Compartimos esta publicación del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – A 1 de diciembre del 2025
Llamamos a organizaciones, grupos y movimientos a adherir a esta carta para exigir a las autoridades que detengan de manera urgente el desmonte que lleva a cabo una empresa maderera en el territorio de la Comunidad Guaraní Puente Quemado II, en Colonia Garuhapé, en la provincia de Misiones, Argentina.
A fines de noviembre, trabajadores enviados por el empresario maderero Alfredo Ruff ingresaron con maquinaria y comenzaron a tumbar el bosque dentro del territorio relevado por la Comunidad de acuerdo con la Ley Nacional Nº 26.160. Esta violación a los derechos de la Comunidad se realizan en connivencia con el Ministerio de Ecología de la Provincia de Misiones, que autorizó el desmonte.
Esta área de bosque es la única que le queda a las familias de Puente Quemado II, que viven prácticamente cercadas por monocultivos de pinos de la multinacional Arauco.
La carta está abierta para adhesiones hasta el 3 de diciembre.
Al Ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones Arq. MARTÍN ANTONIO RECAMÁN
Nos dirigimos a Usted para solicitar que se detenga de manera urgente el desmonte en el territorio de la Comunidad Guaraní Puente Quemado II, en Colonia Garuhapé, Municipio Garuhapé, Departamento Lib. Gral. San Martín de la provincia de Misiones.
Resulta de enorme alarma y preocupación que el Estado haya autorizado la deforestación de parcelas dentro de los Lotes 73, 74 y 75 sin el consentimiento de la Comunidad, siendo que se trata de áreas que forman parte del territorio relevado mediante la Ley Nacional Nº 26.160.
Es inadmisible que se sigan vulnerando los derechos de la Comunidad Puente Quemado II, que sumado a soportar el asedio de los monocultivos de pino, ahora corre el gravísimo riesgo de perder lo poco de bosque que queda en su territorio, fuente indispensable para su vida y sustento.
Al aguardo de una respuesta favorable, lo saludan atentamente las organizaciones abajo firmantes,
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA en conmemoración de Mariano Abarca – A 28 de noviembre del 2025
Este 27 de noviembre, recordamos a Mariano Abarca Roblero, defensor ambiental, integrante fundador de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) y referente de la lucha contra la minería en Chiapas y en América Latina. Mariano fue asesinado el 27 de noviembre de 2009 en Chicomuselo, Chiapas, por haber denunciado los impactos sociales y ambientales de la empresa minera canadiense Blackfire Exploration, que explotaba la mina de barita “La Revancha” en el ejido Morelia.
Recordamos que su asesinato no fue un hecho aislado ni fortuito, Mariano había sido objeto de hostigamientos, amenazas y campañas de criminalización, incluyendo una detención injusta dos meses antes de su asesinato, precisamente por oponerse al daño provocado por la empresa minera y por organizar a la comunidad para defender el territorio.
La organización comunitaria de Chicomuselo y la fuerza de Mariano lograron que el municipio se declarará “Territorio libre de minería“ y la clausura de la mina de Blackfire en el ejido Morelia. Sin embargo, la violencia no se ha desarticulado de la mina en la región, por lo que pobladores del municipio han continuado con diversas demandas, confirmando que en donde se establece una mina no volverá a haber paz.
La búsqueda de justicia por el asesinato de Mariano Abarca se ha convertido en un caso emblemático contra la impunidad en México y en Canadá. En 2017, su familia, la REMA y las organizaciones Otros Mundos Chiapas y MiningWatch Canadá llevamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciando la negligencia del Estado mexicano para garantizar la seguridad física y psicológica de Mariano, a pesar de las amenazas públicas y documentadas en su contra.
En 2018, la familia de Mariano denunció en Canadá la complicidad de la Embajada de Canadá en México, que priorizó la protección de los intereses de Blackfire por encima de la seguridad de Mariano, incluso en los meses y semanas previas a su asesinato. A este proceder le hemos nombrado “diplomacia letal”, para evidenciar cómo la política exterior canadiense puede volverse un factor directo de riesgo para quienes defienden el territorio. Después de que las instancias legales canadienses rechazaran la denuncia, en 2023 se presentó un nuevo recurso ante la CIDH, señalando también la responsabilidad del gobierno canadiense por su rol en la protección de las empresas mineras y en la falta de garantías para las personas defensoras.
Este 2025, el recuerdo de Mariano se cruza con un nuevo ciclo de promoción agresiva de la minería, incluyendo a Canadá. El 18 de septiembre, el primer ministro canadiense Mark Carney visitó México para fortalecer el T-MEC, blindar inversiones y abrir nuevas oportunidades comerciales para las empresas de capital privado en Canadá. Desde la REMA, afirmamos que está visita no representó ninguna garantía contra la impunidad con la que han operado históricamente las minas canadienses en nuestro país; por el contrario, buscó consolidar la continuidad de una prosperidad no compartida y racista, basada en el saqueo de los minerales y en la violación a los derechos de los pueblos.
Durante una mañanera, la presidenta de México Claudia Sheinbaum declaró que Carney se comprometió a pedir a las mineras canadienses que cumplan con las normas ambientales si están interesados en aumentar inversiones en México, sin embargo sabemos lo hueco de esta promesa por nuestra experiencia en los territorios y por saber que, en Canadá, se ha estado desarmando el mecanismo creado para recibir quejas sobre empresas canadienses en el exterior (mecanismo que hemos denunciado como insuficiente y sin poder de hacer recomendaciones vinculantes sobre la actuación de las empresas). En Chicomuselo, Chiapas, tal como en Carrizalillo, Guerrero, la “buena conducta” empresarial que promete el mandatario canadiense y las promesas de mejores prácticas no han traído justicia, ni han frenado la contaminación, las enfermedades y el despojo ligado a la minería.
Durante este mes, el 19 de noviembre, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, vuelve a entregar a México como un destino “seguro” para la inversión extractiva, anunciando que vuelve a reactivar el modelo extractivo minero de muerte. Aparentemente, no le importa a este gobierno toda la evidencia de los graves daños socioambientales que el modelo minero genera, muchos de ellos irreparables, y tampoco la violencia que atrae, desde los asesinatos y desapariciones de personas defensoras del territorio al desplazamiento forzado de poblaciones. Al mismo tiempo, el propio gobierno está atado a tratados comerciales como el T-MEC y el TPP, que lo exponen a demandas millonarias por parte de las mismas corporaciones responsables de la devastación de los territorios como parte de la estructura de impunidad, siendo México el cuarto país más demandado por empresas transnacionales en el mundo y el tercero a nivel del Caribe y América Latina.
Por eso, cuando hoy se anuncian nuevas rondas de expansión minera y se publicitan los absurdos “compromisos” ambientales de las empresas canadienses, desde la REMA denunciamos que la impunidad de Blackfire y del Estado canadiense en el caso de Mariano Abarca, y de tantos otros casos en el país, sigue intacta. La falta de protección brindada a Mariano por parte del Estado mexicano, así como la complicidad activa de la Embajada de Canadá, crearon las condiciones para que su asesinato ocurriera. Hasta hoy, ninguno de los dos Estados ha asumido plenamente su responsabilidad ni ha garantizado justicia y reparación para su familia y su comunidad.
Desde la REMA exigimos que tanto el Estado mexicano como el Estado canadiense respondan por su responsabilidad en la falta de protección a Mariano y por la impunidad que rodea su caso; y que se detenga la promoción de la minería como supuesto motor de desarrollo. Exigimos verdad, justicia y reparación en los territorios ya devastados; y que se respeten las decisiones de los pueblos que, como Chicomuselo, se han declarado libres de minería y han dicho NO al modelo extractivo.
Enviamos un saludo a la iniciativa creada por Otros Mundos A.C., el “Premio Ambiental Mariano Abarca”, que es un reconocimiento moral y colectivo a las luchas en defensa del territorio y la vida en Chiapas, y que este año distingue a la BIORED por sus alternativas comunitarias de energía, agua y soberanía alimentaria frente al modelo extractivo. El legado de Mariano no sólo denuncia las injusticias, sino que también sigue inspirando a construir territorios libres de extractivismo y llenos de alternativas al modelo de producción capitalista.
¡Mariano Abarca vive en la lucha de los pueblos de Chicomuselo, de Chiapas y de toda América Latina!
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA – A 19 de noviembre de 2025
La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) nos adherimos a la declaración del Foro Social Temático sobre Minería y Economía Extractivista (FST-Minería), sumándonos al compromiso de “ una transformación socioecológica y sistémica que confronte las narrativas dominantes de la “transición verde” promovidas por corporaciones, gobiernos e instituciones financieras internacionales ”, que lejos de solucionar el problema del cambio climático, lo agrava, y cuyo resultado es mayor desposesión y extractivismo.
El posicionamiento fue lanzado en el marco de un evento durante la Cúpula Dos Povos en la Universidade Federal do Pará (UDFP) en Belém, Brasil, en donde también se lleva a cabo la 30ª Conferencia de las Partes (COP 30) de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.
Delegados de todo el mundo participaron en el evento, en donde se expusieron las falsas soluciones capitalistas que se han planteado frente a la crisis climática, y con las que se pone al centro el fomento de más y más extractivismo minero.
Como se destaca en la declaración: “La llamada transición verde o energética se presenta como una solución a la crisis climática, pero reproduce la misma lógica extractivista y capitalista responsable de la destrucción ecológica y la injusticia social. Al situar el sistema minero y extractivista en el centro de la respuesta al Cambio Climático, esta narrativa crea una ilusión falsa y peligrosa—una que oculta la continuación de un modelo depredador, colonial y militarizado, que explota a las personas y a los territorios en nombre de la descarbonización y del progreso tecnológico.”
Continúa, “Bajo las banderas de la “energía limpia” y la “transición digital”, los minerales de transición se están extrayendo mediante prácticas violentas, contaminantes y excluyentes que devastan ecosistemas, desplazan a pueblos indígenas y tradicionales, y profundizan las desigualdades—especialmente en el Sur Global.”
Representantes de diferentes partes del mundo, desde Papúa Nueva Guinea a Ecuador, de Brasil a Madagascar, y de Turquía a las Filipinas dejarnos su testimonio sobre la violencia del extractivismo minero en los territorios, el empobrecimiento, la criminalización de los luchadores y la militarización de los territorios. También refrendaron la importancia del derecho de los pueblos a decir No, así como del ejercicio de la auto determinación, de la organización local y regional, y de la articulación entre luchas, especialmente sur-sur.
Farai Maguwu, del Centro de Gobernanza de Recursos Naturales (CNRG por sus siglas en inglés) de Zimbabwe, subrayó que el FST-Minería no está buscando reformas mineras, sino el rechazo a la minería como modelo del supuesto progreso y desarrollo, promoviendo la articulanción y caminando con las comunidades que se declaran sus territorios libres de minería y que están diciendo no a la minería. El FST-Minería también busca la rendición de cuentas de los gobiernos y empresas que violan los derechos de las comunidades y dañan gravemente sus tierras, aguas y formas de vida. Busca alternativas reales, inclusivas y centradas en los pueblos, alternativas que son descoloniales y anti-capitalistas, y que reconocen y respetan los límites del planeta, apreciando los sistemas de valores de los pueblos indígenas y respondiendo a las inequidades estructurales. Esto implica que, en lugar de la actual transición energética capitalista, que realmente es un esquema de expansión energética que agrega nuevas fuentes de energía al tiempo que mantiene el incremento del consumo de hidrocarburos , es necesario una respuesta que implique la reducción radical de consumo de materiales (minerales y metales) y energía, especialmente en países del norte global.
Como destaca la declaración, es falsa la “idea de que extraer más litio, níquel, cobre o cobalto “salvará el planeta”. El extractivismo no es una solución, es la profundización del problema. Rastrear o certificar estos minerales bajo supuestos estándares de sostenibilidad, no reparará el profundo daño social y ecológico que la minería implica, sólo lava la imagen de la minería y legitima el extractivismo. Este camino mantiene el mismo sistema que valora las ganancias por encima de la vida, profundiza la desigualdad global y acelera la crisis planetaria.”
“Una transformación justa y sostenible no puede surgir del mismo sistema extractivista que causó la crisis. Debemos desmantelar el poder corporativo, desafiar las dependencias neocoloniales y redefinir nuestra relación con la naturaleza basándonos en el cuidado, la solidaridad y el equilibrio ecológico.”
Compartimos este artículo publicado por Stay Grounded sobre la aviación y cambio climático – A 7 de noviembre de 2025
Continuando las luchas contra la comercialización, la expropiación y el racismo medioambiental, la organización comunitaria y la creación de coaliciones lograron detener los planes de ampliación del aeropuerto internacional King County de Seattle (EEUU). Sin embargo, continúan los esfuerzos para situar la atención a las comunidades afectadas en el centro de la planificación aeroportuaria. Este artículo de Savannah Helming y Laura Gibbons, para el Equipo de Aviación de 350 Seattle, explora lo que podemos aprender de la lucha.
En los barrios del sur de Seattle cercanos al Aeropuerto Internacional del Condado de King (KCIA), la esperanza de vida de los residentes que viven a menos de 800 metros del aeropuerto se reduce entre ocho y diez años en comparación con la de sus vecinos, debido a la contaminación atmosférica y a las emisiones de los combustibles con plomo que utilizan los aviones más pequeños.
Los residentes también experimentan tasas más elevadas de problemas de salud, como hipertensión, cáncer y enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. Además, el río Duwamish, que fluye cerca del aeropuerto, está reconocido por la Agencia de Protección del Medio Ambiente como uno de los ríos más contaminados del país.
Racismo aéreo y medioambiental que afecta a las comunidades
La mayoría de los residentes de las comunidades adyacentes al aeropuerto son personas de color y tienen índices de pobreza más elevados que el condado de King en su conjunto. De los 5.600 residentes que viven a menos de 800 metros del aeropuerto, el 74% son personas de color y el 52% hablan una lengua distinta del inglés.
Así, el Plan Maestro de 2019 de la Administración Federal de Aviación (FAA) del condado de King para ampliar el aeropuerto subrayó el racismo y los daños medioambientales como una crisis de salud pública.
El KCIA, también conocido como Boeing Field, es un aeropuerto de propiedad y gestión públicas situado a seis kilómetros al sur del centro de Seattle. Como se explica en el sitio web del condado de King, el aeropuerto presta servicio a «pequeñas aerolíneas comerciales de pasajeros, transportistas de carga, pilotos privados, jets corporativos, helicópteros y aviones militares». Junto con el aeropuerto de SeaTac, el KCIA ya representaba el 13% de las emisiones del transporte y el 3,4% de las emisiones totales del condado de King. Estas cifras no sólo eran preocupantes, sino que sólo contabilizaban las emisiones producidas durante el despegue y el aterrizaje, lo que significa que el otro 90% de las emisiones quedaban totalmente sin contabilizar.
Una lucha comunitaria de décadas
La lucha contra la KCIA no es nueva. Sus raíces se remontan a finales de la década de 1990, cuando el condado de King intentó transformar el sur de Seattle, incluido el barrio de Georgetown, en una zona de uso exclusivamente comercial. Como parte de estos planes, el aeropuerto pretendía utilizar el dominio eminente (expropiación) para adquirir todo el barrio, según Marvin McCoy, miembro de la comunidad que participó activamente en la resistencia a los planes de expansión en la década de 1990.
«Todavía quedaban algunas viviendas viejas y deterioradas que eran baratas, y la vivienda en la ciudad era cara», dijo McCoy. «La gente se mudó a las casas deterioradas y las arregló. No creo que la ciudad lo viera venir… la ciudad no pensó que la gente se mudaría a una zona de casas deterioradas y estaría dispuesta a arreglarlas como hicieron en Georgetown».
McCoy y otros miembros de la comunidad que lucharon presentaron una demanda contra el Condado de King en la década de 1990. «La demanda que presentamos no sirvió de mucho, pero cambió la forma en que el condado miraba a los residentes», dijo McCoy. «Entonces todo el mundo empezó a ir a las reuniones del ayuntamiento y [el Condado] al menos nos escuchaba después de eso».
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Activistas de la campaña contra el Aeropuerto del Condado de King
Construir una coalición en torno a la preocupación por la equidad
El condado de King anunció sus planes de ampliar el aeropuerto en 2019 con la publicación del Plan Maestro de la FAA, que incluía la construcción de una pista ampliada, aparcamiento adicional para aviones y granjas de combustible adicionales. Esta ampliación aumentaría el número de vuelos desde y hacia el aeropuerto y facilitaría la adquisición de más propiedades. No había miembros de la comunidad en la mesa cuando se hicieron estos planes.
Varias personas implicadas en organizaciones comunitarias locales asistieron a una reunión del Condado sobre la ampliación y decidieron organizarse contra ella. Formaron la Coalición Comunitaria de la KCIA (KCIACC), integrada por organizaciones que representaban a diversos grupos comunitarios y ecologistas, como la Coalición Comunitaria del Río Duwamish, Puget Soundkeeper, el Equipo de Aviación 350 Seattle, el Consejo de Beacon Hill y Amigos de la Historia de Georgetown. La falta de divulgación y colaboración comunitaria por parte de la KCIA fue un importante motivo de preocupación, sobre todo en relación con la lucha por la equidad en el condado de King. A los miembros de la comunidad y a los organizadores les preocupaba sobre todo que se excluyera del proceso de planificación a los residentes BIPOC (Negros, Indígenas y Personas de Color) y con bajos ingresos, a quienes más afectarían estos planes, y que no se realizaran esfuerzos de participación comunitaria.
«Fuimos al Consejo del Condado de King y dijimos: ‘Escuchad, si vais a hacer algún cambio dentro del Aeropuerto Internacional del Condado de King, tenéis que hacérnoslo saber’», dijo Velma Veloria, ex representante del Estado de Washington y organizadora voluntaria del KCIACC.
El KCIACC presentó al Consejo del Condado de King una lista de 12 necesidades de equidad, incluida una declaración de impacto medioambiental completa para el aeropuerto, la incorporación de dos miembros de la comunidad a la Mesa Redonda del KCIA, un grupo consultivo con representantes de la comunidad circundante y empresas relacionadas con la aviación, y el desarrollo de un acuerdo de beneficios para la comunidad.
El condado no satisfizo estas necesidades, así que el KCIACC llevó el tema a las publicaciones de noticias locales, lo que constituyó una estrategia organizativa primordial, según Veloria. «Entramos en el South Seattle Emerald, The Stranger hizo un artículo sobre nosotros y salimos en la radio», dijo Veloria.
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Una profunda organización comunitaria fue la clave de su éxito
La organización comunitaria detuvo los planes de expansión
Ofrecer oportunidades de educación a la comunidad sobre los efectos nocivos de los combustibles con plomo y la contaminación acústica del aeropuerto fue otra estrategia organizativa clave a la hora de oponerse al Plan Director. «Hicimos una presentación de diapositivas que llevamos a la comunidad, y fue realmente interesante, porque la comunidad no conocía los procedimientos ni el proceso por el que el Aeropuerto Internacional del Condado de King planifica su plan a 20 años», dijo Veloria.
Tras meses de compromiso y educación de la comunidad, artículos de prensa y diálogo con la KCIA y el condado de King, el ejecutivo de este condado, Dow Constantine, acordó no seguir adelante con la ampliación. «La mayor parte de nuestro trabajo se basa en la organización comunitaria, que incluye la organización de actos con paneles, informes interactivos con otras organizaciones y foros de candidatos», dijo Veloria. «Nos aseguramos de celebrar actos para explicar los efectos de los combustibles con plomo, de que la gente viniera a testificar y de informar a la comunidad sobre los retos y los éxitos. Nos aseguramos de que por cada éxito, lo celebrábamos, y por cada reto, seguíamos perseverando. Seguimos haciendo organización comunitaria para educar a nuestras comunidades sobre los próximos pasos, que ahora mismo se centran en el impacto del gas con plomo en los residentes.»
Para el KCIACC, la organización comunitaria consiste en generar confianza con sus vecinos y comunidades. Cada presentación que hicieron en escuelas y otras organizaciones se adaptó específicamente a su público, para educar a la comunidad sobre los problemas a los que se enfrentan. También contrataron intérpretes en jemer, español, vietnamita y cantonés, las cuatro lenguas más habladas entre los residentes.
«Al final, lo que pretendemos es educar a nuestras comunidades sobre los efectos nocivos para la salud de la KCIA y estar en la mesa de negociaciones cuando se elaboren estos planes, de modo que tengamos una voz más fuerte», dijo Veloria. «Nuestras comunidades están hambrientas de este tipo de información».
La lucha continúa: poner la atención a la comunidad en el centro
En 2023, el KCIACC propuso una ley del condado de King, la Ordenanza 2023-0053, que planteaba cuatro exigencias la adición de dos puestos en la Mesa Redonda para Beacon Hill y South Park, la creación de un subcomité consultivo de la Mesa Redonda para asesorar y hacer recomendaciones a la dirección del aeropuerto, al ejecutivo del condado y al consejo del condado, la creación conjunta y el mantenimiento de un acuerdo de beneficios comunitarios por parte del condado de King, el aeropuerto y el subcomité que abordara las preocupaciones medioambientales, climáticas, sanitarias, económicas y de habitabilidad de los residentes y trabajadores de los barrios del valle del Duwamish adyacentes al aeropuerto, y la realización de una evaluación exhaustiva del impacto medioambiental de todas las actividades aeronáuticas, de transporte terrestre y aeroportuarias del aeropuerto cada 10 años.
Entre los opositores a la ordenanza se encontraban la dirección de la KCIA, los pilotos de aviones pequeños que utilizan Boeing Field y el sindicato de Boeing, que expresaron su preocupación por que la paralización de los planes de ampliación supusiera la pérdida de puestos de trabajo. Enfrentarse a un gigante de la aviación como Boeing fue todo un reto, según Veloria. A la hora de defender la ordenanza, los miembros de KCIACC lograron el mayor éxito dirigiendo sus mensajes desde un lugar de preocupación por la comunidad, en lugar de ser abiertamente anti-Boeing o anti-aeropuerto. «No intentamos cerrar el aeropuerto», respondió Veloria. «Lo que intentamos decir es que hay que prestar atención a las repercusiones del aeropuerto en las comunidades circundantes».
Al final, la única exigencia de la ordenanza propuesta que se cumplió fue la incorporación de dos miembros de la comunidad a la mesa redonda de la KCIA. Aun así, formar parte de la mesa redonda es importante porque facilita que la coalición esté al tanto de los planes del aeropuerto. La KCIACC también consiguió otros éxitos. La oficina del auditor del condado de King auditó el aeropuerto y su gestión, e informó de que el KCIA carecía de una estrategia clara para abordar los problemas medioambientales y no había llegado suficientemente a las comunidades afectadas. También se reconoció que, cuando KCIA sí implicaba a las comunidades, a menudo era tarde en el proceso del proyecto, lo que significaba que las preocupaciones de la comunidad podían no tenerse en cuenta o abordarse adecuadamente. Como se describe en el informe, «KCIA no puede demostrar claramente cómo se alinean sus esfuerzos con objetivos más amplios del condado, como el Plan Estratégico de Acción Climática del Condado de King y el Plan Estratégico de Equidad y Justicia Social del Condado de King».
Aunque el KCIACC ha conseguido retrasar la ampliación del KCIA, el aeropuerto tiene intención de revisar sus planes de ampliación para 2045. El plan definitivo aún no se ha hecho público. Sin embargo, tras conseguir detener el Plan Maestro de la FAA para 2019 y abogar por más esfuerzos de participación comunitaria, Veloria y otros miembros de KCIACC consideran que es más probable que KCIA y el condado de King les escuchen. «Ahora nos han incluido en su programa de divulgación, y han incluido a la comunidad en general para que venga a echar un vistazo, así que cualquier plan que estén haciendo ahora incluye la opinión de la comunidad y la divulgación comunitaria», dijo Veloria. «Estamos intentando crear confianza entre nosotros y crear conocimiento. Para nosotros, eso es una victoria».
Lecciones aprendidas: ¿qué condujo al éxito?
Nada sobre nosotros sin nosotros: Uno de los principales motivos de preocupación era que los BIPOC y los residentes con bajos ingresos, que serían los más afectados, no estaban sentados a la mesa cuando se hicieron los planes de ampliación. La coalición proporcionó información a las comunidades locales sobre los efectos perjudiciales del aeropuerto y las etapas de los procesos de planificación, y presionó colectivamente para que estas comunidades participaran oportunamente en las decisiones que les afectaban.
Construir una coalición: La campaña conectó a varios grupos comunitarios y ecologistas en un esfuerzo colectivo para construir poder
Centro de creación de confianza en las comunidades: Compartir información mediante charlas en las organizaciones comunitarias existentes y mesas informativas en actos comunitarios, y utilizar mensajes adaptados al público, ayudó a generar confianza en las comunidades locales. En los actos, es importante garantizar la interpretación a las principales lenguas habladas en las comunidades.
Celebrar el éxito y seguir adelante: Celebrar cada éxito e informar a las comunidades sobre los siguientes pasos ayudó a mantener la motivación y la presión cada vez que se afrontaba un nuevo reto.
Amplificar a través de los medios de comunicación: Cuando la Diputación Provincial no reaccionó a las demandas de la coalición, la cobertura de los medios de comunicación locales contribuyó a aumentar la presión.
Centrar la atención en la comunidad: Enmarcar el mensaje desde un lugar de cuidado de la comunidad, en lugar de ser anti-industria o anti-aeropuerto, ayudó a la coalición a defender sus reivindicaciones y a detener los planes de expansión.
Compartimos este comunicado de Ejido Carrizalillo a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 4 de noviembre de 2025
Hace 7 meses inicio nuestra lucha en contra de la imposición de las pretensiones regresivas, injustas, indignas y colonialistas por parte de la empresa minera canadiense Equinox Gold, relacionadas con la continuidad de la ocupación temporal de nuestras tierras que estaban acompañadas de otro convenio “incomprensiblemente rasurado” relacionado con contraprestaciones sociales, en donde venían temas de enorme relevancia para nosotros como acceso preferencial al empleo, concesiones de equipo y maquinaria, atención a los daños a la salud que son inmensos y muchos de ellos irreversibles de cura alguna y, acceder a agua limpia y libre de metales pesados, este último tema incumplido desde el 2007 por parte de las tres empresas que han ocupado nuestro territorio, aun y a pesar de haber establecido acuerdos con nosotros.
Poco antes de iniciar nuestro campamento actual, la empresa apostó por una estrategia para crear desgaste en contra de nuestro ejido: primero declarando una suspensión indefinida e ilegal del proyecto Los Filos, por la cual la “omisa” Secretaria de Economía (SE), por ley desde hace meses debió retirarle la concesión minera y hacerle pagar el daño que a ello corresponde; luego la empresa hizo un absurdo relanzamiento del “Nuevo Filos”, con testigos de honor del gobierno estatal, relanzamiento que hoy se encuentra clausurado por Profepa por no cumplir con las remediaciones solicitadas por su irresponsabilidad de creer que su suspensión indefinida pasaría desapercibida por nosotros quienes rápidamente solicitamos una inspección ambiental que pusiera en orden a esta empresa contaminante; también está violentando el plan de manejo autorizado por SEMARNAT y, en consecuencia, violan la ley ambiental al no realizar el mantenimiento básico que ha incrementado los riesgos de daño ambiental, por cierto, mantenimiento por el que Equinox pretende culparnos como si nosotros tuviéramos la concesión minera, a tal grado que ahora –politizando el discurso-, quieren hacer creer a la autoridad ambiental que es responsabilidad nuestra.
Equinox se encuentre entrampada porque tiene demasiados incumplimientos legales, sus apoyos estatales no disponen de poder legal sobre ningún aspecto relacionado con las leyes que le corresponden al sector minero y, si en realidad quiere resolver la situación que tiene por las violaciones e incumplimientos, no le quedan muchas opciones entre las que citamos las siguientes: Equinox debe negociar con nosotros la continuidad de la operación minera o, de no hacerlo, debe negociar con nosotros la implementación del plan y el programa de cierre y post-cierre de la mina e incluso, antes que decida alguna de las anteriormente señaladas, debe negociar con nosotros la remediación y el mantenimiento por lo cual se encuentra clausurada.
El escenario de las violaciones flagrantes e incumplimientos a las leyes son claras; la empresa está ocupando de hecho y de facto nuestras tierras, porque al negarse a realizar un nuevo convenio para seguir ocupando nuestra tierras, es su obligación –tal como lo establece la ley-, iniciar el proceso de implementación de acciones relacionadas con el cierre y post-cierre de la mina, que entre otras cosas significa entregarnos las tierras rehabilitadas para que nosotros, una vez que la empresa decidió no continuar con la actividad minera, sigamos ejerciendo nuestro derecho a ser campesinos y campesinas. En ese contexto, la ley es clara y simple; no hay nada en la ley que nos obligue a rentar nuestras tierras a un postor que no cubra nuestras expectativas, así como también es obligación de la empresa, por ley, rehabilitar las tierras que ocupó durante los años de operación minera.
No es una necedad nuestra, es lo que la ley dice. Sin embargo, sus operadores haciendo gala de sus mejores actos de discriminación y racismo, continúan implementando acciones claramente orientadas a castigar a nuestro ejido, porque para ellos es inverosímil que la ley nos asista y, en vez de que se concentren en cumplirla, fomentan diversos escenarios orientados en contra nuestra fuera de toda lógica: atentan contra la paz social creando arengas entre las comunidades relacionadas al proyecto, distribuyen información falsa y tendenciosa sobre el presente-futuro del Nuevo Filos con las comunidades vecinas, hacen todo lo posible por convencer a políticos –en varios casos lo logran-, para hacerlos copartícipes en la defensa de los intereses de la empresa en donde lamentablemente “nuestros” servidores públicos literalmente deshonran sus funciones y atribuciones. Por supuesto nunca faltan las amenazas en contra de la vida de varias y varios compañeros y la ya racista y tradicional frase que constantemente ocupan: Sólo son unos cuántos quienes se oponen al progreso y desarrollo.
Ante la insaciable búsqueda de la venganza de los operadores locales -incluyendo al CEO el Sr. Darren Hall en contubernio por omisión o porque está enterado-, previo a las celebraciones de nuestros santos difuntos, una reforzada campaña en redes empezó a criminalizarnos para ahora posicionar en la opinión pública y en los operadores políticos que, en vez de ser víctimas de la violación de derechos fundamentales que atentan contra nuestra vida por parte de la empresa, ahora somos victimarios y operamos para la delincuencia organizada.
La mezquindad de la empresa no tiene límites y nuevamente hacemos responsable al Sr. Hugo Vergara -principal operador en contra de la paz social-, de lo que nos pueda ocurrir, a la vez que advertimos a sus colegas del sector minero que participarán en el contexto de la XXXVI Convención Internacional de Minería por celebrase en este mes en Acapulco, que la empresa canadiense Equinox saldrá a presumir la aplicación de los más altos estándares internacionales relacionados con la responsabilidad social corporativa (RSC). La realidad está a la vista: Equinox atenta contra nuestra vida porque se niega a entregarnos las tierras rehabilitadas, está clausurada por el gobierno federal (PROFEPA) por contaminar el ambiente y por violaciones a la ley y, ahora a su arenga mediática, orienta su estrategia a criminalizar nuestra lucha e intentar meternos en la cárcel.
No nos es ajeno que en este país quienes defendemos nuestros derechos acabemos tipificados como delincuentes y, por el contrario, quienes nos violentan caminen sonrientes por las calles de la impunidad. La premisa es simple; si no quieren negociar la continuidad, es su obligación regresarnos las tierras rehabilitadas, deben cumplir con la recuperación ambiental vinculada a los actos de clausura por parte de Profepa y, cuando ello ocurra, entonces pueden irse a Canadá o a otro lugar en donde la población y los gobernantes locales estén dispuestos a aceptarles migajas, racismo, discriminación, explotación y ser sumisos ante las violaciones a las leyes.
Equinox ya no sólo quiere las tierras a como dé lugar bajo sus condiciones de sumisión y sometimiento, ahora nos quiere en la cárcel y, aunque estamos enterados que la gobernadora Evelyn Salgado no ha caído en los engaños de la empresa, otros de sus operadores estatales y la presidenta municipal de Eduardo Neri son siervos y serviles a la empresa.
Criminalizarnos es un acto deleznable de Equinox, pero conociendo a Hugo Vergara y Armando Fausto principales operadores de la empresa en Los Filos, no nos extraña, porque llevan meses intentando desacreditarnos, hacen todo lo posible por salir avantes de las violaciones flagrantes en las que incurren y, al final parece solamente les queda que logren convencer al estado para que nos desalojen violentamente y meter en la cárcel a compañeros nuestros. Insistimos en que nuestra lucha debe marcar un referente histórico para terminar con la impunidad, el racismo y la discriminación con la que operan las empresas mineras canadienses, así como las de otras naciones incluyendo las de privados mexicanos, pero para que ello suceda requerimos de la convicción política de políticos que no les tengan miedo y quieran poner orden a la impunidad.
Insistimos, cualquier acto en contra de algún o alguna compañera del ejido es total responsabilidad de Equinox Gold y de sus racistas operadores locales.
ATENTAMENTE
MESA AGRARIA DEL EJIDO DE CARRIZALILLO
Imagen: Sello de clausura de PROFEPA. Foto: Ejido Carrizalillo, Guerrero.
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
EL ESCARAMUJO No. 139
LA AUTOPISTA PALENQUE – SAN CRISTÓBAL SEGUNDO TRAMO: PALENQUE-CHILÓN SELVAS, BOSQUES, AGUA Y PUEBLOS AMENAZADOS
Gustavo Castro Soto Otros Mundos Chiapas 13 de Noviembre 2025, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México https://otrosmundoschiapas.org/
Como ya se mencionó en El Escaramujo No. 137, la carretera será una autopista Tipo A2, con dos carriles, uno en cada sentido con un ancho de 3.5 metros cada uno, además de 3 metros de acotamiento, lo que suma un ancho de corona de 13 metros. En El Escaramujo No. 138 analizamos el proyecto en su primer tramo ubicado en el municipio de Palenque. Ahora analizaremos el segundo tramo de la autopista.
Para la construcción de la autopista se llevarán a cabo las actividades de delimitación del derecho de vía, desmonte, despalme, cortes y terraplenes, excavaciones y movimientos de tierra, obras de drenaje menor, explotación de bancos y acarreo de materiales, compactación y nivelaciones; construcción de puentes, viaductos, túneles, caminos y entronques; colocación de pavimentos, obras complementarias y señalamientos, almacenes, bodegas, talleres, patios de maquinaria (estacionamientos), campamentos, oficinas, instalaciones sanitarias (aguas residuales), etc. El presente escrito es un breve resumen del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) que consta de 600 páginas presentado por la Dirección General de Impacto Ambiental de La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Las características de la autopista.
La autopista así como la región donde se construirá, según su Sistema Ambiental Regional (SAR) descrito en el MIA, tiene las siguientes características:
1-La autopista consta de 48 km que cruzará terrenos ejidales y comunales, desde el municipio de Palenque (Región XIII Maya), pasando por el municipio de Salto de Agua (Región VI Selva), hasta el municipio de Chilón (Región XI Tulijá-Tseltal-Chol), cerca de las localidades Tzinteel y Saquil-Ulub
2-La superficie que cubrirá la carretera es de 62.9455 hectáreas que equivalen a la superficie de 88 campos de futbol, incluyendo los accesos y zonas de servicio. Sin embargo, para la construcción de la carretera se necesitarán 80 metros como derecho de vía que equivaldrá a 348 hectáreas. Si se agrega la superficie que se usará para los entronques al ramal de la comunidad de Adolfo Ruiz Cortines con un área de 23,128m2 y el ramal de Cascadas de Agua Azul con una superficie de 10,444m2, representa en conjunto un total de 387.3572 hectáreas.
3-El tiempo de construcción se estima en 18 meses, aunque por lo general se alarga el tiempo en este tipo de construcciones.
4-La obra estaría a cargo del Gobierno de Chiapas. La fuente de financiamiento del proyecto sería 100% de origen federal con una estimación total de $816,000,000 MXN. De igual manera por lo general los presupuestos de duplican o triplican durante la construcción.
5-La topografía es montañosa con altitudes de hasta 590 m.s.n.m. Existe una baja susceptibilidad sísmica aunque existen fallas geológicas: en la zona lateral izquierda (Chacte Ocosingo) e inversa (Jataté y Chacte Ocosingo). En la parte norte existen dos tipos de fallas: oblicua (Jataté) e inversa (Jataté). En la parte sur de la región del proyecto existe una falla tipo inversa (Chacte Ocosingo).
6-La región cuenta aproximadamente con 38 zonas de fracturas, sobre todo en la parte central y sur del SAR donde se ubica la autopista.
7-A lo largo de esta carretera existen tres zonas de alta susceptibilidad ante deslizamientos y caída de bloques. El resto predomina la susceptibilidad media de deslizamientos.
8-La región tiene territorios con erosión baja, media, alta y muy alta.
9-No existe afectación por la actividad volcánica del Tacaná y Chichonal. Solo las comunidades La Flor de Bascán y Amuypa Chico son susceptibles a caída de cenizas (de 4.7 cm de espesor aproximadamente) por parte del volcán Chichonal.
10-La región centro y sur del proyecto carretero está catalogada como alto peligro por inundación; la parte norte está catalogada como peligro medio por inundación. En la región no se detectó nivel freático.
11-La autopista no se localiza en Áreas Naturales Protegidas (ANP) con decreto federal o estatal. Al inicio del tramo el ANP más cercano es el Parque Nacional Palenque ubicado a 6.04 km de distancia; y al final del tramo el Área de Protección de Flora y Fauna Cascadas de Agua Azul ubicada a 3.05 km.
12-Se modificará el cambio de uso de suelo de terrenos forestales por 45.1672 hectáreas que serán deforestadas. La primera zona a deforestar será del tramo Km. 0+000 al Km 15+000 por 15.1898 Ha. En la segunda zona del tramo Km 15+000 al Km 49+250 se deforestarán 29.9774 Ha.
13-Se explotarán 13 bancos de materiales ya existentes y más cercanos a la obra: 3 bancos destinados para pavimentos y 10 bancos destinados para terracerías. Estos bancos son: La Pimienta, San Manuel, El Venadito, Km35, El Buen Pastor, Yaxchilán Uno, Yaxchilán Dos, Las Cruces, Trapa, 20 de Noviembre, San Manuel, El Chilón, El Venadito.
14-Toda la basura y los residuos que se generen serán abandonados en cada uno de los tres municipios: residuos sólidos, no reciclables o peligrosos como pintura, solventes y aceites de maquinaria y equipo, etc.
15-La autopista no inciden en ningún humedal que forme parte de la Convención Ramsar. El más cercano es el “Sistema Lagunar Catazajá” y los “Humedales La Libertad” ubicados a 27.12 km y 27.31 Km respectivamente.
16-A lo largo de este tramo de autopista se construirían 121 pasos de fauna, uno cada 500 metros. Se construirán 6 Puentes y 2 Viaductos. Habrá 3 Entronques: Palenque, Misol Ha y Agua Azul. Y en total habrá 17 Pasos Superior Vehicular (PSV) y Paso Inferior Vehicular. El tramo carretero contará con cinco túneles cuyos Manifiestos de Impacto Ambiental todavía no se presentan. El más corto será de 140 metros de longitud y el más largo de 420 metros.
17-La autopista no se ubica dentro de una Región Terrestre Prioritaria (RTP). La más cercana se ubica a 6.68 km en dirección Este de la parte media del tramo, correspondiente a la RTP-138 (Lacandona).
18-El SAR se encuentra dentro de la Región Hidrológica Grijalva-Usumacinta (RH-30) integrada por 7 cuencas hidrológicas, y 2 inciden dentro del SAR: la cuenca del Río Usumacinta y la cuenca del Río Grijalva-Villahermosa. Ambas están integradas por 32 subcuencas de las cuales la autopista se inserta en la subcuenca del Río Chacamax, Río Basca y Río Tulijá. Sin embargo, el MIA argumenta que no se ubica dentro de una Región Hidrológica Prioritaria (RHP), la más cercana al sitio es Río Lacantún y tributarios (RHP-092), ubicado a 6.68 km en dirección Este del sitio del proyecto.
19-La utopista no se ubica dentro o cerca de una Región Marina Prioritaria (RMP).
20-La autopista no se ubica dentro de un Área de Importancias para la Conservación de las Aves (AICAS). La más cercana se ubica a 4.83 km en dirección sureste del sitio, correspondiente a Montes Azules AICA-163; y a 16.82 km al suroeste del punto final (km 49+000) se ubica el AICA 181.
21-Sobre la fauna. A lo largo de todo el trazo de la autopista se registraron 16 Anfibios, 20 Reptiles, 257 Aves y 41 Mamíferos. Así, son muchas especies de aves que se verán afectadas por las deforestación. Entre las aves amenazadas o en peligro de extinción están: aguililla, gavilán, halcón, loro, perico, tucancillo, colibrí, guacamaya, etc. En las regiones que cruzará la autopista se encuentran mamíferos como: tepezquintle, monos, zorros, armadillos, tlacuaches, murciélagos, osos hormigueros, ardillas, venado, grisón, mapache, tuza, muchos de ellos se encuentran en peligro de extinción, en amenaza o sujeta a protección. Todos ellos serán ahuyentados de diversas maneras de sus hábitat para desalojar el trazo por donde pasará la autopista. En el caso del Mono Aullador Negro que está en peligro de extinción se propone colocar pasos y/o cruces de Fauna mediante tendidos de cable o cuerda suponiendo que con ello cruzarán la autopista.
22-Se obtuvo un listado florístico que contiene 484 especies. Dentro de éstas existen cinco especies endémicas de Chiapas; dos especies de distribución restringida (Chiapas–Oaxaca y Chiapas-Guatemala); y 142 de México a Centroamérica. Se registran 12 especies en riesgo y nueve especies se encuentran en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. De acuerdo a esta lista, Nectandra leucocome, Trichilia breviflora y Zamia lacandona son especies en peligro de extinción. También se registraron 11 especies de la Vegetación Secundaria Arbórea de la Selva Alta Perennifolia en peligro de extinción: Cuna de Moisés, Guaya de Cerro, Piñuela, Huesillo, Cedro, Palma Botella, Vainilla, Amatillo, Colorín, Tempisque, Guano Kunt. A lo largo del todo el trazo de la autopista se registran 26 especies sujetas a protección especial.
23-A lo largo del trazo de la carretera persiste el clima Cálido húmedo con abundantes lluvias todo el año, especialmente entre los meses de junio y octubre.
24-La topografía del SAR hace que sea susceptible a fenómenos hidrometeorológicos, y está compuesta por una red hidrológica que contiene varias corrientes de agua continuas, así como escurrimientos pluviales intermitentes que se verán afectadas por la autopista.
25-Se identifica una red hidrológica conformada por ríos y arroyos. En la parte norte del SAR, se encuentran: Jijipá, Baluntie, Chacamax; en la parte centro del sistema, está conformado por los principales ríos y arroyos: Misol-Ha, Lucha Bascán, Bascán, Palenque, Serranía y Tulijá; mientras que, en la parte sur del SAR, está constituido por: Shumuljá, Sola, Chutalijá y Cacateel.
26-El SAR está sobre dos acuíferos denominados Palenque (norte) y La Sierra (centro y sur).
27-El trazo del proyecto está situado sobre dos tipos de suelos permeables, alta y baja.
28-Existen 9 tipos de uso de suelo y 3 tipos de vegetación: Pastizal cultivado (40.52%), Vegetación secundaria arbórea de selva alta perennifolia (33.93%), Vegetación secundaria arbustiva de selva alta perennifolia (4.89%), Agricultura de temporal anual y permanente (7.55%), Agricultura de temporal permanente (3.63%), Agricultura de temporal anual (3.36%), Asentamientos humanos (2.09%), Selva Alta Perennifolia (3.97%) y Desprovisto de vegetación (0.01%).
29-Se identifican 60 localidades mayores a 200 habitantes. Solo la cabecera municipal de Palenque es urbana y las 59 restantes son rurales que en conjunto cuentan con una población de 90,527 habitantes. Destacan con mayor población la comunidad de San Miguel ubicada en el municipio de Salto de Agua con un población de 1,527 habitantes y situada a 1 Km del trazo de la carretera; y la comunidad de Pantemajas en el municipio de Chilón con una población de 423 habitantes localizada a 6.8 Km de la autopista. Las comunidades se caracterizan con alto índice de marginación y rezago social.
30-En el segundo tramo KM. 15+000 – KM. 49+250, la autopista incide en dos predios particulares, y 197 parcelas, los cuales pertenecen a los Núcleos Ejidales de Adolfo Ruíz Cortines, Arroyo El Encanto, Eben-Ezer, Estrella de Belem, Francisco I. Madero, Palma Tulijá, San Miguel, Santa María, Úrsulo Galván y Vicente Guerrero. Al igual que en el tramo anterior, los predios y las parcelas se conjuntaron en polígonos que corresponden a la superficie de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF), dando un total de 119 polígonos, y cuenta con una superficie de 46.4819 hectáreas. Sin embargo, en otra parte del MIA se afirma que en el SAR la mayoría de las superficies que inciden con el proyecto corresponden a propiedades privadas, cuando se supone que se atraviesan tierras ejidales y comunales.
Las consecuencias sociales, ambientales y culturales
La construcción de carreteras impacta a más de un ecosistema. Entre los impactos ecológicos más significativos de las autopistas y de manera permanente son el deterioro, la pérdida y la fragmentación de los ecosistemas; la dispersión de especies exóticas así como la disminución de las poblaciones de diversas especies de flora y fauna nativas. Por lo tanto, la autopista propiciará todo esto y habrá pérdida de flora y fauna que serán irreparables, sobre todo de las que se encuentran en peligro de extinción. También habrá pérdida de los centros de anidación y provocará cambios en los patrones de movimientos y comportamiento de la fauna. El ruido se incrementará por arriba de lo normal, en especial por el uso de maquinaria, vehículos, plantas de asfalto, etc., lo que favorecerá esta dispersión de las especies de fauna locales.
Con el desmonte y otras acciones se tendrán impactos negativos sobre el paisaje en cuanto a su calidad visual de manera total o permanente. También se provocará contaminación atmosférica. El uso de maquinaria y otros equipos impactarán en la calidad del aire debido a la generación de polvos, gases y la emisión de partículas que podrán sedimentarse en otras parcelas fuera del área del proyecto carretero.
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 3 de noviembre del 2025
El Montaje Mediático de las Empresas Mineras Canadienses y la Diplomacia Canadiense en México
El lunes 24 de octubre, el Comité Ejecutivo de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá en México (CanCham) comunicó la adopción del estándar Hacia una Minería Sustentable por parte de sus socios, anunciándolo como si esto fuera un gran avance para la industria en México y para la relación entre Canadá y México. Pero, ¿Qué es este estándar?, ¿Cómo funciona? ¿Qué papel tiene en su promoción el gobierno canadiense?
Dado el gran velo que cubren estos mecanismos de auto regulación empresarial de la que este estándar forma parte, queremos en este comunicado dar algunos elementos para mostrar por qué este estándar es un mecanismo más de simulación, que permite que, mientras las empresas canadienses destruyen con impunidad vidas y territorios en diferentes partes de la República mexicana, sean reconocidas por los gobiernos como “una fuerza positivapara las comunidades, para el medio ambiente y para la prosperidad a largo plazo de nuestro México”, como dijo el embajador de Canadá en México, Cameron Mackay, al anunciar este estándar.
El estándar Hacia una Minería Sustentable (TSM por sus siglas en inglés) es un mecanismo creado por la Asociación Minera de Canadá que consiste en nueve protocolos para la autoevaluación de las operaciones mineras y que, desde hace años, ha sido promovido por dicha Asociación, tanto dentro de Canadá como a nivel global. Sin embargo, el sector minero no es el único impulsor de este estándar; las embajadas canadienses alrededor del mundo también asumieron el papel de promotoras de dicho estándar voluntario, como parte de su política exterior servil a los intereses mineros. Así, la embajada actúa con omisión y negligencia ante la exigencia que gobiernos, organizaciones y comunidades le han hecho durante décadas para llevar a rendir cuentas a las empresas mineras con domicilio en Canadá por las violaciones a derechos humanos, medio ambiente y a la salud en diversos países.
Contrario a lo que dijo el Embajador de Canadá en México, Cameron Mackay, en el boletín emitido por CanCham, este estándar no va a “garantizar que la inversión canadiense en el sector minero mexicano siga siendo, más que nunca, una fuerza positiva: para las comunidades, para el medio ambiente y para la prosperidad a largo plazo de nuestro México». Más bien, este estándar promueve la opacidad y el conflicto de interés al promover procesos de auto-regulación de las empresas sobre sus propias operaciones. Es además un mecanismo que no conlleva penalizaciones para las empresas que no cumplen los protocolos, al tiempo que evita que las comunidades y trabajadores mineros afectados busquen justicia y reparación del daño cuando pierden fuentes de agua, se destruyen sus tierras cultivables, empiezan a enfermarse, o enfrentan la criminalización y la violencia por haberse organizado y denunciado violaciones de sus derechos.
Organizaciones ambientales y pueblos indígenas de Canadá también han señalado la peligrosidad de este estándar, por la misma forma en que la Asociación Minera de Canadá y el gobierno de la provincia de Columbia Británica, en este caso, lo han utilizado para disfrazar la minería como una actividad “responsable”, evitando así responder a las constantes exigencias sobre los riesgos que implican los diques de cola, sobre la debilidad de la legislación y los controles para manejar la contaminación del agua generada por la minería, y la falta de respeto y desdén que constantemente muestran las corporaciones mineras hacia la autodeterminación de los pueblos indígenas.
En una publicación de 2021, este grupo de organizaciones canadienses observaron que este estándar voluntario no asegura que las empresas cumplan ni con sus protocolos, ni con las leyes locales de aquel país y, aún más, lo señalaron por ser un estándar incluso más débil que otros, por no tomar en consideración temas relevantes como la reclamación y cierre de minas, la seguridad en torno a la operación minera, o los derechos humanos, entre otros.
Además, lo que se anunció esta semana como el compromiso de las empresas mineras canadienses vinculadas al comité de CanCham para “implementar de manera gradual los protocolos del estándar”, es como decir que lo podrían aplicar ahora o nunca, dado que todo es gradual y voluntario.
Para dimensionar lo inútil que este estándar es para la justicia y la rendición de cuentas, basta con voltear a ver la mina Los Filos de la empresa Equinox Gold en Guerrero, una empresa canadiense con sede en Vancouver y cuyo vicepresidente para México, Armando Ortega, forma parte del Consejo Ejecutivo actual de CanCham. Este empresa ya tiene un compromiso con el estándar mencionado, al ser miembro de la Asociación Minera de Canadá, y demuestra la farsa que es este estándar. Al mismo tiempo su mina Los Filos está poniendo en riesgo la vida de la comunidad de Carrizalillo al haber destruido casi la totalidad de sus tierras mientras la empresa mantiene su pretensión de imponer condiciones absolutamente inviables sobre su convenio de uso de tierras, con la auto-suspensión ilegal de su mina y al mismo tiempo haciendo amenazas y demandas en contra de la comunidad.
Esto conjunto de violaciones no sólo lo dice la comunidad de Carrizalillo, si no ahora la clausura reciente por PROFEPA a las operaciones de la empresa, respalda lo que ha estado diciendo la comunidad desde hace meses en torno a los incumplimientos de la empresa de la normatividad ambiental mexicana y respecto al señalamiento de que este cierre debería conllevar un proceso de remediación, rehabilitación y compensación justa y consensuado con la comunidad.
Finalmente, en su boletín, el Comité Ejecutivo de Minería de CanCham, dice que la adopción de este estándar “responde a la exigencia consensuada por la presidenta de México y el primer ministro de Canadá para que la industria minera siga llevando a cabo protocolos de protección comunitaria y ambiental acordes con las aspiraciones comunes de construir un marco de desarrollo sostenible”. Como REMA, no dudamos que este anuncio sea parte de un montaje mediático organizado por la industria en colaboración con la diplomacia canadiense para maquillar su Plan de Acción Canadá-México y su acercamiento con México en el contexto de la revisión del T-MEC para tratar de persuadir al gobierno mexicano que las empresas mineras canadienses ahora van a comportarse bien.
Si las autoridades mexicanas responden a este gesto con complacencia y confianza, sería caer nuevamente en la trampa de la simulación, en la política colonial extractivista de Canadá y aceptar la continuidad del despojo, desplazamiento e impunidad en torno a la minería que ya conocemos demasiado bien.
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)
Imagen: Mina Los Filos, Carrizalillo, Guerrero. Foto: REMA
Compartimos esta nota de análisis de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 16 de octubre del 2025
Desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) escribimos esta nota de análisis a partir de lo ocurrido durante la Reunión Pública de Información del proyecto Puerto Nuevo Manzanillo, promovido por la Secretaría de Marina (SEMAR) y realizada el 2 de octubre. La publicamos ante la preocupación y en solidaridad con las denuncias de Tsikini A.C., DEMAREM A.C. y las comunidades de la Laguna de Cuyutlán, que han señalado graves carencias en la evaluación ambiental, irregularidades en el procedimiento y simulación institucional. Esta nota busca visibilizar los hechos, amplificar las voces comunitarias y analizar el avance de la militarización y el despojo territorial bajo el discurso del desarrollo.
A principios del mes, la SEMARNAT llevó a cabo la Reunión Pública tras la presión de 651 pescadores, salineros y organizaciones locales que impidieron que se realizara únicamente en línea, quienes durante toda la jornada demostraron que no se trata de unos cuantos inconformes, sino de una comunidad que sabe sobre las implicaciones de la expansión portuaria sobre la Laguna de Cuyutlán.
Durante la jornada se denunciaron distintas irregularidades en los procedimientos de implementación, como trabajos de dragado iniciados sin permisos ambientales y una Manifestación de Impacto Ambiental elaborada en apenas dos meses, firmada por un solo consultor. Además, se alertó sobre la fragmentación ilegal del proyecto, al presentar por separado el bardeado del vaso II, una estrategia que busca evadir la evaluación integral de los graves impactos ambientales y sociales.
Lo ocurrido en Manzanillo forma parte de un patrón estructural de imposición institucional cada vez más militarizada que se repite en numerosos territorios del país, que transgrede la integridad de la Laguna de Cuyutlán entera, y pone en riesgo el ecosistema de manglar con toda su biodiversidad e importancia para la protección costera ante eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes, además afectando los derechos de la población afectada a un ambiente sano, al agua, a la salud y al trabajo de las familias salineras y pesqueras, reduciendo los procesos de consulta pública (tal como han sido durante todo el periodo neoliberal hasta ahora) a formalidades administrativas manipuladoras y mal hechas que sirven para legitimar decisiones ya tomadas por las élites políticas y/o empresariales.
Las autoridades encargadas realizan estos procedimientos evadiendo la garantía de derecho a la información y a la participación, generando dinámicas de desgaste, división y exclusión. Esta reunión pública evidencia cómo la burocracia ambientalreproduce prácticas coloniales de simulación participativa.
Es de especial preocupación que estos espacios también sirvan a las autoridades para la confrontación utilizando estrategias para el acarreamiento de personas o la invitación a opositores del proyecto fomentando la división comunitaria. Estos espacios para nada buscan la información, la participación ciudadana ni la rendición de cuentas, son un montaje institucional que busca validar administrativamente y políticamente un proyecto que ya decidieron las autoridades sea aprobado.
La Secretaría de Marina (SEMAR) representa la militarización creciente del país y del control estratégico de los bienes comunes. A través de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), que desde 2021 concentra bajo mando militar la gestión de todos los puertos, la Marina actúa como promotora directa del proyecto. Esta participación refleja una política nacional que militariza la infraestructura estratégica y coloca el llamado “interés nacional” por encima de los derechos de las comunidades, donde la fuerza sustituye la voz de los pueblos afectados.
En el fondo, este caso revela cómo la política ambiental es una herramienta de gestión del despojo, al servicio de megaproyectos de infraestructura, exportación y logística que profundizan el extractivismo bajo nuevos nombres. La expansión del Puerto de Manzanillo no solo amenaza el equilibrio ecológico de la Laguna de Cuyutlán, sino que acelera la privatización del litoral, la pérdida de biodiversidad, el desplazamiento de comunidades y la producción pesquera y salinera, y el colapso urbano que ya afecta a la región. Con ello, se perpetúa un modelo autoritario extractivista militarizado en el que las instituciones estatales siguen actúan como facilitadores o operadoras del capitalismo rapaz y no como garantes de los derechos humanos, ambientales y colectivos de los pueblos.
Empresas Transnacionales en México: Criminales Ambientales
Presentamos esta serie de infografías que visibilizan el impacto de las empresas transnacionales más contaminantes en México. Estas corporaciones transnacionales son responsables de graves impactos socioambientales, bajo el discurso del desarrollo y el progreso, han devastado ecosistemas, vulnerado derechos humanos y profundizado las crisis socioambientales.
Nuestro objetivo es evidenciar cómo operan estos actores criminales, mostrar las luchas de las comunidades afectadas y denunciar la impunidad con la que continúan destruyendo territorios y vidas. Con esta información buscamos visibilizar sus responsabilidades y aportar a las luchas por la justicia ambiental en el país.
En esta sexta infografía abordamos a Bayer la gran farmacéutica y en 2018 adquirió a Monsanto
Comunicado de Otros Mundos sobre a ratificación de la Declaratoria de Territorio Libre de Minería en Acacoyagua – A 15 de octubre del 2025
Por quinta vez consecutiva el “Frente Popular en Defensa del Soconusco-20 de Junio” (FPDS), quienes en 2020 fueron galardonados con el Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas “Mariano Abarca”, han logrado que el H. Ayuntamiento del Municipio de Acacoyagua, Chiapas, sea declarado libre de minería.
Así, el 15 de agosto de 2025, el gobierno de este ayuntamiento de la costa de Chiapas, presidido por el Presidente Municipal José Antonio Meza, se llevó a cabo una sesión de cabildo exclusiva para realizar un “ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ESTE HONRABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE REFRENDAR EL COMPROMISO DE NO EXTENDER NINGÚN PERMISO NI LICENCIA PARA LA ACTIVIDAD MINERA EN LO QUE COMPRENDE EL PERIODO DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027. Y DECLARA ESTE MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, LIBRE DE MINERÍA”.
El FPDS, miembros de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), han mantenido su lucha y resistencia para defender sus territorios, los ríos y la Madre Tierra. Desde entonces han logrado que el municipio sea declarado libre de minería en cada administración municipal. El Municipio de Acacoyagua fue el primero a nivel nacional que declaró su territorio libre de la extracción minera que amenazaba ya con impactos sociales y ambientales.
Es por ello que reconocemos el esfuerzo del FPDS, del pueblo de Acacoyagua y de las ultimas cinco administraciones municipales por dar el ejemplo a nivel estatal y nacional de lo que significa defender los ríos, sus territorios, el agua y la salud de su pueblo.
Comunicado de Otros Mundos ante el vil asesinato del querido Padre Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas – A 20 de octubre del 2024
Hoy a las 7:30 de la mañana fue asesinado en el barrio de Cuxtitali, de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el Padre Marcelo Pérez Pérez, indígena tsotsil, defensor de la Madre Tierra y los derechos humanos, promotor de la paz y reconciliador comunitario que vivió para servir a las comunidades indígenas y mestizas que acompañó.
Durante su desempeño pastoral, el Padre Marcelo desafió a los poderes formales y de facto que atentaran contra los intereses colectivos de los pueblos originarios. Desempeñó un papel decisivo en la mediación de diversos conflictos inter e intracomunitarios y su palabra solidaria hizo eco allí donde hubiera una causa justa que defender. Por todo ello, fue descalificado, amenazado, perseguido y calumniado. Hoy las amenazas se hicieron dolorosa realidad.
Desde Otros Mundos Chiapas A.C. expresamos nuestra indignación ante un hecho atroz largamente anunciado. Exigimos el esclarecimiento puntual del crimen y la aplicación de la ley. Rechazamos cualquier intento de minimizar el caso y presentarlo como un hecho aislado de violencia. Tampoco aceptaremos ninguna acción que perpetúe la impunidad que caracteriza a la justicia en México, sobre todo en el estado de Chiapas.
