Les compartimos esta petición de solidaridad con Haití lanzada por los Comités de solidaridad con Haití sobre la reciente invasión a este país – A 2 de octubre del 2023
Rechazamos la nueva invasión a Haití con alarma e indignación
Los Comités de Solidaridad con Haití y otras organizaciones populares abajo firmantes, de toda Latinoamérica y el Caribe, rechazamos indignados, la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de autorizar el despliegue de una fuerza Multinacional armada de invasión a Haití, supuestamente para apoyar al gobierno dictatorial de ese país a combatir las bandas paramilitares y organizar elecciones. No será una misión oficial de la ONU sino una misión organizada directamente por EE.UU. que, junto a Ecuador, presentó la resolución aprobada hoy en el primer día de la presidencia de Brasil del Consejo, con 13 votos a favor y la abstención de Rusia y China.
Alarmados preguntamos: ¿en qué se ha transformado la ONU? Denunciamos el carácter imperialista, racista y genocida de esta “autorización” ilegal para invadir un país soberano para controlar a su pueblo y repudiamos la retórica de “solidaridad” y de “apoyo al pueblo de Haití” con la cual se busca camuflar sus macabras intenciones.
No es “solidaridad” con el pueblo de Haití, responder al pedido inconstitucional formulado por un gobierno dictatorial, puesto en su lugar y mantenido por la misma “comunidad internacional” que ahora redobla su respaldo contrario a las legítimas demandas de un enorme abanico de organizaciones sociales, políticas y humanitarias haitianas, desconociendo una vez más la soberanía y autodeterminación del pueblo haitiano con sus demandas y propuestas para resolver esta crisis generada por la misma intervención extranjera de larga data.
No es “apoyo”, continuar ignorando al pueblo de Haití, desconociendo sus denuncias que vinculan a Ariel Henry, actual gobierno de facto y sus «protectores internacionales», encabezados por EE.UU., con la proliferación de las bandas armadas que ahora esos mismos actores pretenden controlar a través de esta nueva invasión. Las bandas paramilitares fueron creadas por los gobiernos de Michel Martelli, Jovenel Moïse y Ariel Henry, la oligarquía haitiana y los EEUU de donde provienen las armas y municiones. Son instrumentadas políticamente para controlar el gran movimiento popular que se desarrolló en los últimos años en Haití; un movimiento nacionalista, antioligárquico, antimperialista, antiocupación, que lucha por vivir en libertad, por la recuperación de su soberanía y el respeto de todos sus derechos.
Denunciamos a los EEUU y a la ONU que se ha transformado en un instrumento directo de agresión y dominación de EEUU y la Unión Europea. A través de la ONU, EEUU impone su agenda. Haití ha estado bajo ocupación de la ONU desde el año 2004, ocupada militarmente por la MINUSTAH por 13 años, luego por fuerzas policiales -la MINUJUSTH-, hoy por una misión política llamada la BINUH, que junto al llamado “Core Group” (Grupo Central) da las directivas políticas y económicas en Haití. Integran ese grupo EE.UU., Francia, España, Brasil, Alemania, Canadá, la Unión Europea, así como los representantes de la ONU y de la OEA.
Además de la invasión en sí misma, la MINUSTAH ha sido responsable de masacres, fraudes electorales, saqueo de recursos, abusos sexuales y niñxs abandonadxs, introducción de la epidemia de cólera, y otros hechos de gravedad similar. Ni la ONU ni ninguno de los países participantes ha asumido ninguna reparación por los más de 30.000 muertos ni demás daños y damnificados.
Repudiamos estos crímenes y el hecho de que en vez de sancionar a los responsables y asegurar la reparación de los crímenes cometidos bajo su mando, la ONU directamente entrega la organización y control de esta nueva invasión a EE.UU. quien busca imponer, tras elecciones controladas, a un nuevo gobierno de sus esbirros. La agenda prevé luego la reforma de la Constitución y consolidar un poder autocrático para continuar el saqueo de Haití y el sometimiento de su pueblo.
El pueblo haitiano a través de sus organizaciones sociales, políticas y humanitarias se ha expresado claramente en contra de cualquier ocupación y contra cualquier elección controlada bajo ocupación. Reiteramos nuestra solidaridad con ellas, y llamamos a apoyar ampliamente sus exigencias de conformación de una Comisión internacional independiente para evaluar el impacto de las intervenciones anteriores así como del respeto a los acuerdos de Montana y demás demandas del pueblo haitiano.
BASTA DE GENOCIDIO SILENCIOSO CONTRA EL PUEBLO REBELDE DE HAITÍ!
FUERA LA OCUPACIÓN DE LA ONU Y EE.UU. a través de KENIA!
NINGUNA INVASION ARMADA!
SOBERANÍA PARA EL GOBIERNO DE TRANSICIÓN HAITIANO QUE RECLAMAN LAS ORGANIZACIONES POPULARES HAITIANAS
– América latina y el Caribe, 2 de octubre de 2023
En el municipio de Chilón, comunidades tseltales mantienen el rechazo a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN), ubicado en el tramo carretero Bachajón – Chilón, el cual se encuentra a punto de entrar en operaciones en la región norte de Chiapas sin el permiso de las comunidades originarias.
“Como ejidatarios tenemos derecho de reclamar, que se retire la Guardia Nacional”, enfatiza Juana Hernández Morales, habitante de San Sebastián Bachajón, comunidad que se encuentra a escasos dos kilómetros de la nueva instalación policiaco-militar.
Hernández considera una imposición la militarización de sus territoritos con la presencia de la GN. Ella no es la única con esta perspectiva. Integrantes del Gobierno Comunitario de Chilón y del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), así como habitantes de Bachajón, se han manifestado públicamente contra la construcción de las instalaciones.
De acuerdo a la denuncia de las comunidades tseltales, ni la presencia de la GN, ni la construcción del cuartel fueron puestos a discusión en la Asamblea Ejidal. Además, señalan irregularidades en la “donación” del terreno donde está por concluir la construcción del cuartel que pretende albergar al cuerpo de seguridad militarizado.
Obras del cuartel en la etapa inicial de la construcción. Imagen de redes sociales del ayuntamiento de Chilón.
Según testimonio de los pobladores en San Sebastián Bachajón, el terreno de casi dos hectáreas dispuesto para el cuartel fue vendido por el Comisariado Ejidal y el presidente municipal sin consultar la Asamblea Ejidal.
El problema yace que el terreno se encuentra en propiedad ejidal, es decir que no se puede vender, “y es lo que le molestó a la gente”, reclama Hernández.
Según la versión del ayuntamiento, el 25 de agosto del año pasado se firmaron los documentos para la “donación de los terrenos en los que se construirá e instalará la Guardia Nacional”.
Aquel día se reunieron el presidente municipal de Chilón, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, con el Coronel de Infantería Arturo Trejo Muñoz, comandante del 31/o. Batallón de Infantería, y el Capitán Primero, Juan Manuel Santiago Zetina, comandante de la Guardia Nacional. También estaban presentes funcionarios del ayuntamiento y el Comisariado ejidal de San Sebastián Bachajón, quienes en las instalaciones de la Procuraduría Agraria firmaron la “donación” del predio.
Aunado a esta irregularidad, Juana Hernández denuncia que el Presidente Municipal simula el apoyo a la construcción del cuartel. Entre las acciones que ha llevado el munícipe, según Hernández, es el realizar una asamblea apócrifa, a la que asistieron jóvenes no ejidatarios para aprobar la presencia de la GN en el municipio. También la organización de una movilización para simular el apoyo a la construcción del cuartel, así como de la carretera de las culturas, ambos proyectos que rechazan movimientos como el Modevite y el Gobierno Comunitario de Chilón, iniciativa de organización y elección de autoridades por usos y costumbres tseltales, el cual aún no cuenta con reconocimiento legal.
Grupo de manifestantes a favor de la construcción del cuartel. La movilización se realizó días después de la represión contra quienes protestaron contra la presencia de la Guardia Nacional.
Militarización en Chiapas, imparable
Durante conferencia de prensa, realizada en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en enero del 2021, Jerónimo Jiménez, indígena tseltal enfatizó que esta no es la primera ocasión en que el municipio de Chilón vive las consecuencias de la militarización de sus territorios.
Fue en el año de 1995 cuando se impuso también la instalación de un cuartel militar, cuyo cierre de operaciones ocurrió hasta el año 2007, solo tras la resistencia organizada de las comunidades adyacentes.
Otra de las organizaciones que acompañan el rechazo al cuartel en Chilón, el Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh),también ha manifestado su preocupación sobre el papel de la GN, pese a que se concibió como un cuerpo civil es en la realidad un cuerpo militar.
Elementos de la Guardia Nacional presentes durante los inicios de las obras del cuartel en Chilón.
Es de destacar también que las zonas donde se encuentra el despliegue de la GN coinciden con territorios con fuerte presencia de movimientos y organizaciones sociales quienes se oponen a megaproyectos del gobierno federal como son el denominado tren maya y obras asociadas.
En la comunicación oficial, el ayuntamiento de Chilón hace mención a la operación del nuevo cuartel de la GN no solo en dicho municipio, sino en otros de la región norte del estado como Sitalá, Yajalón y Tumbalá.
La construcción del cuartel de la GN empezó en el mes de septiembre del 2020. Los habitantes del municipio solo se enteraron de la obra mediante publicaciones a cargo del ayuntamiento mediante redes sociales.
Juana Hernández enfatiza que desde que comenzaron las protestas de las comunidades circundantes, al mismo tiempo trabajaron a marcha forzada en las obras durante las 24 horas.
“Fue una imposición, tanto de las autoridades del municipio y del Comisariado Ejidal actual, que nos afecta mucho porque no fue consulta de las mujeres, de los ejidatarios y no se hizo valer nuestro derecho como la máxima autoridad que es la Asamblea”, señala Pascuala Vázquez Aguilar, también integrante y vocera del Gobierno Comunitario del municipio de Chilón. https://archive.org/embed/pascuala-militarizacion
El 15 de octubre del 2020 cientos de personas del municipio de Chilón se manifestaron contra la instalación de la GN. La respuesta del gobierno estatal consistió en el despliegue de 300 elementos de distintas corporaciones de seguridad con el objetivo de reprimir la protesta.
En aquel operativo participaron policías de distintos municipios de la región, acompañados de elementos de la GN. Las y los manifestantes tzeltales denuncian que hubo exceso de fuerza y agresiones violentas en su contra, los cuales quedaron registrados en videos compartidos mediante redes sociales.
“En el desalojo fueron dañados vehículos particulares y varias personas heridas; además de la incomunicación y posterior privación de la libertad de los señores José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, quienes actualmente enfrentan de manera injusta un proceso penal en libertad, por el delito de motín”, contextualiza una nota de prensa del Centro Prodh. https://www.youtube.com/embed/zBecjsxw3bQ?feature=oembed
Juana recuerda que en la protesta participaron habitantes de los ejidos de San Jerónimo y San Sebastián Bachajón, debido a la noticia de que se había vendido el terreno ejidal sin su permiso para la construcción del cuartel.
Ella recuerda que, pese a que la manifestación era pacífica, la respuesta violenta se habría organizado previamente, pues desde el 14 de octubre se desplegaron los efectivos policiacos en el crucero de Temó, punto en el cual ocurrieron los hechos violentos.
“Los de la policía municipal llegaron preparados… (llevaron) una camioneta de pura piedra, llevaban palos. Y los ejidatarios no llevaron nada, no fueron preparados, pues como según nada más fueron a una manifestación. Fue muy pesado hasta la fecha ahorita que no le han pagado el daño”, refiere Hernández sobre las personas heridas y sus compañeros quienes aún continúan bajo procedimiento penal.
Aspecto del terreno donde se construye el cuartel de la Guardia Nacional en terrenos ejidales del municipio de Chilón.
Ante los hechos violentos, las preocupaciones de las comunidades de que la GN será utilizada para reprimir manifestaciones se han incrementado. Así lo considera Pascuala Vazquez, vocera del Gobierno Comunitario de Chilón, “pues más adelante no vaya a ser que la GN nos agarre uno por uno ahí con los compañeros o que empiecen con intimidación y más que ahora andan recorriendo todas las comunidades del municipio”, refiere sobre el incremento de la presencia militar en sus territorios.
Sin acceso a la justicia
Tras los hechos de represión y mediante asamblea se nombró una comisión para iniciar el procedimiento legal para exigir la suspensión de la construcción del cuartel en Chilón. Acompañadxs por grupos de derechos humanos, dicho recurso fue admitido el 17 de noviembre del año 2020, dos meses después del inicio de la construcción.
“Dicha estrategia consistió en la presentación de una demanda de amparo que fue admitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el pasado 9 de diciembre de 2020, bajo el número de expediente 717/2020”, detalla el Centro Prodh.
Mediante dicho recurso legal, el pueblo tseltal denuncia que este proceso de militarización viola sus derechos a la consulta previa, adecuada, libre e informada, a la autodeterminación, al territorio, al acceso a la información, entre otros derechos garantizados por México y tratados internacionales. También demandan el cese de la acción penal contra las dos personas criminalizadas tras los hechos de octubre de 2020.
“El pueblo tseltal llama al Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez a ordenar la suspensión definitiva para evitar el riesgo de que se consolide un daño irremediable a sus derechos colectivos ante la continuación de la construcción del cuartel”, refirió el Centro Prodh en enero del 2021, tras el anuncio de una nueva audiencia que al final no se realizó.
“La petición que tenemos ahora es, el juez que nos escuche la palabra”, demanda Juana Hernández. Ella denuncia también la dilación en la resolución del amparo, así como el hecho de que funcionarios como el presidente municipal de Chilón y el gobernador del estado nunca se presentaron ante el juez, ni presentaron la documentación del terreno donde se está por finalizar el cuartel de la GN.
“El proyecto del cuartel no debió de haberse concebido sin ser consultado con el pueblo maya tseltal debido a que el mismo tendrá afectaciones directas en su derecho a la libre determinación, a la protección de su territorio el cual constituye parte fundamental de su armonía comunitaria y respeto a su identidad”, argumentó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quien acompaña la demanda de amparo contra el cuartel.
No obstante, las protestas en las calles han encontrado represión y las audiencias para resolver el amparo se han postergado en repetidas ocasiones. Mientras, el cuartel se encuentra casi finalizado.
