Compartimos con ustedes este informe de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la minería y el covid durante la pandemia en el 2020- A 24 de mayo del 2022 >>Descargar informe en pdf aquí <<
“La Pandemia Minera en Tiempos de COVID-19”
INTRODUCCIÓN
A dos años del inicio de la pandemia del COVID-19, hemos visto cómo los grandes capitales han podido beneficiarse de las restricciones sociales impuestas en nombre de nuestra salud y seguridad para posicionarse con más fuerza ahora y en el futuro. Sin embargo, no ha sido solamente el sector farmacéutico el que está generando ganancias históricas con nuestra desgracia sanitaria,1 sino que ésta también parece ser una pandemia hecha a modo para el sector minero.2
Pero ¿cómo es que la minería se benefició con la pandemia? En este informe documentamos la forma en que en México la minería logró una posición privilegiada al ser incluida dentro de las actividades “esenciales”. Se lo hizo echando mano de su poder político y jurídico ya instalado y reforzado con la entrada de vigencia en julio del 2020 del renegociado Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC y, poco después, por el anuncio de la creación de la Policía Minera.
Además, la misma incertidumbre generada por la pandemia y el cierre económico que se dio al inicio, favoreció el aumento de los precios de los metales como oro y plata. Luego, con la reactivación económica, también hubo un importante aumento en el precio de cobre y, en paralelo, con la especulación alrededor del “oro blanco” – el litio – en el contexto de la transición energética. Y a pesar de la insistencia de la administración actual de no seguir otorgando concesiones mineras, hubo solamente una breve pausa de dos meses en 2020 en los trámites de permisos ambientales para la exploración y explotación minera.
A pesar de que rápidamente a inicios de la pandemia surgieron reflexiones acerca de que la pandemia develaba las consecuencias más nefastas de la depredación del capitalismo, y que resultaba más urgente que nunca el trabajo en defensa del territorio y la naturaleza, las medidas de contingencia decididas por los gobiernos privilegiaron a las grandes empresas, logrando obstaculizar estos esfuerzos comunitarios tan necesarios para la salud, la alimentación y el medio ambiente. El encierro, la generación de miedo a enfermarse y la imposición del distanciamiento social, medidas impulsadas para prevenir los contagios a través de la campaña de la “Sana distancia” y “Quédate en casa”, generaron condiciones aun más asimétricas para defender la salud comunitaria y el territorio, mientras las empresas continuaban operando.
Especialmente durante el primer año de la pandemia, mientras las familias atendían las urgencias económicas y de cuidados de la salud, muchas comunidades y organizaciones no pudieron acceder a información sobre los proyectos mineros, realizar reuniones de discusión o hacer gestiones con las autoridades para detener los proyectos y atender sus grandes daños. Los testimonios de comunidades donde ya hay minas impuestas en operación como Zimapán en Hidalgo y el valle de Ocotlán en Oaxaca, recopilados para este informe, narran cómo estas empresas siguieron operando con impunidad y generando daños a la salud y a los territorios. En donde aún no han logrado establecerse, como Epazoyucan en Hidalgo, la Cuenca de la Independencia en Guanajuato y Acacoyagua en Chiapas, se documenta cómo las empresas buscaron permisos u otras oportunidades para ganar más apoyo o avanzar sus proyectos.
Por otra parte, en muchas partes del país, como el ejido El Bajío, en Sonora, el aumento de violencia tuvo repercusiones graves y actores armados fortalecieron su control del territorio. En este contexto, el estado federal justificó la creación de la Policía Minera en el contexto de la reactivación económica y, a la vez, se aumentó la militarización del país con un gran despliegue de la Guardia Nacional, a la vez que el crimen organizado se fortaleció en muchos lugares, trastocando la vida y la resistencia de las comunidades, tal como describimos en más detalle en adelante.
Con este documento queremos visibilizar la profundización de la asimetría que durante esta pandemia hubo entre los actores que promueven lo que llamamos Modelo Extractivo Minero y a las comunidades que se oponen a éste. También buscamos volver a plantear lo que debe ser considerado realmente esencial ante los tremendos impactos que este sistema capitalista depredador genera en el bienestar de los pueblos y la salud colectiva.
Una producción de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), http://www.remamx.org/ Texto y compilación de testimonios: Libertad Díaz, Jen Moore y Miguel Mijangos. Revisión: Ángeles Mariscal e Isabel Velásquez. Diseño: Otros Mundos, A.C./REMA Chiapas. https://otrosmundoschiapas.org/ Foto Portada: FPDS Chiapas. Agradecemos a los miembros de la Rema de las entidades participantes por la donación de sus fotografías para este informe. Agradecemos por su participación a: Comunidades Unidas de Zimapán, Hidalgo; Ejido El Bajío, Sonora; Articulación por la Vida contra la Minería del Valle de Ocotlán, Oaxaca; Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan, A.C., Epazoyucan, Hidalgo; Acción Colectiva Socioambiental, A.C., Guanajuato; Frente Popular en Defensa del Soconusco ‘20 de Junio’, Acacoyagua, Chiapas. Este informe forma parte de una iniciativa de documentación a nivel global coordinada por la Coalición en Contra de la Pandemia Minera, https://miningpandemic.org/es/. Impresión gracias al apoyo de Salva la Selva, https://www.salvalaselva.org/ México, Mayo 202
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre los dos amparos ganados en la lucha contra la minería y por la vida en Colima – A 11 de mayo del 2022
La Comunidad Indígena de Zacualpan, Municipio de Comala, Colima, hace unos días volvió a atinar un duro golpe al modelo extractivo minero, al ganar un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en la ciudad de Colima, y dejar sin efecto dos concesiones mineras que la Secretaría de Economía había otorgado (una de ellas desde 1995) para la extracción de minerales dentro de su territorio.
La lucha de Zacualpan comenzó en 2013 cuando el empresario minero, Rigoberto Verduzco Rodríguez, de la empresa Gabfer, S.A. de C.V. y la entonces Delegada de la Procuraduría Agraria en Colima, María Elena Díaz Rivera, se acercaron a la Comunidad de Zacualpan, uno a comprar y la otra a presionar, al comisariado comunal representado por Carlos Guzmán Teodoro con el fin de que él convenciera a los comuneros para que otorgaran el permiso para la explotación de oro, plata y manganeso de los lotes Heliotropo y Tigrilla con número de concesión 201872 y 227572. La oferta era de 15 a 17 mil pesos por voto y la promesa de poner una farmacia en la Comunidad.
Nunca pensaron que esa comunidad indígena les fuera a dar tantos dolores de cabeza y que tantas/os funcionarios iban a ver afectados sus intereses y algunas/os otras/otros iban a ser incluso destituidos de su cargo. En 2013 se constituyó el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y, por esta organización, fue que en 2014 el primer funcionario cayó. Se trató de de Carlos Guzmán Teodoro, que fue destituido por la fuerza de la Asamblea Comunal, autoridad máxima, que nombró un nuevo comisariado y que por primera vez en la historia de Zacualpan contaba con dos mujeres, Epitacia Zamora Teodoro y Olivia Teodoro Arandas, secretaria y tesorera respectivamente. En esa misma Asamblea se decidió declarar a Zacualpan como “Territorio Libre de Minería”.
Ante esto, el gobierno del estado de Colima se negó a reconocer al nuevo comisariado. La Comunidad, en respuesta, paró las bombas de agua que distribuyen agua a Colima y Villa de Álvarez. Esto era una acción también simbólica, pues se sabía que el manantial que Zacualpan había cuidado por generaciones, sería uno de los primeros en contaminarse con la operación de una mina. Rogelio Rueda, en ese momento Secretario de Gobierno, reprimió de manera brutal a las y los indígenas que se encontraban exigiendo ser atendidas/os. Con más de 200 granaderos y una tanqueta obligó, violentamente, al contingente a retirarse del sitio. Esto sería la causa de que el funcionario perdiera su candidatura a gobernador, más adelante.
Por otro lado, Díaz Rivera, la Delegada de la Procuraduría Agraria, asesoró a Carlos Guzmán para que interpusiera un juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, juicio que resolvió el Magistrado Antonio Luis Betancourt, el 3 de julio de 2014. No sólo no le dio el triunfo a Carlos Guzmán reconociendo al nuevo comisariado sino que, por primera vez en México, se reconocía a un Territorio Libre de Minería por un Tribunal Agrario. Esto, por supuesto también le costó a este Magistrado su destitución y por muchos años ese Distrito estuvo sin nombramiento.
Por su lado, Díaz Rivera insistía en que el nuevo comisariado no era legítimo y su soberbia la llevó a extralimitarse en sus funciones y comenzó a cometer incontables violaciones a los derechos de la Comunidad Indígena de Zacualpan, llegando al extremo de usar un helicóptero del gobierno del Estado para poder llegar a la Comunidad y realizar una Asamblea en 9 minutos, donde pretendía destituir al nuevo comisariado ya ratificado por el Tribunal Unitario Agrario.
Este cúmulo de acciones violentas e ilegales contra la comunidad indígena de Zacualpan llevaron a la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) y a Bios Iguana A.C., que habían estado apoyando desde un principio a la Comunidad Indígena, a organizar una Misión de Observación donde participaron más de 20 organizaciones nacionales e internacionales en marzo de 2015, unos días después de que la principal líder indígena de Zacualpan, la muy querida Epitacia Zamora Teodoro, muriera a causa de presiones y amenazas que agravaron su salud. En esos meses fueron interpuestas denuncias ante el Órgano Interno de Control de la Procuraduría Agraria en contra de María Elena Díaz Rivera por intimidación y abuso de autoridad.
La REMA, en ese mismo mes de marzo de 2015, junto con otras organizaciones nacionales y como parte de una estrategia nacional para lograr la inconstitucionalidad de la Ley Minera, apoyó a la Comunidad Indígena de Zacualpan para interponer un amparo contra las concesiones mineras que se habían otorgado en su territorio.
A principios de 2016 finalmente fue destituida la Delegada de la Procuraduría Agraria, Maria Elena Díaz Rivera, por orden del Órgano Interno de Control de la misma Procuraduría Agraria.
Cuántas angustias, violencia física, violencia psicológica, división, criminalización, estigmatización, acoso policiaco, amenazas de muerte, cuánta sangre corrió, cuántas familias divididas, cuantas tristezas, cuanto acoso tuvieron que soportar mujeres y hombres de la Comunidad Indígena de Zacualpan hasta que ahora, finalmente, a 7 años de interpuesto ese amparo, el Juez Federal, Jorge Damián González Villaseñor, Titular del Juzgado Segundo Distrito le da la razón a la Comunidad indígena y deja sin efecto esas concesiones.
Desde la REMA le decimos a la Comunidad Indígena de Zacualpan y al Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, miembro de la REMA, que recibimos con gran alegría la noticia de este triunfo, que no es más que de ustedes. Que las y los vemos como un gran ejemplo de lucha y tenacidad, que nos alienta a seguir en este camino. Que su lucha también nos ha fortalecido y nos ha enseñado senderos nuevos que hemos compartido con otras luchas, para que no cometan los mismos errores, para que estén claras/os de que la lucha es larga pero con fuerza firmeza y tenacidad se logra ganar a este modelo extractivo que nos carcome la vida.
En 1981-1982, los regímenes genocidas guatemaltecos, respaldados por Estados Unidos, llevaron a cabo cinco masacres a gran escala contra el pueblo maya achí de la aldea de Río Negro, para dar paso a la presa hidroeléctrica de Chixoy del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un proyecto de inversión en energía que fue financieramente rentable para ambos bancos de “desarrollo” y que dio lugar a una muerte masiva y a la devastación de Río Negro, y de docenas de pueblos mayas a lo largo del río Chixoy.
Impunidad desde lo nacional al internacional Hasta hoy dia, los gobiernos de Guatemala no han cumplido con las reparaciones y condiciones ordenadas como parte de la Sentencia de Corte Inter-Americana de DDHH (2012), ni con las reparaciones ordenadas como parte del Decreto #378-2014, “la Política Pública de Reparaciones para las Comunidades Afectadas por la Construcción del Proyecto de la Presa Hidroeléctrica de Chixoy”.
Hasta hoy dia, no el Banco Mundial ni el BID han aceptado responsabilidad algunas por las massacres, destruccion y desalojos violentos e ilegales vinculados con la construccion de la presa Chixpy. Los dos bancos de ‘desarrollo’ profitaron de sus inversiones en este proyecto genocida de desarollo.
14 de mayo – Masacres de Los Encuentros Ahora, bajo las aguas de la presa, Los Encuentros era un punto de encuentro río abajo de la remota aldea de Río Negro, que había estado enclavada a lo largo del río Chixoy (también conocido como Río Negro) en el centro de Guatemala durante siglos, hasta la construcción violenta e ilegal de la presa de Chixoy del Banco Mundial y el BID (1975-1985).
Representación de las masacres de la presa de Chixoy/Río Negro, utilizada en un trabajo de educación popular del Centro Historico de la aldea de Rio Negro Salvajismo Fue ese dia, ahi en Los Encuentros, que los patrulleros y soldados llevaron a cabo el cuarto de los 5 masacres de la presa Chixoy/Rio Negro. En total, más de 440 niñas y niños, bebés y ancianos, hombres y mujeres de Río Negro fueron asesinados sin miramientos.
Es difícil comprender el salvajismo de estas matanzas. Los aldeanos fueron asesinados a golpes de machete, estrangulamiento y disparos; las mujeres fueron violadas y golpeadas hasta la muerte; los niños pequeños y los bebés fueron golpeados contra las piedras.
Las masacres y la destrucción fueron llevadas a cabo por los militares guatemaltecos y los patrulleros de la defensa civil (PAC), y por los guardias de seguridad que trabajaban para el proyecto de la presa de Chixoy.
Tras la última masacre de la presa de Río Negro/Chixoy (en la aldea de Agua Fría, el 14 de septiembre de 1982), algunos supervivientes perecieron de hambre y enfermedad, mientras se escondían en cuevas y barrancos de las montañas circundantes. Incluso después de la erradicación de Río Negro y de la mayoría de sus habitantes, los soldados y las PAC patrullaron a pie la zona de la cuenca del río Chixoy, matando a cualquiera que encontraran sobreviviendo allí.
“Plan de reubicación” del Banco Mundial/BID La matanza de los habitantes de Río Negro y la erradicación de la aldea sirvieron para la “reubicación” del proyecto, para dar paso al llenado de la cuenca de la presa. En total, más de 30 comunidades mayas fueron desalojadas por la fuerza, total o parcialmente, río arriba y río abajo del muro de la presa. Ninguna comunidad sufrió más que Río Negro.
En su libro “Chixoy dam, displacement and development: Perspectivas de Río Negro, Guatemala”, Nate Einbinder escribió: “No hay forma de cuantificar lo que se perdió en Río Negro” (https://www.springer.com/la/book/9783319515106).
Nate tiene razón. Es difícil exagerar la amplitud y la enormidad de la criminalidad y la violencia del Banco Mundial y el BID, en asociación directa con los regímenes genocidas guatemaltecos de los generales Lucas García y Ríos Montt.
Daños intergeneracionales Los impactos de las masacres de la presa de Chixoy/Río Negro y los desalojos forzosos continúan hoy en día de múltiples maneras. La mayoria de los supervivientes de las masacres y desplazamientos, sus hijos y nietos, llevan hoy vidas de subsistencia, en condiciones de pobreza crónica. Muchos se han visto obligados a huir de su casa y de su país y a intentar buscarse la vida en México o en Estados Unidos.
Impunidad intergeneracional También es imposible exagerar la profundidad de la corrupción y la impunidad del Banco Mundial, el BID y los sucesivos regímenes respaldados por Estados Unidos en Guatemala, que fueron directamente responsables de las masacres y los desplazamientos forzados de la presa de Chixoy/Río Negro.
Han pasado casi cuatro décadas y todavía no se ha hecho justicia contra los autores intelectuales, beneficiarios y aprovechados de este proyecto de inversión de “desarrollo internacional”.
Supervivencia / Verdad / Justicia y Reparación Una reflexión sobre las masacres de la presa de Chixoy/Río Negro, 40 años después, puede entenderse mejor en términos de la supervivencia de los supervivientes y su trabajo y lucha continuos para contar la verdad y buscar justicia y reparación.
Supervivencia La mayoría de los sobrevivientes de Río Negro viven hoy en día -con hijos y nietos nacidos desde los crímenes de la presa de Chixoy- en el antiguo campo de concentración militar de Pacux, donde fueron obligados a vivir, y fueron “reubicados” desde Río Negro. Algunos han regresado para ganarse la vida a duras penas, en lo alto de la ladera seca de la montaña, donde la comunidad original se encuentra ahora bajo unos 100 metros de acumulación de limo y agua de la presa de Chixoy. Sebastián Iboy Osorio, superviviente y testigo presencial (cuando tenía 16 años) de la masacre del 13 de marzo de 1982, en la que fue asesinada la mayor parte de su familia, camina por Río Negro, por encima del lodo y el limo que han llenado la cuenca del río Chixoy desde que se represó en 1983, tras la última masacre. La comunidad original de Río Negro se encuentra debajo del lodo. Sus condiciones de vida actuales de pobreza y trauma intergeneracional son complicadas y tóxicas, y son un resultado directo de las masacres, los desplazamientos y los daños de la presa de Chixoy. Sin embargo, sobreviven y siguen reconstruyendo sus vidas para sus hijos y nietos, y siguen contando la verdad y exigiendo justicia y reparaciones.
Se podría decir que es un milagro, pero no lo es. Es un testimonio de la valentía, la dignidad y la fuerza espiritual de los supervivientes de Río Negro (en concreto) y de los pueblos mayas (en general), arraigados en sus antepasados, sus tierras y la Madre Tierra, sus dioses y sus ceremonias.
La verdad Desde la primera exhumación de las víctimas de las masacres de la presa de Chixoy/Río Negro, llevada a cabo en 1993-94 por el EAFG (Equipo de Antropología Forense de Guatemala), precursor de la FAFG (Fundación Guatemalteca de Antropología Forense – https://fafg.org/home/), en el lugar conocido como “Pak-o-shom” en las montañas por encima de la aldea original de Río Negro, los supervivientes han estado diciendo la verdad para que todos la escuchen.
Desde esta primera exhumación de la fosa común vinculada a la presa de Chixoy, los sobrevivientes han apoyado otras exhumaciones y han impulsado los esfuerzos para buscar justicia en Guatemala y a nivel internacional.
Los sobrevivientes de la masacre y los testigos presenciales -como Jesús Tecu Osorio y Carlos Chen Osorio- han escrito libros testimoniales. Se han realizado películas documentales. Se han escrito artículos y reportajes. Los activistas supervivientes han viajado por todo el mundo dando testimonios en conferencias y protestando en las reuniones del Banco Mundial y el BID.
Justicia A pesar de la amplia documentación sobre los crímenes de la presa de Chixoy, no se ha conseguido justicia contra ninguna institución (BID, Banco Mundial) o gobierno (Guatemala, Estados Unidos) por su papel como autores intelectuales y materiales de la muerte y destrucción de la presa de Chixoy.
Tribunales nacionales Hay una excepción parcial a esta última afirmación. Desde 1994, los sobrevivientes de Río Negro han presionado al corrupto y comprometido sistema legal guatemalteco para que juzgue, declare culpables y envíe a la cárcel a nueve ex patrulleros de la defensa civil y comisionados militares, principalmente de la aldea vecina de Xococ, que participaron en las matanzas de Río Negro bajo las órdenes y el control de los militares guatemaltecos.
Este es un logro importante. En el corrupto sistema jurídico de Guatemala, los juicios por crímenes de lesa humanidad son escasos, y las condenas, menos. Sin embargo, el encarcelamiento de nueve de los “actores materiales” de menor rango de los crímenes de la presa de Chixoy también sirve como prueba de la impunidad con la que actuaron los “autores intelectuales” de los crímenes.
Ni un solo militar de la cadena de mando, que ordenó y llevó a cabo las masacres de la presa de Chixoy, fue capturado, juzgado y condenado.
Ni un solo funcionario o responsable de programas del Banco Mundial y del BID fue sometido a ninguna investigación sobre el papel de los bancos en la asociación con los regímenes genocidas de Guatemala en la planificación y ejecución de todos los aspectos del proyecto, incluyendo el despojo ilegal de tierras, las masacres y los desplazamientos forzados.
Corte Interamericana de Derechos Humanos Dado que sólo los “actores materiales” de bajo rango fueron declarados culpables de los crímenes de la presa de Chixoy, los supervivientes de Río Negro presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando impunidad y falta de acceso a la justicia.
Tras años de retrasos, manipulaciones por parte del gobierno guatemalteco y amenazas a los supervivientes de Río Negro que lideraban esta lucha por la justicia, el 20 de octubre de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al gobierno guatemalteco responsable de las masacres de la presa de Río Negro/Chixoy y le ordenó que
investigar legalmente las masacres;
enjuiciar a todos los autores materiales e intelectuales
continuar la búsqueda de los desaparecidos
realizar exhumaciones e identificar a las víctimas;
reconocer públicamente su responsabilidad;
construir infraestructuras y servicios básicos para los supervivientes de Río Negro en Pacux
implementar proyectos de rescate de la cultura del pueblo Maya Achí
proporcionar tratamiento médico y psicológico a las víctimas; y
pagar una indemnización a las familias supervivientes por los daños materiales e inmateriales sufridos.
Si bien esta sentencia de la Corte Interamericana es un importante logro de justicia parcial, la Corte no individualizó la responsabilidad: la sentencia no tuvo impacto en los autores intelectuales de los crímenes de la presa de Chixoy.
Además, la Corte Interamericana se negó a investigar las funciones y responsabilidades del BID y del Banco Mundial, reforzando su corrupción e impunidad.
Recién en 2019 el gobierno de Guatemala realizó los primeros pagos parciales a algunos de los miembros sobrevivientes de la familia de Río Negro, mientras que no cumplió con los demás términos de la sentencia de la Corte. Desde entonces, el gobierno se ha negado a pagar más fondos de reparación o a cumplir con cualquier otro requisito.
Campaña de reparación de la presa de Chixoy Aunque no se trata de un proceso legal formal, la campaña de reparación de la presa de Chixoy es un logro importante, aunque inacabado. Tras años de exhumaciones y otros trabajos de búsqueda de la verdad, los supervivientes de Río Negro se unieron en 2004 a los demás pueblos desplazados por la fuerza y perjudicados por la violencia y los desplazamientos forzados de la presa de Chixoy para exigir una reparación integral. Aclaración: la sentencia de la Corte Interamericana se refiere a las masacres de Río Negro directamente relacionadas con el proyecto de la presa de Chixoy; la Campaña de Reparaciones se refiere a otras pérdidas y destrucciones causadas por el proyecto. Al igual que con el caso de la Corte Interamericana, sólo después de años de retrasos, manipulaciones y amenazas a los supervivientes que lideran esta lucha, el 8 de noviembre de 2014 el entonces presidente y ex general del ejército Otto Pérez Molina (ahora encarcelado por cargos de corrupción) se disculpó en nombre del régimen guatemalteco por las violaciones de los derechos humanos y los sufrimientos causados por el proyecto de la presa de Chixoy, y firmó el Decreto #378-2014, “la Política Pública de Reparaciones para las Comunidades Afectadas por la Construcción del Proyecto de la Presa Hidroeléctrica de Chixoy”.
A partir de 2022, el gobierno de Guatemala sólo ha realizado pagos parciales del monto total a pagar en compensación familiar y proyectos de reconstrucción para las comunidades perjudicadas y destruidas por el proyecto.
Una vez más, el Banco Mundial y el BID resistieron todas las presiones para ser incluidos en la investigación de la Campaña de Reparaciones. La impunidad y la corrupción de la “comunidad internacional” se reforzaron de nuevo.
Valor, dignidad y fuerza 40 años después, sólo se ha pagado una pequeña cantidad de reparaciones a algunas de las víctimas de la presa de Chixoy. No se ha hecho justicia a las funciones y responsabilidades de los autores intelectuales de los gobiernos, el Banco Mundial y el BID que promovieron, diseñaron, ejecutaron y se beneficiaron económicamente del proyecto.
Señalar la impunidad y la corrupción de los autores intelectuales y aprovechados de los crímenes del proyecto de la presa de Chixoy pone de manifiesto la enormidad de este problema humano global.
Hoy en día, en todo el planeta, los gobiernos, los llamados bancos de “desarrollo”, las empresas y otros inversores siguen adelante con proyectos de inversión, desplazando violentamente a las poblaciones y destruyendo los hábitats, violando una amplia gama de derechos individuales y colectivos, y devastando la Madre Tierra.
La presa de Chixoy fue uno de esos proyectos, quizá más mortífero, violento y destructivo que la mayoría.
TESTIMONIO: Canadian Mining in the Aftermath of Genocides in Guatemala (La minería canadiense tras los genocidios en Guatemala) En nuestro libro TESTIMONIO, incluimos artículos de Cyril Mychalejko y Nate Einbinder sobre las masacres de la presa de Chixoy/Río Negro, haciendo las conexiones directas entre la creación de esta fuente masiva de energía hidroeléctrica en los años genocidas de los 70 y 80, y la nueva ola de inversiones mineras lideradas por Canadá que comenzó en los 90 y principios de los 2000.
El Banco Mundial fue también -no es una sorpresa- uno de los primeros inversores más influyentes en la operación minera de lixiviación con cianuro a cielo abierto de Goldcorp Inc, una de las cuatro minas a gran escala documentadas en TESTIMONIO. *** Señalar la enormidad de la impunidad y la corrupción de los autores y aprovechados de los crímenes de la presa de Chixoy no lleva a nada, y de hecho pone de relieve el valor y la dignidad, la fuerza y la visión de los supervivientes de Río Negro.
Desde que conocí a Carlos, Jesús, Antonia, Bruna, Teodora, Cristóbal y otros supervivientes de Río Negro en 1994, me asombra su fuerza espiritual y su dignidad, su compromiso para reconstruir vidas, familias y comunidades, y su valiente e incesante lucha por la verdad y la justicia.
Desde 1994, Rights Action ha apoyado varios de los procesos de verdad, memoria y justicia, y proyectos de desarrollo y reconstrucción de la comunidad iniciados por los sobrevivientes de Río Negro. Nos comprometemos a seguir haciéndolo, y … a seguir exigiendo que el Banco Mundial y el BID rindan cuentas plenamente algún día, en algún tribunal, en algún país o universo que realmente crea en la justicia y la rendición de cuentas. ******* Más información
Carlos Chen, ADIVIMA (Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, Maya Achi): chenosorio.carlos@gmail.com;
Compartimos este reportaje de Avispa Midia sobre – A 8 de mayo del 2022
En la primera publicación se analizaron los procesos de presión, privatización y especulación de tierras que comienza a ser visible sobre la propiedad social por el despliegue del componente industrial del Corredor Interoceánico del Istmo, elementos llamados Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBIS). En esta entrega analizaremos otro bien común que sería directamente impactado por la conformación de corredores industriales: el agua.
En lugares donde el agua es, de por sí, un elemento escaso, la instalación de corredores industriales afecta directamente este bien de dos formas: Por un lado, incrementa de forma inmediata la presión sobre el agua y, por otro lado, a corto y mediano plazo también constituye una de las principales fuentes de su contaminación.
En términos generales, Greenpeace, en su estudio “Ríos Tóxicos” considera que la industria es una de las tres fuentes de contaminación de los recursos hídricos en México y, este daño y su relación con la industria, ha sido ampliamente documentado por la sociedad civil e investigadores.
Armando Luis, dirigente de la comunidad de pescadores en Boca Uxpanapa quienes denuncian la contaminación en el río Coatzacoalcos. Falleció en octubre de 2020 por cáncer. Foto: Martín Álvarez Mullally, OPSur
Es el caso de río Santiago, en Jalisco, o del río Coatzacoalcos en la parte norte del Istmo de Tehuantepec, considerado el más contaminado de México y cuya contaminación es causada por la industria petroquímica. También de otros ríos cercanos a la región como el Río Atoyac, en Puebla, contaminado por industrias del ramo textil, refresquero, metalúrgico, automotriz, médico y de alimentos, así como la cuenca de Tehuacán, donde se vierten aguas residuales de la industria textil, y agroalimentaria, principalmente.
Ahora, en el caso de los proyectos de industrialización asociados al Corredor Interoceánico, ¿qué efectos socio hídricos podemos prever?
El siguiente análisis se realizó a partir de la revisión de los volúmenes de agua concesionados existentes en los 79 municipios del Corredor Interoceánico y fue elaborado a partir de datos del Registro Público de Derechos del Agua (REPDA), obtenidos con corte de septiembre del 2021.
Así mismo, se hizo la revisión del acceso al agua en las viviendas de estos municipios, elaborado a partir de los datos obtenidos en el Censo Nacional 2020, realizado a viviendas particulares habitadas y de las estimaciones sobre demanda de agua y descarga de aguas residuales publicadas en documentos oficiales del organismo público descentralizado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
La concentración actual del agua en pocas manos podría agudizarse
Actualmente, existen 24 mil 325 registros de concesiones de agua en esos municipios, con un volumen total de 624.8 millones de metros cúbicos de agua concesionada anualmente. El 65% de este volumen total proviene de fuentes superficiales (ríos) y el 35% de fuentes subterráneas que utilizan pozos.
En la región, seis municipios concentran la mitad del agua concesionada: Coatzacoalcos, Hueyapan De Ocampo, San Pedro Tapanatepec, Mecayapan, Isla y Chinameca y, de éstos, tan sólo el municipio de Coatzacoalcos concentra el 20% del volumen total de agua concesionada en el Istmo.
Los principales sectores de consumo de agua son la industria química (particularmente petroquímica) y la agroindustria. Para dimensionarlo, sirve notar que tan sólo la industria química consume un tercio de toda el agua concesionada en el Istmo mientras que el consumo total de toda la población (consumo urbano) sólo representa un cuarto del volumen total.
Volumen de agua superficial y subterránea concesionada en los 79 municipios por tipo de uso (m3/año). Fuente: GeoComunes a partir de los datos del REPDA (septiembre, 2021)
Sorprende saber que tan sólo 15 titulares concentran la mitad de toda el agua superficial y subterránea concesionada en los 79 municipios del Istmo de Tehuantepec. Ejemplo de esto es Pemex, empresa que posee el 20% de toda el agua concesionada en el istmo.
Titulares con mayores volúmenes de agua concesionada en los 79 municipios del Istmo de Tehuantepec. Fuente: GeoComunes a partir de los datos del REPDA (septiembre, 2021)
Tomando en cuenta que la actividad química y agroindustrial están dentro de los sectores más mencionados para dinamizar los nuevos parques industriales previstos a lo largo del Istmo, es posible prever que la construcción del proyecto de Corredor Interoceánico va a reforzar aún más el proceso de acaparamiento del agua en manos de algunos de estos sectores e, incluso, de algunos de los concesionarios que, ya hoy, acaparan este recurso.
Además de esto, podemos prever que el despliegue de este proyecto atraiga a más empresas con altos consumos hídricos y que, en consecuencia, se agudice la actual concentración de concesiones de agua a nivel sectorial y por titular de la concesión.
Un ejemplo más concreto de esto se puede ver con el caso de la empresa cervecera Constellation Brands, quien ya avizora llevar la planta que tenía prevista construir en Mexicali (cancelada por la fuerte movilización social en contra de su instalación), hacia la región del Istmo, en concreto, en el Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI) previsto en Texistepec, en el estado de Veracruz, al lado del río Papaloapan.
Según el documento “Resumen Ejecutivo Plan Estratégico y Plan Maestro Conceptual del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec” el gobierno estima que, para 2040 la demanda de agua para los parques industriales previstos será de 324 millones de m3 / año. Eso representa más de la mitad de toda el agua actualmente concesionada en los 79 municipios del istmo (625 millones de m3 / año) para el conjunto de usos (industrial, agrícola, público-urbano, etc.). Esos parques industriales consumirán en conjunto dos veces más agua que lo que consume actualmente el conjunto de la población istmeña (148 millones de m3 / año).
Las estimaciones de demanda de agua para el parque industrial previsto en el Barrio de la Soledad dan una idea del acaparamiento y de la grave desigualdad en el acceso al agua que podrían generar la instalación de esos parques industriales. Para este parque industrial se estima una demanda de agua de 11 millones de m3 / año. Es cuatro veces más que el consumo total de agua en este municipio (2,8 millones de m3 / año) que se debe en gran parte al gran consumo de la cementera Cruz Azul (1.2 millones de m3 / año). El parque industrial consumirá 16 veces más agua que lo que consume actualmente el conjunto de la población de este municipio.
Fuente: realización GeoComunes a partir de datos del REPDA (diciembre del 2022) y de documentos oficiales del CIIT
El tema preocupante es que, por ahora, no hay ninguna información oficial sobre cómo se obtendrán los volúmenes de agua previstos para abastecer a los parques industriales. Si provendrán de fuentes superficiales (captación de ríos o presas existentes y abastecimiento a los parques por medio de acueductos) o subterráneas (perforación de pozos en los predios de los parques industriales o a los alrededores).
El siguiente mapa muestra la disponibilidad de los acuíferos en la región, y visibiliza el riesgo que representan los parques industriales en caso que éstos se abastezcan de agua por medio de la perforación de pozos. Llama particularmente la atención el caso del acuífero Cuenca Río Papaloapan en Veracruz, que está ya en una situación de déficit de 19 hm3/año y donde están previstos instalarse tres parques industriales.
Así mismo, la situación en el acuífero Río Los Perros se podría volver crítica, ya que actualmente tiene una disponibilidad de solo 0.3 hm3/año, y ahí están previstos cinco parques industriales de la zona primaria, y otros cuatro de la zona marginal. Eso pone en grave riesgo los pozos actuales, destinados al consumo doméstico o agrícola y que son de baja profundidad, comparados con los pozos que generalmente se perforan para usos industriales, quedando en riesgo de secarse con la perforación de los pozos industriales.
No existe tampoco un plan hídrico para dimensionar los posibles impactos a nivel regional a escala de cuencas o de acuíferos. Hasta el momento sólo se habla de estudios de prefactibilidad, pero no hay ningún documento de acceso público que pueda ser analizado por expertos en temas hídricos o utilizado para informar a la población posiblemente afectada.
La única información oficial existente es relativa al abastecimiento del parque industrial (PODEBI) Coatzacoalcos I (en el predio 5 de Mayo) que se pretende realizar por medio de la construcción de un acueducto para traer agua desde la presa “La Cangrejera” que abastece actualmente en agua los distintos polígonos industriales de Coatzacoalcos.
¿Qué pasará en los otros sitios donde se ha proyectado la construcción de parques industriales? ¿Habrá suficiente agua en la región para responder a este fuerte aumento de la demanda (para abastecer a todos esos parques, pero también al crecimiento poblacional que provocarán)? Y, si no es el caso, ¿quién tendría preferencia en el acceso al agua entre actividades industriales de empresas multinacionales y actividades domésticas y campesinas de la población local?
El volumen de aguas residuales vertidas en la región se incrementará, agudizando la contaminación del agua provocada por las actividades industriales
Como mencionamos arriba, un segundo elemento del problema socio hídrico a evaluar es el proceso de contaminación del agua que genera la industria. Según datos del REPDA, el volumen anual de descargas de aguas residuales de la región es de 204 millones de metros cúbicos. Sólo 5 municipios (Coatzacoalcos, San Pedro Tapanatepec, Minatitlán, Cosoleacaque y Salina Cruz) representan el 90% del volumen total de descarga de aguas residuales de la región y, tan sólo Coatzacoalcos, representa el 50% del volumen total de descargas de todo el Istmo.
En toda la región, sólo cuatro empresas realizan el 61% del volumen de descargas de aguas residuales en el Istmo: dos relacionadas con actividades petroquímicas (Pemex e Innophos Holdings), y dos otras con granjas camaroneras (Acuicultores Rinconjuarences SC de RL de CV y Sociedad Cooperativa Oceanova SCS). No sorprende saber que, en materia de descargas de aguas residuales, nuevamente es Pemex quien realiza la mayor parte de éstas: 78 millones de m3 / año, lo que constituye el 38% de todas las descargas residuales en la región.
La concentración geográfica y sectorial de la descarga de aguas residuales ayuda a entender la grave situación de contaminación en la cual se encuentra el agua en la región, particularmente el río Coatzacoalcos, considerado por un reporte de la CDNH del 2018 como el más contaminado del país, pero también otros ríos del Istmo sur como el río Tehuantepec o el río Los Perros.
La instalación de nuevas actividades industriales en la zona y el crecimiento urbano asociado a ellas agudizará la grave situación de sequía y contaminación en la cual se encuentran muchos de los ríos de la región. Ejemplo de esto es el caso de cuatro parques industriales (PODEBI) previstos en Oaxaca que se encuentran dentro de la cuenca del río Los Perros, ya que afluentes del río cruzan las zonas de los parques industriales previstos y podrían provocar una mayor contaminación de este río y del macrosistema lagunar asociado.
Fuente: Realización GeoComunes.
Según el documento “Resumen Ejecutivo Plan Estratégico y Plan Maestro Conceptual del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec” el gobierno estima que, para 2023, los 10 parques industriales proyectados tengan una generación de 197 millones de m3 de aguas residuales, lo que constituirá tener casi el doble de descargas residuales actuales en todo el Istmo (204 millones de m3 / año). Duplicar la emisión de aguas residuales en el Istmo, pero concentrado en las zonas cercanas a los PODEBIS, podría generar un grave aumento de las contaminaciones de los ríos, acuíferos, lagunas, manglares y de los océanos.
Un ejemplo más que permite visibilizar este cambio lo encontramos analizando de nuevo los datos del parque industrial previsto en el Barrio La Soledad, en Oaxaca, que estima una generación de aguas residuales de 8.8 millones de m3 / año cuando actualmente el volumen de aguas residuales registrados en el REPDA para este municipio es de 1.2 millones de m3 / año, un volumen de aguas residuales alto que se explica por la presencia de la cementera de la Cruz Azul. El parque industrial previsto en este municipio proyecta descargar siete veces más aguas residuales que lo que hace actualmente la cementera, lo que genera serias dudas sobre la capacidad de tratamiento de estas aguas a lo largo del tiempo.
Si bien el discurso oficial ha sido que este tema iba a ser controlado por la construcción de plantas potabilizadoras, no existe actualmente ningún estudio científico o proyecto avanzado sobre esas plantas (dónde se ubicarán, cuál será su capacidad de tratamiento, quién estará a cargo del mantenimiento de esas plantas, etc.) y resulta grave que los parques industriales comiencen a operar sin tener esto medianamente claro.
¿Qué garantiza que, a lo largo de los años, el volumen de aguas residuales no rebase las capacidades de las plantas de tratamiento previstas? ¿Qué nos garantizaría que, más pronto que tarde, empiecen a denunciarse descargas de aguas negras o de aguas no suficientemente tratadas, ya sea por falta de capacidad, mantenimiento de las plantas, por corrupción o por descargas clandestinas de empresas, que pudieran optar por esto para ahorrarse los costos de tratamiento, como han ocurrido en tantos otros corredores industriales a lo largo del país? Hace unas semanas el propio director de la CONAGUA Germán Martínez, reconoció que, “salvo contadas excepciones, el tratamiento y saneamiento del agua en México enfrenta un problema estructural”.
¿Qué impactos acumulativos tendrán este gran aumento de aguas residuales y el riesgo de derrames de productos tóxicos y descargas no controladas de aguas negras sobre la región del Istmo norte que ya sufre desde muchos años graves problema de salud ligados a la contaminación del río Coatzacoalcos, y que ha sido reconocido por autoridades federales como la Semarnat como un “infierno ambiental” y una región que requiere de un plan de atención y recuperación ecológica?
¿Qué planes de recuperación ecológica pueden ser realistas y viables instalando cinco nuevos parques industriales con industrias altamente contaminantes y grandes volúmenes de aguas residuales previstas?
¿Que tipo de cambios esos volúmenes previstos generarán en el Istmo sur y sobre un ecosistema frágil, complejo y de vital importancia cultural y económica para los pueblos aledaños como lo es el macrosistema lagunar?
La concentración del agua y su contaminación agudizará los problemas de acceso al agua en la región
Sabemos que en México el acceso al agua de buena calidad y al saneamiento es motivo de conflictos a lo largo y ancho del país, pero ¿qué tanto lo es en esta región? y ¿cómo este acceso podría verse aún más comprometido con el despliegue de los distintos componentes del proyecto del Corredor Interoceánico y, particularmente, de la industria llamada “polos de desarrollo”?
Es claro que los procesos que hemos mencionado (el emplazamiento de actividades económicas con alto consumo de agua, la concentración de las concesiones y el aumento en el volumen de aguas residuales) agudizarán las condiciones de acceso al agua en la región. Sin embargo, este proceso será especialmente grave en lugares donde, de por sí, el acceso al agua actualmente ya es un problema.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, si bien la disponibilidad de drenaje y agua entubada en las viviendas ha venido incrementándose en las últimas décadas, para el año 2020 aún el 4.53% de las viviendas a nivel nacional no tenían drenaje, el 2.6% no contaban con agua entubada y, además, el 1.93% de las viviendas a nivel nacional no disponían de sanitario.
Al revisar estas estadísticas, además, hay que recordar que estos datos no consideran los días de disponibilidad (tandeo), el número de horas de disponibilidad, el volumen o presión a la que el agua llega, la calidad del agua e, incluso, si los habitantes de una vivienda “tiene acceso al agua entubada” aunque, para ello, los habitantes deban extraerla de pozos comunitarios o particulares, solicitarla a pipas o incluso traerla de otras viviendas. Estas estadísticas, si bien no son muy precisas para conocer la situación real de acceso al agua, puede ayudarnos a visualizar las comunidades y los sectores sociales que más padecerán la agudización de la disputa por el agua.
En términos generales, los municipios considerados dentro del proyecto del Interocéanico tienen un promedio más bajo de acceso al agua entubada que la que, a nivel estatal, presenta Oaxaca y Veracruz (ver gráfica). Además, si observamos con mayor detenimiento este supuesto acceso al agua, veremos que las formas en que los habitantes de estas viviendas obtienen el suministro, los hacen susceptibles a verse afectados por la presión que de las fuentes de agua pueda hacer la industria e, incluso, por la contaminación de los cuerpos de agua que pueda resultar.
Fuente: realización GeoComunes a partir de datos Censo de Población 2020.
El 9.82% de las viviendas de los 79 municipios que conforman el proyecto del Corredor Interoceánico no tienen acceso al agua entubada.
Fuente: realización GeoComunes a partir de datos Censo de Población 2020.
Preocupa el caso de los nueve municipios donde se proyectan desarrollar los parques industriales ya mencionados, ya que en éstos existen 9 mil 589 viviendas sin acceso a agua entubada (ver tabla). Además, actualmente, el abasto de agua en una buena parte de estas viviendas depende de fuentes superficiales o de pozos, mismos que podrían verse gravemente afectados por las descargas residuales y por la presión sobre los mantos freáticos que provoque la industria.
Tan sólo en Coatzacoalcos (el municipio con más del 20% de toda el agua concesionada en la región) hay 2 mil 585 viviendas habitadas sin acceso al agua potable y, de éstas, casi dos mil viviendas obtienen su agua al acarrearla de ríos, pozos o llaves comunitarias.
Fuente: realización GeoComunes a partir de datos Censo de Población 2020.
En los otros 13 municipios con más volumen de agua concesionada (cada uno con más de 9.5 millones de agua concesionada al año) suman 16 mil 254 viviendas sin acceso a agua entubada. Se trata de Minatitlán, Cosoleacaque, Santo Domingo Tehuantepec, Chinameca, Nanchital de Lázaro Cárdenas, Hueyapan de Ocampo, Ixhuatlán del Sureste, Angel R. Cabada, San Andrés Tuxtla, Juan Rodríguez Clara, Isla y San Pedro Tapanatepec. Todos éstos, junto con Coatzacoalcos, los podemos ver en el azul más intenso en el mapa de abajo.
Fuente: realización GeoComunes a partir de datos del REPDA (diciembre del 2022), Censo de Población 2020 y de documentos oficiales del CIIT.
Por otro lado, considerando ya no sólo el tema de la posible agudización del acaparamiento de agua y la falta de acceso a la misma, sino el tema de su probable contaminación por las descargas residuales industriales, sirve notar que los PODEBIS arriba mencionados se proyectan en municipios donde, actualmente, el acceso al agua entubada de 13 mil 683 viviendas depende de pozos. Mismos que podrían ser más susceptibles de contaminación. Así mismo existe el riesgo de que estas viviendas puedan ver su acceso limitado por la disminución del nivel de los mantos freáticos, o por la propia contaminación.
Fuente: realización GeoComunes a partir de datos Censo de Población 2020.
Actualmente, en los ocho municipios con permisos de descargas de aguas residuales mayores a 3.5 millones de metros cúbicos (cada uno), existen 40 mil 649 viviendas ocupadas cuyo consumo de agua (entubada o sin entubar) depende de pozos y cuerpos de agua superficiales. Se trata de los municipios de Cosoleacaque, Minatitlán, Salina Cruz, Nanchital de Lázaro Cárdenas, San Pedro Tapanatepec, Ixhuatlán del Sureste, Juchitán de Zaragoza y Coatzacoalcos, municipios que en el mapa de abajo vemos en color negro.
Fuente: realización GeoComunes a partir de datos del REPDA (diciembre del 2022), Censo de Población 2020 y de documentos oficiales del CIIT.
Este artículo plantea más preguntas que respuestas sobre un tema vital para la población istmeña: el tema del agua. A pesar de la importancia de este tema, y de las consecuencias que podrían traer en la vida cotidiana de la gente, en sus costumbres y en la posibilidad de mantener actividades tradicionales de la región, como la agricultura, hasta ahora ha habido muy poca información sobre los mecanismos de abasto hídrico para los proyectos industriales del Corredor Interocéanico.
Resulta importante abrir la discusión, realizar análisis y responder a cuestionamientos básicos (y fundamentales) para la población, como ¿qué pasará con el agua? ¿Cómo se va a garantizar el acceso humano a este recurso por sobre el acceso industrial? ¿Cómo se va a garantizar que no se deteriore el estado de este recurso, de por sí escaso en la región? Nada de esto ha sido presentado de manera seria y precisa en las reuniones informativas y consultas realizadas para la venta de los predios para los parques industriales, a pesar de haber sido una de las principales inquietudes de la población local.
En la próxima y última publicación, enfocada en el tema energético, constatamos la misma tendencia relativa a la falta de información clara y precisa sobre el despliegue de nuevas infraestructuras energéticas que serán necesarias para abastecer a esos nuevos parques industriales y los impactos que eso podría generar en una región que ha sufrido, desde décadas, los impactos negativos de la instalación de infraestructura energética, así como de industrias extractivistas, en particular la relativa a la explotación de hidrocarburos y la expansión de parques eólicos.
Imagen: Por ColectivoGeocomunes-Pescadores de Playa Vicente-Foto: Santiago Navarro F.
Compartimos esta información del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta y la próxima lectura de sentencia para David Castillo en la busqueda de verdadera justicia
Meses después del fallo contra David Castillo, luego de haberse pospuesto la audiencia, por fin se dará lectura a la sentencia del coautor del asesinato de nuestra compañera #BertaCáceres.
05 de julio de 2021. La Sala I del Tribunal Sentencia Nacional de Honduras dio lectura del fallo en la causa instruida para David Castillo Mejía, a quien se le encontró culpable del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.
Después de cuatro meses del inicio del juicio oral, se conoció el fallo el lunes 5 de julio, ante la expectativa de la prensa nacional e internacional que siguieron de cerca la audiencia transmitida por las plataformas digitales del Poder Judicial.
“De la prueba evacuada en el debate, durante dos meses, la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional consideró que la extracción y vaciado de información en dispositivos celulares del imputado y otros involucrados fue lo suficientemente reveladora para establecer que Castillo ordenó la muerte de Cáceres”.
MP demuestra la culpabilidad del presidente de DESA en el asesinato de Berta Cáceres [1]
[2]
11 Meses después del fallo contra David Castillo, por fin se dará lectura a la sentencia del coautor del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.
La sentencia debe ser coherente con lo demostrado en juicio y no debe dejar oportunidad para la impunidad.
Acompañemos este momento de exigencia de justicia y de búsqueda de castigo a los autores intelectuales.
📆 Miércoles 18 de mayo 📌 Tribunal de Sentencia en materia Penal de Tegucigalpa ⏰ 01:30 p.m.
🌿¡Justicia para Berta, no más impunidad en Honduras!🌿
Vea aquí quienes son los máximos responsables del asesinato de
Berta Cáceres. [3]
📌 La documentación de DESA muestra que su junta comprende a miembros de las elites empresariales y políticas con mayores conexiones de Honduras, la familia Atala. Se ha demostrado una estructura criminal que involucra a los directivos de la empresa DESA, la familia Atala Zablah y en la que se ven involucrados entes estatales y gubernamentales que realizaron acciones para favorecer el proyecto “Agua Zarca”.
David Castillo fue instrumentalizado por la familia Atala para coordinar el asesinato de Berta Cáceres, las pruebas que lo vinculan son contundentes.
A más de 6 años de impunidad, aun no hay completa justicia para Berta, hasta que se haya capturado a los máximos responsables de su asesinato, la familia Atala.
Acompáñanos utilizando los #FaltanLosAtala #NoMásImpunidad en las redes sociales etiquetando las cuentas del Poder Judicial, Ministerio Publico, Secretaria de Justicia y la Presidenta de la República.
Reframing aviation to ensure a safe landing and lay the tracks towards a fair planet
Compartimos con ustedes este informe de Stay Grounded sobre el cambio climatico y la aviación – A 13 de mayo del 2022
How to use this guide
This is a guide to reframe how we think, talk and write about the aviation industry and its impact on people and the planet.
* Throughout the guide we talk about ‘mobility’ rather than transport, to highlight that transport is not an end in itself but a tool to satisfy needs.
Chapter One, the Introduction, describes the objectives and approach of this report and the aims of the larger project it is part of. Start here if you want to explore the concepts this reframing project is grounded in. If you want to know why it is so important to campaign for a reduction of air traffic, what its climate and social impacts are, and how public opinion is evolving, read Chapter Two: The Urgency of the Climate Crisis and Aviation’s Role. It’s also a good place to start if you are new to campaigning against aviation, as it provides facts and figures on why an expanding aviation industry is incompatible with a thriving planet and makes a case about why, to be successful, it matters to use the lens of climate justice. If you are looking for inspiration to broaden your climate campaigning, delve into the new narratives and associated stories in Chapter Three: New Narratives to Reframe Aviation and the Economy. This chapter illustrates what a new economy based on wellbeing, care and a sustainable mobility system* could look like. It also provides five new narratives that make up the core part of this guide. And finally, if you are ready to take action and help others imagine a new way of living, working and being together, Chapter Four: How to Use Communicate the New Narratives outlines useful tools and practical advice for reframing aviation and making the case for why we must now lay the tracks towards a fair wellbeing economy.
Narratives and how to find them
The core of this report is our five narratives about the problems with the aviation industry and the way to a better mobility. You can find them in Chapter Three.
El próximo 5 de julio se cumple un año del asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro Pérez López, en su memoria La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal conmemoraran su memoria con la celebración de la eucaristia recordando el valiosos caminar y el trabajo de Simon Pedro por la defensa de los derechos humanos, tierra, territorio y también para pedir paz y tranquilidad en el municipio de Pantelhó. Durante esta conmemoración también se exigirá #JusticiaParaSimónPedro y que se lleve un proceso justo y transparente.
La conmemoración se realizará en su natal Ejido Nuevo Israelita, municipio de Simojovel, el martes 5 de julio del año presente, 2022.
Desde donde se encuentren les pedimos que se sumen a las exigencias de #JusticiaParaSimónPedro Exijamos un debido proceso y justicia verdadera
Compartimos esta nota publicada en Tlanesi sobre la lucha por la vida y la resistencia anti minera en Colima – A 5 de mayo del 2021
Escrito por Pedro Zamora Briseño
En su lucha contra la minería, la comunidad indígena de Zacualpan se anotó una victoria judicial al obtener un amparo contra el procedimiento mediante el que fueron otorgados los dos títulos de concesión minera que afectaban su territorio. Tras considerar que antes de la entrega de los permisos debió ser consultada la comunidad conforme a sus usos y costumbres, el juez federal Jorge Damián González Villaseñor, titular del Juzgado Segundo de Distrito con sede en la ciudad de Colima, dejó sin efecto las concesiones y estableció una serie de medidas para proceder frente a las solicitudes para la exploración y explotación minera en territorios indígenas. Los títulos de concesión revocados son los 227572 y 201872, correspondientes a los lotes Tigrilla y Heliotropo, con superficies de 90.448 hectáreas y 100 hectáreas, a nombre de Mario Carlos Moncada Cantú y Adolfo Pineda Martínez, respectivamente. En el primer caso, la concesión fue otorgada en 2006 y en el segundo en 1995, ambas con una vigencia de 50 años. En su sentencia relativa al juicio de amparo 458/2015, el juez ordenó a las autoridades federales de la materia dejar sin efecto los referidos títulos de concesión minera, pues para emitirlos “en ningún momento consideraron los usos y costumbres de dicha comunidad”, ignorando su especial situación de vulnerabilidad al ser integrante del grupo indígena nahua. Advirtió que tampoco les fueron proporcionados los informes y documentación que los concesionarios debieron aportar para obtención de los títulos mineros, lo cual “hace evidente que no se permitió la participación de la comunidad de Zacualpan en las decisiones que derivaron en la expedición de las citadas concesiones”. Antes de emitir una determinación en torno a la solicitud de los interesados en la exploración y explotación de los recursos minerales que pudieran existir en los lotes Tigrilla y Heliotropo, añadió la sentencia, “se deberá efectuar una evaluación de impacto social y ambiental, elaborada por un organismo independiente a las partes en este juicio, con capacidad técnica para realizar los estudios indicados”. Posteriormente, determinó, “deberán proceder a la consulta a los integrantes de la comunidad indígena de Zacualpan, que pudieran verse afectados con los títulos de concesión, conforme a sus costumbres y tradiciones, considerando en todo momento los métodos tradicionales que utilizan en la toma de sus decisiones”. Lo anterior, de acuerdo con la instancia jurisdiccional, “repercute en una afectación a su entorno, costumbres y actividades económicas que han sido transmitidas y realizadas de generación en generación en la comunidad quejosa”. El juicio de amparo fue promovido en marzo de 2015 por los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y representantes del pueblo indígena electos en asamblea por usos y costumbres, con la asesoría jurídica de Guadalupe Espinoza Sauceda y Claudia Gómez Godoy. En su demanda, los quejosos argumentaron que la emisión de las concesiones vulneraba los derechos al territorio indígena, a la protección especial de las tierras indígenas, a la consulta, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica. Los representantes del pueblo indígena de Zacualpan hicieron notar que ambas concesiones se entregaron a personas ajenas a la comunidad y de acuerdo con el artículo 19 de la Ley Minera “otorgan el derecho a la exploración, explotación, disposición de minerales, disposición de los terrenos e incluso el derecho a obtener la expropiación de nuestro territorio, violentando con ello la protección especial que las tierras y territorios indígenas tienen tanto a nivel nacional como internacional”. Citaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala que cuando la propiedad de los minerales sea del Estado, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. En ese mismo sentido, sustentaron su reclamo en el artículo 6º de ese convenio y en el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se refieren también a la obligación de consultar a los pueblos antes de cualquier medida que los afecte. En su sentencia, notificada a la comunidad este 3 de mayo, el juez citó los requisitos indispensables previstos por la Corte interamericana de Derechos Humanos para garantizar el derecho a la consulta indígena: “Asegurar la participación efectiva de los pobladores de la comunidad materia del conflicto, garantizar que los miembros de la comunidad indígena se beneficien razonablemente del plan de desarrollo a implementar en su territorio y el Estado debe garantizar que no se emita ninguna afectación al territorio hasta que entidades independientes y técnicamente capaces realicen un estudio previo de impacto social y ambiental”. La resolución del juicio de amparo estipuló que, en su caso, la consulta indígena debería efectuarse en las primeras etapas del procedimiento de concesión, respecto al plan de desarrollo o inversión, y no cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad indígena, para que se cuente con un lapso de tiempo adecuado para la discusión interna. “También, se hará del conocimiento a la comunidad quejosa los posibles riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que se manifiesten de manera informada respecto de la concesión que en su momento pueda efectuarse a favor de los aquí terceros interesados”, determinó el juez. Asimismo, “el procedimiento aquí decretado debe celebrarse de buena fe, sin que exista cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de particulares que actúen con su autorización” y “las decisiones que la comunidad indígena de Zacualpan tome, de acuerdo con el ejercicio de sus usos y costumbres, deben ser respetadas en todo momento”.
En su lucha contra la minería, la comunidad indígena de Zacualpan se anotó una victoria judicial al obtener un amparo contra el procedimiento mediante el que fueron otorgados los dos títulos de concesión minera que afectaban su territorio. Tras considerar que antes de la entrega de los permisos debió ser consultada la comunidad conforme a sus usos y costumbres, el juez federal Jorge Damián González Villaseñor, titular del Juzgado Segundo de Distrito con sede en la ciudad de Colima, dejó sin efecto las concesiones y estableció una serie de medidas para proceder frente a las solicitudes para la exploración y explotación minera en territorios indígenas. Los títulos de concesión revocados son los 227572 y 201872, correspondientes a los lotes Tigrilla y Heliotropo, con superficies de 90.448 hectáreas y 100 hectáreas, a nombre de Mario Carlos Moncada Cantú y Adolfo Pineda Martínez, respectivamente. En el primer caso, la concesión fue otorgada en 2006 y en el segundo en 1995, ambas con una vigencia de 50 años. En su sentencia relativa al juicio de amparo 458/2015, el juez ordenó a las autoridades federales de la materia dejar sin efecto los referidos títulos de concesión minera, pues para emitirlos “en ningún momento consideraron los usos y costumbres de dicha comunidad”, ignorando su especial situación de vulnerabilidad al ser integrante del grupo indígena nahua. Advirtió que tampoco les fueron proporcionados los informes y documentación que los concesionarios debieron aportar para obtención de los títulos mineros, lo cual “hace evidente que no se permitió la participación de la comunidad de Zacualpan en las decisiones que derivaron en la expedición de las citadas concesiones”. Antes de emitir una determinación en torno a la solicitud de los interesados en la exploración y explotación de los recursos minerales que pudieran existir en los lotes Tigrilla y Heliotropo, añadió la sentencia, “se deberá efectuar una evaluación de impacto social y ambiental, elaborada por un organismo independiente a las partes en este juicio, con capacidad técnica para realizar los estudios indicados”. Posteriormente, determinó, “deberán proceder a la consulta a los integrantes de la comunidad indígena de Zacualpan, que pudieran verse afectados con los títulos de concesión, conforme a sus costumbres y tradiciones, considerando en todo momento los métodos tradicionales que utilizan en la toma de sus decisiones”. Lo anterior, de acuerdo con la instancia jurisdiccional, “repercute en una afectación a su entorno, costumbres y actividades económicas que han sido transmitidas y realizadas de generación en generación en la comunidad quejosa”. El juicio de amparo fue promovido en marzo de 2015 por los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y representantes del pueblo indígena electos en asamblea por usos y costumbres, con la asesoría jurídica de Guadalupe Espinoza Sauceda y Claudia Gómez Godoy. En su demanda, los quejosos argumentaron que la emisión de las concesiones vulneraba los derechos al territorio indígena, a la protección especial de las tierras indígenas, a la consulta, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica. Los representantes del pueblo indígena de Zacualpan hicieron notar que ambas concesiones se entregaron a personas ajenas a la comunidad y de acuerdo con el artículo 19 de la Ley Minera “otorgan el derecho a la exploración, explotación, disposición de minerales, disposición de los terrenos e incluso el derecho a obtener la expropiación de nuestro territorio, violentando con ello la protección especial que las tierras y territorios indígenas tienen tanto a nivel nacional como internacional”. Citaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala que cuando la propiedad de los minerales sea del Estado, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. En ese mismo sentido, sustentaron su reclamo en el artículo 6º de ese convenio y en el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se refieren también a la obligación de consultar a los pueblos antes de cualquier medida que los afecte. En su sentencia, notificada a la comunidad este 3 de mayo, el juez citó los requisitos indispensables previstos por la Corte interamericana de Derechos Humanos para garantizar el derecho a la consulta indígena: “Asegurar la participación efectiva de los pobladores de la comunidad materia del conflicto, garantizar que los miembros de la comunidad indígena se beneficien razonablemente del plan de desarrollo a implementar en su territorio y el Estado debe garantizar que no se emita ninguna afectación al territorio hasta que entidades independientes y técnicamente capaces realicen un estudio previo de impacto social y ambiental”. La resolución del juicio de amparo estipuló que, en su caso, la consulta indígena debería efectuarse en las primeras etapas del procedimiento de concesión, respecto al plan de desarrollo o inversión, y no cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad indígena, para que se cuente con un lapso de tiempo adecuado para la discusión interna. “También, se hará del conocimiento a la comunidad quejosa los posibles riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que se manifiesten de manera informada respecto de la concesión que en su momento pueda efectuarse a favor de los aquí terceros interesados”, determinó el juez. Asimismo, “el procedimiento aquí decretado debe celebrarse de buena fe, sin que exista cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de particulares que actúen con su autorización” y “las decisiones que la comunidad indígena de Zacualpan tome, de acuerdo con el ejercicio de sus usos y costumbres, deben ser respetadas en todo momento”.
Imagen :Epitacia Zamora Teodoro, iniciadora de la lucha contra la minería en Zacualpan. Foto: Pedro Zamora Briseño/ Archivo Tlanesi
Compartimos este manifiesto por el aguade la campaña Yo Prefiero Agua Y Salud dado durante una actividad por el agua en San Cristóbal de Las Casas en el marco de la celebración de 3 de mayo
Celebrando el Día de la Santa Cruz, hoy 3 de mayo. Es una celebración de agradecimiento por el AGUA, reconocerla como el elemento que trasciende la vida de las personas pero también de todo ser vivo sobre el planeta. Elemento vivo que es parte de nuestro cuerpo, de nuestro alimento, de nuestra casa común. Es una celebración ancestral para agradecer la lluvia y toda fuente de agua.
1. El agua es vida y es sagrada, no es una mercancía
2. El agua tiene derecho a fluir limpia y libre por sus cauces naturales
3. El agua es un derecho de todos los seres vivos
4. Los bosques atraen y retienen el agua. Es urgente detener la tala de árboles
5. Debemos reforestar con árboles nativos, como el encino, ellos son guardianes del agua y la vida. Es necesario frenar el monocultivo del pino
6. La extracción de grava y arena acelera la devastación ecológica de las montañas. Es apremiante actualizar y cumplir la normatividad para frenar su explotación
7. Los humedales de montaña son ecosistemas frágiles. Rellenarlos es un ecocidio
8. Los cerros, ríos, manantiales y humedales del valle de Jovel son nuestra casa. Ciudadanos, gobernantes e instituciones estamos obligados a protegerlos
9. Estamos contaminando el agua en esta ciudad. Busquemos soluciones para sanearla con ecotecnias eficientes y viables
10. La extracción excesiva de agua está secando los pozos profundos. Es inadmisible permitir concesiones irresponsables
11. Las autoridades correspondientes deben respetar el mandato internacional del derecho humano al agua potable y al saneamiento
12. El plan de gestión de la Cuenca de Jovel debe ser apropiado por la ciudadanía y los gobernantes
13. Dignificar el agua es dignificar nuestra propia vida. Todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de cuidarla y protegerla.
Compartimos este comunicado de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) – A 20 de abril del 2022
Desde abril de 2018, el gobierno de Daniel Ortega ha cancelado ilegalmente 26 organizaciones feministas y/o que apoyan o trabajan por los derechos de las mujeres.
Desde la solidaridad feminista internacional hacemos un llamado para que el mundo abra sus ojos y vea a Daniel Ortega como lo que realmente es: un macho violador impune, misógino, corrupto y capitalista enriquecido a través del ejercicio despótico del poder.
En Nicaragua, ser mujer, ser feminista y estar organizada es cada vez más peligroso.
Desde 2018 al menos 26 organizaciones feministas y/o que apoyan o trabajan por los derechos de las mujeres han sido ilegalmente canceladas por el gobierno. Son organizaciones radicadas a lo largo y ancho del país, en zonas urbanas y campesinas, así como en territorios y comunidades indígenas y afrodescendientes. Algunas de ellas llevaban décadas trabajando en la denuncia y prevención de la violencia machista, exigiendo justicia por los femicidios, defendiendo los derechos laborales de las mujeres, informando y educando con perspectiva de género o promocionando los derechos sexuales y reproductivos, entre muchos otros aportes a los derechos humanos de las mujeres nicaragüenses.
Ahora, todas estás organizaciones han visto ilegalmente arrebatada su personería jurídica y la posibilidad de acceder a los recursos necesarios para desarrollar su labor. Sus oficinas han sido desmanteladas por el gobierno y sus bienes requisados. Muchas de sus integrantes han sido y son objeto de criminalización, campañas de descrédito y hostigamientos constantes, hasta el extremo de que algunas de ellas han tenido que exiliarse.
En la mayoría de casos, la cancelación de estas organizaciones se ha apoyado en procedimientos arbitrarios por parte de las instituciones responsables. Estas instituciones han puesto todo tipo de obstáculos o directamente se han negado a recibir la documentación administrativa requerida por ley, pese a que las organizaciones cumplían con todos los requisitos en tiempo y forma. Muchas otras organizaciones viven un cierre administrativo de facto, sin acceso a recursos y a la gestión de actividades, al estar sometidas a trámites y requerimientos arbitrarios.
Todo esto sucede en un país donde al menos 71 mujeres fueron víctimas de femicidio en 2021.
Donde, según datos oficiales, durante ese mismo año, más de 8 mil mujeres denunciaron haber sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar y cerca de 5 mil denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual.
Donde muchas mujeres víctimas de violencias machistas no denuncian sus casos sabiendo que no van a tener justicia y con miedo a ser revictimizadas por el Estado.
Donde miles de mujeres trabajan en maquilas de capital trasnacional bajo condiciones de explotación y extrema precariedad.
Donde desde abril de 2018 se viene agudizando la profunda crisis social, política y de graves violaciones a derechos humanos que estalló tras la brutal represión del Gobierno de Daniel Ortega a las multitudinarias protestas pacíficas contra su reforma neoliberal del seguro social, dejando a centenares de personas muertas y miles de exiliadas.
Donde trece defensoras de derechos humanos están presas y condenadas a penas de entre 8 y 18 años de cárcel por trabajar por la democratización del país.
Donde la interrupción del embarazo está completamente penalizada y las mujeres tienen que abortar de manera clandestina y en condiciones que ponen en peligro sus vidas.
Donde el Estado ha venido desmantelando leyes, políticas e instituciones orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y avanzar hacia la igualdad que habían sido logradas gracias al trabajo y las luchas históricas de las feministas nicaragüenses.
En este contexto, la cancelación de estas organizaciones supone un grave golpe para todas las mujeres del país, dejándolas en una situación de mayor vulnerabilidad y exposición a la violencia y a la vulneración de sus derechos fundamentales.
Las feministas de todo el mundo sabemos que los ataques de Daniel Ortega a las feministas nicaragüenses se remontan a mucho antes de la crisis de 2018. Se remontan a 1998, cuando trascendió que el mandatario había abusado sexualmente de su hijastra, Zoilamérica Narvaez Murillo, y las feministas nicaragüenses denunciaron públicamente el caso y acuerparon a Zoilamérica.
Tampoco podemos olvidar el pacto de Daniel Ortega con la jerarquía católica, que en 2006 llevó a penalizar totalmente el aborto en el país. Este pacto, junto con el que suscribió con el ex-presidente corrupto y neoliberal Arnoldo Alemán, le permitió regresar al poder traicionando la historia del Sandinismo y los valores y esperanzas por las que muchas compañeras nicaragüenses habían luchado en la revolución y contribuido a crear un proyecto de país más justo, libre e igualitario.
Desde la solidaridad feminista internacional hacemos un llamado para que el mundo abra sus ojos y vea a Daniel Ortega como lo que realmente es: un macho violador impune, misógino, corrupto y capitalista enriquecido a través del ejercicio despótico del poder.
Abrazamos a todas las compañeras de las organizaciones canceladas quienes, pese a todos los obstáculos y hostilidades que diariamente tienen que enfrentar, siguen organizadas y no cesan en su empeño de trabajar por los derechos de las mujeres nicaragüenses.
Que sepan que las feministas de América Latina y del mundo entero estamos con ellas, que no las dejaremos solas y que sabemos que lo que llevan décadas construyendo sobrevivirá a cualquier gobierno represor, hostil y corrupto, porque es el abono de los futuros que soñamos juntas y en los que tarde o temprano todas nos habitaremos libres, diversas e iguales.
Organizaciones feministas y/o que apoyan o trabajan por los derechos de las mujeres que han sido ilegalmente canceladas por el gobierno de Daniel Ortega desde abril de 2018:
Asociación Centro de Capacitación de la Mujer Obrera
Asociación Colectivo de Mujeres de Matagalpa
Asociación Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH)
Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia Oyanka
Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra (MEC)
Asociación para la Sobrevivencia y el Desarrollo Local (ASODEL)
Asociación Red de Empresarias de Nicaragua (REN)
Centro de Derechos Constitucionales (CDC)
Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua. (CEJUDHCAN)
Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS)
Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO)
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
Colectivo 8 de Marzo.
Diakonia
Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI)
Fundación Centro de Comunicación y Educación CANTERA
Fundación Entre Volcanes
Fundación Luisa Mercado (FUNLUM)
Fundación OXFAM Ibis
Fundación OXFAM Intermon
Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer Indígena de Sutiaba
Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez (FUNDEMUNI)
Fundación Popol Na para la Promoción y el Desarrollo Municipal
Compartimos con ustedes este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 29 de abril del 2022
El pasado 20 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación[1] el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Minera, todas ellas, modificaciones que se hacen para que la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, corra a cargo del Estado, mediante un organismo público descentralizado[2]. Ante esto, y frente al escenario de encono dicotómico que, desde la clase empresarial, los partidos y el gobierno se ha impulsado, desde la REMA queremos decir lo siguiente:
Que frente a todo lo que debe abrogarse de esta Ley, el gobierno decidió mantener el carácter sumiso ante el mercado y ante el modelo extractivo con el que fue diseñada en 1992. Para empezar, este decreto continúa legalizando el saqueo, el despojo a comunidades, la destrucción de la naturaleza y los gravísimos daños a la salud que ocasiona día tras día la minería en México. Además, las modificaciones que aprobaron, si bien cambian el sujeto que puede explotar uno de los minerales, el litio (y, como se enuncia en el Artículo 10, “los demás minerales declarados como estratégicos por el Estado”), lo hace sin poner un mínimo de cuestionamiento al modelo de operación del neoextractivismo para obtener lo que hoy, se dice, es un mineral “estratégico”.
Sabemos que el litio es un mineral fundamental para lo que desde las empresas y los Estados llaman la transición energética. Sabemos que, por esto, este mineral, tan sólo en los últimos tres meses de este año, ha incrementado su valor en un 250%. Pero sabemos también los gravísimos daños sociales y ambientales que han dejado la explotación de este mineral en el mundo[3] y por ello, desde la REMA, llamamos a la sociedad a debatir más allá de las narrativas dicotómicas y simplistas sobre lo público y lo privado, impuestas por los partidos políticos, empresas y algunos medios de comunicación. Desde la REMA nos parece urgente poner en la mesa lo que consideramos es el verdadero fondo que como sociedad debemos discutir de este asunto: las causas y consecuencias del modelo extractivo (sea quien sea la instancia que lo promueva) y sobre el supuesto “modelo de desarrollo” que se impulsa a partir de toda la destrucción que causa el primero.
¿Qué dice esta reforma? Esta reforma a la ley minera, como se ha dicho, no nacionaliza el litio que es un mineral que, en el subsuelo, como los otros, ya era considerado propiedad de la nación. Lo que sí hace esta reforma es crear una excepción para que la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, a diferencia de la mayor parte de los minerales, corra a cargo del Estado. Sin embargo, esto no implica la eliminación de las concesiones otorgadas, ni la expropiación a las empresas que ya están operando. Esta reforma tampoco niega que la explotación, beneficio y aprovechamiento del litio vaya a ser realizada de manera exclusiva por el Estado[4], sino que abre la posibilidad de que la empresa pública y descentralizada que se conforme para administrar estas actividades se pueda asociar con capitales, nacionales o extranjeros, para tal fin. Así es como tanto las empresas extranjeras que ya tienen concesiones, como aquellas nacionales que seguramente estarán ávidas de sumarse al botín, podrían terminar de la mano del Estado en esta actividad. Empresas como Peñoles (de los Bailleres), Frisco (de Slim) y Grupo México (de los Larrea), empresas sobre las que penden grandes exigencias de rendición de cuentas, remediación de daños, y señalamientos sobre crímenes, podrían sumarse a este festín. Eso sí, en compañía de la instancia creada para tal fin por el Estado.
Para identificar posibles yacimientos de litio, que podrían, más adelante, ser explotados por el organismo público descentralizado que se pretende crear, el Servicio Geológico Mexicano (SGM) llevará a cabo trabajos de prospección en 82 localidades de 18 estados de la república (Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, y Zacatecas). ¿Qué pasará con las comunidades donde se encontrarán cantidades suficientes de litio para ser explotadas? Seguramente el gobierno desplegará todas sus fuerzas para avanzar con esos proyectos, sin importar lo que opinan las comunidades locales, acelerando y/o brincándose los permisos necesarios, manejando información a modo, como está pasando ahora con otros proyectos emblemáticos de la 4T como el Corredor Interoceánico o el Tren Maya. Existe también el grave riesgo que se lleven a cabo procesos de expropiaciones, bajo la noción de utilidad pública, o bajo un estandarte de que es por el beneficio del pueblo mexicano y para la soberanía energética nacional.
Además, vale la pena precisar que la mayoría de los estados donde el SGM llevará cabo trabajos de prospección para una posible explotación de litio sufren actualmente de un grave estrés hídrico y de problemas de escasez y contaminación del agua. Uno de los principales impactos de la explotación del litio denunciados por los pueblos de la región de los salares andinos de Sudamérica es justamente la alta cantidad de agua que requiere el proceso de evaporación ligado a la extracción de litio en salares o salmueras. Por esta razón la extracción del litio ha sido denominada “minería del agua”. Ciertos estudios realizados en el salar de Atacama señalan que “Para producir una tonelada de litio se evaporan 2 millones de litros de agua desde las pozas, es decir, 2 mil toneladas de agua que no es posible recircular”[5]. Provoca graves modificaciones sobre los sobre los flujos de aguas subterráneas y existen por ahora pocos estudios de los impactos que eso genera sobre ecosistemas tan frágiles y complejos como son los salares y lagunas. ¿Cómo se puede hablar de un decreto y una propuesta “en favor del pueblo mexicano” cuando pondrá en peligro uno de sus bienes más importantes y, tal vez, el más vital, como lo es el agua?
El decreto precisa que será “deber del estado proteger y garantizar la salud de los mexicanos, el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas”. Se supone que este deber del Estado hacia su población ya es un hecho marcado por la Constitución y no debería hacer falta un nuevo decreto para aplicarse. Además, el hecho que sea una paraestatal no garantiza en absoluto que se respetan esos aspectos. Sobran los ejemplos de los graves impactos provocados por proyectos de PEMEX o de la CFE, así como ejemplos de desinformación, imposición y criminalización que siempre han usado para promoverlos, tanto como los que emplean las empresas privadas.
¿Qué no toca esta reforma? La minería ni al modelo extractivista a través del cual opera no son modificados en lo más mínimo. La 4T y los demás partidos políticos en el gobierno evaden la exigencia de justicia que, de pueblos Indígenas, comunidades campesinas, individuos ciudadana/os y organizaciones hacemos frente a las actividades mineras. Niegan la oportunidad de iniciar un replanteamiento de fondo que no tome como único camino la explotación de minerales, y su puesta en circulación dentro mercado, para beneficio del modelo económico impuesto. Todos los partidos y empresarios dicen que el litio es estratégico para el proceso de Transición Energética, pero no se cuestiona: Transición energética ¿para qué? ¿para quién? y ¿a costa de qué?
Tampoco existe discusión de fondo sobre el destino y los usuarios finales del litio. Actualmente el 88% del crecimiento de la demanda de litio se relaciona con la fabricación de coches eléctricos. En México, desde varias décadas han sido claros los impactos ambientales y la explotación laboral relacionadas con la actividad automotriz, ligados a la lógica de externalización de costos implementados por EEUU o más recientemente por ciertos países asiáticos. Ampliar el modelo y la frontera extractiva en México, y los impactos relacionados, para generar insumos destinados a ser exportados y consumidos en otros países, cuestiona la supuesta soberanía nacional aclamada con este decreto. La narrativa dominante de la necesidad del litio para vehículos eléctricos no permite, además, cuestionar este modelo de transporte individualista y elitista. Permite seguir posicionando falsas soluciones tecnológicas al posible reemplazo del petróleo (gas mediante fracking, minerales estratégicos, minería submarina, hidrogeno) sin cuestionar ni cambiar el modelo económico capitalista basado en actividades extractivistas, maquiladoras y explotadoras. La transición energética que proponen, es una transición de mercado, tecnología y capitalismo rapaz que empodera, enriquece e incrementa las desigualdades.
Por otro lado, el decreto no hace nada para liberar el estado de la estructura neoliberal a la cual se ha ligado con la firma de tratados de libre comercio y otros acuerdos de inversión internacional, como el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) que incluye Canadá o el Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (APPRI) entre México y China para nombrar solamente dos, que compromete la soberanía del estado a los intereses y los caprichos del capital transnacional que ahora amenaza con actuales y futuras demandas por decisiones como esta. Si bien el discurso gubernamental promete cancelar los permisos para privados que pasará por ejemplo con el proyecto minero de Bacanora en Sonora, adquirida por la poderosa empresa china Ganfeng Lithium, quien controla actualmente la mitad de la producción mundial de litio y quién seguramente no se saldrá tan sencillamente de este jugoso negocio. Actualmente, existen distintos mecanismos para que las empresas puedan recurrir a tribunales de arbitrajes privados como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, aplicando el mecanismo de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados. Esos mecanismos son permitidos por los 14 Tratados de Libre Comercio (TLCs) que México ha firmado con 50 países y los 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs)[6].Tratados que han sido en ciertos casos reafirmados por el gobierno de la 4T y sobre los cuales no existen el mismo supuesto discurso crítico cuando, de fondo, son los mecanismos que realmente ponen en jaque una posible soberanía nacional.
La auto-llamada 4T no ha respondido a la demanda de alto a la minería que desde muchas organizaciones sociales hacemos, ni ha respondido a la exigencia de justicia por la persecución, crímenes y daños que la minería ha generado en el país. Actualmente, existen poco más de 24 mil concesiones mineras vigentes y la superficie concesionada para esta actividad es aproximadamente de 17 millones de hectáreas, lo que corresponde al 8.63% del territorio nacional. Por su parte, la SEMARNAT ha continuado en este sexenio con la autorización de proyectos de exploración y explotación minera.
Las y los afectados por la minería exigimos que se entienda que es el modelo extractivo la causa verdadera del problema, independientemente si la empresa es de capital Estatal, público, privada. Las y los afectados por la minería decimos NO a la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio y de los demás minerales. La verdadera utilidad pública de los mismos, es la determinación de dejarlos en el subsuelo.
[4] El artículo 10, sólo menciona “La exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio quedan exclusivamente a cargo del Estado, y se llevarán a cabo por el organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones aplicables…”
Compartimos con ustedes este video sobre el Encuentro Mesoamericano contra la Palma de Aceite realizado durante octubre del año 2021
En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, durante los días 3 al 6 de Octubre 2021 nos encontramos diversas organizaciones, redes, miembros y representantes de colectivos provenientes de Honduras, Guatemala, México,Uruguay y Ecuador, con el fin de compartir experiencias en torno a las plantaciones de palma de aceite, analizar, estudiar y debatir sobre las consecuencias de este monocultivo en nuestros territorios.
Conocimos como llego la palma de aceite a mesaomerica, cual es el contexto en algunap países, cuales son algunas de las estrategias para introducir la palma y cuales son las consecuencias del monocultivo de esta.
Exijamos un debido proceso y justicia verdadera
