocoso que concentra cobre y plata principalmente y de 2023 a 2030, calculan tener una producción anual promedio de 20 mil toneladas de cobre y 1.3 millones de onzas de plata (Valadez, 2023. La Jornada) a expensas de la población de Zacatecas.

La mina está ocasionando estragos estructurales a las casas de las colonias, además de que existen daños a perpetuidad para el territorio, la contaminación que se expande a 100 kilómetros en el perímetro de la actividad minera y los ahora daños psicológicos para las y los afectados de la Capstone.

La REMA denunciamos la omisión del estado de Zacatecas ante la problemática, el hostigamiento por parte del ejército a las personas que están alzando la voz y se manifiestan en contra de la minera y exigimos el cierre inmediato de la mina Capstone Gold Cozamin en la capital de Zacatecas.
Desde la REMA enviamos un fuerte saludo a las y los compañeros afectados y nos unimos a su exigencia.

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Imagen: Diario El sol de Zacatecas

Invitación al 1er Foro: Tratamiento de Residuos, Agua y Territorio en Cicacalco, Zacatecas

Les compartimos la siguiente invitación a participar en este foro

1er Foro: Tratamiento de residuos, agua y territorio

Dignificación de nuestra tierra

Convocado por Bienestar comunitario Cicacalco, la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA Y la comunidad cicacalquense

30 de noviembre a partir de las 9 de la mañana

Comunicado ante las constantes injerencias del senador José Narro Céspedes en la lucha del Ejido El Bajío y el arribo de la Guardia Nacional

Les compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA Y esta alerta del Ejido El Bajío – A 3 y 4 de octubre 2023

Octubre 3, 2023

Desde la REMA, denunciamos nuevamente al Senador José Narro Céspedes ya que sigue intentando entrometerse en asuntos que son exclusivos del Ejido El Bajío, el cual forma parte activa de esta Red.

Según informes que nos han hecho llegar compañero s y compañeras del ejido El Bajío, el senador Narro Céspedes, promueve a un grupo de cuatro ejidatarios que se asociaron con el abogado del sobrino de Caro Quintero y quienes por decisión de la Asamblea Ejidal el 26 de febrero de 2017, fueron separados del ejido, es decir, estas personas no pertenecen al ejido El Bajío, desde hace más de seis años.

Además, el ejido El Bajío señala que este grupo de personas no son parte de los juicios cuyas sentencias estipulan que la empresa minera Fresnillo PLC debe devolver el oro extraído de forma ilegal al ejido El Bajio, entre otras prestaciones.

Por otra parte, queremos resaltar que el comisariado ejidal, nos informó que el pasado 30 de agosto de este de 2023, el ejido ha sido declarado Área Destinada Voluntariamente a la Conservación por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONANP; garantizando así que nunca más la actividad minera se desarrolle dentro de este. Con esta declaración la empresa minera Frenillo PLC no podrá intentar establecer un acuerdo ni con el senador Narro Céspedes ni con ninguna otra persona, para intentar continuar con el saqueo.

Le solicitamos al senador Narro Céspedes que deje de abusar de su posición política para usurpar funciones y entrometerse en los asuntos del ejido El Bajío, un comportamiento del senador que ya se ha visto en el estado que representa, Zacatecas. No olvidamos que Narro Céspedes intentó negociar el proyecto de la Presa Milpillas y se autonombró representante del Movimiento para politizar el tema a su favor, siendo el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco quien lo desmintió. Por otro lado, tampoco ha respondido como debe al tener un cargo de representación, cuando se lo han solicitado los habitantes de su propio estado, tal es el caso de la comunidad indígena de Cicacalco, Tlaltenango, Zacatecas, que le ha solicitado su apoyo para presionar en la remediación del mal llamado “relleno sanitario” y que se deslinde de la problemática.

En conclusión, le exigimos al senador dejar de estar operando para la empresa minera Fresnillo PLC, confundiendo a la opinión pública y promoviendo notas difamatorias y con información errada en el diario El Universal, las cuales tergiversan los hechos y las acciones emprendidas por el Comisariado Ejidal del Ejido El Bajío. Por último, le requerimos al senador Narro Céspedes, que deje de usar a la Fiscalía General de la República, para que esta intimide y hostigue a las autoridades del Tribunal Agrario, para que este reconozca a sus socios relacionados con Caro Quintero, como ejidatarios del ejido El Bajío.

¡Por la defensa del territorio del ejido El Bajío y la garantía del acceso a la justicia!

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Via Redes sociales: Ejido El Bajío

El día de hoy ingresaron efectivos de la #GuardiaNacional a nuestro territorio para realizar una inspección ante una supuesta denuncia realizada por el abogado del senador José Narro Céspedes indicando que la minera #Penmont continúa operando, desde hace tres años la minera no opera en el #EjidoElBajío. Denunciamos que el senador #JoséNarroCéspedes insiste en meterse en asuntos que son exclusivos de nuestro ejido, entorpeciendo el trabajo de la magistrada del TUA#28 de Hermosillo para que este tribunal no continúe dando pasos en la ejecución de las 67 a nuestro favor. Es claro que el senador Narro está coludido con #FresnilloPLC empresa empeñada en eludir la justicia y con las bandas del crimen organizado que operan en Caborca, los Quintero Ley.

El Escaramujo en la Radio martes 10 de octubre 6 pm – La Resistencia tiene rostro norteño; El caso del Ejido El Bajío

El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, en este programa estaremos platicando con habitantes del Ejido El Bajío en Sonora quienes resiste a un proyecto minera y nos contaran sobre su lucha y resistencia en el desierto. Acompáñanos este martes 10 de octubre a las 6 pm por nuestro facebook live.

La resistencia tiene rostro norteño

El caso del Ejido El Bajío

Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Kinoki este martes 10 de octubre a las 6 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki

Escucha todos los programa

Más información:

Nota: A 6 años del derrame en el río Sonora

Compartimos este reportaje especial publicado por Mongabay – A 17 de agosto del 2023

México: “Para nosotros ese territorio y ese río significaban vida, pero ahora como se siguen dando las cosas, son muerte” | ENTREVISTA

por Astrid Arellano

  • Este 6 de agosto de 2023 se cumplieron nueve años del derrame de sulfato de cobre y metales pesados en el afluente del Río Sonora, en el noroeste de México, provocado por la empresa Grupo México. El evento es catalogado como el peor desastre ambiental causado por la minería en el país.
  • A nueve años del derrame, los problemas en la salud del río, de la tierra y de los habitantes de la cuenca empeoran ante la indiferencia de las autoridades mexicanas y de la empresa responsable, afirma en entrevista con Mongabay Latam, Martha Patricia Velarte Ortega, habitante de la zona y defensora del ambiente y territorio.

Un día antes de que el derrame de sulfato de cobre y metales pesados fuera evidente en el Río Sonora, los nietos de Martha Patricia Velarde Ortega habían estado jugando en el agua. Pasaron los días. Uno de ellos comenzó a perder el cabello. Más tarde sabrían que se trataba de una alopecia causada por el contacto con arsénico. Ese, además de quemaduras en la piel, fue uno de los tantos efectos visibles e inmediatos que dejó lo que ha sido considerado como el peor desastre ambiental causado por la minería en México.

El 6 de agosto del 2014, la empresa minera Grupo México derramó 40 000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado y metales pesados de la mina Buenavista del Cobre —ubicada en el municipio de Cananea— en el afluente de este río que recorre ocho municipios del estado de Sonora, al noroeste de México.

Agua contaminada con metales pesados en el municipio de Bacanuchi, luego del derrame de Grupo México en 2014. Foto: PODER.

Unas dos semanas después del derrame, Velarde Ortega habló con un representante de la empresa que llegó a su casa. Ella le expuso la necesidad de atender a los niños afectados. Luego la persona salió, llamó por teléfono y, cuando regresó, le comunicó que lo sentía mucho, pero que no la iban a apoyar.

“Y me acuerdo muy bien de las palabras que le dije: que no se olvidaran de mí, porque yo no me iba a sentar. Ese fue el motor que me impulsó”, asevera Velarde Ortega, hoy convertida en una de las defensoras del territorio más visibles del movimiento que se formó para exigir que la empresa asuma su responsabilidad por el derrame. La residente del municipio de Baviácora forma parte de los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS), organización fundada por las y los habitantes afectados en esa región.

Martha Patricia Velarde durante la presentación del Informe 8 Años de Impunidad en el Río Sonora, en agosto de 2022. Foto: PODER.

Este 6 de agosto de 2023 se cumplieron nueve años del derrame que cambió la vida en esta región de México. Casi una década después, no han llegado la remediación, la reparación y la justicia sobre los daños ocasionados en la salud, el ambiente y la economía de las comunidades.

En entrevista con Mongabay Latam, Martha Patricia Velarde Ortega habla de cuáles son aquellos efectos del derrame que persisten y se agravan, los retos para el movimiento social en el Río Sonora y el futuro de sus comunidades que siguen en la búsqueda de atención a la salud, acceso a agua limpia y una restauración de los ecosistemas.

Martha Patricia Velarde, defensora del territorio e integrante de los Comités de Cuenca del Río Sonora. Foto: PODER.

—¿En qué momento se convirtió en defensora del territorio?

Cuando ocurrió el derrame de tóxicos de la mina Buenavista del Cobre, en 2014, yo era una persona ya de edad. En ese momento no hubo quién alzara la voz en mi comunidad y, siendo directamente afectada —primeramente, mis nietos—, tuve que tomar la bandera en el activismo, en la defensa del territorio y de los derechos humanos.

Fuimos pocas las personas que nos dimos cuenta de la gravedad del hecho. Cuando se clarificó el agua, muchas personas pensaron que ya no había algún peligro, pero los que sí sabíamos sentimos una obligación moral de alzar la voz y de iniciar la defensa. Primeramente, fue un interés personal, porque la salud de mis nietos estaba muy afectada. También ocurrió el caso de la señora con quemaduras en la cara, una vecina muy cercana de mi casa. Luego me uní a otras personas que también estaban organizándose en esos días.

Puedo decir que, en la primera semana, ya había organización ciudadana, buscando unidad, trabajando todos los municipios para poder entablar la defensa. Desde allí vienen contando no solo mis intereses personales, sino colectivos, sabiendo también que el medio ambiente necesitaba ser reparado.

Las primeras reuniones de los afectados por el derrame de Grupo México, en 2014. Foto: PODER.

Todos estábamos viendo los sedimentos que dejó el derrame, todos estábamos viendo la coloración de la tierra, de las orillas del río y sabíamos que allí estaba el peligro. Vimos las fotografías de los animales muertos, vimos los árboles por donde pasó el derrame. Actualmente, la gravedad del problema está corroborada y quedó plenamente demostrado que no hubo remediación.

Tiene que restaurarse todo y, como es el lema de este aniversario, es por el agua y la vida. Es por las generaciones que vienen. Nuestra lucha no tiene un fin definido y como los proyectos mineros siguen proliferando en el Río Sonora, posiblemente la lucha tenga que seguir en otros lugares.

Ahorita no solamente nos enfrentamos a la empresa. Desgraciadamente, tenemos que enfrentarnos también a las autoridades que no tienen las intenciones de garantizar nuestros derechos humanos. Y si no tienen interés en los derechos humanos, pues ya veremos si lo tendrán en el territorio y el medio ambiente.

Animales muertos, en 2014, por el derrame de tóxicos de Grupo México. Foto: PODER.

—¿Cómo surgen los Comités de Cuenca del Río Sonora? ¿Quiénes son hoy en día?

—En el tiempo que estábamos buscando integrarnos, surgieron movimientos. Pero ya como Comités de Cuenca, surgen por la organización PODER. Ellos contactaron liderazgos que ya estaban iniciando este movimiento incipiente y se conformaron los Comités de Cuenca del Río Sonora con habitantes de todos los municipios.

Inicialmente, se contaban siete municipios, luego entró también el área rural de Hermosillo. Estamos hablando de Arizpe, Aconchi, Baviácora, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Ures y el área rural de Hermosillo. En cada uno de esos lugares, el movimiento surge con mucha fuerza. Las convocatorias eran fuertes y bastante concurridas. Hasta la fecha continuamos y hay representatividad en todas las localidades.

Martha Patricia Velarde e integrantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora, durante una manifestación en las oficinas de Grupo México, en agosto de 2022. Foto: PODER.

Por cuestiones de logística y por la situación económica es difícil que logremos hacer muchedumbre, pero con esa representatividad y haciendo asambleas, hemos logrado sostener este movimiento hasta la fecha. Sin el apoyo de las organizaciones que están ahorita acompañándonos, definitivamente hubiera sido imposible para nosotros movilizarnos por todo lo que implica.

Lo mismo pasó cuando necesitamos un abogado desde el principio. Lo buscamos y nadie se atrevió a agarrar la bandera de la defensa del territorio del Río Sonora. Yo les hice ver que hasta nosotros, ciudadanos, éramos los que pagamos las universidades y que necesitábamos que se acercara alguien a devolver algo. Eso no tuvo eco. Por eso estamos agradecidos y somos conscientes de todas esas organizaciones que nos han permitido empoderarnos, que nos han permitido adquirir conocimientos, porque ha sido una lucha muy larga y, para poder defenderte, tienes que conocer y te tienes que instruir en la defensa y en todos los temas que pudieran incidir.

Integrantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora durante una manifestación en las oficinas de Grupo México, en agosto de 2022. Foto: PODER.

—Han pasado nueve años desde el derrame, ¿cuál es la retrospectiva? ¿Dónde están parados ahora?

—Hemos avanzado, pero no lo suficiente. No porque sea estéril la lucha ni porque no hayamos puesto nuestro mayor esfuerzo. Aquí concurren muchas situaciones. En la salud, por ejemplo, afirmo que estamos peor que antes. Al inicio era una exposición aguda que, solucionando el problema del agua, no se hubiera extendido ni tuviéramos la magnitud de los problemas de salud que tenemos ahorita. En ese sentido, estamos peor. En estos nueve años, las promesas fueron simple y sencillamente eso: promesas.

Hace ya seis años del compromiso, porque durante las campañas electorales del 2018 —en las vueltas que dio por los pueblos del río, allá en Ures— el presidente López Obrador dijo muy claramente que estaban como en los tiempos del porfiriato, que toda esa región estaba en manos de Grupo México, que había contaminado nuestro río impunemente. Dijo que no habría venganza, pero sí justicia. Esa palabra empeñada no se ha vuelto una realidad. Es justo reconocer también a los funcionarios comprometidos —no con nosotros directamente, sino con el medio ambiente— que han realizado estudios y han dado a conocer la realidad.

Obra negra de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), que debía brindar atención a los habitantes del Río Sonora. Foto: PODER.

Gracias a estos funcionarios comprometidos y honestos, se ha avanzado en lo legal. Con esto, nosotros queremos que se logre el compromiso del resto de las autoridades como Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), pero parece que no lo tenemos; desde el 2020 sabemos que se ganó un amparo en donde se declara ilegal el cierre del Fideicomiso Río Sonora, sin embargo, no se ha tomado ninguna acción. Al momento, ya tienen todo lo que se necesita para reabrir el caso, para tratar que esto se haga antes de esta transición política [el cambio de gobierno federal en 2024], porque eso nos va a afectar y no hay ningún Plan de Justicia para el Río Sonora; es para Cananea, pero no está por decreto ni está publicado en el Diario Oficial. Está en el aire, son papeles nada más. Nosotros queremos un compromiso que trascienda el sexenio. Que asuman las responsabilidades quienes les corresponden.

También está Conagua (Comisión Nacional del Agua), que sus titulares ni una sola vez nos han dado la cara en todo lo que va de este sexenio. En cuanto a la Secretaría de Salud, sí estamos con una exigencia fuerte de atención. No es posible que, en noviembre de 2021, iniciaron con las tomas de muestras [de sangre de los afectados], las entregan en abril del 2022 y, con la extinción del Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar) para cambiar a IMSS-Bienestar (Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar), no hay atención médica para nadie. A pesar de saber quiénes son, en dónde viven, cuál es el riesgo que están afrontando, porque hay gente con una exposición altísima [a metales pesados] y que no solo su salud, sino sus vidas, están en riesgo. Hasta el día de hoy, la salud no ha sido atendida. La Secretaría de Salud únicamente levantó las historias clínicas, pero no hay absolutamente ninguna consulta [médica] de la Secretaría de Salud en lo que va del sexenio.

¿Qué denota esto? La ineficiencia de las autoridades y la manera tan evidente sobre cómo opera la captura corporativa del Estado, porque estamos viendo a una empresa impune, que no se hace responsable, y a unas autoridades —en sus tres niveles— que no tienen ningún poder para obligar a esa empresa para que cumpla.

Habitante de la cuenca del Río Sonora con los resultados de sus pruebas toxicológicas. En 2022, los habitantes cuentan con diversos niveles de metales pesados en la sangre. Foto: PODER.

—¿Cómo describiría el cambio que ha sufrido el territorio en los últimos nueve años?

—Da tanta tristeza pensar que el Río Sonora, aunque con corrientes pequeñas, era considerado un río perenne. Era un río permanente, por así decirlo, en la extensión de la palabra. Ahorita no es así. La contaminación ha incidido fuertemente en el tipo de cosechas. La flora y la fauna han desaparecido. La propia autoridad ambiental hizo las evaluaciones y es la conclusión a la que ellos llegaron.

Tal como dice el informe de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México)—, hay muchos problemas con la flora y la fauna nativa. De hecho, en los últimos estudios, del año pasado, en muchos sectores ya se nota la desaparición de todos los insectos que polinizan tanto las siembras, como la naturaleza. Eso ya es un hecho comprobado por la misma autoridad.

Una de las primeras imágenes aéreas del río Sonora luego del derrame en 2014. Foto: PODER.

Antes, los domingos, era obligado el paseo al Río Sonora. Ir a disfrutar de las arboledas, de las corrientes frescas. El río y ese territorio tan hermoso son el sustento y el eje de la vida en todos los municipios del Río Sonora. Hoy todavía hay mucha gente que en su ignorancia no sabe a lo que se enfrenta, o que es inconsciente porque, a pesar de saberlo, siguen metiendo niños a esas aguas.

En las temporadas del agua, en las crecidas, los berros, los quelites silvestres, todo lo que se daba, ya no lo podemos ver. Ya no vas los veranos a recolectar los temporales: la calabaza, el maíz, la sandía del verano. La mayor parte de las tierras de siembra se riega con agua de los pozos y esto equivale a un gasto mayor para los compañeros que se dedican a la agricultura. Eso también afecta muchísimo la cuestión económica. Todo es un círculo muy bien formado: el territorio está conformado por el suelo, el agua y el aire.

Eso ha sido bastante triste. Para nosotros ese territorio y ese río significaban vida, pero ahora como se siguen dando las cosas, son muerte. No estoy hablando de una manera literaria, sino de una manera real. Nos enfrentamos a muchos problemas de salud fortísimos. Esa tierra y ese río siguen siendo nuestro orgullo, pero sabemos que está enfermo y que necesita ser remediado, que necesita ser reparado. Insisto en que no es que los Comités de Cuenca lo digamos, la propia autoridad federal en la materia lo ha comprobado y en estos nueve años se han ido demostrando, una a una, todas aquellas afirmaciones que nosotros hacíamos y que decían que no tenían sustento.

Manifestación de afectados por el derrame en el Río Sonora. Foto: PODER.

—¿Qué amenazas se encuentran latentes en el territorio?

—La megapresa de jales que está ubicada en Bacanuchi ya tiene fisuras. Lo puedes detectar a través del satélite. Es más grande que la que se derramó en 2014. Una tragedia en esa presa nos desaparece a todos. El tamaño de esa presa, el nivel de contaminantes y de jales que va a resguardar allí, no tiene parámetro en ninguna parte del país y representa un grave riesgo para toda la cuenca del río. Para 2025 tiene que dejar de operar la presa actual, que está en Cananea. Es un peligro latente y enorme.

Megapresa de jales ubicada en el municipio de Bacanuchi. Foto: PODER.

Si bien el problema ahorita está enfocado en esa minera, tampoco dejan de trabajar y de abrir otras minas. De hecho, ya está operando “La Chispa”, en Arizpe, se hizo la prolongación de la mina Santa Elena, que ahora se llama “El Ermitaño”, y en Baviácora están explorando otra mina. Todo esto en un territorio en estrés hídrico, en una cuenca sobreexplotada, en una región en donde no tenemos suficiente agua para la población. Esas son las cosas que no entendemos. Queremos que se sepan todos los daños que ocasionan las empresas para que se beneficien unos cuantos, en detrimento de poblaciones enteras, de regiones enteras, de cuencas enteras.

Reunion con autoridades en el municipio de Ures, en diciembre de 2019. Foto: PODER.

—¿Cuáles han sido los avances recientes más significativos del movimiento?

—Lo que ocurrió primero [en mayo de 2023] fue la actualización de los costos del derrame. Se da a través del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en donde se hizo un estudio exhaustivo a partir de la no remediación, para tener elementos para reaperturar el fideicomiso, porque los daños se tienen que remediar. Se fueron haciendo los cálculos de todos y cada uno de los rubros y al final se le agregó el costo de la inflación. Se está hablando de que los costos actualizados del derrame son por más de 20 000 millones de pesos, de los cuales el Fideicomiso únicamente aplicó una dieciseisava parte. Es decir, nada.

Estos costos los hemos tenido que asumir las comunidades. Los costos están reflejados en el agua purificada que tenemos que comprar, en la atención a la salud, en los cuidados y en todo lo que se tiene que hacer para producir en la tierra que ya no produce con los niveles de producción que tenía, ni en cantidad ni en calidad. Los riegos también han generado costos, porque las acequias ya no riegan los campos y se tiene que regar con agua de pozos que cada vez requieren mayor profundidad, hasta 200 o 300 metros. Entre más hondo, necesitas bombas más potentes, que gastan más electricidad y, obviamente, es un costo bastante mayor.

Que se hayan actualizado estos costos, bajo esquemas totalmente científicos, es un gran avance para nosotros. Todas las cifras están bien sustentadas. Las conclusiones son muy firmes en cuanto a esos montos. Es bueno, porque tanto el ambiente, como la salud, podrán ser reparados.

Tinacos del Fideicomiso Río Sonora, entregados a los habitantes de la cuenca para el almacenamiento de agua. Foto: PODER.

Por otra parte, con el resolutivo [de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR), publicado en julio de 2023], quedó plenamente demostrado con métodos de la ciencia que no hubo remediación. No se remedió la Zona 1 [aledaña a la empresa] y la remediación que habían dado por buena en las demás zonas, la basaron en cifras y números que eran para territorios deshabitados. Fue con todo el dolo y la mala fe del mundo, porque el río corre por todas las poblaciones en donde todos sabemos que sí hay habitantes. Esos cálculos que hicieron les permitieron quitarse el compromiso, la obligación y la responsabilidad. Es grave y nosotros esperamos que haya reacciones fuertes de parte de la Profepa.

En ese sentido han sido grandes avances. Pero vamos a ser francos, ¿cuál es el problema? Que nosotros obtenemos triunfos legales, pero los obtenemos a través de los tribunales jurisdiccionales y el Ejecutivo no los ejecuta. El amparo del 2020, por ejemplo, sigue sin ejecutarse. Mientras tenemos logros que nos alientan, también tenemos cosas que pretenderían desalentarnos, pero nosotros no vamos a claudicar. Son nueve años ya y esperamos, de todo corazón, que no sean más. Que ya se le ponga un fin a esto. Si se va López Obrador, ¿cuántos años más vamos a seguir socializando la información? Yo sigo confiando en que es un hombre de palabra y que habrá justicia para el Río Sonora.

—¿Cuál es la relación actual entre los Comités de Cuenca y el presidente Andrés Manuel López Obrador?

—No tenemos ninguna relación. El problema es que el presidente hace declaraciones con base en lo que sus funcionarios le platican, pero él no ha tenido nunca un encuentro con nosotros directamente, para que pueda darse cuenta de la realidad y no de lo que le cuentan. Desde que inició el cambio de Insabi a IMSS-Bienestar, ya no volvió a tener ningún contacto la Secretaría de Salud de Sonora con nosotros; anteriormente sí estaban en las mesas. No hay justificación. Tienen nombres, dirección, teléfono y grado de afectación a la salud de las personas, pero van y se sientan en su oficina, muy a gusto, mientras en los pueblos se está muriendo la gente y se están enfermando del hígado, riñón, corazón y de todo lo que gustes y mandes. Se están afectando las infancias con esos problemas, del sistema nervioso central y problemas de aprendizaje. Hay preocupación por el nivel cognitivo de los niños de la zona del río. A nosotros nos preocupa y ocupa, pero las autoridades no han respondido en la medida que se necesita.

Exigencias al presidente de México durante una reunión con autoridades en el municipio de Ures, en diciembre de 2019. Foto: PODER.

Si tomamos las mediciones que hizo el Cenaprece (Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades), como un número estadístico, allí dice que el 99 y hasta el 100 % —en algunas localidades en las que se tomaron muestras las personas— tenemos plomo en la sangre. Otras tantas tenemos arsénico, otras tantas tenemos cadmio, manganeso, en distintos niveles de exposición. Otro agravante, por ejemplo, es que si está abajito de cualquier cantidad, no hay problema. Pero sí lo hay: a muchos ya nos salió mercurio en esos análisis que hicieron. De mercurio no debemos de tener absolutamente nada.

La propia Martha Patricia Velarde muestra los resultados de sus pruebas toxicológicas. Foto: PODER.

—¿Cuál es la exigencia más fuerte de los afectados en 2023?

—La atención a la salud es lo más urgente. Pero reitero: hay cosas que son inseparables y si no quitas la causa, el problema seguirá. Es el agua. Podemos darnos un poco de tiempo para remediar la tierra, para repoblar los insectos y las especies que se han ido. ¿Pero cómo vamos a detener el deterioro de la salud si no nos dan agua limpia? ¿Cómo vamos a detenerlo cuando hay hogares en donde se tiene que discriminar entre comprar un garrafón de agua o un kilo de frijoles? No es cualquier cosa. Deberían de haber empezado por lo primero y todo el problema de la salud no se hubiera ido al nivel en donde estamos ahorita.

Presentación del Informe 8 Años de Impunidad en el Río Sonora, en agosto de 2022. Foto: PODER.

—¿Qué espera usted para el futuro del Río Sonora? ¿Hacia dónde camina el movimiento para que el río sea nuevamente habitable para las comunidades?

—Honestamente, es algo que se ve difícil. Las concesiones que ya estaban dadas, son las que ponen a explotarse, pero no siguen las regulaciones. Estamos en un territorio, desgraciadamente, en donde la empresa ya se adueñó del agua. ¿Qué futuro vemos? Mientras no haya autoridades comprometidas, mientras los poderes del Estado no enforcen la ley, podemos llegar incluso al desplazamiento del territorio. Ya se está dando a nivel hormiga y eso es demostrable si ves los datos del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). Estamos hablando de un decrecimiento en la población del Río Sonora a partir del 2014.

Quisiéramos ser muy positivos y decir que allí nos vamos a quedar y que volveremos a disfrutar el territorio, pero también tenemos que ser realistas. El entusiasmo y el optimismo te revitalizan, pero por otro lado, desgraciadamente, te sueltan el golpe cuando ves la realidad sobre cosas que no tenemos el poder de cambiar. Sobre todo, cuando es tan difícil dada la corrupción.

También hay mucha gente que no siente que le afecta. Hermosillo —la capital del estado— es la muestra, aquí está la contaminación. El repunte en el cáncer y en todas las enfermedades endocrinas no es nada más porque sí. Pero la gente no quiere comprender, no quiere entender o no tiene tiempo para hacerlo. Hermosillo es Río Sonora, pero aquí te lo disfrazan.

Integrantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) durante una manifestación en las oficinas de Grupo México, en agosto de 2022. Foto: PODER.

*Imagen principal: Martha Patricia Velarde durante una manifestación en las oficinas de Grupo México, en agosto de 2022. Foto: PODER.

La Trampa de la Diplomacia Económica Canadiense en la discusión de las Reformas a la Ley Minera

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 20 de junio del 2023

A principios de junio, la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) participó en la presentación de una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar a la embajada canadiense en México por haber incrementado el peligro que corría la vida del defensor chiapaneco, Mariano Abarca, antes de su asesinato el 27 de noviembre de 2009. Esta petición de denuncia se enfoca en la práctica del gobierno canadiense que se llama “diplomacia económica”, una estrategia mediante la cual Canadá dirige los esfuerzos de todo su cuerpo diplomático para “atender las necesidades” de sus empresas en el extranjero, sin importar los daños que sufren las y los afectados por estas empresas. Hoy queremos volver a denunciar a Canadá por esta misma práctica, misma que ahora sucede con relación a una Ley federal en México, en tiempo real, y con la aquiescencia de la Secretaría de Economía.

Tal como ha pasado en otros países de América Latina, gracias a la “diplomacia económica canadiense” las empresas mineras canadienses tendrán una silla importante en las mesas técnicas sobre las reformas a la ley minera en México. Esto fue el acuerdo logrado entre las Ministras de Comercio de México y Canadá a fines de mayo, y seguramente figuraba en la agenda del diálogo bilateral entre los dos países, realizado en Ottawa entre el 12 y 13 de junio.

Aunque poco de esto ha salido en los medios o anuncios oficiales de ambos gobiernos, un medic canadiense registró que el 19 de mayo, la Ministra de Comercio Internacional, Promoción de las Exportaciones, Pequeñas Empresas y Desarrollo Económico de Canadá, Mary Ng, “le agradeció [a la Secretaria Raquel Buenrostro] que aceptara involucrar a las empresas mineras en México con capital canadiense en consultas técnicas, como parte del proceso para redactar los reglamentos de aplicación de la reciente reforma minera para ayudar a asegurar que aborden las preocupaciones de Canadá con la reforma.”1

La presencia de empresas canadienses en el sector minero ha sido múltiples veces señalado por organizaciones sociales, y ha sido reconocido por el propio sector minero: hasta 2021, CAMIMEX estimó que 73% de las empresas mineras en México con capital extranjero corresponden a capital canadiense.² Hasta este mismo año, el Departamento de Recursos Naturales de Canadá reportó la presencia de 132 empresas mineras canadienses en México con activos de un valor de $9.8 miles de millones de dólares canadienses, lo que equivale a unos 127 miles de millones de pesos mexicanos.³

La injerencia de Canadá en las leyes mineras de América Latina no es nueva. Ha sido un esfuerzo de tiempo completo de su cuerpo diplomático cada vez que países de la región han intentado realizar reformas.

En Colombia, fondos de la cooperación internacional de Canadá fueron canalizados para pagar una asesoría técnica para el código minero aprobado en el año 2001, con lo cual se dio paso a un despliegue tremendo de nuevas concesiones mineras en el país, en beneficio de la élite colombiana, grupos armados y empresas transnacionales, y con afectaciones profundas para pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes, además de para asociaciones de pequeños mineros.

En Ecuador, la embajada canadiense realizó trabajo “incansable” para asegurar una silla privilegiada a las empresas mineras canadienses que dominaban el sector en la mesa de diálogo sobre reformas al código minero. Esto fue en un contexto de fuerte movilización a nivel nacional de comunidades campesinas e indígenas para la prohibición de la minería en todo el país, y cuando Ecuador aún no contaba con ninguna operación minera a gran escala. Vale la pena notar que las empresas mineras no lograron todo que estaban buscando en la mesa de diálogo en este momento, aunque, según documentos obtenidos bajo la ley de acceso a la información en Canadá, se sabe que el gobierno canadiense consideraba la ley lo suficientemente útil para “abrir el sector a la minería industrial”. En Ecuador, contrario a la receta preestablecida por el Banco Mundial en los códigos mineros de las décadas de 1980 y 1990, a través de las reformas mineras el país estableció una empresa estatal minera, reintrodujo el pago de regalías, introdujo un nuevo impuesto de sobre-ganancias, y estableció mayores controles regulatorios. Sin embargo, el lobby empresarial no se dio por vencido. Después de la aprobación de la nueva ley, la presión empresarial continuó y, poco a poco, durante los años siguientes, lograron nuevas reformas para debilitar las reglas impositivas y regulatorias, a la vez que se pusieron en operación las primeras minas a gran escala en el país, en el sur de la Amazonía ecuatoriana.

En Honduras, el cuerpo diplomático canadiense se puso en acción con el golpe de Estado militar de 2009. Antes de que el presidente Manuel Zelaya fuera sacado del país en pijama por las fuerzas castrenses, el gobierno hondureño había interpuesto una moratoria sobre la entrega de concesiones mineras desde 2006, y estaba contemplando la prohibición de la minería a tajo abierto. Sin embargo, esta propuesta jamás fue debatida y en los siguientes años, con el golpe de Estado realizado, el gobierno canadiense se movilizó permanentemente para impulsar una nueva ley minera, proporcionando nuevamente fondos de la cooperación internacional para tal fin y facilitando reuniones entre autoridades hondureñas y las empresas mineras canadienses.

En 2013, cuando Honduras estaba bajo control de una narco-dictadura y mientras este país era considerado la capital de los homicidios en el mundo, la nueva ley fue aprobada, levantando así la moratoria de 9 años que el gobierno libremente electo había dejado.

Hoy, en México, podemos anticipar que el gobierno canadiense de la mano del sector minero representado por la Cámara de Comercio Canadiense en México (CANCHAM), teniendo ya la puerta ampliamente abierta por la Secretaría de Economía, va a estar trabajando con todos los recursos para asegurar que las reformas mineras en curso en México no pongan freno ni obstáculo alguno al interés económico de sus empresas, un interés que se construye sobre la destrucción territorial a lo largo y ancho de este país.

Desde la REMA, denunciamos la injerencia canadiense y la servil apertura que el gobierno mexicano ha dado a las empresas mineras canadienses en la mesa de reformas. Nos parece claro que, frente a la consolidación de condiciones claramente desventajosas y asimétricas para los pueblos afectados por la minería, la exigencia que varias organizaciones han hecho al gobierno mexicano por un reglamento a esta ley, debe ser reconsiderada, dado que hay una alta posibilidad de que esto resulte contraproducente y solo legitime un proceso de complicidad entre el Estado y las corporaciones mineras. Para nosotros, en este contexto y dadas las 23 mil 453 concesiones mineras vigentes a nivel nacional, vemos urgente seguir reforzando y fortaleciendo los procesos de defensa del territorio que tendrán que estar aún más preparados para ejercer sus derechos a la vida, a la salud y a la autodeterminación al finalizar este proceso.

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

La familia de Mariano Abarca y la REMA presenta petición en contra de la diplomacia económica de Canadá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 8 de junio del 2023

Esta semana, representantes de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería y la familia del defensor chiapaneco Mariano Abarca estuvimos en Canadá para anunciar que hemos interpuesto una denuncia en contra de Canadá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La denuncia, interpuesta con la colaboración de dos organizaciones canadienses, el Proyecto para la Justicia y la Responsabilidad Empresarial y Alerta Minera Canadá, señala las acciones y las omisiones realizadas por la embajada canadiense en México y que incrementaron el peligro que corría Mariano Abarca antes de su asesinato, el 27 de noviembre de 2009.

Esta es la primera petición ante la CIDH que cuestiona la práctica de “diplomacia económica” de Canadá, una estrategia mediante la cual este país dirige los esfuerzos de todo su cuerpo diplomático para “atender las necesidades” de sus empresas en el extranjero y que, en la práctica, se realiza sin considerar los grandísimos daños que generan estas mismas inversiones en los países receptores, ni la violencia que gira en torno a éstas. La “diplomacia económica” es un mecanismo de presión corporativa que se hace utilizando los instrumentos del Estado canadiense. El caso de Mariano Abarca presentado en la denuncia ante la CIDH, así como en la petición presentada en contra de México por el mismo caso en 2017, resulta clave para entender la gravedad de esta estrategia corporativa, más aún considerando la terrible escalada de violencia en Chiapas y otros territorios del país, situación que profundiza los riesgos que enfrentan los pueblos que buscan defender sus territorios del extractivismo minero.

Mariano Abarca fue fundador de la REMA y padre de dos hijas y dos hijos. Desde 2008, inició una lucha junto con la organización Otros Mundos Chiapas, así como con otros defensores y defensoras del territorio y de la vida en el pueblo de Chicomuselo, en el estado de Chiapas, para evitar que la empresa minera canadiense Blackfire Exploration siguiera contaminando el agua y la tierra de su comunidad por la explotación de barita que se llevaba a cabo.

Desde antes de que Blackfirepusiera su mina en operación, la embajada tuvo conocimiento del descontento que había entre la población local frente a la empresa, y también tuvo información sobre Mariano y los riesgos que él enfrentaba al oponerse a este proyecto. En julio de 2009 Mariano viajó a la ciudad de México junto con compañeros de Chicomuselo y otros aliados para manifestarse frente a la embajada canadiense por lo que estaba pasando en torno a la mina de Blackfire. Ahí expusieron los impactos negativos ambientales y sociales, además de las amenazas que había recibido en su contra por su movilización. En documentos que nuestros aliados canadienses lograron obtener tras solicitudes bajo la ley de acceso a la información, pudimos percatarnos que la información que tuvo la embajada fue muy detallada. También, pudimos darnos cuenta de que la empresa consideraba esencialel apoyo de la embajada, primero, para arrancar su mina, y luego, para seguir operando pese a la oposición social del pueblo.

Antes de que lleváramos nuestra petición ante la CIDH en contra de Canadá, presentamos una denuncia ante el Comisionado por la Integridad de la Administración Pública en Canadá. Sin embargo, ahí nos encontramos con una gran falta de voluntad y de seriedad para investigar el caso, misma con que nos hemos topado en México, en donde vivimos en un contexto de impunidad para las empresas y quienes las apoyan. Por ello, queremos denunciar que, contrario al discurso del gobierno canadiense en torno a los derechos humanos y la responsabilidad social empresarial, el proceso que hemos recorrido en Canadá demuestra el singular interés del gobierno canadiense en promover y proteger el capital canadiense, no a las personas. En el curso de la revisión del caso que se ha hecho en las cortes federales, el gobierno canadiense “se defendió” argumentando que no son vinculantes sus compromisos con la vida de las y los defensores de los derechos humanos. La poca seriedad y poca profundidad con lo cual se ha tratado este proceso revela, además, un desprecio colonialista y una gran falta de respeto hacia quienes sufren los daños de la industria minera, dando prioridad al enriquecimiento de unos pocos empresarios a costa de la vida y la naturaleza.

Vale recordar que unos pocos meses después de presentar nuestra denuncia original, en febrero de 2018, el Comisionado negó una investigación, diciendo que las políticas de Responsabilidad Social Empresarial de Canadá, las declaraciones de representantes del gobierno, y los compromisos ante la ONU hechos por Canadá sobre la protección de las y los defensores de los derechos humanos “no son políticas oficiales del Gobierno de Canadá” y “no parecen dictar acciones específicas que la Embajada debería haber tomado o no en el momento pertinente, por lo que la Embajada no estaba obligada a seguirlas y, en consecuencia, no se justificaba ninguna investigación.

La corte federal y, posteriormente, la corte federal de apelaciones sostuvieron esta decisión. Para ello, hicieron casi nulo el análisis de toda la información que habíamos proporcionado. Sin embargo, el Juez Federal Boswell admitió: Sin duda, a los solicitantes les hubiera gustado quela Embajada hubiera actuado de cierta manera, y [de haber sido así] tal vez el Sr. Abarca no habría sido asesinado.

Ante la Corte Federal de Apelaciones, intervinieron tres grupos: Amnistía Internacional Canadá, Abogados Canadienses para los Derechos Humanos Internacionales con la Clínica de Justicia Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Columbia Británica, y el Centro para la Libre Expresión de la Universidad de Ryerson. Éstos argumentaron la obligación de Canadá de cumplir con el derecho internacional, de investigar y garantizar un remedio efectivo, y señalaron también que la ausencia de una investigación podría socavar la confianza que el público tiene en la administración pública. Sin embargo, nada de esto fue tomado en cuenta.

Al final, la Suprema Corte de Canadá no admitió nuestra solicitud de revisión del caso, a pesar de su importancia para las comunidades y las organizaciones de defensoras y defensores de la vida ante el despojo y la destrucción social y ambiental, y pese a haber cientos de empresas mineras canadienses operando alrededor del mundo, lo que representa un peligro cada vez mayor para las organizaciones que se oponen a estos proyectos.

Hoy, después de agotar los pocos e inadecuados mecanismos disponibles en Canadá, recurrimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir una respuesta que abra un camino hacia la justicia, la remediación y, sobre todo, hacia cambios de fondo dentro del modelo extractivo que exporta Canadá al mundo.

Considerando las condiciones actuales de tanta violencia en el país y frente a los daños a perpetuidad que siempre acompañan la minería, Canadá debe dejar de proporcionar cualquier apoyo diplomático a la codicia empresarial, misma que nos sigue despojando y matando en México y otras partes del mundo. Queremos que nuestra denuncia contra el Estado canadiense, interpuesta en la CIDH nos ayude a demostrar y argumentar la gravedad de esta estrategia corporativa, para establecer así un precedente sobre la responsabilidad que tienen los Estados, como Canadá, en la promoción, cobijo y complicidad que les brindan a sus empresas. Canadá está lejos de ser el único caso. Por ello hacemos un llamado al gobierno de México para que se de paso a la reparación de daños y la justicia en este caso, tal como planteamos en nuestra petición en contra de México ante la misma Comisión en el 2017, y actualizada en el 2020.

¡Basta de la impunidad por los crímenes de las empresas mineras en Canadá y México!

 ¡Detengan la diplomacia económica colonialista del gobierno canadiense!

 ¡Justicia para Mariano Abarca y todxs que han perdido la vida defendiendo su territorio!

Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería

El resumen de nuestra petición a la CIDH que se puede ubicar en: https://miningwatch.ca/sites/default/files/resumen_cidh_esp.pdf 

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