Compartimos esta declaración donde nos sumamos sobre el tratado comercial UE-Mercosur – A 28 de noviembre del 2024
A solo una semana de un posible anuncio de un nuevo acuerdo político sobre el tratado comercial UE-Mercosur, +400 organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, centros de pensamiento y otros grupos sociales de América Latina y la Unión Europea, representando a millones de personas de los dos lados del Atlántico, exigen el fin de las negociaciones del acuerdo comercial UE-Mercosur. Lo califican como un “acuerdo tóxico” que sacrifica a las personas, la democracia y el planeta por los beneficios corporativos.
Falta de democracia y transparencia Negociado a puertas cerradas durante más de dos décadas, el acuerdo UE-Mercosur ha excluido la participación pública y la supervisión democrática, con la falta de transparencia de la Comisión Europea recibiendo condenas generalizadas, incluso de su propio Defensor del Pueblo. El protocolo adicional propuesto por el acuerdo no aborda las cuestiones ambientales y de desarrollo sostenible destacadas en una resolución del Parlamento Europeo en 2020. «Los esfuerzos de la Comisión Europea por ‘dividir’ el acuerdo no son más que una toma de poder antidemocrática. Ignoraría intencionadamente los vetos de países individuales y las preocupaciones expresadas públicamente por quienes se ven más afectados: trabajadores, pequeños agricultores, comunidades indígenas y mujeres», afirma Julie Zalcman de Amigos de la Tierra.
El acuerdo socava la protección ambiental y los derechos humanos El acuerdo perpetúa estructuras comerciales explotadoras, promoviendo prácticas agrícolas dañinas que amenazan el acceso a alimentos saludables, locales y justos, y desplazan a los agricultores locales y a las comunidades indígenas. «El acuerdo UE-Mercosur es un veneno para la biodiversidad y las comunidades rurales en el Mercosur. Impulsará las exportaciones de pesticidas tóxicos desde Europa a los países del Mercosur, incluidos productos químicos prohibidos en la propia UE. Este acuerdo agrava las desigualdades sociales y ambientales, fomentará la deforestación, acelerará la crisis climática y violará los derechos humanos», afirma Francisco Vladimir Silva, de Jubileo Sur Brasil y la Frente Brasileña contra el acuerdo UE-Mercosur.
Sin acuerdo con líderes como Milei En su declaración, las organizaciones firmantes también destacan el peligro de negociar con líderes y gobiernos en Argentina y Paraguay que niegan la crisis climática, mientras Brasil enfrenta sequías sin precedentes y los incendios forestales devastan los bosques de toda la región. En Argentina, las políticas económicas del actual presidente, Javier Milei, han sumido a millones en la pobreza, con derechos básicos restringidos y servicios públicos desmantelados. Aunque los líderes de la UE dudaron en firmar un acuerdo con el expresidente brasileño Bolsonaro, parecen menos escépticos respecto al igualmente peligroso Milei, quien amenaza con abandonar el Acuerdo de París. En su declaración, las ONGs advierten: “La combinación de las políticas desastrosas de Milei con este acuerdo comercial obsoleto es una receta para el desastre.”
Declaración:
¡No más acuerdos comerciales tóxicos entre la UE y los países de América Latina! – ¡El acuerdo comercial entre la UE y Mercosur debe detenerse AHORA!
Las organizaciones que suscribimos esta declaración de América Latina y la Unión Europea, nos unimos en el rechazo del acuerdo de asociación y comercio entre la UE y el Mercosur. Hacemos un llamado a los responsables políticos de ambos lados del Atlántico para que finalmente detengan este acuerdo comercial tóxico.
Negociado a puerta cerrada, este acuerdo carece de participación pública o escrutinio. Incluso el Defensor del Pueblo Europeo ha criticado la falta de transparencia de la Comisión Europea. Ahora, la Comisión está considerando cambiar el proceso de votación a través de
la “división” del acuerdo, lo que permitiría eludir los vetos de los países individuales. Cientos de organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios han condenado esta maniobra como un ataque a los procesos democráticos. Peor aún, los grupos más afectados, como los trabajadores, los pequeños agricultores, las comunidades indígenas y las mujeres, han sido excluidos de las negociaciones de este acuerdo, y, sin embargo, sufrirán sus peores efectos.
Un acuerdo tóxico para los pueblos y el planeta
Este acuerdo agravará el intercambio desigual entre el Sur y el Norte Global, perpetuando las estructuras comerciales neocoloniales. Promueve modelos agrícolas destructivos que desplazan a pequeños/as agricultores y comunidades indígenas, al tiempo que impulsan las exportaciones de agroquímicos tóxicos, incluido aquellos prohibidos en la UE. Estas prácticas agrícolas insostenibles, incluyendo la ganadería industrial, amenazan la soberanía alimentaria y el bienestar animal en ambas regiones.
Los y las trabajadores/as en los países del Mercosur sufrirán la pérdida de empleos y el empeoramiento de las condiciones laborales. Las mujeres perderán aún más en este sentido, ya que también son las más afectadas por la privatización de los servicios públicos promovida a través de los tratados de libre comercio (TLC). Los estudiosmuestran que el acuerdo representa graves riesgos económicos, profundizando aún más la desigualdad e impidiendo el desarrollo sostenible y la (re) industrialización en los países del Mercosur.
El ambiente también sufrirá. Ningún anexo ambiental puede mitigar el daño a largo plazo que causará este acuerdo; es un simple lavado verde. El acuerdo entre la UE y el Mercosur impulsará la deforestación, agravará la crisis climática y alejará a nuestras regiones de la justicia climática.
No más acuerdos con presidentes de extrema derecha que niegan la crisis climática
Este acuerdo se está negociando con gobiernos liderados por negacionistas de la crisis climática en Argentina y Paraguay, mientras que los bosques vírgenes -como resultado de la deforestación masiva para la agroindustria- arden, y Brasil sufre sequías sin precedentes.
En Argentina, el autoproclamado anarcocapitalista Javier Milei, quien es un miembro activo del movimiento global de extrema derecha, ha sumido al país en la miseria. La pobreza ha alcanzado niveles sin precedentes, y los derechos básicos están siendo aplastados. Las protestas por la justicia social son violentamente reprimidas, mientras que más del 60% de los niños argentinos pasan hambre y los servicios esenciales como la educación y la salud están siendo desmantelados. La combinación de las desastrosas políticas de Milei y este acuerdo comercial obsoleto es una receta para el desastre.
La geopolítica no se arregla con acuerdos comerciales neocoloniales
Los/as políticos/as que promueven este acuerdo para contrarrestar la influencia de China en la región del Mercosur están atrapados en una ideología de libre comercio que prioriza las ganancias corporativas sobre los pueblos y el planeta. Fortalecer los lazos, si bien es innegablemente necesario, requiere solidaridad, igualdad, cooperación, sostenibilidad y democracia, no profundizar las asimetrías comerciales. Esto es también cierto para la “modernización” de los tratados de libre comercio entre la UE y México, y la UE y Chile, ambos igualmente problemáticos.
La solución es clara:
Los responsables políticos de ambos lados del Atlántico deben cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos, sociales, climáticos y ambientales y detener estas negociaciones comerciales tóxicas de inmediato.
¡Otro comercio es posible, basado en la solidaridad, la democracia, la cooperación mutua y la igualdad!
Francisco Vladimir Silva, Jubileo Sur Brasil y miembro del comité directivo de la Frente Brasileña contra el acuerdo UE-Mercosur // articulacao@jubileusul.org.br, +55 85 997036769 (PT, ES, EN)
Gaëlle Cau, Comunicación, Amigos de la Tierra Europa // gaelle.cau@foeeurope.org, +32 (0) 489 333 517 (EN, FR)
Julie Zalcman, Campaña de Comercio, Amigos de la Tierra Europa // julie.zalcman@foeeurope.org (EN, FR, ES)
Compartimos este reportaje especial publicado en Mongabay sobre la palma de aceite en América Latina y los diferentes impactos que tiene sobre las poblaciones – A 14 de agosto de 2024
Comunidades rurales de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras y Panamá no paran de denunciar que los monocultivos de palma de aceite están contaminando sus fuentes de agua. Sin embargo, probarlo no es un asunto sencillo; la carencia de estudios científicos es su principal obstáculo.
Una investigación realizada en la cuenca del río Napo, en Ecuador, es pionera en exponer la contaminación del agua por los pesticidas utilizados por varios sectores productivos, entre ellos la industria palmicultora: entre el 26 % y el 29 % de las especies acuáticas estarían siendo afectadas. Situaciones similares podrían vivirse en otros países de la región.
Los expertos piden un mayor control y vigilancia de las autoridades ambientales. También recomiendan trabajar en un sistema de evaluación de pesticidas para los cultivos más intensivos de la región y crear normas de calidad ambiental para las aguas superficiales de las zonas tropicales.
El aceite de palma que está presente en miles de productos —desde champús, alimentos procesados o maquillajes— ha acumulado innumerables denuncias por daños ambientales en las principales regiones productoras, como el sudeste asiático y América Latina. La mayoría de las denuncias son por la pérdida de bosques tropicales que ha provocado la expansión de la palma aceitera. En los países latinoamericanos, las comunidades que son vecinas de las plantaciones de palma reportan que las fuentes de agua empiezan a reducirse, algunos ríos a secarse —al punto incluso de dejar de ser aptos para pescar o beber— y la contaminación con pesticidas y químicos de las fuentes de agua entra a agravar la situación.
Estas denuncias se escuchan cada vez más en aquellos países latinoamericanos en donde el cultivo de palma de aceite crece en forma discreta.
Cifras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) indican que en el 2023 la producción mundial fue de 79.53 millones de toneladas, mientras que en el 2022 se ubicó en 77.96 millones de toneladas. Esto representa un incremento del 2 %; una tendencia al alza que se seguirá consolidando en el 2024, ya que las proyecciones de la USDA estiman una producción de 80.19 millones de toneladas. https://projects.mongabay.lat/2024/afectaciones-palma/
Indonesia, Malasia y Tailandia concentraron el 87 % de la producción mundial en el 2023, mientras que los países africanos y latinoamericanos produjeron el 13 % restante. Colombia fue el principal productor por fuera del sudeste asiático (1,9 millones de toneladas), ocupando el puesto 4. En el top 15 también aparecen Guatemala en el puesto 6, Honduras en el 9, Brasil en el 10 y Ecuador en el 12.
Esta tendencia al alza en la producción de aceite de palma, que incluye a los países latinoamericanos, revela también el peligro que representa el incremento de los problemas ambientales, sobre todo si las autoridades no asocian la bonanza económica con la fiscalización de la actividad.
Distribución de la producción de aceite de palma en Colombia. Mapa: Foreign Agricultural Service of the USDA.Distribución de la producción de aceite de palma en Guatemala. Mapa: Foreign Agricultural Service of the USDA.
Algunas de las denuncias más frecuentes en Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras están relacionadas, precisamente, con la contaminación de agua —principalmente con pesticidas y otros agroquímicos— y con el desvío o acaparamiento de esta. Se encontraron 59 procesos sancionatorios: 32 en Colombia, 25 en Guatemala, 2 en Ecuador y ninguno en Honduras, a pesar que las comunidades denuncian lo contrario. Del total de casos, sólo 6 finalizaron con una sanción monetaria contra el infractor, en 3 se pidieron medidas de reparación ambiental y en 2 se hicieron solicitudes de mejora de la actividad productiva. En 5 casos las autoridades no dieron información sobre las sanciones impuestas y en 46 fue imposible determinar en qué estado se encontraba la investigación o proceso sancionatorio (en algunos casos las autoridades impusieron dos o más sanciones).
La falta de información y la entrega de información incompleta son una constante en las respuestas que brindan las autoridades. A eso se suma otro gran problema: la ausencia de estudios técnicos y científicos que analicen la contaminación del agua y que ayuden a determinar la responsabilidad de la industria palmicultora en esa contaminación
“Los países que lideran estudios en temas de evaluación de pesticidas en ecosistemas acuáticos son Brasil y Argentina. En los demás países de Latinoamérica, la información es súper escasa”, asegura Marcela Cabrera, especialista en Gestión Integral del Agua y directora del Laboratorio Nacional de Referencia del Agua en la Universidad Regional Amazónica Ikiam de Ecuador.
Mongabay Latam, Ocote, Radio Progreso y France 24 en español se unieron para documentar lo que padecen comunidades que denuncian la contaminación del agua ocasionada por la producción de aceite de palma en Ecuador, Panamá, Guatemala, Honduras y Colombia. Para estas comunidades tener como vecinas a las plantaciones de palma les ha traído afectaciones a su soberanía alimentaria, su salud y su derecho de acceso al agua.
Distribución de la producción de aceite de palma en Honduras. Mapa: Foreign Agricultural Service of the USDA.Distribución de la producción de aceite de palma en Ecuador. Mapa: Foreign Agricultural Service of the USDA.
Las quejas por contaminación
“Mi bisnieto se metió al agua y ahorita lo están curando porque le comenzaron a salir manchas blancas”, dice Eligia Natalia López, lideresa comunitaria y fundadora de la aldea Nueva Libertad, en Fray Bartolomé de las Casas, Guatemala.
“La contaminación queda en la ropa, a pesar de lavarla”, asegura Wilfredo Ramírez, campesino encargado de cortar los frutos de las palmas aceiteras en el valle del Aguán, en Honduras.
En Ecuador, la comunidad afro de Barranquilla de San Javier, en la provincia de Esmeraldas, ha visto cómo disminuyen los recursos pesqueros: “El barbudo se abre y le salen gusanos. Al sábalo le salen unos tumores, apesta. Al curuco le gusta lamer las peñas, comer de ahí. Entonces, como el agua viene contaminada, todo eso se comen los peces. De lo poco que queda ya no se consume nada. Todo lo demás se ha extinguido”, comenta Samir Mina.
Pablo Espinoza, habitante de la provincia de Chiriquí en el noroccidente de Panamá y en límites con Costa Rica, dice que la contaminación que se vive en la zona es evidente: “Yo he ido a verificar. Hay una parte donde la planta (procesadora de aceite) bota un aceite amarillo y cuando eso se empieza a derramar va a parar al río Chiriquí Viejo. Yo lo he visto, no es que me lo han dicho, hicieron como un canal por donde caen los líquidos de los frutos y caen en el río Chiriquí Viejo”.
Como estos, hay decenas de testimonios que denuncian la contaminación del agua en comunidades cercanas a cultivos de palma de aceite en diversos países de Latinoamérica. A esas voces se suman las de aquellos que no sólo sufren por la contaminación sino por el acaparamiento del agua, como también es el caso de Eligia Natalia López en Guatemala: “Todo el río Sepur se lo tomaron los de la palma. Ahí están los quineles donde ellos guardan el agua (canales que suelen tener compuertas). Ahí está toda el agua, y no sé qué irán a hacer ahora que el río se está secando”.
Las comunidades del Valle del Aguán (Honduras) denuncian poco interés de las autoridades por controlar el manejo de las lagunas de oxidación. Foto. Lesly B. Frazier.
En Colombia, la situación es similar. Duván Caro, líder comunitario del municipio caribeño de María La Baja, relata que, desde 2008, un ojo de agua conocido como Leticia comenzó a secarse y que “desde que llegó la palma hay momentos en que Leticia se seca por completo, como ocurrió en enero de 2024”.
Varias de estas comunidades han recurrido a la justicia para exigir la protección de sus derechos y otras han denunciado ante las autoridades ambientales. Sin embargo, hasta ahora no han tenido una respuesta que solucione su situación. Los Estados no han enviado a funcionarios o expertos a analizar el problema, y no hay datos científicos concluyentes que permitan comprobar sus denuncias.
¿Por qué los Estados no hacen estudios de calidad del agua que permitan conocer los elementos que contaminan ríos, lagos y fuentes subterráneas? Marcela Cabrera lleva varios años estudiando los ecosistemas acuáticos y tiene varias hipótesis como respuesta. La primera es que estos análisis son muy costosos, y aunque los Estados tienen como responsabilidad monitorear las zonas donde han otorgado permisos para la operación de grandes hectáreas de cultivos agrícolas, como ocurre con la palma aceitera, se excusan en los limitados recursos económicos de los que disponen. Esto es grave porque “nuestros ecosistemas acuáticos deberían monitorearse como mínimo una vez al año”, comenta con contundencia.
La segunda hipótesis para la ausencia de estudios es que muchos países de Latinoamérica no tienen la capacidad analítica para realizarlos. “Si no tienes la capacidad de evaluar cuáles pesticidas tienes en tus ecosistemas acuáticos, tampoco tienes la capacidad de regular, porque no sabes qué regular”, dice Cabrera.
Como respuesta a esa falta de capacidad técnica, muchas naciones latinoamericanas han adoptado como referencia las normativas de países de climas templados. “¿Cuál es el problema de que nosotros sigamos tomando referencias de normativas de zonas templadas? Que actualmente hay muchos estudios que muestran que los organismos de las zonas tropicales son más sensibles que los organismos de las zonas templadas. Entonces, por ejemplo, no es correcto aplicar los mismos criterios de Europa en América del Sur”, agrega la científica ecuatoriana.
Estos son algunos de los búfalos que usa la palmicultora Energy & Palma en Ecuador para acarrear el fruto de la palma. Foto: Nathalia Bonilla – Acción Ecológica.
Debido a las falencias de los países latinoamericanos en el manejo y monitoreo de sus ecosistemas acuáticos, el riesgo es que algunas empresas asuman la realización de los estudios de calidad de agua. Andreu Rico, especialista en Ecología acuática y gestión de la calidad del agua, investigador del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universidad de Valencia (España) y del Instituto IMDEA Agua, considera que hay que tener cuidado para que los estudios no caigan en manos de empresas multinacionales, “no porque los estudios estén mal hechos, sino porque pueden carecer de credibilidad si, por ejemplo, la empresa que vende el pesticida es la que, además, hace la evaluación de riesgos de ese pesticida”.
Un estudio pionero pone el tema sobre la mesa
En 2023, Cabrera y Andreu, junto con otros seis investigadores, publicaron en la revista Chemosphere uno de los pocos estudios sobre los efectos de la agricultura intensiva y los riesgos de los plaguicidas en los ecosistemas de agua dulce, centrándose en la Amazonía ecuatoriana.
En el artículo se menciona que esta región de Ecuador ha experimentado un cambio significativo en el uso del suelo, debido al aumento demográfico y a la expansión de la frontera agrícola. Dichos cambios se han asociado a problemas de contaminación del agua y los pesticidas están entre los causantes. Para llegar a esa conclusión, monitorearon 19 parámetros de calidad del agua, 27 pesticidas y la comunidad de macroinvertebrados en 40 sitios de muestreo de la cuenca del río Napo, incluyendo una reserva de conservación natural y sitios en áreas influenciadas por la producción de aceite de palma, la producción de maíz y la cercanía a centros urbanos.
Uno de los hallazgos más importantes de la evaluación de riesgo es que los insecticidas organofosforados (etion, clorpirifos, azinfos-metil, profenofos y protiofos) y el imidacloprid eran los compuestos que presentaban el mayor riesgo ecotoxicológico, con mezclas que podrían afectar entre el 26 % y el 29 % de las especies acuáticas en las zonas muestreadas.
Los resultados del estudio también mencionan que las áreas dominadas por la producción de aceite de palma tienen una influencia significativa en los parámetros de calidad del agua, afectando a las comunidades de macroinvertebrados. En total, para el estudio se recolectaron 2200 individuos pertenecientes a 37 especies de insectos, seis especies de gasterópodos, cuatro especies de hirudineos, una especie de crustáceo y una especie de arácnido.
Aún con la contaminación, las vecinas de Fray Bartolomé de las Casas visitan el río Sepur para lavar su ropa. Foto: Christian Gutiérrez.
“Después de realizar todos estos análisis vimos que hay un deterioro en el hábitat y una disminución en la presencia de macroinvertebrados. En las áreas de cultivo de palma encontramos una sola familia de macroinvertebrados y es una familia resistente a contaminación”, indica Cabrera, y agrega que la biodiversidad acuática no sólo está siendo afectada por los pesticidas, sino que alrededor de los cultivos de palma encontraron deforestación de vegetación ribereña, lo que hace que lleguen más sedimentos y esto afecta la vida en el agua.
La investigadora de la Universidad Ikiam comenta que es común que la gente piense que los pesticidas van a diluirse en el agua y asegura que es probable que eso pase, “el problema es que los pesticidas, principalmente los organofosforados que analizamos en este estudio, tienden a acumularse en los organismos acuáticos y también en el sedimento. Probablemente no se detecten concentraciones altas en el agua, pero estos componentes tenderán a bioacumularse en peces y otros organismos acuáticos”.
Además, el estudio identificó varios compuestos organofosforados en el agua de la cuenca del Napo que son altamente tóxicos y que, por ejemplo, ya han sido prohibidos en países de la Unión Europea.
La investigación no abordó temas como el impacto de los pesticidas en la salud humana y la soberanía alimentaria. De hecho, los científicos aseguran que es necesario realizar estudios enfocados en esos temas. Sin embargo, la experiencia del profesor Rico en análisis de pesticidas en otros cultivos como el banano y la piña le han mostrado que puede existir riesgo para la salud por bañarse o tomar aguas contaminadas.
“Muchas veces las medidas de aplicación de los insecticidas no son las adecuadas”, dice Rico. Este es un punto crítico ya que es muy difícil hacer un seguimiento riguroso para saber si los químicos se están aplicando en las dosis correctas.
El clima y la humedad de los suelos de las Tierras Bajas del Norte de Guatemala favorecen el cultivo de palma. Foto: Christian Gutiérrez.
En cuanto a la soberanía alimentaria de las personas que viven cerca de cultivos de palma, el investigador comenta que la pérdida de biodiversidad de invertebrados puede tener consecuencias para depredadores como peces y reptiles que son el alimento básico de las personas que viven cerca de ríos. “Cualquier impacto sobre las partes más bajas de la cadena trófica puede tener consecuencias”, añade.
De acuerdo con Rico, países como Costa Rica y Brasil ya trabajan en el impacto ambiental de los pesticidas, pero sigue siendo un tema poco estudiado en Latinoamérica.
El artículo resalta que la investigación sobre los impactos ecohidrológicos de las plantaciones de palma de aceite es escasa, “a pesar de que los estudios indican que el desarrollo de la palma de aceite puede remodelar las interacciones entre la tierra y el agua, así como la disponibilidad y el movimiento del agua a diferentes escalas espaciales y temporales”.
La investigación encontró 139 artículos relevantes, entre 1992 y 2021, que abordan diferentes procesos ecohidrológicos relacionados con la palma de aceite, de los cuales 49 (35 %) tienen como objeto de estudio a América Latina. Uno de los hallazgos destacados de la revisión es que sólo 16 artículos abordaban aspectos sociopolíticos y de sostenibilidad de la palma aceitera asociados al agua y, entre esos, sólo cuatro realizaron un análisis exhaustivo de las percepciones de las comunidades sobre cuestiones relacionadas con el agua y este cultivo.
En 2018, poblaciones de tres municipios del departamento colombiano de Bolívar, incluyendo María la Baja, hicieron la Caminata Pacífica de Montes de María. Una de las exigencias era agua potable. Foto: Cortesía de la Corporación Desarrollo Solidario.
Comunidades que exigen ser escuchadas
La ausencia de información científica sobre la calidad del agua cerca a las plantaciones de palma de aceite y los efectos en los ecosistemas acuáticos son una constante en Latinoamérica. El estudio realizado en Ecuador es uno de los pioneros en la región y muchas de las conclusiones podrían repetirse en naciones como Guatemala, Honduras, Panamá y Colombia.
“Hay algunas diferencias en términos de legislación y de inversión de recursos, pero hay muchos pesticidas que son prohibidos en otros países y se siguen aplicando en muchas zonas de Latinoamérica. Hay un control bastante regular en toda la región”, comenta Andreu Rico.
Lo cierto es que las denuncias de las comunidades no paran. Precisamente en Ecuador —pero esta vez en la región Costa, en el Chocó biogeográfico—, la comunidad de Barranquilla de San Javier, en la provincia de Esmeraldas, asegura que los ríos cristalinos que tenían hace unos 20 años hoy están prácticamente muertos, pues reciben los desechos de la minería, la industria de la madera de balsa y los campos de palma aceitera de la empresa Energy & Palma.
Sin un estudio imparcial que pueda determinar qué tanto contamina la palmicultora en la zona, esta comunidad afroecuatoriana se enfrenta a una lucha a ciegas en la que el Estado ha jugado siempre del lado contrario. Varias de las personas que habitan en Barranquilla han sido demandadas por la empresa, pero no desmayan en su esperanza de ser escuchadas.
La situación tampoco es alentadora en Honduras, donde hay 200 000 hectáreas sembradas con palma aceitera. Este país, junto con Colombia y Guatemala, es uno de los mayores productores de aceite en Latinoamérica. En el Valle del Aguán, este monocultivo sobrepasa las 20 000 hectáreas y la Cooperativa Agropecuaria El Tranvío denuncia que la Corporación Dinant mantiene inundadas y contaminadas sus tierras. La población campesina de la zona, además, sostiene una lucha para recuperar los territorios que perdieron en medio de la reforma agraria de los años setenta y que hoy son ocupados por la empresa.
Ada Díaz representa a las voces que están denunciando la presunta contaminación de la Corporación Dinant. Foto: Lesly B. Frazier.
Panamá es un país pequeño y aunque su capacidad de producción de aceite de palma no alcanza los niveles de otras naciones latinoamericanas, este monocultivo domina el paisaje de la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica. En Barú, el distrito donde se vive el mayor auge de la industria palmicultora, gran parte de la comunidad advierte sobre contaminación a los ríos.
En Guatemala, las denuncias en Fray Bartolomé de las Casas no sólo tienen que ver con la contaminación del agua sino con el acaparamiento del líquido. Lo que solían ser bosques ahora son plantaciones de palma aceitera de la empresa Naturaceites y desde que el cultivo se extendió por la zona, las comunidades aseguran que padecen la contaminación y sequía de sus ríos.
Los habitantes afirman que no pueden utilizar el agua para su consumo y, si se bañan con ella, enseguida presentan lesiones en la piel. En medio de un clima de miedo, la mayoría de los vecinos prefieren no hablar de una empresa que prometió un desarrollo que nunca llegó.
“Es necesario comprender mejor cómo el uso del agua de la palma aceitera ejerce presión sobre el suministro de agua de las comunidades, dadas las altas necesidades del líquido que tienen las palmas aceiteras maduras. Esta comprensión incluye la evaluación de los sistemas de riego y su dinámica durante las estaciones húmedas y secas, en particular en las regiones agrícolas donde la palma aceitera no es el único cultivo”, se lee en el artículo.
Las sequías y las filtraciones contribuyeron a que los niveles de agua de Arroyo Grande fueran bajos en 2019. Foto: Cortesía Usomaríalabaja.
Precisamente, pobladores del municipio de María La Baja, en el Caribe colombiano, se quejan del acaparamiento de agua que la empresa palmicultora Oleoflores ejerce en el sistema de riego, de donde también se benefician otros cultivos como el arroz.
La compañía tiene por lo menos 11 000 de las 12 000 hectáreas de palma que están sembradas en el municipio y, según los últimos datos publicados por la administradora del sistema de riego, la palma consumió el 55 % del agua en 2019. Ninguna autoridad ambiental hace seguimiento al manejo del distrito de riego, mientras que la comunidad se queja por no tener agua potable y que por eso padecen enfermedades.
Los expertos consideran que a todo este panorama de falta de estudios se suma la limitada capacidad de control y seguimiento por parte de los gobiernos. Muchas veces se cuenta con normativas, “pero si no logras hacer un control, las normativas no van a funcionar”, asegura Marcela Cabrera.
Andreu Rico menciona que una vez tuvieron los resultados del estudio que realizaron en la Amazonía ecuatoriana —en el que se reflejaban niveles de pesticidas que excedían lo permitido en las normas— se lo presentaron al gobierno “y nos dijeron que tenían otras prioridades. Este es como un problema de segundo orden para ellos, la justificación va más por ahí, que siempre tienen cosas más alarmantes que resolver”.
Para muchas familias de Barranquilla de San Javier, en Ecuador, el agua turbia de estos ríos es la única opción para cosas tan básicas como cocinar, lavarse o beber. Foto: Alexis Serrano Carmona.
Rico considera que también hace falta más educación por parte de los gobiernos en cómo la gente tiene que utilizar los agroquímicos y hace énfasis en que si hay compuestos que ya fueron prohibidos en países que tienen un sistema de evaluación de riesgos más sofisticado, lo lógico sería prohibirlos o por lo menos restringir mucho su uso, “hasta que se hagan estudios científicos que avalen o rechacen, a nivel local, las conclusiones a las que se llegaron en esos países pioneros”.
El investigador español sugiere que sería valioso hacer una evaluación regional, que incluya a todos los países, para tratar de tener un registro unificado de plaguicidas, como se ha hecho en Europa. “Eso reduciría la necesidad de invertir país por país, sino que se puede hacer una inversión global para crear un sistema de evaluación de pesticidas para los cultivos más intensivos de la región y crear unas normas de calidad ambiental para las aguas superficiales de la zona tropical. Sería muy bueno si eso se pudiera hacer a nivel de continente”.
Les compartimos la siguiente invitación de Stay Grounded y la Red Permanecer en la Tierra (la red regional de Latinoamérica y el Caribe -LAC) a su webinario:
Construcción de alternativas para Permanecer en la Tierra, desde Latinoamérica y el Caribe
27 de junio de 2024 a las 10:00 hrs CST (Ciudad de México)
Quinta y última sesión de la Jornada de Reflexión sobre la Aviación y la Expansión Aeroportuaria, un espacio de diálogo, análisis y construcción de alternativas ante los impactos de la industria del transporte aéreo.
Contaremos con las ponencias de representantes del pueblo autónomo de Santa María de Ostula (México), del Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta (México) y Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (Brasil).
Pronunciamiento del Encuentro Mesoamericano contra la Palma Aceitera – A 6 de octubre de 2021 >>Descargar en comunicado en pdf<<
En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, durante los días 3 al 6 de Octubre 2021 nos encontramos diversas organizaciones, redes, miembros y representantes de colectivos provenientes de Honduras, Guatemala, México,Uruguay y Ecuador, con el fin de compartir experiencias en torno a las plantaciones de palma de aceite, analizar, estudiar y debatir sobre las consecuencias de este monocultivo en nuestros territorios.
Las palma de aceite ha arribado a nuestros territorios bajo un modelo extractivo acelerado, agresivo y depredador. Los monocultivos de palma provocan la desaparición de las fuentes de agua, desvían ríos y desaparecen lugares sagrados de los pueblos originarios vinculados con el agua. Impactan en las cosmovisiones de los pueblos originarios. El monocultivo de palma viola los derechos laborales, genera esclavitud laboral. Destruye el tejido social. Se basa en la apropiación de territorios por parte de las empresas con violencia engaños, mentiras, y falsas promesas, criminalización de la protesta social, en complicidad con el poder político.
Las plantaciones de palma provocan rompimiento de la soberanía alimentaria de los pueblos, acaban con los suelos, aceleran la deforestación, generan pobreza y dependencia, provocan sequías e incendios, destruyen el paisaje, generan fuertes problemas de salud en las poblaciones, despojo y desplazamiento, aceleran el cambio climático, y se acompañan con violencia, militarización y criminalización de los pueblos que reclaman derechos fundamentales. Las afectaciones de este modelo repercuten directamente a las mujeres, sumando sobre ellas, la violencia física y sexual.
Por todo ello, los movimientos y organizaciones nos proponemos detener este Modelo Extractivo, generar alternativas locales y develar el falso discurso de que las plantaciones de palma de aceite, son sustentables, que generan desarrollo, que reforestan y combaten el cambio climático, por una consciencia de que los monocultivos de palma, no son bosques, sino megaproyectos de muerte que están destruyendo el planeta.
Denunciamos la contaminación y perdida de fuentes de agua, en particular las afectaciones al río Tulijá en México
Exigimos justicia para las comunidades del rio Guapinol y para los asesinatos pepetrados en el Bajo Aguan en Honduras
Denunciamos la contaminación del rio la pasión por parte de la empres REPSA en guatemala
Rechazamos la persecución a la protesta social y a las comunidades defensoras y defensores de derechos que han sido asesinados, perseguidos, criminalizados, judicializados por parte del modelo de la agroindustria de la palma, y nos solidarizamos con los defensores de la Comuna
Barranquilla de San Javier, judicializados por la empres Energy y Palma/La Fabril en Ecuador.
¡LAS PLANTACIONES NO SON BOSQUES! POR TERRITORIOS LIBRES DE MONOCULTIVOS DE PALMA DE ACEITE
Atentamente:
RED MESOAMERICANA FRENTE A LA PALMA ACEITERA
Honduras: Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) Guatemala: Consejo de Pueblos Wuxhtaj (Hermanos) México: Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal Otros Mundos AC/Chiapas Organización Yashalum Santiago Aposte A.C Ejido Acambak Zoques por la Defensa de la Vida y el Territorio (ZODEVITE) Defensoras de Nasakobajk Centro de Lengua y Cultura Zoque Mujeres, Organización y Territorios MOOTS CAL Naturaleza y Esperanza por un Territorio Digno El Puente ES Ecuador: Acción Ecológica Internacional: Salva la Selva Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Arboles (RECOMA)
Compartimos esta nota publicada en Avispa Midia sobre el modelo energético en América Latina y la transición energética – A 10 de agosto del 2021
Los abusos a derechos humanos por parte de las empresas de energía renovable que operan en América Latina están en aumento. Tan solo en dicha región ocurren el 61 por ciento de las denuncias de abusos a nivel global y el número va en aumento.
Este análisis se desprende de la investigación (In)justicia energética en América Latina, mediante la cual se documentó 501 casos de abusos corporativo. En total, se recopilaron mas de 2,300 denuncias de presuntos abusos contra los derechos humanos perpetrados por 156 empresas de energía renovable y bancos privados y estatales operando en 17 países en América Latina.
Las denuncias fueron registradas entre 2010 y septiembre del 2020 por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.
Categorías de abusos derivadas de las denuncias. Elaboración del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos
Los abusos al derecho a la tierra y el territorio son los tipos más comunes de violencia. Le siguen los ataques contra personas defensoras, violaciones a derechos indígenas, al derecho a un medio ambiente sano y sobre todo al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades.
“Nuestra investigación reveló que el desarrollo de las energías renovables está, en demasiados casos, reproduciendo la violencia y los daños sociales y medioambientales que han caracterizado al sector de los combustibles fósiles”, mencionó Karen Hudlet, investigadora del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.
Denuncias
El pueblo Munduruku en rechazo a la construcción de las hidroeléctricas en el río Teles Pires, en la Amazonia brasileña. Foto de Fernanda Morais.
El reporte se enfoca en los tres sectores de la energía renovable más populares en el continente americano: hidroeléctrico con el 63 por ciento de todas las empresas y bancos de energía renovable, eólico con 31 por ciento y solar con el restante 6 por ciento de las corporaciones y entes financieros. Seis de estas empresas y bancos operan con múltiples energías renovables, de forma que registraron abusos en diferentes geografías y mediante distintos proyectos.
De estos tres sectores, el hidroeléctrico y eólico tienen el mayor número de denuncias. El sector hidroeléctrico es responsable del 79 por ciento de las denuncias contra derechos humanos, mientras el sector eólico lo es del 15 por ciento de las denuncias y el sector solar del 4 por ciento.
México y Centroamérica tienen el número más alto de casos de alegaciones de abusos (343 o el 68%), en comparación de América del Sur, con 158 casos (32%). Al mismo tiempo, Honduras es el país con el mayor número de casos, seguido de México y Colombia.
En México cerca de uno de cada cinco de todos los abusos relacionados con el desarrollo de energías renovables tienen que ver con derechos territoriales. Por su parte, Centroamérica es la región con los mayores cargos de abusos individuales contra los derechos territoriales.
En tanto, en Sudamérica sereporta la mayor cantidad de denuncias de desplazamientos por el desarrollo de energía renovable, con la mayor proporción vinculada con el desarrollo hidroeléctrico, así como los mayores abusos contra el derecho a la alimentación.
Por si fuera poco, la región también está en la mira de las principales industrias mineras, cuyo interés en extraer minerales críticos para producir las tecnologías “limpias”, como turbinas eólicas, paneles solares y baterías de autores eléctricos, incrementan los abusos y violencia del sector minero en los países latinoamericanos.
Según datos del índice de Minerales de la Transición, como región, América Latina tiene el número más alto de denuncias de abusos, con 138 casos, siendo Perú el que más registra de los países del mundo, con 77.
Entre las denuncias registradas durante 2010 a 2020, los abusos contra los derechos humanos en toda América Latina crecieron en un 1, 050 por ciento, esto es, de ocho casos reportados en 2010 pasaron a 92 casos denunciados en 2020.
Imagen: En portada: Comunidades organizadas instalaron un campamento en 2016 para evitar la imposición de un parque solar en Choluteca, Honduras. Foto de Aldo Santiago
Compartimos este informe de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC – A Febrero del 2021
Introducción:
Los pueblos de América Latina y el Caribe, empobrecidos tras siglos de opresión y expoliación de sus bienes naturales, hoy sufren los terribles impactos de las profundas crisis sistémicas globales que afectan los sistemas ecológicos que hacen posible la vida, al tiempo que generan mayor concentración, desigualdad y exclusión. La crisis climática, de la biodiversidad, del agua, de la alimentación, de los cuidados, y ahora la crisis de COVID 19, están interrelacionadas y son consecuencia del sistema de acumulación capitalista que privilegia el crecimiento continuo y el afán de lucro, al tiempo que atenta contra la vida, destruye la naturaleza y viola los derechos de los pueblos.
Las múltiples crisis a las que se enfrentan los pueblos en América Latina y el Caribe tienen su origen en la infame injusticia que se reproduce a diario en un continente profundamente desigual, de la mano de gobiernos de derecha y neoliberales que desprecian a las clases populares y las empobrecen con sus políticas criminales. El debilitamiento o privatización de lo público a manos de las empresas transnacionales, y como resultado de las políticas neoliberales fomentadas por las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) y la agenda de liberalización del comercio y las inversiones, aplicadas al pie de la letra por los gobiernos de derecha que responden a los intereses del gran capital, lleva a que las clases populares sufran todo el rigor de la destrucción de sus territorios, del cambio climático, de las pandemias y otros impactos del modelo depredador. Gobiernos y políticas que refuerzan no sólo la opresión de clase, sino también patriarcal y racista, y violan sistemáticamente los derechos de las mujeres, de las comunidades negras y afrodescendientes y de los Pueblos Indígenas.
Lo cierto es que América Latina y el Caribe, como otros continentes del Sur del mundo, aún hoy sufre las consecuencias de la dominación colonial y neocolonial y de la ofensiva imperialista que históricamente han sido impuestas a sangre y fuego, dejando un nefasto legado de opresión y explotación de los pueblos y la naturaleza en función de los intereses de las clases dominantes y de las potencias coloniales e imperialistas.
El sistema capitalista, patriarcal, racista, en su fase neoliberal y con fuerte predominio del capital transnacional y del sector financiero que operan en connivencia con las clases dominantes nacionales, acecha a nuestro continente, niega los derechos colectivos conquistados mediante la lucha, y genera destrucción, despojo, pobreza y hambre en nuestros pueblos.
La expansión del capital sobre los ecosistemas y su consecuente degradación, se articula con la reorganización del trabajo y de la sociedad para posibilitar el incremento de las tasas de ganancia y consolidar la capacidad de lucro de los actores y élites económicas nacionales y transnacionales. Proceso que se sostiene en base a la explotación del trabajo de las mujeres, que como consecuencia de la división sexual del trabajo están obligadas a hacerse cargo del trabajo de cuidados, que no es reconocido como trabajo productivo y por lo tanto no se le asigna ningún valor. Todas estas características de un sistema que privilegia la ganancia privada sobre los derechos de los pueblos, sumen a la región latinoamericana en una situación dramática, además con la clase trabajadora, especialmente las mujeres, afectada gravemente por la crisis global de la salud y sus consecuencias, producto del neoliberalismo, que ha llevado a que la pandemia por COVID19 tenga efectos devastadores y letales. Estos nefastos ataques a los pueblos, a sus derechos y a sus territorios, imponen retos de gran envergadura.
Pero como antes en la historia del continente, aún en un duro contexto en que tiene lugar una disputa política, de sentidos, en torno a los derechos y los territorios, los pueblos, sus organizaciones, procesos y movimientos continúan construyendo proyectos e iniciativas populares emancipatorias, desde principios éticos y políticos que marcan el camino para una transformación radical, como propone entre otros el movimiento feminista, apelando a la resistencia y al coraje que caracterizan la lucha por la democracia y el poder popular, la soberanía de los pueblos y la justicia en todas sus manifestaciones.
Nuestra apuesta por la justicia y la soberanía de los pueblos exige promover nuevas relaciones sociales, reconociendo la centralidad del trabajo para generar las bases materiales para la producción y la reproducción de la vida.2 Los movimientos y organizaciones sociales del continente se comprometen día a día a construir las condiciones necesarias para garantizar una vida digna para nuestros pueblos y desmantelar los sistemas de opresión, fomentando políticas públicas y creando procesos productivos que se nutren de y cuidan los sistemas y funciones ecológicas, resistiendo la lógica de la acumulación de capital. Ello exige poner en el centro la sustentabilidad de la vida y los cuidados como principio organizador de los procesos económicos, revirtiendo la división sexual del trabajo y la explotación del trabajo y el cuerpo de las mujeres. Asimismo, reclama romper con la dicotomía entre trabajo productivo y reproductivo y reafirmar la importancia de la autonomía económica de las mujeres.
1. ATAQUE CONTRA LA DEMOCRACIA Y CONTRA LOS PUEBLOS COMO SUJETO POLÍTICO
Este modelo basado en la explotación de la naturaleza y la producción de materias primas con poco valor agregado, para abastecer las cadenas de producción transnacionales, hoy se articula en proyectos nacionales y regionales anti-democráticos y anti populares signados por el papel central del capital, con fuerte participación del capital financiero, y el consecuente fortalecimiento de los sistemas de opresión -racista, patriarcal, de clase, colonial.
Se produce así un ataque contra la democracia. Para ese proyecto político la democracia no tiene sentido, es un estorbo, por ello se impone su carácter autoritario, y desarrolla estrategias de guerra para el control de la naturaleza; se persigue, encarcela y asesina a las/os defensoras/es de derechos y territorios, y toman fuerza posiciones fascistas que pretenden eliminar la diferencia y la diversidad para imponer un pensamiento totalitario que se materializa con el rechazo a la participación democrática en la construcción de la política y de las políticas públicas, que pasan a ser dictadas e impuestas por los CEOs de las empresas transnacionales.
La historia reciente de la región da cuenta de un fenómeno por todas/os conocido, pero negado por quienes se favorecen directa o indirectamente de la barbarie. Los golpes de Estado se convirtieron en una práctica constante para derrocar gobiernos y procesos elegidos democráticamente y articulados a la organización popular, que materializaban propuestas de dignificación de la vida a partir de la garantía de derechos para toda la sociedad y focalizados en las clases populares y las/os menos favorecidas/os.
Los golpes de Estado perpetrados en Haití (2004), Honduras (2009), Paraguay (2012), Brasil (2016) y Bolivia (2019), dan cuenta de la magnitud que ha tomado esta práctica criminal de las derechas nacionales aliadas con las fuerzas neoliberales y reaccionarias del Continente y con Estados Unidos. El último golpe, el de Bolivia4, en el que se ejerció la violencia y la sevicia contra el pueblo, vejámenes de distinta índole a mujeres indígenas, asesinatos, humillaciones, ilustra el verdadero rostro de la derecha, su carácter racista y colonialista, y sus imposiciones de muerte y destrucción. El golpe de Estado también puso al descubierto la complicidad de sectores y organizaciones que se jactan de trabajar por la defensa de la democracia, pero desplegaron una estrategia para maquillar al golpe con retóricas ancladas en un supuesto levantamiento popular aprovechado posteriormente por la derecha, dando la espalda a las millones de mujeres y hombres que fueron atacadas/os por las fuerzas militares y policiales cómplices de la derecha fascista.
La organización y capacidad de lucha de los movimientos sociales permitió restablecer la democracia en el país andino, y resultó en la aplastante victoria del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones de octubre pasado, con la participación popular más alta en la historia de los comicios electorales en Bolivia. Lo que dejó al descubierto las falacias con las que se pretendió legitimar el golpe desde sectores presuntamente democráticos, pero sobre todo no dejó duda sobre la capacidad popular para organizarse ante la adversidad y ante la imposición de la violencia armada.
Al igual que antes en Paraguay y en Brasil, las empresas transnacionales tenían especial interés en el control de lo que consideran recursos estratégicos para sus cadenas de valor. Cuando no logran imponer de lleno sus intereses, la democracia y las políticas públicas, como la prohibición del maíz transgénico en Paraguay, o la estatización de las reservas de petróleo en Brasil, se transforman en obstáculos a derribar. Para ello cuentan con el apoyo de las clases dominantes y su proyecto político y económico de carácter explotador, racista y patriarcal que se plasma en una agenda de derecha. Asimismo, cuentan con el apoyo y papel activo de Estados Unidos, que mantiene un fuerte interés en tener bajo control a “su patio trasero”.
Así, hoy está en juego en la región el restablecimiento de la democracia, y aunque la correlación de fuerzas es negativa por el signo político de una mayoría de gobiernos de derecha y neoliberales por ahora en el poder, el pueblo boliviano nos ha dado un ejemplo de grandeza, de paciencia y tenacidad para que triunfe la voluntad popular desde la lucha pacífica de los pueblos organizados. También el pueblo chileno ha dado una muestra de su capacidad de lucha contra el poder de la derecha dictactorial y décadas de políticas neoliberales que hambrearon a la mayoría de la población y le negaron sus derechos atentando contra la democracia.
La arremetida en la región, como en otros continentes, se complementa con una ofensiva que pretende deslegitimar la política, banalizarla y con ello reducir el poder popular para la toma de decisiones y para la conducción de los Estados y sus instituciones.
La deslegitimación de la política se enmarca en una estrategia más amplia de control social, que predica la importancia de la gestión eficaz especializada, denostando a la política como una actividad esencialmente corrupta. De esta manera, se pretende desplazar al pueblo de la toma de decisiones y se le vacía de su condición de sujeto político, para que la esfera de decisión sea controlada por los dictámenes de las élites nacionales, las corporaciones transnacionales y las IFIs, que se encargan de dictar las políticas públicas, incluidas las que definen el futuro de los territorios y los bienes naturales que contienen. La deslegitimación de la política y los atentados a la democracia son en realidad ataques contra los sujetos políticos populares que construyen agendas y proyectos políticos y disputan la arena política y la política pública, quienes desde su acumulado histórico intentan cambiar la correlación de fuerzas. Es por eso que los sujetos políticos populares que se organizan en movimientos -como el campesino, feminista, sindical, por la justicia ambiental- son perseguidos, criminalizados, judicializados, asesinados, y se emprenden campañas mediáticas en pos de su estigmatización y deslegitimación.
Una mirada a países como Honduras, Colombia, México o Brasil da cuenta de los ataques sistemáticos a los sujetos políticos populares como consecuencia de su defensa de los derechos de los pueblos y de los territorios; los asesinatos se cuentan por cientos en cada uno de esos países sin que los gobiernos les protejan o implementen medidas estructurales para prevenir esas atrocidades o para acabar con la impunidad que permite su repetición. Colombia, infortunadamente, concentra una de las tasas más altas de asesinatos y violaciones a los derechos de los pueblos y sus derechos humanos. En 2020 casi 400 líderes/as y firmantes del acuerdo de paz fueron asesinados, y desde la firma de los acuerdos de paz hasta agosto de 2020, mil personas fueron asesinadas por su trabajo en defensa de los derechos humanos. En lo corrido de 2021 ya se cuentan 18 defensoras/es asesinadas/os5.
Según Global Witness, organización que hace seguimiento a las violaciones de derechos humanos y pone énfasis en la violencia contra las/os defensoras/es medioambientales, “(el) informe anual sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente de 2019, muestra el número más alto de muertes en un solo año hasta la fecha. 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas en 2019, un promedio de más de cuatro personas por semana”6.
Y la violencia se manifiesta de manera brutal contra las mujeres que se organizan y lideran luchas en defensa de los territorios, sus derechos y los derechos de los pueblos, cuestionando la raíz del sistema capitalista, patriarcal y racista. La criminalización y la persecución, e incluso los asesinatos, tienen la intención de acallar sus voces e impedir su acción política. Los gobiernos de derecha, machistas y misóginos, emprenden campañas contra lo que ellos denominan “ideología de género”, para imponer su concepción de la familia y del papel de la mujer. De esta manera niegan el papel de las mujeres como sujeto político y llevan adelante una ofensiva que pretende relegarlas al trabajo reproductivo fortaleciendo la división sexual del trabajo y al mismo tiempo explotar sus cuerpos y trabajo. En este marco es más significativa aún la victoria lograda por el movimiento feminista con la legalización del aborto en Argentina, tras años de dura lucha.
Frente a los ataques a la democracia y la deslegitimación de la política, está en juego la necesidad de continuar y fortalecer la construcción de la solidaridad internacionalista contra todos los sistemas de opresión -de clase, racista, patriarcal, heteronormativo, colonial, imperialista-, en la que la unión de los pueblos y sus movimientos nos permita retomar el sentido de la democracia desde la participación de los sujetos políticos populares en la política y en la definición de la política pública para atender las necesidades de quienes más los necesitan, garantizando los derechos de las clases populares, protegiendo a quienes entregan sus vidas por los proyectos colectivos emancipatorios, y deshaciendo el secuestro del Estado y sus instituciones que vienen consolidando las derechas en respuesta a los intereses de los grupos económicos nacionales y de las transnacionales.
Disputar la comunicación desde las construcciones conjuntas y populares.
En este marco y contexto descritos, el poder y el papel de los grandes medios de comunicación empresariales y la manipulación de las redes sociales deben ser confrontados, pues tienen una enorme incidencia e influencia en la normalización de la violencia, en la deslegitimación de la política y en los ataques continuos a cualquier tipo de disputa democrática. Confrontar este poder implica el fortalecimiento de las estrategias de comunicación popular y la disputa por las tecnologías de la información.
Los movimientos sociales nucleados en la Jornada Continental por la Democracia y contra el neoliberalismo7 son protagonistas de la lucha en defensa de la democracia y han identificado la importancia de disputar las comunicaciones, por ello apuestan a la convergencia de medios populares. Ejemplo de ello son Radio Mundo Real (RMR) y, más recientemente, la herramienta Capire, construida en línea de confrontación a los grandes medios empresariales y su hegemonía totalizante, desde producciones propias de las mujeres en lucha. La comunicación es uno de los puntos clave para organizaciones como ATALC y la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM), por eso junto a movimientos aliados han participado de iniciativas conjuntas para crear una comunicación popular y feminista, que visibilice las luchas y los proyectos políticos de los pueblos y las mujeres en todo el mundo.
Propuestas de esta naturaleza visibilizan la lucha de las clases populares en pos de proyectos políticos emancipatorios y la construcción y fortalecimiento de iniciativas territoriales, para que las acciones y reflexiones que allí se presentan den cuenta de procesos que logran hacerse un espacio como grandes medios de comunicación. Permiten asimismo participar activamente en la disputa de sentidos.
Enfrentar los bloqueos y ataques a los pueblos dignos y soberanos
La continuidad de los ataques orquestados desde los Estados Unidos contra los pueblos de Cuba y Venezuela, en alianza con gobiernos de derecha y fascistas de la región, se hacen más brutales y repudiables en tiempos de la crisis global de la salud, y configuran ataques históricos y sistemáticos a la democracia. Los movimientos sociales y articulaciones de sujetos políticos populares colectivos tienen entre sus responsabilidades históricas la solidaridad internacionalista con los pueblos cubano y venezolano que han soportado con dignidad y tenacidad la arremetida del imperialismo y de la derecha. En la defensa de los pueblos bajo ataque está en juego la continuidad de sus aportes a la paz e integración regional.
2. OFENSIVA NEOLIBERAL
Ataques a los derechos laborales y desmonte de los derechos conquistados.
La aplicación de políticas neoliberales, que en muchos países se ha profundizado en el marco de la pandemia de COVID 19, también ha traído como consecuencia la adopción de medidas sumamente regresivas en materia laboral. La Confederación Sindical de Trabajadoras/es de las Américas (CSA), organización que representa a más de 55 millones de personas trabajadoras en el continente, ha señalado que la pandemia “dinamizó los procesos y tendencias de deterioro de la vida de la población trabajadora que ya estaban en curso”8. Se deterioraron las condiciones laborales, de la estabilidad del empleo, de los derechos laborales y sindicales, de las posibilidades de mantener salarios dignos, y “los propios sistemas de protección, además de los sanitarios, se encuentran inmersos en profundas crisis en la mayoría de los países de las Américas”9.
Lejos de aportar a la solución de la crisis, las medidas adoptadas por la mayoría de los gobiernos la agravaron, y se amplificó la violencia contra las mujeres, quienes debieron asumir una mayor carga de trabajo de cuidados esenciales para la vida que no son valorados por el capital y el mercado, configurándose un escenario de mayor explotación de sus cuerpos y trabajo. En muchos países, a ello se sumó la falta de acceso a servicios fundamentales como consecuencia de las privatizaciones o el debilitamiento de lo público, el debilitamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva, la negación del derecho al aborto, y la obligación de quedarse en casa, un espacio no seguro donde se vieron forzadas a convivir con los perpetradores.
En términos generales, son cuatro los aspectos centrales que representan ataques a los derechos laborales y a los derechos conquistados históricamente:
una reforma laboral de facto respaldada en la necesidad de reactivación económica al tiempo que se reducen los costos laborales10. Como lo denuncia la CSA “aun con medidas de restricción de despidos en estos meses, se denuncian despidos masivos, reducción de salarios y jornadas laborales, negativa a declarar COVID 19 como enfermedad laboral, envío de trabajadoras/es a vacaciones obligatorias y sin pago, cancelación o renegociación de contratos, reformas legislativas para eliminar la negociación colectiva y un desconocimiento general de los sindicatos”11.
Protección de la actividad económica, desprotección de trabajadores/as. La definición de los sectores básicos a mantener operativos durante los confinamientos respondió a criterios presionados por empresarios (la construcción, producción de bebidas alcohólicas, textiles y calzado, por ejemplo) y no a las necesidades básicas de la población durante la pandemia; además, en esos sectores tampoco se garantizó la salud y seguridad de las/os trabajadoras/es. El común denominador fue la ausencia de elementos de protección individual, ausencia de condiciones adecuadas de transporte, falta de agua potable. Con el agravante conocido en la región de la precariedad laboral que debió asumir el personal de salud que tuvo que enfrentarse a la crisis sin equipos de protección adecuados y en muchos casos sin recibir durante meses el pago de sus salarios y obligaciones contractuales.
Endeudamiento como salvaguarda de grandes empresas. Los nuevos procesos de endeudamiento para los países de la región que fueron presentados como necesarios ante la emergencia económica generada por la pandemia, se utilizaron para el salvamento de empresas transnacionales y no para la implementación de auxilios a las pequeñas y medianas empresas, tampoco para la creación de un ingreso o renta básica necesaria y urgente para la población. El caso del intento de salvamento a la transnacional AVIANCA, por el gobierno del derechista Iván Duque en Colombia, es escandaloso. Al momento se ha denunciado que se han entregado cinco mil millones de pesos (COP) a la empresa, mientras en el país andino no se entregó renta básica, se ha superado los cincuenta mil muertos por la pandemia y no se ha empezado la vacunación de la población.
Informalidad. Una de las características del trabajo en la región es la alta tasa de informalidad y las/os trabajadoras/es que tienen esta condición fueron de los/as más golpeadas/os con las restricciones a la movilidad y confinamientos impuestos. Su pérdida de ingresos les ha llevado a situaciones de empobrecimiento extremo.
Las/os trabajadoras/es de las aplicaciones de plataformas sufrieron un empeoramiento de sus condiciones de trabajo que ya de por sí tiene todas las características de la desregulación y explotación laboral: los costos de transporte, protección y mantenimiento de instrumentos de trabajo son asumidos por las/os trabajadoras/es que en su mayoría se movilizan en bicicletas en las que se exponen a accidentes constantemente; no cuentan con derecho a salud ni pensión, ni ninguna prestación legal. Por estas condiciones y situaciones lamentables de accidentes y muerte de las/os trabajadoras/es, en países como Brasil se convocó a movilizaciones desde los colectivos de trabajadoras/es de las Apps, pues mientras ellas/os exponen sus vidas para sobrevivir, las ganancias de las transnacionales dueñas de las aplicaciones crecen de manera exponencial.
En la región está en juego la dignificación del trabajo, en condiciones desfavorables ante el poder de las transnacionales y gobiernos de derecha y neoliberales que avanzan en la precarización, desregulación y desmonte paulatino o acelerado de los derechos conquistados históricamente por la clase trabajadora.
Es imposible entender las configuraciones del sistema capitalista de los últimos años sin considerar el rol que cumplen las Empresas Transnacionales (ETN) en el proceso de acumulación de capital. Las ETN son actores centrales que lideran los procesos de expansión del capital, tanto a nivel territorial, como en todas las esferas de la vida en sociedad. Las políticas de liberalización del comercio y las inversiones, que incluyen nuevas normas en materias de servicios, compras públicas, propiedad intelectual, así como los regímenes de solución de controversias incorporados en los tratados de libre comercio y en los tratados bilaterales de inversiones, han sido diseñados para promover y proteger los intereses de las ETN. Por ello, es necesario entender cómo opera la arquitectura de la impunidad que las beneficia y permite que no tengan que rendir cuentas por sus violaciones de derechos humanos, ambientales y de los pueblos, para comprender cómo imponen la primacía de sus intereses, por ejemplo a través de agendas políticas y comerciales.
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) mapeó a lo largo de la región distintos casos en los que las ETN intentaron -o lograron- imponer sus intereses generando y/o exacerbando las crisis sistémicas, violando o vulnerando los derechos de los pueblos, destruyendo los territorios y medios de sustento.
Este trabajo se confeccionó con casos propuestos por los grupos miembro de ATALC, que denuncian el accionar y las violaciones de derechos perpetradas por las ETN, a partir de sus experiencias de lucha territorial y en defensa de los derechos de los pueblos. Los casos son mencionados en el segundo capítulo del informe, donde se caracterizan los distintos sectores en los que operan las ETN, y serán desarrollados en una serie de podcast producidos por Radio Mundo Real.
El mapeo no pretende ser exhaustivo, pero sí brindar una caracterización fundamentada sobre el papel y la actuación de las ETN en la región y la ofensiva que ejercen en los territorios y sociedades contra los derechos de las clases populares, los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y las mujeres. A la vez, se describen los esfuerzos por parte de los pueblos afectados por rechazar y resistir las imposiciones corporativas.
