La palma se expande sin control en la Amazonía ecuatoriana y genera divisiones en pueblos indígenas

Compartimos este reportaje de Mongabay sobre el avance de la palma de aceitera en Ecuador – A 8 de julio de 2024

  • La palma es el segundo cultivo con mayor extensión, después del cacao, en la Amazonía norte de Ecuador. La herramienta MapBiomas calcula que la extensión de los cultivos de palma es cuatro veces más grande que la registrada por el Ministerio de Agricultura.
  • Sólo el 18% de los cultivos de palma aceitera cuentan con una licencia o registro ambiental para funcionar. El monocultivo continúa creciendo de forma desordenada hacia el Parque Nacional Yasuní y la Reserva Faunística del Cuyabeno.
  • La palma ha generado divisiones en comunidades indígenas. La nacionalidad Siekopai tuvo que autorizar en 2016 la siembra de máximo 15 hectáreas de este cultivo por familia, para evitar conflictos internos entre quienes apoyaban y se oponían al ingreso de la palma.

Las palabras reforestación y conservación no existen en picoca, la lengua de los Siekopai. Para esta nacionalidad, que vive en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, en la frontera con Perú, nunca fue necesario sembrar un árbol, porque ya tenían un bosque, ni darle un nombre a una acción que ya era parte de su día a día. Sin embargo, actualmente la conservación es el motivo de su lucha y la reforestación de plantas nativas es su herramienta para demostrar que hay alternativas a la siembra de palma, que se extiende en las provincias amazónicas de Ecuador.

“Estamos rodeados de palmicultores, pozos petroleros e invasores, pero nuestro territorio es una isla que está en pie de resistencia”, decía Yadira Ocoguaje a sus compañeros, mientras sostenía con una mano el micrófono y con la otra levantaba una planta tradicional de Ya´so (Licania apetala), con la que realizan sus artesanías. La mañana del 1 de mayo del 2024, los habitantes de Secoya Remolino, una de las seis comunidades Siekopai en Ecuador, se preparaban para la primera jornada de reforestación de su historia.

Aunque Ocoguaje no podía traducir con una palabra esta actividad, todos ya sabían lo que representaba. Después de la asamblea, los abuelos, jóvenes y niños de la comunidad tomaron las palas y las más de 1000 plantas, y las sembraron a las orillas del río Aguarico.

La mañana del 1 de mayo del 2024 se realizó la primera jornada de reforestación en la historia de la comunidad Secoya Remolino. Se sembraron alrededor de 1.000 plantas nativas para promover la conservación del bosque. Foto: Enrique Avilés.
La mañana del 1 de mayo del 2024 se realizó la primera jornada de reforestación en la historia de la comunidad Secoya Remolino. Se sembraron alrededor de 1.000 plantas nativas para promover la conservación del bosque. Foto: Enrique Avilés.

Hasta esta comunidad solo se puede llegar en bote y, para la lideresa de 29 años, esto es lo que les ha permitido mantener sus 21.000 hectáreas de bosque a salvo. Este territorio se ha declarado abiertamente en resistencia a la palma, a diferencia de las comunidades Siekopai más cercanas a la carretera, donde los cultivos generan curiosidad. La siembra de esta especie ahora es un tema que convoca un análisis profundo dentro de las asambleas de esta nacionalidad indígena.

Los cultivos también se han empezado a extender en los alrededores del Parque Nacional Yasuní y de la Reserva de Fauna Cuyabeno. Sin embargo, no hay cifras oficiales claras sobre la expansión de la palma ni sobre los controles de licencias o registros ambientales. Mientras toda la atención está puesta en los cultivos de palma africana de la costa ecuatoriana, los límites para la siembra son difusos en la Amazonía.

Yadira Ocoguaje es una de las lideresas de la comunidad Secoya Remolino y una de las principales voces opositoras al cultivo de palma en territorio Siekopai de la Amazonía ecuatoriana. Foto: Enrique Avilés.
Yadira Ocoguaje es una de las lideresas de la comunidad Secoya Remolino y una de las principales voces opositoras al cultivo de palma en territorio Siekopai de la Amazonía ecuatoriana. Foto: Enrique Avilés.

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Un cultivo que se expande

Remolino y el resto de territorio Siekopai se encuentran en Sucumbíos que, junto con Orellana, se han convertido en las provincias amazónicas donde se expande la palma aceitera.

Según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), este es el segundo cultivo con mayor extensión en la Amazonía ecuatoriana, después del cacao. Sin embargo, las cifras en torno al territorio que abarca son confusas. El MAG, con base en los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), estimó 36 749 hectáreas al 2022. La mayoría en Sucumbíos (25 203) y el resto en Orellana (11 546).

Por otro lado, la plataforma MapBiomas registró cultivos de palma en 121 049 hectáreas de ambas provincias al 2022. Este número es cuatro veces más alto que el indicado por el MAG. De acuerdo con los datos satelitales de esta plataforma, la extensión de estos cultivos en la Amazonía es cinco veces superior a lo que era hace 20 años.

Según los datos de MapBiomas hasta el 2022, los cultivos de palma se extienden por 121.000 hectáreas de Sucumbíos, una de las dos provincias que cultivan esta planta en la Amazonía norte. Foto: Enrique Avilés.
Según los datos de MapBiomas hasta el 2022, los cultivos de palma se extienden por 121.000 hectáreas de Sucumbíos, una de las dos provincias que cultivan esta planta en la Amazonía norte. Foto: Enrique Avilés.

Su crecimiento es evidente al visitar estas provincias y los puntos que se reflejan en el mapa satelital. Durante el trayecto de dos horas desde Lago Agrio, capital de Sucumbíos, hasta el puerto Los Ángeles, donde se toma el bote para llegar a Remolino, los terrenos de palma recién sembrada están a ambos costados de las vías.

Ribaldo Piaguaje, presidente de Remolino, realiza este recorrido cada semana cuando regresa a su comunidad. Por eso, ha visto de cerca el crecimiento que han tenido los cultivos en esta vía, que es la puerta de entrada al territorio Siekopai. En este camino están los nuevos cultivos, de máximo dos años, a diferencia de los que están en la vía Tierras Orientales. Esta última es la carretera que transitan quienes van al Puerto Los Ángeles desde Shushufindi, otra de las principales ciudades de la provincia.

En el camino de Tierras Orientales están las plantaciones de las empresas palmicultoras que llegaron hace más de 40 años a la zona, pero a sus costados también ya empiezan a verse los sembríos nacientes de dos comunidades Siekopai que están al lado de la carretera.

Aunque dentro de las 21 000 hectáreas que pertenecen a Remolino no hay cultivos de palma, lo que ocurre en sus alrededores los tiene en alerta. “Al principio no pensé que iba a ser tan problemático. Pero ha traído deforestación masiva y problemas a la gobernanza comunitaria”, dice el líder de 26 años.

En el trayecto de Lago Agrio al Puerto Los Ángeles, la puerta de entrada a territorio Siekopai, es común ver la recolección de la palma, que después se coloca en camiones. Foto: Enrique Avilés.
En el trayecto de Lago Agrio al Puerto Los Ángeles, la puerta de entrada a territorio Siekopai, es común ver la recolección de la palma, que después se coloca en camiones. Foto: Enrique Avilés.

Las primeras palmicultoras llegaron a Orellana y Sucumbíos en 1978. En ese momento el Estado firmó acuerdos con dos empresas, Palmoriente y Palmeras del Ecuador, y ambas se instalaron en un área de alrededor de 18 500 hectáreas.

“Todo el sitio de cacería fue deforestado, tumbaron los árboles, después pasaron las maquinarias y abrieron con tractores”, recuerda Justino Piaguaje, dirigente de territorio de la nacionalidad Siekopai. Su pueblo no quería participar en este negocio, hasta que en 2000 la idea empezó a discutirse. Uno de los líderes de ese momento planteó autorizar la siembra, pero la asamblea de la nacionalidad se lo negó.

En 2006, después de varios intentos y el poco éxito de actividades productivas sostenibles como el turismo y el cultivo de paiche, la asamblea autorizó que 20 familias probaran el cultivo en 10 hectáreas cada una. Las familias obtuvieron un crédito de la entidad gubernamental Corporación Financiera Nacional (CFN) para sembrar en su territorio, con Palmeras del Ecuador como garante. Sin embargo, en 2008 el Ministerio de Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica) multó con 375 000 dólares a la nacionalidad Siekopai por haber talado bosque nativo. Los indígenas no han pagado la multa pues aseguran que es imposible para ellos obtener ese dinero.

Las primeras palmicultoras se instalaron en Sucumbíos a finales de la década de los años 70. Sus cultivos se extienden en la carretera Shushufindi a Lago Agrio. Foto: Enrique Avilés.
Las primeras palmicultoras se instalaron en Sucumbíos a finales de la década de los años 70. Sus cultivos se extienden en la carretera Shushufindi a Lago Agrio. Foto: Enrique Avilés.

Los cultivos se suspendieron y empezó un proceso de varios años de discusiones y debates internos. Justino Piaguaje, que era Presidente de la nacionalidad en ese momento, recuerda que de repente ya no eran 20 familias, sino 60 las que querían sembrar sin el consentimiento de su pueblo. Algunas se estaban reuniendo con las empresas palmicultoras, sin pasar por el proceso de consulta interna.

“Se retiraron las plantas y semillas que les habían dado y la gente quedó molesta, pero yo dije que es para aprender, porque vivimos en un territorio comunitario y hay una autoridad comunitaria que tiene que respetarse”, cuenta el líder Siekopai. Luego de estas divisiones, decidieron pasar a una etapa de planificación para evitar los conflictos internos y mantener unido a su pueblo. En 2016 autorizaron 15 hectáreas para la siembra de palma por familia.

“No es obligación sembrar, pero las que quieren pueden hacerlo por su propia voluntad, sin el acompañamiento de la nacionalidad”, dice Piaguaje.

Dos familias de Bellavista y San Pablo, las comunidades más cercanas a las plantas extractoras, ya siembran en su territorio. Las más apartadas, como Remolino, todavía se mantienen en resistencia. “La nacionalidad no impulsa la palma como proyecto, pero hubiese sido malo oponerse por completo porque se hubiese causado malestar interno”, recalca Piaguaje.

La comunidad de Secoya Remolino se organiza para potenciar sus actividades turísticas y artesanías para evitar que la palma sea considerada como una alternativa económica en su territorio. Foto: Enrique Avilés.
La comunidad de Secoya Remolino se organiza para potenciar sus actividades turísticas y artesanías para evitar que la palma sea considerada como una alternativa económica en su territorio. Foto: Enrique Avilés.

Mientras tanto, la presencia de las empresas palmicultoras en la Amazonía también ha crecido en comparación con lo que pasaba en los años setenta. Según el Inventario Nacional de Plantaciones de Palma Aceitera 2017, en la Amazonía hay 14 empresas con plantaciones y 2 empresas con extractoras en operación. Existe otra extractora instalada, pero no está operando.

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Transformación y deforestación

A Geovanna Lasso, miembro del Colectivo Agroecológico del Ecuador e investigadora de la Universidad Andina Simón Bolívar, le preocupa que se instalen más extractoras. De acuerdo con los análisis que ha hecho sobre los cultivos de palma desde 2012, una de las principales dinámicas del crecimiento en la Amazonía se asocia con el “encadenamiento productivo”. Es decir, las empresas extractoras ofrecen créditos, asistencia técnica y estrategias que motivan a las personas a transformar su finca y a desplazar los cultivos diversificados.

Para la especialista, la situación es grave, ya que los monocultivos están ganando espacio en las zonas de la Amazonía afectadas por la deforestación.

Un estudio de MapBiomas revela que la Amazonía ecuatoriana perdió 379 000 hectáreas de bosque entre 1985 y 2020. Sucumbíos es la provincia más impactada, con una pérdida de 184 000 hectáreas, seguida por Orellana con 116.000. Por otro lado, el Atlas Amazonía Bajo Presión 2020, de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), muestra que el 84 % de la deforestación amazónica se debe a las actividades agrícolas.

La palma ha reemplazado 33 500 hectáreas de bosque nativo en Sucumbíos y Orellana desde el 2000 hasta el 2022, de acuerdo con el análisis de los datos satelitales de Mapbiomas. Esto equivale a 36 000 canchas de fútbol.

En los mapas de cobertura de la tierra que genera el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) no se identifican específicamente los cultivos de palma africana, pues forman parte de la categoría “mosaico agropecuario”. Sin embargo, con los mapas se determinó que cerca del 71 % de la superficie deforestada en Sucumbíos y Orellana, entre 2014 y 2022, corresponde a zonas de bosque que fueron convertidas en tierras agropecuarias.

Nathalia Bonilla, coordinadora de la campaña de bosques en Acción Ecológica, explica que no sólo es preocupante que los cultivos industriales reemplacen zonas de bosque. Asegura que cuando la palma reemplaza otros cultivos previamente instalados en zonas deforestadas, también se afecta al suelo y al agua con la cantidad de agrotóxicos que, por lo general, son necesarios para mantener a estos árboles libres de plagas.

La palma es el segundo cultivo más extenso después del cacao en la Amazonía ecuatoriana. Palmas nuevas y antiguas están a ambos costados de la vía Shushufindi- Lago Agrio. Foto: Enrique Avilés.
La palma es el segundo cultivo más extenso después del cacao en la Amazonía ecuatoriana. Palmas nuevas y antiguas están a ambos costados de la vía Shushufindi- Lago Agrio. Foto: Enrique Avilés.

Bonilla ha identificado 17 ingredientes activos utilizados en el cultivo de la palma en la costa ecuatoriana. De estos, algunos como el Endosulfán, Carbofurano, Clorpirifos y Paraquat están prohibidos por la Unión Europea, pero en Ecuador se utilizan. Al Paraquat, por ejemplo, se lo relaciona con la enfermedad de Parkinson, y el Clorpirifos ha sido asociado con retraso en el desarrollo neurológico, sobre todo en los niños.

La investigadora teme que la situación de Esmeraldas, la provincia con mayor superficie de palma en el país, se repita en la Amazonía. En esta localidad costera, cuenta Bonilla, ya han experimentado problemas de erosión de suelo por los cultivos y el abuso de químicos. En las provincias amazónicas la situación puede ser más grave, ya que estos terrenos son más frágiles y no son idóneos para cultivos como la palma aceitera.

Jorge León, investigador de la Universidad Estatal Amazónica, explica que la Amazonía se caracteriza por constantes lluvias, por lo que es más probable que los pesticidas y químicos que se le aplican a los cultivos terminen en los ríos. Estos agroquímicos tienen metales pesados que, al llegar a las fuentes de agua, pueden ingresar al organismo de animales y personas.

Por otro lado, el especialista dice que los suelos de la Amazonía no son aptos para los cultivos por sus altos niveles de acidez y pocos minerales. Para adaptar la tierra, se utilizan mayores cantidades de fertilizantes. Los cultivos de palma pueden durar hasta 50 años, lo que se traduce en cinco décadas de plaguicidas que, en opinión del experto, dejarán un suelo inservible. “No se regulariza la actividad en estas tierras y se sigue expendiendo”, añade León.

Los suelos de la Amazonía no son aptos para los cultivos por sus altos niveles de acidez y pocos minerales. Sin embargo, los cultivos se siguen expandiendo en el norte. Foto: Enrique Avilés.
Los suelos de la Amazonía no son aptos para los cultivos por sus altos niveles de acidez y pocos minerales. Sin embargo, los cultivos se siguen expandiendo en el norte. Foto: Enrique Avilés.

La Coordinación General de la Información Nacional Agropecuaria (CGINA) del MAG corrobora lo que dice León. En el mapa de zonificación agroecológica para el establecimiento de cultivo de palma aceitera en la Amazonía, no hay registro de zonas con aptitud óptima. Esta categoría corresponde a las áreas que presentan las mejores características para el establecimiento de un cultivo.

Mongabay Latam pidió una explicación al MAATE, pero respondió que el MAG es el que tiene la competencia sobre las zonas aptas para la siembra de palma. El MAG, por su parte, explica que las restricciones de siembra se aplican en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Sin embargo, el problema de sembrar en zonas no óptimas, es que los productores tienen que realizar adecuaciones y prácticas agrícolas adicionales, las cuales incrementarán los costos de producción. En otras palabras, la siembra de palma no está prohibida en suelos no óptimos y son los agricultores los que deciden si quieren asumir los costos extras y sacrificar parte de su rentabilidad.

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Expansión sin control

Los controles a las licencias y registros ambientales son otro eslabón olvidado en la cadena de la palma. El Censo Palmero 2017, el más actual de su tipo, muestra que solo 1437 predios de los 8149 destinados a este cultivo en el país tienen permiso ambiental. Es decir, sólo el 17,6 % están regulados.

En la Amazonía la situación es similar. De acuerdo con información entregada por el MAATE a Mongabay Latam, al 2024, 232 proyectos cuentan con registro ambiental, documento que deben tener los cultivos que ocupan entre 1 y 75 hectáreas. Cuatro proyectos tienen licencia ambiental, que corresponde a los cultivos de más de 75 hectáreas. Estos datos demuestran que, de los 1272 predios dedicados a la palma en las provincias de Orellana y Sucumbíos, sólo el 18 % tiene uno de estos dos permisos ambientales, a pesar de que la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) del 2023 revela que hay 2939 productores de palma aceitera en las 30 287 hectáreas plantadas hasta ese año en la Amazonía ecuatoriana.

Desde el 2018, el tema de las licencias ya generaba dudas, incluso para entidades gubernamentales. La Contraloría General del Estado, a través de la Delegación Provincial de Sucumbíos, identificó irregularidades en torno a la emisión de licencias ambientales, otorgadas por la Dirección Provincial del Ambiente de Sucumbíos al sector palmicultor entre enero de 2012 y diciembre de 2017. Entre estas encontraron que seis empresas operaban sin autorización ambiental.

Mongabay Latam le preguntó al MAATE sobre las inconsistencias en las licencias ambientales, pero hasta el momento de la publicación de este texto no obtuvo respuestas.

La palma se transporta desde las plantaciones a las empresas extractoras a través de las gabarras. Foto: Enrique Avilés .
La palma se transporta desde las plantaciones a las empresas extractoras a través de las gabarras. Foto: Enrique Avilés.

“La informalidad es grande y grave”, dice Mario Calvopiña, biólogo y consultor independiente en la Amazonía. Para el especialista, hay un abandono por parte de la autoridad ambiental, ya que no hay un control de los planes de manejo ni un estudio formal sobre el impacto de los cultivos de palma en la Amazonía. Él conoce de cerca la situación, ya que hasta 2013 trabajó en el Ministerio del Ambiente.

Uno de los mayores problemas en la actualidad, resalta, es el crecimiento desordenado hacia zonas frágiles como la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno. Mediante el mapeo satelital de MapBiomas se observan pequeños cultivos instalándose muy cerca del área protegida.

El MAATE sostiene que no existen cultivos de palma africana dentro de la Reserva del Cuyabeno y que los sembríos más cercanos se encuentran a 1,5 kilómetros, con extensiones aproximadas de 10 hectáreas. “Con estas consideraciones, la expansión de la palma africana no representa, al momento, una amenaza para la pérdida de bosques dentro del Cuyabeno”, aclara el Ministerio.

También se ha registrado un aumento de los cultivos en la vía Auca, en la provincia de Orellana, cercana al Parque Nacional Yasuní. Adrián Álvarez, de la fundación Alejandro Labaka, cuenta que esta es una amenaza directa para el área protegida y para los pueblos en aislamiento voluntario. Desde hace un año, relata, han llegado personas que compran fincas y las transforman en sembríos de palma.

Según dice, hace cinco años en la vía Auca solo había un cultivo, pero ahora, cientos de árboles de 60 cm son una muestra de que la palma aceitera se está instalando. “Hay plantaciones a sólo seis kilómetros del Yasuní”, destaca.

A pesar de lo que dice Álvarez, el MAG afirma que en zonas aledañas a áreas protegidas, que no tengan cobertura vegetal natural y que sean aptas para la agricultura, cualquier cultivo es permitido.

Los cultivos jóvenes con árboles de menos de 60cm, son comunes en la vía Auca, en la provincia de Orellana. Hace una década estas plantaciones eran escasas en la zona. Foto: Enrique Avilés.
Los cultivos jóvenes con árboles de menos de 60cm, son comunes en la vía Auca, en la provincia de Orellana. Hace una década estas plantaciones eran escasas en la zona. Foto: Enrique Avilés.

Calvopiña explica que uno de los principales impactos para las áreas protegidas no radica en los cultivos en su interior, sino en el drenaje de los pantanos y el desvío de los esteros, que son necesarios para cultivar palma y que pueden terminar por afectar dentro de sitios como Cuyabeno y Yasuní. Esto cambia el ciclo del agua y genera daños en los ecosistemas, comenta.

A pesar de que el MAATE sostiene que “no es posible ni legal rellenar humedales”, el drenaje de los pantanos es común en la Amazonía para adaptar los terrenos. En el pasado, esta práctica era respaldada por los gobiernos provinciales, que proporcionaban su maquinaria.

Desde el 2012 el Gobierno Autónomo Descentralizado de Orellana ya no lo hace, afirma Augusto Córdova, jefe de Calidad Ambiental. “El apoyo a la expansión de los monocultivos ya no es parte de la política de este GAD debido a los impactos ambientales. La palma es un monocultivo que utiliza grandes cantidades de fertilizantes y pesticidas que afectan a las personas y biodiversidad”. Actualmente, incentivan la siembra de cacao agroforestal.

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Continúan los incentivos para el cultivo

Según el departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en el 2023 Ecuador ocupó el puesto número 12 de la lista de los principales productores de aceite de palma en el mundo y el quinto lugar en América Latina.

El cultivo recibe apoyos del sector financiero ecuatoriano. Entre 2016 y 2023 la banca privada otorgó 3 974 788 dólares para sembrar 730 hectáreas de palma. Por otro lado, entre 2013 y abril 2024, el Estado, a través de BanEcuador y la Corporación Financiera Nacional, entregó 17 808 107 dólares en créditos para el cultivo de palma aceitera en Orellana y Sucumbíos, las dos provincias de la Amazonía norte. Esta cifra representa el 9 % del monto total de créditos que se han entregado en los últimos 10 años al sector agropecuario en esa zona.

Los préstamos se destinaron a 2740 hectáreas de palma, una extensión equivalente a 3300 canchas de fútbol.

El 80% de quienes se dedican a la palma son pequeños productores. El gobierno y el sector privado ofrecen incentivos para el cultivo. Foto: Enrique Avilés.
El 80% de quienes se dedican a la palma son pequeños productores. El gobierno y el sector privado ofrecen incentivos para el cultivo. Foto: Enrique Avilés.

Desde el 2019, BanEcuador abrió una línea de crédito para ayudar a los pequeños productores de palma, “a fin de contribuir al mejoramiento productivo del país”. Santiago Rosero, especialista en producción de palma aceitera, explica que esto se debe a que el 80 % de quienes se dedican a la palma son pequeños productores y generan un 30 % de la producción total. Para Rosero, los créditos para este sector no han crecido de manera agresiva. “La idea es que en las hectáreas existentes se produzca lo necesario para no aumentar la superficie”, dice en relación a las estrategias en las que se deben enfocar los apoyos.

Para la entrega de créditos, Rosero explica que se exige que los productores hayan iniciado el proceso de regularización ambiental y que entreguen un mapa para evidenciar que no se intersecta con áreas de bosque. Sin embargo, en la práctica, hay casos como el de los Siekopai, que recibieron el crédito de la CFN y después fueron multados por otra entidad estatal por sembrar en esa zona.

El tema financiero no sólo incluye los créditos. De enero de 2022 a mayo de 2024 se han aprobado 254 pólizas de seguro agrícola subvencionadas en el cultivo de palma aceitera. Esto implica que se han asegurado 1358 hectáreas y se han entregado 64 755 dólares por las subvenciones.

El 42,52 % de esas pólizas se concentra en Sucumbíos. Allí, 108 productores se beneficiaron con la subvención. Se pidió al MAG una explicación más detallada de los seguros que recibe el sector palmicultor, pero hasta el momento de la publicación de este texto no se recibió respuesta.

La comunidad Secoya Remolino organiza eventos para recordar a los habitantes la importancia de seguir luchando contra amenazas como la palma. En otras comunidades se permite sembrar 15 hectáreas por familia. Foto: Enrique Avilés.
La comunidad Secoya Remolino organiza eventos para recordar a los habitantes la importancia de seguir luchando contra amenazas como la palma. En otras comunidades se permite sembrar 15 hectáreas por familia. Foto: Enrique Avilés.

Mientras tanto, Justino Piaguaje cuenta que la nacionalidad Siekopai continúa en la elaboración de un reglamento del manejo de su territorio. También están estudiando su biodiversidad, identificando sus amenazas y ya declararon un área de más de 10 000 hectáreas como territorio sagrado de los seres no humanos y espirituales.

Guatemala: Poblaciones maya q’eqchi’ alertan amenazas de desalojos contra nueve comunidades en El Estor

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre los impacto de los monocultivos de palma de aceite en la región – A 9 de julio del 2024

PorAldo Santiago

Luego del operativo policiaco que desalojó, en mayo pasado, a 30 familias maya q’eqchi’ miembros de la comunidad de Buena Vista, al norte del Lago de Izabal, Guatemala, actualmente suman nueve comunidades en la misma región del Valle del Polochic las cuales viven con la amenaza de desplazamiento forzado.

Con diversos llamados de alerta, autoridades comunitarias de las poblaciones indígenas han denunciado las intenciones del Ministerio Público (MP) para ejecutar órdenes de desalojo, que comunidades denuncian “son promovidos por funcionarios y propietarios”, productores de aceite de palma que acapararon tierras en la región, contra comunidades tanto del norte y sur del lago.

Reportes de Prensa Comunitaria registraron que, durante el desalojo de las 30 familias, además de los elementos policiacos también estuvieron presentes Luis Fernando Arriaza Migoya y miembros de su equipo de seguridad privada. Arriaza posee monocultivos de palma aceitera que suministran a la empresa Naturaceites, la cual se encarga de procesar y comercializar aceite de palma a trasnacionales.

Desalojo de familias en la comunidad Buena Vista. Fotos: Juan Bautista Col / Prensa Comunitaria.

Acorde a medios locales, durante pláticas entre la población desalojada y la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos de Guatemala, funcionarios notificaron que son nueve las comunidades con riesgo de expulsión en la región: Plan Grande, Agrario El Tunico, Chapin Abajo, Chinebal, Las nubes, Lote 6, Semococh y Qotoxha del municipio de El Estor, Izabal, así como Santa Lucia de Panzós, en el departamento de Alta Verapaz. En total, se contabilizan mas de 1,500 personas amenazadas de desplazamiento forzado.

Las 30 familias ya desalojadas, entre mujeres embarazadas, infancias, ancianos y adultos de la comunidad de Buena Vista, viven en un campamento improvisado debajo de los árboles. 

El refugio, dentro del terreno de la comunidad de Santa Rosita, también se encuentra en peligro, pues ésta última también cuenta con orden judicial cuya ejecución se esperaba ocurrir el pasado 26 de junio, pero que ahora fue reprogramada para el próximo 28 de agosto.

Fotos: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria.

“Es injusto que se sigan cometiendo estos actos violentos, muchos niños y mujeres sufren de problemas de salud. Hoy vemos el resultado de un desalojo donde las familias quedaron abandonadas y los niños sin oportunidad de educación”, comentó Gabriel Pacham, autoridad ancestral de El Estor, sobre los desplazados y la amenazas de desalojo contra otras 30 familias que conforman Santa Rosita.

Entre siete a nueve personas desplazadas tienen órdenes de captura por los delitos de usurpación agravada y atentado contra el patrimonio natural, pues son acusados de tala de árboles. Aunque algunas personas han sido condenadas en estos procesos judiciales, han apelado a la sentencia, con asistencia legal de organizaciones de derechos humanos.

A través de conferencia de prensa en los últimos días de junio, el Consejo de Autoridades ancestrales del pueblo Q’eqchi’ repudió los distintos desalojos realizados en contra de comunidades del Polochic, y demandaron al gobierno de Bernardo Arévalo garantizar la seguridad de las familias de Buena Vista, quienes habitaban las tierras desde que, en 2015, obligados a desplazarse por un desastre natural, se instalaron en la finca Tz’inté, territorio que poblaciones maya q’eqchi’ reclaman como suyo por propiedad ancestral.

Racismo

El Consejo de Autoridades Ancestrales del Pueblo Q’eqchi’ también denunció que autoridades del Estado, la jueza Sandra Nineth Ayala (quien ordenó el desalojo de Buena Vista y promueve otros más), el gobernador de Izabal, Carlos Tenas, y el alcalde municipal de El Estor, Genaro Ico Cholom, se estuvieron reuniendo para acordar los operativos sin la participación de las comunidades, a lo que están obligados por parte del protocolo de desalojo en Guatemala.

“Desconocemos la existencia de un plan. Este extremo pone en grave riesgo nuestra vida, pues únicamente pretenden desplazarnos sin un plan claro de atención humanitaria”, reclamaron las Autoridades Ancestrales mediante rueda de prensa. Además, acusan que esto se debe a “una carga de racismo y discriminación, porque carece de toda sensibilidad humana al señalarnos y argumentar que somos un grupo criminal, ignorando que poseemos todas las cualidades de una comunidad organizada que reproduce la vida de forma organizada”. 

Apenas el pasado jueves (4), familias de Plan Grande reportaron que trabajadores de la finca El Murciélago, propiedad de Miguel Ángel Arriaza Migoya, amenazaron con desalojar a las 38 familias de dicha comunidad

Por esta situación, el Comité de Unidad Campesina (CUC) compartió que las comunidades realizaron la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, EEUU, para solicitar el mecanismo de protección de dicho órgano, a partir de medidas cautelares para brindarles seguridad ante los desalojos. “No queremos más criminalización, persecución, más desalojo”, sostuvo la organización campesina, la cual también promueve una acción de amparo para evitar el desalojo de las familias de Buena Vista y Santa Rosita.

Amenazas

Por su parte, Pedro Cuc, autoridad ancestral de la comunidad de Chapín Abajo, aseguró a Avispa Mídia que cuenta con información sobre un posible desalojo contra su comunidad y la población vecina de Chinebal, a ocurrir durante los próximos días. Pero aún esperan una notificación oficial por parte de las autoridades.

“Si ellos quieren entrar a la fuerza, nosotros tampoco vamos a retroceder, la organización está en alerta”, asevera y asegura que la responsable por promover el desalojo es la empresa Naturaceites S.A., propiedad del empresario de origen suizo-alemán, Juan Maegli Müller.

Ante ello, lamenta que en Guatemala, dado el poder e influencia del agroindustrial, las denuncias de la población maya q’eqchi’ no son atendidas. “Porque el organismo judicial es de las empresas, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad también”, reclamó ante lo que señala como omisión de parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y el MP ante las acusaciones de los indígenas por la violencia mediante la cual la familia Maegli Müller acaparó las tierras

Imagen: Familias desplazadas de la comunidad Buena Vista se encuentran albergadas bajo un techo de nylon en la entrada de la carretera que conduce a Santa Rosita, población maya q’eqchi’ que también está en riesgo de desalojo. Foto: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria

Artículo: El flagelo de la palma de aceite en Ecuador

Compartimos este artículo de nuestras compañeras y compañeros de lucha en Ecuador Acción Ecológica sobre el monocultivo de palma de aceite en aquel país – A Mayo 2024

Nathalia Bonilla de Acción Ecológica

LA MESA DE PALMA SUSTENTABLE (RSPO) LEGITIMA A LAS EMPRESAS DEPREDADORAS

En Ecuador actualmente existen 270 mil hectáreas de palma aceitera sembradas. Esta cifra ha fluctuado a lo largo de los años, viéndose afectada especialmente por la pudrición del cogollo. Por otra parte, sólo cuatro grupos empresariales cuentan con la certificación RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil): Organic Supply S.A, Industrial Danec S.A, Natural Habitats Americans B.V. y el Holding La Fabril S.A.

Este último agrupa a la empresa Energy & Palma, que ha sido denunciada en los últimos años por comunidades del norte de Esmeraldas, donde posee 11 mil hectáreas de plantaciones. Las acusaciones versan sobre contaminación de fuentes de agua, violación de derechos laborales y despojo de territorios comunitarios. Incluso, Energy & Palma ha judicializado a defensores de la Comuna Barranquilla de San Javier con una demanda civil por 350 mil dólares, aduciendo supuestos daños y perjuicios.

El Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, conjuntamente con siete mecanismos especiales, emitió un comunicado conjunto sobre este caso, dirigido a Ecuador, Estados Unidos, Suiza, Nestlé, PepsiCo, La Fabril y a la RSPO manifestando su preocupación por un aparente uso abusivo del sistema penal en contra de defensores de derechos. A pesar de haber recibido este comunicado de manera directa, la Mesa de Palma Sustentable (RSPO) simplemente no respondió a dicho comunicado y continuó certificando a Energy & Palm/La Fabril (https:// spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27475).

Según los principios y criterios de la RSPO, mantener querellas legales contra comuneros o sobre tierras sembradas de palma constituiría un impedimento para otorgar la certificación. Por tanto, estos hechos deberían haber imposibilitado que La Fabril renovara su certificación, a pesar de la queja formal presentada por la comunidad y el comunicado de la ONU. Sin embargo, la recertificación se realizó de manera expedita, en medio de cuestionamientos y preguntas sin respuesta.

El sistema RSPO merece varias observaciones. Si bien afirma garantizar la producción de palma aceitera sustentable que proteja el ambiente, los derechos colectivos de las comunidades y el trabajo rural, fomentando la sostenibilidad y evitando daños, en la práctica esto no se cumple. En realidad, facilita el acceso de grandes empresas al exigente mercado europeo.

Su sitio web, única vía de ingreso para quejas comunitarias, está en inglés y requiere completar un complejo formulario con implicaciones legales, dificultando el acceso a comunidades rurales que carecen de recursos como electricidad, internet y dominio del idioma. Pareciera un sistema diseñado para favorecer a empresas con el respaldo de grandes ONG conservacionistas.

Superando estas adversidades, la Comuna Barranquilla logró presentar su queja en mayo de 2023. Durante este proceso, Energy & Palma continuó su certificación, recibiendo la visita de la auditora brasileña IBD, que se reunió sólo con personas afines a la empresa, excluyendo a la comuna y al sindicato de trabajadores. Incluso, la RSPO negó que tal visita estuviera programada.

Ante las denuncias, los auditores de IBD se vieron forzados a regresar al territorio y recopilar testimonios. Igualmente visitaron los lugares donde la planta procesadora de aceite descarga agua pestilente y turbia directo al río, pero sin tomar muestras de los lugares supuestamente contaminados para análisis de laboratorio. Se acordó con los auditores que compartirían el informe con la comuna. No lo hicieron, pero emitieron la certificación favorable a Energy & Palma sin mayor trámite.

Cabe señalar que en el 2020, a raíz de una queja previa de la Comuna, el Ministerio del Ambiente ecuatoriano visitó la zona, recorrió las instalaciones de la empresa, tomó muestras de agua, pero nunca informó sobre los resultados de esos exámenes.

Esto evidencia no sólo la falta de metodología científica por parte de los auditores de la RSPO, sino también los antecedentes de opacidad de las autoridades ambientales al no transparentar los análisis realizados en la zona, con anterioridad, ante denuncias de contaminación.

Por otro lado, la queja formal de la comuna ante la RSPO sólo ha avanzado un 12%. Contrasta la celeridad en otorgar certificados versus el excesivo tiempo para resolver denuncias comunitarias. La falta de metodología científica, el inadecuado procesamiento de testimonios y la aparente política de ignorar cualquier denuncia evidencian un sistema que pareciera priorizar los intereses empresariales.

Actualmente, el Holding La Fabril ostenta la certificación RSPO, vigente hasta 2030, lo que genera inquietudes sobre la imparcialidad y real funcionalidad de este mecanismo: ¿abrir mercados o garantizar sustentabilidad?.

Voces en resistencia – Palma de aceite en México, Honduras y Ecuador

Con mucha alegría les compartimos el sexto capítulo de Voces en resistencia, es una serie de testimonios de personas que luchan por defender la vida y el territorio de mega proyectos extractivistas.

En este capítulo, les compartimos las experiencias de 4 maravillosas mujeres; Dominga, Bárbara, Dania y Natalia, enfrentando y resistiendo a la palma de aceite desde diferentes puntos de Mesoamerica.

Más capítulos:

Reportaje: Chapín Abajo, la historia de un pueblo que resiste al cultivo industrial de la palma

Les compartimos la siguiente nota de Avispa Midia sobre la resistencia a la palma de aceite en Guatemala – A 15 de noviembre del 2023

Por Renata Bessi

Lago de Izabal, lugar sagrado para el pueblo Maya Q’eqchi’. Las aguas azules obscuras forman un espeso espejo de casi 600 km2, cerca de la costa del Mar Caribe de Guatemala. Alrededor de todo el lago, el más grande del país, han vivido desde siempre las comunidades Maya Q’eqchi’, desde antes de la llegada de los españoles. 

Desde El Estor, núcleo urbano al norte del lago, donde hay una base militar, el equipo de este reportaje siguió una línea recta, hacia el sur del lago, lo que significa aproximadamente dos horas de viaje a bordo de una lancha acondicionada para realizar viajes colectivos de la comunidad. Es la única forma, en época de lluvias, de llegar en estos territorios. Ahí, la bienvenida se recibe de un paisaje monótono verde olivo de extensas plantaciones de palma africana. 

En este lado del lago habitan 16 comunidades Maya Q’eqchi’ que luchan para continuar viviendo en sus territorios y salir del arrinconamiento que les ha sometido las extensas plantaciones de palma de la empresa Naturaceites. Ahí también está un segundo destacamento militar.

A pocos metros del desembarque en esta parte sur del lago está la comunidad Chapín Abajo, que ha sufrido, por lo menos en los últimos tres años, la intensificación de los intentos de desalojo y de incursiones militares violentas por supuestas órdenes de captura a sus miembros. Durante las incursiones, militares del destacamento de la parte norte del lago se mueven en rápidas lanchas para el “combate”.

La abuela Maya Q’eqchi’ que se identificó como Juana recordó con dolor en su lengua materna el último ataque a la comunidad. “Sentía el rugir de las balas por detrás de mis pies, mientras intentaba proteger a los niños. Nos trataron como animales”, cuenta al equipo de Avispa Mídia. Los militares incursionaron violentamente en Chapín Abajo el 6 de diciembre de 2022, supuestamente contaban con 20 órdenes de captura contra comunitarios, “órdenes que nunca nos enseñaron”, agregó la abuela Juana.

Un contingente policial de aproximadamente 5 mil agentes “mezclados con cuadrillas que sabemos que son pagadas por la empresa [Naturaceites]”, cuentan los pobladores, cercaron la comunidad durante horas hasta la madrugada, “nos atacaron”. Antes de estos hechos ya habían atacado dos meses antes, el 26 de octubre de 2022.

https://youtube.com/watch?v=ZDoE5f8-Zp8%3Ffeature%3Doembed

Las mujeres de la comunidad hicieron frente y tomaron las riendas de la situación. Salieron al encuentro del contingente. “A través de un megáfono preguntábamos qué estaba pasando, si acaso éramos narcotraficantes o estábamos haciendo actos ilegales para que fuéramos criminalizados y perseguidos de esta manera. Pues ellos, de igual forma, no respondieron a nada, sino al contrario, ellos ingresaron”, relata para Avispa Mídia, en su lengua Maya Q’eqchi’, Alba María Choc, quien fue agredida y detenida en esta ocasión, junto a su hijo de 14 años. “Ingresaron sarcásticamente accionando sus fusiles y pistolas”, recuerda

Autoridad ancestral Pedro Cuc al lado de su familia. Foto: Aldo Santiago

Como en las películas del viejo oeste, tres fotos de las autoridades ancestrales figuran en carteles que ofrecen 50 mil quetzales a quienes ofrezcan informaciones sobre ellos, por participar de movimientos en defensa del territorio. “El Estado regó carteles con nuestras fotos por todo El Estor ofreciendo recompensa a cambio de informaciones sobre nosotros”, cuenta al equipo de Avispa Mídia Pedro Cuc Pan, una de las tres autoridades ancestrales perseguidas, miembro del Consejo Ancestral Maya Q’eqchi’ de Chapín Abajo, quien también se ha declarado en resistencia contra la minería y la plantación industrial de palma aceitera, también conocida como palma africana.

Ahora en el territorio se siente una calma tensa. La memoria de la violencia aun está presente y afecta especialmente a los niños y ancianos. La posibilidad de que en cualquier momento se pueden suscitar nuevas incursiones militares es latente. “Siguen las órdenes de captura”, señala Pedro Cuc.

¿De quién es la tierra?

En Chapín Abajo, alrededor de 200 familias viven en cuatro hectáreas. Esta comunidad está cercada por plantaciones de palma de la empresa Naturaceites, la cual se vanagloria de estar certificada al 100% bajo la certificación estándar RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil, en español Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible).

Las familias no tienen espacio suficiente para sus cultivos de subsistencia y tampoco para criar animales. Ya no les queda espacio para construcciones esenciales para la comunidad como una escuela para los niños. 

La zona es controlada por la seguridad de la empresa y por los militares. “Somos vigilados todo el tiempo, incluso por drones”, sostiene Ana Coc.

Naturaceites sostiene que todas las tierras donde tienen plantación son suyas. También dice en sus informes que posee los documentos que le aseguran la propiedad de las tierras. No obstante, las comunidades y organizaciones tienen otra perspectiva de cómo la empresa fue acumulando tierras.

La empresa afirma que posee un total de 11 mil 736 hectáreas propias
y 16 mil 249 hectáreas de productores asociados en los municipios de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz; San Luis, Petén; Panzós, Alta Verapaz y El Estor, Izabal. 

En el Valle de Polochic, donde está Chapín Abajo, según información de la propia empresa, posee 6 mil hectáreas no continuas de plantaciones y una planta de beneficio. Sus marcas comerciales son: Capullo, Cora y Great Taste.

Erwin Tut, de la Fundación Guillermo Toriello, que ofrece asesoría y acompaña no solamente Chapín Abajo, sino que también a otras comunidades afectadas por la palma y la minería en la región, sostiene para Avispa Mídia que gradualmente “las comunidades fueron siendo arrinconadas por la palma”.

La estrategia utilizada por Naturaceites fue apropiarse poco a poco de las tierras y, en muchos casos, fueron registrando “de manera anómala” en su nombre, sostiene Tut. “Hay un acaparamiento enorme de tierras y hay mucha vinculación con el gobierno”, señala.

La Ley de la Oficina de Control de las Reservas Territoriales, por ejemplo, garantiza que las tierras que están a una distancia de hasta 200 metros del lago son del Estado. “Pero ¿qué pasa?, la palma está en toda la orilla del lago. Y si vamos a reclamar, la empresa dice que tiene los títulos de estas tierras. ¿Y cómo lo obtuvieron?”, indaga.

Otro caso que ilustra las formas turbias de cómo Naturaceites fue concentrando las tierras es respecto al proceso del indígena Maya Q’eqchi’ Oswaldo Rey Chub Caal, capturado y acusado por usurpación de tierras, en el desalojo de la comunidad llamada Palestina, en la finca Chabiland, Chinebal, al sur de El Estor, en noviembre de 2021. La acusación es de la empresa Naturaceites, quien alega que las tierras son suyas.

Él permaneció nueve meses en prisión. Al final, la empresa no pudo comprobar las acusaciones contra el indígena y fue puesto en libertad. El indígena Caal, que es de la comunidad de Chapín Abajo y quien, en solidaridad, estuvo presente en el desalojo violento de la comunidad Palestina, fue liberado porque la empresa no logró probar que es propietaria de las tierras. El registro de propiedad que presentó durante el proceso no correspondía a la finca en El Estor, pertenecía a otra jurisdicción, al municipio de Livingston.

Oswaldo Rey Chub Caal. Foto Renata Bessi

Es decir, “¿cómo Caal pudo ser acusado por Naturaceites de usurpar una tierra que no tiene cómo probar que son suyas?”, dijo el abogado del Bufete para Pueblos Indígenas, Juan Castro, quien defendió el indígena Maya Q’eqchi’ en los tribunales.   

Con base a ese mismo título de propiedad, señala el abogado, existe una serie de otras órdenes de captura en contra de otros comunitarios que estuvieron en el desalojo. 

“Nosotros, las organizaciones, así como las comunidades, no tenemos recursos para hacer un estudio completo de la ocupación de las tierras y de los registros catastrales, es muy caro. El Estado no tiene interés de hacerlo. Pero en estudios que hemos logrado hacer en casos específicos, nos deparamos con esta realidad, con esta misma lógica anómala de apropiación de tierras”, argumenta el abogado del Bufete para Pueblos Indígenas.

No necesitamos que un documento nos diga que esta tierra es nuestra”

Durante el periodo colonial, explica el abogado del Bufete para Pueblos Indígenas, Juan Castro, los maya Q’eqchi’s no fueron pueblos que habían desarrollado una titulación de sus territorios, como ocurrió en otras regiones de Guatemala, cuyos títulos se conservan hasta la actualidad.

Tener el registro implicaba comprar sus propias tierras a la Corona española y, como consecuencia, tenían que someterse al régimen de tributación que había en ese entonces. 

Después, con la creación del Registro de la Propiedad, alrededor de 1870, “muchas de estas tierras fueron tituladas a particulares y también como fincas públicas. Sin embargo, las comunidades siguieron permaneciendo ahí, a pesar de no tener títulos”, puntualiza el abogado.

“Son comunidades que no tienen registros de la titulación de esas tierras, pero tienen una posesión histórica y tienen una relación histórica con el territorio”, subraya Castro.

El Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial del municipio de El Estor 2018 – 2032 identifica Chapín Abajo como uno de los lugares con “mayor antigüedad e importancia por su densidad y pertenencia Q’eqchi’ se ubican en el área de la cuenca del lago de Izabal”. Además de Chapín Abajo, mencionan: Nueva Esperanza, Lancetillo, Chinebal, Río Zarquito, Pataxté, Chichipate, Setal y Selempin.“A nosotros no nos pertenece la tierra porque un documento lo diga o porque un ingeniero lo dijo, nos pertenece la tierra porque aquí murieron nuestros antepasados y aquí nacimos nosotros. Entonces la defendemos”, dijo Pedro Cuc.

Petición: Defensores afro ecuatorianos de los bosques sufren racismo y discriminación

Compartimos esta petición de Salva la Selva sobre defensores de los bosques, selvas y la vida en Ecuador que están siendo violentados – A 15 de mayo de 2023

La comunidad afroecuatoriana Barranquilla de San Javier defiende su territorio frente a la deforestación y la expansión de la palma aceitera. En lugar de garantizar el cumplimiento de la ley, las autoridades se ponen del lado de las empresas. Se intenta usar los tribunales para silenciar las protestas con multas desproporcinadas.

Para: Gobierno del Ecuador; Ministerio de Agricultura del Ecuador; copia a empresas Energy&Palma, La Fabril, Nestlé, General Mills y Pepsi Co; Round Table on Sustainable Palm Oil RSPO

“Restitución del territorio, bosques y derechos para la comuna afroecuatoriana de Barranquilla de San Javier y sus defensores. Basta de racismo y discriminación.”

Leer la carta

En la costa pacífica, provincia Esmeraldas, se encuentra el último remanente del biodiverso ecosistema de bosque húmedo tropical del Chocó en Ecuador. La población afro e indígena vive en extrema pobreza por el racismo estructural y el abandono histórico de ese territorio por parte del Estado. “No se atiende debidamente la salud, la educación ni necesidades básicas como agua, habitación, ambiente libre de contaminación”, explica Nathalia Bonilla, de Acción Ecológica.

Aprovechando la ausencia de control estatal, empresas palmicultoras, madereras y minería de oro expanden sus actividades. La naturaleza se degrada de forma irreversible, todos los ríos están contaminados. El Estado no responde a denuncias y reclamos de la comuna.

“El accionar del Estado y de la empresa es claramente discriminatorio”, señala Bonilla.

Mientras, la industria palmicultora ha ido tomando más de 13.000 hectáreas en el cantón San Lorenzo, sin haber realizado nunca una consulta previa, libre e informada, sin respetar derechos.

La comuna afro de Barranquilla de San Javier sufre este avance en carne propia desde 2010. La empresa de palma aceitera Energy&Palm, de La Fabril, está en su territorio. En un estudio del Ministerio de Agricultura se comprueba que 251 hectáreas en manos de esa empresa se sobreponen a territorios comunitarios. “Un proceso de despojo con compraventas ilegales de territorios de la comuna”, explica el abogado Gustavo Redín. Añade que, como comunidad ancestral, tiene derechos constitucionales sobre su territorio.

Hay varios procesos judiciales abiertos. Pero, sorprendentemente, no contra la empresa, como se pudiera pensar, sino contra varios miembros de la comunidad. Uno de ellos, fue por el reclamo de un pago de 350.000 dólares por supuestos daños y perjuicios. “Una utilización del sistema judicial para amedrentar y perseguir a los defensores”, explica Redín.

La empresa Energy&Palma es proveedora de multinacionales como Nestlé, General Mills y PepsiCo. El conflicto ha ido en aumento y hasta las Naciones Unidas se han pronunciado.

Firma la petición en solidaridad.

Imagen: Luis Quintero, presidente de la comuna Barranquilla de San Javier (© Accion Ecológica)

Trasnacional de aceite de palma pierde demanda contra ecologistas

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la resolucióna a favor del Salva la selva por denunciar destrucción ambiental por una empresa de palma aceitera en Indonesia – A 27 de febrero del 2023

El pasado martes (21), después de tres años de batalla legal, el conglomerado de empresas coreana-indonesia, Grupo Korindo, renunció a la demanda que interpuso contra la organización ambientalista Salva la Selva, con sede en Alemania, por señalar su responsabilidad en la destrucción de la selva tropical en Indonesia para la expansión de monocultivos de palma aceitera.

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En 2019, la organización europea fue citada ante un tribunal con relación a una Carta Abierta de 2016, la cual fue dirigida a las empresas alemanas, Siemens y Nordex. En la misiva, 10 organizaciones ecologistas alertaban sobre las relaciones comerciales de las corporaciones energéticas con Grupo Korindo, acusado de la destrucción masiva de selvas tropicales y de violar los derechos de pueblos indígenas de la provincia de Papúa y las islas Molucas del Norte.

Una familia de la tribu Kowin Marind cuyas tierras se ven afectadas por la deforestación provocada por la empresa de plantaciones de Korindo PT Papua Agro Lestari. Foto: Mighty Earth.

Tras el fracaso de la demanda, mediante comunicado público, la organización ecologista enfatizó que Grupo Korindo, productora de aceite de palma, madera y aerogeneradores, renunció a sus exigencias y se comprometió a pagar una parte de los gastos judiciales. “Durante tres años, este pleito nos ha mantenido ocupados y nos ha robado un tiempo muy valioso”, afirma Bettina Behrend, co directora de Salva la Selva.

Palma de aceite, motor de devastación

Kenertec, empresa indonesia fabricante de turbinas eólicas fue la autora de la demanda contra el grupo ambientalista europeo. Esta empresa, integrante del Grupo Korindo, también exigió a la organización estadounidense Mighty Earth que se retractara de declaraciones que le señalaban por el uso de excavadoras y fuego para deforestar la selva tropical. Aún más, mediante la demanda amenazó a las organizaciones para que se abstuvieran de hacer mención de la devastación ambiental en el futuro.

Mighty Earth es autora del informe Burning Paradise (Paraíso en llamas), en el cual acusa a Grupo Korindo de la destrucción de 50,000 hectáreas de selva tropical en Papúa desde 1998, así como la devastación de 30,000 hectáreas adicionales entre 2013 y 2016. Resalta que Korindo mantiene ocho concesiones en la provincia de Papúa y las islas Molucas del Norte, totalizando 160,000 hectáreas de monocultivos de palma aceitera.

Por su parte, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés) refiere que Grupo Korindo también es responsable por la deforestación del bosque del pueblo Kinggo para establecer plantaciones de palma aceitera. WRM destaca que la empresa hecho mano de promesas falsas para persuadir a líderes indígenas a renunciar a sus bosques. Cuando el pueblo Kinggo se percató del engaño y reclamó sus derechos colectivos, Korindo recurrió a la intimidación y amenazas.

El pueblo indígena Kinggo se ha involucrado en la defensa del bosque en Kali Kao Hamlet, donde han vivido durante siglos.

“Los bosques en la isla de Papúa se han convertido en el objetivo de las inversiones del momento, después que los bosques en Sumatra, Kalimantan y Sulawesi ya se hayan convertido, en gran medida, en plantaciones industriales de palma aceitera”, contextualiza WRM sobre el interés de Grupo Korindo para su expansión en la región.

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La organización ambientalista destaca la lucha de Petrus Kinggo, anciano de la tribu Wambon Tekamerop, del pueblo indígena Kinggo, quien se ha involucrado en la defensa del bosque en Kali Kao Hamlet, donde han vivido durante siglos, pese a las recurrentes amenazas y agresiones de parte de Grupo Korindo.

Deforestación evidenciada

“En Indonesia, Korindo es una de las empresas responsables de gran parte de la destrucción de la selva tropical”, afirma la experta en Indonesia Marianne Klute, también co-directora de Salva la Selva.

En entrevista, Klute asevera que, durante años, distintas ONGs han monitoreado el avance en la deforestación de la selva causada por Grupo Korindo. La experta incluso refiere como evidencia imágenes de satélite, tanto del histórico de Google Earth, como de la NASA, las cuales “ofrecen una visión clara de la expansión de las actividades de tala”, sostiene.

Imagen satelital con fecha de noviembre 2002

Para WRM también es preocupante la actuación de organismos como el Consejo de Administración Forestal (FSC, por su sigla en inglés), una ONG certificadora con sede en Alemania, que supuestamente garantiza que los productos madereros provengan de empresas éticas y sostenibles.

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Esto deriva de que, acusaciones de violaciones contra pueblos indígenas responsabilizando a Korindo, fueron investigadas por el FSC y, sin embargo, los hallazgos nunca se publicaron debido a que la empresa amenazó con actuar legalmente.

A pesar de ello, un artículo de la BBC reveló algunas conclusiones que señalan a Grupo Korindo como responsable por la destrucción de la selva. Además, señala el informe que la empresa “(…) apoyaba la violación de los derechos humanos y tradicionales en su propio beneficio”; y se estaba “beneficiando directamente de la presencia militar para obtener una ventaja económica desleal” al “ofrecer tarifas de compensación injustas a las comunidades”. Pese a que el informe recomendaba la expulsión de Korindo del organismo, esta acción fue rechazada por el consejo del FSC.

Klute refuerza estas acusaciones ya que, según su experiencia visitando Papúa entre 2007 y 2009, “Korindo ya tenía fama de violar los derechos humanos y de realizar talas excesivas”, justo en momentos donde comenzó a ampliar sus actividades en el sector de aceite de palma. Actualmente, enfatiza Klute, pese a que empresas como Wilmar han cortado relaciones comerciales con Korindo debido a su mala reputación, el aceite de palma de Korindo se destina a India y Corea del Sur, pero también al mercado mundial a través de empresas comerciales e incluso mediante el mercado de fugas.

Destaca el papel de las empresas surcoreanas, tanto como promotoras de plantaciones como compradoras de productos de aceite de palma, pues incentivan la adquisición de aceite que incumple con reglas mínimas de respeto al medioambiente y derechos humanos. Seis propietarios de plantaciones surcoreanos tienen importantes problemas de incumplimiento: Posco International, Korindo Group, Samsung C&T, Daesang Corporation, LG Corporation y JC Chemical.

Aunado a estas evidencias, otra investigación, realizada durante cinco años por Greenpeace y el grupo investigador Forensic Architecture determinaron el uso intencionado de incendios como parte del proceso de limpieza de vastas áreas de selva en las concesiones que Korindo tiene en la provincia de Papúa, Indonesia

Demandas “estratégicas”

“A nuestro parecer, se trataba de una demanda intimidatoria. Su objetivo era intimidarnos y asustar a otras organizaciones. Es bueno que Korindo fracasara con este intento”, afirma Bettina Behrend, co directora de Salva la Selva.

La organización ecologista es enfática al señalar que este caso es un ejemplo claro de la llamada SLAPP (por las siglas en inglés de Strategic Lawsuit Against Public Participation o Demanda Estratégica en contra de la Participación Pública).

“Empresas y personas poderosas hacen un mal uso de los juzgados para limitar la participación pública y la crítica. Los SLAPP suponen una amenaza para las organizaciones y los activistas que en el marco de su trabajo exponen irregularidades, nombran a sus responsables y se comprometen con la defensa de la naturaleza y los derechos humanos. Tales casos constituyen de esta manera ataques de los derechos fundamentales como la libertad de opinión y reunión y en última instancia, de nuestras democracias”, sostuvo Salva la Selva en 2021, ante la apertura del proceso en el juzgado de Hamburgo, Alemania.

Tala para plantaciones de palma por parte de la empresa Korindo en la provincia de Papua, Indonesia.

“El procedimiento cumple los criterios de una demanda por intimidación (…) Entre otras cosas, el tribunal de Hamburgo había llegado a considerar la posibilidad de tener que llegar a escuchar a testigos en Indonesia. Es bueno que las ONG demandadas puedan volver a dedicarse a su trabajo real gracias al acuerdo, pero el problema fundamental planteado por este tipo de demandas sigue existiendo”, afirma Roger Mann, abogado y profesor de Derecho de Prensa en la Universidad de Gotinga, quien representó a la organización demandada.

Tras recibir la demanda, Salva la Selva ayudó a organizar un movimiento europeo contra las demandas intimidatorias y es uno de los primeros miembros de la alianza europea contra este tipo de SLAPPs, llamada CASE (Coalición contra las SLAPPs en Europa).

Deborah Lapidus, Vicepresidenta de Mighty Earth y una de las autoras de Burning Paradise, señala que, “esta denuncia es una típica sucia estrategia corporativa. A la vista de la creciente difusión sobre la destrucción masiva de las selvas tropicales y sobre el desprecio por los derechos indígenas, Korindo trata de intimidar y silenciar a ecologistas, periodistas y activistas y frenar los esfuerzos por exponer las malas prácticas. Pero es una percepción equivocada, porque eso sólo expone aún más la perversa estrategia y la negación continuada del daño causado”.

Alemania está considerada por expertos en derecho como uno de los países de la Unión Europea, en los que las leyes nacionales y las sentencias judiciales fomentan demandas por difamación sin fundamento. Un número especialmente elevado de casos SLAPP ocupan a juzgados de Italia y Malta. Allí, cuando la periodista Daphne Caruana Galizia fue asesinada, existían 47 casos SLAPP en contra de ella.

“A raíz de esta demanda, hemos estado informando aún más intensamente sobre la destrucción de la selva tropical en la provincia de Papúa. Si Korindo quería silenciarnos, ha conseguido lo contrario. Estamos reforzando las espaldas de la gente de Indonesia para que ellos también puedan plantar cara a Korindo y defender su selva tropical frente a la empresa”, afirma la experta en Indonesia Marianne Klute.

Imagen: Maquinaria pesada apila troncos de los árboles talados que serán quemados por la empresa productora de aceite de palma, PT Papua Agro Lestari, propiedad de Korindo. Foto: Mighty Earth

Para palma aceitera en Guatemala, allanamientos en comunidad indígena Maya Q’eqchi’

Compartimos esta petición de Salva la Selva sobre el desplazamiento formado en Guatemala para plantaciones de palma de aceite – A 16 de diciembre del 2022

Acción violenta y expolio en el municipio de El Estor, departamento Izabal. Habrían usado gases lacrimógenos y armas de alto calibre para allanar viviendas en la comunidad Chapín Abajo. La resistencia comunitaria es doble: a la empresa de aceite de palma africana NaturAceite y a un proyecto minero. Firma la petición.Petición

Para: Presidente de Guatemala Alejandro Giammattei; Diputados; Ministerio Público; Juzgado de Paz; Empresas multinacionales Nestlé y Unilever

“Respeten los derechos del pueblo indígena Maya Q’eqchi y garanticen su seguridad. Cesen los allanamientos, desalojos y toda la violencia.”

Leer la carta

Con motivo, comunidades Maya Q’eqchi’ se oponen al avance de la palma aceitera que invade sus tierras ancestrales. Son algunas de las comunidades más abandonadas por el Estado que, por si fuera poco, las persigue y reprime.

Dicho y hecho. En los pasados días, un gran contingente policial antimotines avanzó amenazadoramente entre la plantación de palma con la intención de llevar a cabo allanamientos, portando armas. Una persona habría recibido impacto de bala y resultado asesinada y al menos dos personas heridas. Intoxicadas, mujeres golpeadas, robo de pertenencias, hasta detenciones arbitrarias de unas cinco personas, incluidas dos menores. El Consejo del Pueblo Maya CPO pide un alto a las agresiones y que se esclarezcan los hechos.

Algunas empresas se estarían beneficiando de la situación, según las autoridades indígenas. Mencionan a NaturAceites, empresa que vende aceite en Guatemala, pero que también figura en las cadenas de abastecimiento internacionales de empresas como Nestlé y Unilever. De parte de estas empresas se exige un pronunciamiento sobre los hechos. También de parte del gobierno del presidente Alejandro Giammattei, Policía Nacional Civil PNC y Procuraduría de Derechos humanos PDH.

Indignación y profundo dolor, según expresaron mujeres de la comunidad al explicar lo sucedido: “tiraron las bombas para que empezáramos a huir y abandonáramos los hogares”.

Previamente, los últimos días de noviembre, las comunidades protestaron para prevenir este y otros allanamientos y desalojos que se venían anunciando. Existen unas 20 órdenes de captura en contra de miembros de la comunidad, algunos parte del Consejo se Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi’. Reciben amenazas y se ofrecería una recompensa de 50 mil quetzales por la captura.

Algunos testimonios: “Avanzan como si fuéramos terroristas. No lo somos. Somos pobres indígenas que ni maíz, ni frijól, ni chile tenemos”. “Defiendo la vida de mis seres queridos y mi territorio”.

Vigilaremos los acontecimientos subsiguientes, en solidaridad con las comunidades afectadas. Súmate a esta acción firmando la petición.

>>Firma la petición aquí<<

Carta

Para: Presidente de Guatemala Alejandro Giammattei; Diputados; Ministerio Público; Juzgado de Paz; Empresas multinacionales Nestlé y Unilever

Estimado Sr. Presidente Giammatei y autoridades:

Realmente escandalosa es la información y las imágenes que están alcanzando a la opinión pública interancional, acerca de la violenta acción de un gran contingente policial en la comunidad del Chapín Alto, en El Estor, Izabal. La situación de los derechos humanos en su país parece estar necesitando una revisión urgente que le exigimos atienda sin demora.

Organizaciones sociales, campesinas y territoriales han denunciado los abusos de autoridad implícitos en las actuaciones de la policía durante el operativo conjunto del Ministerio Público MP y la Policía Nacional Civil PNC, el 6 de diciembre 2022.

En solidaridad con las comunidades Maya Qéqchi, nos dirigimos a usted para exigirle que:

-Respeten los derechos como pueblos indígenas Maya Q’eqchi y garanticen su seguridad.

-En consonancia, inicie una investigación de la actuación los agentes de la Policía Nacional Civil PNC que participaron en el operativo violento contra las familias en Chapín Abajo.

-Cesen estos allanamientos y la violencia.

-Dejen inmediatamente de hostigar, criminalizar, intimidar y detengan las persecuciones, las órdenes de captura de miembros de la comunidad

-Retiren las órdenes de desalojo de comunidades como Chapín Alto, Santa Rosita o Buena Vista, entre otras.

-Proporcione una explicación exhaustiva acerca de lo que se pretende con estas acciones que atentan contra la integridad, la dignidad y los derechos de las comunidades indígenas.

-Legalice las comunidades y asegure el acceso a la tierra con títulos comunitarios y ocúpese como corresponde del desarrollo comunitario, la salud, la integración, el respeto de la forma de organizarse, la educación, prevención de la contaminación y protección de los recursos naturales.

Tampoco la actuación de los gobiernos municipal y departamental parecen estar a la altura en este contexto. El mundo está mirando el desarrollo de estos acontecimientos lamentables y esperando su declaración al respecto.

A la espera de la misma y de su muy pronta respuesta a esta comunicación, le saludamos atentamente,

Se pondrá en conocimiento de este escrito y acción a las empresas Unilever y Nestlé, para pedir su declaración al respecto.

>>Firma la petición aquí<<

Video: Encuentro Mesoamericano contra la Palma de Aceite I

Compartimos con ustedes este video sobre el Encuentro Mesoamericano contra la Palma de Aceite realizado durante octubre del año 2021

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, durante los días 3 al 6 de Octubre 2021 nos encontramos diversas organizaciones, redes, miembros y representantes de colectivos provenientes de Honduras, Guatemala, México,Uruguay y Ecuador, con el fin de compartir experiencias en torno a las plantaciones de palma de aceite, analizar, estudiar y debatir sobre las consecuencias de este monocultivo en nuestros territorios.

Conocimos como llego la palma de aceite a mesaomerica, cual es el contexto en algunap países, cuales son algunas de las estrategias para introducir la palma y cuales son las consecuencias del monocultivo de esta.

Más información:

El dilema de “La Encrucijada”: El lavado verde de la palma aceitera

Compartimos este reportaje especial publicado en Avispa Midia sobre la expansión de la palma de aceite en Chiapas – A 14 de marzo de 2022

Por Santiago Navarro F. y Aldo Santiago. para Avispa Midia y CONNECTAS

El cultivo de palma de aceite se expande agresivamente sobre Áreas Protegidas, como la Reserva de la Biosfera La Encrucijada. En esta región del Pacífico mexicano se han identificado, al menos, siete mil hectáreas ilegales de esta planta exótica que el gobierno y las empresas pretenden legalizar mediante la reducción de la Reserva y un certificado de sustentabilidad.

Uno de los mayores tesoros ambientales de México es la Reserva de la Biosfera La Encrucijada (REBIEN), que alberga un importante sistema de humedales, con manglares de hasta 35 metros de altura. Sin embargo, son amenazados por una enorme extensión de monocultivos de árboles de palma aceitera que contrastan con la diversidad de la vegetación.

La REBIEN se encuentra en la región costera del estado de Chiapas, al sureste de México. Fue creada el 6 de junio de 1995 mediante un decreto presidencial y está regulada por un Programa de Manejo publicado en 2000, el cual determina que en las áreas con vegetación de manglar está prohibido realizar cualquier tipo de actividades “que alteren el equilibrio ecológico”, salvo aquellas “de preservación de investigación científica, monitoreo, educación y capacitación, bajo una estricta normatividad y vigilancia”.

No obstante, durante las últimas décadas, el equilibrio ecológico de La Encrucijada ha sido alterado. “Adentro de la REBIEN hay más de 7 mil hectáreas de palma cultivadas”, se queja Juan Carlos Castro Hernández, actual director de la REBIEN, que forma parte de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp).

Avispa Midia solicitó a la Conanp el informe y las georreferencias de las plantaciones de palma aceitera registradas dentro de La Encrucijada. La institución entregó dos bases de datos que reportan la presencia de productores, así como palma dispersa en la Reserva.

Uno de los documentos, el Anexo Dirección Regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la Conanp, aunque no indica año de elaboración, registra que existen al menos 518 productores que cultivan palma dentro de la REBIEN.

Los datos que brinda son conservadores, pues no contienen el registro total de plantaciones de palma dentro de la Reserva, ya que a través de imágenes satelitales se pueden identificar cultivos de palma que no están incluidas en esta base de datos.

Por su parte, Matilde Rincón, gerente de paisaje México de Earthworm Foundation, confirma que han registrado 500 productores que cultivan unas 7 mil 700 hectáreas de palma dentro de La Encrucijada. Esta fundación trabaja con empresas y pequeños productores en Chiapas para promover la sustentabilidad de este cultivo. “El sesenta por ciento de ellos (productores en la Reserva) luchan por cumplir las normas de uso de la tierra del gobierno”, detalla en su plataforma web.

La proliferación de grandes plantaciones de palma al interior de la Reserva ha alertado a la Conanp desde 2014. De acuerdo con la institución, estos cultivos se han extendido sin un protocolo por más de 33 mil hectáreas en la zona de influencia de la REBIEN, hasta provocar la invasión de esta planta exótica hacia ecosistemas de manglares en las zonas núcleo.

La palma es tan invasiva que se deberían regular hasta las plantaciones que están afuera de la Reserva, “porque hay palma hasta en las orillas de los canales y la semilla tiene la capacidad de migrar, ya sea por las corrientes de agua, hipotéticamente también por fauna”, reconoce Castro, el director de la REBIEN.

Otro documento proporcionado por la Conanp es una base de datos denominada Registro de sitios de ubicación de palma africana en la REBIEN 2014, 2015 y 2016. Ahí aparece Agroindustrias de Mapastepec S.A. de C.V. (Agroimsa), una de las empresas que cultivan y procesan palma aceitera en la región, la cual forma parte de Industrias Olepalma S.A de C.V.

Estas mismas plantaciones vuelven a aparecer en otra base de datos cartográficos elaborada por la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés), que registra un área propiedad de Industrias Oleopalma, a través de su subsidiaria Palmicultores San Nicolás, S.P.R. de R.L.

Esta área se extiende desde la zona de amortiguamiento, en el municipio de Villa Comaltitlán, hacia el interior de una de las dos áreas de restricción, en la fracción que corresponde al municipio de Huixtla: la Zona Núcleo La Encrucijada; de acuerdo con el Programa de Manejo, esta zona corresponde a “las áreas mejor conservadas y de mayor valor desde el punto de vista ambiental, en donde prácticamente no pueden realizarse actividades humanas”.

Existe una empresa más en el registro de RSPO. Se trata de Oleosur S.A.P.I. de C.V., la cual, a través de su subsidiaria Plantaciones del Soconusco S.A.P.I de C.V, también cuenta con plantaciones de palma dentro de la zona de amortiguamiento de la REBIEN, en el municipio de Villa Comaltitlán, una de las regiones con mayor cantidad del monocultivo en la costa de Chiapas. Avispa Midia solicitó una entrevista con Industrias Oleopalma quien aseguró que enviarian una respuesta vía correo electrónico, la cual no llegó hasta el cierre de este reportaje. También se le pidió una entrevista a Oleosur y mencionaron que transmitirían la información para un directivo quien podría responder, lo cual no sucedió.

Por su parte, la investigadora Claudia Ramos Guillén, quien ha participado en estudios sobre las afectaciones de la palma aceitera en América y Asia, asevera que la comercialización de la palma cultivada al interior de la REBIEN merece “múltiples infracciones”.

El propio Decreto de creación de la REBIEN describe una de las violaciones a la ley. Puntualiza que cualquier explotación, extracción o aprovechamiento de recursos naturales a su interior solo podrá otorgarse conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Dicha norma prohíbe la introducción de especies exóticas invasoras en las áreas naturales protegidas, la alteración a los ecosistemas y, en zonas de amortiguamiento, no realizar actividades que amenacen la estructura natural de las poblaciones y ecosistemas.

Certificación verde

En un recorrido por la Reserva, Avispa Midia encontró que, en medio de cientos de plantaciones de palma, a orilla del río San Nicolás, se encuentra una procesadora de Oleopalma. Se trata de la primera planta que fundó esta empresa, en el año 2000, que está en el límite del área de influencia de la REBIEN.

Según la Federación Mexicana de Palmicultores (Femexpalma), las plantas procesadoras deben estar instaladas lo más próximo a las plantaciones, ya que el tiempo máximo para extraer el aceite es de tres días. En el país existen 18 instalaciones de procesamiento de la palma; Chiapas concentra 12 de ellas. Siete de ellas están establecidas en la región de influencia de La Encrucijada donde también se encuentra la procesadora de Oleopalma.

Esta empresa es relevante para el mercado actual de este producto ya que, en marzo de 2020, se convirtió en la primera empresa mexicana en recibir la certificación conforme a los criterios específicos de la RSPO, iniciativa que propone reducir los impactos negativos del cultivo de aceite de palma en el medio ambiente y las comunidades.

La certificación RSPO surgió en Suiza en 2004, bajo el liderazgo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), junto a financiadores como la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial, y empresas multinacionales que compran aceite de palma, como Cargill, Nestlé, Unilever, PepsiCo y Procter & Gamble, entre otras.

Sin embargo, la RSPO ha sido criticada a nivel global por no cumplir con lo que promete. En 2015, el informe La credibilidad del aceite de palma sostenible sigue siendo ilusoria, de la Agencia de Investigación Medioambiental (EIA, por sus siglas en inglés), reveló la existencia de evaluaciones fraudulentas generalizadas en la RSPO. Además, registró que, en plantaciones propiedad de sus miembros, se han permitido abusos laborales, tala de bosques, conflictos territoriales e incluso tráfico de personas. Para 2019, la EIA divulgó que la RSPO aún no había tomado medidas significativas para atender estos problemas.

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Imagen: Avispa Midia

Más información:

Guatemala: La lucha contra los señores del Xibalbá: despojos por la industria extractiva y defensa del territorio en El Estor, Izabal

Compartimos este artículo publicado en Prensa Comunitaria sobre la lucha por a vida y la resistencia a mega proyectos en Guatemala – A 7 de marzo de 2021

Por Carmen Reina*

Este artículo aborda las principales dinámicas de concentración de tierras y despojo/desposesión por acumulación (como señala David Harvey) que impulsa en El Estor la industria extractiva, en forma de minería a cielo abierto y la palma aceitera. También se analizan las resistencias comunitarias por la defensa del territorio, en un contexto tan adverso como el aumento de la militarización y represión, como se observó en el reciente Estado de Sitio a finales del año 2021.  Esto lleva al proceso de consulta y la manera en que el Ministerio de Energía y Minas -MEM- lo tergiversa con el fin de comprar y convencer a representantes nombrados a dedo, para favorecer las operaciones de la mina y otorgarle nuevamente el derecho de operaciones.

Estamos ante una lucha como la que, según el Popol Vuh, libro sagrado de los K´iche’, entablaron los jóvenes Hunahpú e Ixbalanqué contra los Señores del Xibalbá –que generaban torturas y castigos a las almas de los muertos- venciéndolos a base de astucia e ingeniosos retos. Por eso, a nivel de colofón se plantearán los desafíos para las comunidades Q´eqchi´ y algunas propuestas que a nivel internacional pueden impulsarse para acuerpar la defensa del territorio de este pueblo.

El despojo histórico y la desigual concentración de la tierra

La historia de Guatemala como país y Estado está configurada por un proceso histórico de despojos de tierras de los pueblos originarios.  Previo a la invasión colonial, las tierras eran de propiedad comunal, a partir de los linajes de los pueblos mayas. A partir de la conquista y colonización, se puede hablar de cinco ciclos de despojo histórico de tierras, que se han recrudecido en la región del Polochic y en El Estor:

Después de los despojos en la Colonia, la acumulación y concentración de tierras para la introducción del café a partir de la Reforma Liberal de 1871 y la reconcentración de tierras para la bananera norteamericana en los años 1930 a 1940, en Guatemala se vive otro ciclo de despojo con la contrarreforma agraria desde 1954 y la imposición de proyectos militares que se vincularon a intereses extractivos en los años 1970 a 1980.  Finalmente, en la actualidad se impulsa un nuevo ciclo de despojo, que se vincula a la lógica de la “acumulación por desposesión” a la cual hace referencia David Harvey (2005), a partir de la forma vigente del capital. Se trata del despojo de tierras de pueblos indígenas para la explotación minera, hidroeléctricas, el monocultivo de palma aceitera, caña de azúcar, y la infraestructura requerida para el transporte de estas mercancías.  En esta etapa se articulan formas represivas estatales para normalizar y legalizar las dinámicas de desposesión a favor de empresas trasnacionales.

Como resultado de todo ello, Guatemala es un país en el que existe una gran concentración de tierra cultivable en pocas manos, ya que el 57% de la tierra cultivable la tiene el 2% de los propietarios, con tierras de 32 a 50 caballerías. El último censo agropecuario establece que la mayoría de población campesina apenas posee entre 1 y 10 manzanas de tierra.  En Guatemala, la contradicción fundamental de la tenencia de la tierra es entre el latifundio y el minifundio.

En el caso del territorio del Polochic y El Estor, esta desigualdad es aún mayor, ya que ha sido históricamente botín de despojo, con la llegada de los alemanes y belgas para la siembra del café, luego ganado; la implantación del azúcar con el Ingenio Chawil Utzaj (ya cerrado) y en la actualidad, con la extensión de la palma aceitera, licencias mineras, ganado, explotación petrolera y la presencia del crimen organizado.

Otro elemento sustantivo de señalar es la exclusión histórica de tierras para las mujeres a causa del patriarcado. Ellas han sido quienes se han relacionado con el cuidado de las semillas criollas, el cultivo de huertos de traspatio y ganado menor, además de las tareas domésticas. La inequidad atraviesa a madres solas, a mujeres que se quedan al cuidado de la familia cuando los esposos migran; las mujeres conservan la tierra mucho más frente a las ofertas o presiones de las empresas extractivas.

Las amenazas al territorio en la región del Polochic y El Estor

Históricamente la región del Polochic y de El Estor han sido parte de las disputas de los diferentes ciclos de capital en Guatemala, especialmente en la forma de extractivismo pues han existido ciclos y procesos específicos de invasión y despojo de tierras. Durante años lo central fue el enclave de alemanes y otros extranjeros en torno a concentrar las tierras y despojarlas a los indígenas para el cultivo de café. Luego, ya en los años de 1970, con el impulso del proyecto contrainsurgente y de la megacarretera de la Franja Transversal del Norte, surgen otro tipo de intereses de capital que pasamos a ver.

Con la definición de áreas protegidas de ciertas zonas consideradas como reserva de bosques y otros bienes naturales, diversos territorios han sido privatizados y concesionados a ONG o entidades. Las declaraciones como áreas protegidas se dieron en los años de 1990, cuando ya existían previamente decenas de comunidades asentadas en estas zonas, lo cual significó básicamente, que fueran expulsadas y despojadas. Un ejemplo son las alrededor de 62 comunidades que estaban asentadas en lo que ahora es la Sierra de las Minas. Estas comunidades se ubicaron ahí luego de ser desalojadas por los finqueros cafetaleros, los militares y por la represión del Conflicto Armado Interno. Han trabajado la tierra, pero no tienen la opción de regularizar su tenencia en esta zona. Han sido criminalizadas, ya que además de intereses de ONG, también existe la industria extractiva de jade (Hurtado, 2008). La recuperación de las tierras ancestrales en Sierra de Santa Cruz, a partir de un litigio estratégico, es un caso excepcional. [1]

Además, los abundantes ríos de la región del Polochic han sido presa de hidroeléctricas privadas, que venden la electricidad al Estado, no para surtir energía rural, sino para el sistema nacional e incluso para la exportación. Para impulsarlas han provocado desalojos violentos y criminalización de campesinos, tal como es el caso de las hidroeléctricas Renace II sobre el Río Cahabón, entre Cobán y Lanquín; Oxec I y II en el Río Cahabón y Tres Ríos en Lanquín, Hidro Esmeralda en Tucurú, entre otras.

Guatemala se está convirtiendo en un gran productor de palma aceitera, un monocultivo altamente contaminante. En particular, Naturaceites de la familia Maegli Novella, del Grupo Tecun, se ha extendido por todo el Valle del Polochic y por el Estor. Los métodos de “compra” de tierras para la palma pasan por la presión, extorsión, hasta amenazas como: “si no vendés, negociamos con la viuda”.[2]

A esto se suman las concesiones petroleras en el área del Valle del Polochic y en Izabal, las cuales se encuentran en fase de exploración.

La extracción de níquel en El Estor

La historia de la minería de Níquel tiene una sombra permanente de abusos, desalojos y despojos de la población, en contubernio con los Gobiernos de turno.  Se remonta a la década de 1970, cuando se crea la empresa “Exploraciones y Explotaciones Mineras de Izabal -EXMIBAL-”, en el contexto  de un proyecto militar en la zona y en una presidencia que favoreció la reducción de impuestos a la actividad minera. EXMIBAL se retira en 1983 por diversas razones, que incluyeron la caída de precios del níquel y la presencia de acción guerrillera en la zona. El Ejército custodiaba las instalaciones.  Pero había algo perverso detrás: la mina ocupaba tierras de una finca nacional que se le otorgó luego de desalojar a decenas de comunidades Q´eqchi´, que históricamente habitaban la zona en municipios de El Estor, Izabal y Panzós, Alta Verapaz (OIEG, 2021). La población continuó luchando por la recuperación de sus tierras en ciclos de ocupaciones, amenazas y desalojos violentos. Muchas tierras fueron recuperadas por el derecho ancestral, como es el caso de Sierra Santa Cruz.[3] La empresa afronta 29 conflictos de tierras de comunidades desalojadas a favor de la mina.

Desde el Gobierno de Álvaro Arzú (1996-1999) se reformó la ley de minería y esta permite a las mineras que únicamente reditúen el 1% de regalías al Estado. Con esto se favoreció la inversión minera trasnacional en el país. La Compañía Guatemalteca de Níquel S.A. -CGN- y sus componentes: el Proyecto Fénix y la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A., funcionan desde el año 2004, con una licencia otorgada en un área de 259.2065 km2 dentro de los municipios de Panzós, Senahú, Cahabón y El Estor. En octubre del año 2005 fue solicitada (SEXT-049-05) la licencia de explotación “Fénix” de níquel, hierro, cobalto, cromo y magnesio inicialmente para un área de 168.8315 km2.

En el 2006, durante el gobierno de Óscar Berger, el Ministerio de Energía renovó la licencia de explotación minera para 248 kilómetros cuadrados de tierra y montañas, bajo el nombre de Extracción Minera Fénix, número LEXT-049-05. El polígono otorgado abarca tres cuencas hidrográficas -Río Cahabón, Izabal-Río Dulce y Polochic- y es de 12 veces más el tamaño máximo para una licencia de explotación (20 km2), según el artículo 29 de la Ley de Minería. El polígono otorgado (OIEG, 2021).

Fuente: Observatorios de Industrias Extractivas

En el 2011, la trasnacional suiza de capital ruso Solway Investment Group, adquirió el proyecto Fénix por US$170 millones a través de la subsidiaria CGN. Solway es un grupo privado  de inversión internacional que se especializa en proyectos en los campos  minero y metalúrgico y su casa matriz está en Malta, al sur de Italia, con proyectos mineros en Guatemala, Argentina, Congo, Indonesia, Macedonia, Rusia y Ucrania.

Fuente: Observatorios de Industrias Extractivas

Durante su funcionamiento, el Proyecto Fénix y CGN han provocado graves conflictos agrarios, desalojos violentos, división y compra de liderazgo comunitario con el fin de ampliar el territorio de la explotación minera. El resultado ha sido de varias personas capturadas, desalojadas y muertas. El Estado ha favorecido la explotación minera imponiendo varios Estados de Sitio.

La mina tuvo que suspender operaciones a causa de un fallo de la Corte de Constitucionalidad -CC- en el 2019, quien amparó a la Asociación de Pescadores y a las Comunidades Indígenas de El Estor por la falta de realización de la Consulta de Buena Fe, previa, libre e informada. La CC le planteó al Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, la realización de una consulta “de buena fe” hacia los pueblos indígenas y esto se tergiversó en el año 2021, como se describe a continuación.

El acuerdo entre los demonios: Giammattei y los intereses rusos

Antes de partir al exilio, el ahora ex jefe de la Fiscalía Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, señaló que investigaba el caso que originó su destitución: el soborno de empresarios rusos al presidente, Alejandro Giammattei, a través del uso de dinero escondido en una alfombra que fue entregada en una reunión. Los rusos buscaban que se otorgara a la empresa Solway la concesión por 20 años de una porción de por lo menos 120 mil metros cuadrados terreno en el Puerto Santo Tomás, donde construir una terminal para transbordar hasta 4 millones de toneladas de graneles sólidos por año. Los mineros querían contar con un puerto privado para la exportación de los diferentes minerales que explotan en la zona. El proyecto fue rechazado finalmente por presiones del sindicato de la portuaria y ante el escándalo público por la revelación del caso de “la alfombra rusa” hacia el presidente.  Dentro de los participantes en la negociación se identificó a Julián Shocron, un argentino-israelí que se presenta como representante de Mayaniquel (Solano, 2021: 28).

Los oscuros intereses de Giammattei en los negocios con los empresarios rusos han sido evidentes además con el lesivo contrato de compra de las vacunas a ese mismo país, a un oneroso precio y las cuales no terminan de ser entregadas. Según se conoció del último convenio, tienen plazo hasta el 2023 para finalizar la entrega de los dos componentes de los inoculantes.

El amañamiento de la consulta

Uno de los actos más perversos cometidos en este proceso en El Estor ha sido el uso de mañas y trucos para tergiversar y simular una “consulta de buena fe”, con el propósito de que la mina continúe en operaciones, a costa de los derechos de los pueblos indígenas de la región.

En el año 2017, la Corte Suprema de Justicia -CSJ- amparó a las comunidades indígenas de El Estor por la falta de consulta y ordenó el cese de operaciones de la mina. Esta decisión no se respetó y por eso, en 2018, la Defensoría Q´eqchi´ presentó un amparo contra la CGN y pidió aclaraciones a la Corte de Constitucionalidad ante la violación la sentencia de las y los jueces de la CSJ. En el 2020, la CC dio lugar a un amparo presentado por las comunidades y por la Gremial de Pescadores Artesanales -GPA- porque se violó el derecho de consulta a las comunidades y ordenó un cronograma para realizar la misma, solicitando a la CSJ ser garante del proceso.  En el 2021, se da la resolución final de la CC a favor de las comunidades. [4]

La manipulación del proceso comenzó cuando la Municipalidad y el Ministerio de Energía y Minas excluyeron a las comunidades indígenas y representantes del liderazgo comunitario del proceso de consulta.  Las comunidades enviaron actas de su asamblea, nombrando delegados/as y los rechazaron, pero la Municipalidad dio un listado de un grupo pequeño, delegado por ellos.

Los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q´eqchi´ de El Estor

Al ser excluidas de la consulta, las autoridades indígenas, ya inscritas como comunidades indígenas, representantes de los Cuatro Consejos de Pueblos de El Estor, iniciaron un proceso de resistencia. El 4 de octubre comenzaron un plantón para no dejar circular los camiones que abastecían a la mina y que salían de ahí. La respuesta represiva fue brutal. Además de los ataques a la población, se impuso un Estado de Sitio y un Estado de Prevención que duraron casi dos meses. Se aplicó una política de terror, como en el conflicto armado interno: allanamientos en las casas de las autoridades, capturas ilegales, violencia contra mujeres.  La resistencia se desarticuló con el terror militar.

Mientras tanto, la consulta amañada siguió su rumbo. Oscar Pérez, viceministro de Desarrollo Sostenible del MEM, fue el encargado de dirigirla y decidió a dedo quiénes eran las autoridades ancestrales. Se hicieron cuatro eventos de la consulta, todo fue manipulado, en clara violación al mandato de la CC y del Convenio 169 de la OIT. El primero, fue en el lujoso hotel Amatique Bay en Puerto Barrios, cabecera del departamento, lejos de El Estor, llevaron a 20 supuestos representantes comunitarios, junto a diputados de Izabal, alcaldes y el gobernador. El segundo fue en San Juan Chamelco, Alta Verapaz, lejos de la zona de influencia de la mina y de las comunidades afectadas. El tercero en el Hotel Santa Cruz, en Río Hondo, Zacapa, también totalmente alejado de las comunidades, de sus representantes y de sus formas y procedimientos. Ahí movilizaron a supuestos representantes comunitarios. Finalmente, el último se dio en el Hotel Mansión del Rio, en el turístico Castillo de San Felipe, Lago de Izabal. Mientras duró el Estado de Sitio, en El Estor fue vedado el derecho de reunión, de manifestación, de emisión del pensamiento y se persiguió al liderazgo comunitario.

En enero de 2022, el ministro Alberto Pimentel del MEM, indicó que cerró la “consulta” y los resultados fueron a favor de la minería, con lo cual se otorgó a la CGN, nuevamente, el derecho a seguir operando sin ninguna consideración a los daños ambientales y a la violación a los derechos de los pueblos.  Se impuso el poder del extractivismo con terror, con el uso perverso de la fuerza y la simulación de una consulta, que a todas luces fue amañada. La Defensoría Q´eqchi´ de El Estor presentó una denuncia al Ministerio Público y una querella a la CSJ por lo viciado del proceso, pero, con la actual cooptación del sistema de justicia en Guatemala, no hubo respuesta.

Reflexiones finales

Para el pueblo Q´eqchi´ de El Estor, la lucha por la defensa de su territorio ancestral y por la Madre Tierra se ha tornado tan compleja como la batalla que Hunahpú e Ixbalanqué libraron contra los señores del Xibalbá.  Las empresas trasnacionales compran a los gobernantes de turno, utilizan el poder militar para generar terror y desalojar a la población de sus comunidades, con tal de generar la extracción minera.

El poder dominante se impone y en El Estor el gobierno corrupto de Alejandro Giammattei ha inaugurado una nueva estrategia para tergiversar los procesos de consulta comunitaria basadas en el Convenio 169 de la OIT. Con el uso del terror, compra de voluntades y artimañas legales y de participación, los gobiernos títeres del interés trasnacional imponen la continuidad del extractivismo.

Esto plantea un desafío mayúsculo de resistencia de los pueblos. El reto no es sólo del pueblo Q´eqchi´, sino de la humanidad completa: demandar el cese de proyectos extractivos a cielo abierto sobre los derechos de pueblos indígenas y construir un modelo de desarrollo acorde con el buen vivir. Urge la solidaridad internacional, el control de convencionalidad y la exigencia de responsabilidad social empresarial de las mineras.

Por la dignidad de los pueblos y la vida del Planeta, se reitera…¡No a la minería!

[1] La Corte de Constitucionalidad (CC) en el año 2015 amparó de forma definitiva a la autoridad ancestral y pobladores de comunidades q’eqchi’ de La Sierra Santa Cruz ubicada en El Estor y Livingston, Izabal, que reclaman la recuperación de tres fincas que les fueron despojadas al ser inscritas a nombre de particulares de manera irregular.

[2] Testimonios de población afectada por la palma, entrevistados por la autora en el 2017, para una investigación sobre la aplicación de las Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable de la Tierra, Pesca y Bosque de FAO.

[3] En el año 2015 la Corte de Constitucionalidad resuelve a favor de comunidades  Q´eqchi´  de tres fincas de Sierra Santa Cruz, entre El Estor y Livingston, Izabal, que fueron despojadas al ser inscritas de forma anómala por particulares.

[4] Entrevista personal con Robin Macloni, coordinador de la Defensoría Q´eqchi´ de El Estor, 18 de enero del 2021

*Socióloga, feminista, defensora de derechos humanos, investigadora y analista política.

Imagen: Prensa Comunitaria

Más información:

Encuentro Mesoamericano de comunidades frente a la palma aceitera

Compartimos este artiuclo publicado en el Boletín 259 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM sobre el encuentro de palma aceitera realizó en año pasado en el Centro Alter Natos en Chiapas – A 17 de diciembre del 2021

En Mesoamérica, la expansión de monocultivos de palma aceitera es una de las principales causas de deforestación. Un intercambio de experiencias reunió a representantes de comunidades indígenas y campesinas para analizar y debatir sobre las consecuencias de este monocultivo en comunidades y territorios así como para enlazar sus resistencias.

La palma aceitera avanza en Mesoamérica (territorio que abarca desde el sur de México a Panamá) disputando los territorios indígenas, campesinos y afrodescendientes por parte de la agroindustria, con saldos de despojo y violencia contra las comunidades, pérdida de la soberanía alimentaria, contaminación y pobreza. Aunque la resistencia de los pueblos ha logrado detener su avance en algunas regiones, su expansión sigue amenazando la vida de pueblos y comunidades.

En el proceso de expansión de la palma aceitera, respaldada por los gobiernos locales y nacionales, las empresas han realizado una cantidad de promesas (1) que nunca se concretan y que las comunidades organizadas han denunciado (2) a voces. En respuesta, las empresas crean estrategias de marketing para ocultar sus impactos en los territorios y para llegar con una imagen verde a quienes consumen el aceite de palma.

Es así que surgieron los ‘contratos’ o acuerdos con pequeños productores, las políticas de ‘responsabilidad social empresarial’ y la promoción de los ‘sellos verdes’ y ‘certificados’, como los que avala la RSPO (Mesa Redonda de Palma Sustentable). Nuevas estrategias para ocultar los impactos de siempre.

Por otro lado se vio en el cambio climático una nueva oportunidad de expansión. El uso del aceite de palma industrial, que originalmente era destinado a la industria cosmética y la elaboración de alimentos ultraprocesados, pasó a ser promovido además como agrocombustible, como materia prima para la producción de energía y las plantaciones como sumideros de carbono y como reforestación. Todo esto se ve reflejado en un aumento del área de territorios bajo monocultivos de palma, mientras las verdaderas causas del cambio climático, como el uso de combustibles fósiles, no son abordadas.

Esta es la realidad que viven muchos pueblos y comunidades en Mesoamérica. En Honduras existen más de 190.000 hectáreas sembradas de palma aceitera distribuidas en los departamentos de Cortés, Yoro, Atlántida y Colón. En Guatemala, las 171.000 hectáreas de palma aceitera se encuentran principalmente en las zonas del Petén, Ixcán, Escuintla y Huehuetenango. En México existen más de 90.000 hectáreas ubicadas principalmente en los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche.

Desde el desvío, contaminación y reducción de las fuentes de agua, la reproducción de animales que ponen en riesgo la salud de las personas, como serpientes venenosas, la deforestación y destrucción de espacios de vida, hasta la militarización de los territorios con fuerte presencia de grupos paramilitares bajo el manto de seguridad privada o la presencia de narcotraficantes, son parte de la constante violencia e imposición que sufren las comunidades cuando se instala la plama aceitera en sus territorios. Todo esto, y sobre todo en los lugares donde las comunidades organizadas resisten a esta invasión, ha generado violencia e intimidación sistemática de las y los defensores de la vida, quienes deben confrontar desde la criminalización a la desaparición y el asesinato.

Por tal motivo, a inicios de octubre de 2021, comunidades y organizaciones de Honduras, Guatemala y México se reunieron en San Cristóbal de las Casas, México, para compartir sus experiencias sobre el avance y consecuencias del monocultivo industrial de la palma aceitera. Se buscó además elaborar un diagnóstico de la región y esbozar estrategias comunes que les ayuden a enfrentar estos monocultivos.

A partir de este encuentro se crea la Red Mesoamericana Frente a la Palma Aceitera, la cual resume en la siguiente Declaración parte de las denuncias y reflexiones compartidas durante el encuentro:

Declaración de la Red Mesoamericana Frente a la Palma Aceitera

“En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, durante los días 4 al 7 de octubre de 2021 nos encontramos diversas organizaciones, redes, miembros y representantes de colectivos provenientes de Honduras, Guatemala, México, Uruguay y Ecuador, con el fin de compartir experiencias en torno a las plantaciones de palma de aceite, analizar, estudiar y debatir sobre las consecuencias de este monocultivo en nuestros territorios.

Las palma de aceite ha arribado a nuestros territorios bajo un modelo extractivo acelerado, agresivo y depredador. Los monocultivos de palma provocan la desaparición de las fuentes de agua, desvían ríos y desaparecen lugares sagrados de los pueblos originarios vinculados con el agua. Impactan en las cosmovisiones de los pueblos originarios. El monocultivo de palma viola los derechos laborales, genera esclavitud laboral. Destruye el tejido social. Se basa en la apropiación de territorios por parte de las empresas con violencia engaños, mentiras y falsas promesas, criminalización de la protesta social, en complicidad con el poder político.

Las plantaciones de palma provocan rompimiento de la soberanía alimentaria de los pueblos, acaban con los suelos, aceleran la deforestación, generan pobreza y dependencia, provocan sequías e incendios, destruyen el paisaje, generan fuertes problemas de salud en las poblaciones, despojo y desplazamiento, aceleran el cambio climático, y se acompañan con violencia, militarización y criminalización de los pueblos que reclaman derechos fundamentales. Las afectaciones de este modelo repercuten directamente a las mujeres, sumando sobre ellas la violencia física y sexual.

Por todo ello, los movimientos y organizaciones nos proponemos detener este Modelo Extractivo, generar alternativas locales y develar el falso discurso de que las plantaciones de palma de aceite son sustentables, que generan desarrollo, que reforestan y combaten el cambio climático, por una consciencia de que los monocultivos de palma no son bosques, sino megaproyectos de muerte que están destruyendo el planeta.

– Denunciamos la contaminación y pérdida de fuentes de agua, en particular las afectaciones al río Tulijá en México.

– Exigimos justicia para las comunidades del río Guapinol y para los asesinatos perpetrados en el Bajo Aguán en Honduras.

– Denunciamos la contaminación del río La Pasión por parte de la empresa [palmícola] REPSA en Guatemala.

– Rechazamos la persecución a la protesta social y a las comunidades defensoras y defensores de derechos que han sido asesinados, perseguidos, criminalizados, judicializados por parte del modelo de la agroindustria de la palma y nos solidarizamos con los defensores de la Comuna Barranquilla de San Javier, judicializados por la empresa Energy & Palma/La Fabril en Ecuador.

¡Las plantaciones no son bosques!
Por territorios libres de monocultivos de palma de aceite.”

Un grito por la vida

No podemos dejar de destacar que donde se instalan los monocultivos industriales de palma aceitera las mujeres ven afectadas sus vidas, ya sea como trabajadoras en las plantaciones o como habitantes de las comunidades aledañas. Una de las participantes de la reciente reunión en Chiapas, proveniente de Honduras, escribió un poema donde refleja los sentimientos y vivencias compartidos por las mujeres presentes en el encuentro.

“Te ofrecieron un futuro falso, una economía que no existe, te ilusionaron con una vida mejor, te hicieron creer que tener un bosque lleno de vida y oxígeno era malo, te vendieron un cuento que solo existe en la mente maligna de ellos, no te diste cuenta y entregaste todo a cambio de un futuro que no existe, te mintieron, te destruyeron poco a poco.

Ha pasado el tiempo y hoy los y las que crecimos en tu error nos dimos cuenta de lo que hiciste, de ese futuro que te vendieron que yo no vi y no existe. Te reprocho, pero no te culpo, por eso te digo, yo, nosotras y todas vamos a luchar por destruir este sistema así como ellos lo hicieron con ustedes. Vamos a recuperar lo que nos pertenece.

Esos bosques que nos quitaron volverán a ser de nosotras, volveremos a ver esos cultivos que nos llenan de vida, volveremos a ver esas mujeres llenas de valentía y fuertes, dándole vida a nuestras comunidades, la bella sonrisa de los y las niñas sin ser esclavos de nadie, siendo libres.

Diciendo NO a la palma aceitera, NO a la violencia, NO a quitarnos la vida. Y no solo por medio de una bala, sino quitándonos nuestras tierras y territorios, así también nos matan.

Porque esto no es forestación, sino deforestación.
Porque esto no es trabajo, es esclavitud.
Esto no es vida, es muerte.

Hoy alzamos la voz unidas y emponderadas, y decimos BASTA YA!”

(Por Flor Contreras Ulloa – ver video aquí) (3)

Desde diferentes puntos de Mesoamérica y de América Latina en general la resistencia crece, las comunidades organizadas se están conectando para que ese BASTA YA se escuche en todo el mundo, y que llegue a las comunidades en África y Asia que también se ven afectadas por este monocultivo. Pero, además, que se escuche entre quienes consumen el aceite de palma industrial, que se entienda que este destructivo modelo de plantaciones industriales nunca va a ser ni sustentable ni verde.

(1) “13 respuestas a 13 mentiras sobre los monocultivos de palma aceitera
(2) Plantaciones de palma aceitera (información y relatos sobre impactos y resistencias)
(3) Un grito por la vida

Imagen: Área de Comunicación Otros Mundos

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