Les compartimos el último podcast de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC sobre la lucha de los pueblos que resisten el poder corporativo de las empresas -A diciembre 2024
¿Las expresiones despojo, desplazamientos forzados, persecuciones, apropiación de bienes naturales, acaparamiento de tierras, envenenamiento del agua y la tierra, militarización, te suenan familiares? Se pueden definir, pero ¿cómo se viven?
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe presenta “Ojos que no ven, corazón que siente”, un podcast que repasa las luchas de los pueblos del mundo para parar la impunidad de las empresas transnacionales.
¿Cuánto daño es suficiente para decir basta? ¿Cuántas cortes internacionales, cuántos juicios locales, son suficientes para parar la impunidad empresarial? ¿Cuántas trabajadoras y trabajadores, y comunidades afectadas, expulsadas de sus hogares, enfermas y duelando a sus familiares? ¿Cuánta tierra más veremos morir?
En el primer episodio presentamos un resumen de los diez años de negociaciones que se cumplen este 2024, en el Consejo de Derechos Humanos de ONU, por un instrumento internacional que obligue por ley a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos.
Te invitamos a escuchar hoy “Legal y obligatorio: una historia contra la impunidad empresarial”.
Segundo episodio: “60 mil millones de litros de agua tóxica”
De 1964 a 1990 la empresa transnacional petrolera Chevron (ex Texaco), derramó 60 mil millones de litros de agua tóxica y 108 millones de litros de petróleo crudo en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana, en la mayoría de los casos planificadamente.
Las consecuencias de los crímenes ambientales de Chevron no son parte del pasado. Aunque la corporación se haya retirado del país, las poblaciones de la Amazonía ecuatoriana siguen sufriendo y resistiendo a los efectos nocivos hasta el día de hoy.
Luego de 31 años de luchas, y a pesar de que hay una sentencia judicial que obliga a Chevron a pagar 9.5 mil millones de dólares por las 30 mil personas damnificadas, al día de hoy no hay justicia. La sentencia sigue sin cumplirse.
Te invitamos a escuchar este nuevo episodio de “Ojos que no ven, corazón que siente”.
Les compartimos esta nota de Desinformémonos sobre los 10 años de GeoComunes, agradacemos siempre su trabajo y caminar con los pueblos que resisten – A 10 de diciembre del 2024
Mauricio González González
No es ajeno para quienes se ven afectados por una mina, una presa, un pozo petrolero, una carretera, un programa de desarrollo urbano o cualquier proyecto de este tipo, lamentarse por el infortunio de vivir en el lugar menos adecuado, “–Ora nos tocó a nosotros” me han dicho en más de una ocasión, pero lo que no es legible en esas situaciones es que ello responde a una lógica territorial mayor, una que no sólo expresa los intereses de élites regionales o nacionales, sino que es estructural e históricamente determinada y que, al revelarse, permite dimensionar el tamaño de la afrenta y, por mucho, de nuestras respuestas, de nuestra lucha. Hace una década apareció acompañando a diferentes procesos, los primeros en el Valle de México, un colectivo que empezó a mapear algunos de esos proyectos que afectaban a localidades y regiones enteras y que, de varias maneras, hacían eco a la voz de sus habitantes que se oponían, que les resistían. Se hacían llamar GeoComunes.
Luis Fernando Pérez, integrante del colectivo desde sus inicios explica que “GeoComunes se creó por una coincidencia, un poco, había compañeras, compañeros que querían hacer algo de utilidad en términos cartográficos, en procesos organizativos, que habían comenzado a tener experiencias en algunos lados, Chiapas, Guerrero, y que nos fuimos conociendo a partir de un compañero, Stéphane [Couturier], nos dimos cuenta que queríamos hacer cosas parecidas, que teníamos un horizonte político compartido y que podríamos caminar en conjunto”. Era el 2014, numerosos proceso de despojo en todo el país estaban en curso, bajo la impronta de lo que algunos llamaron “el consenso de los commodities”, cuya expresión desde abajo era de franca disputa y confrontación caracterizada por amplios diferenciales de poder en la gran mayoría de las trincheras pero que, de a poco, fueron adquiriendo experiencia y articulándose, tal como sucedió con el propio colectivo GeoComunes: “procesos de aprendizaje -explica Yannik Deniau- han sido muchos, pero creo que el momento cuando empezamos a integrarnos a ciertas redes, es decir, al trabajo directamente de acompañamiento en el momento en que esos procesos se estaban agrupando en ciertas redes, como ha sido la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF) y otras, también fue potencializando el trabajo, se fue pensando entre muchas personas, perfilando estrategias para procesos de defensa del territorio y procesos colectivos”. A su entender eso ha sido lo fundamental, orientarse por y con los procesos a los cuales se acercan, colaborar, sumar y co-crean colectivamente, en un diálogo permanente que les hace ir y venir del gabinete y las herramientas técnicas a donde está la gente.
Así, un recurso tan sofisticado como lo es la cartografía formó parte de nuestros bastimentos, “hacer de los mapas una herramienta que potencie el proceso político-organizativo de cualquiera”, dice Isabel Velázquez, “que esté pensado desde lo local como reapropiación de sus territorios”. Cartografías colaborativas como formas de acción política. La responsabilidad de la información que se comparte, el acopio y análisis crítico de diferentes fuentes, la construcción de bases de datos y liberación de información no siempre accesible es parte del esfuerzo en conjunto, lo cual han realizado con sobrada generosidad y cuidado: “ir reconociendo corresponsabilidades políticas pero también las emotivas, sentirnos muy cercanos con la gente que acompañamos y con la que hemos podido trabajar”, subraya Isabel, lo cual es patente en el cariño que les profesan no pocos compañeros, compañeras de diversos procesos.
Pero mantenerse como colectivo no es asunto menor, trascender el momento inicial insuflado de activismo a otro con un quehacer político específico como organización, ha requerido conocerse y reconocer necesidades específicas, posibilitar condiciones de trabajo adecuadas para continuar, “servir y hacer el trabajo que creemos puede ser útil, la definición política de con quién sí trabajamos, con quien no, asumir responsabilidades frente a qué hacer y no sólo poner mapas”, reflexión fundamental de un trabajo compañero. servir y no servirse, tal como hacen los consecuentes con las enseñanzas del movimiento indígena que cimbró el final del siglo XX en la sociedad mexicana.
Ante ello en 2022 GeoComunes tomó una decisión largamente acuñada, conformarse como organización civil, “hemos ido construyendo nuestro propio camino, si bien hay alianzas, hemos logrado mantener la capacidad de definir hacia dónde, con quienes sí, con quienes no, y de qué manera, estamos pasando por un nuevo proceso”, explica Luis, del cual sin duda también van allegándose nuevas enseñanzas. Así, GeoComunes se define hoy como “un colectivo que acompaña a las organizaciones de base rurales y urbanas en la lucha por la defensa territorial y en el fortalecimiento de su autodeterminación, a paritr de la realización de investigación y cartografía colaborativa para la defensa de los bienes comunes” (https://geocomunes.org), colectivo del cual hoy celebramos 10 años de existencia, agradecidos siempre por su aporte, sencillez y claridad. Larga vida.
Les compartimos el nuevo informe de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo sobre las instituciones financieras que invierten en proyecto que contribuyen a la represión y violación de derechos humanos – A 4 de diciembre del 2024
En todo el mundo, las instituciones financieras de desarrollo (IFD) están invirtiendo mucho en contextos muy represivos, donde la gente no puede expresar públicamente sus preocupaciones y los grupos de la sociedad civil no pueden actuar libremente. «Financiar la represión: Por qué los bancos de desarrollo deben replantearse la financiación en países que bloquean las libertades cívicas» combina análisis cuantitativos de las inversiones de las IFD y estudios de casos para
revelar hasta qué punto los bancos de desarrollo financian proyectos en países con un espacio cívico cerrado;
explicar por qué las restricciones del espacio cívico deberían ser una preocupación crítica para los bancos de desarrollo
esbozar una serie de recomendaciones que los bancos de desarrollo deberían seguir antes de aprobar proyectos en tales contextos.
Los bancos de desarrollo alimentan la represión al invertir fuertemente en paísesque restringen las libertades cívicas
4 de diciembre de Este mes, el Banco Mundial está listo para votar un proyecto potencialmente catastrófica que implica desplazar a unas 60.000 personas, en uno de los países más represivos del mundo. La represa Rogun en Tayikistán es uno de los ejemplos más flagrantes de cómo los bancos de desarrollo a menudo dan prioridad a sus propios intereses estratégicos sobre los derechos humanos, ignorando severas restricciones a las libertades cívicas en sus países de operaciones. Lamentablemente, sin embargo, este caso dista mucho de ser único.
De acuerdo con el informe – Represión de Financiamiento – publicado por la Coalición para los , el Sistema de Alerta Temprana (EWS) y el Proyecto de Rendición Internacional de Rendición (IAP) – Los bancos de desarrollo están financiando proyectos multimillonarios en contextos altamente represivos, donde la gente no puede expresar públicamente sus preocupaciones y los grupos de la sociedad civil no pueden operar libremente.
En el documento, las consultas con las comunidades afectadas son un requisito clave para los proyectos financiados con bancos de desarrollo. Pero cómo pueden los bancos garantizar la participación pública, en los países donde la opinión equivocada puede llevarte a la cárcel o donde la gente ni siquiera se atreve a hablar, ya que tienen demasiado miedo de hacerlo, dice Mark Fodor, Coordinador de la campaña de Defensores en el Desarrollo.
Financing Repression. utiliza datos de la base de datos dirigida por la sociedad civil Sistema de Alerta Temprana para analizar las inversiones de los bancos de desarrollo en países marcados como con espacio cívico cerrado (según datos de CIVICUS Monitor).
Algunos hallazgos clave incluyen:
De 2019 a 2023, 13 bancos de desarrollo invirtió al menos 88.000 millones de dólares a 1058 proyectos en 18 países con espacio cívico cerrado.
Los bancos que más están invirtiendo son: Banco Mundial, Banco Asiático de Desarrollo (ADB), Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB), Corporación Financiera Internacional (CFI) y Banco Europeo de Inversiones (BEI).
China, Egipto, Uzbekistán y Vietnam recibieron casi el 90% del total de las inversiones.
En 2023, Uzbekistán, Laos, Djibouti y Egipto tuvieron las inversiones per cápita más altas.
En los 18 países con espacio cívico cerrado, los sectores más financiados son las finanzas (13,6%), la energía (12,7%), el transporte (11,8%), la ley y el Gobierno (10,2%) y la infraestructura (9,2%).
Los datos revelados en este informe son extremadamente preocupantes, dice Ryan Schlief, director ejecutivo de IAP. Los millones están siendo canalizados a los países más represivos del mundo, y esto es sólo la punta del iceberg. Afortunadamente, a menudo falta transparencia y se detallan todos los detalles sobre la cantidad invertida y el uso específico de los fondos proporcionados sigue sin estar disponible.
El informe incluye cinco estudios de casos (Azerbaiyán, Egipto, Tayikistán, Uzbekistán y Vietnam), que ilustran cómo las restricciones del espacio cívico plantean graves riesgos para los defensores de los derechos humanos y las comunidades que hablan sobre proyectos de desarrollo.
En estos contextos, cuando los proyectos de desarrollo en estados autoritarios no se alinean con las necesidades de las comunidades locales o cuando conducen a impactos dañinos, hay poco espacio para que las personas afectadas hagan oír su voz, dice Umida Niyazova, del Foro uzbeko de Derechos Humanos.
Azerbaiyán : A pesar de haber acogido la COP29 el mes pasado, los defensores de derechos humanos que exponen la corrupción o exigen responsabilidades en el sector energético son criminalizados rutinariamente. En los últimos cinco años, los bancos de desarrollo han invertido 267 millones de dólares en proyectos energéticos, pero no han utilizado su apalancamiento para exigir libertad para activistas anticorrupción como Gubad Ibadoghlu (quien actualmente está bajo arresto domiciliario).
Egipto : El miedo a la represión ha llevado a una autocensura generalizada, impidiendo que los defensores de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y cualquier persona den voz segura a sus preocupaciones sobre los proyectos de desarrollo, mientras que los bancos de desarrollo y la Unión Europea (UE) siguen comprometiendo miles de millones para financiar el régimen.
Tayikistán : los principales bancos de desarrollo en el marco de un plan orquestado por el Banco Mundial están financiando el controvertido proyecto hidroeléctrico de Rogun. Si se completa, esta se convertirá en la presa más alta del mundo. Este proyecto corre el riesgo de causar importantes impactos ambientales, sociales y financieros en Tayikistán y otros países aguas abajo, y se espera que unas 60.000 personas sean desplazadas. Pero en un contexto tan represivo, sus preocupaciones corren el riesgo de permanecer inaudita.
Uzbekistán : el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), la CFI y el BAsD están financiando la empresa de algodón Indorama Agro, a pesar de las represalias perpetradas por la empresa, funcionarios del gobierno y servicios de seguridad contra trabajadores, miembros del sindicato y defensores de los derechos humanos.
Vietnam: mientras negociaba y lanzaba un acuerdo internacional sobre la transición energética justamente con varios bancos de desarrollo y gobiernos occidentales, el gobierno vietnamita ha estado criminalizando a los líderes ambientales y climáticos bajo falsas acusaciones.
Entre los grupos de la sociedad civil, hay diferentes perspectivas sobre si las instituciones financieras y las instituciones financieras internacionales deben invertir en tales contextos o no, y en qué condiciones. Sin embargo, todos apuntan a la necesidad de que los bancos de desarrollo extremen la precaución extrema.
Los bancos de
Citas adicionales
– Reasentamiento adicional de 50.000 personas para construir la represa Rogun en Tayikistán, un país con un historial muy problemático en materia de derechos humanos – contradice directamente las políticas de salvaguardia de la mayoría de las instituciones de financiación del desarrollo. Opciones alternativas, como la construcción de una presa más baja y la rápida instalación de paneles solares, podrían servir mejor a las necesidades de Tayikistán y evitar reasentamientos adicionales. Sin embargo, a favor de la actual propuesta de proyecto, el Banco Mundial y los demás financiistas están estimulando una silenciosa crisis humanitaria, en un país donde la gente ni siquiera se atreve a hablar. (Eugene Simonov, Coordinación de los Ríos sin Coalición Internacional de Límites)
Cuando los proyectos de desarrollo en estados autoritarios no se alinean con las necesidades de las comunidades locales o cuando conducen a impactos dañinos, hay poco espacio para que las personas afectadas hagan oír su voz. Los bancos carecen de mecanismos eficaces (tanto durante el diseño como en las etapas de aplicación) para colaborar significativamente con las partes interesadas, en contextos en los que las libertades de asociación y expresión están tan restringidas que las personas tienen demasiado miedo de expresar sus preocupaciones. Además, los bancos han demostrado que están mal equipados para responder a las represalias contra los trabajadores y los monitores, dejando un vacío de información en el que los derechos pueden ser violados con impunidad. (Umida Niyazova, Foro de Uzbekistán sobre Derechos Humanos)
El informe será presentado durante un seminario web el 4 de diciembre (más información e inscripciónaquí). Entre los panelistas tendremos:
Mary Lawlor – Relatora Especial de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos
Umida Niyazova – Foro uzbeko para los Derechos Humanos
Jewher Ilham – Consorcio de Derechos de los Trabajadores, hija del encarcelado defensor de los derechos humanos uigur Ilham Toti
Zhala Bayramova . Abogado en Derechos Humanos e hija de Gubad Ibadoghlu, defensora de los derechos humanos (Azerbaiyán)
Ryan Schlief – Proyecto de Responsabilidad Internacional
Dalile Antúnez – Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo
Para más información, póngase en contacto con Lorena Cotza (Comunications Lead, Coalition for Human Rights in Development) –lcotza.rightsindevelopment.org (39 3285761056)
Acerca de los autores
El informe ha sido aprobado por 37 organizaciones de todo el mundo. El informe es una iniciativa colectiva de la Campaña de Defensores para el Desarrollo (proyecto auspiciada por la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo), que se dedica al fomento de la capacidad y la acción colectiva para asegurar que las comunidades y los grupos marginados tengan la información, los recursos, la protección y el poder para dar forma, participar o oponerse a las actividades de desarrollo, y responsabilizar a los financiadores del desarrollo.
Los coautores principales son:
LaCoalición por los Derechos Humanos en el Desarrolloes una coalición global-sur de más de 100 movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y grupos de base. Trabajamos juntos para promover el desarrollo basado en los derechos y para hacer que las instituciones de financiación del desarrollo, los gobiernos, las corporaciones y otros actores rinda cuentas de sus impactos en las personas y el planeta.
International Accountability Project (IAP)es una organización internacional que aboga por el cambio de políticas, impulsa los esfuerzos locales de promoción y apoya a los activistas y comunidades locales para que accedan e intercambien información sobre el desarrollo que les afecta. A través del Sistema de Alerta Temprana (EWS), IAP contribuyó al informe de la Represión de la Financiamiento, que rastrea las inversiones de los bancos de desarrollo en 18 países con espacios cívicos cerrados durante 2019-2023. La base de datos EWS es la primera iniciativa dirigida por la sociedad civil basada en la web para organizar, resumir y normalizar proyectos de 15 instituciones de financiación del desarrollo, con actualizaciones diarias.
Es un proyecto interdisciplinario que busca abrir espacios de encuentro y escuchaa través de la comunicación popular y el arte comunitario, donde las personas puedan crear y narrar sus propias historias, basadas en sus experiencias cotidianas y el contexto de resistencia en el que viven, así como en los relatos, mitos y leyendas que les conforman como comunidad.
Buscamos que los grupos participantes puedan generar otros contenidos -desde sus propias voces y su visión del mundo- para difundir su labor, defender su lucha, denunciar agresiones y violaciones a los derechos humanos y construir alternativas de vida desde la esperanza. Anhelamos ser un megáfono de estas historias, fortalecer los vínculos entre los colectivos y organizaciones participantes y alimentar la red de difusión de radios comunitarias y medios libres a nivel regional, nacional e internacional.
¿Cómo lo hacemos?
En nuestro laboratorio nos encontramos. Nos escuchamos. Nos acompañamos. Exploramos y compartimos nuestros sueños, nuestras emociones, mapeamos nuestros territorios y las maneras de resistir y crear vida, recuperamos los relatos de las abuelas y los abuelos. Ensayamos juntas esas otras maneras de contar nuestras historias. Cambiamos el foco y la mirada: ahora son las propias comunidades quienes narran sus relatos de lucha y esperanza, sus caminos recorridos. Nuestra metodología es el arte. Nuestros lenguajes son los cantos, el baile, los dibujos, los escritos, el teatro y por supuesto, el audio
El podcast:
El programa El fogón de las palabrases una serie radiofónica que recupera las historias creadas y narradas por distintas comunidades, colectivos y organizaciones de México y Guatemala, incluye leyendas, mitos, canciones, testimonios y relatos que nos cuentan las maneras de defender, resistir y crear otras formas de vida desde la esperanza.
DesdeEl fogón de las palabras buscamos abrir espacios de encuentro y escucha entre las personas y de éstas con su comunidad y otros territorios. Es por ello que nos damos a la tarea de difundirlo en radios comunitarias de todo el país. Además puedes descargar y/o escuchar el programa en nuestra página web y otras plataformas. Publicaremos los programas cada mes.
05. Colonia Maya, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Entre mayo y julio 2023 nos reunimos cada miércoles en el salón de usos múltiples de la Colonia Maya, al sur de San Cristóbal de las Casas. En un espacio construído por los propios habitantes organizados de la colonia: un espacio que resguarda a sus espaldas la montaña que protegen desde hace muchos años.
Cuando llegué a la Maya…
Cuando llegué a la Maya, llegué acompañando a mi madre Doña Ofe, que ahora tiene 80 años. Mi mamá siempre cargaba su morral de ixtle de colores, un morral Tojolabal.
Llegamos al mediodía, había luz, sol, las nubes azules, el silencio que caracteriza esta zona.
Y mi mamá me dijo: mijito hoy vamos a ir a ver tu terrenito.
Yo llegué hace 22 años, atrás de mi casa había un humedal, en la noche era impresionante el ruido de las ranas y los sapos. Luego salían muchas flores de muchos colores. Este es el terreno en el que ahora quieren construir la gasolinera.
Bloqueamos dentro de la colonia para que no hicieran la gasera. Para mi sentí que era como una fiesta comunitaria, por ejemplo si tu tienes frijoles y quieres estarte en el bloqueo, llevas tus ollas de frijoles y compartes ahí… llevábamos pan, café…
06. Colonia Maya, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Nos sentimos muy felices de haber compartido con las y los habitantes de la Maya, quienes son ejemplo y testimonio de la lucha pacífica y defensores de la vida.
Abrazamos y agradecemos especialmente a las y los participantes y creadores de estos dos programas de radio: don Tachito, doña Lucy, Pedrito, Maritza, Erika, Carlos, Ian, Alberto, Raúl, Martín y Miguel. Escucharles y aprender de ustedes y sus maneras de amar y defender la vida, nos llena de esperanza ¡gracias por compartir su corazón!
Quiénes somos?
El fogón de las palabras. Laboratorio de historias comunitarias.
Somos un equipo de comunicadoras, educadores populares y creadoras escénicas. Formamos parte de los Colectivos ProMedios de Comunicación Comunitaria AC y Habitar la escucha: colectiva de proyectos interdisciplinarios. Luego de más de 20 años de experiencias en procesos de comunicación popular y creación de proyectos artísticos comunitarios, nos unimos para soñar y dar forma a éste proyecto que dió inicio con el trabajo en conjunto con el Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz García en Chicomuselo, Chiapas en agosto del 2022.
Entre agosto de 2022 y junio 2024 hemos llevado a cabo El Fogón de las Palabras en colaboración con 8 organizaciones distintas en Chiapas y Guatemala. Estas creaciones radiofónicas se publicarán próximamente en nuestro sitio web.
Compartimos este boletín de prensa de la RAPAM, MAELA y la Red de Toxicología de Plaguicidas en el marco del Día internacional del no uso de plaquicidas – A 3 de diciembre del 2024
En el Día internacional del no uso de plaguicidas más de 500 firmantes, entre organizaciones, académicos, técnicos agrícolas y ciudadanos, enviamos una carta a diversas autoridades federales pidiendo se establezca una política de Estado que profundice la transformación agroecológica de los sistemas agrícolas, tanto de los pequeños, medianos y grandes productores, con una política rural integral y la reducción del uso y prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos, mediante una política intersecretarial con un enfoque de derechos humanos.
En la carta dirigida a los titulares de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y a la Procuraduría Agraria, se plantea una articulación de los organismos mencionados para impulsar una serie de acciones, pues hasta el momento y a pesar de los esfuerzos realizados durante el sexenio, persiste un régimen regulatorio neoliberal y discrecional que prioriza el interés de las empresas que dominan el mercado, afectando los derechos humanos y la salud de la población y de los ecosistemas. Lo anterior debilita la acción de los organismos reguladores en sus obligaciones de proteger el interés público frente a los efectos adversos de los agrotóxicos.
La carta destaca que dicha política de Estado debe establecerse con “objetivos, metas, estrategias y prioridades que sean medibles, evaluables y monitoreables” tal como se plantea en la Recomendación de la Comisión Nacional de los derechos Humanos (CNDH 82/2018), que fue aceptada por las autoridades federales de Cofepris, Sader y Semarnat al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador. “Se requiere una política de Estado articulada para cumplir con esta recomendación de la CNDH, que aún no se ha cumplido”, afirmó Fernando Bejarano, director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (Rapam), y añadió: “El problema va mucho más allá de los esfuerzos gubernamentales efectuados en el sexenio anterior para prohibir el glifosato y documentar las evidencias que demuestran que si hay alternativas”.
En efecto, la carta enfatiza que en México como resultado de políticas neoliberales aún existen 204 plaguicidas altamente peligrosos (PAP) autorizados por Cofepris, con una amplia diversidad de efectos adversos a la salud y al ambiente, graves o irreversibles, como son: toxicidad aguda alta que puede causar la muerte en humanos, organismos acuáticos y abejas, o una toxicidad crónica, asociada con ciertos tipos de cáncer, daños reproductivos, alteraciones hormonales, entre otros problemas de salud pública, además de plaguicidas con una alta persistencia en agua, suelo o sedimientos. Así también existen 151 plaguicidas autorizados por Cofepris que están prohibidos o no autorizados en otras partes del mundo, incluyendo a algunos países con los que tenemos acuerdos comerciales. Cabe advertir que muchos de estos permisos fueron otorgados con una vigencia indeterminada y no se conoce con exactitud si se siguen usando.
“Se debe continuar y profundizar los apoyos a la agoecología con una política rural integral para el mejoramiento de la fertilidad del suelo, el manejo agroecológico de plagas y enfermedades y arvenses, el cuidado y uso eficiente del agua”, apuntó Rocío Romero, coordinadora del Movimiento Agroecológico Latinoamericano (Maela) en Mesoamérica. “Se debe reconocer la capacidad de innovación y experiencia acumulada de las organizaciones de campesinos e indígenas, de la agricultura orgánica y agroecológica, y crear espacios para su participación”, agregó.
En la carta se plantea que se deben generar políticas de prevención y protección a la salud ambiental y a grupos de población en situación más vulnerable: trabajadores agrícolas, niñas y niños, mujeres embarazadas, comunidades rurales expuestas, consumidores, así como el ejercicio del derecho a la información ciudadana y medios de reparación de daños. “Hay una amplia evidencia científica de los daños que causan numerosos plaguicidas altamente peligrosos usados en México que se han documentado en México y en la literatura científica internacional”, aseguró Yael Yvette Bernal Hernández, de la Universidad Autónoma de Nayarit y coordinadora de la Red Temática de Toxicología de Plaguicidas.
La carta detalla las acciones que debería implementarse en esta política de Estado, como: la prohibición del uso de los insecticidas fipronil y de neonicotinoides como imidacloprid, responsables de la muerte masiva de abejas y prohibidos para uso agrícola en la Unión Europea; el cumplimiento del decreto de prohibición gradual del glifosato establecido en el decreto presidencial de 2023; crear un sistema nacional de información y vigilancia integral sobre el uso de plaguicidas, que garantice el derecho público a saber qué plaguicidas se usan, dónde, cuánto y cuándo; asesorar a ejidos y comunidades sobre las consecuencias de permitir el uso de PAP en los contratos de renta de tierras y apoyar las decisiones de las asambleas ejidales y comunales de actualizar sus reglamentos y trabajar con los municipios que impulsen políticas agroecológicas libres de agrotóxicos y transgénicos; fortalecer la capacidad analítica de las instituciones de enseñanza e investigación del sector público; incluir a los PAP en la agenda de cooperación internacional para lograr la reducción de su volumen y uso de acuerdo con metas acordadas en el Convenio de la Biodiversidad; y participar en la Alianza Mundial sobre el Uso de Plaguicidas acordada en otro marco estratégico voluntario sobre productos químicos, y cumplimiento nacional de los acuerdos multilaterales. Una gran parte de estas propuestas se detallan en la Agenda socioambiental 2024: diagnósticos y propuestas, publicada por la UNAM.
Por último, en la carta se hace un exhorto a la Cámara de Diputados para que no se siga reduciendo el presupuesto de las actividades de regulación, vigilancia sanitaria y ambiental de la Cofepris, Semarmat y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como las investigaciones realizadas en este ámbito por universidades y centros de investigación pública, lo que impacta negativamente el cumplimiento de las obligaciones de proteger el interés público, ya de por si debilitadas en los sexenios anteriores.
El Día internacional del no uso de plaguicidas se estableció para conmemorar el accidente ocurrido en Bhopal, India, entre el 1 y el 3 de diciembre de 1984, donde se produjo una fuga al aire libre de miles de toneladas de isocianato de metilo ―un compuesto utilizado para la fabricación de plaguicidas―, en una fábrica propiedad mayoritaria de la trasnacional Union Carbide, donde murieron 10,000 personas en forma inmediata, también ganado y animales doméstico, según el informe de Amnistía Internacional. Posteriormente, murieron más de 22,000 personas y más de 500,000 siguen sufriendo los efectos de la nube tóxica que abarcó varias áreas pobladas. El 6 de febrero de 2001, Union Carbide se convirtió en una filial de la empresa Dow Chemical Company. Hasta hoy esta empresa sigue eludiendo sus responsabilidades en este desastre y en materia de derechos humanos, según este informe.
En el marco del Día internacional del no uso de plaguicidas, sirva para reflexionar sobre el impacto de los agrotóxicos en nuestra salud, nuestros ecosistemas y nuestro futuro. Este día conmemora no sólo la tragedia de la catástrofe de Bhopal en 1984, sino que también nos impulsa a imaginar y construir un mundo donde la producción de alimentos y el manejo de plagas no impliquen sacrificios ambientales ni riesgos para nuestras vidas.
Ver carta completa con la lista de firmantes en: Para mayor información, comunicarse con: Fernando Bejarano coordinacion@rapam.org celular: 5541926483 Rocío Romero maela.mexico@gmail.com Yael Yvette Bernal Hernández rednacionalplaguicidas2015@gmail.com
Compartimos esta declaración donde nos sumamos sobre el tratado comercial UE-Mercosur – A 28 de noviembre del 2024
A solo una semana de un posible anuncio de un nuevo acuerdo político sobre el tratado comercial UE-Mercosur, +400 organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, centros de pensamiento y otros grupos sociales de América Latina y la Unión Europea, representando a millones de personas de los dos lados del Atlántico, exigen el fin de las negociaciones del acuerdo comercial UE-Mercosur. Lo califican como un “acuerdo tóxico” que sacrifica a las personas, la democracia y el planeta por los beneficios corporativos.
Falta de democracia y transparencia Negociado a puertas cerradas durante más de dos décadas, el acuerdo UE-Mercosur ha excluido la participación pública y la supervisión democrática, con la falta de transparencia de la Comisión Europea recibiendo condenas generalizadas, incluso de su propio Defensor del Pueblo. El protocolo adicional propuesto por el acuerdo no aborda las cuestiones ambientales y de desarrollo sostenible destacadas en una resolución del Parlamento Europeo en 2020. «Los esfuerzos de la Comisión Europea por ‘dividir’ el acuerdo no son más que una toma de poder antidemocrática. Ignoraría intencionadamente los vetos de países individuales y las preocupaciones expresadas públicamente por quienes se ven más afectados: trabajadores, pequeños agricultores, comunidades indígenas y mujeres», afirma Julie Zalcman de Amigos de la Tierra.
El acuerdo socava la protección ambiental y los derechos humanos El acuerdo perpetúa estructuras comerciales explotadoras, promoviendo prácticas agrícolas dañinas que amenazan el acceso a alimentos saludables, locales y justos, y desplazan a los agricultores locales y a las comunidades indígenas. «El acuerdo UE-Mercosur es un veneno para la biodiversidad y las comunidades rurales en el Mercosur. Impulsará las exportaciones de pesticidas tóxicos desde Europa a los países del Mercosur, incluidos productos químicos prohibidos en la propia UE. Este acuerdo agrava las desigualdades sociales y ambientales, fomentará la deforestación, acelerará la crisis climática y violará los derechos humanos», afirma Francisco Vladimir Silva, de Jubileo Sur Brasil y la Frente Brasileña contra el acuerdo UE-Mercosur.
Sin acuerdo con líderes como Milei En su declaración, las organizaciones firmantes también destacan el peligro de negociar con líderes y gobiernos en Argentina y Paraguay que niegan la crisis climática, mientras Brasil enfrenta sequías sin precedentes y los incendios forestales devastan los bosques de toda la región. En Argentina, las políticas económicas del actual presidente, Javier Milei, han sumido a millones en la pobreza, con derechos básicos restringidos y servicios públicos desmantelados. Aunque los líderes de la UE dudaron en firmar un acuerdo con el expresidente brasileño Bolsonaro, parecen menos escépticos respecto al igualmente peligroso Milei, quien amenaza con abandonar el Acuerdo de París. En su declaración, las ONGs advierten: “La combinación de las políticas desastrosas de Milei con este acuerdo comercial obsoleto es una receta para el desastre.”
Declaración:
¡No más acuerdos comerciales tóxicos entre la UE y los países de América Latina! – ¡El acuerdo comercial entre la UE y Mercosur debe detenerse AHORA!
Las organizaciones que suscribimos esta declaración de América Latina y la Unión Europea, nos unimos en el rechazo del acuerdo de asociación y comercio entre la UE y el Mercosur. Hacemos un llamado a los responsables políticos de ambos lados del Atlántico para que finalmente detengan este acuerdo comercial tóxico.
Negociado a puerta cerrada, este acuerdo carece de participación pública o escrutinio. Incluso el Defensor del Pueblo Europeo ha criticado la falta de transparencia de la Comisión Europea. Ahora, la Comisión está considerando cambiar el proceso de votación a través de
la “división” del acuerdo, lo que permitiría eludir los vetos de los países individuales. Cientos de organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios han condenado esta maniobra como un ataque a los procesos democráticos. Peor aún, los grupos más afectados, como los trabajadores, los pequeños agricultores, las comunidades indígenas y las mujeres, han sido excluidos de las negociaciones de este acuerdo, y, sin embargo, sufrirán sus peores efectos.
Un acuerdo tóxico para los pueblos y el planeta
Este acuerdo agravará el intercambio desigual entre el Sur y el Norte Global, perpetuando las estructuras comerciales neocoloniales. Promueve modelos agrícolas destructivos que desplazan a pequeños/as agricultores y comunidades indígenas, al tiempo que impulsan las exportaciones de agroquímicos tóxicos, incluido aquellos prohibidos en la UE. Estas prácticas agrícolas insostenibles, incluyendo la ganadería industrial, amenazan la soberanía alimentaria y el bienestar animal en ambas regiones.
Los y las trabajadores/as en los países del Mercosur sufrirán la pérdida de empleos y el empeoramiento de las condiciones laborales. Las mujeres perderán aún más en este sentido, ya que también son las más afectadas por la privatización de los servicios públicos promovida a través de los tratados de libre comercio (TLC). Los estudiosmuestran que el acuerdo representa graves riesgos económicos, profundizando aún más la desigualdad e impidiendo el desarrollo sostenible y la (re) industrialización en los países del Mercosur.
El ambiente también sufrirá. Ningún anexo ambiental puede mitigar el daño a largo plazo que causará este acuerdo; es un simple lavado verde. El acuerdo entre la UE y el Mercosur impulsará la deforestación, agravará la crisis climática y alejará a nuestras regiones de la justicia climática.
No más acuerdos con presidentes de extrema derecha que niegan la crisis climática
Este acuerdo se está negociando con gobiernos liderados por negacionistas de la crisis climática en Argentina y Paraguay, mientras que los bosques vírgenes -como resultado de la deforestación masiva para la agroindustria- arden, y Brasil sufre sequías sin precedentes.
En Argentina, el autoproclamado anarcocapitalista Javier Milei, quien es un miembro activo del movimiento global de extrema derecha, ha sumido al país en la miseria. La pobreza ha alcanzado niveles sin precedentes, y los derechos básicos están siendo aplastados. Las protestas por la justicia social son violentamente reprimidas, mientras que más del 60% de los niños argentinos pasan hambre y los servicios esenciales como la educación y la salud están siendo desmantelados. La combinación de las desastrosas políticas de Milei y este acuerdo comercial obsoleto es una receta para el desastre.
La geopolítica no se arregla con acuerdos comerciales neocoloniales
Los/as políticos/as que promueven este acuerdo para contrarrestar la influencia de China en la región del Mercosur están atrapados en una ideología de libre comercio que prioriza las ganancias corporativas sobre los pueblos y el planeta. Fortalecer los lazos, si bien es innegablemente necesario, requiere solidaridad, igualdad, cooperación, sostenibilidad y democracia, no profundizar las asimetrías comerciales. Esto es también cierto para la “modernización” de los tratados de libre comercio entre la UE y México, y la UE y Chile, ambos igualmente problemáticos.
La solución es clara:
Los responsables políticos de ambos lados del Atlántico deben cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos, sociales, climáticos y ambientales y detener estas negociaciones comerciales tóxicas de inmediato.
¡Otro comercio es posible, basado en la solidaridad, la democracia, la cooperación mutua y la igualdad!
Francisco Vladimir Silva, Jubileo Sur Brasil y miembro del comité directivo de la Frente Brasileña contra el acuerdo UE-Mercosur // articulacao@jubileusul.org.br, +55 85 997036769 (PT, ES, EN)
Gaëlle Cau, Comunicación, Amigos de la Tierra Europa // gaelle.cau@foeeurope.org, +32 (0) 489 333 517 (EN, FR)
Julie Zalcman, Campaña de Comercio, Amigos de la Tierra Europa // julie.zalcman@foeeurope.org (EN, FR, ES)
Les compartimos este informe publicado por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM sobre Economía verde y los bonos de carbono – A septiembre 2024
Este informe brinda un panorama general de la expansión de las plantaciones de árboles destinadas a los mercados de carbono. Cómo son estas plantaciones, dónde están ubicadas, quienes se beneficia de ellas, cuáles han sido los impactos para las comunidades que viven en las tierras que ocupan estos proyectos y qué iniciativas internacionales se están llevando a cabo para impulsar las plantaciones de árboles como forma de compensar las emisiones de carbono.
El negocio de la compensación de emisiones de carbono ha demostrado ser un mecanismo muy eficaz para que las empresas se beneficien del caos climático, ya sea directamente –mediante la venta de créditos de carbono– o indirectamente – permitiendo que las empresas continúen con sus actividades basadas en combustibles fósiles. En la prisa por expandir este negocio, los proyectos de plantación de árboles han atraído a un número creciente de buscadores de ganancias, como los especuladores, consultores del carbono, empresas forestales y compañías petroleras. El resultado ha sido que las plantaciones de árboles destinadas a compensar emisiones de carbono plantean ahora amenazas cada vez mayores para las comunidades que dependen de la tierra.
Después de un impulso inicial alrededor de la década de 2000, presenciamos ahora una nueva ronda de iniciativas de plantaciones de árboles para el mercado de carbono. En los últimos tres años, el número de proyectos de plantaciones para mercados voluntarios de carbono ha aumentado más del doble. Estos proyectos no sólo crecieron en número sino también en escala. Los desarrolladores afirman que sus proyectos de plantación de árboles tienen uno de los índices promedio más altos de absorción/reducción de emisiones en comparación con otros tipos de proyectos.
Este informe brinda un panorama general de la expansión de las plantaciones de árboles destinadas a los mercados de carbono. ¿Cómo son estas plantaciones? ¿Dónde están ubicadas? ¿Quién se beneficia de ellas? ¿Cuáles han sido los impactos para las comunidades que viven en las tierras que ocupan estos proyectos? ¿Y qué iniciativas internacionales se están llevando a cabo para impulsar las plantaciones de árboles como forma de compensar las emisiones de carbono? Éstas son sólo algunas de las preguntas que se exploran en las siguientes páginas.
ÍNDICE
1. Carbono, tierra y árboles 1.1 Compensación de emisiones de carbono y árboles, en pocas palabras 1.2 Creación y comercialización de créditos de carbono 1.3 ¿Por qué la mayoría de los créditos de carbono son emitidos por proyectos basados en el uso de la tierra?
2. Plantaciones de árboles para los mercados de carbono 2.1 ¿Cuántos proyectos de plantación de árboles existen? ¿Qué tan grandes son? 2.2 ¿Dónde están ubicadas las plantaciones de árboles para el mercado de carbono? 2.3 ¿Quién se beneficia de los proyectos de plantación de árboles para el mercado de carbono?
3. ¿Cuáles son los principales tipos de de plantación de árboles para el mercado de carbono? 3.1 Monocultivos de árboles a gran escala para el mercado de carbono en tierras de propiedad privada 3.2 Sistemas con pequeños agricultores 3.3 Arrendamientos de tierras a largo plazo
4. Iniciativas internacionales, regionales y nacionales que promueven plantaciones de árboles para el mercado de carbono 4.1 Iniciativa de Mercados de Carbono de África 4.2 Plataforma Africana de Impacto Forestal 4.3 La iniciativa Trillion Trees (un billón de árboles) 4.4 Iniciativa 20 x 20 4.5 Políticas nacionales
Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre los pasos para llegar a una verdadera #JusticiaParaBerta – A 15 de noviembre del 2024
Condenas en Caso Fraude sobre el Gualcarque
Roberto David Castillo Mejía, Gerente de DESA, y Carolina Lizeth Castillo Argueta, ex-funcionaria de la ENEE, ambos culpables de fraude: 5 años de prisión Inhabilitación absoluta por el doble de la pena Multa de 380,000 Lempiras
Raúl Pineda Pineda, ex-alcalde de San Francisco de Ojuera, enfrenta dos delitos: Delito de falsificación de documentos públicos: 2 años de prisión + multa de trabajo social Delito de usurpación de funciones: 1 año y 1 mes de prisión + inhabilitación para cargos municipales por 6 años
Estas sentencias marcan un paso importante hacia la justicia para el pueblo Lenca, el COPINH y la justicia por el asesinato a Berta Cáceres, evidenciando que la concesión del Río Gualcarque fue un fraude en beneficio de la familia Atala, que involucraba corrupción, usurpación y falsificación de documentos por parte de funcionarios públicos.
Compartimos esta declaración de Amigos de la Tierra Internacional ATI en solidaridad con el pueblo de Mozambique sobre la terrible situación que se vive – A 8 de noviembre del 2024
Estamos con el pueblo mozambiqueño para exigir la justicia electoral, el derecho a la protesta y el fin de la violencia estatal.
Amigos de la Tierra Internacionalse solidariza con Justica Ambiental y con todos los pueblos de Mozambique que ejercen su derecho a la protesta y exigen justicia electoral. Exigimos el cese inmediato de la violencia y la represión estatal. Exigimos que se rindan cuentas por los asesinatos, torturas y lesiones perpetradas a cientos de mozambiqueños. Exigimos el fin de las restricciones a la libertad de circulación, de expresión y de palabra.
La revuelta juvenil de Mozambique se enfrenta a violentas represiones tras unas elecciones fraudulentas.
El 9 de octubre, los mozambiqueños participaron en unas elecciones en las que el partido Frelimo, en el poder desde hace casi medio siglo, fue declarado oficialmente vencedor por una amplia mayoría. Sin embargo, los partidos de la oposición y los observadores, tanto de la sociedad civil como internacionales, han denunciado varias irregularidades, como la manipulación de papeletas y la exclusión ilegal de observadores de la oposición. Los manifestantes han salido a las calles de todo el país para expresar su disconformidad, pero la respuesta ha sido una brutal represión policial y militar, con al menos 34 muertos confirmados.
Mientras continúan las protestas, el país lleva 8 días paralizado, culminando en protestas masivas en toda la capital, Maputo, ayer 7 de noviembre. Las fuerzas especiales de la policía han reprimido agresivamente a los manifestantes una vez más, hasta el punto de que agentes fuertemente armados persiguieron, dispararon y detuvieron a personas durante todo el día. Como sigue sin haber perspectivas de un camino para resolver las tensiones electorales, se espera que continúen las protestas.
A pesar de ser un país rico en recursos, el 73% de los mozambiqueños vive en la pobreza, agravada por las políticas neoliberales impuestas por el FMI bajo el gobierno de Frelimo. La exportación de enormes cantidades de riqueza procedente de proyectos de minería, el uso de la tierra y la explotación de combustibles fósiles perjudiciales para el medio ambiente han acaparado las tierras de las comunidades rurales y profundizado la desigualdad, haciéndose eco de los patrones de explotación neocolonial en toda África en beneficio de las ricas empresas transnacionales que trabajan en connivencia con las élites políticas del país. Este contexto alimentó las esperanzas de cambio en las recientes elecciones -principalmente entre los jóvenes desempleados y marginados de las ciudades-, que muchos consideran una de las más fraudulentas de Mozambique.
El 19 de octubre fueron asesinados dos altos cargos de la oposición, entre ellos el asesor jurídico del principal candidato presidencial que se disponía a impugnar los resultados de las elecciones. La situación en Mozambique empeora día a día: la policía utiliza munición real contra los manifestantes e incluso «dispara a matar», según la Asociación de Médico. Aumenta la militarización de la capital, Maputo, y de otras ciudades, y se producen detenciones ilegales y torturas en las comisarías, que afectan sobre todo a jóvenes y niños. Sin embargo, las protestas impulsadas por los jóvenes se están extendiendo por todas las clases sociales a medida que los ciudadanos se unen para decir «este país es nuestro». La solidaridad internacionalista hará que este movimiento sea aún más fuerte.
Salir del paradigma neoliberal en Mozambique
Como organización que lucha por la justicia ambiental, social, económica y de género, Amigos de la Tierra Internacional se une a JA!- Amigos de la Tierra Mozambique – en la denuncia de esta situación mientras hacemos un llamamiento a otros a nivel mundial para fortalecer la solidaridad internacionalista y le instamos a unirse a nosotros en nuestras demandas a todas las instituciones pertinentes, incluidos los órganos soberanos y otros órganos centrales del Estado mozambiqueño responsables de garantizar la justicia y la paz:
Retirar inmediatamente las fuerzas policiales y exigir el fin de la represión y la violencia. Esto incluye a las fuerzas de seguridad del Estado y a la policía especial con munición real.
Comprometerse a investigar los homicidios de inocentes a manos de la policía y llevar a los responsables ante la justicia;
Respetar la libertad de asociación, expresión, protesta y el derecho a la resistencia consagrados en la Constitución de Mozambique, lo que incluye poner fin de inmediato a las restricciones de Internet móvil;
Garantizar que se respete la voluntad electoral del pueblo, ya que es una condición incuestionable para la democracia y para un futuro pacífico y justo.
Nos unimos especialmente a JA! para exigir que Mozambique cambie su paradigma socioeconómico y se aleje del neoliberalismo para avanzar hacia una vía de desarrollo equitativa, justa e inclusiva, que se traduzca en una mejor prestación de servicios públicos y mejores oportunidades para todos los mozambiqueños, en el respeto del derecho a la autodeterminación de las comunidades locales, los campesinos y los pueblos indígenas, y en la justicia medioambiental, social, económica y de género para todos. Sólo entonces será posible una paz duradera.
Por favor, únete a nosotros y comparte esta declaración y haz todo lo que puedas para aumentar la visibilidad de la violencia estatal en Mozambique, incluso poniéndote en contacto con la embajada mozambiqueña y los gobiernos de tu país para plantear estas preocupaciones.
Lea el artículo en el sitio web de Amigos de la Tierra Mozambique / Justica Ambiental (portugués)
Les compartimos este podcast de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC donde nos cuentan lucha por la justicia ambiental en la Amazonía ecuatoriana después de la la llegada de Chevron – A octubre 2024
Azotea: una propuesta profunda por justicia ambiental que sacudirá al mundo desde las alturas
Este podcast fue producido con el apoyo financiero de ASDI a través de ForumCiv. Ni Asdi ni ForumCiv participaron en la producción de este podcast, ni son responsables de su contenido o de las opiniones expresadas en él.
Episodio 1: La esencia de la lucha
En este episodio inaugural de AZOTEA, nos adentramos en la devastadora huella de un modelo económico que ha priorizado las ganancias sobre los derechos humanos y el medio ambiente. A través de la historia de Bruna, una joven ecuatoriana que se enfrenta al caos en Buenos Aires, exploramos el impacto de la contaminación en la Amazonía ecuatoriana y la lucha de las comunidades indígenas por sus derechos. Desde la llegada de Chevron hasta la realidad actual de enfermedades y destrucción, escuchamos testimonios que revelan la resistencia y el coraje de aquellos que defienden sus comunidades.
Acompáñanos en esta travesía sonora y descubre cómo cada uno de nosotros puede contribuir a la defensa de nuestro planeta y de los derechos de los pueblos afectados.
Una realización original de Tristana producciones para ATALC.
Guion y narración: Florencia Flores Iborra
Bruna Montes: Ximena Viver
Margarita Morales: Verónica Rosales
Mezcla de sonido: Paula Prati
Ilustración: Florencia Pinochi
Música: Artlist
Producción general: Karin Nansen, Danilo Urrea y José Elosegui.
Episodio 2: La espera
En este impactante episodio, Bruna Montes, una joven activista ambiental, utiliza las redes sociales para protestar desde la azotea de un edificio en Buenos Aires. Mientras comparte su historia, revela la devastadora realidad que enfrenta su familia: su abuela, víctima de la contaminación provocada por la empresa Chevron, se encuentra en estado crítico debido a una nefropatía aguda. A través de testimonios y archivos de medios, exploramos el legado de injusticia que ha dejado la decisión de la Corte de La Haya y cómo la lucha por la justicia ambiental no es solo un problema local, sino un desafío global que nos involucra a todos.
La voz de Bruna resuena como un llamado a la acción, instando a los oyentes a unirse en la defensa de los derechos humanos y la protección del medio ambiente.
Una realización original de Tristana producciones para ATALC .
Episodio 3: Ultimátum
En el episodio final de AZOTEA, seguimos la lucha de Bruna Montes, una activista ecuatoriana que enfrenta a Chevron y exige justicia por la devastación ambiental en la Amazonía. A través de una emotiva conferencia de prensa y testimonios desgarradores de los afectados, el episodio nos adentra en las consecuencias de la contaminación causada por las transnacionales. Acompañamos a Bruna en su protesta para que la ONU y otros organismos internacionales adopten un Tratado Vinculante, un paso crucial para detener la impunidad corporativa y proteger los derechos humanos.
AZOTEA no es solo un podcast, es un llamado a la acción. ¡Sumate a la lucha por la justicia y la protección del medio ambiente!
Una realización original de Tristana producciones para ATALC .
El Colectivo EPU Mx llamó a las autoridades en Chiapas, sur de México, a priorizar la implementación de recomendaciones en materia de desaparición forzada, militarización, desplazamiento forzado, movilidad humana y violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas, que fueron dirigidas a México en el Examen Periódico Universal (EPU).
El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para revisar el desempeño de los países en la implementación de sus compromisos internacionales en derechos humanos, en el caso de México a cada cuatro años y medio.
En julio de este 2024, se emitieron 318 recomendaciones del EPU, realizadas por 115 países, de las cuales México aceptó 304 y “tomó nota” de 14. Este número es mayor al pasado EPU (2019), donde se emitieron 264 sugerencias.
Para Mario Andrés Hurtado, representante del Espacio Organizaciones de la Sociedad Civil, esto puede tener distintas interpretaciones como la inclusión de temas como el desplazamiento forzado, que hasta el 2019 el Estado mexicano lo adoptó como un problema público.
Hurtado fue parte del conversatorio titulado “Implementación de las Recomendaciones Internacionales en Materia de Derechos Humanos del Examen Periódico Universal en Chiapas: Retos y Oportunidades a Nivel Estatal”, llevado a San Cristóbal de Las Casas por el Colectivo EPU Mx.
Este colectivo está integrado por 300 organizaciones nacionales e internacionales que presentaron informes en el marco del 4o Examen Periódico Universal de México (EPU), para dar un amplio diagnóstico sobre la situación general de derechos humanos en el país, mismos que detallaron el contexto de Chiapas debido a la violencia por enfrentamientos entre cárteles del crimen organizado.
Chiapas, sin registros oficiales de personas desplazadas
El desplazamiento forzado interno es un problema grave en México. Cada año miles de personas se ven obligadas a dejar sus hogares a consecuencia de la violencia, los desastres naturales, desalojos forzados o explotación de los recursos.
Sin embargo no existe desde el Estado mexicano un compromiso por diagnosticar adecuadamente la situación, mencionó Mario Ortega, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). “Lo que incluye que a la fecha no existen registros oficiales sobre el número de víctimas del desplazamiento forzado en nuestro país”.
Los números que en la actualidad se manejan son estimaciones de la sociedad civil y la academia. Por mencionar el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno estima que en México se han desplazado 392,000 personas entre 2008 y 2023 por situaciones de violencia.
En 2021, miles de personas en la región de los Altos de Chiapas se vieron obligadas a desplazarse forzadamente de sus comunidades debido a la violencia de grupos civiles armados. Foto: Frayba
“Con preocupación observamos que el común en los casos de desplazamiento es la inacción estatal para prevenir y proporcionar atención humanitaria y reparar a las víctimas”.
Para las organizaciones, los deberes del Estado no deberían estar en duda, pues el desplazamiento forzado interno vulnera una gran esfera de derechos, entre ellos la libre circulación, la vivienda, el libre desarrollo, la seguridad, la alimentación y un largo etcétera.
Incluso la Ley General de Víctimas estipula derechos específicos y prioridades de atención en las personas desplazadas internas como el acceso a medidas de ayuda inmediata, alojamiento, alimentación, a servicios médicos y psicológicos, entre otros.
En este punto, Ortega hizo hincapié en la falta de voluntad política y posturas oficiales que pretenden invisibilizar el fenómeno, aunado a la ausencia de conocimientos sobre DDHH por parte de funcionarios responsables de la atención y la carencia de procedimientos adecuados a las especificidades del desplazamiento forzado interno.
“En la mayoría de las ocasiones no hay una respuesta a la emergencia humanitaria máxime si no existe una presión mediática o de instancias internacionales. En los casos donde se ha logrado algún tipo de atención humanitaria podríamos decir que no existen procedimientos homologados y adecuados, ni garantías de qué esta atención sea permanente”.
El Estado aún se niega a levantar los registros de las personas desplazadas lo que es una condición básica para que sigan las medidas adecuadas, incluso si logran retornar, especificó Ortega.
Hasta ahora no existe un tipo penal a nivel federal y en el estado de Chiapas que castigue el delito de desplazamiento forzado, “lo que sería una medida necesaria para combatir la impunidad y evitar por ende la repetición”, especificó Ortega.
El número de desaparecidos puede ser mayor
En este conversatorio, Jorge Hernández, de Serapaz, dijo que 40 delegaciones emitieron 43 recomendaciones en el EPU en materia de personas desaparecidas, principalmente en temas de investigación, judicialización, aplicación del marco constitucional y legislativo, y desaparición de mujeres.
De las 116,482 personas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), hasta octubre de 2024, al menos 1,328 se han reportado en Chiapas. En la actualidad Tapachula encabeza la lista, le sigue Tuxtla Gutiérrez y Frontera Comalapa.
En los municipios mencionados, las propias organizaciones han denunciado un incremento de la violencia criminal en los últimos tres años, lo que dificulta el acceso para la documentación y hace proliferar el temor en las familias de víctimas de denunciar ante las autoridades o buscar a sus familiares públicamente. Por lo que la cifra real de personas desaparecidas podría ser mayor.
De acuerdo a la documentación del Frayba, los grupos poblacionales afectados por esta situación son las mujeres, además de niñas, niños y adolescentes (NNA). Por ejemplo, Melel Xojobal AC y Redias documentaron de 2020 al 30 de junio de 2024 un total de 2,350 desapariciones sólo de NNA en Chiapas, siendo el 70% adolescentes mujeres.
Cassandra, de 18 años, fue desaparecida por un grupo armado durante la boda de su mamá.
Jorge Hernández explicó que también hay particularidades como la desaparición de personas migrantes y solicitantes de refugio, que se suman a las desapariciones en el marco de la violencia extrema en regiones la Frontera, Sierra, Costa, Frailesca y Centro.
“No siempre se denuncia por temor a las consecuencias de tocar intereses económicos y políticos detrás de las desapariciones… y al tener un subregistro de desapariciones, las cifras esconden la dimensión de la problemática y son usadas por las autoridades para minimizar o negar la situación”, sostuvo Hernández.
En este tenor es necesario, dijo, que la Comisión Estatal de Búsqueda fortalezca los mecanismos de comunicación y registro. También está pendiente el desarrollo de todo el andamiaje necesario para la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, de la desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
“Se requiere asegurar los suficientes recursos estructurales, operativos y económicos para su buen funcionamiento”, así también crear el Consejo Estatal Ciudadano que es fundamental para garantizar la voz de las familias de víctimas en las estrategias contra las desapariciones del Estado.
Migración, militarización y violencia
En cuanto a la migración, México recibió 29 recomendaciones del EPU, aceptó 26 y “tomó nota” sobre tres. Las 26 que son aceptadas tienen que ver con investigación, sanción de delitos y violaciones graves de derechos humanos cometidas contra personas migrantes.
Mientras que las tres restantes son fundamentales para transitar de una política migratoria que está basada en la securitización de la frontera hacia una política de integración social y acceso a los derechos de las personas migrantes, dijo Yuridia Salvador del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Frayma).
Una de ellas fue hecha por Nueva Zelanda para retirar progresivamente a las Fuerzas Armadas de las actividades policiales públicas y del control de la migración mediante una transición dirigida por civiles. Un tema que las organizaciones han reiterado desde el 2019 cuando la Guardia Nacional se desplegó por el río Suchiate –que divide a Guatemala de México– y demás municipios fronterizos de Chiapas para contener los flujos migratorios.
Personal de la Guardia Nacional impide el paso a migrantes en las oficinas del INM en Huixtla, al sur de Chiapas.
Las otras dos recomendaciones son de Brasil y de Kirguistán. Tienen que ver con revisar la Ley de Migración para que la detención sea el último recurso y una excepción, así también eliminar las posiciones que permiten la detención automática de las personas en situación irregular.
La defensora de los derechos humanos destacó que no sólo en el marco del EPU se ha hecho énfasis en el tema de las detenciones migratorias como práctica sistemática, arbitraria y generalizada, también el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, en el informe del 2023 pone énfasis en el tema.
“No hay otras vías para la regularización migratoria y las personas están en riesgo de detenciones reiteradas”, explica la defensora.Es decir, son detenidas más de una vez y esto se refleja en los números. Por ejemplo el año pasado hubo 440 mil eventos de detenciones, mientras que de enero a julio de 2024 suman 700 mil detenciones; 80 mil corresponden a niñas, niños y adolescentes en albergues del Sistema Nacional DIF (Desarrollo Integral de la Familia).
“En las estaciones migratorias no tienen autonomía de comunicación con el exterior, información adecuada y suficiente; la posibilidad de tomar decisiones, están sometidas al control total de la libertad y esto constituye un entorno carcelario de privación de la libertad”.
Consideró que para traducir las recomendaciones en una política pública y garantía de derechos, tienen que ser dotadas de presupuesto a las instituciones, mejorar la coordinación entre el Instituto Nacional de Migración (INAMI) y demás autoridades para propiciar una política más respetuosa y de goce efectivo de derecho.
Compartimos estos comunicados de Amigos de la Tierra America Latina y El Caribe ATALC, la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el asesinato del Padre Marcelo Pérez Pérez – a 21 y 22 de octubre del 2024
Repudiamos el asesinato del Padre Marcelo Pérez Pérez
Solidaridad Internacionalista con los pueblos mexicanos
El día 20 de octubre a las 7:30 de la mañana el Padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de la Iglesia de Guadalupe de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, fue asesinado después de haber oficiado misa en un barrio de dicha ciudad.
Marcelo Pérez Pérez era un indígena de la etnia maya tsotsil que había sido párroco en diferentes municipios de la región Altos del estado de Chiapas, desde donde defendió incansablemente los derechos de los pueblos originarios. Fue un valiente defensor de la Madre Tierra y los territorios, así como un decidido promotor de la paz y de la justicia.
A causa de su trabajo, el Padre Marcelo fue víctima de muchas amenazas, incluidos por lo menos cinco atentados contra su vida. En diversos espacios y medios se denunció la vulnerabilidad en la que se encontraba. Sin embargo, el Estado mexicano fue incapaz de garantizar su seguridad y por esta razón, desde 2015 el Padre Marcelo contaba con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al final resultaron insuficientes.
Desde Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) expresamos nuestra consternación por el asesinato de Marcelo Pérez Pérez y exigimos al Estado mexicano que cumpla con su deber investigando con profesionalismo el terrible crimen y llevando ante la justicia a los responsables. No aceptaremos la perpetuación de la impunidad que se ha generalizado en México en las últimas décadas y que tiene a varias regiones del país, incluido el estado de Chiapas, sumidas en la peor espiral de violencia de su historia reciente.
Creemos que únicamente mediante la lucha contra la impunidad, es posible evitar que estos hechos se repitan. A la comunidad internacional, a las organizaciones y movimientos sociales de América Latina y el Caribe y de diferentes partes del mundo les llamamos a denunciar este crimen, y a mantenernos en alerta permanente frente a los atentados e injusticias contra los que defienden la vida.
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe / 21 de octubre de 2024
@atalc
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA
Expresamos dolor e indignación por el asesinato del Padre Marcelo Pérez Pérez.
Expresamos nuestra profunda indignación y dolor ante el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez quien, durante años, denunció la violencia criminal y los actos crueles cometidos contra las comunidades Chiapas, gran defensor de derechos humanos, de la tierra y el territorio. Incansable constructor de paz.
A pesar de las múltiples amenazas, difamaciones y hostigamientos, su voz se mantuvo firme, señalando la urgencia de abordar la violencia en Chiapas. Hoy lamentamos que su vida haya sido arrebatada en un acto atroz, el cual refleja la creciente impunidad y la grave crisis de violencia que vive Chiapas.
Padre Marcelo caminó con el pueblo indígena de Chiapas para defender a la madre tierra y denunciar los proyectos extractivos, realizó un gran trabajo por denunciar la minería y sus consecuencias a los bienes naturales, siempre solidario con las luchas, animador de la esperanza.
Querido Marcelo, tu voz nunca será callada, vivirá siempre en cada paso de nuestros actos de resistencia. Tu vida será legado y siempre nos convocará a seguir luchando por la justicia.
Nos unimos al clamor por justicia, exigiendo que se investigue y castigue a los responsables, tanto materiales como intelectuales, de este crimen.
Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH
¡ALTO A LA VIOLENCIA EN CHIAPAS!
Con mucho dolor, tristeza e indignación, condenamos el asesinato del defensor de derechos humanos y sacerdote/Padre tzotzil Marcelo Pérez Pérez al salir de dar misa la mañana del domingo 20 de octubre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el sureste mexicano
No más impunidad. No más violencia. Nos unimos a la demanda de que se tomen todas las medidas urgentes y necesarias para garantizar y proteger la vida, la integridad y la seguridad personal de las comunidades indígenas, incluidas las familias de los Bases de Apoyo Zapatista, evitando que la situación de violencia y riesgo denunciada en varias regiones de Chiapas empeore. Exigimos justicia y protección para todos y todas las defensoras. #JusticiaPorElPadreMarcelo#AltoALaViolencia#Chiapas
Lamentamos y denunciamos el asesinato del Padre Marcelo Pérez
El Padre Marcelo Pérez fue un destacado defensor de la Madre Tierra y los derechos humanos, comprometido con la justicia social y la reconciliación para la construcción de paz. Debido a su labor de defensa, se encontraba en una situación de riesgo inminente. En este contexto, desde el año 2015, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares para su protección.
El asesinato del Padre Marcelo Pérez es una muestra más del alarmante aumento de la violencia en Chiapas denunciado por diversos movimientos y organizaciones. Desde hace varios años, las y los miembros de la Red-DESC han reflexionado sobre la economía política de la violencia, o las causas estructurales que llevan a contextos de creciente violencia y represión en muchas comunidades, lo que en última instancia señala cómo los distintos grupos e individuos se benefician económicamente del aumento de la violencia o utilizan la violencia para proteger sus intereses económicos. Este escenario constituye un riesgo aún mayor para las personas, movimientos y organizaciones que defienden a la Madre Tierra y los derechos humanos.
Lamentamos que sean las propias autoridades quienes ubiquen en mayor vulnerabilidad y riesgo a quienes defienden los derechos humanos, criminalizando sus acciones y vinculándolos como sospechosos de la comisión de delitos. Ese fue el caso del Padre Marcelo y de otras personas que han sido involucradas, por ejemplo, en el conflicto de la comunidad de Pantelhó.
La Red-DESC se une a la exigencia a las autoridades de los tres niveles de gobierno en México para realizar una investigación que acerque a la verdad y la justicia sobre este terrible asesinato. De igual forma, exigimos que el Estado mexicano aborde la situación en Chiapas con una perspectiva de derechos humanos y de reconstrucción del tejido social en las comunidades particularmente indígenas asoladas por la violencia al servicio de intereses privados y frecuentemente generada por diversos grupos pertenecientes al crimen organizado.
