Les compartimos este podcast de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC donde nos cuentan lucha por la justicia ambiental en la Amazonía ecuatoriana después de la la llegada de Chevron – A octubre 2024
Azotea: una propuesta profunda por justicia ambiental que sacudirá al mundo desde las alturas
Este podcast fue producido con el apoyo financiero de ASDI a través de ForumCiv. Ni Asdi ni ForumCiv participaron en la producción de este podcast, ni son responsables de su contenido o de las opiniones expresadas en él.
Episodio 1: La esencia de la lucha
En este episodio inaugural de AZOTEA, nos adentramos en la devastadora huella de un modelo económico que ha priorizado las ganancias sobre los derechos humanos y el medio ambiente. A través de la historia de Bruna, una joven ecuatoriana que se enfrenta al caos en Buenos Aires, exploramos el impacto de la contaminación en la Amazonía ecuatoriana y la lucha de las comunidades indígenas por sus derechos. Desde la llegada de Chevron hasta la realidad actual de enfermedades y destrucción, escuchamos testimonios que revelan la resistencia y el coraje de aquellos que defienden sus comunidades.
Acompáñanos en esta travesía sonora y descubre cómo cada uno de nosotros puede contribuir a la defensa de nuestro planeta y de los derechos de los pueblos afectados.
Una realización original de Tristana producciones para ATALC.
Guion y narración: Florencia Flores Iborra
Bruna Montes: Ximena Viver
Margarita Morales: Verónica Rosales
Mezcla de sonido: Paula Prati
Ilustración: Florencia Pinochi
Música: Artlist
Producción general: Karin Nansen, Danilo Urrea y José Elosegui.
Episodio 2: La espera
En este impactante episodio, Bruna Montes, una joven activista ambiental, utiliza las redes sociales para protestar desde la azotea de un edificio en Buenos Aires. Mientras comparte su historia, revela la devastadora realidad que enfrenta su familia: su abuela, víctima de la contaminación provocada por la empresa Chevron, se encuentra en estado crítico debido a una nefropatía aguda. A través de testimonios y archivos de medios, exploramos el legado de injusticia que ha dejado la decisión de la Corte de La Haya y cómo la lucha por la justicia ambiental no es solo un problema local, sino un desafío global que nos involucra a todos.
La voz de Bruna resuena como un llamado a la acción, instando a los oyentes a unirse en la defensa de los derechos humanos y la protección del medio ambiente.
Una realización original de Tristana producciones para ATALC .
Episodio 3: Ultimátum
En el episodio final de AZOTEA, seguimos la lucha de Bruna Montes, una activista ecuatoriana que enfrenta a Chevron y exige justicia por la devastación ambiental en la Amazonía. A través de una emotiva conferencia de prensa y testimonios desgarradores de los afectados, el episodio nos adentra en las consecuencias de la contaminación causada por las transnacionales. Acompañamos a Bruna en su protesta para que la ONU y otros organismos internacionales adopten un Tratado Vinculante, un paso crucial para detener la impunidad corporativa y proteger los derechos humanos.
AZOTEA no es solo un podcast, es un llamado a la acción. ¡Sumate a la lucha por la justicia y la protección del medio ambiente!
Una realización original de Tristana producciones para ATALC .
Compartimos este reportaje de Mongabay sobre el avance de la palma de aceitera en Ecuador – A 8 de julio de 2024
Por Isabel Alarcón
La palma es el segundo cultivo con mayor extensión, después del cacao, en la Amazonía norte de Ecuador. La herramienta MapBiomas calcula que la extensión de los cultivos de palma es cuatro veces más grande que la registrada por el Ministerio de Agricultura.
Sólo el 18% de los cultivos de palma aceitera cuentan con una licencia o registro ambiental para funcionar. El monocultivo continúa creciendo de forma desordenada hacia el Parque Nacional Yasuní y la Reserva Faunística del Cuyabeno.
La palma ha generado divisiones en comunidades indígenas. La nacionalidad Siekopai tuvo que autorizar en 2016 la siembra de máximo 15 hectáreas de este cultivo por familia, para evitar conflictos internos entre quienes apoyaban y se oponían al ingreso de la palma.
Las palabras reforestación y conservación no existen en picoca, la lengua de los Siekopai. Para esta nacionalidad, que vive en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, en la frontera con Perú, nunca fue necesario sembrar un árbol, porque ya tenían un bosque, ni darle un nombre a una acción que ya era parte de su día a día. Sin embargo, actualmente la conservación es el motivo de su lucha y la reforestación de plantas nativas es su herramienta para demostrar que hay alternativas a la siembra de palma, que se extiende en las provincias amazónicas de Ecuador.
“Estamos rodeados de palmicultores, pozos petroleros e invasores, pero nuestro territorio es una isla que está en pie de resistencia”, decía Yadira Ocoguaje a sus compañeros, mientras sostenía con una mano el micrófono y con la otra levantaba una planta tradicional de Ya´so (Licania apetala), con la que realizan sus artesanías. La mañana del 1 de mayo del 2024, los habitantes de Secoya Remolino, una de las seis comunidades Siekopai en Ecuador, se preparaban para la primera jornada de reforestación de su historia.
Aunque Ocoguaje no podía traducir con una palabra esta actividad, todos ya sabían lo que representaba. Después de la asamblea, los abuelos, jóvenes y niños de la comunidad tomaron las palas y las más de 1000 plantas, y las sembraron a las orillas del río Aguarico.
La mañana del 1 de mayo del 2024 se realizó la primera jornada de reforestación en la historia de la comunidad Secoya Remolino. Se sembraron alrededor de 1.000 plantas nativas para promover la conservación del bosque. Foto: Enrique Avilés.
Hasta esta comunidad solo se puede llegar en bote y, para la lideresa de 29 años, esto es lo que les ha permitido mantener sus 21.000 hectáreas de bosque a salvo. Este territorio se ha declarado abiertamente en resistencia a la palma, a diferencia de las comunidades Siekopai más cercanas a la carretera, donde los cultivos generan curiosidad. La siembra de esta especie ahora es un tema que convoca un análisis profundo dentro de las asambleas de esta nacionalidad indígena.
Los cultivos también se han empezado a extender en los alrededores del Parque Nacional Yasuní y de la Reserva de Fauna Cuyabeno. Sin embargo, no hay cifras oficiales claras sobre la expansión de la palma ni sobre los controles de licencias o registros ambientales. Mientras toda la atención está puesta en los cultivos de palma africana de la costa ecuatoriana, los límites para la siembra son difusos en la Amazonía.
Yadira Ocoguaje es una de las lideresas de la comunidad Secoya Remolino y una de las principales voces opositoras al cultivo de palma en territorio Siekopai de la Amazonía ecuatoriana. Foto: Enrique Avilés.
Remolino y el resto de territorio Siekopai se encuentran en Sucumbíos que, junto con Orellana, se han convertido en las provincias amazónicas donde se expande la palma aceitera.
Según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), este es el segundo cultivo con mayor extensión en la Amazonía ecuatoriana, después del cacao. Sin embargo, las cifras en torno al territorio que abarca son confusas. El MAG, con base en los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), estimó 36 749 hectáreas al 2022. La mayoría en Sucumbíos (25 203) y el resto en Orellana (11 546).
Por otro lado, la plataforma MapBiomas registró cultivos de palma en 121 049 hectáreas de ambas provincias al 2022. Este número es cuatro veces más alto que el indicado por el MAG. De acuerdo con los datos satelitales de esta plataforma, la extensión de estos cultivos en la Amazonía es cinco veces superior a lo que era hace 20 años.
Según los datos de MapBiomas hasta el 2022, los cultivos de palma se extienden por 121.000 hectáreas de Sucumbíos, una de las dos provincias que cultivan esta planta en la Amazonía norte. Foto: Enrique Avilés.
Su crecimiento es evidente al visitar estas provincias y los puntos que se reflejan en el mapa satelital. Durante el trayecto de dos horas desde Lago Agrio, capital de Sucumbíos, hasta el puerto Los Ángeles, donde se toma el bote para llegar a Remolino, los terrenos de palma recién sembrada están a ambos costados de las vías.
Ribaldo Piaguaje, presidente de Remolino, realiza este recorrido cada semana cuando regresa a su comunidad. Por eso, ha visto de cerca el crecimiento que han tenido los cultivos en esta vía, que es la puerta de entrada al territorio Siekopai. En este camino están los nuevos cultivos, de máximo dos años, a diferencia de los que están en la vía Tierras Orientales. Esta última es la carretera que transitan quienes van al Puerto Los Ángeles desde Shushufindi, otra de las principales ciudades de la provincia.
En el camino de Tierras Orientales están las plantaciones de las empresas palmicultoras que llegaron hace más de 40 años a la zona, pero a sus costados también ya empiezan a verse los sembríos nacientes de dos comunidades Siekopai que están al lado de la carretera.
Aunque dentro de las 21 000 hectáreas que pertenecen a Remolino no hay cultivos de palma, lo que ocurre en sus alrededores los tiene en alerta. “Al principio no pensé que iba a ser tan problemático. Pero ha traído deforestación masiva y problemas a la gobernanza comunitaria”, dice el líder de 26 años.
En el trayecto de Lago Agrio al Puerto Los Ángeles, la puerta de entrada a territorio Siekopai, es común ver la recolección de la palma, que después se coloca en camiones. Foto: Enrique Avilés.
Las primeras palmicultoras llegaron a Orellana y Sucumbíos en 1978. En ese momento el Estado firmó acuerdos con dos empresas, Palmoriente y Palmeras del Ecuador, y ambas se instalaron en un área de alrededor de 18 500 hectáreas.
“Todo el sitio de cacería fue deforestado, tumbaron los árboles, después pasaron las maquinarias y abrieron con tractores”, recuerda Justino Piaguaje, dirigente de territorio de la nacionalidad Siekopai. Su pueblo no quería participar en este negocio, hasta que en 2000 la idea empezó a discutirse. Uno de los líderes de ese momento planteó autorizar la siembra, pero la asamblea de la nacionalidad se lo negó.
En 2006, después de varios intentos y el poco éxito de actividades productivas sostenibles como el turismo y el cultivo de paiche, la asamblea autorizó que 20 familias probaran el cultivo en 10 hectáreas cada una. Las familias obtuvieron un crédito de la entidad gubernamental Corporación Financiera Nacional (CFN) para sembrar en su territorio, con Palmeras del Ecuador como garante. Sin embargo, en 2008 el Ministerio de Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica) multó con 375 000 dólares a la nacionalidad Siekopai por haber talado bosque nativo. Los indígenas no han pagado la multa pues aseguran que es imposible para ellos obtener ese dinero.
Las primeras palmicultoras se instalaron en Sucumbíos a finales de la década de los años 70. Sus cultivos se extienden en la carretera Shushufindi a Lago Agrio. Foto: Enrique Avilés.
Los cultivos se suspendieron y empezó un proceso de varios años de discusiones y debates internos. Justino Piaguaje, que era Presidente de la nacionalidad en ese momento, recuerda que de repente ya no eran 20 familias, sino 60 las que querían sembrar sin el consentimiento de su pueblo. Algunas se estaban reuniendo con las empresas palmicultoras, sin pasar por el proceso de consulta interna.
“Se retiraron las plantas y semillas que les habían dado y la gente quedó molesta, pero yo dije que es para aprender, porque vivimos en un territorio comunitario y hay una autoridad comunitaria que tiene que respetarse”, cuenta el líder Siekopai. Luego de estas divisiones, decidieron pasar a una etapa de planificación para evitar los conflictos internos y mantener unido a su pueblo. En 2016 autorizaron 15 hectáreas para la siembra de palma por familia.
“No es obligación sembrar, pero las que quieren pueden hacerlo por su propia voluntad, sin el acompañamiento de la nacionalidad”, dice Piaguaje.
Dos familias de Bellavista y San Pablo, las comunidades más cercanas a las plantas extractoras, ya siembran en su territorio. Las más apartadas, como Remolino, todavía se mantienen en resistencia. “La nacionalidad no impulsa la palma como proyecto, pero hubiese sido malo oponerse por completo porque se hubiese causado malestar interno”, recalca Piaguaje.
La comunidad de Secoya Remolino se organiza para potenciar sus actividades turísticas y artesanías para evitar que la palma sea considerada como una alternativa económica en su territorio. Foto: Enrique Avilés.
Mientras tanto, la presencia de las empresas palmicultoras en la Amazonía también ha crecido en comparación con lo que pasaba en los años setenta. Según el Inventario Nacional de Plantaciones de Palma Aceitera 2017, en la Amazonía hay 14 empresas con plantaciones y 2 empresas con extractoras en operación. Existe otra extractora instalada, pero no está operando.
A Geovanna Lasso, miembro del Colectivo Agroecológico del Ecuador e investigadora de la Universidad Andina Simón Bolívar, le preocupa que se instalen más extractoras. De acuerdo con los análisis que ha hecho sobre los cultivos de palma desde 2012, una de las principales dinámicas del crecimiento en la Amazonía se asocia con el “encadenamiento productivo”. Es decir, las empresas extractoras ofrecen créditos, asistencia técnica y estrategias que motivan a las personas a transformar su finca y a desplazar los cultivos diversificados.
Para la especialista, la situación es grave, ya que los monocultivos están ganando espacio en las zonas de la Amazonía afectadas por la deforestación.
Un estudio de MapBiomas revela que la Amazonía ecuatoriana perdió 379 000 hectáreas de bosque entre 1985 y 2020. Sucumbíos es la provincia más impactada, con una pérdida de 184 000 hectáreas, seguida por Orellana con 116.000. Por otro lado, el Atlas Amazonía Bajo Presión 2020, de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), muestra que el 84 % de la deforestación amazónica se debe a las actividades agrícolas.
La palma ha reemplazado 33 500 hectáreas de bosque nativo en Sucumbíos y Orellana desde el 2000 hasta el 2022, de acuerdo con el análisis de los datos satelitales de Mapbiomas. Esto equivale a 36 000 canchas de fútbol.
En los mapas de cobertura de la tierra que genera el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) no se identifican específicamente los cultivos de palma africana, pues forman parte de la categoría “mosaico agropecuario”. Sin embargo, con los mapas se determinó que cerca del 71 % de la superficie deforestada en Sucumbíos y Orellana, entre 2014 y 2022, corresponde a zonas de bosque que fueron convertidas en tierras agropecuarias.
Nathalia Bonilla, coordinadora de la campaña de bosques en Acción Ecológica, explica que no sólo es preocupante que los cultivos industriales reemplacen zonas de bosque. Asegura que cuando la palma reemplaza otros cultivos previamente instalados en zonas deforestadas, también se afecta al suelo y al agua con la cantidad de agrotóxicos que, por lo general, son necesarios para mantener a estos árboles libres de plagas.
La palma es el segundo cultivo más extenso después del cacao en la Amazonía ecuatoriana. Palmas nuevas y antiguas están a ambos costados de la vía Shushufindi- Lago Agrio. Foto: Enrique Avilés.
Bonilla ha identificado 17 ingredientes activos utilizados en el cultivo de la palma en la costa ecuatoriana. De estos, algunos como el Endosulfán, Carbofurano, Clorpirifos y Paraquat están prohibidos por la Unión Europea, pero en Ecuador se utilizan. Al Paraquat, por ejemplo, se lo relaciona con la enfermedad de Parkinson, y el Clorpirifos ha sido asociado con retraso en el desarrollo neurológico, sobre todo en los niños.
La investigadora teme que la situación de Esmeraldas, la provincia con mayor superficie de palma en el país, se repita en la Amazonía. En esta localidad costera, cuenta Bonilla, ya han experimentado problemas de erosión de suelo por los cultivos y el abuso de químicos. En las provincias amazónicas la situación puede ser más grave, ya que estos terrenos son más frágiles y no son idóneos para cultivos como la palma aceitera.
Jorge León, investigador de la Universidad Estatal Amazónica, explica que la Amazonía se caracteriza por constantes lluvias, por lo que es más probable que los pesticidas y químicos que se le aplican a los cultivos terminen en los ríos. Estos agroquímicos tienen metales pesados que, al llegar a las fuentes de agua, pueden ingresar al organismo de animales y personas.
Por otro lado, el especialista dice que los suelos de la Amazonía no son aptos para los cultivos por sus altos niveles de acidez y pocos minerales. Para adaptar la tierra, se utilizan mayores cantidades de fertilizantes. Los cultivos de palma pueden durar hasta 50 años, lo que se traduce en cinco décadas de plaguicidas que, en opinión del experto, dejarán un suelo inservible. “No se regulariza la actividad en estas tierras y se sigue expendiendo”, añade León.
Los suelos de la Amazonía no son aptos para los cultivos por sus altos niveles de acidez y pocos minerales. Sin embargo, los cultivos se siguen expandiendo en el norte. Foto: Enrique Avilés.
La Coordinación General de la Información Nacional Agropecuaria (CGINA) del MAG corrobora lo que dice León. En el mapa de zonificación agroecológica para el establecimiento de cultivo de palma aceitera en la Amazonía, no hay registro de zonas con aptitud óptima. Esta categoría corresponde a las áreas que presentan las mejores características para el establecimiento de un cultivo.
Mongabay Latam pidió una explicación al MAATE, pero respondió que el MAG es el que tiene la competencia sobre las zonas aptas para la siembra de palma. El MAG, por su parte, explica que las restricciones de siembra se aplican en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Sin embargo, el problema de sembrar en zonas no óptimas, es que los productores tienen que realizar adecuaciones y prácticas agrícolas adicionales, las cuales incrementarán los costos de producción. En otras palabras, la siembra de palma no está prohibida en suelos no óptimos y son los agricultores los que deciden si quieren asumir los costos extras y sacrificar parte de su rentabilidad.
Los controles a las licencias y registros ambientales son otro eslabón olvidado en la cadena de la palma. El Censo Palmero 2017, el más actual de su tipo, muestra que solo 1437 predios de los 8149 destinados a este cultivo en el país tienen permiso ambiental. Es decir, sólo el 17,6 % están regulados.
En la Amazonía la situación es similar. De acuerdo con información entregada por el MAATE a Mongabay Latam, al 2024, 232 proyectos cuentan con registro ambiental, documento que deben tener los cultivos que ocupan entre 1 y 75 hectáreas. Cuatro proyectos tienen licencia ambiental, que corresponde a los cultivos de más de 75 hectáreas. Estos datos demuestran que, de los 1272 predios dedicados a la palma en las provincias de Orellana y Sucumbíos, sólo el 18 % tiene uno de estos dos permisos ambientales, a pesar de que la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) del 2023 revela que hay 2939 productores de palma aceitera en las 30 287 hectáreas plantadas hasta ese año en la Amazonía ecuatoriana.
Desde el 2018, el tema de las licencias ya generaba dudas, incluso para entidades gubernamentales. La Contraloría General del Estado, a través de la Delegación Provincial de Sucumbíos, identificó irregularidades en torno a la emisión de licencias ambientales, otorgadas por la Dirección Provincial del Ambiente de Sucumbíos al sector palmicultor entre enero de 2012 y diciembre de 2017. Entre estas encontraron que seis empresas operaban sin autorización ambiental.
Mongabay Latam le preguntó al MAATE sobre las inconsistencias en las licencias ambientales, pero hasta el momento de la publicación de este texto no obtuvo respuestas.
La palma se transporta desde las plantaciones a las empresas extractoras a través de las gabarras. Foto: Enrique Avilés.
“La informalidad es grande y grave”, dice Mario Calvopiña, biólogo y consultor independiente en la Amazonía. Para el especialista, hay un abandono por parte de la autoridad ambiental, ya que no hay un control de los planes de manejo ni un estudio formal sobre el impacto de los cultivos de palma en la Amazonía. Él conoce de cerca la situación, ya que hasta 2013 trabajó en el Ministerio del Ambiente.
Uno de los mayores problemas en la actualidad, resalta, es el crecimiento desordenado hacia zonas frágiles como la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno. Mediante el mapeo satelital de MapBiomas se observan pequeños cultivos instalándose muy cerca del área protegida.
El MAATE sostiene que no existen cultivos de palma africana dentro de la Reserva del Cuyabeno y que los sembríos más cercanos se encuentran a 1,5 kilómetros, con extensiones aproximadas de 10 hectáreas. “Con estas consideraciones, la expansión de la palma africana no representa, al momento, una amenaza para la pérdida de bosques dentro del Cuyabeno”, aclara el Ministerio.
También se ha registrado un aumento de los cultivos en la vía Auca, en la provincia de Orellana, cercana al Parque Nacional Yasuní. Adrián Álvarez, de la fundación Alejandro Labaka, cuenta que esta es una amenaza directa para el área protegida y para los pueblos en aislamiento voluntario. Desde hace un año, relata, han llegado personas que compran fincas y las transforman en sembríos de palma.
Según dice, hace cinco años en la vía Auca solo había un cultivo, pero ahora, cientos de árboles de 60 cm son una muestra de que la palma aceitera se está instalando. “Hay plantaciones a sólo seis kilómetros del Yasuní”, destaca.
A pesar de lo que dice Álvarez, el MAG afirma que en zonas aledañas a áreas protegidas, que no tengan cobertura vegetal natural y que sean aptas para la agricultura, cualquier cultivo es permitido.
Los cultivos jóvenes con árboles de menos de 60cm, son comunes en la vía Auca, en la provincia de Orellana. Hace una década estas plantaciones eran escasas en la zona. Foto: Enrique Avilés.
Calvopiña explica que uno de los principales impactos para las áreas protegidas no radica en los cultivos en su interior, sino en el drenaje de los pantanos y el desvío de los esteros, que son necesarios para cultivar palma y que pueden terminar por afectar dentro de sitios como Cuyabeno y Yasuní. Esto cambia el ciclo del agua y genera daños en los ecosistemas, comenta.
A pesar de que el MAATE sostiene que “no es posible ni legal rellenar humedales”, el drenaje de los pantanos es común en la Amazonía para adaptar los terrenos. En el pasado, esta práctica era respaldada por los gobiernos provinciales, que proporcionaban su maquinaria.
Desde el 2012 el Gobierno Autónomo Descentralizado de Orellana ya no lo hace, afirma Augusto Córdova, jefe de Calidad Ambiental. “El apoyo a la expansión de los monocultivos ya no es parte de la política de este GAD debido a los impactos ambientales. La palma es un monocultivo que utiliza grandes cantidades de fertilizantes y pesticidas que afectan a las personas y biodiversidad”. Actualmente, incentivan la siembra de cacao agroforestal.
Según el departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en el 2023 Ecuador ocupó el puesto número 12 de la lista de los principales productores de aceite de palma en el mundo y el quinto lugar en América Latina.
El cultivo recibe apoyos del sector financiero ecuatoriano. Entre 2016 y 2023 la banca privada otorgó 3 974 788 dólares para sembrar 730 hectáreas de palma. Por otro lado, entre 2013 y abril 2024, el Estado, a través de BanEcuador y la Corporación Financiera Nacional, entregó 17 808 107 dólares en créditos para el cultivo de palma aceitera en Orellana y Sucumbíos, las dos provincias de la Amazonía norte. Esta cifra representa el 9 % del monto total de créditos que se han entregado en los últimos 10 años al sector agropecuario en esa zona.
Los préstamos se destinaron a 2740 hectáreas de palma, una extensión equivalente a 3300 canchas de fútbol.
El 80% de quienes se dedican a la palma son pequeños productores. El gobierno y el sector privado ofrecen incentivos para el cultivo. Foto: Enrique Avilés.
Desde el 2019, BanEcuador abrió una línea de crédito para ayudar a los pequeños productores de palma, “a fin de contribuir al mejoramiento productivo del país”. Santiago Rosero, especialista en producción de palma aceitera, explica que esto se debe a que el 80 % de quienes se dedican a la palma son pequeños productores y generan un 30 % de la producción total. Para Rosero, los créditos para este sector no han crecido de manera agresiva. “La idea es que en las hectáreas existentes se produzca lo necesario para no aumentar la superficie”, dice en relación a las estrategias en las que se deben enfocar los apoyos.
Para la entrega de créditos, Rosero explica que se exige que los productores hayan iniciado el proceso de regularización ambiental y que entreguen un mapa para evidenciar que no se intersecta con áreas de bosque. Sin embargo, en la práctica, hay casos como el de los Siekopai, que recibieron el crédito de la CFN y después fueron multados por otra entidad estatal por sembrar en esa zona.
El tema financiero no sólo incluye los créditos. De enero de 2022 a mayo de 2024 se han aprobado 254 pólizas de seguro agrícola subvencionadas en el cultivo de palma aceitera. Esto implica que se han asegurado 1358 hectáreas y se han entregado 64 755 dólares por las subvenciones.
El 42,52 % de esas pólizas se concentra en Sucumbíos. Allí, 108 productores se beneficiaron con la subvención. Se pidió al MAG una explicación más detallada de los seguros que recibe el sector palmicultor, pero hasta el momento de la publicación de este texto no se recibió respuesta.
La comunidad Secoya Remolino organiza eventos para recordar a los habitantes la importancia de seguir luchando contra amenazas como la palma. En otras comunidades se permite sembrar 15 hectáreas por familia. Foto: Enrique Avilés.
Mientras tanto, Justino Piaguaje cuenta que la nacionalidad Siekopai continúa en la elaboración de un reglamento del manejo de su territorio. También están estudiando su biodiversidad, identificando sus amenazas y ya declararon un área de más de 10 000 hectáreas como territorio sagrado de los seres no humanos y espirituales.
Compartimos este artículo de nuestras compañeras y compañeros de lucha en Ecuador Acción Ecológica sobre el monocultivo de palma de aceite en aquel país – A Mayo 2024
LA MESA DE PALMA SUSTENTABLE (RSPO) LEGITIMA A LAS EMPRESAS DEPREDADORAS
En Ecuador actualmente existen 270 mil hectáreas de palma aceitera sembradas. Esta cifra ha fluctuado a lo largo de los años, viéndose afectada especialmente por la pudrición del cogollo. Por otra parte, sólo cuatro grupos empresariales cuentan con la certificación RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil): Organic Supply S.A, Industrial Danec S.A, Natural Habitats Americans B.V. y el Holding La Fabril S.A.
Este último agrupa a la empresa Energy & Palma, que ha sido denunciada en los últimos años por comunidades del norte de Esmeraldas, donde posee 11 mil hectáreas de plantaciones. Las acusaciones versan sobre contaminación de fuentes de agua, violación de derechos laborales y despojo de territorios comunitarios. Incluso, Energy & Palma ha judicializado a defensores de la Comuna Barranquilla de San Javier con una demanda civil por 350 mil dólares, aduciendo supuestos daños y perjuicios.
El Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, conjuntamente con siete mecanismos especiales, emitió un comunicado conjunto sobre este caso, dirigido a Ecuador, Estados Unidos, Suiza, Nestlé, PepsiCo, La Fabril y a la RSPO manifestando su preocupación por un aparente uso abusivo del sistema penal en contra de defensores de derechos. A pesar de haber recibido este comunicado de manera directa, la Mesa de Palma Sustentable (RSPO) simplemente no respondió a dicho comunicado y continuó certificando a Energy & Palm/La Fabril (https:// spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27475).
Según los principios y criterios de la RSPO, mantener querellas legales contra comuneros o sobre tierras sembradas de palma constituiría un impedimento para otorgar la certificación. Por tanto, estos hechos deberían haber imposibilitado que La Fabril renovara su certificación, a pesar de la queja formal presentada por la comunidad y el comunicado de la ONU. Sin embargo, la recertificación se realizó de manera expedita, en medio de cuestionamientos y preguntas sin respuesta.
El sistema RSPO merece varias observaciones. Si bien afirma garantizar la producción de palma aceitera sustentable que proteja el ambiente, los derechos colectivos de las comunidades y el trabajo rural, fomentando la sostenibilidad y evitando daños, en la práctica esto no se cumple. En realidad, facilita el acceso de grandes empresas al exigente mercado europeo.
Su sitio web, única vía de ingreso para quejas comunitarias, está en inglés y requiere completar un complejo formulario con implicaciones legales, dificultando el acceso a comunidades rurales que carecen de recursos como electricidad, internet y dominio del idioma. Pareciera un sistema diseñado para favorecer a empresas con el respaldo de grandes ONG conservacionistas.
Superando estas adversidades, la Comuna Barranquilla logró presentar su queja en mayo de 2023. Durante este proceso, Energy & Palma continuó su certificación, recibiendo la visita de la auditora brasileña IBD, que se reunió sólo con personas afines a la empresa, excluyendo a la comuna y al sindicato de trabajadores. Incluso, la RSPO negó que tal visita estuviera programada.
Ante las denuncias, los auditores de IBD se vieron forzados a regresar al territorio y recopilar testimonios. Igualmente visitaron los lugares donde la planta procesadora de aceite descarga agua pestilente y turbia directo al río, pero sin tomar muestras de los lugares supuestamente contaminados para análisis de laboratorio. Se acordó con los auditores que compartirían el informe con la comuna. No lo hicieron, pero emitieron la certificación favorable a Energy & Palma sin mayor trámite.
Cabe señalar que en el 2020, a raíz de una queja previa de la Comuna, el Ministerio del Ambiente ecuatoriano visitó la zona, recorrió las instalaciones de la empresa, tomó muestras de agua, pero nunca informó sobre los resultados de esos exámenes.
Esto evidencia no sólo la falta de metodología científica por parte de los auditores de la RSPO, sino también los antecedentes de opacidad de las autoridades ambientales al no transparentar los análisis realizados en la zona, con anterioridad, ante denuncias de contaminación.
Por otro lado, la queja formal de la comuna ante la RSPO sólo ha avanzado un 12%. Contrasta la celeridad en otorgar certificados versus el excesivo tiempo para resolver denuncias comunitarias. La falta de metodología científica, el inadecuado procesamiento de testimonios y la aparente política de ignorar cualquier denuncia evidencian un sistema que pareciera priorizar los intereses empresariales.
Actualmente, el Holding La Fabril ostenta la certificación RSPO, vigente hasta 2030, lo que genera inquietudes sobre la imparcialidad y real funcionalidad de este mecanismo: ¿abrir mercados o garantizar sustentabilidad?.
Con mucha alegría les compartimos el sexto capítulo de Voces en resistencia, es una serie de testimonios de personas que luchan por defender la vida y el territorio de mega proyectos extractivistas.
En este capítulo, les compartimos las experiencias de 4 maravillosas mujeres; Dominga, Bárbara, Dania y Natalia, enfrentando y resistiendo a la palma de aceite desde diferentes puntos de Mesoamerica.
Compartimos esta petición de Salva la Selva sobre defensores de los bosques, selvas y la vida en Ecuador que están siendo violentados – A 15 de mayo de 2023
La comunidad afroecuatoriana Barranquilla de San Javier defiende su territorio frente a la deforestación y la expansión de la palma aceitera. En lugar de garantizar el cumplimiento de la ley, las autoridades se ponen del lado de las empresas. Se intenta usar los tribunales para silenciar las protestas con multas desproporcinadas.
Para: Gobierno del Ecuador; Ministerio de Agricultura del Ecuador; copia a empresas Energy&Palma, La Fabril, Nestlé, General Mills y Pepsi Co; Round Table on Sustainable Palm Oil RSPO
“Restitución del territorio, bosques y derechos para la comuna afroecuatoriana de Barranquilla de San Javier y sus defensores. Basta de racismo y discriminación.”
En la costa pacífica, provincia Esmeraldas, se encuentra el último remanente del biodiverso ecosistema de bosque húmedo tropical del Chocó en Ecuador. La población afro e indígena vive en extrema pobreza por el racismo estructural y el abandono histórico de ese territorio por parte del Estado. «No se atiende debidamente la salud, la educación ni necesidades básicas como agua, habitación, ambiente libre de contaminación”, explica Nathalia Bonilla, de Acción Ecológica.
Aprovechando la ausencia de control estatal, empresas palmicultoras, madereras y minería de oro expanden sus actividades. La naturaleza se degrada de forma irreversible, todos los ríos están contaminados. El Estado no responde a denuncias y reclamos de la comuna.
“El accionar del Estado y de la empresa es claramente discriminatorio”, señala Bonilla.
Mientras, la industria palmicultora ha ido tomando más de 13.000 hectáreas en el cantón San Lorenzo, sin haber realizado nunca una consulta previa, libre e informada, sin respetar derechos.
La comuna afro de Barranquilla de San Javier sufre este avance en carne propia desde 2010. La empresa de palma aceitera Energy&Palm, de La Fabril, está en su territorio. En un estudio del Ministerio de Agricultura se comprueba que 251 hectáreas en manos de esa empresa se sobreponen a territorios comunitarios. “Un proceso de despojo con compraventas ilegales de territorios de la comuna”, explica el abogado Gustavo Redín. Añade que, como comunidad ancestral, tiene derechos constitucionales sobre su territorio.
Compartimos este pronunciamiento de Amigos de la Tierra America Latina y el Caribe ATALC – A 27 de abril del 2023
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) manifiesta su profunda indignación y rechaza vehementemente los hechos que tuvieron lugar el 26 de abril en Ecuador, en los que el Ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, criminalizó la lucha de los pueblos del Ecuador por su derecho al ambiente sano.
En el marco de la comparecencia ante la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, frente a la que el ministro debía rendir cuentas por el caso de las 9 niñas ecuatorianas que enfrentan al Estado con la demanda interpuesta por la contaminación de la Amazonía generada con la instalación y quema de gas en mecheros, el Ministro tildó de “delincuente internacional” al abogado Pablo Fajardo, integrante de la Unión de Afectadas/os por Operaciones Petroleras de la Texaco (UDAPT), sin que haya para esta agresión temeraria ningún tipo de prueba, soporte jurídico o fallo que así lo defina; esta acusación pone en riesgo la lucha democrática de los pueblos ecuatorianos que además exigen reparación integral por las violaciones de los derechos de los pueblos y sus derechos humanos, de las que se acusa a la transnacional Chevron.
La Corte de Sucumbíos en la sentencia del caso mecheros le ordenó al Estado que en un plazo de 18 meses eliminara todos los que están aledaños a poblaciones. El plazo se cumplió el pasado 29 de marzo y el Estado no ha cumplido con esta obligación, razón por la que instituciones como UDAPT, entre otras, exigen el cumplimiento de la ley como una de las condiciones necesarias para hacer justicia, de ahí la presencia legítima del abogado Pablo Fajardo en la comparecencia señalada.
La acusación del ministro Santos Alvite recae contra todos los pueblos originarios de Orellana y Sucumbíos, mujeres, niñas/os y articulaciones sociales que por más de 30 años han luchado para lograr reparación integral del daño causado por las transnacionales petroleras.
Es importante recordar, también, que el ministro Santos Alvite tiene una larga historia de vinculación a la industria petrolera como asesor de empresas, y 8 años como delegado de Ecuador ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y que ha sido un férreo defensor de Chevron y otras empresas transnacionales. Lamentablemente, lo sucedido el 26 de abril no es un hecho aislado, en diferentes ocasiones ha realizado ese tipo de acusaciones temerarias.
ATALC pide que ante situaciones de esta gravedad, que criminalizan las luchas de los pueblos y ponen en riesgo la vida e integridad de las personas estigmatizadas, se haga la retractación correspondiente, y se avance en el cumplimiento de las sentencias ajustadas al Estado de Derecho.
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) Abril 27 de 2023
Compartimos este pronunciamiento de la Unión de Afectadas y Afectados por las Operaciones Petroleras de TexacoUDAPT vía Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC sobre el caso Chevron en Ecuador – A 23 de marzo del 2023
Este lunes 20 de marzo de 2023, las/os afectadas/os por las operaciones de Chevron (Texaco) en el Ecuador recurrieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar que el Gobierno de Ecuador obstaculiza y pone en riesgo la ejecución de la sentencia y la reparación de las zonas afectadas por la contaminación provocada por los procesos extractivos implementados por Chevron en las provincias de Orellana y Sucumbíos.
Lago Agrio, 21 de marzo de 2023. Han pasado más de 30 años desde que inició el juicio contra Chevron y 11 años desde que se ejecutorió la sentencia en favor de indígenas y colonos que habitan en las provincias de Orellana y Sucumbíos. Sin embargo, pese a existir cuatro sentencias que encuentran a Chevron culpable del daño causado, la reparación no llega a los pueblos victimas del crimen de la petrolera. Las/os afectadas/os por las operaciones de Chevron responsabilizan al Gobierno de Ecuador por haber interferido en este juicio privado para evitar que puedan ejecutar la sentencia. Son tres los elementos que señalan.
Primero, el ex Procurador General del Estado, Iñigo Salvador, envió oficios mediante valija diplomática a las Cortes de Canadá y Argentina, en donde se encontraban pendientes sendos procesos de ejecución de la sentencia contra Chevron. Como consecuencia de la interferencia del Procurador, los procesos fueron descartados. El caso fue particularmente grave en Canadá, donde estaba pendiente una decisión final de la Corte Suprema que permitiría la ejecución completa de la sentencia, pero luego de la intervención de Salvador, el caso fue archivado. Adicionalmente, el Ex Procurador General del Estado emitió una serie de declaraciones públicas, en las que parecía ser defensor de los intereses de Chevron y no del Estado ecuatoriano.
En segundo lugar, el Gobierno de Ecuador ha emprendido una campaña de persecución en contra de las/os pobladoras/es ecuatorianas/os, con la clara intención de favorecer a la multinacional. Por pedido expreso del ex Procurador del Estado, Íñigo Salvador, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, a mediados del año 2021 inició indagaciones contra las/os pobladoras/es amazónicas/os por un supuesto delito de cohecho, en el cual se pretende demostrar que el juez de primera instancia, Nicolás Zambrano, dictó sentencia a favor de las/os amazónicas/os por supuestos ofrecimientos de dinero al Juez.
Y tercero, desde el 2017 el Gobierno de Ecuador ha fallado en su obligación de ejercer una defensa técnica efectiva, sobre la base de la soberanía y la institucionalidad del Estado, ante el panel arbitral y ante la justicia holandesa. Los actos realizados por la defensa del Gobierno demuestran desidia y hasta negligencia.
En 2018 el Estado ecuatoriano planteó el recurso de nulidad del laudo arbitral que obtuvo Chevron el 30 de agosto de ese mismo año. Aunque la justicia holandesa todavía no ha emitido un fallo definitivo sobre el recurso de nulidad planteado por la Procuraduría del Estado, el Gobierno de Ecuador actualmente ya se encuentra ejecutando el laudo como si estuviera vigente. Justamente, es por su cumplimiento que el Gobierno de Ecuador se ha empeñado en entorpecer las acciones de cobro de los demandantes en jurisdicciones extranjeras, en las que ha intervenido sin ser parte procesal.
Estas acciones dejan en claro que el Estado y Chevron están actuando coordinadamente, y que para el Gobierno de Ecuador es más importante el cumplimiento de un laudo arbitral y la satisfacción de los accionistas de Chevron, que los derechos de sus ciudadanas/os. La intervención del Gobierno de Ecuador con la intención de evitar que las comunidades puedan ejecutar una sentencia emitida por su propio poder judicial, es contraria a las obligaciones nacionales e internacionales del Ecuador en materia de Derechos Humanos.
Pablo Fajardo, abogado de los demandantes en el caso Aguinda Vs Chevron, afirmó que es lamentable que el Gobierno del Ecuador, con la Procuraduría General del Estado, se pongan al servicio de la transnacional y pretendan desconocer una sentencia ejecutoriada del sistema judicial ecuatoriano. La sentencia que beneficia a los pueblos y a la naturaleza se basa en instrumentos jurídicos de Derechos Humanos. El Laudo arbitral que beneficia a Chevron, contra Ecuador, se basa en un Tratado Bilateral de Protección de Inversiones. Este es un caso en el cual se refleja una grave disputa entre el sistema de protección del derecho económico de las empresas transnacionales, que cuentan con la complicidad de muchos gobiernos, que se ponen en contra de su propia población como es el caso de Ecuador. Ese sistema está en contra del sistema de derechos humanos que protege a los pueblos humildes de Latinoamérica. En el fondo es un abuso del derecho de las trasnancionales, que someten a los gobiernos de países pequeños en todo el mundo. Por lo tanto, este problema no es solo del Ecuador, es un problema que afecta a la humanidad, sentenció Fajardo. En ninguna parte del mundo, el dinero puede valer más que la vida de miles de campesinos e indígenas.
Donald Moncayo, coordinador de la Unión de Afectados por Texaco, alertó sobre las interferencias del ex Procurador Iñigo Salvador. Señaló que sus actos llevaron al Estado ecuatoriano a inmiscuirse en un juicio entre privados. Resulta un acto de traición que nuestro Procurador del Estado obstaculice una sentencia en favor de ciudadanos de Ecuador, que ha sido analizada y ratificada por todas las instancias judiciales de Ecuador, incluyendo la Corte Nacional y la Corte Constitucional.
Las acciones del Procurador, dijo Lidia Aguinda, una de las demandantes, traerán graves consecuencias al Estado ecuatoriano, pues está atentando contra los derechos que debe proteger de los ecuatorianos, contraviniendo así su mandato constitucional. Enfatizó que sus actos son una clara violación de la independencia judicial y mancillan la soberanía del Ecuador en favor de Chevron. Con referencia al presupuesto general del Estado, que dispone 2 mil millones de dólares para pagarle a Chevron, añadió: “Parece que el Gobierno de Ecuador está más preocupado por satisfacer a las exigencias de Chevron que las necesidades de la población ecuatoriana”.
Por su parte Elias Piaguaje, Presidente de la Nacionalidad Siekopai, afirmó que hemos luchado 30 años buscando justicia y reparación. Nos hemos envejecido en esta batalla, pero seguiremos luchando hasta lograr que se repare nuestra Amazonía. No podemos dejar un legado de muerte y destrucción a nuestras futuras generaciones.
La dirigencia de la UDAPT hace un llamado a los pueblos de Latinoamérica a unirse y levantarse en casos como estos. No se puede permitir que nuestros gobiernos den seguridad jurídica a las empresas transnacionales, y desmantelen todo el sistema de protección de nuestros derechos humanos de la Naturaleza, cuando somos agredidos por esas corporaciones. Igualmente hacemos un llamado al Gobierno del Ecuador a respetar la sentencia de la Corte Constitucional del país y a no intervenir en favor de Chevron. Por ahora confiamos que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos nos proteja de las interferencias indebidas del Gobierno de Ecuador, le ordene reparar los derechos vulnerados, y prevenga futuras intervenciones violatorias de los derechos de las/os pobladoras/es amazónicas/os.
Contactos Donald Moncayo +593 99 397 7808 Pablo Fajardo +593 99 397 7811
Compartimos este comunicado de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC sobre el asesinato de Eduardo Mendúa integrante de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador- A 27 de febrero del 2023
Amigos de la Tierra América Latina y Caribe (ATALC) denuncia y repudia el asesinato de Eduardo Mendúa, dirigente de Relaciones Internacionales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y perteneciente a la nacionalidad Kofán de Sucumbíos; el crimen fue perpetrado el 26 de febrero.
Lamentablemente, este no es un caso aislado. Desde hace 7 meses Eduardo y la CONAIE denunciaban la escalada de violencia y ruptura de tejido social de la comunidad Durero y del territorio Ai Kofán. Recientemente, el 12 de enero, se denunciaron enfrentamientos entre comunidades como resultado de la intención de la empresa Petroecuador de instalar plataformas y pozos petroleros. Además de los conflictos resultado de las operaciones extractivas en el Ecuador, se escalan procesos de criminalización hacia los movimientos indígenas y sociales que denuncian las violaciones a los derechos de los pueblos y sus derechos humanos, y que se mantienen en resistencia en defensa de sus territorios y autodeterminación.
• Garantice la plena realización de los derechos de los Pueblos Indígenas y los Derechos de las y los Campesinos, y haga efectivas las sentencias judiciales que lo obligan a protegerlos y no perseguirlos.
• Garantice la integridad y seguridad de los pueblos indígenas y campesinos de Sucumbíos, y en general de los pueblos del Ecuador.
• Abra una investigación para de forma urgente encontrar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen y de todas las amenazas previas recibidas por compañeras/os de diferentes organizaciones y movimientos sociales.
• Lleven a cabo una moratoria permanente a la explotación petrolera en los territorios de los pueblos originarios y campesinos.
Llamamos a la comunidad internacional a denunciar el asesinato de Eduardo Mendúa y a mantenernos en alerta permanente y solidaridad activa con su familia, con la CONAIE, y con la comunidad Kofán. Pedimos a las organizaciones y movimientos sociales de diferentes partes del mundo seguir en lucha contra la injusticia que se perpetúa por la impunidad de la que gozan los perpetradores de estos brutales crímenes hacia nuestros pueblos.
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
Compartimos este pronunciamiento de Amigos de la Tierra America Latina y el Caribe en solidaridad con Unión de Afectadas y Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT), delegación de Amigos de la Tierra Ecuador – A 9 de febrero del 2023
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), organización que trabaja por la justicia ambiental, social, económica y de género, con presencia en 14 países de América Latina y en articulación con 75 países del mundo bajo la Federación Amigos de la Tierra Internacional, se declara en alerta y manifiesta su profunda preocupación y repudio por las amenazas, atentados y persecuciones sufridos por la Unión de Afectadas y Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT) / Amigos de la Tierra Ecuador. La misma, es una organización social sinfines de lucro que desde hace 29 años está luchando por el acceso a la justicia y la reparación integral. UDAPT está compuesta por las Nacionalidades Siekopai, Siona, Cofanes, comunidades Kichwas, Shuar, Waorani y miles de campesinos o mestizos.
UDAPT lleva a cabo numerosas acciones en defensa de las comunidades afectadas por la contaminación y sus acciones afectan los intereses económicos de las empresas transnacionales (ETN) y del Estado ecuatoriano, por ello se ha incrementado enormemente la agresiva campaña mediática para difamar a las/os abogadas/os de UDAPT, quienes incluso han sido atacadas/os verbalmente por autoridades del Gobierno Nacional y por la Procuraduría General del Estado.
Debido a la arquitectura de la impunidad tejida por las propias ETN a nivel internacional, la organización es acusada afirmando que por su accionar el Ecuador ha perdido el arbitraje internacional con la petrolera Chevron, cuando en realidad Ecuador pierde los arbitrajes con Chevron, Perenco y otras transnacionales, por su pésima defensa técnica y por las reglas de juego del sistema arbitral.
En agosto del 2022, dos sujetos con armas de fuego en mano ingresaron a la oficina donde trabaja el abogado Pablo Fajardo y sustrajeron su computadora portátil. Pocos días después, posiblemente los mismos delincuentes enviaron una serie de mensajes con amenazas. El 26 de enero del 2023, ingresaron nuevamente a la oficina de UDAPT, abrieron una ventana y se llevaron la computadora portátil del abogado Jayro Salazar. El 27 de enero del 2023, una motocicleta con dos personas a bordo persiguió el vehículo que se movilizaba el representante de UDAPT Donald Moncayo y su familia.
La noche del día viernes 27 de enero del 2023, Jayro Salazar fue interceptado por una motocicleta donde iban dos personas con cuchillo en mano y con su rostro totalmente cubierto por un pasamontañas, uno de ellos se acercó a Jayro Salazar y le propinó una puñalada en la pierna. El sujeto, antes de subir a la moto que lo esperaba, lanzó un papel que señalaba: primera advertencia: “_deja de meterte en lo que no te importa y deja de averiguar más de lo que debes o iremos por tu familia_”.
Los hechos denunciados por UDAPT revisten una gravedad inusitada y demuestran la impunidad del poder corporativo en América Latina y el Caribe. Las luchas dignas llevadas adelante por los pueblos de Ecuador, en defensa de los territorios que habitan, son absolutamente legítimas. Responsabilizamos al gobierno Ecuatoriano por la seguridad e integridad de todos los miembros de UDAPT y las comunidades con las que trabajan.
ATALC expresa su profunda solidaridad internacionalista con UDAPT, exige una investigación urgente de los hechos y la identificación de los responsables de las agresiones, que deben ser inmediatamente sometidos a la justicia.
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
Compartimos esta petición de solidaridad con defensoras y defensores de la vida en Ecuador a través de Salva de Selva- Se puede firmar hasta el 28 de febrero del 2023
Las comunidades de La Merced de Buenos Aires vienen denunciando las irregularidades y violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza de parte de HANRINE ECUADORIAN EXPLORATION, subsidiaria de la australiana Hancock Prospecting. Exigen su salida del Ecuador, por considerarla ilegal y por vulnerar derechos humanos y de la naturaleza.
Desde las comunidades, pueblos y organizaciones se exhorta a la Corte Constitucional del Ecuador a acoger y priorizar la Acción Extraordinaria de Protección presentada por las comunidades de Buenos Aires.
Como organizaciones abajo firmantes apoyamos dicha solicitud y nos unimos además en la condena del accionar violento del Gobierno de Guillermo Lasso quien abiertamente ha manifestado pretender brindar seguridad jurídica a las empresas mineras, poniendo a su disposición a la fuerza pública como si se tratara de guardias privados de las empresas mineras.
El pueblo ecuatoriano es el mandante, el aparato estatal no puede estar supeditado a los intereses de las transnacionales mineras que incumplen las leyes ecuatorianas y por ende provocan caos, violencia, criminalización, destrucción y muerte.
Denuncia pública del Frente Nacional Antiminero y el Observatorio Minero Ambiental, Social del Norte del Ecuador OMASNE junto a Bonaerenses Unidos Protectores del Ecosistema BUPROE
“La empresa minera australiana Hancock Prospecting envuelta una vez más en graves violaciones a los derechos humanos y las leyes de Ecuador”
La mañana del martes 24 de enero 2023, más de 800 policías y militares ingresaron a la parroquia La Merced de Buenos Aires, en la provincia Imbabura, norte de Ecuador, con la finalidad de que la empresa minera HANRINE ECUADORIAN EXPLORATION, subsidiaria de la australiana Hancock Prospecting pudiera ingresar a la comunidad El Triunfo con trabajadores, plataformas y maquinaria para construir campamentos. Hanrine es concesionaria del proyecto IMBA, que abarca buena parte de la superficie de esta parroquia con tradición agrícola y ganadera, cubierta de bosques y atravesada por ríos importantes para la vida de la comunidad y las poblaciones indígenas vecinas. La intención de Hanrine es comenzar con la exploración inicial de oro y cobre sobre la concesión IMBA 2.
Una presencia militar y policial tan masiva responde al plan de seguridad minera que el presidente Guillermo Lasso pretende ejecutar desde este mes para garantizar a las transnacionales mineras sus intereses. Un proceso de servidumbre minera establecido en la ley minera, le permitiría a la empresa instalarse en una propiedad. Mientras, las demandas de las poblaciones afectadas por las concesiones mineras no son atendidas, lo que se contradice con lo que dicta la Constitución del Ecuador.
Conflicto minero
En la comunidad, debido al contexto previo de gran conflicto en el que ha estado envuelta la empresa australiana desde su aparición, la consideran ilegal y no grata en el territorio. Durante la mañana del citado día, la comunidad se vio en la urgencia de necesitar impedir que HANRINE se instale sobre sus predios y fincas. La Fuerza Pública hizo uso de gases lacrimógenos y balas de goma en contra de la comunidad, resultando varias personas heridas. Aproximadamente a las 11:00 hs de la mañana, se produjeron tres detenciones de personas entre las que se encontraba un hombre de 71 años con disparidad auditiva y visual. Durante ocho horas no se tuvo conocimiento de su paradero. No hubo cargos ni trasladado a la Unidad de Policía Comunitaria. Quiere esto decir que la detención era ilegal
Aproximadamente a las 15:00 pm, la comunidad informó que, con la ayuda de la fuerza pública, la empresa minera logró imponerse luego de varias horas de enfrentamiento completamente asimétrico.
Intervención del Defensor del Pueblo
En la tarde, el delegado de la Defensoría del Pueblo de Imbabura arribó hasta el lugar de los hechos para indagar lo ocurrido. Solicitó documentos legales que avalaran las acciones perpetradas por los militares presentes. Estos justificaron su presencia con el argumento de que planificaban construir un campamento militar para combatir la minería ilegal en la zona. Pero su accionar estaba claramente ligado la protección de la empresa HANRINE y a facilitar su instalación en propiedad privada, sin los permisos legales pertinentes. Dos objetivos del operativo se detallaban en un documento que pudo ver el Defensor del Pueblo: la entrega del predio para la construcción de un campamento militar y el inicio de la fase de exploración inicial, a cargo de HANRINE. Dicho documento carecía de firma de un representante militar que avalara la intervención. Es decir era un acta redactada a mano, según pudo verificar el Defensor del Pueblo, declarando a continuación la presencia militar y de la empresa HANRINE como “invasión ilegal”, ordenando por consiguiente su retiro de la zona con todo el cargamento, maquinarias, plataformas y personal.
De esa manera se impidió un nuevo episodio de impunidad y, al menos momentáneamente, volvió la tranquilidad a la parroquia La Merced de Buenos Aires. Los dos comuneros detenidos quedaron en libertad en la noche. El comandante de la Policía se comprometió a vigilar que la empresa minera retire todos sus implementos al día siguiente.
Modus operandi minero en el Ecuador
Este es un ejemplo más de las prácticas ilegales de las transnacionales mineras en el Ecuador, apoyadas y respaldadas por el Estado ecuatoriano. Es un abuso de poder frente a comunidades campesinas que defienden sus derechos, la naturaleza y la vida.
Exhortamos, por tanto, a la Corte Constitucional del Ecuador a acoger y priorizar la Acción Extraordinaria de Protección demandada por las comunidades de Buenos Aires, Imbabura, Ecuador
Frente Nacional Antiminero del Ecuador
Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador OMASNE
Bonaerenses Unidos Protectores del Ecosistema BUPROE
Compartimos esta carta abierta sobre el caso en la amazonia ecuatoriana – A Septiembre del 2022
Campaña global para Reclamar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner fin a la Impunidad
Señor Guillermo Lasso Mendoza
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dr. Íñigo Salvador
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
Señor Juan Carlos Holguín
CANCILLER DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL LLAMAN A ECUADOR A APELAR ANTE LA CORTE SUPREMA DE LOS PAÍSES BAJOS
Septiembre, 2022
El 11 de diciembre 2020, muchas organizaciones y redes que luchamos por el respeto de los derechos humanos, de la naturaleza y el acceso a la justicia, hemos solicitado al gobierno del Ecuador, que realice la defensa tecnica adecuada ante el sistema judicial neerlandés, para que logre la nulidad del laudo arbitral que amenaza los derechos humanos de más de 30.000 personas, campesinos e indígenas de seis pueblos amazónicos. Más de 260 organizaciones y colectivos, que representan a más de 280 millones de personas que firmaron este pedido. Sabemos que el 28 de junio de 2022, la corte de apelación de los Países Bajos rechazó en segunda instancia la reclamación de Ecuador para anular el laudo arbitral en favor de Chevron. Este laudo demanda en particular que el Estado pague una indemnización multimillonaria a Chevron y que el Estado ecuatoriano impida la ejecución de la sentencia de Lago Agrio, en el cual se condena a la petrolera a pagar más de 9.5 mil millones de dólares, para reparar el daño ambiental social y cultural que causó con sus operaciones petroleras en la Amazonia de Ecuador. Esta sentencia ha sido ratificada por todas las instancias judiciales de Ecuador.
Hasta ahora la UDAPT, Unión de los Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (hoy Chevron) no ha recibido ninguna información indicando que el gobierno tiene la intención de apelar la decisión neerlandesa en la Corte Suprema de los Países Bajos. A nuestro entender, el 28 de septiembre de 2022 vence el plazo para introducir una apelación ante la Corte Suprema de los Países Bajos. Organizaciones y redes sociales ecuatorianas (CONAIE, CONFENAIE, COICA, CDES, INREDH, FIAN- Ecuador, Amazon Watch, UDAPT) han escrito esta semana al Procurador a Ecuador para exhortarle este recurso, ver carta aqui.
Este caso, preocupa enormemente a los colectivos sociales, de mujeres, pueblos indígenas, jóvenes, defensores de la naturaleza, campesinos, defensores de los derechos humanos, entre otros de todo el planeta. Nuestra preocupación radica en el grave precedente que se estaría generando, al permitir, que un laudo arbitral basado en un Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (BIT), tenga supremacía ante una sentencia constitucional de un Estado, y que cuya sentencia tutela y protege los derechos elementales de más de 30.000 personas. Adicionalmente, vemos con mucha preocupación las acciones del Gobierno de Ecuador. Ecuador, que preside el grupo de trabajo, proceso para la construcción y aprobación del Tratado Vinculante, en cumplimiento de la resolución 26/9, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales y derechos humanos, con el objetivo de poner fin a la impunidad corporativa de las transnacionales como Chevron, que cometen graves vulneraciones a los derechos humanos en el mundo.
Recordemos que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de proteger sus ciudadanos y a la naturaleza; y, de garantizar el acceso efectivo a la justicia; debe comprenderse con la ejecución de una sentencia como parte del acceso a la justicia. Impedir que se ejecute una sentencia es vulnerar ese derecho. El laudo arbitral es contrario a la Constitución ecuatoriana y viola la separación de los poderes. La sentencia del caso Lago Agrio encuentra a Chevron culpable y la condena a pagar la reparación del daño causado. Además, Ecuador ha suscrito varios instrumentos internacionales de DD.HH., como por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos que estipula en el Capítulo I, en su artículo 25 sobre la Protección Judicial que «Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales…» y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que estipula en su artículo 8 «Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos.»
En esta perspectiva, le instamos a no interferir en el juicio privado entre los afectados por las operaciones petroleras y Chevron y a cumplir con su deber de garantizar el acceso a la justicia a sus ciudadanos y la seguridad jurídica, especialmente de:
– introducir el recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de los Países Bajos antes del 28 de septiembre, fundamentada en una defensa adecuada, conforme al derecho constitucional ecuatoriano, a los tratados y otros instrumentos jurídicos internacionales de DD.HH., ambientales y de los derechos de los pueblos indígenas.
– respetar la sentencia de Lago Agrio para reparar los daños causados por las operaciones petroleras de Chevron y no intervenir en las cortes extranjeras, para impedir las acciones de ejecución (exequátur) de los demandantes del caso Lago Agrio.
– informar de forma oportuna, adecuada, suficiente y transparente a los firmantes de ésta carta, y en particular a los afectados y afectadas organizados en la UDAPT, a fin de que puedan defenderse de cualquier amenaza sobre sus derechos.
Le instamos a apelar la sentencia neerlandesa para no sentar un precedente en favor de la impunidad corporativa en el mundo y de garantizar el acceso efectivo de las comunidades ecuatorianas en su larga batalla por la justicia y la reparación.
Compartimos esta entrevista de Radio Mundo Real RMR sobre la lucha por la vida en Ecuador- A 6 de octubre del 2021
Nuevo triunfo de UDAPT en la defensa de la Amazonia ecuatoriana, a pesar de la presión de empresas transnacionales.
Quienes viven en la localidad “Virgen del Carmen” del Cantón “Joya de los Sachas”, en la provincia ecuatoriana Francisco de Orellana, celebraron a mediados de septiembre que un juez de primera instancia de la Unidad Judicial Multicompetente Penal falló a favor de la acción de protección que solicitaron contra la Empresa ENAP- SIPETROL.
ENAP es responsable de la administración y explotación del campo petrolero Mauro Dávalos Cordero desde el año 2004 y fue denunciada el 16 de agosto por habitantes del cantón ante diversas acciones contaminantes provocadas por los generadores de electricidad -que emiten una fuerte contaminación acústica-, dos mecheros que son utilizados para la quema de gas – que provocan lluvias ácidas y contaminan los cursos de agua-, residuos tapados con tierra, y otros impactos socioambientales que afectan a las personas que viven en el sector y a la flora y fauna endémica.
El juez reconoció que las operaciones de la petrolera vulneran los derechos a un ambiente sano, al buen vivir, a la seguridad y soberanía alimentaria, a la salud y la empresa deberá frenar sus actividades.
«El juez dispuso a la empresa que, en un término de 18 meses, elimine todos los mecheros, todo el ruido, toda esa agresividad de la empresa hacia la comunidad. Y reconoció que la empresa, con sus operaciones y la complicidad del estado ecuatoriano, vulnera el derecho a la salud, al ambiente, a la alimentación sana, al acceso al agua, a la vida en paz y tranquilidad», dijo el abogado Pablo Fajardo a Radio Mundo Real en la entrevista que acompaña esta nota.
Fajardo integra la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT) que patrocinó a las personas que denunciaron a la empresa y explicó cómo fue el proceso judicial. Este año, además, la UDAPT se unió a Amigos de la Tierra y representa a la federación en Ecuador.
Se espera que ENAP apele el fallo y por eso habrá que estar alertas para apoyar a “Joya de los Sachas”.
El resultado judicial de primera instancia «es un gran paso que dimos como UDAPT y como colectivos que protegemos la Amazonía», dijo el abogado ambientalista. «La empresa dice que hace lo que le corresponde como parte de invertir en el país, pero no tiene en cuenta que sus derechos terminan donde empiezan los de los campesinos. Las consecuencias de sus acciones están pasando los límites: no están siendo responsables con los derechos de las personas ni de las naturaleza», continuó.
Pero, sobre todo, Fajardo remarcó la responsabilidad del Estado ecuatoriano en dejar avanzar los impactos contaminantes. En el juicio «estaba todo el Estado haciendo presión para que el juez no se atreviera a fallar contra la empresa; al Estado no le importa garantizar los derechos de la gente: le importa garantizar la ‘seguridad jurídica’ a las empresas. Es una cuestión gravísima, que nos preocupa cada vez más».(CC) 2021 Radio Mundo Real
