Pronunciamiento del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco ante una declaración de la titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del Estado de Zacatecas

Compartimos este pronunciamiento a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 26 de junio de 2026

Desde el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco nos pronunciamos enérgicamente contra la versión periodística publicada hoy por El Sol de Zacatecas y que ya tiene réplica en otros medios, que presenta como una «primicia» el supuesto aval ambiental de la presa Milpillas por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Esta información, filtrada de manera ventajista y sin un sustento legal, por parte de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) del Estado, lejos de ser un logro, constituye una muestra más de las gravísimas inconsistencias que rodean a este proyecto, pues la titular de la SAMA, Susana Rodríguez Márquez, está dando a conocer una determinación que, al día de hoy, no ha sido hecha pública de manera oficial por la SEMARNAT, lo que evidencia una clara intención de simular avances y presionar a los ejidos.

La funcionaria Susana Rodríguez Márquez carece de legitimidad moral y legal para hablar de transparencia en este proceso, pues ella figura como autora intelectual en las diversas denuncias que hemos interpuesto como Movimiento por las acciones de hostigamiento y presión para la realización de compraventa de terrenos privados bajo coacción, así como por los intentos de convencer a las autoridades comunitarias para reunirse con ella para tratar el tema de la presa milpillas. Todos estos hechos son inadmisibles y Susana Rodríguez en otras ocasiones ha arremetido en nuestra contra y minimizado nuestro movimiento.

Condenamos que una persona con este tipo de señalamientos y procesos pretenda engañar a las y los zacatecanos y violente los derechos humanos y agrarios de las y los

campesinos de la región, con esta supuesta “primicia” que deja ver más la opacidad del proyecto de la presa Milpillas más que su transparencia, pues no es posible entender cómo la titular de SAMA afirma el aval al proyecto de la presa antes de que la SEMARNAT lo publique en la Gaceta Ecológica, si no es para simular avances y presionar a los ejidos en un contexto que, además, se empieza a ensuciar con las mentiras y promesas electorales.

Asimismo, denunciamos que la Secretaría del Agua y Medio Ambiente ha intentado generar la falsa impresión de que existen acuerdos o permisos con las y los ejidatarios. La realidad es contundente: no existen permisos ni autorizaciones otorgadas en los ejidos de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales. La propia funcionaria ha reconocido que las negociaciones con los núcleos ejidales serán «complejas», pero lo que omite decir es que esta complejidad deriva de la firme oposición de las comunidades, que han manifestado su rechazo rotundo al proyecto.

Lamentamos profundamente que Susana Rodríguez Márquez se haya encargado sistemáticamente de querer dejar de lado a las y los ejidatarios, desconociendo sus derechos agrarios y la voluntad popular expresada en el «No a la Presa Milpillas». Su actuar revela una vocación autoritaria que menosprecia la autodeterminación de los pueblos, al tiempo que privilegia los intereses de grandes corporaciones por encima del derecho humano al agua y a un medio ambiente sano.

Hacemos un llamado a las autoridades federales y estatales para que actúen con estricto apego a la legalidad y a los principios de transparencia y respeto a los derechos humanos. Exigimos:

  1. Que la SEMARNAT se pronuncie de manera oficial y pública sobre el estatus del Manifiesto de Impacto Ambiental, sin filtraciones ni simulaciones.
  2. El cese inmediato de cualquier acto de hostigamiento, coacción o presión contra las y los ejidatarios de la región.
  3. El respeto irrestricto a la decisión de las comunidades, que han dicho NO a la presa Milpillas, y el inicio de un diálogo genuino que ponga en el centro la vida, el territorio y el agua.

Nosotras y nosotros, los pueblos, comunidades y ejidos, quienes somos los que decidimos sobre nuestra tierra y nuestros territorios, les decimos claro y fuerte: ¡Aquí no hay, y no habrá, permiso para la presa Milpillas! Somos ejidos con una decisión clara expresada a través de nuestros sistemas normativos internos, y por usos y costumbres, y nuestra decisión es que no hay permiso para la muerte; no a los megaproyectos como la presa Milpillas. Esta es una respuesta para la titular de SAMA, y para todos aquellos funcionarios que siguen queriendo imponer el proyecto de la presa, lanzando “primicias” que buscan pasar por encima de nuestros derechos humanos, sobre nuestra libre determinación y sobre nuestra tierra: ¡Aquí no habrá presa Milpillas!

¡Elaguaesvida,nonegocio!

¡ElterritorioyelríoAtencosedefienden,gobiernequiengobierne!

ATENTAMENTE

Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco

Comunidad científica llama a México a descartar el fracking

Compartimos este comunicado de la Alianza Mexicana contra el Fracking sobre el pronunciamiento de la comunidad científica – A 16 de junio de 2026

Comunidad científica llama a México a descartar el fracking y aplicar el principio precautorio

El pronunciamiento reúne 178 firmas de científicas, científicos y especialistas de México y otros 14 países de América Latina, Europa y Norteamérica.

  • Entre las personas firmantes se encuentran especialistas en salud pública, integrantes de universidades y centros de investigación, participantes en informes del IPCC y exministros de economía, ambiente y ciencia.
  • Dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y al comité encargado de evaluar la fracturación hidráulica en México, el pronunciamiento advierte que los impactos del fracking no son excepcionales ni marginales, sino riesgos recurrentes documentados por la evidencia científica internacional.
  • Señalan que el fracking no debe evaluarse como una técnica de extracción, sino como un sistema completo de intervención territorial con impactos acumulativos sobre el agua, la salud pública, el clima y las comunidades.

Un grupo de 178 científicas, científicos y especialistas de México y otros países hizo público un pronunciamiento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y al comité encargado de evaluar la fracturación hidráulica en México, en el que llama al Estado mexicano a descartar la expansión del fracking y aplicar el principio precautorio ante riesgos graves, acumulativos o potencialmente irreversibles.

El documento sostiene que la evidencia científica internacional acumulada durante las últimas décadas muestra un patrón consistente: los impactos del fracking no son excepcionales ni marginales, sino riesgos recurrentes asociados a una actividad industrial intensiva, dispersa territorialmente y difícil de supervisar.

Las personas firmantes provienen de universidades, centros de investigación e instituciones públicas de distintos países. Entre ellas se encuentran especialistas en salud, cambio climático, energía, ecología, economía ecológica y justicia ambiental, además de participantes en informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y personas con trayectoria al frente de ministerios e instituciones científicas y ambientales.

Una de las advertencias centrales del pronunciamiento es que el fracking no debe evaluarse únicamente como una técnica de extracción, sino como un sistema completo de intervención territorial por toda la infraestructura implicada.

En México, estos riesgos serían especialmente preocupantes por el estrés hídrico creciente, las sequías recurrentes y los conflictos por el acceso al agua. La fracturación hidráulica implica un alto consumo de agua dulce y genera aguas residuales de difícil manejo, incluidos materiales radioactivos presentes en las formaciones geológicas.

El pronunciamiento también alerta sobre riesgos para la salud pública en poblaciones cercanas a pozos, ductos, estaciones de compresión, plantas de procesamiento o sitios de disposición de residuos: cuadros como afecciones respiratorias, cardiovasculares, reproductivas, perinatales, neurológicas y de salud mental.

Desde una perspectiva climática, el documento señala que expandir el fracking profundizaría la dependencia del gas fósil en México, advierte que el gas extraído mediante fracking implica emisiones significativas de metano, un gas de efecto invernadero de alto poder de calentamiento en el corto plazo.

Finalmente, subrayan los riesgos económicos de apostar por una industria sujeta a precios internacionales volátiles, alta incertidumbre productiva y costos sanitarios y ambientales que suelen trasladarse al Estado, a las comunidades afectadas y a
generaciones futuras.

Por estas razones, las personas firmantes llaman a que México adopte el principio precautorio y avance hacia una prohibición explícita del fracking, como ya lo han hecho diversos países y regiones del mundo. El documento sostiene que la política energética debe orientarse hacia alternativas compatibles con la protección del agua, la salud pública, la justicia ambiental, la reducción de emisiones y los derechos de las comunidades.

El texto completo del pronunciamiento y la lista de personas firmantes pueden consultarse en: https://nofracking.s.gy/cartacientificos

“Otro mundial es posible”: Realizan torneo de fútbol en solidaridad con Palestina en San Cristóbal

Compartimos esta nota de Fuera de lugar de Desinformemonos – A 20 de junio de 2026

Texto y Fotos: Xolotl

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Con el objetivo de visibilizar la situación actual en Palestina y recaudar fondos de apoyo, este sábado 20 de junio se llevó a cabo el torneo de fútbol “Otro mundial es posible: Por Palestina”.


El evento, organizado por la colectiva Acción Palestina Chiapas en las instalaciones de la cervecería local Naufragio, reunió a familias, jóvenes y diversas personas de la comunidad local en una jornada que combinó el deporte con el apoyo social.


Durante la actividad se desarrollaron partidos en la modalidad de “retas” de 5 contra 5, contando con una participación destacada de niños, niñas y adultos que formaron equipos de manera abierta. De manera simultánea, se instaló una kermés con venta solidaria de comida, tacos y cerveza, cuyos fondos recaudados serán destinados íntegramente a iniciativas de apoyo para la población palestina.


La jornada transcurrió en un ambiente de convivencia familiar y comunitaria, donde los asistentes compartieron el espacio deportivo y sumaron esfuerzos en torno a la causa solidaria.

Imagen de portada: Xolotl

Pronunciamiento del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco sobre la Informativa Zacatecas

Compartimos este pronunciamiento de la lucha por el río Atenco ante el proyecto de la presa Milpillas – A 10 de junio de 2026

Los ejidos y las comunidades río abajo que conformamos el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, nos pronunciamos contra las declaraciones del titular del poder ejecutivo en el estado de Zacatecas, quien de manera tendenciosa manifestó, en La Informativa de Zacatecas (08 de junio de 2026), que “…no va a quitar el dedo del renglón porque la presa Milpillas es el proyecto más noble de la humanidad, pero que le da mucha tristeza que por politiquerías y gente extraña al estado, se haya opuesto a ese proyecto y que no se respete lo que tanto ha costado al país, la democracia.”

Al respecto, nosotros quisiéramos puntualizar lo siguiente:

  1. En primer lugar, nosotras y nosotros no somos “gente extraña al estado”. Somos habitantes de ejidos y comunidades que hemos manifestado nuestro rechazo al proyecto de la presa Milpillas; somos gente del campo arraigada a la tierra y el territorio que se niega a ser sacrificada por un proyecto inviable técnica, económica, social y ambientalmente; somos esa gente que, en más una ocasión, ha sacado de nuestro territorio a distintos funcionarios de su gabinete, a funcionarios de CONAGUA, a actores políticos oportunistas, e incluso a usted mismo.
  2. También somos esa gente que ha denunciado la criminalización hacia nuestra lucha, así como el hostigamiento y amenazas hacia nuestras compañeras y compañeros, por parte de su administración que, al igual que las administraciones pasadas, no ha quitado “el dedo del renglón” en lo que se refiere a las agresiones estatales.
  3. En segundo lugar, nosotras y nosotros señalamos que, si usted y la administración que encabeza estuvieran realmente afligidos por la democracia en nuestro país, entonces no insistirían en ir en contra de la voluntad de los pueblos expresada en las asambleas ejidales, en las cuales se ha dicho NO a la presa Milpillas, lo cual se ha hecho ya reiteradamente por 10 años, señalando su inviabilidad técnica, económica, social y ambiental.
  4. En tercer lugar, también somos esa gente que vemos cómo en muchas geografías de nuestro país, los gobiernos de la llamada 4T y de su Segundo Piso, están impulsando megaproyectos extractivistas y neoliberales, pasando por encima de las decisiones de los pueblos afectados, sin importarles la destrucción del medioambiente. Por tal motivo, nos hermanamos con las luchas de otras geografías que, al igual que nosotros, luchamos contra estos megaproyectos extractivistas y neoliberales en los tiempos del Segundo Piso de la 4T.

Finalmente, quisiéramos manifestar que aquí resistimos desde hace 10 años, sin rendirnos y sin vendernos, y seguiremos haciéndolo hasta no ver cancelado definitivamente el proyecto de la presa Milpillas. Tampoco nosotros quitamos “el dedo del renglón” para decir fuerte y claro: ¡No a la presa Milpillas!

¡Gobierne quien gobierne, la tierra y el territorio se defiende!

MovimientoenDefensadelTerritorioydelRíoAtenco

¡Fuera los miembros de los Fuerzas Armadas del estado Genocida de Israel de las escuelas de México!

Compartimos este tríptico de Acción Palestina Chiapas y esta declaración de diversos diputamos sobre el rechazo a la presencia de miembros del ejercito de Israel en escuelas de Chiapas – A junio 2026

Pronunciamiento: El Istmo no es territorio de despojo, de colonialismo energético ni de especulación empresarial

Compartimos este pronunciamiento firmado por diversas organizaciones, colectivos y personas ante la nueva ola de proyectos extractivistas en el el Istmo de Oaxaca – A junio de 2026

Istmo de Tehuantepec, Oaxaca,  junio de 2026

El proyecto Helax-CIP que amenaza nuestro territorio


En el contexto de la implementación de las actividades industriales relacionadas con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en 2023 la empresa Helax Istmo, filial del fondo de inversión danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), firmó un Memorando de Entendimiento con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y la Secretaría de Marina (Semar) para un proyecto de producción de hidrógeno y amoniaco “verde”, con una inversión prevista de 10 mil millones de dólares. 

Este proyecto ha sido promovido desde su inicio por la empresa y las autoridades mexicanas como clave para el desarrollo de la región istmeña, en razón de su gran inversión, y para la lucha contra el cambio climático por su supuesta producción de combustible “verde”. Esta narrativa de “lavado verde” busca ocultar por completo los impactos ambientales, territoriales y sociales del megaproyecto, mientras presenta como sustentable un modelo profundamente extractivo.  

Un proyecto industrial complejo y con evidentes consecuencias 

Se trata de  un proyecto gigantesco que no se limita al parque industrial de Cd. Ixtepec (PODEBI), donde se pretendía construir la planta de hidrógeno, sino que abarca un territorio mucho más amplio con afectaciones para toda la región istmeña. La producción de hidrógeno verde a gran escala requiere de grandes cantidades de electricidad y agua para realizar la electrólisis, el proceso con el que se separan el oxígeno y el hidrógeno de las moléculas de agua. 

Para cubrirlas, el proyecto prevé la construcción de un parque fotovoltaico con casi 3 millones de paneles (1,674 MW) sobre 5,000 ha de tierras agrícolas y de selva baja espinosa caducifolia del ejido de Asunción Ixtaltepec. También incluye nuevos parques eólicos con la instalación de 190 aerogeneradores (855 MW) sobre 25 mil hectáreas de tierras comunales y ejidales de Cd. Ixtepec, Chivela y Santiago Ixtaltepec, lo que representa una grave amenaza para esta zona de cerros, tierras de uso común y de recarga de agua subterránea. 

Además, el proyecto prevé la construcción de una planta desalinizadora en Salina Cruz y de un pozo subterráneo para alimentar la electrólisis, lo que podría generar problemas de contaminación en el mar y de afectaciones a los ojos de agua y pozos tradicionales. También implica la construcción de otra planta para la transformación del hidrógeno en amoniaco, prevista cerca de Rincón Moreno y de ductos entre las dos plantas y el puerto de Salina Cruz, con todos los riesgos industriales relacionados con la producción y el transportes de gases tan peligrosos como el hidrógeno y el amoniaco. 

Información pública insuficiente, opacidad e incertidumbre

A pesar de esta larga lista de posibles impactos relacionados, y de la incertidumbre existente sobre esas tecnologías, este proyecto ha buscado avanzar en un contexto de completa opacidad y falta de información para las comunidades de la región. Hasta ahora el proyecto ha sido presentado de manera general y fragmentada. La poca información pública que ha sido presentada por operadores de la empresa y por autoridades gubernamentales se ha limitado a destacar los supuestos beneficios económicos y energéticos del proyecto, ocultando sistemáticamente  los impactos  relacionados. 

No existe documentación oficial pública que permita conocer a detalle las características reales del proyecto y que posibilite a la población analizar y evaluar los posibles impactos y, menos aún, los impactos acumulativos a nivel regional derivados del conjunto de sus distintos componentes. La empresa no ha presentado ninguna Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Semarnat para los diferentes componentes del proyecto. 

La empresa presentó dos Evaluaciones de Impacto Social (EVIS) ante la Sener para el proyecto fotovoltaico y eólico. La información de dichos documentos fue clasificada como reservada por un periodo de dos años. Posteriormente, tras nuevas solicitudes de acceso a la información, se liberaron  versiones públicas de las EVIS, sin embargo,  la información técnica o de ubicación del proyecto fue tachada con el argumento de ser confidencial y de secreto industrial y comercial. En consecuencia los documentos liberados carecen de utilidad real para conocer más a detalle las características de los proyectos fotovoltaicos y eólicos y sus impactos sociales. 

Tampoco existen documentos públicos que precisen el volumen de agua total que requeriría la planta de hidrógeno para operar, ni qué proporción provendría de la planta desalinizadora y qué volumen provendrá del pozo de agua subterránea. No hay información disponible sobre la posible ubicación de este pozo subterráneo, ni de sus características técnicas (profundidad), y tampoco tiene un permiso de aprovechamiento de agua subterránea aprobado por la CONAGUA (según la revisión del Registro Público de Derechos de Agua REPDA). 

Repiten las mismas formas de despojo

A pesar de la ausencia de información y permisos que permitan a la población analizar y evaluar los impactos del proyecto, los promoventes empresariales y gubernamentales han buscado avanzar en la firma de acuerdos con las comunidades para la renta de tierras destinadas a los distintos componentes del proyecto. 

Este proceso de negociación ha reproducido las mismas irregularidades y mecanismos de presión, manipulación y fragmentación comunitaria que los que se usaron hace más de una década con la expansión de los parques eólicos: acercamientos directos con algunos representantes agrarios y no con el conjunto de la asamblea; uso de operadores locales para coaccionar y presionar; difusión exclusiva de supuestos beneficios económicos, como los empleos o pagos por renta de tierra, y ocultamiento sistemático de los impactos que conllevan estos proyectos. 

La opacidad viola el derecho de los pueblos a decidir sobre el territorio

De igual manera, el proyecto ha iniciado una supuesta consulta indígena en siete comunidades de la región (Cd. Ixtepec, Chivela, El Mezquite, El Morrito, Mena Nizanda, Santa Rosa, Santiago Ixtaltepec) sin que exista mayor información pública sobre su desarrollo. El CIIT y la Secretaría de Marina se han negado a difundir información sobre las minutas de las reuniones argumentando que se trata de información restringida que compromete la paz social.

La ausencia de información pública es una muestra clara de que este proceso no está garantizando el derecho de los pueblos y comunidades a una participación real, informada y transparente frente a un proyecto que podría generar graves afectaciones al medio ambiente, al territorio y a las formas de vida de la región. La falta de información suficiente, accesible y oportuna impide que las comunidades podamos comprender integralmente los alcances del proyecto, evaluar sus posibles impactos e incidir de manera efectiva en las discusiones o decisiones relacionadas con su implementación. 

Por ello, nos queda claro que esta consulta funciona principalmente como un trámite burocrático orientado a dar certidumbre a la inversión empresarial y no un verdadero mecanismo para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. No es una consulta previa porque el proyecto y las negociaciones territoriales ya avanzan; no es libre porque existen presiones, desinformación y asimetrías en el acceso a la información; y no es informada porque la información pública es insuficiente, fragmentada y restringida. 

Se trata entonces de un ejercicio de manipulación y de instrumentalización que no respeta nuestra libre determinación como pueblos indígenas ni nuestros usos y costumbres sobre las formas de deliberación y autoconsulta en nuestras comunidades. 

Alcances e impactos de un proyecto reconfigurado sin información pública

Mediante una nueva solicitud de información, se conoció que en diciembre de 2025, Helax Istmo informó al CIIT que Derivado de un proceso de reconfiguración estratégica del Proyecto Helax, originalmente concebido como una iniciativa de hidrógeno verde, este ha sido transformado en un proyecto de generación eléctrica”, en razón de un “contexto global marcado por cambios geopolíticos relevantes, los cuales han derivado en la cancelación o postergación de diversos fondos internacionales destinados a la transición hacia economías de hidrógeno verde, así como en retrasos tecnológicos asociados a la maduración de estas soluciones”.  La empresa también notificó su desistimiento de continuar con la adjudicación directa del PODEBI de Ciudad Ixtepec, donde se pretendía producir el hidrógeno. 

Hasta ahora, ni Copenhagen Infrastructure Partners ni el gobierno mexicano han informado públicamente sobre este cambio, lo que profundiza la opacidad del proyecto y deja abiertas nuevas preguntas sobre sus verdaderos alcances, su carácter especulativo y los impactos que podría seguir generando en el Istmo.

Si bien el hecho de que, por ahora, no se avance con la propuesta de producción de hidrógeno y amoniaco verde puede limitar ciertos impactos (relacionados con el consumo de agua y los riesgos industriales que conllevan esos gases), nos parece importante denunciar lo siguiente respecto a esta decisión y al estado actual del proyecto:

Los proyectos de generación eléctrica previstos conllevan impactos graves como la modificación de la cobertura vegetal, de los usos del suelo y del territorio, de los flujos de agua superficial y subterránea, afectan a la fauna y flora local, restringen nuestras formas de tránsitos en el territorio y afectan nuestras actividades tradicionales. La instalación previa de 30 parques eólicos en la región ha sido la muestra clara de que estos proyectos no generan bienestar o desarrollo para los pueblos de la región, han enriquecido a unos cuantos, reforzando procesos de desigualdad social y económica, provocando procesos de ruptura del tejido social, de privatización de las tierras, de erosión de nuestras prácticas comunitarias y de aumento de la situación de violencia. Por esta razón nos seguimos oponiendo al proyecto de Helax (CIP), sin importar que por ahora se limite a generar electricidad y no hidrógeno o amoniaco. Nos queda claro que la generación eléctrica industrial en el Istmo no nos beneficia: buscan garantizar energía para la industria y el capital privado mientras que los pueblos de la región sufrimos un acceso cada vez más deficiente e injusto al servicio básico de electricidad (con apagones frecuentes y cobros excesivos en las tarifas de luz). 

Nos oponemos a que las empresas privadas, con la complicidad de las autoridades mexicanas, especulen y jueguen con nuestros territorios y nuestras vidas en función de sus intereses económicos y políticos. La estratégia empresarial de reconfigurar el proyecto por la incertidumbre actual respecto del mercado mundial del hidrógeno y amoniaco muestra que esos actores pretenden tomar decisiones sobre nuestros territorios a partir de elementos ajenos que no controlamos, por el estado actual de mercados de consumo en el norte global o por las consecuencias de guerras energéticas decididas por unos cuantos. Les reiteramos que somos soberanas/os en nuestra forma de decidir sobre nuestros territorios y que nuestras vidas, cuerpos, bienes comunes y comunales no son juguetes para sus prácticas neocoloniales y su especulación empresarial. 

Exigimos a las autoridades mexicanas y a la empresa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) que informen públicamente sobre los cambios previstos en el proyecto. Por ejemplo, si oficialmente el proyecto deja de formar parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), ya que hasta la fecha ha sido promovido como tal por el CIIT y los distintos niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). Sobre los proyectos eléctricos previstos, exigimos que la Sener informe sobre cuál sería el mecanismo previsto para la generación eléctrica (como proyecto privado o de inversión mixta con la CFE) y cuál sería el uso y destino previsto de la electricidad . 

Denunciamos que el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec no es una propuesta de desarrollo para la región, es un proceso amplio de despojo de nuestros territorios y bienes comunes. El lamentable descarrilamiento del tren a finales de 2025, los múltiples impactos que ha generado su construcción, los procesos de criminalización y la actual situación de violencia generalizada a lo largo de la región son muestras claras de los procesos de corrupción, negligencia, imposición y despojo que conlleva este proyecto. Lo que compromete la paz social en la región no es informar a las comunidades, es seguir promoviendo proyectos ajenos a nuestras necesidades que hacen del territorio istmeño una cancha de batalla entre los distintos actores de sus redes de macrocriminalidad. 

Nuestra visión: El Istmo que queremos

En este sentido y por lo expuesto anteriormente, reafirmamos que no queremos más proyectos energéticos, más infraestructura de transporte ni más proyectos industriales destinados a cubrir las necesidades del gran capital y a los actores que lo sostienen. Queremos mantener nuestra vida comunitaria, nuestras fiestas, nuestras comidas, nuestros cerros, nuestros bosques y nuestras lagunas y ríos. Queremos seguir cuidando nuestras prácticas comunitarias, nuestras culturas, nuestras lenguas, nuestra tranquilidad y las formas de vida que hemos construido históricamente en el Istmo. Frente a un proyecto que avanza en medio de la opacidad, la falta de información pública y el desconocimiento de sus posibles afectaciones sociales, ambientales, territoriales y culturales, consideramos importante informar, alertar y abrir un proceso de articulación regional que permita construir alianzas y solidaridad entre comunidades, organizaciones y personas preocupadas por el futuro de nuestro territorio.  

Llamamos a la solidaridad regional, nacional e internacional y el apoyo para dar a conocer y denunciar este proyecto, particularmente frente a los actores financieros que lo hacen posible, incluido el fondo CIP en Europa. Hacemos un llamado especial a los organismos de derechos humanos del sistema de la ONU y del sistema interamericano, y a las organizaciones de la sociedad civil en Dinamarca y otros países donde CIP tiene operaciones, para que exijan el respeto a los estándares de derechos humanos y ambientales en sus inversiones. Esta denuncia busca visibilizar que las decisiones de inversión tomadas fuera del territorio tienen impactos concretos negativos sobre las comunidades, los bienes comunes y las formas de vida del Istmo.

Firman:

  1. Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio
  2. GeoComunes
  3. Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua Oaxaca (OCCAMA)
  4. El Centro de Investigación Colaborativa para la Resiliencia (CRCR) 
  5. Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI)
  6. CECACI Juntos en el Camino, Zanatepec, Oaxaca
  7. Preparatoria Comunitaria José Martí
  8. Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec A.C. 
  9. Observatorio Comunitario al Cuidado de los Bienes Comunes del Istmo de Tehuantepec
  10. Tequio Jurídico A.C
  11. Foro Oaxaqueño del Agua 
  12. Mujeres Defensoras de la Madre Tierra las Meñas, Ixtepec
  13. Centro Promotor de Tecnologías Alternativas Bibaani A.C.
  14. Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño A.C. (CAMPO)
  15. Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA
  16. Rizoma Entreteniendo la Defensa de los Bienes Comunes A.C
  17. Otros Mundos Chiapas 
  18. Bios Iguana A.C., Colima 
  19. Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de Junio» (FPDS), Chiapas
  20. Centro de derechos humanos de los pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño 
  21. Proceso de articulación de la sierra de santa marta
  22. Asamblea General de la Comunidad Indígena Binniza de Puente Madera
  23. Asamblea General de la Comunidad Indígena Chontal El Coyul
  24. Asamblea General del Aguaje de la Comunidad Indígena de Jalapa del Marqués
  25. Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT)
  26. Centro de Documentación Regional El Istmo que Queremos
  27. Escuela Textil de Ixtaltepec Ra ridiibá
  28. Radio comunitaria Zacatepec.
  29. Red de mujeres lesbianas, nguiu’ y personas sexodisidentes del Istmo de Tehuantepec. 
  30. Grupo de Reflexión y Autoformación en Transiciones Ecosociales (Grate), Argentina.
  31. Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, AC.
  32. Betyren Lagunak!, Euskal Herria (País Vasco)
  33. Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO)
  34. Engenera AC
  35. Naciones MX
  36. Iniciativa Internacionalista Espejos del Sur Global | Mirrors of Global South 
  37. Observatorio Petrolero Sur (OPSur), Argentina
  38. Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA (Chile)
  39. Radio Nanj nï’ïn, Chicahuaxtla Putla Oaxaca.
  40. Tierra Nuestra
  41. Grupo de Trabajo Fronteras, Regionalización y Globalización/CLACSO 
  42. Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)
  43. Consorcio para el diálogo parlamentario y la equidad Oaxaca A.C. 
  44. Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura (CPOOEM)
  45. Región Autónoma Inmaterial Zoocialista (RAÍZ)
  46. Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Chile.
  47. Colectivo LGBT+ en Alerta Nacional (México).
  48. Consejo Tiyat Tlali de la Sierra Norte de Puebla
  49. Fundar Centro de Análisis e Investigación
  50. Yunhiz Espacio Alternativa
  51. Universidad comunal de Matias Romero.
  52. Colectivo ëjts tiks ats San Juan guichicovi 
  53. Maderas del Pueblo del Sureste A.C 
  54. Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas 
  55. Movimiento El Istmo es Nuestro 
  56. Mexicali Resiste, 
  57. Colectivo Mujeres Tierra.
  58. Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX
  59. UPREZ Benito Juárez 
  60. Café “Zapata Vive”
  61. MAREA, A.C. – Mar y Educación Ambiental
  62. Unión de Pueblos y Fraccionamientos en contra del basurero y en defensa del agua de la región Cholulteca y de los volcanes.
  63. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala.
  64. Movimiento Agrario Indígena Zapatista 
  65. Colectiva Zurciendo el planeta
  66. Centro Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo Alternativo U Yich Lu’um
  67. Contraloría Autónoma del Agua de Yucatán
  68. Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán
  69. Kolectivo Gráfika,La Bestia Grafika 
  70. Empalabrando ,colectivo de la palabra viva, Querétaro
  71. Reentramados para la vida, defendiendo territorios
  72. Geo-Grafías Comunitarias
  73. Grupo de Trabajo Ecologías Políticas desde el Sur Abya-Yala de CLACSO
  74. Colectivo ViDAS 
  75. Grupo Intercolegiado de Investigación en Ecología Política de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (GIIEP-UACM).
  76. Red Futuros Indígenas 
  77. Red Psicología Liberación y Pensamiento Nuestroamericano
  78. Colectivo de Historia Pública de los pueblos mayas, K’ajlay
  79. ONG Sustentarse – Chile
  80. Servicios para una Educación Alternativa AC EDUCA 
  81. IDEAS Comunitarias,  A. C.
  82. CORAL, A.C.
  83. Servicios del Pueblo Mixe A.C.
  84. Colectivo Solidaridad Directa, Suiza
  85. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas AC.
  86. Asociación Ecologica Santo Tomás, A.C.
  87. Asociación Francia América Latina (Francia)
  88. Associació Action and Research for Environmental Justice (Catalunya, España)
  89. Atlas Global de Justícia Ambiental (EJAtlas)
  90. Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio (Modevite), región sacun palma municipio de chilón Chiapas 
  91. Mexicogruppen del Foro Internacional (Dinamarca)
  92. Paysandú soberano UPM 2 NO. (Urugay)
  93. Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas A. C. (DESMI)
  94. Nosotras y el Mar
  95. Tejiendo Redes Infancia#SalvemosLaVida
  96. Fundación Acue, Puerto Natales (Magallanes,Chile)
  97. Asamblea Popular por el Agua (Mendoza, Argentina)
  98. Bajo Tierra Museo del Agua de Querétaro
  99. Movimiento Agroecologico Nacional Q’anil (MANQ)
  100. Fundación CAUCE: Cultura Ambiental, Causa Ecologista (Entre Ríos, Argentina)
  101. Artículo 39 (Oaxaca, México)
  102. Cooperación Comunitaria México 
  103. Red de comunidades inter-ancestrales de América Latina
  104. Enlace Comunicación y Capacitación A.C.
  105. Centro de Investigación y Capacitación Rural (CEDICAR)
  106. CartoCrítica, A.C.
  107. Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca- CUC IXTEPEC
  108. Conexiones Climáticas
  109. CORASON Defensa del Territorio
  110. Comité para los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL) Canadá.
  111. Planeteando
  112. Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA)
  113. Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos GOBIXHA A.C. (CODIGODH).
  114. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación 
  115. PODER)Mujeres y maíz
  116. Colectivo de Académicos Sudcalifornianos A. C.
  117. Acción Ecológica A.C.
  118. Colectiva México Toxico
  119. Fronteras Comunes, A.C.
  120. Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)
  121. Colectivo Agua es Vida – (Tacuarembò -Urugay)
  122. Colectivo académico comunitario Bicheeche Diidxa. Pasa La Voz.Ecologistas en 
  123. Pasa La Voz
  124. Ecologistas en Acción (España)
  125. Bienestar Comunitario Cicacalco, Zacatecas
  126. Canoas, defensa del territorio, Colima 
  127. Sociedad Cooperativa Chac Lol, Yucatán
  128. Barrio Mapache
  129. Corporate Europe Observatory (CEO)
  130. Centro Calpulli A.C.
  131. Colectivo Agua es Vida, Tacuarembó, Uruguay
  132. Unión de Movimientos por la Regulación Empresarial en Defensa de los Derechos  Humanos
  133. CDI Flor y Canto A.C 
  134. Alas de Esperanza 
  135. Chac Lol Cooperativa.
  136. Colectivo Ecológico Aquí NO
  137. Colectivo Regional en Defensa de los Bosques y el Territorio (CRDBT)
  138. Colectivo en Defensa del Agua, Selva y Vida del Territorio Maya
  139. Colectivo VIDAS
  140. Comité Fronterizo de Obreras y Obreros (CFO)
  141. Comité de Sanidad Acuícola y Pesquero Veracruzano A.C (COSAP)
  142. Comités de Cuenca Río Sonora
  143. Conductoras por Juárez
  144. Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil S.C., CRIPX;
  145. Ladies Drivers GDL
  146. Mujeres de Acción y Resiliencia (MAR)
  147. Red de Mujeres Sindicalistas; Sindicato Nacional de Trabajadores y trabajadoras del hogar (SINACTRAHO)
  148. Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA)
  149. Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra y el Agua Acolhua
  150. R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales 
  151. CIELO Federación Indígena Empresarial y comunidades locales de México
  152. Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C

Personas

  • Elisa Cruz Rueda Profesora Investigadora. Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena. Facultad de Ciencias Humanas para el Desarrollo Intercultural Sostenible. Universidad Autónoma de Chiapas.
  • Aida Luz López Gómez. Profesora Investigadora. Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
  • Flor Mercedes Rodríguez Zornoza . Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
  • Scott s. Robinson, UAM-I, jubilado.
  • Ramón Martínez Coria, etnólogo, presidente del consejo directivo de Foro para el Desarrollo Sustentable AC.
  • Monica Montalvo Mendez, antropóloga social  y comunicadora popular 
  • Carla Escoffié, abogada dedicada a vivienda y ciudad (Mérida-Monterrey)
  • Niltie Calderón Toledo -Docente e investigadora comunitaria. Red Psicología Liberación y Pensamiento Nuestromaericano.
  • Juan Rafael Rodríguez Razgado. 
  • Beatriz Hernández Becerril, Técnica en Desarrollo Comunitario, Activista
  • Marie-Pierre Smets, Capacitadora en derechos campesinos e indígenas, Tierra Viva
  • Gabriela De Gyves Montes – Investigadora comunitaria. Fundadora del colectivo Ridi’ banu guendanazaaca
  • Marcel Llavero-Pasquina, Investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona
  • Raúl Angel Cruz Fiscal. Antropólogo y perito de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
  • Juan Carlos Sánchez-Antonio, profesor-investigador de tiempo completo del Instituto de Ciencias de la Educación de la UABJO.
  • Alexander Gómez Florez. Custodios de saberes ancestrales de los pueblos originarios del Abya Yala. 
  • José Luis Grosso, Centro Internacional de Investigación PIRKA  / Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca, Argentina  / Fundación Ciudad Abierta, Cali, Colombia 
  • Mauricio González González, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER) / Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).
  • Rubén Valencia Núñez, investigador social y defensor del territorio/Centro Universitario Comunal de Ciudad Ixtepec de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO)
  • Luca Ferrari, Investigador del Instituto de Geociencias, UNAM. Investigador Nacional Emérito.
  • Joaquín Palma Ciénega. Comunicador indígena. Blog Acción Indígena
  • Nadia Marín-Guadarrama. Coordinador of Experiential Education in Internship,  University at Albany, SUNY.  Investigadora Asociada. Departamento de antropología, UAlbany. 
  • Inocencia Ramirez Jimenez
  • Natalia Santiago. Socióloga y educadora popular y comunitaria. 
  • Nadxielly Martha Zharelly Lopez Pérez. Bióloga, acompañante y defensora de derechos.
  • Manuel López Mateos.
  • Isabel Núñez Palacios. Antropologa. Defensora del territorio/Centro Universitario Comunal de Ciudad Ixtepec de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO)
  • Ana Gaitán Uribe
  • Joanna Barney, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ 

Imagen: Una nueva ola colonialismo energético en el Istmo de Tehuantepec, Mapa GeoComunes.

Informe: Minería metálica en América Latina

Compartimos este informe publicado por el Observatorio de Multinacionales en América Latina donde participa la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA- A 25 de mayo de 2026

Minería metálica en América Latina

Conflictividad ecosocial y ofensiva corporativa en la era del caos global

Gorka Martija Rodrigo y Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate (coord.)

El auge global de la minería metálica es hoy una cuestión de época, un fenómeno ineludible a la hora de entender y plantear cualquier proceso de transición ecosocial. Las presiones corporativas y las expectativas creadas empujan a los países del Sur Global (aunque también a los del Norte) a ampliar la frontera extractiva, ampliando el radio de acción de un sector muy cuestionado: la minería ha supuesto históricamente el tipo de megaproyectos más nocivo y generador de grandes desastres ecológicos, criminalización, violencia, autoritarismo, división social y devastación económica a medio y largo plazo.

Los pueblos de América Latina bien lo saben. La historia extractivista se remonta a tiempos de la colonia española y no ha cejado desde entonces. Ahora, dadas sus relevantes reservas de ciertos rubros en disputa (litio, cobre, níquel, oro, plata, entre otros), retoma vigor económico y geopolítico: para las élites, una oportunidad de negocio; para algunas miradas progresistas, una vía para el escalamiento y la industrialización; para muchas comunidades y organizaciones sociales, una nueva ofensiva corporativa sobre los territorios, en los que llueve sobre mojado. Para todas y todos, sin excepción, un ámbito de enconamiento del conflicto social.

El objetivo de la presente publicación es servir de herramienta popular de análisis crítico de este fenómeno en ciernes. Realizado junto a múltiples movimientos sociales, pretende ofrecer una radiografía del avance de la minería metálica en América Latina. En este sentido, posiciona el marco global de avance del sector, su evolución en el continente, las dinámicas y actores protagonistas de la contienda política, y ofrece una sistematización final de claves de resistencia y alternativa frente al poder corporativo.

🔎 Informe completo »


AUTORÍA: Gorka Martija Rodrigo y Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate (OMAL-Paz con Dignidad) como coordinadores del texto. Por su parte, han
protagonizado la elaboración de los estudios-país la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), Luca Ferrari, Guadalupe García (Observatorio de Industrias Extractivas OIE), Marcos Sebastián (OMAL-Paz con Dignidad), Pedro Cabezas (Alianza Centroamericana Frente a la Minería ACAFREMIN), Julia Cuadros (CooperAcción), Lucio Cuenca (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA), Pía Marchegiani (Fundación Ambiente y Recursos Naturales FARN).

DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Iñaki Landa

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2026

ATALC denuncia masacre de campesinas y campesinos en Honduras

Compartimos este pronunciamiento de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC y nos sumamos a las denuncias y a las exigencias de justicia y de alto a la violencia y criminalización de campesinas y campesinos en Honduras y todo Latinoamérica – A 25 de mayo de 2026

El 21 de mayo fueron asesinados/as 17 hombres y 3 mujeres en la comunidad de Rigores, Trujillo, Colón. Las víctimas eran parte del Movimiento Campesino de Rigores y la Vía Campesina, organización aliada de Amigos de la Tierra Internacional.

Las/os campesinas/os son criminalizadas/os y agredidas/os constantemente pese a realizar una tarea fundamental para la soberanía alimentaria.

No podemos permanecer en silencio ante tanta violencia. Exigimos al Estado hondureño Investigación exhaustiva, independiente e imparcial de los hechos, con resultados públicos y rendición de cuentas ante la sociedad. Así como la captura inmediata y juicio a las personas responsables materiales e intelectuales de la masacre.

Es indispensable que Honduras ofrezca garantías de seguridad para los familiares de las víctimas y para toda la comunidad de Rigores, y presencia institucional efectiva en los territorios afectados por conflictos agrarios.

Es necesario detener el avance de legislación que criminalice la defensa del territorio campesino e indígena y el reconocimiento público del vínculo entre la concentración de tierras en manos del agronegocio y la violencia que padecen las comunidades rurales hondureñas.

Nos sumamos a las denuncias de La Via Campesina, porque mediante la lucha contra la impunidad es posible evitar que estos hechos se repitan. A la comunidad internacional, a las organizaciones y movimientos sociales de América Latina y el Caribe y de diferentes partes del mundo les llamamos a denunciar este crimen, y a mantenernos en alerta permanente frente a los atentados e injusticias contra los que defienden la vida.

¡Justicia para las víctimas de Rigores!

¡La tierra es de quien la trabaja!

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe / 25 de mayo de 2026

COPINH se solidariza con las luchas sociales y populares del pueblo boliviano

Compartimos este comunicado del Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH y nos solidarizamos con el pueblo boliviano – A 20 de mayo de 2026

Desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) expresamos nuestra solidaridad con los pueblos y organizaciones sociales de Bolivia que hoy sostienen luchas por la justicia social, la defensa de los territorios y la autodeterminación de los pueblos.

Como organizaciones populares de Abya Yala, reconocemos que las luchas de Bolivia también son nuestras luchas: la defensa de la vida frente al despojo, la resistencia frente a las violencias estructurales y la construcción de caminos de justicia y soberanía para nuestros pueblos.

Enviamos un abrazo solidario a las comunidades, movimientos y organizaciones que continúan resistiendo y organizándose desde los territorios. Reafirmamos la importancia de la unidad entre los pueblos frente a cualquier forma de represión, criminalización y ataque contra quienes defienden la vida y los bienes comunes.

Desde Honduras, levantamos nuestra voz junto al pueblo boliviano y reiteramos nuestro compromiso con la solidaridad internacionalista entre los pueblos. Hacemos una invitación a pronunciarse de manera solidaria.

¡La lucha sigue y la esperanza se organiza!

“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz.”

Dado en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, al 20 de mayo 2026.

REMA reconoce 3 años del SERTI y felicita renovación del CRAADET en Guerrero

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y nos sumanos a las felicitación y reconocimientos de las y los integrantes del CRAADET – 6 de mayo de 2026

A Desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) expresamos nuestro reconocimiento y agradecimiento a las y los Consejeros y Comandantes de la Seguridad de Resguardo Territorial Indígena (SERTI), al cumplirse tres años de su primer periodo de trabajo, reafirmado el pasado 30 de abril de 2026.

Reconocemos de manera particular a quienes integraron el Consejo en este periodo: Humberto Ambrosio Santana, Félix Galeana Neri, Juan Díaz García, Esther Mendoza Bernardino y Vicencia Espindo Cantú, quienes asumieron con responsabilidad esta tarea colectiva al servicio de sus pueblos. 

El SERTI, como parte del proceso organizativo del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), surge de un largo camino de organización comunitaria en la Montaña y Costa Chica de Guerrero, impulsado por los pueblos Me’phaa y Ñuu savi frente a la amenaza de la minería, el despojo territorial y la violencia creciente en la región. Su creación responde a la necesidad de fortalecer la defensa del territorio, la seguridad comunitaria y el ejercicio de justicia desde los propios pueblos, ante la omisión e incapacidad de las instituciones del Estado. 

En ese contexto, el SERTI se conforma también como una respuesta directa al avance del crimen organizado, a la descomposición de las condiciones de seguridad y a la presión constante de intereses externos sobre los territorios. A lo largo de estos tres años, se ha consolidado como un sistema comunitario que articula la seguridad, la justicia y el resguardo territorial desde la organización de los pueblos. 

Asimismo, desde la REMA extendemos una felicitación al CRAADET por la renovación de su estructura central, realizada el 14 de abril de 2026 en la comunidad de Tierra Colorada, municipio de Santa Cruz del Rincón, Guerrero, en el marco de su Foro Informativo número 68. Saludamos el nombramiento de la compañera Ruperta Nicolás Hilario como presidenta, una decisión tomada de manera colectiva por los pueblos me’phaa y ñuu savi de la Montaña y Costa Chica. 

Ambos procesos han consolidado formas propias de ejercer justicia en el marco de los derechos que les corresponden como pueblos originarios. Frente a la omisión, fragmentación o imposición de sistemas externos, el SERTI y el CRAADET han sostenido prácticas de regulación, cuidado y defensa del territorio que hacen valer los derechos agrarios, resguardan la tierra como base de la vida comunitaria y enfrentan las amenazas de despojo. Estas formas, reconocidas y legítimas, reafirman el derecho de los pueblos a la autonomía y a la libre determinación. En este sentido, desde la REMA consideramos fundamental y acompañamos su llamado a la coordinación institucional para fortalecer el ejercicio pleno de estos derechos, reconociendo al SERTI como un sistema comunitario que debe ser respetado, articulado y garantizado en su operación. 

Reconocemos especialmente el carácter histórico del reciente nombramiento en el CRAADET: por primera vez una mujer asume la presidencia, lo que representa un paso importante en el fortalecimiento organizativo y en el reconocimiento del papel central de las mujeres en la defensa de la tierra y el territorio. 

Desde REMA Mujeres y desde toda la REMA enviamos un saludo fraterno y un reconocimiento a la compañera Ruperta. Su nombramiento fortalece una lucha que ha sido sostenida por las mujeres desde hace años y abre camino para que más compañeras continúen participando y decidiendo sobre el rumbo de sus territorios. 

Para la REMA es un orgullo que CRAADET y el SERTI formen parte de esta red. Su trabajo es referente y ejemplo para las luchas en defensa del territorio en todo el país. 

Reiteramos nuestro respeto, admiración y compromiso de seguir caminando conjuntamente en la defensa de la vida, los territorios y la libre determinación de los pueblos. 

¡NO al fracking!¡Ni aquí, ni allá, ni hoy, ni nunca!

Compartimos este Boletín de la Alianza Mexicana contra el Fracking – A 13 de abril de 2026

Comité sobre fracking: ¿deliberación seria o simulación?

Ciudad de México, 13 de abril de 2026

● Un comité cerrado, tecnocrático y sin posibilidad real de concluir que el Estado mexicano debe prohibir el fracking, sería una simulación para legitimar una decisión ya tomada.
● La discusión no puede reducirse a cómo extraer más gas ni a qué tecnología usar para hacerlo.
● El fracking no es un asunto meramente técnico, es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos.
● No se trata de buscar nuevas coartadas técnicas para prolongar la dependencia fósil de México, sino de asumir decisiones para dejar atrás los combustibles fósiles.
● Si el gobierno pretende presentar este comité como un espacio serio de investigación, análisis y deliberación, en esa mesa también deben pesar el principio precautorio y los antecedentes internacionales de prohibiciones y moratorias del fracking, no solo las promesas tecnológicas de la industria y del sector energético.

Tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de abrir la puerta al gas no convencional,y conformar un comité “técnico-científico” para evaluar el uso de fracking, la discusión pública no puede quedar atrapada en los términos que el propio gobierno pretende imponer. El problema no es solamente quién integrará ese comité. El problema de fondo es si el gobierno busca realmente deliberar sobre el futuro
energético del país o si solo pretende vestir de ciencia una decisión fósil ya encaminada.

El gobierno ha intentado presentar esta ruta como una discusión técnica sobre soberanía energética, producción de gas y nuevas tecnologías. Ese encuadre es inaceptable. El fracking no es un asunto meramente técnico, es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos. Afecta agua, salud, alimentación, comunidades, trabajadores, ecosistemas, formas de vida y viola obligaciones internacionales y constitucionales irrenunciables del Estado mexicano de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y también de prevenir sus violaciones. Presentarlo como una discusión de especialistas, aislada de sus consecuencias sociales y ambientales, es una forma de despolitizar una decisión que jamás ha sido neutral.

Tampoco puede asumirse sin discusión la premisa de que México necesita más gas y que, a partir de ahí, solo queda decidir cómo producirlo. Esa premisa debe ser cuestionada. Convertir la dependencia actual en una apuesta por más extracción fósil, más infraestructura gasífera y más sacrificio territorial no es soberanía energética. Es profundizar el mismo modelo fósil que ha contaminado territorios, comprometido fuentes de agua, impuesto riesgos a comunidades enteras y retrasado una transición energética real y justa. No se trata de buscar nuevas coartadas técnicas para prolongar la dependencia fósil de México, sino de asumir decisiones para dejarla atrás; volver a poner sobre la mesa el fracking contradice abiertamente el compromiso de no permitir esta técnica en el país.

La Alianza Mexicana Contra el Fracking reitera su postura: el fracking debe prohibirse, no regularse o gestionarse. No hay “fracking sustentable”, ni “fracking responsable”, ni maquillaje tecnológico que borre dos décadas de evidencia científica sobre sus impactos ambientales, sociales y sanitarios.1 Lo que México necesita no es una nueva vía para profundizar su dependencia a los combustibles fósiles, sino una ruta para salir de ella.

Si el gobierno insiste en anunciar un comité el próximo miércoles, ese comité sólo podría tener credibilidad pública si cumple condiciones elementales que distingan una deliberación real de una simulación.

● Primero, su mandato no puede estar sesgado de origen. Si el comité nace para buscar cómo explotar gas no convencional “mejor”, “con menos agua” o “con nuevas tecnologías”, entonces no estará evaluando si México debe o no abrir esta ruta, sino refinando la forma de implementarla. Esa sería una simulación desde el diseño.
● Segundo, el comité debe tener la posibilidad real de concluir públicamente que el Estado mexicano debe prohibir el fracking. Si esa conclusión no es posible desde el inicio, entonces no se tratará de un espacio de evaluación, sino de un mecanismo para legitimar una decisión ya tomada.
● Tercero, la integración, los criterios de selección, la metodología, los documentos de trabajo, los conflictos de interés, los insumos y las deliberaciones del comité deben ser públicos. Si el gobierno habla de apertura a la sociedad, debe demostrarlo con total transparencia, no con opacidad ni designaciones
discrecionales.
● Cuarto, no puede tratarse de un grupo de élite científica con visión tecnocrática. El fracking no afecta solamente indicadores energéticos o balances de producción. Afecta territorios y pueblos concretos, convirtiéndolos en zonas de sacrificio para sostener el modelo fósil. Por ello, y haciendo eco de la Opinión
Consultiva 32/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe incluir al conocimiento indígena como parte de la mejor ciencia disponible.
Además, cualquier exclusión de comunidades potencialmente afectadas, de voces independientes en salud pública, clima, agua, derechos humanos y defensa territorial, confirmaría que no se busca escuchar a la sociedad, sino neutralizarla.
● Quinto, si el gobierno pretende presentar este comité como un espacio serio de deliberación, en esa mesa también deben pesar los principios precautorio, pro aqua, interculturalidad, así como considerar los antecedentes internacionales de moratoria y prohibición del fracking, no solo las promesas tecnológicas de la industria y del sector energético. Un comité que nazca para discutir cómo habilitar el fracking, pero no para considerar seriamente su prohibición, estaría viciado desde el origen.

Estas condiciones no implican reconocer el comité como una vía legítima para normalizar o regular el fracking. Sirven, precisamente, para exhibir si el gobierno pretende abrir una deliberación real o montar una simulación para legitimarlo.

La prueba del miércoles será simple. Si el gobierno presenta un comité cerrado, opaco, tecnocrático, sin independencia y sin posibilidad real de recomendar la prohibición del fracking en México, no estará abriendo una deliberación pública sería. Estará montando una simulación para legitimar una decisión ya tomada.

La diferencia será clara: un comité con posibilidad real de recomendar la prohibición del fracking en México, o una simulación diseñada para legitimar un giro político que contradice el compromiso de la 4T de no permitir el fracking en el país.

¡No al fracking, ni aquí ni allá, ni hoy ni nunca!

Contacto de prensa:
Manuel Llano: 55 4388 4067
Alejandra Jiménez: 784117 6209

El GIEI-Honduras, La verdad sobre el asesinato de Berta Cáceres

Comunicado de Otros Mundos Chiapas sobre el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre en caso #JusticiaParaBerta a casi 10 años del asesinato de Berta Cáceres- A 12 de enero de 2026

Otros Mundos Chiapas manifiesta su total apoyo y respaldo al Informe sobre el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres y otros delitos conexos, y propuesta sobre el plan de reparación integral, presentado el día de hoy en Tegucigalpa, Honduras, por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado bajo el acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno de Honduras.

Los hallazgos de la investigación llevada a cabo durante el año 2025 por parte del GIEI, revelan que la ejecución de Berta Cáceres donde fue herido nuestro compañero Gustavo Castro Soto, testigo del crimen, “fue encomendada a un grupo profesional de sicarios contratados específicamente para poner fin a su vida y a su lucha social, entonces centrada en la denuncia del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.” El GIEI manifiesta que “El asesinato de Berta Cáceres representa un caso paradigmático en la lucha contra la impunidad en Honduras y América Latina.”

El informe devela la trama financiera de fondos internacionales otorgados por el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de los Paı́ses Bajos
(FMO), bajo el control de Daniel Atala Midence, gerente financiero de DESA, en vinculación con
Roberto David Castillo Mejía, presidente ejecutivo de la empresa y actualmente preso. Para el GIEI,
“El asesinato de Berta Cáceres fue un crimen empresarial, financiero y político, ejecutado mediante una
arquitectura criminal compleja que articuló intereses económicos, financiamiento internacional,
estructuras de seguridad, corrupción institucional y omisiones graves del Estado.”

Para el GIEI, “Los daños derivados del asesinato de la señora Berta Cáceres y del conflicto asociado al proyecto Agua Zarca son múltiples y diferenciados. Afectan a la familia Cáceres, al testigo sobreviviente Gustavo Castro, al COPINH como organización, a la comunidad indígena lenca de Rı́o Blanco y al Rı́o Gualcarque como espacio espiritual y cultural.” El GIEI concluye que “los daños causados en el presente caso, y las correspondientes violaciones a los derechos humanos, comprometen la responsabilidad internacional del Estado de Honduras.”

Avalamos las recomendaciones del GIEI sobre la reparación integral, con medidas de cesación y restitución; de rehabilitación, de satisfacción y compensación. Con garantías de no repetición. Se recomienda además la revocación definitiva del Proyecto Agua Zarca, la titulación y saneamiento del territorio ancestral lenca de Río Blanco, la disolución y liquidación de DESA, la depuración y acceso a archivos de inteligencia, la depuración institucional y control interno, y la reforma y el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Protección, entre otras muchas medidas.

Felicitamos el trabajo del GIEI y nos sumamos a la exigencia de ¡Justicia para Berta!

OTROS MUNDOS A.C.