La justicia en el caso de Berta Cáceres sigue siendo denegada por la Corte Suprema de Justicia de Honduras, que no ha confirmado las condenas de los ocho individuos responsables de su asesinato. El retraso innecesario de la Corte en asumir el caso perpetúa el ciclo de impunidad por la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos en Honduras y causa a su familia un sufrimiento inconmensurable mientras esperan un resultado definitivo en su caso.
Berta Cáceres, lideresa indígena y activista social hondureña, fue asesinada el 2 de marzo de 2016 tras liderar la oposición a la instalación inconsulta e ilegal de la represa de Agua Zarca. La represa es un proyecto hidroeléctrico de la empresa DESA (Desarrollos Energéticos S.A.), propiedad de la poderosa familia Atala Zablah de Honduras.
El 29 de noviembre de 2018, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal dictó sentencia condenatoria por el asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro contra las siguientes personas: Douglas Bustillo (ex militar, jefe de seguridad de DESA), Mariano Díaz (mayor del ejército), Henry Hernández (ex militar, sicario), Sergio Rodríguez (Gerente Ambiental y Social de DESA), Elvin Rápalo (sicario), Óscar Torres (sicario) y Edilson Duarte (sicario). Cada uno de ellos fue condenado a penas de entre 30 y 50 años de prisión el 2 de diciembre de 2019. El 5 de julio de 2021, el Tribunal también emitió una condena contra David Castillo (gerente general de DESA, ex militar) por el asesinato de Berta Cáceres como coautor del crimen. Casi un año después, el 20 de junio de 2022, el Tribunal condenó a Castillo a 22 años y 6 meses de prisión. Los condenados en ambos casos interpusieron recursos contra las sentencias, pero hasta la fecha, la Corte Suprema de Justicia no ha emitido una resolución sobre ninguno de los dos casos.
El proceso judicial en el caso de Berta Cáceres sienta un importante precedente en Honduras para acabar con la impunidad, ya que es la primera vez que se juzga y sanciona a miembros de una poderosa empresa por crímenes contra comunidades y organizaciones indígenas en el contexto de la defensa del territorio. Es indispensable que la Corte Suprema de Justicia emita una resolución y confirme las sentencias de las ocho personas ya condenadas por este delito para continuar la lucha contra la impunidad en Honduras. Las organizaciones abajo firmantes hacemos un llamado a las autoridades judiciales hondureñas para que emitan resoluciones que confirmen las sentencias de los responsables mencionados y garanticen justicia por el asesinato de Berta Cáceres.
Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Robert F. Kennedy Derechos Humanos (RFKHR)
Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha para frenar el proyecto de la presa Milpillas- A 20 de junio del 2024
Desde hace más de 7 años el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, Movimiento integrado por ejidos y comunidades de los municipios de Sombrerete y Jiménez del Teul, hemos estado defendiendo nuestro río Atenco en contra del proyecto de la presa Milpillas porque atenta contra nuestra forma de vida. Desde el inicio hemos demostrado, en conjunto con organizaciones hermanas, académicos y académicas, que el proyecto de contrucción de la presa Milpillas es inviable y no resolverá la crisis hídrica del estado de Zacatecas.
Durante el pasado periodo electoral 2024, candidatas y candidatos a la gobernatura del estado, a las diputaciones, senadurías y presidencias municipales de la región, tomaron el asunto de la presa Milpillas para hacer campaña electoral y pronunciarse a favor o en contra de dicho proyecto. Quienes lo hicieron a favor del proyecto, mostraron que la participación y decisión ciudadana no es su interés. Durante sus campañas les exigimos que respeten nuestra postura y, en caso de ganar, no se vuelvan promoventes y no impongan un proyecto que no queremos y que además es inviable. A quienes se manifestaron a favor de la decisión de los pueblos, en contra del proyecto de la presa Milpillas, les hacemos un atento llamado para iniciar su compromiso manifiesto de no respaldar el proyecto en nuestros ejidos y comunidades. Nuestra petición es respetuosa pero firme, y les requerimos y exigimos cumplir con su palabra.
Ahora que terminaron las elecciones, exhortamos a Daniel Cisneros Esparza, presidente municipal electo de Jiménez del Teul y a Ramiro Hinojosa Aguayo, presidente municipal electo de Sombrerete a cumplir con el compromiso que hicieron con el pueblo y no apoyen el Proyecto Hídrico Milpillas, ni de la presa San Andrés (o cómo le nombren). Además, les solicitamos cumplir su compromiso y empezar a convocarnos para iniciar el proceso para que, en cuanto tomen el cargo, nos llamen como población a la asamblea de cabildo abierta en la cual establezcan la Declaratoria de Municipios Libres de Megaproyectos. Anexamos las cartas compromiso que hicieron con nosotras y nosotros, los ahora presidentes, en Atotonilco, El Potrero y Estancia de Guadalupe.
Durante estos años demostramos que no cedemos nuestros derechos a placeres desarrollistas, demostramos también que seguiremos luchando por acabar con la impunidad de quienes violentan la justicia con tal de beneficiarse de un proyecto que no tiene sustento social, ambiental y técnico y que, en consecuencia, perjudicaría a toda la región. Nuestra lucha ha sido transexenal y nosotras y nosotros vamos a seguir defendiendo nuestro río, nuestro territorio.
Desde nuestros ejidos, ranchos y comunidades de Jiménez del Teul y Sombrerete en Zacatecas, enviamos un saludo combativo a todos los pueblos que como nosotras y nosotros luchan por la vida día con día.
¡No a la presa Milpillas, sí a la vida!
A t e n t a m e n t e,
Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco
Les compartimos la siguiente invitación de Stay Grounded y la Red Permanecer en la Tierra (la red regional de Latinoamérica y el Caribe -LAC) a su webinario:
Construcción de alternativas para Permanecer en la Tierra, desde Latinoamérica y el Caribe
27 de junio de 2024 a las 10:00 hrs CST (Ciudad de México)
Quinta y última sesión de la Jornada de Reflexión sobre la Aviación y la Expansión Aeroportuaria, un espacio de diálogo, análisis y construcción de alternativas ante los impactos de la industria del transporte aéreo.
Contaremos con las ponencias de representantes del pueblo autónomo de Santa María de Ostula (México), del Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta (México) y Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (Brasil).
Compartimos este pronunciamiento de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC en solidaridad con el Pueblo Argentino ante la terrible represión que esta viviendo – A 21 de junio del 2024
ATALC (Amigos de la Tierra América Latina y El Caribe) denuncia y repudia la salvaje represión realizada por diversas fuerzas policiales sobre los manifestantes que se oponían a la sanción de legislación sumamente regresiva llamada “Ley de Bases” e impulsada por el gobierno de ultraderecha de Javier Milei. La represión resultó en numerosos hechos de violencia y la detención arbitraria de más de 30 personas, de las cuales 16 aún se encuentran detenidas y amenazadas con procesamiento judicial bajo gravísimos cargos. Durante las detenciones, se utilizó un nuevo mecanismo por el cual las/los manifestantes quedan a disposición de la justicia federal con prisión preventiva por riesgo de fuga, acusados de terrorismo e intento de golpe de Estado. De las 17 personas liberadas, se solicita que 14 vuelvan a ser detenidas acusadas de atentar contra la democracia. Mientras tanto, los detenidos restantes denuncian que en los penales han sido sometidos a abusos, como el uso de gas pimienta, golpes y desnudamientos. Estas nuevas formas de actuar por parte de la Justicia Federal siembran un grave precedente para futuras movilizaciones.
La manifestación del día 12 de junio fue el resultado de 6 meses de un gobierno que ha elevado los índices de pobreza al 55,5% de la población y la indigencia al 17,5%. Este gobierno intenta sancionar una ley que otorga superpoderes al presidente, inaugura el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que libera totalmente el accionar de multinacionales extractivas y flexibiliza la legislación laboral, entre otros ataques a las/os trabajadores y la soberanía nacional.
Mediante la aplicación del “Protocolo Antiprotestas”, las fuerzas armadas avanzaron y la represión duró más de cinco horas, utilizando camiones hidrantes, balas de goma, gas pimienta y realizando detenciones arbitrarias. Después de esta brutal represión y de la aprobación de la ley en la cámara de senadores a través de escandalosos hechos de corrupción, el gobierno felicitó a las fuerzas de seguridad -vía canales oficiales- “por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado” (sic). El fiscal a cargo acusó a los detenidos de “alzarse contra el orden constitucional y la vida democrática”, imputándolos con 15 delitos y trasladando a 10 de ellos a penales de máxima seguridad bajo la figura de “prisión preventiva”.
Este hecho pone en evidencia la escalada de violencia económica, simbólica y política que ocurre en Argentina desde hace 6 meses de manera ininterrumpida y creciente, y que se ha exacerbado desde el pasado miércoles. Los y las detenidas son estudiantes, trabajadores/as y luchadores/as sociales.
Los movimientos sociales, ambientales, sindicales, feministas y de la economía popular nos encontramos en alerta a nivel internacional. Acompañamos a los movimientos populares argentinos y responsabilizamos al gobierno de Javier Milei por la integridad de la población.
Llamamos a la comunidad internacional a ejercer la solidaridad internacionalista, exigiendo la libertad inmediata y el desprocesamiento de todos los detenidos y detenidas, quienes no sólo han sido encarcelados/as sino que han sufrido enormes maltratos. Además, exigimos el cese de la violencia del Estado, el respeto por la democracia y el fin de la criminalización de la protesta.
Compartimos este comunicado de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC en Solidaridad Internacionalista con Palestina ante el genocidio que viven por parte de Israel – A 14 de junio de 2024
Desde el pasado 7 de octubre, el mundo está siendo testigo de acciones atroces por parte del gobierno y el ejército de Israel que han expuesto, de la manera más cruda imaginable, lo que siempre fue la intención del movimiento sionista: el exterminio del pueblo palestino. En ocho meses de operativos militares las llamadas Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han asesinado a 36.284 palestinos y herido a por lo menos a 82.057 tan sólo en la Franja de Gaza, con el pretexto, que ya nadie cree, de eliminar a la milicia Hamas. La mayoría de las víctimas son niños, niñas, adolescentes y mujeres. En Cisjordania, donde Hamas no tiene una presencia significativa, el número de muertos asciende a por lo menos 550. En Gaza más del 70 por ciento de los edificios públicos y la infraestructura hospitalaria, educativa, de comunicaciones y servicios (agua, electricidad) ha sido destruido, así como los medios de subsistencia de la población. Cientos de miles de viviendas, mezquitas, iglesias, monumentos históricos ya no existen. En Cisjordania, las FDI han devastado caminos, quemado viviendas, cosechas y vehículos, alentando al mismo tiempo la furia demencial de los colonos sionistas que, armas en mano, expulsan a los palestinos de sus tierras y bloquean el acceso a los camiones con ayuda humanitaria, ellos sí usando a sus hijos como escudos humanos. Asimismo, el gobierno sionista ha destinado cuantiosos recursos financieros, militares y propagandísticos para entorpecer o de plano impedir el trabajo de las organizaciones humanitarias que operan en Gaza, principalmente la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés).
El argumento del derecho a la defensa repetido hasta la náusea por el gobierno sionista encabezado por Benjamín Netanyahu y su gabinete de zelotes, como Yoam Gallant, Itamar ben Gvir o Bezalel Smotrich, sólo ha servido para develar los crímenes atroces, las mentiras, manipulaciones, amenazas y trampas de Israel, su flagrante violación a las leyes internacionales y a los derechos humanos. Por décadas, en la más absoluta impunidad. No sólo en los territorios ocupados. En muchas otras partes del mundo. Israel es, hoy por hoy, a todas luces, un Estado paria.
Nada de esto habría sido posible sin la complicidad del gobierno de los Estados Unidos, principal proveedor de armas y ayuda militar a Israel, y de otras potencias occidentales como Alemania, Italia, Gran Bretaña, Francia, Países Bajos, Canadá y Australia, corresponsables de la tragedia que desde hace décadas sufre el pueblo palestino en manos de sus verdugos. A ello han contribuido también todos aquellos gobiernos que, haciendo caso omiso de los crímenes de lesa humanidad que Israel ha cometido a lo largo de su historia, continúan haciendo negocios con la entidad sionista, la número 17 en poder militar en el mundo. Cisjordania pero sobre todo Gaza continúan siendo los laboratorios experimentales de la industria armamentista mundial, no sólo israelí. Cualquiera que denuncie, proteste o exponga estas atrocidades, en el mejor de los casos es tachado de antisemita, un término tan desafortunado como pervertido, si consideramos que los fundadores de Israel no eran de origen semita, como no lo han sido la mayoría de sus gobernantes. Los palestinos, por cierto, sí lo son.
En contraste, han sido los países del sur global los que están haciendo algo para poner un alto a la barbarie sionista. El pasado 29 de diciembre, Sudáfrica presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en contra de Israel por el delito de genocidio. A lo largo de los meses subsiguientes otras naciones se han unido al país africano en el proceso: Egipto, Turquía, Nicaragua, Colombia y desde el 28 de mayo, México.
Ante lo anteriormente expuesto, en AMIGOS DE LA TIERRA AMÉRICA LATINA (ATALC):
• Expresamos nuestro más absoluto repudio a las políticas genocidas y de limpieza étnica implementadas por el gobierno sionista y solapadas por sus cómplices. • Reconocemos el derecho inalienable del pueblo palestino a tener un Estado en su territorio histórico y decidir su propio destino. • Nos unimos a las voces de la sociedad civil, intelectuales, artistas, líderes sociales y de opinión, estudiantes, periodistas y analistas, organizaciones y movimientos sociales que han convertido a la kufiya en la prenda de la resistencia universal, pintando de rojo, verde, negro y blanco las plazas de todo el mundo al grito de “¡Palestina Libre!”. • Rechazamos de manera contundente las brutales medidas represivas que los aliados de Israel han tomado en contra de estas protestas, sobre todo las protagonizadas por las y los jóvenes universitarios. • Apoyamos decididamente el trabajo de la UNRWA y otros organismos de ayuda humanitaria y exigimos al gobierno sionista el cese inmediato de las agresiones en su contra. • Denunciamos el asesinato de los más de 140 periodistas en manos del ejército sionista, así como la tortura y asesinato de cientos de prisioneros palestinos, incluidos niños y mujeres, en las cárceles de Israel. • Exigimos garantías a la integridad física del personal médico, periodistas, defensores de derechos humanos y personal de organismos internacionales que aún se encuentran en Gaza y Cisjordania. • Demandamos el cese de las hostilidades y persecusión, tanto en Israel como en las potencias aliadas a la entidad sionista, de analistas, historiadores y todas aquellas voces críticas que buscan la verdad y la justicia. • Respaldamos la demanda de Sudáfrica, Egipto, Turquía, Nicaragua, Colombia y México ante la CIJ, así como las posturas de Bolivia, Venezuela, Brasil, Irlanda y otras naciones que han demandado con contundencia el fin del genocidio. • Saludamos la decisión de los gobiernos de Irlanda, España y Noruega, y de todos los países que lo han hecho previamente, de reconocer al Estado palestino. Sin restarle valor, esto resulta, empero, a todas luces insuficiente. Para que dicho reconocimiento tenga un impacto real y no sólo simbólico para el pueblo palestino, es indispensable que los gobiernos tomen otro tipo de acciones, tales como:
1. Frentar de manera inmediata el comercio de todo tipo, sobre todo el de armas, con Israel. 2. Romper relaciones con la entidad sionista, como medida de presión justificada y legal, para obligarla a cumplir incondicionalmente con el marco internacional. 3. Presionar al gobierno de los Estados Unidos y los demás aliados de Israel para que detengan la complicidad criminal que ha permitido e incluso fomentado las acciones genocidas de Israel. 4. Unirse a la demanda de Sudáfrica Egipto, Turquía, Nicaragua, Colombia y México ante la CIJ. 5. Obligar la salida inmediata de las FDI de Gaza y Cisjordania así como el desmantelamiento de los asentamientos sionistas en estos territorios. 6. Contribuir a la reconstrucción inmediata de Gaza y Cisjordania.
Con las toneladas de bombas arrojadas contra la población gazetí inerme han caído también el discurso victimizador de los sionistas y la hipocresía de sus aliados, para dejar al descubierto la historia de horror que hay detrás de la creación de Israel. La brutalidad y la barbarie de las que estamos siendo testigos no dejan espacio para la neutralidad o la indiferencia. Tampoco argumentos que lo justifiquen.
POR ESO DESDE ATALC NO DEJAREMOS DE HABLAR, NO DEJAREMOS DE DENUNCIAR, DE EXIGIR, DE PRESIONAR. NI DEJAREMOS DE GRITAR DEL RÍO HASTA EL MAR… ¡¡¡VIVA PALESTINA LIBRE!!!
Compartimos este artículo de nuestras compañeras y compañeros de lucha en Ecuador Acción Ecológica sobre el monocultivo de palma de aceite en aquel país – A Mayo 2024
LA MESA DE PALMA SUSTENTABLE (RSPO) LEGITIMA A LAS EMPRESAS DEPREDADORAS
En Ecuador actualmente existen 270 mil hectáreas de palma aceitera sembradas. Esta cifra ha fluctuado a lo largo de los años, viéndose afectada especialmente por la pudrición del cogollo. Por otra parte, sólo cuatro grupos empresariales cuentan con la certificación RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil): Organic Supply S.A, Industrial Danec S.A, Natural Habitats Americans B.V. y el Holding La Fabril S.A.
Este último agrupa a la empresa Energy & Palma, que ha sido denunciada en los últimos años por comunidades del norte de Esmeraldas, donde posee 11 mil hectáreas de plantaciones. Las acusaciones versan sobre contaminación de fuentes de agua, violación de derechos laborales y despojo de territorios comunitarios. Incluso, Energy & Palma ha judicializado a defensores de la Comuna Barranquilla de San Javier con una demanda civil por 350 mil dólares, aduciendo supuestos daños y perjuicios.
El Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, conjuntamente con siete mecanismos especiales, emitió un comunicado conjunto sobre este caso, dirigido a Ecuador, Estados Unidos, Suiza, Nestlé, PepsiCo, La Fabril y a la RSPO manifestando su preocupación por un aparente uso abusivo del sistema penal en contra de defensores de derechos. A pesar de haber recibido este comunicado de manera directa, la Mesa de Palma Sustentable (RSPO) simplemente no respondió a dicho comunicado y continuó certificando a Energy & Palm/La Fabril (https:// spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27475).
Según los principios y criterios de la RSPO, mantener querellas legales contra comuneros o sobre tierras sembradas de palma constituiría un impedimento para otorgar la certificación. Por tanto, estos hechos deberían haber imposibilitado que La Fabril renovara su certificación, a pesar de la queja formal presentada por la comunidad y el comunicado de la ONU. Sin embargo, la recertificación se realizó de manera expedita, en medio de cuestionamientos y preguntas sin respuesta.
El sistema RSPO merece varias observaciones. Si bien afirma garantizar la producción de palma aceitera sustentable que proteja el ambiente, los derechos colectivos de las comunidades y el trabajo rural, fomentando la sostenibilidad y evitando daños, en la práctica esto no se cumple. En realidad, facilita el acceso de grandes empresas al exigente mercado europeo.
Su sitio web, única vía de ingreso para quejas comunitarias, está en inglés y requiere completar un complejo formulario con implicaciones legales, dificultando el acceso a comunidades rurales que carecen de recursos como electricidad, internet y dominio del idioma. Pareciera un sistema diseñado para favorecer a empresas con el respaldo de grandes ONG conservacionistas.
Superando estas adversidades, la Comuna Barranquilla logró presentar su queja en mayo de 2023. Durante este proceso, Energy & Palma continuó su certificación, recibiendo la visita de la auditora brasileña IBD, que se reunió sólo con personas afines a la empresa, excluyendo a la comuna y al sindicato de trabajadores. Incluso, la RSPO negó que tal visita estuviera programada.
Ante las denuncias, los auditores de IBD se vieron forzados a regresar al territorio y recopilar testimonios. Igualmente visitaron los lugares donde la planta procesadora de aceite descarga agua pestilente y turbia directo al río, pero sin tomar muestras de los lugares supuestamente contaminados para análisis de laboratorio. Se acordó con los auditores que compartirían el informe con la comuna. No lo hicieron, pero emitieron la certificación favorable a Energy & Palma sin mayor trámite.
Cabe señalar que en el 2020, a raíz de una queja previa de la Comuna, el Ministerio del Ambiente ecuatoriano visitó la zona, recorrió las instalaciones de la empresa, tomó muestras de agua, pero nunca informó sobre los resultados de esos exámenes.
Esto evidencia no sólo la falta de metodología científica por parte de los auditores de la RSPO, sino también los antecedentes de opacidad de las autoridades ambientales al no transparentar los análisis realizados en la zona, con anterioridad, ante denuncias de contaminación.
Por otro lado, la queja formal de la comuna ante la RSPO sólo ha avanzado un 12%. Contrasta la celeridad en otorgar certificados versus el excesivo tiempo para resolver denuncias comunitarias. La falta de metodología científica, el inadecuado procesamiento de testimonios y la aparente política de ignorar cualquier denuncia evidencian un sistema que pareciera priorizar los intereses empresariales.
Actualmente, el Holding La Fabril ostenta la certificación RSPO, vigente hasta 2030, lo que genera inquietudes sobre la imparcialidad y real funcionalidad de este mecanismo: ¿abrir mercados o garantizar sustentabilidad?.
Con mucho entusiasmo y alegría les compartimos la convocatoria para el segundo Encuentro Mesoamericano de Movimientos Sociales: Reencontrarnos en la Resistencia que se llevará a cabo los días 7 y 8 de noviembre del 2024 en Acteal, Chenalhó, Chiapas.
La pandemia en 2020 reflejó la crisis ambiental global en la que vivimos, consecuencia de la lógica capitalista de extracción y explotación de los bienes naturales y de los territorios. Cuatro años después de la emergencia sanitaria mundial corroboramos que el modelo extractivo quedó intacto, aún en etapas tan contundentes para la humanidad. Las corporaciones fortalecieron su poder económico y político reorganizando sectores industriales claves como la energía y los minerales, los estados se fortalecen a través del poder militar y fuerzas armadas, así como surgen nuevas tácticas ideológicas del capitalismo, ahora vestido de verde. Las consecuencias a la vida de los pueblos están siendo difíciles de afrontar: mayor carencia, desigualdades, desplazamiento forzado y migración masiva, mayor violencia y acaparamiento de los bienes comunes y de nuestros cuerpos. Y pese a todo el contexto adverso, los y las defensoras de la vida, la tierra y el territorio hoy más que nunca cuidamos y abrazamos la salud y alimentación del pueblo. Mientras, las medidas restrictivas de distanciamiento reprimieron la lucha y la organización. Nuevas crisis están por venir, por ello es necesario que desde los movimientos hagamos nuestros análisis para realizar acciones conjuntas.
NUESTROS OBJETIVOS:
Compartir las experiencias y estrategias de lucha que lograron comunidades y organizaciones.
Compartir alternativas antisistémicas que las comunidades construyen para el buen vivir.
Actualizar el análisis regional del modelo extractivo en el marco de la crisis del sistema capitalista actual.
Encontrar nuevas rutas para fortalecer la solidaridad entre pueblos para la defensa del territorio y la resistencia al extractivismo.
Construir un posicionamiento y denuncia conjunta para responsabilizar al Estado y las corporaciones.
COMPARTICIÓN:
Intercambio de conocimientos y saberes ante la crisis: ¿Qué nos hizo resistir?
Estrategias de lucha y para los cuidados de la vida (salud, alimentación, vivienda).
El rostro actual del modelo extractivo: ¿Cómo se recuperó y en qué se ha transformado?
Análisis de los planes y proyectos del modelo extractivo para Mesoamérica, apuestas del capital (agua, energía, minerales) y tácticas ideológicas (narrativas, instituciones, etc.).
Nuevos desafíos: inflación, desplazamiento y migración, violencia en los territorios, endeudamiento, militarización, etc.
Solidaridad del pueblo: retos.
Estrategias de prevención (políticas, jurídicas y comunitarias) para la defensa del territorio.
EJES:
Habrá espacios en la comunidad por ejes temáticos donde los movimientos se encontrarán para compartir. Cada eje será facilitado por una red u organización que ayude al reencuentro:
Minería
Represas
Monocultivos (palma de aceite y otros)
Hidrocarburos
Tren Maya
Canal Transístmico
Mega Granjas
Parques Eólicos
Transgénicos
Migrantes
Otros Mega Proyectos Extractivos
Ecotecnologías
Comunicación Popular
Arte y Cultura
Educación
Mujeres
Agua
DETALLES DEL ENCUENTRO:
Fecha: 7 y 8 de noviembre de 2024 Lugar: Acteal, Chenalhó, Chiapas, México ¡Te esperamos para compartir, analizar y construir juntos un futuro más justo y sostenible!
Les compartimos el tercer capitulo de la Serie de videos: Entender la guerra para soñar con el paz, un diálogo sobre la historia e identidades del conflicto Palestino-Israelí para tener un mejor entendimiento ante la complejidad del contexto en el cual se da esté enfrentamiento en el llamado medio oriente, revisando conceptos y términos que pueden dar luz para soñar con la paz.
Entender la guerra para soñar con la paz – Capítulo 3 La invención del llamado “Pueblo Judío”
Un diálogo sobre la historia e identidades del conflicto para tener un mejor entendimiento ante la complejidad del contexto en el cual se da esté enfrentamiento en el llamado medio oriente, revisando conceptos y términos que pueden dar luz para soñar con la paz
Producción: Otros Mundos Chiapas Amigos de la Tierra México
Contenido y palabra: Ana Vázquez Carpizo, Colaboradora Otros Mundos Chiapas Conducción, búsqueda de imágenes y edición: Marco von Borstel
Concepto y producción: Ana Vázquez Carpizo, Gustavo Castro y Marco von Borstel
Cámara: Nikte-Ha Vieyra Cid, Comunicación Otros Mundos Chiapas
Logotipo: Uitsili Latapí
Apoyo edición: Mar Xiuhatsin, Sandra Latapí
Música entrada: El Caudal – Rastrillos (con permiso de autores)
Música de apoyo: MUVA Chatrán González – Yeteel u pixaan Masada y Nahuani (con permiso de autores) y Sin copyright
Apoyo de difusión: Perimetral y Desdeabajito
Este es un material de contenido educativo y de carácter cultural sin fines comerciales
San Cristóbal de las Casas Chiapas, Grabado 15 de mayo 2024, publicado 3 de junio 2024
Compartimos esta petición de solidaridad con Amigos de la Tierra Estados Unidos para apoyar la iniciativa de ley : Ley TREES de Nueva York para proteger los bosque tropicales – A 3 de junio de 2024
Haciendo un llamamiento tanto a particulares como a organizaciones de las regiones selváticas y los países tropicales: Por favor, firma esta carta de solidaridad para apoyar una importante ley en Nueva York, EE.UU., que ayudará a proteger los bosques tropicales y a sus defensores, llamada New York TREES Act.
Fecha límite para firmar: Martes 18 de junio
Nuestro objetivo es reunir al menos 100 firmas a tiempo para entregar la carta antes del Día Mundial de los Bosques Tropicales, el 22 de junio.
¿QUÉ ES?
La Ley TREES de Nueva York es un texto legislativo diseñado para garantizar que el estado de Nueva York -la décima economía más grande del mundo- utilice su poder adquisitivo gubernamental para 1) prohibir el uso estatal de madera de frondosas tropicales, 2) exigir a todos los contratistas del Estado que lleven a cabo la diligencia debida en la cadena de suministro y verifiquen que los productos que venden a Nueva York no están impulsando la deforestación tropical o abusos asociados de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas (incluido el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado), y 3) proporcionar apoyo financiero a las empresas de Nueva York para que cumplan con los más altos estándares de sostenibilidad de la cadena de suministro.
La Ley TREES ha ganado en la asamblea legislativa del estado de Nueva York y ahora solo falta que el Gobernador del estado la convierta en ley. La Gobernadora de Nueva York se reunió recientemente con el Papa Francisco, donde declaró que «Nueva York es un imán para los migrantes de lugares como África Occidental y Sudamérica que huyen de sus hogares debido a los desastres ambientales, y necesitamos políticas para hacer frente a este problema a nivel mundial.»
¿POR QUÉ FIRMAR ESTA CARTA?
Aprovechamos esta oportunidad para decirle a la Gobernadora que una de las cosas que puede hacer para ayudar a proteger los países de origen de las personas es firmar la Ley de los ÁRBOLES. Esta carta es una forma de que la Gobernadora Hochul escuche directamente a aquellos cuyas vidas y medios de subsistencia están en juego, y a las organizaciones de estas regiones que luchan por detener la deforestación.
En la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, municipio de Juchitán en el Istmo de Tehuantepec, pobladores reclaman por las afectaciones ambientales que van dejando a su paso las obras de rehabilitación de la Línea K, una de las tres vías de transporte que integran el proyecto del Corredor Interoceánico, las cuales también conectarán a otros megaproyectos como el Tren Maya, en la Península de Yucatán y la refinería en Dos Bocas, Tabasco.
De gran relevancia para el transporte de mercancías, las vías férreas erigidas desde inicios del siglo XX y cuyo trayecto fue interrumpido en 2005 por los daños del huracán Stan, actualmente son rehabilitadas por el organismo Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), perteneciente a la Secretaría de Marina (Semar).
Los trabajos de la Línea K corren a cargo, desde febrero del 2023, de la empresa Grupo Ferrocarrilero del Sureste (GFS), encargada de las obras a lo largo de 472 kilómetros de vías que conectan Ixtepec, en el Istmo oaxaqueño, a Ciudad Hidalgo, en Chiapas.
Mapa elaborado por colectivo GeoComunes.
Pobladores de Unión Hidalgo perciben estas obras como una reconstrucción de gran magnitud pues implican la sustitución de todos los materiales que componen las vías, así como de locomotoras, estaciones y otras instalaciones asociadas.
En conversación con Avispa Mídia, Édgar Martín, defensor de derechos humanos en asuntos ambientales y habitante de la comunidad binizaá, relata que los trabajos incluso proponen la edificación de destacamentos militares a cargo de la Secretaría de Marina, cuyos detalles apenas retoman a cuentagotas pues las autoridades no han informado a la población local.
Por esta situación, Martín cuenta que integrantes de la comunidad han solicitado información para conocer los alcances y posibles afectaciones de las obras, sobre todo, los detalles de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), documento indispensable para autorizar los permisos ambientales y dar luz verde a las obras. El defensor recuerda que, en primera instancia, recurrieron al CIIT, pero nunca recibieron respuesta.
Por su parte, Óscar Marín, comunero y representante de bienes comunales de Unión Hidalgo, detalla que fue durante una reunión, a principios del 2024 con mandos de la Semar, que los militares se negaron a compartir la MIA y argumentaron que la solicitud debía ser dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Los pobladores así lo hicieron. Martín describe que fue una sorpresa la respuesta de las autoridades ambientales pues argumentaron que exentaron a la Semar de presentar la MIA. Para el defensor esta situación es alarmante debido a que este ramal es la línea más larga del Corredor y se extiende sobre una llanura costera, donde existe la amenaza de afectación a ecosistemas como manglares, esteros y ríos.
Respuesta de la Semarnat a la petición de la MIA por parte de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo.
“Descubrimos que no existe la MIA, algo ilegal, porque la única excepción posible es cuando hubo una manifestación de impacto ambiental previa, en este caso no lo hay. Legalmente no era posible que se exentara”, reclama el defensor.
El gobierno mexicano ha anunciado que se pretende terminar los trabajos en junio próximo, para con ello realizar pruebas en agosto y poder cumplir con la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien planea inaugurar la primera fase de las obras con una visita al Istmo durante septiembre, a menos de un mes de finalizar su cargo.
Afectaciones
El paso de la Línea K por la comunidad de Unión Hidalgo atraviesa a lo largo 26 kilómetros por tierras comunales. Según Edgar Martín esto representa el 6% del total de las vías férreas en una sola población donde los impactos pueden afectar a cuerpos de agua, que en su caso albergan dos esteros, un río y más de 20 arroyos.
Además de que no existen estudios sobre las afectaciones y las acciones para remediarlas, para el comunero Óscar Marín, las labores cotidianas como la soldadura para los puentes está dejando una cantidad de residuos de metales, aceite usado y otros desechos los cuales, asegura, la Semar se niega a sanear tras la conclusión de sus labores.
El comunero resalta también los impactos de deforestación con las labores de la Semar y GFS. “Desde el principio de las obras arrasaron con todos los arbolitos alrededor del derecho de vía”, relata.
Edgar Martín complementa que, de acuerdo al registro de la comunidad, contabilizan más de 10 mil árboles talados y resalta que, fue en enero del 2024, cuando habitantes de Unión Hidalgo se percataron del retiro de cientos de árboles en el Bosque Comunal El Palmar -tierras de uso común de gran importancia para la comunidad indígena-, lo que provocó su indignación y los llevó a bloquear el campamento de trabajadores para detener la deforestación masiva.
Defensores ambientales bloquean el paso de trabajadores que rehabilitan la Línea K debido a la tala indiscriminada en tierras comunales de Unión Hidalgo.
Debido a la protesta es que, en abril, la Semar se comprometió a gestionar ante la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural de Oaxaca para la producción y reforestación con 16 mil árboles. Mediante un oficio, la Semar solicita la intervención de la autoridad estatal para “mitigar el impacto ambiental por la renovación de la Línea K en la comunidad Unión Hidalgo”. Los pobladores aún esperan la finalización de los trabajos para concretar la reforestación con especies nativas.
Aunado a la deforestación, para el defensor Martín las mayores afectaciones ocurrieron en los cerros al sur de la comunidad. Esto debido a que la insuficiencia de materiales pétreos para cambiar la totalidad del terraplén llevó a la Semar a extraer material pétreo del banco “El Barrancón”, el cual estaba dañando sitios dentro de las tierras comunales de la comunidad zapoteca.
Habitantes de Unión Hidalgo realizan recorridos territoriales para vigilar que la Semar no explote un banco de materiales pétreos que operaba irregularmente. Fotos: Diana Manzo.
“Hubo un momento en que estaban operando con 400 volteos (transportes de carga) de doble capacidad. Estaban atacando dos cerros al mismo tiempo y eso era un impacto de imposible reparación”, sostiene.Ante ello, en octubre del 2023, después de descubrir que las autorizaciones en materia de impacto ambiental del banco no estaban vigentes, habitantes denunciaron la extracción ilegal de material para las obras.
Tras los reclamos de la población binizaá fue que la Semar y el CIIT convocaron a una reunión para entablar diálogo y contener la protesta, pero al no llegar a ningún acuerdo fue en febrero del 2024 cuando el defensor Martín recurrió a una demanda de amparo.
El recurso legal solicitó la suspensión de las obras de la Línea K, pues argumenta que la exención de autorización en materia de impacto ambiental de la Semarnat al CIIT, en Unión Hidalgo, viola los derechos para un ambiente sano, así como al de la consulta previa a la comunidad indígena para autorizar las obras. En el mismo amparo se reclama a la Semar por la deforestación y daños al ecosistema, así como “el saqueo y la explotación del Banco Pétreo ‘El Barrancón’, ambos sin contar con los permisos en materia ambiental que requiere la ley”.
El pasado 5 de marzo, el Juzgado Séptimo de Distrito en Oaxaca reconoció la operación irregular del banco de materiales. Pero en lo que respecta a la suspensión de las obras de la Línea K, fue rechazada por la juez Miriam Fabiola Núñez Castillo, quien sostuvo que, por encima del perjuicio a la población indígena se encuentra el interés de la sociedad en general e hizo referencia al decreto presidencial de mayo del 2023 que cataloga como seguridad nacional y de interés público la construcción y operación del Tren Maya, así como del CIIT.
“Al autorizar actos de diseño, planeación, implementación, construcción y operación del proyecto denominado ‘Línea K del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec’, entre otras cosas, va unir a Chiapas con Oaxaca a través de 472 kilómetros de vías férreas fortaleciendo la actividad industrial y una alternativa moderna y eficiente para el comercio nacional e internacional”, sostiene la resolución enfatizando la relevancia del megaproyecto para el gobierno federal.
Pese a que la suspensión de la extracción de materiales pétreos detuvo algunos días las obras de la Línea K, para Edgar Martín la devastación aún acecha a su comunidad debido a que existe una “usurpación de facto” en la superficie que la Semar ha intervenido pues, originalmente, el derecho de vía contempla el uso de 15 metros de ambos lados, tomando el centro de la línea férrea como referencia. No obstante, alega que autoridades de la Semar contemplan el uso de 50 metros, “y en la práctica, en un recorrido territorial, vemos que son entre 50 o 100 metros”, denuncia el defensor sobre la continuación de las irregularidades en los trabajos.
Esto lo confirma el comunero Marín, quien alude que las obras no están respetando el uso del derecho de vía pues los trabajadores continúan ocupando tierras fuera de los límites establecidos.
Persecución y militarización
El defensor Edgar Martín se encuentra incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), debido a que en el año 2022 fue víctima de un atentado con arma de fuego durante la resistencia contra la trasnacional Eléctricité de France (EDF), la cual pretendía instalar un parque eólico en tierras comunales de Unión Hidalgo.
Escombros arrojados en las inmediaciones de la vivienda del defensor ambiental Édgar Martín. Foto: Istmopress
El defensor resalta también que, durante el bloqueo de abril contra la deforestación en el bosque comunal de Unión Hidalgo, elementos de la Policía Municipal agredieron a los habitantes que se manifestaban pacíficamente. Ante estas situaciones, destaca que, a diferencia de la época en la lucha contra el parque eólico, elementos de seguridad mantenían comunicación y vigilancia para su protección, cosa que ya no sucede.
“Cuando me puse contra el gobierno federal dejaron de venir a mi casa y dejaron de hablarme, entonces me dejaron al descubierto”, señala ante el riesgo de protestar por las obras actuales del megaproyecto del Corredor Interoceánico.
En ese contexto, para el defensor también es preocupante la intención de las autoridades federales, en coadyuvancia con la municipalidad de Juchitán, para instalar destacamentos de la Semar en la región. Esto en referencia que, en octubre del 2023, el alcalde Miguel Sánchez Altamirano entregó un acta de donación de un predio, ubicado en Pozo Peralta, a menos de 20 kilómetros de Unión Hidalgo, para la construcción de un destacamento de la Semar.
En un evento con la presencia del Vicealmirante, Juan Carlos Vera Minjares, jefe de la Unidad Coordinadora Semar CIIT, el edil afirmó que las instalaciones militares serán “para brindar seguridad a la Línea K del tren del Istmo de Tehuantepec y contribuir a la salvaguarda de las y los juchitecos”.
Presidente municipal de Juchitán durante la entrega del predio a la Semar para la instalación de un destacamento militar en la región.
Un informe de labores de la Semar publicado un mes antes, en septiembre del 2023, enlista como obras en proceso a las Estaciones Navales en Ixtepec, así como Destacamentos militares en Matías Romero y Tehuantepec.
En cuanto al armamento de los marinos, el informe asegura que provee a las unidades de infantería y establecimientos navales comisionados al CIIT, y en particular a la Línea K, de equipo como drones, videocámaras, trajes de seguridad antimotín, placas balísticas, paneles balísticos y cascos balísticos.
Para diciembre del 2023, durante conferencia de prensa de la presidencia, el Vicealmirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, director general del CIIT, aseguró que contabilizan 3 mil elementos de la Semar para vigilar el megaproyecto. Además, reportó el avance en la construcción de las instalaciones en Oaxaca y Veracruz, asegurando que “vamos a establecer estaciones navales en todo el corredor”.
“No puedes construir instalaciones militares en un territorio indígena tan fácilmente”, reclama Martín, quien defiende que en el caso de que se pretenda establecer cuarteles en tierras de Unión Hidalgo, primero tendría que pasar por la aprobación de sus habitantes.
Compartimos esta infografía e informe de una investigación de ISDS América Latina donde participamos sobre el poder corporativo y las demandas de transnacionales a países – A mayo 2024
En 2023 México fue el país que más demandas de arbitraje de inversión recibió en el marco de tratados de protección de inversiones a nivel mundial. Con 53 casos en total, México se encuentra hoy entre los países más demandados del mundo por inversionistas extranjeros ante tribunales de arbitraje internacional, y es el tercer país más demandado de América Latina y el Caribe. Cada vez más dinero público está en riesgo para tener que pagar a los inversionistas las cantidades multimillonarias resultantes de los arbitrajes. A pesar de ello, México sigue firmando nuevos tratados de protección de inversiones que incluyen el recurso a los tribunales arbitrales internacionales como principal mecanismo de resolución de conflictos entre inversionistas y Estado (también conocido como ISDS, por sus siglas en inglés). En los últimos años, México ratificó el CPTPP; renegoció el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TLCAN 2.0/T-MEC), manteniendo entre México y EEUU el sistema de solución de disputas inversionista-Estado; y cerró la renegociación “en principio” del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM) que incluye un nuevo capítulo de protección de inversiones. Además, en 2018 se convirtió en miembro pleno del Convenio del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. En este informe vamos a mirar al régimen de protección de inversiones de México y develar sus principales consecuencias para el país.
¿Qué es el mecanismo de solución de controversias entre Estado e inversionista?
El mecanismo de solución de disputas inversionista-Estado, conocido como ISDS por sus siglas en inglés (Investor-State Dispute Settlement) permite a los inversionistas extranjeros, principalmente grandes empresas transnacionales y fondos de inversión, demandar a Estados ante tribunales de arbitraje internacionales si consideran que las leyes, las regulaciones, las decisiones judiciales u otras medidas tomadas por el Estado violan las protecciones que tienen bajo un tratado. Los casos son normalmente decididos por tres árbitros, frecuentemente abogados/as, que ejercen la profesión desde el sector privado y con un fuerte sesgo proinversionista. ISDS ha generado numerosas críticas desde el ámbito académico, profesional y de la sociedad civil, entre las que destacan: • La falta de transparencia en los procedimientos arbitrales. • La ausencia de imparcialidad y de independencia de los árbitros. • Los laudos pueden ser ejecutados en cualquier parte del mundo. • El costo de un arbitraje inversionista-Estado es mayor que un juicio en cortes nacionales. • Es un sistema unilateral: el inversionista es el único que puede iniciar una demanda. • Las víctimas de los abusos de las empresas transnacionales no disponen de ningún mecanismo como este para acceder a la justicia.
El universo de tratados de protección de inversiones de México
México cuenta con 31 Acuerdos para la Promoción Recíproca de Inversiones (APRI), o Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) vigentes, la mayoría de ellos con países europeos (18). Todos (excepto tres) entraron en vigor a partir del año 2000. De los 31 TBI con México, 22 podrían ser terminados, pues pasaron la fase inicial de 10 años que estipula el tratado para su vigencia, con lo cual México tiene la oportunidad de revisar y/o salirse de más del 70% de todos sus TBI. Sin embargo, la postura de los gobiernos mexicanos ha sido de continuar firmando tratados de protección de inversiones. En los últimos años, México firmó varios TBI de los cuales la mayoría ya entró en vigor, excepto el TBI con Haití, firmado en 2015.
Principales claúsulas de los Tratados de Protección de Inversiones para demandar a los Estados
1) Compensación por “Expropiación Indirecta” (del lucro cesante)
Si bien el término expropiación en el pasado se aplicaba a la confiscación física de la propiedad, las reglas actuales también protegen a los inversionistas contra la expropiación “indirecta”, que se interpreta como las reglamentaciones y otras acciones del gobierno que reducen significativamente el valor de una inversión extranjera o impiden una ganancia esperada. Por eso, ahora las compañías pueden entablar juicio contra el Estado, demandando indemnización por normas y leyes ambientales, de salud u otras de interés público que son adoptadas a través de un proceso democrático. Si bien los tribunales no pueden obligar a un gobierno a revocar esas normas y leyes, la amenaza de ser condenado a pagar grandes sumas de dinero por daños y perjuicios puede tener un “efecto paralizante” (chilling effect, como se le conoce en inglés) en la formulación de políticas nacionales responsables.
2) Norma subjetiva de “Trato Justo y Equitativo” a la empresa extranjera
Esta cláusula no tiene significado definible y es inherentemente subjetivo, lo que permite que los árbitros en tribunales supranacionales la apliquen con sus propias interpretaciones a acciones de gobiernos de países que tienen historias, culturas y sistemas de valores diversos. Cualquier accionar del gobierno que afecta negativamente el negocio del inversionista puede ser interpretado como un acto “discriminatorio” y por ende un incumplimiento del trato justo y equitativo.
3) Trato Nacional y Trato de Nación Más Favorecida
Los gobiernos deben tratar a los inversionistas extranjeros y sus inversiones al menos tan favorablemente como a los inversionistas nacionales (trato nacional) y a aquellos de cualquier tercer país (trato de nación más favorecida). Aunque se le pregona como un principio básico de justicia, esto en realidad despoja a los gobiernos de la posibilidad de impulsar estrategias de desarrollo nacional, utilizadas en el pasado prácticamente por todas las economías exitosas. Es más, una medida reglamentaria que se aplique a todas las compañías, pero tenga un impacto desproporcionado en un inversionista extranjero, podría ser demandada como una violación al trato nacional.
4) Prohibición de los Controles de Movimientos de Capitales
Se prohíbe a los gobiernos aplicar restricciones a los flujos de capital, a pesar de que muchos gobiernos han utilizado estos controles para prevenir y mitigar de manera efectiva la volatilidad y las burbujas financieras. Incluso el mismo FMI reconoce hoy en día que los controles de capital constituyen herramientas de políticas públicas importantes en algunas circunstancias.
5) Prohibición a establecer Requisitos de Desempeño a la Inversión
Los gobiernos tienen que renunciar al ejercicio de su autoridad y abstenerse de exigir que los inversionistas extranjeros usen un cierto porcentaje de insumos locales en la producción, que transfieran tecnología y otros requisitos que en el pasado constituyeron herramientas de políticas de desarrollo económico responsables.
6) Estándar de Plena Protección y Seguridad
Este estándar abarca los daños y perjuicios tanto físicos como legales que afecten a las inversiones, supuestamente provocadas por el Estado o por terceros (por ejemplo, la sociedad civil o comunidades en defensa de sus recursos naturales y territoriales). Hasta hace poco, este componente no se destacaba en los tratados de inversión, pero cada vez los inversionistas se están sirviendo de él con mayor frecuencia. Este estándar obliga, por ejemplo, al uso de la fuerza del Estado u otros medios para garantizar la protección de los inversionistas ante protestas de comunidades contra sus proyectos.
Además de los 31 TBI, México tiene 11 Tratados de Libre Comercio en vigor que cuentan con un capítulo de inversiones y permiten el recurso al arbitraje de inversiones como principal mecanismo de solución de controversias inversionista – Estado.
El T-MEC (TLCAN 2.0)
México, Estados Unidos y Canadá terminaron de renegociar el TLCAN en 2020. Este tratado, que estuvo vigente más de 20 años, no sólo le ha generado consecuencias económicas, sociales y ambientales adversas, también es responsable de 38 de las 53 demandas de inversionistas contra México en el sistema de arbitraje, o sea más de 2/3 partes de las demandas. El 1 de octubre de 2018, los tres gobiernos acordaron el TLCAN 2.0, ahora denominado Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, o USMCA por sus siglas en inglés). El tratado entró en vigor el 1 de Julio de 2020. El T-MEC modifica al capítulo 11 del TLCAN que permitía la resolución de controversias inversionista-Estado. El nuevo tratado elimina por completo la posibilidad de demandas inversionista-Estado entre los Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, a pesar de algunas restricciones, deja abierta la puerta a demandas de inversionistas estadounidenses contra México ymviceversa (aunque esta opción es menos probable). Bajo el T-MEC, los inversionistas sólo podrán demandar en caso de la vulneración de las cláusulas de “nación más favorecida” y “trato nacional” o en el caso de expropiación directa (no indirecta) y en algunos sectores como petróleo y gas, generación de electricidad, transporte, telecomunicación u otra infraestructura. Además, el capítulo 11 de protección de inversiones del TLCAN quedó en vigencia tres años más para los tres países (hasta junio de 2023), bajo la llamada “cláusula de legado”.
A pesar de las restricciones a demandas que supuestamente impone el T-MEC, en solo dos años se ha vuelto el segundo tratado de inversión más nocivo para México, ya que en 15 de las demandas contra México se invoca este tratado (en paralelo al TLCAN). Esto demuestra que no basta con reformar acuerdos, si no se impide el uso de ISDS por completo, inversionistas siempre encontrarán una forma de demandar a Estados en el sistema de arbitraje.
MÉXICO EXPANDE PRIVILEGIOS A LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS
A pesar de ser uno de los países más demandados del mundo por inversionistas extranjeros, el gobierno de México ha optado por seguir concediendo derechos de protección.
CPTPP-11: México es el primero en ratificar, y el primero en recibir una demanda bajo este tratado
El 8 de marzo de 2018, en Santiago de Chile, 11 países -Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Chile, Singapur y Vietnam- firmaron la versión revisada del Tratado Transpacífico (TPP), sin Estados Unidos, después de que Donald Trump retirara a su país de las negociaciones. El tratado lleva el nombre de Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica (CPTPP, por sus siglas en inglés), también conocido como TPP-11. Tras la salida de Estados Unidos, las negociaciones se aceleraron y concluyeron en apenas 5 meses. El 30 de diciembre de 2018, después de haber sido ratificado por seis países, el CPTPP entró en vigor. El Congreso mexicano fue el primero en ratificar el TPP-11, a sólo un mes y medio de haber sido firmado. El CPTPP cuenta con un capítulo de protección de inversiones que otorga protecciones especiales para los inversionistas, como es el recurso al arbitraje de inversiones. Nueva Zelanda acordó con Australia no aplicar las cláusulas de disputas inversionista-Estado, y ha pedido a los otros miembros del CPTPP firmar acuerdos similares. México podría haber hecho lo mismo, y sin embargo, eligió mantener la cláusula de solución de controversias inversionista – Estado intacta.
México es el primer país en recibir una demanda ISDS bajo el CPTPP. Se trata del caso de las empresa de electricidad canadienses Caisse de Dépôt et Placement du Québec y CDP Groupe Infrastructures Inc. v. United Mexican States (ICSID Case No. ARB/23/53).6 Y también ha recibido una Notificación de Intención de demanda bajo el CCTPP de la empresa minera canadiense Almadex and Almaden.
El 28 de abril de 2020, en medio de la crisis de la COVID-19, México y la Unión Europea anunciaron el final de la negociación de la modernización de su TLC (TLCUEM), vigente desde el 2000 y firmaron un “acuerdo en principio”. Un punto clave de la modernización es la inclusión de un capítulo de inversiones, que el viejo TLCUEM no tenía. Con este nuevo capítulo las privatizaciones y reformas pro-empresariales en el sector petrolero y gasífero de México quedarán blindadas, y en el caso de querer revertirlas el inversionista puede usar el tratado para demandar a México. Los defensores de la modernización argumentan que el mecanismo de solución de controversias propuesto en el acuerdo, ahora llamado Sistema de Tribunales de Inversiones (ICS, por sus siglas en inglés), es una versión mejorada del antiguo sistema ISDS. Lejos de ser verdad, lo único que mejora el ICS son los procedimientos administrativos, pero no cambia el principal problema del sistema: los inversionistas extranjeros pueden seguir demandando a México por cualquier medida legislativa que afecte sus ganancias, aunque estas sean medidas sanitarias o de lucha contra el cambio climático.
Para terminar, México está negociando otros tratados de libre comercio que podrían contener cláusulas de protección de inversiones. Se trata del TLC con Turquía, Ecuador y una renovación de su tratado con Chile, entre otros.
El ingreso al CIADI
En julio de 2018, México se convirtió en el miembro número 154 del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo de arbitraje internacional del Banco Mundial. Según indican fuentes cercanas al gobierno mexicano, la decisión está directamente relacionada con la posición incierta de EE.UU frente al futuro del capítulo de inversiones en el T-MEC. Para México, firmar la entrada al CIADI fue una señal fuerte hacia los inversionistas extranjeros de que sus emprendimientos estarán protegidos en México, independientemente de la postura del próximo gobierno al respecto. Esta medida del gobierno mexicano fue aplaudida por la comunidad de abogados de inversiones, quienes opinaron que, “Al ratificar las Convenciones del CIADI y de Nueva York y promover la permanencia del mecanismo de resolución inversionista-Estado (ISDS) en el TLCAN, el país [México] ha hecho mucho para combatir la imagen de que está en contra del arbitraje.” Esta afirmación es uno de los pilares ideológicos de la economía global de los años noventa, que vaticinaba que la llegada de capital extranjero sólo se garantiza otorgando seguridad jurídica a dichos capitales. Sin embargo, cada vez hay más organismos internacionales (OCDE, UNCTAD), académicos/as, abogados/as y organizaciones de la sociedad civil que ponen en duda las supuestas bondades del sistema, entre otros de los acuerdos de libre comercio y de inversión. Con la entrada en el CIADI, México perdió la oportunidad de ser uno de los países en la vanguardia para repensar su política de comercio y de inversiones.
MÉXICO – TERCER PAÍS MÁS DEMANDADO DE LA REGIÓN
México es el tercer país más demandado de América Latina y el Caribe y el cuarto país más demandado a nivel mundial con 53 demandas inversionista-Estado conocidas hasta el 31 de marzo 2024. Casi todas las demandas han sido llevadas al CIADI, solo en tres demandas hubo tribunales ad-hoc y en un caso no se conoce la institución administradora elegida. Desde su entrada al CIADI, a mediados de 2018, se empezaron a usar las reglas arbitrales de esta institución (21 demandas), mientras que en las demandas previas a 2019, se usaron principalmente las reglas de la facilidad adicional del CIADI (19 demandas) o de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI) (13 demandas).
Los inversionistas que demandan
El 58% de los inversionistas que demandan a México provienen de los Estados Unidos. Si sumamos los inversionistas de América del Norte y de Europa, constatamos que el 93% de las demandas fueron iniciadas por inversionistas de estas dos regiones. Resulta interesante que además son países norteamericanos y europeos que más árbitros tienen en el CIADI. Por otro lado, solo existen siete demandas por parte de empresas mexicanas contra otros países, dos contra España y Estados Unidos y una contra Colombia, Perú y Honduras respectivamente.
El número de demandas por año
México recibió la primera demanda de arbitraje de inversiones en 1997 por parte de la empresa estadounidense Metalclad, a raíz de que esta empresa quería construir un confinamiento de residuos cancerígenos (asbestos) en acuíferos subterráneos en un área que luego fue declarada reserva natural por el gobierno municipal de Guadalcazar, en el estado de San Luis Potosí. Desde entonces, México ha recibido demandas casi todos los años. Desde 2015 no ha pasado un año sin que México haya recibido una demanda por parte de inversionistas extranjeros. Esta avalancha de demandas ha visto su culminación en 2023 con 11 demandas, más que ningún otro país a nivel mundial en este año. A esto se suman por lo menos tres amenazas de demandas que se podrían convertir en demandas concretas en 2024; entre ellas la demanda de la empresa china Ganfeng en relación a “la cancelación de nueve concesiones de litio tras el impulso y la normativa que ha promovido la creación de una empresa pública de litio mexicana” y de la minera canadiense arriba citada Almadex y Almaden.
El resultado de las demandas
Hay 53 demandas en contra de México, 12 han beneficiado al inversionista sea por laudo o por acuerdo entre partes, y en 12 demandas el tribunal decidió rechazar la demanda del inversionista. Además, seis demandas fueron discontinuadas, mientras que 23 aún siguen pendientes.
Los costos de las demandas
Hasta ahora México ha sido condenado a pagar casi 296,6 millones de dólares en 11 casos por concepto de indemnización a los inversionistas. Esta cifra representa 3 veces el presupuesto de la Secretaría de Cultura en 2024, y es aún mayor al presupuesto total que México preve en 2024 para la búsqueda de personas desaparecidas, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desapareción Forzada y la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura juntas. Datos muy preocupantes teniendo en cuenta la situación grave de derechos humanos y el número creciente de desaparecidos/as en México. Considerando solo las 23 demandas pendientes, la cantidad total que reclaman los inversionistas asciende a 13,325 millones de dólares, aunque en realidad el monto es aún mayor, ya que en ocho de las 23 demandas pendientes no se conoce el monto reclamado por el inversionista. Con este dinero se podría financiar durante tres años el trabajo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, cuyo presupuesto en 2024 es de 4,300 millones de dólares y durante 82 años al programa de Salud Materna Sexual y Reproductiva.
México y el Boom de las Demandas de Empresas Mineras
De los 13,000 millones de dólares por los que México está siendo demandado, más de la mitad, 6,438 millones de dólares, corresponden a demandas de empresas mineras.
Solo en 2023, México recibió cuatro demandas con relación a proyectos mineros, aunque las más espectaculares de estas demandas son de 2019. En septiembre de 2018, poco después de que se hiciera público el texto renegociado del T-MEC, la minera estadounidense Legacy Vulcan LLC y su subsidiaria mexicana Calizas Industriales del Carmen (Calica), notificaron su intención de someter una demanda en contra de México en el marco del TLCAN. La demanda tiene su origen en una controversia ambiental sobre la extracción de piedra caliza en el estado de Quintana Roo. La empresa está en disputa con el municipio de Solidaridad, cuyo Programa de Ordenamiento Ecológico Local y Programa de Desarrollo Urbano ha impedido que la empresa explote dos predios. La empresa efectivamente interpuso la demanda de arbitraje el 3 de enero de 2019 en el CIADI, por un monto de alrededor de 1,900 millones de dólares. El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha hecho un llamado a llegar a un acuerdo con Legacy Vulcan LLC, ofreciéndole facilidades para desarrollar, en vez de la mina, un desarrollo turístico. y hasta ofreciendole a la empresa de comprar el predio de extracción por más de 389 millones de dólares.
En seguida de esta demanda, a inicios de 2019, la también estadounidense Odyssey Marine Exploration Inc. entabló una notificación de intención de demandar a México bajo el TLCAN por no haber aprobado los permisos ambientales para su proyecto de minería de fosfato en subsuelos marinos cerca de las costas de Baja California Sur, por la enorme cantidad de “cuando menos 3,540 millones de dólares”, por oposición de grupos pescadores.
“Las concesiones pesqueras de la Sociedad cooperativa de Producción pesquera de Puerto Chale cubren parte del fondo marino que la empresa quiere dragar. La cooperativa se ha opuesto al proyecto desde sus inicios y depositó una solicitud de autorización para presentar sus preocupaciones al tribunal del TLCAN en octubre 2021, con la ayuda del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL por sus siglas en inglés). Ambas organizaciones buscaban dar testimonio de los impactos que el proyecto podría tener en sus vidas y en el medio ambiente, y explicar porqué la decisión de la entidad reguladora ambiental de México de negarle a esta empresa el permiso de explotación minera del fondo marino era acertada y conforme al principio de precaución reconocido en el derecho nacional e internacional. Como ha sido recurrente en este sistema de arbitraje diseñado para favorecer a las empresas transnacionales, el tribunal del TLCAN se negó recientemente a recibir su solicitud”.
Odyssey, una empresa exploradora de tesoros convertida en empresa minera con escasos ingresos propios, consiguió financiación de un tercero para poder llevar adelante la demanda; el bufete de abogados Poplar Falls, especializado en litigios de EE. UU.
Al reclamo total de los inversionistas hay que sumar otros millones de dólares más por los costos propios del arbitraje de inversionista-Estado, esto incluye los honorarios de los abogados y de los árbitros, los gastos administrativos del centro de arreglo de las disputas (como puede ser el CIADI) y otros gastos del tribunal. En algunos casos el Estado no solo paga sus propios costos de defensa, sino el fallo en contra puede obligarle a también asumir la parte del demandante. Por ejemplo, en el caso Cargill v. México, el Estado tuvo que pagar la mitad de los costos de los abogados del inversionista. Por este caso México tuvo que abonar en total como gastos del arbitraje 3,3 millones de dólares. En el caso Lion México Consolidated v. México, el país tuvo que pagarle 2,25 millones de dólares al inversionista por sus gastos del arbitraje, y en el caso Gemplus v. México el monto llegó a 5,4 millones de dólares. A diferencia de la mayoría de los países, México ha usado, en muchas ocasiones, su propio equipo de abogados para la defensa. En los casos en que se contrató a un bufete de abogados, el Estado optó por Pillsbury Winthrop Shaw Pittman y Thomas & Partners; y más adelante por Tereposky & DeRose y en pocas ocasiones también por Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle.
Sectores de las demandas
México cuenta con una economía ciertamente diversificada. No sorprende entonces que las 53 demandas contra el país afecten a una gran variedad de rubros, aunque el sector más afectado ha sido el de minería e hidrocarburos con nueve demandas. Le sigue suministro de agua y manejo de residuos con siete demandas, información y comunicación, manufactura y transporte con cinco demandas respectivamente.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La estrategia económica de México de abrir el país a inversionistas extranjeros, concediéndoles cada vez más privilegios a través de tratados de protección de inversiones, le ha costado caro. Año tras año el país recibe más demandas de inversionistas y amenazas que debilitan la función básica del Estado: su potestad legislativa y ejecutiva. La simple amenaza de una demanda podría ser suficiente para echar atrás una importante medida, como ha sido el caso de Talos Energy vs México, que no se llegó a registrar. La empresa solo envió la Notificación de Intención, lo que forzó al gobierno de AMLO a negociar y dar una mayor participación a Talos en un proyecto petrolero de Pemex. Es un un caso importante de llamado “efecto congelador “ (o chilling effect, como se le conoce en inglés) y de cómo se ha usado por primera vez el Anexo 14-D del T-MEC para amenazar efectivamente a México. Afrontar los nuevos retos, como la crisis climática o la crisis sanitaria requieren medidas innovadoras y flexibles que sean capaces de adaptarse a las necesidades del momento. En cambio, los tratados de protección de inversiones pueden poner freno a estas iniciativas, pues podrían suponer nuevas demandas millonarias, si nuevas medidas o regulaciones gubernamentales van en contra de los intereses corporativos. Una política soberana, enfocada en el bienestar de la población, la protección del medio ambiente, del clima y la promoción de empresas de la economía local es irreconciliable con los derechos que los tratados de protección de inversiones les otorgan a los inversionistas. Si México quiere salir del círculo vicioso de recibir demandas ISDS cada vez que quiere adaptar sus políticas y regulaciones, tiene que revisar su régimen de protección de inversiones. La única manera que México puede evitar nuevos arbitrajes de inversión es denunciando los tratados y acuerdos de comercio e inversión ya firmados y renunciando a renovarlos o firmar otros nuevos, ya que posibilitan la interposición de otras demandas. Por este camino ya han optado Bolivia y Ecuador en la región.
Para ello, recomendamos: • Realizar una auditoría de todos los tratados de protección de inversiones (APRI o TBI o bajo TLC) y sus impactos para la economía y sociedad mexicana. • Suspender la posibilidad del uso de demandas inversionista–Estado por parte de empresas extranjeras mientras dura la auditoría y tomar los pasos necesarios una vez terminada ésta. • Salir del CIADI y promover opciones nacionales y regionales (por ejemplo crear un mecanismo bajo la CELAC), para la resolución de disputas entre inversionistas y Estado. • No firmar nuevos tratados con cláusula de protección de inversiones, sino ›› dar primacia a la protección de los derechos humanos y ambientales, los recursos naturales y ecosistemas. ›› garantizar los sectores básicos para la población: energía, alimentación, servicios públicos, resguardando su soberanía ante las reglas internacionales de inversión. ›› posibilitar la participación de las poblaciones afectadas por proyectos con empresas extranjeras de acuerdo al consentimiento previo, libre e informado, el monitoreo y evaluación de su desarrollo. ›› dotar al Estado el espacio para elaborar políticas e implementar medidas para el fomento de las MYPME y el desarrollo regional, sectores específicos, e imponer a inversionistas ciertos requisitos de desempeño. ›› exigir responsabilidad de las empresas transnacionales inversionistas en términos laborales, sociales, ambientales, en coherencia con las mismas regulaciones que tienen en sus países de origen. ›› apoyar la creación un Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos al nivel de la ONU.
Este reporte fue preparado y publicado por Publicado por Transnational Institute, Institute for Policy Studies, Colectivo Ecologista Jalisco, A.C, Comisión de Derechos Humanos del Valle de Tehuacán, A.C., EDUCA Servicios para una Educación Alternativa, A.C., Enlace Comunicación y Capacitación, A.C., Otros Mundos Chiapas, A.C., Proyecto sobre Organización y Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
Compartimos el primer capítulo de este podcats de Avispa Midia – A 26 de mayo del 2024
Este es un podcast de diez episodios que analizan las soluciones propuestas por Estados y corporaciones ante la crisis climática, como la transición energética, contrastándolas con las experiencias de comunidades latinoamericanas que luchan por la defensa de los bienes comunes.
Este espacio sonoro busca fomentar el diálogo sobre la crisis civilizatoria, invitando a reflexionar colectivamente sobre posibles soluciones. La audiencia es invitada a escuchar, compartir y participar en la conversación para generar conciencia y acciones transformadoras.
Un espacio de reflexión sobre las respuestas que se proponen desde diferentes entes, como las promovidas por Estados y corporaciones. Destrabamos discursos como la transición energética, desentrañando sus verdaderos alcances y efectividad. Pero también, y quizás más importante aún, hacemos eco de la voz de comunidades y organizaciones que luchan incansablemente desde sus territorios por la preservación de los bienes comunes como: el agua, tierra y bosques. Nuestro objetivo es fomentar el diálogo y la reflexión colectiva, buscando alternativas que no solo provengan de entidades gubernamentales, sino que broten desde lo más profundo de nuestras comunidades y relaciones cotidianas.
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