Presa Milpillas: Autoridades Federales y Municipales profundizan la presión y la división comunitaria para imponer un proyecto fallido

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por defender el río Atenco en Zacatecas – A 23 de enero de 2026

La imposición del proyecto Presa Milpillas continúa avanzando mediante presiones institucionales y estrategias de fragmentación comunitaria y sin que exista, a la fecha, una comprobación seria, pública y verificable de su viabilidad técnica, ambiental, jurídica, económica, social, presupuestal y financiera.La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) expresamos preocupación ante la insistencia de diversas instancias del Estado Mexicano, particularmente la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Procuraduría Agraria, así como presidencias municipales de Jiménez del Teúl y Sombrerete, en impulsar un proyecto que arrastra más de una década de inconsistencias, omisiones y vacíos estructurales y que no cuenta con los permisos agrarios necesarios, ni el consentimiento de las asambleas ejidales, máxima autoridad en los núcleos agrarios y, en cambio, recurra a prácticas de presión, coacción y desinformación.

Recientemente, funcionarios han difundido públicamente la versión de que el proyecto  se encuentra al “50%de las negociaciones con los pequeños propietarios”. Esta afirmación constituye un acto de deliberado de desinformación, pues no existe ningún proceso de negociación legítimo mientras no se respete la toma de decisiones colectivas de las asambleas ejidales. Lejos de atender estas obligaciones, las autoridades han optado por presionar para apresurar la construcción de un  proyecto inviable mediante estrategias de desgaste comunitario, presión institucional e imposición que buscan fracturar la toma de decisiones colectivas y vulnerar la organización comunitaria.

La REMA denunciamos prácticas identificadas por el Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco:

  • Las autoridades ejercen presiones directas e indirectas a través de ofrecimientos condicionados, amenazas veladas y discursos sobre los supuestos beneficios que traería dicho proyecto, mismos que no se sostienen en información técnica y transparente.
  • Utilizan a autoridades municipales como operadores políticos, alentando divisiones internas y desacreditando a quienes defienden el territorio y el agua
  • Desnaturalizan el papel de la Procuraduría Agraria, que, en lugar de garantizar los derechos colectivos de los ejidos, actúa como intermediaria para facilitar la imposición del proyecto.
  • Criminalizan la resistencia, la lucha y la organización de los ejidos y comunidades con el discurso de un proyecto que busca garantizar “el derecho humano al agua” de la zona conurbada de Zacatecas, haciendo pasar por “egoístas” a los pobladores de estos ejidos y comunidades.

Estas prácticas constituyen una violación sistemática a los derechos agrarios, al derecho humano al agua, al territorio y a la libre determinación de los pueblos y comunidades rurales, que suelen ser, las más marginadas. Asimismo, reproducen un modelo de gestión autoritario y privatizador que prioriza intereses políticos y económicos por encima del bienestar colectivo y la sustentabilidad de los territorios.

Exigimos:

  • El cese inmediato de toda forma de presión, intimidación o negociación individualizada con integrantes de los ejidos.
  • El respeto irrestricto a las decisiones tomadas en asamblea, conforme a la legislación agraria vigente.Transparencia total sobre los estudios del proyecto y sus impactos sociales, ambientales y financieros.Que las instituciones del Estado actúen conforme a su mandato de garantizar derechos, no de vulnerarlos.

La defensa del agua y del territorio no es un obstáculo al desarrollo: es una condición indispensable para la vida digna y la justicia social. Las comunidades no están obligadas a aceptar proyectos impuestos, y su resistencia es legítima.

Las organizaciones estatales, nacionales e internacionales aliadas, estamos muy atentas a cualquier intento de violentar, criminalizar, desprestigiar o desacreditar la lucha del Movimiento y sus integrantes. Hacemos un llamado nacional e internacional a las organizaciones hermanas para pronunciarse a favor de la digna lucha del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco. Le hacemos expreso al Estado mexicano que tenemos los ojos puestos en este territorio y no permitiremos que se dañe la integridad de las personas del movimiento, por lo que lo hacemos responsable en sus tres niveles de gobierno ante cualquier agresión contra las y los integrantes del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco.

¡Las comunidades ya decidieron!

¡Cancelación del Proyecto Milpillas ya!

Más información:

Seminario Internacional Entre los Pueblos

Les compartimos la invitación a este seminario donde somos convocantes, se compone de 4 sesiones, modalidad virtual por zoom de 10 a 12 hrs CDMX, contacto e información: vinculacion@enlacecc.org

  • Sesión 1: 5 de febrero – ¿TMEC bueno para los pueblos?
  • Sesión 2: 12 de febrero – Acuerdo Global/TLCUEM ¿dónde están los derechos humanos?
  • Sesión 3: 19 de febrero – Defensa del territorio y la biodiversidad desde las comunidades
  • Sesión 4: 26 de febrero – Estrategias y proyectos compartidos entre los pueblos

Diversas dependencias de gobierno atestiguan la postura inflexible de Equinox Gold ante el Ejido de Carrizalillo

Compartimos este comunicado del Ejido Carrizalillo a través de la REMA sobre su lucha por la vida y contra de la minería – A 19 de enero de 2026

SEGOB, SEMARNAT, PROFEPA, PA y la Unidad de Actividades Extractivas de la SE atestiguan la postura inflexible de Equinox Gold ante el Ejido de Carrizalillo

Carrizalillo, Mpio. Eduardo Neri, Edo. Guerrero a 19 de enero del 2026

Claudia Sheinbaum Pardo
Presidenta de México

Al pueblo de México

Buenas tardes, reciban un cordial saludo desde el campamento del ejido de Carrizalillo a prácticamente 10 meses y medio en campamento y en resistencia fuera de las instalaciones de la empresa canadiense Equinox gold, la cual desde entonces apuesta a la implementación de estrategias para doblegarnos sin mostrar flexibilidad ni empatía para establecer un diálogo basado en el respeto, del cual derive un proceso justo, sea para que continue su operación, sea para que se vaya de nuestras tierras y de nuestro país pero cumpliendo los procesos relacionados con un plan de cierre y post cierre acorde a la integralidad que requiere dicho acto.

A finales del año pasado e inicios de este se estableció una mesa de diálogo guarecida por la secretaria de Gobernación, en particular por el Subsecretario Cesar Yáñez, en donde también participan las titulares y subsecretarias tanto de Semarnat como de Profepa, el titular y subprocurador de la Procuraduría Agraria y el Titular Unidad De Coordinación De Actividades Extractivas, de la Secretaría De Economía.

En todos los encuentros tenemos la certeza y convicción de que nuestro ejido ha dejada manifiesta su postura de flexibilizar sus pretensiones y apostar a que ello motive a la empresa a lograr un acuerdo justo para las partes. Sin embargo, las representaciones de las instituciones han sido testigos de una empresa sorda, avara y arrogante que solamente se enfoca en doblegarnos por cansancio, desesperación o desorganización interna que por supuesto es provocada y azuzada por la empresa en particular por el uso faccioso del Sr. Hugo Vergara, personaje al cual de manera sutil, el gobierno federal le ha solicitado a la empresa sea sacado de dicha operación y que nosotros de manera firme seguimos sosteniendo que él no es parte ya de ningún proceso de relación que se tenga con el ejido y que es imperante su salida antes que geste una confortación entre comunidades.

El resumen de los encuentros se concentra en falta de acuerdos entre nuestro ejido y la empresa, a pesar de que nuestras pretensiones las hemos reducido en un 55% de lo que ya recibíamos, es decir hay un acto totalmente regresivo de nuestros derechos y ni aun así es suficiente para la empresa. En este contexto, son tres los aspectos que se discuten: la continuidad de la mina sin acuerdos al respecto, el cierre y post-cierre sin acuerdos al respecto y la tercera son las acciones que deben realizarse sea que haya continuidad de la mina o esta inicie el cierre, que se trata de las acciones relacionados con la remediación por la clausura de 5 sitios por parte de Profepa en donde la empresa debe atender 52 medidas de las cuales desde octubre solamente ha atendido 5 de ellas.

Como hemos señalado en diferentes boletines, es imperante que el gobierno mexicano aplique todo el peso de la ley a esta empresa y evite se siga burlando de nosotros, de los daños ambientales ocasionados y que siguen creciendo, así como del incumplimiento de la legislación bajo el absurdo de que puede ocupar nuestras tierras para hacer la remediación solamente si aceptamos sea por 49 pesos diarios.

Este lunes ejido y empresa tuvimos una reunión en donde platicaríamos específicamente de la negociación relacionada con la remediación ambiental que debe atender la empresa y que tiene una duración aproximada de entre 3 y 4 meses el ejido, y para que este proceso se realice debe pagar una indemnización de los 10 meses que lleva sin pagar renta, al mismo tiempo que no ha hecho ninguna actividad para regresarnos nuestra tierra generando estemos en indefensión total sin dinero y sin tierras para sembrarlas. Para atender el daño ambiental la empresa propone pagar 49 pesos diarios por el tiempo que dure la remediación.

Esperamos que este acto ya no sea pasado por alto por el gobierno federal y haga uso de sus instituciones para que se acabe de una vez por todas con esta empresa
que simula ser responsable social y ambientalmente, tanto en México como en Canadá. Por supuesto que solicitamos al gobierno federal una actuación integral en la cual consideren la vulneración de nuestros derechos y tengamos acceso a al reparación del daño que nos corresponde yque hemos manifestado a cada una de las instancias con las que nos hemos reunido.

Atentamente Mesa del Ejido de Carrizalillo

Foto: MINA EN EDUARDO NERI, GUERRERO, 10 JULIO 2025. ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Más información:

El GIEI-Honduras, La verdad sobre el asesinato de Berta Cáceres

Comunicado de Otros Mundos Chiapas sobre el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre en caso #JusticiaParaBerta a casi 10 años del asesinato de Berta Cáceres- A 12 de enero de 2026

Otros Mundos Chiapas manifiesta su total apoyo y respaldo al Informe sobre el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres y otros delitos conexos, y propuesta sobre el plan de reparación integral, presentado el día de hoy en Tegucigalpa, Honduras, por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado bajo el acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno de Honduras.

Los hallazgos de la investigación llevada a cabo durante el año 2025 por parte del GIEI, revelan que la ejecución de Berta Cáceres donde fue herido nuestro compañero Gustavo Castro Soto, testigo del crimen, “fue encomendada a un grupo profesional de sicarios contratados específicamente para poner fin a su vida y a su lucha social, entonces centrada en la denuncia del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.” El GIEI manifiesta que “El asesinato de Berta Cáceres representa un caso paradigmático en la lucha contra la impunidad en Honduras y América Latina.”

El informe devela la trama financiera de fondos internacionales otorgados por el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de los Paı́ses Bajos
(FMO), bajo el control de Daniel Atala Midence, gerente financiero de DESA, en vinculación con
Roberto David Castillo Mejía, presidente ejecutivo de la empresa y actualmente preso. Para el GIEI,
“El asesinato de Berta Cáceres fue un crimen empresarial, financiero y político, ejecutado mediante una
arquitectura criminal compleja que articuló intereses económicos, financiamiento internacional,
estructuras de seguridad, corrupción institucional y omisiones graves del Estado.”

Para el GIEI, “Los daños derivados del asesinato de la señora Berta Cáceres y del conflicto asociado al proyecto Agua Zarca son múltiples y diferenciados. Afectan a la familia Cáceres, al testigo sobreviviente Gustavo Castro, al COPINH como organización, a la comunidad indígena lenca de Rı́o Blanco y al Rı́o Gualcarque como espacio espiritual y cultural.” El GIEI concluye que “los daños causados en el presente caso, y las correspondientes violaciones a los derechos humanos, comprometen la responsabilidad internacional del Estado de Honduras.”

Avalamos las recomendaciones del GIEI sobre la reparación integral, con medidas de cesación y restitución; de rehabilitación, de satisfacción y compensación. Con garantías de no repetición. Se recomienda además la revocación definitiva del Proyecto Agua Zarca, la titulación y saneamiento del territorio ancestral lenca de Río Blanco, la disolución y liquidación de DESA, la depuración y acceso a archivos de inteligencia, la depuración institucional y control interno, y la reforma y el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Protección, entre otras muchas medidas.

Felicitamos el trabajo del GIEI y nos sumamos a la exigencia de ¡Justicia para Berta!

OTROS MUNDOS A.C.


Folleto: ¿Que es el Tratado Vinculante de Derechos Humanos y Empresas Transnacionales?

En el marco de la investigación Empresas Transnacionales en México: Criminales Ambientales les compartimos este folleto que nos cuenta sobre como surgió y la importancia que tiene el Tratado Vinculante.

Ejido Carrizalillo determina el cierre total de la mina canadiense de oro Los Filos

Compartimos este pronunciamiento del Ejido Carrizalillo sobre su ardua cha por defender a vida de la voracidad minera en Guerrero a través de la REMA – A 10 de diciembre del 2025

Boletín de Prensa | A ocho meses de campamento y ante el silencio oficial, el Ejido Carrizalillo determina el cierre total de la mina Los Filos

BIÓLOGA ALICIA BÁRCENA IBARRA

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

VÍCTOR SUÁREZ CARRERA

Procurador Agrario

LICDA. MARIANA BOY AMBORRELL                                                                                                                

Procuraduría de Protección al Ambiente/PROFEPA

LIC. JOSÉ FERNANDO ABOITIZ SARO                                                                                                                

Titular Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, Secretaría de Economía

Buenos tardes, reciban un saludo de parte de la mesa agraria del ejido de Carrizalillo. Iniciamos comentándoles que acabamos de cumplir ocho meses de estar en campamento a causa de no llegar acuerdos para la continuidad de la operación minera, del proyecto “Los Filos” de la empresa Equinox Gold. Desde entonces, seguimos esperando una respuesta a favor del derecho por parte del gobierno mexicano encargado de regular los procesos de dicha actividad.

Es un hecho que desde hace 8 meses la empresa ha administrado el conflicto haciendo creerles que se encuentra en un proceso de negociación, lo cual hemos señalado la empresa nos ofende por la postura farsante con la que nos trata. Nosotros insistimos en que hay varios hechos flagrantes e ilegales de la conducta de la empresa que no entendemos por qué no han sido suficientes para ponerla en orden:

  1. Al no existir ningún acto relacionado con la continuidad del proyecto, la empresa, está obligada a iniciar el proceso de rehabilitación de nuestras tierras, que suponemos son actividades adscritas a las actividades de cierre y post-cierre de mina, cierre que debió avisar y arrancar hace más de 8 meses. Estos temas están en las manos de la Secretaría de Economía y de Semarnat y nos parece correcto preguntarles si accederemos a ese acto de justicia o no.
  2. La clausura realizada a la empresa, significa que ha cometido ilícitos ambientales relacionados con impactos ambientales. Sin embargo, la no atención de los actos señalados por Profepa por parte de la empresa, “los justifica” mencionándoles impedimentos para su ingreso de nuestra parte, lo cual no tiene sentido alguno porque por lo menos en tres de los puntos de atención los puede resolver sin ingresar al ejido y no lo ha hecho, mientras el resto, es la empresa quien imposibilita llegar a una solución de la sanción que tiene impuesta por Profepa.
  3. Sobre los puntos de atención relacionados con el ingreso a nuestro ejido, nosotros hemos entregado tanto a ustedes como a la empresa, la propuesta de atención, misma que no ha sido considerada por la empresa ni siquiera para su discusión. Por su parte, la empresa nos presentó una propuesta –ya compartida con ustedes-, en donde claramente se observa que, al no tener ninguna exigencia ni consecuencia legal por parte del gobierno ante los incumplimiento de los ilícitos en los que incurre, se da el lujo de ofrecernos limosnas. La propuesta que la empresa pone en la mesa se trata de la renta de 50 pesos diarios por hectárea y lo acota a una renta con una duración de solamente un mes. Es decir, ni siquiera hace un planteamiento para atender la remediación de acuerdo al calendario de actividades para la remediación y el mantenimiento autorizadas por Profepa, actividades que por supuesto no pueden atender en un mes de trabajo.
  4. No entendemos por qué se le permite a la empresa que siga incurriendo en los ilícitos ambientales por los que fue clausurada parcialmente y no se sanciona y se clausura de forma definitiva. Tampoco entendemos por qué no se le obliga a implementar el programa de cierre y post-cierre una vez que nosotros lo hemos solicitado ante la negativa de la empresa de discutir un convenio para la continuidad. De hecho, ante los incumplimientos legales de la empresa, no sabemos qué impide la ejecución de la garantía ($) relacionada con el plan y programa de cierre y post-cierre de mina, ni tampoco por qué no se han hecho detenciones administrativas e iniciar un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa una vez que ya ha superado los 30 días hábiles para que ello ocurriera iniciada la clausura.
  5. Les comentamos que a partir de hoy nuestra asamblea ha determinado cerrar totalmente la operación de la mina. Ello implica cerrar el sistema de riego de la solución acidulada que de manera responsable hemos estado atendiendo para evitar un daño ambiental, pero si la empresa puede continuar libremente con el incumplimiento por los ilícitos ambientales en los que incurre, nosotros, por más interés que tengamos sobre el ambiente, les queremos hacer saber que este nunca podrá estar por encima de nuestro derecho a la vida, derecho que ninguna dependencia a puesto con fuerza en la mesa ni como prioridad ni como obligación constitucional.

Ante este contexto, nos parece que no podemos seguir acampando inertes ante los hechos que enfrentamos, esperando a ver si pasa algo o no ante la impunidad en la que se mantiene la empresa. Si la empresa tiene permiso para pisotear nuestros derechos humanos y ambientales, nos parece necesario que ustedes nos lo digan de forma directa y, en función de ello, nosotros tomemos las medidas que mejor nos convengan. De manera respetuosa les solicitamos que en esta semana puedan darse un poco de tiempo para que nos atiendan en sus oficinas.

Atentamente,

COMISARIO EJIDAL CARRIZALILLO

Imagen: FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Boletín de Prensa | Pueblos de la Montaña y Costa Chica a Marcelo Ebrard: nuestro territorio no está en venta”

Compartimos este boletín de prensa de CRADEET – A 26 de noviembre del 2025

CRAADET llama a Marcelo Ebrard a respetar territorios libres de minería en Guerrero.

Marcelo Ebrard Casaubón
Titular de la Secretaría de Economía

Presente

Buenos días, Lic. Marcelo Ebrard, buenos días México, reciban un saludo de quienes integramos el Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), en donde vivimos pueblos originarios de las regiones Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero.

El 19 de noviembre de 2025, durante la XXXVI Convención Internacional de Minería celebrada en Acapulco, Guerrero -estado que desde hace catorce años sostiene una resistencia organizada frente a la minería- usted como secretario de Economía Lic. Marcelo Ebrard, anunció la apertura del país a la inversión minera, como si el gobierno federal tuviera facultad para disponer y regalar los bienes comunes de México según sus intereses y caprichos. Frente a esta narrativa, desde el Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET) reiteramos que nuestros territorios están blindados contra la actividad minera, amparados en nuestro derecho a la autodeterminación, en la defensa de nuestros derechos colectivos y en el ejercicio pleno de nuestra soberanía territorial. Somos soberanos, no vamos a permitir que ingrese la minería en nuestras tierras a pesar de pretender y usted no es nadie para regalar nuestro territorio.

Como CRAADET nos organizamos para proteger y defender nuestro territorio de todas aquellas personas que intentan saquear nuestros bienes naturales, proceso en el cual nos hemos dado cuenta que, por lo menos desde hace 14 años, somos víctimas de despropósitos, contradicciones y actos de políticos y políticas que se creen dueños de México y que funcionan como verdaderos mercaderes de intereses privados, nacionales y transnacionales, y de quienes tenemos certeza son los principales responsables de lo que está provocando y acelerando el calentamiento global, el cual, por cierto siguen negando a pesar de las evidencias que nos empiezan a poner en riesgo permanente por los niveles de fuerza que nos muestra la querida madre naturaleza, enojada por tanto daño que le hemos causado como humanidad.

Hace 14 años, políticos «ambientalistas» despolitizados e ignorantes del tema quisieron imponer en nuestro territorio una reserva de la biosfera que estaba destinada a los intereses farmacéuticos alemanes, lo cual puede corroborarse en el tratado comercial que conocemos como el Protocolo de Nagoya, que se mantiene vigente y fue firmado por los gobiernos de México y Alemania. Al mismo tiempo, y en el mismo territorici, otros políticos «ecocidas», igual de desinformados sobre el tema extractivo, empezaron a repartir concesiones mineras a empresas privadas nacionales y extranjeras. En ese momento era evidente que las y los políticos titulares de Semarnat y de la Secretaría de Economía de aquellos años ni siquiera entre ellos tenían algo de comunicación y coordinación para entregar con «coherencia» nuestra tierra, porque uno quería hacer una reserva de la biosfera para las farmacéuticas alemanas y, en esa misma zona, otra dependencia ofrecía progreso y desarrollo con la implementación de la minería a cielo abierto. Ese entreguismo incoherente e ignorante alteró nuestra vida porque hemos dedicado 14 años para organizarnos y defendernos de las ocurrencias de ese tipo de políticos.

Cuando la 4T llegó al poder, ofrecieron cambios de rumbo político, respeto, crecimiento y reconocimiento de nuestros derechos como pueblos originarios, cancelación de concesiones mineras y, según ustedes, empezar a participar con nuestras propuestas para mejorar por lo menos algunas condiciones básicas. De esas promesas tenemos muchos claroscuros, también prebendas, cambios legales incompletos y mal hechos, y las concesiones de nuestro territorio comunitario nunca las cancelaron, por más recíamos que realizamos ante las múltiples visitas que realizó el expresidente AMLO a nuestro territorio. Con ese contexto como antecedente, durante esta semana que acaba de concluir, la 4T nos muestra un comportamiento en donde nuevamente políticos despolitizados e ignorantes vuelven al entreguismo mercantil para quienes están destruyendo el planeta.

El 19 de noviembre, en el XXXVI Congreso Internacional de Minería celebrado en nuestro estado, fue muy penoso darnos cuenta del cinismo con el cual usted, Lic. Marcelo Ebrard, con risas, aplausos y brindando con bebidas que acá no conocemos, entregaba a los empresarios mineros las tierras de México que no son de usted; así como, en el paquete, metió las tierras en propiedad colectiva que tampoco son suyas. Da vergüenza saber que todos los días hablen de soberanía cuando políticos como usted, sin pena alguna, son serviles a las empresás y entregan la patria como si fuera suya. Si así ha de ser lo que resta de su mandato, le proponemos desaparecer la secretaría que indignamente dirige y mejor crear un centro comercial en donde ya tenga disponible una canasta básica empresarial que venga rebosante de minerales, agua, bosques, sol, viento y, además, por la compra de dos canastas, agreguen cupones y bonos que enaltezcan la responsabilidad social corporativa y, por supuesto, algunos vales adicionales que garanticen la sustentabilidad y minería libre de CO, con una etiqueta que diga: «Este certificado de minería verde es libre de emisiones de gases de efecto invernadero y se le entrega a su empresa consentida». Con la compensación económica derivada de los bonos, cupones y vales pueden agregar a su publicidad que podemos comprar agua embotellada, también comprar un poco de aspirinas para atender los daños que nos provoque la nueva actividad minera sustentable y, si no es mucha molestia, le pedimos que, si nos ofrecen empleo, no se olviden de nuestros mayores de edad para que trabajen dignamente como empacadores de este gran supermercado y logremos alcanzar el tan anhelado sueño de cualquier habitante del planeta: trabajo remunerado, minería con manejo responsable del cianuro, minería verde y sustentable, y con medidas de compensación de daños al ambiente perfectamente planeadas que nos garantizan el derecho humano al agua potable embotellada.

Un día antes, el 18 de noviembre, en la reunión mundial de la COP30 realizada en Belém, Brasil, nuestra secretaria de Medio Ambiente de Semarnat, de la misma manera que sucedió hace 14 años, ofrecía a los políticos del mundo una serie de compromisos, dicen medioambientales, con metas que se escuchan bonitas pero que sabenãos siguen construidas en la falsa plataforma de la transición energética, que acá desde hace 14 años sabemos son mecanismos de compensación ambiental impulsados por las bancas multinacionales para que las empresas contaminantes, como las mineras, tengan una opción para lavarse la cara hasta que les quede verde. Mientras la oferta del nuevo ambientalismo recibía aplausos, afuera de las instalaciones en donde se encontraban los políticos del mundo firmando «los acuerdos para los maravillosos planes de compensación ambiental al 2035», se encontraban nuestros hermanos y hermanas de los pueblos indígenas de Brasil y de otras naciones protestando y gritando que dejen de entregar lo que no es suyo y que paren a las empresas, metan a la cárcel a los responsables de la devastación ambiental y dejen de crear políticas incoherentes que solamente están sirviendo para lavar la imagen de las empresas que, de manera directa o indirecta, están acabando con el planeta, porque pase lo que pase, y sin importar los límites fundamentales del crecimiento, no les importa continuar con el saqueo ambiental ni quieren cambiar la inercia de las inversiones destinadas a la matriz energética basada en los hidrocarburos.

Tal como nos ocurrió hace 14 años, pero ahora con las y los políticos de la 4T, vemos que no ha cambiado nada. No se coordinan, no saben lo que están haciendo porque son negacionistas de lo que la naturaleza nos muestra con mayor frecuencia y, aun así, abren los brazos a la minería, ratificando que la destrucción de la naturaleza no existe en su cabeza. Al mismo tiempo, y de forma totalmente contradictoria, se ofrece el impulso de medidas para la compensación de daños que en todo el mundo son diseñadas e impulsadas por las empresas para lavar los daños de las empresas y consolidar el falso discurso de la transición energética, y presentarse como dignos políticos defensores de la naturaleza.

Sr. Ebrard, ya mostró su servilismo a favor de los mineros, también salió su gusto por la continuidad del proyecto neoliberal y, además, se vislumbran sus aspiraciones a la presidencia para reencarnar en el nuevo rey chiquito. Le sugerimos que regale lo suyo a quien usted considere, pero le garantizamos que, si acá llega una sola empresa minera, serán metidos a la cárcel por nuestros sistemas de seguridad comunitarios porque, si no lo sabe, acá más de 400 comunidades llevamos 14 años declarando nuestro territorio libre de minería, por lo tanto, lo vamos a defender.

Imagen: Encuentro de autoridades agrarias en Iliatenco, Guerrero. Foto: Tlachinollan / Proceso, 2023.

Argentina: Pedido de apoyo urgente para detener el desmonte en la Comunidad Guaraní Puente Quemado II

Compartimos esta publicación del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – A 1 de diciembre del 2025

Llamamos a organizaciones, grupos y movimientos a adherir a esta carta para exigir a las autoridades que detengan de manera urgente el desmonte que lleva a cabo una empresa maderera en el territorio de la Comunidad Guaraní Puente Quemado II, en Colonia Garuhapé, en la provincia de Misiones, Argentina. 

A fines de noviembre, trabajadores enviados por el empresario maderero Alfredo Ruff ingresaron con maquinaria y comenzaron a tumbar el bosque dentro del territorio relevado por la Comunidad de acuerdo con la Ley Nacional Nº 26.160. Esta violación a los derechos de la Comunidad se realizan en connivencia con el Ministerio de Ecología de la Provincia de Misiones, que autorizó el desmonte.

Esta área de bosque es la única que le queda a las familias de Puente Quemado II, que viven prácticamente cercadas por monocultivos de pinos de la multinacional Arauco. 

¡Exijamos que paren en el desmonte ya! 

La carta está abierta para adhesiones hasta el 3 de diciembre. 


Al Ministro de Ecología y 
Recursos Naturales Renovables
de la Provincia de Misiones
Arq. MARTÍN ANTONIO RECAMÁN

Nos dirigimos a Usted para solicitar que se detenga de manera urgente el desmonte en el territorio de la Comunidad Guaraní Puente Quemado II, en Colonia Garuhapé, Municipio Garuhapé, Departamento Lib. Gral. San Martín de la provincia de Misiones.

Resulta de enorme alarma y preocupación que el Estado haya autorizado la deforestación de parcelas dentro de los Lotes 73, 74 y 75 sin el consentimiento de la Comunidad, siendo que se trata de áreas que forman parte del territorio relevado mediante la Ley Nacional Nº 26.160. 

Es inadmisible que se sigan vulnerando los derechos de la Comunidad Puente Quemado II, que sumado a soportar el asedio de los monocultivos de pino, ahora corre el gravísimo riesgo de perder lo poco de bosque que queda en su territorio, fuente indispensable para su vida y sustento.

Al aguardo de una respuesta favorable, lo saludan atentamente las organizaciones abajo firmantes,

A 16 años del asesinato de Mariano Abarca, la impunidad sigue protegiendo a la minería canadiense en Chiapas y en México

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA en conmemoración de Mariano Abarca – A 28 de noviembre del 2025

Este 27 de noviembre, recordamos a Mariano Abarca Roblero, defensor ambiental, integrante fundador de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) y referente de la lucha contra la minería en Chiapas y en América Latina. Mariano fue asesinado el 27 de noviembre de 2009 en Chicomuselo, Chiapas, por haber denunciado los impactos sociales y ambientales de la empresa minera canadiense Blackfire Exploration, que explotaba la mina de barita “La Revancha” en el ejido Morelia.

Recordamos que su asesinato no fue un hecho aislado ni fortuito, Mariano había sido objeto de hostigamientos, amenazas y campañas de criminalización, incluyendo una detención injusta dos meses antes de su asesinato, precisamente por oponerse al daño provocado por la empresa minera y por organizar a la comunidad para defender el territorio.

La organización comunitaria de Chicomuselo y la fuerza de Mariano lograron que el municipio se declarará “Territorio libre de minería“ y  la clausura de la mina de Blackfire en el ejido Morelia. Sin embargo, la violencia no se ha desarticulado de la mina en la región, por lo que pobladores del municipio han continuado con diversas demandas, confirmando que en donde se establece una mina no volverá a haber paz.

La búsqueda de justicia por el asesinato de Mariano Abarca se ha convertido en un caso emblemático contra la impunidad en México y en Canadá. En 2017, su familia, la REMA y las organizaciones Otros Mundos Chiapas y MiningWatch Canadá llevamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciando la negligencia del Estado mexicano para garantizar la seguridad física y psicológica de Mariano, a pesar de las amenazas públicas y documentadas en su contra.

En 2018, la familia de Mariano denunció en Canadá la complicidad de la Embajada de Canadá en México, que priorizó la protección de los intereses de Blackfire por encima de la seguridad de Mariano, incluso en los meses y semanas previas a su asesinato. A este proceder le hemos nombrado “diplomacia letal”, para evidenciar cómo la política exterior canadiense puede volverse un factor directo de riesgo para quienes defienden el territorio. Después de que las instancias legales canadienses rechazaran la denuncia, en 2023 se presentó un nuevo recurso ante la CIDH, señalando también la responsabilidad del gobierno canadiense por su rol en la protección de las empresas mineras y en la falta de garantías para las personas defensoras.

Este 2025, el recuerdo de Mariano se cruza con un nuevo ciclo de promoción agresiva de la minería, incluyendo a Canadá. El 18 de septiembre, el primer ministro canadiense Mark Carney visitó México para fortalecer el T-MEC, blindar inversiones y abrir nuevas oportunidades comerciales para las empresas de capital privado en Canadá. Desde la REMA, afirmamos que está visita no representó ninguna garantía contra la impunidad con la que han operado históricamente las minas canadienses en nuestro país; por el contrario, buscó consolidar la continuidad de una prosperidad no compartida y racista, basada en el saqueo de los minerales y en la violación a los derechos de los pueblos.

Durante una mañanera, la presidenta de México Claudia Sheinbaum declaró que Carney se comprometió a pedir a las mineras canadienses que cumplan con las normas ambientales si están interesados en aumentar inversiones en México, sin embargo sabemos lo hueco de esta promesa por nuestra experiencia en los territorios y por saber que, en Canadá, se ha estado desarmando el mecanismo creado para recibir quejas sobre empresas canadienses en el exterior (mecanismo que hemos denunciado como insuficiente y sin poder de hacer recomendaciones vinculantes sobre la actuación de las empresas). En Chicomuselo, Chiapas, tal como en Carrizalillo, Guerrero, la “buena conducta” empresarial que promete el mandatario canadiense y las promesas de mejores prácticas no han traído justicia, ni han frenado la contaminación, las enfermedades y el despojo ligado a la minería.

Durante este mes, el 19 de noviembre, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, vuelve a entregar a México como un destino “seguro” para la inversión extractiva, anunciando que vuelve a reactivar el modelo extractivo minero de muerte. Aparentemente, no le importa a este gobierno toda la evidencia de  los graves daños socioambientales que el modelo minero genera, muchos de ellos irreparables, y tampoco la violencia que atrae, desde los asesinatos y desapariciones de personas defensoras del territorio al desplazamiento forzado de poblaciones. Al mismo tiempo, el propio gobierno está atado a tratados comerciales como el T-MEC y el TPP, que lo exponen a demandas millonarias por parte de las mismas corporaciones responsables de la devastación de los territorios como parte de la estructura de impunidad, siendo México el cuarto país más demandado por empresas transnacionales en el mundo y el tercero a nivel del Caribe y América Latina.

Por eso, cuando hoy se anuncian nuevas rondas de expansión minera y se publicitan los absurdos “compromisos” ambientales de las empresas canadienses, desde la REMA denunciamos que la impunidad de Blackfire y del Estado canadiense en el caso de Mariano Abarca, y de tantos otros casos en el país, sigue intacta. La falta de protección brindada a Mariano por parte del Estado mexicano, así como la complicidad activa de la Embajada de Canadá, crearon las condiciones para que su asesinato ocurriera. Hasta hoy, ninguno de los dos Estados ha asumido plenamente su responsabilidad ni ha garantizado justicia y reparación para su familia y su comunidad.

Desde la REMA exigimos que tanto el Estado mexicano como el Estado canadiense respondan por su responsabilidad en la falta de protección a Mariano y por la impunidad que rodea su caso; y que se detenga la promoción de la minería como supuesto motor de desarrollo. Exigimos verdad, justicia y reparación en los territorios ya devastados; y que se respeten las decisiones de los pueblos que, como Chicomuselo, se han declarado libres de minería y han dicho NO al modelo extractivo.

Enviamos un saludo a la iniciativa creada por Otros Mundos A.C., el “Premio Ambiental Mariano Abarca”, que es un reconocimiento moral y colectivo a las luchas en defensa del territorio y la vida en Chiapas, y que este año distingue a la BIORED por sus alternativas comunitarias de energía, agua y soberanía alimentaria frente al modelo extractivo. El legado de Mariano no sólo denuncia las injusticias, sino que también sigue inspirando a construir territorios libres de extractivismo y llenos de alternativas al modelo de producción capitalista.

¡Mariano Abarca vive en la lucha de los pueblos de Chicomuselo, de Chiapas y de toda América Latina!

COMUNICADO DE PRENSA MANUEL SANTIZ CRUZ, LIBERADO

Compartimos este comunicado de CLIFODH y Otros Mundos – A 21 de noviembre del 2025

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, el Tribunal Colegiado del Poder Judicial del Estado de Chiapas, ordenó la libertad inmediata de nuestro representado, el indígena tseltal Manuel Santiz Cruz, acusado de un delito que no cometió y por el que estuvo preso más de tres años. La decisión del organismo fue la respuesta al amparo 64/2025 que la Clínica de Litigio Indígena y Formación en Derechos Humanos – Otros Mundos interpuso ante la serie de violaciones a los derechos humanos ocurridas a lo largo del proceso judicial contra Manuel Santiz Cruz y la consecuente sentencia condenatoria de 25 años, a todas luces injusta.

Entre las acciones contrarias a la justicia se encuentran:

  • Graves faltas al debido proceso.
  • Deficiente valoración de pruebas.
  • Inconsistencias e irregularidades diversas, como no contar con una adecuada interpretación en lengua tseltal, periciales incompletas y mal elaboradas, así como aleccionamiento de testimoniales, entre otras.
  • La no acreditación por parte de la Fiscalía del tiempo, la forma y el lugar de los hechos.

Manuel Santiz Cruz es miembro activo de la Parroquia de San Juan Evangelista en Cancuc, de donde es originario, así como un reconocido defensor de derechos humanos y de la tierra y el territorio en dicho municipio. Su detención, encarcelamiento y sentencia condenatoria fueron un duro golpe a la justicia y una afrenta más a la población indígena del estado de Chiapas. Con su liberación no sólo se revierte esta terrible injusticia; se demostró su inocencia y se reparó en parte el daño causado a nuestro defendido, a su familia y a su pueblo.

Esperamos que la acertada decisión del Tribunal Colegiado del Poder Judicial en el caso de Manuel Santiz Cruz siente un precedente que sirva para que muchas otras personas injustamente presas alcancen la libertad que merecen.

Más información