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La defensa del Río Atenco es una decisión de los pueblos, no una imposición externa

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Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco – A 27 de febrero de 2026

El pasado 3 de febrero, se envió una carta a Claudia Sheimbaum y diferentes autoridades involucradas en el Plan Nacional Hídrico, firmada por 79 organizaciones, nacionales e internacionales, que solicitan la cancelación del proyecto de la presa Milpillas en los Municipios de Jiménez del Teúl y Sombrerete en el Estado de Zacatecas[1].

La firma de las organizaciones reconoce la lucha por la defensa del río que ha sido sostenida por más de 10 años por  el Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco integrado por los Ejidos de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales, además de integrantes de la cabecera municipal de Jiménez del Teul.

Frente a este respaldo amplio, el gobierno del Estado de Zacatecas respondió que “la REMA ha sido opositora a varias presas, me parece irracional”[2] sugiriendo así   que por encima de las 79 organizaciones firmantes,  es la REMA quien no quiere la presa Milpillas . Con esta declaración intentan minimizar el amplio respaldo y la fuerza de las comunidades que reiterada y claramente han rechazado el proyecto en un acto de ejercicio legítimo a la autodeterminación.

La oposición a la presa  nace en las asambleas ejidales, nace de las y los habitantes que han cuidado históricamente el Río Atenco y que comprenden con absoluta legitimidad lo que está en juego: su agua, su tierra, su forma de vida y su derecho a decidir sobre su futuro.

El Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, es miembro de la REMA, por lo tanto, cuando se refieren a la REMA, también se refieren al Movimiento que está siendo acompañado por muchas otras organizaciones nacionales e internacionales. Es un proceso organizativo comunitario que es autónomo, la labor de las organizaciones aliadas ha sido documentar, visibilizar y respaldar la defensa del territorio frente a un proyecto que carece de sustento técnico, ambiental y social.

El proyecto Presa Milpillas presenta inconsistencias graves que han sido señaladas por múltiples actores:

  • La Manifestación de Impacto Ambiental ha sido señalada por omisiones sustanciales respecto a impactos, afectaciones a ecosistemas y consecuencias sociales[3].
  • No existe evidencia pública que demuestre viabilidad técnica y financiera integral del proyecto a largo plazo.
  • No garantiza el derecho humano al agua de las comunidades de la cuenca; por el contrario, prioriza el trasvase hacia corredores urbanos e industriales.

Pretender reducir la oposición social a la influencia de una organización es, con dolo y mala fe, desconocer deliberadamente las múltiples asambleas ejidales en las que se ha rechazado el proyecto, así como las actas y posicionamientos públicos que documentan esa decisión colectiva por más de 10 años, también.

Otra cuestión que es importante señalar es que la imposición del proyecto de la presa, eso que el titular del gobierno del estado y funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno llaman “socialización del proyecto”, ha significado violencia para las personas defensoras del territorio a través del hostigamiento, la estigmatización pública, los intentos de división comunitaria, las presiones políticas y las descalificaciones desde el poder. En este entendido, la narrativa oficial que culpa a terceros y deslegitima la organización comunitaria, se suma a los factores que incrementan el riesgo para quienes ejercen el derecho humano a defender los derechos humanos, contraviniendo así los acuerdos internacionales ratificados por el Gobierno de México, que lo obligan a garantizar la participación pública en asuntos ambientales y la protección de personas defensoras.

La defensa del Río Atenco no es un capricho ni una manipulación externa, es el ejercicio legítimo del derecho a la libre determinación, al territorio, al agua y a un medio ambiente sano. En lugar de descalificar el proceso de defensa, el gobierno del estado debería responder con información pública verificable, estudios técnicos independientes y mecanismos reales de participación. Si el proyecto fuese viable y tuviera el respaldo social, sus promoventes no necesitarían desacreditar a quienes lo cuestionan.

Desde la REMA reconocemos la valiente y digna lucha del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco y a las comunidades que han decidido, de manera soberana, defender su cuenca.

La discusión no debe centrarse en señalar culpables externos, sino en responder a una pregunta fundamental: ¿por qué, si el proyecto es tan benéfico como se afirma, las comunidades directamente afectadas lo rechazan de manera contundente?

Un patrón histórico en la imposición de las presasen México, en la construcción de grandes presas ha seguido un patrón reiterado que ha sido ampliamente documentado. El Dictamen de la “Pre-audiencia Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad” del Tribunal Permanente de los Pueblos, concluyó que existe un proceso sistemático de violaciones a derechos humanos antes, durante y después de la construcción de presas, acompañado por desinformación, falta de respeto al consentimiento de las comunidades acerca de los proyectos y criminalización de la protesta.

La respuesta no está en la REMA.

Está en el territorio.

[1] REMA (febrero 2026). Carta a autoridades | Organizaciones y comunidades alertan sobre violaciones a derechos humanos y exigen la cancelación del proyecto Presa Milpillas.

[2] Ver entrevista en Sizart Noticias: https://www.facebook.com/reel/1622997692466336

[3] REMA (febrero 2026). Vidéo Exigimos no se apruebe la MIA Milpillas

Revisa la carta completa en: https://www.remamx.org/2025/11/especialistas-y-comunidades-del-rio-atenco-llaman-a-firmar-carta-a-semarnat-sobre-la-mia-2025-de-la-presa-milpillas/

Imagen: Río Atenco Libre Foto: Adolfo Vladimir

Mapeo de alternativas de economía social y solidaria en contextos ex tractivistas de América Latina: Latinoamérica, un cuerpo que camina

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Compartimos esta mapeo de economías solidarias donde participa el Túmin y la BIORED – A febrero 2026

Ve aquí el mapeo

PRESENTACIÓN

Según estudios del Banco Mundial, los pueblos indígenas del mundo representan el
6% de la población mundial, pero protegen el 80% de la biodiversidad del planeta. Y
también están entre las poblaciones más afectadas por conflictos socioambientales
contra proyectos extractivos.
María del Mar Parra (eldesconcierto.cl)

Nuestro planeta parece sufrir una enfermedad autoinmune, en la cual el sistema de autocuidado
y protección acaba atacando al propio organismo hasta el límite de poner en jaque su supervivencia.
Los anticuerpos que se han visto alterados y que andan confundidos agrediendo a aquello que les
da la vida somos, sin duda, muchos de los seres humanos que habitamos este cuerpoTierra.
Vivimos bajo unas lógicas y estructuras que nos llevan a situaciones tan absurdas como las presentadas en la cita que encabeza este texto, generando conflictos, dificultades y menosprecio hacia aquellas células (personas, pueblos) que todavía no han perdido su propósito original: ser guardianas de ese cuerpo mayor que los ampara y los abastece.

El economista ecólogo chileno Manfred Max Neff dice que más que una crisis ambiental, social o económica estamos ante una crisis creativa. Y el sabio Albert Einstein, a parte de unas cuantas revolucionarias teorías, nos dejó frasestesoro para la evolución humana, como esta: “no se puede solucionar un problema desde el mismo nivel de conciencia o el mismo prisma desde el cual se creó”. Hay muchos desequilibrios en el mundo actual que nos piden atención urgente, pero es preciso, ante todos ellos, hacer un ejercicio profundo de liberación de las cadenas psíquicas que han encarcelado a nuestra imaginación. Y para eso hay que atrevernos a hacer las cosas con otras lógicas.

La deconstrucción de la mente colonial no es tarea fácil, y como todo, se aprende con la práctica y con el error. En ese sentido, este Mapeo Latinoamericano de proyectos de Economía Social y Solidaria en contextos extractivistas, ha querido desafiar algunos de los supuestos hegemónicos.
Por un lado, se ha generado a través de un proceso de ritmos lentos y orgánicos, retando las prisas, la impaciencia y el productivismo occidental. Por otro lado, se ha priorizado el cuidado hacia las realidades del/la otro/a o hacia la calidad y creatividad del contenido, dejando atrás la ambición cuantitativa del resultado. Esta es una investigación social pero tiene más de lenguaje poético que de lenguaje académico, tiene más de filosofía que de ciencia, pues no pretendemos traer verdades absolutas sino preguntas, vivencias, tejidos y sentires.

Es por todo ello que presentamos este mapeo social a través de una metáfora, compartiendo una radiografía de un cuerpo enfermo en busca de sus potenciales y de posibles terapias de rehabilitación.

La metáfora no es solo un recurso literario, sino que funciona como lenguaje psíquico y universal que puede romper barreras generadas por la desigualdad social, puede expresar procesos mentales profundos, como defiende Freud desde el psicoanálisis, crear nuevas perspectivas y revelar aspectos de la realidad que de otro modo no se perciben, como relata Paul Ricoeur desde la filosofía, o ser una herramienta cognitiva esencial para estructurar nuestro sistema conceptual, como afirman Lakoff y Johnson desde la lingüística cognitiva.

Hablar de los territorios como cuerpos, no solo nos ayuda a recordar que efectivamente estos son organismos vivos con ecosistemas interconectados e interdependientes, también nos permite identificarnos y recordar que somos Naturaleza, que nuestros cuerpos funcionan con las mismas lógicas, que lo que nos cuida, cuida a la Tierra, y lo que la envenena, también lo hacecon nosotras/os. Esta metáfora, además, está inspirada en una de las grandes aportaciones latinoamericanas al pensamiento contemporáneo: el concepto Cuerpo-Territorio que emerge del Feminismo Comunitario como una forma de explicar las analogías existentes entre las violencias que reciben los cuerpos de las mujeres y la Naturaleza, sugiriendo al Patriarcado como origen común de ambas. Una visión que también encontramos dentro del Ecofeminismo.

Vamos entonces a hacer un poco de (1) historia clínica del cuerpo latinoamericano, a modo de contexto y justificación de este mapeo, siguiendo con una (2) radiografía que nos permita presentar de forma sintética las realidades de los países explorados y las características principales de los proyectos de economía social y solidaria mapeados en ellos; un (3) diagnóstico del estado de este sistema inmunológico a través de los estudios de caso de las cinco iniciativas en las cuales hemos profundizado; y, por último, una propuesta de (4) terapia de rehabilitación en la que incluimos algunas sugerencias de cómo podría seguir expandiéndose y siendo útil este Mapeo.

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Informe: Trigo Genéticamente Modificado: Riesgos y Preocupaciones

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Compartimos este informe publicado por Amigos de la Tierra Internacional ATI– A febrero 2026

Introducción

El trigo es uno de los granos más cultivados en el mundo. Es rico en valor nutricional y constituye un alimento básico en la dieta de las personas a nivel global, presente en productos como el pan, la pasta, las tortillas, los cereales y muchos otros.

El cultivo de trigo es una fuente esencial de ingresos para numerosos agricultores. En Estados Unidos, es el tercer cultivo más producido, después del maíz y la soya, y representa aproximadamente 47 millones de acres de producción.1

En 2024, el gobierno de Estados Unidos aprobó una nueva variedad de trigo genéticamente modificado (OGM), lo que ha generado serias preocupaciones sobre la salud de la población estadounidense, los medios de subsistencia de los agricultores y el medio ambiente.

Este trigo OGM, denominado HB4, incrementaría el uso de un herbicida tóxico llamado glufosinato, una sustancia química prohibida en la Unión Europea debido a que presenta riesgos inaceptables para la salud humana — incluidos efectos tóxicos reproductivos, del desarrollo y neurológicos — así como riesgos para el suelo, las aves, las abejas y otras especies silvestres.

HB4 también amenazaría la capacidad de los agricultores estadounidenses para comercializar su trigo en mercados internacionales, ya que países importadores clave rechazan el trigo OGM. Incluso si los agricultores no cultivan HB4, su trigo podría contaminarse con genes OGM provenientes del HB4 o mediante la mezcla de trigo OGM y no OGM a lo largo de la cadena de suministro.

El trigo OGM ha sido rechazado de manera efectiva en múltiples ocasiones en Estados Unidos debido a la oposición pública, las preocupaciones del mercado y los riesgos comerciales. Ahora, consumidores, agricultores y empresas alimentarias deben dejar claro nuevamente que no hay lugar para el trigo OGM en Estados Unidos.

Lee el informe aquí

Nota: “O ellos o nosotros”: la CIDH documenta al detalle la trama financiera que acabó en el asesinato de Berta Cáceres en Honduras

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Compartimos esta nota de El País sobre el informe del GIEI sobre el asesinato de Berta Cáceres – A enero 2026

Un grupo de expertos de la comisión señala que la trama criminal empleó fondos de bancos de desarrollo europeos y americanos para pagar a los sicarios que mataron a la activista

Por Pablo FerriCarlos S. Maldonado

A casi diez años del asesinato de la activista Berta Cáceres en Honduras, la luz penetra poco a poco en los entresijos de la trama que urdió el ataque, por el que hasta ahora hay ocho condenados. En los últimos meses, un equipo de analistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha investigado a fondo la pata financiera del complot, entre otras, tratando de entender su profundidad y alcance. La conclusión es que la dirigencia del conglomerado empresarial del que nació la trama asesina, ligada a la muy pudiente familia Atala Zablah, parece mucho más implicada en el ataque de lo que se ha podido comprobar.

El equipo de la CIDH, conocido como GIEI, mecanismo que la comisión ha usado en otros países como México o Nicaragua, ilumina ahora la madeja financiera detrás del asesinato de la activista, de la que no se sabía demasiado. En su informe de labores, que se presenta este lunes, y al que EL PAÍS ha tenido acceso estos días, los investigadores señalan que la trama criminal empleó fondos de bancos de crédito al desarrollo, de Europa y Centroamérica, para pagar a los sicarios que mataron a Cáceres. El GIEI detalla los caminos del dinero, los meandros y túneles que dispuso la trama para disimular su origen, hasta su cobro en tres cheques, por más de medio millón de lempiras, unos 25.000 dólares, y su reparto final entre los sicarios, hoy presos.

Los investigadores ponen el ojo en la familia Atala Zablah. Casi desde el principio, la sospecha apuntaba a este clan de empresarios, uno de los más ricos de Centroamérica, con intereses en bancos y otros rubros. Pero la justicia hondureña nunca ha llegado a ellos, ni siquiera a Daniel Atala, gerente financiero de Desa, la empresa cuya implicación en la trama está probada judicialmente: su presidente ejecutivo, David Castillo, fue condenado por el asesinato de Cáceres en 2021. Ahora, el GIEI dibuja a detalle la actuación y comunicaciones de Daniel y otros integrantes de la familia Atala Zablah, en los días y meses anteriores y posteriores al ataque.

Manifestación por Berta Cáceres, en Honduras, el 5 de julio de 2021.Delmer Membreno (Getty Images)

Desde finales de la década de 2000, Desa, participada por el holding empresarial de los Atala Zablah, Inversiones Las Jacarandas, y por una firma de Castillo, Pemsa, impulsó la construcción de una presa en el occidente de Honduras, con el objetivo de producir energía hidroeléctrica. Pero el proyecto, conocido como Agua Zarca, chocó desde el principio con la oposición de la comunidad lenca en la zona, a la que pertenecía Cáceres, que denunciaba las afectaciones a su hábitat natural, la futura contaminación del río sobre el que se iba a erigir la presa, la destrucción, en fin, de su estilo de vida.

Madre de cuatro hijos, Cáceres encabezó este movimiento. Entre 2013 y en 2014, ella y los suyos lograron que el Banco Mundial y la empresa estatal china Sinohydro, una de las más grandes constructoras mundiales, que habían apoyado al principio el proyecto de Agua Zarca, finalmente se apartaran. La capacidad organizativa de la comunidad fue clave. Los esfuerzos de resistencia confluyeron alrededor de su organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copihn), fundada en 1993 por la misma Cáceres. Ya entonces, el pueblo lenca y otros vivían amenazados por la expansión de proyectos madereros, mineros e hidroeléctricos, que amenazaban ríos y tierras que las comunidades consideraban vitales para su vida.

Pese a la retirada de sus primeros patrocinadores, Agua Zarca siguió adelante. El proyecto demandaba la inversión de decenas de millones de dólares, así que Desa empujó y empujó. La empresa, detalla el GIEI, contaba con el apoyo del Estado. Es más, recuerda el equipo de expertos, “los expedientes judiciales revelan la convergencia entre estructuras empresariales y agencias estatales, los vínculos de cuatro personas imputadas por el asesinato con las Fuerzas Armadas y la creación de Desa por parte de un oficial de inteligencia militar que, al mismo tiempo, ocupaba un cargo estratégico en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica”.

Bertha Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres durante una protesta en Washington.Jahi Chikwendiu (Getty Images)

Las hostilidades hacia Copihn y la figura de Cáceres crecieron con el tiempo, siempre con los Atala Zablah pendientes de la activista y sus colegas. Parecían dos mundos distintos. Por un lado, la resistencia del pueblo lenca contra Agua Zarca, que dejó varias víctimas, además de Cáceres, a lo largo de los años; por otro, los movimientos de Desa y sus dirigentes para atraer financiación al proyecto, asegurando que los que protestaban eran cuatro gatos, carentes de razón. Los últimos se salieron con la suya y llegaron a sumar a su causa a un banco holandés de créditos al desarrollo, FMO, y a otro centroamericano, el BCIE. Era tanto lo que había en juego, que Pedro Atala, uno de los principales accionistas de Las Jacarandas, llegó a decir, cinco meses antes del asesinato de Cáceres: “O ellos o nosotros”.

En esa lógica se fraguó el ataque fatal contra la activista. El GIEI Honduras detalla cómo el asesinato de Cáceres ocurrió en un contexto de máximo acoso al Copihn y su lideresa, entre finales de 2015 y principios de 2016. “Integrantes de la familia Atala”, señala el informe, “participaron directa o indirectamente en espacios de coordinación orientados a la gestión del conflicto territorial, incluyendo el grupo [de WhatsApp] denominado ‘Seguridad PHAZ’, en el que se desarrollaron acciones sistemáticas de vigilancia, recolección de información y seguimiento contra Berta Cáceres y el Copihn”. Así, la trama criminal organizó hasta cinco incursiones a La Esperanza, donde vivía la activista, para preparar el atentado. Incluso, en una de las incursiones, trataron de acabar con ella, fallidamente.

Finalmente, a la sexta la mataron. Fue en la noche del 2 de marzo de 2016. Los sicarios entraron a su casa y dispararon contra ella, hasta matarla. El activista mexicano Gustavo Castro, que estaba de visita, resultó herido y tuvo que fingir su propia muerte para salvar la vida. El GIEI recuerda que una actuación óptima de las autoridades de investigación hondureñas podría haber desbaratado los planes de la trama antes del ataque. En un caso paralelo en que investigaba una red de narcotráfico, la Fiscalía monitoreaba las comunicaciones de uno de los ahora condenados, hablando de un futuro asesinato, el de Berta Cáceres. Si los investigadores hubieran indagado en las conversaciones monitoreadas, es más que probable que los responsables habrían sido detenidos.

Pero eso no ocurrió, Cáceres murió asesinada y el escándalo creció y creció, hasta el punto de que la Fiscalía hondureña no tuvo más remedio que emplearse a fondo y escalar en la cadena de responsabilidades del ataque. EL GIEI recuerda cómo en los primeros días, la trama criminal alentó teorías conspirativas sobre el asesinato, incluso el versión de que se había tratado de un crimen pasional. Pero la presión internacional obligó a que los investigadores se fijaran en la evidencia, lo que les condujo al presidente ejecutivo de Desa, David Castillo, y su cadena operativa, compuesta por un militar en activo, exmilitares y sicarios contratados.

Los problemas han aparecido después, a la hora de dar el siguiente paso en la cadena de responsabilidades. El GIEI señala “la posible existencia de un nivel de mayor jerarquía [en la organización del asesinato], con posibles responsabilidades en la toma de decisiones de diversa índole, insertas en un plan de naturaleza empresarial”. Y añade que “tanto David Castillo como Daniel Atala habrían desempeñado funciones de enlace entre los distintos niveles de la estructura, conectando el nivel operativo o gerencial de Desa con los accionistas responsables de canalizar recursos financieros asociados al proyecto”.

En este asunto, la investigación financiera del GIEI resulta fundamental. El grupo indica sin lugar a duda que al menos una parte del dinero empleado para pagar a los sicarios, 25.000 dólares, “se originaron en fondos girados por los bancos FMO y BCIE, de conformidad con una orden de pago emitida en el marco del préstamo extendido por esas instituciones”. Lo cual, por cierto, resultaba algo habitual para Desa y el proyecto Agua Zarca. Según el GIEI, más de 12 millones de dólares de los 18 ejecutados en el proyecto fueron objeto de desvíos y/o manejos irregulares.

En su informe, el grupo detalla cómo la trama trianguló el dinero para los sicarios en cuentas de diferentes empresas, vinculadas a Desa. Finalmente, el dinero salió de las cuentas de las compañías en tres cheques, cobrados por dos personas de confianza de Castillo, entre el 3 y el 4 de marzo, los días posteriores al asesinato. En esos días, Castillo mantuvo comunicación constante con integrantes de la familia Atala Zablah. El 4 de marzo, por ejemplo, Castillo habló con Pedro, Daniel y Jacobo Atala en varias ocasiones. Jacobo y Pedro eran tíos de Daniel, principales accionistas de Las Jacarandas, el holding familiar. “La frecuencia y modalidad de interacción de las comunicaciones permiten presumir que, en ese lapso, se estaban coordinando acciones cruciales relacionadas con el hecho crimina”, señala el GIEl.

Aunque parezca lo contrario, por las condenas de los autores materiales y parte de los intelectuales, el caso Berta Cáceres está lejos de resolverse. El GIEI pide que se investiguen precisamente las comunicaciones de los Atala con los ejecutores del asesinato y el resto de funcionarios de Desa. Además de Castillo, de momento solo hay otro ejecutivo de la empresa condenado, Sergio Rodríguez. También pide que se investigue las relaciones de Desa con el Ministerio de Seguridad. “Documentos y mensajes develan una relación sostenida entre directivos y accionistas de Desa con el entonces ministro de Seguridad, así como con elementos policiales, antes, durante y después del homicidio”, señala el grupo, que apunta de ejemplo la “coordinación” de Daniel y Pedro Atala con el ministro de Seguridad, y con el comisionado general de la policía.

Análisis y rechazo al Plan de Acción Estados Unidos-México sobre Minerales Críticos en nuestros territorios

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Compartimos este pronunciamiento de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 16 de febrero 2026

El 4 de febrero, se anunció que los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron trabajar en un Plan de acción conjunta sobre minerales críticos[1], a través del cual el gobierno mexicano se compromete a realizar, en los siguientes 60 días, acciones para  “desarrollar un nuevo paradigma para el comercio preferencial de minerales críticos, respaldado por precios mínimos y otras medidas”.

La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) consideramos que este Plan claramente profundiza la subordinación de nuestro país a la política belicista estadounidense, y sostiene el avance facista del capitalismo voraz representado por Donald Trump. Es un acto de gobierno extremadamente irresponsable con los pueblos, por lo que denunciamos enérgicamente que, de llevarse a cabo, provocará la consolidación de territorios sumergidos en zonas de sacrificio.

Este Plan de Acción se nombra como “un nuevo paradigma”, significando un nuevo instrumento de subordinación política

El documento publicado por el gobierno de México apenas supera una página de extensión, y señala que detrás de este acuerdo está, sobre todo, la preocupación del gobierno de Estados Unidos por mantener su hegemonía mundial y geoestratégica frente a la competencia actual con China, asegurando el acceso y el control de distintos recursos estratégicos, como los minerales mal llamados“críticos”, el gas y el petróleo, fortaleciendo así cadenas de suministro que considera vulnerables.

Este Plan, como han señalado distintos analistas, es un ejemplo de los acuerdos diplomáticos intervencionistas que impone Estados Unidos a México y a otros países que considera dentro de su órbita de poder (como Australia o Canadá[2]). Estos acuerdos ocurren en un contexto de amenaza explícita de intervencionismo bélico (que ya ha sido llevada adelante reciente en Irán, Venezuela, Ucrania, y que ha llegado a escalar en otros casos, como Groenlandia), y enmedio de los esfuerzos activos de Estados Unidos para ahogar a los pueblos de Cuba, y de Gaza.

Con este Plan, el gobierno estadounidense aprovecha la profunda integración dependiente de la economía mexicana para imponer un nuevo instrumento de subordinación[3]. Como sabemos, los acuerdos de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá siempre se han dado en condición de amplia desigualdad. Como ejemplo tenemos el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), renombrado el T-MEC (sujeto a revisión en junio de este año).

Así como los acuerdos anteriores, este nuevo Plan binacional, que está encaminado a convertirse en parte de un acuerdo plurilateral sobre comercio de minerales críticos, representa un instrumento mediante el cual Estados Unidos busca reconfigurar el orden global para sostener los intereses de su élite. Desde esta óptica, el Plan puede leerse como “algo más de lo mismo”, sin embargo, el contexto en el que ocurre, marcado por mayores niveles de violencia, agresividad y cinismo en la imposición del interés extractivista imperial y colonial, obliga a prestarle atención más crítica y rigurosa.

Sobre los “Minerales críticos” o la trampa del concepto de minerales críticos

Como REMA insistimos en afirmar que la invención, uso y difusión del concepto de “minerales críticos” constituye una trampa discursiva con la que se legitima e impone una supuesta necesidad y urgencia colectiva para potenciar el extractivismo minero. Hoy observamos que este discurso está cada vez menos vinculado a la transición energética corporativa y, ahora, cada vez más abiertamente para servir al complejo militar-industrial y al sector de la economía tecno feudal (encabezada por la también mal llamada “Inteligencia Artificial”). Su utilización no sólo conlleva a la legitimación de undiscurso: se trata de una acción que refuerza el poder de los actores hegemónicos en el extractivismo minero: nos referimos a las empresas y al Estado extractivista que lo respalda.

Así, con la frase de “minerales críticos” se señala la construcción de un escenario de excepción, de urgencia bajo coacción de los Estados Unidos, con un escenario en México ya habilitado para proyectos que designados estratégicos o en el interés nacional, tal como ya ha sucedido con el Tren Maya, o el litio, mediante agilización de trámites, flexibilización normativa, expropiaciones, militarización. Lo que el Plan citado deja ahora evidenciado, es que el gobierno mexicano no tiene empacho en dejar atrás el discurso de la transición energética,como sentido legitimador supuestamente ‘verde’ de este impulso extractivista, para de forma velada brindar apoyo al discurso belicista que su par estadounidense evoca.

Otro aspecto que debe siempre alertarnos del uso de la noción “minerales críticos”, es su amplísima ambigüedad, ya que éstos se definen según criterios políticos, no técnicos. ¿Quién decide cuáles son esos minerales críticos? ¿Quién define en qué se ocuparán?[4] En los Estados Unidos, la última lista de minerales críticos de noviembre de 2025 abarca 60 minerales, que van mucho más allá de los minerales para la transición energética corporativa para abarcar todo lo que la economía belicista considere necesaria para sostener su hegemonía. Marcelo Ebrard mencionó en su video difundido en X, que no hay una lista definida de cuáles son los minerales críticos para el caso de México.

Principales preocupaciones que nos genera este Plan de acción

  1. Escalada de fuerza para imponer los “proyectos prioritarios”, por sobre los pueblos afectados.

El breve Plan menciona que México y Estados Unidos “identificarán proyectos específicos de minería y manufactura de interés mutuo para priorizar su financiamiento y apoyo de política pública”. Este punto nos parece sumamente preocupante, ya que puede significar que, en caso de que se identifiquen proyectos prioritarios de explotación de esta amplia lista de “minerales críticos”, si seguimos el ejemplo de los Estados Unidos, de manera conjunta, los estados desplegarían todo su aparato económico y político de coacción para la imposición de estos proyectos, y particularmente en contra de las comunidades que viven en esos territorios y que se oponen a ellos.

No cabe duda de que esto implicaría la profundización de la militarización en nuestro país, y la empeora al formalizar la injerencia estadounidense (aunque esto tampoco es tan novedoso, dado la experiencia que tiene México con la injerencia canadiense en el sector). Esto apunta a un incremento en la criminalización de los defensores del territorio y a la agudización de la violencia en esos territorios de disputa.

  1. Prospección coordinada con más recursos para la prospección y exploración. minera

El Plan menciona también un eje de “transparencia geológica” que consistirá en la compartición de información técnica detallada sobre la ubicación de yacimientos, coordinando esfuerzos entre el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y el Servicio Geológico Mexicano (SGM). Eso significaría mayores capacidades financieras y técnicas para trabajos de prospección y exploración en México, permitiendo la expansión del modelo extractivo hacia nuevos territorios y fomentando los procesos especulativos y los impactos socio territoriales relacionados con esas actividades de exploración. Además, el breve documento alcanza a mencionar que se intenta avanzar hacia un “Acopio coordinado de reservas”, lo cual anuncia el avance de actividades de prospección y exploración a lo ancho y largo del territorio.

  1. Menos margen para la aplicación del principio precautorio.

Por invocar la “cooperación regulatoria”, el plan de acción apunta a más homogeneización del marco regulatorio entre México y los Estados Unidos, o – en otras palabras – el levantamiento de barreras regulatorias para facilitar mayor extractivismo minero. Hay que tener claro que la cooperación regulatoria significa una mayor colaboración entre reguladores con el único propósito de favorecer el comercio una demanda que, desde hace muchos años, han impulsado empresas transnacionales con cadenas de suministro emplazadas en  dos o más países, tal como destaca el investigador Stuart Trew del Centro Canadiense para Políticas Alternativas.[5] El concepto de “cooperación regulatoria” ya existe en el Capítulo 28 del T-MEC pero ahora, al aplicar este concepto específicamente a los “minerales críticos”, este plan pone en riesgo la aplicación del principio precautorio para proteger cuencas hidrográficas, bosques, la salud, y la propiedad social ante esta embestida extractivista.

Como resultado, este Plan representa una nueva escala en la imposición del modelo extractivo en nuestro país, queriendo imponer una falsa justificación al llamarlo esencial para las economías y seguridad nacional de México, pero sobre todo para el interés y seguridad de las élites que gobiernan los EEUU.

Las venas abiertas de nuestro país, de América Latina y de los territorios indígenas alrededor del mundo, nos ha enseñado de lo que son capaces los gobiernos colonialistas e imperialistas para garantizar su economía y su seguridad nacional, sin importar la vida. Tal como ocurre con el gobierno estadounidense hoy en día.

El discurso mediático que esconde las cifras extractivistas en México

En el marco del anuncio del Plan de Acción resulta indispensable cuestionar las declaraciones realizadas por la presidenta C. Sheinbaum durante la conferencia matutina el 9 de febrero, en donde señaló: “no hay nada firmado”.

Así mismo, declaró que tiene “muy claro que los recursos naturales no se entregan” y la “soberanía”. Sin embargo, está declaración debe revisarse a la luz de políticas, reformas y proyectos de infraestructura recientes, que más allá del discurso, mantienen intacta la explotación del territorio. El re-etiquetamiento del fracking, ahora llamado “nuevos esquemas de extracción” en “yacimientos de geología compleja”, o llamar a los nuevos parques industriales previstos dentro del Plan México como “Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar”, ola aprobación de una Nueva ley de aguas sin mecanismos para revertir  el poder de sectores que la han acaparado, son ejemplos que nos muestran que la lógica estructural neoliberal sigue vigente, e incluso reforzada, para la entrega y explotación de los bienes naturales y de las personas. 

La afirmación de que “No vamos a iniciar un proceso de apertura de minas”, también merece una comprobación, pues contradice  los discursos y hechos de funcionarios e instituciones relacionadas con el tema minero en este sexenio. A partir del monitoreo que en la REMA realizamos con datos oficiales, como la Gaceta Ecológica de Semarnat, sabemos que en el año 2025 la Semarnat aprobó 16 Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs), de modalidad regional o particular, para trabajos de exploración minera, mientras que sólo negó 3 durante el mismo periodo. Paralelamente, el Secretario de Economía M. Ebrard, ha tenido varias encuentros de negociaciones con empresas afiliadas a la Cámara Minera de México (CAMIMEX) y durante la Convención Internacional de Minería en noviembre del 2025 se comprometió a “reanudar la exploración a mayor escala en México y otras medidas para acelerar los permisos pendientes, así como acortar tiempos y facilitar la inversión”[6]. El propio informe anual del 2025 de la CAMIMEX anuncia, sobre el extractivismo de oro: 4 expansiones de minas y 15 proyectos nuevos (con fecha de apertura entre 2025 y 2029); en materia de plata señala 3 expansiones de minas y 11 proyectos nuevos; con relación al cobre son 2 expansiones y 7 nuevos proyectos. Por lo tanto ¿de qué sirve que la Secretaría de Economía “recupere” 200 concesiones cuando representa el 0.89% de las 22,583 concesiones mineras que siguen vigentes en 2025? Con esto reafirmamos que, a las empresas mineras, les siguen sobrando permisos y apoyos por parte del gobierno mexicano para seguir saqueando nuestros territorios.

En conclusión, reiteramos que los minerales no son ni críticos ni estratégicos. Son insumos para mantener a flote un modelo energético e industrial sumamente desigual. Insumos que alimentan modos de consumo en el norte global que desbordan los límites planetarios, a costa del saqueo de los bienes naturales y de los territorios indígenas en todos lados, aunque especialmente en el sur global. Insumos para una “transición energética” corporativa que no implica ningún cambio de modelo económico, ni de matriz energética, sino que repite las mismas estructuras coloniales y de acumulación de capital. Insumos para la industria del armamento y el desarrollo de nuevas tecnologías militares. En síntesis, insumos para el despojo, la guerra y la explotación de los bienes comunes y de las personas.

Lo crítico de todo esto, no son los minerales, sino la situación hídrica de nuestro país, el aumento de la violencia sistémica vinculada a las redes de macrocriminalidad, que tiene, entre otros, el objetivo de infundir miedo en la población para ejercer control social y territorial en beneficio de diversos intereses empresariales. Lo crítico es el fortalecimiento de discursos y políticas anti derechos y fascistas. Lo crítico son tantos problemas sociales y ambientales que este nuevo acuerdo terminará fomentando.

Para quienes defendemos nuestros territorios, esos minerales críticos no existen por sí solos, son parte de nuestros cerros, subsuelos, ríos, territorios y cosmovisiones. Son parte de la vida de nuestras comunidades que seguiremos defendiendo a través del ejercicio de nuestros derechos de autodeterminación.

Por todo lo anterior, es primordial impedir que México continúe las negociaciones con los Estados Unidos con este Plan de acción sobre los minerales “críticos”, ya que plantea profundizar la dependencia de nuestro país sobre el tirano del norte y avecina consecuencias terribles para los territorios.

[1] Gobierno de México. Plan de Acción Estados Unidos – México sobre minerales críticos, 2026.

[2] Ver sus respectivos acuerdos sobre minerales

[3]  Ver https://rebelion.org/mexico-no-esta-negociando-esta-obedeciendo-acepto-un-lugar-en-la-cocina-no-en-la-mesa/,

https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/mexico-fuerte-en-9-minerales-criticos )

[4] Ver sobre esto, el video con el que Marcelo Ebrard anunció este Plan (5 de febrero de 2026)

[5] Ver https://corporateeurope.org/sites/default/files/en_from-nafta-to-ceta_k2-1_final.pdf

[6] Secretaría de Economía (19 de noviembre del 2025). Inaugura Marcelo Ebrard la XXXVI Convención Internacional de Minería; participan más de 300 empresas y autoridades. https://www.gob.mx/se/prensa/inaugura-marcelo-ebrard-la-xxxvi-convencion-internacional-de-mineria-participan-mas-de-300-empresas-y-autoridades?idiom=es-MX

Imagen: Mina Los Filos, Guerrero. Foto: Adolfo Vladimir

Declaración Conjunta – Economía Política de la Violencia: El rol de las empresas, las fuerzas de seguridad del Estado y los bancos de desarrollo en el asesinato de Berta Cáceres

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Compartimos este comunicado de diversas organización y publicado por Front Line Defenders sobre los resultados del informe de GIEI sobre el caso de Berta Cáceres- A 6 de febrero de 2026

El Informe Final del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) sobre el asesinato de Berta Cáceres confirma que la violencia contra las mujeres que defienden la tierra y el agua no es un hecho aislado. Estos crímenes son estructurales y responden a intereses económicos, modelos de desarrollo extractivos y a la complicidad entre las empresas y el Estado.

Con motivo de la presentación del Informe Final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), realizada el 12 de enero en Tegucigalpa, desde la Red-DESC expresamos nuestra solidaridad firme e inquebrantable con la familia de Berta Cáceres; con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), miembro de la Red; con la comunidad lenca de Río Blanco; y con Gustavo Castro, líder comunitario y sobreviviente del atentado en el que fue asesinada Berta Cáceres. Honramos su memoria y reafirmamos nuestro compromiso con su lucha y la de su pueblo en defensa de la vida, el territorio y los derechos colectivos.

Reconocemos y respaldamos el acompañamiento jurídico sostenido del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), también miembro de la Red, cuyo trabajo ha sido fundamental para avanzar en la búsqueda de la verdad, la justicia integral y la reparación, así como para confrontar los patrones estructurales de impunidad que persisten en este caso. Desde la Red-DESC instamos al Estado hondureño a cumplir plenamente con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, garantizar justicia para Berta Cáceres y el COPINH, y adoptar garantías efectivas de no repetición, incluyendo el cese de la criminalización y la violencia contra quienes defienden los derechos humanos y los territorios.

El Informe Final del GIEI establece que el asesinato de Berta Cáceres no fue un hecho aislado, sino el resultado de una operación criminal deliberadamente planificada y ejecutada, inscrita en un contexto más amplio de violencia patriarcal estructural, militarización, corrupción e impunidad. La investigación confirma que el crimen estuvo directamente vinculado a la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y a los intereses económicos de la familia Atala Zablah y su entramado corporativo, e identifica la participación de directivos empresariales, sicarios, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, así como el uso de estructuras financieras complejas para canalizar y ocultar recursos asociados al crimen.

Tal como recoge InSight Crime en su artículo «Informe coloca a bancos internacionales y élites de Honduras en el centro del asesinato de Berta Cáceres», los procesos judiciales derivados del crimen han resultado en la condena de ocho personas por su participación directa. Entre ellas se encuentra Roberto David Castillo Mejía, quien se desempeñaba como director ejecutivo de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), la empresa a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y vinculada al grupo empresarial Atala Zablah. También fue condenado el entonces jefe de seguridad de la compañía por su papel en la planificación y facilitación del asesinato. Sin embargo, la respuesta estatal del caso ha sido objeto de fuertes cuestionamientos, debido a la falta de avances sustantivos en la investigación y sanción de quienes habrían actuado como autores intelectuales del crimen.

Información incorporada a los expedientes judiciales en años posteriores, incluyendo el análisis de comunicaciones privadas, reveló la existencia de coordinaciones entre el grupo ejecutor del crimen y altos niveles de la estructura directiva de DESA. Estas comunicaciones involucraron a Roberto David Castillo Mejía, a Daniel Atala Midence, director financiero de la empresa, así como a miembros de su junta directiva, José Eduardo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah. A la fecha, Castillo Mejía es la única persona de este nivel jerárquico que ha sido condenada.

Como respuesta a la entrega del informe, desde la Red-DESC reunimos las voces de miembros y aliados que han acompañado de manera sostenida el caso y que continúan analizando críticamente sus avances y desafíos.

Como señaló Gerald Staberock, Secretario General de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), «el horrendo asesinato de Berta Cáceres en 2016 conmocionó al mundo y puso de manifiesto el fracaso del Estado hondureño a la hora de prevenir el crimen, salvaguardar su vida y crear un entorno seguro para las personas defensoras de derechos humanos. El caso sigue exigiendo verdad, justicia y plena rendición de cuentas, así como un cambio real de políticas para proteger los derechos y a quienes los defienden». 

Para Alexis Deswaef, Presidente de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), «las conclusiones del informe del GIEI confirman que este asesinato no fue fortuito, sino que formó parte de una estructura criminal en la que estuvieron involucradas autoridades hondureñas. Es fundamental continuar las investigaciones para esclarecer por completo este grave asesinato. Instamos al nuevo Gobierno hondureño a adoptar las recomendaciones del informe destinadas a luchar contra la impunidad y garantizar las condiciones para el ejercicio de la defensa de derechos humanos en Honduras».

El informe documenta que autoridades estatales tenían conocimiento previo del plan meses antes del asesinato, no adoptaron medidas preventivas pese a contar con alertas claras y oportunas, y posteriormente incurrieron en acciones y omisiones que obstaculizaron el acceso a la justicia. Estas conductas constituyen no solo graves violaciones a las obligaciones de debida diligencia del Estado, sino también formas de violencia institucional y de género, al exponer de manera desproporcionada a las mujeres defensoras a riesgos extremos y normalizar los ataques contra quienes desafían el poder corporativo y patriarcal.

Asimismo, establece que fondos provenientes de instituciones financieras internacionales y bancos públicos de desarrollo incluidos, el Banco de Desarrollo Empresarial de los Países Bajos (FMO) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), fueron desviados sistemáticamente y convertidos en efectivo para financiar vigilancia ilegal, intimidaciones, operaciones armadas contra el pueblo Lenca y, finalmente, el asesinato de Berta Cáceres. El GIEI establece que por el asesinato de Berta se hizo un pago en efectivo de por lo menos 500 mil lempiras ($19,000 USD) mediante 3 cheques que fueron originados de la estructura de malversación de fondos de la empresa de la familia Atala Zablah.

Además, el GIEI establece que dentro del grupo empresarial Inversiones Las Jacarandas, Jacobo Atala y José Eduardo Atala fueron designados específicamente para dar seguimiento directo y asumir la responsabilidad del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y de la inversión asociada. Asimismo, Daniel Atala, hijo de José Eduardo, fue encomendado como responsable de la gestión financiera del proyecto y de la empresa. Este involucramiento directo demuestra que la familia Atala tuvo conocimiento previo, control operativo y responsabilidad en las decisiones empresariales vinculadas al proyecto que terminaron en el asesinato de Berta.

Estos hallazgos evidencian un patrón grave de complicidad empresarial, financiera y estatal, y confirman cómo la captura corporativa de instituciones públicas y financieras facilita violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. Además, este caso constituye una expresión de lo que miembros de la Red-DESC han descrito como la Economía Política de la Violencia (EPV): un entramado estructural en el que intereses corporativos, elites políticas, instituciones financieras, fuerzas de seguridad del Estado y actores criminales convergen para imponer proyectos extractivos a costa de los derechos colectivos, el territorio y el derecho a la vida.

Para Sandra Patargo, Coordinadora de Protección para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe en Front Line Defenders, el caso de Berta Cáceres es quizás el más emblemático y representativo de la crisis de violencia ligada a los intereses corporativos y estatales hacia las comunidades y personas que defienden la vida en la región.

«La justicia impuesta a todos los responsables e implicados, la reparación integral y la cancelación permanente del Proyecto Agua Zarca no pueden ser negociables. Solo con la justicia para Berta podremos imaginar justicia para los pueblos violentados y saqueados. Las organizaciones que hemos caminado cerca del COPINH todos estos años lo seguiremos haciendo hasta que haya justicia para Berta», dice Patargo.

El carácter estructural de esta violencia queda aún más claro en las palabras de Francisco Morales, de la coordinación del Consejo del Pueblo Maya (CPO): «El informe confirma el carácter criminal del modelo económico extractivista neoliberal, que privilegia los intereses corporativos por encima de los derechos colectivos de los pueblos y la vida de las personas. Este modelo se impone en complicidad con el Estado que, en lugar de proteger a la ciudadanía, se convierte en operador delincuencial de las empresas. Se pudo evitar el asesinato de nuestra hermana Berta, pero el Estado lo permitió.»

A casi una década del crimen, persisten las condiciones estructurales que lo hicieron posible: la falta de reconocimiento pleno y de titulación del territorio colectivo lenca de Río Blanco; la vigencia de la concesión del proyecto Agua Zarca; la ausencia de rendición de cuentas de todos los autores intelectuales, materiales y financieros; y la falta de reparaciones integrales, colectivas y transformadoras.

La justicia para Berta Cáceres es inseparable de la justicia para las mujeres indígenas, las defensoras del territorio y las comunidades que continúan enfrentando violencia por defender la vida. Por ello, las reparaciones y las garantías de no repetición deben ser interseccionales y centradas en las comunidades, abordando no solo el daño individual, sino también los impactos colectivos, de género e intergeneracionales de la violencia.

Desde la Red-DESC respaldamos plenamente los hallazgos y recomendaciones del GIEI. Exhortamos al Estado de Honduras a implementarlos de manera urgente e integral, incluyendo:

  • Investigar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables.
  • Revocar todos los instrumentos jurídicos que sostienen el proyecto Agua Zarca y disolver DESA.
  • Demarcar y titular el territorio lenca.
  • Establecer reparaciones integrales.
  • Adoptar garantías efectivas de no repetición, incluyendo obligaciones vinculantes de debida diligencia en derechos humanos para empresas e instituciones financieras.

El legado de Berta Cáceres vive en la lucha colectiva por la tierra, el agua, la dignidad y la autodeterminación de los pueblos. Nos sumamos al COPINH y a la familia de Berta Cáceres en la exigencia de verdad, justicia, reparación integral y transformaciones estructurales.

*Front Line Defenders es parte de la Red-DESC, una iniciativa colectiva conformada por organizaciones y personas de distintas regiones del mundo que trabajan por la justicia económica y social desde un enfoque de derechos humanos, con especial énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales y en su plena exigibilidad, protección y realización efectiva.

Más información:

Zacatecas: Organizaciones y comunidades alertan sobre violaciones a derechos humanos y exigen la cancelación del proyecto Presa Milpillas

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Compartimos esta carta de diversas organizaciones sobre la defensa del río Atenco ante el proyecto de represa Milpillas – A 3 de febrero de 2026

A la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos

Al C. David Monreal Ávila Gobernador del Estado de Zacatecas

A los Gobiernos Municipales de Jiménez del Teul y Sombrerete, Zacatecas

Al C. Efraín Morales López Titular de la Comisión Nacional del Agua

Al C. Víctor Suárez Carrera Titular de la Procuraduría Agraria

A los Gobiernos Municipales de Jiménez del Teul y Sombrerete, Zacatecas

Las organizaciones nacionales e internacionales firmantes, todas defensoras de los derechos humanos, manifestamos nuestra profunda preocupación por la continuidad del proyecto de la presa Milpillas en los municipios de Jiménez del Teul y Sombrerete, Zacatecas, el cual ha sido promovido como proyecto prioritario en el Plan Nacional Hídrico 2024–2030.

Este proyecto pretende desviar aproximadamente el 92% del caudal del Río Atenco, lo que implicaría la devastación irreversible del ecosistema, la destrucción de los medios de vida de las comunidades ribereñas y la afectación grave al derecho humano al agua, al territorio, al medio ambiente sano, a la alimentación, a la salud y a la vida digna, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en tratados internacionales ratificados por México.

Los núcleos agrarios de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales han manifestado, durante más de diez años, su rechazo firme, libre e informado al proyecto, ejerciendo legítimamente su derecho a la autonomía, a la libre determinación y a la propiedad social, conforme al Artículo 2º Constitucional, la Ley Agraria, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Tradicionales.

La promoción del proyecto ha estado acompañada por un patrón documentado de hostigamiento, coacción, intimidación y criminalización, que incluye, entre otras prácticas:

  • Condicionamiento de programas sociales, servicios básicos y obras públicas;
  • Intimidación directa a ejidatarias, ejidatarios y defensoras y defensores del territorio;
  • Amenazas, campañas de odio, difamación y estigmatización pública;
  • Despidos injustificados vinculados a la defensa del territorio;
  • Divulgación indebida de datos personales;
  • Hackeo, extorsión digital y vigilancia;
  • Negativa de atención institucional a comunidades agrarias;
  • Provocaciones deliberadas para generar confrontación social;
  • Uso de fuerza policial, hostigamiento y persecución por parte de la Guardia Nacional.

Estas acciones constituyen violaciones graves a los derechos humanos, y podrían configurar responsabilidad administrativa, penal y estatal, además de vulnerar los estándares internacionales de protección a personas defensoras.

Durante más de una década, las comunidades han vivido en un estado permanente de zozobra, miedo e incertidumbre. Niñas, niños y adolescentes presentan afectaciones psicoemocionales, trastornos del sueño y temor por su futuro. Comunidades ribereñas han denunciado restricciones en servicios de salud, incluso en el acceso a vacunas esenciales, así como amenazas de cobro por el uso tradicional del agua del río, lo cual resulta inaceptable y contrario al principio del derecho humano al agua.

Se señala con especial preocupación el actuar de la Procuraduría Agraria en Zacatecas, la cual ha dejado de cumplir su mandato constitucional de defensa de los derechos de los sujetos agrarios, para convertirse en promotora del proyecto, condicionando la atención institucional y vulnerando la autonomía ejidal.

Denunciamos la actuación del C. Francisco Pérez Compeán, cuya conducta ha sido señalada reiteradamente por los ejidos como injerencista, parcial y contraria a los principios de legalidad, imparcialidad y respeto a la libre determinación, sin que hasta ahora exista respuesta efectiva a las quejas presentadas.

Investigadores de la Unidad de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas han demostrado la inviabilidad técnica, científica y económica del proyecto para resolver la crisis hídrica de la región, señalando que el déficit de los acuíferos supera los 262.5 millones de metros cúbicos anuales, mientras que la presa apenas aportaría 41 millones de metros cúbicos, lo que implicaría la necesidad de al menos siete presas adicionales para cubrir la demanda mínima.

Asimismo, han propuesto alternativas sustentables y más eficientes agrupadas bajo el concepto del “Camino Suave del Agua”, que prioriza la eficiencia en el uso del recurso, la restauración ecológica, la justicia hídrica y el bienestar social, con menor costo económico y menor impacto ambiental.

El proyecto, con un costo estimado superior a los 9 mil millones de pesos, representa una decisión financieramente injustificada, ambientalmente destructiva y socialmente regresiva.

Ante la gravedad de los hechos, EXIGIMOS:

  1. La cancelación definitiva e inmediata del proyecto de la presa Milpillas.
  2. La apertura de una investigación administrativa y penal contra el C. Francisco Pérez Compeán, representante de la Procuraduría Agraria en Zacatecas.
  3. La investigación al presidente municipal de Jiménez del Teul, C. Daniel Cisneros Esparza, por la negativa de atención institucional y el condicionamiento de servicios públicos.
  4. La revisión integral del estado de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Mecanismo de Protección y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el fin de garantizar verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.

Advertimos que las organizaciones firmantes permanecemos atentas a la escalada de presión y riesgo que enfrentan las comunidades. Centro de Apoyo Solidario Documentación y Estudio AC Responsabilizamos al Estado mexicano, encabezado por la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, de cualquier agresión, acto de violencia o violación a los derechos humanos que ocurra en los territorios o contra las personas defensoras.

Reiteramos que la defensa del agua, del territorio y de la vida no es un delito, sino un derecho legítimo y una obligación ética.

Atentamente

Organizaciones convocantes 

Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)

Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas 

Organizaciones, comunidades, colectivos, redes y personas firmante

Aquelarre Zacatecas

Agrupación Un Salto de Vida

Asamblea de la Comunidad Indígena Chontal El Coyul

Asamblea de la Comunidad Indígena de Jalapa del Marqués

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT

Asociación Ecológica Santo Tomás, A.C.

Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan A.C

Bcsicletos Colectivo de Ciclismo Urbano

Bienestar Cicacalco

Bios Iguana A.C.

CartoCrítica, A.C.

Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño

Centro de Derechos Humanos – Espacios para la Defensa, el Florecimiento y Apoyo Comunitario (CDH-ESPADAC)

Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental

Centro de Investigación y Capacitación Rural (CEDICAR)

Colectiva Amo Ximayahue Kan Nin Tlen Nechtlakaita (Morelos)

Colectiva Feminista MAPAS

Colectiva ¡Cambiémosla Ya!

Colectiva México Tóxico

Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia Aguascalientes

Colectivo Ciudadanos Desconocidos

Colectivo CoRaMe: Corazones y Raíces Mestizas

Colectivo Justicia para Eugui Roy

Colectivo Reforestación o Extinción

Comité Cerezo México

Comité en Defensa del Territorio de Guadalcázar

Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio, Oax

Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible A.C.

Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio en contra de la Minería (CRAADET), Gro.

Coordinación Interregional Feminista Rural Comaletzin A.C.

Coordinación de Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica (CPUEDEE)

Ejido El Bajío, Sonora

Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza

Foro Oaxaqueño del Agua

Frente de Organizaciones Ciudadanas por la Defensa del Agua de Nuevo León

Frente Popular en Defensa del Soconusco, Chiapas

Fundación Bajío Sahuaro, Sonora

Geocomunes

IDEAS Comunitarias (Oaxaca)

La Antiescuela NL

La Boca Nostra

Maderas del Pueblo del Sureste A.C.

Movimiento Feminista de Zacatecas

NEB No Es Basura

Observatorio del Despojo

Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes

Otros Mundos A.C. Chiapas / Amigos de la Tierra México

Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP)

Red de Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas en Zacatecas

Red de Docentes Feministas de la Universidad Autónoma de Zacatecas

Red de Mujeres Artesanas, Cocineras Tradicionales y Productoras del Campo de la Huasteca Potosina

Red de Rebeldía y Resistencia de Zacatecas

Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC)

Rizoma. Entretejiendo la Defensa de los Bienes Comunes

Sangre de mi Sangre Zacatecas

Sistema de Seguridad de Resguardo Territorial Indígena (SERTI), Gro

Tlalij, Yolojtli uan Nemilistlij

Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI)

Universidad a las Calles, Zacatecas

Universidad de la Tierra Puebla

Organizaciones y redes internacionales

Atlas de Justicia Ambiental, Ejatlas.org

Comité para los derechos humanos en América Latina, CDHAL, Canadá

Consejo del Pueblo Maya -CPO- Guatemala 

Miningwatch Canada.

Latin America Solidarity Centre (LASC), Irlanda

Red Nacional en Defensa del Agua, Panamá

Académicas/os

Josefa Sánchez Contreras, Universidad de Granada

Alberto Matarán Ruiz, Universidad de Granada

Joan Martinez Allier, Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)

Periodistas y/o personas defensoras de derechos humanos

J. Alberto C. Guerrero, periodista y defensor de DH

Alejandro Ruíz, periodista y defensor de Derechos Humanos

Monica Montalvo, Antropóloga 

Aideé Tassinari Azcuagua, periodista y defensora de Derechos Humanos

Lic Raquel Garcia M, Guadalupe , NL

Saúl Fuentes Olivares, Defensor de Derechos Humanos

Socorro Chablé. Periodista y Defensora de Derechos Humanos

Jackie Campbell, Defensora de Derechos Humanos

Lidia Rita Bonilla Delgado, periodista defensora de Derechos Humanos

Javier Ramirez de San Salvador Atenco

Ingmar Trujillo Félix, periodista y defensor de Derechos Humanos

Mariana Avila Montejano, Defensora de Derechos Humanos 

Lista completa de integrantes del Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC):  ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y todes (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales  (PRODESC). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.

Con copia a:

  • Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Dra. María del Rosario Piedra Ibarra
  • Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
  • Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
  • Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Criminalización de familias en Arriaga y Pijijiapanpor parte de Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec y el Corredor Interoceánico

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Compartimos este comunicado de Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa – A 28 de enero de 2026

El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. manifiesta su enérgica condena y profunda preocupación ante la denuncia penal interpuesta por Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT) y la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte (SCIT) en contra de familias de los municipios de Arriaga y Pijijiapan, Chiapas, por el presunto delito de invasión de bienes nacionales, tipificado en el artículo 150 de la Ley de Bienes Nacionales.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra tres mujeres del municipio de Pijijiapan, así como cuatro mujeres y un hombre del municipio de Arriaga, con el objetivo de exigir la entrega del derecho de vía ferroviaria, lo que constituye un acto de criminalización contra población civil en situación de vulnerabilidad, particularmente mujeres, en el contexto de la implementación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Denunciamos que el uso del derecho penal como herramienta para resolver conflictos territoriales, sociales o administrativos representa una medida extrema, desproporcionada y contraria a los principios del Estado de Derecho, pudiendo derivar en violaciones graves a derechos humanos, incluyendo:

  • El derecho al debido proceso legal (artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
  • El derecho a la presunción de inocencia (artículo 20 constitucional).
  • El derecho a la vivienda adecuada (artículo 4 constitucional y artículo 11 del
    Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). El derecho a la propiedad, posesión y seguridad jurídica (artículos 14, 16 y 27 constitucionales).
  • El derecho a no ser objeto de hostigamiento, intimidación ni persecución arbitraria (artículos 1 y 22 constitucionales).
  • El derecho a la igualdad y no discriminación, particularmente por razón de género y condición socioeconómica (artículo 1 constitucional y Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW).

Advertimos que estos hechos podrían configurar un patrón de criminalización de la pobreza, al utilizar el sistema penal para presionar, intimidar y desplazar a familias en situación de vulnerabilidad, lo cual contraviene los principios de proporcionalidad, mínima intervención penal y justicia social.

El Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, tiene la obligación constitucional einternacional de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, conforme al artículo 1 constitucional, así como a los tratados internacionales ratificados por México.

En este sentido, Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT), Secretaria de Comunicaciones Infraestructura y Transporte (SCIT) y las autoridades federales involucradas tienen la responsabilidad directa de garantizar que cualquier acción relacionada con el derecho de vía ferroviaria se realice sin recurrir a la criminalización, priorizando mecanismos administrativos, diálogo social, mediación y soluciones integrales.

Asimismo, recordamos que los desalojos forzosos sin garantías procesales, sin consulta previa, sin alternativas de reubicación digna y sin reparación del daño constituyen violaciones graves a derechos humanos, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Estos hechos se inscriben en un contexto más amplio de implementación de megaproyectos federales, en el cual diversas comunidades han denunciado la falta de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, así como riesgos de despojo territorial, desplazamiento forzado, ruptura del tejido comunitario y afectaciones a medios de vida.

Recordamos que la consulta previa es un derecho vinculante, reconocido por el Convenio 169 de la OIT, la Constitución mexicana y la jurisprudencia interamericana, por lo que ningún proyecto de infraestructura puede imponerse mediante la coerción penal.

Ante la gravedad de los hechos, exigimos:

  1. El cese inmediato de la criminalización y persecución penal contra las familias de
    Arriaga y Pijijiapan.
  2. La revisión exhaustiva y eventual desestimación de las denuncias penales por
    parte de la Fiscalía General de la República, al tratarse de un conflicto de carácter
    social, administrativo y territorial.
  3. La garantía plena del debido proceso, la presunción de inocencia y la integridad
    personal de las personas denunciadas.
  4. La apertura inmediata de un mecanismo de diálogo interinstitucional, con participación efectiva de las familias afectadas, organismos de derechos humanos y autoridades competentes.
  5. La suspensión de cualquier intento de desalojo o recuperación coercitiva del
    derecho de vía, mientras no existan condiciones legales, sociales y humanitarias adecuadas.
  6. La implementación de medidas de protección contra actos de intimidación, hostigamiento o represalias.
  7. La adopción de políticas públicas que privilegien la justicia social, la reparación integral del daño y las garantías de no repetición.

Hacemos un llamado urgente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH), organismos internacionales, medios de comunicación, colectivos sociales y a la sociedad civil, para que den seguimiento a este caso, visibilicen los riesgos y contribuyan a la prevención de violaciones graves a derechos humanos.

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C.
Tonalá, Chiapas

Presa Milpillas: Autoridades Federales y Municipales profundizan la presión y la división comunitaria para imponer un proyecto fallido

Publicada el | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario en Presa Milpillas: Autoridades Federales y Municipales profundizan la presión y la división comunitaria para imponer un proyecto fallido

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por defender el río Atenco en Zacatecas – A 23 de enero de 2026

La imposición del proyecto Presa Milpillas continúa avanzando mediante presiones institucionales y estrategias de fragmentación comunitaria y sin que exista, a la fecha, una comprobación seria, pública y verificable de su viabilidad técnica, ambiental, jurídica, económica, social, presupuestal y financiera.La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) expresamos preocupación ante la insistencia de diversas instancias del Estado Mexicano, particularmente la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Procuraduría Agraria, así como presidencias municipales de Jiménez del Teúl y Sombrerete, en impulsar un proyecto que arrastra más de una década de inconsistencias, omisiones y vacíos estructurales y que no cuenta con los permisos agrarios necesarios, ni el consentimiento de las asambleas ejidales, máxima autoridad en los núcleos agrarios y, en cambio, recurra a prácticas de presión, coacción y desinformación.

Recientemente, funcionarios han difundido públicamente la versión de que el proyecto  se encuentra al “50%de las negociaciones con los pequeños propietarios”. Esta afirmación constituye un acto de deliberado de desinformación, pues no existe ningún proceso de negociación legítimo mientras no se respete la toma de decisiones colectivas de las asambleas ejidales. Lejos de atender estas obligaciones, las autoridades han optado por presionar para apresurar la construcción de un  proyecto inviable mediante estrategias de desgaste comunitario, presión institucional e imposición que buscan fracturar la toma de decisiones colectivas y vulnerar la organización comunitaria.

La REMA denunciamos prácticas identificadas por el Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco:

  • Las autoridades ejercen presiones directas e indirectas a través de ofrecimientos condicionados, amenazas veladas y discursos sobre los supuestos beneficios que traería dicho proyecto, mismos que no se sostienen en información técnica y transparente.
  • Utilizan a autoridades municipales como operadores políticos, alentando divisiones internas y desacreditando a quienes defienden el territorio y el agua
  • Desnaturalizan el papel de la Procuraduría Agraria, que, en lugar de garantizar los derechos colectivos de los ejidos, actúa como intermediaria para facilitar la imposición del proyecto.
  • Criminalizan la resistencia, la lucha y la organización de los ejidos y comunidades con el discurso de un proyecto que busca garantizar “el derecho humano al agua” de la zona conurbada de Zacatecas, haciendo pasar por “egoístas” a los pobladores de estos ejidos y comunidades.

Estas prácticas constituyen una violación sistemática a los derechos agrarios, al derecho humano al agua, al territorio y a la libre determinación de los pueblos y comunidades rurales, que suelen ser, las más marginadas. Asimismo, reproducen un modelo de gestión autoritario y privatizador que prioriza intereses políticos y económicos por encima del bienestar colectivo y la sustentabilidad de los territorios.

Exigimos:

  • El cese inmediato de toda forma de presión, intimidación o negociación individualizada con integrantes de los ejidos.
  • El respeto irrestricto a las decisiones tomadas en asamblea, conforme a la legislación agraria vigente.Transparencia total sobre los estudios del proyecto y sus impactos sociales, ambientales y financieros.Que las instituciones del Estado actúen conforme a su mandato de garantizar derechos, no de vulnerarlos.

La defensa del agua y del territorio no es un obstáculo al desarrollo: es una condición indispensable para la vida digna y la justicia social. Las comunidades no están obligadas a aceptar proyectos impuestos, y su resistencia es legítima.

Las organizaciones estatales, nacionales e internacionales aliadas, estamos muy atentas a cualquier intento de violentar, criminalizar, desprestigiar o desacreditar la lucha del Movimiento y sus integrantes. Hacemos un llamado nacional e internacional a las organizaciones hermanas para pronunciarse a favor de la digna lucha del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco. Le hacemos expreso al Estado mexicano que tenemos los ojos puestos en este territorio y no permitiremos que se dañe la integridad de las personas del movimiento, por lo que lo hacemos responsable en sus tres niveles de gobierno ante cualquier agresión contra las y los integrantes del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco.

¡Las comunidades ya decidieron!

¡Cancelación del Proyecto Milpillas ya!

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Diversas dependencias de gobierno atestiguan la postura inflexible de Equinox Gold ante el Ejido de Carrizalillo

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Compartimos este comunicado del Ejido Carrizalillo a través de la REMA sobre su lucha por la vida y contra de la minería – A 19 de enero de 2026

SEGOB, SEMARNAT, PROFEPA, PA y la Unidad de Actividades Extractivas de la SE atestiguan la postura inflexible de Equinox Gold ante el Ejido de Carrizalillo

Carrizalillo, Mpio. Eduardo Neri, Edo. Guerrero a 19 de enero del 2026

Claudia Sheinbaum Pardo
Presidenta de México

Al pueblo de México

Buenas tardes, reciban un cordial saludo desde el campamento del ejido de Carrizalillo a prácticamente 10 meses y medio en campamento y en resistencia fuera de las instalaciones de la empresa canadiense Equinox gold, la cual desde entonces apuesta a la implementación de estrategias para doblegarnos sin mostrar flexibilidad ni empatía para establecer un diálogo basado en el respeto, del cual derive un proceso justo, sea para que continue su operación, sea para que se vaya de nuestras tierras y de nuestro país pero cumpliendo los procesos relacionados con un plan de cierre y post cierre acorde a la integralidad que requiere dicho acto.

A finales del año pasado e inicios de este se estableció una mesa de diálogo guarecida por la secretaria de Gobernación, en particular por el Subsecretario Cesar Yáñez, en donde también participan las titulares y subsecretarias tanto de Semarnat como de Profepa, el titular y subprocurador de la Procuraduría Agraria y el Titular Unidad De Coordinación De Actividades Extractivas, de la Secretaría De Economía.

En todos los encuentros tenemos la certeza y convicción de que nuestro ejido ha dejada manifiesta su postura de flexibilizar sus pretensiones y apostar a que ello motive a la empresa a lograr un acuerdo justo para las partes. Sin embargo, las representaciones de las instituciones han sido testigos de una empresa sorda, avara y arrogante que solamente se enfoca en doblegarnos por cansancio, desesperación o desorganización interna que por supuesto es provocada y azuzada por la empresa en particular por el uso faccioso del Sr. Hugo Vergara, personaje al cual de manera sutil, el gobierno federal le ha solicitado a la empresa sea sacado de dicha operación y que nosotros de manera firme seguimos sosteniendo que él no es parte ya de ningún proceso de relación que se tenga con el ejido y que es imperante su salida antes que geste una confortación entre comunidades.

El resumen de los encuentros se concentra en falta de acuerdos entre nuestro ejido y la empresa, a pesar de que nuestras pretensiones las hemos reducido en un 55% de lo que ya recibíamos, es decir hay un acto totalmente regresivo de nuestros derechos y ni aun así es suficiente para la empresa. En este contexto, son tres los aspectos que se discuten: la continuidad de la mina sin acuerdos al respecto, el cierre y post-cierre sin acuerdos al respecto y la tercera son las acciones que deben realizarse sea que haya continuidad de la mina o esta inicie el cierre, que se trata de las acciones relacionados con la remediación por la clausura de 5 sitios por parte de Profepa en donde la empresa debe atender 52 medidas de las cuales desde octubre solamente ha atendido 5 de ellas.

Como hemos señalado en diferentes boletines, es imperante que el gobierno mexicano aplique todo el peso de la ley a esta empresa y evite se siga burlando de nosotros, de los daños ambientales ocasionados y que siguen creciendo, así como del incumplimiento de la legislación bajo el absurdo de que puede ocupar nuestras tierras para hacer la remediación solamente si aceptamos sea por 49 pesos diarios.

Este lunes ejido y empresa tuvimos una reunión en donde platicaríamos específicamente de la negociación relacionada con la remediación ambiental que debe atender la empresa y que tiene una duración aproximada de entre 3 y 4 meses el ejido, y para que este proceso se realice debe pagar una indemnización de los 10 meses que lleva sin pagar renta, al mismo tiempo que no ha hecho ninguna actividad para regresarnos nuestra tierra generando estemos en indefensión total sin dinero y sin tierras para sembrarlas. Para atender el daño ambiental la empresa propone pagar 49 pesos diarios por el tiempo que dure la remediación.

Esperamos que este acto ya no sea pasado por alto por el gobierno federal y haga uso de sus instituciones para que se acabe de una vez por todas con esta empresa
que simula ser responsable social y ambientalmente, tanto en México como en Canadá. Por supuesto que solicitamos al gobierno federal una actuación integral en la cual consideren la vulneración de nuestros derechos y tengamos acceso a al reparación del daño que nos corresponde yque hemos manifestado a cada una de las instancias con las que nos hemos reunido.

Atentamente Mesa del Ejido de Carrizalillo

Foto: MINA EN EDUARDO NERI, GUERRERO, 10 JULIO 2025. ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

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El GIEI-Honduras, La verdad sobre el asesinato de Berta Cáceres

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Comunicado de Otros Mundos Chiapas sobre el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre en caso #JusticiaParaBerta a casi 10 años del asesinato de Berta Cáceres- A 12 de enero de 2026

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Otros Mundos Chiapas manifiesta su total apoyo y respaldo al Informe sobre el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres y otros delitos conexos, y propuesta sobre el plan de reparación integral, presentado el día de hoy en Tegucigalpa, Honduras, por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado bajo el acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno de Honduras.

Los hallazgos de la investigación llevada a cabo durante el año 2025 por parte del GIEI, revelan que la ejecución de Berta Cáceres donde fue herido nuestro compañero Gustavo Castro Soto, testigo del crimen, “fue encomendada a un grupo profesional de sicarios contratados específicamente para poner fin a su vida y a su lucha social, entonces centrada en la denuncia del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.” El GIEI manifiesta que “El asesinato de Berta Cáceres representa un caso paradigmático en la lucha contra la impunidad en Honduras y América Latina.”

El informe devela la trama financiera de fondos internacionales otorgados por el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de los Paı́ses Bajos
(FMO), bajo el control de Daniel Atala Midence, gerente financiero de DESA, en vinculación con
Roberto David Castillo Mejía, presidente ejecutivo de la empresa y actualmente preso. Para el GIEI,
“El asesinato de Berta Cáceres fue un crimen empresarial, financiero y político, ejecutado mediante una
arquitectura criminal compleja que articuló intereses económicos, financiamiento internacional,
estructuras de seguridad, corrupción institucional y omisiones graves del Estado.”

Para el GIEI, “Los daños derivados del asesinato de la señora Berta Cáceres y del conflicto asociado al proyecto Agua Zarca son múltiples y diferenciados. Afectan a la familia Cáceres, al testigo sobreviviente Gustavo Castro, al COPINH como organización, a la comunidad indígena lenca de Rı́o Blanco y al Rı́o Gualcarque como espacio espiritual y cultural.” El GIEI concluye que “los daños causados en el presente caso, y las correspondientes violaciones a los derechos humanos, comprometen la responsabilidad internacional del Estado de Honduras.”

Avalamos las recomendaciones del GIEI sobre la reparación integral, con medidas de cesación y restitución; de rehabilitación, de satisfacción y compensación. Con garantías de no repetición. Se recomienda además la revocación definitiva del Proyecto Agua Zarca, la titulación y saneamiento del territorio ancestral lenca de Río Blanco, la disolución y liquidación de DESA, la depuración y acceso a archivos de inteligencia, la depuración institucional y control interno, y la reforma y el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Protección, entre otras muchas medidas.

Felicitamos el trabajo del GIEI y nos sumamos a la exigencia de ¡Justicia para Berta!

OTROS MUNDOS A.C.

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