Charla sobre el conflicto entre Palestina e Israel míercoles 1 de noviembre 6 pm en Paliacate

¿Qué es el antisemitismo? ¿Cuál es la diferencia entre hebreo, israelita, judío, israelí, sionista? ¿Qué significan ‘limpieza étnica’ y ‘genocidio’? ¿Es lo mismo árabe y musulmán? ¿Islámico e islamista?

Para comprender la situación actual en Palestina Israel, es necesario tener claridad sobre estos y otros conceptos.

Te invitamos al diálogo que tendremos al respecto con Ana Vázquez Carpizo el próximo miércoles 1 de noviembre de 18:00 a 20:00 hrs. en EL PALIACATE Calle Cinco de Mayo No. 20, Centro.

Proclamación de Amigos de la Tierra Internacional sobre Gaza e Israel

Les compartimos este comunicado de Amigos de la Tierra Internacional ATI sobre la situación del pueblo palestino en el conflicto con Israel – A 14 de octubre del 2023

Como federación comprometida con la paz, Amigos de la Tierra Internacional (ATI) se opone a todo acto de violencia. Estamos horrorizados por las imágenes que nos llegan tanto de Israel como de Gaza y nos rompe el corazón que personas inocentes estén pagando el precio de décadas sin una solución justa a una situación insostenible de raíz. Con claridad y decisión, condenamos enérgicamente la matanza de inocentes y la toma de rehenes.

ATI apoya la autodeterminación del pueblo palestino en los territorios ocupados por Israel desde la guerra de 1967. Nos oponemos firmemente a la ocupación militar israelí y al hurto continuado de tierras para la construcción de asentamientos, así como a su tolerancia de la violencia y el terror de los colonos contra las/os palestinos. Estamos totalmente de acuerdo con la visión esbozada en la Resolución 67/19 (2012) de la ONU: «la realización de los derechos inalienables del pueblo palestino y la consecución de un arreglo pacífico en el Oriente Medio que ponga fin a la ocupación que comenzó en 1967 y haga realidad la visión de dos Estados, con un Estado de Palestina independiente, soberano, democrático, contiguo y viable que viva junto a Israel en condiciones de paz y seguridad sobre la base de las fronteras anteriores a 1967».

También nos hemos pronunciado en repetidas ocasiones sobre la grave situación de la Franja de Gaza. Hace dieciséis años que Israel impide la libre circulación de personas y mercancías dentro y fuera de Gaza. Durante este bloqueo, Israel ha bombardeado Gaza con impunidad, destruyendo infraestructuras civiles y asesinando a personas inocentes. En 2016, el Secretario General de la ONU calificó el bloqueo como «castigo colectivo por el que hay que rendir cuentas». No hay manera de exagerar el trauma profundo infligido a la población de Gaza.

En todo el transcurso de su bloqueo a Gaza, Israel se ha negado a poner en marcha una solución a largo plazo que conduzca a la paz y la seguridad para todas/os. Y la comunidad internacional se ha mantenido al margen y no ha utilizado su peso y su influencia para garantizar que Israel acate las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que exigen el cese permanente de la ocupación de las tierras palestinas.

Ahora está ocurriendo lo peor: ha estallado una guerra brutal y asimétrica entre Israel y Gaza. El ataque a civiles israelíes fue horrible; la respuesta de Israel contra las/os palestinos ha sido aplastante y devastadora. En este conflicto no habrá vencedores: sólo más muerte y sufrimiento.

Muchos países han prometido su apoyo y profesan su solidaridad con Israel, mientras que Israel ataca Gaza con toda la contundencia de su poderío militar. En Gaza se está desencadenando una crisis espeluznante y de gran escala, dejando ahora sin electricidad, agua y combustible a su población (de la cual casi la mitad es menor de 18 años), que desde hace años viene siendo golpeada. Llueven bombas sobre el pueblo y las infraestructuras de Gaza, dejando a miles de personas sin hogar ni refugio y masacrando a un número incalculable de personas. Este ataque contra la población civil de Gaza es un crimen de guerra y tiene que frenarse de inmediato.

En este momento crítico, exhortamos al cese de la violencia, que todas las partes respeten y cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y exigimos que se resuelvan definitivamente las causas estructurales de este conflicto. Instamos a Israel a que acepte las resoluciones de la ONU que le exigen retirarse de los territorios ocupados en 1967, incluido Jerusalén Este, y que aplique el derecho al retorno e indemnice a los refugiados palestinos.

Es probable que esta guerra termine con miles de muertos inocentes, pero la situación a largo plazo no cambiará hasta que palestinas/os e israelíes por igual tengan autonomía plena sobre sus propias vidas y sus tierras, y la posibilidad de vivir gozando de seguridad y dignamente. Llamamos a todas las naciones y organismos internacionales a que utilicen ahora y sin demora su influencia para resolver el conflicto actual y que exijan el cese de la ocupación y una solución ecuánime, justa y permanente para el pueblo palestino.

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Solidaridad internacionalista con el pueblo palestino

Compartimos este comunicado de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC a proposito de la guerra que se desato entre Israel y Palestina – A 16 de octubre de 2023

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) se solidariza con el pueblo palestino que una vez más está siendo sometido al horror, al tiempo que sigue sufriendo la ocupación, el bloqueo militar ilegal israelí y las políticas de apartheid que ya completan 75 años. Asimismo, nos oponemos y condenamos enérgicamente el asesinato y la toma de rehenes inocentes israelíes. Es inaceptable el ejercicio de la violencia contra la población civil inocente.

La declaración de guerra a Gaza por parte de Israel ha tenido como consecuencia el asesinato de cientos de palestinos/as, miles han resultado heridas/os, han sido bombardeados lugares residenciales, escuelas, hospitales, se ha agudizado el bloqueo del suministro de alimentos y agua, se ha cortado la electricidad, y se ha continuado, nuevamente de manera abierta a los ojos del mundo, el tratamiento de guerra que Israel impone al pueblo palestino asediado en Gaza, y que pone en evidencia la deshumanización a la que se somete al pueblo palestino para justificar la ocupación, el desplazamiento, la combinación de todas las formas de opresión, y los asesinatos de civiles inocentes.

Cabe recordar que solamente en el último año los ataques de Israel contra palestinas/os en Cisjordania han causado la muerte a 238 palestinos/as, entre ellos 40 niños/as. Estas acciones constituyen un abierto incumplimiento por parte de Israel del derecho internacional humanitario y de distintos acuerdos firmados para evitar el genocidio del pueblo palestino. En consecuencia, se ha negado el derecho a la autodeterminación y existencia de Palestina al no reconocer su Estado soberano, incumpliendo así la resolución 67/19 de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y manteniendo la ocupación ilegal y criminal desde la guerra de 1967, a través de la militarización y expropiación continua de tierras para asentamientos israelíes.

Desde ATALC rechazamos el silencio cómplice que se guarda ante las prácticas criminales y racistas de las fuerzas de ocupación israelíes contra el pueblo palestino, y llamamos a las organizaciones y movimientos de todo el mundo que trabajan por la justicia, a condenar la opresión y brutalidad a la que son sometidas/os las/os palestinas/os, y a exigir el cumplimiento de las leyes y acuerdos internacionales.

La dignidad de Palestina es atacada con propaganda que justifica los bombardeos y la agudización de la crisis humanitaria sin precedentes en la historia de la humanidad, por tanto exigimos el fin del ataque criminal de Israel contra el pueblo palestino, el fin del asedio a Gaza y del bloqueo actual e histórico. Llamamos a los gobiernos comprometidos con la justicia y la dignidad de los pueblos para que apoyen el llamamiento palestino para reactivar inmediatamente el Comité Especial de la ONU contra el apartheid. Nos oponemos a cualquier escalamiento del conflicto por la intervención de terceros países actuando con intención de querer imponer su política exterior, y abogamos por el fin de la violencia y la garantía de autodeterminación y soberanía de los pueblos.

Solidaridad con Haití: Rechazamos la nueva invasión

Les compartimos esta petición de solidaridad con Haití lanzada por los Comités de solidaridad con Haití sobre la reciente invasión a este país – A 2 de octubre del 2023

Rechazamos la nueva invasión a Haití con alarma e indignación

Los Comités de Solidaridad con Haití y otras organizaciones populares abajo firmantes, de toda Latinoamérica y el Caribe, rechazamos indignados, la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de autorizar el despliegue de una fuerza Multinacional armada de invasión a Haití, supuestamente para apoyar al gobierno dictatorial de ese país a combatir las bandas paramilitares y organizar elecciones.  No será una misión oficial de la ONU sino una misión organizada directamente por EE.UU. que, junto a Ecuador, presentó la resolución aprobada hoy en el primer día de la presidencia de Brasil del Consejo, con 13 votos a favor y la abstención de Rusia y China. 

Alarmados preguntamos: ¿en qué se ha transformado la ONU? Denunciamos el carácter imperialista, racista y genocida de esta “autorización” ilegal para invadir un país soberano para controlar a su pueblo y repudiamos la retórica de “solidaridad” y de “apoyo al pueblo de Haití” con la cual se busca camuflar sus macabras intenciones. 

No es “solidaridad” con el pueblo de Haití, responder al pedido inconstitucional formulado por un gobierno dictatorial, puesto en su lugar y mantenido por la misma “comunidad internacional” que ahora redobla su respaldo contrario a las legítimas demandas de un enorme abanico de organizaciones sociales, políticas y humanitarias haitianas, desconociendo una vez más la soberanía y autodeterminación del pueblo haitiano con sus demandas y propuestas para resolver esta crisis generada por la misma intervención extranjera de larga data. 

No es “apoyo”, continuar ignorando al pueblo de Haití, desconociendo sus denuncias que vinculan a Ariel Henry, actual gobierno de facto y sus «protectores internacionales», encabezados por EE.UU., con la proliferación de las bandas armadas que ahora esos mismos actores pretenden controlar a través de esta nueva invasión. Las bandas paramilitares fueron creadas por los gobiernos de Michel Martelli, Jovenel Moïse y Ariel Henry, la oligarquía haitiana y los EEUU de donde provienen las armas y municiones. Son instrumentadas políticamente para controlar el gran movimiento popular que se desarrolló en los últimos años en Haití; un movimiento nacionalista, antioligárquico, antimperialista, antiocupación, que lucha por vivir en libertad, por la recuperación de su soberanía y el respeto de todos sus derechos.

Denunciamos a los EEUU y a la ONU que se ha transformado en un instrumento directo de agresión y dominación de EEUU y la Unión Europea. A través de la ONU, EEUU impone su agenda. Haití ha estado bajo ocupación de la ONU desde el año 2004, ocupada militarmente por la MINUSTAH por 13 años, luego por fuerzas policiales -la MINUJUSTH-, hoy por una misión política llamada la BINUH, que junto al llamado “Core Group” (Grupo Central) da las directivas políticas y económicas en Haití. Integran ese grupo EE.UU., Francia, España, Brasil, Alemania, Canadá, la Unión Europea, así como los representantes de la ONU y de la OEA.

Además de la invasión en sí misma, la MINUSTAH ha sido responsable de masacres, fraudes electorales, saqueo de recursos, abusos sexuales y niñxs abandonadxs, introducción de la epidemia de cólera, y otros hechos de gravedad similar. Ni la ONU ni ninguno de los países participantes ha asumido ninguna reparación por los más de 30.000 muertos ni demás daños y damnificados. 

Repudiamos estos crímenes y el hecho de que en vez de sancionar a los responsables y asegurar la reparación de los crímenes cometidos bajo su mando, la ONU directamente entrega la organización y control de esta nueva invasión a EE.UU. quien busca imponer, tras elecciones controladas, a un nuevo gobierno de sus esbirros. La agenda prevé luego la reforma de la Constitución y consolidar un poder autocrático para  continuar el saqueo de Haití y el sometimiento de su pueblo.

El pueblo haitiano a través de sus organizaciones sociales, políticas y humanitarias se ha expresado claramente en contra de cualquier ocupación y contra cualquier elección controlada bajo ocupación. Reiteramos nuestra solidaridad con ellas, y llamamos a apoyar ampliamente sus exigencias de conformación de una Comisión internacional independiente para evaluar el impacto de las intervenciones anteriores así como del respeto a los acuerdos de Montana y demás demandas del pueblo haitiano.

BASTA DE GENOCIDIO SILENCIOSO CONTRA EL PUEBLO REBELDE DE HAITÍ!

FUERA LA OCUPACIÓN DE LA ONU Y EE.UU. a través de KENIA!

NINGUNA INVASION ARMADA! 

SOBERANÍA PARA EL GOBIERNO DE TRANSICIÓN HAITIANO QUE RECLAMAN LAS ORGANIZACIONES POPULARES HAITIANAS

– América latina y el Caribe, 2 de octubre de 2023

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Solidaridad con la lucha de los pueblos del Ecuador ante acusaciones de Ministro Santos Alvite

Compartimos este pronunciamiento de Amigos de la Tierra America Latina y el Caribe ATALC – A 27 de abril del 2023

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) manifiesta su profunda indignación y rechaza vehementemente los hechos que tuvieron lugar el 26 de abril en Ecuador, en los que el Ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, criminalizó la lucha de los pueblos del Ecuador por su derecho al ambiente sano.

En el marco de la comparecencia ante la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, frente a la que el ministro debía rendir cuentas por el caso de las 9 niñas ecuatorianas que enfrentan al Estado con la demanda interpuesta por la contaminación de la Amazonía generada con la instalación y quema de gas en mecheros, el Ministro tildó de “delincuente internacional” al abogado Pablo Fajardo, integrante de la Unión de Afectadas/os por Operaciones Petroleras de la Texaco (UDAPT), sin que haya para esta agresión temeraria ningún tipo de prueba, soporte jurídico o fallo que así lo defina; esta acusación pone en riesgo la lucha democrática de los pueblos ecuatorianos que además exigen reparación integral por las violaciones de los derechos de los pueblos y sus derechos humanos, de las que se acusa a la transnacional Chevron.

La Corte de Sucumbíos en la sentencia del caso mecheros le ordenó al Estado que en un plazo de 18 meses eliminara todos los que están aledaños a poblaciones. El plazo se cumplió el pasado 29 de marzo y el Estado no ha cumplido con esta obligación, razón por la que instituciones como UDAPT, entre otras, exigen el cumplimiento de la ley como una de las condiciones necesarias para hacer justicia, de ahí la presencia legítima del abogado Pablo Fajardo en la comparecencia señalada.

La acusación del ministro Santos Alvite recae contra todos los pueblos originarios de Orellana y Sucumbíos, mujeres, niñas/os y articulaciones sociales que por más de 30 años han luchado para lograr reparación integral del daño causado por las transnacionales petroleras.

Es importante recordar, también, que el ministro Santos Alvite tiene una larga historia de vinculación a la industria petrolera como asesor de empresas, y 8 años como delegado de Ecuador ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y que ha sido un férreo defensor de Chevron y otras empresas transnacionales. Lamentablemente, lo sucedido el 26 de abril no es un hecho aislado, en diferentes ocasiones ha realizado ese tipo de acusaciones temerarias.

ATALC pide que ante situaciones de esta gravedad, que criminalizan las luchas de los pueblos y ponen en riesgo la vida e integridad de las personas estigmatizadas, se haga la retractación correspondiente, y se avance en el cumplimiento de las sentencias ajustadas al Estado de Derecho.

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
Abril 27 de 2023

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Ecuador es denunciado ante la CIDH por sus intromisiones en el caso Chevron

Compartimos este pronunciamiento de la Unión de Afectadas y Afectados por las Operaciones Petroleras de TexacoUDAPT vía Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC sobre el caso Chevron en Ecuador – A 23 de marzo del 2023

Este lunes 20 de marzo de 2023, las/os afectadas/os por las operaciones de Chevron (Texaco) en el Ecuador recurrieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar que el Gobierno de Ecuador obstaculiza y pone en riesgo la ejecución de la sentencia y la reparación de las zonas afectadas por la contaminación provocada por los procesos extractivos implementados por Chevron en las provincias de Orellana y Sucumbíos.

Lago Agrio, 21 de marzo de 2023. Han pasado más de 30 años desde que inició el juicio contra Chevron y 11 años desde que se ejecutorió la sentencia en favor de indígenas y colonos que habitan en las provincias de Orellana y Sucumbíos. Sin embargo, pese a existir cuatro sentencias que encuentran a Chevron culpable del daño causado, la reparación no llega a los pueblos victimas del crimen de la petrolera. Las/os afectadas/os por las operaciones de Chevron responsabilizan al Gobierno de Ecuador por haber interferido en este juicio privado para evitar que puedan ejecutar la sentencia. Son tres los elementos que señalan.

Primero, el ex Procurador General del Estado, Iñigo Salvador, envió oficios mediante valija diplomática a las Cortes de Canadá y Argentina, en donde se encontraban pendientes sendos procesos de ejecución de la sentencia contra Chevron. Como consecuencia de la interferencia del Procurador, los procesos fueron descartados. El caso fue particularmente grave en Canadá, donde estaba pendiente una decisión final de la Corte Suprema que permitiría la ejecución completa de la sentencia, pero luego de la intervención de Salvador, el caso fue archivado. Adicionalmente, el Ex Procurador General del Estado emitió una serie de declaraciones públicas, en las que parecía ser defensor de los intereses de Chevron y no del Estado ecuatoriano.

En segundo lugar, el Gobierno de Ecuador ha emprendido una campaña de persecución en contra de las/os pobladoras/es ecuatorianas/os, con la clara intención de favorecer a la multinacional. Por pedido expreso del ex Procurador del Estado, Íñigo Salvador, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, a mediados del año 2021 inició indagaciones contra las/os pobladoras/es amazónicas/os por un supuesto delito de cohecho, en el cual se pretende demostrar que el juez de primera instancia, Nicolás Zambrano, dictó sentencia a favor de las/os amazónicas/os por supuestos ofrecimientos de dinero al Juez.

Y tercero, desde el 2017 el Gobierno de Ecuador ha fallado en su obligación de ejercer una defensa técnica efectiva, sobre la base de la soberanía y la institucionalidad del Estado, ante el panel arbitral y ante la justicia holandesa. Los actos realizados por la defensa del Gobierno demuestran desidia y hasta negligencia.

En 2018 el Estado ecuatoriano planteó el recurso de nulidad del laudo arbitral que obtuvo Chevron el 30 de agosto de ese mismo año. Aunque la justicia holandesa todavía no ha emitido un fallo definitivo sobre el recurso de nulidad planteado por la Procuraduría del Estado, el Gobierno de Ecuador actualmente ya se encuentra ejecutando el laudo como si estuviera vigente. Justamente, es por su cumplimiento que el Gobierno de Ecuador se ha empeñado en entorpecer las acciones de cobro de los demandantes en jurisdicciones extranjeras, en las que ha intervenido sin ser parte procesal.

Estas acciones dejan en claro que el Estado y Chevron están actuando coordinadamente, y que para el Gobierno de Ecuador es más importante el cumplimiento de un laudo arbitral y la satisfacción de los accionistas de Chevron, que los derechos de sus ciudadanas/os. La intervención del Gobierno de Ecuador con la intención de evitar que las comunidades puedan ejecutar una sentencia emitida por su propio poder judicial, es contraria a las obligaciones nacionales e internacionales del Ecuador en materia de Derechos Humanos.

Pablo Fajardo, abogado de los demandantes en el caso Aguinda Vs Chevron, afirmó que es lamentable que el Gobierno del Ecuador, con la Procuraduría General del Estado, se pongan al servicio de la transnacional y pretendan desconocer una sentencia ejecutoriada del sistema judicial ecuatoriano. La sentencia que beneficia a los pueblos y a la naturaleza se basa en instrumentos jurídicos de Derechos Humanos. El Laudo arbitral que beneficia a Chevron, contra Ecuador, se basa en un Tratado Bilateral de Protección de Inversiones. Este es un caso en el cual se refleja una grave disputa entre el sistema de protección del derecho económico de las empresas transnacionales, que cuentan con la complicidad de muchos gobiernos, que se ponen en contra de su propia población como es el caso de Ecuador. Ese sistema está en contra del sistema de derechos humanos que protege a los pueblos humildes de Latinoamérica. En el fondo es un abuso del derecho de las trasnancionales, que someten a los gobiernos de países pequeños en todo el mundo. Por lo tanto, este problema no es solo del Ecuador, es un problema que afecta a la humanidad, sentenció Fajardo. En ninguna parte del mundo, el dinero puede valer más que la vida de miles de campesinos e indígenas.

Donald Moncayo, coordinador de la Unión de Afectados por Texaco, alertó sobre las interferencias del ex Procurador Iñigo Salvador. Señaló que sus actos llevaron al Estado ecuatoriano a inmiscuirse en un juicio entre privados. Resulta un acto de traición que nuestro Procurador del Estado obstaculice una sentencia en favor de ciudadanos de Ecuador, que ha sido analizada y ratificada por todas las instancias judiciales de Ecuador, incluyendo la Corte Nacional y la Corte Constitucional.

Las acciones del Procurador, dijo Lidia Aguinda, una de las demandantes, traerán graves consecuencias al Estado ecuatoriano, pues está atentando contra los derechos que debe proteger de los ecuatorianos, contraviniendo así su mandato constitucional. Enfatizó que sus actos son una clara violación de la independencia judicial y mancillan la soberanía del Ecuador en favor de Chevron. Con referencia al presupuesto general del Estado, que dispone 2 mil millones de dólares para pagarle a Chevron, añadió: “Parece que el Gobierno de Ecuador está más preocupado por satisfacer a las exigencias de Chevron que las necesidades de la población ecuatoriana”.

Por su parte Elias Piaguaje, Presidente de la Nacionalidad Siekopai, afirmó que hemos luchado 30 años buscando justicia y reparación. Nos hemos envejecido en esta batalla, pero seguiremos luchando hasta lograr que se repare nuestra Amazonía. No podemos dejar un legado de muerte y destrucción a nuestras futuras generaciones.

La dirigencia de la UDAPT hace un llamado a los pueblos de Latinoamérica a unirse y levantarse en casos como estos. No se puede permitir que nuestros gobiernos den seguridad jurídica a las empresas transnacionales, y desmantelen todo el sistema de protección de nuestros derechos humanos de la Naturaleza, cuando somos agredidos por esas corporaciones. Igualmente hacemos un llamado al Gobierno del Ecuador a respetar la sentencia de la Corte Constitucional del país y a no intervenir en favor de Chevron. Por ahora confiamos que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos nos proteja de las interferencias indebidas del Gobierno de Ecuador, le ordene reparar los derechos vulnerados, y prevenga futuras intervenciones violatorias de los derechos de las/os pobladoras/es amazónicas/os.

Contactos
Donald Moncayo +593 99 397 7808
Pablo Fajardo +593 99 397 7811

Solidaridad urgente con UDAPT / Amigos de la Tierra Ecuador

Compartimos este pronunciamiento de Amigos de la Tierra America Latina y el Caribe en solidaridad con Unión de Afectadas y Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT), delegación de Amigos de la Tierra Ecuador – A 9 de febrero del 2023

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), organización que trabaja por la justicia ambiental, social, económica y de género, con presencia en 14 países de América Latina y en articulación con 75 países del mundo bajo la Federación Amigos de la Tierra Internacional, se declara en alerta y manifiesta su profunda preocupación y repudio por las amenazas, atentados y persecuciones sufridos por la Unión de Afectadas y Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT) / Amigos de la Tierra Ecuador. La misma, es una organización social sinfines de lucro que desde hace 29 años está luchando por el acceso a la justicia y la reparación integral. UDAPT está compuesta por las Nacionalidades Siekopai, Siona, Cofanes, comunidades Kichwas, Shuar, Waorani y miles de campesinos o mestizos.

UDAPT lleva a cabo numerosas acciones en defensa de las comunidades afectadas por la contaminación y sus acciones afectan los intereses económicos de las empresas transnacionales (ETN) y del Estado ecuatoriano, por ello se ha incrementado enormemente la agresiva campaña mediática para difamar a las/os abogadas/os de UDAPT, quienes incluso han sido atacadas/os verbalmente por autoridades del Gobierno Nacional y por la Procuraduría General del Estado.

Debido a la arquitectura de la impunidad tejida por las propias ETN a nivel internacional, la organización es acusada afirmando que por su accionar el Ecuador ha perdido el arbitraje internacional con la petrolera Chevron, cuando en realidad Ecuador pierde los arbitrajes con Chevron, Perenco y otras transnacionales, por su pésima defensa técnica y por las reglas de juego del sistema arbitral.

En agosto del 2022, dos sujetos con armas de fuego en mano ingresaron a la oficina donde trabaja el abogado Pablo Fajardo y sustrajeron su computadora portátil. Pocos días después, posiblemente los mismos delincuentes enviaron una serie de mensajes con amenazas. El 26 de enero del 2023, ingresaron nuevamente a la oficina de UDAPT, abrieron una ventana y se llevaron la computadora portátil del abogado Jayro Salazar. El 27 de enero del 2023, una motocicleta con dos personas a bordo persiguió el vehículo que se movilizaba el representante de UDAPT Donald Moncayo y su familia.

La noche del día viernes 27 de enero del 2023, Jayro Salazar fue interceptado por una motocicleta donde iban dos personas con cuchillo en mano y con su rostro totalmente cubierto por un pasamontañas, uno de ellos se acercó a Jayro Salazar y le propinó una puñalada en la pierna. El sujeto, antes de subir a la moto que lo esperaba, lanzó un papel que señalaba: primera advertencia: “_deja de meterte en lo que no te importa y deja de averiguar más de lo que debes o iremos por tu familia_”.

Los hechos denunciados por UDAPT revisten una gravedad inusitada y demuestran la impunidad del poder corporativo en América Latina y el Caribe. Las luchas dignas llevadas adelante por los pueblos de Ecuador, en defensa de los territorios que habitan, son absolutamente legítimas. Responsabilizamos al gobierno Ecuatoriano por la seguridad e integridad de todos los miembros de UDAPT y las comunidades con las que trabajan.

ATALC expresa su profunda solidaridad internacionalista con UDAPT, exige una investigación urgente de los hechos y la identificación de los responsables de las agresiones, que deben ser inmediatamente sometidos a la justicia.

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)

Febrero 9 de 2023

Solidaridad Internacionalista con las comunidades de Santander, Colombia

Compartimos este pronunciamiento de Amigos de la Tierra Internacional ATI en Solidaridad con Defensoras y Defensoras de Colombia – A 6 de febrero del 2023

Comunidades y organizaciones sociales se han estado movilizando contra un proyecto minero de explotación de carbón a cielo abierto en Santander, Colombia, por más de 20 días, enfrentando amenazas, intimidaciones y acciones de vigilancia y seguimiento. Amigos de la Tierra Internacional llama al gobierno colombiano a que garantice el respeto al derecho del pueblo a defender sus aguas y territorios, y que sancione urgentemente a los responsables de las agresiones.

Desde el 9 de enero del 2023, pobladores de los municipios de Barrancabermeja, San Vicente y el Carmen de Chucurí, pertenecientes a la región del Magdalena Medio santandereano, demandan la revocación de la licencia ambiental otorgada a la empresa minera francesa Colcco S.A. para la explotación de una mina de carbón a cielo abierto. El 25 de enero, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció públicamente que iniciaría el proceso para la revocación del permiso que fue dado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, para explotar carbón durante 30 años. Sin embargo, todavía no se ha realizado ninguna acción concreta  al respecto.

Apoyo a la legítima lucha pacífica de las organizaciones en Colombia

Líderes y lideresas ambientales, que impulsan la movilización social, han sido intimidados/as y amenazados/as durante varias semanas. Personas que han participado de las protestas también han sido perseguidas e intimidadas. Además, se han usado panfletos y un video intimidatorio firmados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, o Clan del Golfo, para declarar como objetivos militares a quienes han participado en las movilizaciones contra el proyecto minero, así como también a muchas personas que ni siquiera se han sumado a las protestas. Amigos de la Tierra Internacional apoya la lucha legítima y pacífica de las organizaciones sociales movilizadas como una manera de enfrentar la crisis climática planetaria.

Amigos de la Tierra Internacional condena además el uso de amenazas para proteger proyectos extractivos e intimidar a los pueblos que defienden sus territorios y ponen en práctica la democracia ambiental. Esa federación ambientalista demanda también que el Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo salvaguarden la vida de los/as defensores/as de la naturaleza, y encuentren y procesen judicialmente a los responsables de las acciones que buscan generar terror en la población.

Amigos de la Tierra Internacional expresa su solidaridad internacionalista con los líderes y las lideresas ambientales de la región del Magdalena Medio santandereano. Nos mantendremos en alerta en espera del avance de medidas que protejan y garanticen derechos. Invitamos a la comunidad internacional a denunciar el uso de la violencia contra la legítima movilización del pueblo [1].

[1] Esta comunicación será enviada a la Presidencia de la República de Colombia, Ministerio del Interior y Defensoría del Pueblo..

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Campaña Internacional de Solidaridad con Haití: ¡Por un Haití digno y soberano, libre de ocupación!

Compartimos la siguiente campaña de solidaridad internacionalista con Haití a través de Amigos de la Tierra Internacional ATI – A 24 de octubre del 2022

Roger Waters, Noam Chomsky, y más de 500 militantes sociales y populares, artistas, académicos/as, figuras públicas, han firmado esta carta abierta por un Haiti digno y soberano, libre de intervención extranjera. Impulsada por la Asamblea Internacional de los Pueblos, ALBA Movimientos, la Asamblea de los Pueblos del Caribe, y la Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo, buscamos sumar más luchas y manifestaciones de solidaridad con nuestro hermano pueblo de Haití para frenar los ataques en su contra.

Suma tu firma a nuestra declaración en solidaridad con el pueblo haitiano y contra la intervención extranjera: https://bit.ly/3DjBOTa

Durante los últimos 4 años, el pueblo haitiano se ha movilizado permanentemente contra el enorme empobrecimiento de las masas, las escandalosas desigualdades que condenan a la mayoría de la población a vivir en condiciones inhumanas y contra los beneficios económicos de los que goza una pequeña minoría. En particular se ha movilizado contra el aumento de la inflación, los precios del combustible y, más recientemente, para rechazar los llamamientos a la intervención extranjera que ha solicitado de forma ilegítima el primer ministro Ariel Henry, respaldado por Estados Unidos.

Hoy Haití se encuentra frente a una posible nueva ocupación militar directa de la ONU, tal como ocurrió entre 2004 y 2017 a través de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH). Al respecto son preocupantes las declaraciones del Secretario General del organismo, Antonio Guterres, quien ha solicitado al Consejo de Seguridad la aprobación de dicha intervención de carácter militar, que se suma al reciente arribo de aviones militares enviados por los gobiernos de Canadá y Estados Unidos.

Llama especialmente la atención que las razones por las cuales el gobierno de Henry, y las Naciones Unidas justifican esta posible intervención militar, son provocadas precisamente por las ocupaciones anteriores en la isla, como es la propagación del cólera, y la crisis humanitaria ocasionada por los numerosos casos de violaciones sexuales y de derechos humanos cometidos por los cascos azules contra la población civil.

Instamos a la comunidad internacional, a los mecanismos regionales de integración como la  Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, y en particular a los gobiernos populares y progresistas de nuestro continente, a rechazar de forma tajante estos nuevos intentos de ocupación en Haití, y rechazar todo intento de injerencia. Aludiendo a los principios del Derecho Internacional de no intervención, igualdad de derechos, libre determinación de los pueblos, e igualdad soberana consagrados en la Resolución 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas; la solución a los problemas domésticos de Haití debe ser impulsada por el mismo pueblo haitiano sin ningún tipo de intervención extranjera, y priorizando la soberanía, autodeterminación y democracia en el país. 

¡Por un Haití digno y soberano, libre de ocupación!

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