Informe: Fragmentos de la desaparición

Compartimos este informe especial publicado en Quinto Elemento Lab sobre la desaparición forzada en México- A mayo 2022

Por Marcela Turati, Efraín Tzuc y Thelma Gómez Durán

México acaba de rebasar la deshonrosa cifra de 100 mil personas desaparecidas.

Cien mil personas faltan en sus propias vidas, le faltan a sus familias, le faltan a su comunidad, le faltan a la sociedad. 

Los números otorgan una dimensión a esta epidemia de violencia: de cada 100 personas que han sido desaparecidas, 75 son hombres y 25 son mujeres.

Los números le dan dimensión al desastre humano en que el país se ha sumido: de cada 100 personas desaparecidas, 17 son menores de edad; y de éstos, cuatro aún no han cumplido 12 años. 

Toda desaparición es una catástrofe. Es una mamá que deja su propia vida para dedicarse a buscar a la hija o hijo ausentes. Es un maestro que no vuelve a dar clases. Son varios hermanos que abandonan los estudios porque les arrebataron al papá. Es una casa con un cuarto vacío, intacto, transformado en memorial. Es una milpa sin arar. Es una familia condenada a la tortura de buscar, y acosada por las enfermedades que se alimentan de la incertidumbre y la impunidad. 

Las desapariciones son el miedo que se cuela como niebla y carcome el tejido social.

Habitación de Milynali Piña Pérez desaparecida a los 13 años de edad el 14 de agosto del 2012 en Tamaulipas. Su madre, Graciela Pérez, se ha dedicado a buscarla desde entonces. Foto: Mónica González 

En México, el crimen de la desaparición no es nuevo, pero se aceleró y se convirtió en una crisis humanitaria a partir de diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón Hinojosa lanzó su “guerra contra las drogas”. Desde ese año y hasta mayo de 2022, las cifras de personas desaparecidas tuvieron un incremento de 4,086%.

Estos casos son sólo de los que se tienen registro. Hay un número incalculable de personas desaparecidas que nunca llegaron a las estadísticas. 

Las cifras han cambiado y el ritmo en que se producen también. Cada uno de los días en que Felipe Calderón gobernó al país, un promedio diario de ocho personas fueron desaparecidas. Con Enrique Peña Nieto, el número se duplicó y saltó a 16. La vorágine no ha parado. En los tres años y medio de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cifra escaló a 25. 

Y no se detiene.

La maquinaria de las desapariciones mantiene un ritmo imparable: cada día entre el 1 de diciembre de 2006 y el 3 de mayo de 2022, cada uno de esos días, un promedio de 15 personas han desaparecido de manera inevitable. 

La huella de las ausencias se ha extendido por todas partes. En la lista total de 100 mil personas desaparecidas, el 63% de los municipios del país han sido alcanzados por la mancha de la desaparición: en 1 mil 574 municipios, al menos una persona fue reportada como desaparecida y sigue sin ser localizada. 

Cinco son los municipios más golpeados al tener más de dos mil registros: Guadalajara y Zapopan, en Jalisco, así como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, en Tamaulipas.

De la “guerra sucia” a la llamada “guerra contra las drogas” 

En México, la acción violenta de desaparecer gente tiene una larga historia. 

Si miramos al pasado, el registro oficial arrancó con el caso de un joven, de entre 15 y 19 años, desaparecido en marzo de 1964, en el municipio de General Bravo, en Nuevo León. 

Desde entonces y hasta 1990, Guerrero fue el epicentro de las desapariciones. De esa entidad era la mitad de las 920 víctimas que están registradas en ese periodo conocido como “guerra sucia”, cuando el Estado mexicano usó la desaparición como método represivo para combatir a quienes consideraba opositores y “corregir” a la población.

Contingente que el 30 de agosto de 1978 acompañó al Comité ¡Eureka! a la Cámara de Diputados, para entregar el proyecto de Ley de Amnistía para los presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos. Foto: Archivo General de la Nación.

En el país nunca han dejado de desaparecer personas. En la década de los 90 se reportó la ausencia de 250. La transición política vivida en el año 2000 no llevó a que cesara esta práctica y tampoco terminó con la impunidad de la que goza este delito. En el sexenio de Vicente Fox se sumaron 819 más. 

Así que antes del 2006 se acumularon, al menos, mil 989 personas de las que, hasta ahora, no se sabe dónde están. 

La desaparición se instaló como una práctica cotidiana, masiva y sistemática de violencia a partir de la militarización de la seguridad pública. Durante los 15 años que lleva instalada la llamada “guerra contra las drogas”, México se convirtió en un hoyo negro. Un mapa marcado por ausencias. Una vergüenza que lesiona a toda la humanidad.

¿Qué sabemos sobre las personas ausentes y los territorios que habitaban? 

En Quinto Elemento Lab nos propusimos buscar las pocas pistas que arroja el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB). 

 Con apoyo de la iniciativa MORLAN, se realizaron miles de descargas automatizadas de la plataforma de consulta de ese registro para intentar reconstruir con diversos fragmentos una parte de la base de datos, ya que ésta no es pública. Así pudimos descubrir los días y semanas en que ocurrieron más desapariciones y cómo esta crisis se ha extendido en cada municipio a lo largo del tiempo.

También exploramos la última base de datos disponible que realizó el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que integra registros de personas desaparecidas que van de 1964 a junio de 2018 e incluye información sobre personas localizadas con vida o fallecidas. 

La información compilada es un caleidoscopio que muestra distintos fragmentos de la desaparición en México. Para este análisis, decidimos enfocarnos en el periodo de enero del 2006 a mayo de 2022. En ese lapso de poco más de 15 años ocurrieron ocho de cada 10 desapariciones que ha registrado México.

Madres con hijos desaparecidos protestan en el Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México en Saltillo, Coahuila, en junio del 2013. En 2009 comenzó la “epidemia” de las desapariciones en esa entidad. Foto: Mónica González.

Hay estados y municipios del país que sobresalen por ser tierra de ausencias. 

Hay lugares en donde la desaparición ya forma parte del paisaje.

En algunos es más abrumador: cinco estados concentran casi el 50% de las desapariciones.

En el 2006 sólo un municipio, Guadalajara, registró 20 personas desaparecidas, el número más alto en todo el país en ese momento. A partir de ese año, este crimen comenzó a propagarse en el norte, en especial en Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila. 

Para 2007, en Ciudad Juárez el número de personas desaparecidas saltó de 13 a 68 casos. Lo ocurrido en esa frontera se replicó en otras regiones. Ese año, Culiacán y Torreón se asomaron en el mapa de personas desaparecidas con 41 y 34 registros, respectivamente. 

A partir de ese momento, Torreón se instaló como lugar de peligro. Durante cinco años, ese municipio de La Laguna permaneció entre los diez con más casos. Para 2009, con sus 182 registros alcanzó niveles alarmantes.

En ese 2009, el noreste del país —Nuevo Laredo, Monterrey, Matamoros, Reynosa y Piedras Negras— comenzó a concentrar los números más altos de desapariciones. Ciudad Juárez, entonces la ciudad más mortífera del continente, mantuvo también esa tendencia.

En otras geografías, ese mismo año, Guadalajara —metrópoli que entonces tenía poco más de millón y medio de habitantes— sumó 60 personas desaparecidas, sólo un caso más que los contabilizados en Matamoros, ciudad fronteriza con la tercera parte de la población que tenía la capital de Jalisco. 

En el mapa del 2009, también destacó el poco habitado municipio de Ciudad Cuauhtémoc, en Chihuahua, con 39 registros, el mismo número que presentó el municipio de Puebla, en el centro del país.

El año de la pesadilla: 2010

El 2010 marcó el parteaguas de la violencia en México. Ese año se rompieron los límites de lo imaginable. Su estela de muerte y destrucción dejó una herida difícil de remontar. 

La ruptura entre antiguos aliados, los cárteles de los Zetas y del Golfo, y la disputa por territorio, rutas y control de la población, tuvo un alto costo social: poblaciones enteras pagaron por ello.

Si un año antes ningún municipio registró más de 200 desapariciones, para 2010 hubo lugares en los que se documentaron cifras récord: esa saña se notó en Matamoros (con 397 personas que faltan) o Monterrey (con 372).

 En el fragmento de 2010, entre los diez municipios con más casos apareció, por primera vez, el municipio de Durango, que registró 145.

Para observar las diferencias entre los mapas es necesario deslizar las flechas de izquierda a derecha.

En 2009, los diez municipios con más personas desaparecidas fueron: Torreón (182), Piedras Negras (39), Culiacán (32), Coahuila; Nuevo Laredo (75), Matamoros (59), Reynosa (50), Tamaulipas; Monterrey (69), Nuevo León; Guadalajara, Jalisco (60); Juárez (57), Cuauhtémoc (39), Chihuahua; y Puebla (39), Puebla. En 2010, los municipios que sufrieron más este crimen fueron: Matamoros (397), Reynosa (164), Nuevo Laredo (135), Tamaulipas; Monterrey (372), Guadalupe (61), Nuevo León; Torreón (182), Saltillo (108), Piedras Negras (76), Coahuila; Durango (145), Durango; Culiacán (92) y Mazatlán (65), Sinaloa.

La dinámica de la desaparición no observa siempre patrones predecibles. Los años siguientes el número de personas desaparecidas se estacionó, especialmente en el noreste del país. En otras regiones se empezaron a prender las alertas poco a poco. Así, se desplazó desde el norte, cruzó por el centro y se dirigió al occidente del país.

Hoy sabemos que no sólo había disputas territoriales entre organizaciones criminales; la estrategia de militarización de la seguridad pública fragmentó a los grupos armados, pulverizó equilibrios estatales y municipales, y, muchas veces, abrió camino y empoderó a nuevos grupos. Hoy se siguen pagando esas consecuencias.

La espiral de violencia adquiriría nuevas formas en 2011: las fosas clandestinas comenzaron a plagar todo el país, de manera explosiva y violenta se libró una de las disputas más sangrientas entre grupos armados en Reynosa, Nuevo Laredo y Tampico, en Tamaulipas; además de Monterrey, Nuevo León; Saltillo, Torreón y Piedras Negras, Coahuila. El efecto se resintió casi de inmediato en esas ciudades: las atrocidades se reflejaron también en los números de desapariciones, con niveles que no se habían visto antes.

La lista de diez municipios con más ausencias incluyó también a Guadalajara (113 casos) y Ciudad Cuauhtémoc (con 89).

El cierre del sexenio de Felipe Calderón mostraba las consecuencias de la política de seguridad a cargo de militares: 16 mil personas desaparecidas al concluir 2012. Ese año un municipio ocupó el primer lugar con 214 víctimas: Nuevo Laredo. Anclado en uno de los epicentros de la violencia, el calderonismo significó para este municipio una tragedia: 989 personas que, hasta ahora, no han vuelto a casa.

La crisis de desapariciones ya no se puede ocultar

Enrique Peña Nieto llegó al poder, pero la desaparición no se alejó del noreste, y si bien se mantuvo en altas cuotas, ya no lo hizo con la misma fuerza que en años previos. 

En cambio, este crimen de arrebatar personas de sus propias vidas se comenzó a generalizar en el centro y sur del país. En el Estado de México, por ejemplo, se contabilizaron un total de 332 desapariciones en 2013, aunque en 253 los datos no permiten conocer en qué municipios ocurrieron. Ese estado sobresalió a nivel nacional por su opacidad: del total de sus reportes, el 42% no especifica siquiera la fecha de los hechos.

Como si fuera un anuncio de lo que sucedió un año después, en 2013, el municipio de Iguala, en Guerrero, apareció entre los 10 con más casos reconocidos, se registraron 79 personas ausentes. Ese año también destacó Chilpancingo, con 61. Así como lo fue en las décadas de los 60 y 70.

Guerrero revivió con dolor su historia, la de las décadas de la “guerra sucia” de los años 60 y 70, cuando se convirtió en un territorio marcado por las vidas arrebatadas.

Protesta encabezada por los alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, por la desaparición en Guerrero de sus 43 compañeros. Foto: Mayolo López Gutiérrez/Obturador MX.

En 2014, la tormenta de ausencias ya fue imposible de contener y ocultar. La noche del 26 de septiembre de ese año 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa les fueron arrebatados al país, cuando un grupo de criminales y miembros de todas las corporaciones y fuerzas armadas se los llevaron y aún no regresan a casa. 

A los estudiantes se sumaron mujeres y hombres que se sumieron en la oscuridad de Iguala: el año concluyó con 124 víctimas de desaparición en ese municipio. Pero no fue el único que resintió la ola de violencia. En Acapulco se registraron 107 desapariciones, una señal de que la disputa territorial entre diferentes grupos armados, entre ellos el Ejército, se trasladó a ese estado del Pacífico.

La violencia encuentra una lógica siniestra: cuando la desaparición de personas toca a un sitio, no lo suelta. Las pérdidas se repiten.

Para observar las diferencias entre los mapas es necesario deslizar las flechas de izquierda a derecha.

En 2014, entre los municipios con más desapariciones fueron: Reynosa (139), Matamoros (110), Tampico (107), Nuevo Laredo (99), Victoria (99), Tamaulipas; Iguala (124), Acapulco (107), Guerrero; Guadalajara (112), Jalisco; Culiacán, Sinaloa (76), Juárez, Chihuahua (76) y Xalapa (74), Veracruz. En 2015, los municipios con más personas desaparecidas fueron: Culiacán (124), Mazatlán (92), Sinaloa; Nuevo Laredo (101), Matamoros (64), Reynosa (60), Tamaulipas; Zapopan (96), Guadalajara (83), Lagos de Moreno (69), Jalisco; Hermosillo (93), Sonora; Juárez (75), Chihuahua y Acapulco (68), Guerrero.

Las instantáneas de las desapariciones permanecieron casi intactas de 2015 a 2016: las tres ciudades fronterizas de Tamaulipas mantuvieron números altos. Y la metástasis en Jalisco era evidente: Guadalajara, Lagos de Moreno, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga registraron anualmente entre 69 y 108 nuevos casos. Además, lugares como el municipio de Puebla; Ahome, Sinaloa; Ciudad Juárez, Chihuahua, y Hermosillo, Sonora, registraron más de 90.

2017. Del noroeste al centro

El país registró 23 mil 79 homicidios en 2017. Una cifra que rebasó en 31% a los que se contabilizaron un año antes. Ese incremento en la violencia también se notó en las desapariciones. Ese año terminó al menos con 7 mil 900 personas ausentes, casi 2 mil más que las contabilizadas en 2016. 

El 2017 se vivió un pico de violencia. Municipios tamaulipecos —como Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros— registraron entre 152 y 362 desapariciones. También destacó Hermosillo con 263; y la capital de Puebla con 242. 

Y aunque este crimen siguió arrebatando a personas en el norte del país, en lugares como el puerto de Veracruz, donde la dinámica también se hizo inocultable: ahí 143 personas fueron desaparecidas en 2018. 

Veracruz es uno de los casos que resulta complejo abordar. Sus dinámicas violentas aparecen poco en este análisis porque uno de cada tres de los registros de desapariciones carecen de la fecha en que sucedieron. De ese tamaño era el desdén oficial.

 La crisis en Jalisco se potencializó. La entidad vivió los efectos ya conocidos en el noreste. La disputa de grupos criminales por el territorio se intensificó y durante 2019 y 2020 los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara se ubicaron entre los diez con más desapariciones en todo el país. Las más de 280 personas desaparecidas cada año en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco —este último con menos de 200 mil habitantes— lo entronizaron como un estado-problema.

Nuevos sitios golpeados por la desaparición

Terminó el 2018 y el acumulado histórico de personas desaparecidas en el país era de 54 mil 500; esta cifra no incluye aquellas denuncias en las que las autoridades no registraron las fechas de la desaparición. 

A finales de ese 2018, la presidencia del país cambió de partido con Andrés Manuel López Obrador. Las desapariciones continuaron: en el 2019 se sumaron, por lo menos, 9 mil 200 personas más. 

En 2020, la lista de 10 municipios con más desapariciones incluyó otra vez lugares del Área Metropolitana de Guadalajara, pero también tocó a municipios con ciudades capitales: Hermosillo, Culiacán, y Monterrey. Cada uno aportó más de 120 personas. En esa estadística de terror aparecieron dos alcaldías de la Ciudad de México: Gustavo A. Madero e Iztapalapa, cada una con poco más de un centenar de registros de desapariciones recién perpetradas.

En el caleidoscopio de fragmentos se observa que hubo lugares en los que, de un año a otro, la desaparición dejó de ser un delito aislado para transformarse en un terremoto con distintos epicentros. Eso sucedió en el estado de Zacatecas durante 2021. Ese año, Fresnillo registró 163 casos; y eso que desde un año antes, con 46 personas ausentes, las cifras ya eran preocupantes. 

Zacatecas es hoy la nueva meca de la desgracia.

Imagen del rostro de Sergio Orlando Beltrán Martínez, desaparecido el 7 de junio del 2017 en el centro histórico de Zacatecas a los 19 años. Foto: Adolfo V. Valtierra.

Entre los municipios que han tenido ese tipo de repuntes en casos de personas sin localizar destaca Ecatepec, en el Estado de México. En 2019 tuvo seis desapariciones. En 2020 el número se elevó a 69 y en 2021 alcanzó las 137; de éstas 51 son mujeres. 

El fragmento de los dos primeros meses de 2022 recuerda, una vez más, que la Ciudad de México no es territorio aislado de lo que pasa en el resto del país: Iztapalapa y la Gustavo A. Madero son las alcaldías que más casos registraron en ese lapso, con 29 y 27 casos, respectivamente. 

Otras geografías destacan en lo que va de 2022. Cuernavaca, Morelos, en donde este delito ya era un problema (como se reflejó en 2016 con el descubrimiento de las fosas de Tetelcingo, cavadas por el propio gobierno), otra vez comenzó a tomar vuelo: hasta el corte acumuló 29 desapariciones. 

Lo mismo sucede con el municipio de Benito Juárez, donde está Cancún, en los dos primeros meses del 2022, al menos 33 personas ingresaron a las listas de la vergüenza nacional.

Un delito que toma fuerza 

El caleidoscopio del registro oficial permite conocer otros municipios donde, de un año a otro, las denuncias llegaban como por goteo hasta convertirse en un tsunami. Entre esos casos están Mazatlán (2009-2010); Tijuana (2015-2016); Lagos de Moreno (2014-2015); y las alcaldías Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo e Iztapalapa (2018–2019).

Tepic es un caso que muestra el oscuro panorama que deja la unión entre las estructuras políticas y criminales. De seis desapariciones que ese municipio registró en 2016 aumentó casi a 100 en 2017, lo que representa casi mil 533% en un año.

El repunte en la capital de Nayarit ocurrió en este contexto: en febrero de 2017, Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido como el H2 y vinculado al Cártel de Los Beltrán Leyva, fue asesinado durante un enfrentamiento con la Marina. Un mes después, el Fiscal del Estado, Édgar Veytia fue detenido en San Diego, Estados Unidos, acusado de pertenecer a una red de tráfico de drogas. Y en junio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenecía el gobernador Roberto Sandoval —detenido en julio de 2021 por operaciones con recursos de procedencia ilícita—, perdió las elecciones a la gubernatura del estado.

¿Dónde se concentró la desolación?

Pobladores de lugares como Matamoros están entre los que han padecido por más largas e intensas temporadas las desapariciones: durante 13 años consecutivos el municipio que habitan se ubicó dentro los diez primeros con más víctimas. En 2010, por ejemplo, 70 personas desaparecieron por cada 100 mil personas. Y cada año llegó con su propia intensidad.


Fue justo en ese 2010 cuando este crimen se ensañó con la población de varias regiones tamaulipecas que no figuran en el gran mapa nacional porque tienen menor población, pero que sobresalen cuando se hace un acercamiento. Ciudad Mier, por ejemplo, rompió un récord hasta ahora no superado de 413 habitantes desaparecidos por cada 100 mil. De igual manera otros rincones de México han quedado invisibilizados en la estadística nacional aunque padecieron mucho.

Aumenta la desaparición de mujeres

Para observar las diferencias entre los mapas es necesario deslizar las flechas de izquierda a derecha

La primera desaparición registrada de una mujer ocurrió en agosto de 1968, en el municipio de Texcalyacac, Estado de México. Tenía 60 años. En las cinco décadas transcurridas desde entonces, 24 mil 750 mujeres más engrosaron la lista de desaparecidas.

Desde los años 70 hasta la actualidad, el panorama para las mujeres ha empeorado y se ha acentuado en las jóvenes: una cuarta parte de las desaparecidas entre 2006 y 2022 tienen entre 15 y 19 años.

El Estado de México es la entidad más peligrosa para las mujeres; con sus más de 2 mil 600 casos concentra el 14% del total de las que son buscadas a nivel nacional. A diferencia del resto del país, las desapariciones de mujeres ahí casi se equiparan a las de los hombres: de cada 10 víctimas, cuatro son mujeres. 

En Tamaulipas, Nuevo León y Jalisco, respectivamente, hay más de mil 500 mujeres reportadas con paradero desconocido.

Los datos y el mapa muestran que son más los hombres desaparecidos, pero si se mira cómo ha evolucionado el fenómeno criminal es evidente que para ellas se ha incrementado el peligro: en 2006 la lista de víctimas contaba con 71, para febrero de 2022 llegó a 19 mil 813.

El 2017 destacó por su violencia con 2 mil mujeres desaparecidas. 

A partir del año de la pandemia, 2020, la desaparición de mujeres no ha dado tregua. 

En 2021, en promedio, siete mujeres desaparecieron por día.

En la geografía de la desaparición femenina destacan municipios como Puebla, Hermosillo y Zapopan.

Algunos de los lugares donde la cifra de víctimas tuvo un abrupto incremento de un año a otro —lo cual tendría que prender todas las alarmas— son: el municipio de Puebla (se reflejó en 2016); Ecatepec (en 2017); Hermosillo (en 2017); Iztapalapa (en 2020) Zacatecas y Tepic (en 2021).

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Corredor Interoceánico: contaminación y acaparamiento de agua por industria

Compartimos este reportaje de Avispa Midia sobre – A 8 de mayo del 2022

En la primera publicación se analizaron los procesos de presión, privatización y especulación de tierras que comienza a ser visible sobre la propiedad social por el despliegue del componente industrial del Corredor Interoceánico del Istmo, elementos llamados Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBIS). En esta entrega analizaremos otro bien común que sería directamente impactado por la conformación de corredores industriales: el agua.


En lugares donde el agua es, de por sí, un elemento escaso, la instalación de corredores industriales afecta directamente este bien de dos formas: Por un lado, incrementa de forma inmediata la presión sobre el agua y, por otro lado, a corto y mediano plazo también constituye una de las principales fuentes de su contaminación.

En términos generales, Greenpeace, en su estudio “Ríos Tóxicos” considera que la industria es una de las tres fuentes de contaminación de los recursos hídricos en México y, este daño y su relación con la industria, ha sido ampliamente documentado por la sociedad civil e investigadores.

Armando Luis, dirigente de la comunidad de pescadores en Boca Uxpanapa quienes denuncian la contaminación en el río Coatzacoalcos. Falleció en octubre de 2020 por cáncer. Foto: Martín Álvarez Mullally, OPSur

Es el caso de río Santiago, en Jalisco, o del río Coatzacoalcos en la parte norte del Istmo de Tehuantepec, considerado el más contaminado de México y cuya contaminación es causada por la industria petroquímica. También de otros ríos cercanos a la región como el Río Atoyac, en Puebla, contaminado por industrias del ramo textil, refresquero, metalúrgico, automotriz, médico y de alimentos, así como la cuenca de Tehuacán, donde se vierten aguas residuales de la industria textil, y agroalimentaria, principalmente.

Ahora, en el caso de los proyectos de industrialización asociados al Corredor Interoceánico, ¿qué efectos socio hídricos podemos prever?

El siguiente análisis se realizó a partir de la revisión de los volúmenes de agua concesionados existentes en los 79 municipios del Corredor Interoceánico y fue elaborado a partir de datos del Registro Público de Derechos del Agua (REPDA), obtenidos con corte de septiembre del 2021.

Así mismo, se hizo la revisión del acceso al agua en las viviendas de estos municipios, elaborado a partir de los datos obtenidos en el Censo Nacional 2020, realizado a viviendas particulares habitadas y de las estimaciones sobre demanda de agua y descarga de aguas residuales publicadas en documentos oficiales del organismo público descentralizado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

La concentración actual del agua en pocas manos podría agudizarse

Actualmente, existen 24 mil 325 registros de concesiones de agua en esos municipios, con un volumen total de 624.8 millones de metros cúbicos de agua concesionada anualmente. El 65% de este volumen total proviene de fuentes superficiales (ríos) y el 35% de fuentes subterráneas que utilizan pozos.

En la región, seis municipios concentran la mitad del agua concesionada: Coatzacoalcos, Hueyapan De Ocampo, San Pedro Tapanatepec, Mecayapan, Isla y Chinameca y, de éstos, tan sólo el municipio de Coatzacoalcos concentra el 20% del volumen total de agua concesionada en el Istmo.

Los principales sectores de consumo de agua son la industria química (particularmente petroquímica) y la agroindustria. Para dimensionarlo, sirve notar que tan sólo la industria química consume un tercio de toda el agua concesionada en el Istmo mientras que el consumo total de toda la población (consumo urbano) sólo representa un cuarto del volumen total.

Volumen de agua superficial y subterránea concesionada en los 79 municipios por tipo de uso (m3/año). Fuente: GeoComunes a partir de los datos del REPDA (septiembre, 2021)

Sorprende saber que tan sólo 15 titulares concentran la mitad de toda el agua superficial y subterránea concesionada en los 79 municipios del Istmo de Tehuantepec.  Ejemplo de esto es Pemex, empresa que posee el 20% de toda el agua concesionada en el istmo. 

Titulares con mayores volúmenes de agua concesionada en los 79 municipios del Istmo de Tehuantepec. Fuente: GeoComunes a partir de los datos del REPDA (septiembre, 2021)

Tomando en cuenta que la actividad química y agroindustrial están dentro de los sectores más mencionados para dinamizar los nuevos parques industriales previstos a lo largo del Istmo, es posible prever que la construcción del proyecto de Corredor Interoceánico va a reforzar aún más el proceso de acaparamiento del agua en manos de algunos de estos sectores e, incluso, de algunos de los concesionarios que, ya hoy, acaparan este recurso.

Además de esto, podemos prever que el despliegue de este proyecto atraiga a más empresas con altos consumos hídricos y que, en consecuencia, se agudice la actual concentración de concesiones de agua a nivel sectorial y por titular de la concesión.

Un ejemplo más concreto de esto se puede ver con el caso de la empresa cervecera Constellation Brands, quien ya avizora llevar la planta que tenía prevista construir en Mexicali (cancelada por la fuerte movilización social en contra de su instalación), hacia la región del Istmo, en concreto, en el Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI) previsto en Texistepec, en el estado de Veracruz, al lado del río Papaloapan.

Según el documento Resumen Ejecutivo Plan Estratégico y Plan Maestro Conceptual del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec el gobierno estima que, para 2040 la demanda de agua para los parques industriales previstos será de 324 millones de m3 / año. Eso representa más de la mitad de toda el agua actualmente concesionada en los 79 municipios del istmo (625 millones de m3 / año) para el conjunto de usos (industrial, agrícola, público-urbano, etc.). Esos parques industriales consumirán en conjunto dos veces más agua que lo que consume actualmente el conjunto de la población istmeña (148 millones de m3 / año).

Las estimaciones de demanda de agua para el parque industrial previsto en el Barrio de la Soledad dan una idea del acaparamiento y de la grave desigualdad en el acceso al agua que podrían generar la instalación de esos parques industriales. Para este parque industrial se estima una demanda de agua de 11 millones de m3 / año. Es cuatro veces más que el consumo total de agua en este municipio (2,8 millones de m3 / año) que se debe en gran parte al gran consumo de la cementera Cruz Azul (1.2 millones de m3 / año). El parque industrial consumirá 16 veces más agua que lo que consume actualmente el conjunto de la población de este municipio.

Fuente: realización GeoComunes a partir de datos del REPDA (diciembre del 2022) y de documentos oficiales del CIIT

El tema preocupante es que, por ahora, no hay ninguna información oficial sobre cómo se obtendrán los volúmenes de agua previstos para abastecer a los parques industriales. Si provendrán de fuentes superficiales (captación de ríos o presas existentes y abastecimiento a los parques por medio de acueductos) o subterráneas (perforación de pozos en los predios de los parques industriales o a los alrededores).

El siguiente mapa muestra la disponibilidad de los acuíferos en la región, y visibiliza el riesgo que representan los parques industriales en caso que éstos se abastezcan de agua por medio de la perforación de pozos. Llama particularmente la atención el caso del acuífero Cuenca Río Papaloapan en Veracruz, que está ya en una situación de déficit de 19 hm3/año y donde están previstos instalarse tres parques industriales.

Así mismo, la situación en el acuífero Río Los Perros se podría volver crítica, ya que actualmente tiene una disponibilidad de solo 0.3 hm3/año, y ahí están previstos cinco parques industriales de la zona primaria, y otros cuatro de la zona marginal. Eso pone en grave riesgo los pozos actuales, destinados al consumo doméstico o agrícola y que son de baja profundidad, comparados con los pozos que generalmente se perforan para usos industriales, quedando en riesgo de secarse con la perforación de los pozos industriales.

Fuente: GeoComunes a partir de los datos de disponibilidad de los acuíferos de la Conagua para el año 2020. Los números en el mapa precisan la disponibilidad en hm3 / año para cada acuífero.

No existe tampoco un plan hídrico para dimensionar los posibles impactos a nivel regional a escala de cuencas o de acuíferos. Hasta el momento sólo se habla de estudios de prefactibilidad, pero no hay ningún documento de acceso público que pueda ser analizado por expertos en temas hídricos o utilizado para informar a la población posiblemente afectada.

La única información oficial existente es relativa al abastecimiento del parque industrial (PODEBI) Coatzacoalcos I (en el predio 5 de Mayo) que se pretende realizar por medio de la construcción de un acueducto para traer agua desde la presa “La Cangrejera” que abastece actualmente en agua los distintos polígonos industriales de Coatzacoalcos.

Una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) denominada “Elaboración de estudio de preinversión para la construcción de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento del Polo de Desarrollo para elBienestar (pdb) de Coatzacoalcos I, VER. (primera fase) ha sido presentada en diciembre del 2021 por el Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero la evaluación de dicha MIA por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), está actualmente “suspendida por información adicional”.

¿Qué pasará en los otros sitios donde se ha proyectado la construcción de parques industriales? ¿Habrá suficiente agua en la región para responder a este fuerte aumento de la demanda (para abastecer a todos esos parques, pero también al crecimiento poblacional que provocarán)? Y, si no es el caso, ¿quién tendría preferencia en el acceso al agua entre actividades industriales de empresas multinacionales y actividades domésticas y campesinas de la población local?

El volumen de aguas residuales vertidas en la región se incrementará, agudizando la contaminación del agua provocada por las actividades industriales

Como mencionamos arriba, un segundo elemento del problema socio hídrico a evaluar es el proceso de contaminación del agua que genera la industria. Según datos del REPDA, el volumen anual de descargas de aguas residuales de la región es de 204 millones de metros cúbicos. Sólo 5 municipios (Coatzacoalcos, San Pedro Tapanatepec, Minatitlán, Cosoleacaque y Salina Cruz) representan el 90% del volumen total de descarga de aguas residuales de la región y, tan sólo Coatzacoalcos, representa el 50% del volumen total de descargas de todo el Istmo.

En toda la región, sólo cuatro empresas realizan el 61% del volumen de descargas de aguas residuales en el Istmo: dos relacionadas con actividades petroquímicas (Pemex e Innophos Holdings), y dos otras con granjas camaroneras (Acuicultores Rinconjuarences SC de RL de CV y Sociedad Cooperativa Oceanova SCS). No sorprende saber que, en materia de descargas de aguas residuales, nuevamente es Pemex quien realiza la mayor parte de éstas: 78 millones de m3 / año, lo que constituye el 38% de todas las descargas residuales en la región.

La concentración geográfica y sectorial de la descarga de aguas residuales ayuda a entender la grave situación de contaminación en la cual se encuentra el agua en la región, particularmente el río Coatzacoalcos, considerado por un reporte de la CDNH del 2018 como el más contaminado del país, pero también otros ríos del Istmo sur como el río Tehuantepec o el río Los Perros.

La instalación de nuevas actividades industriales en la zona y el crecimiento urbano asociado a ellas agudizará la grave situación de sequía y contaminación en la cual se encuentran muchos de los ríos de la región. Ejemplo de esto es el caso de cuatro parques industriales (PODEBI) previstos en Oaxaca que se encuentran dentro de la cuenca del río Los Perros, ya que afluentes del río cruzan las zonas de los parques industriales previstos y podrían provocar una mayor contaminación de este río y del macrosistema lagunar asociado.

Fuente: Realización GeoComunes.

Según el documento Resumen Ejecutivo Plan Estratégico y Plan Maestro Conceptual del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec el gobierno estima que, para 2023, los 10 parques industriales proyectados tengan una generación de 197 millones de m3 de aguas residuales, lo que constituirá tener casi el doble de descargas residuales actuales en todo el Istmo (204 millones de m3 / año). Duplicar la emisión de aguas residuales en el Istmo, pero concentrado en las zonas cercanas a los PODEBIS, podría generar un grave aumento de las contaminaciones de los ríos, acuíferos, lagunas, manglares y de los océanos. 

Un ejemplo más que permite visibilizar este cambio lo encontramos analizando de nuevo los datos del parque industrial previsto en el Barrio La Soledad, en Oaxaca, que estima una generación de aguas residuales de 8.8 millones de m3 / año cuando actualmente el volumen de aguas residuales registrados en el REPDA para este municipio es de 1.2 millones de m3 / año, un volumen de aguas residuales alto que se explica por la presencia de la cementera de la Cruz Azul. El parque industrial previsto en este municipio proyecta descargar siete veces más aguas residuales que lo que hace actualmente la cementera, lo que genera serias dudas sobre la capacidad de tratamiento de estas aguas a lo largo del tiempo.

Si bien el discurso oficial ha sido que este tema iba a ser controlado por la construcción de plantas potabilizadoras, no existe actualmente ningún estudio científico o proyecto avanzado sobre esas plantas (dónde se ubicarán, cuál será su capacidad de tratamiento, quién estará a cargo del mantenimiento de esas plantas, etc.) y resulta grave que los parques industriales comiencen a operar sin tener esto medianamente claro.

¿Qué garantiza que, a lo largo de los años, el volumen de aguas residuales no rebase las capacidades de las plantas de tratamiento previstas? ¿Qué nos garantizaría que, más pronto que tarde, empiecen a denunciarse descargas de aguas negras o de aguas no suficientemente tratadas, ya sea por falta de capacidad, mantenimiento de las plantas, por corrupción o por descargas clandestinas de empresas, que pudieran optar por esto para ahorrarse los costos de tratamiento, como han ocurrido en tantos otros corredores industriales a lo largo del país?  Hace unas semanas el propio director de la CONAGUA Germán Martínez, reconoció que, “salvo contadas excepciones, el tratamiento y saneamiento del agua en México enfrenta un problema estructural.

¿Qué impactos acumulativos tendrán este gran aumento de aguas residuales y el riesgo de derrames de productos tóxicos y descargas no controladas de aguas negras sobre la región del Istmo norte que ya sufre desde muchos años graves problema de salud ligados a la contaminación del río Coatzacoalcos, y que ha sido reconocido por autoridades federales como la Semarnat como un “infierno ambiental” y una región que requiere de un plan de atención y recuperación ecológica?

¿Qué planes de recuperación ecológica pueden ser realistas y viables instalando cinco nuevos parques industriales con industrias altamente contaminantes y grandes volúmenes de aguas residuales previstas?

¿Que tipo de cambios esos volúmenes previstos generarán en el Istmo sur y sobre un ecosistema frágil, complejo y de vital importancia cultural y económica para los pueblos aledaños como lo es el macrosistema lagunar?

La concentración del agua y su contaminación agudizará los problemas de acceso al agua en la región

Sabemos que en México el acceso al agua de buena calidad y al saneamiento es motivo de conflictos a lo largo y ancho del país, pero ¿qué tanto lo es en esta región? y ¿cómo este acceso podría verse aún más comprometido con el despliegue de los distintos componentes del proyecto del Corredor Interoceánico y, particularmente, de la industria llamada “polos de desarrollo”?

Es claro que los procesos que hemos mencionado (el emplazamiento de actividades económicas con alto consumo de agua, la concentración de las concesiones y el aumento en el volumen de aguas residuales) agudizarán las condiciones de acceso al agua en la región. Sin embargo, este proceso será especialmente grave en lugares donde, de por sí, el acceso al agua actualmente ya es un problema.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, si bien la disponibilidad de drenaje y agua entubada en las viviendas ha venido incrementándose en las últimas décadas, para el año 2020 aún el 4.53% de las viviendas a nivel nacional no tenían drenaje, el 2.6% no contaban con agua entubada y, además, el 1.93% de las viviendas a nivel nacional no disponían de sanitario.

Al revisar estas estadísticas, además, hay que recordar que estos datos no consideran los días de disponibilidad (tandeo), el número de horas de disponibilidad, el volumen o presión a la que el agua llega, la calidad del agua e, incluso, si los habitantes de una vivienda “tiene acceso al agua entubada” aunque, para ello, los habitantes deban extraerla de pozos comunitarios o particulares, solicitarla a pipas o incluso traerla de otras viviendas. Estas estadísticas, si bien no son muy precisas para conocer la situación real de acceso al agua, puede ayudarnos a visualizar las comunidades y los sectores sociales que más padecerán la agudización de la disputa por el agua.

En términos generales, los municipios considerados dentro del proyecto del Interocéanico tienen un promedio más bajo de acceso al agua entubada que la que, a nivel estatal, presenta Oaxaca y Veracruz (ver gráfica). Además, si observamos con mayor detenimiento este supuesto acceso al agua, veremos que las formas en que los habitantes de estas viviendas obtienen el suministro, los hacen susceptibles a verse afectados por la presión que de las fuentes de agua pueda hacer la industria e, incluso, por la contaminación de los cuerpos de agua que pueda resultar.

Fuente: realización GeoComunes a partir de datos Censo de Población 2020.

El 9.82% de las viviendas de los 79 municipios que conforman el proyecto del Corredor Interoceánico no tienen acceso al agua entubada.

Fuente: realización GeoComunes a partir de datos Censo de Población 2020.

Preocupa el caso de los nueve municipios donde se proyectan desarrollar los parques industriales ya mencionados, ya que en éstos existen 9 mil 589 viviendas sin acceso a agua entubada (ver tabla). Además, actualmente, el abasto de agua en una buena parte de estas viviendas depende de fuentes superficiales o de pozos, mismos que podrían verse gravemente afectados por las descargas residuales y por la presión sobre los mantos freáticos que provoque la industria.

Tan sólo en Coatzacoalcos (el municipio con más del 20% de toda el agua concesionada en la región) hay 2 mil 585 viviendas habitadas sin acceso al agua potable y, de éstas, casi dos mil viviendas obtienen su agua al acarrearla de ríos, pozos o llaves comunitarias.

Fuente: realización GeoComunes a partir de datos Censo de Población 2020.

En los otros 13 municipios con más volumen de agua concesionada (cada uno con más de 9.5 millones de agua concesionada al año) suman 16 mil 254 viviendas sin acceso a agua entubada. Se trata de Minatitlán, Cosoleacaque, Santo Domingo Tehuantepec, Chinameca, Nanchital de Lázaro Cárdenas, Hueyapan de Ocampo, Ixhuatlán del Sureste, Angel R. Cabada, San Andrés Tuxtla, Juan Rodríguez Clara, Isla y San Pedro Tapanatepec. Todos éstos, junto con Coatzacoalcos, los podemos ver en el azul más intenso en el mapa de abajo.

Fuente: realización GeoComunes a partir de datos del REPDA (diciembre del 2022), Censo de Población 2020 y de documentos oficiales del CIIT.

Por otro lado, considerando ya no sólo el tema de la posible agudización del acaparamiento de agua y la falta de acceso a la misma, sino el tema de su probable contaminación por las descargas residuales industriales, sirve notar que los PODEBIS arriba mencionados se proyectan en municipios donde, actualmente, el acceso al agua entubada de 13 mil 683 viviendas depende de pozos. Mismos que podrían ser más susceptibles de contaminación.  Así mismo existe el riesgo de que estas viviendas puedan ver su acceso limitado por la disminución del nivel de los mantos freáticos, o por la propia contaminación.

Fuente: realización GeoComunes a partir de datos Censo de Población 2020.

Actualmente, en los ocho municipios con permisos de descargas de aguas residuales mayores a 3.5 millones de metros cúbicos (cada uno), existen 40 mil 649 viviendas ocupadas cuyo consumo de agua (entubada o sin entubar) depende de pozos y cuerpos de agua superficiales. Se trata de los municipios de Cosoleacaque, Minatitlán, Salina Cruz, Nanchital de Lázaro Cárdenas, San Pedro Tapanatepec, Ixhuatlán del Sureste, Juchitán de Zaragoza y Coatzacoalcos, municipios que en el mapa de abajo vemos en color negro.

Fuente: realización GeoComunes a partir de datos del REPDA (diciembre del 2022), Censo de Población 2020 y de documentos oficiales del CIIT.

Este artículo plantea más preguntas que respuestas sobre un tema vital para la población istmeña: el tema del agua. A pesar de la importancia de este tema, y de las consecuencias que podrían traer en la vida cotidiana de la gente, en sus costumbres y en la posibilidad de mantener actividades tradicionales de la región, como la agricultura, hasta ahora ha habido muy poca información sobre los mecanismos de abasto hídrico para los proyectos industriales del Corredor Interocéanico.

Resulta importante abrir la discusión, realizar análisis y responder a cuestionamientos básicos (y fundamentales) para la población, como ¿qué pasará con el agua? ¿Cómo se va a garantizar el acceso humano a este recurso por sobre el acceso industrial? ¿Cómo se va a garantizar que no se deteriore el estado de este recurso, de por sí escaso en la región? Nada de esto ha sido presentado de manera seria y precisa en las reuniones informativas y consultas realizadas para la venta de los predios para los parques industriales, a pesar de haber sido una de las principales inquietudes de la población local.


En la próxima y última publicación, enfocada en el tema energético, constatamos la misma tendencia relativa a la falta de información clara y precisa sobre el despliegue de nuevas infraestructuras energéticas que serán necesarias para abastecer a esos nuevos parques industriales y los impactos que eso podría generar en una región que ha sufrido, desde décadas, los impactos negativos de la instalación de infraestructura energética, así como de industrias extractivistas, en particular la relativa a la explotación de hidrocarburos y la expansión de parques eólicos.

Imagen: Por ColectivoGeocomunes-Pescadores de Playa Vicente-Foto: Santiago Navarro F.

Más información:

#JusticiaParaBerta este18 de mayo será la Lectura de Sentencia contra David Castillo

Compartimos esta información del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta y la próxima lectura de sentencia para David Castillo en la busqueda de verdadera justicia

Meses después del fallo contra David Castillo, luego de haberse pospuesto la audiencia, por fin se dará lectura a la sentencia del coautor del asesinato de nuestra compañera #BertaCáceres.

05 de julio de 2021.
La Sala I del Tribunal Sentencia Nacional de Honduras dio lectura del fallo en la causa instruida para David Castillo Mejía, a quien se le encontró culpable del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.

Después de cuatro meses del inicio del juicio oral, se conoció el fallo el lunes 5 de julio, ante la expectativa de la prensa nacional e internacional que siguieron de cerca la audiencia transmitida por las plataformas digitales del Poder Judicial.

“De la prueba evacuada en el debate, durante dos meses, la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional consideró que la extracción y vaciado de información en dispositivos celulares del imputado y otros involucrados fue lo suficientemente reveladora para establecer que Castillo ordenó la muerte de Cáceres”.

MP demuestra la culpabilidad del presidente de DESA en el asesinato de Berta Cáceres [1]

      [2]

11 Meses después del fallo contra David Castillo, por fin se dará lectura a la sentencia del coautor del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.

La sentencia debe ser coherente con lo demostrado en juicio y no debe dejar oportunidad para la impunidad.

Acompañemos este momento de exigencia de justicia y de búsqueda de castigo a los autores intelectuales.

📆 Miércoles 18 de mayo
📌 Tribunal de Sentencia en materia Penal de Tegucigalpa
⏰ 01:30 p.m.

🌿¡Justicia para Berta, no más impunidad en Honduras!🌿

      Vea aquí quienes son los máximos responsables del asesinato de

Berta Cáceres. [3]

📌 La documentación de DESA muestra que su junta comprende a miembros de las elites empresariales y políticas con mayores conexiones de Honduras, la familia Atala.
Se ha demostrado una estructura criminal que involucra a los directivos de la empresa DESA, la familia Atala Zablah y en la que se ven involucrados entes estatales y gubernamentales que realizaron acciones para favorecer el proyecto “Agua Zarca”.

David Castillo fue instrumentalizado por la familia Atala para coordinar el asesinato de Berta Cáceres, las pruebas que lo vinculan son contundentes.

A más de 6 años de impunidad, aun no hay completa justicia para Berta, hasta que se haya capturado a los máximos responsables de su asesinato, la familia Atala.

Acompáñanos utilizando los #FaltanLosAtala #NoMásImpunidad en las redes sociales etiquetando las cuentas del Poder Judicial, Ministerio Publico, Secretaria de Justicia y la Presidenta de la República.

Y juntos exijamos #JusticiaParaBerta

Imagen: COPINH

Más información:

Informe: Common Destination

Reframing aviation to ensure a safe landing and lay the tracks towards a fair planet

Compartimos con ustedes este informe de Stay Grounded sobre el cambio climatico y la aviación – A 13 de mayo del 2022

How to use this guide

This is a guide to reframe how we think, talk and write about the aviation industry and its impact on people and the planet.

* Throughout the guide we talk about ‘mobility’ rather than transport, to highlight that transport is not an end in itself but a tool to satisfy needs.

Chapter One, the Introduction, describes the objectives and approach of this report and the aims of the larger project it is part of. Start here if you want to explore the concepts this reframing project is grounded in. If you want to know why it is so important to campaign for a reduction of air traffic, what its climate and social impacts are, and how public opinion is evolving, read Chapter Two: The Urgency of the Climate Crisis and Aviation’s Role. It’s also a good place to start if you are new to campaigning against aviation, as it provides facts and figures on why an expanding aviation industry is incompatible with a thriving planet and makes a case about why, to be successful, it matters to use the lens of climate justice. If you are looking for inspiration to broaden your climate campaigning, delve into the new narratives and associated stories in Chapter Three: New Narratives to Reframe Aviation and the Economy. This chapter illustrates what a new economy based on wellbeing, care and a sustainable mobility system* could look like. It also provides five new narratives that make up the core part of this guide. And finally, if you are ready to take action and help others imagine a new way of living, working and being together, Chapter Four: How to Use Communicate the New Narratives outlines useful tools and practical advice for reframing aviation and making the case for why we must now lay the tracks towards a fair wellbeing economy.

Narratives and how to find them

The core of this report is our five narratives about the problems with the aviation industry and the way to a better mobility. You can find them in Chapter Three.

>>Sigue leyendo aquí<<

Las Abejas de Acteal Conmemoraran el 1er Aniversario del Asesinato de Simón Pedro

El próximo 5 de julio se cumple un año del asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro Pérez López, en su memoria La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal conmemoraran su memoria con la celebración de la eucaristia recordando el valiosos caminar y el trabajo de Simon Pedro por la defensa de los derechos humanos, tierra, territorio y también para pedir paz y tranquilidad en el municipio de Pantelhó. Durante esta conmemoración también se exigirá #JusticiaParaSimónPedro y que se lleve un proceso justo y transparente.

La conmemoración se realizará en su natal Ejido Nuevo Israelita, municipio de Simojovel, el martes 5 de julio del año presente, 2022.

Desde donde se encuentren les pedimos que se sumen a las exigencias de #JusticiaParaSimónPedro✊ Exijamos un debido proceso y justicia verdadera

En breve mas información de la conmemoración

Más información de caso:

Colima: Zacualpan gana un amparo contra dos concesiones mineras

Compartimos esta nota publicada en Tlanesi sobre la lucha por la vida y la resistencia anti minera en Colima – A 5 de mayo del 2021

Escrito por Pedro Zamora Briseño

En su lucha contra la minería, la comunidad indígena de Zacualpan se anotó una victoria judicial al obtener un amparo contra el procedimiento mediante el que fueron otorgados los dos títulos de concesión minera que afectaban su territorio.
Tras considerar que antes de la entrega de los permisos debió ser consultada la comunidad conforme a sus usos y costumbres, el juez federal Jorge Damián González Villaseñor, titular del Juzgado Segundo de Distrito con sede en la ciudad de Colima, dejó sin efecto las concesiones y estableció una serie de medidas para proceder frente a las solicitudes para la exploración y explotación minera en territorios indígenas.
Los títulos de concesión revocados son los 227572 y 201872, correspondientes a los lotes Tigrilla y Heliotropo, con superficies de 90.448 hectáreas y 100 hectáreas, a nombre de Mario Carlos Moncada Cantú y Adolfo Pineda Martínez, respectivamente. En el primer caso, la concesión fue otorgada en 2006 y en el segundo en 1995, ambas con una vigencia de 50 años.
En su sentencia relativa al juicio de amparo 458/2015, el juez ordenó a las autoridades federales de la materia dejar sin efecto los referidos títulos de concesión minera, pues para emitirlos “en ningún momento consideraron los usos y costumbres de dicha comunidad”, ignorando su especial situación de vulnerabilidad al ser integrante del grupo indígena nahua.
Advirtió que tampoco les fueron proporcionados los informes y documentación que los concesionarios debieron aportar para obtención de los títulos mineros, lo cual “hace evidente que no se permitió la participación de la comunidad de Zacualpan en las decisiones que derivaron en la expedición de las citadas concesiones”.
Antes de emitir una determinación en torno a la solicitud de los interesados en la exploración y explotación de los recursos minerales que pudieran existir en los lotes Tigrilla y Heliotropo, añadió la sentencia, “se deberá efectuar una evaluación de impacto social y ambiental, elaborada por un organismo independiente a las partes en este juicio, con capacidad técnica para realizar los estudios indicados”.
Posteriormente, determinó, “deberán proceder a la consulta a los integrantes de la comunidad indígena de Zacualpan, que pudieran verse afectados con los títulos de concesión, conforme a sus costumbres y tradiciones, considerando en todo momento los métodos tradicionales que utilizan en la toma de sus decisiones”.
Lo anterior, de acuerdo con la instancia jurisdiccional, “repercute en una afectación a su entorno, costumbres y actividades económicas que han sido transmitidas y realizadas de generación en generación en la comunidad quejosa”.
El juicio de amparo fue promovido en marzo de 2015 por los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y representantes del pueblo indígena electos en asamblea por usos y costumbres, con la asesoría jurídica de Guadalupe Espinoza Sauceda y Claudia Gómez Godoy.
En su demanda, los quejosos argumentaron que la emisión de las concesiones vulneraba los derechos al territorio indígena, a la protección especial de las tierras indígenas, a la consulta, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica.
Los representantes del pueblo indígena de Zacualpan hicieron notar que ambas concesiones se entregaron a personas ajenas a la comunidad y de acuerdo con el artículo 19 de la Ley Minera “otorgan el derecho a la exploración, explotación, disposición de minerales, disposición de los terrenos e incluso el derecho a obtener la expropiación de nuestro territorio, violentando con ello la protección especial que las tierras y territorios indígenas tienen tanto a nivel nacional como internacional”.
Citaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala que cuando la propiedad de los minerales sea del Estado, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.
En ese mismo sentido, sustentaron su reclamo en el artículo 6º de ese convenio y en el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se refieren también a la obligación de consultar a los pueblos antes de cualquier medida que los afecte.
En su sentencia, notificada a la comunidad este 3 de mayo, el juez citó los requisitos indispensables previstos por la Corte interamericana de Derechos Humanos para garantizar el derecho a la consulta indígena:
“Asegurar la participación efectiva de los pobladores de la comunidad materia del conflicto, garantizar que los miembros de la comunidad indígena se beneficien razonablemente del plan de desarrollo a implementar en su territorio y el Estado debe garantizar que no se emita ninguna afectación al territorio hasta que entidades independientes y técnicamente capaces realicen un estudio previo de impacto social y ambiental”.
La resolución del juicio de amparo estipuló que, en su caso, la consulta indígena debería efectuarse en las primeras etapas del procedimiento de concesión, respecto al plan de desarrollo o inversión, y no cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad indígena, para que se cuente con un lapso de tiempo adecuado para la discusión interna.
“También, se hará del conocimiento a la comunidad quejosa los posibles riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que se manifiesten de manera informada respecto de la concesión que en su momento pueda efectuarse a favor de los aquí terceros interesados”, determinó el juez.
Asimismo, “el procedimiento aquí decretado debe celebrarse de buena fe, sin que exista cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de particulares que actúen con su autorización” y “las decisiones que la comunidad indígena de Zacualpan tome, de acuerdo con el ejercicio de sus usos y costumbres, deben ser respetadas en todo momento”.

En su lucha contra la minería, la comunidad indígena de Zacualpan se anotó una victoria judicial al obtener un amparo contra el procedimiento mediante el que fueron otorgados los dos títulos de concesión minera que afectaban su territorio.
Tras considerar que antes de la entrega de los permisos debió ser consultada la comunidad conforme a sus usos y costumbres, el juez federal Jorge Damián González Villaseñor, titular del Juzgado Segundo de Distrito con sede en la ciudad de Colima, dejó sin efecto las concesiones y estableció una serie de medidas para proceder frente a las solicitudes para la exploración y explotación minera en territorios indígenas.
Los títulos de concesión revocados son los 227572 y 201872, correspondientes a los lotes Tigrilla y Heliotropo, con superficies de 90.448 hectáreas y 100 hectáreas, a nombre de Mario Carlos Moncada Cantú y Adolfo Pineda Martínez, respectivamente. En el primer caso, la concesión fue otorgada en 2006 y en el segundo en 1995, ambas con una vigencia de 50 años.
En su sentencia relativa al juicio de amparo 458/2015, el juez ordenó a las autoridades federales de la materia dejar sin efecto los referidos títulos de concesión minera, pues para emitirlos “en ningún momento consideraron los usos y costumbres de dicha comunidad”, ignorando su especial situación de vulnerabilidad al ser integrante del grupo indígena nahua.
Advirtió que tampoco les fueron proporcionados los informes y documentación que los concesionarios debieron aportar para obtención de los títulos mineros, lo cual “hace evidente que no se permitió la participación de la comunidad de Zacualpan en las decisiones que derivaron en la expedición de las citadas concesiones”.
Antes de emitir una determinación en torno a la solicitud de los interesados en la exploración y explotación de los recursos minerales que pudieran existir en los lotes Tigrilla y Heliotropo, añadió la sentencia, “se deberá efectuar una evaluación de impacto social y ambiental, elaborada por un organismo independiente a las partes en este juicio, con capacidad técnica para realizar los estudios indicados”.
Posteriormente, determinó, “deberán proceder a la consulta a los integrantes de la comunidad indígena de Zacualpan, que pudieran verse afectados con los títulos de concesión, conforme a sus costumbres y tradiciones, considerando en todo momento los métodos tradicionales que utilizan en la toma de sus decisiones”.
Lo anterior, de acuerdo con la instancia jurisdiccional, “repercute en una afectación a su entorno, costumbres y actividades económicas que han sido transmitidas y realizadas de generación en generación en la comunidad quejosa”.
El juicio de amparo fue promovido en marzo de 2015 por los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y representantes del pueblo indígena electos en asamblea por usos y costumbres, con la asesoría jurídica de Guadalupe Espinoza Sauceda y Claudia Gómez Godoy.
En su demanda, los quejosos argumentaron que la emisión de las concesiones vulneraba los derechos al territorio indígena, a la protección especial de las tierras indígenas, a la consulta, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica.
Los representantes del pueblo indígena de Zacualpan hicieron notar que ambas concesiones se entregaron a personas ajenas a la comunidad y de acuerdo con el artículo 19 de la Ley Minera “otorgan el derecho a la exploración, explotación, disposición de minerales, disposición de los terrenos e incluso el derecho a obtener la expropiación de nuestro territorio, violentando con ello la protección especial que las tierras y territorios indígenas tienen tanto a nivel nacional como internacional”.
Citaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala que cuando la propiedad de los minerales sea del Estado, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.
En ese mismo sentido, sustentaron su reclamo en el artículo 6º de ese convenio y en el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se refieren también a la obligación de consultar a los pueblos antes de cualquier medida que los afecte.
En su sentencia, notificada a la comunidad este 3 de mayo, el juez citó los requisitos indispensables previstos por la Corte interamericana de Derechos Humanos para garantizar el derecho a la consulta indígena:
“Asegurar la participación efectiva de los pobladores de la comunidad materia del conflicto, garantizar que los miembros de la comunidad indígena se beneficien razonablemente del plan de desarrollo a implementar en su territorio y el Estado debe garantizar que no se emita ninguna afectación al territorio hasta que entidades independientes y técnicamente capaces realicen un estudio previo de impacto social y ambiental”.
La resolución del juicio de amparo estipuló que, en su caso, la consulta indígena debería efectuarse en las primeras etapas del procedimiento de concesión, respecto al plan de desarrollo o inversión, y no cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad indígena, para que se cuente con un lapso de tiempo adecuado para la discusión interna.
“También, se hará del conocimiento a la comunidad quejosa los posibles riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que se manifiesten de manera informada respecto de la concesión que en su momento pueda efectuarse a favor de los aquí terceros interesados”, determinó el juez.
Asimismo, “el procedimiento aquí decretado debe celebrarse de buena fe, sin que exista cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de particulares que actúen con su autorización” y “las decisiones que la comunidad indígena de Zacualpan tome, de acuerdo con el ejercicio de sus usos y costumbres, deben ser respetadas en todo momento”.

Imagen :Epitacia Zamora Teodoro, iniciadora de la lucha contra la minería en Zacualpan. Foto: Pedro Zamora Briseño/ Archivo Tlanesi

Más información:

3 de mayo: Manifiesto por el agua

Compartimos este manifiesto por el agua de la campaña Yo Prefiero Agua Y Salud dado durante una actividad por el agua en San Cristóbal de Las Casas en el marco de la celebración de 3 de mayo

Celebrando el Día de la Santa Cruz, hoy 3 de mayo. Es una celebración de agradecimiento por el AGUA, reconocerla como el elemento que trasciende la vida de las personas pero también de todo ser vivo sobre el planeta. Elemento vivo que es parte de nuestro cuerpo, de nuestro alimento, de nuestra casa común. Es una celebración ancestral para agradecer la lluvia y toda fuente de agua.

1. El agua es vida y es sagrada, no es una mercancía

2. El agua tiene derecho a fluir limpia y libre por sus cauces naturales

3. El agua es un derecho de todos los seres vivos

4. Los bosques atraen y retienen el agua. Es urgente detener la tala de árboles

5. Debemos reforestar con árboles nativos, como el encino, ellos son guardianes del agua y la vida. Es necesario frenar el monocultivo del pino

6. La extracción de grava y arena acelera la devastación ecológica de las montañas. Es apremiante actualizar y cumplir la normatividad para frenar su explotación

7. Los humedales de montaña son ecosistemas frágiles. Rellenarlos es un ecocidio

8. Los cerros, ríos, manantiales y humedales del valle de Jovel son nuestra casa. Ciudadanos, gobernantes e instituciones estamos obligados a protegerlos

9. Estamos contaminando el agua en esta ciudad. Busquemos soluciones para sanearla con ecotecnias eficientes y viables

10. La extracción excesiva de agua está secando los pozos profundos. Es inadmisible permitir concesiones irresponsables

11. Las autoridades correspondientes deben respetar el mandato internacional del derecho humano al agua potable y al saneamiento

12. El plan de gestión de la Cuenca de Jovel debe ser apropiado por la ciudadanía y los gobernantes

13. Dignificar el agua es dignificar nuestra propia vida. Todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de cuidarla y protegerla.

Imagen: Yo Prefiero Agua y Salud

Más información:

Solidaridad feminista internacional ante cancelación ilegal de organizaciones feministas y/o que apoyan o trabajan por los derechos de las mujeres en Nicaragua.

Compartimos este comunicado de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) – A 20 de abril del 2022

  • Desde abril de 2018, el gobierno de Daniel Ortega ha cancelado ilegalmente 26 organizaciones feministas y/o que apoyan o trabajan por los derechos de las mujeres.
  • Desde la solidaridad feminista internacional hacemos un llamado para que el mundo abra sus ojos y vea a Daniel Ortega como lo que realmente es: un macho violador impune, misógino, corrupto y capitalista enriquecido a través del ejercicio despótico del poder.

En Nicaragua, ser mujer, ser feminista y estar organizada es cada vez más peligroso.

Desde 2018 al menos 26 organizaciones feministas y/o que apoyan o trabajan por los derechos de las mujeres han sido ilegalmente canceladas por el gobierno. Son organizaciones radicadas a lo largo y ancho del país, en zonas urbanas y campesinas, así como en territorios y comunidades indígenas y afrodescendientes. Algunas de ellas llevaban décadas trabajando en la denuncia y prevención de la violencia machista, exigiendo justicia por los femicidios, defendiendo los derechos laborales de las mujeres, informando y educando con perspectiva de género o promocionando los derechos sexuales y reproductivos, entre muchos otros aportes a los derechos humanos de las mujeres nicaragüenses.

Ahora, todas estás organizaciones han visto ilegalmente arrebatada su personería jurídica y la posibilidad de acceder a los recursos necesarios para desarrollar su labor. Sus oficinas han sido desmanteladas por el gobierno y sus bienes requisados. Muchas de sus integrantes han sido y son objeto de criminalización, campañas de descrédito y hostigamientos constantes, hasta el extremo de que algunas de ellas han tenido que exiliarse.

En la mayoría de casos, la cancelación de estas organizaciones se ha apoyado en procedimientos arbitrarios por parte de las instituciones responsables. Estas instituciones han puesto todo tipo de obstáculos o directamente se han negado a recibir la documentación administrativa requerida por ley, pese a que las organizaciones cumplían con todos los requisitos en tiempo y forma. Muchas otras organizaciones viven un cierre administrativo de facto, sin acceso a recursos y a la gestión de actividades, al estar sometidas a trámites y requerimientos arbitrarios.

Todo esto sucede en un país donde al menos 71 mujeres fueron víctimas de femicidio en 2021.

Donde, según datos oficiales, durante ese mismo año, más de 8 mil mujeres denunciaron haber sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar y cerca de 5 mil denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual.

Donde muchas mujeres víctimas de violencias machistas no denuncian sus casos sabiendo que no van a tener justicia y con miedo a ser revictimizadas por el Estado.

Donde miles de mujeres trabajan en maquilas de capital trasnacional bajo condiciones de explotación y extrema precariedad.

Donde desde abril de 2018 se viene agudizando la profunda crisis social, política y de graves violaciones a derechos humanos que estalló tras la brutal represión del Gobierno de Daniel Ortega a las multitudinarias protestas pacíficas contra su reforma neoliberal del seguro social, dejando a centenares de personas muertas y miles de exiliadas.

Donde trece defensoras de derechos humanos están presas y condenadas a penas de entre 8 y 18 años de cárcel por trabajar por la democratización del país. 

Donde la interrupción del embarazo está completamente penalizada y las mujeres tienen que abortar de manera clandestina y en condiciones que ponen en peligro sus vidas.

Donde el Estado ha venido desmantelando leyes, políticas e instituciones orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y avanzar hacia la igualdad que habían sido logradas gracias al trabajo y las luchas históricas de las feministas nicaragüenses. 

En este contexto, la cancelación de estas organizaciones supone un grave golpe para todas las mujeres del país, dejándolas en una situación de mayor vulnerabilidad y exposición a la violencia y a la vulneración de sus derechos fundamentales.

Las feministas de todo el mundo sabemos que los ataques de Daniel Ortega a las feministas nicaragüenses se remontan a mucho antes de la crisis de 2018. Se remontan a 1998, cuando trascendió que el mandatario había abusado sexualmente de su hijastra, Zoilamérica Narvaez Murillo, y las feministas nicaragüenses denunciaron públicamente el caso y acuerparon a Zoilamérica.

Tampoco podemos olvidar el pacto de Daniel Ortega con la jerarquía católica, que en 2006 llevó a penalizar totalmente el aborto en el país. Este pacto, junto con el que suscribió con el ex-presidente corrupto y neoliberal Arnoldo Alemán, le permitió regresar al poder traicionando la historia del Sandinismo y los valores y esperanzas por las que muchas compañeras nicaragüenses habían luchado en la revolución y contribuido a crear un proyecto de país más justo, libre e igualitario.

Desde la solidaridad feminista internacional hacemos un llamado para que el mundo abra sus ojos y vea a Daniel Ortega como lo que realmente es: un macho violador impune, misógino, corrupto y capitalista enriquecido a través del ejercicio despótico del poder.

Abrazamos a todas las compañeras de las organizaciones canceladas quienes, pese a todos los obstáculos y hostilidades que diariamente tienen que enfrentar, siguen organizadas y no cesan en su empeño de trabajar por los derechos de las mujeres nicaragüenses.

Que sepan que las feministas de América Latina y del mundo entero estamos con ellas, que no las dejaremos solas y que sabemos que lo que llevan décadas construyendo sobrevivirá a cualquier gobierno represor, hostil y corrupto, porque es el abono de los futuros que soñamos juntas y en los que tarde o temprano todas nos habitaremos libres, diversas e iguales.

Organizaciones feministas y/o que apoyan o trabajan por los derechos de las mujeres que han sido ilegalmente canceladas por el gobierno de Daniel Ortega desde abril de 2018: 

  • Asociación Centro de Capacitación de la Mujer Obrera
  • Asociación Colectivo de Mujeres de Matagalpa
  • Asociación Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH)
  • Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia Oyanka
  • Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra (MEC)
  • Asociación para la Sobrevivencia y el Desarrollo Local (ASODEL)
  • Asociación Red de Empresarias de Nicaragua (REN)
  • Centro de Derechos Constitucionales (CDC) 
  • Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua. (CEJUDHCAN)
  • Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS)
  • Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO)
  • Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
  • Colectivo 8 de Marzo.
  • Diakonia
  • Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI)
  • Fundación Centro de Comunicación y Educación CANTERA
  • Fundación Entre Volcanes
  • Fundación Luisa Mercado (FUNLUM)
  • Fundación OXFAM Ibis
  • Fundación OXFAM Intermon
  • Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer Indígena de Sutiaba
  • Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez (FUNDEMUNI)
  • Fundación Popol Na para la Promoción y el Desarrollo Municipal
  • Fundación Xochiquetzal
  • Instituto de Liderazgo de las Segovias, ILLS
  • Trocaire

La disputa por el litio en México: Bipolaridad política, pero unidad económica

Compartimos con ustedes este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 29 de abril del 2022

El pasado 20 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación[1] el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Minera, todas ellas, modificaciones que se hacen para que la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, corra a cargo del Estado, mediante un organismo público descentralizado[2]. Ante esto, y frente al escenario de encono dicotómico que, desde la clase empresarial, los partidos y el gobierno se ha impulsado, desde la REMA queremos decir lo siguiente:

Que frente a todo lo que debe abrogarse de esta Ley, el gobierno decidió mantener el carácter sumiso ante el mercado y ante el modelo extractivo con el que fue diseñada en 1992. Para empezar, este decreto continúa legalizando el saqueo, el despojo a comunidades, la destrucción de la naturaleza y los gravísimos daños a la salud que ocasiona día tras día la minería en México. Además, las modificaciones que aprobaron, si bien cambian el sujeto que puede explotar uno de los minerales, el litio (y, como se enuncia en el Artículo 10, “los demás minerales declarados como estratégicos por el Estado”), lo hace sin poner un mínimo de cuestionamiento al modelo de operación del neoextractivismo para obtener lo que hoy, se dice, es un mineral “estratégico”.

Sabemos que el litio es un mineral fundamental para lo que desde las empresas y los Estados llaman la transición energética. Sabemos que, por esto, este mineral, tan sólo en los últimos tres meses de este año, ha incrementado su valor en un 250%. Pero sabemos también los gravísimos daños sociales y ambientales que han dejado la explotación de este mineral en el mundo[3] y por ello, desde la REMA, llamamos a la sociedad a debatir más allá de las narrativas dicotómicas y simplistas sobre lo público y lo privado, impuestas por los partidos políticos, empresas y algunos medios de comunicación. Desde la REMA nos parece urgente poner en la mesa lo que consideramos es el verdadero fondo que como sociedad debemos discutir de este asunto: las causas y consecuencias del modelo extractivo (sea quien sea la instancia que lo promueva) y sobre el supuesto “modelo de desarrollo” que se impulsa a partir de toda la destrucción que causa el primero.

¿Qué dice esta reforma? Esta reforma a la ley minera, como se ha dicho, no nacionaliza el litio que es un mineral que, en el subsuelo, como los otros, ya era considerado propiedad de la nación. Lo que sí hace esta reforma es crear una excepción para que la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, a diferencia de la mayor parte de los minerales, corra a cargo del Estado. Sin embargo, esto no implica la eliminación de las concesiones otorgadas, ni la expropiación a las empresas que ya están operando. Esta reforma tampoco niega que la explotación, beneficio y aprovechamiento del litio vaya a ser realizada de manera exclusiva por el Estado[4], sino que abre la posibilidad de que la empresa pública y descentralizada que se conforme para administrar estas actividades se pueda asociar con capitales, nacionales o extranjeros, para tal fin. Así es como tanto las empresas extranjeras que ya tienen concesiones, como aquellas nacionales que seguramente estarán ávidas de sumarse al botín, podrían terminar de la mano del Estado en esta actividad. Empresas como Peñoles (de los Bailleres), Frisco (de Slim) y Grupo México (de los Larrea), empresas sobre las que penden grandes exigencias de rendición de cuentas, remediación de daños, y señalamientos sobre crímenes, podrían sumarse a este festín. Eso sí, en compañía de la instancia creada para tal fin por el Estado.

Para identificar posibles yacimientos de litio, que podrían, más adelante, ser explotados por el organismo público descentralizado que se pretende crear, el Servicio Geológico Mexicano (SGM) llevará a cabo trabajos de prospección en 82 localidades de 18 estados de la república (Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, y Zacatecas). ¿Qué pasará con las comunidades donde se encontrarán cantidades suficientes de litio para ser explotadas? Seguramente el gobierno desplegará todas sus fuerzas para avanzar con esos proyectos, sin importar lo que opinan las comunidades locales, acelerando y/o brincándose los permisos necesarios, manejando información a modo, como está pasando ahora con otros proyectos emblemáticos de la 4T como el Corredor Interoceánico o el Tren Maya. Existe también el grave riesgo que se lleven a cabo procesos de expropiaciones, bajo la noción de utilidad pública, o bajo un estandarte de que es por el beneficio del pueblo mexicano y para la soberanía energética nacional.

Además, vale la pena precisar que la mayoría de los estados donde el SGM llevará cabo trabajos de prospección para una posible explotación de litio sufren actualmente de un grave estrés hídrico y de problemas de escasez y contaminación del agua. Uno de los principales impactos de la explotación del litio denunciados por los pueblos de la región de los salares andinos de Sudamérica es justamente la alta cantidad de agua que requiere el proceso de evaporación ligado a la extracción de litio en salares o salmueras. Por esta razón la extracción del litio ha sido denominada “minería del agua”. Ciertos estudios realizados en el salar de Atacama señalan que “Para producir una tonelada de litio se evaporan 2 millones de litros de agua desde las pozas, es decir, 2 mil toneladas de agua que no es posible recircular”[5]. Provoca graves modificaciones sobre los sobre los flujos de aguas subterráneas y existen por ahora pocos estudios de los impactos que eso genera sobre ecosistemas tan frágiles y complejos como son los salares y lagunas. ¿Cómo se puede hablar de un decreto y una propuesta “en favor del pueblo mexicano” cuando pondrá en peligro uno de sus bienes más importantes y, tal vez, el más vital, como lo es el agua?

El decreto precisa que será “deber del estado proteger y garantizar la salud de los mexicanos, el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas”. Se supone que este deber del Estado hacia su población ya es un hecho marcado por la Constitución y no debería hacer falta un nuevo decreto para aplicarse. Además, el hecho que sea una paraestatal no garantiza en absoluto que se respetan esos aspectos. Sobran los ejemplos de los graves impactos provocados por proyectos de PEMEX o de la CFE, así como ejemplos de desinformación, imposición y criminalización que siempre han usado para promoverlos, tanto como los que emplean las empresas privadas. 

¿Qué no toca esta reforma? La minería ni al modelo extractivista a través del cual opera no son modificados en lo más mínimo. La 4T y los demás partidos políticos en el gobierno evaden la exigencia de justicia que, de pueblos Indígenas, comunidades campesinas, individuos ciudadana/os y organizaciones hacemos frente a las actividades mineras. Niegan la oportunidad de iniciar un replanteamiento de fondo que no tome como único camino la explotación de minerales, y su puesta en circulación dentro mercado, para beneficio del modelo económico impuesto. Todos los partidos y empresarios dicen que el litio es estratégico para el proceso de Transición Energética, pero no se cuestiona: Transición energética ¿para qué? ¿para quién? y ¿a costa de qué?

Tampoco existe discusión de fondo sobre el destino y los usuarios finales del litio. Actualmente el 88% del crecimiento de la demanda de litio se relaciona con la fabricación de coches eléctricos. En México, desde varias décadas han sido claros los impactos ambientales y la explotación laboral relacionadas con la actividad automotriz, ligados a la lógica de externalización de costos implementados por EEUU o más recientemente por ciertos países asiáticos. Ampliar el modelo y la frontera extractiva en México, y los impactos relacionados, para generar insumos destinados a ser exportados y consumidos en otros países, cuestiona la supuesta soberanía nacional aclamada con este decreto. La narrativa dominante de la necesidad del litio para vehículos eléctricos no permite, además, cuestionar este modelo de transporte individualista y elitista. Permite seguir posicionando falsas soluciones tecnológicas al posible reemplazo del petróleo (gas mediante fracking, minerales estratégicos, minería submarina, hidrogeno) sin cuestionar ni cambiar el modelo económico capitalista basado en actividades extractivistas, maquiladoras y explotadoras. La transición energética que proponen, es una transición de mercado, tecnología y capitalismo rapaz que empodera, enriquece e incrementa las desigualdades.

Por otro lado, el decreto no hace nada para liberar el estado de la estructura neoliberal a la cual se ha ligado con la firma de tratados de libre comercio y otros acuerdos de inversión internacional, como el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) que incluye Canadá o el Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (APPRI) entre México y China para nombrar solamente dos, que compromete la soberanía del estado a los intereses y los caprichos del capital transnacional que ahora amenaza con actuales y futuras demandas por decisiones como esta. Si bien el discurso gubernamental promete cancelar los permisos para privados que pasará por ejemplo con el proyecto minero de Bacanora en Sonora, adquirida por la poderosa empresa china Ganfeng Lithium, quien controla actualmente la mitad de la producción mundial de litio y quién seguramente no se saldrá tan sencillamente de este jugoso negocio. Actualmente, existen distintos mecanismos para que las empresas puedan recurrir a tribunales de arbitrajes privados como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, aplicando el mecanismo de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados. Esos mecanismos son permitidos por los 14 Tratados de Libre Comercio (TLCs) que México ha firmado con 50 países y los 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs)[6].Tratados que han sido en ciertos casos reafirmados por el gobierno de la 4T y sobre los cuales no existen el mismo supuesto discurso crítico cuando, de fondo, son los mecanismos que realmente ponen en jaque una posible soberanía nacional.

La auto-llamada 4T no ha respondido a la demanda de alto a la minería que desde muchas organizaciones sociales hacemos, ni ha respondido a la exigencia de justicia por la persecución, crímenes y daños que la minería ha generado en el país. Actualmente, existen poco más de 24 mil concesiones mineras vigentes y la superficie concesionada para esta actividad es aproximadamente de 17 millones de hectáreas, lo que corresponde al 8.63% del territorio nacional. Por su parte, la SEMARNAT ha continuado en este sexenio con la autorización de proyectos de exploración y explotación minera.

Las y los afectados por la minería exigimos que se entienda que es el modelo extractivo la causa verdadera del problema, independientemente si la empresa es de capital Estatal, público, privada. Las y los afectados por la minería decimos NO a la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio y de los demás minerales. La verdadera utilidad pública de los mismos, es la determinación de dejarlos en el subsuelo.

POR TERRITORIOS LIBRES DEL MODELO EXTRACTIVO

ALTO A LA DEVASTACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA


[1] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5649533&amp;fecha=20/04/2022

[2] https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lmin/LMin_ref05_20abr22.pdf

[3] https://ejatlas.org/featured/met_america

https://cl.boell.org/sites/default/files/2020-12/Libro%20Salares%20Andinos%20OPSAL.pdf

[4] El artículo 10, sólo menciona “La exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio quedan exclusivamente a cargo del Estado, y se llevarán a cabo por el organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones aplicables…”

 [5] https://dialogochino.net/es/actividades-extractivas-es/35354-oro-blanco-la-violenta-disputa-por-el-agua/  

[6]  https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico

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Imagen: Mina de litio. Foto: Getty Images

Más información:

Libro: TÚMIN; Moneda Autónoma

Compartimos con mucha alegría este bello libro sobre en Túmin a 10 años de su creación – A Abril del 2022 >>Descargar libro en pdf<<

Prólogo

El 6 de noviembre de 2020, el Túmin cumplió su primera década de vida. Así, como en su primer trienio se realizó un balance de esta notable experiencia, este libro es resultado del recuento y reflexión de su primer decenio de existencia.

Como se comenta en las conclusiones, el Túmin ha sido polémico desde el inicio. Primero, sorteando la acusación del Banco de México que sostenía esta moneda comunitaria y complementaria implicaba falsificación de dinero. También por su decisión de no restringir la participación por la calidad de los productos que las socias y los socios deciden ofertar, o si los mismos son productores o solo intermediarios ─suena la recurrente referencia de la posibilidad de comprar una coca cola con el Túmin─. A esto podemos agregar dos elementos adicionales: las iniciativas regionales que no lograron prosperar, así como la crisis interna que se visibilizó en la ríspida asamblea de 2016, en donde, en un contexto de expansión, las distintas voces no se lograron escuchar y, algunos valiosos y muy queridos compañeros y compañeras decidieron retirarse del colectivo.

En este ejercicio de sistematización no se eluden estas cuestiones, se recuperan y se hacen importantes reflexiones que contribuyen a fortalecer esta importante experiencia. Respecto a su política de “cero complicaciones” ─que el Túmin tenga libre circulación en vez de un uso restrictivo─ se sostiene que el Túmin es primero un proyecto monetario, una moneda que busca facilitar los intercambios, lo que no significa que no contribuya en otras dimensiones: “si bien las dimensiones económicas, políticas e ideológicas del Túmin lo hacen un proyecto integral, nació simple, como instrumento de intercambio, y el compromiso de los adherentes es también simple: pagar y cobrar con él. Ir más allá, es un logro extra muy deseable”. Asimismo, se plantea que es parte de un proceso de transición en el que las socias y los socios ─impulsados por la demanda y los procesos de concientización─ podrán ir caminando hacia la producción directa y agroecológica: “ya comenzamos cambiando el instrumento de intercambio, «dinero sucio» por «dinero sano», ahora habrá que cambiar la producción”. También se defiende un principio de “libertad responsable” el que supone pasar del “cada quien es responsable de lo que produce y de lo que consume, de lo que compra y de lo que vende” a un compromiso “con el medio ambiente y la comunidad”. En lo que se propone como un “examen de conciencia”, se plantea que “la economía solidaria no se entiende como un grado al que se llega sino una escuela donde se aprende a ser mejores personas”.

Sobre las iniciativas colectivas que naufragaron ─o no pudieron navegar─, se despliegan reflexiones en torno a la necesidad de contar con una base social, pues aquellas no pueden surgir de decisiones individuales. También se ha resaltado la necesidad de contar con un equipo coordinador, y de establecer relaciones con la experiencia, diríamos, “madre”. En ese sentido, en su segundo quinquenio ─específicamente en 2017─ se establecieron algunos criterios para conformar las llamadas “regiones autónomas”, ante el deseo y la intención de usar el Túmin más allá de Espinal, el territorio que lo vio nacer; entre esos criterios, está el de la participación mínima de 50 socias y socios. Asi mismo, se planteó la necesidad de contar con un Consejo General para articular la red nacional: las regiones autónomas ─cinco hasta febrero del 2020, más el Túmin-Totonacapan─, así como las socias y socias diseminadas en otras partes del país. Aquí se puede destacar además las alianzas que se han establecido con algunos ayuntamientos y con la iglesia para “aceptar el Túmin”.

En cuanto a los conflictos internos, ineludibles en toda experiencia social, se señala que los mismos pudieron manejarse de otra manera, no obstante, específicamente en relación a la crisis
de 2016, sería deseable un análisis más profundo, partiendo de las distintas voces, sobre las causas y razones del conflicto que impidieron una salida consensuada. Se hace una importante reflexión sobre la necesidad de priorizar el diálogo sobre el debate, como principio de actuación, abriendo espacio a la tolerancia: “este proyecto ha requerido de «ciencia, consciencia y paciencia» –como dice Luis Lopezllera, pionero de estas experiencias en México–, los tumistas tienen otro reto, la tolerancia”. Y agregan:

“La gran diversidad de pensamientos hace del Túmin un espacio polémico y en ocasiones conflictivo. El reto ha sido mantenerse unidos, compartir y aceptar los distintos puntos de vista, evitando sectarismo… para caminar juntos, el primer paso ha sido aceptarnos como somos, en lugar de querer forzar o imponer nuestros propios modos a los demás. Este principio de tolerancia, respeto y aceptación, abre las mentes y corazones de la gente, permite reconocer los propios errores, cambiar de opinión y corresponder en la ayuda mutua”.

A sus 10 años, consideramos que el Túmin es una iniciativa social que cuenta con importantes logros, y que desde los mismos ─así como desde sus dificultades─ contribuye a prefigurar elementos de una sociedad que busca liberarse de las relaciones de dominación y explotación vigentes, no sin tensiones y contradicciones. Desde la convicción de que otro mundo es posible, con el Túmin se cuestiona la mirada hegemónica que se tiene de la economía ─asociada exclusivamente al dinero oficial, el lucro y al interés individual─ y en términos prácticos contribuye a “desempoderar al dinero oficial”, al favorecer otros modos de intercambio. Diríamos además que contribuye a la desmercantilización y a valorar el trabajo, esto último al establecer que “un Túmin es igual a un minuto de trabajo”, contenido en los bienes o servicios ofrecidos, sea este manual o intelectual, rompiendo así con la mirada dicotómica que establece la supremacía del segundo sobre el primero, o las infranqueables fronteras entre uno y otro sostenidas desde el eurocentrismo, como forma hegemónica de saber.

Otros aspectos importantes considerados en la reflexión sobre los 10 años de vida del Túmin, son aquellos relacionadoscon la interculturalidad, la sustentabilidad y la descolonización. El que se pongan en la mesa resulta de gran relevancia, y, aunque sobre algunos de ellos se hacen apenas menciones generales, u otros, como en el caso de la sustentabilidad, son tratados con cierta renuencia –“la mayoría necesitamos digerir antes esta palabrita «sustentable»”‒, el que sean incluidos refleja que la reflexión trasciende el ámbito de la experiencia del Túmin como moneda.

Estos son elementos ineludibles para la transformación social, y sobre los que se debería establecer y mantener un ejercicio permanente de reflexión, dado el carácter polisémico de los términos, significantes vacíos que pueden ser “llenados” con diversos contenidos. Consideramos que la interculturalidad no tendría que ser entendido sólo como un diálogo de saberes, sino aspirar a ella como una igualdad epistémica, política y ontológica, que vaya a contrapelo de las relaciones de dominación y explotación propias de la modernidad/colonialidad capitalista, que descrea de las clasificaciones jerárquicas naturalizadas a partir de criterios como el de “raza”, sexo y clase. Esto es, para nosotros, la descolonialidad. En ese sentido, aunque el Túmin se reivindique principalmente como un proyecto monetario para facilitar los intercambios, no pueden dejar de considerarse otros aspectos de la vida social, pues el cambio social requiere esa mirada global ya que las relaciones de dominación y explotación no se limitan a la dimensión monetaria.

Es deseable que el Túmin persista en su orientación como proyecto integral, que ayude a “generar redes de intercambio, vida comunitaria, a promover los derechos indígenas, o de las mujeres, para producir y consumir productos orgánicos, generar autonomía y cooperativismo, cuidar la naturaleza o para educar a los niños en la economía solidaria y tantas cosas…”. Si es necesario complementar el “atornillador” ─el Túmin─ con el martillo, el serrucho, la lijadora y demás herramientas o instrumentos, hay que tratar de hacerlo, sin que esto signifique una exigencia al Túmin de resolverlo todo. Los problemas que actualmente enfrentamos como humanidad, nos exigen mirar y actuar considerando las diversas interrelaciones en los distintos ámbitos de la vida, desde la complejidad.

Para concluir, queremos dejar patente nuestro profundo respeto y reconocimiento a esta significativa experiencia, una de las más importantes en América Latina en lo que a monedas alternativas y cuestionamiento a la visión dominante de economía, se refiere. El Túmin, en este caminar de 10 años, ha dejado constancia de su capacidad de reflexión y acción, de adaptación y renovación, de despliegue de gran creatividad y pasiones. Se trata de una experiencia que ha alcanzado su madurez, y como otros colegas ya lo han señalado: ¡Larga vida al Túmin!
DANIA LÓPEZ CÓRDOVA
BORIS MARAÑÓN PIMENTEL

Introducción

“No es sano estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma”.
JIDDU KRISHNAMURTI

ara concluir el X aniversario del Túmin en Espinal, el 6 de noviembre de 2020, se elevó un “globo de Cantoya”1 hecho con 350 pliegos de papel de china, de unos 4 o 5 metros de alto, elaborado por jóvenes artesanos del municipio de Zozocolco, quienes llegaron a la hora acordada, a las 6 de la tarde, cuando el sol ya no se veía en el horizonte.
Lo traían en una pequeña bolsa de plástico y no parecía que de ahí fuera a salir semejante globo. De sus mochilas sacaron alambres, amarras, soplete, pinzas y otras herramientas y artefactos para inflarlo en unos minutos.

Aunque modesto en comparación con el tamaño de otros globos, era muy bello y pudo inflarse dentro del amplio auditorio. “Túmin, 10 años”, decía, y por el otro lado mostraba el ambi-
grama que diseñó el tumista Manuel Tapia.

Los jóvenes parchaban pequeñas fisuras con una cinta adhesiva transparente y metían el soplete por su gran boca para calentar el aire y mantener inflado al globo.

Aunque la mayoría de los asistentes ya se había retirado de la celebración, quienes quedaban se tomaron fotografías al pie de la gran bola.

Después lo fueron arrastrando por el aire para sacarlo del auditorio, hasta la plazuela del parque frente al palacio municipal, donde hubo más fotografías y le colgaron una botella de plástico que estabilizaría su vuelo, según se dijo.

Al final, un grupo de tumistas soltaron las amarras y de inmediato el globo se fue elevando, iluminando la noche. Tomó su rumbo hacia el municipio de Papantla, hasta que desapareció.

Los jóvenes afirman que tenía combustible para volar más o menos una hora, pero hay quienes afirman que lo han visto volando alrededor del mundo, esparciendo semillas de economía solidaria, una luz de esperanza para los pueblos. Ahí se fueron muchas cosas. El globo se llevó nuestras ilusiones y alegrías, para rociarlas por doquier. También se llevó todo lo que nos hace daño, aspirando por su boca nuestras malas vibras, envidias, desconfianzas, rencores, que se fueron con- sumiendo con el fuego… y así, por el mundo, limpiando va. Un periodista que no leyó esto, se acercó y preguntó:
─ ¿Qué significa el globo?

─ ¿Es que debe significar algo? ─respondió un compañero, rascándose la barriga, espantado por la pregunta. Pero la maestra

Irene salió al auxilio:

─ Mi vida ─le dijo al periodista─: significa que estamos contentos.

Y nadie preguntó ni respondió más.

II

El primer libro del Túmin, anterior a éste, “Aceptamos Túmin”,se resume en el primer capítulo de este segundo libro, para quienes no tienen el primero; son los primeros tres años de esta moneda comunitaria a partir de 2010. Y los siguientes capítulos completarán más de 10 años de experiencias en el Túmin: Mercado Alternativo, Economía Solidaria y Autogestión.

Esta vez no se tiene una estructura de los capítulos, si bien lleva cierto orden cronológico, por etapas.
En el segundo capítulo se habla del Contexto Académico que impulsó este proyecto, para después hablar del Turismo, debido al atractivo que pronto generó el Túmin. Seguido por el sabor comunitario de las Ferias y Tianguis, en el cuarto capítulo… y es que todo comenzó con un pequeño tianguis.
En seguida, hablamos de algo que no esperábamos, losmAyuntamientos socios, lo que puede ser motivo de otra polémica. Tampoco esperábamos un capítulo 6, donde la Iglesia so-
lidaria participa, en gran sintonía con el Túmin.

El crecimiento del Túmin nos llevó a formar Regiones autónomas y de esto hablamos en el capítulo 7, para después tratar la necesidad de un Consejo General, que viene a ser una asamblea de coordinadores y enlaces.

Ya en la segunda mitad del libro, haremos un recuento de la Emisión de billetes durante más de 10 años. Y en el capítulo diez, Qué ofrecemos, una sistematización de los productos y servicios en siete categorías.

La última parte es quizá más conceptual o reflexiva. El capítulo 11 trata el controvertido tema Túmin y sustentabilidad, para un entorno sistémico. Luego se habla de la Filosofía y pedagogía del Túmin que han ido guiando este caminar. Finalizando con el capítulo 13, Sistema financiero y economía solidaria, sobre la
importancia de un sistema económico alternativo como el Túmin.

Además, hemos incluido diversas opiniones de tumistas al final de algunos capítulos. Y todos los nombres mencionados a lo largo del libro son reales, no hay seudónimos. Lamentamos no poder mencionar a todos.
Tampoco se ha podido testificar todo lo que ha pasado. La fuente principal de información ha sido la revista Kgosni-elvolador, que, si bien no ha dejado de informar cada quincena desde 2010, no tiene toda la información consigo.

III

Pretendemos que estas páginas ayuden a cohesionar lo vivido. Y quizá puedan ser un referente para otras vivencias. Mas no se pretende un manual para hacer una moneda comunitaria, aunque a veces lo parezca; sólo se quiere compartir lo que se ha hecho, a los tumistas principalmente.

Queremos que sirva para impulsarnos en la economía solidaria, siendo el Túmin un motor y no una carga. Nos debe ayudar

a vender nuestros productos, a satisfacer necesidades, a organizarnos, a capacitarnos, a convivir, a conocer otras formas de producir y consumir; nos ha de entusiasmar. Si el Túmin es una carga, no sirve.
Y en este motor todos somos necesarios, indispensables, y líderes:

Todos necesarios. – Nadie necesita del Túmin tanto como el Túmin necesita de todos nosotros. Cada tumista es tan importante como cada uno. Ciertamente hay los más activos, que organizan, que coordinan o simplemente usan más el Túmin, sin embargo, nada de esto se podría sin los demás.
Todos indispensables. – Cada integrante hace que el Túmin sea distinto: si alguien falta el Túmin ya no es lo mismo. Así, el Túmin puede tener muchas carencias, pero, sobre todo, faltarán siempre los que ya murieron o decidieron irse. Siempre estare- mos incompletos. Nada de que “aquí nadie es indispensable”: todos somos indispensables, en algún modo.
Todos líderes. – No hay jefes, cada uno es libre de participar como quiera y de tomar decisiones, líder de sí mismo. Un liderazgo que se ve desde que alguien saca un Túmin y decide comprar; cuando decimos “págame con Túmin”; cuando coloco mi letrero “Aceptamos Túmin”. Y cada día que ese letrero está ahí
colgado, se ejerce cierto liderazgo, porque nadie me da órdenes, yo lo decido. Y si no quiero, ese letrero no se pone.
“La solidaridad es la ternura de los pueblos”.

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Video: Escuela de Justicia Energética, Conociendo Experiencias Energéticas: Biodigestor

Compartimos con ustedes este video sobre la experiencia en el proceso de formación dentro de la Escuela de Justicia Energética – Febrero 2022

Durante varios módulos de la Escuela de Justicia Energética hemos analizado el actual Modelo Extractivo energético, las supuestas energías verdes sus consecuencias socio ambientales en los territorios, y la transición energética. También conocimos experiencias de autogestión energética como el biodigestor de bio gas, es compartimos algunas de las impresiones de las y los participantes.

Más información:

Biodigestores, una aternativa encaminada a la autogestión energética

Les compartimos algunas fotografías de las instalaciones de biodigestores en difententes puntos de Chiapas, para la generación de Biogas y Biofertilizante.

El uso de los fogones abiertos afecta la salud especialmente de las mujeres, los adultos mayores, las niñas y los niños. En muchas regiones del campo la dificultad de conseguir leña, o su exclusivo uso está provocando deforestación y otros problemas asociados como la falta de agua, la pobreza de los suelos, entre otras consecuencias. El consumo de tanques de gas comercial merma la economía familiar y acelera el uso de hidrocarburos que pretendemos eliminar por el Cambio Climático. En el ámbito urbano o semiurbano se da también la crianza de cerdos y borregos que genera malos olores y descargas residuales a los ríos. Por ello consideramos que el uso de los biodigestores es un mecanismo para contrarrestar estos efectos y problemáticas tanto en las zonas rurales como urbanas y semiurbanas.

¡Energía limpia y renovable para los pueblos! Porque otros mundos son posibles.

También les compartimos este video sobre la instalación de un Biodigestor en Chilil, municipio de Hixtán, Chiapas.

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