Solidaridad con la lucha de los pueblos del Ecuador ante acusaciones de Ministro Santos Alvite

Compartimos este pronunciamiento de Amigos de la Tierra America Latina y el Caribe ATALC – A 27 de abril del 2023

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) manifiesta su profunda indignación y rechaza vehementemente los hechos que tuvieron lugar el 26 de abril en Ecuador, en los que el Ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, criminalizó la lucha de los pueblos del Ecuador por su derecho al ambiente sano.

En el marco de la comparecencia ante la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, frente a la que el ministro debía rendir cuentas por el caso de las 9 niñas ecuatorianas que enfrentan al Estado con la demanda interpuesta por la contaminación de la Amazonía generada con la instalación y quema de gas en mecheros, el Ministro tildó de “delincuente internacional” al abogado Pablo Fajardo, integrante de la Unión de Afectadas/os por Operaciones Petroleras de la Texaco (UDAPT), sin que haya para esta agresión temeraria ningún tipo de prueba, soporte jurídico o fallo que así lo defina; esta acusación pone en riesgo la lucha democrática de los pueblos ecuatorianos que además exigen reparación integral por las violaciones de los derechos de los pueblos y sus derechos humanos, de las que se acusa a la transnacional Chevron.

La Corte de Sucumbíos en la sentencia del caso mecheros le ordenó al Estado que en un plazo de 18 meses eliminara todos los que están aledaños a poblaciones. El plazo se cumplió el pasado 29 de marzo y el Estado no ha cumplido con esta obligación, razón por la que instituciones como UDAPT, entre otras, exigen el cumplimiento de la ley como una de las condiciones necesarias para hacer justicia, de ahí la presencia legítima del abogado Pablo Fajardo en la comparecencia señalada.

La acusación del ministro Santos Alvite recae contra todos los pueblos originarios de Orellana y Sucumbíos, mujeres, niñas/os y articulaciones sociales que por más de 30 años han luchado para lograr reparación integral del daño causado por las transnacionales petroleras.

Es importante recordar, también, que el ministro Santos Alvite tiene una larga historia de vinculación a la industria petrolera como asesor de empresas, y 8 años como delegado de Ecuador ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y que ha sido un férreo defensor de Chevron y otras empresas transnacionales. Lamentablemente, lo sucedido el 26 de abril no es un hecho aislado, en diferentes ocasiones ha realizado ese tipo de acusaciones temerarias.

ATALC pide que ante situaciones de esta gravedad, que criminalizan las luchas de los pueblos y ponen en riesgo la vida e integridad de las personas estigmatizadas, se haga la retractación correspondiente, y se avance en el cumplimiento de las sentencias ajustadas al Estado de Derecho.

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
Abril 27 de 2023

Más información:

Ecuador es denunciado ante la CIDH por sus intromisiones en el caso Chevron

Compartimos este pronunciamiento de la Unión de Afectadas y Afectados por las Operaciones Petroleras de TexacoUDAPT vía Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC sobre el caso Chevron en Ecuador – A 23 de marzo del 2023

Este lunes 20 de marzo de 2023, las/os afectadas/os por las operaciones de Chevron (Texaco) en el Ecuador recurrieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar que el Gobierno de Ecuador obstaculiza y pone en riesgo la ejecución de la sentencia y la reparación de las zonas afectadas por la contaminación provocada por los procesos extractivos implementados por Chevron en las provincias de Orellana y Sucumbíos.

Lago Agrio, 21 de marzo de 2023. Han pasado más de 30 años desde que inició el juicio contra Chevron y 11 años desde que se ejecutorió la sentencia en favor de indígenas y colonos que habitan en las provincias de Orellana y Sucumbíos. Sin embargo, pese a existir cuatro sentencias que encuentran a Chevron culpable del daño causado, la reparación no llega a los pueblos victimas del crimen de la petrolera. Las/os afectadas/os por las operaciones de Chevron responsabilizan al Gobierno de Ecuador por haber interferido en este juicio privado para evitar que puedan ejecutar la sentencia. Son tres los elementos que señalan.

Primero, el ex Procurador General del Estado, Iñigo Salvador, envió oficios mediante valija diplomática a las Cortes de Canadá y Argentina, en donde se encontraban pendientes sendos procesos de ejecución de la sentencia contra Chevron. Como consecuencia de la interferencia del Procurador, los procesos fueron descartados. El caso fue particularmente grave en Canadá, donde estaba pendiente una decisión final de la Corte Suprema que permitiría la ejecución completa de la sentencia, pero luego de la intervención de Salvador, el caso fue archivado. Adicionalmente, el Ex Procurador General del Estado emitió una serie de declaraciones públicas, en las que parecía ser defensor de los intereses de Chevron y no del Estado ecuatoriano.

En segundo lugar, el Gobierno de Ecuador ha emprendido una campaña de persecución en contra de las/os pobladoras/es ecuatorianas/os, con la clara intención de favorecer a la multinacional. Por pedido expreso del ex Procurador del Estado, Íñigo Salvador, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, a mediados del año 2021 inició indagaciones contra las/os pobladoras/es amazónicas/os por un supuesto delito de cohecho, en el cual se pretende demostrar que el juez de primera instancia, Nicolás Zambrano, dictó sentencia a favor de las/os amazónicas/os por supuestos ofrecimientos de dinero al Juez.

Y tercero, desde el 2017 el Gobierno de Ecuador ha fallado en su obligación de ejercer una defensa técnica efectiva, sobre la base de la soberanía y la institucionalidad del Estado, ante el panel arbitral y ante la justicia holandesa. Los actos realizados por la defensa del Gobierno demuestran desidia y hasta negligencia.

En 2018 el Estado ecuatoriano planteó el recurso de nulidad del laudo arbitral que obtuvo Chevron el 30 de agosto de ese mismo año. Aunque la justicia holandesa todavía no ha emitido un fallo definitivo sobre el recurso de nulidad planteado por la Procuraduría del Estado, el Gobierno de Ecuador actualmente ya se encuentra ejecutando el laudo como si estuviera vigente. Justamente, es por su cumplimiento que el Gobierno de Ecuador se ha empeñado en entorpecer las acciones de cobro de los demandantes en jurisdicciones extranjeras, en las que ha intervenido sin ser parte procesal.

Estas acciones dejan en claro que el Estado y Chevron están actuando coordinadamente, y que para el Gobierno de Ecuador es más importante el cumplimiento de un laudo arbitral y la satisfacción de los accionistas de Chevron, que los derechos de sus ciudadanas/os. La intervención del Gobierno de Ecuador con la intención de evitar que las comunidades puedan ejecutar una sentencia emitida por su propio poder judicial, es contraria a las obligaciones nacionales e internacionales del Ecuador en materia de Derechos Humanos.

Pablo Fajardo, abogado de los demandantes en el caso Aguinda Vs Chevron, afirmó que es lamentable que el Gobierno del Ecuador, con la Procuraduría General del Estado, se pongan al servicio de la transnacional y pretendan desconocer una sentencia ejecutoriada del sistema judicial ecuatoriano. La sentencia que beneficia a los pueblos y a la naturaleza se basa en instrumentos jurídicos de Derechos Humanos. El Laudo arbitral que beneficia a Chevron, contra Ecuador, se basa en un Tratado Bilateral de Protección de Inversiones. Este es un caso en el cual se refleja una grave disputa entre el sistema de protección del derecho económico de las empresas transnacionales, que cuentan con la complicidad de muchos gobiernos, que se ponen en contra de su propia población como es el caso de Ecuador. Ese sistema está en contra del sistema de derechos humanos que protege a los pueblos humildes de Latinoamérica. En el fondo es un abuso del derecho de las trasnancionales, que someten a los gobiernos de países pequeños en todo el mundo. Por lo tanto, este problema no es solo del Ecuador, es un problema que afecta a la humanidad, sentenció Fajardo. En ninguna parte del mundo, el dinero puede valer más que la vida de miles de campesinos e indígenas.

Donald Moncayo, coordinador de la Unión de Afectados por Texaco, alertó sobre las interferencias del ex Procurador Iñigo Salvador. Señaló que sus actos llevaron al Estado ecuatoriano a inmiscuirse en un juicio entre privados. Resulta un acto de traición que nuestro Procurador del Estado obstaculice una sentencia en favor de ciudadanos de Ecuador, que ha sido analizada y ratificada por todas las instancias judiciales de Ecuador, incluyendo la Corte Nacional y la Corte Constitucional.

Las acciones del Procurador, dijo Lidia Aguinda, una de las demandantes, traerán graves consecuencias al Estado ecuatoriano, pues está atentando contra los derechos que debe proteger de los ecuatorianos, contraviniendo así su mandato constitucional. Enfatizó que sus actos son una clara violación de la independencia judicial y mancillan la soberanía del Ecuador en favor de Chevron. Con referencia al presupuesto general del Estado, que dispone 2 mil millones de dólares para pagarle a Chevron, añadió: “Parece que el Gobierno de Ecuador está más preocupado por satisfacer a las exigencias de Chevron que las necesidades de la población ecuatoriana”.

Por su parte Elias Piaguaje, Presidente de la Nacionalidad Siekopai, afirmó que hemos luchado 30 años buscando justicia y reparación. Nos hemos envejecido en esta batalla, pero seguiremos luchando hasta lograr que se repare nuestra Amazonía. No podemos dejar un legado de muerte y destrucción a nuestras futuras generaciones.

La dirigencia de la UDAPT hace un llamado a los pueblos de Latinoamérica a unirse y levantarse en casos como estos. No se puede permitir que nuestros gobiernos den seguridad jurídica a las empresas transnacionales, y desmantelen todo el sistema de protección de nuestros derechos humanos de la Naturaleza, cuando somos agredidos por esas corporaciones. Igualmente hacemos un llamado al Gobierno del Ecuador a respetar la sentencia de la Corte Constitucional del país y a no intervenir en favor de Chevron. Por ahora confiamos que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos nos proteja de las interferencias indebidas del Gobierno de Ecuador, le ordene reparar los derechos vulnerados, y prevenga futuras intervenciones violatorias de los derechos de las/os pobladoras/es amazónicas/os.

Contactos
Donald Moncayo +593 99 397 7808
Pablo Fajardo +593 99 397 7811

Solidaridad urgente con UDAPT / Amigos de la Tierra Ecuador

Compartimos este pronunciamiento de Amigos de la Tierra America Latina y el Caribe en solidaridad con Unión de Afectadas y Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT), delegación de Amigos de la Tierra Ecuador – A 9 de febrero del 2023

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), organización que trabaja por la justicia ambiental, social, económica y de género, con presencia en 14 países de América Latina y en articulación con 75 países del mundo bajo la Federación Amigos de la Tierra Internacional, se declara en alerta y manifiesta su profunda preocupación y repudio por las amenazas, atentados y persecuciones sufridos por la Unión de Afectadas y Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT) / Amigos de la Tierra Ecuador. La misma, es una organización social sinfines de lucro que desde hace 29 años está luchando por el acceso a la justicia y la reparación integral. UDAPT está compuesta por las Nacionalidades Siekopai, Siona, Cofanes, comunidades Kichwas, Shuar, Waorani y miles de campesinos o mestizos.

UDAPT lleva a cabo numerosas acciones en defensa de las comunidades afectadas por la contaminación y sus acciones afectan los intereses económicos de las empresas transnacionales (ETN) y del Estado ecuatoriano, por ello se ha incrementado enormemente la agresiva campaña mediática para difamar a las/os abogadas/os de UDAPT, quienes incluso han sido atacadas/os verbalmente por autoridades del Gobierno Nacional y por la Procuraduría General del Estado.

Debido a la arquitectura de la impunidad tejida por las propias ETN a nivel internacional, la organización es acusada afirmando que por su accionar el Ecuador ha perdido el arbitraje internacional con la petrolera Chevron, cuando en realidad Ecuador pierde los arbitrajes con Chevron, Perenco y otras transnacionales, por su pésima defensa técnica y por las reglas de juego del sistema arbitral.

En agosto del 2022, dos sujetos con armas de fuego en mano ingresaron a la oficina donde trabaja el abogado Pablo Fajardo y sustrajeron su computadora portátil. Pocos días después, posiblemente los mismos delincuentes enviaron una serie de mensajes con amenazas. El 26 de enero del 2023, ingresaron nuevamente a la oficina de UDAPT, abrieron una ventana y se llevaron la computadora portátil del abogado Jayro Salazar. El 27 de enero del 2023, una motocicleta con dos personas a bordo persiguió el vehículo que se movilizaba el representante de UDAPT Donald Moncayo y su familia.

La noche del día viernes 27 de enero del 2023, Jayro Salazar fue interceptado por una motocicleta donde iban dos personas con cuchillo en mano y con su rostro totalmente cubierto por un pasamontañas, uno de ellos se acercó a Jayro Salazar y le propinó una puñalada en la pierna. El sujeto, antes de subir a la moto que lo esperaba, lanzó un papel que señalaba: primera advertencia: “_deja de meterte en lo que no te importa y deja de averiguar más de lo que debes o iremos por tu familia_”.

Los hechos denunciados por UDAPT revisten una gravedad inusitada y demuestran la impunidad del poder corporativo en América Latina y el Caribe. Las luchas dignas llevadas adelante por los pueblos de Ecuador, en defensa de los territorios que habitan, son absolutamente legítimas. Responsabilizamos al gobierno Ecuatoriano por la seguridad e integridad de todos los miembros de UDAPT y las comunidades con las que trabajan.

ATALC expresa su profunda solidaridad internacionalista con UDAPT, exige una investigación urgente de los hechos y la identificación de los responsables de las agresiones, que deben ser inmediatamente sometidos a la justicia.

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)

Febrero 9 de 2023

Solidaridad Internacionalista con las comunidades de Santander, Colombia

Compartimos este pronunciamiento de Amigos de la Tierra Internacional ATI en Solidaridad con Defensoras y Defensoras de Colombia – A 6 de febrero del 2023

Comunidades y organizaciones sociales se han estado movilizando contra un proyecto minero de explotación de carbón a cielo abierto en Santander, Colombia, por más de 20 días, enfrentando amenazas, intimidaciones y acciones de vigilancia y seguimiento. Amigos de la Tierra Internacional llama al gobierno colombiano a que garantice el respeto al derecho del pueblo a defender sus aguas y territorios, y que sancione urgentemente a los responsables de las agresiones.

Desde el 9 de enero del 2023, pobladores de los municipios de Barrancabermeja, San Vicente y el Carmen de Chucurí, pertenecientes a la región del Magdalena Medio santandereano, demandan la revocación de la licencia ambiental otorgada a la empresa minera francesa Colcco S.A. para la explotación de una mina de carbón a cielo abierto. El 25 de enero, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció públicamente que iniciaría el proceso para la revocación del permiso que fue dado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, para explotar carbón durante 30 años. Sin embargo, todavía no se ha realizado ninguna acción concreta  al respecto.

Apoyo a la legítima lucha pacífica de las organizaciones en Colombia

Líderes y lideresas ambientales, que impulsan la movilización social, han sido intimidados/as y amenazados/as durante varias semanas. Personas que han participado de las protestas también han sido perseguidas e intimidadas. Además, se han usado panfletos y un video intimidatorio firmados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, o Clan del Golfo, para declarar como objetivos militares a quienes han participado en las movilizaciones contra el proyecto minero, así como también a muchas personas que ni siquiera se han sumado a las protestas. Amigos de la Tierra Internacional apoya la lucha legítima y pacífica de las organizaciones sociales movilizadas como una manera de enfrentar la crisis climática planetaria.

Amigos de la Tierra Internacional condena además el uso de amenazas para proteger proyectos extractivos e intimidar a los pueblos que defienden sus territorios y ponen en práctica la democracia ambiental. Esa federación ambientalista demanda también que el Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo salvaguarden la vida de los/as defensores/as de la naturaleza, y encuentren y procesen judicialmente a los responsables de las acciones que buscan generar terror en la población.

Amigos de la Tierra Internacional expresa su solidaridad internacionalista con los líderes y las lideresas ambientales de la región del Magdalena Medio santandereano. Nos mantendremos en alerta en espera del avance de medidas que protejan y garanticen derechos. Invitamos a la comunidad internacional a denunciar el uso de la violencia contra la legítima movilización del pueblo [1].

[1] Esta comunicación será enviada a la Presidencia de la República de Colombia, Ministerio del Interior y Defensoría del Pueblo..

Más información:

Campaña Internacional de Solidaridad con Haití: ¡Por un Haití digno y soberano, libre de ocupación!

Compartimos la siguiente campaña de solidaridad internacionalista con Haití a través de Amigos de la Tierra Internacional ATI – A 24 de octubre del 2022

Roger Waters, Noam Chomsky, y más de 500 militantes sociales y populares, artistas, académicos/as, figuras públicas, han firmado esta carta abierta por un Haiti digno y soberano, libre de intervención extranjera. Impulsada por la Asamblea Internacional de los Pueblos, ALBA Movimientos, la Asamblea de los Pueblos del Caribe, y la Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo, buscamos sumar más luchas y manifestaciones de solidaridad con nuestro hermano pueblo de Haití para frenar los ataques en su contra.

Suma tu firma a nuestra declaración en solidaridad con el pueblo haitiano y contra la intervención extranjera: https://bit.ly/3DjBOTa

Durante los últimos 4 años, el pueblo haitiano se ha movilizado permanentemente contra el enorme empobrecimiento de las masas, las escandalosas desigualdades que condenan a la mayoría de la población a vivir en condiciones inhumanas y contra los beneficios económicos de los que goza una pequeña minoría. En particular se ha movilizado contra el aumento de la inflación, los precios del combustible y, más recientemente, para rechazar los llamamientos a la intervención extranjera que ha solicitado de forma ilegítima el primer ministro Ariel Henry, respaldado por Estados Unidos.

Hoy Haití se encuentra frente a una posible nueva ocupación militar directa de la ONU, tal como ocurrió entre 2004 y 2017 a través de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH). Al respecto son preocupantes las declaraciones del Secretario General del organismo, Antonio Guterres, quien ha solicitado al Consejo de Seguridad la aprobación de dicha intervención de carácter militar, que se suma al reciente arribo de aviones militares enviados por los gobiernos de Canadá y Estados Unidos.

Llama especialmente la atención que las razones por las cuales el gobierno de Henry, y las Naciones Unidas justifican esta posible intervención militar, son provocadas precisamente por las ocupaciones anteriores en la isla, como es la propagación del cólera, y la crisis humanitaria ocasionada por los numerosos casos de violaciones sexuales y de derechos humanos cometidos por los cascos azules contra la población civil.

Instamos a la comunidad internacional, a los mecanismos regionales de integración como la  Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, y en particular a los gobiernos populares y progresistas de nuestro continente, a rechazar de forma tajante estos nuevos intentos de ocupación en Haití, y rechazar todo intento de injerencia. Aludiendo a los principios del Derecho Internacional de no intervención, igualdad de derechos, libre determinación de los pueblos, e igualdad soberana consagrados en la Resolución 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas; la solución a los problemas domésticos de Haití debe ser impulsada por el mismo pueblo haitiano sin ningún tipo de intervención extranjera, y priorizando la soberanía, autodeterminación y democracia en el país. 

¡Por un Haití digno y soberano, libre de ocupación!

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