Video: Encuentro Mesoamericano contra la Palma de Aceite I

Compartimos con ustedes este video sobre el Encuentro Mesoamericano contra la Palma de Aceite realizado durante octubre del año 2021

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, durante los días 3 al 6 de Octubre 2021 nos encontramos diversas organizaciones, redes, miembros y representantes de colectivos provenientes de Honduras, Guatemala, México,Uruguay y Ecuador, con el fin de compartir experiencias en torno a las plantaciones de palma de aceite, analizar, estudiar y debatir sobre las consecuencias de este monocultivo en nuestros territorios.

Conocimos como llego la palma de aceite a mesaomerica, cual es el contexto en algunap países, cuales son algunas de las estrategias para introducir la palma y cuales son las consecuencias del monocultivo de esta.

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El dilema de “La Encrucijada”: El lavado verde de la palma aceitera

Compartimos este reportaje especial publicado en Avispa Midia sobre la expansión de la palma de aceite en Chiapas – A 14 de marzo de 2022

Por Santiago Navarro F. y Aldo Santiago. para Avispa Midia y CONNECTAS

El cultivo de palma de aceite se expande agresivamente sobre Áreas Protegidas, como la Reserva de la Biosfera La Encrucijada. En esta región del Pacífico mexicano se han identificado, al menos, siete mil hectáreas ilegales de esta planta exótica que el gobierno y las empresas pretenden legalizar mediante la reducción de la Reserva y un certificado de sustentabilidad.

Uno de los mayores tesoros ambientales de México es la Reserva de la Biosfera La Encrucijada (REBIEN), que alberga un importante sistema de humedales, con manglares de hasta 35 metros de altura. Sin embargo, son amenazados por una enorme extensión de monocultivos de árboles de palma aceitera que contrastan con la diversidad de la vegetación.

La REBIEN se encuentra en la región costera del estado de Chiapas, al sureste de México. Fue creada el 6 de junio de 1995 mediante un decreto presidencial y está regulada por un Programa de Manejo publicado en 2000, el cual determina que en las áreas con vegetación de manglar está prohibido realizar cualquier tipo de actividades “que alteren el equilibrio ecológico”, salvo aquellas “de preservación de investigación científica, monitoreo, educación y capacitación, bajo una estricta normatividad y vigilancia”.

No obstante, durante las últimas décadas, el equilibrio ecológico de La Encrucijada ha sido alterado. “Adentro de la REBIEN hay más de 7 mil hectáreas de palma cultivadas”, se queja Juan Carlos Castro Hernández, actual director de la REBIEN, que forma parte de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp).

Avispa Midia solicitó a la Conanp el informe y las georreferencias de las plantaciones de palma aceitera registradas dentro de La Encrucijada. La institución entregó dos bases de datos que reportan la presencia de productores, así como palma dispersa en la Reserva.

Uno de los documentos, el Anexo Dirección Regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la Conanp, aunque no indica año de elaboración, registra que existen al menos 518 productores que cultivan palma dentro de la REBIEN.

Los datos que brinda son conservadores, pues no contienen el registro total de plantaciones de palma dentro de la Reserva, ya que a través de imágenes satelitales se pueden identificar cultivos de palma que no están incluidas en esta base de datos.

Por su parte, Matilde Rincón, gerente de paisaje México de Earthworm Foundation, confirma que han registrado 500 productores que cultivan unas 7 mil 700 hectáreas de palma dentro de La Encrucijada. Esta fundación trabaja con empresas y pequeños productores en Chiapas para promover la sustentabilidad de este cultivo. “El sesenta por ciento de ellos (productores en la Reserva) luchan por cumplir las normas de uso de la tierra del gobierno”, detalla en su plataforma web.

La proliferación de grandes plantaciones de palma al interior de la Reserva ha alertado a la Conanp desde 2014. De acuerdo con la institución, estos cultivos se han extendido sin un protocolo por más de 33 mil hectáreas en la zona de influencia de la REBIEN, hasta provocar la invasión de esta planta exótica hacia ecosistemas de manglares en las zonas núcleo.

La palma es tan invasiva que se deberían regular hasta las plantaciones que están afuera de la Reserva, “porque hay palma hasta en las orillas de los canales y la semilla tiene la capacidad de migrar, ya sea por las corrientes de agua, hipotéticamente también por fauna”, reconoce Castro, el director de la REBIEN.

Otro documento proporcionado por la Conanp es una base de datos denominada Registro de sitios de ubicación de palma africana en la REBIEN 2014, 2015 y 2016. Ahí aparece Agroindustrias de Mapastepec S.A. de C.V. (Agroimsa), una de las empresas que cultivan y procesan palma aceitera en la región, la cual forma parte de Industrias Olepalma S.A de C.V.

Estas mismas plantaciones vuelven a aparecer en otra base de datos cartográficos elaborada por la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés), que registra un área propiedad de Industrias Oleopalma, a través de su subsidiaria Palmicultores San Nicolás, S.P.R. de R.L.

Esta área se extiende desde la zona de amortiguamiento, en el municipio de Villa Comaltitlán, hacia el interior de una de las dos áreas de restricción, en la fracción que corresponde al municipio de Huixtla: la Zona Núcleo La Encrucijada; de acuerdo con el Programa de Manejo, esta zona corresponde a “las áreas mejor conservadas y de mayor valor desde el punto de vista ambiental, en donde prácticamente no pueden realizarse actividades humanas”.

Existe una empresa más en el registro de RSPO. Se trata de Oleosur S.A.P.I. de C.V., la cual, a través de su subsidiaria Plantaciones del Soconusco S.A.P.I de C.V, también cuenta con plantaciones de palma dentro de la zona de amortiguamiento de la REBIEN, en el municipio de Villa Comaltitlán, una de las regiones con mayor cantidad del monocultivo en la costa de Chiapas. Avispa Midia solicitó una entrevista con Industrias Oleopalma quien aseguró que enviarian una respuesta vía correo electrónico, la cual no llegó hasta el cierre de este reportaje. También se le pidió una entrevista a Oleosur y mencionaron que transmitirían la información para un directivo quien podría responder, lo cual no sucedió.

Por su parte, la investigadora Claudia Ramos Guillén, quien ha participado en estudios sobre las afectaciones de la palma aceitera en América y Asia, asevera que la comercialización de la palma cultivada al interior de la REBIEN merece “múltiples infracciones”.

El propio Decreto de creación de la REBIEN describe una de las violaciones a la ley. Puntualiza que cualquier explotación, extracción o aprovechamiento de recursos naturales a su interior solo podrá otorgarse conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Dicha norma prohíbe la introducción de especies exóticas invasoras en las áreas naturales protegidas, la alteración a los ecosistemas y, en zonas de amortiguamiento, no realizar actividades que amenacen la estructura natural de las poblaciones y ecosistemas.

Certificación verde

En un recorrido por la Reserva, Avispa Midia encontró que, en medio de cientos de plantaciones de palma, a orilla del río San Nicolás, se encuentra una procesadora de Oleopalma. Se trata de la primera planta que fundó esta empresa, en el año 2000, que está en el límite del área de influencia de la REBIEN.

Según la Federación Mexicana de Palmicultores (Femexpalma), las plantas procesadoras deben estar instaladas lo más próximo a las plantaciones, ya que el tiempo máximo para extraer el aceite es de tres días. En el país existen 18 instalaciones de procesamiento de la palma; Chiapas concentra 12 de ellas. Siete de ellas están establecidas en la región de influencia de La Encrucijada donde también se encuentra la procesadora de Oleopalma.

Esta empresa es relevante para el mercado actual de este producto ya que, en marzo de 2020, se convirtió en la primera empresa mexicana en recibir la certificación conforme a los criterios específicos de la RSPO, iniciativa que propone reducir los impactos negativos del cultivo de aceite de palma en el medio ambiente y las comunidades.

La certificación RSPO surgió en Suiza en 2004, bajo el liderazgo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), junto a financiadores como la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial, y empresas multinacionales que compran aceite de palma, como Cargill, Nestlé, Unilever, PepsiCo y Procter & Gamble, entre otras.

Sin embargo, la RSPO ha sido criticada a nivel global por no cumplir con lo que promete. En 2015, el informe La credibilidad del aceite de palma sostenible sigue siendo ilusoria, de la Agencia de Investigación Medioambiental (EIA, por sus siglas en inglés), reveló la existencia de evaluaciones fraudulentas generalizadas en la RSPO. Además, registró que, en plantaciones propiedad de sus miembros, se han permitido abusos laborales, tala de bosques, conflictos territoriales e incluso tráfico de personas. Para 2019, la EIA divulgó que la RSPO aún no había tomado medidas significativas para atender estos problemas.

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Imagen: Avispa Midia

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Guatemala: La lucha contra los señores del Xibalbá: despojos por la industria extractiva y defensa del territorio en El Estor, Izabal

Compartimos este artículo publicado en Prensa Comunitaria sobre la lucha por a vida y la resistencia a mega proyectos en Guatemala – A 7 de marzo de 2021

Por Carmen Reina*

Este artículo aborda las principales dinámicas de concentración de tierras y despojo/desposesión por acumulación (como señala David Harvey) que impulsa en El Estor la industria extractiva, en forma de minería a cielo abierto y la palma aceitera. También se analizan las resistencias comunitarias por la defensa del territorio, en un contexto tan adverso como el aumento de la militarización y represión, como se observó en el reciente Estado de Sitio a finales del año 2021.  Esto lleva al proceso de consulta y la manera en que el Ministerio de Energía y Minas -MEM- lo tergiversa con el fin de comprar y convencer a representantes nombrados a dedo, para favorecer las operaciones de la mina y otorgarle nuevamente el derecho de operaciones.

Estamos ante una lucha como la que, según el Popol Vuh, libro sagrado de los K´iche’, entablaron los jóvenes Hunahpú e Ixbalanqué contra los Señores del Xibalbá –que generaban torturas y castigos a las almas de los muertos- venciéndolos a base de astucia e ingeniosos retos. Por eso, a nivel de colofón se plantearán los desafíos para las comunidades Q´eqchi´ y algunas propuestas que a nivel internacional pueden impulsarse para acuerpar la defensa del territorio de este pueblo.

El despojo histórico y la desigual concentración de la tierra

La historia de Guatemala como país y Estado está configurada por un proceso histórico de despojos de tierras de los pueblos originarios.  Previo a la invasión colonial, las tierras eran de propiedad comunal, a partir de los linajes de los pueblos mayas. A partir de la conquista y colonización, se puede hablar de cinco ciclos de despojo histórico de tierras, que se han recrudecido en la región del Polochic y en El Estor:

Después de los despojos en la Colonia, la acumulación y concentración de tierras para la introducción del café a partir de la Reforma Liberal de 1871 y la reconcentración de tierras para la bananera norteamericana en los años 1930 a 1940, en Guatemala se vive otro ciclo de despojo con la contrarreforma agraria desde 1954 y la imposición de proyectos militares que se vincularon a intereses extractivos en los años 1970 a 1980.  Finalmente, en la actualidad se impulsa un nuevo ciclo de despojo, que se vincula a la lógica de la “acumulación por desposesión” a la cual hace referencia David Harvey (2005), a partir de la forma vigente del capital. Se trata del despojo de tierras de pueblos indígenas para la explotación minera, hidroeléctricas, el monocultivo de palma aceitera, caña de azúcar, y la infraestructura requerida para el transporte de estas mercancías.  En esta etapa se articulan formas represivas estatales para normalizar y legalizar las dinámicas de desposesión a favor de empresas trasnacionales.

Como resultado de todo ello, Guatemala es un país en el que existe una gran concentración de tierra cultivable en pocas manos, ya que el 57% de la tierra cultivable la tiene el 2% de los propietarios, con tierras de 32 a 50 caballerías. El último censo agropecuario establece que la mayoría de población campesina apenas posee entre 1 y 10 manzanas de tierra.  En Guatemala, la contradicción fundamental de la tenencia de la tierra es entre el latifundio y el minifundio.

En el caso del territorio del Polochic y El Estor, esta desigualdad es aún mayor, ya que ha sido históricamente botín de despojo, con la llegada de los alemanes y belgas para la siembra del café, luego ganado; la implantación del azúcar con el Ingenio Chawil Utzaj (ya cerrado) y en la actualidad, con la extensión de la palma aceitera, licencias mineras, ganado, explotación petrolera y la presencia del crimen organizado.

Otro elemento sustantivo de señalar es la exclusión histórica de tierras para las mujeres a causa del patriarcado. Ellas han sido quienes se han relacionado con el cuidado de las semillas criollas, el cultivo de huertos de traspatio y ganado menor, además de las tareas domésticas. La inequidad atraviesa a madres solas, a mujeres que se quedan al cuidado de la familia cuando los esposos migran; las mujeres conservan la tierra mucho más frente a las ofertas o presiones de las empresas extractivas.

Las amenazas al territorio en la región del Polochic y El Estor

Históricamente la región del Polochic y de El Estor han sido parte de las disputas de los diferentes ciclos de capital en Guatemala, especialmente en la forma de extractivismo pues han existido ciclos y procesos específicos de invasión y despojo de tierras. Durante años lo central fue el enclave de alemanes y otros extranjeros en torno a concentrar las tierras y despojarlas a los indígenas para el cultivo de café. Luego, ya en los años de 1970, con el impulso del proyecto contrainsurgente y de la megacarretera de la Franja Transversal del Norte, surgen otro tipo de intereses de capital que pasamos a ver.

Con la definición de áreas protegidas de ciertas zonas consideradas como reserva de bosques y otros bienes naturales, diversos territorios han sido privatizados y concesionados a ONG o entidades. Las declaraciones como áreas protegidas se dieron en los años de 1990, cuando ya existían previamente decenas de comunidades asentadas en estas zonas, lo cual significó básicamente, que fueran expulsadas y despojadas. Un ejemplo son las alrededor de 62 comunidades que estaban asentadas en lo que ahora es la Sierra de las Minas. Estas comunidades se ubicaron ahí luego de ser desalojadas por los finqueros cafetaleros, los militares y por la represión del Conflicto Armado Interno. Han trabajado la tierra, pero no tienen la opción de regularizar su tenencia en esta zona. Han sido criminalizadas, ya que además de intereses de ONG, también existe la industria extractiva de jade (Hurtado, 2008). La recuperación de las tierras ancestrales en Sierra de Santa Cruz, a partir de un litigio estratégico, es un caso excepcional. [1]

Además, los abundantes ríos de la región del Polochic han sido presa de hidroeléctricas privadas, que venden la electricidad al Estado, no para surtir energía rural, sino para el sistema nacional e incluso para la exportación. Para impulsarlas han provocado desalojos violentos y criminalización de campesinos, tal como es el caso de las hidroeléctricas Renace II sobre el Río Cahabón, entre Cobán y Lanquín; Oxec I y II en el Río Cahabón y Tres Ríos en Lanquín, Hidro Esmeralda en Tucurú, entre otras.

Guatemala se está convirtiendo en un gran productor de palma aceitera, un monocultivo altamente contaminante. En particular, Naturaceites de la familia Maegli Novella, del Grupo Tecun, se ha extendido por todo el Valle del Polochic y por el Estor. Los métodos de “compra” de tierras para la palma pasan por la presión, extorsión, hasta amenazas como: “si no vendés, negociamos con la viuda”.[2]

A esto se suman las concesiones petroleras en el área del Valle del Polochic y en Izabal, las cuales se encuentran en fase de exploración.

La extracción de níquel en El Estor

La historia de la minería de Níquel tiene una sombra permanente de abusos, desalojos y despojos de la población, en contubernio con los Gobiernos de turno.  Se remonta a la década de 1970, cuando se crea la empresa “Exploraciones y Explotaciones Mineras de Izabal -EXMIBAL-”, en el contexto  de un proyecto militar en la zona y en una presidencia que favoreció la reducción de impuestos a la actividad minera. EXMIBAL se retira en 1983 por diversas razones, que incluyeron la caída de precios del níquel y la presencia de acción guerrillera en la zona. El Ejército custodiaba las instalaciones.  Pero había algo perverso detrás: la mina ocupaba tierras de una finca nacional que se le otorgó luego de desalojar a decenas de comunidades Q´eqchi´, que históricamente habitaban la zona en municipios de El Estor, Izabal y Panzós, Alta Verapaz (OIEG, 2021). La población continuó luchando por la recuperación de sus tierras en ciclos de ocupaciones, amenazas y desalojos violentos. Muchas tierras fueron recuperadas por el derecho ancestral, como es el caso de Sierra Santa Cruz.[3] La empresa afronta 29 conflictos de tierras de comunidades desalojadas a favor de la mina.

Desde el Gobierno de Álvaro Arzú (1996-1999) se reformó la ley de minería y esta permite a las mineras que únicamente reditúen el 1% de regalías al Estado. Con esto se favoreció la inversión minera trasnacional en el país. La Compañía Guatemalteca de Níquel S.A. -CGN- y sus componentes: el Proyecto Fénix y la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A., funcionan desde el año 2004, con una licencia otorgada en un área de 259.2065 km2 dentro de los municipios de Panzós, Senahú, Cahabón y El Estor. En octubre del año 2005 fue solicitada (SEXT-049-05) la licencia de explotación “Fénix” de níquel, hierro, cobalto, cromo y magnesio inicialmente para un área de 168.8315 km2.

En el 2006, durante el gobierno de Óscar Berger, el Ministerio de Energía renovó la licencia de explotación minera para 248 kilómetros cuadrados de tierra y montañas, bajo el nombre de Extracción Minera Fénix, número LEXT-049-05. El polígono otorgado abarca tres cuencas hidrográficas -Río Cahabón, Izabal-Río Dulce y Polochic- y es de 12 veces más el tamaño máximo para una licencia de explotación (20 km2), según el artículo 29 de la Ley de Minería. El polígono otorgado (OIEG, 2021).

Fuente: Observatorios de Industrias Extractivas

En el 2011, la trasnacional suiza de capital ruso Solway Investment Group, adquirió el proyecto Fénix por US$170 millones a través de la subsidiaria CGN. Solway es un grupo privado  de inversión internacional que se especializa en proyectos en los campos  minero y metalúrgico y su casa matriz está en Malta, al sur de Italia, con proyectos mineros en Guatemala, Argentina, Congo, Indonesia, Macedonia, Rusia y Ucrania.

Fuente: Observatorios de Industrias Extractivas

Durante su funcionamiento, el Proyecto Fénix y CGN han provocado graves conflictos agrarios, desalojos violentos, división y compra de liderazgo comunitario con el fin de ampliar el territorio de la explotación minera. El resultado ha sido de varias personas capturadas, desalojadas y muertas. El Estado ha favorecido la explotación minera imponiendo varios Estados de Sitio.

La mina tuvo que suspender operaciones a causa de un fallo de la Corte de Constitucionalidad -CC- en el 2019, quien amparó a la Asociación de Pescadores y a las Comunidades Indígenas de El Estor por la falta de realización de la Consulta de Buena Fe, previa, libre e informada. La CC le planteó al Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, la realización de una consulta “de buena fe” hacia los pueblos indígenas y esto se tergiversó en el año 2021, como se describe a continuación.

El acuerdo entre los demonios: Giammattei y los intereses rusos

Antes de partir al exilio, el ahora ex jefe de la Fiscalía Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, señaló que investigaba el caso que originó su destitución: el soborno de empresarios rusos al presidente, Alejandro Giammattei, a través del uso de dinero escondido en una alfombra que fue entregada en una reunión. Los rusos buscaban que se otorgara a la empresa Solway la concesión por 20 años de una porción de por lo menos 120 mil metros cuadrados terreno en el Puerto Santo Tomás, donde construir una terminal para transbordar hasta 4 millones de toneladas de graneles sólidos por año. Los mineros querían contar con un puerto privado para la exportación de los diferentes minerales que explotan en la zona. El proyecto fue rechazado finalmente por presiones del sindicato de la portuaria y ante el escándalo público por la revelación del caso de “la alfombra rusa” hacia el presidente.  Dentro de los participantes en la negociación se identificó a Julián Shocron, un argentino-israelí que se presenta como representante de Mayaniquel (Solano, 2021: 28).

Los oscuros intereses de Giammattei en los negocios con los empresarios rusos han sido evidentes además con el lesivo contrato de compra de las vacunas a ese mismo país, a un oneroso precio y las cuales no terminan de ser entregadas. Según se conoció del último convenio, tienen plazo hasta el 2023 para finalizar la entrega de los dos componentes de los inoculantes.

El amañamiento de la consulta

Uno de los actos más perversos cometidos en este proceso en El Estor ha sido el uso de mañas y trucos para tergiversar y simular una “consulta de buena fe”, con el propósito de que la mina continúe en operaciones, a costa de los derechos de los pueblos indígenas de la región.

En el año 2017, la Corte Suprema de Justicia -CSJ- amparó a las comunidades indígenas de El Estor por la falta de consulta y ordenó el cese de operaciones de la mina. Esta decisión no se respetó y por eso, en 2018, la Defensoría Q´eqchi´ presentó un amparo contra la CGN y pidió aclaraciones a la Corte de Constitucionalidad ante la violación la sentencia de las y los jueces de la CSJ. En el 2020, la CC dio lugar a un amparo presentado por las comunidades y por la Gremial de Pescadores Artesanales -GPA- porque se violó el derecho de consulta a las comunidades y ordenó un cronograma para realizar la misma, solicitando a la CSJ ser garante del proceso.  En el 2021, se da la resolución final de la CC a favor de las comunidades. [4]

La manipulación del proceso comenzó cuando la Municipalidad y el Ministerio de Energía y Minas excluyeron a las comunidades indígenas y representantes del liderazgo comunitario del proceso de consulta.  Las comunidades enviaron actas de su asamblea, nombrando delegados/as y los rechazaron, pero la Municipalidad dio un listado de un grupo pequeño, delegado por ellos.

Los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q´eqchi´ de El Estor

Al ser excluidas de la consulta, las autoridades indígenas, ya inscritas como comunidades indígenas, representantes de los Cuatro Consejos de Pueblos de El Estor, iniciaron un proceso de resistencia. El 4 de octubre comenzaron un plantón para no dejar circular los camiones que abastecían a la mina y que salían de ahí. La respuesta represiva fue brutal. Además de los ataques a la población, se impuso un Estado de Sitio y un Estado de Prevención que duraron casi dos meses. Se aplicó una política de terror, como en el conflicto armado interno: allanamientos en las casas de las autoridades, capturas ilegales, violencia contra mujeres.  La resistencia se desarticuló con el terror militar.

Mientras tanto, la consulta amañada siguió su rumbo. Oscar Pérez, viceministro de Desarrollo Sostenible del MEM, fue el encargado de dirigirla y decidió a dedo quiénes eran las autoridades ancestrales. Se hicieron cuatro eventos de la consulta, todo fue manipulado, en clara violación al mandato de la CC y del Convenio 169 de la OIT. El primero, fue en el lujoso hotel Amatique Bay en Puerto Barrios, cabecera del departamento, lejos de El Estor, llevaron a 20 supuestos representantes comunitarios, junto a diputados de Izabal, alcaldes y el gobernador. El segundo fue en San Juan Chamelco, Alta Verapaz, lejos de la zona de influencia de la mina y de las comunidades afectadas. El tercero en el Hotel Santa Cruz, en Río Hondo, Zacapa, también totalmente alejado de las comunidades, de sus representantes y de sus formas y procedimientos. Ahí movilizaron a supuestos representantes comunitarios. Finalmente, el último se dio en el Hotel Mansión del Rio, en el turístico Castillo de San Felipe, Lago de Izabal. Mientras duró el Estado de Sitio, en El Estor fue vedado el derecho de reunión, de manifestación, de emisión del pensamiento y se persiguió al liderazgo comunitario.

En enero de 2022, el ministro Alberto Pimentel del MEM, indicó que cerró la “consulta” y los resultados fueron a favor de la minería, con lo cual se otorgó a la CGN, nuevamente, el derecho a seguir operando sin ninguna consideración a los daños ambientales y a la violación a los derechos de los pueblos.  Se impuso el poder del extractivismo con terror, con el uso perverso de la fuerza y la simulación de una consulta, que a todas luces fue amañada. La Defensoría Q´eqchi´ de El Estor presentó una denuncia al Ministerio Público y una querella a la CSJ por lo viciado del proceso, pero, con la actual cooptación del sistema de justicia en Guatemala, no hubo respuesta.

Reflexiones finales

Para el pueblo Q´eqchi´ de El Estor, la lucha por la defensa de su territorio ancestral y por la Madre Tierra se ha tornado tan compleja como la batalla que Hunahpú e Ixbalanqué libraron contra los señores del Xibalbá.  Las empresas trasnacionales compran a los gobernantes de turno, utilizan el poder militar para generar terror y desalojar a la población de sus comunidades, con tal de generar la extracción minera.

El poder dominante se impone y en El Estor el gobierno corrupto de Alejandro Giammattei ha inaugurado una nueva estrategia para tergiversar los procesos de consulta comunitaria basadas en el Convenio 169 de la OIT. Con el uso del terror, compra de voluntades y artimañas legales y de participación, los gobiernos títeres del interés trasnacional imponen la continuidad del extractivismo.

Esto plantea un desafío mayúsculo de resistencia de los pueblos. El reto no es sólo del pueblo Q´eqchi´, sino de la humanidad completa: demandar el cese de proyectos extractivos a cielo abierto sobre los derechos de pueblos indígenas y construir un modelo de desarrollo acorde con el buen vivir. Urge la solidaridad internacional, el control de convencionalidad y la exigencia de responsabilidad social empresarial de las mineras.

Por la dignidad de los pueblos y la vida del Planeta, se reitera…¡No a la minería!

[1] La Corte de Constitucionalidad (CC) en el año 2015 amparó de forma definitiva a la autoridad ancestral y pobladores de comunidades q’eqchi’ de La Sierra Santa Cruz ubicada en El Estor y Livingston, Izabal, que reclaman la recuperación de tres fincas que les fueron despojadas al ser inscritas a nombre de particulares de manera irregular.

[2] Testimonios de población afectada por la palma, entrevistados por la autora en el 2017, para una investigación sobre la aplicación de las Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable de la Tierra, Pesca y Bosque de FAO.

[3] En el año 2015 la Corte de Constitucionalidad resuelve a favor de comunidades  Q´eqchi´  de tres fincas de Sierra Santa Cruz, entre El Estor y Livingston, Izabal, que fueron despojadas al ser inscritas de forma anómala por particulares.

[4] Entrevista personal con Robin Macloni, coordinador de la Defensoría Q´eqchi´ de El Estor, 18 de enero del 2021

*Socióloga, feminista, defensora de derechos humanos, investigadora y analista política.

Imagen: Prensa Comunitaria

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Encuentro Mesoamericano de comunidades frente a la palma aceitera

Compartimos este artiuclo publicado en el Boletín 259 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM sobre el encuentro de palma aceitera realizó en año pasado en el Centro Alter Natos en Chiapas – A 17 de diciembre del 2021

En Mesoamérica, la expansión de monocultivos de palma aceitera es una de las principales causas de deforestación. Un intercambio de experiencias reunió a representantes de comunidades indígenas y campesinas para analizar y debatir sobre las consecuencias de este monocultivo en comunidades y territorios así como para enlazar sus resistencias.

La palma aceitera avanza en Mesoamérica (territorio que abarca desde el sur de México a Panamá) disputando los territorios indígenas, campesinos y afrodescendientes por parte de la agroindustria, con saldos de despojo y violencia contra las comunidades, pérdida de la soberanía alimentaria, contaminación y pobreza. Aunque la resistencia de los pueblos ha logrado detener su avance en algunas regiones, su expansión sigue amenazando la vida de pueblos y comunidades.

En el proceso de expansión de la palma aceitera, respaldada por los gobiernos locales y nacionales, las empresas han realizado una cantidad de promesas (1) que nunca se concretan y que las comunidades organizadas han denunciado (2) a voces. En respuesta, las empresas crean estrategias de marketing para ocultar sus impactos en los territorios y para llegar con una imagen verde a quienes consumen el aceite de palma.

Es así que surgieron los ‘contratos’ o acuerdos con pequeños productores, las políticas de ‘responsabilidad social empresarial’ y la promoción de los ‘sellos verdes’ y ‘certificados’, como los que avala la RSPO (Mesa Redonda de Palma Sustentable). Nuevas estrategias para ocultar los impactos de siempre.

Por otro lado se vio en el cambio climático una nueva oportunidad de expansión. El uso del aceite de palma industrial, que originalmente era destinado a la industria cosmética y la elaboración de alimentos ultraprocesados, pasó a ser promovido además como agrocombustible, como materia prima para la producción de energía y las plantaciones como sumideros de carbono y como reforestación. Todo esto se ve reflejado en un aumento del área de territorios bajo monocultivos de palma, mientras las verdaderas causas del cambio climático, como el uso de combustibles fósiles, no son abordadas.

Esta es la realidad que viven muchos pueblos y comunidades en Mesoamérica. En Honduras existen más de 190.000 hectáreas sembradas de palma aceitera distribuidas en los departamentos de Cortés, Yoro, Atlántida y Colón. En Guatemala, las 171.000 hectáreas de palma aceitera se encuentran principalmente en las zonas del Petén, Ixcán, Escuintla y Huehuetenango. En México existen más de 90.000 hectáreas ubicadas principalmente en los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche.

Desde el desvío, contaminación y reducción de las fuentes de agua, la reproducción de animales que ponen en riesgo la salud de las personas, como serpientes venenosas, la deforestación y destrucción de espacios de vida, hasta la militarización de los territorios con fuerte presencia de grupos paramilitares bajo el manto de seguridad privada o la presencia de narcotraficantes, son parte de la constante violencia e imposición que sufren las comunidades cuando se instala la plama aceitera en sus territorios. Todo esto, y sobre todo en los lugares donde las comunidades organizadas resisten a esta invasión, ha generado violencia e intimidación sistemática de las y los defensores de la vida, quienes deben confrontar desde la criminalización a la desaparición y el asesinato.

Por tal motivo, a inicios de octubre de 2021, comunidades y organizaciones de Honduras, Guatemala y México se reunieron en San Cristóbal de las Casas, México, para compartir sus experiencias sobre el avance y consecuencias del monocultivo industrial de la palma aceitera. Se buscó además elaborar un diagnóstico de la región y esbozar estrategias comunes que les ayuden a enfrentar estos monocultivos.

A partir de este encuentro se crea la Red Mesoamericana Frente a la Palma Aceitera, la cual resume en la siguiente Declaración parte de las denuncias y reflexiones compartidas durante el encuentro:

Declaración de la Red Mesoamericana Frente a la Palma Aceitera

“En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, durante los días 4 al 7 de octubre de 2021 nos encontramos diversas organizaciones, redes, miembros y representantes de colectivos provenientes de Honduras, Guatemala, México, Uruguay y Ecuador, con el fin de compartir experiencias en torno a las plantaciones de palma de aceite, analizar, estudiar y debatir sobre las consecuencias de este monocultivo en nuestros territorios.

Las palma de aceite ha arribado a nuestros territorios bajo un modelo extractivo acelerado, agresivo y depredador. Los monocultivos de palma provocan la desaparición de las fuentes de agua, desvían ríos y desaparecen lugares sagrados de los pueblos originarios vinculados con el agua. Impactan en las cosmovisiones de los pueblos originarios. El monocultivo de palma viola los derechos laborales, genera esclavitud laboral. Destruye el tejido social. Se basa en la apropiación de territorios por parte de las empresas con violencia engaños, mentiras y falsas promesas, criminalización de la protesta social, en complicidad con el poder político.

Las plantaciones de palma provocan rompimiento de la soberanía alimentaria de los pueblos, acaban con los suelos, aceleran la deforestación, generan pobreza y dependencia, provocan sequías e incendios, destruyen el paisaje, generan fuertes problemas de salud en las poblaciones, despojo y desplazamiento, aceleran el cambio climático, y se acompañan con violencia, militarización y criminalización de los pueblos que reclaman derechos fundamentales. Las afectaciones de este modelo repercuten directamente a las mujeres, sumando sobre ellas la violencia física y sexual.

Por todo ello, los movimientos y organizaciones nos proponemos detener este Modelo Extractivo, generar alternativas locales y develar el falso discurso de que las plantaciones de palma de aceite son sustentables, que generan desarrollo, que reforestan y combaten el cambio climático, por una consciencia de que los monocultivos de palma no son bosques, sino megaproyectos de muerte que están destruyendo el planeta.

– Denunciamos la contaminación y pérdida de fuentes de agua, en particular las afectaciones al río Tulijá en México.

– Exigimos justicia para las comunidades del río Guapinol y para los asesinatos perpetrados en el Bajo Aguán en Honduras.

– Denunciamos la contaminación del río La Pasión por parte de la empresa [palmícola] REPSA en Guatemala.

– Rechazamos la persecución a la protesta social y a las comunidades defensoras y defensores de derechos que han sido asesinados, perseguidos, criminalizados, judicializados por parte del modelo de la agroindustria de la palma y nos solidarizamos con los defensores de la Comuna Barranquilla de San Javier, judicializados por la empresa Energy & Palma/La Fabril en Ecuador.

¡Las plantaciones no son bosques!
Por territorios libres de monocultivos de palma de aceite.”

Un grito por la vida

No podemos dejar de destacar que donde se instalan los monocultivos industriales de palma aceitera las mujeres ven afectadas sus vidas, ya sea como trabajadoras en las plantaciones o como habitantes de las comunidades aledañas. Una de las participantes de la reciente reunión en Chiapas, proveniente de Honduras, escribió un poema donde refleja los sentimientos y vivencias compartidos por las mujeres presentes en el encuentro.

“Te ofrecieron un futuro falso, una economía que no existe, te ilusionaron con una vida mejor, te hicieron creer que tener un bosque lleno de vida y oxígeno era malo, te vendieron un cuento que solo existe en la mente maligna de ellos, no te diste cuenta y entregaste todo a cambio de un futuro que no existe, te mintieron, te destruyeron poco a poco.

Ha pasado el tiempo y hoy los y las que crecimos en tu error nos dimos cuenta de lo que hiciste, de ese futuro que te vendieron que yo no vi y no existe. Te reprocho, pero no te culpo, por eso te digo, yo, nosotras y todas vamos a luchar por destruir este sistema así como ellos lo hicieron con ustedes. Vamos a recuperar lo que nos pertenece.

Esos bosques que nos quitaron volverán a ser de nosotras, volveremos a ver esos cultivos que nos llenan de vida, volveremos a ver esas mujeres llenas de valentía y fuertes, dándole vida a nuestras comunidades, la bella sonrisa de los y las niñas sin ser esclavos de nadie, siendo libres.

Diciendo NO a la palma aceitera, NO a la violencia, NO a quitarnos la vida. Y no solo por medio de una bala, sino quitándonos nuestras tierras y territorios, así también nos matan.

Porque esto no es forestación, sino deforestación.
Porque esto no es trabajo, es esclavitud.
Esto no es vida, es muerte.

Hoy alzamos la voz unidas y emponderadas, y decimos BASTA YA!”

(Por Flor Contreras Ulloa – ver video aquí) (3)

Desde diferentes puntos de Mesoamérica y de América Latina en general la resistencia crece, las comunidades organizadas se están conectando para que ese BASTA YA se escuche en todo el mundo, y que llegue a las comunidades en África y Asia que también se ven afectadas por este monocultivo. Pero, además, que se escuche entre quienes consumen el aceite de palma industrial, que se entienda que este destructivo modelo de plantaciones industriales nunca va a ser ni sustentable ni verde.

(1) “13 respuestas a 13 mentiras sobre los monocultivos de palma aceitera
(2) Plantaciones de palma aceitera (información y relatos sobre impactos y resistencias)
(3) Un grito por la vida

Imagen: Área de Comunicación Otros Mundos

Más información:

Exigen cerrar fábricas de aceite de palma en Chiapas

Compartimos esta nota de La Jornada sobre la industria del monocultivo de palma de aceite en Chiapas – A 4 de diciembre del 2021

Jóvenes indígenas de diversas comunidades del municipio Benemérito de las Américas, Chiapas, exigió a las autoridades locales y federales que ordenen el cierre de las fábricas de aceite de palma africana ubicadas en la zona, debido a los daños ecológicos que genera la producción de dicho compuesto.

En una carta dirigida a varias instancias de gobierno, aseguraron que tanto las personas como el entorno natural de la región están siendo afectados “por las emisiones líquidas, sólidas y gaseosas de las plantas extractoras de aceite de palma”.

Uno de los daños provocados por dicha actividad industrial, señalaron los habitantes de pueblos como Benemérito, San José, La Unión, Arroyo las Delicias y Quiringuicharo, es la contaminación que generan los residuos de la planta en los mantos acuíferos que se utilizan para el riego de sembradíos y la bebida de los animales.

También aseguraron que la presencia de la mencionada especie “ha provocado la infertilidad de la tierra, por lo que si una persona quisiera cambiar la palma por plantar arroz, maíz o frijol, sería muy difícil, porque el suelo ya está muy desgastado por la palma africana, que utiliza grandes cantidades de agua y cuyas raíces son difíciles de desterrar”. Un efecto más de esas emisiones industriales es la pérdida de la calidad y el sabor del pasto que come el hato ganadero, así como afectaciones a la salud de las personas que consumen su carne, como fuertes dolores de cabeza, náuseas y mareos.

Los inconformes exigieron que la información de las actividades de las plantas extractoras “sea compartida con el resto de la población” para saber si cumplieron o no con la Manifestación de Impacto Ambiental y si informaron a la población sobre las consecuencias que podían tener sus labores.

De igual forma, exigieron el cierre inmediato de las fábricas y la reparación del ecosistema, así como atención médica para la población afectada y el cese inmediato de la deforestación causada por esta industria.

Imagen: Moisés Zúñiga

Más información:

Declaración de la Red Mesoamericana Frente a la Palma Aceitera

Pronunciamiento del Encuentro Mesoamericano contra la Palma Aceitera – A 6 de octubre de 2021 >>Descargar en comunicado en pdf<<

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, durante los días 3 al 6 de Octubre 2021 nos encontramos diversas organizaciones, redes, miembros y representantes de colectivos provenientes de Honduras, Guatemala, México,Uruguay y Ecuador, con el fin de compartir experiencias en torno a las plantaciones de palma de aceite, analizar, estudiar y debatir sobre las consecuencias de este monocultivo en nuestros territorios.

Las palma de aceite ha arribado a nuestros territorios bajo un modelo extractivo acelerado, agresivo y depredador. Los monocultivos de palma provocan la desaparición de las fuentes de agua, desvían ríos y desaparecen lugares sagrados de los pueblos originarios vinculados con el agua. Impactan en las cosmovisiones de los pueblos originarios. El monocultivo de palma viola los derechos laborales, genera esclavitud laboral. Destruye el tejido social. Se basa en la apropiación de territorios por parte de las empresas con violencia engaños, mentiras, y falsas promesas, criminalización de la protesta social, en complicidad con el poder político.

Las plantaciones de palma provocan rompimiento de la soberanía alimentaria de los pueblos, acaban con los suelos, aceleran la deforestación, generan pobreza y dependencia, provocan sequías e incendios, destruyen el paisaje, generan fuertes problemas de salud en las poblaciones, despojo y desplazamiento, aceleran el cambio climático, y se acompañan con violencia, militarización y criminalización de los pueblos que reclaman derechos fundamentales. Las afectaciones de este modelo repercuten directamente a las mujeres, sumando sobre ellas, la violencia física y sexual.

Por todo ello, los movimientos y organizaciones nos proponemos detener este Modelo Extractivo, generar alternativas locales y develar el falso discurso de que las plantaciones de palma de aceite, son sustentables, que generan desarrollo, que reforestan y combaten el cambio climático, por una consciencia de que los monocultivos de palma, no son bosques, sino megaproyectos de muerte que están destruyendo el planeta.

  • Denunciamos la contaminación y perdida de fuentes de agua, en particular las afectaciones al río Tulijá en México
  • Exigimos justicia para las comunidades del rio Guapinol y para los asesinatos pepetrados en el Bajo Aguan en Honduras
  • Denunciamos la contaminación del rio la pasión por parte de la empres REPSA en guatemala
  • Rechazamos la persecución a la protesta social y a las comunidades defensoras y defensores de derechos que han sido asesinados, perseguidos, criminalizados, judicializados por parte del modelo de la agroindustria de la palma, y nos solidarizamos con los defensores de la Comuna
  • Barranquilla de San Javier, judicializados por la empres Energy y Palma/La Fabril en Ecuador.

¡LAS PLANTACIONES NO SON BOSQUES!
POR TERRITORIOS LIBRES DE MONOCULTIVOS DE PALMA DE ACEITE

Atentamente:

RED MESOAMERICANA FRENTE A LA PALMA ACEITERA

Honduras:
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
Guatemala:
Consejo de Pueblos Wuxhtaj (Hermanos)
México:
Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Otros Mundos AC/Chiapas
Organización Yashalum Santiago Aposte A.C
Ejido Acambak
Zoques por la Defensa de la Vida y el Territorio (ZODEVITE)
Defensoras de Nasakobajk
Centro de Lengua y Cultura Zoque
Mujeres, Organización y Territorios MOOTS
CAL Naturaleza y Esperanza por un Territorio Digno
El Puente ES
Ecuador:
Acción Ecológica
Internacional:
Salva la Selva
Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM)
Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Arboles (RECOMA)

>>Descargar en comunicado en pdf<<

Imagen: Foto grupal del Encuentro Mesoamericano contra la Palma de Aceite

Más información:

La invasión de la palma africana en la Selva Lacandona

Compartimos esta investigación especial de Mongabay sobre el avance y los impactos de la Palma africana en Chiapas- A 13 de febrero 2020

Las condiciones climáticas del sureste mexicano propician la expansión del cultivo de la palma, provocando la deforestación de la Selva Lacandona, en Chiapas, uno de los territorios emblemáticos para la conservación en México

En Boca de Chajul, una pequeña comunidad del municipio de Marqués de Comillas, en Chiapas, Rafael Lombera ha visto desaparecer grandes extensiones de la selva Lacandona y ha sido principalmente —afirma— por la costumbre de explotar recursos naturales y por la ganadería. Hoy una de las causas es la siembra del cultivo de palma africana.

Cuando se viaja hacia Chajul, y hasta la entrada de este pequeño poblado, se observa a orillas de la carretera letreros con la leyenda de “Pago de Servicios Ambientales”, un programa del gobierno de México que promueve la conservación en propiedades privadas o en ejidos (una figura legal que da derechos sobre la tierra a campesinos). Los tramos de selva se disputan así el paisaje con los predios sembrados con palma africana.

Reserva de la Biósfera Montes Azules en Chiapas. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

En el municipio de Marqués de Comillas, según un estudio del Instituto Nacional de Ecología, están los únicos tramos de tierra en México con selva inundable porque en otros estados, como Tabasco, han desaparecido.

Las chozas de Rafael Lombera están alzadas por grandes soportes de madera que permiten el paso de las aguas del río Lacantún cuando sale a inundar sus inmediaciones. Este rincón selvático es la puerta de entrada a la Reserva de la Biósfera Montes Azules; ahí todo el año llegan investigadores de flora y fauna. También es la región donde empezó la siembra de la palma en México, a mediados del siglo pasado.

1.Cambios en la selva

La mayor parte de la superficie propicia para la palmicultura está en el sureste de México (dos millones de hectáreas, según el gobierno federal), una región a la que pertenece Chiapas, que tiene las condiciones agrícolas y climáticas para extender hasta en 400 mil hectáreas las plantaciones de palma, cultivo destinado a saciar las necesidades de los mercados extranjeros y nacionales que demandan biodiesel y aceites para la industria de los alimentos.

Rafael Lombera, quien vive en esta región desde que era niño, hace poco más de cuatro décadas, nota cambios en las dinámicas de la selva. Tiene una opinión clara de cuál es la mayor amenaza para uno de las más grandes reservas naturales de México: “la selva se está talando para sembrar la palma africana”.

El cultivo de la palma africana ha sido impulsado tanto por el gobierno estatal como el federal. Funcionarios estatales aseguran que lo hacen en predios donde ya no hay selva, que ya se habían utilizado para la ganadería.

En 2017, las estimaciones de la Secretaría del Campo de Chiapas eran que existían cerca de 64 000 hectáreas sembradas en el estado; el objetivo es llegar a 100 000. Para ello el gobierno chiapaneco impulsó la creación de cuatro viveros de palma que, según el Instituto de Fomento a la Agricultura Tropical, son los más grandes de América Latina.

Hasta 2013, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) calculaba que el 44 % de la Palma sembrada en Chiapas estaba en zonas selváticas.

Frutos de Palma Africana. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

2.Campos sin vida

El investigador León Enrique Ávila, especialista en palma africana y profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas, aseguró que la siembra de palma en el estado no incluye un control ambiental efectivo.

Antonio Castellanos, investigador del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, con seis años de trabajo con los productores de palma en los ejidos, aseguró que una de las condiciones para recibir el apoyo del gobierno mexicano “es comprometerse a sembrarla solo como monocultivo”. Donde hay palma africana, no hay más flora.

Para León Ávila la sensación cuando recorre zonas de palma es la de estar en un “desierto del silencio donde ya no hay ruido al amanecer”. Él ha caminado la región durante años y dice haber visto cómo ese cultivo ha cambiado las dinámicas de la flora, la fauna y de las comunidades.

Lee más | México: comunidades demuestran que es posible vivir del bosque y, al mismo tiempo, conservarlo

Las personas que antes vivían de sus cosechas y los productos que les ofrecía la selva —explicó el especialista— ahora esperan con ansia la fecha en que los dueños de las fábricas pagan a los palmicultores y estos, a su vez, reparten los sueldos entre sus empleados jornaleros.

El investigador coincide con Antonio Castellanos: la principal falla está en el hecho de que el cultivo ha sido introducido como monocultivo. Y de acuerdo con la publicación especializada, Gloobal, “las miles de hectáreas de palma africana implican no solo mantener la deforestación sino aumentar el CO2 e incrementar la contaminación del agua con agroquímicos en las regiones de alta biodiversidad, como las regiones de la biosfera (de Montes Azules) y la selva Lacandona”.

Rafael Lombera, poblador en Boca Chajul, muestra los plantíos de palma africana en el ejido. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

3.Realidad que contradice el discurso

Según el Banco de México, el país importa cerca de 462 000 toneladas de aceite de palma al año, lo cual equivale al 82 % de la cantidad que consumen sus industrias. Por lo tanto, se requieren 200 850 hectáreas produciendo para poder abastecer de aceite al mercado interno.

Las condiciones están puestas para que el cultivo avance porque hay programas que impulsan la siembra de palma africana en los gobiernos estatales, en el gobierno federal y en fondos extranjeros.

La investigadora del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Bárbara Linares Bravo, conoció a fondo la reconversión productiva con la llegada de la palma africana al Valle de Tulijá, en el norte de Chiapas. Ella observa un fuerte cambio que está erradicando las costumbres productivas y de autoconsumo con la llegada de los apoyos internacionales y nacionales para propagar el cultivo de palma.

Frutos de Palma Africana. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

“La expansión de este cultivo, paradójicamente, en contraposición al discurso de desarrollo sustentable que le justifica, incrementa las contradicciones sociales y ambientales”, señala Linares Bravo.

El avance de los cultivos de la palma africana en la selva de Chiapas se desarrolla bajo tres compromisos adquiridos por el país con actores internacionales. Uno de ellos es el Proyecto Mesoamérica, con 10 naciones adheridas (Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Panamá y México) y su Programa Mesoamericano de Biocombustibles, dentro del cual México estableció su programa de reconversión productiva.

Además, México tiene 10 plantas extractoras de aceite de palma; siete están en Chiapas y todas son privadas. Alrededor de ellas los productores se organizan y hacen lo necesario para “limpiar” sus tierras y pasar de ganar —por ejemplo— 5000 pesos (277 USD) mensuales por el total de su cosecha de maíz sembrado para venta y consumo, a recibir hasta 35 000 (1862 USD) cada mes por el monocultivo, según el testimonio de José Baldovinos, palmicultor de Boca de Chajul.

Jose Baldovinos sostiene que la palma los ayudará a salir de la pobreza. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

4.Deforestación hormiga

Baldovinos ha sembrado con palma africana 27 hectáreas en las inmediaciones de Boca de Chajul y está listo para sumar otras seis. Este cultivo permitió enfrentar los gastos médicos que tuvo cuando dos de sus parientes se enfermaron de gravedad.

Como miles de habitantes de Marqués de Comillas y la región selvática, Baldovinos llegó desde Michoacán en 1972 en una avioneta que aterrizó en algún camino rural o simplemente en un claro entre la vegetación. “Aquí era pura selva, pero ha ido cambiando drásticamente”, recuerda.

En los setenta, dentro de los ejidos, comenzó la práctica indiscriminada de la ganadería y el cultivo de la palma africana. Proliferaron los “acahuales”, que son unos espacios de selva en los que los ejidatarios talan, esperan un par de años y después inscriben esas tierras en programas de financiamiento para la palma africana sorteando así el “obstáculo” de que hay selva. Talan para allanar el camino hacia el cultivo que les es redituable.

Una fuente del gobierno de Chiapas que pidió el anonimato contó a Mongabay Latam que actualmente la principal causa de deforestación en la selva es la tala de madera a manos de “empresas clandestinas” que trabajan de noche.

Es el avance hormiga de la palma en la región tropical que abarca la mayor parte del sur de México. De acuerdo con los testimonios recabados por Mongabay Latam, es así como han crecido los cultivos de la palma en Veracruz, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Chiapas (los estados con suelos propicios para la palmicultura) en terrenos de ganadería, pastizales, “acahuales” o sitios selváticos deforestados clandestinamente.

Plantación de Palma Africana en Boca Chajul, ubicado en la frontera con Guatemala, Selva Lacandona, Chiapas. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

5.Salida para pobladores

La palma africana, según el testimonio de Rafael Lombera y de José Baldovinos, es el cultivo que ofrece la oportunidad de salir de la pobreza a todos los campesinos dueños de pequeñas porciones de tierra que están aumentando exponencialmente sus ganancias.

Baldovinos ha sido agricultor más de 65 años y solo hasta ahora logró la tranquilidad económica. Gana 30 000 pesos al mes sin mayores esfuerzos cuando el resto de su vida trabajando otros cultivos como frijol, maíz o chile, lograba una mínima parte con esfuerzo máximo.

La ecuación es simple: en el programa de Pago de Servicios Ambientales el gobierno mexicano paga 300 pesos al año por hectárea de selva (en 2017) y una hectárea sembrada de palma en edad productiva genera una ganancia de 100 000 pesos al año.

Rafael Lombera muestra un juego de lotería en sus manos en el que figuran las fotos de animales. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

Rafael Lombera, que es ejidatario en un tramo selvático manejado entre más personas, asegura que “la gente se está desesperando y está talando la selva para sembrar palma”.

Es una lógica que recorre la región selvática de Chiapas que se extiende a lo largo de la frontera con Guatemala, donde se encuentran predios que suman hasta 4000 hectáreas que surten a la fábrica de la empresa Aceites Sustentables, según cálculos de los investigadores.

Y en territorio mexicano también hay productores que acaparan hasta 1000 hectáreas o pequeños propietarios que apenas comienzan —como don José en sus inicios— a acumular sus primeras extensiones de tierra. “Así se va cambiando de la selva a la palma”, dijo don José Baldovinos, dueño de una de las casas más amplias del pueblo.

“El futuro es la palma”, lamenta Rafael Lombera, con un juego de lotería en sus manos en el que figuran las fotos de animales y vegetales tomadas por él mismo dentro de esa espesura de selva que se levantaba frente a él del otro lado del río Lacantún.

Imágenes: Moysés Zuñiga

Más información:

Palma africana: Denuncias, demandas y un Estado sordo

El informe de la Inspectoría no registra si las prevenciones fueron cumplidas. Pero sí menciona que la cantidad de dinero no pagada a los trabajadores por concepto de salario mínimo, alcanzó en esas inspecciones la cantidad de Q14.96 millones.

Las denuncias en contra de algunas empresas palmeras por motivos ambientales y laborales no han cesado desde 2012. El caso de Repsa, en el río La Pasión, es sólo el último y el que más impacto mediático ha tenido, pero hay más casos. Pese a las denuncias, demandas y presiones internacionales, ni el Estado ni las empresas dan respuesta o muestras de darse por aludidos.

Por Rodrigo Véliz
Centro de Medios Independientes, Guatemala

Los vecinos dijeron que los peces del río estaban muriendo. Acusaban a la empresa palmera. Cuando hacía mucho sol y durante el verano, las viviendas se llenaban de moscas. La peor parte la llevaban los animales domésticos, cerdos y algunas vacas, decían. Las moscas les generan picazón, y el roce con la corteza de árboles o el suelo buscando alivio les provoca la caída del pelo. Algunos animales enferman ante las plagas, y las pérdidas afectan la dieta de los comunitarios de Ixcán, Quiché.

El olor también era un problema. La pestilencia de los desechos de la planta extractora de palma africana, agudizada por el calor de las tierras bajas, era insoportable cuando llegaba la noche.

Esa era la queja de los alcaldes auxiliares y los Comités de Desarrollo Comunitario (Cocode) de la microregión V del municipio de Ixcán, a inicios de diciembre de 2013. La denuncia es muy similar a los relatos que se escuchan año y medio después en el municipio de Sayaxché, Petén, donde la empresa Repsa es señalada por comunitarios y organizaciones ambientales de contaminación y de ser responsables del desastre ecológico ocurrido en el río La Pasión.

Los representantes de la microregión V dirigieron esta denuncia a la empresa Palmas del Ixcán, cuya planta extractora colinda con el río Jute, un afluente del río Chixoy. La empresa contestó con otra carta, 10 días después, el 13 de diciembre de 2013. En ella se lee textualmente: «Respecto al medio ambiente (moscas y río), reconocemos que hay un problema ocasionado por un accidente dentro de nuestras instalaciones de planta extractora».

Odilsar Cardona, encargado de asuntos laborales y administrativos de Palmas del Ixcán, reconoce, en una entrevista con CMI y Plaza Pública, que en efecto, tuvieron un problema. “Se reventó un tubo de aguas, y en el proceso se salieron los residuos. La intensa lluvia que cae por las noches en Ixcán hizo que esos residuos fueran arrastrados al río”. La respuesta de la empresa, asegura Cardona, fue inmediata. Ubicaron unos filtros para que, si volvía a ocurrir un rebalse, el agua residual al menos cayera filtrada. Dice que el problema duró “dos o tres días, máximo”. Asegura, con una voz firme que nunca más volvió a suceder algo similar.

En mayo de este año varios representantes de los municipios de Chisec, Fray Bartolomé de las Casas, Ixcán, y Sayaxché, realizaron una conferencia pública en el centro de la ciudad de Guatemala. Su objetivo era solidarizarse con lo que pasaba en las comunidades de Sayaxché, y enfatizar lo contrario a lo que Cardona asegura: Los problemas de la producción y extracción de palma son iguales en todas las regiones. Y, en el caso de Ixcán, no han cambiado desde 2013.

“Nosotros dependemos de los ríos por la falta de agua entubada. Las plantas extractoras afectan desde 2013 en el río Limón, en el río Jute, en río San Ramón. En todos esos lugares hay muertes de peces y proliferación de moscas”, dijo Margarita Osorio, representante de organizaciones de mujeres de Alta Verapaz, durante la conferencia. Y el representante de Ixcán, donde se encuentra la extractora de Palmas del Ixcán, afirmó: “Así como se dio en Sayaxché, así se sigue dando en nuestra región. Hemos puesto denuncias a nivel local, departamental y nacional. En el Ministerio Público, el Ministerio de Trabajo y en el de Ambiente. Y hasta ahora, no ha habido respuesta”. En el documento de 2013, las autoridades del Ixcán mencionaba el problema ambiental como uno entre otros de varios tipos: resaltaba sobre todo el laboral, y la incapacidad del Estado por hacer valer las leyes.
La primera visita del Ministerio de Trabajo

El 27 de febrero de 2012 en la delegación de San Benito, Petén, se reunieron inspectores de la Inspectoría General de Trabajo (IGT) del Ministerio de Trabajo, organizaciones campesinas, de derechos humanos, Cocodes de la región, y tres miembros de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH). El objetivo era planificar una serie de visitas a las empresas de palma africana del municipio: Reforestadora de Palma (Repsa), Tikindustrias, Palmas del Ixcán, y Empresa Nacional Agroindustrial (Naisa).

La reunión se realizó en respuesta a una denuncia que algunas autoridades comunitarias realizaron ante el anterior Procurador de Derechos Humanos, Sergio Morales, por un conflicto de derecho de paso. Las comunidades se quejaban de haber quedado sin acceso a las carreteras estatales. A su alrededor solamente queda palma. Miles de hectáreas de palma.

Las visitas se hicieron desde la mañana del día siguiente, el martes 28. A las 8.30 de la mañana salió la comitiva desde Sayaxché. Casi 50 minutos después, llegó a las comunidades Las Pacayas y Las Arenas, donde a unos metros se encuentra la empresa Tikindustrias, según quedó plasmado en los informes que redactó el Consejo de Desplazados de Guatemala (Condeg).

En otro informe de ese día, escrito por la inspectora de la IGT, Emma Castillo Barrera de Morataya, se detallan las violaciones de la empresa Tikindustrias al Código de Trabajo. De una lista de 38 aspectos a tomar en cuenta, Tikindustrias no cumplió con 20. Doce no aplicaban, cumpliendo solamente con seis: las instalaciones cuentan con ventilación, iluminación electricidad, pasillos despejados y extinguidores. Todos aspectos importantes en las oficinas de la empresa.

En los cultivos es otra la realidad. Allí los resultados no fueron positivos: Tikindustrias, según se lee en el informe, no cuenta con contratos individuales, constancias de pagos, libros de salarios, planillas del IGSS, reglamento interior de Trabajo, boleta de informe patronal, no se cumplen las jornadas de trabajo, el descanso semanal, no hay días de asueto, vacaciones, horas de lactancia, licencia por maternidad, se paga por debajo del salario mínimo, y no se reciben bonificaciones ni aguinaldo.

Esa fue la primera vez que el Ministerio de Trabajo visitaba la empresa para una inspección, según dejó dicho OACNUDH en el informe de la Condeg.

Tikindustrias se inscribió en el Registro Mercantil en 2004, y un año después se instaló en el municipio de Sayaxché, al norte de la Reserva Biológica San Román, y al sur de los sitios arqueológicos Dos Pilas y Aguateca, en la antigua finca El Arenal. Tikindustrias, según una investigación de ActionAid, es de los mismos dueños del Ingenio El Pilar, la familia Weissenberg (Campollo y Ossaye).

Las visitas al resto de empresas palmeras fueron frustradas. Ninguna de las tres restantes permitió que la comitiva ingresara, como consta en esta acta de la IGT para la empresa Palmas del Ixcán.

(…)

La demanda que hizo todo visible

Las denuncias por abusos laborales y los paros de carreteras, trascendieron las fronteras nacionales. En noviembre de 2014, Estados Unidos decidió terminar con la espera que tenía para demandar al Estado de Guatemala. Con poco eco en la prensa local, Washington señaló al Estado de Guatemala de violar el artículo 16.1.2 del Tratado de Libre Comercio de la región (Cafta-DR, por sus siglas en inglés).

Guatemala es acusada de no tomar medidas para hacer valer el Código de Trabajo de manera recurrente y sostenida a lo largo del tiempo, afectando de esta forma el comercio entre las partes: los empresarios guatemaltecos señalados estarían compitiendo de manera desleal, ya que ahorrarían costos al no cumplir la legislación laboral. Y el Estado sería responsable de esto. Si se perdiera el caso, Guatemala tendría que utilizar Q120 millones para solucionar sus problemas de fortaleza institucional de cumplimiento de legislación laboral. Cuatro de las principales palmeras (Naisa, Repsa, Palmas del Ixcán y Tikindustrias) están en el listado de empresas que no cumplen derechos laborales.

La estrategia de Guatemala ha sido es atacar cuestiones formales para que el fondo (en este caso las violaciones a los derechos laborales) no sea abordado. El argumento se centra en la manera de interpretar el artículo 16.1.2, en el poco tiempo para presentar los escritos, en la forma que se presentan las pruebas, en el carácter anónimo de los relatos de testigos, en que el resto de pruebas documentales son ilegibles, o que ciertas instituciones no pueden ser parte del debate. Pocas veces se debate sobre el problema principal, la violación al Código de Trabajo y la escasa regulación del Estado. Y cuando éste finalmente se plantea, se dice que las cuatro empresas señaladas -las cuatro más grandes del país- no son representativas de todo el sector palmero.

En octubre de 2014, como respuesta al pacto firmado por el gobierno y las empresas palmeras, comunidades, trabajadores y organizaciones sociales presentaron otra denuncia ante el Ministerio de Trabajo en contra las mismas cuatro empresas señaladas en el informe de Estados Unidos. Y las demandas son las mismas que se escuchan desde 2012: bajos salarios, falta de contratos, negación a acceso al Seguro Social, exposición a químicos tóxicos, despidos injustificados, y otros.

Firmando de recibido están todas las empresas señaladas, también el IGSS, el Ministerio de Trabajo, el Procurador de Derechos Humos, y la gobernadora de Petén. Cardona, de Palmas del Ixcán, dice que sólo es una denuncia, no una demanda. Y que está basada en generalizaciones, que todo es mentira.

Nueve meses después, según los comunitarios y la PDH, la denuncia no ha tenido ningún seguimiento.

LEER COMPLETO, CON DOCUMENTOS

 

 

Honduras: El Banco Mundial debe dejar de financiar a empresa de palma aceitera involucrada en docenas de asesinatos

Comunicado de Prensa
19 de marzo 2013

Honduras: El Banco Mundial debe dejar de financiar a empresa  de palma aceitera involucrada en docenas de asesinatos

DinantWashington (EEUU), 19 de marzo de 2013 – Organizaciones no gubernamentales internacionales condenarón hoy una declaración de la Corporación Financiera Internacional (CFI) [1] del Banco Mundial que defiende las actividades de la compañía de palma aceitera hondureña Grupo Dinant, involucrada en docenas de asesinatos y otras violaciones de derechos humanos. La declaración de CFI admite explícitamente dar apoyo financiero para el entrenamiento de las fuerzas de seguridad de la compañía .

Las ONG son: Amigos de la Tierra Internacional, Global Forest Coalition, Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, Urgewald, Rights Action, Salva la Selva, Global Justice Ecology Project, y Biofuelwatch

El Ombudsman del Banco Mundial [2] investiga actualmente un préstamo de 30 millones de US$ al Grupo Dinant aprobado en 2009, del que al menos la mitad ya ha sido desembolsado.

Este mes, una Carta Abierta de 17 ONGs [3] y una protesta internacional a la que se adhirieron 63.000 personas [4] expresan rechazo  a  dicho crédito y piden al Banco Mundial que cese inmediatamente su apoyo al Grupo Dinant.

Desde 2009, organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado docenas de casos de asesinatos de campesinos y personas que acompañan su defensa frente a los conflictos por la tierra en los que está involucrado el Grupo Dinant, los guardias de seguridad de esta empresa, así como la policía y el ejército hondureños.

Las evidencias se reflejan en un informe elaborado por una Misión Internacional de Verificación realizada por organizaciones de derechos humanos en marzo de 2011 , una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2011, una audiencia pública internacional sobre los derechos humanos en mayo de 2012 [5] y un informe sobre las violaciones de derechos humanos atribuídas a efectivos militares, elaborado por Rights Action y publicado este mismo mes [6].

Este último informe confirma que al menos 88 miembros y acompañantes del movimiento campesino del Bajo Aguán, han sido asesinados de forma selectiva en la región durante los últimos tres años. Documenta además la responsabilidad directa de las fuerzas de seguridad armadas del Grupo Dinant por la violencia hacia los movimientos campesinos. Muy al contrario de lo que afirma el Banco Mundial acerca del fin de la violencia en 2012, dos campesinos fueron torturados y asesinados en febrero de 2013 [7].

Annie Bird de Rights Action afirma: “Es una acusación muy seria acerca del rol del Banco Mundial en el conflicto por la tierra en Honduras, ya  que la Corporación Financiera Internacional admite tener una conexión directa con el entrenamiento de los ‘guardias de seguridad’ paramilitares del Grupo Dinant. No está claro si esta conexión es una respuesta a las preocupaciones por las violaciones de los derechos humanos, pero de todas formas, reciclar paramilitares involucrados en asesinatos no es, en ningún caso, una respuesta aceptable. El Banco Mundial debe romper dicha relación y dejar de financiar al Grupo Dinant inmediatamente.”

Almuth Ernsting, miembro de la Global Forest Coalition y del Observatorio de los Biocombustibles Biofuelwatch añade que: “La afirmación del Banco Mundial de que los asesinatos están siendo investigados en los juzgados hondureños con la total cooperación del Grupo Dinant contradice las verificaciones hechas durante las visitas de los grupos de derechos humanos, que constatan una impunidad total alrededor de estos asesinatos. Tal estado de impunidad ha sido confirmado por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre los Mercenarios. El Banco Mundial, no sólo debe cancelar el préstamo a Dinant, sino abrir una investigación completa sobre su rol en las violaciones de los derechos humanos en Honduras.”

En 2011, el banco alemán de desarrollo, DEG, canceló un préstamo al Grupo Dinant, basándose en las patentes relaciones de la empresa con las graves violaciones de derechos humanos. Y todavía hoy el Banco Mundial continúa respaldando a la compañía y desechando las evidencias independientes, como lo muestra su reciente declaración.

Jeff Conant de Friends of the Earth/Amigos de la Tierra USA añade que “la declaración del Banco Mundial sobre el  Bajo Aguán revela la magnitud de su complicidad con una compañía de palma aceitera involucrada en algunas de las violaciones más graves de derechos humanos que están teniendo lugar en Centroamérica. Años después de una auditoría condenatoria de su financiación de proyectos de palma aceitera y una supuesta revisión de sus políticas, el Banco Mundial está legitimando el uso de fuerzas armadas paramilitares en contra de campesinos que reclaman su propia tierra, desestimando una gran cantidad de evidencias recogidas de manera independiente por misiones internacionales de verificación.”

Las ONGs demandan que el Banco Mundial suspenda el crédito al Grupo Dinant y que se realice una investigación inmediata, completa e independiente sobre la relación del Banco Mundial con el Grupo Dinant, que debe ir más allá de la actual investigación del Ombudsman.

NOTAS:
[1] www1.ifc.org/wps/wcm/connect/REGION__EXT_Content/Regions/Latin%20America%20and%20the%20Caribbean/Strategy/Corporacion_Dinant?

[2] Una queja remitida por Rights Action está siendo investigada actualmente por el Ombudsman de la Oficina de Quejas (CAO). CAO es una agencia independiente que investiga quejas remitidas por comunidades afectadas por proyectos financiados por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial (CFI).

[3] http://www.fian.org/fileadmin/media/publications/Pronunciamiento_Internacional_CAO_-_Bajo_Aguan_01-03-201.pdf

[4] https://www.salvalaselva.org/mailalert/909/banco-mundial-credito-para-la-palma-de-la-muerte

[5] http://www.fian.org/fileadmin/media/publications/2011_07_InformeHondurasBajoAguan.pdf, http://hrbrief.org/2011/10/human-rights-situation-in-the-bajo-aguan-honduras/ y http://www.fidh.org/Declaracion-de-la-audiencia

[6] http://rightsaction.org/sites/default/files//Rpt_130220_Aguan_Final.pdf

[7] See http://www.coha.org/21693/

Banco Mundial: crédito para la palma de la muerte

Banco Mundial: crédito para la palma de la muerte

Dólares del banco mundial financian la palma en Honduras

Firma:  Salva la Selva

banco mundialEl Banco Mundial financió en 2009 a la empresa palmicultora Dinant en Honduras con un crédito de 15 millones de dólares, aunque esta empresa se ha visto envuelta en asesinatos y violentos conflictos por la tierra.

La oficina de reclamaciones del Banco Mundial investiga el caso, pero pronto podría estar dando un segundo crédito por igual monto a Dinant.

Por favor, firme una carta al Banco Mundial exigiendo que no financie la palma de la muerte en Honduras.

El Grupo Dinant es la empresa palmicultora más grande de Honduras. En noviembre de 2009, la Corporación Financiera Internacional, parte del Grupo del Banco Mundial, pagó a la empresa la primera mitad de un crédito de 30 millones de US dólares. En junio del mismo año, un golpe de estado derrocó al presidente elegido democráticamente, Manuel Zelaya. El gobierno de facto en el país centroamericano fue respaldado por el presidente del grupo Dinant, el empresario Miguel Facussé.
 
El conflicto con las plantaciones de palma de Dinant se remonta a los años 70. Desde el golpe, la región del Bajo Aguán ha sido militarizada y los campesinos desplazados violentamente de sus asentamientos. Entretanto, la expansión de la palma y las actividades de Dinant y otras empresas palmicultoras han sido de una u otra forma relacionadas con la muerte de 88 campesinos en el Valle del Aguán. La impunidad es total. En el marco de este conflicto podrían incluirse hasta 109 muertes.
 
En febrero de 2013, el Banco Mundial actualizó en su web la descripción de su proyecto de crédito para la compañía palmicultora. La documentación no dice nada sobre la violencia y los asesinatos. Únicamente se lee “Dinant entiende la importancia de tener buenas relaciones con las comunidades vecinas y es muy activa en este sentido”.
 
Con todos estos antecedentes, la oficina de reclamaciones del Banco Mundial (CAO) está investigando. Pero sus competencias son muy limitadas. Es de temer que el Banco Mundial pronto conceda la segunda parte del crédito -otros 15 millones de USDólares. El banco alemán DEG investigó y reaccionó tras una protesta de Salva la Selva en 2011 en consecuencia, retirando un crédito de 20 millones de US Dólares a la misma empresa.

Por favor, firme una carta al Banco Mundial

Urgente: El Deutsche Bank saca a bolsa la deforestación

Salva la Selva

El Deutsche Bank apoya la salida a bolsa la semana próxima del mayor comerciante de palma aceitera del mundo. FELDA ya ha talado cientos de miles de hectáreas de selvas para establecer monocultivos de palma.

monocultivosAhora pretende obtener tres billones de dólares en la bolsa para invertir en la destrucción de más selvas en Indonesia y África para establecer más monocultivos.

En Malasia existe gran oposición contra la salida a bolsa de FELDA y contra el acaparemiento de tierras que implica. Al mismo tiempo, la nueva directiva del Deutsche Bank dice en la publicidad que en el futuro desean actuar de manera más sostenible que sus predecesores.

Por favor, pida a la nueva directiva del Deutsche Bank que se distancie inmediatamente de la multinacional FELDA, destructora de la selva: FIRMA

“El Deutsche Bank ayuda a FELDA a quitarnos nuestra tierra y talar el bosque” dice Mazlan Aliman. El agricultor es el portavoz de los afectados en Malasia. Su cooperativa está en contra de la salida a bolsa del gigante de la palma aceitera FELDA, que tendrá lugar el 28 de junio de 2012. El dinero que consigan se utilizará para la destrucción de grandes extensiones de selvas.

La empresa FELDA Global Ventures Holding pretende reunir en las próxima semana tres billones de dólares para establecer nuevas plantaciones de palma. El Deutsche Bank está ayudando en la búsqueda de inversores. Ya hoy, FELDA es el tercer mayor propietario de monocultivos de palma, y el primer comerciante, así como líder en producción de azúcar.

Dinero para la destrucción de la selva y votos

El destructor de la selva FELDA ha anunciado que con el dinero de la salida a bolsa comenzará un tour de compras alrededor del mundo. Especialmente Indonesia y África están en la mira de la transnacional del agronegocio. Ahí comprarán superficies de selvas, que serán destruidas y convertidas en monocultivos.

Además, existe la sospecha, que con el dinero de la bolsa se podrían llegar a comprar votos para las próximas elecciones. El partido del primer ministro malasio está vinculado a FELDA.

El Deutsche Bank apoya la deforestación y el robo de tierras

El Deutsche Bank califica este plan como ecológico y socialmente inobjetable. Mazlan Aliman y sus compañeros no lo ven de la misma manera: para ellos, la salida a bolsa tropieza directamente con sus derechos y significa que van a se inmediatamente desposeídos.

Por favor, exija al Deutsche Bank que se distancie distancie inmediatamente del destructor de selvas FELDA y que no promocione ningún otro robo de tierras.
FIRMA

Comienzo de la acción: 27/06/2012

Banco Mundial y palma aceitera: Ni ahora, ni nunca

Ni ahora, ni nunca

El Banco Mundial y su impulso a la palma aceitera

palma aceiteraRadioMundoReal

“Los monocultivos de palma no son ni podrán ser nunca sostenibles” dicen organizaciones ambientalistas como Biofuelwatch, Salva la Selva, Ecologistas en Acción y el Movimiento Mundial por los Bosques tras cerrarse en Frankfurt el proceso de revisión -más formal que real- del Banco Mundial sobre su apoyo financiero a dicho agronegocio.

Las plantaciones de palma aceitera, consistentes en gigantescos monocultivos destinados a la industria alimentaria, cosmética, química y de agrocombustibles, tienen consecuencias devastadoras para poblaciones, medio ambiente y clima, pese a lo cual cuentan desde hace décadas con el financiamiento del Banco Mundial (BM).

En los últimos diez años han crecido de forma alarmante las críticas aerca de este agronegocio, lo cual ha forzado al BM a abrir un espacio de “consulta” sobre esta línea de financiamiento.

De ahí que los días 31 de agosto y 1° de setiembre se realizó en la ciudad alemana de Frankfurt la última sesión de este proceso consultivo, con resultados desalentadores para las comunidades, explicó a Radio Mundo Real Guadalupe Rodríguez, de la organización Salva la Selva.

Para las organizaciones críticas a la expansión de este cultivo, el proceso de revisión del BM se asemeja a una “cortina de humo” que no toma en cuenta realmente los derechos de los países y pueblos afectados.

“Nuestra exigencia al BM es que detengan inmediatamente el financiamiento a proyectos de cultivo de palma y por supuesto que no lo retomen”, señala la activista.

“A pesar de que el BM se presenta como un organismo de combate a la pobreza, nuestra visión es justamente la contraria: donde el BM se presenta empeoran las condiciones de pobreza, y las oportunidades para un auténtico desarrollo se ven mermadas”.

Guadalupe insiste en que no se debe ingresar en la lógica de discusión del BM sobre estos problemas desde la perspectiva técnica.
“De eso no se habla”

“Una cuestión que para mí es muy crítica es que todo este interés del BM en financiar este tipo de proyectos es totalmente expansivo” con el objetivo de que el aceite de palma sea cada vez más barato y esto implica un crecimiento “totalmente descontrolado e igualmente insostenible”.

Multinacionales de la palma como la empresa Wilmar son causantes de graves violaciones de derechos humanos, desplazamiento de personas que viven y dependen de los bosques tropicales, destrucción de selvas y su biodiversidad, contaminación de suelos y cauces de agua, y empeoramiento del cambio climático.

Sin embargo, en el formato de “debate” propuesto por el BM este tipo de denuncias no encuentran lugar. “De las implicancias éticas de este agronegocio simplemente no se habla”, dice Guadalupe.

ESCUCHAR EL AUDIO: http://radiomundoreal.fm/Ni-ahora-ni-nunca

ACCIÓN DE SALVA LA SELVA: El Banco Mundial seguirá destruyendo selvas