Justicia de Género y Desmantelamiento del Patriarcado

Compartimos este material de Amigos de la Tierra Internacional en el marco del #25N Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres – a A 25 de noviembre del 2021

Las mujeres se ven desproporcionadamente afectadas por la injusticia ambiental, el cambio climático, las catástrofes climáticas y la explotación de los bienes naturales. Es especialmente el caso para las mujeres de color, mujeres campesinas e indígenas, las mujeres LBTQ y mujeres trabajadoras. Pero no somos víctimas. Somos luchadoras. Las mujeres somos protagonistas de la defensa de nuestros territorios y de la lucha por la autonomía de nuestros cuerpos, vidas y fuerza de trabajo.

Amigos de la Tierra Internacional considera que solo es posible lograr la justicia social y ambiental mediante una transformación radical de nuestras sociedades. Luchamos para que haya justicia y para liberarnos de todos los sistemas que desvalorizan y explotan a las mujeres, los pueblos y el medioambiente, tales como el patriarcado, el racismo, el (neo)colonialismo, la opresión de clase, el capitalismo y la heteronormatividad. Estos sistemas no pueden enfrentarse de forma aislada; ellos se refuerzan mutuamente en su afán constante de acumulación material y en beneficio y en función de los privilegios de las élites sociales.

Fiona Ranford, Amigos de la Tierra Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte

“El modelo económico capitalista y neocolonial actual, basado en la extracción violenta de recursos naturales refleja una peligrosa jerarquía de valores: prioriza el crecimiento por sobre el sustento, la producción más que la reproducción, el Norte por encima del Sur global, y lo masculino antes que lo femenino. Es un modelo patriarcal que socava las condiciones necesarias para sostener la vida misma, que refuerza y depende de los roles socialmente construidos de las mujeres como dispensadoras de cuidados, a fin de ocultar sus costos devastadores.”

Fiona Ranford, Amigos de la Tierra Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte

Amigos de la Tierra está comprometida a luchar por la justicia de género a lo largo y ancho de nuestra federación, y por el desmantelamiento del patriarcado en nuestras sociedades.

Entendemos el feminismo anti capitalista de base como un concepto teórico y una herramienta política clave en esta lucha por la autonomía de las mujeres, por la igualdad entre las mujeres y los hombres, entre los pueblos, y entre los pueblos y la naturaleza. Pretendemos demostrar en la práctica que este feminismo puede construirse y se está construyendo desde la base, de abajo hacia arriba, que es relevante para todas las mujeres y hombres, y que refleja la diversidad regional y diferentes realidades.¿Por qué hablamos de justicia de género y de desmantelar el patriarcado?

Las/os participantes del Grupo de Trabajo internacional de ATI sobre Justicia de Género y Desmantelamiento del Patriarcado explican por qué este trabajo es tan importante para Amigos de la Tierra Internacional y para nuestra lucha a favor del cambio de sistema:

Silvia Quiroa, CESTA / Amigos de la Tierra El Salvador

“En nuestra Federación tenemos que luchar [por justicia de género y por el desmantelamiento del patriarcado] porque en nuestros territorios, países y regiones sufrimos todas las formas de opresión, injusticia, desigualdad y violencia contra las mujeres, degradando nuestras vidas y no permitiendo que avancemos como civilización. Un cambio de sistema tal y como lo hemos definido en Amigos de la Tierra requiere nuevas formas de relacionarnos entre hombres y mujeres, con igualdad de oportunidades en lo social, político, económico y cultural.”

Silvia Quiroa, CESTA / Amigos de la Tierra El Salvador

Peruth Atukwatse, NAPE / Amigos de la Tierra Uganda

“Terminar con el patriarcado, especialmente en África, es para mí como ponerle punto final a la mayoría de las contrariedades cotidianas más sentidas por las mujeres, entre ellas la opresión, la negación de sus derechos y la falta de poder de decisión. No podemos esperar nada, más que de nosotras mismas. Si como federación le decimos NO al capitalismo y sus pilares profundamente arraigados, entonces primero tenemos que desterrar el patriarcado que alimenta al capitalismo para así permitir la participación igualitaria de todas y todos nosotros en la lucha.”

Peruth Atukwatse, NAPE / Amigos de la Tierra Uganda

Dipti Bhatnagar y Martín Drago, de los programas de ‘Justicia climática y energía’ y ‘Soberanía alimentaria’

“Como coordinadores/as de los programas de Amigos de la Tierra Internacional consideramos que la justicia de género y el desmantelamiento del patriarcado son esenciales para lograr el mundo justo y equitativo por el que abogamos. De la misma forma que luchamos por la soberanía alimentaria, la justicia climática, la justicia económica y la protección de nuestra biodiversidad, nuestros pueblos y comunidades, entendemos la necesidad de integrar la justicia de género en el trabajo de nuestros programas.”

Dipti Bhatnagar y Martín Drago, de los programas Justicia Climática y Energía & Soberanía alimentaria

Rita Uwaka, ERA / Amigos de la Tierra Nigeria

“El trabajo relativo a la justicia de género y desmantelamiento del patriarcado es la solución a las crecientes injusticias de género que se dan en nuestro interior y a nuestro alrededor. Este trabajo es clave para lograr un ambiente justo y sustentable para los pueblos (en los ejes de trabajo, en los lugares de trabajo, en las comunidades) y el planeta. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Somos mujeres, somos africanas. Somos Amigas de la Tierra. ¡No habrá justicia de género ni cambio de sistema sin nosotras!”

Rita Uwaka, ERA / Amigos de la Tierra Nigeria

Rizwana Hasan, BELA / Amigos de la Tierra Bangladesh

“Los factores y sistemas que conducen a la explotación de los recursos naturales también apuntalan el patriarcado y dan lugar a violaciones contra las mujeres, generando injusticia y desigualdad. Como federación que trabaja para cambiar de sistema y fomentar la justicia, tenemos que trabajar para erradicar todas las relaciones de poder sin equidad e injustas, incluido el patriarcado, y debe avanzar hacia el empoderamiento de las mujeres y garantizar que puedan tener acceso irrestricto a los recursos naturales y fortalecer su autonomía económica, política y de sus cuerpos dentro de nuestras organizaciones y sociedades.”

Rizwana Hasan, BELA / Amigos de la Tierra Bangladesh

Ivana Kulic, The Center for Environment / Amigos de la Tierra Bosnia y Herzegovina

“Como mujer y activista ambiental considero que para lograr la justicia climática es clave desmantelar el patriarcado. El capitalismo se apoya en el sistema patriarcal debido a que está abocado a oprimir a las mujeres y subyugar su fuerza de trabajo y sus cuerpos para beneficio del capitalismo. Debemos visibilizar el vínculo entre la explotación de la naturaleza y la opresión de las mujeres. Tenemos que hacer conciencia de que si nuestro objetivo es terminar con el capitalismo, esa lucha tendrá que incluir la lucha por el desmantelamiento del patriarcado, y que todos nuestros problemas ambientales, sobre los derechos de las mujeres y las personas trans y los derechos de los/as trabajadores/as…todos tienen su origen en la misma causa, y que sólo podremos eliminarla y solucionar estos problemas si trabajamos solidariamente, lado a lado.”

Ivana Kulic, The Center for Environment / Amigos de la Tierra Bosnia y Herzegovina

Karin Nansen, Presidenta de Amigos de la Tierra Internacional

“Amigos de la Tierra Internacional se ha comprometido a un cambio del sistema que conlleva la lucha contra el patriarcado y por la justicia de género, y por lo tanto, exige poner fin a la explotación de los cuerpos y el trabajo de las mujeres. Para nosotros/as, sólo será posible lograrlo cuando se reconozca a las mujeres como sujeto político, se ponga fin a la violencia contra las mujeres y la negación de sus derechos, y se revierta la división sexual del trabajo, que constituye la base material de la explotación y dominación patriarcal. En el marco de nuestro compromiso, construimos alianzas con organizaciones feministas de base, con la Marcha Mundial de Mujeres y con las Mujeres de La Vía Campesina, que al igual que nosotras luchan por un cambio de sistema.”

Karin Nansen, Presidenta de Amigos de la Tierra Internacional

Petición para exigir Justicia para Berta

Compartimos esta petición del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) sobre #JusticiaParaBerta – A 19 de noviembre 2021

El día 5 de julio del presente año, la sala primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal de la ciudad de Tegucigalpa, conformada por las juezas Joselyn Donaire , Esther Carolina Flores y juez José Anaim Orellana, emitieron fallo de culpabilidad (bit.ly/3pEX1As) contra Roberto David Castillo por su responsabilidad como coautor del asesinato de Berta Cáceres.

A 5 meses del fallo condenatorio contra David Castillo, el Poder Judicial sigue sin dictar la sentencia, incumpliendo el artículo 369 del Código Procesal Penal que hace referencia a que la sentencia tuvo que emitirse inmediatamente después del fallo.

El COPINH solicita apoyo a Organizaciones Nacionales e Internacionales para firmar la siguiente petición y exigir al Poder Judicial la pronta sentencia contra Castillo, y que proceda con los autores intelectuales del crimen de nuestra compañera Berta Cáceres.

Puedes firmar la petición AQUI

Petición en Ingles

On July 5 of this year, the First Chamber of the Sentencing Court with National Jurisdiction in Criminal Matters in the city of Tegucigalpa, formed by judges Joselyn Donaire, Esther Carolina Flores and Judge José Anaim Orellana, issued a guilty verdict (bit.ly/3pEX1As) against Roberto David Castillo for his responsibility as co-perpetrator of the murder of Berta Cáceres.

Five months after the conviction of David Castillo, the Judiciary has still not issued the sentence, in violation of Article 369 of the Code of Criminal Procedure, which states that the sentence must be issued immediately after the verdict.

COPINH requests support from National and International Organizations to sign the following petition and demand the Judiciary the prompt sentencing against Castillo, and to proceed with the intellectual authors of the crime of our comrade Berta Cáceres.

You can sign the petition HERE

Más información:

Defensoras de la tierra: mujeres indígenas mexicanas reflexionan ante la COP26

Compartimos esta nota de Distintas Latitudes sobre la participación de Mujeres en la COP26- A 11 de Nov

Una delegación compuesta por 10 mujeres indígenas de México, conocidas como las Defensoras de la Tierra, acudió a la COP26 para exigir que se escuchen las voces de los pueblos que defienden el medio ambiente y el territorio. ¿Qué hacen, qué piensan y qué desean? Te contamos. 

Texto:  Julieta Bugacoff (Argentina, 1997)
Fotos: @futurosindigenas #CopCollab26

En los grupos de Telegram conformados por activistas que acudieron a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático hay una queja recurrente: los problemas de accesibilidad al mayor evento de discusión mundial sobre cambio climático. Para ingresar al centro de convenciones es necesario hacer colas de hasta dos horas, y hay una única entrada por la que deben pasar más de 15.000 personas por día. 

Pero no es el único problema: pocos días antes del inicio del evento, la Presidencia de la COP26 —ejercida por el Reino Unido— anunció que limitaría el número de observadores que pueden presenciar las salas de negociación. De esa forma, elementos como la transparencia en los procesos y la democratización de la información quedaron vedados de manera sistemática para la mayoría de los asistentes. Una puerta demasiado chica, ante un problema muy grande, constituye una gran metáfora de lo que las organizaciones sociales dedicadas a la problemática ambiental vienen denunciando hace años: la inclusión de la sociedad civil es escasa.  

Este año, una delegación compuesta por 10 mujeres indígenas provenientes de México conocidas como Defensoras de la Tierra acudió a la COP26 en Glasgow, Escocia, para exigir que se escuchen las voces de los pueblos que defienden el medio ambiente y el territorio. El principal reclamo de Mitzy Violeta Cortés, Rosa Marina Flores Cruz, Wilma Esquivel Pat, María Tzuc Dzib, Wendy Monserrat, Miryam Vargas, Erika Hernández Mariaca, Florina Mendoza Jiménez y Armanda García Carrillo es el reconocimiento de los pueblos indígenas como defensores del 80% de la biodiversidad en el planeta, y su inclusión en los procesos de toma de decisión. En las últimas dos semanas, el grupo participó en varias charlas y movilizaciones masivas. Aquí te contamos sus objetivos, reclamos, así como las contradicciones que ven con el actual gobierno mexicano. 

Itaxavi Mendoza pertenece a la comunidad Ñuu savi, de Oaxaca. Comenzó a involucrarse con el activismo ambiental después de percibir las consecuencias del extractivismo minero en su territorio. Poco después, decidió meterse de lleno en la defensa del agua, luego de que su pueblo sufriera un desplazamiento forzado. La activista -especializada en la recuperación de la lengua y la memoria territorial- es una de las Defensoras de la Tierra que fueron a Glasgow este año. Para ella, Glasgow es el escenario perfecto para trazar redes con otros referentes ambientales, y conocer las problemáticas presentes en su territorio: “buscamos generar alianzas que permitan fortalecer cada lucha y así conformar una fuerza mayor capaz de contrarrestar las imposiciones de la COP26 ”, afirmó. 

En 1982, el activista afroamericano Benjamín Chavir, definió el racismo ambiental como la manifestación de la discriminación racial en la elaboración de políticas medioambientales y la aplicación de reglamentos y leyes. Para él, la selección deliberada de comunidades racializadas para la instalación de residuos tóxicos, la sanción oficial de la presencia de venenos u otros contaminantes que ponen en peligro la vida de una población y la exclusión sistemática de las personas negras en el liderazgo de los movimientos ecologistas, son manifestaciones claras de esta dimensión. En la actualidad, el término está más vigente que nunca, y es fundamental para comprender planteos como el de Defensoras de la Tierra. A propósito de esto, Mendoza comentó: “Los efectos del racismo en torno a la crisis climática son devastadores. Los pueblos originarios cuidan el 80% de la biodiversidad del planeta, y excluirlos de la toma de decisiones sobre las soluciones para mitigar los efectos de la crisis climática va a derivar en una catástrofe. El panorama es crítico”.

Pero no solamente se trata de exclusión o discriminación. Según el informe anual 2019-2020 elaborado por Amnistía Internacional (AI), Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para los defensores de los derechos humanos y, en particular, para quienes protegen los derechos a la tierra, el territorio y el ambiente. De los 304 asesinatos a nivel mundial, 23 ocurrieron en México. El país se ubica en el tercer puesto entre los más riesgosos de la región, sólo siendo superado por Colombia (106) y Honduras (31). La violencia de género también está presente en los números: el 13% de los defensores asesinados fueron mujeres. 

Miryam Vargas es otra de las mujeres que forman parte de Defensoras de  la tierra. Tiene 33 años, es de origen nahua (de la región cholulteca), en México, y forma parte del Frente de Pueblos Puebla-Tlaxcala-Morelos. Trabaja como periodista, y suele cubrir temas relacionados al cuidado del territorio y los procesos de resistencia. En relación a los problemas ambientales de su región, explicó: “Las empresas y los gobiernos están organizados y tienen estrategias muy claras de ataque hacia los defensores del territorio. Una práctica común es generar condiciones de violencia dentro de las comunidades para que cuando lleguen los proyectos que pueden resultar dañinos para el medio ambiente, se produzca una crisis social, el tejido comunitario esté roto, y sea más fácil instalar un negocio sin la necesidad de atravesar asambleas.”

Además de la violencia a líderes territoriales, en México hace varias décadas que científicos, comunidades indígenas y miembros de organizaciones no gubernamentales vienen alertando sobre los altos niveles de deforestación, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de ríos y mares, y la existencia de una gran cantidad de megaproyectos que impactan de manera negativa sobre los territorios.

La semana pasada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, justificó su ausencia en la COP26. En una rueda de prensa, afirmó que en la cumbre se hacen muchas promesas, pero hay pocas acciones concretas: “Ya basta de hipocresía y de modas, lo que hay que hacer es combatir la desigualdad monstruosa que hay en el mundo”, expresó. Además, agregó que existe un doble discurso entre los jefes de Estado y de Gobierno que decidieron concurrir al acuerdo global. “Al mismo tiempo que se están llevando a cabo estas cumbres para la protección del medio ambiente y enfrentar el cambio climático, los países más poderosos están aumentando la producción y extracción del petróleo”, concluyó. 

Existe una cuota de verdad en las palabras de López Obrador. En diciembre de 2015, se firmó el Acuerdo de París donde 189 países se comprometieron a generar acciones y programas para disminuir al máximo las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y alcanzar la neutralidad climática para el año 2050. Sin embargo, el tratado recién entró en vigencia el 1 de enero de 2021, es decir, cinco años después de su aprobación. Mientras tanto, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dejó en evidencia que, en 2019, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero volvieron a aumentar por tercer año consecutivo y se situaron en un máximo histórico. La evidencia es clara, para la mayoría de gobiernos, el cambio climático no es un tema prioritario, o que requiera de medidas urgentes. 

Pero en todos lados hay contradicciones y las políticas ambientales de AMLO no están exentas de críticas. Como apuntó el Financial Times, el gobierno de López Obrador lleva gastados varios millones de dólares en la construcción de “Dos Bocas”, una refinería gigante de petróleo y el fomento de la producción de hidrocarburos. Además, en octubre de este año, se presentó ante el Congreso una Reforma Eléctrica que propone bloquear la generación de energía a partir de fuentes renovables por parte de empresas privadas. De esta manera, la rectoría del sector quedaría en manos de la Comisión Federal de Electricidad. El problema no es la estatización en sí, sino el consecuente retroceso en materia de transición energética. 

A pesar de que López Obrador no estuvo presente en la COP26, sí envió representantes oficiales. México fue uno de los países que se adhirió a la declaratoria para la protección de bosques y uso de la tierra. Por fuera de eso, no se anunciaron mayores avances. 

Para Wilma Esquivel, feminista comunistaria territorial de Felipe Carrillo Puerto, y miembro de la delegación de Defensoras de la Tierra uno de los problemas de estas cumbres está en la representación: “El problema es que estas personas llevan un discurso oficialista. No están implicados en procesos de defensa del territorio, sino en la legitimación de la acciones, el estatus y los planes de gobierno. No tienen intención de solucionar nuestros problemas, así como tampoco respetan los pueblos y las comunidades originarias”. Por último, concluyó: “Su participación es peligrosa. Lo que buscan es aprobar megaproyectos a partir de consultas simuladas. Las personas que formamos parte de la resistencia sabemos que sus propuestas son destructivas para el ambiente, y contribuyen a aumentar la violencia en los territorios”. 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático empezó hace casi dos semanas. En la primera semana, el evento principal fue la Cumbre de Líderes Mundiales. Hubo acuerdos relacionados con la problemática de la deforestación, el uso de combustibles fósiles y el carbón. Como se dio a entender en los discursos de las mujeres que integran Defensoras de la Tierra, aún existe mucha distancia entre los planteos del activismo climático -integrados en su mayoría por jóvenes, pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil- y la agenda impuesta por los mandatarios. Dentro del recinto de negociaciones, los políticos y empresarios toman las decisiones que condicionarán el futuro del planeta. En paralelo, millones de personas aprovechan la ocasión para debatir qué estrategia tomarán una vez que no se cumplan los acuerdos, o que estos no se ajusten a las verdaderas necesidades de los territorios. El caso de Defensoras de la Tierra es un perfecto ejemplo de esto, pero no es el único. Parafraseando a uno de los graffitis más famosos del Mayo Francés: “La belleza está en las calles”. 

Imagen: Futuros Indígenas

Más información:

Solidaridad Internacional con La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal quien será reconocida este año con el III Premio a la Defensa Ambiental “Mariano Abarca” 2021

Compartimos esta carta en apoyo y solidaridad con La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal – A noviembre 2021

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El 27 de noviembre de 2021 se cumplen 12 años del asesinato del defensor del medio ambiente mexicano Mariano Abarca. Como líder comunitario y miembro fundador de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Mariano se manifestó activamente contra los impactos socio-ambientales de un proyecto de minería de barita en su comunidad de Chicomuselo, Chiapas. Los sospechosos de su asesinato eran trabajadores de la empresa canadiense Blackfire Exploration que explotaba la mina.

Este año es especialmente importante. El 8 de noviembre, la familia de Mariano y aliados presentaron su última petición ante la Corte Federal de Apelaciones para que se investigue las acciones de la embajada canadiense en México que pudieron haber puesto en peligro la vida de Mariano. De acuerdo con más de mil páginas de documentos obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información, la embajada canadiense abogó ante las autoridades mexicanas para impulsar las operaciones de Blackfire, pese a que sabía que la vida de Mariano corría peligro. Como lo declaró la Corte Federal de Apelaciones en el 2019, Mariano Abarca “quizás no hubiera sido asesinado” si la embajada canadiense en México “[hubiese] actuado de otra manera”

La Corte Federal de Apelaciones de Canadá aún no ha decidido si recomendará que la investigación regrese al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública para evaluar las acciones de la embajada o si se pondrá del lado de la impunidad estatal y empresarial. Mientras tanto, las/los defensores del medio ambiente en México siguen enfrentando violencia por defender sus territorios y el agua frente al capitalismo extractivista. 

El compromiso de Mariano con la vida ha servido de inspiración para el Premio anual a la Defensa Ambiental “Mariano Abarca”, que se entrega cada 27 de noviembre y que reconoce a una organización local de Chiapas en nombre de 35 organizaciones de la sociedad civil mexicanas e internacionales.

Este año, en honor a la memoria de Mariano, el Premio Ambiental Mariano Abarca se entregará a la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, una organización indígena que fiel a la visión y vida de Mariano trabaja desde 1992 en la defensa de su territorio y de los derechos humanos. 

La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal aboga por la justicia, la paz y la autodeterminación. Defiende los derechos de los pueblos indígenas mayas Tsotsil y Tseltal y apoya las luchas de otros movimientos sociales e indígenas que luchan por la justicia social y ambiental como el Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas y la Escuela de Justicia Energética que aglutina a comunidades y organizaciones de Chiapas y Guatemala contra las represas y en búsqueda de un nuevo modelo energético para los pueblos. 

En este sentido, luchan contra la militarización de sus territorios para instalar megaproyectos extractivos como mega-hidroeléctricas y el Tren Maya. Estos proyectos amenazan con despojar y desplazar aún más a las comunidades de sus territorios en beneficio de las empresas transnacionales. Su resistencia pacífica ha detenido hasta ahora un proyecto de exploración petrolera.

En 1997, un grupo paramilitar mató a 45 de sus integrantes quienes se habían refugiado en Acteal en lo que se conoce hoy como la Masacre de Acteal. En un contexto de creciente violencia en México, y particularmente en el estado de Chiapas, Las Abejas se han convertido en un refugio muy necesario para las comunidades que huyen para salvar sus vidas de los grupos armados y de las fuerzas armadas del estado.

El premio Mariano Abarca de este año llega luego de que uno de los ex-presidentes de la Mesa Directiva de Las Abejas, Simón Pedro Pérez López, fue asesinado delante de su hijo el 5 de julio de 2021. Simón se había pronunciado firmemente en apoyo de las comunidades afectadas por las hidroeléctricas y los proyectos mineros. Hoy, las comunidades no sólo buscan justicia por la masacre de Acteal, sino también por Simón Pedro Pérez. 

La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal es una fuente de inspiración y un ejemplo de resistencia pacífica para todas y todos los que luchan contra el despojo, el desplazamiento, la militarización y los megaproyectos extractivos en Chiapas. Expresamos nuestra solidaridad con la Las Abejas y hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que inicien una investigación imparcial y exhaustiva por el asesinato de Simón Pedro y lleven a los responsables ante la justicia.

A doce años del asesinato de Mariano, nos solidarizamos con su familia y nos comprometemos a seguir apoyando sus esfuerzos para lograr justicia. 

¿Qué puedes hacer tú?  Firma esta petición y exige justicia para Simón:

Súmate firmando esta declaración de solidaridad con la familia de Mariano y la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. 

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Rol de la embajada canadiense en el asesinato del líder Mariano Abarca vuelve a ser examinado en Corte de Canadá

Compartimos esta del Comite por los Derechos Humanos en América Latina CDHAL sobre el caso en Canadá #JusticiaParaMariano – A Noviembre 2021

Descripción

El 8 de noviembre, organizaciones mexicanas y canadienses acudirán a la Corte federal de apelaciones para intentar revertir la decisión de la Comisión para la Integridad de la Administración Pública de Canadá de no investigar el rol de la embajada canadiense en el asesinato del defensor Mariano Abarca en el 2009. Abarca lideró el movimiento de resistencia a la mina en Chicomuselo, Chiapas, de propiedad de la empresa minera canadiense Blackfire, así como el movimiento nacional la Red mexicana de personas afectadas por la minería (REMA).

Noticia

Organizaciones sociales de México y Canadá acuden a la Corte federal de apelaciones de Canadá para que se revise la decisión de no investigar el rol y la complicidad de la embajada canadiense en México en el asesinato del lîder Mariano Abarca. El crímen está relacionado a una mina de propiedad de la empresa canadiense Blackfire en Chicomuselo, Chiapas. 

El abogado José Luis Abarca, hijo del líder asesinado, miembro de la Red mexicana de afectados por la minería, REMA, y director de la Fundación Ambiental Mariano Abarca, nos relata los hechos:

“Quiero compartir un poco sobre mi padre, su lucha en contra de la mina y por qué hemos llevado una denuncia a Canadá para exigir una investigación sobre la embajada canadiense en México. Mi papá Mariano Abarca fue un líder comunitario importante cuando una mina de barita que pertenecía a una empresa minera canadiense empezó a generar daños sociales y ambientales en la comunidad. También fue un fundador de la Red mexicana de afectados por la minería, REMA. La empresa Blackfire operaba desde fines de 2007 hasta finales del 2009. La mina fue clausurada por violaciones ambientales pocos días después del asesinato de mi papá. En junio de 2009, viajó desde Chicomuselo con un grupo de la comunidad y con el apoyo de Otros Mundos Chiapas para participar en una manifestación frente a la embajada canadiense. Ahí él habló con una representante de la embajada canadiense. Hablaba sobre las promesas de trabajo incumplidas, sobre los daños que los camiones de la empresa estaban generando a nuestras casas y calles, y sobre todo la contaminación de nuestros ríos. Hablaba sobre un grupo de trabajadores de la empresa que estaban armados y quiénes intimidaban a él y a otros. Unas tres semanas después mi papá fue detenido por la policía en respuesta a una queja interpuesta por la empresa. La empresa hizo muchas acusaciones falsas, diciendo que era involucrado en el crimen organizado. La embajada recibió 1400 cartas de todas las Américas expresando una gran preocupación por su ubicación y su vida y después de 8 días mi padre fue liberado sin juicio por falta de evidencias. Tres meses después, el 27 de noviembre del 2009, un hombre disparó y mató a mi papá. Todas las personas que tuvieron algún vínculo con el crimen estaban conectados con la empresa minera y hasta hoy no hemos logrado una investigación seria. Hemos llevado una denuncia en contra de las autoridades mexicanas ante la Comisión interamericana de derechos humanos y además hemos llevado una denuncia exigiendo una investigación sobre la embajada canadiense en México porque conseguimos documentos del gobierno canadiense que muestran lo mucho que supo la embajada canadiense y como hizo y como no hizo nada para mi papá. Esta documentación nos muestra que aún antes de que la mina entrará en funcionamiento la embajada sabía que la empresa tenía dificultades para llegar a acuerdos con la comunidad. Desde ese entonces, ejerció presión diplomática sobre los funcionarios del estado de Chiapas. Una vez operando, la documentación también muestra que la embajada hizo un seguimiento muy de cerca de los medios de comunicación en Chiapas sobre las protestas constantes y supo del descontento profundo de la gente. Todo esto debería haber sido una señal de alarma para la embajada, pero en lugar, la embajada se encargó de recabar información y comunicarse con las autoridades mexicanas. La embajada mandó una delegación a Chiapas. Fueron con el gobierno estatal y plantearon su preocupación y pidieron a los funcionarios del gobierno que sofocaran las protestas. Menos de seis semanas después, mi papá fue asesinado. No estamos diciendo que la embajada mandó a matar a mi papá, pero al negarle apoyo de seguridad y a trabajar únicamente a favor de la empresa, pensamos que sí lo pusieron en mayor riesgo y de haber actuado de otra forma no hubieran matado a mi padre. Es por esto que fuimos a Ottawa para interponer una denuncia ante el Comisionado de integridad del servicio público  y por qué seguimos insistiendo en la corte federal que debe  haber una investigación sobre el rol de la embajada en este caso”.

Jennifer Moore, investigadora asociada del Programa de Economía Global del Instituto de Estudios Políticos, explica qué está en juego en este proceso:

“Esta audiencia que viene para el 8 de noviembre, la Corte federal de apelaciones de Canadá, es la última instancia que tenemos en Canadá para insistir sobre una investigación en torno a la embajada canadiense en México, va a escuchar de nuestros abogados, también va a escuchar de parte del parte gobierno canadiense.  

Lo novedoso, y algo que esperamos que da más fuerza también a nuestros argumentos, es que también va tener chance de presentar tres organizaciones. Y vale recordar que la Corte federal de Canadá, que era la instancia anterior aunque no era la decisión que quisiéramos, o sea, sí dijo que quizá si había actuado de otra forma la embajada las hubieran sido diferente. La Corte Federal de Apelaciones va a considerar la decisión que tomó la Comisión para la Integridad de la Administración Pública de Canadá a no investigar este caso, para evaluar su decisión sobre eso de no investigar. Y, en este caso, está realmente en cuestión, toda la integridad del servicio público, en el sentido de que, por un lado, los representantes del gobierno están diciendo una cosa a la prensa, al Parlamento,  en sus propios documentos sobre cuál es su deber ante conflictos de esa forma y que por otro lado está haciendo todo lo contrario. Las instancias hasta ahora, del Comisionado y de la Corte federal, nos han dicho: pues esto no son políticas oficiales, entonces no están obligados a tomar ninguna acción al respecto – qué es lo que nos genera la pregunta: entonces es derecho del gobierno canadiense de engañar a todo el pueblo? Entonces estos tres grupos también van a estar presentando sus argumentos jurídicos para abonar a la decisión que toma desde la Corte Federal de Apelaciones y que esperemos ayude a tener una decisión favorable”.

Para Gustavo Castro, de la organización Otros Mundos Chiapas, el proceso puede generar impactos importantes y debe ser ampliamente difundido:

“Sí me parece que este es un proceso inédito y que va a abrir también muchas otras posibilidades. Yo sí tengo fe en que algo va a avanzar, aunque lo veamos así como un caso muy difícil o incluso a veces imposible de que avance, me parece que el mismo hecho de poner en tela de juicio la acción del gobierno y por medio de su embajada, pues me parece que abre un tema paradigmático. Va a hacer falta visibilizar mucho y mantenerlo bastante en los medios y diseñar una buena estrategia de difusión”.

Libertad Díaz, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA, resalta la importancia de considerar todos los actores involucrados en el asesinato de Mariano Abarca :

“La insistencia de por qué una investigación así es de interés público sigue siendo creo que de los argumentos más fuertes. Hay pruebas y hay un caso paradigmático, que está documentado, muy bien argumentado. ¿Cómo ante esas pruebas se sigue negando aún una investigación así, y por qué es importante y por qué se niega, no? Creo que es muy importante posicionarlo, o sea, lo del poder no solo empresarial sino todos los otros actores que juegan alrededor de la empresa. Ya lo estamos hace unos años, en donde, bueno, medio se empezaba a hablar de la criminalización, el riesgo de las vidas. Si no estamos en un momento en donde ya hay muchísimos argumentos que demuestran que estas investigaciones deberían de ser mucho más entendibles o comprensibles y deberían de tener mucho menos bloqueos. Y sigue pasando que no es así. O sea, que hay todo un aparato del Estado alrededor de las empresas, que creo que es importante pues seguir señalando. Y argumentar por qué es importante, o porque es de interés público en Canadá y por qué es de interés público en México, retomando también los otros casos que hay de amenaza de minería canadiense en mi país”.

Miguel Ángel Mijangos, también de la REMA, contextualiza los daños causados en México por las empresas canadienses con la complicidad de la diplomacia económica de Canadá:

“Como ustedes saben, de todas las minas de oro, plata, platino qué hay en México, el capital canadiense opera el 80%. Tiene una influencia muy grande en el extractivismo y obviamente, pues, de ese tamaño es la problemática que tenemos. Pues nos ha enseñado el gobierno canadiense a luchar, desde nuestra fuerza, pero contra la mentira. 

Para dar un poco más de contexto a esto que queremos decir, que es un patrón de conducta de la embajada:  una de las regiones donde después de 12 años de que llegó la primera empresa canadiense al territorio de Guerrero, que fue la Goldcorp y que luego llegó la Torex Gold, tenemos cinco proyectos operando, de las cuales 4 son canadienses y una es mexicana, es una región que de 10 años para acá tenemos un desplazamiento de cerca de 16000 familias vinculadas a la violencia que se desencadena por el poder vinculado a la protección, así lo digo francamente, a la protección que grupos armados ofrecen a varias de las mineras de capital canadiense y que de alguna manera, en actos de omisión, pero también en actos de conocimiento, porque se han hecho las denuncias, pues se establece un proceso de tolerancia política, en el cuál el embajador constantemente llega con el gobernador, con las fuerzas políticas estatales y municipales, hablar de la Responsabilidad Social Corporativa, hablar de la minería verde y sustentable, hablar de las inversiones y el progreso para las comunidades. Y por otro lado, ese mismo gobierno establece en esa misma zona alertas para que los turistas de Canadá no visiten el territorio de Guerrero por la alta incidencia de violencia. 

Para nosotros esa es una expresión racista: que llegue toda la inversión canadiense, que destruya la naturaleza, que genere procesos de conflicto, que tengamos un montón de daños a la salud y al ambiente, que tengamos total impunidad y que bueno nos muestran justo este comportamiento que no solo lamentablemente nos deja hechos como lo sucedido con nuestro compañero Mariano, sino que se repiten constantemente.  

Vale  la pena mencionar que en este gobierno tenemos la lista más alta de la historia de México de asesinatos vinculados a defensores del territorio. No todos relacionados con Canadá, pero hay muchos que sí están relacionados con empresas canadienses. 

Pues es muy importante continuar estableciendo estos procesos sin dejar de mirar que no estamos luchando por visibilizar el caso. Estamos luchando por llevarlos a la rendición de cuentas, porque se lo merece Mariano, porque se lo merece su familia y porque se lo merecen todas y todos los que están peleando contra un modelo que sabemos mata la vida y no genera progreso y desarrollo”

José Luis Abarca, hijo de Mariano Abarca concluye respecto al proceso de apelación :

“Mi papá no va regresar, pero pensamos que este proceso puede sentar un precedente importante para la lucha de otras comunidades quiénes corren peligro por estar luchando para proteger su medio ambiente y su salud frente a los enormes daños mineros.”

Desde Canadá, reporta Christina Ayala, del Comité por los derechos humanos en América Latina, CDHAL.

Esta producción contó con testimonios hechos en el marco del evento ¿Qué nos dice el asesinato del activista Mariano Abarca-México sobre rendición de cuentas en Canadá?, organizado por Miningwatch, la REMA, Otros Mundos Chiapas y otras organizaciones de la sociedad civil de Canadá.

El evento completo está disponible en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/events/221820689840560/ 

La mesa redonda: https://www.youtube.com/watch?v=MX1jakmAzGA&t=8s

Imagen: Justicia Para Mariano Abarca

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Agroindustria seguirá financiada por bancos de desarrollo; organizaciones ven despojo

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el modelo de la Economía Verde – A 20 de octubre del 2021

Este miércoles (20) finaliza la segunda cumbre anual de Bancos Públicos de Desarrollo (PDBs, por sus siglas en inglés) realizada en Roma, Italia, la cual reúne a más de 500 representantes de entidades financieras de alrededor del mundo y cuya prioridad es el fortalecimiento de la inversión en el sector agrícola.

“Los bancos públicos de desarrollo son parte de la solución para acabar con el hambre y transformar los sistemas agroalimentarios”, afirmó Qu Dongyu, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), durante su participación en la reunión denominada Finanzas en común.

En contraste, una revisión de los proyectos financiados por los PDBs demuestra que lejos de contribuir a un sistema sustentable para la producción y distribución de alimentos, las inversiones se han dirigido a fortalecer a las grandes corporaciones mundiales de la agroindustria.

De acuerdo a la organización Amigos de la Tierra, sólo entre los años 2015 y 2020, empresas trasnacionales del sector recibieron más de 478,000 millones de dólares por parte de 2,500 entidades de inversión, fondos de pensiones y bancos, la mayoría de EEUU y Europa. Con ello, se fortaleció un sector que por sí solo es responsable de la emisión de más de una quinta parte de los gases contaminantes que producen el calentamiento global.

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Datos del Instituto de Nueva Economía Estructural y la Agencia Francesa de Desarrollo calculan que anualmente se destinan 1.4 billones de dólares de financiamiento al sector alimentario, cantidad que se avizora en aumento. Ante esta situación, 280 grupos y organizaciones de 70 países emitieron una carta para criticar este financiamiento, el cual conlleva la destrucción ambiental y el control corporativo del sistema alimentario mundial a expensas de campesinos, pastores, pescadores, trabajadores del sector alimentario y pueblos indígenas, lo cual socava la soberanía alimentaria, devasta ecosistemas y violenta derechos humanos alrededor del mundo.

Para las organizaciones, es preocupante que los Bancos Públicos de Desarrollo estén adquiriendo un papel más coordinado y central en el sector alimentario y de la agricultura, pues los consideran parte de la arquitectura financiera global que produce despojo y devastación ambiental, sobre todo ocasionado por las empresas de la agroindustria.

“Durante años, su inversión en agricultura se ha destinado casi exclusivamente a compañías implicadas en plantaciones de monocultivos, sistemas de agricultura por contrato, granjas fabriles de animales, venta de semillas híbridas y modificadas genéticamente más pesticidas y plataformas digitales dominadas por los Gigantes Tecnológicos. Han mostrado cero interés o capacidad para invertir en comunidades campesinas, de pescadores y de silvicultores, los que, actualmente, producen la mayor parte de los alimentos del mundo. En cambio, financian a acaparadores de tierra y a agronegocios corporativos destruyendo los sistemas alimentarios locales”, enfatizan las organizaciones en el documento publicado por la ONG Grain.

Inversiones para el despojo

Ceremonia a cuatro años del asesinato de Berta Cáceres por su organización contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, financiado por PDBs europeos. Foto: Valentina Valle

Los PDBs son instituciones creadas por los estados-nación y por agencias multilaterales cuyo objetivo es financiar programas de gobierno, así como compañías privadas, las cuales afirman que son “sustentables”, “responsables” y contribuyen al “desarrollo”. No obstante, los financiamientos de los PDBs registran un historial que evidencia su participación en compañías involucradas en acaparamiento de tierras, corrupción, violencia y destrucción ambiental.

Han desempeñado un rol crítico en facilitar la expansión de empresas trasnacionales hacia mercados y territorios alrededor del mundo (desde la extracción de minas de oro en Armenia, la construcción de proyectos hidroeléctricos en Colombia y la extracción de gas natural en Mozambique), lo cual no podrían realizar sin la ayuda de la inversión pública.

También, realizan trabajos de asesoría técnica y política a los gobiernos con la intención de modificar marcos jurídicos para la atracción de inversión extranjera. “Las políticas que respaldan sectores claves —incluida la salud, el agua, la educación, la energía, la seguridad alimentaria y la agricultura—tienden a fortalecer el papel de las grandes corporaciones y las élites. Y cuando protestan las comunidades locales afectadas, incluidos los pueblos indígenas y los pequeños agricultores, es frecuente que no se les escuche o que enfrentan represalias. Por ejemplo, en India, el Banco Mundial recomendó al gobierno desregular el sistema de comercialización agrícola y cuando el gobierno implementó esta recomendación, sin consultar a los agricultores y campesinos y sus organizaciones, provocó masivas protestas”, denuncian en el documento difundido a la víspera de la cumbre mundial.

Por si fuera poco, se destaca el creciente uso por los PDBs de fondos de capital privado mediante paraísos fiscales, con lo cual eluden la responsabilidad por las consecuencias negativas de sus inversiones, además de beneficiar a una pequeña élite financiera.

Para las organizaciones críticas a la cumbre de PDBs, dicha reunión es un espacio para las élites y representantes de las corporaciones para diseñar estrategias sobre cómo mantener circulando el flujo de dinero en un modelo alimentario y agrícola que conduce al trastorno climático, al aumento de la pobreza y al agravamiento de todas las formas de malnutrición.

“Muy pocos o ningún representante de las comunidades afectadas por las inversiones de los bancos de desarrollo, personas que están en la primera línea tratando de producir alimentos para sus comunidades, serán invitadas o escuchadas. Los PDBs no están interesados. Buscan financiar a los agronegocios, a los que producen materias primas para comercializar y a sistemas financieros para obtener ganancias más que producir alimentos para mejorar la nutrición”, denuncian.

Casos

Mujeres en resistencia contra la imposición de una megaplanta fotovoltaica, financiada por empresas y bancos noruegos en Choluteca, Honduras. Foto: Renata Bessi.

Como hemos documentado en Avispa Midia, existen múltiples casos de despojo, violencia y devastación ambiental, no limitados en el sector agroindustrial, donde los PDBs juegan un papel fundamental, algunos de los cuales enunciamos a continuación:

  • El caso del asesinato de Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien participó en la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Este proyecto fue financiado por el Fondo Finlandés de Cooperación Industrial (Finnfund) y el Banco Holandés del Desarrollo (FMO), acusados por el Copinh por “negligencia y corresponsabilidad” en el asesinato de Cáceres, así como por su colusión en actos de corrupción y la ausencia de control de sus inversiones.
  • En Nicaragua, los mismos bancos europeos, FMO y Finnfund financiaron MLR Forestal, compañía que administra plantaciones de cacao y teca, controlada por intereses de la minería de oro, responsable del desplazamiento de comunidades afrodescendientes e indígenas, así como señalada por degradación ambiental.
  • La expansión de plantaciones industriales de palma aceitera en África, a cargo de SOCFIN,  antigua compañía colonial europea de agronegocios. Con sede en Luxemburgo, SOCFIN posee más de 90 mil hectáreas de cultivo de palma y junto con SIAT de Bélgica, controla un cuarto de todas las grandes plantaciones en el continente africano. Éstas empresas han recibido numerosos préstamos por parte de PDBs aún a pesar de estar involucradas en en acaparamientos de tierras, escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
  • La imposición de una megaplanta fotovoltaica en Choluteca, Honduras, por parte de la empresa noruega Scatec Solar con financiamiento del banco de desarrollo Norfund del mismo país europeo. En 2016, comunidades organizadas levantaron un campamento permanente para evitar el ingreso de la maquinaria que devastaría varias hectáreas de árboles. La empresa respondió con la criminalización de once de los líderes comunitarios y para el año 2018, con apoyo del poder judicial hondureño, consiguió el desalojo del bloqueo comunitario.
  • El desplazamiento forzado de la comunidad de Laguna Larga, en el departamento del Petén, Guatemala, justificado con el discurso de la conservación de la naturaleza enarbolado bajo el proyecto Guatecarbon. Este esquema es financiado por un conglomerado de ONGs internacionales, empresas y entidades como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y el Banco Interamericano de Desarrollo para comercializar permisos de contaminación generados mediante la conservación de 700 mil hectáreas en la Reserva de la Biósfera Maya, donde están asentadas comunidades consideradas “ilegales”, pese a habitar la región antes de la creación del área natural protegida.

Imagen: Mujeres recorren monocultivos de palma de aceite en la costa de Chiapas, México. Foto: Aldo Santiago

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La disputa por el litio: nueva expresión del despojo y profundización del modelo extractivo minero

Compartimos esta nota de la Jornada del Campo sobre el modelo energético – A 16 de octubre del 202

El litio para nada es un recurso en el mundo que pueda sustituir la actual dependencia que tenemos hacia el petróleo, el carbón o el gas, por más aposicionamientos que escuchemos o leamos sobre las bondades de su abundancia, menos aún en México.

REMA-GEOCOMUNES-MININGWATCH inforema.mexico@gmail.com

Una nueva línea de progreso y desarrollo capitalista se encuentra en boga, esta vez se trata de “la transición energética” la cual, de acuerdo a un discurso mediatizado y cada vez más preponderante, atenderá y resolverá una parte significativa de todas las calamidades y destrucción que hemos realizado contra el planeta y los bienes naturales. El litio, junto a cerca de otros 35 metales que son y serán utilizados durante la transición energética, es uno de los nuevos insumos masivos presentes en la discusión política y económica bajo un contundente discurso de combate al calentamiento global.

Este proceso de transición energética corporativa promueve un cambio de insumos sin mover ni cuestionar el modelo de consumo actual, con el fin de proponer falsas soluciones tecnológicas que representan nuevos nichos de acumulación para capitales mineros, energéticos o automotrices. Esta propuesta no representa ningún cambio significativo con respecto a la relación inseparable que tenemos desde diferentes procesos vinculados con el modelo extractivo, en donde, sin duda alguna, el más destructivo es el modelo extractivo minero.

El litio para nada es un recurso en el mundo que pueda sustituir la actual dependencia que tenemos hacia el petróleo, el carbón o el gas, por más posicionamientos que escuchemos o leamos sobre las bondades de su abundancia, menos aún en México. Su promoción actualmente está empujada por la especulación, la creación de oferta y demanda, el alineamiento de grandes actores corporativos que ya se frotan las manos con la apertura de nuevos negocios con potencial crecimiento: carros eléctricos y energías renovables.

Esto no sólo está provocando una creciente especulación mercantil y comercial. Varios países, entre ellos México, experimentan una fuerte presión política y económica para facilitar la expansión de la extracción minera alrededor de la exploración de los pocos sitios en el mundo que tienen litio. Las empresas, incluidas las mineras, buscan ya la posesión de tierras, generan expectativas irreales, además de conflictos, y provocan violencia y desplazamiento en nombre de tecnologías que supuestamente se califican de verdes o justas.

En México existen actualmente 36 proyectos mineros de capital extranjero destinados a la extracción de litio que son controlados por 10 empresas. Estos proyectos representan 97 mil hectáreas concesionadas, además de 537 mil más que están en trámite. El 84% de las concesiones asociadas con la extracción del litio están actualmente en proceso, en consecuencia, es interesante preguntarnos ¿qué hará el gobierno mexicano actual con la presión extranjera si está decidido a no entregar nuevas concesiones mineras? El tema generó distintas posturas y propuestas como la posibilidad de una nacionalización del litio, de fomentar proyectos de Asociación Público Privada (APP) para su explotación o de realizar procesos estratégicos de alianzas tecnológicas y comerciales con Bolivia. Al margen de que ello ya sucede, es importante resaltar que ese país no ha sacado aún el primer kilogramo de litio al mercado.

Examinando de cerca la información disponible sobre dichos proyectos de litio y empresas en México, se observa que en su mayoría son proyectos mineros sin actividad que están controlados principalmente por pequeñas empresas canadienses al borde de la quiebra, que dependen del proceso de especulación para generar recursos en las bolsas de valores de Canadá. Existen solamente tres empresas realmente activas para avanzar sus proyectos de extracción. El más avanzado es el proyecto Sonora Lithium en ese estado, que acaba de ser adquirido al 100% por la empresa china Ganfeng, que controla actualmente la mitad de la producción de litio a nivel mundial. Y los proyectos en salares entre Zacatecas y San Luis Potosí, adquiridos por Advance Gold Coporation a la empresa Organimax, y el proyecto en Baja California de la empresa One World Lithium.

Sin embargo, y a pesar de la promoción especulativa de la producción de litio en México, existen presiones geopolíticas que nos obligan a considerar el posible futuro de México dentro del mercado de litio mundial. No hay duda de que el litio de México es de gran importancia para el futuro inmediato de los EEUU, así como para el mercado asiático, por lo tanto, no es casual que ello se vea reflejado en la imposición de ciertos términos en los nuevos acuerdos multilaterales firmados con EEUU, como es el caso del T-MEC. Las medidas impuestas por este tratado para incrementar el consumo regional de insumos esenciales para la industria automotriz ponen mayor presión sobre los yacimientos de este mineral en México y Canadá. En México existen actualmente 36 proyectos mineros de capital extranjero destinados a la extracción de litio que son controlados por 10 empresas. Estos proyectos representan 97 mil hectáreas concesionadas, además de 537 mil más que están en trámite.

El litio no representa un camino hacia la “transición energética”; por el contrario, es la continuación del uso de nuevos insumos ante el eventual agotamiento de otros. Por esa razón, las mismas estructuras coloniales y de acumulación de capital que la industria minera reproduce, mantendrán su vigencia y prevalencia. •

En México existen actualmente 36 proyectos mineros de capital extranjero destinados a la extracción de litio que son controlados por 10 empresas. Estos proyectos representan 97 mil hectáreas concesionadas, además de 537 mil más que están en trámite

Imagen: GeoComunes

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Chiapas Acción Urgente: Las 10 comunidades de Aldama, Chiapas, bajo fuego. Por lo menos 3 mil desplazados

Compartimos esta nota de Radio Zapatista sobre la violencia constante en comunidades de Aldama – A 3 de noviembre del 202

Según información de la comisión de comunicación de Aldama, Chiapas, las 10 comunidades que conforman el municipio (Xuxch’en, Coco’, Taba, San Pedro Cotzilnam, Yeton, Ch’ivit, Cabecera, Stzelejpotobtik, Juxton y Ch’ayomte’ de Aldama) se encuentran en este momento (20:00) bajo fuerte ataque armado por parte de grupos paramilitares de Santa Marta, municipio de San Pedro Chenalhó.

A esta hora, los habitantes de Ch’ayomte’, Juxton, Stzelejpotobtik, Ch’ivit, Yeton, en las orillas que están en San Pedro Cotzilnam, Tabac, Coco’ y una parte de Xuxch’en, ya abandonaron sus casas y se fueron a las montañas a refugiarse, sumando aproximadamente 3 mil personas.

Los ataques iniciaron a las 9:07 con disparos de alto calibre contra la comunidad de Xuch’en Aldama, desde el punto de ataque de Slumka’ en Saclum, Chenalhó. Para las 11:15, se había sumado el punto de ataque de Yaxaltik, ahora también contra la comunidad de Coco’, y poco después lanzaron una bomba contra esa comunidad.

A las 13:00, se suma el punto de ataque Chuch te’ 2, ahora también hacia la comunidad de Chi’vit Aldama, donde un taxi que transitaba por la Tijera Ch’ivit fue alcanzado. Afortunadamente, en el taxi sólo iba el conductor, que resultó ileso.  A as 14:00 se suma el punto de ataque K’ante’, también contra Chi’vit. En esta ocasión una moto que transitaba por la carretera fue alcanzada, afortunadamente sin daños para el conductor.

A las 15:00 la comunidad de Tabac Aldama también es atacada desde el punto de ataque de El Volcán, a los que se les suman a los pocos minutos los puntos de ataque de Telesecundaria y Tojtik, Santa Martha Chenalhó. Para las 17:45, las comunidades de Cabecera, Stzelejpotobtik y Juxton Aldama también estaban bajo fuego, desde los puntos de ataque de Chuch te’ 1 y 2, K’ante’, Panteón, Templo, Chalontik, Tijera Caridad y Puente, Santa Martha Chenalhó.

Una hora después, las 10 comunidades de Magdalena Aldama estaban bajo fuego. Los grupos armados estaban, y continúan hasta ahora, a todo lo largo del río, desde Yoc Ventana hasta Sector Santa Martha Chenaló. “Nos tienen rodeados”, advirtió la comisión de información de Aldama a las 17:15.

Cabe recordar que las comunidades de Aldama vienen siendo agredidas con armas de alto calibre constantemente desde hace cinco años, cuando siete familias fueron violentamente despojadas de 60 hectáreas en 2016, año en que se activa el grupo paramilitar que opera en Chenalhó. Las agresiones aumentaron dramáticamente en 2018, resultando en más de 2 mil desplazados. A lo largo del 2020 y 2021, los ataques armados se han incrementado aún más, afectando a 12 comunidades y más de 5 mil personas. Sólo en el mes de octubre de 2021 se reportaron 203 ataques armados hacia 9 comunidades.

Lee el Comunicado del Pueblo de Magdalena Aldama

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Examinan el papel de la Embajada Canadiense en el asesinato del líder mexicano Mariano Abarca

Compartimos este podcats producido por CDHAL y ALER sobre la próxima audiencia en Canadá sobre el caso de #JusticiaParaMariano – A 19 de octubre del 2021

El próximo 8 de noviembre, organizaciones mexicanas y canadienses acudirán a la Corte federal de apelaciones para intentar revertir la decisión de la Comisión para la Integridad de la Administración Pública de Canadá de no investigar el rol de la embajada canadiense en el asesinato del defensor Mariano Abarca en el 2009. Mariano Abarca lideró el movimiento de resistencia a la mina en Chicomuselo, Chiapas – México, de propiedad de la empresa minera canadiense Blackfire, así como el movimiento nacional la Red mexicana de personas afectadas por la minería (REMA).

“Mi papá no va regresar, pero pensamos que este proceso puede sentar un precedente importante para la lucha de otras comunidades quiénes corren peligro por estar luchando para proteger su medio ambiente y su salud frente a los enormes daños mineros”, son palabras de José Luis Abarca, hijo de Mariano Abarca.

Declaraciones del abogado José Luis Abarca, hijo del líder asesinado, miembro de la Red Mexicana de afectados por la Minería (REMA), y director de la Fundación Ambiental Mariano Abarca; Jennifer Moore, investigadora asociada del Programa de Economía Global del Instituto de Estudios Políticos; Gustavo Castro, de la organización Otros Mundos Chiapas; Libertad Díaz y Miguel Ángel Mijangos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Algunos de los testimonios de esta producción radial fueron obtenidos en el marco del evento ¿Qué nos dice el asesinato del activista Mariano Abarca-México sobre rendición de cuentas en Canadá?, organizado por Miningwatch, la REMA, Otros Mundos Chiapas y otras organizaciones de la sociedad civil de Canadá.

Producción: Christina Ayala, del Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL); María Cianci Bastidas, Coordinación General ALER

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Nuevo informe expone los Paraísos Industriales e Infiernos Ambientales en México

Compartimos este informe de diferentes organizaciones y colectivos – A Octubre 2021

Este informe integra los principales resultados de la “Caravana sobre los impactos sociales y ambientales de las empresas transnacionales y el libre comercio en México” (#ToxiTourMexico), que tuvo lugar en diciembre de 2019, con la participación de cerca de cincuenta organizaciones de afectadas/os en México, además de integrantes del Parlamento Europeo, del Parlamento Vasco, del Senado de Minnesota, y científicas/os y observadoras/es de organizaciones de Alemania, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Catalunya, México, el País Vasco y los Países Bajos. La elaboración del informe contó también con la contribución de algunos miembros de la Red [5]_Europea de Observatorios de Empresas transnacionales (ENCO). [5]

Acerca del informe

El informe examina cómo en los últimos 30 años, México se ha convertido en uno de los principales paraísos industriales a nivel planetario, es decir, uno de los laboratorios más avanzados para el libre comercio y la desregulación. Arguyendo la necesidad de atraer inversiones a toda costa para generar “desarrollo” y empleo, en el marco de acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del norte (TLCAN) o el Acuerdo entre la Unión Europea y México (TLCUEM), se ha profundizado y sofisticado un proceso de desvío de poder. Así, se ha impuesto un régimen en el cual la ley ha permitido la autorregulación ambiental, social y laboral por parte de las empresas transnacionales (ETNs). Gran parte del territorio mexicano ha sido sometido a una dinámica de densos corredores industriales interconectados entre sí, donde han proliferado industrias de alto riesgo, actividades agroindustriales extensivas y operaciones extractivas. Estas áreas coinciden con espacios urbanizados, sin que haya un seguimiento de los impactos sobre la salud de las poblaciones locales, convirtiéndose en lo que V. M.  Toledo, ex – secretario de Medio Ambiente de México denominó “infiernos ambientales”.

Las/os observadora/es internacionales pudieron constatar _in situ_ una pequeña proporción de la auténtica devastación socioambiental generada por el neoliberalismo en este país. Resultó evidente hasta qué punto, los territorios más industrializados se caracterizan por una contaminación sistemática del aire, el agua y del suelo, aunada a procesos de urbanización salvaje y a la proliferación de basureros y espacios de disposición de desechos altamente tóxicos. Esta dinámica no solo ha provocado una situación de emergencia sanitaria y ambiental, en la cual son abrumadoras las cifras de personas que mueren por enfermedades probablemente vinculadas con las operaciones de las empresas en diferentes sectores. Además, la Caravana constató que para las poblaciones locales, la instauración de los corredores industriales ha tenido lugar en el marco de un violento despojo de su territorio, privándolas de sus medios de subsistencia económica, social y cultural, destruyendo su salud, a la vez que sus tejidos comunitarios.

En la cuenca del río Santiago, grandes zonas industriales manufactureras, urbanas y agropecuarias se articulan en los dos corredores industriales más grandes del país: Toluca-Lerma con más de 1.000 empresas manufactureras, y Ocotlán-El Salto con alrededor de 700 empresas, esencialmente industria metalmecánica y metalurgia, química-farmacéutica, electrónica, automotriz, alimentos y bebidas. La población directamente expuesta a la contaminación ambiental se eleva a más de medio millón de personas, un tercio de los habitantes de los márgenes del lago de Chapala y del río Santiago. Estudios científicos sobre la calidad del agua han demostrado la presencia de 1.090 contaminantes en el río, y el incumplimiento de la laxa normas de descargas por hasta el 94% de las industrias. Una investigación sobre la salud de la población infantil dada a conocer durante la Caravana demostró entre otros, que en Juanacatlán, el 40% de las/os niñas/os tenían arsénico en sus cuerpos, y el 93% tenían plomo. En la localidad de El Salto, el 98% de los niños tenían cadmio. Entre las empresas transnacionales que operan en esta cuenca, se ubican, por ejemplo: las alemanas Continental, Siemens, ZF, Voit; la suiza Nestlé; y las holandesas DSM y Nutreco.

En la cuenca de la Independencia (estado de Guanajuato), las organizaciones expusieron los impactos padecidos por medio millón de personas, y generados por la agroindustria de exportación destinada al mercado estadounidense. La explotación excesiva del acuífero ha tenido por consecuencia que el agua extraída desde hace más de treinta años contenga fluoruro, arsénico, sodio, manganeso y otros minerales en concentraciones nocivas para la salud humana. En esta entidad federativa, los municipios donde estos elementos tienen mayor presencia, son aquellos donde se ubican las incidencias más altas de enfermedad renal crónica (ERC), trasplante renal y fluorosis dental. Además, en el corredor establecido entre Celaya y León, han tenido lugar accidentes industriales importantes, uno de los cuales provocó la intoxicación de hasta 6.000 personas. En la ciudad de Guanajuato, las organizaciones locales denunciaron también ante la Caravana daños para la salud y el ambiente, provocados durante las campañas sanitarias frente contra el dengue, donde la población se encuentra expuesta a plaguicidas clasificados por PAN Internacional como altamente peligrosos.

En la cuenca del río Tula en el Sur del Valle del Mezquital, la Caravana constató el solapamiento de los impactos generados por el núcleo duro de la industria cementera a nivel nacional, industrias extractivas, parques industriales, una gran refinería, una planta termoeléctrica, así como aguas residuales industriales y urbanas que se descargan en el río Salado y el río Tula, posteriormente usadas para la producción agrícola. En total, se estima que el número de personas afectadas es de un millón. Entre los principales daños a su salud, reportaron: manifestaciones agudas de cefalea, náusea, vómito, irritación faríngea y conjuntival, dolores abdominales, dificultad respiratoria y pérdida de conocimiento. También se registran allí leucemias, diferentes tipos de cáncer con afectación a todos los órganos, malformaciones congénitas, disrupción endocrina, alternaciones inmunológicas, insuficiencia renal, y enfermedades respiratorias. En esta región opera la franco-suiza LafargeHolcim, entre otras.

En la cuenca del Atoyac-Zahuapan se entrelazan antiguos y nuevos corredores industriales, donde operan 20.400 empresas. Ante las denuncias presentadas desde 2011 por las organizaciones locales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una Recomendación (10/2017) donde concluía que las principales causas de la contaminación eran: la descarga de aguas residuales municipales e industriales sin previo tratamiento; la mala disposición y recolección de los residuos sólidos; y la creciente expansión demográfica e industrialización desordenada de la región. A partir de las cifras oficiales, se ha contabilizado que entre 2002 y 2016 fallecieron 26.477 personas de cáncer y 4.379 de insuficiencia renal, además de que se produjeron 906 abortos espontáneos. La tasa de mortalidad debida al cáncer en el conjunto de la cuenca es de 13,5 veces el promedio nacional. En promedio, entre 2015 y 2019, cada dos horas y media falleció una persona por enfermedades probablemente vinculadas con la contaminación ambiental. La CNDH identificó en la región una alta incidencia de: enfermedades diarreicas, hidroarsenicismo crónico endémico, daño genético y predisposición a desarrollar cáncer relacionada con la exposición a dioxinas y furanos, con potencial genotóxico. Estableció también una relación entre la exposición a Compuestos Orgánicos Volátiles y la presencia de leucemia mieloide. En esta región se ubican plantas de Volskswagen, Bayer, y BASF, entre otras.

En la cuenca Libres-Oriental, donde los recursos hídricos se caracterizan por la escasez, confluyen megagranjas porcícolas de la empresa estadounidense Granjas Carroll, invernaderos de Driscoll’s que produce verduras y frutas destinadas a la exportación, parques de celdas fotovoltáicas de la empresa Iberdrola, y una planta automotriz de Audi, que opera como una extensión de la fábrica de Volkswagen en Puebla. Dichas industrias consumen grandes cantidades de agua del acuífero, pero además utilizan cañones anti-granizo para inhibir la lluvia y proteger su producción, afectando gravemente a la agricultura campesina local. También se denunciaron en esta región procesos contaminantes asociados a la industria.

El Istmo de Tehuantepec Norte, última región recorrida por la Caravana, se caracteriza por albergar el Corredor Industrial – Uxpanapa y uno de los polos de la industria química y petroquímica más antiguos e importantes de América Latina. Las organizaciones de afectadas/os reportaron la contaminación atmosférica y de los cuerpos de agua, producida tanto durante las operaciones regulares de las empresas, como cuando se producen accidentes y situaciones de emergencias químicas. Se evidenciaron asimismo ante las/os observadoras/es internacionales las consecuencias para la salud humana y el medio ambiente del almacenamiento de coque a cielo abierto por la empresa de origen catalán García Munté Energía (GME – ADN Energía).

A pesar de tener conocimiento de los padecimientos de la población en estos infiernos ambientales, hasta ahora, los sucesivos gobiernos mexicanos, a nivel municipal, estatal y federal, no solo no han actuado, sino que además han invisibilizado los efectos ambientales, laborales y sociales, ignorando las demandas y reivindicaciones de la/os afectadas/os. Han operado como muro de contención del descontento social, mediante políticas de criminalización y  represión, sin prevenir la siembra de terror en las organizaciones sociales por diversos grupos criminales. Asimismo, han facilitado la implementación de nuevos proyectos industriales y de megainfraestructuras que no hacen sino aumentar los riesgos para la población local.

Es importante mencionar también a los gobiernos de los países europeos y de Estados Unidos, donde tienen sede gran parte de las empresas transnacionales que operan en los paraísos industriales mexicanos. Estos gobiernos brindan apoyo, con fondos públicos, a la internacionalización de las empresas a través de seguros, créditos y soporte técnico, sin ningún control ni garantía de respeto del medio ambiente y los derechos humanos. No asumen ninguna responsabilidad ante los conflictos socioambientales generados, pero presionan para la firma de tratados de libre comercio y de protección de las inversiones. Tal es el caso de la renegociación del acuerdo entre la Unión Europea y México [6], gracias al cual, México sería el primer país latinoamericano en firmar un acuerdo de protección de las inversiones con la Unión Europea como bloque. De ser aprobado este acuerdo, blindaría aún más el poder de las empresas y podría obstaculizar la implementación de políticas comprometidas con los derechos humanos en México.

Las recomendaciones del informe se dirigen a gobiernos y parlamentos, tanto en México como en los Estados Unidos y Europa, puesto que las ETN estadounidenses y europeas se destacan en prácticamente todos los infiernos ambientales visitados por la Caravana. En la elaboración de este informe se contó con la participación de las organizaciones de afectadas/os, las/os observadoras/es internacionales, miembros de la “Campaña Global para reivindicar la soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad [7]”, de la Red Europea de Observatorios de Transnacionales (ENCO), [8] y otras/os investigadoras/es independientes. En su conjunto, se evidencia la necesidad urgente de contar con normas vinculantes, en particular en el proceso de negociación del Tratado Vinculante de las Naciones Unidas sobre empresas transnacionales en materia de derechos humanos [9].

El informe constituye también una herramienta de movilización de la sociedad civil frente al régimen de comercio e inversiones. Por ejemplo, la renegociación del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y México extenderá aún más el poder corporativo y podría obstaculizar la implementación de políticas comprometidas con los derechos humanos en México.

Video: Un grito por la vida

Les compartimos este video de un bello poema que surgió en el marco del Encuentro Mesoamericano contra la Palma de Aceite realizado los días 5 y 6 de octubre en el Centro Alter Natos en San Cristóbal de Las Casas, con participación de diferentes países de América Latina.

Un grito por la vida

Te ofrecieron un futuro falso Una economía que no existe ,té ilusionaron con una vida mejor , te hicieron creer que tener un bosque lleno de vida y oxigeno era malo , te vendieron un cuento que sólo existe en la mente maligna de ellos , no te diste cuenta y entregaste todo cambio de un futuro que no existe, te mintieron , te destruyeron poco a poco .

Ha pasado el tiempo y hoy los que crecimos en tu error nos dimos cuenta de lo hiciste, de ese futuro que te vendieron que yo no vi y no existe.

Te reprocho , pero no te culpo , por eso te digo , yo , nosotras y todas vamos a luchar por destruir este sistema así como ellos lo hicieron con ustedes Vamos a recuperar lo que nos pertenece.

Esos bosques que nos quitaron volverán hacer de nosotras , volveremos a ver esos cultivos que nos llenan de vida, volveremos a ver esa mujeres llenas de valentía y fuertes , dandole vida a nuestras comunidades , la bella sonrisa de los y las niñas sin ser esclavos de nadie siendo libres.

Diciendo No Ala palma aceitera ,No ala violencia ,No a quitarnos la vida , y no por medio de una bala , sino quitándonos nuestras tierras y territorios, así también nos matan. Por qué esto no es forestación , si no des forestación , por qué esto no es trabajo. Es esclavitud eso no es vida. Es muerte

Hoy alzamos la voz unidas y en ponderadas y decimos vasta ya

Escrito por Flor iveth Contreras Ulloa

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Lanzamiento de la campaña #YoPrefieroAguaYSalud

Boletín Prensa de la conferencia para presentar la campaña #YoPrefieroAguaYSalud – 20 de septiembre del 2021 >>Descargar boletín en pdf<<

México es el lugar donde más bebidas azucaradas se consumen en todo el mundo, el promedio mundial de consumo de refresco diario es de 25 litros, mientras que en México es de 150 litros. Chiapas es el mayor consumidor bebidas embotelladas y azucaradas en todo el país, se beben en promedio 821 litros por persona.

El alto consumo de bebidas azucaradas impacta a la salud provocando ataques cardiacos, accidentes cerebrovasculares, cáncer, demencia, diabetes, desnutrición, entre otras. Durante los primeros meses de la pandemia por la covid-19 en el año 2020 se despertó aún más la preocupación ya que la mayoría de los más de 50.000 fallecidos tenía diabetes, hipertensión u obesidad (o varias de ellas). Según la Secretaria de Salud el 43.90% de las personas fallecidas padecían hipertensión, el 37.94% diabetes y el 24.55% obesidad, estas cormobilidades desarrolladas por  malos hábitos alimenticios entre ellos el excesivo consumo de bebidas azucaradas.

Desde hace tiempo, organizaciones civiles y colectivos hemos visto con mucha preocupación el consumo excesivo de bebidas azucaradas entre la población desde edades muy tempranas, sobre todo en Chiapas. En diferentes espacios hemos reflexionando sobre los impactos negativos de esta práctica, no sólo en la salud de nuestro cuerpo, también en la economía, en las culturas de los pueblos, en el medio ambiente, y, particularmente en el agua de nuestros territorios.

Es sabido que la planta de Coca Cola FEMSA en San Cristóbal de Las Casas extrae diariamente 1.3 millones de litros de agua, mientras colonias aledañas señalan que no tiene agua potable por periodos prolongados.

A raíz de esta preocupación, sociedad civil, organizaciones y movimientos sociales nos hemos organizamos y articulado para impulsar la campaña #YoPrefieroAguaYSalud, que busca visibilizar los impactos de las bebidas azucaradas a nuestra salud, territorio y agua. Así ayudar a construir soluciones desde y para la ciudadanía.

Somos un colectivo conformado por personas, organizaciones y movimientos sociales, interesadas e interesados por el bienestar de las y los habitantes de San Cristóbal de Las Casas, nuestro objetivo es promover la disminución del consumo de bebidas azucaradas y embotelladas, y a alentar a la población en el cuidado de la salud de su cuerpo, así como la salud de nuestro territorio y de nuestra agua.

Algunos de los impactos negativos que podemos observar son:

Daño hídrico – Sobre explotación y acaparamiento. Según datos del Registro Público de Derechos de Agua (Repda) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Grupo FEMSA explota 21.9 hm³/año de agua para producir bebidas azucaradas como Coca Cola. Si sumamos los demás usuarios que forman parte de la familia Coca Cola (Embotelladora del Nayar, Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío, Bebidas Refrescantes de Nogales, Propimex e Inmuebles del Golfo), el volumen concesionado es de 39.4 hm³/año, esto es, 39 millones 400 mil m3.

En el acuífero de San Cristóbal tiene dos concesiones que le permiten extraer medio millón de metros cúbicos, el equivalente a 500 millones de litros al año hasta el 2034.

Daño ambiental – Producción de basura. Los envases de estas bebidas los podemos encontrar por todos lados, de las 280 toneladas diarias de basura que se recogen en la ciudad, 19 toneladas son botellas plásticas de refrescos (tereftalato de polietileno PET), las cuales tardan entre 100 a 1000 años en degradarse.

Daño a la salud de nuestros cuerpos. Es bien sabido por estudios de diversos institutos de investigación importantes en el mundo, que estas bebidas generan enfermedades como sobrepeso, obesidad, diabetes, cálculos renales, asma, descalcificación, anemia, depresión, mala digestión, caries y hasta Alzheimer,  debido a las grandes cantidades de azúcar y químicos que contienen. 

México se encuentra en sexto lugar a nivel mundial en número de personas con diabetes y el segundo en obesidad. Chiapas ocupa el primer lugar a nivel nacional en muertes por complicaciones de diabetes.

De acuerdo al reporte del segundo trimestre 2021 del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria de Diabetes Mellitus tipo 2 de la Secretaría de Salud a nivel nacional se registraron 9 636 casos y en el estado de Chiapas 603 casos con esta enfermedad.

Daño económico. En este aspecto, podemos mencionar la desproporción de lo que aporta económicamente esta industria a México y a Chiapas, si se compara con lo que le cuesta al Estado (gasto público) para atender a enfermos de diabetes.

La atención médica de un diabético cuesta alrededor de $24,000 y $90,000 pesos al año. (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición).

El IMSS asegura que de no seguir un plan de prevención, para el año 2050 la institución necesitará $340,000 millones de pesos de presupuesto para atender dicha problemática.

Ahora, el cuestionamiento es ¿cuánto pagan las empresas refresqueras por derechos de agua y de impuestos a la Nación y particularmente en San Cristóbal? Según datos de la empresa FEMSA en una de sus páginas de internet, en México tienen un mercado que llega a más de 75 millones de personas, casi el 60% de la población mexicana consume esta bebida, obteniendo en 2019 una ganancia neta por ventas de $504,059 millones de pesos. Sus ganancias netas son millonarias, para nosotr@s deja enfermedad, despojo de agua, montones de basura, nuevos patrones culturales y prácticas de consumo dependientes y adictivas.

Por todo lo anterior, la campaña #YoPrefieroAguaYSalud busca visibilizar los impactos de las bebidas azucaradas a nuestra salud, economía, cultura, ambiente y agua; con esto ayudar a construir soluciones desde y para la ciudadanía.

#YoPrefieroAguaYSalud #ChiapasTomaloTuAgua #NoAlAzúcarSiALaVida

Firman:

CEPAZ

Colectivo Alternativas

Otros Mundos A.C.

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