En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad,
Otros Mundos A.C.
Invita a su cine-debate:
“WATER IS LOVE”
Martes 19 de noviembre de 2024 a las 18.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
ENTRADA LIBRE
Sinopsis: Water is Love” sigue a un grupo de jóvenes que luchan contra la crisis climática mientras viajamos por todo el mundo para compartir historias inspiradoras sobre el diseño de ecosistemas regenerativos para crear retención de agua en comunidades, pueblos y regiones.Tocamos el conocimiento ecológico tradicional, cómo el agua genera clima y la importancia de restaurar los ciclos completos del agua. A través de historias inspiradoras de proyectos exitosos en India, Kenia y Portugal, nuestro objetivo es generar conversaciones y acciones que contribuyan a un mundo regenerativo y resiliente. Mientras nos enfrentamos a los crecientes impactos devastadores de la alteración del clima y a la incapacidad de los gobiernos para actuar, esta película señala una necesidad y una posibilidad que a menudo se pasa por alto: la gestión descentralizada del agua impulsada por la comunidad como clave fundamental para sobrevivir y prosperar en este siglo.
Compartimos el boletín 272 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – A octubre del 2024
NUESTRO PUNTO DE VISTA
24 Octubre 2024COP 16 del Convenio para la Diversidad Biológica: Soluciones para las empresas, pérdidas para la biodiversidad y las comunidades Entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre se lleva a cabo en Colombia la COP16 del Convenio para la Diversidad Biológica (CBD), una iniciativa que ha fracasado en su objetivo de detener la alarmante pérdida de biodiversidad. Desde hace 30 años, en lugar de poner fin a la destrucción por parte de las empresas extractivas, las propuestas del CBD empeoran la situación con acciones que socavan la soberanía y permanencia de Pueblos Indígenas y comunidades en los territorios que habitan y protegen.→
COMPENSACIONES Y MONOCULTIVOS: AMENAZAS CRECIENTES SOBRE LOS TERRITORIOS
24 Octubre 2024PODCAST – Indonesia: Mujeres Dayak defienden el bosque de Tambun BungaiEste artículo cuenta la historia de un Podcast lanzado conjuntamente con Solidaritas Perumpuan, una organización feminista de Indonesia. Se trata del tercer episodio de la serie “Luchas de mujeres por la tierra”, producida por el WRM junto a organizaciones de diferentes países. En este episodio se cuenta la resistencia de las mujeres ante las plantaciones de palma aceitera, REDD y un proyecto a gran escala para la producción de alimentos (Food Estate) en tres aldeas en Kalimantan Central.→
Imagen 24 Octubre 2024Gabón: Controversia acerca del proyecto de monocultivo de eucalipto en los Plateaux BatekeLa empresa Sequoia pretende establecer 60.000 hectáreas de monocultivo de eucalipto en la provincia del Haut-Ogooué, en Gabón. Las declaraciones de las comunidades y una encuesta con la participación de más de 1.400 personas de la región impactada subrayaron el total rechazo a este proyecto. Autoridades del actual gobierno y del Parlamento de Gabón también se han expresado en contra de este proyecto.
24 Octubre 2024La República del Congo bajo el impacto de la expansión de las plantaciones de árboles para el mercado del carbono: un negocio opaco y greenwashingEn Congo-Brazzaville, los proyectos de plantación de árboles para los mercados de carbono proliferaron en los cuatro últimos años. Esto supone la implementación a gran escala de monocultivos por parte de empresas petroleras bajo la bandera de la “neutralidad del carbono” y la creación de empleos para las comunidades. Sin embargo, estos anuncios no son ni una solución para la crisis climática ni un beneficio para las comunidades del Congo. →
24 Octubre 2024La ‘política climática’ de Tailandia basada en la compensación de emisiones: mayor caos e injusticia Con el apoyo del Banco Mundial, el gobierno tailandés avanza rápidamente en la implementación de su ‘política climática’ basada en la compensación de emisiones de carbono mediante el uso de las llamadas ‘áreas verdes’. Se prevé que estas áreas cubran no menos de la mitad de la superficie del país. Sin embargo, detrás de este discurso ‘verde’ se esconde una política económica que depende en gran medida del uso continuado de combustibles fósiles.→
24 Octubre 2024Portucel/Navigator y el eucalipto en Mozambique: “Lo que esta empresa deja a la población es cero por ciento”Además de sus impactos directos en la vida de las comunidades, los monocultivos de eucalipto representan una absurda y obscena desigualdad. Un grupo de 45 habitantes de las comunidades con quienes hablamos se quedaron atónitos al saber que tendrían que trabajar durante 2.300 años para recibir, colectivamente, lo que la familia para la que trabajan recibió en un año solo con los títulos de propiedad de una de sus fincas.→
“Estamos en riesgo, estamos en riesgo y eso preocupa grandemente porque salir de la casa nos vulnera considerablemente”, dio a conocer el Vicario de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal, Miguel Montoya, quien explicó que a partir del asesinato del padre Marcelo ha sido bastante complicado ejercer la labor ministerial.
Posterior a la celebración religiosa en el marco de la peregrinación por los 100 años del natalicio del obispo Samuel Ruiz García, y por la demanda de justicia para esclarecer el crimen, el Vicario detalló que en vehículos y motocicletas, personas con el rostro cubierto han hostigado a integrantes de la Diócesis.
Detalló que también, en las dos semanas que han pasado tras el asesinato, se ha incrementado el nivel de inseguridad en el estado, “se ha incrementado muchísimo y no sólo para quienes ejercen una labor ministerial, sino para todos, todos los que estamos viviendo en Chiapas”.
“Estamos en riesgo, estamos en riesgo y eso preocupa grandemente porque salir de la casa nos vulnera considerablemente”, dijo el sacerdote, quien hizo “un llamado con una profunda caridad y en una sintonía de paz, a las autoridades del estado, a las autoridades federales, para que puedan ellos ofrecer las garantías de seguridad, pero no sólo para nosotros, no lo pedimos para la iglesia, no lo pedimos para los curas, las religiosas, servidores, servidoras que laboramos en las comunidades, sino que lo solicitamos, lo pedimos por todos los habitantes, todo el pueblo”.
Pidió a las autoridades “que no cierren los ojos a la realidad de violencia que estamos teniendo en el estado de Chiapas (…) la violencia que se ha disparado, se ha disparado y no sabemos si va a disminuir, más bien pensamos va en aumento, un creciente aumento”.
Por su parte, representantes de los feligreses explicaron que como pueblo organizado están trabajando para terminar con la violencia “pero con una diferencia muy grande, nosotros no optamos por las armas, sino con nuestra palabra como Diócesis de San Cristóbal, buscamos una lucha sin violencia (…) somos un pueblo que queremos caminar con una paz, que el pueblo también sienta que sí se puede vivir con esa paz”.
El Colectivo EPU Mx llamó a las autoridades en Chiapas, sur de México, a priorizar la implementación de recomendaciones en materia de desaparición forzada, militarización, desplazamiento forzado, movilidad humana y violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas, que fueron dirigidas a México en el Examen Periódico Universal (EPU).
El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para revisar el desempeño de los países en la implementación de sus compromisos internacionales en derechos humanos, en el caso de México a cada cuatro años y medio.
En julio de este 2024, se emitieron 318 recomendaciones del EPU, realizadas por 115 países, de las cuales México aceptó 304 y “tomó nota” de 14. Este número es mayor al pasado EPU (2019), donde se emitieron 264 sugerencias.
Para Mario Andrés Hurtado, representante del Espacio Organizaciones de la Sociedad Civil, esto puede tener distintas interpretaciones como la inclusión de temas como el desplazamiento forzado, que hasta el 2019 el Estado mexicano lo adoptó como un problema público.
Hurtado fue parte del conversatorio titulado “Implementación de las Recomendaciones Internacionales en Materia de Derechos Humanos del Examen Periódico Universal en Chiapas: Retos y Oportunidades a Nivel Estatal”, llevado a San Cristóbal de Las Casas por el Colectivo EPU Mx.
Este colectivo está integrado por 300 organizaciones nacionales e internacionales que presentaron informes en el marco del 4o Examen Periódico Universal de México (EPU), para dar un amplio diagnóstico sobre la situación general de derechos humanos en el país, mismos que detallaron el contexto de Chiapas debido a la violencia por enfrentamientos entre cárteles del crimen organizado.
Chiapas, sin registros oficiales de personas desplazadas
El desplazamiento forzado interno es un problema grave en México. Cada año miles de personas se ven obligadas a dejar sus hogares a consecuencia de la violencia, los desastres naturales, desalojos forzados o explotación de los recursos.
Sin embargo no existe desde el Estado mexicano un compromiso por diagnosticar adecuadamente la situación, mencionó Mario Ortega, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). “Lo que incluye que a la fecha no existen registros oficiales sobre el número de víctimas del desplazamiento forzado en nuestro país”.
Los números que en la actualidad se manejan son estimaciones de la sociedad civil y la academia. Por mencionar el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno estima que en México se han desplazado 392,000 personas entre 2008 y 2023 por situaciones de violencia.
En 2021, miles de personas en la región de los Altos de Chiapas se vieron obligadas a desplazarse forzadamente de sus comunidades debido a la violencia de grupos civiles armados. Foto: Frayba
“Con preocupación observamos que el común en los casos de desplazamiento es la inacción estatal para prevenir y proporcionar atención humanitaria y reparar a las víctimas”.
Para las organizaciones, los deberes del Estado no deberían estar en duda, pues el desplazamiento forzado interno vulnera una gran esfera de derechos, entre ellos la libre circulación, la vivienda, el libre desarrollo, la seguridad, la alimentación y un largo etcétera.
Incluso la Ley General de Víctimas estipula derechos específicos y prioridades de atención en las personas desplazadas internas como el acceso a medidas de ayuda inmediata, alojamiento, alimentación, a servicios médicos y psicológicos, entre otros.
En este punto, Ortega hizo hincapié en la falta de voluntad política y posturas oficiales que pretenden invisibilizar el fenómeno, aunado a la ausencia de conocimientos sobre DDHH por parte de funcionarios responsables de la atención y la carencia de procedimientos adecuados a las especificidades del desplazamiento forzado interno.
“En la mayoría de las ocasiones no hay una respuesta a la emergencia humanitaria máxime si no existe una presión mediática o de instancias internacionales. En los casos donde se ha logrado algún tipo de atención humanitaria podríamos decir que no existen procedimientos homologados y adecuados, ni garantías de qué esta atención sea permanente”.
El Estado aún se niega a levantar los registros de las personas desplazadas lo que es una condición básica para que sigan las medidas adecuadas, incluso si logran retornar, especificó Ortega.
Hasta ahora no existe un tipo penal a nivel federal y en el estado de Chiapas que castigue el delito de desplazamiento forzado, “lo que sería una medida necesaria para combatir la impunidad y evitar por ende la repetición”, especificó Ortega.
El número de desaparecidos puede ser mayor
En este conversatorio, Jorge Hernández, de Serapaz, dijo que 40 delegaciones emitieron 43 recomendaciones en el EPU en materia de personas desaparecidas, principalmente en temas de investigación, judicialización, aplicación del marco constitucional y legislativo, y desaparición de mujeres.
De las 116,482 personas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), hasta octubre de 2024, al menos 1,328 se han reportado en Chiapas. En la actualidad Tapachula encabeza la lista, le sigue Tuxtla Gutiérrez y Frontera Comalapa.
En los municipios mencionados, las propias organizaciones han denunciado un incremento de la violencia criminal en los últimos tres años, lo que dificulta el acceso para la documentación y hace proliferar el temor en las familias de víctimas de denunciar ante las autoridades o buscar a sus familiares públicamente. Por lo que la cifra real de personas desaparecidas podría ser mayor.
De acuerdo a la documentación del Frayba, los grupos poblacionales afectados por esta situación son las mujeres, además de niñas, niños y adolescentes (NNA). Por ejemplo, Melel Xojobal AC y Redias documentaron de 2020 al 30 de junio de 2024 un total de 2,350 desapariciones sólo de NNA en Chiapas, siendo el 70% adolescentes mujeres.
Cassandra, de 18 años, fue desaparecida por un grupo armado durante la boda de su mamá.
Jorge Hernández explicó que también hay particularidades como la desaparición de personas migrantes y solicitantes de refugio, que se suman a las desapariciones en el marco de la violencia extrema en regiones la Frontera, Sierra, Costa, Frailesca y Centro.
“No siempre se denuncia por temor a las consecuencias de tocar intereses económicos y políticos detrás de las desapariciones… y al tener un subregistro de desapariciones, las cifras esconden la dimensión de la problemática y son usadas por las autoridades para minimizar o negar la situación”, sostuvo Hernández.
En este tenor es necesario, dijo, que la Comisión Estatal de Búsqueda fortalezca los mecanismos de comunicación y registro. También está pendiente el desarrollo de todo el andamiaje necesario para la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, de la desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
“Se requiere asegurar los suficientes recursos estructurales, operativos y económicos para su buen funcionamiento”, así también crear el Consejo Estatal Ciudadano que es fundamental para garantizar la voz de las familias de víctimas en las estrategias contra las desapariciones del Estado.
Migración, militarización y violencia
En cuanto a la migración, México recibió 29 recomendaciones del EPU, aceptó 26 y “tomó nota” sobre tres. Las 26 que son aceptadas tienen que ver con investigación, sanción de delitos y violaciones graves de derechos humanos cometidas contra personas migrantes.
Mientras que las tres restantes son fundamentales para transitar de una política migratoria que está basada en la securitización de la frontera hacia una política de integración social y acceso a los derechos de las personas migrantes, dijo Yuridia Salvador del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Frayma).
Una de ellas fue hecha por Nueva Zelanda para retirar progresivamente a las Fuerzas Armadas de las actividades policiales públicas y del control de la migración mediante una transición dirigida por civiles. Un tema que las organizaciones han reiterado desde el 2019 cuando la Guardia Nacional se desplegó por el río Suchiate –que divide a Guatemala de México– y demás municipios fronterizos de Chiapas para contener los flujos migratorios.
Personal de la Guardia Nacional impide el paso a migrantes en las oficinas del INM en Huixtla, al sur de Chiapas.
Las otras dos recomendaciones son de Brasil y de Kirguistán. Tienen que ver con revisar la Ley de Migración para que la detención sea el último recurso y una excepción, así también eliminar las posiciones que permiten la detención automática de las personas en situación irregular.
La defensora de los derechos humanos destacó que no sólo en el marco del EPU se ha hecho énfasis en el tema de las detenciones migratorias como práctica sistemática, arbitraria y generalizada, también el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, en el informe del 2023 pone énfasis en el tema.
“No hay otras vías para la regularización migratoria y las personas están en riesgo de detenciones reiteradas”, explica la defensora.Es decir, son detenidas más de una vez y esto se refleja en los números. Por ejemplo el año pasado hubo 440 mil eventos de detenciones, mientras que de enero a julio de 2024 suman 700 mil detenciones; 80 mil corresponden a niñas, niños y adolescentes en albergues del Sistema Nacional DIF (Desarrollo Integral de la Familia).
“En las estaciones migratorias no tienen autonomía de comunicación con el exterior, información adecuada y suficiente; la posibilidad de tomar decisiones, están sometidas al control total de la libertad y esto constituye un entorno carcelario de privación de la libertad”.
Consideró que para traducir las recomendaciones en una política pública y garantía de derechos, tienen que ser dotadas de presupuesto a las instituciones, mejorar la coordinación entre el Instituto Nacional de Migración (INAMI) y demás autoridades para propiciar una política más respetuosa y de goce efectivo de derecho.
Compartimos estos comunicados de Amigos de la Tierra America Latina y El Caribe ATALC, la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el asesinato del Padre Marcelo Pérez Pérez – a 21 y 22 de octubre del 2024
Repudiamos el asesinato del Padre Marcelo Pérez Pérez
Solidaridad Internacionalista con los pueblos mexicanos
El día 20 de octubre a las 7:30 de la mañana el Padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de la Iglesia de Guadalupe de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, fue asesinado después de haber oficiado misa en un barrio de dicha ciudad.
Marcelo Pérez Pérez era un indígena de la etnia maya tsotsil que había sido párroco en diferentes municipios de la región Altos del estado de Chiapas, desde donde defendió incansablemente los derechos de los pueblos originarios. Fue un valiente defensor de la Madre Tierra y los territorios, así como un decidido promotor de la paz y de la justicia.
A causa de su trabajo, el Padre Marcelo fue víctima de muchas amenazas, incluidos por lo menos cinco atentados contra su vida. En diversos espacios y medios se denunció la vulnerabilidad en la que se encontraba. Sin embargo, el Estado mexicano fue incapaz de garantizar su seguridad y por esta razón, desde 2015 el Padre Marcelo contaba con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al final resultaron insuficientes.
Desde Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) expresamos nuestra consternación por el asesinato de Marcelo Pérez Pérez y exigimos al Estado mexicano que cumpla con su deber investigando con profesionalismo el terrible crimen y llevando ante la justicia a los responsables. No aceptaremos la perpetuación de la impunidad que se ha generalizado en México en las últimas décadas y que tiene a varias regiones del país, incluido el estado de Chiapas, sumidas en la peor espiral de violencia de su historia reciente.
Creemos que únicamente mediante la lucha contra la impunidad, es posible evitar que estos hechos se repitan. A la comunidad internacional, a las organizaciones y movimientos sociales de América Latina y el Caribe y de diferentes partes del mundo les llamamos a denunciar este crimen, y a mantenernos en alerta permanente frente a los atentados e injusticias contra los que defienden la vida.
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe / 21 de octubre de 2024
@atalc
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA
Expresamos dolor e indignación por el asesinato del Padre Marcelo Pérez Pérez.
Expresamos nuestra profunda indignación y dolor ante el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez quien, durante años, denunció la violencia criminal y los actos crueles cometidos contra las comunidades Chiapas, gran defensor de derechos humanos, de la tierra y el territorio. Incansable constructor de paz.
A pesar de las múltiples amenazas, difamaciones y hostigamientos, su voz se mantuvo firme, señalando la urgencia de abordar la violencia en Chiapas. Hoy lamentamos que su vida haya sido arrebatada en un acto atroz, el cual refleja la creciente impunidad y la grave crisis de violencia que vive Chiapas.
Padre Marcelo caminó con el pueblo indígena de Chiapas para defender a la madre tierra y denunciar los proyectos extractivos, realizó un gran trabajo por denunciar la minería y sus consecuencias a los bienes naturales, siempre solidario con las luchas, animador de la esperanza.
Querido Marcelo, tu voz nunca será callada, vivirá siempre en cada paso de nuestros actos de resistencia. Tu vida será legado y siempre nos convocará a seguir luchando por la justicia.
Nos unimos al clamor por justicia, exigiendo que se investigue y castigue a los responsables, tanto materiales como intelectuales, de este crimen.
Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH
¡ALTO A LA VIOLENCIA EN CHIAPAS!
Con mucho dolor, tristeza e indignación, condenamos el asesinato del defensor de derechos humanos y sacerdote/Padre tzotzil Marcelo Pérez Pérez al salir de dar misa la mañana del domingo 20 de octubre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el sureste mexicano
No más impunidad. No más violencia. Nos unimos a la demanda de que se tomen todas las medidas urgentes y necesarias para garantizar y proteger la vida, la integridad y la seguridad personal de las comunidades indígenas, incluidas las familias de los Bases de Apoyo Zapatista, evitando que la situación de violencia y riesgo denunciada en varias regiones de Chiapas empeore. Exigimos justicia y protección para todos y todas las defensoras. #JusticiaPorElPadreMarcelo#AltoALaViolencia#Chiapas
Lamentamos y denunciamos el asesinato del Padre Marcelo Pérez
El Padre Marcelo Pérez fue un destacado defensor de la Madre Tierra y los derechos humanos, comprometido con la justicia social y la reconciliación para la construcción de paz. Debido a su labor de defensa, se encontraba en una situación de riesgo inminente. En este contexto, desde el año 2015, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares para su protección.
El asesinato del Padre Marcelo Pérez es una muestra más del alarmante aumento de la violencia en Chiapas denunciado por diversos movimientos y organizaciones. Desde hace varios años, las y los miembros de la Red-DESC han reflexionado sobre la economía política de la violencia, o las causas estructurales que llevan a contextos de creciente violencia y represión en muchas comunidades, lo que en última instancia señala cómo los distintos grupos e individuos se benefician económicamente del aumento de la violencia o utilizan la violencia para proteger sus intereses económicos. Este escenario constituye un riesgo aún mayor para las personas, movimientos y organizaciones que defienden a la Madre Tierra y los derechos humanos.
Lamentamos que sean las propias autoridades quienes ubiquen en mayor vulnerabilidad y riesgo a quienes defienden los derechos humanos, criminalizando sus acciones y vinculándolos como sospechosos de la comisión de delitos. Ese fue el caso del Padre Marcelo y de otras personas que han sido involucradas, por ejemplo, en el conflicto de la comunidad de Pantelhó.
La Red-DESC se une a la exigencia a las autoridades de los tres niveles de gobierno en México para realizar una investigación que acerque a la verdad y la justicia sobre este terrible asesinato. De igual forma, exigimos que el Estado mexicano aborde la situación en Chiapas con una perspectiva de derechos humanos y de reconstrucción del tejido social en las comunidades particularmente indígenas asoladas por la violencia al servicio de intereses privados y frecuentemente generada por diversos grupos pertenecientes al crimen organizado.
Marcelo Pérez Pérez, de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, pugnó por los procesos de diálogo y pacificación. Por su labor recibió amenazas de muerte, difamaciones y una orden de aprensión.
La mañana de este domingo fue asesinado por disparos de armas de fuego el sacerdote indígena tsotsil Marcelo Pérez Pérez, cuando salía de oficiar una misa transitaba por una de las calles de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.
En los últimos años, Marcelo Pérez había recibido amenazas de muerte, difamaciones constantes, y tenía una orden de aprensión en su contra, por su trabajo como mediador en el conflicto que se vive en el municipio de Pantelhó, donde un grupo armado y un grupo de autodefensas mantienen una disputa desde julio de 2021, año en que estalló la violencia en esta y otras regiones de Chiapas.
A raíz de estas amenazas, la Diócesis decidió trasladarlo de la parroquia de Simojovel, en donde se encontraba, a la parroquia de Guadalupe, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.
Desde su nueva sede, Marcelo Pérez siguió trabajando en los procesos de pacificación y denunciando la situación que se vive en Chiapas.
“Chiapas es una bomba de tiempo, hay muchos desaparecidos, muchos secuestrados, hay muchos asesinados por la presencia del crimen organizado en Chiapas”, fueron las palabras que pronuncio durante la entrevista que dio el pasado 13 de septiembre, durante una multitudinaria manifestación que se dio en la capital del estado, por la parte de feligreses de las tres Diócesis de Chiapas, para exigir la paz en Chiapas.
Esta mañana, había acudido al barrio de Cuxtitali, en donde ofició una misa que le pidieron los feligreses del lugar. Al salir fue que recibió disparos con arma de fuego. Aún no hay una versión de la Fiscalía de Justicia sobre los hechos. El Arzobispo Rodrigo Aguilar confirmó los hechos, “oremos y sigamos buscando la paz con verdad y con justicia”, dijo el líder religioso.
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco sobre la lucha por la vida contra las represas – A 15 de octubre del 2024
¡El proyecto Milpillas, No es viable! Para subsanar el déficit hídrico se necesitarían 7 presas del tamaño de Milpillas.
El proyecto Milpillas pone en riesgo nuestras vidas, además de estar plagado de inconsistencias e irregularidades técnicas, jurídicas y sociales, incurre en violaciones flagrantes a los derechos humanos, atenta contra la libre determinación que tenemos como núcleos agrarios y al derecho de elegir cómo queremos vivir de quienes habitamos en la cabecera municipal, las comunidades y ejidos. Quienes integramos el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco y la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) expresamos un contundente rechazo y denunciamos los intentos de deslegitimación, difamación y hostigamiento por parte de las autoridades contra nosotras/os.
El pasado 10 de octubre la titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA) Susana Rodríguez Márquez buscó desprestigiar y deslegitimar al movimiento durante su comparecencia ante la LXV Legislatura del Estado de Zacatecas al afirmar que quienes nos oponemos al Proyecto Milpillas somos “pseudolíderes”. Así mismo el gobernador del estado David Monreal calificó de “politiquerías e intereses aviesos” a las legítimas exigencias por una vida digna, sin embargo, lo más preocupante fue su llamado al pueblo de Zacatecas para que defienda este y otros proyectos.
Resulta alarmante la retórica de estos funcionarios a la luz de los antecedentes violentos de hace 6 años, cuando el Gobierno Estatal usó la fuerza pública en el ejido El Potrero de Jiménez del Teul, para imponer el proyecto en la asamblea ejidal, amedrentando a las y los ejidatarios, violando la ley agraria y los derechos humanos como el libre tránsito y el intento de detención arbitraria contra compañeras. Es claro el intento por activar reacciones de odio contra quienes defendemos el territorio con el pretexto de la crisis hídrica, cuando la gran industria (mineras, refresqueras y cerveceras) es realmente la responsable del saqueo y acaparamiento del agua en el estado. Por Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco lo anterior, responsabilizamos al estado de Zacatecas por cualquier acto de violencia en contra de cualquier defensora/or, organización y académicas/os aliadas del Movimiento del Río Atenco.
A sus intenciones de reactivar el proyecto, expresamos un contundente rechazo nacido de la voluntad de las asambleas ejidales desde la autonomía y la libre determinación y la ciudadanía de la cabecera municipal, además de que ha sido demostrado que es inviable y presenta una serie de irregularidades y corruptelas.
Queremos dejar en claro que nuestra lucha nunca ha terminado y no aceptamos un proyecto que nos agravia y que consta en una serie de denuncias interpuestas al Ministerio Público (folio: 344/2018 344 de 26/oct/2018), al Tribunal Unitario Agrario (folio:1710/2018), a PROFEPA (11/ene/2019), la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas (23/10/2018) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (folios: 96192/2018, y 96259/2018); además de ofensas cometidas por servidores públicos que no han sido esclarecidas, interpuestas en el Órgano Interno de Control de la Procuraduría Agraria (folio 96162 y 74/2018), y una serie de indicios de corrupción envueltos en la construcción de la obra que deben ser evidenciados y puestos a disposición del escrutinio público.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas emitió la Recomendación 10/2022 en julio del 2022, en relación con la queja CDHEZ/453/2018 misma que no ha sido acatada por el Gobierno del Estado, ni en la reparación a nosotras/os como víctimas, ni en los procesos administrativos contra funcionarios/as públicas.
Exigimos que no se le mienta más a las zacatecanas/os, demandamos la cancelación del proyecto Milpillas y repudiamos las acciones del Gobierno Estatal en contra de los pueblos campesinos ribereños que ya decimos:
¡Río Atenco Libre y No a la Presa Milpillas!
A T E N T A M E N T E Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería
Compartimos esta carta del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM en solidaridad con una comunidad que resiste a la palma de aceite en Indonesia -A 10 de octubre del 2024
Llamamos a grupos, organizaciones y movimientos a apoyar esta carta en solidaridad con las familias campesinas que defienden su territorio frente a los intentos de la empresa Wilmar International de convertir sus arrozales en plantaciones industriales de palma aceitera.
Desde el 4 de octubre, campesinos de la comunidad de Nagari Kapa, en Sumatra Occidental, Indonesia, se enfrentan a violentos ataques y detenciones policiales. Su “delito” es defender su territorio y su dignidad frente a los intentos de la empresa PT PHP I, filial de la transnacional Wilmar International, de convertir los arrozales de la comunidad en plantaciones industriales de palma aceitera.
Con esta carta pública urgente que presentamos a continuación, expresamos nuestra solidaridad con la comunidad de Nagari Kapa. La carta hace un llamado a las instituciones gubernamentales y a la Policía indonesias a que frenen nuevas agresiones y actos de violencia contra los campesinos de Nagari Kapa y aceleren el proceso de reforma agraria en curso.
Compartimos este comunicado de CRAADET a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre los estragos de del huracán John en Guerrero – A 4 de octubre del 2024
Difundimos carta del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET) quienes hacen un llamado a las autoridades estatales y federales para la atención inmediata de las comunidades de las regiones Montaña y Costa Chica en Guerrero.
Urge la reubicación a refugios de las personas que perdieron su vivienda, rehabilitar el acceso de agua potable, electricidad y telefonía. Es necesaria la atención a la salud y a la alimentación ante la pérdida de cosechas, así como la atención a los riesgos de más derrumbes. Se exige la búsqueda inmediata de Daireni Aburto García y apoyo a su familia para la restitución de daños.
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por la vida y antiminera en Oaxaca – A octubre 2024
Habitantes de Magdalena Ocotlán denuncian escurrimientos de la montaña “Dry Stack” (presa de jales) de la minera Cuzcatlán y contaminación del río Coyote.
En la mañana del martes veintitrés de septiembre habitantes denunciaron a través de redes sociales un escurrimiento de la montaña de la presa de jales de la compañía minera Cuzcatlán para la extracción de oro y plata, filial de la canadiense Fortuna Mining (antes Fortuna Silver Mines). El escurrimiento de los lodos tóxicos inició en la unidad de “San José del Progreso”, ubicada en el mismo municipio, y descargó los tóxicos por el río Coyote, dañando principalmente a la comunidad de Magdalena Ocotlán, que se encuentra río abajo. En días siguientes, por las lluvias causadas por el huracán John, fueron visibles los escurrimientos de agua del centro de la presa de jales, debido a la falta de capacidad de almacenamiento del agua de lluvia.
Las fotografías y videos que circulan en redes sociales muestran enormes hilos de lodo bajando de esa monstruosa montaña. En recorridos sobre el cauce del río Coyote las comunidades pudieron constatar que los residuos del lodo habían recorrido varios kilómetros hasta llegar a una ciénega donde se encuentra el pozo de agua que abastece al municipio de Magdalena Ocotlán. Ante los hechos, la empresa Minera Cuzcatlán afirma por diversos medios de comunicación que la misma PROFEPA ha constatado actividad normal, reafirmando su propaganda sobre que la salud y el cuidado del medio ambiente son parte de sus prioridades.
A casi 6 años del primer derrame, de 1.5 millones de litros de lodo tóxico, de la presa de jales la empresa continúa contaminando el agua, el medio ambiente y dañando la salud de las personas a quienes les impusieron este proyecto. Esta situación, comprueba una vez más, que no existe empresa minera sustentable, ni sostenible para las comunidades que dependen del ecosistema del que la empresa extrae los minerales. Las supuestas regulaciones emitidas por las instancias gubernamentales responsables del medio ambiente y las aparentes técnicas de tratamiento de agua son una máscara que la empresa utiliza a su favor. La empresa utiliza una técnica: “Dry Stack”, que aparentemente filtra hasta el 90% de las aguas, es llamada “presa de jales secos”, sin embargo, podemos constatar escurrimientos y que lo que ha generado en la región es el equivalente a una gran montaña llena de residuos tóxicos.
Habitantes de Magdalena Ocotlán y la Red Mexicana de Afectados por la Minería exigimos:
Que la PROFEPA atienda la denuncia de las y los ciudadanos de Magdalena entregada el 04 de octubre de este año, con número de folio 001185, así como permita una supervisión conjunta con las y los denunciantes.
Que la SEMARNAT deje de ser cómplice de esta criminal empresa minera, como lo fue en la administración anterior encabezada por María Luisa Albores, quien lejos de sancionar a la minera Cuzcatlán, la premió con una ampliación del permiso ambiental de 10 años más, validando de esta manera la explotación de los bienes naturales y brindando poder ante quienes la denuncian.
Esperamos que la nueva secretaria del medio ambiente inicie su administración dando señales de compromiso real con la protección del medio ambiente y con los pueblos indígenas del país y que investigue y sancione a la compañía criminal Cuzcatlán. Por décadas esta empresa ha dañado no solo al medio ambiente y la salud de quienes se encuentran alrededor, sino que ha dividido a las comunidades en valles centrales y corrompido a las autoridades.
Fuera minera Cuzcatlán de los valles centrales de Oaxaca. ¡No más impunidad
Imagen: Habitantes de Magdalena Ocotlán. Derrame de agua de la presa de jales
“Soy de Chicomuselo, sierra madre con Guatemala. No somos zona de guerra, somos pueblo desplazado. Quiero regresar con mi familia a casa. Pedimos rentar y comer, Dios te bendiga Tuxtla. Viva la paz por Chiapas”, fue el mensaje que Juan Carlos Fuentes Alanís alcanzó a escribir en una cartulina que mostró afuera del Congreso de Chiapas, en donde el gobernador Rutilio Escandón entregó su último informe de gobierno.
Llegó con el rostro sudoroso, la ropa desgastada y una mochila al hombro. Sin recursos económicos, emprendió el viaje de cinco días de camino, pidiendo raid, hasta llegar a Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas.
Es originario del municipio de Chicomuselo, uno de los más afectados por la disputa entre dos grupos del crimen organizado; tras el secuestro de tres de sus hermanos por parte de uno de los grupos criminales, el resto de la familia huyó a Guatemala el pasado 19 de julio.
“Le dije yo a mi mamá voy a venir a Tuxtla, si hay una manifestación me voy a poner, porque es necesario que el pueblo sea escuchado”, explicó Juan Carlos. Explicó que en su comunidad, Verapaz, ubicada en los límites entre Chicomuselo y Comalapa, desde hace dos años viven bajo el control de uno de los grupos del crimen organizado.
“De mi comunidad han desaparecido como 40 personas (…) A mis hermanos se los llevaron hace tres meses, cuando los agarraron en el camino que va hacia Amatenango de la Frontera. Se los llevaron porque desobedecieron la orden de no salir, el toque de queda” explicó Juan Carlos.
Dijo que sus hermanos José Alfredo Fuentes de 24 años, Erick Eduardo Fuentes de 35, y Christian Fuentes de 22, salieron de la comunidad con la intención de llegar a Tapachula, porque llevaban varias semanas sin alimento, debido a que por los enfrentamientos entre los dos grupos del crimen organizado, el que tiene el control de su comunidad les impuso un toque de queda.
En el camino sus hermanos fueron secuestrados y su familia amenazada. Por ello decidieron unirse a las cientos de personas que salieron el 19 de julio en caravana hacia Guatemala.
Desde entonces se encuentran en ese país. “Entonces nosotros estamos allá en Guatemala, ya estamos cansados de tanta soledad, tanta tristeza, ya lo que queremos es regresar, buscar a mis hermanos. Mi mamá está muriendo de tristeza”, explicó el poblador.
Dijo que por eso decidió llegar a la capital de Chiapas, y buscar ser escuchado por las autoridades, por el gobernador Rutilio Escandón.
Miles de personas de los municipios de las zonas sierra y fronteriza de Chiapas, han abandonado sus comunidades para salvar la vida, escapar del reclutamiento forzado, y para buscar a sus familiares desaparecidos.
Apenas el pasado domingo, la Pastoral Social de las tres Diócesis de Chiapas dieron a conocer un comunicado donde señalan: “Son miles y se siguen sumando cada día, las víctimas inocentes que cargan sobre sí el tormento de la expulsión, el desalojo, asumiendo la migración y el desplazamiento forzado como única salida para protegerse y salvar a los suyos de una muerte trágica que nadie merece”.
“Ante tal avasallamiento faltan sus familiares, sus bienes, su patrimonio, sus cultivos, sus modos de vida. Se les ha arrebatado tanto que falta hasta el espacio del alma para los duelos ante tanta injusticia y para asimilar los traumas resultantes del ensañamiento sistemático contra su pueblo y sus seres queridos”.
Pidieron a la población ser solidarias con las personas que están en esta condición.
Es con profunda tristeza que nos enteramos del fallecimiento de Silvia Sandoval. En nombre de todo el equipo de Otros Mundos Chiapas, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos en este difícil momento. Silvia será recordada por su calidez, generosidad, fuerza, valentía y espíritu inquebrantable. Sabemos que no hay palabras que puedan aliviar este dolor que sienten, pero esperamos que encuentren consuelo en los recuerdos y el amor compartido.
Nuestros pensamientos y oraciones están con ustedes.
