Les compartimos este comunicado de Comunidad Casas de Medicina y Partería Tradicional Indígena en México donde nos sumamos a las firmas en solidaridad – A 30 de abril de 2026
Compartimos este pronunciamiento de Amigos de la Tierra Internacional y nos sumanos al llamado – A 20 de abril del 2020
Amigos de la Tierra Internacional condena el imperialismo liderado por Estados Unidos, incluida la agresión militar contra Irán, Venezuela y el Líbano, el bloqueo ilegal de Cuba y el genocidio devastador y continuo contra Palestina, liderado por Israel y Estados Unidos. A medida que la violencia y el sufrimiento se intensifican en todo el mundo, los costos humanos y ambientales del imperialismo estadounidense se hacen sentir a nivel mundial. La única respuesta es poner fin al imperialismo y a todos los sistemas de opresión, y construir una Solidaridad Internacionalista de los Pueblos por la justicia ambiental, social, de género y racial.
Amigos de la Tierra Internacional es la federación ambientalista de base más grande del mundo, con más de 70 grupos nacionales miembros y millones de integrantes y simpatizantes en todo el mundo. Nuestra visión es la de un mundo pacífico y sustentable en el que las sociedades vivan en armonía con la naturaleza, donde las personas vivan con dignidad y plenitud, se haga realidad la equidad y se respeten los derechos humanos y de los pueblos.
Los ataques ilegales y cada vez más intensos de Estados Unidos e Israel contra naciones y pueblos soberanos constituyen una violación flagrante del principio fundamental de la soberanía nacional y del derecho de los pueblos a la autodeterminación. Estos ataques violan el derecho internacional y los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, que prohíben explícitamente el uso o la amenaza de la fuerza contra la independencia política de los Estados y exigen la resolución pacífica de los conflictos. Existe una amplia y creíble documentación sobre presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por Estados Unidos e Israel.
Esta agresión capitalista e imperialista tiene una larga historia. Desde el Imperio Británico hasta los golpes de Estado promovidos por Estados Unidos contra gobiernos elegidos democráticamente, los movimientos populares del Sur Global llevan mucho tiempo resistiéndose a la opresión. Lo que enfrentamos hoy es parte de esa misma historia. Desde Irak hasta Palestina, desde Haití hasta Venezuela, este patrón es histórico y está profundamente arraigado: represión contra gobiernos electos y movimientos populares, guerra económica mediante sanciones, aranceles y control de instituciones financieras globales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, e invasiones militares con el pretexto de “llevar la democracia”. Todo ello para mantener un orden mundial en el que una alianza imperial liderada por Estados Unidos pueda mantener el control global de los recursos y la economía mundial. Un orden mundial que mantiene la impunidad y las ganancias de los multimillonarios y las corporaciones, mientras que los pueblos del mundo pagan el precio.
La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha desencadenado la peor crisis energética de la historia moderna, que ha afectado con mayor dureza a los más pobres económicamente del mundo, entre otras cosas en lo que respecta al acceso a los alimentos y a la energía. Mientras tanto, el genocidio contra el pueblo palestino, que ya dura más de dos años, ha provocado una catástrofe humanitaria que se podría haber evitado por completo. Las sanciones históricas contra Irán, Venezuela y Cuba, así como el bloqueo petrolero en curso contra Cuba, están causando un sufrimiento incalculable, al cortar el acceso a la energía para hospitales, escuelas y millones de hogares. Todo esto ha tenido un impacto devastador, particularmente en los pueblos históricamente más marginados, incluyendo a las mujeres, las comunidades negras, la comunidad LGBTQI+, los Pueblos Indígenas, los/as niños/as y los/as jóvenes.
El actual resurgimiento de la agresión imperialista constituye una amenaza existencial. Los costos humanos son incalculables, con la pérdida de miles de vidas, especialmente de niños/as. El impacto en el tejido social y ambiental —como la contaminación del suelo, la tierra, el aire, el agua y los ecosistemas— se sentirá durante generaciones. Prolongará la vida útil de los combustibles fósiles y los beneficios de las empresas de este sector, condenándonos a una crisis climática permanente. La agresión imperialista intenta asegurar el control de minerales críticos con fines militares y para la inteligencia artificial, y mantener la actual desigualdad en el consumo de energía y recursos en la futura transición verde. Desvía billones de fondos públicos hacia la guerra mientras millones de personas luchan por acceder a servicios básicos de salud, vivienda o alimentación.
Amigos de la Tierra Internacional condena el imperialismo y hace un llamamiento a la paz. Comprometemos a nuestra organización a la acción, guiados por los siguientes principios y demandas:
Acabemos con la agresión imperialista y trabajemos por la paz. Pongamos fin de una vez por todas a la guerra contra Irán, al genocidio en Palestina y busquemos una solución diplomática a todos los conflictos. La guerra no es inevitable. La gran mayoría de la gente no apoya la guerra contra Irán ni el genocidio contra el pueblo palestino, ni otros conflictos militares. Los gobiernos deben escuchar a la gente, no a Washington, optar por la diplomacia y pedir el fin de las guerras, la desmilitarización y la búsqueda de una agenda política basada en una “cultura de paz”. Exigimos que todos los recursos financieros destinados a las guerras y a la industria bélica se redirijan a la transformación y la recuperación de este mundo.
Defender el derecho internacional y el multilateralismo de los pueblos. Necesitamos un marco internacional que respete la soberanía de los Estados y la autodeterminación de los pueblos. Que sitúe en el centro los derechos de los pueblos y los derechos humanos, así como la justicia ambiental, social, de género y racial. El sistema de las Naciones Unidas está gravemente socavado, y la erosión del multilateralismo supone una grave amenaza para los derechos de los pueblos en todas partes.
Amigos de la Tierra Internacional insta a todos los Estados a que pongan fin y se abstengan de cualquier conducta que pueda convertirlos en cómplices de las guerras y las graves violaciones del derecho internacional perpetradas por Estados Unidos e Israel. En particular, instamos a los gobiernos a que pongan fin a la transferencia de armas, equipamiento militar y de doble uso, apoyo logístico y de inteligencia, flujos financieros y cobertura diplomática o política que permitan o faciliten graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos fundamentales. [1]
Desmantelar el imperialismo como sistema de opresión. Como organización dedicada a la justicia ambiental y social, luchamos contra todos los sistemas de opresión. El imperialismo está profundamente vinculado al colonialismo, el racismo, el patriarcado y la injusticia ambiental, y estamos comprometidos a combatirlo y desmantelarlo.
Defender la democracia frente a la extrema derecha. Los ataques más graves contra los derechos humanos y de los pueblos son liderados por una coalición global de actores de extrema derecha que siguen llamando a la guerra. Nos comprometemos a desafiar esta agenda divisionista en las calles, los parlamentos, los corazones y las mentes de todo el mundo.
Desmantelar el poder corporativo, la impunidad y el acaparamiento de recursos. El control de los recursos y la influencia corporativa impulsan la agresión imperialista. La alianza imperialista liderada por Estados Unidos cuenta con el respaldo de poderosas corporaciones, que utilizan aranceles y acuerdos bilaterales para intimidar a los países del Sur Global. El imperialismo estadounidense en el sector del petróleo y los minerales críticos refleja una campaña implacable de coacción geopolítica que está destruyendo los ecosistemas y amenazando la vida misma.
Amigos de la Tierra Internacional insta a los países a que adopten y hagan cumplir leyes claras y normativas vinculantes para garantizar que las empresas con sede en sus territorios, o que operan en ellos, no sean cómplices de crímenes internacionales ni entren en conflicto con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y a que les exijan responsabilidades legales, asegurando un acceso efectivo a la justicia y a las reparaciones para los pueblos afectados.
Los más de 70 grupos nacionales miembros de Amigos de la Tierra Internacional y sus millones de integrantes y simpatizantes en todo el mundo defienden la justicia ambiental y social. Eso significa abogar por la paz y oponerse al imperialismo. Ante las crisis globales, estas asociaciones son más necesarias y urgentes que nunca. Para lograr un cambio profundo y duradero para nuestro planeta y nuestros pueblos, necesitamos cambiar el sistema, desmantelar todas las formas de opresión y explotación, y construir una solidaridad internacionalista.
[1] Artículos sobre la Responsabilidad de los Estados por Hechos Internacionalmente Ilícitos (ARSIWA, por sus siglas en inglés), aprobados por la Comisión de Derecho Internacional en 2001 y recomendados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 56/83, de 12 de diciembre de 2001. Artículo 16 de los ARSIWA: un Estado que preste ayuda o asistencia a otro Estado en la comisión de un hecho internacionalmente ilícito incurre en responsabilidad internacional cuando lo haga con conocimiento de las circunstancias de dicho hecho y cuando el hecho sería internacionalmente ilícito si lo cometiera ese mismo Estado; a la luz de la amplia y creíble documentación sobre presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, el apoyo continuado corre el riesgo de acarrear dicha responsabilidad.
Les compartimos esta carta que esta circulando en redes sociales como una muestra más de solidaridad con el pueblo cubano – Abril 2026
Carta abierta de un soldado cubano a un soldado norteamericano
Estimado soldado norteamericano:
No sé tu nombre, ni tu edad, ni si tienes hijos o hermanos. Tampoco conozco el color de tu piel o la historia de tu familia. Pero sí sé algo: tú y yo somos soldados. Y en este momento, las circunferencias del poder nos colocan en lados opuestos de una amenaza que yo no busqué, y que presumo tú tampoco.
Te escribo esta carta abierta desde Cuba, mi tierra. Desde esta isla que has visto en mapas, en noticieros o quizás en viejas películas. Pero no la conoces. No sabes lo que es despertar con el olor del café y el canto del tocororo. No sabes lo que es sudar bajo el sol de la caña, o llorar a un abuelo que se fue sin despedirse. Eso es lo que tú llamas «objetivo militar». Para mí, es mi casa.
Tu gobierno, el poderoso gobierno de los Estados Unidos, ha hablado de agresión. De intervención. De «restaurar el orden» o de «liberarnos». Son palabras que ya hemos escuchado antes. Las escuchó Carlos Manuel de Céspedes cuando alzó su libertad. Las escucharon los mambises en la manigua. Las escuchó Fidel cuando el desembarco por Las Coloradas a bordo del yate Granma, y las escuchamos cada día en forma de bloqueo, de amenazas, de zarpazos de imperio. Pero aquí seguimos.
Hoy me toca a mí, un joven soldado cubano, defender mi bandera. Esa bandera que Bonifacio Byrne, desde el exilio, describió con un dolor que ahora yo siento como propio: “Mi bandera, mi bandera, que la he visto entre las balas, que la he visto entre las balas, y que he visto como rota, como rota en mil pedazos, la levanta el cubano sobre sus hombros de acero”. Esa bandera no es un trapo. Es la sangre de mis bisabuelos. Es la estrella solitaria que brilla sin pedir permiso.
Así que si un día te ordenan venir, si cruzas el mar con tus botas y tu fusil, quiero que sepas algo: aquí no encontrarás a un pueblo vencido. Encontrarás a hombres y mujeres que hemos crecido escuchando en el Himno Nacional aquel verso que no es un adorno: “Que morir por la patria es vivir”. No es un eslogan. Es una certeza. Porque cuando lo único que tienes es tu tierra, tu dignidad y tu familia, entonces no hay tanque que te quite el valor. Antonio Maceo, nuestro Titán de Bronce, lo dijo claro: “Quien intente apoderarse de Cuba, solo recogerá el polvo de su tierra anegado en sangre”. No es una amenaza vana. Es la experiencia de cien años de lucha. Es la advertencia de que aquí el invasor no encontrará flores, sino raíces armadas.
Pero no te escribo para odiarte. Te escribo para decirte que tú y yo podríamos ser amigos en otra vida. Que si nos encontráramos en una esquina de La Habana, quizás compartiríamos un café y tú me contarías de tu casa en Ohio o Texas. Te escribo para pedirte que reflexiones: ¿quién gana con esta guerra? ¿Tu pueblo? ¿Mi pueblo? ¿O los que negocian acciones y fabrican armas?
Tu juramento es obedecer. El mío, también. Pero hay una diferencia: tú obedeces una orden de agresión. Yo cumplo el deber de defender a mi madre, a mi hermana, a mi novia, a mis vecinos. Tú invadirías mi patio. Yo solo quiero que te vayas antes de que la sangre nos vuelva a enemigos para siempre. Si llegas, te recibiremos con la firmeza del que no tiene otra opción. No te prometo un campo de batalla limpio ni fácil. Te prometo que cada palmo de tierra lo pagarás caro. Pero también te prometo que, si caes, no celebraré tu muerte. Porque sé que detrás de tu uniforme hay una familia que te espera. Por eso, soldado, escucha mi consejo: no te conviertas en el verdugo de mi patria. No cargues con el peso de una guerra injusta. Usa tu conciencia antes que tu fusil. Y si no puedes negarte, al menos recuerda esta carta cuando veas nuestra bandera ondeando en el horizonte. Porque esa bandera, como escribió Bonifacio Byrne, no se arriará jamás.
“Si me piden mi bandera, / yo la tengo que dar; / que no puede haber entrega / más hermosa y más sincera / que entregarla al expirar.” Esa es mi respuesta. Firme en la trinchera, pero con el corazón limpio.
Un soldado de Cuba, Que prefiere morir de pie que vivir de rodillas.
La Habana.
Compartimos esta petición de Salva la Selva sobre la violencia a hacia defensoras y defensores en Ecuador- A 17 de abril de 2026
El estado de Ecuador está actuando de forma extremadamente agresiva contra organizaciones, asociaciones indígenas y ciudadanos particulares que defienden la naturaleza y los derechos humanos: les persigue judicial y económicamente, criminalizando y congelando las cuentas bancarias de algunos activistas, con el claro objetivo de intimidar, difamar, silenciar y arruinarlos económicamente.
Nos dirigimos al gobierno para mostrar que estamos observando sus acciones injustas y desproporcionadas, pedir que frenen ya esta tendencia y respeten la democracia, la ley y a las defensoras y defensores de la naturaleza.
Cada firma suma y es una gran ayuda para mostrar la atención que reciben.
Es una nueva tendencia al alza con graves consecuencias para organizaciones y personas afectadas que, p. ej., no pueden pagar salarios ni hacer frente a facturas de alimentos o visitas al médico, deben interrumpir proyectos y actividades en curso. Muchas de ellas se enfrentan además a una posible persecución penal. En caso de condena por presunto terrorismo, enfrentan penas de hasta 25 años de prisión.
Abogados expertos en derechos humanos ven clara persecución política y critican la falta de transparencia. No se ajusta a leyes ni a procedimientos establecidos.
Además, una congelación preventiva de fondos solo puede llevarse a cabo si se dispone de información objetiva y verificable que apunte a transacciones sospechosas; se debe limitar a cantidades concretas y no a cuentas bancarias totales. Por otra parte, su vigencia máxima sería de ocho días tras los que un juez especializado en corrupción y delincuencia organizada debería confirmar, modificar o revocar la medida.
Tras esta persecución organizada por el Estado se ve la política de gobierno del presidente Noboa, quien pretende llenar las arcas del Estado y la economía expoliando sin freno los recursos naturales. En octubre de 2025, se promulgó un decreto que prohíbe a las organizaciones ecologistas «participar directa o indirectamente en actividades destinadas a obstaculizar o perturbar proyectos mineros legalmente autorizados».
Cualquier persona que se pronuncie en contra de la extracción de petróleo, la minería o el saqueo de la naturaleza está bajo esta amenaza. Se conocen al menos 71 casos en el país, aunque el número total de personas criminalizadas podría ser mucho mayor.
En este momento, dos activistas de nuestra organización aliada YASunidos han sido condenados a pagar una multa equivalente a 15000 euros (quince mil) por una supuesta irregularidad en una declaración de fondos de campaña. Se trata de una diferencia contable de 39 céntimos. Llevan trece años luchando por el fin de la extracción de petróleo en el Parque Nacional Yasuní.
Por favor, firma la petición.
Compartimos este Boletín de la Alianza Mexicana contra el Fracking – A 13 de abril de 2026
Ciudad de México, 13 de abril de 2026
● Un comité cerrado, tecnocrático y sin posibilidad real de concluir que el Estado mexicano debe prohibir el fracking, sería una simulación para legitimar una decisión ya tomada.
● La discusión no puede reducirse a cómo extraer más gas ni a qué tecnología usar para hacerlo.
● El fracking no es un asunto meramente técnico, es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos.
● No se trata de buscar nuevas coartadas técnicas para prolongar la dependencia fósil de México, sino de asumir decisiones para dejar atrás los combustibles fósiles.
● Si el gobierno pretende presentar este comité como un espacio serio de investigación, análisis y deliberación, en esa mesa también deben pesar el principio precautorio y los antecedentes internacionales de prohibiciones y moratorias del fracking, no solo las promesas tecnológicas de la industria y del sector energético.
Tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de abrir la puerta al gas no convencional,y conformar un comité “técnico-científico” para evaluar el uso de fracking, la discusión pública no puede quedar atrapada en los términos que el propio gobierno pretende imponer. El problema no es solamente quién integrará ese comité. El problema de fondo es si el gobierno busca realmente deliberar sobre el futuro
energético del país o si solo pretende vestir de ciencia una decisión fósil ya encaminada.
El gobierno ha intentado presentar esta ruta como una discusión técnica sobre soberanía energética, producción de gas y nuevas tecnologías. Ese encuadre es inaceptable. El fracking no es un asunto meramente técnico, es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos. Afecta agua, salud, alimentación, comunidades, trabajadores, ecosistemas, formas de vida y viola obligaciones internacionales y constitucionales irrenunciables del Estado mexicano de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y también de prevenir sus violaciones. Presentarlo como una discusión de especialistas, aislada de sus consecuencias sociales y ambientales, es una forma de despolitizar una decisión que jamás ha sido neutral.
Tampoco puede asumirse sin discusión la premisa de que México necesita más gas y que, a partir de ahí, solo queda decidir cómo producirlo. Esa premisa debe ser cuestionada. Convertir la dependencia actual en una apuesta por más extracción fósil, más infraestructura gasífera y más sacrificio territorial no es soberanía energética. Es profundizar el mismo modelo fósil que ha contaminado territorios, comprometido fuentes de agua, impuesto riesgos a comunidades enteras y retrasado una transición energética real y justa. No se trata de buscar nuevas coartadas técnicas para prolongar la dependencia fósil de México, sino de asumir decisiones para dejarla atrás; volver a poner sobre la mesa el fracking contradice abiertamente el compromiso de no permitir esta técnica en el país.
La Alianza Mexicana Contra el Fracking reitera su postura: el fracking debe prohibirse, no regularse o gestionarse. No hay “fracking sustentable”, ni “fracking responsable”, ni maquillaje tecnológico que borre dos décadas de evidencia científica sobre sus impactos ambientales, sociales y sanitarios.1 Lo que México necesita no es una nueva vía para profundizar su dependencia a los combustibles fósiles, sino una ruta para salir de ella.
Si el gobierno insiste en anunciar un comité el próximo miércoles, ese comité sólo podría tener credibilidad pública si cumple condiciones elementales que distingan una deliberación real de una simulación.
● Primero, su mandato no puede estar sesgado de origen. Si el comité nace para buscar cómo explotar gas no convencional “mejor”, “con menos agua” o “con nuevas tecnologías”, entonces no estará evaluando si México debe o no abrir esta ruta, sino refinando la forma de implementarla. Esa sería una simulación desde el diseño.
● Segundo, el comité debe tener la posibilidad real de concluir públicamente que el Estado mexicano debe prohibir el fracking. Si esa conclusión no es posible desde el inicio, entonces no se tratará de un espacio de evaluación, sino de un mecanismo para legitimar una decisión ya tomada.
● Tercero, la integración, los criterios de selección, la metodología, los documentos de trabajo, los conflictos de interés, los insumos y las deliberaciones del comité deben ser públicos. Si el gobierno habla de apertura a la sociedad, debe demostrarlo con total transparencia, no con opacidad ni designaciones
discrecionales.
● Cuarto, no puede tratarse de un grupo de élite científica con visión tecnocrática. El fracking no afecta solamente indicadores energéticos o balances de producción. Afecta territorios y pueblos concretos, convirtiéndolos en zonas de sacrificio para sostener el modelo fósil. Por ello, y haciendo eco de la Opinión
Consultiva 32/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe incluir al conocimiento indígena como parte de la mejor ciencia disponible.
Además, cualquier exclusión de comunidades potencialmente afectadas, de voces independientes en salud pública, clima, agua, derechos humanos y defensa territorial, confirmaría que no se busca escuchar a la sociedad, sino neutralizarla.
● Quinto, si el gobierno pretende presentar este comité como un espacio serio de deliberación, en esa mesa también deben pesar los principios precautorio, pro aqua, interculturalidad, así como considerar los antecedentes internacionales de moratoria y prohibición del fracking, no solo las promesas tecnológicas de la industria y del sector energético. Un comité que nazca para discutir cómo habilitar el fracking, pero no para considerar seriamente su prohibición, estaría viciado desde el origen.
Estas condiciones no implican reconocer el comité como una vía legítima para normalizar o regular el fracking. Sirven, precisamente, para exhibir si el gobierno pretende abrir una deliberación real o montar una simulación para legitimarlo.
La prueba del miércoles será simple. Si el gobierno presenta un comité cerrado, opaco, tecnocrático, sin independencia y sin posibilidad real de recomendar la prohibición del fracking en México, no estará abriendo una deliberación pública sería. Estará montando una simulación para legitimar una decisión ya tomada.
La diferencia será clara: un comité con posibilidad real de recomendar la prohibición del fracking en México, o una simulación diseñada para legitimar un giro político que contradice el compromiso de la 4T de no permitir el fracking en el país.
Contacto de prensa:
Manuel Llano: 55 4388 4067
Alejandra Jiménez: 784117 6209
Compartimos esta declaración de Amigos de la Tierra Internacional ATI y Amigos de la Tierra EE. UU. – A 1 de abril de 2026
Amigos de la Tierra Internacional (ATI) se solidariza con las comunidades migrantes que se encuentran en la primera línea de la violencia por motivos raciales a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, también por sus siglas en inglés), y con quienes luchan contra la militarización de las fronteras en todo el mundo.
La violencia contra las comunidades migrantes, incluyendo los ataques intencionados contra migrantes negras/os, la discriminación racial contra personas latinas e indígenas, los ataques contra niñas/os, la negligencia médica que ha provocado 38 muertes conocidas bajo custodia del ICE desde 2025, así como los recientes asesinatos de Keith Porter Jr., Silverio Villegas González, Renee Nicole Good y Alex Jeffrey Pretti, son nuevas evidencias del desprecio por la vida humana y el debido proceso que el ICE, la CBP y el DHS tienen desde hace mucho tiempo.1 2
En este momento de tragedia y movilización, ATI reafirma que:
La administración Trump debe poner fin de inmediato a estas acciones y políticas atroces que deshumanizan y oprimen a las poblaciones migrantes.
ATI y AT Estados Unidos se oponen firmemente a la militarización de las fronteras y a la represión y la violencia que están llevando a cabo los agentes gubernamentales, facilitadas por la codicia corporativa y la privatización de las prisiones en Estados Unidos y en todo el mundo. Apoyamos completamente las protestas públicas pacíficas y la disidencia en solidaridad con las/os migrantes y los pueblos desplazados, y pedimos la abolición del ICE.
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por defender el Río Atenco en Zacatecas – A 6 de abril del 2026
El pasado 03 de marzo del presente, la Secretaría de Finanzas del estado de Zacatecas, actual promovente del proyecto de la Presa Milpillas, entregó información adicional con respecto a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que fue solicitada por parte de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT. Asimismo, la SEMARNAT anunció la etapa de consulta pública del proyecto, que está vigente desde el 25 de marzo y hasta el próximo 23 de abril, de acuerdo con la Gaceta Ecológica (Publicación No. DGIRA/0014/26). Con base en la revisión de la actualización de la MIA, el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, reafirma la inviabilidad, contradicciones y posibles afectaciones socioecológicas del proyecto, que persisten y que compartimos a través de este comunicado.
Es importante aclarar que esta consulta pública es la apertura del expediente del proyecto al público interesado para hacer las observaciones y referencias pertinentes sobre el mismo, tal y como lo señalan la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 34, así como en los artículos 4, 40 y 41 de su Reglamento; normativa que, dicho sea de paso, en ningún momento define como facultad de la SEMARNAT realizar encuestas, consultas ciudadanas u otros procesos electivos en cualquiera de sus modalidades: votación con urnas, nominales, a mano alzada o algún otro método.
De acuerdo con los datos actualizados de la MIA, el escurrimiento promedio anual del río Atenco (o Milpillas, como lo llaman los funcionarios del gobierno), no es suficiente para operar la presa. En el mejor de los casos, sólo permitiría que ésta operara a aproximadamente la mitad de su capacidad, con lo cual no se alcanzaría a cubrir el déficit de los acuíferos de la región centro del estado, ni siquiera la demanda actual de agua en la Zona Conurbada de Zacatecas y Guadalupe (ZCZG). Esto quiere decir que a pesar de que la MIA fue modificada por el promovente, el proyecto no se sostiene técnicamente, y las afectaciones sociales, ecológicas y culturales podrían profundizarse en los territorios afectados.
Los datos son los siguientes:
Con base en los datos señalados, se puede afirmar que, aun considerando la cifra más alta —y no justificada— de 32.274 Mm³/año, no hay suficiente agua para operar la presa Milpillas según su diseño. Si además se respeta el caudal ecológico propuesto (11.545 Mm³/año), entonces el volumen disponible de agua que se prevé desviar sería de aproximadamente 20.729 Mm³/año, lo que implicaría operar la presa a cerca de la mitad de su capacidad.
En este sentido, los mismos datos de la MIA actualizada por el promovente confirman que los 20.729 Mm³/año de agua que podría desviar la presa Milpillas —y esto es en el mejor de los escenarios— no podrían revertir la sobreexplotación de los acuíferos en la región centro del estado, pues se necesitarían alrededor de 13 presas como Milpillas para cubrir el déficit conjunto de 262.5 Mm3/año. Asimismo, dicha cantidad sería insuficiente para satisfacer la demanda de agua en la ZCZG, la cual se estima en 27.4 Mm3/año según datos de JIAPAZ, y mucho menos si se incluye a Fresnillo y otros centros urbanos.
Estos datos que se desprenden de la apertura de la MIA para su análisis y observaciones permiten confirmar que el proyecto de la presa Milpillas no representa una solución a la escasez de agua de la ZCZG, ni tampoco permitirá aliviar a largo plazo el estrés hídrico que padecen los mantos acuíferos sobreexplotados por Grupo Modelo, las minas y los grandes productores del sector agroindustrial. Para esto, basta un ejemplo: los 20.729 Mm³/año de agua que podría desviar la presa es una cantidad menor a la de los casi 35 Mm3/año, concesionada sólo a Peñasquito.
Con todo, la información adicional incluida en la versión más reciente demuestra, nuevamente, que este proyecto, concebido hace más de diez años, obedece a una lógica neoliberal, puesto que, lejos de contribuir significativamente a superar la crisis hídrica multidimensional en la región centro de Zacatecas, sólo serviría como vehículo para el enriquecimiento de compañías transnacionales constructoras de presas, para proteger los intereses de los grandes acaparadores de agua en la región y para brindar a los administradores del proyecto la oportunidad de desviar recursos públicos. Todo ello a través del despojo del líquido vital de uno de los municipios más pobres del estado.
En lugar de buscar traer agua de territorios cada vez más lejanos, por medio de infraestructura hídrica inviable, con altos cargos al erario público y graves impactos socioambientales, una forma más razonable de satisfacer las demandas de agua de la ZCZG, así como de cubrir el déficit de agua de los acuíferos sobreexplotados, sería limitar y reducir la demanda de ciertos grandes consumidores del sector industrial en la zona. Por ejemplo, existen 12 proyectos mineros en etapa de exploración en los cinco acuíferos sobreexplotados correspondientes a la ZCZG (Aguanaval, Benito Juárez, Calera, Chupaderos y Guadalupe-Bañuelos), y tan sólo en los tres primeros meses del año 2026 se ha presentado ante la SEMARNAT informes preventivos y MIA regional para tres de ellos en el municipio de Fresnillo (Proyecto de exploración San Albino, Depósito de Jales Fatima Sur y Proyecto de exploración minera El Tule).
Por tales motivos, los ejidos y comunidades de Jiménez del Teul y Sombrerete no estamos dispuestos a ser territorios de sacrificio para un proyecto que significa la destrucción de nuestra vida comunitaria y de la biodiversidad. Exigimos que se respete la autonomía y la decisión de las asambleas ejidales, y se cancele definitivamente el proyecto de la presa que, a todas luces y por más que lo maquillen, es inviable en términos técnicos, sociales y ecológicos; y demandamos al gobierno de la 4T ser congruente con sus principios, abandonar el proyecto de una vez por todas, dejar de desperdiciar recursos públicos y aplicar rigurosamente las alternativas delineadas por investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Finalmente, hacemos una invitación a los medios de comunicación y a las personas interesadas a estar atentas y atentos a la convocatoria para la reunión pública de información, cuya fecha y hora será publicada por la SEMARNAT a través de su gaceta, para que el promovente del proyecto de la presa exponga los aspectos técnicos ambientales, los desequilibrios ecológicos graves o daños a la salud pública o a los ecosistemas que tendría la realización del proyecto.
Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería
Compartimos este comunicado de El Concejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la Montaña y Costa Chica del Guerrero (CRAADET) sobre su lucha por una vida libre de minería – A 21 de marzo de 2026
Pueblo Hidalgo, Guerrero a 21 de marzo del 2026
A la opinión pública:
El Concejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la Montaña y Costa Chica del Guerrero (CRAADET), enviamos un saludo fraterno y solidario a los pueblos y luchas del estado de Guerrero y de México que han asumido la defensa del territorio y la defensa de los derechos de los pueblos originarios y campesinos como propuesta de lucha permanente.
En el contexto de nuestro XLVIII FORO POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO, REALIZADO EN LOS BIENES COMUNALES DE PUEBLO HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, LOS PUEBLOS INTEGRANTES DEL CRAADET queremos denunciar ante la opinión pública lo siguiente.
A inicios del año una nueva amenaza acecha nuestra vida comunitaria, se trata del Sr. Fernando Jaimes Ferrel, ex delegado de la procuraduría agraria y subsecretario de asuntos agrarios durante la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien anda recorriendo nuestros pueblos con el propósito de que dejemos ingresar a las empresas mineras, a su vez también ha estado intentando influenciar a diferentes actores políticos y líderes sociales que tienen una relevancia importante y de respeto en la dinámica de los pueblos, haciéndoles creer que la minería es progreso y desarrollo.
Como todo México sabe, desde hace casi 14 años la defensa del territorio que hemos realizado en el CRAADET para evitar el ingreso de las empresas mineras ha sido constante y es un ejemplo a nivel nacional de lucha organizada, basada en el ejercicio y defensa de nuestros derechos. Son 14 años en donde hemos logrado que el gobierno federal, a partir del respeto, registro e «Tierra y Libertad» inscripción de la negativa para el ingreso a nuestro territorio de la actividad minera relacionada con el modelo extractivo, haya quedado validada tanto por nuestras asambleas y dentro de nuestros reglamentos internos y estatutos comunales, además de las declaratorias de municipios libres de minería de nuestros presidentes municipales de Iliatenco, Malinaltepec y San Luis Acatlan, de tal manera que estamos en condiciones legales de aplicar lo que corresponde ante terceros a quienes intenten violentar la vida comunitaria.
Hacemos del conocimiento de la opinión pública que todas las comunidades del CRAADET hemos acordado que el Sr. Fernando Jaimes Ferrel, a quienes le acompañen, y a cualquier otra persona que en un futuro quiera ingresar a promover la actividad minera en nuestros pueblos, serán privados de su libertad y serán sometido ante las autoridades correspondientes en nuestros sistemas de justicia comunitaria, por violar y violentar nuestros acuerdos comunitarios y Regionales, de tal manera que, en este comunicado queremos que le quede claro al Sr. Fernando Jaimes Ferrel no es bienvenido a nuestro territorio comunitario por ser un servil promotor de una actividad que sabemos destruye pueblos enteros.
De la misma manera a las y los amigos políticos y personalidades les pedimos no se dejen embaucar por las mentiras de este promotor de la destrucción y le faciliten el ingreso a alguna comunidad, de tal manera que, sigamos con una relación cordial y armónica con todos ustedes.
FRATERNALMENTE
POR UN TERRITORIO LIMPIO, SANO Y LIBRE DE MINERÍA
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 17 de marzo de 2026
Con motivo de la visita de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Alicia Bárcena, al estado de Zacatecas el pasado 11 de marzo de 2026, y ante sus recientes declaraciones públicas sobre la aprobación de proyectos mineros la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería manifestamos nuestra profunda preocupación no sólo por la narrativa gubernamental que pretende presentar el avance de nuevos proyectos mineros como sinónimo de progreso y desarrollo económico, sino por la orientación política que está detrás de estas declaraciones y decisiones, que continúa priorizando la expansión del modelo extractivo por encima de la protección del agua, los territorios y la salud de las comunidades. Este posicionamiento refleja una política pública que favorece la agilización de permisos y la aprobación acelerada de Manifestaciones de Impacto Ambiental, mientras se minimizan o ignoran los impactos acumulativos que estas actividades generan en regiones ya afectadas por la sobreexplotación de acuíferos, la degradación ambiental y los impactos conflictos a la salud de la población.
Una vez más, enunciamos los profundos impactos que la aprobación y desarrollo de nuevos proyectos mineros generan en términos de despojo territorial, sobreexplotación de bienes naturales, concentración de riqueza en manos de unos cuantos y empobrecimiento de las comunidades. A ello se suma la contaminación del agua superficial y de los mantos freáticos, así como los graves daños a la salud de las personas derivados de la actividad minera. La experiencia demuestra que, una vez producido el daño, no existen tecnología o dinero suficiente que permitan remediar o revertir plenamente las afectaciones ambientales que estos procesos ocasionan. Es decir, la minería genera daños a perpetuidad.
Entre los proyectos mineros que se pretende impulsar y acelerar mediante la autorización de Manifestaciones de Impacto Ambiental y evaluaciones superficiales sobre el uso del agua, se encuentra el Proyecto San Nicolás de las empresas mineras canadienses Agnico Eagle y Teck Resources. Según datos de la CAMIMEX, este proyecto se posiciona como el segundo proyecto de cobre más importante a nivel nacional, con una producción estimada de 65.8 mil toneladas, así como el primer proyecto de producción de zinc, con 147 mil toneladas estimadas, además de pretender producir 17.5 mil onzas de oro.
Este proyecto resulta particularmente preocupante debido a su ubicación en el acuífero Calera, el más sobreexplotado del estado de Zacatecas, dentro del corredor minero Fresnillo–Zacatecas. En este contexto, resulta inevitable preguntarse por la prisa en impulsar proyectos de infraestructura hídrica como la presa Milpillas, que podrían estar orientados a garantizar agua para el crecimiento de actividades industriales y extractivas en una región donde el acceso al agua para las comunidades ya enfrenta serias limitaciones.
Otro de los proyectos que buscan avanzar es Cerro de Oro de Minera Álamos, considerado el octavo proyecto de oro a nivel nacional, con una producción prevista de 28 mil onzas en el municipio de Melchor Ocampo. Asimismo, se encuentran proyectos como Relleno de Hundidos de Arian Silver, el proyecto Torcazas de Industrias Peñoles en Fresnillo y el Proyecto Juárez de Compañía Minera T.T.T. en el municipio de Villa Hidalgo.
En la actividad minera resulta imposible sostener que los recursos naturales puedan ser utilizados “con responsabilidad”, como lo ha señalado la titular de SEMARNAT al referirse al uso de los acuíferos. La minería industrial está estructuralmente vinculada a un modelo de explotación intensiva de recursos naturales que prioriza la obtención de altas ganancias para las empresas, a costa de los ecosistemas y de las condiciones de vida de las poblaciones que habitan los territorios.
En Zacatecas, la crisis hídrica es ya una realidad evidente. El estado no cuenta con la disponibilidad suficiente de agua para satisfacer plenamente las necesidades de la población de la zona conurbada ni de múltiples municipios y comunidades rurales. Sin embargo, actividades industriales como la minería demandan grandes volúmenes de agua, a la vez que la contaminan y puede interrumpir los flujos de agua superficial y subterránea, contribuyendo a la pérdida de pozos y manantiales, y a la reducción del nivel del manto freático. Esta es una de las muchas razonas por las cuales nuestra red se opone al modelo extractivista minero y su expansión en el país.
A reserva de conocer con mayor profundidad el proyecto denominado “Aguas Firmes”, la experiencia acumulada en distintos territorios permite reconocer el modus operandi de las grandes empresas extractivas, basado en la simulación de compromisos ambientales y en la construcción de discursos de sustentabilidad que buscan legitimar sus operaciones ante la opinión pública, sin que en la práctica se transformen los impactos estructurales que genera este modelo.
Aunque el año 2026 ha sido denominado en Zacatecas como el “año del progreso”, desde la perspectiva de los territorios y de las comunidades afectadas por el extractivismo podría convertirse, en realidad, en un año de retrocesos si se continúa acelerando la aprobación de Manifestaciones de Impacto Ambiental y de proyectos de explotación minera por sus consecuencias devastadoras. Las grandes empresas mineras saquean, despojan y destruyen los territorios, como lo demuestran múltiples experiencias documentadas en distintas regiones del mundo, inclusive en el mismo estado de Zacatecas. Recordamos el desplazamiento forzado de la población de Salaverna por el Grupo Frisco y de la comunidad La Colorada por la empresa Pan American Silver. Además, no hay que mirar más allá de la mina Peñasquito de la empresa Newmont para ver los efectos de la contaminación y pérdida de fuentes de agua sobre las comunidades aledañas. No existe “minería verde”, “minería sustentable” ni “minería amigable con el medio ambiente”: la minería industrial implica inevitablemente procesos de devastación ambiental y transformación profunda de los territorios.
Diversos casos lo evidencian en Canadá, Centroamérica y Sudamérica, así como en el propio territorio nacional. En México podemos mencionar el caso del Ejido El Bajío, en Sonora, donde persisten graves deudas ambientales derivadas de la actividad minera después de tan solo tres años de operación de una mina de la empresa Fresnillo, o el Ejido Carrizalillo, donde los grandes tajos han destruido tierras fértiles y han contribuido a procesos de deterioro social y violencia en las regiones donde operan estos proyectos, ahora en manos de la empresa Equinox Gold. Mientras tanto, las grandes utilidades quedan en manos de los consorcios mineros y sus accionistas, mientras que las comunidades propietarias de la tierra y el propio estado con la llamada “vocación minera” se vuelven dependientes sobre las migajas que dejan las operaciones mineras y que suelen durar entre 10 a 15 años, al tiempo que enfrentan territorios cada vez más degradados, contaminados y empobrecidos, con el resultado que tarde o temprano resultan desplazadas. Por esta razon, no es casual que las zonas mineras suelen registrarse con altos niveles de empobrecimiento, tal como se ha observado en los municipios en donde ocurren la minería de oro en México o en Perú.
Por todo lo anterior, desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) exigimos detener la aprobación de nuevos proyectos de explotación minera en Zacatecas y abrir un debate serio sobre las verdaderas prioridades ambientales del país.
Existen problemas ambientales urgentes que requieren atención inmediata, como la crisis hídrica, la restauración de ecosistemas dañados, la contaminación acumulada por actividades extractivas, y la protección de los territorios y las comunidades. Si el gobierno federal realmente busca actuar con responsabilidad ambiental, no debería anteponer los intereses económicos de las empresas mineras, cuyas ganancias además no se quedan en las comunidades ni en el país, sobre la protección del agua, la vida y los derechos colectivos de los pueblos.
¡Alto al daño al medio ambiente!
¡No a la expansión de la minería en Zacatecas ni en México!
Imagen: MAZAPIL, ZACATECAS, 11JUNIO2023.- Instalaciones de mina a cielo abierto Peñasquito, de la empresa norteamericana Newmont. s
Situada al norte del país, en el oeste de Zacatecas, es una de las minas más importante para Newmont con ventas por encima de los 2.000 millones de dólares. En México, esta mina es la principal productora de oro en el país, con una extracción de más de 566.000 onzas del metal áureo en 2022, más del 20% de la producción nacional de este metal, de acuerdo con los reportes anuales de la empresa. La mina también extrajo un nivel relevante de plata con 29,7 millones de onzas anuales.
FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM
Compartimos este comunicado de Amigos de la Tierra Internacional ATI , condenamos este acto de violencia y nos solidarizamos con las y los defensores de Indonesia – A 24 de marzo de 2026
Amigos de la Tierra Internacional expresa su profunda preocupación y condena enérgicamente la escalada de violencia contra las/os defensoras/es de los derechos de los pueblos y de los territorios en Indonesia. Estamos muy alarmadas/os por esta serie de ataques y condenamos de forma tajante la agresión con ácido contra Andrie Yunus, coordinador adjunto de la Comisión para los Desaparecidos y las Víctimas de la Violencia (KontraS), que tuvo lugar la noche del 12 de marzo de 2026 en Yakarta, Indonesia.
Andrie Yunus es un defensor de los derechos humanos que lleva mucho tiempo trabajando activamente en la promoción y protección de esos derechos en Indonesia. Como coordinador adjunto de KontraS, participa en actividades de incidencia política, investigación y campañas públicas que abordan las violaciones de los derechos humanos. Esto incluye cuestiones relacionadas con la rendición de cuentas del Estado, las libertades civiles, la militarización y las políticas que amenazan el espacio democrático.
Más allá de esta defensa general de los derechos humanos, Andrie es también un aliado clave en la lucha por la justicia ambiental. Como experto en asuntos de interés público que trabaja en estrecha colaboración con WALHI / Amigos de la Tierra Indonesia, ha brindado asistencia legal a comunidades que enfrentan criminalización y violencia por defender sus derechos ambientales y sus territorios. Se trata de comunidades de agricultoras/es, personas pobres y desplazadas de las zonas urbanas y Pueblos Indígenas que se oponen a proyectos destructivos para el medio ambiente.
En este contexto, la situación actual de los derechos de los pueblos en Indonesia es profundamente preocupante. Se ha observado una tendencia al alza de los ataques contra activistas, junto con una mayor criminalización y vigilancia de la labor en materia de derechos humanos. La agresión a Andrie Yunus refleja una amenaza más amplia y sistémica para la democracia y los derechos humanos en el país. Sin una acción decisiva, es probable que continúen ocurriendo incidentes similares, lo que pondrá en riesgo a más defensoras/es de los derechos humanos.
La violencia contra defensoras/es de los derechos humanos no es solo un delito individual, sino un ataque contra las comunidades que defienden sus territorios, incluidas las tierras, los bosques, las aguas y los medios de vida. Es un ataque contra la democracia, la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a buscar justicia y protección ambiental. WALHI hace hincapié en que proteger a las/os defensoras/es de los derechos humanos es una responsabilidad fundamental del Estado y una condición esencial para mantener la democracia y las luchas populares por un medio ambiente sano y sustentable.
Reiteramos nuestra enérgica denuncia y condena del ataque con ácido contra Andrie Yunus, y expresamos nuestra plena solidaridad con él y con todas/os las/os defensoras/es de los derechos de los pueblos en Indonesia.
Hacemos un llamado al Gobierno de ese país para que lleve a cabo una pronta investigación, que debe ser exhaustiva, independiente y transparente; garantice la rendición de cuentas tanto de los autores directos como de quienes planearon y ordenaron este ataque; y garantice la protección efectiva de todas/os las/os defensoras/es de los derechos humanos y las comunidades que resisten a la destrucción ambiental.
Instamos además al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a los procedimientos especiales pertinentes de la ONU, incluidos el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las/os defensoras/es de los derechos humanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente, a que se pongan en contacto urgentemente con el Gobierno de Indonesia, supervisen este caso y adopten las medidas necesarias para garantizar la rendición de cuentas y la protección.
Amigos de la Tierra Internacional se solidariza con las/os defensoras/es de los derechos de los pueblos y hace un llamado a la comunidad internacional para que condene este ataque. Llamamos a las organizaciones y movimientos sociales de todo el mundo para que sigan luchando contra las injusticias, se mantengan unidas/os frente a la represión y combatan la impunidad de quienes cometen estos crímenes brutales contra nuestros pueblos.
Poner fin a la impunidad de quienes violan los derechos y proteger a las/os defensoras/es de derechos, al tiempo que se garantiza la seguridad de las comunidades que defienden sus territorios, es esencial para salvaguardar la democracia, los derechos de los pueblos y la justicia ambiental.
Crédito (imagen principal): Comisión para los Desaparecidos y las Víctimas de la Violencia (KontraS).
Compartimos esta invitación al panel en el marco de la conmemoración al décimo aniversario de la siembra de Berta, donde estará participando nuestro compañero Gustavo
Acompañanos este viernes 27 de marzo a partir de las 9 de la mañana en el campus de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México.
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 12 de marzo de 2026
Desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), condenamos enérgicamente el cobarde atentado que sufrió el día de ayer 11 de marzo, el compañero Erik Saracho, defensor ambiental y del territorio, en la comunidad de San Francisco (San Pancho), Nayarit.
Erick Saracho, desde hace muchos años ha dedicado su vida a la defensa del Jaguar y su hábitat. Es presidente de la Asociación Civil Alianza Jaguar, desde donde hace trabajo en la selva protegiendo a esta especie. También lleva a cabo arduo trabajo de educación ambiental y defensa del territorio contra proyectos turísticos e inmobiliarios que afectan gravemente los ecosistemas costeros y las actividades productivas de la comunidad de San Pancho.
Alianza Jaguar forma parte de la Red Medio Ambiente y Sustentabilidad (Red MAS), desde hace tiempo, Alianza Jaguar y en particular Erick Saracho, se habían visto agredidos en medios de comunicación por empresarios y desarrolladores que han armado una campaña de odio contra él, difundiendo que estaba frenando el desarrollo en San Pancho y oponiéndose al progreso: El mismo argumento de siempre de las grandes corporaciones y aún del gobierno, para deslegitimar la lucha por la vida.
Exigimos a las autoridades se investigue este hecho y se castigue a los responsables. Solicitamos al Mecanismo de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que intervenga eficazmente para salvaguardar la vida de Erick Saracho.
Desde la REMA, respaldamos la lucha de la Asociación Civil Alianza Jaguar y enviamos un abrazo solidario al compañero Erick, deseando su pronta recuperación.