Compartimos este pronunciamiento de Amigos de la Tierra Internacional ATI sobre la represión que vive el pueblo argentino – A 18 de julio del 2024
Amigos de la Tierra Internacional se solidariza con los movimientos socioambientales, feministas, sindicatos, pueblos indígenas en Argentina, quienes sufrieron el último 12 de junio un hecho de represión repudiable que resultó en más de 600 personas heridas y 35 detenidas de manera arbitraria, de los cuales aún 5 continúan presas en cárceles federales de máxima seguridad por ejercer su legítimo derecho a manifestarse.
El “Protocolo Antiprotestas”: leyes regresivas, pobreza y crueldad
La manifestación fue el resultado de 6 meses de un gobierno de extrema derecha que ha elevado los índices de pobreza al 55,5% de la población y la indigencia al 17,5%. Mientras sanciona leyes y decretos profundamente regresivos en materia de derechos, intenta otorgar superpoderes al presidente, libera totalmente el accionar de multinacionales extractivas y flexibiliza la legislación laboral, entre otros ataques a las/os trabajadores y la soberanía nacional.
Mediante la aplicación del “Protocolo Antiprotestas” y la generación de disturbios por parte de agentes encubiertos, las fuerzas armadas avanzaron sobre los manifestantes, utilizando camiones hidrantes, balas de goma, gas pimienta y realizando detenciones arbitrarias a personas al azar. Los/as detenidos/as denuncian que en los penales han sido sometidos a abusos, como el uso de gas pimienta, golpes y desnudamientos. Además de quedar procesados, acusados de terrorismo e intento de golpe de Estado. Estas nuevas formas de actuar por parte de la Justicia Federal siembran un grave precedente para futuras movilizaciones: el procesamiento de las y los manifestantes marca una peligrosa profundización en la política de criminalización de la protesta y pone en peligro al sistema democrático.
Aumentando la represión en Argentina para desmovilizar
Si bien la represión en manifestaciones pacíficas es parte del modus operandi del nuevo gobierno nacional, la acusación sobre un plan sedicioso y terrorista, y el intento judicial de convalidar esta hipótesis, marca un punto de inflexión que indica que quienes se movilizan ya no tienen derechos ni garantías. Este hecho pone en evidencia la escalada de violencia económica, simbólica y política que ocurre en Argentina desde hace 6 meses, de manera ininterrumpida y creciente. Los y las detenidas son estudiantes, trabajadores/as y luchadores/as sociales.
Este hecho se suma también a un plan sistemático de estigmatización en los medios de comunicación de los movimientos sociales organizados y la quita de alimentos subsidiados a los comedores comunitarios.
Solidaridad Internacionalista
El rechazo a las políticas inhumanas de Javier Milei se multiplica en todo el mundo. Recientemente se realizaron manifestaciones en España y Alemania por su visita a dichos países, donde viaja con dinero del Estado Argentino para apoyar expresiones de derechas.
Los movimientos sociales, ambientales, sindicales, feministas y de la economía popular de Argentina y del mundo nos encontramos en alerta. Llamamos a la comunidad internacional a ejercer la solidaridad internacionalista, exigir la libertad inmediata y el desprocesamiento de todos los detenidos y detenidas. Además, exigimos de inmediato el cese de la violencia del Estado, el respeto por la democracia y el fin de la criminalización de la protesta.
Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre la lucha del pueblo lenca porque les otorguen titulos de propiedad a sus tierras ancestrales – A 16 de julio del 20224
Más de 500 personas de comunidades Lencas organizadas en el COPINH nos encontramos en el Instituto Nacional Agrario (INA) para exigir el reconocimiento y la titulación de 9728 manzanas de tierra en las que viven 852 familias.
COPINH tiene 10 procesos de demanda de tierra ante el INA y el Instituto de la Propiedad (IP), además una de estas resoluciones se encuentra en manos del Consejo Nacional Agrario (CNA).
Desde hace más de dos años, COPINH ha estado esperando una acción efectiva en respuesta al pliego de peticiones entregado a la presidenta Xiomara Castro que incluye exigencias para el reconocimiento de la posesión de los territorios indígenas y campesinos. Sin embargo, los avances han sido mínimos, lo que evidencia una falta de voluntad política por parte del Estado hondureño para lograr la titulación comunitaria que reconozca la imprescriptibilidad, inembargabilidad e inalienabilidad de los territorios indígenas
Varios de estos procesos han sido conocidos por el INA desde hace más de 15 años años, sin embargo no se ha respetado el derecho de las comunidades que es obligación del Estado según las leyes hondureñas e internacionales. Por eso nos movilizamos para obtener respuestas claras y acciones concretas. No nos iremos hasta obtener una resolución definitiva.
Es por ello que el COPINH demanda lo siguiente:
El INA debe comprometerse con la entrega integral del predio denominado “El Redondillo”, para beneficio de las comunidades Lencas de Montaña Verde de Gracias, Lempira.
El INA debe emitir de inmediato los títulos comunitarios de los procesos de La Silencia y de Planes, para beneficio del pueblo Lenca de Montaña Verde que llevan 25 años de estar en litigio.
El Consejo Nacional Agrario y el INA deben emitir resolución favorable para la titulaciónde la comunidad Lenca deEl Achiotal de Siguatepeque, Comayagua.
El Instituto de la Propiedad y el Instituto Nacional Agrario (INA) deben garantizar el reconocimiento de la posesión comunitaria y titulación del territorio Lenca de Río Blanco y El Naranjo en el sector norte de Intibucá.
El INA debe garantizar la titulación en la comunidad Lenca de La Jarcia, Intibucá.
El INA debe emitir pronta resolución de la solicitud de la personería jurídica e informe de levantamientos de perímetro de la comunidad Lenca “1 de Agosto”, en El Encinal, La Paz.
El Estado de Honduras mediante la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Educación y el Poder Judicial deben cesar la persecución penal de las comunidades Lencas de Nueva Esperanza y El Achiotal acusadas de usurpación de tierras.
El INA debe realizar el saneamiento de los títulos comunitarios de las comunidades Lencas de Pueblo Viejo, Limoncillo y Lajitas, en Colomoncagua, Intibucá y anular los títulos privados dados por el INA en el área de vocación forestal de la microcuenca “Gualema”.
COPINH exige que los títulos emitidos por el INA deben garantizar la inembargabilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad de los territorios indígenas ya que muchos títulos logrados en la lucha del COPINH han sido vulnerados por autoridades locales o nacionales.
En vista de la pérdida de expedientes e información clave para el avance del proceso por funcionarios del INA, exigimos copia íntegra de los expedientes de todos nuestros procesos de demanda de tierra.
Nos pronunciamos en solidaridad con las organizaciones campesinas que demandan el respeto de los títulos de la Reforma Agraria en el Aguán.
Exigimos al Estado que paralelamente a la titulación de las comunidades se instalen los mecanismos de acceso a la justicia que garanticen los derechos como la Comisión Tripartita de Aguán.
Exigimos a la presidenta Xiomara Castro que haga una reforma estructural del Instituto Nacional Agrario que depure de funcionarios negligentes y que se comprometa para el fiel cumplimiento de las demandas de tierra del pueblo Lenca, comunidades campesinas del Aguán, comunidades Garífunas, comunidades Pech, comunidades Miskitas, comunidades Chorties, comunidades Tolupanas, comunidades Tawakas, comunidades Creoles y comunidades Nahuas.
¡Lempira no es solo un nombre, Lempira es todo un pueblo y viene con nosotros/as desde el final de los olvidos!
¡Defendemos nuestros territorios que son nuestra vida!
Dado en La Esperanza, Intibucá a los 16 días del mes de julio de 2024.
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz ”
Compartimos este reportaje de Mongabay sobre el avance de la palma de aceitera en Ecuador – A 8 de julio de 2024
La palma es el segundo cultivo con mayor extensión, después del cacao, en la Amazonía norte de Ecuador. La herramienta MapBiomas calcula que la extensión de los cultivos de palma es cuatro veces más grande que la registrada por el Ministerio de Agricultura.
Sólo el 18% de los cultivos de palma aceitera cuentan con una licencia o registro ambiental para funcionar. El monocultivo continúa creciendo de forma desordenada hacia el Parque Nacional Yasuní y la Reserva Faunística del Cuyabeno.
La palma ha generado divisiones en comunidades indígenas. La nacionalidad Siekopai tuvo que autorizar en 2016 la siembra de máximo 15 hectáreas de este cultivo por familia, para evitar conflictos internos entre quienes apoyaban y se oponían al ingreso de la palma.
Las palabras reforestación y conservación no existen en picoca, la lengua de los Siekopai. Para esta nacionalidad, que vive en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, en la frontera con Perú, nunca fue necesario sembrar un árbol, porque ya tenían un bosque, ni darle un nombre a una acción que ya era parte de su día a día. Sin embargo, actualmente la conservación es el motivo de su lucha y la reforestación de plantas nativas es su herramienta para demostrar que hay alternativas a la siembra de palma, que se extiende en las provincias amazónicas de Ecuador.
“Estamos rodeados de palmicultores, pozos petroleros e invasores, pero nuestro territorio es una isla que está en pie de resistencia”, decía Yadira Ocoguaje a sus compañeros, mientras sostenía con una mano el micrófono y con la otra levantaba una planta tradicional de Ya´so (Licania apetala), con la que realizan sus artesanías. La mañana del 1 de mayo del 2024, los habitantes de Secoya Remolino, una de las seis comunidades Siekopai en Ecuador, se preparaban para la primera jornada de reforestación de su historia.
Aunque Ocoguaje no podía traducir con una palabra esta actividad, todos ya sabían lo que representaba. Después de la asamblea, los abuelos, jóvenes y niños de la comunidad tomaron las palas y las más de 1000 plantas, y las sembraron a las orillas del río Aguarico.
La mañana del 1 de mayo del 2024 se realizó la primera jornada de reforestación en la historia de la comunidad Secoya Remolino. Se sembraron alrededor de 1.000 plantas nativas para promover la conservación del bosque. Foto: Enrique Avilés.
Hasta esta comunidad solo se puede llegar en bote y, para la lideresa de 29 años, esto es lo que les ha permitido mantener sus 21.000 hectáreas de bosque a salvo. Este territorio se ha declarado abiertamente en resistencia a la palma, a diferencia de las comunidades Siekopai más cercanas a la carretera, donde los cultivos generan curiosidad. La siembra de esta especie ahora es un tema que convoca un análisis profundo dentro de las asambleas de esta nacionalidad indígena.
Los cultivos también se han empezado a extender en los alrededores del Parque Nacional Yasuní y de la Reserva de Fauna Cuyabeno. Sin embargo, no hay cifras oficiales claras sobre la expansión de la palma ni sobre los controles de licencias o registros ambientales. Mientras toda la atención está puesta en los cultivos de palma africana de la costa ecuatoriana, los límites para la siembra son difusos en la Amazonía.
Yadira Ocoguaje es una de las lideresas de la comunidad Secoya Remolino y una de las principales voces opositoras al cultivo de palma en territorio Siekopai de la Amazonía ecuatoriana. Foto: Enrique Avilés.
Remolino y el resto de territorio Siekopai se encuentran en Sucumbíos que, junto con Orellana, se han convertido en las provincias amazónicas donde se expande la palma aceitera.
Según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), este es el segundo cultivo con mayor extensión en la Amazonía ecuatoriana, después del cacao. Sin embargo, las cifras en torno al territorio que abarca son confusas. El MAG, con base en los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), estimó 36 749 hectáreas al 2022. La mayoría en Sucumbíos (25 203) y el resto en Orellana (11 546).
Por otro lado, la plataforma MapBiomas registró cultivos de palma en 121 049 hectáreas de ambas provincias al 2022. Este número es cuatro veces más alto que el indicado por el MAG. De acuerdo con los datos satelitales de esta plataforma, la extensión de estos cultivos en la Amazonía es cinco veces superior a lo que era hace 20 años.
Según los datos de MapBiomas hasta el 2022, los cultivos de palma se extienden por 121.000 hectáreas de Sucumbíos, una de las dos provincias que cultivan esta planta en la Amazonía norte. Foto: Enrique Avilés.
Su crecimiento es evidente al visitar estas provincias y los puntos que se reflejan en el mapa satelital. Durante el trayecto de dos horas desde Lago Agrio, capital de Sucumbíos, hasta el puerto Los Ángeles, donde se toma el bote para llegar a Remolino, los terrenos de palma recién sembrada están a ambos costados de las vías.
Ribaldo Piaguaje, presidente de Remolino, realiza este recorrido cada semana cuando regresa a su comunidad. Por eso, ha visto de cerca el crecimiento que han tenido los cultivos en esta vía, que es la puerta de entrada al territorio Siekopai. En este camino están los nuevos cultivos, de máximo dos años, a diferencia de los que están en la vía Tierras Orientales. Esta última es la carretera que transitan quienes van al Puerto Los Ángeles desde Shushufindi, otra de las principales ciudades de la provincia.
En el camino de Tierras Orientales están las plantaciones de las empresas palmicultoras que llegaron hace más de 40 años a la zona, pero a sus costados también ya empiezan a verse los sembríos nacientes de dos comunidades Siekopai que están al lado de la carretera.
Aunque dentro de las 21 000 hectáreas que pertenecen a Remolino no hay cultivos de palma, lo que ocurre en sus alrededores los tiene en alerta. “Al principio no pensé que iba a ser tan problemático. Pero ha traído deforestación masiva y problemas a la gobernanza comunitaria”, dice el líder de 26 años.
En el trayecto de Lago Agrio al Puerto Los Ángeles, la puerta de entrada a territorio Siekopai, es común ver la recolección de la palma, que después se coloca en camiones. Foto: Enrique Avilés.
Las primeras palmicultoras llegaron a Orellana y Sucumbíos en 1978. En ese momento el Estado firmó acuerdos con dos empresas, Palmoriente y Palmeras del Ecuador, y ambas se instalaron en un área de alrededor de 18 500 hectáreas.
“Todo el sitio de cacería fue deforestado, tumbaron los árboles, después pasaron las maquinarias y abrieron con tractores”, recuerda Justino Piaguaje, dirigente de territorio de la nacionalidad Siekopai. Su pueblo no quería participar en este negocio, hasta que en 2000 la idea empezó a discutirse. Uno de los líderes de ese momento planteó autorizar la siembra, pero la asamblea de la nacionalidad se lo negó.
En 2006, después de varios intentos y el poco éxito de actividades productivas sostenibles como el turismo y el cultivo de paiche, la asamblea autorizó que 20 familias probaran el cultivo en 10 hectáreas cada una. Las familias obtuvieron un crédito de la entidad gubernamental Corporación Financiera Nacional (CFN) para sembrar en su territorio, con Palmeras del Ecuador como garante. Sin embargo, en 2008 el Ministerio de Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica) multó con 375 000 dólares a la nacionalidad Siekopai por haber talado bosque nativo. Los indígenas no han pagado la multa pues aseguran que es imposible para ellos obtener ese dinero.
Las primeras palmicultoras se instalaron en Sucumbíos a finales de la década de los años 70. Sus cultivos se extienden en la carretera Shushufindi a Lago Agrio. Foto: Enrique Avilés.
Los cultivos se suspendieron y empezó un proceso de varios años de discusiones y debates internos. Justino Piaguaje, que era Presidente de la nacionalidad en ese momento, recuerda que de repente ya no eran 20 familias, sino 60 las que querían sembrar sin el consentimiento de su pueblo. Algunas se estaban reuniendo con las empresas palmicultoras, sin pasar por el proceso de consulta interna.
“Se retiraron las plantas y semillas que les habían dado y la gente quedó molesta, pero yo dije que es para aprender, porque vivimos en un territorio comunitario y hay una autoridad comunitaria que tiene que respetarse”, cuenta el líder Siekopai. Luego de estas divisiones, decidieron pasar a una etapa de planificación para evitar los conflictos internos y mantener unido a su pueblo. En 2016 autorizaron 15 hectáreas para la siembra de palma por familia.
“No es obligación sembrar, pero las que quieren pueden hacerlo por su propia voluntad, sin el acompañamiento de la nacionalidad”, dice Piaguaje.
Dos familias de Bellavista y San Pablo, las comunidades más cercanas a las plantas extractoras, ya siembran en su territorio. Las más apartadas, como Remolino, todavía se mantienen en resistencia. “La nacionalidad no impulsa la palma como proyecto, pero hubiese sido malo oponerse por completo porque se hubiese causado malestar interno”, recalca Piaguaje.
La comunidad de Secoya Remolino se organiza para potenciar sus actividades turísticas y artesanías para evitar que la palma sea considerada como una alternativa económica en su territorio. Foto: Enrique Avilés.
Mientras tanto, la presencia de las empresas palmicultoras en la Amazonía también ha crecido en comparación con lo que pasaba en los años setenta. Según el Inventario Nacional de Plantaciones de Palma Aceitera 2017, en la Amazonía hay 14 empresas con plantaciones y 2 empresas con extractoras en operación. Existe otra extractora instalada, pero no está operando.
A Geovanna Lasso, miembro del Colectivo Agroecológico del Ecuador e investigadora de la Universidad Andina Simón Bolívar, le preocupa que se instalen más extractoras. De acuerdo con los análisis que ha hecho sobre los cultivos de palma desde 2012, una de las principales dinámicas del crecimiento en la Amazonía se asocia con el “encadenamiento productivo”. Es decir, las empresas extractoras ofrecen créditos, asistencia técnica y estrategias que motivan a las personas a transformar su finca y a desplazar los cultivos diversificados.
Para la especialista, la situación es grave, ya que los monocultivos están ganando espacio en las zonas de la Amazonía afectadas por la deforestación.
Un estudio de MapBiomas revela que la Amazonía ecuatoriana perdió 379 000 hectáreas de bosque entre 1985 y 2020. Sucumbíos es la provincia más impactada, con una pérdida de 184 000 hectáreas, seguida por Orellana con 116.000. Por otro lado, el Atlas Amazonía Bajo Presión 2020, de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), muestra que el 84 % de la deforestación amazónica se debe a las actividades agrícolas.
La palma ha reemplazado 33 500 hectáreas de bosque nativo en Sucumbíos y Orellana desde el 2000 hasta el 2022, de acuerdo con el análisis de los datos satelitales de Mapbiomas. Esto equivale a 36 000 canchas de fútbol.
En los mapas de cobertura de la tierra que genera el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) no se identifican específicamente los cultivos de palma africana, pues forman parte de la categoría “mosaico agropecuario”. Sin embargo, con los mapas se determinó que cerca del 71 % de la superficie deforestada en Sucumbíos y Orellana, entre 2014 y 2022, corresponde a zonas de bosque que fueron convertidas en tierras agropecuarias.
Nathalia Bonilla, coordinadora de la campaña de bosques en Acción Ecológica, explica que no sólo es preocupante que los cultivos industriales reemplacen zonas de bosque. Asegura que cuando la palma reemplaza otros cultivos previamente instalados en zonas deforestadas, también se afecta al suelo y al agua con la cantidad de agrotóxicos que, por lo general, son necesarios para mantener a estos árboles libres de plagas.
La palma es el segundo cultivo más extenso después del cacao en la Amazonía ecuatoriana. Palmas nuevas y antiguas están a ambos costados de la vía Shushufindi- Lago Agrio. Foto: Enrique Avilés.
Bonilla ha identificado 17 ingredientes activos utilizados en el cultivo de la palma en la costa ecuatoriana. De estos, algunos como el Endosulfán, Carbofurano, Clorpirifos y Paraquat están prohibidos por la Unión Europea, pero en Ecuador se utilizan. Al Paraquat, por ejemplo, se lo relaciona con la enfermedad de Parkinson, y el Clorpirifos ha sido asociado con retraso en el desarrollo neurológico, sobre todo en los niños.
La investigadora teme que la situación de Esmeraldas, la provincia con mayor superficie de palma en el país, se repita en la Amazonía. En esta localidad costera, cuenta Bonilla, ya han experimentado problemas de erosión de suelo por los cultivos y el abuso de químicos. En las provincias amazónicas la situación puede ser más grave, ya que estos terrenos son más frágiles y no son idóneos para cultivos como la palma aceitera.
Jorge León, investigador de la Universidad Estatal Amazónica, explica que la Amazonía se caracteriza por constantes lluvias, por lo que es más probable que los pesticidas y químicos que se le aplican a los cultivos terminen en los ríos. Estos agroquímicos tienen metales pesados que, al llegar a las fuentes de agua, pueden ingresar al organismo de animales y personas.
Por otro lado, el especialista dice que los suelos de la Amazonía no son aptos para los cultivos por sus altos niveles de acidez y pocos minerales. Para adaptar la tierra, se utilizan mayores cantidades de fertilizantes. Los cultivos de palma pueden durar hasta 50 años, lo que se traduce en cinco décadas de plaguicidas que, en opinión del experto, dejarán un suelo inservible. “No se regulariza la actividad en estas tierras y se sigue expendiendo”, añade León.
Los suelos de la Amazonía no son aptos para los cultivos por sus altos niveles de acidez y pocos minerales. Sin embargo, los cultivos se siguen expandiendo en el norte. Foto: Enrique Avilés.
La Coordinación General de la Información Nacional Agropecuaria (CGINA) del MAG corrobora lo que dice León. En el mapa de zonificación agroecológica para el establecimiento de cultivo de palma aceitera en la Amazonía, no hay registro de zonas con aptitud óptima. Esta categoría corresponde a las áreas que presentan las mejores características para el establecimiento de un cultivo.
Mongabay Latam pidió una explicación al MAATE, pero respondió que el MAG es el que tiene la competencia sobre las zonas aptas para la siembra de palma. El MAG, por su parte, explica que las restricciones de siembra se aplican en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Sin embargo, el problema de sembrar en zonas no óptimas, es que los productores tienen que realizar adecuaciones y prácticas agrícolas adicionales, las cuales incrementarán los costos de producción. En otras palabras, la siembra de palma no está prohibida en suelos no óptimos y son los agricultores los que deciden si quieren asumir los costos extras y sacrificar parte de su rentabilidad.
Los controles a las licencias y registros ambientales son otro eslabón olvidado en la cadena de la palma. El Censo Palmero 2017, el más actual de su tipo, muestra que solo 1437 predios de los 8149 destinados a este cultivo en el país tienen permiso ambiental. Es decir, sólo el 17,6 % están regulados.
En la Amazonía la situación es similar. De acuerdo con información entregada por el MAATE a Mongabay Latam, al 2024, 232 proyectos cuentan con registro ambiental, documento que deben tener los cultivos que ocupan entre 1 y 75 hectáreas. Cuatro proyectos tienen licencia ambiental, que corresponde a los cultivos de más de 75 hectáreas. Estos datos demuestran que, de los 1272 predios dedicados a la palma en las provincias de Orellana y Sucumbíos, sólo el 18 % tiene uno de estos dos permisos ambientales, a pesar de que la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) del 2023 revela que hay 2939 productores de palma aceitera en las 30 287 hectáreas plantadas hasta ese año en la Amazonía ecuatoriana.
Desde el 2018, el tema de las licencias ya generaba dudas, incluso para entidades gubernamentales. La Contraloría General del Estado, a través de la Delegación Provincial de Sucumbíos, identificó irregularidades en torno a la emisión de licencias ambientales, otorgadas por la Dirección Provincial del Ambiente de Sucumbíos al sector palmicultor entre enero de 2012 y diciembre de 2017. Entre estas encontraron que seis empresas operaban sin autorización ambiental.
Mongabay Latam le preguntó al MAATE sobre las inconsistencias en las licencias ambientales, pero hasta el momento de la publicación de este texto no obtuvo respuestas.
La palma se transporta desde las plantaciones a las empresas extractoras a través de las gabarras. Foto: Enrique Avilés.
“La informalidad es grande y grave”, dice Mario Calvopiña, biólogo y consultor independiente en la Amazonía. Para el especialista, hay un abandono por parte de la autoridad ambiental, ya que no hay un control de los planes de manejo ni un estudio formal sobre el impacto de los cultivos de palma en la Amazonía. Él conoce de cerca la situación, ya que hasta 2013 trabajó en el Ministerio del Ambiente.
Uno de los mayores problemas en la actualidad, resalta, es el crecimiento desordenado hacia zonas frágiles como la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno. Mediante el mapeo satelital de MapBiomas se observan pequeños cultivos instalándose muy cerca del área protegida.
El MAATE sostiene que no existen cultivos de palma africana dentro de la Reserva del Cuyabeno y que los sembríos más cercanos se encuentran a 1,5 kilómetros, con extensiones aproximadas de 10 hectáreas. “Con estas consideraciones, la expansión de la palma africana no representa, al momento, una amenaza para la pérdida de bosques dentro del Cuyabeno”, aclara el Ministerio.
También se ha registrado un aumento de los cultivos en la vía Auca, en la provincia de Orellana, cercana al Parque Nacional Yasuní. Adrián Álvarez, de la fundación Alejandro Labaka, cuenta que esta es una amenaza directa para el área protegida y para los pueblos en aislamiento voluntario. Desde hace un año, relata, han llegado personas que compran fincas y las transforman en sembríos de palma.
Según dice, hace cinco años en la vía Auca solo había un cultivo, pero ahora, cientos de árboles de 60 cm son una muestra de que la palma aceitera se está instalando. “Hay plantaciones a sólo seis kilómetros del Yasuní”, destaca.
A pesar de lo que dice Álvarez, el MAG afirma que en zonas aledañas a áreas protegidas, que no tengan cobertura vegetal natural y que sean aptas para la agricultura, cualquier cultivo es permitido.
Los cultivos jóvenes con árboles de menos de 60cm, son comunes en la vía Auca, en la provincia de Orellana. Hace una década estas plantaciones eran escasas en la zona. Foto: Enrique Avilés.
Calvopiña explica que uno de los principales impactos para las áreas protegidas no radica en los cultivos en su interior, sino en el drenaje de los pantanos y el desvío de los esteros, que son necesarios para cultivar palma y que pueden terminar por afectar dentro de sitios como Cuyabeno y Yasuní. Esto cambia el ciclo del agua y genera daños en los ecosistemas, comenta.
A pesar de que el MAATE sostiene que “no es posible ni legal rellenar humedales”, el drenaje de los pantanos es común en la Amazonía para adaptar los terrenos. En el pasado, esta práctica era respaldada por los gobiernos provinciales, que proporcionaban su maquinaria.
Desde el 2012 el Gobierno Autónomo Descentralizado de Orellana ya no lo hace, afirma Augusto Córdova, jefe de Calidad Ambiental. “El apoyo a la expansión de los monocultivos ya no es parte de la política de este GAD debido a los impactos ambientales. La palma es un monocultivo que utiliza grandes cantidades de fertilizantes y pesticidas que afectan a las personas y biodiversidad”. Actualmente, incentivan la siembra de cacao agroforestal.
Según el departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en el 2023 Ecuador ocupó el puesto número 12 de la lista de los principales productores de aceite de palma en el mundo y el quinto lugar en América Latina.
El cultivo recibe apoyos del sector financiero ecuatoriano. Entre 2016 y 2023 la banca privada otorgó 3 974 788 dólares para sembrar 730 hectáreas de palma. Por otro lado, entre 2013 y abril 2024, el Estado, a través de BanEcuador y la Corporación Financiera Nacional, entregó 17 808 107 dólares en créditos para el cultivo de palma aceitera en Orellana y Sucumbíos, las dos provincias de la Amazonía norte. Esta cifra representa el 9 % del monto total de créditos que se han entregado en los últimos 10 años al sector agropecuario en esa zona.
Los préstamos se destinaron a 2740 hectáreas de palma, una extensión equivalente a 3300 canchas de fútbol.
El 80% de quienes se dedican a la palma son pequeños productores. El gobierno y el sector privado ofrecen incentivos para el cultivo. Foto: Enrique Avilés.
Desde el 2019, BanEcuador abrió una línea de crédito para ayudar a los pequeños productores de palma, “a fin de contribuir al mejoramiento productivo del país”. Santiago Rosero, especialista en producción de palma aceitera, explica que esto se debe a que el 80 % de quienes se dedican a la palma son pequeños productores y generan un 30 % de la producción total. Para Rosero, los créditos para este sector no han crecido de manera agresiva. “La idea es que en las hectáreas existentes se produzca lo necesario para no aumentar la superficie”, dice en relación a las estrategias en las que se deben enfocar los apoyos.
Para la entrega de créditos, Rosero explica que se exige que los productores hayan iniciado el proceso de regularización ambiental y que entreguen un mapa para evidenciar que no se intersecta con áreas de bosque. Sin embargo, en la práctica, hay casos como el de los Siekopai, que recibieron el crédito de la CFN y después fueron multados por otra entidad estatal por sembrar en esa zona.
El tema financiero no sólo incluye los créditos. De enero de 2022 a mayo de 2024 se han aprobado 254 pólizas de seguro agrícola subvencionadas en el cultivo de palma aceitera. Esto implica que se han asegurado 1358 hectáreas y se han entregado 64 755 dólares por las subvenciones.
El 42,52 % de esas pólizas se concentra en Sucumbíos. Allí, 108 productores se beneficiaron con la subvención. Se pidió al MAG una explicación más detallada de los seguros que recibe el sector palmicultor, pero hasta el momento de la publicación de este texto no se recibió respuesta.
La comunidad Secoya Remolino organiza eventos para recordar a los habitantes la importancia de seguir luchando contra amenazas como la palma. En otras comunidades se permite sembrar 15 hectáreas por familia. Foto: Enrique Avilés.
Mientras tanto, Justino Piaguaje cuenta que la nacionalidad Siekopai continúa en la elaboración de un reglamento del manejo de su territorio. También están estudiando su biodiversidad, identificando sus amenazas y ya declararon un área de más de 10 000 hectáreas como territorio sagrado de los seres no humanos y espirituales.
Luego del operativo policiaco que desalojó, en mayo pasado, a 30 familias maya q’eqchi’ miembros de la comunidad de Buena Vista, al norte del Lago de Izabal, Guatemala, actualmente suman nueve comunidades en la misma región del Valle del Polochic las cuales viven con la amenaza de desplazamiento forzado.
Con diversos llamados de alerta, autoridades comunitarias de las poblaciones indígenas han denunciado las intenciones del Ministerio Público (MP) para ejecutar órdenes de desalojo, que comunidades denuncian “son promovidos por funcionarios y propietarios”, productores de aceite de palma que acapararon tierras en la región, contra comunidades tanto del norte y sur del lago.
Reportes de Prensa Comunitaria registraron que, durante el desalojo de las 30 familias, además de los elementos policiacos también estuvieron presentes Luis Fernando Arriaza Migoya y miembros de su equipo de seguridad privada. Arriaza posee monocultivos de palma aceitera que suministran a la empresa Naturaceites, la cual se encarga de procesar y comercializar aceite de palma a trasnacionales.
Desalojo de familias en la comunidad Buena Vista. Fotos: Juan Bautista Col / Prensa Comunitaria.
Acorde a medios locales, durante pláticas entre la población desalojada y la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos de Guatemala, funcionarios notificaron que son nueve las comunidades con riesgo de expulsión en la región: Plan Grande, Agrario El Tunico, Chapin Abajo, Chinebal, Las nubes, Lote 6, Semococh y Qotoxha del municipio de El Estor, Izabal, así como Santa Lucia de Panzós, en el departamento de Alta Verapaz. En total, se contabilizan mas de 1,500 personas amenazadas de desplazamiento forzado.
Las 30 familias ya desalojadas, entre mujeres embarazadas, infancias, ancianos y adultos de la comunidad de Buena Vista, viven en un campamento improvisado debajo de los árboles.
El refugio, dentro del terreno de la comunidad de Santa Rosita, también se encuentra en peligro, pues ésta última también cuenta con orden judicial cuya ejecución se esperaba ocurrir el pasado 26 de junio, pero que ahora fue reprogramada para el próximo 28 de agosto.
Fotos: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria.
“Es injusto que se sigan cometiendo estos actos violentos, muchos niños y mujeres sufren de problemas de salud. Hoy vemos el resultado de un desalojo donde las familias quedaron abandonadas y los niños sin oportunidad de educación”, comentó Gabriel Pacham, autoridad ancestral de El Estor, sobre los desplazados y la amenazas de desalojo contra otras 30 familias que conforman Santa Rosita.
Entre siete a nueve personas desplazadas tienen órdenes de captura por los delitos de usurpación agravada y atentado contra el patrimonio natural, pues son acusados de tala de árboles. Aunque algunas personas han sido condenadas en estos procesos judiciales, han apelado a la sentencia, con asistencia legal de organizaciones de derechos humanos.
A través de conferencia de prensa en los últimos días de junio, el Consejo de Autoridades ancestrales del pueblo Q’eqchi’ repudió los distintos desalojos realizados en contra de comunidades del Polochic, y demandaron al gobierno de Bernardo Arévalo garantizar la seguridad de las familias de Buena Vista, quienes habitaban las tierras desde que, en 2015, obligados a desplazarse por un desastre natural, se instalaron en la finca Tz’inté, territorio que poblaciones maya q’eqchi’ reclaman como suyo por propiedad ancestral.
Racismo
El Consejo de Autoridades Ancestrales del Pueblo Q’eqchi’ también denunció que autoridades del Estado, la jueza Sandra Nineth Ayala (quien ordenó el desalojo de Buena Vista y promueve otros más), el gobernador de Izabal, Carlos Tenas, y el alcalde municipal de El Estor, Genaro Ico Cholom, se estuvieron reuniendo para acordar los operativos sin la participación de las comunidades, a lo que están obligados por parte del protocolo de desalojo en Guatemala.
“Desconocemos la existencia de un plan. Este extremo pone en grave riesgo nuestra vida, pues únicamente pretenden desplazarnos sin un plan claro de atención humanitaria”, reclamaron las Autoridades Ancestrales mediante rueda de prensa. Además, acusan que esto se debe a “una carga de racismo y discriminación, porque carece de toda sensibilidad humana al señalarnos y argumentar que somos un grupo criminal, ignorando que poseemos todas las cualidades de una comunidad organizada que reproduce la vida de forma organizada”.
Por esta situación, el Comité de Unidad Campesina (CUC) compartió que las comunidades realizaron la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, EEUU, para solicitar el mecanismo de protección de dicho órgano, a partir de medidas cautelares para brindarles seguridad ante los desalojos. “No queremos más criminalización, persecución, más desalojo”, sostuvo la organización campesina, la cual también promueve una acción de amparo para evitar el desalojo de las familias de Buena Vista y Santa Rosita.
Amenazas
Por su parte, Pedro Cuc, autoridad ancestral de la comunidad de Chapín Abajo, aseguró a Avispa Mídia que cuenta con información sobre un posible desalojo contra su comunidad y la población vecina de Chinebal, a ocurrir durante los próximos días. Pero aún esperan una notificación oficial por parte de las autoridades.
“Si ellos quieren entrar a la fuerza, nosotros tampoco vamos a retroceder, la organización está en alerta”, asevera y asegura que la responsable por promover el desalojo es la empresa Naturaceites S.A., propiedad del empresario de origen suizo-alemán, Juan Maegli Müller.
Ante ello, lamenta que en Guatemala, dado el poder e influencia del agroindustrial, las denuncias de la población maya q’eqchi’ no son atendidas. “Porque el organismo judicial es de las empresas, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad también”, reclamó ante lo que señala como omisión de parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y el MP ante las acusaciones de los indígenas por la violencia mediante la cual la familia Maegli Müller acaparó las tierras.
Imagen: Familias desplazadas de la comunidad Buena Vista se encuentran albergadas bajo un techo de nylon en la entrada de la carretera que conduce a Santa Rosita, población maya q’eqchi’ que también está en riesgo de desalojo. Foto: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria
Compartimos este informe de Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos IM DEFENSORAS sobre las agresiones hacia mujeres defensoras de derechos humanos en Mesoamérica – A Abril 2024
Datos que nos duelen, redes que nos salvan
10+ Años de agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica (2012-2023)”
Por más de 10 años, en la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) hemos desarrollado un sistema de registro de agresiones1 que documenta, cuantifica y permite realizar un análisis de género sobre la violencia ejercida contra la diversidad de mujeres y disidencias sexo-genéricas que defendemos derechos humanos en Mesoamérica. La riqueza de este sistema, pionero en el mundo, es que en su interacción con el resto de las estrategias de la Protección Integral Feminista2 contribuye a la protección de las defensoras identificando las violencias y realidades concretas que vivimos tanto individualmente como en nuestras colectividades.
Este informe no sólo presenta un análisis de los datos numéricos registrados, a partir de un vínculo cercano y comprometido con los territorios, por decenas de compañeras encargadas del registro y la documentación en las diferentes redes nacionales de defensoras que, a nivel regional, se articulan en nuestra estrategia de registro,3 sino que también contiene la compilación de los análisis y reflexiones que hemos construido colectivamente a lo largo de estos más de diez años.
En la IM-defensoras llamamos agresiones a las acciones violentas que atentan contra la dignidad e integridad de una o varias defensoras o de sus organizaciones en un determinado periodo de tiempo, pudiendo ser físicas, emocionales, espirituales y psicológicas, directas o indirectas.
Son la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. En Nicaragua trabajamos en alianza con defensoras y organizaciones del país y, en el caso de Guatemala, desde 2020 la información presentada es a partir de la generada por el registro de agresiones de la Unidad de protección a defensoras y defensores de derechos humanos de Guatemala (UDEFEGUA).
UNA MIRADA A MESOAMÉRICA: DEFENDER LA VIDA EN TERRITORIO HOSTIL
Las defensoras de derechos humanos, con nuestros pueblos, comunidades y organizaciones, nos organizamos en diferentes territorios para resistir ante las violencias que nos acechan, proteger la vida y el bienestar colectivo y construir esperanza y alternativas de vida digna. Nuestra sola existencia como sujetas políticas desafía los mandatos patriarcales que pretenden silenciar el poder de las mujeres y disidencias sexo-genéricas. El mundo por el que luchamos es diametralmente opuesto al que pretenden imponernos y, por ello, nuestra labor pone en riesgo los intereses de los poderosos.
En Mesoamérica vivimos bajo un modelo económico, político y cultural de herencia colonial que se manifiesta en opresiones estructurales y una continuidad histórica de violencias patriarcales, capitalistas y racistas sobre los cuerpos y territorios de las mujeres. En el contexto de crisis global provocada por este modelo, en nuestra región se agravan las desigualdades económicas, la violencia, la pobreza y los impactos del cambio climático. Desde sus respectivas particularidades, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua se han caracterizado en la última década por la agudización del autoritarismo, la corrupción, el cierre de los espacios de participación social y política, la militarización, el extractivismo, la penetración o profundización de la presencia del crimen organizado, el feminicidio/femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres y las disidencias sexo-genéricas, así como por una crisis migratoria sin precedentes. Incluso en países en los que se han generado cambios electorales de signo progresista no se han podido superar las violencias y desigualdades estructurales.
Los poderes que se benefician de este modelo de muerte encuentran en la represión, la violencia y el uso de la fuerza la única forma de contener nuestro poder colectivo.
Entre 2012 y 2023 hemos documentado 35,077 agresiones contra 8,926 defensoras y 953 organizaciones de defensoras que trabajan en la defensa de derechos humanos en Mesoamérica.1
En el mismo período, 200 compañeras defensoras fueron asesinadas. A esta cifra se suman los 228 intentos de asesinato registrados, esto significa que de haberse materializado la intención de los perpetradores, en la actualidad estaríamos hablando de 428 compañeras aniquiladas por luchar por un mundo mejor.
Es importante destacar que de los 58 asesinatos de defensoras documentados entre 2020 y 2022, 40% fueron contra defensoras trans, con un total de 23 transfemicidios/transfeminicidios que se caracterizaron por la tortura y saña con que fueron cometidos.
LA SINDEMIA: UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN LA VIOLENCIA CONTRA LAS DEFENSORAS
En 2020 y 2021, en el marco de la sindemia por COVID-19, se dio un incremento exacerbado en el registro de agresiones que realizamos en la IM-Defensoras.En 2020 registramos 4,745 agresiones, cifra que representa el doble de agresiones que el año precedente. Mientras que en 2021 documentamos 6,943 agresiones, lo cual supone 46% más que en 2020. Muchas de estas agresiones están vinculadas de forma directa o indirecta con medidas autoritarias de control social que los gobiernos en sus diferentes niveles (nacionales/federales, estatales/departamentales o locales/municipales) implementaron durante la emergencia sanitaria.
Hoy la sindemia parece ser un tema del pasado, sin embargo, el avance de las medidas de control y restricción de la movilización por parte de los Estados de la región no se ha revertido. Por el contrario, durante la sindemia se sentaron las bases para implementar estrategias de control que se mantienen hasta ahora y que se han consolidado como la verdadera nueva normalidad.
Los datos de 2023 no contienen información sobre Guatemala. Por otra parte, es importante señalar que en los años previos al ajuste de la base de datos del sistema de registro en 2020, la suma anual tanto de defensoras como de organizaciones agredidas puede contabilizar más de una vez a las que fueron agredidas de forma reiterada durante ese mismo año.
Como protectoras de la vida, las defensoras mesoamericanas defendemos una diversidad de derechos de forma simultánea. A continuación detallamos los principales derechos que, a nivel regional, estábamos defendiendo en el momento de ser agredidas, según los datos recabados en nuestro registro entre 2012 y 2022.1
6,629 agresiones por defender el derecho a la verdad, justicia y reparación. Estas agresiones suponen 23% de las agresiones documentadas entre 2012 y 2022. A partir de 2020 identificamos un aumento constante y alarmante de las mismas. Esto es un reflejo del aumento de la violencia social generada por las prácticas totalitarias de los gobiernos y otros poderes fácticos como el crimen organizado, ante los cuales las mujeres (madres, hermanas, abuelas…) asumimos la búsqueda de la justicia y el acompañamiento a familiares y víctimas. Destacan las agresiones en contra de las colectivas de “buscadoras” en México, de las Madres de Abril en Nicaragua2 o de familiares de las niñas asesinadas en la masacre del Hogar Virgen de la Asunción en Guatemala,3 todas ellas sujetas políticas que se enfrentan a poderosos actores estatales y no estatales articulados para preservar un sistema de impunidad.
4,504 agresiones contra defensoras u organizaciones que defienden la tierra, el territorio y bienes comunes de la naturaleza. Estas agresiones, que representan 15,6% del total de agresiones registradas, se dirigen principalmente hacia mujeres y comunidades indígenas y afrodescendientes que luchan contra el extractivismo y la explotación capitalista. A lo largo del período que abarca este informe identificamos tres momentos que apuntan a un repunte sustancial de agresiones de este tipo: en 2017, tras el asesinato de Berta Cáceres, en contra de defensoras que se oponían a megaproyectos y exigían justicia en Honduras;4en 2020, en el marco de la sindemia por COVID-19,5 ante la cual los gobiernos respondieron habilitando la restricción de derechos y acelerando procesos de militarización para favorecer el avance de las políticas de despojo contra los territorios y los cuerpos de las mujeres; y en 2022, particularmente en Honduras, a través de agresiones relacionadas con la estigmatización, criminalización y desalojos violentos y racistas a comunidades indígenas que son expulsadas de sus tierras ancestrales6 para favorecer proyectos extractivos, ecocapitalistas o turísticos.
4,062 agresiones por la defensa del derecho a la libertad de expresión. Representan 14.1% del total de agresiones registradas en la región y responden a los contextos particulares de cada país. En México7 la libertad de expresión se enfrenta al oligopolio mediático y a la complicidad y alianza que con frecuencia se da entre autoridades gubernamentales de diferentes niveles8 y el crimen organizado. En El Salvador, desde el inicio del período presidencial de Nayib Bukele en 2019, el periodismo no oficialista ha sido víctima de acoso sistemático, habiéndose utilizado la “Ley de ciberdelitos” y la “Ley de escucha telefónica y registro de llamadas” para vigilar y criminalizar la cobertura crítica con el gobierno. En Nicaragua, el cierre y criminalización de los medios de comunicación señalados como opositores a partir de la “Ley de ciberdelitos” ha acorralado a periodistas y comunicadoras no afines al gobierno, obligándolas a trabajar en la clandestinidad o en el exilio. Por su parte, en Guatemala la seguridad de quienes ejercen el periodismo se ha degradado en los últimos años, generando especial preocupación la persecución penal y censura a periodistas y medios de comunicación que investigan actos de corrupción y violaciones a derechos humanos.9 La manipulación de los marcos legales y los sistemas de justicia para acallar voces y criminalizar a quienes defienden el derecho a informar y a expresarse libremente se ha hecho notoria y recurrente en toda la región.
3,000 agresiones contra defensoras u organizaciones que defienden el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Estas agresiones, que representan 10.4% del total de las registradas en la región, afectan a defensoras y organizaciones que se enfrentan tanto a los agresores de las mujeres a las que acompañan y defienden, como a actores estatales y no estatales que pretenden proteger a estos agresores y mantener el orden y privilegios del sistema patriarcal. En México, las agresiones contra defensoras de este derecho representan 21.3% del total de agresiones documentadas en el país entre 2012 y 2022; entre éstas destacan las agresiones colectivas cometidas en el marco de movilizaciones feministas en protesta contra los feminicidios y otras violencias de género.
2,614 agresiones hacia defensoras de la participación política y comunitaria de las mujeres. Estas agresiones representan 9.1% del total regional, pero destaca el hecho de que más de la mitad de las mismas (1,475) fueron documentadas en Nicaragua. En este país, a partir de 2018 se ha dado un proceso de consolidación de un gobierno de carácter totalitario que sanciona y persigue cualquier acto de defensa de derechos e implementa estrategias de represión en contra de las defensoras o sus familias a través de hostigamientos, destierro o despojo de ciudadanía,10 detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, torturas11 y criminalización bajo los delitos de “conspiración y propagación de noticias falsas”.12 Por su parte, en 2021 en El Salvador registramos un total de 185 agresiones contra defensoras del derecho a la participación política de las mujeres, representando el año con mayor número de agresiones contra estas defensoras en dicho país. Destacan las agresiones perpetradas contras defensoras participantes en manifestaciones feministas,13 o hacia quienes se pronunciaban en contra de la deriva autoritaria del presidente Nayib Bukele,14 siendo las más frecuentes: campañas de desprestigio y amenazas virtuales, vigilancia e intimidación policial e intentos de detención con uso de violencia.
540 agresiones contra quienes luchan por la defensa de derechos sexuales y reproductivos.En todos los países de la región, de la mano con el avance de discursos fundamentalistas y de ultraderecha y la intromisión de las jerarquías religiosas en los asuntos públicos, representantes de partidos políticos de diferentes banderas ideológicas han promovido políticas que, en nombre de la “protección de valores familiares”, vulneran los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Entre 2012 y 2022 documentamos campañas de desprestigio y estigmatización que incluyen calumnias, discursos de odio e incitación a la violencia contra defensoras y colectivas feministas que promueven derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la despenalización del aborto. Algunas de estas agresiones fueron promovidas a nivel local e internacional por organizaciones anti-derechos en el marco de la campaña “40 Días por la Vida” en El Salvador15 y México16. Otras se dieron en el contexto de la demanda de justicia que cristalizó en una sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando al Estado de El Salvador por la detención, condena y posterior muerte de “Manuela”, una mujer que fue sentenciada a 30 años de prisión acusada de homicidio agravado tras sufrir una emergencia obstrética.17
A partir de ahora, los datos presentados comprenden el periodo 2012-2022, debido a que para 2023 no contamos con la información de Guatemala. Para información más detallada sobre el año 2023 pueden consultar el capítulo Una mirada preliminar a 2023.
AMA es una de las entidades de referencia surgidas en el contexto de la crisis socio-política en Nicaragua, cuando madres y familiares de personas asesinadas en el marco de las protestas se organizaron para exigir justicia, verdad y reparación por los crímenes de lesa humanidad cometidos en su mayoría por fuerzas policiales y parapoliciales afines al gobierno.
En la IM-Defensoras decidimos usar el término sindemia para referirnos a la crisis profundizada por el Coronavirus. Este término refiere al impacto mayor que tiene una situación de salud debido a su interacción con condiciones sociales y ambientales que hacen que la población sea más vulnerable a su impacto. Fuente: IM-Defensoras. Julio 2021. Des-hilar la crisis, tejer futuros. Impactos de COVID-19 sobre las vidas y las luchas de las defensoras mesoamericanas de derechos humanos.
En las agresiones a defensoras que defienden el derecho a la libertad de expresión y la información en México se identifica con frecuencia a autoridades locales como perpetradores en alianza con expresiones del crimen organizado.
El caso más emblemático es el de José Rubén Zamora, fundador de El Periódico, quien está en prisión desde mediados de 2022.
En Mesoamérica, casi la mitad (45%) de nuestros agresores entre 2012 y 2022 fueron actores vinculados al Estado, incluyendo cuerpos policiales (22.9%), autoridades municipales, departamentales, provinciales, estatales, nacionales o federales (17.2%) o fuerzas militares (4.9%). Las instituciones gubernamentales están cooptadas y protegen a las élites económicas nacionales y transnacionales y a otros poderes fácticos (corporativos, crimen organizado, jerarquías religiosas, monopolios de la comunicación, etc.).
EL SISTEMA DE (IN)JUSTICIA
El modelo capitalista, patriarcal y racista que impera en nuestros países se apoya en un sistema de (in)justicia en el cual el poder judicial se ha convertido en un instrumento que nos agrede y que promueve y garantiza la impunidad de nuestros agresores. De esta forma, el mismo sistema judicial que se utiliza para criminalizar y judicializar la defensa de derechos humanos o despojar a las comunidades de sus bienes y territorios, también se usa para obstaculizar el acceso a la justicia a las defensoras, garantizando la impunidad de quienes nos agreden, sosteniendo el poder de las fuerzas militares y policiales y protegiendo a actores no estatales como empresas privadas, crimen organizado y otros poderes fácticos.
Nuestro acceso a la justicia ante las agresiones que vivimos como defensoras de derechos humanos se ve mermado por los altos niveles de impunidad, la falta de confianza en el sistema de justicia estatal y el miedo a que poner una denuncia pueda generar nuevas agresiones en contra de nuestra integridad personal o la de nuestras familias. En búsqueda de seguridad, las defensoras acudimos a mecanismos nacionales, regionales o internacionales de protección. Sin embargo, en muchos casos estos mecanismos no son efectivos: 19.2% de las agresiones documentadas en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua entre 2012 y 2022 fueron contra defensoras que contaban previamente con medidas de protección.
OTROS AGRESORES
Además del rol preponderante del Estado como agresor directo, otros perpetradores relevantes son:
Desconocidos. 20.4% de los perpetradores no han podido ser identificados, tanto en agresiones directas cometidas de forma presencial como en las que se dan en el entorno virtual. En los últimos años, el anonimato que facilitan las redes sociales las ha convertido en un medio privilegiado para agresiones como campañas de desprestigio, expresiones de odio, incitación a la violencia, amenazas, intimidación y hostigamiento psicológico. Entre 2020 y 2022 hemos documentado 863 agresiones perpetradas por usuarios virtuales desconocidos, los cuales representan 17.3% del total de agresores identificados en esos 3 años.
Empresas. Son identificadas en 5.3% de las agresiones documentadas.El poder económico intenta detener la acción de las defensoras, organizaciones y comunidades que ponemos en evidencia los abusos y violaciones de derechos humanos que generan sus proyectos de acumulación de capital. Es importante señalar que en las agresiones documentadas se identifica sobre todo a empresas extractivistas transnacionales.
Crimen organizado. Es responsable directo de 2.9% de las agresiones registradas. Debido a la naturaleza de su acción, basada en el anonimato, y al elevado riesgo que conlleva su denuncia y documentación, es muy difícil identificar con certeza cuando las agresiones son perpetradas por estos grupos que basan su negocio en la violencia, el narcotráfico y otras actividades ilícitas. Sin embargo, muchas veces actores vinculados al crimen organizado son identificados en nuestro registro como principales sospechoso de las agresiones.
Grupos fundamentalistas y anti-derechos. Identificados como responsables directos en 2.4% de las agresiones entre 2012 y 2022.No obstante, si nos focalizamos en los tres últimos años del periodo, entre 2020 y 2022, estos grupos representaron 20% de los perpetradores directos de las agresiones en contra de las defensoras de derechos sexuales y reproductivos. Además, estos actores con frecuencia son identificados como los principales sospechosos de estar tras campañas impulsadas anónimamente o por usuarios virtuales desconocidos. El incremento en su influencia se debe tanto a la construcción de amplias alianzas transnacionales con iglesias, partidos políticos de extrema derecha y oscuras redes de financiación; como a su estrategia de buscar ganar legitimidad y movilizar adeptos a través de la construcción de un imaginario social de enemigo común —la llamada “ideología de género”— y de la reapropiación del lenguaje de la justicia social y de las formas organizativas de los movimientos sociales.
Casi la mitad (46.3%) de las agresiones contra defensoras registradas en la región entre 2012 y 2022 son parte de una serie de eventos de violencia previos. Este porcentaje varía en cada país, oscilando entre el 31.6% de El Salvador y el 58% de Honduras.El carácter sistemático de las agresiones evidencia que estas violencias no son casos puntuales y aislados, sino que responden a una estrategia continua que tiende a escalar en la gravedad del tipo de agresión con el objetivo de desgastarnos y detener nuestra labor de defensa.
ÁMBITO Y ALCANCE DE LAS AGRESIONES
Agresiones directamente dirigidas contra la defensora, de manera personal. Entre 2012 y 2022 hemos registrado un total de 13,228 agresiones de carácter personal.Estas agresiones violaron sobre todo nuestro derecho a la integridad personal (31,9%), nuestro derecho al prestigio, a la imagen pública y a la vida privada y familiar (23,7%), así como nuestro derecho a la libertad de asociación, reunión y expresión (14,1%). Durante el mismo período registramos 1,730 hostigamientos, 1,322 campañas de desprestigio o puesta en duda de la credibilidad, 817 agresiones que implican algún tipo de violencia psicológica, verbal, física, tortura o tratos crueles, 730 vigilancias o prácticas de monitoreo o acecho de la vida cotidiana y 619 amenazas.
Agresiones a personas cercanas. Las distintas violencias que enfrentamos no sólo se ejercen sobre nuestras personas y cuerpos, también buscan controlarnos y acallar nuestras luchas a través de narrativas y acciones que generan angustia y miedo en nuestro entorno inmediato: nuestras familias, organizaciones y comunidades. Entre 2020 y 2022 documentamos que en 39,5% de las agresiones personales vividas por las defensoras mesoamericanas se sumaron además ataques contra nuestras personas cercanas. Este porcentaje oscila entre el 11% y el 56% en los países de la región; resultando especialmente crítico el caso de Honduras y Nicaragua, donde supera el 50%.
Agresiones colectivas. Entre 2012 y 2022 hemos documentado 13,340 agresiones de carácter colectivo.1Su evolución en el tiempo generalmente responde a hitos de protestas públicas y masivas que son objeto de una respuesta represiva por parte de los gobiernos. Es el caso de movilizaciones feministas contra la violencia machista y los femicidios/feminicidios, en particular en fechas emblemáticas como el 8 de marzo (Día Internacional de las Mujeres) y el 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer); en movilizaciones estudiantiles en México;2 o en acciones colectivas en exigencia de justicia por el asesinato de Berta Cáceres o el feminicidio bajo custodia policial de Keyla Martínez en 2021 en Honduras.3 Adicionalmente, identificamos un aumento de agresiones colectivas en Honduras a partir de 2020 relacionadas con los desalojos de comunidades que defienden su derecho a la tierra y al territorio; y en Nicaragua en 2021, perpetradas con el objetivo de obstaculizar el ejercicio del derecho de reunión y asociación en el contexto de las elecciones presidenciales que se celebraron ese año.
Entre 2020 y 2022, en el marco de agresiones colectivas registramos 1,292 hostigamientos y 1,241 casos de violencia psicológica, verbal y/o física; así como 1152 campañas de desprestigio o puesta en duda de la credibilidad de las integrantes de una organización o movimiento. Estas agresiones violentan principalmente el derecho a la integridad personal de las defensoras que participan en las acciones colectivas (37,2%), a la libertad de expresión, reunión y asociación (11,8%), a la imagen pública y la vida privada y familiar (11,6%), al acceso a la justicia (11%) y a la libertad personal y seguridad (10,9%).
Agresiones contra organizaciones o grupos.Entre 2012 y 2022 hemos documentado un total de 2,295 agresiones contra 880 organizaciones o grupos4de defensa de derechos humanos. Se ataca a las organizaciones como un intento de destruir los procesos organizativos y los cuerpos colectivos construidos para defender derechos. Estas agresiones evidencian las estrategias de instrumentalización del poder político y el sistema de (in)justicia, en complicidad o alianza con otros poderes fácticos, para erigir marcos normativos que institucionalizan y legalizan la criminalización de las organizaciones sociales.
Destacan especialmente las agresiones contra organizaciones o grupos en Nicaragua, donde se ha dado la cancelación masiva de la personería jurídica, cierre y confiscación de organizaciones. Entre 2018 y diciembre de 2022, se cancelaron en Nicaragua 233 organizaciones que trabajan los derechos de las mujeres, niñas y juventud.5
Entre 2020 y 2022 identificamos que más de la mitad (52,2%) de las agresiones contra organizaciones o grupos limitan el derecho de libertad de asociación, reunión y expresión. Los principales métodos de agresión a nivel regional implican el uso de la legislación y procesos de control fiscal y administrativo para limitar la acción de las organizaciones, ya sea para impedir u obstaculizar la identidad jurídica de las mismas (222), la libertad de asociarse (217) o el acceso o utilización de recursos financieros (178).
TIPOS DE AGRESIONES
Entre las 28,863 agresiones contra defensoras y organizaciones o grupos de defensoras documentadas destacan por su frecuencia los hostigamientos, campañas de desprestigio, amenazas, la violencia física, verbal y psicológica,6 la vigilancia a las prácticas de nuestra vida cotidiana7 y el uso excesivo de la fuerza. Todas estas formas de violencia se pueden presentar en nuestras vidas de forma simultánea y van escalando de gravedad en contextos de impunidad o con débiles mecanismos de protección a nuestra labor.
Es un hecho preocupante que las agresiones sistemáticas que enfrentamos con frecuencia son parte de un proceso más amplio y complejo de criminalización de la defensa de derechos humanos. Entre 2012 y 2022 registramos un total de 849 detenciones arbitrarias y 858 inicios de procesos judiciales penales o administrativos que no corresponden a los hechos o que claramente descansan en hechos falsos. Como proceso sistemático, la criminalización busca no sólo silenciar liderazgos que cuestionan a poderosos actores privados y estatales, sino también deslegitimar el trabajo de defensa de derechos humanos ante la comunidad y la sociedad en su conjunto.8 Además, reconocemos que en los procesos de criminalización, la defensa de derechos humanos se presenta como un delito que se castiga de forma diferenciada cuando es cometido por mujeres o disidencias sexo-genéricas rurales, indígenas o afrodescendientes. En el caso de las mujeres defensoras, las agresiones tienen un mensaje aleccionador en contra de nosotras y nuestros movimientos sociales que busca disciplinar y controlar a otras compañeras, preservando los mandatos patriarcales de género a través de la imposición de nuevas barreras para la participación política de mujeres y disidencias sexo-genéricas.
Adicionalmente, una de las manifestaciones más evidentes del patriarcado es el uso de la violencia sexual9 para transmitir mensajes de control, poder y soberanía sobre nuestros cuerpos. Entre 2012 y 2022 registramos un total de 475 agresiones de carácter sexual contra defensoras de derechos humanos. Tan sólo entre 2020 y 2022 registramos 12 casos de violación sexual, 60 de acoso sexual y 155 de abuso sexual.10
Llamamos agresiones en acciones colectivas a aquellas agresiones que van dirigidas contra varias defensoras al mismo tiempo, quienes pueden pertenecer o no a una misma organización o movimiento; o contra defensoras que se encuentran juntas en una acción colectiva (protesta pública, marcha, manifestación, plantón, etc.).
El conteo de organizaciones puede incluir de forma reiterada a una misma organización agredida en diferentes años o, previo al cambio del sistema de registro en 2020, en diferentes ocasiones el mismo año.
Este tipos de agresiones los empezamos a documentar en 2020, por lo tanto la cifra de número de agresiones corresponde a las documentadas entre 2020 y 2022.
Idem.
IM-Defensoras: Documento interno sobre Criminalización en México. 2023.
El registro de este tipo de agresiones se enfrenta a grandes desafíos debido a un contexto sociocultural patriarcal cargado de creencias, normas y prácticas que normalizan o minimizan la gravedad de las violencias sexuales. Asimismo, en ocasiones se guarda silencio por miedo al agresor o para evitar estigmatización o revictimización.
El registro de forma separada de tres tipos de agresiones sexuales lo iniciamos en 2020, anteriormente se registraban como “violencia sexual” y “abuso sexual”.
LAS AGRESIONES CONTRA DEFENSORAS SON VIOLENCIA PATRIARCAL
La violencia contra las mujeres en su diversidad, la violencia racista y xenófoba, la violencia transfóbica, entre otras, constituyen instrumentos efectivos de control social, profundización de la desigualdad y destrucción del tejido social. En este sentido, la violencia sociopolítica contra defensoras descrita en este informe se manifiesta en nuestros cuerpos como parte de un continuum de violencias patriarcales, clasistas y racistas.
Pese al desafío que supone la normalización social y cultural de la violencia machista, lo que provoca que no siempre la reconozcamos y denunciemos, logramos documentar situaciones específicas de discriminación basada en género en 39% de las agresiones.Este porcentaje oscila significativamente en cada país, representando el 22.4% en Nicaragua y el 76.3% en El Salvador.
Algunas de las situaciones registradas entre 2020 y 2022 fueron:
En 19% de los casos las agresiones son una respuesta directa al trabajo de la organización o grupo que promueve la defensa de derechos de las mujeres y población LGBTTTIQ+.
18% son mensajes misóginos que menosprecian a las defensoras por el hecho de ser mujeres (frases cargadas de odio contra las mujeres como: perras, putas, zorras, feminazi, malparidas, etc.). Estas agresiones muchas veces son perpetradas tanto por usuarios virtuales desconocidos como, en el marco de casos de violencia represiva o detenciones arbitrarias, por actores vinculados al Estado.
16% de estas situaciones implican la descalificación del trabajo y/o logros de las defensoras. Generalmente se nos pretende descalificar divulgando información falsa o manipulada sobre nuestra vida privada, nuestra pareja o nuestra vida sexual.
En 13% de los casos se identifican situaciones de odio basadas en la sexualidad, identidad de género, edad, identidad étnica o racial, etc.
En 9% se trata de agresiones en cuyos contenidos se señalan aspectos relativos a preservar un orden específico en la sociedad o comunidad; por ejemplo, lo que debe ser la familia, un hombre o una mujer (estar en su casa, ser buena madre, cómo vestirse, quien tiene la propiedad de la tierra, entre otros). Estos mensajes buscan disciplinarnos y controlarnos cuestionando nuestra participación en la esfera social y política. Además, a las defensoras que somos madres se nos reprocha que abandonemos nuestro rol de cuidadoras y se nos acusa de abandonar a nuestras familias.
En 8% de las situaciones de discriminación por género identificamos violencia de carácter sexual: abuso sexual, violación, hostigamiento, campañas de desprestigio basadas en la sexualidad de la defensora, uso de fetiches, manipulación de ropa interior o dibujos sexualizados.
Entre 2020 y 2022 Identificamos 68 casos en los cuales las defensoras fueron agredidas e incluso asesinadas por sus parejas o exparejas. En estos casos, el hecho de ser mujeres y defensoras de derechos humanos pudo exacerbar o exponerlas a una mayor violencia como castigo por subvertir el orden establecido.
LOS IMPACTOS SOBRE NUESTRO TRABAJO Y NUESTRAS VIDAS
Los datos registrados durante el período 2020-2022 también ponen de manifiesto los impactos de las agresiones que sufrimos sobre nuestro trabajo y nuestras vidas. Estos impactos se agravan cuando somos agredidas de forma sistemática.
En 59.5% de las agresiones personales y 32.7% de las colectivas identificamos como uno de los impactos la limitación a nuestros derechos y libertades fundamentales. Entre éstos, los relacionados con la libre expresión, asociación, movilización, participación política, educación y salud.
En 12.6% de las agresiones personales y 36.8% de las colectivas registramos afectaciones físicas en las que identificamos como patrón el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de autoridades estatales, así como agresiones físicas cometidas por actores paraestatales, con el objetivo de impedir movilizaciones sociales.
En 26% de las agresiones personales y 8.2% de las sufridas en acciones colectiva se reconocen riesgos y cambios en la vida cotidiana y en el entorno cercano de la defensora agredida.
Hemos documentado 466 casos personales y 377 colectivos en los cuales las agresiones han sido identificadas como la causa de desplazamientos forzados internos o fuera de sus países.
El uso de la legislación y procesos de control fiscal y administrativo para limitar la acción de las organizaciones de la región ha impactado en el acceso a recursos financieros (10.2%), la suspensión o retiro permanente de la personería jurídica (12.9%) y, finalmente, el cierre temporal o definitivo de las mismas (45.2%). Además, la criminalización de las organizaciones comúnmente viene acompañada de campañas de estigmatización y/o la promoción de listas estigmatizantes.
El sometimiento a situaciones continuas de violencia e injusticia, tanto por los casos y contextos con los que nos relacionamos en el marco de nuestra labor por los derechos humanos como por las agresiones que enfrentamos a causa de ella, nos hace estar en constante cercanía con el horror, la muerte y la desesperanza. No obstante, las defensoras y nuestras organizaciones y comunidades seguimos resistiendo, multiplicándonos y defendiendo la esperanza, fortalecidas por nuestras ancestras y por la energía de las juventudes diversas que se suman a las luchas por la vida. Nos mantenemos en pie porque nos acuerpan nuestras redes y nuestras estrategias de protección colectiva, porque tenemos poder y experiencia para sobrevivir a las violencias y continuar con nuestras luchas. Esta convicción en el poder personal y colectivo que las mujeres defensoras tenemos para defendernos y protegernos es lo que hace más de trece años, a través del “pacto de cuidarnos”, nos articuló en la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.1 Desde entonces hacemos de la Protección Integral Feminista nuestra guía para cuidar nuestras vidas y nuestras luchas.
En 2023 registramos 6,214 agresiones contra al menos 1,188 defensoras de derechos humanos1 y 73 organizaciones o grupos de El Salvador, Honduras, México y Nicaragua.2 En relación al año 2022, esto representa un incremento de 13% en las agresiones a defensoras y organizaciones o grupos. Siguiendo con la tendencia histórica de nuestro registro regional, durante 2023 las agresiones fueron principalmente perpetradas por actores vinculados al Estado (47,8%).
Diez compañeras fueron asesinadas durante 2023, entre ellas: tres mujeres trans que defendían el derecho a transgredir el orden de género en México y Honduras, y tres defensoras que buscaban a personas de su familia desaparecidas en diversos estados de México. Otras 47 compañeras fueron objeto de intentos de asesinato que, afortunadamente, no se consumaron.
En El Salvador y Honduras identificamos una continuidad en la militarización de los territorios y las agresiones a defensoras en el marco de la suspensión de derechos y libertades fundamentales que habilitan los estados de excepción. En Nicaragua, se mantuvo el cierre absoluto de todos los espacios de participación y la criminalización y desprotección legal de las defensoras, mientras se fortalecieron nuevas estrategias represivas como destierro, despojo de ciudadanía o permiso de residencia. En México, durante 2023 continuó aumentando el porcentaje y la gravedad de las agresiones contra defensoras de la verdad, justicia y reparación (21%); entre éstas destacan el seguimiento, amenaza y vigilancia a madres buscadoras y las agresiones perpetradas por policías estatales en el marco de manifestaciones en exigencia de la localización con vida de personas desaparecidas.
Destacamos con preocupación que durante el 2023 hubo un aumento de nuestros registros de desplazamientos forzados y agresiones digitales. Documentamos 240 agresiones relativas a desplazamientos forzados internos y externos, cuadriplicando las registradas en 2022. Las defensoras desplazadas son mayoritariamente de Honduras (168) y Nicaragua (69). En el caso de Honduras los desplazamientos de defensoras se dieron principalmente a lo interno del país de forma colectiva ante los desalojos masivos impulsados por la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la tierra. Por su parte, el 2023 fue el año con mayor cantidad de desplazamiento fuera del país de defensoras nicaragüenses desde el inicio de la represión Estatal en 2018.
Por otro lado, en 2023 identificamos un total de 1,222 agresiones digitales en contra de defensoras y organizaciones o grupos de defensoras mesoamericanas, lo que representa 20% del total de agresiones documentadas. Este porcentaje aumenta significativamente en el caso de El Salvador (78,7%), donde el gobierno mantiene control y vigilancia del entorno digital. Las agresiones en el entorno digital son parte del continuum de violencias que viven las defensoras y, por lo general, se vinculan con otras agresiones en el ámbito físico.
Total de defensoras: Para evitar duplicación el total de defensoras agredidas se reporta como una a defensoras que recibieron agresiones tanto personales como colectivas, siendo un total de 84 defensoras en 2023. Igualmente, está cifra excluye a defensoras agredidas de forma colectiva que no fueron identificadas.
Estos datos históricos, recabados a lo largo de de más de una década, muestran como a las defensoras mesoamericanas nos agreden de forma sistemática para silenciar nuestras voces y debilitar nuestra resistencia colectiva, generando entornos de terror que dejan mensajes aleccionadores para nosotras y nuestras comunidades. Esta violencia, lejos de ser consecuencia de Estados fallidos, se relaciona con opresiones históricas y estructurales que utilizan a los sistemas de justicia y a las fuerzas públicas de seguridad, entre otros actores, para sostener el capitalismo racista y patriarcal.
El análisis de los patrones de agresión nos permite identificar cómo la violencia sigue escalando y cómo a partir de la sindemia por COVID-19 se sentaron las bases para consolidar estrategias de control que se mantienen hasta ahora. También nos permite reconocer cómo la construcción social de género se manifiesta en las formas y contenidos de los hostigamientos, las campañas de desprestigio, la criminalización y la violencia física, psicológica y sexual que vivimos las mujeres y las disidencias sexo-genéricas que defendemos derechos humanos en la región.
A pesar de ello, las defensoras continuamos apostando por la vida y construyendo esperanza. Para protegernos de las violencias que buscan silenciar nuestras luchas, desde la IM-Defensoras llevamos más de trece años impulsando la Protección Integral Feminista (PIF). La PIF es el pacto de cuidarnos entre defensoras de diferentes movimientos sociales, identidades y territorios para enfrentar juntas las violencias que nos afectan. Lo hacemos a través de la articulación en redes nacionales, una alianza regional y diversas estrategias de seguridad, autocuidado, cuidado colectivo y sanación.
Nuestras luchas por la conquista plena de los derechos humanos ameritan la garantía de nuestro derecho a defenderlos.
Por este motivo, demandamos:
El reconocimiento y legitimación de nuestros aportes y nuestras luchas.
El compromiso y la acción efectiva de Estados e instituciones para que dejen de atacarnos para proteger intereses privados.
Mecanismos internacionales fuertes y con capacidad de respuesta ante el incumplimiento de los Estados de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Apoyo sostenido y flexible a nuestros procesos de fortalecimiento y protección.
El cese de las violencias que enfrentamos al interior de nuestros espacios organizativos, comunitarios y familiares.
Este cinco de julio se cumplen tres años del vil asesinato del compañero y hermano Simón Pedro Pérez López, integrante de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Para todo el equipo de Otros Mundos Chiapas, su pérdida sigue llenando nuestros corazones de indignación y tristeza. Con Simón Pedro recorrimos muchos caminos en la búsqueda de una vida digna para los pueblos, y aunque seguimos sin él, su fuerza y espíritu nos acompañan.
Nos sumamos a las exigencias de verdadera justicia y un debido proceso en la búsqueda de la verdad. Tres años después, seguimos sin justicia para su muerte. Basta de seguir criminalizando y hostigando a quienes luchan por un buen vivir. Exigimos a las autoridades federales y estatales que se pongan a trabajar para esclarecer este vil asesinato y que se encuentren a los autores materiales e intelectuales.
¡JUSTICIA PARA SIMÓN PEDRO!
¡ALTO A LA VIOLENCIA CONTRA DEFENSORAS Y DEFENSORES DE LA VIDA!
Les compartimos el nuevo podcast de Radio Mundo Real RMR y Amigos de la Tierra Internacional ATI sobre el cambio climático y el urgente cambio de sistema – A Junio 2024
Lunes 10 de agosto, 14 horas, registro 3 de la Dra. Elena Suárez, evaluación médica del paciente Planeta Tierra. «La situación es muy delicada, sinceramente me preocupan muchísimo los síntomas, algunos que ya estaban presentes, ahora se agudizaron, pero hay también nuevas manifestaciones de la gravedad del caso».
El cambio climático y el colapso ambiental, el hambre, la pobreza y la desigualdad, la crisis sanitaria y la violencia, son síntomas de una enfermedad sistémica. Los síntomas son aquello que vemos y sentimos, lo manifiesto, son la punta del iceberg. Pero ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que ocasiona el malestar?
Bienvenidas/os a Cuidados intensivos: Tratamiento para el cambio de sistema. Un podcast de Radio Mundo Real y Amigos de la Tierra Internacional (ATI). Hoy presentamos algunos tratamientos esenciales no solo para paliar los síntomas, sino para erradicar la enfermedad. El antídoto está en los Pueblos y su organización. Te invitamos a escuchar el podcast haciendo click en el reproductor. ¡Esperamos que te guste!
La justicia en el caso de Berta Cáceres sigue siendo denegada por la Corte Suprema de Justicia de Honduras, que no ha confirmado las condenas de los ocho individuos responsables de su asesinato. El retraso innecesario de la Corte en asumir el caso perpetúa el ciclo de impunidad por la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos en Honduras y causa a su familia un sufrimiento inconmensurable mientras esperan un resultado definitivo en su caso.
Berta Cáceres, lideresa indígena y activista social hondureña, fue asesinada el 2 de marzo de 2016 tras liderar la oposición a la instalación inconsulta e ilegal de la represa de Agua Zarca. La represa es un proyecto hidroeléctrico de la empresa DESA (Desarrollos Energéticos S.A.), propiedad de la poderosa familia Atala Zablah de Honduras.
El 29 de noviembre de 2018, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal dictó sentencia condenatoria por el asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro contra las siguientes personas: Douglas Bustillo (ex militar, jefe de seguridad de DESA), Mariano Díaz (mayor del ejército), Henry Hernández (ex militar, sicario), Sergio Rodríguez (Gerente Ambiental y Social de DESA), Elvin Rápalo (sicario), Óscar Torres (sicario) y Edilson Duarte (sicario). Cada uno de ellos fue condenado a penas de entre 30 y 50 años de prisión el 2 de diciembre de 2019. El 5 de julio de 2021, el Tribunal también emitió una condena contra David Castillo (gerente general de DESA, ex militar) por el asesinato de Berta Cáceres como coautor del crimen. Casi un año después, el 20 de junio de 2022, el Tribunal condenó a Castillo a 22 años y 6 meses de prisión. Los condenados en ambos casos interpusieron recursos contra las sentencias, pero hasta la fecha, la Corte Suprema de Justicia no ha emitido una resolución sobre ninguno de los dos casos.
El proceso judicial en el caso de Berta Cáceres sienta un importante precedente en Honduras para acabar con la impunidad, ya que es la primera vez que se juzga y sanciona a miembros de una poderosa empresa por crímenes contra comunidades y organizaciones indígenas en el contexto de la defensa del territorio. Es indispensable que la Corte Suprema de Justicia emita una resolución y confirme las sentencias de las ocho personas ya condenadas por este delito para continuar la lucha contra la impunidad en Honduras. Las organizaciones abajo firmantes hacemos un llamado a las autoridades judiciales hondureñas para que emitan resoluciones que confirmen las sentencias de los responsables mencionados y garanticen justicia por el asesinato de Berta Cáceres.
Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Robert F. Kennedy Derechos Humanos (RFKHR)
Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha para frenar el proyecto de la presa Milpillas- A 20 de junio del 2024
Desde hace más de 7 años el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, Movimiento integrado por ejidos y comunidades de los municipios de Sombrerete y Jiménez del Teul, hemos estado defendiendo nuestro río Atenco en contra del proyecto de la presa Milpillas porque atenta contra nuestra forma de vida. Desde el inicio hemos demostrado, en conjunto con organizaciones hermanas, académicos y académicas, que el proyecto de contrucción de la presa Milpillas es inviable y no resolverá la crisis hídrica del estado de Zacatecas.
Durante el pasado periodo electoral 2024, candidatas y candidatos a la gobernatura del estado, a las diputaciones, senadurías y presidencias municipales de la región, tomaron el asunto de la presa Milpillas para hacer campaña electoral y pronunciarse a favor o en contra de dicho proyecto. Quienes lo hicieron a favor del proyecto, mostraron que la participación y decisión ciudadana no es su interés. Durante sus campañas les exigimos que respeten nuestra postura y, en caso de ganar, no se vuelvan promoventes y no impongan un proyecto que no queremos y que además es inviable. A quienes se manifestaron a favor de la decisión de los pueblos, en contra del proyecto de la presa Milpillas, les hacemos un atento llamado para iniciar su compromiso manifiesto de no respaldar el proyecto en nuestros ejidos y comunidades. Nuestra petición es respetuosa pero firme, y les requerimos y exigimos cumplir con su palabra.
Ahora que terminaron las elecciones, exhortamos a Daniel Cisneros Esparza, presidente municipal electo de Jiménez del Teul y a Ramiro Hinojosa Aguayo, presidente municipal electo de Sombrerete a cumplir con el compromiso que hicieron con el pueblo y no apoyen el Proyecto Hídrico Milpillas, ni de la presa San Andrés (o cómo le nombren). Además, les solicitamos cumplir su compromiso y empezar a convocarnos para iniciar el proceso para que, en cuanto tomen el cargo, nos llamen como población a la asamblea de cabildo abierta en la cual establezcan la Declaratoria de Municipios Libres de Megaproyectos. Anexamos las cartas compromiso que hicieron con nosotras y nosotros, los ahora presidentes, en Atotonilco, El Potrero y Estancia de Guadalupe.
Durante estos años demostramos que no cedemos nuestros derechos a placeres desarrollistas, demostramos también que seguiremos luchando por acabar con la impunidad de quienes violentan la justicia con tal de beneficiarse de un proyecto que no tiene sustento social, ambiental y técnico y que, en consecuencia, perjudicaría a toda la región. Nuestra lucha ha sido transexenal y nosotras y nosotros vamos a seguir defendiendo nuestro río, nuestro territorio.
Desde nuestros ejidos, ranchos y comunidades de Jiménez del Teul y Sombrerete en Zacatecas, enviamos un saludo combativo a todos los pueblos que como nosotras y nosotros luchan por la vida día con día.
¡No a la presa Milpillas, sí a la vida!
A t e n t a m e n t e,
Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco
Compartimos este pronunciamiento de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC en solidaridad con el Pueblo Argentino ante la terrible represión que esta viviendo – A 21 de junio del 2024
ATALC (Amigos de la Tierra América Latina y El Caribe) denuncia y repudia la salvaje represión realizada por diversas fuerzas policiales sobre los manifestantes que se oponían a la sanción de legislación sumamente regresiva llamada “Ley de Bases” e impulsada por el gobierno de ultraderecha de Javier Milei. La represión resultó en numerosos hechos de violencia y la detención arbitraria de más de 30 personas, de las cuales 16 aún se encuentran detenidas y amenazadas con procesamiento judicial bajo gravísimos cargos. Durante las detenciones, se utilizó un nuevo mecanismo por el cual las/los manifestantes quedan a disposición de la justicia federal con prisión preventiva por riesgo de fuga, acusados de terrorismo e intento de golpe de Estado. De las 17 personas liberadas, se solicita que 14 vuelvan a ser detenidas acusadas de atentar contra la democracia. Mientras tanto, los detenidos restantes denuncian que en los penales han sido sometidos a abusos, como el uso de gas pimienta, golpes y desnudamientos. Estas nuevas formas de actuar por parte de la Justicia Federal siembran un grave precedente para futuras movilizaciones.
La manifestación del día 12 de junio fue el resultado de 6 meses de un gobierno que ha elevado los índices de pobreza al 55,5% de la población y la indigencia al 17,5%. Este gobierno intenta sancionar una ley que otorga superpoderes al presidente, inaugura el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que libera totalmente el accionar de multinacionales extractivas y flexibiliza la legislación laboral, entre otros ataques a las/os trabajadores y la soberanía nacional.
Mediante la aplicación del “Protocolo Antiprotestas”, las fuerzas armadas avanzaron y la represión duró más de cinco horas, utilizando camiones hidrantes, balas de goma, gas pimienta y realizando detenciones arbitrarias. Después de esta brutal represión y de la aprobación de la ley en la cámara de senadores a través de escandalosos hechos de corrupción, el gobierno felicitó a las fuerzas de seguridad -vía canales oficiales- “por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado” (sic). El fiscal a cargo acusó a los detenidos de “alzarse contra el orden constitucional y la vida democrática”, imputándolos con 15 delitos y trasladando a 10 de ellos a penales de máxima seguridad bajo la figura de “prisión preventiva”.
Este hecho pone en evidencia la escalada de violencia económica, simbólica y política que ocurre en Argentina desde hace 6 meses de manera ininterrumpida y creciente, y que se ha exacerbado desde el pasado miércoles. Los y las detenidas son estudiantes, trabajadores/as y luchadores/as sociales.
Los movimientos sociales, ambientales, sindicales, feministas y de la economía popular nos encontramos en alerta a nivel internacional. Acompañamos a los movimientos populares argentinos y responsabilizamos al gobierno de Javier Milei por la integridad de la población.
Llamamos a la comunidad internacional a ejercer la solidaridad internacionalista, exigiendo la libertad inmediata y el desprocesamiento de todos los detenidos y detenidas, quienes no sólo han sido encarcelados/as sino que han sufrido enormes maltratos. Además, exigimos el cese de la violencia del Estado, el respeto por la democracia y el fin de la criminalización de la protesta.
Compartimos este comunicado de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC en Solidaridad Internacionalista con Palestina ante el genocidio que viven por parte de Israel – A 14 de junio de 2024
Desde el pasado 7 de octubre, el mundo está siendo testigo de acciones atroces por parte del gobierno y el ejército de Israel que han expuesto, de la manera más cruda imaginable, lo que siempre fue la intención del movimiento sionista: el exterminio del pueblo palestino. En ocho meses de operativos militares las llamadas Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han asesinado a 36.284 palestinos y herido a por lo menos a 82.057 tan sólo en la Franja de Gaza, con el pretexto, que ya nadie cree, de eliminar a la milicia Hamas. La mayoría de las víctimas son niños, niñas, adolescentes y mujeres. En Cisjordania, donde Hamas no tiene una presencia significativa, el número de muertos asciende a por lo menos 550. En Gaza más del 70 por ciento de los edificios públicos y la infraestructura hospitalaria, educativa, de comunicaciones y servicios (agua, electricidad) ha sido destruido, así como los medios de subsistencia de la población. Cientos de miles de viviendas, mezquitas, iglesias, monumentos históricos ya no existen. En Cisjordania, las FDI han devastado caminos, quemado viviendas, cosechas y vehículos, alentando al mismo tiempo la furia demencial de los colonos sionistas que, armas en mano, expulsan a los palestinos de sus tierras y bloquean el acceso a los camiones con ayuda humanitaria, ellos sí usando a sus hijos como escudos humanos. Asimismo, el gobierno sionista ha destinado cuantiosos recursos financieros, militares y propagandísticos para entorpecer o de plano impedir el trabajo de las organizaciones humanitarias que operan en Gaza, principalmente la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés).
El argumento del derecho a la defensa repetido hasta la náusea por el gobierno sionista encabezado por Benjamín Netanyahu y su gabinete de zelotes, como Yoam Gallant, Itamar ben Gvir o Bezalel Smotrich, sólo ha servido para develar los crímenes atroces, las mentiras, manipulaciones, amenazas y trampas de Israel, su flagrante violación a las leyes internacionales y a los derechos humanos. Por décadas, en la más absoluta impunidad. No sólo en los territorios ocupados. En muchas otras partes del mundo. Israel es, hoy por hoy, a todas luces, un Estado paria.
Nada de esto habría sido posible sin la complicidad del gobierno de los Estados Unidos, principal proveedor de armas y ayuda militar a Israel, y de otras potencias occidentales como Alemania, Italia, Gran Bretaña, Francia, Países Bajos, Canadá y Australia, corresponsables de la tragedia que desde hace décadas sufre el pueblo palestino en manos de sus verdugos. A ello han contribuido también todos aquellos gobiernos que, haciendo caso omiso de los crímenes de lesa humanidad que Israel ha cometido a lo largo de su historia, continúan haciendo negocios con la entidad sionista, la número 17 en poder militar en el mundo. Cisjordania pero sobre todo Gaza continúan siendo los laboratorios experimentales de la industria armamentista mundial, no sólo israelí. Cualquiera que denuncie, proteste o exponga estas atrocidades, en el mejor de los casos es tachado de antisemita, un término tan desafortunado como pervertido, si consideramos que los fundadores de Israel no eran de origen semita, como no lo han sido la mayoría de sus gobernantes. Los palestinos, por cierto, sí lo son.
En contraste, han sido los países del sur global los que están haciendo algo para poner un alto a la barbarie sionista. El pasado 29 de diciembre, Sudáfrica presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en contra de Israel por el delito de genocidio. A lo largo de los meses subsiguientes otras naciones se han unido al país africano en el proceso: Egipto, Turquía, Nicaragua, Colombia y desde el 28 de mayo, México.
Ante lo anteriormente expuesto, en AMIGOS DE LA TIERRA AMÉRICA LATINA (ATALC):
• Expresamos nuestro más absoluto repudio a las políticas genocidas y de limpieza étnica implementadas por el gobierno sionista y solapadas por sus cómplices. • Reconocemos el derecho inalienable del pueblo palestino a tener un Estado en su territorio histórico y decidir su propio destino. • Nos unimos a las voces de la sociedad civil, intelectuales, artistas, líderes sociales y de opinión, estudiantes, periodistas y analistas, organizaciones y movimientos sociales que han convertido a la kufiya en la prenda de la resistencia universal, pintando de rojo, verde, negro y blanco las plazas de todo el mundo al grito de “¡Palestina Libre!”. • Rechazamos de manera contundente las brutales medidas represivas que los aliados de Israel han tomado en contra de estas protestas, sobre todo las protagonizadas por las y los jóvenes universitarios. • Apoyamos decididamente el trabajo de la UNRWA y otros organismos de ayuda humanitaria y exigimos al gobierno sionista el cese inmediato de las agresiones en su contra. • Denunciamos el asesinato de los más de 140 periodistas en manos del ejército sionista, así como la tortura y asesinato de cientos de prisioneros palestinos, incluidos niños y mujeres, en las cárceles de Israel. • Exigimos garantías a la integridad física del personal médico, periodistas, defensores de derechos humanos y personal de organismos internacionales que aún se encuentran en Gaza y Cisjordania. • Demandamos el cese de las hostilidades y persecusión, tanto en Israel como en las potencias aliadas a la entidad sionista, de analistas, historiadores y todas aquellas voces críticas que buscan la verdad y la justicia. • Respaldamos la demanda de Sudáfrica, Egipto, Turquía, Nicaragua, Colombia y México ante la CIJ, así como las posturas de Bolivia, Venezuela, Brasil, Irlanda y otras naciones que han demandado con contundencia el fin del genocidio. • Saludamos la decisión de los gobiernos de Irlanda, España y Noruega, y de todos los países que lo han hecho previamente, de reconocer al Estado palestino. Sin restarle valor, esto resulta, empero, a todas luces insuficiente. Para que dicho reconocimiento tenga un impacto real y no sólo simbólico para el pueblo palestino, es indispensable que los gobiernos tomen otro tipo de acciones, tales como:
1. Frentar de manera inmediata el comercio de todo tipo, sobre todo el de armas, con Israel. 2. Romper relaciones con la entidad sionista, como medida de presión justificada y legal, para obligarla a cumplir incondicionalmente con el marco internacional. 3. Presionar al gobierno de los Estados Unidos y los demás aliados de Israel para que detengan la complicidad criminal que ha permitido e incluso fomentado las acciones genocidas de Israel. 4. Unirse a la demanda de Sudáfrica Egipto, Turquía, Nicaragua, Colombia y México ante la CIJ. 5. Obligar la salida inmediata de las FDI de Gaza y Cisjordania así como el desmantelamiento de los asentamientos sionistas en estos territorios. 6. Contribuir a la reconstrucción inmediata de Gaza y Cisjordania.
Con las toneladas de bombas arrojadas contra la población gazetí inerme han caído también el discurso victimizador de los sionistas y la hipocresía de sus aliados, para dejar al descubierto la historia de horror que hay detrás de la creación de Israel. La brutalidad y la barbarie de las que estamos siendo testigos no dejan espacio para la neutralidad o la indiferencia. Tampoco argumentos que lo justifiquen.
POR ESO DESDE ATALC NO DEJAREMOS DE HABLAR, NO DEJAREMOS DE DENUNCIAR, DE EXIGIR, DE PRESIONAR. NI DEJAREMOS DE GRITAR DEL RÍO HASTA EL MAR… ¡¡¡VIVA PALESTINA LIBRE!!!
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