Compartimos el octavo capítulo de este podcats de Avispa Midia – A septiembre del 2024
Este es un podcast de diez episodios que analizan las soluciones propuestas por Estados y corporaciones ante la crisis climática, como la transición energética, contrastándolas con las experiencias de comunidades latinoamericanas que luchan por la defensa de los bienes comunes.
Estimados lectores y oyentes, a continuación, les presentamos un nuevo episodio de “Atizando el Avispero”, el podcast donde desentrañamos las complejidades de la crisis climática y las falsas soluciones que se nos presentan.
¡Bienvenidos de nueva cuenta al podcast Atizando el Avispero!
Hoy, tenemos una historia poderosa que contar, una que nos lleva al sur de México, al Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. En esta región habita el Pueblo Chontal, quien ha dado una gran muestra de organización para defender su territorio frente al extractivismo minero. Por tanto, detallaremos como es que lograron echar a una empresa canadiense con mucho poder. En este episodio, descubriremos cómo las mujeres y los jóvenes han tomado un rol clave en esta batalla legal y organizativa, que desafía tanto a las empresas mineras como al silencio del gobierno.
Así que en esta ocasión nos acompañan voces de las personas que protagonizaron tal resistencia y quienes sostienen un proceso importante de organización que ha inspirado a muchos pueblos indígenas.
Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre los pasos para llegar a una verdadera #JusticiaParaBerta – A 15 de noviembre del 2024
Condenas en Caso Fraude sobre el Gualcarque
Roberto David Castillo Mejía, Gerente de DESA, y Carolina Lizeth Castillo Argueta, ex-funcionaria de la ENEE, ambos culpables de fraude: 5 años de prisión Inhabilitación absoluta por el doble de la pena Multa de 380,000 Lempiras
Raúl Pineda Pineda, ex-alcalde de San Francisco de Ojuera, enfrenta dos delitos: Delito de falsificación de documentos públicos: 2 años de prisión + multa de trabajo social Delito de usurpación de funciones: 1 año y 1 mes de prisión + inhabilitación para cargos municipales por 6 años
Estas sentencias marcan un paso importante hacia la justicia para el pueblo Lenca, el COPINH y la justicia por el asesinato a Berta Cáceres, evidenciando que la concesión del Río Gualcarque fue un fraude en beneficio de la familia Atala, que involucraba corrupción, usurpación y falsificación de documentos por parte de funcionarios públicos.
Compartimos esta declaración de Amigos de la Tierra Internacional ATI en solidaridad con el pueblo de Mozambique sobre la terrible situación que se vive – A 8 de noviembre del 2024
Estamos con el pueblo mozambiqueño para exigir la justicia electoral, el derecho a la protesta y el fin de la violencia estatal.
Amigos de la Tierra Internacionalse solidariza con Justica Ambiental y con todos los pueblos de Mozambique que ejercen su derecho a la protesta y exigen justicia electoral. Exigimos el cese inmediato de la violencia y la represión estatal. Exigimos que se rindan cuentas por los asesinatos, torturas y lesiones perpetradas a cientos de mozambiqueños. Exigimos el fin de las restricciones a la libertad de circulación, de expresión y de palabra.
La revuelta juvenil de Mozambique se enfrenta a violentas represiones tras unas elecciones fraudulentas.
El 9 de octubre, los mozambiqueños participaron en unas elecciones en las que el partido Frelimo, en el poder desde hace casi medio siglo, fue declarado oficialmente vencedor por una amplia mayoría. Sin embargo, los partidos de la oposición y los observadores, tanto de la sociedad civil como internacionales, han denunciado varias irregularidades, como la manipulación de papeletas y la exclusión ilegal de observadores de la oposición. Los manifestantes han salido a las calles de todo el país para expresar su disconformidad, pero la respuesta ha sido una brutal represión policial y militar, con al menos 34 muertos confirmados.
Mientras continúan las protestas, el país lleva 8 días paralizado, culminando en protestas masivas en toda la capital, Maputo, ayer 7 de noviembre. Las fuerzas especiales de la policía han reprimido agresivamente a los manifestantes una vez más, hasta el punto de que agentes fuertemente armados persiguieron, dispararon y detuvieron a personas durante todo el día. Como sigue sin haber perspectivas de un camino para resolver las tensiones electorales, se espera que continúen las protestas.
A pesar de ser un país rico en recursos, el 73% de los mozambiqueños vive en la pobreza, agravada por las políticas neoliberales impuestas por el FMI bajo el gobierno de Frelimo. La exportación de enormes cantidades de riqueza procedente de proyectos de minería, el uso de la tierra y la explotación de combustibles fósiles perjudiciales para el medio ambiente han acaparado las tierras de las comunidades rurales y profundizado la desigualdad, haciéndose eco de los patrones de explotación neocolonial en toda África en beneficio de las ricas empresas transnacionales que trabajan en connivencia con las élites políticas del país. Este contexto alimentó las esperanzas de cambio en las recientes elecciones -principalmente entre los jóvenes desempleados y marginados de las ciudades-, que muchos consideran una de las más fraudulentas de Mozambique.
El 19 de octubre fueron asesinados dos altos cargos de la oposición, entre ellos el asesor jurídico del principal candidato presidencial que se disponía a impugnar los resultados de las elecciones. La situación en Mozambique empeora día a día: la policía utiliza munición real contra los manifestantes e incluso «dispara a matar», según la Asociación de Médico. Aumenta la militarización de la capital, Maputo, y de otras ciudades, y se producen detenciones ilegales y torturas en las comisarías, que afectan sobre todo a jóvenes y niños. Sin embargo, las protestas impulsadas por los jóvenes se están extendiendo por todas las clases sociales a medida que los ciudadanos se unen para decir «este país es nuestro». La solidaridad internacionalista hará que este movimiento sea aún más fuerte.
Salir del paradigma neoliberal en Mozambique
Como organización que lucha por la justicia ambiental, social, económica y de género, Amigos de la Tierra Internacional se une a JA!- Amigos de la Tierra Mozambique – en la denuncia de esta situación mientras hacemos un llamamiento a otros a nivel mundial para fortalecer la solidaridad internacionalista y le instamos a unirse a nosotros en nuestras demandas a todas las instituciones pertinentes, incluidos los órganos soberanos y otros órganos centrales del Estado mozambiqueño responsables de garantizar la justicia y la paz:
Retirar inmediatamente las fuerzas policiales y exigir el fin de la represión y la violencia. Esto incluye a las fuerzas de seguridad del Estado y a la policía especial con munición real.
Comprometerse a investigar los homicidios de inocentes a manos de la policía y llevar a los responsables ante la justicia;
Respetar la libertad de asociación, expresión, protesta y el derecho a la resistencia consagrados en la Constitución de Mozambique, lo que incluye poner fin de inmediato a las restricciones de Internet móvil;
Garantizar que se respete la voluntad electoral del pueblo, ya que es una condición incuestionable para la democracia y para un futuro pacífico y justo.
Nos unimos especialmente a JA! para exigir que Mozambique cambie su paradigma socioeconómico y se aleje del neoliberalismo para avanzar hacia una vía de desarrollo equitativa, justa e inclusiva, que se traduzca en una mejor prestación de servicios públicos y mejores oportunidades para todos los mozambiqueños, en el respeto del derecho a la autodeterminación de las comunidades locales, los campesinos y los pueblos indígenas, y en la justicia medioambiental, social, económica y de género para todos. Sólo entonces será posible una paz duradera.
Por favor, únete a nosotros y comparte esta declaración y haz todo lo que puedas para aumentar la visibilidad de la violencia estatal en Mozambique, incluso poniéndote en contacto con la embajada mozambiqueña y los gobiernos de tu país para plantear estas preocupaciones.
Lea el artículo en el sitio web de Amigos de la Tierra Mozambique / Justica Ambiental (portugués)
Les compartimos este podcast de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC donde nos cuentan lucha por la justicia ambiental en la Amazonía ecuatoriana después de la la llegada de Chevron – A octubre 2024
Azotea: una propuesta profunda por justicia ambiental que sacudirá al mundo desde las alturas
Este podcast fue producido con el apoyo financiero de ASDI a través de ForumCiv. Ni Asdi ni ForumCiv participaron en la producción de este podcast, ni son responsables de su contenido o de las opiniones expresadas en él.
Episodio 1: La esencia de la lucha
En este episodio inaugural de AZOTEA, nos adentramos en la devastadora huella de un modelo económico que ha priorizado las ganancias sobre los derechos humanos y el medio ambiente. A través de la historia de Bruna, una joven ecuatoriana que se enfrenta al caos en Buenos Aires, exploramos el impacto de la contaminación en la Amazonía ecuatoriana y la lucha de las comunidades indígenas por sus derechos. Desde la llegada de Chevron hasta la realidad actual de enfermedades y destrucción, escuchamos testimonios que revelan la resistencia y el coraje de aquellos que defienden sus comunidades.
Acompáñanos en esta travesía sonora y descubre cómo cada uno de nosotros puede contribuir a la defensa de nuestro planeta y de los derechos de los pueblos afectados.
Una realización original de Tristana producciones para ATALC.
Guion y narración: Florencia Flores Iborra
Bruna Montes: Ximena Viver
Margarita Morales: Verónica Rosales
Mezcla de sonido: Paula Prati
Ilustración: Florencia Pinochi
Música: Artlist
Producción general: Karin Nansen, Danilo Urrea y José Elosegui.
Episodio 2: La espera
En este impactante episodio, Bruna Montes, una joven activista ambiental, utiliza las redes sociales para protestar desde la azotea de un edificio en Buenos Aires. Mientras comparte su historia, revela la devastadora realidad que enfrenta su familia: su abuela, víctima de la contaminación provocada por la empresa Chevron, se encuentra en estado crítico debido a una nefropatía aguda. A través de testimonios y archivos de medios, exploramos el legado de injusticia que ha dejado la decisión de la Corte de La Haya y cómo la lucha por la justicia ambiental no es solo un problema local, sino un desafío global que nos involucra a todos.
La voz de Bruna resuena como un llamado a la acción, instando a los oyentes a unirse en la defensa de los derechos humanos y la protección del medio ambiente.
Una realización original de Tristana producciones para ATALC .
Episodio 3: Ultimátum
En el episodio final de AZOTEA, seguimos la lucha de Bruna Montes, una activista ecuatoriana que enfrenta a Chevron y exige justicia por la devastación ambiental en la Amazonía. A través de una emotiva conferencia de prensa y testimonios desgarradores de los afectados, el episodio nos adentra en las consecuencias de la contaminación causada por las transnacionales. Acompañamos a Bruna en su protesta para que la ONU y otros organismos internacionales adopten un Tratado Vinculante, un paso crucial para detener la impunidad corporativa y proteger los derechos humanos.
AZOTEA no es solo un podcast, es un llamado a la acción. ¡Sumate a la lucha por la justicia y la protección del medio ambiente!
Una realización original de Tristana producciones para ATALC .
8 de Noviembre 2024, Acteal, Chenalhó, Chiapas, México
En el territorio Sagrado de los Mártires de Acteal, sede de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, nos autoconvocamos y nos dimos cita más de 40 organizaciones provenientes de México hasta Panamá, defensoras de las tierras y los territorios, de la salud, de la comunicación, de la cultura, de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres, entre otros muchos movimientos. Las más de 160 personas delegadas en el marco del II Reencuentro Mesoamericano de Movimientos Sociales en Resistencia, de 6 países de la región, nos dimos a la tarea de reencontrar nuestros corazones, nuestros rostros para fortalecer la esperanza, las resistencias y las alternativas, la unidad y la organización que el capitalismo salvaje y patriarcal nos pretende despojar.
Del 6 al 8 de noviembre del presente año compartimos nuestra amistad, nuestros análisis y reflexiones, nuestras luchas y estrategias de resistencia en defensa de los territorios. Y este fue el principal logro, habernos reencontrado, habernos abrazado y reconocido.
Vivimos un momento de extrema inseguridad por la violencia desbordada e incontrolable, Crisis Climática y grandes retos para los movimientos. El sistema capitalista, racista y patriarcal, ahora aliados o interconectados con el crimen organizado, están llevando a cabo sobre nuestros territorios un Modelo Extractivo feroz sobre los bienes comunes naturales y culturales. Los Mega Proyectos acechan nuestra región, así como las políticas neoliberales con el afán de privatizar la vida y todo lo que se encuentra a su paso para incorporarla al mercado; dichas políticas para nosotros los pueblos son nuestra destrucción y exterminio. La energía, la salud, la educación, los bosques, el agua, nuestra cultura no son mercancías, sino las condiciones necesarias para la vida digna de los pueblos.
Sin embargo, este proyecto de muerte se topa con los pueblos vivos, que se movilizan y resisten, que buscan nuevos caminos de vida digna. Hemos resistido con el corazón en alto, y aunque nos han arrebatado a mucha gente querida, seguimos adelante, caminando colectivamente porque sólo así se logra resistir, y sólo así se logra construir nuevas formas de vida. Hemos desplegado un sinfín de acciones, movilizaciones y alternativas. Cartografiamos y mapeamos nuestros territorios para fortalecer la defensa del territorio que es sostén de vida.
La presencia de la mujer curandera, partera, indígena, urbana, luchadora, defensora, cuidadora, se hizo fundamental en nuestro reencuentro. Hacemos patente que construimos bajo la solidaridad, el respeto, la unidad, la organización, el cuidado colectivo, la búsqueda de alternativas y la autonomía; algunos de los principios que el capitalismo nos quiere arrebatar, ahora se convierten en elementos estratégicos de resistencia.
Ante todo ello, nos comprometemos a:
Impulsar los marcos normativos comunitarios en la línea de la libre determinación de los pueblos originarios como sujetos de derecho público, recuperando nuestra cosmovisión, principios, el derecho histórico y ancestral como guardianes y custodios de la Madre Tierra sobre los bienes comunes naturales como los ríos, los bosques, plantas medicinales y los territorios.
Tejer mecanismos y alternativas que fortalezcan la autonomía energética, en la salud, partería y medicina tradicional, en la alimentación, en la educación, en el
acceso al agua y en la comunicación.
Impulsar la protección de nuestros ríos y bosques de la depredación del capital.
Impulsar el derecho a la salud desde los pueblos.
Buscar nuevas formas de movilidad alternativas, contra megaproyectos aeroportuarios militarizados, buscando las veredas, la bici, nuevas formas de encontrarnos.
Fortalecer la identidad maya que nos une a los pueblos de la región para ser más fuertes, más vivos, más nosotros y nosotras mismas. Un pueblo no sabe a dónde va si no sabe de dónde viene.
Impulsar Escuelas de Formación Política y otras herramientas para la descolonización de nuestro pensamiento.
Exigimos:
Verdad, Justicia y Presentación con vida de nuestros desaparecidos por la inseguridad causada por el crimen organizado y en el contexto de las migraciones.
Alto al desplazamiento forzado de nuestros pueblos.
Justicia para Simón Pedro, Berta Cáceres, Padre Marcelo Pérez, Sergio Rojas, Bety Cariño, Noé Vázquez, Mariano Abarca, Walter Méndez, David Salguero, Samir Flores, Tomás Rojo, Jehry Rivera, los Mártires de Acteal, la aparición de nuestros hermanos desaparecidos en la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz y tantas compañeras y compañeros que les han arrebatado la vida por defender a los pueblos y los territorios.
Alto a la criminalización y persecución al pueblo garífuna por recuperar sus territorios.
Exigimos la liberación de los presos políticos defensores de los territorios como el caso de José Iván Arévalo Gómez en El Salvador, de Pedro Cortés López, Diego Mendoza Cruz y Manuel Sántiz Cruz de Chiapas, entre otros tantos luchadores sociales y defensores de los derechos humanos a quienes se les ha arrebatado su libertad.
La desmilitarización de los territorios y un alto al Modelo Extractivo ejercido con megaproyectos como las represas, minería, monocultivos como la palma de aceite, puertos, aeropuertos, gasoductos, oleoductos, pozos petroleros, canales secos, mega fábricas y parques industriales, mega granjas porcícolas, entre otras formas de extracción de los bienes comunes naturales y culturales.
Que se declare a nivel internacional al Río Usumacinta como sujeto de derecho; y los pueblos lo declaramos libre de represas y Megaproyectos.
Exigimos la cancelación de la concesión ilegal sobre el sagrado río Gualcarque.
Alto a los Tratados de Libre Comercio que expolian a los pueblos, y abogamos por la construcción de nuevas formas de interrelación y apoyo regional entre los pueblos.
Que se garantice el libre tránsito seguro y protección al migrante.
Alto al Modelo Extractivo que empobrece a la Madre Tierra y a los pueblos. Así como las falsas soluciones al cambio climático (mercados de carbono, Geoingeniería) entre otros remedios pintados de verdes.
Nos convocamos a seguir uniendo nuestros corazones, a seguir reencontrándonos, a escucharnos y compartir nuestros caminos. En noviembre de 2025 nos encontraremos en el IV Encuentro Internacional de Afectados por Represas y por la Crisis Climática, en la amazonia brasileña. También nos encontraremos en el III Encuentro Mesoamericano de Movimientos Sociales en Resistencia y Alternativas en en el territorio Lenka en Honduras.
¡Alto al Genocidio del Pueblo Palestino!
¡Nos tienen miedo porque no les tenemos miedo!
Desde el Territorio Sagrado de los Mártires de Acteal,
De El Salvador: Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) / Amigos de la Tierra El Salvador – El Movimiento de Víctimas Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y Las Corporaciones (MOVIAC).
De Honduras: Barrancón Digital, Organización Fraterna Negra Hondureña (OFRANEH), Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
De Costa Rica: Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica – Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente FECON, Coecoceiba/ Amigos de la tierra Costa Rica.
De Panamá: Colectivo Voces Ecológicas (COVEC).
De Guatemala: Consejo del Pueblo Maya (CPO), Asociación de Comunidades por la Defensa del Territorio (ACODET), Consejo de Pueblos Wuxhtaj, Frente Petenero contra Represas
De Estados Unidos: International Rivers.
De América Latina: Movimiento de Afectados por las Represas (MAR)
De México: Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, El Puente, Otros Mundos/Amigos de la Tierra México, Kataz/Nodos de Información, Comunidad Casa de Medicina Tradicional Teo Tepahkalle, Casa Medicina/Pueblo de Santa Ursula Xitla, Casa Monarca-Doulejae-Medicina Tradicional y Cuidados Profesionales, Comunitaria Cultura, Rueda Libre Chiapas, Alianza Ríos Mayas, Sur Resiste, Tsomanotik, Yax-Hun Arqueología Social, Defensa del Territorio y la Vida de los Pueblos Originarios de Chilón (DETUVIDA), Permanecer en la Tierra, Colectivo de Cartografía Histórica Colaborativa de los Territorios Hidrosociales Binacionales de México y Guatemala, Observatorio de las Democracias: Sur de México y Centroamérica (ODEMCA), Voces Mesoamericanas/Acción con Pueblos Migrantes, Comunicadores Populares por la Autonomía (COMPPA), CECROPIA, Movimiento por la Defensa de la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas, Colectiva Cartográfica de los Sures Globales, Parlamento Nacional Indígena, Medios Libres, Organización de la Defensa de los Derechos Humanos, Tierra y Territorio (ODDET), Casa Fuego, Alianza Pediátrica Global, El Consejo de la Crónica, Lumaltik Herriak, Promedios, Frente Popular Ricardo Flores Magón, Nodo Solidario, Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México (FIDEO), Kinal Antsetik, Memoria Viva de los Pueblos, Jtatic Samuel Ruiz García, Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad Ceiba.
Compartimos el boletín 272 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – A octubre del 2024
NUESTRO PUNTO DE VISTA
24 Octubre 2024COP 16 del Convenio para la Diversidad Biológica: Soluciones para las empresas, pérdidas para la biodiversidad y las comunidades Entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre se lleva a cabo en Colombia la COP16 del Convenio para la Diversidad Biológica (CBD), una iniciativa que ha fracasado en su objetivo de detener la alarmante pérdida de biodiversidad. Desde hace 30 años, en lugar de poner fin a la destrucción por parte de las empresas extractivas, las propuestas del CBD empeoran la situación con acciones que socavan la soberanía y permanencia de Pueblos Indígenas y comunidades en los territorios que habitan y protegen.→
COMPENSACIONES Y MONOCULTIVOS: AMENAZAS CRECIENTES SOBRE LOS TERRITORIOS
24 Octubre 2024PODCAST – Indonesia: Mujeres Dayak defienden el bosque de Tambun BungaiEste artículo cuenta la historia de un Podcast lanzado conjuntamente con Solidaritas Perumpuan, una organización feminista de Indonesia. Se trata del tercer episodio de la serie “Luchas de mujeres por la tierra”, producida por el WRM junto a organizaciones de diferentes países. En este episodio se cuenta la resistencia de las mujeres ante las plantaciones de palma aceitera, REDD y un proyecto a gran escala para la producción de alimentos (Food Estate) en tres aldeas en Kalimantan Central.→
Imagen 24 Octubre 2024Gabón: Controversia acerca del proyecto de monocultivo de eucalipto en los Plateaux BatekeLa empresa Sequoia pretende establecer 60.000 hectáreas de monocultivo de eucalipto en la provincia del Haut-Ogooué, en Gabón. Las declaraciones de las comunidades y una encuesta con la participación de más de 1.400 personas de la región impactada subrayaron el total rechazo a este proyecto. Autoridades del actual gobierno y del Parlamento de Gabón también se han expresado en contra de este proyecto.
24 Octubre 2024La República del Congo bajo el impacto de la expansión de las plantaciones de árboles para el mercado del carbono: un negocio opaco y greenwashingEn Congo-Brazzaville, los proyectos de plantación de árboles para los mercados de carbono proliferaron en los cuatro últimos años. Esto supone la implementación a gran escala de monocultivos por parte de empresas petroleras bajo la bandera de la “neutralidad del carbono” y la creación de empleos para las comunidades. Sin embargo, estos anuncios no son ni una solución para la crisis climática ni un beneficio para las comunidades del Congo. →
24 Octubre 2024La ‘política climática’ de Tailandia basada en la compensación de emisiones: mayor caos e injusticia Con el apoyo del Banco Mundial, el gobierno tailandés avanza rápidamente en la implementación de su ‘política climática’ basada en la compensación de emisiones de carbono mediante el uso de las llamadas ‘áreas verdes’. Se prevé que estas áreas cubran no menos de la mitad de la superficie del país. Sin embargo, detrás de este discurso ‘verde’ se esconde una política económica que depende en gran medida del uso continuado de combustibles fósiles.→
24 Octubre 2024Portucel/Navigator y el eucalipto en Mozambique: “Lo que esta empresa deja a la población es cero por ciento”Además de sus impactos directos en la vida de las comunidades, los monocultivos de eucalipto representan una absurda y obscena desigualdad. Un grupo de 45 habitantes de las comunidades con quienes hablamos se quedaron atónitos al saber que tendrían que trabajar durante 2.300 años para recibir, colectivamente, lo que la familia para la que trabajan recibió en un año solo con los títulos de propiedad de una de sus fincas.→
“Estamos en riesgo, estamos en riesgo y eso preocupa grandemente porque salir de la casa nos vulnera considerablemente”, dio a conocer el Vicario de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal, Miguel Montoya, quien explicó que a partir del asesinato del padre Marcelo ha sido bastante complicado ejercer la labor ministerial.
Posterior a la celebración religiosa en el marco de la peregrinación por los 100 años del natalicio del obispo Samuel Ruiz García, y por la demanda de justicia para esclarecer el crimen, el Vicario detalló que en vehículos y motocicletas, personas con el rostro cubierto han hostigado a integrantes de la Diócesis.
Detalló que también, en las dos semanas que han pasado tras el asesinato, se ha incrementado el nivel de inseguridad en el estado, “se ha incrementado muchísimo y no sólo para quienes ejercen una labor ministerial, sino para todos, todos los que estamos viviendo en Chiapas”.
“Estamos en riesgo, estamos en riesgo y eso preocupa grandemente porque salir de la casa nos vulnera considerablemente”, dijo el sacerdote, quien hizo “un llamado con una profunda caridad y en una sintonía de paz, a las autoridades del estado, a las autoridades federales, para que puedan ellos ofrecer las garantías de seguridad, pero no sólo para nosotros, no lo pedimos para la iglesia, no lo pedimos para los curas, las religiosas, servidores, servidoras que laboramos en las comunidades, sino que lo solicitamos, lo pedimos por todos los habitantes, todo el pueblo”.
Pidió a las autoridades “que no cierren los ojos a la realidad de violencia que estamos teniendo en el estado de Chiapas (…) la violencia que se ha disparado, se ha disparado y no sabemos si va a disminuir, más bien pensamos va en aumento, un creciente aumento”.
Por su parte, representantes de los feligreses explicaron que como pueblo organizado están trabajando para terminar con la violencia “pero con una diferencia muy grande, nosotros no optamos por las armas, sino con nuestra palabra como Diócesis de San Cristóbal, buscamos una lucha sin violencia (…) somos un pueblo que queremos caminar con una paz, que el pueblo también sienta que sí se puede vivir con esa paz”.
El Colectivo EPU Mx llamó a las autoridades en Chiapas, sur de México, a priorizar la implementación de recomendaciones en materia de desaparición forzada, militarización, desplazamiento forzado, movilidad humana y violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas, que fueron dirigidas a México en el Examen Periódico Universal (EPU).
El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para revisar el desempeño de los países en la implementación de sus compromisos internacionales en derechos humanos, en el caso de México a cada cuatro años y medio.
En julio de este 2024, se emitieron 318 recomendaciones del EPU, realizadas por 115 países, de las cuales México aceptó 304 y “tomó nota” de 14. Este número es mayor al pasado EPU (2019), donde se emitieron 264 sugerencias.
Para Mario Andrés Hurtado, representante del Espacio Organizaciones de la Sociedad Civil, esto puede tener distintas interpretaciones como la inclusión de temas como el desplazamiento forzado, que hasta el 2019 el Estado mexicano lo adoptó como un problema público.
Hurtado fue parte del conversatorio titulado “Implementación de las Recomendaciones Internacionales en Materia de Derechos Humanos del Examen Periódico Universal en Chiapas: Retos y Oportunidades a Nivel Estatal”, llevado a San Cristóbal de Las Casas por el Colectivo EPU Mx.
Este colectivo está integrado por 300 organizaciones nacionales e internacionales que presentaron informes en el marco del 4o Examen Periódico Universal de México (EPU), para dar un amplio diagnóstico sobre la situación general de derechos humanos en el país, mismos que detallaron el contexto de Chiapas debido a la violencia por enfrentamientos entre cárteles del crimen organizado.
Chiapas, sin registros oficiales de personas desplazadas
El desplazamiento forzado interno es un problema grave en México. Cada año miles de personas se ven obligadas a dejar sus hogares a consecuencia de la violencia, los desastres naturales, desalojos forzados o explotación de los recursos.
Sin embargo no existe desde el Estado mexicano un compromiso por diagnosticar adecuadamente la situación, mencionó Mario Ortega, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). “Lo que incluye que a la fecha no existen registros oficiales sobre el número de víctimas del desplazamiento forzado en nuestro país”.
Los números que en la actualidad se manejan son estimaciones de la sociedad civil y la academia. Por mencionar el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno estima que en México se han desplazado 392,000 personas entre 2008 y 2023 por situaciones de violencia.
En 2021, miles de personas en la región de los Altos de Chiapas se vieron obligadas a desplazarse forzadamente de sus comunidades debido a la violencia de grupos civiles armados. Foto: Frayba
“Con preocupación observamos que el común en los casos de desplazamiento es la inacción estatal para prevenir y proporcionar atención humanitaria y reparar a las víctimas”.
Para las organizaciones, los deberes del Estado no deberían estar en duda, pues el desplazamiento forzado interno vulnera una gran esfera de derechos, entre ellos la libre circulación, la vivienda, el libre desarrollo, la seguridad, la alimentación y un largo etcétera.
Incluso la Ley General de Víctimas estipula derechos específicos y prioridades de atención en las personas desplazadas internas como el acceso a medidas de ayuda inmediata, alojamiento, alimentación, a servicios médicos y psicológicos, entre otros.
En este punto, Ortega hizo hincapié en la falta de voluntad política y posturas oficiales que pretenden invisibilizar el fenómeno, aunado a la ausencia de conocimientos sobre DDHH por parte de funcionarios responsables de la atención y la carencia de procedimientos adecuados a las especificidades del desplazamiento forzado interno.
“En la mayoría de las ocasiones no hay una respuesta a la emergencia humanitaria máxime si no existe una presión mediática o de instancias internacionales. En los casos donde se ha logrado algún tipo de atención humanitaria podríamos decir que no existen procedimientos homologados y adecuados, ni garantías de qué esta atención sea permanente”.
El Estado aún se niega a levantar los registros de las personas desplazadas lo que es una condición básica para que sigan las medidas adecuadas, incluso si logran retornar, especificó Ortega.
Hasta ahora no existe un tipo penal a nivel federal y en el estado de Chiapas que castigue el delito de desplazamiento forzado, “lo que sería una medida necesaria para combatir la impunidad y evitar por ende la repetición”, especificó Ortega.
El número de desaparecidos puede ser mayor
En este conversatorio, Jorge Hernández, de Serapaz, dijo que 40 delegaciones emitieron 43 recomendaciones en el EPU en materia de personas desaparecidas, principalmente en temas de investigación, judicialización, aplicación del marco constitucional y legislativo, y desaparición de mujeres.
De las 116,482 personas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), hasta octubre de 2024, al menos 1,328 se han reportado en Chiapas. En la actualidad Tapachula encabeza la lista, le sigue Tuxtla Gutiérrez y Frontera Comalapa.
En los municipios mencionados, las propias organizaciones han denunciado un incremento de la violencia criminal en los últimos tres años, lo que dificulta el acceso para la documentación y hace proliferar el temor en las familias de víctimas de denunciar ante las autoridades o buscar a sus familiares públicamente. Por lo que la cifra real de personas desaparecidas podría ser mayor.
De acuerdo a la documentación del Frayba, los grupos poblacionales afectados por esta situación son las mujeres, además de niñas, niños y adolescentes (NNA). Por ejemplo, Melel Xojobal AC y Redias documentaron de 2020 al 30 de junio de 2024 un total de 2,350 desapariciones sólo de NNA en Chiapas, siendo el 70% adolescentes mujeres.
Cassandra, de 18 años, fue desaparecida por un grupo armado durante la boda de su mamá.
Jorge Hernández explicó que también hay particularidades como la desaparición de personas migrantes y solicitantes de refugio, que se suman a las desapariciones en el marco de la violencia extrema en regiones la Frontera, Sierra, Costa, Frailesca y Centro.
“No siempre se denuncia por temor a las consecuencias de tocar intereses económicos y políticos detrás de las desapariciones… y al tener un subregistro de desapariciones, las cifras esconden la dimensión de la problemática y son usadas por las autoridades para minimizar o negar la situación”, sostuvo Hernández.
En este tenor es necesario, dijo, que la Comisión Estatal de Búsqueda fortalezca los mecanismos de comunicación y registro. También está pendiente el desarrollo de todo el andamiaje necesario para la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, de la desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
“Se requiere asegurar los suficientes recursos estructurales, operativos y económicos para su buen funcionamiento”, así también crear el Consejo Estatal Ciudadano que es fundamental para garantizar la voz de las familias de víctimas en las estrategias contra las desapariciones del Estado.
Migración, militarización y violencia
En cuanto a la migración, México recibió 29 recomendaciones del EPU, aceptó 26 y “tomó nota” sobre tres. Las 26 que son aceptadas tienen que ver con investigación, sanción de delitos y violaciones graves de derechos humanos cometidas contra personas migrantes.
Mientras que las tres restantes son fundamentales para transitar de una política migratoria que está basada en la securitización de la frontera hacia una política de integración social y acceso a los derechos de las personas migrantes, dijo Yuridia Salvador del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Frayma).
Una de ellas fue hecha por Nueva Zelanda para retirar progresivamente a las Fuerzas Armadas de las actividades policiales públicas y del control de la migración mediante una transición dirigida por civiles. Un tema que las organizaciones han reiterado desde el 2019 cuando la Guardia Nacional se desplegó por el río Suchiate –que divide a Guatemala de México– y demás municipios fronterizos de Chiapas para contener los flujos migratorios.
Personal de la Guardia Nacional impide el paso a migrantes en las oficinas del INM en Huixtla, al sur de Chiapas.
Las otras dos recomendaciones son de Brasil y de Kirguistán. Tienen que ver con revisar la Ley de Migración para que la detención sea el último recurso y una excepción, así también eliminar las posiciones que permiten la detención automática de las personas en situación irregular.
La defensora de los derechos humanos destacó que no sólo en el marco del EPU se ha hecho énfasis en el tema de las detenciones migratorias como práctica sistemática, arbitraria y generalizada, también el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, en el informe del 2023 pone énfasis en el tema.
“No hay otras vías para la regularización migratoria y las personas están en riesgo de detenciones reiteradas”, explica la defensora.Es decir, son detenidas más de una vez y esto se refleja en los números. Por ejemplo el año pasado hubo 440 mil eventos de detenciones, mientras que de enero a julio de 2024 suman 700 mil detenciones; 80 mil corresponden a niñas, niños y adolescentes en albergues del Sistema Nacional DIF (Desarrollo Integral de la Familia).
“En las estaciones migratorias no tienen autonomía de comunicación con el exterior, información adecuada y suficiente; la posibilidad de tomar decisiones, están sometidas al control total de la libertad y esto constituye un entorno carcelario de privación de la libertad”.
Consideró que para traducir las recomendaciones en una política pública y garantía de derechos, tienen que ser dotadas de presupuesto a las instituciones, mejorar la coordinación entre el Instituto Nacional de Migración (INAMI) y demás autoridades para propiciar una política más respetuosa y de goce efectivo de derecho.
Compartimos estos comunicados de Amigos de la Tierra America Latina y El Caribe ATALC, la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el asesinato del Padre Marcelo Pérez Pérez – a 21 y 22 de octubre del 2024
Repudiamos el asesinato del Padre Marcelo Pérez Pérez
Solidaridad Internacionalista con los pueblos mexicanos
El día 20 de octubre a las 7:30 de la mañana el Padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de la Iglesia de Guadalupe de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, fue asesinado después de haber oficiado misa en un barrio de dicha ciudad.
Marcelo Pérez Pérez era un indígena de la etnia maya tsotsil que había sido párroco en diferentes municipios de la región Altos del estado de Chiapas, desde donde defendió incansablemente los derechos de los pueblos originarios. Fue un valiente defensor de la Madre Tierra y los territorios, así como un decidido promotor de la paz y de la justicia.
A causa de su trabajo, el Padre Marcelo fue víctima de muchas amenazas, incluidos por lo menos cinco atentados contra su vida. En diversos espacios y medios se denunció la vulnerabilidad en la que se encontraba. Sin embargo, el Estado mexicano fue incapaz de garantizar su seguridad y por esta razón, desde 2015 el Padre Marcelo contaba con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al final resultaron insuficientes.
Desde Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) expresamos nuestra consternación por el asesinato de Marcelo Pérez Pérez y exigimos al Estado mexicano que cumpla con su deber investigando con profesionalismo el terrible crimen y llevando ante la justicia a los responsables. No aceptaremos la perpetuación de la impunidad que se ha generalizado en México en las últimas décadas y que tiene a varias regiones del país, incluido el estado de Chiapas, sumidas en la peor espiral de violencia de su historia reciente.
Creemos que únicamente mediante la lucha contra la impunidad, es posible evitar que estos hechos se repitan. A la comunidad internacional, a las organizaciones y movimientos sociales de América Latina y el Caribe y de diferentes partes del mundo les llamamos a denunciar este crimen, y a mantenernos en alerta permanente frente a los atentados e injusticias contra los que defienden la vida.
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe / 21 de octubre de 2024
@atalc
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA
Expresamos dolor e indignación por el asesinato del Padre Marcelo Pérez Pérez.
Expresamos nuestra profunda indignación y dolor ante el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez quien, durante años, denunció la violencia criminal y los actos crueles cometidos contra las comunidades Chiapas, gran defensor de derechos humanos, de la tierra y el territorio. Incansable constructor de paz.
A pesar de las múltiples amenazas, difamaciones y hostigamientos, su voz se mantuvo firme, señalando la urgencia de abordar la violencia en Chiapas. Hoy lamentamos que su vida haya sido arrebatada en un acto atroz, el cual refleja la creciente impunidad y la grave crisis de violencia que vive Chiapas.
Padre Marcelo caminó con el pueblo indígena de Chiapas para defender a la madre tierra y denunciar los proyectos extractivos, realizó un gran trabajo por denunciar la minería y sus consecuencias a los bienes naturales, siempre solidario con las luchas, animador de la esperanza.
Querido Marcelo, tu voz nunca será callada, vivirá siempre en cada paso de nuestros actos de resistencia. Tu vida será legado y siempre nos convocará a seguir luchando por la justicia.
Nos unimos al clamor por justicia, exigiendo que se investigue y castigue a los responsables, tanto materiales como intelectuales, de este crimen.
Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH
¡ALTO A LA VIOLENCIA EN CHIAPAS!
Con mucho dolor, tristeza e indignación, condenamos el asesinato del defensor de derechos humanos y sacerdote/Padre tzotzil Marcelo Pérez Pérez al salir de dar misa la mañana del domingo 20 de octubre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el sureste mexicano
No más impunidad. No más violencia. Nos unimos a la demanda de que se tomen todas las medidas urgentes y necesarias para garantizar y proteger la vida, la integridad y la seguridad personal de las comunidades indígenas, incluidas las familias de los Bases de Apoyo Zapatista, evitando que la situación de violencia y riesgo denunciada en varias regiones de Chiapas empeore. Exigimos justicia y protección para todos y todas las defensoras. #JusticiaPorElPadreMarcelo#AltoALaViolencia#Chiapas
Lamentamos y denunciamos el asesinato del Padre Marcelo Pérez
El Padre Marcelo Pérez fue un destacado defensor de la Madre Tierra y los derechos humanos, comprometido con la justicia social y la reconciliación para la construcción de paz. Debido a su labor de defensa, se encontraba en una situación de riesgo inminente. En este contexto, desde el año 2015, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares para su protección.
El asesinato del Padre Marcelo Pérez es una muestra más del alarmante aumento de la violencia en Chiapas denunciado por diversos movimientos y organizaciones. Desde hace varios años, las y los miembros de la Red-DESC han reflexionado sobre la economía política de la violencia, o las causas estructurales que llevan a contextos de creciente violencia y represión en muchas comunidades, lo que en última instancia señala cómo los distintos grupos e individuos se benefician económicamente del aumento de la violencia o utilizan la violencia para proteger sus intereses económicos. Este escenario constituye un riesgo aún mayor para las personas, movimientos y organizaciones que defienden a la Madre Tierra y los derechos humanos.
Lamentamos que sean las propias autoridades quienes ubiquen en mayor vulnerabilidad y riesgo a quienes defienden los derechos humanos, criminalizando sus acciones y vinculándolos como sospechosos de la comisión de delitos. Ese fue el caso del Padre Marcelo y de otras personas que han sido involucradas, por ejemplo, en el conflicto de la comunidad de Pantelhó.
La Red-DESC se une a la exigencia a las autoridades de los tres niveles de gobierno en México para realizar una investigación que acerque a la verdad y la justicia sobre este terrible asesinato. De igual forma, exigimos que el Estado mexicano aborde la situación en Chiapas con una perspectiva de derechos humanos y de reconstrucción del tejido social en las comunidades particularmente indígenas asoladas por la violencia al servicio de intereses privados y frecuentemente generada por diversos grupos pertenecientes al crimen organizado.
Comunicado de Otros Mundos ante el vil asesinato del querido Padre Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas – A 20 de octubre del 2024
Hoy a las 7:30 de la mañana fue asesinado en el barrio de Cuxtitali, de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el Padre Marcelo Pérez Pérez, indígena tsotsil, defensor de la Madre Tierra y los derechos humanos, promotor de la paz y reconciliador comunitario que vivió para servir a las comunidades indígenas y mestizas que acompañó.
Durante su desempeño pastoral, el Padre Marcelo desafió a los poderes formales y de facto que atentaran contra los intereses colectivos de los pueblos originarios. Desempeñó un papel decisivo en la mediación de diversos conflictos inter e intracomunitarios y su palabra solidaria hizo eco allí donde hubiera una causa justa que defender. Por todo ello, fue descalificado, amenazado, perseguido y calumniado. Hoy las amenazas se hicieron dolorosa realidad.
Desde Otros Mundos Chiapas A.C. expresamos nuestra indignación ante un hecho atroz largamente anunciado. Exigimos el esclarecimiento puntual del crimen y la aplicación de la ley. Rechazamos cualquier intento de minimizar el caso y presentarlo como un hecho aislado de violencia. Tampoco aceptaremos ninguna acción que perpetúe la impunidad que caracteriza a la justicia en México, sobre todo en el estado de Chiapas.
Marcelo Pérez Pérez, de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, pugnó por los procesos de diálogo y pacificación. Por su labor recibió amenazas de muerte, difamaciones y una orden de aprensión.
La mañana de este domingo fue asesinado por disparos de armas de fuego el sacerdote indígena tsotsil Marcelo Pérez Pérez, cuando salía de oficiar una misa transitaba por una de las calles de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.
En los últimos años, Marcelo Pérez había recibido amenazas de muerte, difamaciones constantes, y tenía una orden de aprensión en su contra, por su trabajo como mediador en el conflicto que se vive en el municipio de Pantelhó, donde un grupo armado y un grupo de autodefensas mantienen una disputa desde julio de 2021, año en que estalló la violencia en esta y otras regiones de Chiapas.
A raíz de estas amenazas, la Diócesis decidió trasladarlo de la parroquia de Simojovel, en donde se encontraba, a la parroquia de Guadalupe, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.
Desde su nueva sede, Marcelo Pérez siguió trabajando en los procesos de pacificación y denunciando la situación que se vive en Chiapas.
“Chiapas es una bomba de tiempo, hay muchos desaparecidos, muchos secuestrados, hay muchos asesinados por la presencia del crimen organizado en Chiapas”, fueron las palabras que pronuncio durante la entrevista que dio el pasado 13 de septiembre, durante una multitudinaria manifestación que se dio en la capital del estado, por la parte de feligreses de las tres Diócesis de Chiapas, para exigir la paz en Chiapas.
Esta mañana, había acudido al barrio de Cuxtitali, en donde ofició una misa que le pidieron los feligreses del lugar. Al salir fue que recibió disparos con arma de fuego. Aún no hay una versión de la Fiscalía de Justicia sobre los hechos. El Arzobispo Rodrigo Aguilar confirmó los hechos, “oremos y sigamos buscando la paz con verdad y con justicia”, dijo el líder religioso.
