Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA – A 22 de septiembre del 2022
El 15 de septiembre, la Comunidad Indígena de Cicacalco, municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, fuimos notificado por escrito hecho a mano por la Oficina de Representación en Zacatecas de la Secretaría de la Función Pública en respuesta a la queja interpuesta por nosotros en conjunto con integrantes de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) el 21 de julio. Interpusimos esta denuncia ante la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control de la SEMARNAT (con números de folio 51484/2022 y 004327 respectivamente), en contra de servidores públicos de SEMARNAT y de la PROFEPA, por incurrir en omisiones en la aplicación efectiva de la legislación ambiental, y participar en contubernio con el Municipio de Tlaltenango, quien con dolo y mala fe violentó la legislación en materia de disposición final de residuos sólidos desde que se inauguró el “Relleno Sanitario” en Cicacalco en junio de 2019, provocando la contaminación del arroyo Los Tecongos, así como daños al territorio y a la salud de la población.
Entre las/los funcionarios denunciados se encuentran: María Luisa Albores González, Titular de la SEMARNAT; Daniel Quezada Daniel, Titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social, quien acaba de ser polémicamente nombrado titular de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) en una clara fidelidad a MORENA y no por su capacidad ni experiencia en su nuevo cargo (ver: https://elpais.com/mexico/2022-09-01/la-salida-de-jose-sarukhan-de-la-conabio-pone-el-foco-en-la-politica-ambiental-del-gobierno.html); también a Eduardo Yves González Villa, Director de Contacto Ciudadano de la SEMARNAT; Blanca Alicia Mendoza Vera, Titular de la PROFEPA; Rafael Coello García, Subprocurador de Inspección Industrial; Lourdes Angélica Briones Flores, Responsable de PROFEPA en Zacatecas; Sandra Mireya Gutiérrez, Subdelegada Jurídica de PROFEPA en Zacatecas; y 6 inspectoras/es de PROFEPA.
La PROFEPA confirmó en suActa de inspección de fecha 14 de septiembre del 2021lo que la comunidad indígena ha venido denunciando desde el 2019: “Sobre la cimentación perimetral del relleno sanitario se encuentran dos tuberías de plástico PVC de 6 pulgadas de diámetro, por donde escurre de manera constante un líquido de color obscuro, con olor y apariencia a un lixiviado, el cual se genera por la mezcla de residuos y basura diferentes que fueron arrojados de forma indistinta sobre las piletas del relleno sanitario. El escurrimiento toma cause sobre un arroyo temporal, que a decir de los inconformes se denomina arroyo Tecongo”. Esta Acta fue firmado por los inspectores Vidal Margarito Sánchez y Jesús Flores Hernández con números de folio PFPA/00621 y PFPA/00622 respectivamente, al hacer la visita de inspección al mal llamado Relleno Sanitario del Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas en la comunidad indígena de Cicacalco.
Sin embargo, el contexto anterior no fue observado por la representante de PROFEPA en Zacatecas, Lourdes Angélica Briones Flores, hace dos años, cuando realizó su primera visita al sitio, en septiembre de 2020, lo cual generó mucha suspicacia debido a la cercanía de ella con el entonces Presidente Municipal de Tlaltenango. Posteriormente, ante la presión de la comunidad, la PROFEPA tuvo que reconocer en el acta lo que siempre fue evidente con relación a la generación y escurrimiento de lixiviados, lo cual sirvió para realizar la clausura temporal total del sitio, pero no sin antes haber politizado el asunto lo cual derivó en la visita de la Ing. María Luisa Albores a la comunidad de Cicacalco en julio del 2021. Siempre fue evidente el daño ambiental que estaba generando el relleno, mismo que ella en su visita observó, así como también fue evidente que nunca existió el supuesto manejo de residuos.
Todo ello hizo notorio el proceder negligente de las autoridades ambientales federales y estatales, pero también la omisión y violación de sus responsabilidades y actos que les corresponden, porque no llevaron a cabo las medidas de urgente aplicación necesarias para resolver de facto la problemática; pero sí abonaron a administrar el conflicto con lo cual incrementaron el daño ambiental al no supervisar, ni antes, ni durante, ni después la mala construcción y operación del relleno sanitario de acuerdo a las denuncias realizadas por la comunidad indígena de Cicacalco, mismo que a la fecha continúa con la contaminación de las fuentes de agua de la comunidad, sin atender el cuidado de la salud de la población, y sin resarcir los daños de las áreas de producción afectadas. Esto a pesar que en un convenio apresurado con fecha 14 de julio de 2022, la PROFEPA, en voz de la encargada de despacho en el estado de Zacatecas, Lourdes Angélica Briones, se comprometió públicamente a enviar una brigada de inspectores federales para iniciar procesos de resarcimiento y, sobre todo, las medidas de “urgente aplicación”.
Es importante destacar que el acta circunstanciada de inspección del 14 de septiembre de 2021 arriba mencionada no nos fue proporcionada por la autoridad municipal en funciones, la cual también fue negada por parte de la PROFEPA, a pesar de haberlo prometido. Este acto de ocultamiento de información violó nuestro derecho a estar informados y vulneró nuestra actuación ciudadana para poder realizar con mayor contundencia las denuncias pertinentes, de tal manera que nos vimos en la necesidad de recurrir a la Plataforma Nacional de Transparencia para conseguir dicho documento, al igual que también lo hicimos para conseguir información sobre el amparo interpuesto por el ahora Presidente Municipal de Tlaltenango, el C. Salvador Arellano Anaya, en contra de la clausura del relleno. Esto hace evidente la poca empatía que tiene para el cuidado de la naturaleza y la salud de la población, porque ese amparo está sirviendo para que la contaminación que se genera en el relleno sanitario no se detenga ni se reparen los daños ocasionados.
El amparo es la nueva excusa que utiliza las autoridades ambientales para seguir administrando un conflicto social de una obra que ocasiona severos daños al ambiente y la salud, pero sobre todo sirve para esconder la ineficiencia entre los actores municipales, estatales y federales, por lo cual, nuevamente la PROFEPA reafirma su complicidad, al no exigir al municipio procesos claros y ordenados en material ambiental. También públicamente argumentan, que no quieren multar al municipio por ese motivo, demostrando con ello que la ley está sujeta a sus arbitrariedades e interpretaciones.
Desde el inicio y hasta la fecha siguen sin respetar los tiempos de respuesta y de actuación para la aplicación de la normatividad en la materia. Es evidente que la ley ni es pronta ni expedita, pero por otro lado protege la inacción, la omisión y les proporciona distractores y argucias “legales”, en lugar de responsabilizar al presidente municipal por daño ambiental, por mal manejo de la administración de una obra municipal y por daños a la salud, entre ellos los daños psicosociales ocasionados a nosotras/os en Cicacalco. Hay evidencia suficiente para iniciar el proceso de cierre técnico permanente, hasta concluir con la remediación integral del sitio, pero también llevar a la rendición de cuentas a las y los culpables de esta infamia de daño ambiental.
Denunciamos que las autoridades han administrado, dilatado y evadido el proceso de atención al caso, y sólo destinan tiempo a reuniones mal planteadas, el diseño de un convenio pensado solamente para hacerles quedar bien ante la opinión pública, y continuar con la serie de engaños hacia nosotras/os porque no tienen ninguna intención de resolver el problema. Aunque, por otra parte, sí se han dado el tiempo para criminalizar nuestra lucha al culparnos y estigmatizarnos e interponer una denuncia desde hace dos años en contra de tres compañerxs “y/o quien resulte responsable”, porque nos oponemos a sus incompetencias, opacidad y mal manejo de sus obras, cuando en realidad lo único que hacemos es defender nuestra agua y nuestra salud.
Exigimos una investigación y la revisión administrativa planteada tanto por la Ing. María Luisa Albores en julio de 2021, como por la Secretaría General de gobierno de Zacatecas, Maestra Gabriela Evangelina Pinedo. Con el fin de esclarecer, llevar a la rendición de cuentas y castigo a los responsables directos e indirectos del gobierno municipal, estatal y federal, quienes por acciones inacabadas, de protección a funcionarios o por omisión de responsabilidades de funcionarios, incluyendo la corrupción, han violado nuestros derechos a un ambiente sano, han violentado nuestros procesos de participación ciudadana, y han estigmatizado y criminalizando nuestra lucha por la defensa del medio ambiente y de nuestra salud.
Exigimos de inmediato el cierre técnico adecuado del relleno sanitario, la cancelación permanente del mismo y la reparación y restitución de los daños ambientales, de salud y psicosociales que son intrínsecos a nuestros derechos que han sido violados.
Por otro lado, aprovechamos para exigir la revocación de nombramiento del titular de la CONABIO, Daniel Quezada Daniel, por su ineptitud en la resolución de conflictos socio-ambientales que han llevado a la destrucción ambiental de nuestra comunidad indígena, lo que demuestra de facto su total incapacidad para este nuevo cargo que le han asignado
Comunidad Indígena de Cicacalco y la Red de Afectadas/os por la Minería (REMA)
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Imagen: Alexis Rojas
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