Compartimos esta nota de La Jornada sobre la resistencia antiminera y la lucha por la vida en la Montaña de Guerrero – A 11 de octubre del 2022
Iliatenco, Gro. Coreando “¡agua sí, oro no!” y “¡Zapata, Sandino, seguimos su camino!”, unos 500 indígenas me’phaá (tlapanecos), apoyados por activistas de diversas organizaciones, marcharon ayer en rechazo a la presencia de empresas mineras en este municipio de la Montaña alta de Guerrero.
La movilización se realizó en el contexto de la conmemoración de los 10 años de fundación de la Coordinadora Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadet), cuyo dirigente, Claudio Santos García, dijo que más de 400 comunidades de seis municipios continúan en la lucha en defensa de la tierra.
Sin embargo, manifestó su preocupación por la creciente presencia de la delincuencia organizada en los núcleos agrarios. “Hay resultados positivos, a pesar de que los gobiernos anteriores pretendieron imponer a empresas extranjeras en la región, pero los pueblos se organizaron y lucharon por su territorio; cuidar el medio ambiente y sus árboles, eso es lo más relevante”, expuso.
Santos García señaló a la empresa canadiense Media Luna de insistir en que se concesione el territorio de la demarcación; “hemos parado la imposición, porque lo quieren hacer sin consultar a las comunidades; en 10 años hemos tenido éxito relevante en defensa del territorio”.
Explicó que en la Craadet, los municipios de San Luis Acatlán, Iliatenco y Malinaltepec se han manifestado contra proyectos mineros en la zona; actualmente trabajan con nosotros Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca, que están en la mira de las mineras”.
La movilización se inició en el puente ubicado en la entrada a Iliatenco y concluyó una hora después en el auditorio de los bienes comunales, un recorrido de alrededor de tres kilómetros.
Claudio Santos García alertó que a los núcleos agrarios les preocupa “cómo defenderse de la delincuencia; sabemos que están a las puertas; ahora la lucha continúa en defensa del agua y contra el crimen organizado. Hay que trabajar para que no entre en nuestros municipios”.
En tanto, Salvador Campanu, del Consejo de Pueblos de Cherán, Michoacán, reconoció a los pueblos indígenas de Guerrero que “han manifestado su organización para liberarse de las cosas que los oprimen. Han dicho ¡ya basta! Eso les permite una vida comunitaria, haciendo el uso de la libre determinación para llegar a la autonomía y ponerla en la práctica”.
El sistema capitalista “sigue trabajando con sus políticas neoliberales, haciendo uso de su programa de globalización que afecta a los indios, porque el capitalismo quiere hacerse dueño de los territorios donde existen los recursos naturales que les dan ganancia.
“No les importa a quien despojan de sus tierras; hay una crisis de desesperación en el capitalismo para tener más ganancias, pero en Guerrero hay organización y están buscando la mejor salida”, destacó.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró que “hay una dimensión sagrada del territorio que es el sentido de la gratuidad y de la reciprocidad. Una comunidad sabe que no puede existir si no tiene estas redes cosmogónicas, como son el agua, la tierra, los bosques, que forman parte del nicho sagrado de un pueblo que sabe que su matriz es el territorio, donde nace el sentido de pertenencia”.
Miguel Ángel Mijangos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), recordó que hace 10 años todos los núcleos agrarios tienen actas de asamblea para definir si avalan los proyectos extractivos, “y hoy Iliatenco vuelve a refrendar el rechazo a las mineras”.
Imagen: Con motivo del décimo aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, indígenas y activistas de diversos colectivos marcharon ayer en el municipio de Iliatenco, Guerrero. Foto Sergio Ocampo
Compartimos esta nota de Lado B publicada en Chiapas Paralelo sobre la autogestión de los territorios en Puebla y Tlaxcala – A 2 de junio del 2021
Más de 12 municipios de Puebla y Tlaxcala sumaron fuerzas para rescatar La Malinche, que ha sufrido grandes pérdidas por el mal manejo del Estado y por la plaga del gusano descortezador.
#AlianzadeMedios | Por Aranzazú Ayala Martínez de Lado B
El área de Atención y Participación Ciudadana de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) acordó que, a través de Conafor, se haga una revisión jurídica respecto al derecho indígena y el respeto de la organización comunitaria, tradicional y los usos y costumbres en el bosque de la Matlalcuéyatl. Esto no solo para combatir las plagas en el área sino para el manejo del bosque, explicó en entrevista para LADO B el enlace de comunicación de los comités intercomunitarios de los pueblos de la Matlalcuéyatl.
El acuerdo se dio tras la manifestación del 27 de mayo afuera de las oficinas centrales de la Semarnat en la Ciudad de México, en la que alrededor de 20 personas del grupo “Pueblos unidos de la montaña Malinche” exigieron un plan de trabajo integral, en el cual participen quienes habitan esa zona, para rescatar la Malinche, o Matlalcueye, de la plaga del gusano descortezador y la tala ilegal.
Esto derivó en una reunión en la que también participaron la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la dirección del Parque Nacional La Malinche y la delegación de Tlaxcala de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
El problema de las constancias de posesión
En La Malinche, al interior de las comunidades, cada predio tiene su dueño y es reconocido dentro de las mismas, solo que sin escrituras públicas o documentos oficiales que lo avalen. Solamente los terrenos ejidales tienen certificado parcelario, pero lo demás no tiene documentos.
Esta situación se vive en toda la montaña, pero esto es que desde los usos y costumbres la propiedad de la tierra se respeta. De ahí la importancia de que se acordara que las autoridades reconocerán la posesión de tierras desde el derecho indígena.
El enlace del Comité también explicó que usualmente las autoridades federales exigían constancias de posesión de las tierras avaladas por el municipio, sin tomar en cuenta el derecho indígena y la tenencia de la tierra por usos y costumbres.
Foto: Cortesía
Los habitantes relataron que este problema con los documentos ha representado una traba inmensa, que fue utilizada también por los municipios para obstaculizar las acciones de saneamiento.
El enlace de los comités explicó que se autorizaban supuestas acciones de saneamiento reconociendo la posesión de un terreno, pero realmente lo que se hacía era derribar arbolados sanos para presuntamente comerciar con la madera de manera ilegal.
El 30 de abril de este año el comité la “Brigada San Pedrito por la Matlalcueitl”, de la comunidad de Muñoztla, documentó y denunció a la Conafor por haber emitido una notificación de una acción de saneamiento en un área de La Malinche, donde no había árboles infectados con la plaga del descortezador. Es decir, que las autoridades dieron luz verde a que se talara madera sana, cuyo destino final desconocen los pobladores.
El trabajo conjunto entre comunidades y autoridades
Foto: Cortesía
Otro de los acuerdos fue que las comunidades presentarán un plan de trabajo el próximo 9 de junio, planteado desde la organización comunitaria. Este se afinará para hacer un saneamiento efectivo y rápido del bosque, pero también incluirá una propuesta para que los habitantes se involucren a largo plazo en el rescate de La Malinche.
La Conanp se comprometió a actualizar el programa de manejo que opera desde 2012, mediante talleres de junio a noviembre, de los cuales los habitantes pidieron formar parte para construir una solución que responda a las necesidades reales del bosque.
Desde 2019, quienes habitan los pueblos de la montaña se acercaron a las instancias federales para alertar de la presencia del gusano descortezador, que es una plaga voraz que ataca a varios bosques de la región, y pidieron que se llevaran a cabo acciones concretas para terminar con este insecto. Pero a la fecha, no han tenido ninguna respuesta concreta.
Cabe destacar que la organización para la defensa del bosque que abarca Puebla y Tlaxcala tiene al menos 15 años, con agrupaciones de ambos estados. Para los pueblos de la montaña, dicen los comités, no se habla de entidades ni división territorial, sino que se consideran como una unidad como pueblos de la Matlalcuéyatl, articulados, trabajando para una finalidad en común que es el rescate de la zona boscosa.
“Este proceso que se ha vivido de manera individual donde cada quien se ha topado siempre con el burocratismo, con la falta de atención, lo ha vivido cada comunidad desde su trabajo. Y de pronto llegan los mega incendios (de 2021) y nos unen”, dijo el enlace de los comités.
“Nos unen las mismas carencias hacia afuera de respuesta, y vemos que solamente con nuestro interés y solidaridad podemos sacar adelante esta necesidad que ahora tenemos de rescatar la montaña”.
Compartimos esta nota publicada en Pie de Pagina de Chiapas Paralelo sobre los procesos de autodeterminación en Chiapas – A 30 de mayo del 2021
Hace tres años, en Chilón y Sitalá formaron gobiernos comunitarios que, basados en el derecho, también demandan al Estado mexicano su reconocimiento. Es una reflexión continua de la realidad indígena y de la recuperación de sus formas de resolver conflictos y desigualdades; de buscar alcanzar el lekil cuxlejal (la buena vida, la armonía individual y colectiva con la tierra)
Texto y fotos: Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo
CHILÓN, CHIAPAS.- El incienso se desliza entre el murmullo de letanías que buscan elevar el nivel de conciencia y la reflexión. Se suma el ayuno, la oración que realizan los convocados desde el día anterior. Catorce concejales —tres mujeres y 11 hombres— se sientan alrededor del altar maya y de algunos símbolos religiosos católicos, en un acto mezcla de espiritualidad y política con el que los pueblos tseltales conforman su cosmos. Es la ceremonia de toma de cargo del Concejo de Gobierno de Chilón, que se celebra en la comunidad La Primavera los días 20 y 21 de mayo.
Las personas que están aquí fueron elegidas previamente como concejales, en asambleas de sus comunidades. Esta forma de gobierno está incluida en la solicitud de reconocimiento que en noviembre de 2017 entregaron al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) poco más de 30 mil tseltales. Es decir, poco más del 50 por ciento del listado nominal de electores.
La población tseltal tiene una concepción particular de concebirse a sí misma: la búsqueda de su bienestar físico y espiritual está ligado directamente a la tierra y su conservación. En la última década, los tseltales han realizado múltiples “marchas-peregrinaciones” donde llevan imágenes religiosas que se mezclan con grandes lonas exigiendo la desmilitarización de su zona, denunciando el impacto de la presencia de grupos criminales, demandando la cancelación de proyectos mineros, hidroeléctricos, carreteros u otros que buscan apropiarse de la riqueza que hay en su territorio.
Fue entre los tzltales donde el obispo Samuel Ruiz García, que en 1959 llegó a Chiapas a evangelizar a la población indígena, terminó él mismo transformado en un actor político activo. “Para los indígenas, las realidades materiales y espirituales son lo mismo”, explicó en su libro Cómo me convirtieron los indígenas.
La construcción de los gobiernos autónomos
A la comunidad La Primavera, ubicada unos 20 kilómetros de la cabecera municipal de Chilón, llegaron representantes de los 20 centros que ahora tiene el Gobierno Comunitario, y los representantes del municipio de Sitalá, quienes una semana después celebraron también la ceremonia de toma de cargo Concejo de Gobierno de su municipio.
En una cocina comunitaria prepararon el alimento para compartir, y desde las ventanas de ese lugar, entre el olor a maíz recién cocido y café, la lluvia envolvió las voces y fue humedeciendo esa tierra verde de árboles que llegan a alcanzar más de 30 metros de altura.
En el centro del poblado, junto a la cocina comunitaria, está la construcción que hace las veces de Iglesia, que de salón de organización política y social, donde se dan cita quienes integran el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), un organismo que nació en 2013 como resultado de los procesos de análisis de la realidad que promueve la Misión de Bachajón, de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.
El Modevite, al que ahora pertenecen más de una docena de municipios no solo tseltales, sino de los grupos indígenas choles y tsotsiles, fue el detonante organizativo que necesitaban en Chilón y Sitalá, para avanzar en la construcción de gobiernos autónomos comunitarios.
“Lo que surgió como una resistencia (a la alcoholización que empezaba a impactar la zona, y a la construcción de una autopista que atravesaría la región) terminó siendo una propuesta alternativa a los partidos políticos”, narró Rodrigo Pinto, jesuita que formó parte de la Misión de Bachajón.
Antes, en 1992 y 1995, quienes ahora forman parte de los Gobiernos Comunitarios de Chilón, tuvieron la experiencia de haber colocado a un indígena como candidato en las elecciones partidistas, “prestando” a un partido político su registro.
En los dos procesos electorales de esos años ganaron la presidencia, pero luego vino “la influencia partidista, la división interna” en sus comunidades, el rompimiento del lekil cuxlejali. Esa, decidieron entonces, no era la vía para colocar a sus autoridades.
En 2015, los tseltales de ambos municipios, colocados sobre el andamiaje del derecho internacional y las leyes nacionales que reconocen al sistema normativo indígena, empezaron a formar grupos llamados “comisiones para la autonomía”.
Inspirados también en los procesos de los indígenas de Cherán, Michoacán, en noviembre de 2017 solicitaron formalmente al IEPC el reconocimiento del derecho a la libre determinación de sus pueblos, a través de la celebración de elecciones de sus autoridades por el sistema normativo indígena.
El IEPC intentó esquivar la solicitud en el laberinto de la burocracia, entonces los tseltales actuaron por dos vías; por una parte, iniciaron de facto la construcción y nombramiento de los Gobiernos Comunitarios. De forma paralela, revocaron ante los tribunales cada una de las negativas del órgano electoral.
En 2019, el Instituto tuvo que iniciar el proceso de análisis y reconocimiento con un primer paso, que es la certificación de que en esos municipios tienen una población mayormente indígena. Cuando antropólogos acudieron a la región para dar salida a este trámite, el presidente municipal con licencia de Chilón —que ahora busca reelegirse—, Carlos Ildelfonso Trujillo, orquestó el bloqueo de caminos, organizó reuniones discrecionales a modo, secuestraron a los antropólogos y quedó el trámite incompleto.
Luego vino la pandemia y nuevamente se estancó el proceso legal de reconocimiento a su derecho a elegir a sus autoridades por el sistema normativo indígena.
Pero los tseltales de Chilón y Sitalá no se detuvieron.
Dos gobiernos que coexisten
Una parte de la población de estos municipios se rige aún con el sistema partidista. Pero ahora, el nombramiento de los gobierno comunitarios, avalados por más de la mitad de la población, obliga a quienes siguen en el sistema partidista a coexistir con los gobiernos autónomos comunitarios.
El 20 de mayo, día del inicio de la toma de cargo de las y los concejales que van para el segundo periodo de tres años de los gobiernos comunitarios, en la cabecera municipal de Chilón, personas armadas dispararon contra una representante del Partido del Trabajo, y seguidores de los candidatos del Partido Verde y de Morena se liaron en una discusión que terminó con disparos y acusaciones mutuas de ser partícipes de acciones ligadas a grupos criminales.
En los años recientes, diversas zonas indígenas de Chiapas se han visto envueltas en incidentes relacionados con estos grupos criminales, que han desplazados poblados enteros para intentar apropiarse del territorio, incrementando el nivel de consumo de droga, y el tráfico de mercancía ilícita.
Mariana Mora, coautora del libro Autonomías y autogobierno en la América diversa, señala que algunos pueblos de Chiapas “han transitado en gran medida del ejercicio a la autonomía como una serie de acciones que interpela directamente al Estado para exigir transformaciones de fondo, a una serie de medidas de protección de la vida-existencia colectiva frente a los despojos y actos de violencia física extrema ejercida por parte de actores etiquetados como legales e ilegales, incluyendo el narcotráfico y empresas extractivistas”.
La construcción de gobiernos autónomos que funcionan de facto —como los gobiernos comunitarios de Chilón y Sitalá— son, en ese panorama, “mecanismos de protección y defensa”, de procesos emancipatorios, liberadores que buscan proteger la vida.
¿Cómo funcionan?
“A tres años, contamos con nueve oficinas que atienden diversas áreas de trabajo, como son resolución de conflictos (jmeltsa´anwanej, jcoltaywanej), promotores de salud (poxtaywanej), educación alternativa, seguridad comunitaria, economía solidaria y alternativa, cuidadores de la madre tierra, reporteros comunitarios y técnicos de luz”, explica la concejala Pascuala Vázquez Aguilar.
En su estructura formal, también tienen promotores de gobierno comunitario (schebal jtiaw), coordinadores de región (bah jtijaw), comisiones jurídicas (jucwanejetic) y las personas concejales de gobierno comunitario (j’a’teletic yu’un ca’telpatantayel jbahtic).
En la evaluación que hicieron antes de regresar a sus comunidades, señalaron sobre este proceso:
“Tres años de trabajo, tres años andando caminos alternativos y construyendo autonomía (…) ratificamos la continuidad de nuestra lucha por el derecho a la libre determinación y la autonomía. Ante los retos de las diversas realidades (continuamos) en la búsqueda de una sociedad alternativa y la reconstrucción del tejido social para la recuperación de la armonía comunitaria, donde la paz y la justicia sea nuestro modo de estar y convivir”. https://www.youtube.com/embed/qJG1_K_oc28?feature=oembed
Este trabajo fue relizado por el equipo de CHIAPAS PARALELO, que forma parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie.
En el municipio de Chilón, comunidades tseltales mantienen el rechazo a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN), ubicado en el tramo carretero Bachajón – Chilón, el cual se encuentra a punto de entrar en operaciones en la región norte de Chiapas sin el permiso de las comunidades originarias.
“Como ejidatarios tenemos derecho de reclamar, que se retire la Guardia Nacional”, enfatiza Juana Hernández Morales, habitante de San Sebastián Bachajón, comunidad que se encuentra a escasos dos kilómetros de la nueva instalación policiaco-militar.
Hernández considera una imposición la militarización de sus territoritos con la presencia de la GN. Ella no es la única con esta perspectiva. Integrantes del Gobierno Comunitario de Chilón y del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), así como habitantes de Bachajón, se han manifestado públicamente contra la construcción de las instalaciones.
De acuerdo a la denuncia de las comunidades tseltales, ni la presencia de la GN, ni la construcción del cuartel fueron puestos a discusión en la Asamblea Ejidal. Además, señalan irregularidades en la “donación” del terreno donde está por concluir la construcción del cuartel que pretende albergar al cuerpo de seguridad militarizado.
Obras del cuartel en la etapa inicial de la construcción. Imagen de redes sociales del ayuntamiento de Chilón.
Según testimonio de los pobladores en San Sebastián Bachajón, el terreno de casi dos hectáreas dispuesto para el cuartel fue vendido por el Comisariado Ejidal y el presidente municipal sin consultar la Asamblea Ejidal.
El problema yace que el terreno se encuentra en propiedad ejidal, es decir que no se puede vender, “y es lo que le molestó a la gente”, reclama Hernández.
Según la versión del ayuntamiento, el 25 de agosto del año pasado se firmaron los documentos para la “donación de los terrenos en los que se construirá e instalará la Guardia Nacional”.
Aquel día se reunieron el presidente municipal de Chilón, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, con el Coronel de Infantería Arturo Trejo Muñoz, comandante del 31/o. Batallón de Infantería, y el Capitán Primero, Juan Manuel Santiago Zetina, comandante de la Guardia Nacional. También estaban presentes funcionarios del ayuntamiento y el Comisariado ejidal de San Sebastián Bachajón, quienes en las instalaciones de la Procuraduría Agraria firmaron la “donación” del predio.
Aunado a esta irregularidad, Juana Hernández denuncia que el Presidente Municipal simula el apoyo a la construcción del cuartel. Entre las acciones que ha llevado el munícipe, según Hernández, es el realizar una asamblea apócrifa, a la que asistieron jóvenes no ejidatarios para aprobar la presencia de la GN en el municipio. También la organización de una movilización para simular el apoyo a la construcción del cuartel, así como de la carretera de las culturas, ambos proyectos que rechazan movimientos como el Modevite y el Gobierno Comunitario de Chilón, iniciativa de organización y elección de autoridades por usos y costumbres tseltales, el cual aún no cuenta con reconocimiento legal.
Grupo de manifestantes a favor de la construcción del cuartel. La movilización se realizó días después de la represión contra quienes protestaron contra la presencia de la Guardia Nacional.
Militarización en Chiapas, imparable
Durante conferencia de prensa, realizada en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en enero del 2021, Jerónimo Jiménez, indígena tseltal enfatizó que esta no es la primera ocasión en que el municipio de Chilón vive las consecuencias de la militarización de sus territorios.
Fue en el año de 1995 cuando se impuso también la instalación de un cuartel militar, cuyo cierre de operaciones ocurrió hasta el año 2007, solo tras la resistencia organizada de las comunidades adyacentes.
Otra de las organizaciones que acompañan el rechazo al cuartel en Chilón, el Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh),también ha manifestado su preocupación sobre el papel de la GN, pese a que se concibió como un cuerpo civil es en la realidad un cuerpo militar.
Elementos de la Guardia Nacional presentes durante los inicios de las obras del cuartel en Chilón.
Es de destacar también que las zonas donde se encuentra el despliegue de la GN coinciden con territorios con fuerte presencia de movimientos y organizaciones sociales quienes se oponen a megaproyectos del gobierno federal como son el denominado tren maya y obras asociadas.
En la comunicación oficial, el ayuntamiento de Chilón hace mención a la operación del nuevo cuartel de la GN no solo en dicho municipio, sino en otros de la región norte del estado como Sitalá, Yajalón y Tumbalá.
La construcción del cuartel de la GN empezó en el mes de septiembre del 2020. Los habitantes del municipio solo se enteraron de la obra mediante publicaciones a cargo del ayuntamiento mediante redes sociales.
Juana Hernández enfatiza que desde que comenzaron las protestas de las comunidades circundantes, al mismo tiempo trabajaron a marcha forzada en las obras durante las 24 horas.
“Fue una imposición, tanto de las autoridades del municipio y del Comisariado Ejidal actual, que nos afecta mucho porque no fue consulta de las mujeres, de los ejidatarios y no se hizo valer nuestro derecho como la máxima autoridad que es la Asamblea”, señala Pascuala Vázquez Aguilar, también integrante y vocera del Gobierno Comunitario del municipio de Chilón. https://archive.org/embed/pascuala-militarizacion
El 15 de octubre del 2020 cientos de personas del municipio de Chilón se manifestaron contra la instalación de la GN. La respuesta del gobierno estatal consistió en el despliegue de 300 elementos de distintas corporaciones de seguridad con el objetivo de reprimir la protesta.
En aquel operativo participaron policías de distintos municipios de la región, acompañados de elementos de la GN. Las y los manifestantes tzeltales denuncian que hubo exceso de fuerza y agresiones violentas en su contra, los cuales quedaron registrados en videos compartidos mediante redes sociales.
“En el desalojo fueron dañados vehículos particulares y varias personas heridas; además de la incomunicación y posterior privación de la libertad de los señores José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, quienes actualmente enfrentan de manera injusta un proceso penal en libertad, por el delito de motín”, contextualiza una nota de prensa del Centro Prodh. https://www.youtube.com/embed/zBecjsxw3bQ?feature=oembed
Juana recuerda que en la protesta participaron habitantes de los ejidos de San Jerónimo y San Sebastián Bachajón, debido a la noticia de que se había vendido el terreno ejidal sin su permiso para la construcción del cuartel.
Ella recuerda que, pese a que la manifestación era pacífica, la respuesta violenta se habría organizado previamente, pues desde el 14 de octubre se desplegaron los efectivos policiacos en el crucero de Temó, punto en el cual ocurrieron los hechos violentos.
“Los de la policía municipal llegaron preparados… (llevaron) una camioneta de pura piedra, llevaban palos. Y los ejidatarios no llevaron nada, no fueron preparados, pues como según nada más fueron a una manifestación. Fue muy pesado hasta la fecha ahorita que no le han pagado el daño”, refiere Hernández sobre las personas heridas y sus compañeros quienes aún continúan bajo procedimiento penal.
Aspecto del terreno donde se construye el cuartel de la Guardia Nacional en terrenos ejidales del municipio de Chilón.
Ante los hechos violentos, las preocupaciones de las comunidades de que la GN será utilizada para reprimir manifestaciones se han incrementado. Así lo considera Pascuala Vazquez, vocera del Gobierno Comunitario de Chilón, “pues más adelante no vaya a ser que la GN nos agarre uno por uno ahí con los compañeros o que empiecen con intimidación y más que ahora andan recorriendo todas las comunidades del municipio”, refiere sobre el incremento de la presencia militar en sus territorios.
Sin acceso a la justicia
Tras los hechos de represión y mediante asamblea se nombró una comisión para iniciar el procedimiento legal para exigir la suspensión de la construcción del cuartel en Chilón. Acompañadxs por grupos de derechos humanos, dicho recurso fue admitido el 17 de noviembre del año 2020, dos meses después del inicio de la construcción.
“Dicha estrategia consistió en la presentación de una demanda de amparo que fue admitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el pasado 9 de diciembre de 2020, bajo el número de expediente 717/2020”, detalla el Centro Prodh.
Mediante dicho recurso legal, el pueblo tseltal denuncia que este proceso de militarización viola sus derechos a la consulta previa, adecuada, libre e informada, a la autodeterminación, al territorio, al acceso a la información, entre otros derechos garantizados por México y tratados internacionales. También demandan el cese de la acción penal contra las dos personas criminalizadas tras los hechos de octubre de 2020.
“El pueblo tseltal llama al Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez a ordenar la suspensión definitiva para evitar el riesgo de que se consolide un daño irremediable a sus derechos colectivos ante la continuación de la construcción del cuartel”, refirió el Centro Prodh en enero del 2021, tras el anuncio de una nueva audiencia que al final no se realizó.
“La petición que tenemos ahora es, el juez que nos escuche la palabra”, demanda Juana Hernández. Ella denuncia también la dilación en la resolución del amparo, así como el hecho de que funcionarios como el presidente municipal de Chilón y el gobernador del estado nunca se presentaron ante el juez, ni presentaron la documentación del terreno donde se está por finalizar el cuartel de la GN.
“El proyecto del cuartel no debió de haberse concebido sin ser consultado con el pueblo maya tseltal debido a que el mismo tendrá afectaciones directas en su derecho a la libre determinación, a la protección de su territorio el cual constituye parte fundamental de su armonía comunitaria y respeto a su identidad”, argumentó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quien acompaña la demanda de amparo contra el cuartel.
No obstante, las protestas en las calles han encontrado represión y las audiencias para resolver el amparo se han postergado en repetidas ocasiones. Mientras, el cuartel se encuentra casi finalizado.
El municipio tzeltal de Oxchuc, enclavado en la región de los Altos de Chiapas, sur de México, es el único reconocido legalmente en el estado donde la población indígena se rige por usos y costumbres, al contrario del estado vecino, Oaxaca, donde 417 comunidades practican este sistema normativo.
La expulsión de los partidos políticos en Oxchuc se dio definitivamente en el año de 2018 tras años de movilización de las comunidades. Después de intensas protestas, un proceso de autoconsulta indígena realizado en más de un centenar de comunidades tzeltales respaldó el cambio de régimen.
Ahora, en el contexto de un nuevo proceso electoral, comunidades de Oxchuc denuncian la agudización de la violencia por parte de grupos paramilitares y acciones de sabotaje provenientes de actores partidistas, quienes buscan deslegitimar el sistema normativo indígena.
El siguiente reportaje, dividido en dos partes, contextualiza el conflicto de años recientes y las acciones del gobierno comunitario en su defensa contra los embates de los partidos políticos.
En el contexto de un conflicto post electoral surgido en el año de 2015 en el municipio tzeltal de Oxchuc, el hartazgo y la organización popular se conjugaron con acciones jurídicas hasta materializar la primera elección a través de los usos y costumbres efectuada el 13 de abril del 2019.
“Nosotros le llamamos autonomía política y la libre determinación que consiste en que el pueblo decida su forma de vida, su forma de gobierno y eso es lo que hizo valer Oxchuc”, enfatiza Gabriel Méndez López, abogado tzeltal quien ha acompañado los procesos jurídicos para concretar el cambio del sistema electoral al de usos y costumbres en el municipio con 45 mil habitantes, que se organizan en 120 comunidades.
El camino para desterrar el monopolio de la participación política a través de los partidos políticos no ha sido fácil. Por años, el entorpecimiento al proceso legal, mediante las omisiones de las instituciones y funcionarios estatales, se empecinó en impedir que el camino jurídico tomado por Oxchuc concretara la elección de sus autoridades municipales sin la participación de los partidos políticos.
Como detalla la Dra. en sociología Araceli Burguete Cal y Mayor, el origen del conflicto en Oxchuc se debe al “control político que descansa en estructuras caciquiles de poder y dominación, ya que quienes lo disputan son las familias que se han repartido el poder en los últimos 20 años en el municipio tzeltal”.
El rechazo al cambio por sectores sociales del municipio, vinculados a los partidos, continúa. La violencia también. Aquellos que vieron amenazada su dominación política emprendieron y han emprendido acciones, muchas de ellas violentas, contra la población en su afán de mantener el esquema partidista, ajeno a las dinámicas comunitarias de los pueblos tzeltales de la región.
Memoria
Javier López Sántiz, campesino tzeltal, le da la bienvenida al equipo de Avispa Midia a su hogar en el barrio de Pantetón, en la cabecera municipal de Oxchuc.
Ceremonia por el tercer aniversario del asesinato de Ovidio Sántiz López, Víctor y Francisco Sántiz Gómez durante los ataques armados del 24 de enero de 2018. Oxchuc, Chiapas.
En el lugar se registra un constante movimiento, algo inusual para un domingo por la mañana. Atravesando el patio, un puñado de amigos y vecinos de la familia se encuentran, algunos organizando la comida, otros platicando, resguardados del intenso sol y a un costado de la banda musical que afina sus instrumentos.
Mientras caminamos y entre algunas interrupciones para saludar a los presentes, Javier nos cuenta que ese día, 24 de enero, quienes ahí se reúnen buscan rememorar la vida de su hermano, Ovidio López Sántiz.
Ceremonia por el tercer aniversario del asesinato de Ovidio Sántiz López, Víctor y Francisco Sántiz Gómez durante los ataques armados del 24 de enero de 2018. Oxchuc, Chiapas.
De familia campesina tzeltal, quienes le conocieron cuentan que, desde su juventud, Ovidio caminó por distintos municipios de los Altos acompañando luchas sociales e involucrándose en la organización para exigir el cumplimiento de demandas populares.
Ovidio, junto a Victor Sántiz Gómez y Francisco Sántiz Gómez, fueron asesinados en los ataques de grupos armados acontecidos el 24 de enero del 2018.
De acuerdo a una acción urgente publicada por organizaciones defensoras de derechos humanos, dicho ataque fue realizado por un grupo civil armado, el cual “por la manera en que se suscitaron los hechos de violencia, los pobladores consideran que se trata de personas ajenas al municipio, que tienen entrenamiento y portan armas de grueso calibre”.
Ceremonia por el tercer aniversario del asesinato de Ovidio Sántiz López, Víctor y Francisco Sántiz Gómez durante los ataques armados del 24 de enero de 2018. Oxchuc, Chiapas.
Éste no fue el primer ataque contra la población. Quienes pueblan el municipio, tanto en la cabecera municipal como en distintas comunidades, habían atestiguado episodios de violencia en los años recientes. Pero para contextualizar aquellos sucesos tenemos que ir más atrás, al proceso electoral de 2015.
Ovidio es recordado por el pueblo de Oxchuc por haber participado en las primeras protestas contra la victoria electoral de María Gloria Sánchez, quien pretendía gobernar el municipio tzeltal por segunda ocasión, después detrás ya haberse desempeñado como ocupado el cargo alcaldesa en el periodo: 2004 al 2007.
María Gloria Sánchez y Norberto Sántis López
Sánchez y su esposo Norberto Sántiz López, político con antecedentes criminales, consolidaron un cacicazgo que gobernó Oxchuc durante 12 años, primero al cobijo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y después por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Javier recuerda también los bloqueos carreteros que perduraron por dos semanas en octubre de 2015, en un intento de impedir la toma de posesión de María Gloria Sánchez. Pasado ese tiempo, ocurrieron los episodios de violencia.
“Se enfrentaron, ahí donde lo balearon a un niño, un chico que estudia en la secundaria”, comparte Javier sobre las acciones del grupo armado bajo dirección de María Gloria Sánchez y Norberto Sántiz, como detalla la investigación realizada por la Fiscalía General de Chiapas en la Averiguación Previa Número 399/IN7A-T2/2015.
Incluyendo a Sánchez, un total de ocho integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Oxchuc en aquel año son señalados como probables responsables por los delitos de Atentados contra la Paz y la Integridad Corporal y Patrimonial de la Colectividad y del Estado, así como de Homicidio en grado de Tentativa en contra del menor de edad herido durante los hechos violentos del 15 de octubre del 2015.
En entrevista para Avispa Midia, el abogado Gabriel Méndez cuenta que aún existen entre 40 y 50 órdenes de aprehensión, tanto de personas que participaron en los grupos armados, como de los autores intelectuales de distintas agresiones entre 2016 y 2018. En especial, el abogado refiere como responsables por dichos delitos a la ex alcaldesa Sánchez y su esposo, además de diversos integrantes del Cabildo Municipal.
Ignorando las acusaciones, el gobierno federal y estatal respaldaron a Sánchez. Mediante un operativo integrado por elementos de la Policía Federal y el Ejército México, realizado un día después de los enfrentamientos, fueron detenidas cinco personas integrantes del grupo opositor a María Gloria Sánchez.
A pesar de los graves señalamientos contra Sánchez, durante los últimos días de octubre de 2015, la aún alcaldesa de Oxchuc sostuvo un encuentro con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis Llaven Abarca, quien aceptó incrementar la vigilancia del municipio con auxilio de la policía estatal.
Jorge Luis y María Gloria
En consecuencia, recuerda Javier, aquellos días la cabecera municipal estaba llena de policías y militares por lo que incluso se suspendieron actividades en las escuelas. Por ello, su hermano, Ovidio López, quien formaba parte del Comité de Educación, comenzó a manifestarse exigiendo la salida de los militares del pueblo.
Protestas Oxchuc
“Organizó su gente como de 15-20 personas. Hombres, niños, mujeres donde salieron a manifestar en el parque central, donde sus consignas que fuera los sectoriales, que fuera los militares porque el pueblo, los niños, los alumnos que estudian no pueden salir porque está lleno de militares”, recuerda Javier sobre la pequeña movilización que en pocos días logró reunir a cientos de personas.
Para enero del 2016, ante la falta de respuesta del gobierno estatal a la petición de destitución de la alcaldesa, el descontento popular llevó a cientos de manifestantes a ocupar el ayuntamiento de Oxchuc.
Ante los ojos del gobierno local, aquella revuelta había que detenerse a todo costo. Por ello, el 8 de enero de 2016 la Secretaría de Gobierno del estado de Chiapas tendió una trampa a 38 miembros de la Comisión Permanente por la Paz y Justicia Indígena en Oxchuc, organización al frente de las movilizaciones.
Con la promesa de negociar la destitución de María Gloria Sánchez y de la diputada Cecilia López Sánchez, por ser señalada también como responsable de azuzar la violencia post electoral, el subsecretario de derechos humanos de la dependencia, Mario Carlos Culebro Velasco fue el encargado de convocar a los integrantes de la Comisión de Oxchuc.
La emboscada fue ejecutada en las oficinas de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas (SEDESPI) ubicadas en San Cristóbal de las Casas. Después que Culebro Velasco planteó sus puntos para la negociación, abandonó la oficina y “exactamente dos minutos después de la farsa de mostrar amabilidad y ofrecer alimentos, entraron agentes ministeriales y detuvieron sin decir palabras a los 38 integrantes de la comisión”, registra una nota publicada en medios locales.
“Cuando ya estaban en la mesa entró la (policía) judicial”, reafirma Javier sobre la traición del gobierno, quien a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado acusó a los detenidos por el delito de motín y por su presunta participación en hechos violentos en el contexto de las movilizaciones contra la alcaldesa.
Tras la difusión de las detenciones, cientos de habitantes de la cabecera municipal de Oxchuc bloquearon la carretera que conecta al municipio con Ocosingo y Palenque. En consecuencia, el gobierno estatal desplegó a 500 policías que se encontraban esperando en el municipio vecino de Huixtán con el objetivo de reprimir las movilizaciones.
“Entraron a desalojar, a intimidar. Hasta con helicópteros vino a tirar gas lacrimógeno, pero el pueblo se defendió, hombres y niños, mujeres y ancianos salieron a defenderse”, relata orgulloso Javier.
En la refriega, todos los automóviles de seguridad pública fueron quemados y el evento saldó con 66 elementos policiacos lesionados y 23 de ellos tomados como rehenes. Días después, estos serían intercambiados para obtener la libertad de 22 indígenas que aún permanecían detenidos ante el Ministerio Público.
Por estos sucesos, en la memoria colectiva de Oxchuc aquel 8 de enero representa un día de resistencia civil. Tras la presión de las movilizaciones, en febrero de 2016, María Gloria Sánchez fue expulsada del municipio y solicitó su renuncia ante el Congreso del estado de Chiapas.
De esta manera, el 15 de febrero, en la explanada municipal de Oxchuc se realizó un plebiscito sin la participación de partidos políticos. En la cabecera municipal y ante la presencia de 30 mil pobladores se nombró al alcalde sustituto, el cual fue ratificado por el Congreso Estatal el 11 de marzo del 2016.
“Estamos aquí para decirle al Congreso del Estado y al gobernador Manuel Velasco que intervengan y que definitivamente se resuelva el asunto de Oxchuc, porque María Gloria sigue diciendo que es la actual alcaldesa y eso no es cierto, porque a partir del 11 de febrero ella pidió su renuncia y se acabó políticamente allá la señora”, mencionó Juan Encinos Gómez, presidente de la Comisión Permanente Por la Paz y Justicia Indígena del municipio de Oxchuc, en el momento en que se eligió a Óscar Gómez López, indígena bilingüe, para ocupar el cargo en el municipio.
Caciques
Durante la década de los noventas, Norberto Sántiz López construyó su trayectoria política como diputado federal en las filas del PRI. En aquella época de contrainsurgencia ante el levantamiento zapatista, Norberto fundó el Movimiento Armado Revolucionario Antizapatista (MIRA).
Dicho grupo paramilitar operó en un enclave estratégico en la colindancia de cuatro municipios: Huixtán, Cancuc, Chanal y Oxchuc. Sus operaciones fueron permitidas debido a la relación con otros cuerpos de seguridad gubernamentales, tanto de policías locales y estatales, como del Ejército Mexicano “con los cuales realizaba de forma conjunta patrullajes, hostigamientos, amenazas, maltratos, cateo de domicilios sin orden judicial y detenciones arbitrarias”, documenta el artículo escrito por Adrián Galindo de Pablo.
Norberto Sántiz López ocupó el cargo de alcalde de Oxchuc en dos periodos, del 2002 al 2004 y del 2012 al 2015, desde donde operó políticamente para conseguir que María Gloria Sánchez, su esposa, le sucediera como alcalde en ambas ocasiones.
Sántiz López también posee un extenso historial penal pues ha sido detenido y procesado judicialmente en tres ocasiones.
Derivado de la averiguación previa número FESP/-064/2005, en septiembre de 2005 se le acusó por incurrir en actos de corrupción durante su administración, además de incurrir en otros delitos, como tráfico y venta de armas, por lo cual permaneció preso por dos años en el penal “El Amate”.
Su segunda detención ocurrió en mayo de 2010. En aquella ocasión, Norberto fue señalado responsable por un enfrentamiento armado sucedido en la cabecera municipal de Oxchuc durante la celebración de un plebiscito en abril. Sin embargo, obtuvo su libertad después de permanecer arraigado por dos meses.
Pese a los antecedentes criminales de los años de 2005 y 2010, Norberto Sántiz López participó en las elecciones municipales de 2012, con lo cual consiguió ocupar el cargo en un segundo periodo.
No obstante, Sántiz fue detenido por tercera vez el 13 de noviembre de 2016 acusado por el desvío de recursos públicos por un valor de más de 13 millones de pesos. En aquel momento el ex alcalde radicaba en San Cristóbal de las Casas junto a su esposa María Gloria Sánchez, tras ser expulsados por las protestas en el municipio tzeltal de Oxchuc.
De acuerdo a lo difundido por medios nacionales, “La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que la orden de aprehensión se dio por hechos registrados en 2014, luego de que el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado interpusiera una denuncia por los delitos de peculado, ejercicio ilegal del servicio público y asociación delictuosa”, por lo cual Sántiz López fue ingresado al penal “El Amate”.
En la documentación elaborada por Araceli Burguete tras años de seguimiento en los eventos de Oxchuc, la directora del CIESAS Sureste señala que el grupo de Sántiz y Sánchez mantuvo el control del municipio tzeltal “a punto de asesinatos ejemplares, hostigamientos en las comunidades y ataques armados en la cabecera municipal que ha dejado alrededor de 20 desaparecidos, por lo menos 3 asesinados y una cantidad importante de heridos”.
Estos asesinatos han sido dirigidos principalmente contra integrantes de la Comisión Permanente por la Paz y Justicia Indígena del municipio de Oxchuc, organización que promovió los primeros recursos legales en 2016 para el cambio del sistema normativo interno en el municipio tzeltal y cuyos integrantes fueron víctimas de las agresiones del 24 de enero del 2018.
Masacre
Lo que parecía la expulsión definitiva de María Gloria Sánchez de Oxchuc se vio frenada de nuevo en 2017. En agosto de ese año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó la restitución de la alcaldesa “quien víctima de violencia política, institucional y social había sido obligada a separarse del cargo”.
Tras la sentencia del TEPJF, María Gloría Sánchez movilizó a grupos armados, quienes irrumpieron en la cabecera municipal el 24 de enero del 2018. El objetivo era destruir la movilización popular para crear las condiciones para su retorno al poder.
Ceremonia por el tercer aniversario del asesinato de Ovidio Sántiz López, Víctor y Francisco Sántiz Gómez durante los ataques armados del 24 de enero de 2018. Oxchuc, Chiapas.
Javier detalla que durante aquel díagrupos armadosprovenientes de por lo menos cinco comunidades atacaron a la población de la cabecera. Pese a que en un primer momento consiguieron frenar la agresión, al final del día la violencia cobró la vida de tres personas, entre ellas las de su hermano Ovidio. https://archive.org/embed/audio-acto-luctuoso-oxchuc
Por su parte, el abogado Gabriel Méndez López reclama la omisión de las autoridades quienes pudieron haber evitado la masacre del 2018, pues desde 2016, él y otros integrantes de la Comisión Permanente por la Paz y Justicia Indígena de Oxchuc denunciaron la aparición de grupos paramilitares, creados por la ex alcaldesa María Gloria Sánchez, quien actualmente se encuentra en libertad.
asesinatos 2018 Oxchuc
Como documenta la Recomendación No. 66/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 8 de mayo de 2017, la Comisión Permanente denunció ante la Fiscalía Indígena y la Fiscalía Estatal la aparición de grupos armados desde diciembre del 2016, “quienes portaban armas de fuego (rifles R15, AK 47, y calibre 22), además de denunciar un ataque perpetrado el 1 de abril de 2017”.
Sin embargo, la omisión de las autoridades estatales permitió la operación de dichos grupos. Así llegamos al mes de enero del 2018, un mes importante en la historia reciente de Oxchuc y en el cual, el día 24 representa una tragedia para el municipio tzeltal.
Javier López Sántiz recuerda aquellos momentos con una mezcla de enojo e indignación. Sentado a un costado del altar donde yace la tumba de su hermano, Javier enfatiza que la muerte de Ovidio no fue en vano. “Hoy es día en el pueblo de Oxchuc de la lucha que hizo el pueblo, la lucha que defendió mi hermano. Yo veo que esta bueno porque aquí en Oxchuc ya no hay partidos políticos”, refiere sobre el escenario político actual en el municipio tzeltal.
Ceremonia por el tercer aniversario del asesinato de Ovidio Sántiz López, Víctor y Francisco Sántiz Gómez durante los ataques armados del 24 de enero de 2018. Oxchuc, Chiapas.
En ocasiones, una sombra cubre el rostro nostálgico de Javier. Son las siluetas de quienes constantemente desfilan frente a la tumba de Ovidio. Ahí encienden veladoras, dedican algunas palabras al difunto, rezan e incluso lloran. Para Javier, la ceremonia luctuosa también es una celebración por la expulsión de los partidos políticos, aunque el asesinato de su hermano continua impune.
Impunidad
“El gobierno federal, del estado, los derechos humanos, no hicieron nada, eso es donde me da coraje porque no hace nada el gobierno, los asesinos están sueltos”, reclama Javier debido a que ninguna persona fue procesada por la masacre del 2018.
Por su parte, el abogado Gabriel Méndez, quien también fue herido gravemente en aquellos sucesos, suma su reclamo al del campesino tzeltal.
“El gobierno hizo caso omiso al respecto. Integramos varias denuncias ante la CNDH e incluso pedimos medidas cautelares ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, nunca nos hicieron caso, hasta en tanto lo que realmente pasó el 24 (enero, 2018)”.
Sólo después de la masacre, la CNDH solicitó al Gobierno del Estado de Chiapas “la implementación de medidas cautelares tendentes a la protección de la vida de los habitantes de Oxchuc, Chiapas”.
Para el 30 de noviembre del mismo año, la CNDH emitió la Recomendación 66/2018, donde documentó las agresiones armadas y violaciones a los derechos humanos en agravio de la comunidad tzeltal del municipio de Oxchuc durante los hechos violentos del 24 de enero.
No obstante, el abogado Méndez señala que, a pesar de la detención de seis personas, éstas fueron absueltas por un Tribunal Federal, quien les concedió un amparo argumentando faltas de elementos para procesarlos.
“Ahí están todos los peritajes que ellos realizaron, pero en Chiapas y en México prevalece la impunidad”, declara Méndez quien además añade el peligro que representa que los autores materiales ahora se encuentran libres en sus comunidades, “incitando al odio, siguen incitando a la violencia”.
Desde que sufrió la agresión armada, el abogado tzeltal ha demandado la aplicación de justicia “Porque también la familia (de las víctimas) lo exige. Porque también la Asamblea General lo exige y también la sociedad en general lo exige”.
La documentación de la CNDH arroja que el saldo del ataque armado fue de tres personas asesinadas y 27 resultaron lesionadas, además de la quema de diversas viviendas y negocios.
En la recomendación referida, se concluye que “de las evidencias recabadas por esta Comisión Nacional, se pudo advertir que el conflicto tuvo su origen en las diferencias existentes entre dos grupos sobre la forma de organización política y elección de sus autoridades a nivel comunitario en Oxchuc. En tal sentido, la ausencia de medidas legales y administrativas que garantizaran el derecho a la libre determinación para elegir la composición de sus autoridades y procedimientos tradicionales, fue el elemento que propició las violaciones a los derechos humanos de los habitantes de Oxchuc”.
Cambio de régimen
Sólo tras los sucesos violentos de enero de 2018, el Congreso del estado de Chiapas publicó los decretos 156 y 157. Con esta acción separaron del cargo a María Gloria Sánchez y a otros siete miembros del ayuntamiento para ser juzgados por ataques contra la población tzeltal ocurridos en 2016.
Otra de las consecuencias de dichos decretos fue la desaparición del Ayuntamiento Municipal de Oxchuc, para en consecuencia designar un Concejo Municipal integrado por un presidente, un síndico y tres regidores quienes permanecieron en el cargo hasta el 30 de septiembre del 2018, momento en que se desarrollaba el proceso de autoconsulta para designar a las autoridades por usos y costumbres en 2019.
Casi tres años tuvieron que pasar Ddesde el 11 de noviembre de 2016, cuando la Comisión por la Paz y la Justicia de Oxchuc presentó una solicitud ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) para realizar el proceso de elección de sus autoridades por medio del sistema de usos y costumbres.
Sin embargo, en febrero del 2017, el Consejo General del IEPC declaró como no procedente la petición. “El IEPC no tenía ninguna herramienta jurídica o reglamentaria para atender estos casos, lo único que hizo el IEPC fue lavarse las manos, dejar sin efecto, que es improcedente nuestra solicitud, pero había una legislación suprema que es la Constitución en su artículo 2 que los pueblos indígenas pueden regirse o pueden ejercer su libre determinación”, argumenta Méndez sobre la omisión de la institución electoral.
Por ello, tras la sentencia del IEPC, el abogado recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Desde la sala superior, el proceso se reencauzó al Tribunal Estatal Electoral de Chiapas, quien finalmente resolvió a favor de la petición de Oxchuc el 28 de junio de 2017, dando inicio a un proceso específico, el cual contempló la realización de una consulta indígena en la que el 59.18% de la población votó en favor del cambio de régimen.
El doble filo de las consultas
Respecto al proceso de consulta indígena efectuado en Oxchuc, para Gabriel la manera en que fue implementada por las comunidades tzeltales no representó una imposición.
“Las 120 comunidades se consultaron, e incluso los que optaban que permanecieran los partidos políticos, participaron también en las asambleas. No pueden decir ellos que han sido excluidos en la participación democrática del cambio de gobierno de Oxchuc, porque ellos fueron tomados en cuenta. Ellos supieron cómo se instauró y cómo se formó nuestro gobierno comunitario, respetando la paridad y participación política de las mujeres”.
No obstante, el abogado reconoce la diferencia entre el uso de la consulta por parte del Estado, en contraste con el proceso de autoconsulta en Oxchuc, pues cuando es el gobierno quien efectúa el ejercicio, no cumplen con los criterios de la libre determinación.
“Es que realmente el pueblo sea quien tome la batuta y sea quien ejerza su forma de vida interna de su propia comunidad, eso es lo que se debe de hacer, (construidas) con los pueblos, desde los pueblos”, enfatiza el abogado tzeltal y expone como ejemplo lo que realizó el IEPC.
“Le llamó ‘consulta indígena’ cuando ellos propusieron el reglamento para atender a la solicitud de cambio de régimen de gobierno. Hicieron dos foros y en esos foros según invitaron a las autoridades comunitarias de todos los municipios. Pero son foros, no fueron consultas. Las consultas se deben hacer desde donde está la población y el ejemplo exacto es lo que se hizo en Oxchuc”, explica el abogado tzeltal.
A diferencia del simulacro oficial, explica Gabriel, existieron distintas etapas de la consulta indígena, mediante la cual se realizaron 120 asambleas comunitarias informativas, además del mismo número de asambleas para recibir propuestas, otras 120 para las determinaciones y una asamblea plenaria para determinar y hacer los votos correspondientes.
En dicha asamblea plenaria, realizada el 5 de enero del 2019, el 59.18% de la población optó por desterrar a los partidos políticos de Oxchuc y en favor de implementar el gobierno comunitario, el nombramiento de las autoridades bajo el propio sistema normativo interno de las comunidades tzeltales.
Pese a un aparente cobijo por las instituciones del Estado, el ejercicio de la libre determinación de Oxchuc representa un peligro para el oficialismo por la influencia que germina en los pueblos originarios de esta región. A pesar de vivir una serie de opresiones con siglos de antigüedad, Oxchuc preserva la resistencia, memoria histórica y organización colectiva para reivindicar su Gobierno Comunitario.
Sin embargo, en este 2021, año marcado en el calendario electoral federal, este proceso se ve amenazado por la violencia estructural del Estado mexicano. En la segunda parte de este reportaje se detallará las amenazas al Gobierno Comunitario en Oxchuc y la violencia sufrida por aquellos que lo defienden.
