Les compartimos la siguiente invitación
Los tiempos actuales nos interpelan para la acción.
Somos un colectivo que desarrolla promueve espacios para el encuentro, diálogos, pensamiento crítico y espiritualidades diversas.
Nos proponemos sumar esfuerzos desde la sociedad civil para reflexionar y actuar. Acompañarnos también en nuestras resistencias y re-existencias.
JobelLab invita a encontrarnos en el CIDECI el 17 de octubre con Silvana Rabinovich
Compartimos este pronunciamiento del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET) a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 27 de agosto de 2026
AL GOBIERNO DE MÉXICO
A LA OPINIÓN PÚBLICA
El pasado 20 de agosto del 2026 en el periódico El Sur de Acapulco leímos con sorpresa que el director general del INPI, el Lic. Adelfo Regino Montes, anda solicitando un voto de confianza a los pueblos originarios https://suracapulco.mx/impreso/1/pide-adelfo-regino-voto-de-confianza-a-consulta-para-crear-la-ley-general-de-pueblos-indigenas/ ante la andanada de críticas recibidas al contenido de la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Hay varios posicionamientos al respecto, de los cuales ratificamos lo siguiente. Con todo respeto para el Lic. Adelfo, le decimos que desde su llegada, no ha cambiado absolutamente nada de la añeja política indigenista implantada en México y lejos quedamos de la esperanza de establecer una nueva relación entre los pueblos originarios y el estado, en donde este, a nombre y siempre con la pretensión de uso de los pueblos sigue abrogándose la forma en la creen debemos vivir y accesar a nuestros derechos; también le decimos que usted ha sido un ferviente promotor de proyectos neoliberales en los cuales ha utilizado su mal llamado derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado para gestar el despojo del territorio a cientos de comunidades, entre ellas, pero no sólo, del sur-sureste de México (parques eólicos, Tren Maya y Transístmico, entre otros) y, por si fuera poco, traicionó la confianza que los pueblos depositamos en usted durante el proceso que derivó el “Los Acuerdos de San Andrés”.
Por otra parte, las y los integrantes del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), de los pueblos originarios Mè’phàà y Na Savi que habitamos las comunidades en las regiones de Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero, queremos manifestar nuestra postura ante la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
1.- El estado mexicano sigue teniendo reservas, prudencia y miedo para que los pueblos originarios logremos tener plenitud en el ejercicio de todos nuestros derechos inherentes en prácticamente dos temas centrales y trascendentales: la libre determinación al que consideramos nuestro derecho matriz, y el Territorio que en sí mismo es un derecho fundamental, porque sin alguno de ellos o sin los dos, el resto de nuestro derechos, que están interconectados, se desvanecen. Para que ello suceda el estado mexicano es timorato y rehúye una y otra vez declare abierta y plenamente que México debe ser un estado PLURINACIONAL y dejar en el pasado los clásicos artilugios nacionalistas de que avanzamos mucho si nos consideramos una nación pluricultural, multiétnica y plurilingüe. Si vamos a hablar de derechos hagámoslo de forma contundente, sin discriminación ni racismos, porque lo planteado en la ley sigue siendo de tipo colonialista en donde nos van “dando” derechos de forma parcial, aunque en los discursos se presuman como grandes logros. Hablemos de la nación Mè’phàà, la nación Na Savi, la nación Afrodescendiente, la nación Náhuatl, la nación Ñomndaa, etc. Sin asimetrías, con igualdad, sin discriminación con derecho propio de facto y no simulado, eso es tan sólo una pequeña parte de lo que significaría plantear la plurinacionalidad, por lo tanto, sin ella, la oferta estatal de la propuesta nos orilla a discutir “demagógica y democráticamente” derechos fragmentados, inelegibles y siempre con la fuerza que puede tener sobre el derecho de un pueblo indígena el “derecho” del bien e interés público que a simple vista, tal como se platea en el artículo 333 de dicha propuesta, sabemos desde hace siglos significa el sacrificio nuestro para el bienestar del resto de la nación.
2.- Nos han hecho creer que la CONSULTA Y EL CONSENTIMIENTO, PREVIO LIBRE E INFORMADO sea un derecho. Nosotros afirmamos que desde la aparición de ese falso derecho tanto en La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha sido utilizado en todo el mundo, incluyendo México, para provocar confusiones al mismo tiempo que genera condiciones para legitimar e incluso legalizar el despojo de los bienes naturales de los pueblos originarios, además de también haber sido útil para imponer zonas de sacrificio muy del agrado de las proyecciones neoliberales que este gobierno dice combatir, pero siempre bajo “la interpretación de un tercero” se ratifica el beneficio supremo del orden público, interés social y la famosa observancia general en todo el territorio nacional. En CRAADET no aceptamos que se nos consulte o se nos pida el consentimiento cuando el estado o un proyecto de la iniciativa privada tenga pretensiones de instalarse en nuestro territorio con elocuentes regalos de progreso y desarrollo para imponer procesos que están orientados para dañar parcial o totalmente alguno o algunos de nuestros derechos. Nos parece que pedir una consulta o un consentimiento a costa de daños de otros derechos acordando pagos de compensación o de restitución de daños es por decir lo menos ofensivo. Cabe señalar un ejemplo concreto del mal uso de la consulta y el consentimiento, es el realizado en el contexto de la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, porque violenta varios principios descritos en el artículo 6to de la misma.
3.- La Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos parece un buen manual para seguir estimulando leyes concurrentes en México. Es decir, el acceso a nuestros derechos colectivos depende de los actos de la federación, del estado y del municipio, por lo tanto, la propuesta no abona a resolver esa eterna problemática de la fragmentación normativa en la que vivimos, a la que se suma el peso del control político de los partidos y las instancias de poder político. Basta señalar un ejemplo muy común; no es lo mismo ser indígena en Oaxaca que en Guerrero, justo porque las condiciones políticas son marcadamente diferentes. Por ejemplo, en el Congreso Estatal de Oaxaca aproximadamente la mitad de las y los legisladores son de algún pueblo originario, lo que incrementa la posibilidad de establecer normas y reglamentos más cercanos a los pueblos, mientras en Guerrero no llegan a más de tres integrantes. Evidentemente si el acceso a derechos colectivos depende de mecanismos democráticos sin igualdad y equidad, los resultados serán diferenciados. La Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos plantea posturas y conceptos, pero no aborda procesos, ni formas, ni reglas, dejando de responsables a “los estados y municipios” en donde las permanentes luchas partidistas datan de una larga experiencia en la cual, no pocas veces, incluso acabamos con actos regresivos de derechos en la constitución estatal.
4.- Es un despropósito que una instancia con tan poca legitimidad como el INPI, sea quien se abrogue el derecho de avalar el ejercicio de los derechos de un pueblo, ni tampoco se trata de crear un ente que con legitimidad haga lo propio. En la misma línea cae el dictamen de improcedencia en casos de consulta y consentimiento, al que se suma también además del INPI, la secretaria de gobernación.
5.- El contenido de la Propuesta está muy lejos de ser un proceso para la construcción de una nueva relación entre los pueblos originarios y el estado mexicano, en donde las históricas asimetrías entre ambos puedan ser superadas.
6.- Nos espanta el desdibujamiento dentro de la propuesta en cuanto al TERRITORIO se refiere, ya que para nosotros es un derecho fundamental e intrínseco a la misma vida y permanencia de nosotras y nosotros como pueblos. Nada se menciona sobre la nueva territorialización encabezada por grupos del crimen organizado que están asumiendo no sólo el control del territorio y los bienes naturales, sino que además se están apropiando de las estructuras de gobernanza que tenemos, de tal manera que, asumir que la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano engrandece nuestra condición de derechos es un falso supuesto.
Cerramos diciendo que no participaremos en legitimar esta Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos porque muestra claramente nuevas vías para instrumentar el despojo de nuestro territorio y los bienes naturales que lo integran, limita nuestra acción para establecer arduos procesos basados en la libre determinación como proceso permanente orientada fortalecer nuestros procesos de autonomía y pretende una clara utilización política de nuestros pueblos para legitimar algo incorrecto. La Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos establece claramente que será el estado quien siga abrogándose la forma en la que pretendan regular nuestros derechos, porque contribuye a sostener la política indigenista lo cual evita la construcción de una nueva relación entre los pueblos originarios y el estado.
Imagen: INPI – Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
Compartimos este comunicado de La Alianza Mexicana Contra el Fracking – A Agosto 2026
En medio de las crisis de salud y ambiental provocadas por la explosión del pozo de gas Krem-1 y faltando a sus propios compromisos, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció uno de los golpes más duros a la seguridad hídrica del país y a los derechos humanos que debería proteger: la aprobación del fracking, particularmente en el noreste del país, una región donde la escasez de agua ya provoca conflictividad social.
Con la intención de lograr legitimación, la presidenta turnó la decisión a un comité coordinado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), encabezada por la Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez. El 15 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó a 17 especialistas con un mandato preciso: analizar la «posible explotación sustentable» del gas no convencional. El encargo revelaba un sesgo de origen: no buscaba responder si México debía prohibir el uso del fracking, sino cómo usarlo con menos culpa. Las organizaciones firmantes reiteramos que, por definición, es imposible hacer de manera “sustentable” la exploración, extracción y quema de combustibles fósiles.
¿Cómo esperan legitimar la opinión de un comité al que no fueron invitados integrantes de las comunidades que serían directamente afectadas, ni personas expertas en epidemiología, derechos humanos y territorios indígenas? Esta omisión no es accidental: el fracking no es un asunto puramente técnico; es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos. Tratarlo solo como ingeniería es ya una forma de manipular el debate.
El Gobierno y su comité insisten en que hay nuevas tecnologías que reducen el impacto ambiental e hídrico: uso de agua salobre, reciclaje de agua, espuma de dióxido de carbono (CO2), sustancias de origen orgánico o biodegradables, entre otras. Sin embargo, estas alternativas aparecen principalmente como experimentos documentados en artículos académicos, no como soluciones utilizadas de manera generalizada en ninguna parte del mundo. No existe evidencia científica sólida que demuestre que estas técnicas eliminan los riesgos estructurales e inherentes del fracking. Por el contrario, científicos nacionales e internacionales han advertido que los riesgos para los acuíferos, las fugas de metano, los sismos inducidos y las afectaciones sociales y ambientales no desaparecen con estas supuestas innovaciones1. A esto hay que sumarle que las actividades de fracking generan emisiones de metano, uno de los gases de efecto invernadero que más calientan el planeta y que, además, toxifica el aire y daña la salud de las personas.
Lo que sí existe son datos que dimensionan la amenaza. De acuerdo con la más reciente investigación de CartoCrítica, el despliegue del fracking en México no sería una actividad puntual ni acotada a unos cuantos pozos. Para recuperar apenas el 10% de los recursos prospectivos se requerirían más de 25 mil pozos y 1,923 millones de metros cúbicos de
agua dulce.
El anuncio tampoco explica cuál será la disposición final de los residuos, no prohíbe su posible descarga en cuerpos dulces o marinos, ni considera que inyectarlos en pozos de disposición tampoco es seguro: las fisuras, fugas y fallas de integridad pueden no solo contaminar acuíferos sino provocar sismicidad inducida. Tampoco garantiza transparentar su ubicación, volumen y composición química. El tratamiento de estas aguas es poco común, significativamente más costoso y económicamente inviable; además, los procesos disponibles no siempre eliminan metales, compuestos disueltos y materiales radiactivos. A estos costos, que suelen ser invisibilizados por la industria, se debe sumar el enorme costo económico y financiero que implicaría el desarrollo de esta técnica mortífera. Se ha propuesto la creación de un fideicomiso con la participación de capitales privados, nacionales e internacionales, o bien, la creación de contratos mixtos con la industria petrolera, contrario al discurso de soberanía energética sostenido por el gobierno y con el que buscan justificar el falso “fracking sustentable”.
El costo social también sería enorme. Más de 6 millones de personas viven dentro de las áreas potenciales de extracción de hidrocarburos no convencionales o en su radio de impacto potencial y estarían en riesgo por exposición directa a contaminantes, vulnerando sus derechos humanos y su salud2.
El noreste de México -donde se ubican regiones que hoy son de interés para el gobierno y capitales para la exploración y posible explotación de gas no convencional- atraviesa ya una profunda crisis hídrica. Alrededor del 40% de la superficie con potencial de hidrocarburos no convencionales presenta actualmente un estrés hídrico alto o extremo, proporción que se proyecta en aumento hacia 2050. Se calcula que el 65% del agua requerida para el fracking se ubica en regiones donde la operación consumiría entre el 50% y el 100% del agua disponible localmente. La conclusión es contundente: 8 de cada 10 litros necesarios para el fracking generarían condiciones de riesgo hídrico grave3.
No se debe ignorar que, desde el anuncio de la conformación de este comité hasta la conferencia de prensa sobre sus recomendaciones, la sociedad, pueblos y comunidades de las regiones amenazadas se han organizado y movilizado para expresar su contundente y total rechazo al fracking.
Para las comunidades potencialmente afectadas, ningún empleo temporal ni promesa de inversión y supuesto desarrollo justifica sacrificar el agua, la salud y el futuro de sus territorios. Tampoco es aceptable el argumento falaz de la soberanía energética para
expandir el fracking en México; la primacía de los derechos humanos debe prevalecer sobre cualquier agenda económica o política que los afecte.
Exigimos
● La prohibición constitucional del fracking en todo el territorio nacional, como única garantía de protección a los derechos universales a la salud y un medio ambiente sano.
● La inclusión efectiva e inmediata de las comunidades potencialmente afectadas en cualquier discusión respecto al uso de esta técnica.
● Cumplimiento irrestricto de las obligaciones constitucionales del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y de prevenir, investigar y sancionar sus violaciones en todo el territorio nacional.
● Respeto y garantía a la autonomía y al derecho a la libre determinación de los pueblos, comunidades en su decisión de no permitir fracking en sus territorios.
● La transparencia y rendición de cuentas sobre las acciones de este comité a la SECIHTI y particularmente de su titular, quien ha mostrado una clara intención de apoyar que se realice esta peligrosa técnica en el territorio nacional.
Compartimos estos comunicados de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal – A 12 de agosto de 2026
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A los Medios Libres y Alternativos
A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
Hoy 12 de agosto, día en que la mal llamada “Suprema Corte de Justicia de la Nación”, liberó masivamente a los paramilitares en el año de 2009, concluirá nuestra campaña, Me oy Chapanel, oy jun O´ntonal” (Si Hay Justicia, Hay Paz). Y en el lapso de los tres meses desde el 14 de mayo y hasta este 12 de agosto de 2026, seguimos en espera de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emita el Informe de Fondo del Caso 12.790 Manuel Sántiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal) y le recordamos que la impunidad y las estrategias de desgaste del Estado mexicano en los sobrevivientes, aunado a las represiones, agresiones, desapariciones forzadas, divisiones en las comunidades, así como el despojo de las tierras y territorios de los pueblos originarios, han aumentado y agravado.
No nos cansamos, no nos echamos para atrás, sino que hoy volvemos a RECORDAR y SOLICITARLE a la CIDH para que emita ya el Informe de Fondo del caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otra Masacre de Acteal. Dicho Caso la interpusimos junto con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) desde el año 2005, en el cuál expusimos y entregamos suficientes pruebas de los hechos ocurridos más crueles en el campamento Civil Por la Paz “Los Naranjos”, evidenciando que la Masacre de Acteal, es el mismo Estado mexicano la planeó, financió y que es consecuencia de la estrategia de guerra de contrainsurgencia diseñado durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León.
El Estado mexicano a través de sus agentes encargados de generar conflictos en las comunidades para desgastar nuestra lucha por la justicia, la resistencia y la construcción de nuestra autonomía. Así como recientemente el 7 de agosto del presente, fueron privados de manera arbitraria e ilegal dos miembros de Las Abejas en la comunidad Nuevo Yibeljoj: Eusebio López Guzmán y José A. Jiménez Pérez, acusados y multados sin ningún fundamento jurídico. Ante esta larga oscuridad de impunidad, de injusticias, de violencias y de asesinatos; nuestra esperanza crece y nos va abriendo caminos de luz para seguir adelante en la construcción de la justicia de la Masacre de Acteal.
Está claro que los 3 niveles de gobierno en vez de tener voluntad política para aplicar la justicia verdadera, sólo profundiza las injusticias y genera caos y crisis de derechos humanos a nivel nacional. Uno de los ejemplos indignantes es la insensibilidad y desatención de parte del gobierno federal hacia las madres buscadoras de México.
Ante la coyuntura política actual, traemos a la memoria para recordar más claramente que este 12 de agosto se cumplen 17 años la liberación masiva de los paramilitares autores materiales de la Masacre de Acteal, por decisión de la Suprema Corte de Ricos y Criminales o la mal llamada “Suprema Corte de Justicia de la Nación” (SCJN). Esa fecha en que la dizque “Casa Máxima de Justicia”, liberó a los asesinos de nuestros padres, madres, hermanas y hermanos; hermanitas y hermanitos. Este hecho de corrupción judicial nunca la olvidaremos, porque en vez de escuchar nuestra palabra y testimonios de lo que pasó realmente el día 22 de diciembre de 1997, optó por abrirle la puerta a la impunidad, sellar con la ignominia un Crimen de Lesa Humanidad, optó por escuchar y liberar a los autores materiales la mayoría confesos y sentenciados de entre 30 y 35 años de condena. Es por eso que este día 12 de agosto es importante y ha quedado ya escrito en libros y plasmado en imágenes, en cantos y poesías y es el motivo que en esta fecha decidimos cerrar nuestra campaña: Me oy Chapanel, oy jun O´ntonal” (Si Hay Justicia, Hay Paz).
Aunque hasta la fecha la CIDH no haya emitido el Informe de Fondo, no vamos a quedar callados, no vamos a conformarnos con nada, porque es nuestro derecho seguir solicitándolo y así lo haremos. Mucha gente en varias partes del mundo, sus ojos y su corazón están puestos en Acteal, en exigencia de la justicia y también están en la espera del anhelado Informe de Fondo.
Le preguntamos a la CIDH ¿hasta cuándo vamos a esperar la emisión del Informe de Fondo? Porque mientras se sigan tardando, más se enraíza la impunidad, se agrava el desgaste en los sobrevivientes de la Masacre de Acteal, varias personas peticionarias del Caso 12.790 Manuel Sántiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal) se han muerto y se fueron con la esperanza de encontrar la justicia.
A pesar de la larga oscuridad e impunidad de la Masacre de Acteal, nuestros retoños, nuestras esperanzas y horizonte de alegría y de luz, son las nietas y nietos de las víctimas y familiares de los sobrevivientes de la Masacre de Acteal, que ya van creciendo, que ya van tomando conciencia y abriendo caminos para denunciar y exigir la justicia verdadera que tanto deseamos y que no siga siendo una utopía, sino que se haga realidad muy pronto.
Por ahora es toda nuestra palabra, pero antes de cerrar queremos agradecer a todas las mujeres y hombres quienes estuvieron atentas, difundieron y compartieron en sus espacios y para que nuestra campaña: Me oy Chapanel, oy jun O´ntonal” (Si Hay Justicia, Hay Paz), tuviera eco y conocimiento. Así mismo a las y los periodistas, comunicadores, fotógrafos, a todas las personas de buen corazón, que han caminado junto a nosotras y nosotros en este arduo caminar por la Verdad y la Justicia, gracias por su colaboración y difusión de nuestra campaña. Y decirles que aunque la campaña se cierra este día, no quiere decir que aquí se acaba nuestra solititud a la CIDH en la emisión del Informe de Fondo, iremos haciéndolo mes con més, hasta que se logre el Lekil Chapanel, el cual Las Abejas de Acteal va por su parte construyendo desde abajo en lo que hemos nombrado La Otra Justicia.
Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, la construcción de la justicia verdadera y de la paz, sigue adelante.
¡Vivan los Mártires de Acteal!
¡Viva la Paz!
¡Viva la lucha activa No-violenta!
Atentamente.
La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
Desde el arribo a su segundo mandato sorprende día a día con alguna novedad. Se supera a sí mismo cada vez, y cuando se piensa que ya es imposible que haga o diga más sandeces al día siguiente sale con otra, y luego otra. Es Inaudito. Estamos viviendo un período de transición que no se había visto nunca. El mundo capitalista está gobernado hoy por psicópatas, sociópatas y narcisistas. Sin embargo, este presidente se lleva de calle a todos juntos.
Ningún Imperio ha sido eterno. Todos han colapsado tarde o temprano. Pero, ¿El psicópata derrumba al Imperio o el Imperio crea al psicópata que le dará muerte? Y es que no sólo se trata de elaborar un análisis geopolítico o geofinanciero, sino de cómo las personalidades y las patologías determinan y aceleran el fin de un Imperio dirigido por psicópatas. Es la geopsiquiatría.
Estados Unidos presume ser faro de la libertad y la democracia, lo que no ha sido nunca, aunque se ha creído esa narrativa pese a ser el primer país en el mundo con más tiroteos y estudiantes muertos en escuelas, así como otros lamentables indicadores sociales, económicos y políticos que derrumban el “sueño americano”. Ahora, en el clímax de su agonía nacional e imperial lo gobierna un criminal de guerra, homófobo, sexista, misógino, ladrón, violador, racista, xenófobo, convicto, especulador, fraudulento, asesino, mentiroso, genocida, pederasta, evasor de impuestos, represor, ególatra, narcisista, corrupto, cínico, manipulador y colérico. Actúa de manera ilegal, se salta la legislación de su país y el derecho internacional; actúa en desacato a la autoridad judicial y amenaza a propios y extraños. Los mismos políticos estadounidense no lo han bajado de “desquiciado”, “loco”, “tonto”, “demente” y un largo etcétera. Y de todos estos adjetivos hay pruebas contundentes y bastas, nada es inventado. Existen infinidad de fuentes por todas partes y medios de comunicación, textos, videos y hasta el mismo presidente presume muchas de estas “virtudes”. Son tantas las fuentes y tan bastas que da flojera exponerlas para sustentar cada una, para sustentar lo evidente y lo que está a los ojos del mundo entero. Cualquier persona puede verificar cada cosa sobre este presidente que padece el Trastorno de la Personalidad Narcisista (TPN) en su máxima expresión. Es duro decirlo, pero es real. De repente pensamos que no puede haber una persona que represente todo eso. Bueno, Netanyahu sería otro, y quizás muy de cerca Zelensky o Milei. Y al parecer la lista va creciendo conforme avanza la derecha.
El primer Presidente convicto al que se le ha comprobado legalmente sus delitos por un tribunal promueve la guerra, la pena de muerte y el genocidio. No hace mucho tiempo se penalizaba el discurso de odio y la violencia de género, la violencia política y otras violencias, pero hoy se normaliza, se acepta, se aplaude, se presume y no pasa nada. Donald Trump considera que se deben utilizar métodos de tortura como el «submarino» o ahogamiento simulado (cuando se cubre el rostro con una manta y agua), y vocifera sin pena acciones que violan el derecho internacional y anuncia y ejecuta crímenes de guerra como bombardear escuelas, puentes, plantas de energía y de agua, caminos y todo tipo de infraestructura civil. Mientras apoya, arma, financia y protege al ente genocida de “Israel” es obviamente cómplice de los crímenes de guerra de Netanyahu, del bombardeo de universidades, casas, ambulancias, campamentos, hospitales; de asesinatos de periodistas, de niños y niñas, de tortura, de envenenar agua y quemar plantaciones de alimentos o evitar la ayuda humanitaria usando el hambre como estrategia del genocidio.
Amenaza a diestra y siniestra con aplicar ilegales aranceles a todo el planeta y luego de desdice mientras cumpla el objetivo de amedrentar, especular y sentirse poderoso con el fin de tener el control y doblegar a los países para que regresen a su círculo de dominio.
Trump usa la policía anti inmigrante, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), encapuchados cual viles sicarios, para secuestrar no solo a migrantes sino a residentes legalmente establecidos en el país, incluso a compatriotas norteamericanos. Con esta policía ha balaceado a clérigos que protestan en las calles; provoca redadas y allanamientos de viviendas y comercios. Igual lleva a cabo arrestos sin órdenes de aprehensión que ejecutar deportaciones masivas o suspender las solicitudes de inmigración para personas de 19 países considerados «de preocupación»: Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Trump pretende deportar a más de 10 millones de migrantes, fortalecer el muro y que México cubra el costo, así como eliminar la “ciudadanía por nacimiento”.
El Presidente elimina visas a su antojo, incluso a diplomáticos, y del mismo modo decide quién entra al territorio de la ONU en Nueva York. Persigue a sus críticos husmeando en sus redes sociales para determinar si entran o no a su país. Invalida documentos oficiales, elimina el uso de otros idiomas en los despachos gubernamentales y encarcela a cientos de personas sin derecho a juicio, ni abogados ni visitas, además de negar información a sus familiares sobre sus paraderos. Todavía peor, los envía a cárceles en otros países. Incluso hay ciudadanos norteamericanos desaparecidos.
Donald Trump insulta, persigue y amenaza al Poder Judicial, a jueces, abogados, políticos, funcionarios, congresistas, periodistas, militares, gobernadores, estudiantes, empresarios, iglesias, redes sociales y todo aquél que se le oponga, que le critique o que se salga de su circuito de control y poder. Expulsa de las ruedas de prensa a periodistas y los insulta, como a todo mundo con su lenguaje y vocabulario pobre y deficiente. Igual se queda dormido que interrumpe abruptamente las entrevistas, o logra que se despidan a los presentadores de televisión que se burlan de él, aunque no puede hacer nada contra los abucheos que ha recibido en público durante eventos masivos o deportivos.
Donald Trump engendra miedo en la población al tiempo que reprime a estudiantes. Incluso aquellos que han protestado contra el genocidio y sus políticas se les ha prohibido titularse en las universidades y aún así se les obliga a pagar sus deudas escolares. Del mismo modo se han expulsado a directores y maestros de diversas universidades del país. Por otro lado, Trump declara que solo existen dos géneros, hombre y mujer, y desconoce los derechos de la comunidad LGBT. Prohíbe que las personas transgénero sirvan en el ejército de Estados Unidos o participen en deportes femeninos. Se burla, mofa y esgrime groserías contra todo aquél que se atreve a cuestionarlo. Pero le cuelgan demandas de todo tipo en su país. Sin embargo, no acata las resoluciones judiciales y se salta toda estructura de legalidad con impunidad apabullante frente a los ojos del mundo.
Se cree y se siente único y ungido por Dios, elegido por Dios. Se autodenomina el mejor presidente de su país en los últimos 100 años. Publica imágenes donde se compara y se asume como Jesucristo, el Rey del mundo con su corona, Comandante Cósmico, Premio Nobel, o vestido de Elvis Presley o de Papa. Realmente ridículo. Para rematar su delirio de grandeza publica la escena donde líderes religiosos, cristianos fanáticos, rezan y oran a su alrededor en la Sala Oval de la Casa Blanca como si fuera el ungido, el mesías todopoderoso al que se le reconoce como el salvador que hará nuevamente grande a los Estados Unidos.
Trump se siente soñado y hecho a mano. Reestructuró la junta directiva del monumento en Washington, D.C., para incluir su nombre en el afamado Centro Kennedy y convertirlo en el «El Centro Trump- Kennedy». También inventó la Tarjeta Dorada Trump con su rostro estampado (en inglés: Trump Card o Trump Gold Card), un tipo de visa de residencia para extranjeros que cuesta entre 1 y 5 millones de dólares. Por si fuera poco, raya en los síntomas más ridículos del Trastorno de Personalidad Narcisista (TPN). Trump expresa abiertamente su interés en que su rostro se esculpa en la montaña como la quinta cara en el Monumento Nacional del Monte Rushmore (Dakota del Sur), donde se ubican los famosos rostros tallados de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. Pero hay más de su patología narcisista. Trump festeja su cumpleaños con un mega evento con la instalación de un enorme foro frente a la Casa Blanca en el marco de los 250 Aniversario de los Estados Unidos. En su delirio por inflar su ego, anuncia la edición de un billete de 250 dólares con su rostro y la emisión de 250 mil pasaportes conmemorativos («Pasaporte Patriota») que incluirán su retrato. ¿Serán posibles más sandeces? Sí, se construye la “Autopista Presidente Donald J. Trump” de 1,055 kilómetros en Marruecos que atravesará el Sáhara Occidental
Trump cambió el nombre del ‘Departamento de Defensa’ al ‘Departamento de Guerra’ y luego se lanza a la guerra contra Irán y su primera acción es asesinar con una bomba a 167 niñas en una escuela en el país persa. Sin embargo, insiste en que él debería obtener el Premio Nobel de la Paz y argumenta con la mentira de que ha detenido siete guerras al tiempo en que financia y fortalece el genocidio en Palestina para crear en Gaza un complejo turístico de lujo, «la nueva Riviera de Oriente Medio». Su disociación con la realidad le da para hacer que la FIFA invente por primera vez el Premio de la Paz y se lo otorgue a él en una ceremonia ridícula. Incluso Trump propone que el corrupto Giovanni Infantino, Presidente de la FIFA, sea el Secretario General de la ONU. Esto raya ya en lo vergonzoso y ridículo, incluso patético. Pero por si fuera poco, las guerras contra Rusia en Ucrania y contra Irán son de dimensiones globales, así como las consecuencias de los asesinatos de pescadores en lanchas en Venezuela y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro.
Trump es un mitómano empedernido con un patrón impulsivo a las falsedades. Es mentiroso y embaucador, esgrime datos falsos e historias distorsionadas a cada momento para adecuarlas a su narrativa y sus intereses, típico de personalidades que buscan atención y admiración. Trump asegura que los países latinoamericanos «vacían sus cárceles y hospitales psiquiátricos» para enviar criminales a Estados Unidos, país donde seguramente ha de reinar la paz, la prosperidad, donde nadie se mete drogas y menos su ejército, donde no hay empresas ni y empresarios corruptos, ni aduana o policías corruptos, donde no hay cárteles que distribuyen drogas ni bancos que lavan el dinero. Así, la prensa y las redes sociales han registrado decenas de miles de afirmaciones falsas. En medio de la crisis de su país y cuya deuda externa ya rebasa los $39 billones de dólares, no se cansa de afirmar que durante su
presidencia el país registra la «mejor economía de la historia del mundo», utilizando datos falsos e inflados sobre los mercados financieros, el empleo, la inflación o las inversiones y con permanentes críticas a la autonomía de la Reserva federal.
Trump cuenta con muchas denuncias de abusos sexuales y aparece miles de veces en los Archivos Epstein. Bloquea el acceso a la información de la red gigantesca de pederastia creada por el ente sionista “Israel” para chantajear y controlar a los actores más importantes desde políticos, artistas, intelectuales, entre otros. Por si fuera poco, Trump ha sido declarado culpable de falsificación de registros comerciales en primer grado y fue acusado de instigar la rebelión armada con la toma del Congreso donde se allanaron las oficinas con saldo de policías muertos, como si fuera un golpe de estado.
Donald Trump acusa de fraudes electorales en su propio país, el supuestamente más democrático. Interviene expresa, pública y directamente en elecciones de otros países con chantajes, sobornos y amenazas para que sus candidatos queden en el poder y se plieguen a los intereses del ente genocida y de los Estados Unidos. También cae en desacato permanentemente y actúa ilegalmente y sin permiso del Congreso de los Estados Unidos. Rompe las leyes nacionales y el derecho internacional. Se retira de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se retira de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se retira del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y así de un total de 31 instituciones de las Naciones Unidas. También se retira del Acuerdo de París, recorta el presupuesto de salud y de programas sociales y hasta un 50% el presupuesto en Educación. Suspende los fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Inter Americana (IAF). Para evitar la cárcel por sus delitos impulsa la desaparición de la Corte Penal Internacional porque argumenta que no es nadie para juzgar a los Estados Unidos. De lograrlo le dará impunidad también a Netanyahu quien es acusado y perseguido por la Corte por el genocidio palestino, aunque al interior del ente sionista también se le acusa de corrupción por lo podría ir a la cárcel por este motivo. Trump también logró que la Corte Suprema de Estados Unidos otorgara inmunidad a los presidentes frente a procesos penales por actos oficiales.
Trump promueve a su abogado personal, Todd Blanche, como Fiscal General de los Estados Unidos para que le proteja de las demandas en su contra. Blanch está vinculado a los esfuerzos para bloquear las auditorías fiscales de la familia Trump. También promueve para altos puestos de la fiscalía al ex fiscal James M. McDonald, otro abogado defensor de Trump. Por si fuera poco, el presidente convicto despide al nuevo fiscal federal principal en Seattle, Roger Rogoff, exjuez y veterano fiscal estatal y federal, a menos de una hora después de que fuera designado por unanimidad por los jueces federales del distrito. Así, Trump controla al Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo por medio del miedo, de la corrupción y el chantaje. Y detrás de todo está el lobby sionista que tiene atadas las manos y tapadas las bocas a los principales actores en el país por medio de sus Archivos Epstein y por medio del dinero que compra costosas voluntades.
En un caso sin precedentes e insólito, por la filtración de sus declaraciones de impuestos de 2019 y 2020, el presidente Donald Trump demandó a su propio gobierno por 10.000 millones de dólares. Sin embargo, logró un acuerdo con el Departamento de Justicia para retirar su demanda a cambio de un fondo de casi 1.800 millones de dólares, que le anulen las acusaciones de evasión fiscal y que se veten las auditorias «para siempre» en su contra y de toda su familia. Así, Trump es un defraudador fiscal y todo un delincuente consumado. Incluso infló el valor de sus activos para conseguir préstamos y los devaluaba para no pagar impuestos. ¿Se puede ser más corrupto que eso?
Trump se robó más de 13 mil documentos del gobierno y los escondió en su gigantesca mansión de Mar-A-Lago. Más de 300 documentos eran clasificados como “ultrasecretos”. Un fiscal le imputó 40 cargos federales por delitos graves como el mal manejo intencional de secretos de defensa nacional bajo la Ley de Espionaje y obstrucción de la justicia. Además, en su gran mansión lleva a cabo encuentros oficiales y los aloja en sus edificios y hoteles para cobrar al erario público por la renta de sus inmuebles y enriquecerse a costa de los estadounidenses.
Donald Trump es un estafador con el uso de sus criptomonedas; usa la información privilegiada para jugar con los mercados y manipular y especular con los precios del petróleo. El y su familia se han enriquecido de manera grosera. En el primer año de su segundo mandato aumentó su fortuna en 1.400 millones de dólares por ingresos relacionados con activos digitales lo que sumó más de 2.300 millones de dólares de ingresos en lo que va de su reinado. Por si fuera poco, Trump afirma cínicamente que puede manipular los mercados y ofrece a los inversores recibir sus mensajes en su red social antes de publicarse para que lucren con la especulación, a cambio de cobrarles 100 mil dólares la suscripción mensual.
Trump pretende anular elecciones o con artimañas lograr que se reduzcan los votantes en su contra para entronarse en el poder hasta su muerte. Ya lo había amenazado años atrás afirmando que no habría necesidad de más elecciones a partir de su llegada al poder. Pero lo cierto es que va perdiendo adeptos aunque el sionismo israelí tratará de mantener el poder cueste lo que cueste.
Desde su trono imperial sigue amenazando a Dinamarca con quedarse con Groenlandia; bombardea y asesina a pescadores en sus lanchas e inventa cárteles y drogas para justificar la invasión de Venezuela, robar su petróleo y secuestrar a su presidente. Trump se burla y se mofa del Primer Ministro de Canadá y amenaza a ese país con anexar alguna de sus regiones o convertirlo en otro estado más de su delirante imperio. También hace lo mismo con los mandatarios europeos, los humilla, los critica y los ningunea.
No hay razón, no hay necesidad geopolítica sino su necesidad de sentirse poderoso. Lo más patético es que todos ellos le rinden pleitesía. Pareciera que estamos viendo un Síndrome de Estocolmo político internacional. Por si fuera poco, les sabotea y deja sin utilidad el gasoducto submarino Nord Stream 1 de 1,200 km que conectaba las reservas rusas de gas a Europa, y ahora los europeos tienen que comprarle a Estados Unidos el gas a precios estratosféricos. Pero para los mandatarios europeos los rusos son el enemigo, no Estados Unidos.
Donald Trump pretende cambiar el nombre de Golfo de México por Golfo de América y tener el total control del Canal de Panamá para expulsar a China de la región. Amenaza con invadir México y con adueñarse de Cuba. Libera al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández gracias al pago que le dan los judíos israelíes sionistas, quien purgaba una pena de 45 años de cárcel por narcotráfico. Honduras ha sido el narco estado más cohesionado y creado por el propio Estados Unidos. Este expresidente ya liberado tendrá la tarea de crear una campaña mediática contra Colombia y México para imponer a la ultra derecha más podrida de cada uno bajo la influencia sionista. Ya el resto de los países de América Latina y El Caribe están en sus manos. Y por otras latitudes, en Siria, luego de derrocar a Bashar al-Ásad en 2024, impone al actual presidente Ahmed al-Sharaa (Abu Mohammad al-Julani), quien fuera miembro de Al Qaeda, antes perseguido por los Estados Unidos que ofrecía 10 millones de dólares por su captura, acusado de terrorismo y de decapitar a sus enemigos, y ahora muy querido y aliado de Trump.
Sin contar con los permisos del Congreso, Trump mandó demoler parte de la Casa Blanca para construir su Salón de Baile con un costo de 300 millones de dólares mientras embarra de dorado las paredes de la Casa Blanca porque le fascina el oro. Y para engrosar su ego, la familia real de Qatar le dona un Boeing 747-8 valorado en $400 millones de dólares para usarse como el avión presidencial Air Force One.
Para Trump la culpa de todo los males de Estados Unidos y de las consecuencias de sus actos están afuera. Los culpables son ‘los migrantes’ cuando él mismo y su esposa lo son. Como ya no es suficiente este discurso los culpables son ahora ‘los terroristas’ cuando Estados Unidos es el principal terrorista imperial que invade, roba y asesina en decenas de países por todo el planeta. El turno es para ‘los narco estados’ cuando Estados Unidos es el principal narco estado del mundo, quien más consume droga, la trafica, la administra y se enriquece del negocio. Ahora la culpa la tienen los ‘radicales de izquierda’ que ve en cada persona que exige justicia y sus derechos humanos. Al final es el ‘comunismo’ que no existe en ningún rincón del planeta. Sin embargo, aunque sus propios ciudadanos ya lo han intentado asesinar, las amenazas de Irán le generan tal pánico que da instrucciones a Pentágono de que, en caso de ser asesinado, se bombardee Irán a «niveles nunca antes vistos”. Así, trasnochado, confundido, con
delirios de grandeza, con miedo e inseguridades, el dictador se derrumba, pierde el control y en su desesperación los ve todos juntos: ‘los comunistas terroristas radicales de extrema izquierda’.
Si pocos de estos indicadores se dieran en algún gobierno de América Latina hace algunos años, ya se hubieran desplegado los misiles mediáticos, políticos y hasta militares contra la nación que se atreve a rebasar cualquier línea. La ONU ya hubiera desplegado sus Resoluciones, Estados Unidos sus amenazas y sanciones y se ejecutarían golpes de estado. Sin embargo, hoy pareciera que el sionismo requiere de psicópatas y delincuentes al frente de los gobiernos para romper los límites morales y éticos, desafiar el concepto de los derechos humanos y sus instituciones, eliminar los marcos del derecho internacional para permitirse todo exceso. Lo más irónico es que, para justificar tantas atrocidades, no hay gobierno de derecha sionista que no se cobije bajo los designios, la voluntad y la protección de Dios.
En este contexto, en los países de América Latina y el Caribe se observa que la oleada de la extrema derecha aliada al trumpismo y al sionismo israelí se cimienta más rápido que tarde. México se verá acorralado entre los demonios, sin amigos ni alianzas regionales. ¿La izquierda podrá hacer algo? O resentidos por las promesas incumplidas, los avances no valorados, las transiciones no vistas o faltos de análisis, ¿votará su castigo para sumarse al eje sionista? Porque una vez comidos ni regurgitados renacemos.
Compartimos este comunicado del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 6 de agosto de 2026
A los medios de comunicación,
Al público en general:
Representantes de los tres niveles de gobierno y secretarías, han dicho que “no habrá imposición de la presa Milpillas”, que “si no hay consenso, no se hace”. Sin embargo, como Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco hemos denunciado cómo estos funcionarios públicos dicen una cosa, y en los hechos hacen otra cosa, pues no han respetado la voluntad de los ejidos y comunidades río abajo, expresada en las asambleas ejidales, en las marchas y en la Reunión Pública de los Pueblos, que hemos realizado en la cabecera municipal para expresar nuestro rechazo al proyecto de la presa.
En lugar de escuchar, dichos funcionarios condicionan los servicios municipales y la atención a las demandas concretas de la población de la región a cambio del apoyo al proyecto de la presa, todo esto con la intención de dividir a los habitantes de los ejidos y comunidades, al mismo tiempo que estigmatizan y ponen en riesgo la labor que realizan las y los defensores del río; han despedido a compañeras de sus trabajos por haberse solidarizado con el Movimiento; han utilizado información en manos de algunos funcionarios públicos para intentar desacreditar a defensoras de derechos humanos en nuestras comunidades; se ha hostigado a ejidatarias y ejidatarios para que cambien su postura. Y a pesar de todo, ejidos y comunidades que conformamos el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco reiteramos el NO A LA PRESA MILPILLAS, pero ahora en los tribunales.
Los ejidos El Potrero, Atotonilco, Corrales y Estancia de Guadalupe; las comunidades río abajo Las Bocas y Carretas; particulares del ejido La Lagunita, Atotonilco y El Potrero; así como representantes de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; recurrimos ahora a los tribunales con la finalidad de hacer valer nuestros derechos frente a la autorización que de manera condicionada otorgó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de su Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) a la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto conocido como Presa Milpillas; una autorización que, y esto es importante destacarlo, vulnera nuestro derecho humano a un medio ambiente sano, nuestro derecho al agua, los derechos de las personas mayores y de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como nuestros derechos de acceso a la información, participación pública y decisión agraria.
La resolución de la SEMARNAT, la cual se hizo desde la “perspectiva ambiental”, parece que no consideró la estrecha relación entre el medio ambiente y la vida humana, ni mucho menos que el lugar en el que pretenden construir la presa es el territorio que habitan miles de personas de carne y hueso, cuya vida está ligada, cultural y materialmente, al libre movimiento del río Atenco.
El aval que le dio la SEMARNAT al proyecto de la presa Milpillas, a través de su DGIRA, no nos resulta nuevo, pues hemos visto cómo esta dependencia, que supondría la defensa del medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos, no sólo ignora, sino que litiga en contra de la voluntad de los pueblos que se oponen a los megaproyectos y la destrucción del medio ambiente en otras regiones de la amplia geografía de nuestro país, otorgando permisos ambientales que, en los hechos, se traducen en destrucción ambiental que luego padecen los pueblos. Nuestro caso no ha sido la excepción, pues dicha dependencia ignoró sistemáticamente la voluntad de los ejidos y comunidades afectadas, las pruebas y las investigaciones realizadas por especialistas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quienes han demostrado la inviabilidad técnica, ambiental, económica y socialmente, del proyecto, al mismo tiempo que han dado una alternativa menos costosa y con una proyección a largo plazo para resolver el déficit de agua en la Zona Conurbada Zacatecas Guadalupe y la sobreexplotación de los mantos acuíferos de la región.
Ahora que estamos en el camino de los tribunales, sabemos que el camino es desigual y lleno de tropiezos, por decir lo menos. Por tal motivo, nosotras y nosotros no quitamos el dedo del renglón, y seguiremos expresando nuestro rechazo a la Presa Milpillas en las asambleas ejidales y en las calles. Finalmente, hacemos un llamado a los impartidores de justicia que resuelvan conforme a derecho, y no conforme a consigna, en relación con los actos violatorios de derechos humanos perpetrados por la SEMARNAT, y otras instancias federales y estatales, otorgando no sólo la suspensión provisional sino la definitiva.
MOVIMIENTO EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y DEL RÍO ATENCO
Compartimos esta convocatoria a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA
El día 12 de septiembre, el Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco, el Observatorio de Conflictos Mineros en Zacatecas (OCMZ) y la Red Mexicana de Afectados/as por la Minería (REMA) llevaremos a cabo una manifestación pacífica en Jiménez del Teúl, Zacatecas, contra la imposición de la presa Milpillas y a favor de la defensa del río Atenco.
A través de este medio hacemos un llamado a organizaciones sociales, colectivos, comunidades aliadas, académicos, artistas, periodistas y medios de comunicación comunitarios a sumar su voz en apoyo a la marcha. Sabemos que nuestro movimiento no está solo y que somos muchos y muchas las que protegemos los ríos y los territorios en México. Las y los ejidatarios están ejerciendo su derecho legítimo a la libre autodeterminación, es por ello que les invitamos a:
Compartimos este comunicado de la Mesa Agraria del Ejido Carrizalillo a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 1 de julio de 2026
El pasado 25 de junio en las oficias de la Secretaría de Gobernación en la CDMX, se llevó a cabo un evento para la formalización de los acuerdos relacionados con la operación de la mina canadiense Equinox Gold, ubicada en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero. Al respecto, como ejido de Carrizalillo queremos puntualizar algunos elementos que nos parece importantes darlos a conocer:
MESA AGRARIA EJIDO DE CARRZALLLO
Compartimos este pronunciamiento a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 26 de junio de 2026
Desde el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco nos pronunciamos enérgicamente contra la versión periodística publicada hoy por El Sol de Zacatecas y que ya tiene réplica en otros medios, que presenta como una «primicia» el supuesto aval ambiental de la presa Milpillas por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Esta información, filtrada de manera ventajista y sin un sustento legal, por parte de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) del Estado, lejos de ser un logro, constituye una muestra más de las gravísimas inconsistencias que rodean a este proyecto, pues la titular de la SAMA, Susana Rodríguez Márquez, está dando a conocer una determinación que, al día de hoy, no ha sido hecha pública de manera oficial por la SEMARNAT, lo que evidencia una clara intención de simular avances y presionar a los ejidos.
La funcionaria Susana Rodríguez Márquez carece de legitimidad moral y legal para hablar de transparencia en este proceso, pues ella figura como autora intelectual en las diversas denuncias que hemos interpuesto como Movimiento por las acciones de hostigamiento y presión para la realización de compraventa de terrenos privados bajo coacción, así como por los intentos de convencer a las autoridades comunitarias para reunirse con ella para tratar el tema de la presa milpillas. Todos estos hechos son inadmisibles y Susana Rodríguez en otras ocasiones ha arremetido en nuestra contra y minimizado nuestro movimiento.
Condenamos que una persona con este tipo de señalamientos y procesos pretenda engañar a las y los zacatecanos y violente los derechos humanos y agrarios de las y los
campesinos de la región, con esta supuesta “primicia” que deja ver más la opacidad del proyecto de la presa Milpillas más que su transparencia, pues no es posible entender cómo la titular de SAMA afirma el aval al proyecto de la presa antes de que la SEMARNAT lo publique en la Gaceta Ecológica, si no es para simular avances y presionar a los ejidos en un contexto que, además, se empieza a ensuciar con las mentiras y promesas electorales.
Asimismo, denunciamos que la Secretaría del Agua y Medio Ambiente ha intentado generar la falsa impresión de que existen acuerdos o permisos con las y los ejidatarios. La realidad es contundente: no existen permisos ni autorizaciones otorgadas en los ejidos de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales. La propia funcionaria ha reconocido que las negociaciones con los núcleos ejidales serán «complejas», pero lo que omite decir es que esta complejidad deriva de la firme oposición de las comunidades, que han manifestado su rechazo rotundo al proyecto.
Lamentamos profundamente que Susana Rodríguez Márquez se haya encargado sistemáticamente de querer dejar de lado a las y los ejidatarios, desconociendo sus derechos agrarios y la voluntad popular expresada en el «No a la Presa Milpillas». Su actuar revela una vocación autoritaria que menosprecia la autodeterminación de los pueblos, al tiempo que privilegia los intereses de grandes corporaciones por encima del derecho humano al agua y a un medio ambiente sano.
Hacemos un llamado a las autoridades federales y estatales para que actúen con estricto apego a la legalidad y a los principios de transparencia y respeto a los derechos humanos. Exigimos:
Nosotras y nosotros, los pueblos, comunidades y ejidos, quienes somos los que decidimos sobre nuestra tierra y nuestros territorios, les decimos claro y fuerte: ¡Aquí no hay, y no habrá, permiso para la presa Milpillas! Somos ejidos con una decisión clara expresada a través de nuestros sistemas normativos internos, y por usos y costumbres, y nuestra decisión es que no hay permiso para la muerte; no a los megaproyectos como la presa Milpillas. Esta es una respuesta para la titular de SAMA, y para todos aquellos funcionarios que siguen queriendo imponer el proyecto de la presa, lanzando “primicias” que buscan pasar por encima de nuestros derechos humanos, sobre nuestra libre determinación y sobre nuestra tierra: ¡Aquí no habrá presa Milpillas!
¡Elaguaesvida,nonegocio!
¡ElterritorioyelríoAtencosedefienden,gobiernequiengobierne!
ATENTAMENTE
Compartimos este comunicado de la Alianza Mexicana contra el Fracking sobre el pronunciamiento de la comunidad científica – A 16 de junio de 2026
El pronunciamiento reúne 178 firmas de científicas, científicos y especialistas de México y otros 14 países de América Latina, Europa y Norteamérica.
Un grupo de 178 científicas, científicos y especialistas de México y otros países hizo público un pronunciamiento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y al comité encargado de evaluar la fracturación hidráulica en México, en el que llama al Estado mexicano a descartar la expansión del fracking y aplicar el principio precautorio ante riesgos graves, acumulativos o potencialmente irreversibles.
El documento sostiene que la evidencia científica internacional acumulada durante las últimas décadas muestra un patrón consistente: los impactos del fracking no son excepcionales ni marginales, sino riesgos recurrentes asociados a una actividad industrial intensiva, dispersa territorialmente y difícil de supervisar.
Las personas firmantes provienen de universidades, centros de investigación e instituciones públicas de distintos países. Entre ellas se encuentran especialistas en salud, cambio climático, energía, ecología, economía ecológica y justicia ambiental, además de participantes en informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y personas con trayectoria al frente de ministerios e instituciones científicas y ambientales.
Una de las advertencias centrales del pronunciamiento es que el fracking no debe evaluarse únicamente como una técnica de extracción, sino como un sistema completo de intervención territorial por toda la infraestructura implicada.
En México, estos riesgos serían especialmente preocupantes por el estrés hídrico creciente, las sequías recurrentes y los conflictos por el acceso al agua. La fracturación hidráulica implica un alto consumo de agua dulce y genera aguas residuales de difícil manejo, incluidos materiales radioactivos presentes en las formaciones geológicas.
El pronunciamiento también alerta sobre riesgos para la salud pública en poblaciones cercanas a pozos, ductos, estaciones de compresión, plantas de procesamiento o sitios de disposición de residuos: cuadros como afecciones respiratorias, cardiovasculares, reproductivas, perinatales, neurológicas y de salud mental.
Desde una perspectiva climática, el documento señala que expandir el fracking profundizaría la dependencia del gas fósil en México, advierte que el gas extraído mediante fracking implica emisiones significativas de metano, un gas de efecto invernadero de alto poder de calentamiento en el corto plazo.
Finalmente, subrayan los riesgos económicos de apostar por una industria sujeta a precios internacionales volátiles, alta incertidumbre productiva y costos sanitarios y ambientales que suelen trasladarse al Estado, a las comunidades afectadas y a
generaciones futuras.
Por estas razones, las personas firmantes llaman a que México adopte el principio precautorio y avance hacia una prohibición explícita del fracking, como ya lo han hecho diversos países y regiones del mundo. El documento sostiene que la política energética debe orientarse hacia alternativas compatibles con la protección del agua, la salud pública, la justicia ambiental, la reducción de emisiones y los derechos de las comunidades.
El texto completo del pronunciamiento y la lista de personas firmantes pueden consultarse en: https://nofracking.s.gy/cartacientificos
Compartimos esta nota de Fuera de lugar de Desinformemonos – A 20 de junio de 2026
Texto y Fotos: Xolotl
San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Con el objetivo de visibilizar la situación actual en Palestina y recaudar fondos de apoyo, este sábado 20 de junio se llevó a cabo el torneo de fútbol “Otro mundial es posible: Por Palestina”.
El evento, organizado por la colectiva Acción Palestina Chiapas en las instalaciones de la cervecería local Naufragio, reunió a familias, jóvenes y diversas personas de la comunidad local en una jornada que combinó el deporte con el apoyo social.
Durante la actividad se desarrollaron partidos en la modalidad de “retas” de 5 contra 5, contando con una participación destacada de niños, niñas y adultos que formaron equipos de manera abierta. De manera simultánea, se instaló una kermés con venta solidaria de comida, tacos y cerveza, cuyos fondos recaudados serán destinados íntegramente a iniciativas de apoyo para la población palestina.
La jornada transcurrió en un ambiente de convivencia familiar y comunitaria, donde los asistentes compartieron el espacio deportivo y sumaron esfuerzos en torno a la causa solidaria.
Imagen de portada: Xolotl
Compartimos este Boletín de la Alianza Mexicana contra el Fracking – A 13 de abril de 2026
Ciudad de México, 13 de abril de 2026
● Un comité cerrado, tecnocrático y sin posibilidad real de concluir que el Estado mexicano debe prohibir el fracking, sería una simulación para legitimar una decisión ya tomada.
● La discusión no puede reducirse a cómo extraer más gas ni a qué tecnología usar para hacerlo.
● El fracking no es un asunto meramente técnico, es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos.
● No se trata de buscar nuevas coartadas técnicas para prolongar la dependencia fósil de México, sino de asumir decisiones para dejar atrás los combustibles fósiles.
● Si el gobierno pretende presentar este comité como un espacio serio de investigación, análisis y deliberación, en esa mesa también deben pesar el principio precautorio y los antecedentes internacionales de prohibiciones y moratorias del fracking, no solo las promesas tecnológicas de la industria y del sector energético.
Tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de abrir la puerta al gas no convencional,y conformar un comité “técnico-científico” para evaluar el uso de fracking, la discusión pública no puede quedar atrapada en los términos que el propio gobierno pretende imponer. El problema no es solamente quién integrará ese comité. El problema de fondo es si el gobierno busca realmente deliberar sobre el futuro
energético del país o si solo pretende vestir de ciencia una decisión fósil ya encaminada.
El gobierno ha intentado presentar esta ruta como una discusión técnica sobre soberanía energética, producción de gas y nuevas tecnologías. Ese encuadre es inaceptable. El fracking no es un asunto meramente técnico, es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos. Afecta agua, salud, alimentación, comunidades, trabajadores, ecosistemas, formas de vida y viola obligaciones internacionales y constitucionales irrenunciables del Estado mexicano de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y también de prevenir sus violaciones. Presentarlo como una discusión de especialistas, aislada de sus consecuencias sociales y ambientales, es una forma de despolitizar una decisión que jamás ha sido neutral.
Tampoco puede asumirse sin discusión la premisa de que México necesita más gas y que, a partir de ahí, solo queda decidir cómo producirlo. Esa premisa debe ser cuestionada. Convertir la dependencia actual en una apuesta por más extracción fósil, más infraestructura gasífera y más sacrificio territorial no es soberanía energética. Es profundizar el mismo modelo fósil que ha contaminado territorios, comprometido fuentes de agua, impuesto riesgos a comunidades enteras y retrasado una transición energética real y justa. No se trata de buscar nuevas coartadas técnicas para prolongar la dependencia fósil de México, sino de asumir decisiones para dejarla atrás; volver a poner sobre la mesa el fracking contradice abiertamente el compromiso de no permitir esta técnica en el país.
La Alianza Mexicana Contra el Fracking reitera su postura: el fracking debe prohibirse, no regularse o gestionarse. No hay “fracking sustentable”, ni “fracking responsable”, ni maquillaje tecnológico que borre dos décadas de evidencia científica sobre sus impactos ambientales, sociales y sanitarios.1 Lo que México necesita no es una nueva vía para profundizar su dependencia a los combustibles fósiles, sino una ruta para salir de ella.
Si el gobierno insiste en anunciar un comité el próximo miércoles, ese comité sólo podría tener credibilidad pública si cumple condiciones elementales que distingan una deliberación real de una simulación.
● Primero, su mandato no puede estar sesgado de origen. Si el comité nace para buscar cómo explotar gas no convencional “mejor”, “con menos agua” o “con nuevas tecnologías”, entonces no estará evaluando si México debe o no abrir esta ruta, sino refinando la forma de implementarla. Esa sería una simulación desde el diseño.
● Segundo, el comité debe tener la posibilidad real de concluir públicamente que el Estado mexicano debe prohibir el fracking. Si esa conclusión no es posible desde el inicio, entonces no se tratará de un espacio de evaluación, sino de un mecanismo para legitimar una decisión ya tomada.
● Tercero, la integración, los criterios de selección, la metodología, los documentos de trabajo, los conflictos de interés, los insumos y las deliberaciones del comité deben ser públicos. Si el gobierno habla de apertura a la sociedad, debe demostrarlo con total transparencia, no con opacidad ni designaciones
discrecionales.
● Cuarto, no puede tratarse de un grupo de élite científica con visión tecnocrática. El fracking no afecta solamente indicadores energéticos o balances de producción. Afecta territorios y pueblos concretos, convirtiéndolos en zonas de sacrificio para sostener el modelo fósil. Por ello, y haciendo eco de la Opinión
Consultiva 32/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe incluir al conocimiento indígena como parte de la mejor ciencia disponible.
Además, cualquier exclusión de comunidades potencialmente afectadas, de voces independientes en salud pública, clima, agua, derechos humanos y defensa territorial, confirmaría que no se busca escuchar a la sociedad, sino neutralizarla.
● Quinto, si el gobierno pretende presentar este comité como un espacio serio de deliberación, en esa mesa también deben pesar los principios precautorio, pro aqua, interculturalidad, así como considerar los antecedentes internacionales de moratoria y prohibición del fracking, no solo las promesas tecnológicas de la industria y del sector energético. Un comité que nazca para discutir cómo habilitar el fracking, pero no para considerar seriamente su prohibición, estaría viciado desde el origen.
Estas condiciones no implican reconocer el comité como una vía legítima para normalizar o regular el fracking. Sirven, precisamente, para exhibir si el gobierno pretende abrir una deliberación real o montar una simulación para legitimarlo.
La prueba del miércoles será simple. Si el gobierno presenta un comité cerrado, opaco, tecnocrático, sin independencia y sin posibilidad real de recomendar la prohibición del fracking en México, no estará abriendo una deliberación pública sería. Estará montando una simulación para legitimar una decisión ya tomada.
La diferencia será clara: un comité con posibilidad real de recomendar la prohibición del fracking en México, o una simulación diseñada para legitimar un giro político que contradice el compromiso de la 4T de no permitir el fracking en el país.
Contacto de prensa:
Manuel Llano: 55 4388 4067
Alejandra Jiménez: 784117 6209
