Compartimos esta petición de Salva la Selva sobre la violencia a hacia defensoras y defensores en Ecuador- A 17 de abril de 2026
El estado de Ecuador está actuando de forma extremadamente agresiva contra organizaciones, asociaciones indígenas y ciudadanos particulares que defienden la naturaleza y los derechos humanos: les persigue judicial y económicamente, criminalizando y congelando las cuentas bancarias de algunos activistas, con el claro objetivo de intimidar, difamar, silenciar y arruinarlos económicamente.
Nos dirigimos al gobierno para mostrar que estamos observando sus acciones injustas y desproporcionadas, pedir que frenen ya esta tendencia y respeten la democracia, la ley y a las defensoras y defensores de la naturaleza.
Cada firma suma y es una gran ayuda para mostrar la atención que reciben.
Es una nueva tendencia al alza con graves consecuencias para organizaciones y personas afectadas que, p. ej., no pueden pagar salarios ni hacer frente a facturas de alimentos o visitas al médico, deben interrumpir proyectos y actividades en curso. Muchas de ellas se enfrentan además a una posible persecución penal. En caso de condena por presunto terrorismo, enfrentan penas de hasta 25 años de prisión.
Abogados expertos en derechos humanos ven clara persecución política y critican la falta de transparencia. No se ajusta a leyes ni a procedimientos establecidos.
Además, una congelación preventiva de fondos solo puede llevarse a cabo si se dispone de información objetiva y verificable que apunte a transacciones sospechosas; se debe limitar a cantidades concretas y no a cuentas bancarias totales. Por otra parte, su vigencia máxima sería de ocho días tras los que un juez especializado en corrupción y delincuencia organizada debería confirmar, modificar o revocar la medida.
Tras esta persecución organizada por el Estado se ve la política de gobierno del presidente Noboa, quien pretende llenar las arcas del Estado y la economía expoliando sin freno los recursos naturales. En octubre de 2025, se promulgó un decreto que prohíbe a las organizaciones ecologistas «participar directa o indirectamente en actividades destinadas a obstaculizar o perturbar proyectos mineros legalmente autorizados».
Cualquier persona que se pronuncie en contra de la extracción de petróleo, la minería o el saqueo de la naturaleza está bajo esta amenaza. Se conocen al menos 71 casos en el país, aunque el número total de personas criminalizadas podría ser mucho mayor.
En este momento, dos activistas de nuestra organización aliada YASunidos han sido condenados a pagar una multa equivalente a 15000 euros(quince mil) por una supuesta irregularidad en una declaración de fondos de campaña. Se trata de una diferencia contable de 39 céntimos. Llevan trece años luchando por el fin de la extracción de petróleo en el Parque Nacional Yasuní.
Comité sobre fracking: ¿deliberación seria o simulación?
Ciudad de México, 13 de abril de 2026
● Un comité cerrado, tecnocrático y sin posibilidad real de concluir que el Estado mexicano debe prohibir el fracking, sería una simulación para legitimar una decisión ya tomada. ● La discusión no puede reducirse a cómo extraer más gas ni a qué tecnología usar para hacerlo. ● El fracking no es un asunto meramente técnico, es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos. ● No se trata de buscar nuevas coartadas técnicas para prolongar la dependencia fósil de México, sino de asumir decisiones para dejar atrás los combustibles fósiles. ● Si el gobierno pretende presentar este comité como un espacio serio de investigación, análisis y deliberación, en esa mesa también deben pesar el principio precautorio y los antecedentes internacionales de prohibiciones y moratorias del fracking, no solo las promesas tecnológicas de la industria y del sector energético.
Tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de abrir la puerta al gas no convencional,y conformar un comité “técnico-científico” para evaluar el uso de fracking, la discusión pública no puede quedar atrapada en los términos que el propio gobierno pretende imponer. El problema no es solamente quién integrará ese comité. El problema de fondo es si el gobierno busca realmente deliberar sobre el futuro energético del país o si solo pretende vestir de ciencia una decisión fósil ya encaminada.
El gobierno ha intentado presentar esta ruta como una discusión técnica sobre soberanía energética, producción de gas y nuevas tecnologías. Ese encuadre es inaceptable. El fracking no es un asunto meramente técnico, es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos. Afecta agua, salud, alimentación, comunidades, trabajadores, ecosistemas, formas de vida y viola obligaciones internacionales y constitucionales irrenunciables del Estado mexicano de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y también de prevenir sus violaciones. Presentarlo como una discusión de especialistas, aislada de sus consecuencias sociales y ambientales, es una forma de despolitizar una decisión que jamás ha sido neutral.
Tampoco puede asumirse sin discusión la premisa de que México necesita más gas y que, a partir de ahí, solo queda decidir cómo producirlo. Esa premisa debe ser cuestionada. Convertir la dependencia actual en una apuesta por más extracción fósil, más infraestructura gasífera y más sacrificio territorial no es soberanía energética. Es profundizar el mismo modelo fósil que ha contaminado territorios, comprometido fuentes de agua, impuesto riesgos a comunidades enteras y retrasado una transición energética real y justa. No se trata de buscar nuevas coartadas técnicas para prolongar la dependencia fósil de México, sino de asumir decisiones para dejarla atrás; volver a poner sobre la mesa el fracking contradice abiertamente el compromiso de no permitir esta técnica en el país.
La Alianza Mexicana Contra el Fracking reitera su postura: el fracking debe prohibirse, no regularse o gestionarse. No hay “fracking sustentable”, ni “fracking responsable”, ni maquillaje tecnológico que borre dos décadas de evidencia científica sobre sus impactos ambientales, sociales y sanitarios.1 Lo que México necesita no es una nueva vía para profundizar su dependencia a los combustibles fósiles, sino una ruta para salir de ella.
Si el gobierno insiste en anunciar un comité el próximo miércoles, ese comité sólo podría tener credibilidad pública si cumple condiciones elementales que distingan una deliberación real de una simulación.
● Primero, su mandato no puede estar sesgado de origen. Si el comité nace para buscar cómo explotar gas no convencional “mejor”, “con menos agua” o “con nuevas tecnologías”, entonces no estará evaluando si México debe o no abrir esta ruta, sino refinando la forma de implementarla. Esa sería una simulación desde el diseño. ● Segundo, el comité debe tener la posibilidad real de concluir públicamente que el Estado mexicano debe prohibir el fracking. Si esa conclusión no es posible desde el inicio, entonces no se tratará de un espacio de evaluación, sino de un mecanismo para legitimar una decisión ya tomada. ● Tercero, la integración, los criterios de selección, la metodología, los documentos de trabajo, los conflictos de interés, los insumos y las deliberaciones del comité deben ser públicos. Si el gobierno habla de apertura a la sociedad, debe demostrarlo con total transparencia, no con opacidad ni designaciones discrecionales. ● Cuarto, no puede tratarse de un grupo de élite científica con visión tecnocrática. El fracking no afecta solamente indicadores energéticos o balances de producción. Afecta territorios y pueblos concretos, convirtiéndolos en zonas de sacrificio para sostener el modelo fósil. Por ello, y haciendo eco de la Opinión Consultiva 32/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe incluir al conocimiento indígena como parte de la mejor ciencia disponible. Además, cualquier exclusión de comunidades potencialmente afectadas, de voces independientes en salud pública, clima, agua, derechos humanos y defensa territorial, confirmaría que no se busca escuchar a la sociedad, sino neutralizarla. ● Quinto, si el gobierno pretende presentar este comité como un espacio serio de deliberación, en esa mesa también deben pesar los principios precautorio, pro aqua, interculturalidad, así como considerar los antecedentes internacionales de moratoria y prohibición del fracking, no solo las promesas tecnológicas de la industria y del sector energético. Un comité que nazca para discutir cómo habilitar el fracking, pero no para considerar seriamente su prohibición, estaría viciado desde el origen.
Estas condiciones no implican reconocer el comité como una vía legítima para normalizar o regular el fracking. Sirven, precisamente, para exhibir si el gobierno pretende abrir una deliberación real o montar una simulación para legitimarlo.
La prueba del miércoles será simple. Si el gobierno presenta un comité cerrado, opaco, tecnocrático, sin independencia y sin posibilidad real de recomendar la prohibición del fracking en México, no estará abriendo una deliberación pública sería. Estará montando una simulación para legitimar una decisión ya tomada.
La diferencia será clara: un comité con posibilidad real de recomendar la prohibición del fracking en México, o una simulación diseñada para legitimar un giro político que contradice el compromiso de la 4T de no permitir el fracking en el país.
¡No al fracking, ni aquí ni allá, ni hoy ni nunca!
Contacto de prensa: Manuel Llano: 55 4388 4067 Alejandra Jiménez: 784117 6209
Solidaridad Internacionalista con las/os migrantes en Estados Unidos
Basta de odio, xenofobia y asesinatos a manos del estado: buscar una vida mejor en un mundo inestable no es un crimen
Amigos de la Tierra Internacional (ATI) se solidariza con las comunidades migrantes que se encuentran en la primera línea de la violencia por motivos raciales a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, también por sus siglas en inglés), y con quienes luchan contra la militarización de las fronteras en todo el mundo.
La violencia contra las comunidades migrantes, incluyendo los ataques intencionados contra migrantes negras/os, la discriminación racial contra personas latinas e indígenas, los ataques contra niñas/os, la negligencia médica que ha provocado 38 muertes conocidas bajo custodia del ICE desde 2025, así como los recientes asesinatos de Keith Porter Jr., Silverio Villegas González, Renee Nicole Good y Alex Jeffrey Pretti, son nuevas evidencias del desprecio por la vida humana y el debido proceso que el ICE, la CBP y el DHS tienen desde hace mucho tiempo.12
En este momento de tragedia y movilización, ATI reafirma que:
El militarismo policial y la vigilancia fronteriza perpetúan el racismo y refuerzan la xenofobia. Las personas negras y racializadas se ven afectadas de manera desproporcionada por la violencia estatal a manos de la policía, las fuerzas fronterizas y otras instituciones. La industria fronteriza y de vigilancia separa a las familias, erosiona los derechos humanos y promueve la xenofobia en todo el mundo.
La protesta pública es una poderosa expresión de solidaridad y un derecho protegido. La organización comunitaria, la ayuda mutua y las expresiones de disidencia son formas fundamentales de cuidado que nos recuerdan las formas en que estamos conectadas/os. La represión estatal a manos del ICE, la CBP y el DHS es inconstitucional e inhumana, ya que las/os migrantes, las/os desplazadas/os y quienes las/os apoyan siguen enfrentándose a secuestros, violencia creciente y ataques de odio.
El trato justo y digno de las/os migrantes está protegido por la Constitución de los Estados Unidos y la Convención de Ginebra. El ICE, la CBP y el DHS están utilizando perfilamientos raciales y métodos violentos para detener a las personas, aplicando formas crueles de detención arbitraria y castigo colectivo, y traumatizando a las comunidades en el proceso. Durante la detención, se violan los derechos humanos básicos de las/os inmigrantes. Han habido docenas de informes que indican que las/os detenidas/os carecen de acceso adecuado al agua, los alimentos, los medicamentos y las instalaciones sanitarias.34
La migración es una forma de adaptación al clima. La movilidad en respuesta a las condiciones cambiantes es uno de los ritmos más naturales de la humanidad. Todas las personas deberían tener el derecho a quedarse y el derecho a desplazarse ante el colapso climático. A medida que las personas se trasladan ante la incertidumbre ambiental, política o económica provocada por la intervención de potencias imperiales como Estados Unidos y las empresas transnacionales cuyas operaciones facilita Estados Unidos en todo el mundo, los gobiernos son responsables de crear y garantizar vías de migración seguras y dignas, al tiempo que ponen fin a las intervenciones que crean estas condiciones de incertidumbre.
La administración Trump debe poner fin de inmediato a estas acciones y políticas atroces que deshumanizan y oprimen a las poblaciones migrantes.
ATI y AT Estados Unidos se oponen firmemente a la militarización de las fronteras y a la represión y la violencia que están llevando a cabo los agentes gubernamentales, facilitadas por la codicia corporativa y la privatización de las prisiones en Estados Unidos y en todo el mundo. Apoyamos completamente las protestas públicas pacíficas y la disidencia en solidaridad con las/os migrantes y los pueblos desplazados, y pedimos la abolición del ICE.
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por defender el Río Atenco en Zacatecas – A 6 de abril del 2026
El pasado 03 de marzo del presente, la Secretaría de Finanzas del estado de Zacatecas, actual promovente del proyecto de la Presa Milpillas, entregó información adicional con respecto a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que fue solicitada por parte de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT. Asimismo, la SEMARNAT anunció la etapa de consulta pública del proyecto, que está vigente desde el 25 de marzo y hasta el próximo 23 de abril, de acuerdo con la Gaceta Ecológica (Publicación No. DGIRA/0014/26). Con base en la revisión de la actualización de la MIA, el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, reafirma la inviabilidad, contradicciones y posibles afectaciones socioecológicas del proyecto, que persisten y que compartimos a través de este comunicado.
Es importante aclarar que esta consulta pública es la apertura del expediente del proyecto al público interesado para hacer las observaciones y referencias pertinentes sobre el mismo, tal y como lo señalan la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 34, así como en los artículos 4, 40 y 41 de su Reglamento; normativa que, dicho sea de paso, en ningún momento define como facultad de la SEMARNAT realizar encuestas, consultas ciudadanas u otros procesos electivos en cualquiera de sus modalidades: votación con urnas, nominales, a mano alzada o algún otro método.
De acuerdo con los datos actualizados de la MIA, el escurrimiento promedio anual del río Atenco (o Milpillas, como lo llaman los funcionarios del gobierno), no es suficiente para operar la presa. En el mejor de los casos, sólo permitiría que ésta operara a aproximadamente la mitad de su capacidad, con lo cual no se alcanzaría a cubrir el déficit de los acuíferos de la región centro del estado, ni siquiera la demanda actual de agua en la Zona Conurbada de Zacatecas y Guadalupe (ZCZG). Esto quiere decir que a pesar de que la MIA fue modificada por el promovente, el proyecto no se sostiene técnicamente, y las afectaciones sociales, ecológicas y culturales podrían profundizarse en los territorios afectados.
Los datos son los siguientes:
En la información adicional solicitada, se reitera, al igual que en las MIAs anteriores, que la presa está diseñada para desviar 1,300 l/s del embalse a la región centro de Zacatecas, lo que equivale a 41 Mm³/año.
En la sección “Cálculo del volumen de escurrimiento medio anual (CP)”, se explica el método mediante el cual se estima el escurrimiento medio anual del río Milpillas, llegando a una cifra de 28.405 Mm³/año. Por escurrimiento medio anual se entiende el flujo o caudal promedio del río en los 365 días del año, calculado a partir de determinado número de registros diarios por varios años.
Posteriormente, se afirma que el escurrimiento promedio anual del río Milpillas es de 32.274 Mm³/año, cifra que se da sin presentar el método que la sustente, lo cual contradice la anterior (28.405 Mm³/año), imposibilitando así el traslado de 41 Mm3/año.
A partir de esta cifra sin sustento, se asigna un caudal ecológico de 11.545 Mm³/año. El caudal ecológico se refiere al flujo de agua necesaria para sostener los ecosistemas río abajo de la cortina. A propósito de esto, un caudal ecológico de 11.545 Mm3/año no es necesariamente suficiente para sostener las poblaciones humanas y sistemas de producción agrícola de escala pequeña río abajo de donde se pretende construir la presa Milpillas. La MIA todavía no incluye un estudio serio al respecto.
Con base en los datos señalados, se puede afirmar que, aun considerando la cifra más alta —y no justificada— de 32.274 Mm³/año, no hay suficiente agua para operar la presa Milpillas según su diseño. Si además se respeta el caudal ecológico propuesto (11.545 Mm³/año), entonces el volumen disponible de agua que se prevé desviar sería de aproximadamente 20.729 Mm³/año, lo que implicaría operar la presa a cerca de la mitad de su capacidad.
En este sentido, los mismos datos de la MIA actualizada por el promovente confirman que los 20.729 Mm³/año de agua que podría desviar la presa Milpillas —y esto es en el mejor de los escenarios— no podrían revertir la sobreexplotación de los acuíferos en la región centro del estado, pues se necesitarían alrededor de 13 presas como Milpillas para cubrir el déficit conjunto de 262.5 Mm3/año. Asimismo, dicha cantidad sería insuficiente para satisfacer la demanda de agua en la ZCZG, la cual se estima en 27.4 Mm3/año según datos de JIAPAZ, y mucho menos si se incluye a Fresnillo y otros centros urbanos.
Estos datos que se desprenden de la apertura de la MIA para su análisis y observaciones permiten confirmar que el proyecto de la presa Milpillas no representa una solución a la escasez de agua de la ZCZG, ni tampoco permitirá aliviar a largo plazo el estrés hídrico que padecen los mantos acuíferos sobreexplotados por Grupo Modelo, las minas y los grandes productores del sector agroindustrial. Para esto, basta un ejemplo: los 20.729 Mm³/año de agua que podría desviar la presa es una cantidad menor a la de los casi 35 Mm3/año, concesionada sólo a Peñasquito.
Con todo, la información adicional incluida en la versión más reciente demuestra, nuevamente, que este proyecto, concebido hace más de diez años, obedece a una lógica neoliberal, puesto que, lejos de contribuir significativamente a superar la crisis hídrica multidimensional en la región centro de Zacatecas, sólo serviría como vehículo para el enriquecimiento de compañías transnacionales constructoras de presas, para proteger los intereses de los grandes acaparadores de agua en la región y para brindar a los administradores del proyecto la oportunidad de desviar recursos públicos. Todo ello a través del despojo del líquido vital de uno de los municipios más pobres del estado.
En lugar de buscar traer agua de territorios cada vez más lejanos, por medio de infraestructura hídrica inviable, con altos cargos al erario público y graves impactos socioambientales, una forma más razonable de satisfacer las demandas de agua de la ZCZG, así como de cubrir el déficit de agua de los acuíferos sobreexplotados, sería limitar y reducir la demanda de ciertos grandes consumidores del sector industrial en la zona. Por ejemplo, existen 12 proyectos mineros en etapa de exploración en los cinco acuíferos sobreexplotados correspondientes a la ZCZG (Aguanaval, Benito Juárez, Calera, Chupaderos y Guadalupe-Bañuelos), y tan sólo en los tres primeros meses del año 2026 se ha presentado ante la SEMARNAT informes preventivos y MIA regional para tres de ellos en el municipio de Fresnillo (Proyecto de exploración San Albino, Depósito de Jales Fatima Sur y Proyecto de exploración minera El Tule).
Por tales motivos, los ejidos y comunidades de Jiménez del Teul y Sombrerete no estamos dispuestos a ser territorios de sacrificio para un proyecto que significa la destrucción de nuestra vida comunitaria y de la biodiversidad. Exigimos que se respete la autonomía y la decisión de las asambleas ejidales, y se cancele definitivamente el proyecto de la presa que, a todas luces y por más que lo maquillen, es inviable en términos técnicos, sociales y ecológicos; y demandamos al gobierno de la 4T ser congruente con sus principios, abandonar el proyecto de una vez por todas, dejar de desperdiciar recursos públicos y aplicar rigurosamente las alternativas delineadas por investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Finalmente, hacemos una invitación a los medios de comunicación y a las personas interesadas a estar atentas y atentos a la convocatoria para la reunión pública de información, cuya fecha y hora será publicada por la SEMARNAT a través de su gaceta, para que el promovente del proyecto de la presa exponga los aspectos técnicos ambientales, los desequilibrios ecológicos graves o daños a la salud pública o a los ecosistemas que tendría la realización del proyecto.
Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería
Compartimos este comunicado de El Concejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la Montaña y Costa Chica del Guerrero (CRAADET) sobre su lucha por una vida libre de minería – A 21 de marzo de 2026
Pueblo Hidalgo, Guerrero a 21 de marzo del 2026
A la opinión pública:
El Concejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la Montaña y Costa Chica del Guerrero (CRAADET), enviamos un saludo fraterno y solidario a los pueblos y luchas del estado de Guerrero y de México que han asumido la defensa del territorio y la defensa de los derechos de los pueblos originarios y campesinos como propuesta de lucha permanente.
En el contexto de nuestro XLVIII FORO POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO, REALIZADO EN LOS BIENES COMUNALES DE PUEBLO HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, LOS PUEBLOS INTEGRANTES DEL CRAADET queremos denunciar ante la opinión pública lo siguiente.
A inicios del año una nueva amenaza acecha nuestra vida comunitaria, se trata del Sr. Fernando Jaimes Ferrel, ex delegado de la procuraduría agraria y subsecretario de asuntos agrarios durante la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien anda recorriendo nuestros pueblos con el propósito de que dejemos ingresar a las empresas mineras, a su vez también ha estado intentando influenciar a diferentes actores políticos y líderes sociales que tienen una relevancia importante y de respeto en la dinámica de los pueblos, haciéndoles creer que la minería es progreso y desarrollo.
Como todo México sabe, desde hace casi 14 años la defensa del territorio que hemos realizado en el CRAADET para evitar el ingreso de las empresas mineras ha sido constante y es un ejemplo a nivel nacional de lucha organizada, basada en el ejercicio y defensa de nuestros derechos. Son 14 años en donde hemos logrado que el gobierno federal, a partir del respeto, registro e «Tierra y Libertad» inscripción de la negativa para el ingreso a nuestro territorio de la actividad minera relacionada con el modelo extractivo, haya quedado validada tanto por nuestras asambleas y dentro de nuestros reglamentos internos y estatutos comunales, además de las declaratorias de municipios libres de minería de nuestros presidentes municipales de Iliatenco, Malinaltepec y San Luis Acatlan, de tal manera que estamos en condiciones legales de aplicar lo que corresponde ante terceros a quienes intenten violentar la vida comunitaria.
Hacemos del conocimiento de la opinión pública que todas las comunidades del CRAADET hemos acordado que el Sr. Fernando Jaimes Ferrel, a quienes le acompañen, y a cualquier otra persona que en un futuro quiera ingresar a promover la actividad minera en nuestros pueblos, serán privados de su libertad y serán sometido ante las autoridades correspondientes en nuestros sistemas de justicia comunitaria, por violar y violentar nuestros acuerdos comunitarios y Regionales, de tal manera que, en este comunicado queremos que le quede claro al Sr. Fernando Jaimes Ferrel no es bienvenido a nuestro territorio comunitario por ser un servil promotor de una actividad que sabemos destruye pueblos enteros.
De la misma manera a las y los amigos políticos y personalidades les pedimos no se dejen embaucar por las mentiras de este promotor de la destrucción y le faciliten el ingreso a alguna comunidad, de tal manera que, sigamos con una relación cordial y armónica con todos ustedes.
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 17 de marzo de 2026
Con motivo de la visita de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Alicia Bárcena, al estado de Zacatecas el pasado 11 de marzo de 2026, y ante sus recientes declaraciones públicas sobre la aprobación de proyectos mineros la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería manifestamos nuestra profunda preocupación no sólo por la narrativa gubernamental que pretende presentar el avance de nuevos proyectos mineros como sinónimo de progreso y desarrollo económico, sino por la orientación política que está detrás de estas declaraciones y decisiones, que continúa priorizando la expansión del modelo extractivo por encima de la protección del agua, los territorios y la salud de las comunidades. Este posicionamiento refleja una política pública que favorece la agilización de permisos y la aprobación acelerada de Manifestaciones de Impacto Ambiental, mientras se minimizan o ignoran los impactos acumulativos que estas actividades generan en regiones ya afectadas por la sobreexplotación de acuíferos, la degradación ambiental y los impactos conflictos a la salud de la población.
Una vez más, enunciamos los profundos impactos que la aprobación y desarrollo de nuevos proyectos mineros generan en términos de despojo territorial, sobreexplotación de bienes naturales, concentración de riqueza en manos de unos cuantos y empobrecimiento de las comunidades. A ello se suma la contaminación del agua superficial y de los mantos freáticos, así como los graves daños a la salud de las personas derivados de la actividad minera. La experiencia demuestra que, una vez producido el daño, no existen tecnología o dinero suficiente que permitan remediar o revertir plenamente las afectaciones ambientales que estos procesos ocasionan. Es decir, la minería genera daños a perpetuidad.
Entre los proyectos mineros que se pretende impulsar y acelerar mediante la autorización de Manifestaciones de Impacto Ambiental y evaluaciones superficiales sobre el uso del agua, se encuentra el Proyecto San Nicolás de las empresas mineras canadienses Agnico Eagle y Teck Resources. Según datos de la CAMIMEX, este proyecto se posiciona como el segundo proyecto de cobre más importante a nivel nacional, con una producción estimada de 65.8 mil toneladas, así como el primer proyecto de producción de zinc, con 147 mil toneladas estimadas, además de pretender producir 17.5 mil onzas de oro.
Este proyecto resulta particularmente preocupante debido a su ubicación en el acuífero Calera, el más sobreexplotado del estado de Zacatecas, dentro del corredor minero Fresnillo–Zacatecas. En este contexto, resulta inevitable preguntarse por la prisa en impulsar proyectos de infraestructura hídrica como la presa Milpillas, que podrían estar orientados a garantizar agua para el crecimiento de actividades industriales y extractivas en una región donde el acceso al agua para las comunidades ya enfrenta serias limitaciones.
Otro de los proyectos que buscan avanzar es Cerro de Oro de Minera Álamos, considerado el octavo proyecto de oro a nivel nacional, con una producción prevista de 28 mil onzas en el municipio de Melchor Ocampo. Asimismo, se encuentran proyectos como Relleno de Hundidos de Arian Silver, el proyecto Torcazas de Industrias Peñoles en Fresnillo y el Proyecto Juárez de Compañía Minera T.T.T. en el municipio de Villa Hidalgo.
En la actividad minera resulta imposible sostener que los recursos naturales puedan ser utilizados “con responsabilidad”, como lo ha señalado la titular de SEMARNAT al referirse al uso de los acuíferos. La minería industrial está estructuralmente vinculada a un modelo de explotación intensiva de recursos naturales que prioriza la obtención de altas ganancias para las empresas, a costa de los ecosistemas y de las condiciones de vida de las poblaciones que habitan los territorios.
En Zacatecas, la crisis hídrica es ya una realidad evidente. El estado no cuenta con la disponibilidad suficiente de agua para satisfacer plenamente las necesidades de la población de la zona conurbada ni de múltiples municipios y comunidades rurales. Sin embargo, actividades industriales como la minería demandan grandes volúmenes de agua, a la vez que la contaminan y puede interrumpir los flujos de agua superficial y subterránea, contribuyendo a la pérdida de pozos y manantiales, y a la reducción del nivel del manto freático. Esta es una de las muchas razonas por las cuales nuestra red se opone al modelo extractivista minero y su expansión en el país.
A reserva de conocer con mayor profundidad el proyecto denominado “Aguas Firmes”, la experiencia acumulada en distintos territorios permite reconocer el modus operandi de las grandes empresas extractivas, basado en la simulación de compromisos ambientales y en la construcción de discursos de sustentabilidad que buscan legitimar sus operaciones ante la opinión pública, sin que en la práctica se transformen los impactos estructurales que genera este modelo.
Aunque el año 2026 ha sido denominado en Zacatecas como el “año del progreso”, desde la perspectiva de los territorios y de las comunidades afectadas por el extractivismo podría convertirse, en realidad, en un año de retrocesos si se continúa acelerando la aprobación de Manifestaciones de Impacto Ambiental y de proyectos de explotación minera por sus consecuencias devastadoras. Las grandes empresas mineras saquean, despojan y destruyen los territorios, como lo demuestran múltiples experiencias documentadas en distintas regiones del mundo, inclusive en el mismo estado de Zacatecas. Recordamos el desplazamiento forzado de la población de Salaverna por el Grupo Frisco y de la comunidad La Colorada por la empresa Pan American Silver. Además, no hay que mirar más allá de la mina Peñasquito de la empresa Newmont para ver los efectos de la contaminación y pérdida de fuentes de agua sobre las comunidades aledañas. No existe “minería verde”, “minería sustentable” ni “minería amigable con el medio ambiente”: la minería industrial implica inevitablemente procesos de devastación ambiental y transformación profunda de los territorios.
Diversos casos lo evidencian en Canadá, Centroamérica y Sudamérica, así como en el propio territorio nacional. En México podemos mencionar el caso del Ejido El Bajío, en Sonora, donde persisten graves deudas ambientales derivadas de la actividad minera después de tan solo tres años de operación de una mina de la empresa Fresnillo, o el Ejido Carrizalillo, donde los grandes tajos han destruido tierras fértiles y han contribuido a procesos de deterioro social y violencia en las regiones donde operan estos proyectos, ahora en manos de la empresa Equinox Gold. Mientras tanto, las grandes utilidades quedan en manos de los consorcios mineros y sus accionistas, mientras que las comunidades propietarias de la tierra y el propio estado con la llamada “vocación minera” se vuelven dependientes sobre las migajas que dejan las operaciones mineras y que suelen durar entre 10 a 15 años, al tiempo que enfrentan territorios cada vez más degradados, contaminados y empobrecidos, con el resultado que tarde o temprano resultan desplazadas. Por esta razon, no es casual que las zonas mineras suelen registrarse con altos niveles de empobrecimiento, tal como se ha observado en los municipios en donde ocurren la minería de oro en México o en Perú.
Por todo lo anterior, desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) exigimos detener la aprobación de nuevos proyectos de explotación minera en Zacatecas y abrir un debate serio sobre las verdaderas prioridades ambientales del país.
Existen problemas ambientales urgentes que requieren atención inmediata, como la crisis hídrica, la restauración de ecosistemas dañados, la contaminación acumulada por actividades extractivas, y la protección de los territorios y las comunidades. Si el gobierno federal realmente busca actuar con responsabilidad ambiental, no debería anteponer los intereses económicos de las empresas mineras, cuyas ganancias además no se quedan en las comunidades ni en el país, sobre la protección del agua, la vida y los derechos colectivos de los pueblos.
¡Alto al daño al medio ambiente!
¡No a la expansión de la minería en Zacatecas ni en México!
Imagen: MAZAPIL, ZACATECAS, 11JUNIO2023.- Instalaciones de mina a cielo abierto Peñasquito, de la empresa norteamericana Newmont. s Situada al norte del país, en el oeste de Zacatecas, es una de las minas más importante para Newmont con ventas por encima de los 2.000 millones de dólares. En México, esta mina es la principal productora de oro en el país, con una extracción de más de 566.000 onzas del metal áureo en 2022, más del 20% de la producción nacional de este metal, de acuerdo con los reportes anuales de la empresa. La mina también extrajo un nivel relevante de plata con 29,7 millones de onzas anuales. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM
Compartimos este comunicado de Amigos de la Tierra Internacional ATI , condenamos este acto de violencia y nos solidarizamos con las y los defensores de Indonesia – A 24 de marzo de 2026
El ataque con ácido contra Andrie Yunus pone de manifiesto la creciente amenaza que se cierne sobre las/os defensoras/es de los derechos humanos y del medio ambiente en Indonesia
Amigos de la Tierra Internacional expresa su profunda preocupación y condena enérgicamente la escalada de violencia contra las/os defensoras/es de los derechos de los pueblos y de los territorios en Indonesia. Estamos muy alarmadas/os por esta serie de ataques y condenamos de forma tajante la agresión con ácido contra Andrie Yunus, coordinador adjunto de la Comisión para los Desaparecidos y las Víctimas de la Violencia (KontraS), que tuvo lugar la noche del 12 de marzo de 2026 en Yakarta, Indonesia.
Andrie Yunus es un defensor de los derechos humanos que lleva mucho tiempo trabajando activamente en la promoción y protección de esos derechos en Indonesia. Como coordinador adjunto de KontraS, participa en actividades de incidencia política, investigación y campañas públicas que abordan las violaciones de los derechos humanos. Esto incluye cuestiones relacionadas con la rendición de cuentas del Estado, las libertades civiles, la militarización y las políticas que amenazan el espacio democrático.
Más allá de esta defensa general de los derechos humanos, Andrie es también un aliado clave en la lucha por la justicia ambiental. Como experto en asuntos de interés público que trabaja en estrecha colaboración con WALHI / Amigos de la Tierra Indonesia, ha brindado asistencia legal a comunidades que enfrentan criminalización y violencia por defender sus derechos ambientales y sus territorios. Se trata de comunidades de agricultoras/es, personas pobres y desplazadas de las zonas urbanas y Pueblos Indígenas que se oponen a proyectos destructivos para el medio ambiente.
En este contexto, la situación actual de los derechos de los pueblos en Indonesia es profundamente preocupante. Se ha observado una tendencia al alza de los ataques contra activistas, junto con una mayor criminalización y vigilancia de la labor en materia de derechos humanos. La agresión a Andrie Yunus refleja una amenaza más amplia y sistémica para la democracia y los derechos humanos en el país. Sin una acción decisiva, es probable que continúen ocurriendo incidentes similares, lo que pondrá en riesgo a más defensoras/es de los derechos humanos.
La violencia contra defensoras/es de los derechos humanos no es solo un delito individual, sino un ataque contra las comunidades que defienden sus territorios, incluidas las tierras, los bosques, las aguas y los medios de vida. Es un ataque contra la democracia, la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a buscar justicia y protección ambiental. WALHI hace hincapié en que proteger a las/os defensoras/es de los derechos humanos es una responsabilidad fundamental del Estado y una condición esencial para mantener la democracia y las luchas populares por un medio ambiente sano y sustentable.
Hacemos un llamado al Gobierno de ese país para que lleve a cabo una pronta investigación, que debe ser exhaustiva, independiente y transparente; garantice la rendición de cuentas tanto de los autores directos como de quienes planearon y ordenaron este ataque; y garantice la protección efectiva de todas/os las/os defensoras/es de los derechos humanos y las comunidades que resisten a la destrucción ambiental.
Instamos además al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a los procedimientos especiales pertinentes de la ONU, incluidos el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las/os defensoras/es de los derechos humanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente, a que se pongan en contacto urgentemente con el Gobierno de Indonesia, supervisen este caso y adopten las medidas necesarias para garantizar la rendición de cuentas y la protección.
Amigos de la Tierra Internacional se solidariza con las/os defensoras/es de los derechos de los pueblos y hace un llamado a la comunidad internacional para que condene este ataque. Llamamos a las organizaciones y movimientos sociales de todo el mundo para que sigan luchando contra las injusticias, se mantengan unidas/os frente a la represión y combatan la impunidad de quienes cometen estos crímenes brutales contra nuestros pueblos.
Poner fin a la impunidad de quienes violan los derechos y proteger a las/os defensoras/es de derechos, al tiempo que se garantiza la seguridad de las comunidades que defienden sus territorios, es esencial para salvaguardar la democracia, los derechos de los pueblos y la justicia ambiental.
Crédito (imagen principal): Comisión para los Desaparecidos y las Víctimas de la Violencia (KontraS).
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 12 de marzo de 2026
Desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), condenamos enérgicamente el cobarde atentado que sufrió el día de ayer 11 de marzo, el compañero Erik Saracho, defensor ambiental y del territorio, en la comunidad de San Francisco (San Pancho), Nayarit.
Erick Saracho, desde hace muchos años ha dedicado su vida a la defensa del Jaguar y su hábitat. Es presidente de la Asociación Civil Alianza Jaguar, desde donde hace trabajo en la selva protegiendo a esta especie. También lleva a cabo arduo trabajo de educación ambiental y defensa del territorio contra proyectos turísticos e inmobiliarios que afectan gravemente los ecosistemas costeros y las actividades productivas de la comunidad de San Pancho.
Alianza Jaguar forma parte de la Red Medio Ambiente y Sustentabilidad (Red MAS), desde hace tiempo, Alianza Jaguar y en particular Erick Saracho, se habían visto agredidos en medios de comunicación por empresarios y desarrolladores que han armado una campaña de odio contra él, difundiendo que estaba frenando el desarrollo en San Pancho y oponiéndose al progreso: El mismo argumento de siempre de las grandes corporaciones y aún del gobierno, para deslegitimar la lucha por la vida.
Exigimos a las autoridades se investigue este hecho y se castigue a los responsables. Solicitamos al Mecanismo de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que intervenga eficazmente para salvaguardar la vida de Erick Saracho.
Desde la REMA, respaldamos la lucha de la Asociación Civil Alianza Jaguar y enviamos un abrazo solidario al compañero Erick, deseando su pronta recuperación.
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco – A 27 de febrero de 2026
El pasado 3 de febrero, se envió una carta a Claudia Sheimbaum y diferentes autoridades involucradas en el Plan Nacional Hídrico, firmada por 79 organizaciones, nacionales e internacionales, que solicitan la cancelación del proyecto de la presa Milpillas en los Municipios de Jiménez del Teúl y Sombrerete en el Estado de Zacatecas[1].
La firma de las organizaciones reconoce la lucha por la defensa del río que ha sido sostenida por más de 10 años por el Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco integrado por los Ejidos de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales, además de integrantes de la cabecera municipal de Jiménez del Teul.
Frente a este respaldo amplio, el gobierno del Estado de Zacatecas respondió que “la REMA ha sido opositora a varias presas, me parece irracional”[2] sugiriendo así que por encima de las 79 organizaciones firmantes, es la REMA quien no quiere la presa Milpillas . Con esta declaración intentan minimizar el amplio respaldo y la fuerza de las comunidades que reiterada y claramente han rechazado el proyecto en un acto de ejercicio legítimo a la autodeterminación.
La oposición a la presa nace en las asambleas ejidales, nace de las y los habitantes que han cuidado históricamente el Río Atenco y que comprenden con absoluta legitimidad lo que está en juego: su agua, su tierra, su forma de vida y su derecho a decidir sobre su futuro.
El Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, es miembro de la REMA, por lo tanto, cuando se refieren a la REMA, también se refieren al Movimiento que está siendo acompañado por muchas otras organizaciones nacionales e internacionales. Es un proceso organizativo comunitario que es autónomo, la labor de las organizaciones aliadas ha sido documentar, visibilizar y respaldar la defensa del territorio frente a un proyecto que carece de sustento técnico, ambiental y social.
El proyecto Presa Milpillas presenta inconsistencias graves que han sido señaladas por múltiples actores:
La Manifestación de Impacto Ambiental ha sido señalada por omisiones sustanciales respecto a impactos, afectaciones a ecosistemas y consecuencias sociales[3].
No existe evidencia pública que demuestre viabilidad técnica y financiera integral del proyecto a largo plazo.
No garantiza el derecho humano al agua de las comunidades de la cuenca; por el contrario, prioriza el trasvase hacia corredores urbanos e industriales.
Pretender reducir la oposición social a la influencia de una organización es, con dolo y mala fe, desconocer deliberadamente las múltiples asambleas ejidales en las que se ha rechazado el proyecto, así como las actas y posicionamientos públicos que documentan esa decisión colectiva por más de 10 años, también.
Otra cuestión que es importante señalar es que la imposición del proyecto de la presa, eso que el titular del gobierno del estado y funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno llaman “socialización del proyecto”, ha significado violencia para las personas defensoras del territorio a través del hostigamiento, la estigmatización pública, los intentos de división comunitaria, las presiones políticas y las descalificaciones desde el poder. En este entendido, la narrativa oficial que culpa a terceros y deslegitima la organización comunitaria, se suma a los factores que incrementan el riesgo para quienes ejercen el derecho humano a defender los derechos humanos, contraviniendo así los acuerdos internacionales ratificados por el Gobierno de México, que lo obligan a garantizar la participación pública en asuntos ambientales y la protección de personas defensoras.
La defensa del Río Atenco no es un capricho ni una manipulación externa, es el ejercicio legítimo del derecho a la libre determinación, al territorio, al agua y a un medio ambiente sano. En lugar de descalificar el proceso de defensa, el gobierno del estado debería responder con información pública verificable, estudios técnicos independientes y mecanismos reales de participación. Si el proyecto fuese viable y tuviera el respaldo social, sus promoventes no necesitarían desacreditar a quienes lo cuestionan.
Desde la REMA reconocemos la valiente y digna lucha del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco y a las comunidades que han decidido, de manera soberana, defender su cuenca.
La discusión no debe centrarse en señalar culpables externos, sino en responder a una pregunta fundamental: ¿por qué, si el proyecto es tan benéfico como se afirma, las comunidades directamente afectadas lo rechazan de manera contundente?
Un patrón histórico en la imposición de las presasen México, en la construcción de grandes presas ha seguido un patrón reiterado que ha sido ampliamente documentado. El Dictamen de la “Pre-audiencia Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad” del Tribunal Permanente de los Pueblos, concluyó que existe un proceso sistemático de violaciones a derechos humanos antes, durante y después de la construcción de presas, acompañado por desinformación, falta de respeto al consentimiento de las comunidades acerca de los proyectos y criminalización de la protesta.
Según estudios del Banco Mundial, los pueblos indígenas del mundo representan el 6% de la población mundial, pero protegen el 80% de la biodiversidad del planeta. Y también están entre las poblaciones más afectadas por conflictos socioambientales contra proyectos extractivos. María del Mar Parra (eldesconcierto.cl)
Nuestro planeta parece sufrir una enfermedad autoinmune, en la cual el sistema de autocuidado y protección acaba atacando al propio organismo hasta el límite de poner en jaque su supervivencia. Los anticuerpos que se han visto alterados y que andan confundidos agrediendo a aquello que les da la vida somos, sin duda, muchos de los seres humanos que habitamos este cuerpoTierra. Vivimos bajo unas lógicas y estructuras que nos llevan a situaciones tan absurdas como las presentadas en la cita que encabeza este texto, generando conflictos, dificultades y menosprecio hacia aquellas células (personas, pueblos) que todavía no han perdido su propósito original: ser guardianas de ese cuerpo mayor que los ampara y los abastece.
El economista ecólogo chileno Manfred Max Neff dice que más que una crisis ambiental, social o económica estamos ante una crisis creativa. Y el sabio Albert Einstein, a parte de unas cuantas revolucionarias teorías, nos dejó frasestesoro para la evolución humana, como esta: “no se puede solucionar un problema desde el mismo nivel de conciencia o el mismo prisma desde el cual se creó”. Hay muchos desequilibrios en el mundo actual que nos piden atención urgente, pero es preciso, ante todos ellos, hacer un ejercicio profundo de liberación de las cadenas psíquicas que han encarcelado a nuestra imaginación. Y para eso hay que atrevernos a hacer las cosas con otras lógicas.
La deconstrucción de la mente colonial no es tarea fácil, y como todo, se aprende con la práctica y con el error. En ese sentido, este Mapeo Latinoamericano de proyectos de Economía Social y Solidaria en contextos extractivistas, ha querido desafiar algunos de los supuestos hegemónicos. Por un lado, se ha generado a través de un proceso de ritmos lentos y orgánicos, retando las prisas, la impaciencia y el productivismo occidental. Por otro lado, se ha priorizado el cuidado hacia las realidades del/la otro/a o hacia la calidad y creatividad del contenido, dejando atrás la ambición cuantitativa del resultado. Esta es una investigación social pero tiene más de lenguaje poético que de lenguaje académico, tiene más de filosofía que de ciencia, pues no pretendemos traer verdades absolutas sino preguntas, vivencias, tejidos y sentires.
Es por todo ello que presentamos este mapeo social a través de una metáfora, compartiendo una radiografía de un cuerpo enfermo en busca de sus potenciales y de posibles terapias de rehabilitación.
La metáfora no es solo un recurso literario, sino que funciona como lenguaje psíquico y universal que puede romper barreras generadas por la desigualdad social, puede expresar procesos mentales profundos, como defiende Freud desde el psicoanálisis, crear nuevas perspectivas y revelar aspectos de la realidad que de otro modo no se perciben, como relata Paul Ricoeur desde la filosofía, o ser una herramienta cognitiva esencial para estructurar nuestro sistema conceptual, como afirman Lakoff y Johnson desde la lingüística cognitiva.
Hablar de los territorios como cuerpos, no solo nos ayuda a recordar que efectivamente estos son organismos vivos con ecosistemas interconectados e interdependientes, también nos permite identificarnos y recordar que somos Naturaleza, que nuestros cuerpos funcionan con las mismas lógicas, que lo que nos cuida, cuida a la Tierra, y lo que la envenena, también lo hacecon nosotras/os. Esta metáfora, además, está inspirada en una de las grandes aportaciones latinoamericanas al pensamiento contemporáneo: el concepto Cuerpo-Territorio que emerge del Feminismo Comunitario como una forma de explicar las analogías existentes entre las violencias que reciben los cuerpos de las mujeres y la Naturaleza, sugiriendo al Patriarcado como origen común de ambas. Una visión que también encontramos dentro del Ecofeminismo.
Vamos entonces a hacer un poco de (1) historia clínica del cuerpo latinoamericano, a modo de contexto y justificación de este mapeo, siguiendo con una (2) radiografía que nos permita presentar de forma sintética las realidades de los países explorados y las características principales de los proyectos de economía social y solidaria mapeados en ellos; un (3) diagnóstico del estado de este sistema inmunológico a través de los estudios de caso de las cinco iniciativas en las cuales hemos profundizado; y, por último, una propuesta de (4) terapia de rehabilitación en la que incluimos algunas sugerencias de cómo podría seguir expandiéndose y siendo útil este Mapeo.
El trigo es uno de los granos más cultivados en el mundo. Es rico en valor nutricional y constituye un alimento básico en la dieta de las personas a nivel global, presente en productos como el pan, la pasta, las tortillas, los cereales y muchos otros.
El cultivo de trigo es una fuente esencial de ingresos para numerosos agricultores. En Estados Unidos, es el tercer cultivo más producido, después del maíz y la soya, y representa aproximadamente 47 millones de acres de producción.1
En 2024, el gobierno de Estados Unidos aprobó una nueva variedad de trigo genéticamente modificado (OGM), lo que ha generado serias preocupaciones sobre la salud de la población estadounidense, los medios de subsistencia de los agricultores y el medio ambiente.
Este trigo OGM, denominado HB4, incrementaría el uso de un herbicida tóxico llamado glufosinato, una sustancia química prohibida en la Unión Europea debido a que presenta riesgos inaceptables para la salud humana — incluidos efectos tóxicos reproductivos, del desarrollo y neurológicos — así como riesgos para el suelo, las aves, las abejas y otras especies silvestres.
HB4 también amenazaría la capacidad de los agricultores estadounidenses para comercializar su trigo en mercados internacionales, ya que países importadores clave rechazan el trigo OGM. Incluso si los agricultores no cultivan HB4, su trigo podría contaminarse con genes OGM provenientes del HB4 o mediante la mezcla de trigo OGM y no OGM a lo largo de la cadena de suministro.
El trigo OGM ha sido rechazado de manera efectiva en múltiples ocasiones en Estados Unidos debido a la oposición pública, las preocupaciones del mercado y los riesgos comerciales. Ahora, consumidores, agricultores y empresas alimentarias deben dejar claro nuevamente que no hay lugar para el trigo OGM en Estados Unidos.
Compartimos esta nota de El País sobre el informe del GIEI sobre el asesinato de Berta Cáceres – A enero 2026
Un grupo de expertos de la comisión señala que la trama criminal empleó fondos de bancos de desarrollo europeos y americanos para pagar a los sicarios que mataron a la activista
A casi diez años del asesinato de la activista Berta Cáceres en Honduras, la luz penetra poco a poco en los entresijos de la trama que urdió el ataque, por el que hasta ahora hay ocho condenados. En los últimos meses, un equipo de analistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha investigado a fondo la pata financiera del complot, entre otras, tratando de entender su profundidad y alcance. La conclusión es que la dirigencia del conglomerado empresarial del que nació la trama asesina, ligada a la muy pudiente familia Atala Zablah, parece mucho más implicada en el ataque de lo que se ha podido comprobar.
El equipo de la CIDH, conocido como GIEI, mecanismo que la comisión ha usado en otros países como México o Nicaragua, ilumina ahora la madeja financiera detrás del asesinato de la activista, de la que no se sabía demasiado. En su informe de labores, que se presenta este lunes, y al que EL PAÍS ha tenido acceso estos días, los investigadores señalan que la trama criminal empleó fondos de bancos de crédito al desarrollo, de Europa y Centroamérica, para pagar a los sicarios que mataron a Cáceres. El GIEI detalla los caminos del dinero, los meandros y túneles que dispuso la trama para disimular su origen, hasta su cobro en tres cheques, por más de medio millón de lempiras, unos 25.000 dólares, y su reparto final entre los sicarios, hoy presos.
Los investigadores ponen el ojo en la familia Atala Zablah. Casi desde el principio, la sospecha apuntaba a este clan de empresarios, uno de los más ricos de Centroamérica, con intereses en bancos y otros rubros. Pero la justicia hondureña nunca ha llegado a ellos, ni siquiera a Daniel Atala, gerente financiero de Desa, la empresa cuya implicación en la trama está probada judicialmente: su presidente ejecutivo, David Castillo, fue condenado por el asesinato de Cáceres en 2021. Ahora, el GIEI dibuja a detalle la actuación y comunicaciones de Daniel y otros integrantes de la familia Atala Zablah, en los días y meses anteriores y posteriores al ataque.
Manifestación por Berta Cáceres, en Honduras, el 5 de julio de 2021.Delmer Membreno (Getty Images)
Desde finales de la década de 2000, Desa, participada por el holding empresarial de los Atala Zablah, Inversiones Las Jacarandas, y por una firma de Castillo, Pemsa, impulsó la construcción de una presa en el occidente de Honduras, con el objetivo de producir energía hidroeléctrica. Pero el proyecto, conocido como Agua Zarca, chocó desde el principio con la oposición de la comunidad lenca en la zona, a la que pertenecía Cáceres, que denunciaba las afectaciones a su hábitat natural, la futura contaminación del río sobre el que se iba a erigir la presa, la destrucción, en fin, de su estilo de vida.
Madre de cuatro hijos, Cáceres encabezó este movimiento. Entre 2013 y en 2014, ella y los suyos lograron que el Banco Mundial y la empresa estatal china Sinohydro, una de las más grandes constructoras mundiales, que habían apoyado al principio el proyecto de Agua Zarca, finalmente se apartaran. La capacidad organizativa de la comunidad fue clave. Los esfuerzos de resistencia confluyeron alrededor de su organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copihn), fundada en 1993 por la misma Cáceres. Ya entonces, el pueblo lenca y otros vivían amenazados por la expansión de proyectos madereros, mineros e hidroeléctricos, que amenazaban ríos y tierras que las comunidades consideraban vitales para su vida.
Pese a la retirada de sus primeros patrocinadores, Agua Zarca siguió adelante. El proyecto demandaba la inversión de decenas de millones de dólares, así que Desa empujó y empujó. La empresa, detalla el GIEI, contaba con el apoyo del Estado. Es más, recuerda el equipo de expertos, “los expedientes judiciales revelan la convergencia entre estructuras empresariales y agencias estatales, los vínculos de cuatro personas imputadas por el asesinato con las Fuerzas Armadas y la creación de Desa por parte de un oficial de inteligencia militar que, al mismo tiempo, ocupaba un cargo estratégico en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica”.
Bertha Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres durante una protesta en Washington.Jahi Chikwendiu (Getty Images)
Las hostilidades hacia Copihn y la figura de Cáceres crecieron con el tiempo, siempre con los Atala Zablah pendientes de la activista y sus colegas. Parecían dos mundos distintos. Por un lado, la resistencia del pueblo lenca contra Agua Zarca, que dejó varias víctimas, además de Cáceres, a lo largo de los años; por otro, los movimientos de Desa y sus dirigentes para atraer financiación al proyecto, asegurando que los que protestaban eran cuatro gatos, carentes de razón. Los últimos se salieron con la suya y llegaron a sumar a su causa a un banco holandés de créditos al desarrollo, FMO, y a otro centroamericano, el BCIE. Era tanto lo que había en juego, que Pedro Atala, uno de los principales accionistas de Las Jacarandas, llegó a decir, cinco meses antes del asesinato de Cáceres: “O ellos o nosotros”.
En esa lógica se fraguó el ataque fatal contra la activista. El GIEI Honduras detalla cómo el asesinato de Cáceres ocurrió en un contexto de máximo acoso al Copihn y su lideresa, entre finales de 2015 y principios de 2016. “Integrantes de la familia Atala”, señala el informe, “participaron directa o indirectamente en espacios de coordinación orientados a la gestión del conflicto territorial, incluyendo el grupo [de WhatsApp] denominado ‘Seguridad PHAZ’, en el que se desarrollaron acciones sistemáticas de vigilancia, recolección de información y seguimiento contra Berta Cáceres y el Copihn”. Así, la trama criminal organizó hasta cinco incursiones a La Esperanza, donde vivía la activista, para preparar el atentado. Incluso, en una de las incursiones, trataron de acabar con ella, fallidamente.
Finalmente, a la sexta la mataron. Fue en la noche del 2 de marzo de 2016. Los sicarios entraron a su casa y dispararon contra ella, hasta matarla. El activista mexicano Gustavo Castro, que estaba de visita, resultó herido y tuvo que fingir su propia muerte para salvar la vida. El GIEI recuerda que una actuación óptima de las autoridades de investigación hondureñas podría haber desbaratado los planes de la trama antes del ataque. En un caso paralelo en que investigaba una red de narcotráfico, la Fiscalía monitoreaba las comunicaciones de uno de los ahora condenados, hablando de un futuro asesinato, el de Berta Cáceres. Si los investigadores hubieran indagado en las conversaciones monitoreadas, es más que probable que los responsables habrían sido detenidos.
Pero eso no ocurrió, Cáceres murió asesinada y el escándalo creció y creció, hasta el punto de que la Fiscalía hondureña no tuvo más remedio que emplearse a fondo y escalar en la cadena de responsabilidades del ataque. EL GIEI recuerda cómo en los primeros días, la trama criminal alentó teorías conspirativas sobre el asesinato, incluso el versión de que se había tratado de un crimen pasional. Pero la presión internacional obligó a que los investigadores se fijaran en la evidencia, lo que les condujo al presidente ejecutivo de Desa, David Castillo, y su cadena operativa, compuesta por un militar en activo, exmilitares y sicarios contratados.
Los problemas han aparecido después, a la hora de dar el siguiente paso en la cadena de responsabilidades. El GIEI señala “la posible existencia de un nivel de mayor jerarquía [en la organización del asesinato], con posibles responsabilidades en la toma de decisiones de diversa índole, insertas en un plan de naturaleza empresarial”. Y añade que “tanto David Castillo como Daniel Atala habrían desempeñado funciones de enlace entre los distintos niveles de la estructura, conectando el nivel operativo o gerencial de Desa con los accionistas responsables de canalizar recursos financieros asociados al proyecto”.
En este asunto, la investigación financiera del GIEI resulta fundamental. El grupo indica sin lugar a duda que al menos una parte del dinero empleado para pagar a los sicarios, 25.000 dólares, “se originaron en fondos girados por los bancos FMO y BCIE, de conformidad con una orden de pago emitida en el marco del préstamo extendido por esas instituciones”. Lo cual, por cierto, resultaba algo habitual para Desa y el proyecto Agua Zarca. Según el GIEI, más de 12 millones de dólares de los 18 ejecutados en el proyecto fueron objeto de desvíos y/o manejos irregulares.
En su informe, el grupo detalla cómo la trama trianguló el dinero para los sicarios en cuentas de diferentes empresas, vinculadas a Desa. Finalmente, el dinero salió de las cuentas de las compañías en tres cheques, cobrados por dos personas de confianza de Castillo, entre el 3 y el 4 de marzo, los días posteriores al asesinato. En esos días, Castillo mantuvo comunicación constante con integrantes de la familia Atala Zablah. El 4 de marzo, por ejemplo, Castillo habló con Pedro, Daniel y Jacobo Atala en varias ocasiones. Jacobo y Pedro eran tíos de Daniel, principales accionistas de Las Jacarandas, el holding familiar. “La frecuencia y modalidad de interacción de las comunicaciones permiten presumir que, en ese lapso, se estaban coordinando acciones cruciales relacionadas con el hecho crimina”, señala el GIEl.
Aunque parezca lo contrario, por las condenas de los autores materiales y parte de los intelectuales, el caso Berta Cáceres está lejos de resolverse. El GIEI pide que se investiguen precisamente las comunicaciones de los Atala con los ejecutores del asesinato y el resto de funcionarios de Desa. Además de Castillo, de momento solo hay otro ejecutivo de la empresa condenado, Sergio Rodríguez. También pide que se investigue las relaciones de Desa con el Ministerio de Seguridad. “Documentos y mensajes develan una relación sostenida entre directivos y accionistas de Desa con el entonces ministro de Seguridad, así como con elementos policiales, antes, durante y después del homicidio”, señala el grupo, que apunta de ejemplo la “coordinación” de Daniel y Pedro Atala con el ministro de Seguridad, y con el comisionado general de la policía.
