Compartimos esta información sobre la terrible situación de que se vive en Brasil y nos solidarizamos con nuestras compañeras que Amigas de la Tierra Brasil – A 10 de mayo del 2024
La emergencia es climática, la responsabilidad es política. La solidaridad es nuestra fuerza.
Amigos de la Tierra Internacional y Amigas de la Tierra Brasil en solidaridad con los pueblos afectados en Rio Grande do Sul
Apenas ocho meses después de lo que se creía que era la mayor tragedia climática en Rio Grande do Sul, un estado en el extremo sur de Brasil con una superficie mayor que el Reino Unido (281 km²) y 11 millones de habitantes, volvemos a vivir una situación aún peor, con el 80% del estado en situación de calamidad y más de 200.000 refugiados climáticos sin hogar en la actualidad. La emergencia climática exige la movilización de la solidaridad de clase internacionalista y de la organización popular para la reconstrucción y el cuidado de la sustentabilidad de la vida, frente a la incapacidad de respuesta de un Estado neoliberal con servicios tercerizados, empresas públicas privatizadas y racismo ambiental estructural.
QUÉ ESTÁ HACIENDO AMIGAS DE LA TIERRA BRASIL
Como Amigas de la Tierra Brasil, nuestra sede, CaSAnAT en Porto Alegre, se ha inundado y nuestro personal (la mitad de los cuales han sido evacuados debido a las inundaciones) están trabajando para responder a las emergencias en sus barrios, acogiendo a la gente y escuchando y grabando sus testimonios.
Nuestros esfuerzos en Brasil consisten en promover y dirigir las peticiones de donaciones a las iniciativas de los movimientos sociales de base aliados, que trabajan en las Cocinas Solidarias y otros servicios de emergencia, basándose en su experiencia de organización de las poblaciones afectadas, de las mujeres, de la producción de alimentos y también en la fuerza del poder popular que tenemos juntos/as para influir en los poderes públicos.
En este momento de accesos bloqueados por las aguas, más que los recursos financieros, el trabajo de articulación política y de facilitar la llegada de ayuda material -alimentos, agua, ropa- y psicológica ha sido el sentido prioritario de nuestras acciones como pueblos afectados por el caos climático.
En este contexto y alianzas, como organización del movimiento por la Justicia Ambiental y miembro nacional de la Federación Internacional Amigos de la Tierra, tenemos las condiciones, la capacidad y el deber de movilizar la solidaridad internacional, porque sabemos que esta es y será nuestra fuerza para reconstruir y transformar la vida después del trauma que se profundiza con las desigualdades sociales, la violencia creciente y el desmantelamiento del Estado.
Nuestro compromiso y objetivo es fortalecer nuestra organización y nuestra capacidad de apoyo a los Territorios de Vida de Rio Grande do Sul, con los que caminamos juntos en defensa de la tierra, el agua, la biodiversidad, las formas de vida y contra todas las formas de violencia y opresión sistémica para garantizar la sostenibilidad de la vida.
Los fondos recaudados serán valiosos para reconstruir estos territorios y los lazos de solidaridad de clase real y radical en el campo y en la ciudad, ya sean huertas urbanas y cocinas comunitarias lideradas por mujeres en las periferias, comunidades de pescadores y pueblos tradicionales resistiendo a la minería, asentamientos de reforma agraria produciendo agroecología y resistiendo a la fumigación de pesticidas, quilombos defendiendo sus derechos a ser y existir frente a los proyectos de infraestructura, retomadas indígenas garantizando la preservación de la naturaleza frente al avance de la especulación inmobiliaria, comunidades organizadas y trabajadores construyendo políticas y proyectos para una transición justa, popular y feminista.
CÓMO PUEDEN AYUDAR
ConsidereN la posibilidad de donar fondos y ayúdenos a recaudar dinero.
La capacidad contable y de gestión de Amigas da Terra Brasil nos permite recibir donaciones libres de impuestos de organizaciones sociales sin ánimo de lucro en el extranjero, utilizando los siguientes datos bancarios:
Nombre del banco: Banco Bradesco (Código 237)
Dirección del banco: Avenida Protásio Alves 78, CEP 90410-004, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil
Número de cuenta: 2417-1 (Número de agencia: 2603)
Nombre titular de la cuenta: Núcleo Amigos da Terra/Brasil
Dirección del titular de la cuenta: R. Olavo Bilac, 192, Bairro Azenha, Porto Alegre – RS, CEP 90040-310
Código SWIFT banco: BBDEBRSPSPO
Nota de AT Brasil
Agradecemos la fuerza de la solidaridad internacionalista, a los miembro de la federación, al SSI de ATI, SoLiResp y organizaciones sociales amigas de todo el mundo que vienen acompañando la tragedia climática en nuestro estado del sur de Brasil y consultándonos sobre formas de ayudar y actuar.
Seguimos unidos/as en la solidaridad y en la lucha por transformar el sistema y construir sociedades sustentables y libres de todas las opresiones.
@amigasdaterrabr y el equipo de SSI de ATALC y ATII
La emergencia es climática, la responsabilidad es política.
La solidaridad es nuestra fuerza.
Amigas de la Tierra Brasil en solidaridad con las personas afectadas en Rio Grande do Sul
Apenas ocho meses después de lo que se creía la mayor tragedia climática en Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, volvemos a vivir una situación aún peor, que exige la movilización de la solidaridad de clase internacionalista y de la organización popular para la reconstrucción y el cuidado de la sustentabilidad de la vida, ante la incapacidad de respuesta de un Estado neoliberal, con servicios tercerizados, empresas públicas privatizadas y racismo ambiental estructural.
Lluvias intensas y copiosas, que alcanzaron los 800 mm en algunos lugares, azotaron casi todos los municipios del estado a partir del 29 de abril. La precipitación acumulada igualó toda la precipitación media prevista para cinco meses. Los arroyos y ríos alcanzaron niveles incluso superiores a los sucesos de septiembre de 2023. Hubo desprendimientos de tierras, destrucción de carreteras y autopistas, inundación de ciudades, muertes y destrucción.
Las cifras de la defensa civil de RS el 8 de mayo indican que hay 100 muertos, 128 desaparecidos y 372 heridos en 417 de los 497 municipios, lo que afecta a una población de más de 1.4 millones de personas. Es probable que estas cifras aumenten, ya que se han producido socavones en zonas aisladas del campo y pueblos inundados en la región metropolitana. Innumerables animales domésticos y de subsistencia muertos. Más de 66.700 personas en refugios y 163.700 desplazadas.
Desde hace una semana, el ejército, los bomberos, la defensa civil, la policía militar y civil de Rio Grande do Sul y de varios otros estados, voluntarios individuales y activistas de organizaciones y movimientos sociales rescatan vidas en helicópteros, barcos, motos acuáticas y por tierra, abren caminos a través de la selva, distribuyen agua, alimentos y asistencia médica y ecológica. Los daños materiales ascienden a miles de millones. Reconstruir ciudades, economías y vidas llevará mucho tiempo.
Las carreteras de acceso a la capital están cerradas. El aeropuerto permanecerá cerrado al menos hasta el 30 de mayo. Más del 70% de los 2 millones de habitantes de Porto Alegre están sin electricidad ni agua, con dificultades en las comunicaciones y en el suministro de artículos básicos de supervivencia. El agua potable ha sido un dilema diario para toda la población, y escasea en las estanterías de muchos supermercados y en fuentes naturales poco fiables. Regiones y municipios del interior de Rio Grande do Sul permanecen aislados, incapaces de recibir ayuda. Muchas familias no tienen noticias unas de otras.
Las regiones golpeadas por las inundaciones del año pasado, especialmente los valles de los ríos Jacuí, Taquari y Pardo y la Serra Gaúcha, han sufrido un nuevo impacto de mayores proporciones. Municipios que ni siquiera habían reconstruido, como Muçum, Roca Sales, Arroio do Meio, Lajeado, Santa Tereza y Estrela, acabaron total o parcialmente destruidos una vez más. Municipios del litoral norte, como Maquiné, y de los valles de los ríos Paranhana, Caí y Sinos, que fueron el foco de las inundaciones de junio de 2023, volvieron a sufrir daños, especialmente ciudades de la región metropolitana, la 5ª más poblada de Brasil, con cerca de 4.3 millones de habitantes.
Porto Alegre está sufriendo la peor inundación de su historia. Los sistemas de contención del agua se diseñaron teniendo en cuenta la inundación histórica de 1941, cuando el río Guaíba alcanzó los 4,77 m e inundó parte del centro de la ciudad y la orilla. Esta vez, el río Guaíba, que recibe agua de las regiones norte y centro del estado, alcanzó los 5,35 m, recuperando lo que fue su cauce y avanzando hacia varias partes de la ciudad, que ahora se encuentra sitiada. Incluso la sede de Amigas de la Tierra Brasil fue alcanzada por las aguas después de que se desconectaran las bombas por riesgo de electrificación, lo que provocó que el río avanzara sobre los barrios de Cidade Baixa y Azenha, donde se encuentran nuestra organización, sindicatos y también las cocinas solidarias.
Todos los esfuerzos conjuntos siguen con objetivo de salvar vidas. Hemos sido testigos de una red de solidaridad pocas veces vista, involucrando a todo el país en rescates, donaciones de alimentos, ropa, materiales de higiene y limpieza y dinero para ayudar a las personas sin hogar y desplazadas, montando refugios y proporcionando paquetes de alimentos. Amigas de la Tierra Brasil sigue trabajando en solidaridad activa, colaborando en el comedor comunitario de Morro da Cruz con la Marcha Mundial de las Mujeres y Periferia Feminista, y en el Comedor Solidario MTST de Azenha (Movimiento de los Trabajadores Sin Techo), que ha unido fuerzas con otros movimientos como el MAB (Movimiento de Afectados por Represas) y el MPA (Movimiento de los Pequeños Agricultores), proporcionando hasta 1.800 comidas al día para los afectados de Porto Alegre y la región metropolitana. En este momento de luto por las vidas perdidas, en medio del dolor y el sufrimiento, ofrecemos nuestros corazones y brazos para ayudar a quienes necesitan lo básico para seguir vivos.
En el impacto de esta tragedia, recordamos lo que venimos defendiendo hace mucho tiempo, que son también agendas históricas de tantos territorios de vida en lucha, como vienen alertando los pueblos indígenas de Brasil: necesitamos enfrentar la crisis climática. Este enfrentamiento no vendrá con las nuevas tecnologías de mercado, ni con la caridad de los dueños de las empresas transnacionales y sus campañas de marketing sobre sustentabilidad y solidaridad, que componen prácticas que son la continuación de un proyecto colonial, racista, sexista, lgbtqifóbico y destructor de la naturaleza y de la comunidad.
La emergencia climática es una realidad que se impone a las desigualdades estructurales y sistémicas: las injusticias medioambientales recaen sobre los menos responsables históricos del problema, que son los más indefensos para hacer frente a las consecuencias. Es tan real como el contexto en el que vivimos hoy, donde hay mucha vida por la que luchar. Ahí radica el sentido de estar aquí. Es posible frenar las lógicas nefastas que avanzan sobre la tierra, reducir drásticamente los impactos y aumentar la capacidad de reconstrucción en situaciones como la que estamos viviendo. Eso pasa por la política.
Pasa por nuestra lucha contra el agronegocio, especialmente cuando el cambio de uso de la tierra en Brasil es el principal factor de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera y cuando las políticas del gobierno estadual de Rio Grande do Sul fomentan la práctica y la liberación de productos fitosanitarios, muchos de los cuales no están permitidos en sus países de origen, lo que genera una serie de violencias y conflictos en el campo, además de obstaculizar e incluso desincentivar la agricultura familiar y la agroecología, que traen respuestas reales a las crisis de este siglo. El agronegocio nos mantiene en una relación económica y social de dependencia de los países del norte global, centro del capitalismo, lo que genera aún más desigualdad y devastación de la naturaleza, convirtiendo barrios y ciudades enteras en zonas de sacrificio.
La ofensiva de la minería en el estado de Rio Grande do Sul también nos lleva a un escenario catastrófico: la mayor parte del carbón disponible en el país, alrededor del 90%, se concentra en ese estado, y su extracción supone una amenaza para la crisis climática e incluso podría incrementarla. El proyecto Mina Guaíba, por ejemplo, preveía la explotación de la mayor mina de carbón a cielo abierto de Brasil, entre las localidades de Eldorado do Sul y Charqueadas (RS), a 16 kilómetros de la capital, Porto Alegre. El proyecto, que afectaría al territorio indígena de los Mbya Guaraní, sin consultar a las comunidades para obtener la licencia previa, estaría hoy bajo el agua, generando drenaje ácido y contaminando las aguas dulces que tenemos. Afortunadamente, la movilización popular y las denuncias de las fallas y omisiones en los estudios de la minera COPELMI lograron que la mina fuera archivada. La mina de Guaíba también afectaría a los asentamientos de la reforma agraria, al Parque Estadual Delta do Jacuí y a los municipios de los alrededores que se verían muy afectados por el agua, así como al bioma de la Pampa, que almacena una de las mayores reservas de agua potable del mundo, el Acuífero Guaraní.
Ahora, seis represas relacionadas con procesos mineros corren el riesgo de romperse y afectar a más personas. Como dijo el Movimiento de Afectados por Represas (MAB) en un comunicado, destacando el colapso parcial de la represa de la Usina Hidroeléctrica (HPP) 14 de Julho, ubicada en la cuenca del río Taquari-Antas, en Cotiporã (RS): la emergencia climática aumenta el riesgo de colapso de las represas. Ante los fenómenos extremos de la crisis climática, ninguna represa está a salvo.
Las políticas adoptadas en los últimos años en Rio Grande do Sul han flexibilizado la concesión de licencias y garantizado el avance del extractivismo sobre la vida. Municipios como São José do Norte, próximo a la Laguna de los Patos, se encuentran actualmente en estado de alerta debido a las aguas que se precipitan hacia ellos desde todo RS para desembocar en el mar. Las comunidades tradicionales que viven de la pesca y de la agricultura familiar están siendo evacuadas, las mismas comunidades que ya resisten al Proyecto Retiro, que planea extraer titanio, poniendo en riesgo las aguas, así como el sustento de las comunidades tradicionales de pescadores, de agricultura familiar y del Quilombo Vila Nova.
Sostenemos que la solución para evitar y enfrentar las catástrofes de la emergencia climática es la gente en los territorios: la demarcación de las tierras indígenas, la titulación de las comunidades quilombolas, la reforma agraria, la reestructuración de la tierra en las ciudades, con inversión pública permanente basada en políticas sociales construidas cerca de los territorios, con participación popular y con la garantía del derecho de los pueblos y comunidades tradicionales a ser y existir, preservando sus formas de vida, que se ha comprobado que causan el menor impacto socioambiental sobre el planeta. Las soluciones sólo vendrán con el fin de las políticas de austeridad, con la reversión del proceso de profundización neoliberal, que en la práctica privatiza bienes comunes como el agua y la energía para que el poder corporativo y los grandes empresarios puedan ampliar sus márgenes de ganancia. Porque cuando los gobiernos no están comprometidos con el interés público y al servicio de la sociedad, el pueblo es abandonado a su suerte y puede pasar hasta una semana sin electricidad, como ocurrió en Porto Alegre en enero de este año, y esta vez un tercio de su población está sin luz y sin agua. Destacamos las privatizaciones de CEEE, de Corsan y del DMAE, el desmantelamiento de las capacidades de saneamiento urbano y de las funciones de planificación del Estado, como procesos que nos han llevado al colapso actual.
Las constantes tragedias ocurridas en Rio Grande do Sul demuestran que los municipios que celebrarán elecciones este año en Brasil no están preparados para hacer frente a fenómenos meteorológicos extremos. Los alcaldes han tardado en advertir a la población sobre los impactos de las fuertes lluvias pronosticadas por los institutos meteorológicos y la Defensa Civil. Parte de los sistemas de contención de agua, diques y presas se desbordaron, obligando a evacuar a la población. La mayoría de las inundaciones se produjeron en lugares que históricamente han sufrido problemas de drenaje no resueltos. La gran mayoría de los afectados son personas empobrecidas y de clase trabajadora, que viven en terrenos inundables, a orillas de ríos y arroyos, o en laderas, privadas de políticas concretas en materia de derechos básicos, como el acceso al agua y a una vivienda asequible, para poder abandonar las zonas consideradas de riesgo y llevar una vida más digna.
A pesar de que esta es la 4ª y peor tragedia climática de gran magnitud que enfrenta RS en menos de dos años, todavía hay gobiernos municipales y parlamentarios negacionistas que ignoran los efectos del cambio climático. También hay regiones afectadas que no se han recuperado de otras inundaciones, como el Valle de Taquari, que, además de una serie de violaciones de los derechos humanos, ha recibido innumerables denuncias de los residentes de que los fondos del gobierno federal han pasado sin ser ejecutados por los municipios.
Las investigaciones científicas demuestran que la deforestación, incluso en la Amazonia, tiene un impacto directo en el aumento de las temperaturas y, en consecuencia, en la mayor incidencia de lluvias y fenómenos extremos en Brasil y en el planeta. En Rio Grande do Sul, la devastación del bioma de la Pampa y de la Mata Atlántica para dejar espacio al agronegocio y a su voraz sed de tierras también provoca las fuertes inundaciones que padecemos, así como períodos prolongados de sequía.
El gobierno del estado de Rio Grande do Sul y la intendencia de Porto Alegre, aunque dicen estar preocupados por la emergencia climática, no lo demuestran con acciones concretas. Sus prácticas van en la dirección de intensificar los desastres. El presupuesto estatal propuesto para este año por el gobernador Eduardo Leite (PSDB) preveía sólo 115 millones de reales para hacer frente a los fenómenos climáticos en 2024 en todo RS, incluidas las inversiones en la Defensa Civil estadual. Tanto el gobierno de Leite como el de Melo han trabajado para desmantelar y «relajar» la legislación medioambiental. Esto beneficia a los sectores inmobiliarios de alto nivel, a las grandes empresas, a la agroindustria y a actividades económicas destructivas como la minería, lo que conduce a una mayor deforestación, la devastación de los biomas naturales, la contaminación de los recursos hídricos y la ocupación de áreas abiertas y orillas de los ríos, como el propio Guaíba. En marzo de este año, la Asamblea de Rio Grande do Sul aprobó un proyecto de ley del diputado Delegado Zucco (Republicanos), que modifica el Código Medioambiental del Estado y flexibiliza las normas en las Áreas de Preservación Permanente (APP), permitiendo la construcción de presas y embalses en estas zonas.
En el caso de Porto Alegre, la intendencia ha emitido alertas de evacuación sin dar ninguna orientación sobre cómo se llevará a cabo. A toda prisa, improvisa refugios en zonas con riesgo de inundación, de modo que los refugiados climáticos que han perdido sus hogares tienen que emigrar de nuevo sin ninguna seguridad para el futuro. Ni siquiera existe una política que tenga en cuenta a los trabajadores y su desplazamiento por la ciudad en transporte público, que podría garantizarse con gratuidad del transporte, y salvar vidas. Extremadamente elitista, la recomendación del intendente Melo es que la población, o parte de ella, tome Uber o se vaya a sus casas en la playa.
A nivel del gobierno estadual, destacamos la responsabilidad de Leite en desfigurar el Código Estadual de Medio Ambiente, ignorando las advertencias de la sociedad civil al estado de Rio Grande do Sul y a su gobierno sobre sus responsabilidades frente a la emergencia climática. Y mientras el pueblo de Rio Grande do Sul sufre la mayor tragedia socioambiental de su historia, se tramita en el Senado un proyecto de ley (PL 4.015/2023) que introduce nuevos cambios en el Código Forestal, permitiendo que las propiedades rurales de las ciudades de la Amazonia Legal que tengan la mayor parte de su territorio ocupado por unidades de conservación o tierras indígenas reduzcan la reserva legal del 80% al 50%. La naturaleza no tiene fronteras, lo que impacta en un lugar impacta en todos.
Por primera vez, hemos experimentado refugiados climáticos en masa deambulando por el agua en las ciudades de Rio Grande do Sul, vagando sin rumbo por calles y carreteras con las pocas pertenencias y animales que podían llevar, esperando durante días en los tejados a que los rescaten, acurrucados durante días en refugios porque han perdido sus casas, o sin poder salir de ellas para conseguir comida y agua y temiendo los saqueos y la violencia que se recrudece ante el caos. Lo que nos gustaría evitar para la próxima generación, lo estamos viviendo hoy, aquí y ahora.
La solidaridad es la premisa. Solidaridad de clase, no la «solidaridad S.A.» de las corporaciones en su bazofia de responsabilidad social corporativa. Las personas que más sufren en estos momentos son las que están al margen del sistema, las que no pueden garantizar una vida cotidiana digna. Hoy, más que nunca, son precarios, sufren un proceso de empobrecimiento, negación de derechos e imposibilidad de sostener la vida. Si estas familias ya eran consideradas empobrecidas, lo serán aún más, al perder a miembros de la familia que, con su trabajo, aseguran su día a día, sobrecargando generalmente a las mujeres y el trabajo de cuidados no remunerado. La capacidad de estas familias para mantenerse, para organizarse, se verá reducida. Primero por la pérdida de personas, luego por la pérdida de sus hogares, de sus empleos, de sus condiciones de vida y los traumas, que seguro vendrán.
Frente al desmantelamiento del Estado en varios niveles y la destrucción de los servicios y la capacidad de gestión y planificación en aras del interés público, emerge la fuerza de la unidad. De la diversidad de formas de hacer y de organizar los movimientos populares en el campo y la ciudad, conectando territorios de vida, a menudo aquellos también amenazados y sacrificados por el sistema que da lugar a la emergencia climática. Esta solidaridad de clase real y radical seguirá su marcha, reconstruyendo y movilizando el poder popular para recuperar el lugar de los trabajadores en la política, hacer frente al clima (que ya ha cambiado) y cambiar el sistema.
Amigas de la Tierra Brasil, 8 de mayo de 2024
