Funcionarios de SEMARNAT Y PROFEPA bajo investigación de la Secretaría de la Función Pública y Órgano Interno de Control por ser cómplices en la contaminación del agua de la Comunidad Indígena de Cicacalco en Zacatecas

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA – A 22 de septiembre del 2022

El 15 de septiembre, la Comunidad Indígena de Cicacalco, municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, fuimos notificado por escrito hecho a mano por la Oficina de Representación en Zacatecas de la Secretaría de la Función Pública en respuesta a la queja interpuesta por nosotros en conjunto con integrantes de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) el 21 de julio. Interpusimos esta denuncia ante la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control de la SEMARNAT (con números de folio 51484/2022 y 004327 respectivamente), en contra de servidores públicos de SEMARNAT y de la PROFEPA, por incurrir en omisiones en la aplicación efectiva de la legislación ambiental, y participar en contubernio con el Municipio de Tlaltenango, quien con dolo y mala fe violentó la legislación en materia de disposición final de residuos sólidos desde que se inauguró el “Relleno Sanitario” en Cicacalco en junio de 2019, provocando la contaminación del  arroyo Los Tecongos, así como  daños al territorio y a la salud de la población.

Entre las/los funcionarios denunciados se encuentran: María Luisa Albores González, Titular de la SEMARNAT; Daniel Quezada Daniel, Titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social, quien acaba de ser polémicamente nombrado titular de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) en una clara fidelidad a MORENA y no por su capacidad ni experiencia en su nuevo cargo (ver: https://elpais.com/mexico/2022-09-01/la-salida-de-jose-sarukhan-de-la-conabio-pone-el-foco-en-la-politica-ambiental-del-gobierno.html); también a Eduardo Yves González Villa, Director de Contacto Ciudadano de la SEMARNAT; Blanca Alicia Mendoza Vera, Titular de la PROFEPA; Rafael Coello García, Subprocurador de Inspección Industrial; Lourdes Angélica Briones Flores, Responsable de PROFEPA en Zacatecas; Sandra Mireya Gutiérrez, Subdelegada Jurídica de PROFEPA en Zacatecas; y 6 inspectoras/es de PROFEPA.

La PROFEPA confirmó en suActa de inspección de fecha 14 de septiembre del 2021lo que la comunidad indígena ha venido denunciando desde el 2019: “Sobre la cimentación perimetral del relleno sanitario se encuentran dos tuberías de plástico PVC de 6 pulgadas de diámetro, por donde escurre de manera constante un líquido de color obscuro, con olor y apariencia a un lixiviado, el cual se genera por la mezcla de residuos y basura diferentes que fueron arrojados de forma indistinta sobre las piletas del relleno sanitario. El escurrimiento toma cause sobre un arroyo temporal, que a decir de los inconformes se denomina arroyo Tecongo”. Esta Acta fue firmado por los inspectores Vidal Margarito Sánchez y Jesús Flores Hernández con números de folio PFPA/00621 y PFPA/00622 respectivamente, al hacer la visita de inspección al mal llamado Relleno Sanitario del Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas en la comunidad indígena de Cicacalco.

Sin embargo, el contexto anterior no fue observado por la representante de PROFEPA en Zacatecas, Lourdes Angélica Briones Flores, hace dos años, cuando realizó su primera visita al sitio, en septiembre de 2020, lo cual generó mucha suspicacia debido a la cercanía de ella con el entonces Presidente Municipal de Tlaltenango. Posteriormente, ante la presión de la comunidad, la PROFEPA tuvo que reconocer en el acta lo que siempre fue evidente con relación a la generación y escurrimiento de lixiviados, lo cual sirvió para realizar la clausura temporal total del sitio, pero no sin antes haber politizado el asunto lo cual derivó en la visita de la Ing. María Luisa Albores a la comunidad de Cicacalco en julio del 2021. Siempre fue evidente el daño ambiental que estaba generando el relleno, mismo que ella en su visita observó, así como también fue evidente que nunca existió el supuesto manejo de residuos.

Todo ello hizo notorio el proceder negligente de las autoridades ambientales federales y estatales, pero también la omisión y violación de sus responsabilidades y actos que les corresponden, porque no llevaron a cabo las medidas de urgente aplicación necesarias para resolver de facto la problemática; pero sí abonaron a administrar el conflicto con lo cual incrementaron el daño ambiental al no supervisar, ni antes, ni durante, ni después la mala construcción y operación del relleno sanitario de acuerdo a las denuncias realizadas por la comunidad indígena de Cicacalco, mismo que a la fecha continúa con la contaminación de las fuentes de agua de la comunidad, sin atender el cuidado de la salud de la población, y sin resarcir los daños de las áreas de producción afectadas. Esto a pesar que en un convenio apresurado con fecha 14 de julio de 2022, la PROFEPA, en voz de la encargada de despacho en el estado de Zacatecas, Lourdes Angélica Briones, se comprometió públicamente a enviar una brigada de inspectores federales para iniciar procesos de resarcimiento y, sobre todo, las medidas de “urgente aplicación”.

Es importante destacar que el acta circunstanciada de inspección del 14 de septiembre de 2021 arriba mencionada no nos fue proporcionada por la autoridad municipal en funciones, la cual también fue negada por parte de la PROFEPA, a pesar de haberlo prometido. Este acto de ocultamiento de información violó nuestro derecho a estar informados y vulneró nuestra actuación ciudadana para poder realizar con mayor contundencia las denuncias pertinentes, de tal manera que nos vimos en la necesidad de recurrir a la Plataforma Nacional de Transparencia para conseguir dicho documento, al igual que también lo hicimos para conseguir información sobre el amparo interpuesto por el ahora Presidente Municipal de Tlaltenango, el C. Salvador Arellano Anaya, en contra de la clausura del relleno. Esto hace evidente la poca empatía que tiene para el cuidado de la naturaleza y la salud de la población, porque ese amparo está sirviendo para que la contaminación que se genera en el relleno sanitario no se detenga ni se reparen los daños ocasionados.

El amparo es la nueva excusa que utiliza las autoridades ambientales para seguir administrando un conflicto social de una obra que ocasiona severos daños al ambiente y la salud, pero sobre todo sirve para esconder la ineficiencia entre los actores municipales, estatales y federales, por lo cual, nuevamente la PROFEPA reafirma su complicidad, al no exigir al municipio procesos claros y  ordenados en  material  ambiental. También públicamente argumentan, que no quieren multar al municipio por ese motivo, demostrando con ello que la ley está sujeta a sus arbitrariedades e interpretaciones.

Desde el inicio y hasta la fecha siguen sin respetar los tiempos de respuesta y de actuación para la aplicación de la normatividad en la materia. Es evidente que la ley ni es pronta ni expedita, pero por otro lado protege la inacción, la omisión y les proporciona distractores y argucias “legales”, en lugar de responsabilizar al presidente municipal por daño ambiental, por mal manejo de la administración de una obra municipal y por daños a la salud, entre ellos los daños psicosociales ocasionados a nosotras/os en Cicacalco. Hay evidencia suficiente para iniciar el proceso de cierre técnico permanente, hasta concluir con la remediación integral del sitio, pero también llevar a la rendición de cuentas a las y los culpables de esta infamia de daño ambiental.

Denunciamos que las autoridades han administrado, dilatado y evadido el proceso de atención al caso, y sólo destinan tiempo a reuniones mal planteadas, el diseño de un convenio pensado solamente para hacerles quedar bien ante la opinión pública, y continuar con la serie de engaños hacia nosotras/os porque no tienen ninguna intención de resolver el problema. Aunque, por otra parte, sí se han dado el tiempo para criminalizar nuestra lucha al culparnos y estigmatizarnos e interponer una denuncia desde hace dos años en contra de tres compañerxs “y/o quien resulte responsable”, porque nos oponemos a sus incompetencias, opacidad y mal manejo de sus obras, cuando en realidad lo único que hacemos es defender nuestra agua y nuestra salud.

Exigimos una investigación y la revisión administrativa planteada tanto por la Ing. María Luisa Albores en julio de 2021, como por la Secretaría General de gobierno de Zacatecas, Maestra Gabriela Evangelina Pinedo. Con el fin de esclarecer, llevar a la rendición de cuentas y castigo a los responsables directos e indirectos del gobierno municipal, estatal y federal, quienes por acciones inacabadas, de protección a funcionarios o por omisión de responsabilidades de funcionarios, incluyendo la corrupción, han violado nuestros derechos a un ambiente sano, han violentado nuestros procesos de participación ciudadana, y han estigmatizado y criminalizando nuestra lucha por la defensa del medio ambiente y de nuestra salud.

Exigimos de inmediato el cierre técnico adecuado del relleno sanitario, la cancelación permanente del mismo y la reparación y restitución de los daños ambientales, de salud y psicosociales que son intrínsecos a nuestros derechos que han sido violados.

Por otro lado, aprovechamos para exigir la revocación de nombramiento del titular de la CONABIO, Daniel Quezada Daniel, por su ineptitud en la resolución de conflictos socio-ambientales que han llevado a la destrucción ambiental de nuestra comunidad indígena, lo que demuestra de facto su total incapacidad para este nuevo cargo que le han asignado

Comunidad Indígena de Cicacalco y la Red de Afectadas/os por la Minería (REMA)

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Imagen: Alexis Rojas

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Zacatecas: Funcionarios públicos incumplen de forma irresponsable normas y convenios. La contaminación sigue desde el fallido relleno sanitario de Tlaltenango

Compartimos este comunicado de la Comunidad de Cicalcalco través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 31 de agosto del 2022

Sin que mediara un proyecto de verificación, monitoreo y cumplimiento de las condicionantes establecidas en la Resolución de Impacto Ambiental emitida en 2017 para la instalación y operación del relleno municipal de Tlaltenango, Zacatecas, que fue oficialmente inaugurado en junio de 2019, rápidamente sobrevino un efecto adverso al territorio  y de perjuicio a la salud en nuestra comunidad indígena de Cicacalco, mismo que fue denunciado desde agosto de 2019 ante las autoridades competentes.

En un conflicto largamente administrado por las autoridades y que partió de la mala ejecución y la peor operación del basurero municipal de Tlaltenango, hoy, como antes, nos topamos con la ineficiencia, la complicidad, la irresponsabilidad y la desfachatez de autoridades y dependencias,  de los tres niveles de gobierno, a quienes no les importa el tema ambiental, ni cumplir de forma decente y honesta con sus funciones como servidores públicos.

Afirmamos lo anterior porque, aparte de otros puntos ampliamente documentados, en el convenio de fecha 14 de julio del presente año, celebrado en la ciudad de Zacatecas para llevar a cabo los trabajos de Clausura definitiva y remediación del mal llamado relleno sanitario ubicado en nuestra comunidad indígena de Cicacalco, se acordaron acciones que a la fecha no se han ejecutado. En consecuencia, la contaminación de aguas y tierras sigue generándose. En la firma del convenio participaron, entre otras autoridades,  Gabriela Evangelina Pinedo Morales como Secretaria General de Gobierno, Susana Rodríguez Márquez como Secretaria del Agua y Medio Ambiente (SAMA), Yves Eduardo Gonzáles Villa como Director de Contacto Ciudadano de SEMARNAT, José Luis González  Orozco subdelegado de programas para el desarrollo del gobierno federal en Zacatecas, Lourdes Angélica Briones Flores encargada de despacho de PROFEPA Zacatecas, Salvador Arellano Anaya Presidente Municipal de Tlaltenango, el jurídico de gobierno del Estado, así como representantes de nuestra comunidad.

Dicho convenio presuroso y apresurado en su origen, dejó de lado muchas de las complejidades del problema: los tiempos de respuesta de las dependencias, las omisiones por parte de las mismas, la revisión administrativa del caso, la transparencia y rendición de cuentas. Pero, sobre todo, la aplicación de “medidas de urgente aplicación” que en cuanto se firmó, dejaron de ser urgentes. Sin una argumentación clara y con muchos huecos y recovecos, pero mostrado como un paso decisivo para la resolución de la problemática, el convenio solo sirvió para justificarse, mostrarle avances a sus jefes y dejarlo en el olvido. Estamos estancados en los puntos que no se han realizado a más de un mes de firmado el tan pomposo convenio, el cual, denunciamos  se ha incumplido por parte de las autoridades, a quienes no les interesa solucionar de fondo la contaminación que se ha estado suscitando desde ya más de 3 años. A la fecha, las autoridades no han explicado el por qué no han dado seguimiento, dado que la información sigue sin fluir hacia nosotros, aun cuando hemos solicitado por medio de oficios al municipio, y a las autoridades tanto estatal como federal. Simplemente no dan respuesta a nuestras solicitudes.

Ante un problema generado por la administración municipal 2016-2021, y continuado por otra, con el beneplácito de las dependencias y autoridades en materia ambiental, la falta de compromiso y seriedad por parte de ellos prevalece. A la fecha y ante hechos tan evidentes, no tendría que haber un recurso de amparo interpuesto por Salvador Arellano, presidente municipal de Tlaltenango, por la decisión de la PROFEPA de clausura del inmueble. Ni tampoco demandar jurídicamente a tres compañeros de la comunidad por el solo hecho de defender sus derechos, atropellados por el poder y la autoridad de gobiernos municipales incapaces. Peor aún, Salvador Arellano Anaya sigue jugando con promesas para someter a votación de cabildo el desistimiento del ayuntamiento de ambas situaciones, sin que esto se concrete. En resumen, la obra del mejor relleno sanitario de Zacatecas, resultó ser solo un engaño, una estafa y una infracción real al derecho de los habitantes de Cicacalco a vivir en un ambiente sano, a la salud y a la auto determinación.

Comunidad Indígena de Cicacalco, Zacatecas

Imagen: REMA

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Zacatecas: Alto a la criminalización de la protesta y al encubrimiento de los daños al agua y a la salud en la Comunidad Indígena de Cicacalco, municipio de Tlaltenango

Compartimos comunicado de la Red Méxicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por un ambiente sano en Tlaltenango ante el uso de un relleno sanitario – A 19 de julio del 2022

Desde la Presidencia de la República se insiste que seamos nosotros, la población, la que no permitamos más actos de impunidad en este país tan lastimado por corporaciones y funcionarios públicos ineficientes, corruptos, omisos y que desprecian a la naturaleza y a la salud de la población. Hoy, una vez más, es la comunidad indígena de Cicacalco quien levanta su voz para denunciar cómo las autoridades administran los conflictos y encubren sus omisiones y violaciones a la ley, en lugar de atender de inmediato la contaminación del agua y la naturaleza perjudicando la salud de la población afectada por otra obra negligente.

Como Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería, nos unimos a la exigencia de la Comunidad Indígena de Cicacalco, municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, en Zacatecas, para que se decrete la clausura definitiva del basurero abierto en 2019 en dicho municipio y que, desde entonces, ha contaminado los cuerpos de agua que abastecen a la comunidad. Nos unimos también a la exigencia de la comunidad de Cicacalco por que se inicie la fase de remediación y restauración ambiental, así como la reparación de los daños causados por dicho basurero. Así mismo, urge que se detenga la criminalización a la Comunidad Indígena por su lucha legítima en defensa del agua y la salud. 

Desde la inauguración de esta obra, en junio de 2019, bajo la dirección del entonces administración del Presidente Municipal, Miguel Ángel Varela Pinedo, y con el permiso de la Secretaría de Agua y Medioambiente del estado de Zacatecas (SAMA), el basurero ha sido una fuente de contaminación permanente a las fuentes de agua de la comunidad y una amenaza a su salud y bienestar.

Desde el inicio, tal como nos urge la 4T, la comunidad ha presentado las denuncias correspondientes ante las autoridades respectivas. La primera de éstas fue liderada por un grupo de mujeres indígenas, dos meses después de la inauguración del relleno, quienes se organizaron y fueron a la presidencia municipal a quejarse de los malos olores y enjambres de moscas que se metían a sus casas, producto de los animales muertos y restos del rastro municipal que, sin algún tratamiento, eran depositados en el basurero mencionado. Asimismo, se quejaron de las descargas fétidas al arroyo Los Tecongos, el cual pasa en medio de las parcelas de cultivo y cuya contaminación amenaza la principal fuente de agua de la comunidad. Sin embargo, como suele ocurrir, después de prometer que iban a atender la situación, el Presidente Municipal hizo caso omiso del problema y dejó sin atender las obligaciones que la ley marca en materia ambiental y de manejo de residuos. Ante su negligencia, en septiembre de 2020, la comunidad inició un plantón de 24 horas frente el relleno, como medida, hecho que logró la suspensión de operaciones del basurero. Luego, en septiembre de 2021, la PROFEPA ordenó el cierre temporal total de la obra que, hasta ahora, se mantiene cerrado, pero sin que haya un cierre definitivo ni una remediación al daño ambiental que implica.

Ayuntamiento criminaliza y encubre los daños

Por su lucha en defensa de la salud y el agua para frenar la operación del relleno sanitario, la Comunidad Indígena es criminalizada. La municipalidad miente al decir que siempre ha atendido los reclamos de la comunidad (http://ntrzacatecas.com/2022/07/14/siempre-se-atiende-a-los-manifestantes-de-cicacalco-salvador-arellano/), mientras acusa a Cicacalco de ser el problema, en lugar de asumir su mandato de responder a la ley y a la voluntad de la población. Primero, el síndico municipal ha criminalizado la legítima protesta de la comunidad Indígena de Cicacalco con una denuncia que sigue abierta desde el septiembre de 2020 en contra de tres personas y “quien resulte responsable”. Segundo, semanas después de que PROFEPA clausuró el relleno en septiembre de 2021, el ayuntamiento bajo la actual administración del Presidente Municipal, Salvador Arellano Anaya, interpuso un amparo en contra de la clausura para crear una cortina de humo y encubrir la responsabilidad que tiene por los daños que se iniciaron bajo la dirección de su antecesor.

Para la comunidad, ha sido casi imposible conseguir información oportuna sobre este nuevo acto irresponsable por cualquier vía, sea de las diversas instancias del gobierno estatal o federal a quienes han recurrido. Todas sin excepción, les negaron la información sobre el amparo durante meses, SAMA, PROFEPA, la Secretaría del Gobierno del Estado, y SEMARNAT. Mientras, para todas las autoridades, ha servido como una excusa para no tomar las medidas urgentes ante una flagrante fuente de contaminación y seguir administrando el conflicto con promesas incumplidas y reuniones sin fin. Por ejemplo, tal como relata el comunicado de la Comunidad Indígena de Cicacalco del 13 de julio (http://www.remamx.org/2022/07/comunicado-administracion-del-conflicto-y-delitos-cometidos-por-servidores-publicos-de-los-tres-niveles-en-el-basurero-municipal-de-tlaltenango-zacatecas/), las autoridades acudieron a una reunión el 26 de mayo en donde declararon su compromiso de asegurar la clausura definitiva del relleno con remediación sin que hubiera habido avances concretos hasta el momento.

Ya basta de tanta impunidad, contubernio e incompetencia. Urge que el ayuntamiento de Tlaltenango de Sánchez Román se responsabilice por sus delitos ambientales y desista de su amparo en contra de la resolución de PROFEPA y de su denuncia en contra de la legítima protesta de la Comunidad Indígena de Cicacalco. Urge que la PROFEPA proceda con la clausura definitiva del relleno sanitario e iniciar la fase de remediación, restauración ambiental y la reparación de los daños.

Además, es necesario realizar una revisión de los recursos públicos gastados durante la gestión de Miguel Ángel Varela Pinedo para la construcción de este supuesto «relleno sanitario» (25 millones de pesos), que no presenta las condiciones para serlo. Así también, se debe investigar a las autoridades por sus omisiones de responsabilidades en cumplimiento con las normas y leyes que deberían haber facilitado la canalización de las denuncias interpuestas por Cicacalco repetidamente desde 2019.

¡Alto a la impunidad y la criminalización de la defensa del territorio!

¡Urge la clausura definitiva del basurero en Cicacalco, la remediación, restauración integral, y la reparación de los daños!

Imagen: Alexis Rojas

Más información:

Zacatecas: Administración del conflicto y delitos cometidos por Servidores Públicos de los tres niveles en el Basurero Municipal de Tlaltenango

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 13 de julio del 2022

A casi dos meses de la llegada de la Secretaría del gobierno de Zacatecas y de las principales instancias
del aparato estatal y federal responsables por el medioambiente a nuestra comunidad indígena de
Cicacalco, en el municipio de Tlaltenango, para declarar ante el pueblo y los medios de comunicación su
compromiso para clausurar de manera definitiva el relleno sanitario que nos ha causado graves daños,
informamos que no ha habido avance. Como comunidad, denunciamos las graves irregularidades del
proceso en torno al basurero ubicado en nuestro territorio, que sigue contaminando nuestras fuentes
de agua. A pesar de haber presentado desde el inicio, evidencia de los daños socioambientales de este proyecto ante las respectivas autoridades, siguen sin lograr la clausura definitiva del mismo, ni la definición de un proceso de remediación del sitio y del agua afectada. Lejos de eso, han llevado adelante una negación burda de los hechos y la administración del conflicto.

En 2017, la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del estado de Zacatecas (SAMA) autorizó a través de
la Resolución de Impacto Ambiental, (RIA), al Ayuntamiento municipal de Tlaltenango, la operación de
un relleno sanitario tipo C. En junio de 2019, se inauguró oficialmente, aunque sus actividades como tal
iniciaron meses antes. El ex presidente municipal presentó el proyecto como una obra que tendría el
mínimo impacto ambiental. Pomposamente nombrado “la joya de la corona”, supuestamente sería
único en su tipo en el estado de Zacatecas y entre los 20 mejores del país.

Ubicada en una zona natural de recarga de aguas, la realidad de la obra fue distinta: un proyecto que
nunca fue tal, presuntamente por invertir menos dinero del presupuestado, aunado a la falta de
programas de vigilancia y monitoreo e irregularidades en su operación provocaron graves efectos.
Apenas transcurrió un mes y una semana desde su inauguración, se reportaron anomalías como la
descarga de lixiviados intencionalmente arrojadas a un arroyo de temporal que nace justo en el centro
del basurero, que pasa por las inmediaciones de la comunidad mencionada y es afluente del Río
Tlaltenango. Otros graves incidentes fueron: la inadecuada disposición de residuos sólidos urbanos y de
cadáveres de animales, la dispersión de contaminantes, y la contaminación de fuentes de agua.

Todo esto provocó nuestra inconformidad como habitantes de la comunidad de Cicacalco, ante una
obra que vulnera nuestros derechos fundamentales de vivir en un medio ambiente sano y a la salud. En
el proceso de reclamo, que inicia en agosto de 2019 y que hasta la fecha continúa, hemos visto de cerca
la corrupción, el tráfico de influencias, la coalición de servidores públicos, el ocultamiento de
información, la omisión dolosa, el ejercicio abusivo de funciones de distintos actores y niveles de
gobierno, y el manejo del conflicto por parte de los mismos servidores públicos (deslegitimación, uso
de violencia, violación sistemática de las leyes en materia ambiental, seguridad ambiental y de s alud
pública). La negación de los hechos, su minimización, el ocultamiento de información y el
encubrimiento ha sido el modus operandi de servidores públicos. Siendo omisos, en un grado brutal, en
sus responsabilidades como funcionarios al negarse a reconocer las afectaciones a nuestro territorio,
han impedido, a toda costa dar paso al consiguiente proceso de clausura definitiva, remediación y cierre
de sitio.

Nuestros derechos elementales de vivir en un medio ambiente sano y a la salud fueron violados por la
imposición de una obra, al no tomar en cuenta las condicionantes de la RIA 2017, no considerar el
principio precautorio, y no respetar nuestra autodeterminación y participación informada. Desde el
momento de la proyección de la obra y en su posterior puesta en marcha, se actuó con dolo, premeditación y ventaja, aprovechándose de sus posiciones de autoridad y poder como funcionarios, tanto el Ayuntamiento municipal de Tlaltenango, como los representantes de las dependencias relacionadas con la protección del medio ambiente.De acuerdo con la LGEEPA, es responsabilidad de quien altera las condiciones ecológicas, atender los
daños que comprometan la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Sin embargo, a 4
años de la apertura de este basurero, y aun cuando nosotros suspendimos las operaciones del mismo
en septiembre de 2020, y después mediante la clausura total temporal del relleno por PROFEPA, en
septiembre de 2021, y ratificada en noviembre del mismo año, los lixiviados siguen botándose al arroyo.
Los contenedores de lixiviados, la pila excavada a donde se canalizaron los desechos y el drenaje pluvial
fueron rebasados inmediatamente, a un mes una semana de su inauguración. Dado que se abrió un
tajo en una de las paredes de tierra de la fosa ampliada, lo que constituyó un hecho completamente
premeditado, los lixiviados se descargaron al lecho del arroyo Los Tecongos cercano, el cual pasa por la
comunidad y llega al río Tlaltenango, propiedad federal y fuente de agua de nuestra comunidad.

Nos echan la culpa. Pero todo esto es consecuencia de las malas decisiones de un Ayuntamiento
infractor y de las graves omisiones por parte de SAMA, SEMARNAT y PROFEPA. Los infractores
ambientales que siguen recibiendo toda clase de consideraciones son el ex-Presidente Municipal de
Tlaltenango, Miguel Ángel Varela Pinedo, el actual Presidente Municipal, Salvador Arellano Anaya, el
Equipo Jurídico del Municipio, y el ex-director de obras públicas y actual secretario de gobierno del
Municipio de Tlaltenango, Dorian Emanuel de la Cruz García. Por omisión y encubrimiento, son
cómplices la encargada de despacho jurídico de PROFEPA en Zacatecas, Biologa Lourdes Briones, y el
ex-director de SAMA, José Luis Maldonado, junto con sus representantes federales. Así como los
responsables de las delegaciones estatales de CONAGUA y SEMARNAT y la Procuraduría ambiental del
estado de Zacatecas. De igual manera denunciamos al ex gobernador de Zacatecas Tello Cristerna y a
Diputados de la anterior legislatura y que continúan en la actual, como es el caso de Guadalupe Correa.

Exigimos transparencia y compromiso social y ético del actual presidente municipal Salvador Arellano
Anaya y del Ayuntamiento. Que deje, de una vez por todas, de encubrir con sus acciones a la pasada
administración. Exigimos el desistimiento del amparo. Y así poder restablecer un convenio que lleve a
la clausura total definitiva y a la remediación del sitio, para lograr con ello la mitigación de los efectos
que tuvo este basurero en el corto plazo. Nuestra lucha siempre ha sido enfocada en cuidar, resguardar
y proteger nuestra agua, salud y medio ambiente. Exigimos que dejen de mediatizar y de pasarse la
problemática unos a otros y que, en su lugar, hagan patente su compromiso con los derechos
elementales de las personas y el respeto a nuestro territorio, en el cual habitamos y por el cual vivimos.

Determinar la responsabilidad administrativa a quien corresponda es una tarea pendiente para lo cual
exigimos una revisión administrativa seria y profunda. Pero sobre todo, exigimos que nos dejen de
criminalizar, y que se dicte la clausura definitiva del relleno y el cierre del sitio acompañado por la
ejecución de un proyecto de remediación integral.

No daremos un paso atrás. Continuaremos nuestra lucha por el territorio, la salud y por vivir en un medio ambiente sano.

Imagen: Habitantes de Cicacalco, municipio de Tlaltenango, Zacatecas, protestan contra el basurero público construido en la localidad. Foto Alfredo Valadez

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