Zacatecas: Alto a la criminalización de Roberto de la Rosa, defensor de la vida en Salaverna

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA sobre la criminalización a defensores de la vida ante la minería en Zacatecas- A 10 de marzo del 2021

Alto a la criminalización de Roberto de la Rosa, defensor de la vida en Salaverna, Zacatecas

“Encerrándonos pretenden destrozar la vida de los que aún resistimos”

En los últimos cinco años, Roberto de la Rosa Dávila y su familia han sido de los únicos habitantes que permanecen en el pueblo de Salaverna, municipio de Mazapil, Zacatecas. Una comunidad con presencia centenaria que antes del viernes 23 de diciembre de 2016, llegó a ser habitada por más de trescientas personas, teniendo escuela, viviendas y una iglesia. Ese día, la comunidad de Salaverna fue desterrada tras iniciarse de manera ilegal, súbita, violenta un desalojo forzado y la destrucción de la comunidad. El operativo, instrumentado por el Estado y a conveniencia de la minera Tayahua, filial de Grupo Frisco, propiedad de Carlos Slim, no fue el primer intento de borrar del mapa este pueblo para, en su lugar, ampliar las operaciones de la mina de cobre a la modalidad de cielo abierto: En 2010 se dio el primer desalojo forzado, justificado por hundimientos que fueron provocados por las operaciones en la mina subterránea Frisco-Tayahua, y que la comunidad señala que fueron intencionales, y siguieron hasta llegar al grotesco desalojo de 2016, cuya violencia e ilegalidad ha sido ampliamente documentado.  Sin embargo, a partir de entonces el asedio a la comunidad ha seguido escalando, particularmente sobre las familias que resistieron ante la reubicación forzada y contra los activistas más visibles. Este es el caso de Don Roberto y de su familia.

En diciembre de 2021, Roberto de la Rosa fue vinculado a un proceso penal por imputársele haber amenazado en abril de 2020 a tres trabajadores de la minera Ocampo Mining Tayahua (filial de Grupo Frisco) que se encontraban cercando la comunidad y electrificando este perímetro. Por esto, el 3 de diciembre la jueza a cargo dictó como medida cautelar el que Don Roberto no pudiera acercarse a los denunciantes, sin embargo, esto le impide acceder a su casa que, además, está ya agrietada por la propia operación minera, como la de todas las viviendas de la comunidad de Salaverna. En la audiencia del 10 de febrero, el juez ordenó la suspensión del proceso judicial, pero mantiene la orden de que Don Roberto de la Rosa y su hijo no deben acercarse a los demandantes por seis meses. El hijo de Don Roberto y otros miembros del pueblo que han buscado regresar a Salaverna han recibido amenazas por parte de las autoridades municipales para evitar que los pobladores habiten el pueblo.

Para la REMA, Salaverna es un ejemplo de la prepotencia e la impunidad con que opera el modelo extractivo y, casos como el de Don Roberto y su familia, ejemplos de la dignidad de los pueblos y de la solidaridad que sólo se sabe tejer entre aquellos que defienden la vida, aún cuando nuestras comunidades hayan sido arrasadas.

No olvidamos, el operativo de 2016 fue ordenado por el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna; operado por policías estatales y ministeriales, y encabezado por protección civil del estado y por el Subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana de ese momento.

Exigimos el fin del asedio a Roberto de la Rosa Dávila y a su hijo Roberto Cuauhtémoc de la Rosa.

Exigimos que frenen el acoso y amenazas contra la comunidad de Salaverna que buscan regresar a sus hogares.

Alto a la criminalización de la defensa de la vida

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Para seguimiento del caso:

Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac)

SinEmbargo.mx

Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas (expediente CDHEZ/746/2016)

BAJAR COMUNICADO EN PDF

Imagen: Sol de Zacatecas

Más información:

Carta abierta al Presidente de la República y a la Opinión Pública

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 7 de abril de 2021

El día 8 de marzo del 2021 la comunidad indígena de Cicacalco, le envió una carta de petición a la C. María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Esta petición la realizaron sobre el ofrecimiento que el propio Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, hizo el 28 de febrero de forma pública durante la visita que realizó al municipio de Tlaltenango, Zacatecas, del cual Cicacalco forma parte (https://www.facebook.com/100055310100164/videos/pcb.228114032375599/228113762375626)

Desde entonces, las y los integrantes de Cicacalco han realizado varios esfuerzos para establecer contacto, con la ilusión de que la instrucción presidencial se lleve a cabo. Sin embargo, después de un largo mes sin que la representación de SEMARNAT haya tomado la llamada o por lo menos respondieran a su carta, finalmente, de forma inverosímil e indígnate, el pasado viernes 26 de marzo accedieron a responderles, diciéndoles que recibirían a una representación de la comunidad indígena en la ciudad de México, y llevarían a cabo la reunión un día antes del inicio de la semana santa, sin tomar en cuenta ni la instrucción presidencial, ni tampoco lo complejo e irresponsable que fue invitarlos a viajar hasta la ciudad en pleno proceso de pandemia.

Al Presidente de México y a la opinión pública queremos externarles de forma firme, nuestra queja en contra del proceder de la secretaria María Luisa Albores, primero por no atender las instrucciones presidenciales, segundo por ser omisa a la solicitud manifiesta por la comunidad, y tercero por abandonar, como todos los gobiernos anteriores, los llamados de la población que se encuentra en las trincheras y como aliado de la SEMARNAT defendiendo el medio ambiente. Sobra decir la descortesía que tiene la Secretaria de Medio Ambiente para dirigir una institución que no cumple con los compromisos políticos más elementales que la 4T se ha planteado para terminar con el burocratismo de este país.

La comunidad mantiene su intención irrestricta de que la secretaria Albores vaya a su comunidad para que cumpla con la instrucción presidencial y de esa forma escuche las razones y vea los por qué familias enteras llevan 8 meses acampando y cerrando de forma ininterrumpida, un basurero que es una vergüenza de irregularidades, tanto de las autoridades municipales, como de los propios encargados de SEMARNAT en el estado de Zacatecas, entre otras autoridades gubernamentales que protegen a quienes realizaron ese basurero.

REMA exige la presencia inmediata de la C. María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el propósito de que establezca un diálogo respetuoso con la comunidad indígena de Cicacalco, de tal manera que logren construir una agenda de trabajo continuo que les permita acabar con este conflicto y puedan regresar a sus casas a vivir normalmente.

No sobra decir que hacemos responsables a las autoridades de Zacatecas de cualquier acto de agresión en contra de la población de Cicacalco, a quienes el sistema persigue por el delito de luchar por la defensa del territorio.

Así mismo responsabilizamos a las autoridades municipales de Tlaltenango y a la propia SEMARNAT de los daños a la salud y al medio ambiente que ese foco de infección (tiradero a cielo abierto) pueda causar a la población, los animales y al territorio de Cicacalco.

REMA felicita el gran esfuerzo de las mujeres y hombres de la comunidad indígena de Cicacalco y les agradecemos por defender la naturaleza, por pelear por su autonomía y por no dejarse pisotear por las autoridades gubernamentales del orden municipal, estatal y federal.

ATENTAMENTE
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Diario NTR Zacatecas

Más información:

Décimo Aniversario del Tercer Encuentro Mundial de Afectadas y Afectados por las Represas en la comunidad de Temacapulín, Jalisco

#RíosParaLaVida Hace 10 0años la comunidad de #Temacapulín#Jalisco fue anfitriona del Tercer Encuentro Mundial de Afectadxs por las Represas y sus Aliadxs, recibió a comunidades de 54 países que defienden su ríos, el agua, ddhh y territorios de megaproyectos extractivos. #10AñosDespués la comunidades permanecen es su territorio, la Presa #ElZapotillo está suspendida y su #RíoVerde continúa fluyendo libre

Con mucha alegría les invitamos en coordinación con el Movimiento Mundial en defensa de los Ríos, a La Jornada de Celebración y Acción: Por Ríos Libres de Represas, Tóxicos y Extractivismo, no se lo pierdan, el programa esta buenísimo y los invitadxs de lujo

¡Ríos para la Vida, No para la Muerte!

¡Agua y Energía, No son Mercancía!

7, 8 y 9 de diciembre
11 a 14 hrs. (Hora CDMX)
A través de FB Live de las organizaciones convocantes

Programa de la Jornada Ríos para la Vida

Zacatecas: Los grandes consorcios vinieron a terminar con el método tradicional de la minería: Burnes

Compartimos este artículo publicado en La Jornada Zacatecas sobre la minería en aquel estado – A 20 de agosto de 2020

Existía una relación intersectorial, más dinámica con la economía regional a nivel de caminos, transportes, fuerza de trabajo, creando ciudades dinámicas con riqueza

■ Se dio paso al modelo de reestructuración, basado en la economía de escala, las mineras ya no se relacionan con las regiones y no tienen efectos intersectoriales

■ En 2019 había 2 mil 671 títulos y 2 millones 381 mil 859.57 hectáreas con actividades mineras; equivale a 31.64% del territorio estatal y 70% lo controlan consorcios extranjeros

Desde tiempos de la Colonia, Zacatecas se configuró como el territorio con gran potencial minero en el que se encuentran grandes yacimientos de oro, plata, cobre y zinc, y que desde entonces atrajeron la mirada de extranjeros, tanto que hasta la fecha acaba de aprobarse un proyecto más de la minera canadiense Orla Mining y su Camino Rojo, el cual ha llamado la atención por las dimensiones que rondan las 206 mil hectáreas en el municipio de Mazapil.

De acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano (SGM) en los últimos años Zacatecas se ha mantenido como una de las entidades que mayor aportación genera al valor total de la extracción minera en México, pues el 80 por ciento de su territorio es muy rico en minerales y esto ha captado al capital minero reestructurado que ha permitido que las grandes empresas se apropien de la riqueza a gran escala, pues para 2019, se tenía un registro de 2 mil 671 títulos y 2 millones 381 mil 859.57 hectáreas con actividades mineras, lo que equivale al 31.64 por ciento del total del territorio estatal, siendo controlados, en un 70 por ciento, por consorcios extranjeros.

En Zacatecas, según registros de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), únicamente dos empresas concentran la mitad de todas las concesiones del estado, que son Industria Peñoles y la compañía canadiense Orla Mining, que en un primer momento se especializaba en la producción de energía solar y que ahora estará a cargo del Proyecto de Oro de Óxido Camino Rojo, que confirmará a la entidad como el estado en el país con más minas de tajo a cielo abierto.

Sin embargo, a pesar de la importancia que significa la entidad para la minería, el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas ha señalado que dicha situación no se refleja en una mejor calidad de vida de la población, sobre todo, aquella que se ubica en las inmediaciones de las operaciones extractivas, sino que por el contrario, lejos de generar progreso y desarrollo, la intensificación del extractivismo minero ha desencadenado múltiples conflictos laborales y ecoterritoriales, querellas que muestran que lo que está en disputa es el trabajo y el territorio.

Y es que, de acuerdo con el docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Arturo Burnes Ortiz, los grandes consorcios vinieron a terminar con el método tradicional de la minería, el cual duró cuatro siglos, y que tenía una relación intersectorial, más dinámica con la economía regional a nivel de caminos, transportes, fuerza de trabajo y mano de obra, creando ciudades dinámicas con riqueza, para dar paso al modelo de reestructuración, basado en la economía de escala en el que las mineras ya no se relacionan con las regiones y mucho menos tienen efectos intersectoriales respecto a la materia prima que extraen.

De esta situación, ha señalado Burnes Ortiz, ha surgido lo que se conoce como las “cuatro D” relacionadas al factor extractivo que son: la Descapitalización de un recurso que es patrimonio de la nación, la Desnacionalización, puesto que la riqueza potencialmente invertible en el territorio nacional toma los caminos de la frontera y los puertos y no dinamiza sino que se desnacionaliza; el Deterioro de los términos de intercambio, es decir, cuando solamente se basa en la extracción y se exportan concentrados y materias primas sin llegar al proceso completo y por lo tanto deteriora la región; y la del Despojo, porque los posesionarios originales de la tierra son los campesinos y comuneros que han sido víctimas de una ley minera y sobre todo del “lesivo” artículo 6 que estipula que la minería es una actividad preferencial sobre todas las demás y que puede ser explotada la tierra por causa de interés público, y que los impuestos, además, son del ámbito federal dejando en una asimetría desfavorable a la comunidad.

Por tal motivo, mediante un comunicado el pasado 22 de julio, en el marco del Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, la REMA reprochó que aun cuando el gobierno de la Cuarta Transformación constantemente se queja de la entrega desmedida del territorio nacional, muestra al mismo tiempo su “total complacencia” al no mover un ápice su postura para cancelar las más de 25 mil concesiones mineras vigentes, dando muestras de que este gobierno “se niega a detener y cambiar la política neoliberal del extractivismo minero”, el cual, según los activistas, genera daños permanentes y cancela el futuro de las próximas generaciones.

Covid-19 no para el saqueo de oro en Zacatecas

Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre la extración minera – A 30 de marzo de 2020

Por Alfredo Valadez Rodríguez / LA JORNADA

Mazapil, Zac., 30 de Marzo del 2020.- Peñasquito, la mina de oro a cielo abierto más grande de América Latina, propiedad de la estadounidense Newmont, anunció la implementación de medidas “cautelares”, para reducir el riesgo de la exposición y propagación del Covid-19, entre los 6 mil 500 trabajadores y contratistas que emplea.

El propósito es que la mina ubicada en el semidesierto norte de Zacatecas, no pare sus operaciones. Newmont pretende producir este año 2020 en Peñasquito, 575 mil onzas de oro (Minería en Línea y Banaméricas).

La cotización del metal dorado este lunes 30 de marzo, por cada onza (30 gramos), es de 1 mil 623 dólares, con una tendencia alcista del metal dorando, en el presente año, del 25 por ciento.

Eso significa que la minera estadounidense con sede en Denver, Colorado, ganará (a precios de hoy), este año más de 933 millones de dólares, por el oro que produzca en Mazapil.

Traducido a pesos mexicanos, de acuerdo con la cotización del dólar estadounidense en México para el mismo lunes, de 23.7 pesos por dólar, esa riqueza equivale a más de 22 mil millones de pesos, sólo de oro.

Sin contar los valores de la plata (Peñasquito es el primer productor de plata del país), plomo y zinc, que también extraerá Newmont este año en Zacatecas.

Y aún con esos gigantescos rendimientos, Newmont se niega a pagar el Impuesto Ecológico estatal, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le ordenó cubrir, pagadero retroactivamente de 2017 a la fecha.

Imagen: En la imagen, tres camiones “yucles” –un Caterpillar y dos Komatsu-, con una capacidad de carga superior a las 300 toneladas por viaje, acarrean material rocoso dentro de las instalaciones de Peñasquito, el pasado 20 de marzo. Foto Alfredo Valadez Rodríguez / LA JORNADA

Más información:

¿Qué Gobiernos detendrá el saqueo de Carlos Slim?

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 26 de abril de 2020

ACCIÓN URGENTE

Hostigamiento Arbitrarioen contra de Roberto de la Rosa Dávila,Defensor del Territorio en Salaverna, Mpio. Mazapil Zacatecas

>>Firma la petición en línea aquí<<

  • Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República
  • Olga Sánchez Cordero, Secretariade Gobernación
  • Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de DH, población y Migración de la Secretaría de Gobernación
  • Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado de Zacatecas
  • Gregorio Macías Zúñiga, Presidente del Municipio de Zacatecas
  • Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
  • Jan Jarab, Representante en México de la Oficina del AltoComisionado de la ONU
  • Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los derechos Humanos de la ONU

La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hacemos de su conocimiento y solicitamos atención e intervención urgente sobre la siguiente situación:

Hostigamiento y Posible Detención Arbitraria en contra del C.Roberto de la Rosa Dávila, defensor dela Vida y el Territorio en la localidad de Salaverna, del municipio de Mazapil,estado de Zacatecas, México.

El pasado 25 de abril, aproximadamente a las 15:00 horas, un hombre de apellido Hernández, jefe de investigación de la casa de justicia del Mpio. Concepción del Oro Zacatecas, acompañado de otro hombre, acudieron a la localidad de Salaverna del Mpio de Mazapil, buscando al ciudadano Roberto de la Rosa Dávila. Llegaron en una camioneta tipo pick up blanca y al no encontrarlo, los vigilantes de la empresa minera Ocampo Mining Tayahua-filial de Grupo Frisco, dela cual es dueño Carlos Slim Helú, dijeron que se encontraba en su parcela, al mismo tiempo que les indicaron el lugar. Cabe mencionar que la seguridad privada de dicha empresa vigila a Roberto de la Rosa las 24 horas del día,por ser el principal referente de una larga lucha, de más de 10 años,emprendida contra el saqueo que dicho empresario ha realizado contra toda la población de Salaverna (https://especiales.piedepagina.mx/resistencias/dos-campesinos-contra-carlos-slim.php)

Al llegar a la puerta de su parcela lo comenzaron a cuestionar sobre; su situación conyugal, su edad, cuántos integrantes de familia tiene, ocupación y si tiene antecedentes penales, si consume alcohol, si fuma o consume alguna droga, todas preguntas a las que respondió el C. Roberto. Después de increparlo con ese absurdo interrogatorio, el cual implementaron sin ninguna orden u oficio al respecto, le dijeron que él debe presentarse a “declarar”en la oficina de investigación, a lo que Don Roberto atinadamente respondió que no lo haría, a menos que le llegue un citatorio oficial firmado y sellado por la dependencia que lo requiere, al mismo tiempo que, los hombres amenazantes, le dijeron que regresarían pronto con el citatorio.

No es la primera vez que el Sr. Carlos Slimutiliza a las instancias de poder del estado de Zacatecas, para intimidar, hostigar y amenazar a quienes, en total ejercicio de su derecho por la vida, se oponen a sus proyectos extractivos, como sucede en este caso con la Ocampo Mining Tayahua, la cual extrae cobre, plata, zinc y oro de forma subterránea pero que, desde hace algunos años, inicio un violento proceso de saqueo y de desplazamiento forzado, en total contubernio con el gobierno estatal y federal, para cambiar su proyecto extractivo subterráneo ahora a la modalidad de tajo a cielo abierto en un área que abarca 300 hectáreas donde se excavará un enorme cráter de 40 hectáreas y 230 metros de profundidad, con la pequeña salvedad de que encima del “potencial tajo” se encuentra el poblado y las viviendas de Salaverna, muchas de las cuales ha sido literalmente destruidas por el penosa y recientemente nombrado “Ingeniero del año 2019 Carlos Slim” (https://www.researchgate.net/publication/316363393_Salaverna_cronica_de_un_despojo).

No es menor que, en plena contingencia contra el Covid-19, este empresario además de no quedarse en casa, como tanto pregonan por radio, prensa y televisión lo deben hacer aquellas actividades no esenciales, tal cual sucede con la minería, aproveche la inmovilidad social y política para avanzar en sus absurdos e inadmisibles procesos de saqueo y desplazamiento forzado, dejando de manifiesto que al parecer NUNCA habrá un gobierno capaz de detenerlo mientras proteja los intereses capitalistas, menos aun de llevarlo a la rendición de cuentas,a este magnate que ha hecho su fortuna no de trabajar, sino de, en cada sexenio recibir canonjías que son patrimonio social y natural de México.

Esta nueva amenaza al compañero Roberto, no ha venido sola, ya que el 13 de abril de este año, en el camino a Salaverna tuvo un altercado con el C. Jaime Alberto Contreras Barrientos, trabajador de la empresa minera,quien le dijo ser el encargado de los trabajos para “cercar a la comunidad y también para electrificar el perímetro de Salaverna”,lo que supone sería un incremento en las acciones para iniciar la explotación del tajo a cielo abierto, a pesar que en esas tierras hay un juicio que se encuentra en tribunales contra la empresa y el cual lleva años sin resolverse,lo que evidentemente hace que cualquier acto y acción sobre las mismas sean ilegales. En este contexto, Don Roberto actuó para evitar que la cuadrilla de aproximadamente 20 trabajadores, entre ellos cuatro personas de seguridad privada, continuaran obstruyendo el camino que conduce a la comunidad.

Después de este altercado, el 21 de abrilDon Roberto encontró en la puerta de su casa un papel, a modo de recado, que decía: “debe presentarse en casa de justicia en Concepción del Oro lo antes posible enla oficina de Policía de Investigación”, misma a la que no acudió, lo cual dio pie a que ahora,de forma directa pero ilegal, eljefe de investigación de la casa de justicia del Mpio. Concepción del Oro Zacatecasse presentará tanto en su casa como en su parcela para hostigarlo e intimidarlo sin ninguna orden al respecto.

Como Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hacemos las siguientes precisionesy exigencias:

  1. Desde antes de tomar el poder en sus manos, este Gobierno ha manifestado una y otra vez que la corrupción y el neoliberalismo han concluido en este país, pero nosotros como REMA,y cientos de otros grupos organizados en defensa por la vida, no vemos ni remotamente que ese cambio llegue más allá de lo que se cita todos los días DENTRO DE PALACIO NACIONAL. Diversos actores federales, estatales y municipales continúan operando en contubernio con empresarios a favor del despojoy si se les denuncia, son la intimidación, la desaparición o la muerte la única respuesta que tenemos.
  2. Exigimos quede forma inmediata cese el hostigamiento, las amenazas y la represión en contra del compañero C.Roberto de la Rosa Dávila, ejercida por parte del gobierno mexicano y del Sr.Carlos Slim, quien actúa escondido a través de los operadores de su empresa Ocampo Mining Tayahua.
  3. Que el Estado mexicano garanticen la seguridad de Roberto de la Rosa Dávila y demás personas que continúan habitando en las tierras de Salaverna luchando por una vida digna como campesinos y pastores.
  4. Que se realice una investigación exhaustiva sobre los hechos, apegada al marco internacional de Derechos Humanos y se castigue a los/as culpables.

Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales afines en la defensa de la vida, para que de forma solidaria se sumen a esta exigencia que derive en la defensa de los derechos humanosy colectivos de la población de Salaverna y por supuesto, del compañero Roberto de la Rosa Dávila DEFENSOR DE LA VIDA Y EL TERRITORIO.

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Paulina Gómez Palacios Escudero; OTRA Defensora del Territorio Asesinada

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 2 de abril de 2020

Paulina Gómez Palacios Escudero, mujer campesina originaria de Matehuala, San Luis Potosí, se une a las/los más de 35 activistas defensoras y defensores de los derechos humanos y el territorio asesinados a lo largo y ancho del país desde enero de 2019 a la fecha https://avispa.org/mexico-mas-de-30-defensores-dederechos-humanos-y-activistas-asesinados-en-2019/. “En ocho años se documentaron 499 agresiones. El mayor número de ataques fue en contra de defensores que se oponían a proyectos relacionados con el sector energético y la minería (Mongo Bay https://es.mongabay.com/2020/03/mexico-defensores-de-ambiente-yterritorio-asesinados/).

Paulina Gómez Palacios fue reportada como desaparecida en su lugar de origen el 19 de marzo del presente y encontrada asesinada el 22 del mismo mes en el municipio de El Salvador, Zacatecas.

Paulina era “una guardiana del territorio sagrado de Wirikuta y amiga del pueblo Wixárika. Una guerrera, maestra y hermana del camino sagrado”, como lo reconocen las organizaciones Salvemos Wirikuta y Los Últimos Guardianes del Peyote.

El territorio que la vio nacer, y por el cual Paulina luchaba desde hacía años, es la tierra sagrada donde se encuentran “las esencias de la vida, y donde nace el sol” de acuerdo a la cosmogonía del pueblo Wixárika. En este territorio, el Consejo Regional Wixárika, desde 2009 ha librado una gran batalla por impedir actividades mineras y la cancelación de 38 concesiones mineras (6,327 has) de la empresa minera canadiense First Majestic Silver Corp., además de 40 concesiones de la empresa Resources Corporation “Proyecto Universo”, sumando 78 concesiones mineras que abarcan el 70% del ANP en la zona.

La disputa por el territorio como consecuencia de un modelo extractivo voraz, ha acelerado la organización de los pueblos para evitar ser despojados de sus bienes comunes naturales y culturales; y esto a su vez, ha desatado una cacería contra las y los defensores por parte de empresas, gobiernos y crimen organizado. En ese contexto, la 4T ya actúa como los gobiernos anteriores en sus tres niveles, porque simplemente continúa el mismo patrón de impunidad y falta de procuración de justicia en cada uno de los asesinatos ocurridos durante el actual gobierno, además de seguir siendo defensores de las empresas transnacionales y sus operadores, incluyendo sus grupos armados, y siguen siendo omisos, y por ende actúan en contubernio, evitando lo que ya es una antigua aspiración; una aplicación efectiva de la justicia, dejen de permitir que las empresas continúen operando en total impunidad.

Desde la REMA, le exigimos a este gobierno de la 4T, que ya dejé de lado la impunidad hecha sistema, exigimos castigo a los culpables de cada uno de las y los asesinados, y dejen para después su discurso de seguirle echando la culpa a los gobiernos anteriores. Los números no mienten; la impunidad en este gobierno, no sólo continúa, sino que se está agravando.

Nos solidarizamos y abrazamos a la familia y amigas/os de Paulina Gómez Palacios, a quien despedimos con mucho dolor, pero agradecidos de su pasión, su lucha, su tenacidad y su amor por la vida.

¡YA BASTA DE IMPUNIDAD!
¡BASTA DE ASESINAR A LAS Y LOS DEFENSORES DEL TERRITORIO!

Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: OCMAL

Más información:

Otra vergüenza en Zacatecas ante el imperativo de reorientar al RENIECYT en todo el país

Incentivan a empresas mineras a registrarse en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT)

Compartimos el comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 16 de marzo de 2020

El Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (COZCYT), dependiente del Gobierno del Estado de Zacatecas, hace unos días se congratuló por una capacitación que proporcionó a integrantes del Clúster Minero de Zacatecas para facilitar a que accedan a recursos federales de Conacyt, a través de la promoción de su registro en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT)1.

Hasta la fecha -según los datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)2-, existe 56 empresas relacionadas con la actividad minera registradas en el RENIECYT en 20 entidades de la república, principalmente en los estados de Coahuila (10 empresas), Sonora (8), Nuevo León (6) y Chihuahua (4), Tabasco (4) y Zacatecas (4). Sin embargo, esta base de datos no detalla cuáles de éstas han sido apoyadas y, en su caso, qué monto económico han recibido ni el motivo de dicho apoyo.

Como Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), nos pronunciamos enérgicamente en contra de esta acción que no sólo busca promover al sector minero, sino cínicamente, se apoya para que la poderosa industria privada minera tenga acceso a recursos públicos, sea directamente o por condonación de impuestos. La explotación minera, ícono de las actividades que más despojo han generado en la historia del país y del planeta, particularmente en su fase neoliberal, no debe ser financiada directa, ni indirectamente por las instituciones públicas, por más que pretendan disfrazar el despojo y el interés privado como “desarrollo” y “oferta de empleo”. El despojo no es de utilidad pública.

Hace un año, la actual directora del CONACYT dio a conocer y denunció las prácticas en las que se había incurrido dentro de esta entidad científica en los sexenios anteriores, justo por la asignación -a fondo perdido-, de recursos públicos a proyectos de empresas privadas. Entre 2009 y 2017, a través del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), se destinaron 7 mil 367 millones de pesos a 512 grandes empresas nacionales y trasnacionales, entre ellas IBM, Intel, Ford, General Motors, Monsanto/Bayer, Continental, Volkswagen, Sanofi, Nissan, Kimberly Clark e Industrial Minera México3. En ese contexto, esta reciente invitación a las empresas mineras para participar dentro del RENIECYT y beneficiarse del erario público de manera directa o indirecta, busca mantener las canonjías de la misma forma en la que se hizo en sexenios anteriores.

El RENIECYT debe orientarse al bien común de manera clara y categórica, y en particular, aquellas empresas e instituciones, sean nacionales o extranjeras, cuyas actividades atentan contra el bien común y contra la integridad de las comunidades y territorios, como es el caso bien fundamentado de las empresas de megaminería tóxica, no deben de ser incorporadas a dicho registro bajo ningún concepto. De otra forma se refrenda la continuidad con las políticas de los gobiernos anteriores y sin duda alguna se afirman las contradicciones entre los hechos y los dichos del actual gobierno.

El RENIECYT, como instrumento de apoyo y fomento a la investigación científica, al desarrollo tecnológico y a la innovación en el país, que es pagado con presupuesto público, es decir, con el esfuerzo y el sacrificio de la clase trabajadora, no puede prestarse para apoyar a un sector que viola constantemente los derechos de las comunidades, daña de manera irreversible al ambiente y la salud de la población y quebranta el marco legal nacional, además de recibir una cobertura oficial a su calidad de evasor de impuestos. Como ejemplo de ello, y a pesar de la enorme magnitud económica de los recursos que estas empresas sustraen sistemáticamente del país, durante el periodo 2010-2014 sólo el 1% de los ingresos fiscales totales en México provinieron la actividad minera4, y por lo menos 59 empresas mineras fueron identificadas por la Auditoría Superior de la Federación como presuntas evasoras fiscales5 durante el 2017.

En tanto, las condiciones que favorecen este despojo no han sido modificadas de manera sustantiva por los legisladores, no a fin de que se incremente la carga fiscal a dichas empresas, sino a fin de suspender de manera categórica sus operaciones por el bien del país, de sus habitantes y de sus territorios.

Los llamados “Clúster Minero” son un ejemplo claro de los mecanismos de asociación entre el gobierno y capital privado del neoliberalismo, mecanismos de compadrazgo y complicidad donde los intereses de la población no sólo quedan fuera, sino desaparecen totalmente. Recordemos que se trata de una figura donde empresas mineras, proveedores de ésta y funcionarios públicos estatales y federales, así como de universidades y fundaciones universitarias se reúnen bajo la figura de una asociación sin fines de lucro, con el fin promover la explotación minera principalmente metálica-, en distintos estados del país, a través de la incidencia en políticas públicas y el acaparamiento de apoyos gubernamentales.

En México, existen cinco agrupaciones de este tipo, mismas que se encuentran en Estados con daños muy graves y un sinfín de actos de violencia por esta actividad: Guerrero, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Zacatecas.

Es importante destacar que el clúster minero de Zacatecas (Clusmin), integrado por siete empresas mineras (Industrias Peñoles, Grupo Frisco, Capstone, FirstMajestic, Newmont/Goldcorp y Mineras Bacis), mantienen un “estrecho” vínculo con varias áreas de universidades mexicanas y extranjeras: Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Instituto Lowell, Universidad de Arizona, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Instituto de Minería Sustentable de la Universidad de Queensland, Australia (SMI), el Centro Norcat en Canadá y el Instituto de Minería Sustentable del Perú (ISEM)6 lo cual, sin duda alguna, significa una pérdida de credibilidad y las coloca en claro conflicto de interés en casos del uso de la “ciencia institucionalizada” para dirimir controversias entre los desastres mineros y las comunidades que inevitablemente acarrea este tipo de extractivismo. Es decir, la ciencia no puede estar financiada para luego ser aprisionada y sometida por interés de particulares.

En ese marco y para este año, el director del COZCYT anunció que la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) empezará la construcción del “Centro de Minería Compatible” en Quantum.

En ese marco y para este año, el director del COZCYT anunció que la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) empezará la construcción del “Centro de Minería Compatible” en Quantum.

Basta de falsos disfraces para la investigación y desarrollo tecnológico para encubrir actividades que se basan en el extractivismo y en el despojo de las comunidades.

¡LA MINERÍA DESTRUYE LA VIDA¡

¡CIENCIA, ACADEMIA Y RECURSOS PÚBLICOS A FAVOR DE LOS PUEBLOS Y NO DE QUIENES LOS DESTRUYEN!

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Mina peñasquito – Desinformémonos

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Zacatecas: Atotonilco y El Potrero ratifican nuevamente: Dicen no a la Presa Milpillas

Compartimos el siguiente comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas – A 13 de enero de 2020

Mientras el gobierno del estado de Zacatecas, encabezado por el Gobernador Alejandro Tello, desde hace más de año y siete meses se esforzó en crear todas las condiciones posibles para generar confusión, división comunitaria y familiar, además de fomentar la confrontación mediante el uso desproporcionado de actos de autoridad –como recurrir a la policía municipal y estatal para intervenir en la vida interna de los ejidos– en las comunidades que serían afectadas de forma directa por la Presa Milpillas, la población apostó y avanzó en disponer de un mejor proceso informativo y organizativo, el pasado 4 y 9 de enero del 2020, demostrando que en los ejidos Atotonilco y El Potrero, respectivamente, uno de sus mejores momentos de consolidación social y comunitaria, ya que en ambas asambleas agrarias, DE MANERA UNÁNIME RATIFICARON, de forma legal, tal cual se señala en la Ley Agraria, su posición de RECHAZO A LA AUTORIZACIÓN para construir la “Presa Milpillas” en las tierras de propiedad social que les corresponden.

La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, felicitan a las mujeres y hombres de ambos ejidos, quienes finalmente lograron sortear de manera positiva una férrea confrontación interna promovida por diversos actores relacionados con la estructura del gobierno estatal.

Nos da gusto que ambas asambleas hayan logrado, por unanimidad, un acuerdo de enorme trascendencia para su vida, no sólo porque ratifican la fuerza e importancia de los procesos basados en la libre determinación de las comunidades y la determinación de que los gobiernos dejen de tratar como menores de edad a sus habitantes, sino porque en ambos ejidos fueron capaces de superarla división y la confrontación para, finalmente, asumir de forma colectiva –tal cual les compete como propietarios sociales– una posición unitaria sobre un proyecto que pretendía poner en riesgo sus formas y medios de vida. Tanto en REMA como en el OCMZac, somos totalmente conscientes sobre lo complicado que resulta restituir procesos de vida comunitaria fragmentados a causa de este tipo de megaproyectos, y por ello enviamos a toda la población de ambos ejidos un gran abrazo solidario y fraterno.

Estos acuerdos basados en la unanimidad de la decisión de ambos ejidos, ponen nuevamente en evidencia que el gobierno de Zacatecas mintió al decir que las y los ejidatarios estaban especulando sobre la tierra para poder venderla a mayor costo. Hoy se desmonta otra de las varias falsedades que ha promovido irresponsablemente en los medios, tanto el gobernador Alejandro Tello, como el resto las/os promotores de la Presa Milpillas.

Recordemos que en el mundo existen 55 mil presas (Castro, 2019), de las cuales a México le corresponden 4 mil 462 (INEGI, 2016) y en Zacatecas se han construido 356 a lo largo de su historia (Castro, 2019). De acuerdo al Informe de la Comisión Mundial de Represas del año 2000, está comprobado que éstas generan más pobreza, accidentes y rupturas, acarreando inundaciones mortíferas y también desplazamiento de poblaciones y desarraigo. Así, el mismo informe reconoce que son 80 millones los desplazados en el mundo por represas, las cuales además generan altos índices de gases efecto invernadero, todo lo cual deriva en el reconocimiento de que las represas no son iniciativas sustentables, a tal grado que no en pocos países se ha iniciado la deconstrucción de las mismas para liberar a sus ríos. Son muchos los motivos sociales, ambientales, económicos y productivos en juego, y represar que el agua genera más condiciones de asimetría y desigualdad. Es por ello que año con año el movimiento anti represas en el mundo se va incrementando y creando alternativas contra el interés capitalista que se encuentra detrás de la represa de ríos, impulsando, en cambio iniciativas de verdadera sustentabilidad que son indispensables para la vida y no para la muerte.

Es cierto que Zacatecas enfrenta estrés hídrico y esa condición pone en riesgo la distribución equitativa del bien Agua; sin embargo, esa problemática ha sido generada y acrecentada por falta de planificación, tomando de decisiones a favor de grupos privados, como sucede con la minería, en un sinsentido político de priorizar un negocio particular a costo de lo que sea, ocasionando ya que de los 34 acuíferos del estado, 20 están sobreexplotados y los 14 restantes está sin disponibilidad, y justamente uno de estos últimos se encuentra en el ejido Corrales. Es obvio que el gobierno y las empresas no sólo están detrás del agua del río Atenco, sino que pretenden acceder a éste acuífero con el pretexto de instalar la planta de bombeo para la Presa Milpillas y continuar sus procesos criminales de privatización del agua.

Cabe destacar que en Zacatecas existen alrededor de 230 concesiones mineras, y de ellas, una la posee una de las minas más grandes del continente que se encuentra en Mazapil, que todas y todos conocemos como la mina de Peñasquito, la cual, de acuerdo con una investigación publicada en el diario La Jornada (2019), consume 55 millones de metros cúbicos al año, dejando al municipio con sed, enfermedades y muerte. Este consumo desmedido de líquido vital en una región del país donde éste es escaso y para una actividad que genera despojo y muerte, es sumamente contradictorio con el Estudio de Factibilidad denominado “Construcción de la Presa Milpillas en Jiménez del Teul y línea de conducción para abastecer de agua potable al corredor FresnilloZacatecas-Guadalupe” (2015), donde se menciona la pretensión de, a través de la Presa Milpillas, trasladar 59 millones de metros cúbicos de agua, es decir, literalmente la cantidad de agua que consume la mina Peñasquito.

La disponibilidad de agua es vida y significa a su vez la oportunidad de trabajo y de producción agropecuaria. La lucha emprendida y los logros alcanzados por las mujeres y hombres de Atotonilco, El Potrero y el resto de los ejidos vinculados al proyecto de la Presa Milpillas, nos demuestra que, como lo decía la querida Bety Cariño, es momento de los pueblos, y basta de políticos incapaces y corruptos, así como de políticas que se construyen desde taburetes y sin ninguna relación con los bienes naturales y las necesidades de las comunidades. También nos demuestra que la organización social en Zacatecas, en México y en el mundo es posible y que “ni el gobierno manda, ni las empresas mandan”.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas hacemos expresa y extensa nuestra felicitación y enviamos nuestro máximo reconocimiento y solidaridad a todos y todas las integrantes del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco. Especialmente a los ejidos de Atotonilco y Potrero por blindar su territorio.

#LaPresaMilpillasNoEsLaOpción #RíoAtencoLibre #NoALaPresaMilpillas

A T E N T A M E N T E,
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA OBSERVATORIO DE CONFLICTOS MINEROS DE ZACATECAS

Imagen: NTR Zacatecas

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