Chiapas: Tras ataque a defensor, marchan en Chicomuselo contra grupos armados y proyectos mineros

Compartimos esta información de Educa Oaxaca sobre la lucha por la vida ante la minería en Chicomuseolo – A enero 12 de 2023

El 5 de enero, miles de hombres, mujeres y niños salieron a marchar en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, con el propósito de exigir un alto a la inseguridad y la violencia, ya que la presencia de grupos del crimen organizado y paramilitares ha aumentado, esto anuado a la amenaza de empresas mineras de retomar sus proyectos en esta región fronteriza con Guatemala.

En el municipio de la Sierra Madre, los campesinos y campesinas, feligreses de la parroquia caminaron por las calles pacíficamente “para demandar el fin de la violencia desatada por la delincuencia organizada que pretende imponer la minería en la región con el silencio cómplice de las autoridades”.

El pasado 30 de diciembre del 2022 en Chicomuselo “fue privado de su libertad, torturado, vejado y abandonado herido con disparos de arma de fuego el compañero Isabel Recinos Trigueros, dirigente del Movimiento Social por la Tierra (MST)”. Señalaron que el plagiado sobrevivió, pero se encuentra gravemente herido. Que “los agresores forman parte de un grupo de la delincuencia organizada al servicio de las mineras en el estado de Chiapas”.

Ejidales y comunitarios recordaron la operación ilegal de la mina de barita en el ejido Santa María a mediados del 2022, sin embargo, la marcha recordó que dicha actividad extractiva de la empresa Blackfire, intentó asentarse en el ejido Grecia en 2009, pero detuvo sus operaciones después del asesinato del defensor del territorio Mariano Abarca.

Al final del mitin, los voceros llamaron a la unidad de todo el pueblo, por encima de intereses políticos, económicos y religiosos, para velar por la paz y el bien común y a su vez demandar al gobierno federal, estatal y municipal que cese de la minería tóxica y los proyectos de muerte.

Chiapas Paralelo Chicomuselo cierra filas en contra de la inseguridad y la minería Boletín MST aquí

Más información:

Asesinan a dos defensores del territorio Guapinol en Honduras

Compartimos esta noticia publicada en Educa Oaxaca sobre el asesinato de los defensores del río Guapinol en Honduras – A enero 9 de 2023

El 7 de enero del presente año se registró el asesinato de dos defensores comunitarios de Guapinol en Honduras,  Aly Domínguez y Jairo Bonilla eran los líderes comunitarios de la comunidad que durante muchos años se ha mantenido en resistencia ante los proyectos mineros que intentan imponer. Sus familiares exigen justicia ante estos crímenes que se integran a una dolorosa lista de 32 personas criminalizadas por la empresa minera Inversiones Los Pinares y el Estado de Honduras por defender el Parque Nacional Carlos Escaleras ante su proyecto minero ilegal.

La lucha de la comunidad de Guapinol comenzó desde 2012 un año después de que se declarara “parque nacional protegido” a la zona donde nacen dos ríos importantes para estas regiones, los ríos Guapinol y San pedro, un logro comunitario que lograron durante muchos años. Sin embargo en 2012 de manera ilegal el congreso  nacional de Honduras aprobó un decreto donde reducía las hectáreas de protección de dicho parque con el fin de que la empresa minera EMCO (ahora, Inversiones Los Pinares) estableciera una minera en la zona.

Desde entonces la lucha por la defensa del territorio y el agua ha permanecido y con ella diversos ataques a personas de la comunidad y defensores, a pesar de la múltiples denuncias que se han interpuesto, la autoridades estatales no han garantizado para protección a la integridad física de las comunidades en riesgo, pero también no han accionado en contra de las mineras que continúan dañando y contaminado los ríos y el ambiente a causa de la explotación  minera.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales exigen un cese a la violencia contra esta comunidad, las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos para poder acceder a la justicia y al mismo tiempo exigen la cancelación inmediata de las licencias mineras en el parque nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras.

Para conocer más sobre su lucha puedes visitar la Página “Libertad para Guapinol”

Alerta: Denuncian captura de 2 líderes comunitarios y otras 3 personas en El Salvador

Compartimos esta información sobre la violencia y represión a defensores de la vida en El Salvador – A 11 de enero del 2022

San Salvador, 11 ene (EFE).- Habitantes de una comunidad del central departamento de Cabañas denunciaron este miércoles la captura de dos líderes comunitarios y de otras tres personas más por supuestamente estar involucrados en delitos cometidos antes del estadillo de la guerra civil de El Salvador (1980-1992).

Se trata de 2 miembros de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), una organización no gubernamental creada en 1993, y tres habitantes de la comunidad Santa Marta (Cabañas), quienes fueron arrestados por la Policía la madrugada de hoy, de acuerdo con un comunicado compartido en redes sociales.

Las personas detenidas responden a los nombres de Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas.

Según la fuente, a estas personas “se les vincula en un caso ocurrido entre los años 1973 y 1974”, según la Fiscalía, y “se les agrega el cargo de asociaciones ilícitas”.

Los habitantes denunciaron que “toda esta situación pone en evidencia la construcción de un caso de forma exprés cuya finalidad real es atacar a la comunidad Santa Marta y a ADES”.

Señalaron que los representantes de la Fiscalía les indicaron que las capturas “no tienen nada que ver con el régimen de excepción”, por lo que piden que “se siga un proceso apegado a la ley” y que “antes de 72 horas se realice una audiencia”.

El Salvador se encuentra en régimen de excepción desde finales de marzo de 2022 y a la fecha han sido capturados más de 61.000 supuestos miembros de pandillas y personas ligadas a estas estructuras.

Tres organizaciones humanitarias denunciaron en septiembre del año pasado al Estado de El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la detención arbitraria de al menos 152 personas durante dicho régimen.

La comunidad Santa Marta fue una de los lugares más golpeados durante el conflicto armando interno y sus habitantes han pedido en reiteradas ocasiones justicia ante de casos de violaciones de derechos humanos. EFE

Repudio a intento de golpe en Brasil

Compartimos este pronunciamiento de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC sobre el intento de golpe de estado en Brasil – A enero 9 de 2023

América Latina y el Caribe. Enero 9 de 2023

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) manifiesta su rechazo y repudio total a los hechos que tuvieron lugar en Brasilia el día de ayer bajo intentos golpistas de los sectores de la ultraderecha bolsonarista. La toma violenta de las 3 sedes del poder en la capital federal dan cuenta de los desesperados intentos del bolsonarismo y sus cómplices nacionales e internacionales por desestabilizar la democracia desde la violencia y la fuerza, actos que sin lugar a dudas deben ser condenados y aislados de Brasil y de toda la región de manera tajante.

El presidente Luis Inácio Lula Da Silva obtuvo la victoria democráticamente en las pasadas elecciones y tras su posesión las fuerzas neoliberales y fascistas continúan sin reconocer su legítimo gobierno que es producto de la decisión soberana del pueblo brasilero. Por eso es urgente y estrictamente necesario que desde las organizaciones, movimientos sociales y articulaciones de los pueblos soberanos acompañemos al pueblo de Brasil en estos momentos de ataque a la democracia que pone en peligro no solamente la estabilidad del gobierno, también la vida de millones de hombres y mujeres que trabajan día a día por la construcción de la paz y la redignificación de la vida de las clases populares y trabajadora.

ATALC expresa su profunda solidaridad internacionalista con el pueblo de Brasil y hace un llamado para rodear al gobierno, organizaciones y movimientos sociales desde distintas partes del mundo, levantando nuestras voces contra las amenazas golpistas en el Brasil y en toda la región latinoamericana y del Caribe. No permitiremos que vuelvan a imponerse los golpes de Estado y la barbarie.

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)

Más información:

Denuncian corte de servicio de agua y luz eléctrica hacia familias de Las Abejas de Acteal

Compartimos este comunicado de Las Abejas de Acteal – A 16 de diciembre del 2022

>>Firma la petición aquí<<

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los Defensores de los derechos humanos

A los Medios libres y alternativos

A los Medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Al Pueblo de San Pedro Chenalhó

Hermanas y hermanos:

Recordamos que el sagrado agua es vital para nuestra vida humana y la de otros seres vivientes en esta tierra. Que es un regalo de la Vida y el uso, así como el acceso al agua es un derecho humano contemplado en el artículo 4º de nuestra Constitución Mexicana y que los tres niveles de gobierno es su responsabilidad garantizar el cumplimiento de este derecho humano. Pero ya suman seis familias de nuestra Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal que les han quitado el agua y energía eléctrica.

En sentido de lo anterior denunciamos con indignación que el día de ayer 15 de diciembre, en un lapso de tres horas (entre las 5pm- 8.30pm), la familia Pérez Pérez integrada por Pedro Pérez Pérez, Guadalupe Pérez Días madre de familia, quienes comparten servicio de agua y luz eléctrica con su hijo Jaime Pérez Pérez y su esposa Flor de María Jiménez Hernández junto con sus dos hijos menores de edad; miembros de nuestra Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, les fue cortado el servicio de agua y energía eléctrica. El corte de los servicios fue realizado por los partidistas acompañados de su agente y patronatos de la comunidad Campo Los Toros. Esta violencia y violación a los derechos humanos cometidos en contra de la familia se debe a que le compartía el uso de electricidad a Juvencio Pérez Solís, miembro de la familia quien ya vive en otro hogar y que le habían cortado los mismos servicios junto a 4 familias más desde el 8 de febrero del 2021.

Como recordarán, el pasado 10 de noviembre del 2022, realizamos una conferencia de prensa1 en frente de la presidencia municipal de Chenalhó, para denunciar una serie de violaciones a los derechos humanos2 de nuestros compañeros y compañeras de la Organización de las comunidades Bach’en, Campo Los Toros, colonia Puebla y Nuevo Yibeljoj, que tanto el ayuntamiento de Chenalhó, presidido por el C. Abraham Cruz Gómez y sus agentes municipales de las respectivas comunidades en mención, no han tenido voluntad política y sensibilidad humana para resolver dichos conflictos de manera seria y transparente.

Desde nuestro espíritu y convicción política de la No Violencia, le exigimos a las autoridades municipales restablecer todos los derechos de nuestros compañeros y compañeras al agua y luz eléctrica, en un lapso de 11 días después de dicha conferencia. Sin embargo, el presidente de Chenalhó decidió mantenerse callado y haciendo caso omiso de una intervención realizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) de fecha 14 de noviembre del presente, dirigido al: Gobernador de Chiapas, a la Secretaria general de gobierno del estado de Chiapas, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al citado munícipe. Y hasta el 1 de diciembre el alcalde de Chenalhó mandó un mensaje vía whatsapp diciendo:

  • “Directiva buenos, Buenas tarde, seraque me puede marcar cuando puedas porque kiero desirte algo sobre los asuntos pendiente”. Obviamente, no le marcamos porque decidimos que después del 10 de noviembre cualquier comunicación respecto a los conflictos, debe tener seriedad.
  • A lo que el día 3 de diciembre enviamos una carta formal al alcalde municipal, exigiéndole que lo que queremos es el restablecimiento del agua y luz eléctrica de nuestros compañeros de las comunidades Bach’en y Campo Los toros.
  • Y hasta el 10 de diciembre, el presidente de Chenalhó y el síndico municipal C. Juan Erasto Rodríguez Pérez, nos mandan una invitación escrita para asistir a una plática en la comunidad Bach’en para el día 20 de diciembre de este año, según para “dar seguimiento a la problemática” de la comunidad Bach’en.
  • A lo que el 15 de diciembre, les respondimos dicha invitación mediante un escrito y entregado a una de las secretarias del presidente municipal, en donde rechazamos caer en juegos, e insistirles si de verdad tienen voluntad de resolver dicho problema, es demostrando con la reconexión del agua y electricidad de nuestros compañeros de las comunidades Bach’en y Campo Los Toros.
  • Y grande fue nuestra sorpresa e indignación, mientras estábamos entregando la carta en la presidencia de Chenalhó para exigir la reconexión del agua y electricidad de las comunidades de Bach’en y Campo Los Toros; el agente y patronato de agua y luz de Campo Los Toros, llegaron a la casa de nuestro compañero Pedro Pérez Pérez para desmantelarle los servicios de agua y luz eléctrica.

Es indignante que después de la Masacre de Acteal y como respuesta a nuestras exigencias de justicia y respeto a la construcción de nuestra autonomía, el Estado mexicano ha creado con la impunidad de que en las comunidades y autoridades comunitarias afiliadas al municipio de Chenalhó, nos castiguen de manera absurda; cortándonos el servicio de agua y luz eléctrica, porque saben que son necesidades básicas y así creen lograr nuestra renuncia a nuestra lucha y resistencia como organización.

Ante todo lo anterior, por la burla y humillación del agente y patronato de agua y de luz eléctrica de la comunidad Campo Los Toros, nuestros compañeros han tomado la decisión de darles una última oportunidad hasta el día domingo 18 del presente para que reconsideren y remienden sus errores, reconectando los servicios de agua y luz eléctrica de las 6 familias afectadas y violentadas por los supuestos usos y costumbres y acuerdos comunitarios y que 4 de ellas se les ha privado del derecho humano del agua desde hace 23 meses.

Pero, si no hay respuesta favorable a nuestra exigencia dentro de 2 días, nuestros compañeros realizarán ellos mismos la reconexión del agua y electricidad, el día 19 de diciembre, ya que es su derecho, porque no han faltado en los trabajos de mantenimiento de dichos servicios en cuestión. Y responsabilizamos a las autoridades competentes de nuestra seguridad e integridad física y psicológica durante ese día.

Al respecto, hermanas y hermanos de organizaciones y pueblos hermanos; a los medios de comunicación y al público en general; les pedimos estar atentos este día lunes 19 de diciembre, y si los partidistas de la comunidad Campo Los Toros cometen algún acto violento hacia la integridad física y psicológica de nuestros compañeros y compañeras durante y después del trabajo de reconexión del agua y electricidad; reiteramos que los responsables inmediatos serán el presidente Abraham Cruz Gómez, el síndico municipal Juan Erasto Rodríguez Pérez y el agente y patronatos de agua y de luz de la comunidad mencionada.

Esta es la situación de derechos humanos y el trato que nos dan los partidistas y el ayuntamiento de Chenalhó, en el marco de la conmemoración de los 25 años de la Masacre de Acteal y de la celebración de los 30 años del nacimiento de nuestra Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.

Atentamente.

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Petición:

La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal a lo largo de sus casi 30 años de caminar han enfrentado diversas agresiones, hostigamientos y violencia a familias pertenecientes a la organizaciones en sus 25 comunidades. Este año no fue la excepción. 

Ahora familias en la comunidad Campo los Toros sufren del corte de servicios públicos como energía eléctrica y el agua potable por parte del Ayuntamiento del Municipio de Chenalhó, encabezo por el señor Abraham Cruz Gómez

Por eso pedimos alto al hostigamiento y violación de derechos humanos a estas familia y todas las familiar que integran a la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Así mismo exigimos que restablezcan de inmediato los servicios básico y esenciales para estas familias.

>>Firma la petición aquí<<

Para palma aceitera en Guatemala, allanamientos en comunidad indígena Maya Q’eqchi’

Compartimos esta petición de Salva la Selva sobre el desplazamiento formado en Guatemala para plantaciones de palma de aceite – A 16 de diciembre del 2022

Acción violenta y expolio en el municipio de El Estor, departamento Izabal. Habrían usado gases lacrimógenos y armas de alto calibre para allanar viviendas en la comunidad Chapín Abajo. La resistencia comunitaria es doble: a la empresa de aceite de palma africana NaturAceite y a un proyecto minero. Firma la petición.Petición

Para: Presidente de Guatemala Alejandro Giammattei; Diputados; Ministerio Público; Juzgado de Paz; Empresas multinacionales Nestlé y Unilever

“Respeten los derechos del pueblo indígena Maya Q’eqchi y garanticen su seguridad. Cesen los allanamientos, desalojos y toda la violencia.”

Leer la carta

Con motivo, comunidades Maya Q’eqchi’ se oponen al avance de la palma aceitera que invade sus tierras ancestrales. Son algunas de las comunidades más abandonadas por el Estado que, por si fuera poco, las persigue y reprime.

Dicho y hecho. En los pasados días, un gran contingente policial antimotines avanzó amenazadoramente entre la plantación de palma con la intención de llevar a cabo allanamientos, portando armas. Una persona habría recibido impacto de bala y resultado asesinada y al menos dos personas heridas. Intoxicadas, mujeres golpeadas, robo de pertenencias, hasta detenciones arbitrarias de unas cinco personas, incluidas dos menores. El Consejo del Pueblo Maya CPO pide un alto a las agresiones y que se esclarezcan los hechos.

Algunas empresas se estarían beneficiando de la situación, según las autoridades indígenas. Mencionan a NaturAceites, empresa que vende aceite en Guatemala, pero que también figura en las cadenas de abastecimiento internacionales de empresas como Nestlé y Unilever. De parte de estas empresas se exige un pronunciamiento sobre los hechos. También de parte del gobierno del presidente Alejandro Giammattei, Policía Nacional Civil PNC y Procuraduría de Derechos humanos PDH.

Indignación y profundo dolor, según expresaron mujeres de la comunidad al explicar lo sucedido: “tiraron las bombas para que empezáramos a huir y abandonáramos los hogares”.

Previamente, los últimos días de noviembre, las comunidades protestaron para prevenir este y otros allanamientos y desalojos que se venían anunciando. Existen unas 20 órdenes de captura en contra de miembros de la comunidad, algunos parte del Consejo se Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi’. Reciben amenazas y se ofrecería una recompensa de 50 mil quetzales por la captura.

Algunos testimonios: “Avanzan como si fuéramos terroristas. No lo somos. Somos pobres indígenas que ni maíz, ni frijól, ni chile tenemos”. “Defiendo la vida de mis seres queridos y mi territorio”.

Vigilaremos los acontecimientos subsiguientes, en solidaridad con las comunidades afectadas. Súmate a esta acción firmando la petición.

>>Firma la petición aquí<<

Carta

Para: Presidente de Guatemala Alejandro Giammattei; Diputados; Ministerio Público; Juzgado de Paz; Empresas multinacionales Nestlé y Unilever

Estimado Sr. Presidente Giammatei y autoridades:

Realmente escandalosa es la información y las imágenes que están alcanzando a la opinión pública interancional, acerca de la violenta acción de un gran contingente policial en la comunidad del Chapín Alto, en El Estor, Izabal. La situación de los derechos humanos en su país parece estar necesitando una revisión urgente que le exigimos atienda sin demora.

Organizaciones sociales, campesinas y territoriales han denunciado los abusos de autoridad implícitos en las actuaciones de la policía durante el operativo conjunto del Ministerio Público MP y la Policía Nacional Civil PNC, el 6 de diciembre 2022.

En solidaridad con las comunidades Maya Qéqchi, nos dirigimos a usted para exigirle que:

-Respeten los derechos como pueblos indígenas Maya Q’eqchi y garanticen su seguridad.

-En consonancia, inicie una investigación de la actuación los agentes de la Policía Nacional Civil PNC que participaron en el operativo violento contra las familias en Chapín Abajo.

-Cesen estos allanamientos y la violencia.

-Dejen inmediatamente de hostigar, criminalizar, intimidar y detengan las persecuciones, las órdenes de captura de miembros de la comunidad

-Retiren las órdenes de desalojo de comunidades como Chapín Alto, Santa Rosita o Buena Vista, entre otras.

-Proporcione una explicación exhaustiva acerca de lo que se pretende con estas acciones que atentan contra la integridad, la dignidad y los derechos de las comunidades indígenas.

-Legalice las comunidades y asegure el acceso a la tierra con títulos comunitarios y ocúpese como corresponde del desarrollo comunitario, la salud, la integración, el respeto de la forma de organizarse, la educación, prevención de la contaminación y protección de los recursos naturales.

Tampoco la actuación de los gobiernos municipal y departamental parecen estar a la altura en este contexto. El mundo está mirando el desarrollo de estos acontecimientos lamentables y esperando su declaración al respecto.

A la espera de la misma y de su muy pronta respuesta a esta comunicación, le saludamos atentamente,

Se pondrá en conocimiento de este escrito y acción a las empresas Unilever y Nestlé, para pedir su declaración al respecto.

>>Firma la petición aquí<<

Podcats: Suena bien, pero huele mal: desmontar las mentiras corporativas

Compartimos con ustedes estos audios de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC sobre el poder corporativo – Diciembre 2022

Mesas radiales latinoamericanas para desandar los discursos transnacionales

En los sitios web y folletería de diversas empresas transnacionales que cuentan con un gran prontuario de delitos ambientales y sociales, puede leerse cómo protegen el medio ambiente, empoderan a las personas y generan energía para que el mundo funcione.

Son las mismas empresas que han violado sistemáticamente los derechos humanos, despojado y violentado comunidades, acaparado y envenenado territorios, extraído riquezas y bienes comunes para su propio beneficio, apoyado y motivado golpes de Estado.

Esos discursos con palabras bonitas y expresiones convincentes, muchas de ellas apropiadas del acervo de los movimientos sociales como otra forma de extractivismo social, intentan convencernos no solo de que las corporaciones no son las generadoras de las crisis sistémicas, sino que incluso vienen a solucionarlas. Estas narrativas coloniales, que poco menos que pregonan que los habitantes locales deben agradecer a los salvadores por llegar a sus territorios, se repiten desde el 1600.

En estas mesas redondas con activistas de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe (ATALC), desandamos, con datos y experiencias, las mentiras corporativas y ponemos en el centro la vida, partiendo de nuestras propias narrativas, porque ninguna transformación será estructural y real sino tiene en el centro a sus protagonistas: los pueblos, las comunidades y los movimientos sociales.

¿Las transnacionales generan trabajo en las localidades donde se instalan y operan? ¿Mejoran la vida de las comunidades? ¿Hacen la vida de las personas más fácil? ¿Cuidan el medio ambiente?

En la primera mesa de intercambio cuestionamos estas máximas que las corporaciones aseguran. Con la participación de: Letícia Paranhos, de Amigos de la Tierra Brasil, Tatiana Rodríguez, de CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia, y Ramiro Ortiz, de la Unión de Afectados por Chevron-Texaco (UDAPT – Amigos de la Tierra Ecuador). Reproductor de audio

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¿Las corporaciones alimentan y generan energía para sostener el mundo? ¿Es más barato comprar en el supermercado que a la agricultura familiar? ¿Las corporaciones pueden tener una perspectiva sostenible? ¿Las empresas trabajan para solucionar la crisis climática?

En la segunda mesa radial analizamos los discursos manipulados y mostramos que no se corresponden con la realidad. Con la participación de Wanda Olivares, de Tierra Nativa – Amigos de la Tierra Argentina, Walter Gómez, de CESTA – Amigos de la Tierra El Salvador, y Juan Almendares, del Movimiento Madre Tierra – Amigos de la Tierra Honduras. Reproductor de audio

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ATALC trabaja e investiga sobre el avance de las transnacionales en la región. Estas mesas redondas fueron realizadas en el marco del ciclo de entrevistas Resistencia al aumento del poder de las transnacionales en América Latina y el Caribe. También podés escuchar la serie de podcast Resistencia.

Guatemala: Comunidades resisten extractivismo minero

Compartimos este reportaje especial publicado por Red Latinas Sin Frontera sobre la defensa de la vida y el territorio en Guatemala – A 5 de diciembre del 2022

Los resistentes locales piden un modelo económico diferente, uno que priorice el agua y el suelo limpios, comunidades saludables, paz, dignidad y autodeterminación.

Por Ana Sandoval (*)

Una empresa minera con sede en Nevada está demandando a Guatemala por más de $400 millones, la primera demanda de este tipo para el empobrecido país centroamericano.

La empresa se queja de que el gobierno guatemalteco no hizo lo suficiente para proteger sus inversiones en el país. Pero esa es una noticia para mi comunidad y para otros que enfrentaron una represión policial violenta cuando nos manifestamos de manera no violenta para evitar que estas operaciones mineras envenenen nuestra salud y agua.

La firma, Kappes, Cassiday & Associates (KCA), presentó su caso en una sucursal poco conocida del Banco Mundial llamada Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

El Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República Dominicana, que Guatemala suscribió con Estados Unidos en 2006, permite a las corporaciones estadounidenses demandar a los gobiernos en este foro no solo por la supuesta pérdida de inversiones de la empresa, sino también por la pérdida de supuestas ganancias futuras. Alrededor del 80 por ciento de los 400 millones de dólares que KCA afirma haber perdido se basa en estimaciones de ganancias futuras de actividades de exploración que nunca llevó a cabo.

Un mural que dice «si a la vida. No a la muerta». Mural dice “Sí a la Vida, No a la Minería”/Iximche Media.

Las demandas de los tribunales de inversión socavan el estado de derecho.

Mi análisis de este caso publicado recientemente  expone cómo los casos de arbitraje supranacional como este, que están disponibles únicamente para las empresas transnacionales a través de acuerdos comerciales y de inversión, ignoran la resistencia de la comunidad y la violencia que enfrentamos.

La opción de simplemente demandar a los gobiernos proporciona un desincentivo perverso para que las empresas respeten la ley y alienta la especulación salvaje sobre la pérdida de ganancias en el futuro, incluso cuando las inversiones fracasan. Si la demanda prospera, también privará a los guatemaltecos de millones de dólares en escasos fondos que podrían ser mucho mejor utilizados para atender las necesidades básicas de la población, los desastres provocados por la crisis climática y frenar el flujo de emigración forzada.

Estas demandas no muestran consideración por las preocupaciones de las personas más directamente afectadas por las operaciones de la empresa.

Conocer los hechos

Nuestro movimiento en La Puya ha presentado amplia evidencia a lo largo de los años de cómo el proyecto de oro de KCA conduciría al agotamiento del agua y la contaminación poniendo en riesgo nuestra salud. Desde el principio, la mina enfrentó una dura oposición de nuestras comunidades que viven cerca del proyecto, justo al norte de la Ciudad de Guatemala. Desde entonces, nuestras comunidades han mantenido un campamento de protesta las 24 horas frente a la carretera que lleva a la mina durante más de 10 años.

Como resultado, hemos enfrentado amenazas, violencia dirigida, persecución legal, represión policial y actos de intimidación. De hecho, el proyecto solo pudo operar después de que la dura represión policial contra el movimiento despejara el paso de equipos en varias ocasiones, llegando incluso a lesionar a personas. Sin embargo, la mina de oro solo operó durante dos años, hasta que los tribunales suspendieron el proyecto a fines de 2015 por no consultarnos adecuadamente.

En respuesta al reclamo de KCA, el gobierno guatemalteco ha argumentado que la empresa se basó en los favores del gobierno para obtener su licencia ambiental. Cita comunicaciones entre el presidente de la KCA, Daniel Kappes, y el entonces director general de Minería, Selvyn Morales, en 2011, en las que Kappes escribió: “Me siento mucho más cómodo de que participe y pueda ayudarnos a que el proceso de obtención de permisos avance para que podamos los permisos antes de que la política se entrometa demasiado”. Poco después de este intercambio, Morales dejó el gobierno para trabajar en una empresa de servicios mineros, que KCA contrató de inmediato.

Guatemala construyó gran parte de su defensa legal sobre la documentación, argumentos y estudios que desarrollamos durante años de lucha con el apoyo de técnicos, abogados y organizaciones aliadas. Por ejemplo, la defensa legal de Guatemala señala el lamentablemente deficiente estudio de impacto ambiental de KCA que incluso el gobierno reconoce que nunca debería haber sido aprobado. También destaca la violación de las normas ambientales por parte de la empresa y su falta de obtención de una licencia de construcción para construir la mina.

Los abogados del gobierno incluso llamaron a los miembros de la comunidad a declarar ante el tribunal de arbitraje.

La industria minera pensó que podía aplastar a la oposición local. Pero el gobierno no es mucho mejor.

La defensa del gobierno legitima efectivamente las razones que sustentan nuestra lucha de una década. Sin embargo, si bien utiliza nuestros argumentos y evidencias para tratar de evitar el pago a la empresa, aún no se ha mostrado dispuesto a respetar nuestro derecho a decidir sobre un proyecto que afecta tan profundamente nuestra tierra y nuestra vida.

En junio de este año se inició el proceso de consulta ordenado por la Corte Constitucional bajo la dirección del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Hasta ahora, el gobierno ha demostrado poco interés en involucrar a las comunidades más directamente afectadas que viven en las inmediaciones de la mina.

Las acciones del ministerio son contrarias a los propios argumentos del gobierno presentados ante el tribunal de arbitraje, en los que subraya el descontento local por el proyecto. Critica a las KCA por haber logrado solo un 6 por ciento de credibilidad entre la población a partir de 2014, cuando entró en funcionamiento, según una encuesta encargada por la KCA.

En lugar de buscar consultar a nuestras comunidades, el gobierno guatemalteco alega en el procedimiento de arbitraje que la empresa trató de sobornar a personas clave para afianzarse localmente: “Hicieron pagos directos a líderes comunitarios y municipales” y “pagaron a personas para que participaran en sesiones de desarrollo de capacidades”, dice el gobierno.

Además, las autoridades guatemaltecas critican la afirmación de KCA de que «consultó» con las comunidades a través de entrevistas con consejos públicos municipales y de aldea, que no se puede presumir que sean representativos de los pueblos indígenas.

No obstante, el Ministerio de Energía y Minas ahora está repitiendo algunas tácticas similares para excluir de la consulta a la población indígena más cercana a la mina al enfocarse en las comunidades ubicadas más lejos del sitio. Tal como lo hizo KCA antes, el gobierno está favoreciendo la participación de las agencias públicas y los consejos municipales en lugar de las personas directamente afectadas.

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Pancartas rojas y verdes sobre la resistencia de La Puya, celebrando el décimo aniversario en marzo de 2022 de la Resistencia Pacífica La Puya/Iximche Media.

El arbitraje alienta tanto a los estados como a las corporaciones a marginar a la oposición. Necesitamos un nuevo modelo.

Esto demuestra aún más lo absurdo del sistema de arbitraje supranacional: las empresas y los gobiernos pueden argumentar lo que quieran en los procedimientos de arbitraje, independientemente de los hechos sobre el terreno.

KCA actuó con impunidad para obtener permisos y nunca demostró ninguna intención de respetar la ley guatemalteca. El gobierno, por su parte, se basó en los argumentos de las comunidades para construir su defensa y ahora parece estar dándole la espalda nuevamente a los residentes locales.

Mientras tanto, son nuestras comunidades y el pueblo guatemalteco en general los que pagarán un precio tremendo si el tribunal de arbitraje ordena a Guatemala que pague a KCA incluso una parte de su reclamo o si la consulta es manipulada para reiniciar su proyecto.

Guatemala no necesita proyectos mineros ni acuerdos internacionales que defiendan la impunidad y la codicia empresarial. Más bien, debemos abordar la noción falsa de que Guatemala se desarrollará a través de la extracción de recursos naturales, lo que afecta negativamente el tejido social de las comunidades y contribuye a nuestro mayor empobrecimiento.

La Resistencia Pacífica La Puya, junto con otras comunidades organizadas en Guatemala, ha reiterado durante más de 10 años que lo que se necesita es un modelo económico diferente, uno que priorice agua y suelo limpios, comunidades saludables, paz, dignidad y autodeterminación.

(*) Ana Sandoval es miembro de Resistencia Pacífica La Puya en Guatemala.

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fuente: https://www.bilaterals.org/?a-mining-lawsuit-in-guatemala&lang=es

Denuncian desalojo violento en comunidad guatemalteca Chapín Abajo

Compartimos esta nota de Olca – A 7 de diciembre del 2022

(Prensa Latina) Autoridades de los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’ de Guatemala confirmaron hoy graves violaciones de los derechos humanos en la comunidad Chapín Abajo, Izabal, tras un desalojo violento.

La comisión llegó al área sur de El Estor, después de que en la madrugada de este martes un numeroso grupo de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público ingresara a Chapín Abajo con 25 órdenes de allanamiento contra sus líderes.

En un primer informe de los hechos de violencia -que incluyeron el uso de gases lacrimógenos-, se contabilizaron tres heridos de bala, un niño de 17 años, quien fue trasladado en busca de atención médica, y dos hombres.

La delegación dio cuenta, asimismo, de varias mujeres y niños intoxicados por los gases, lo cual comprobó la prensa independiente que acompañó a las autoridades.

Según la narración de los hechos por las familias, además de las fuerzas de seguridad, intervinieron paramilitares posiblemente contratados por la empresa NaturAceites.

Ellos entraron a las viviendas y robaron alimentos y otros bienes de las familias, confirmó el reporte de las autoridades q’eqchi’.

También constataron la detención de Alba María Choc, esposa del dirigente de Chapín Abajo, Pedro Cuc, junto a sus dos hijos menores de edad, con el propósito de presionar su entrega.

Las autoridades ancestrales pidieron la presencia del Procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova, y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el fin de verificar la grave situación y el riesgo a la vida de cientos de personas de la comunidad, especialmente por falta de atención médica.

La PNC, por su parte, informó que tres agentes resultaron heridos en los enfrentamientos.

El medio alternativo Prensa Comunitaria recordó que esta es la cuarta ocasión en que fuerzas de seguridad ingresan a Chapín Abajo para desalojar a familias que reclaman las tierras hoy en poder de NaturAceites, dedicada al monocultivo de la palma africana en el área sur de El Estor, Izabal.

La empresa considera esos terrenos como propios y criminaliza a Cuc y otros dirigentes por su resistencia contra la explotación de palma y la minería.

En enero de este año, el líder comunitario aseguró que lo más grave de la problemática agraria en El Estor son las invasiones de tierra de las empresas para sembrar y producir aceite de palma y los desalojos promovidos por terratenientes vinculados a este tipo de monocultivos, compañías mineras y otras.

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