Corrupción

Compartimos comunicado de la Red Méxicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por un ambiente sano en Tlaltenango ante el uso de un relleno sanitario – A 19 de julio del 2022

Desde la Presidencia de la República se insiste que seamos nosotros, la población, la que no permitamos más actos de impunidad en este país tan lastimado por corporaciones y funcionarios públicos ineficientes, corruptos, omisos y que desprecian a la naturaleza y a la salud de la población. Hoy, una vez más, es la comunidad indígena de Cicacalco quien levanta su voz para denunciar cómo las autoridades administran los conflictos y encubren sus omisiones y violaciones a la ley, en lugar de atender de inmediato la contaminación del agua y la naturaleza perjudicando la salud de la población afectada por otra obra negligente.

Como Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería, nos unimos a la exigencia de la Comunidad Indígena de Cicacalco, municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, en Zacatecas, para que se decrete la clausura definitiva del basurero abierto en 2019 en dicho municipio y que, desde entonces, ha contaminado los cuerpos de agua que abastecen a la comunidad. Nos unimos también a la exigencia de la comunidad de Cicacalco por que se inicie la fase de remediación y restauración ambiental, así como la reparación de los daños causados por dicho basurero. Así mismo, urge que se detenga la criminalización a la Comunidad Indígena por su lucha legítima en defensa del agua y la salud.

Desde la inauguración de esta obra, en junio de 2019, bajo la dirección del entonces administración del Presidente Municipal, Miguel Ángel Varela Pinedo, y con el permiso de la Secretaría de Agua y Medioambiente del estado de Zacatecas (SAMA), el basurero ha sido una fuente de contaminación permanente a las fuentes de agua de la comunidad y una amenaza a su salud y bienestar.

Desde el inicio, tal como nos urge la 4T, la comunidad ha presentado las denuncias correspondientes ante las autoridades respectivas. La primera de éstas fue liderada por un grupo de mujeres indígenas, dos meses después de la inauguración del relleno, quienes se organizaron y fueron a la presidencia municipal a quejarse de los malos olores y enjambres de moscas que se metían a sus casas, producto de los animales muertos y restos del rastro municipal que, sin algún tratamiento, eran depositados en el basurero mencionado. Asimismo, se quejaron de las descargas fétidas al arroyo Los Tecongos, el cual pasa en medio de las parcelas de cultivo y cuya contaminación amenaza la principal fuente de agua de la comunidad. Sin embargo, como suele ocurrir, después de prometer que iban a atender la situación, el Presidente Municipal hizo caso omiso del problema y dejó sin atender las obligaciones que la ley marca en materia ambiental y de manejo de residuos. Ante su negligencia, en septiembre de 2020, la comunidad inició un plantón de 24 horas frente el relleno, como medida, hecho que logró la suspensión de operaciones del basurero. Luego, en septiembre de 2021, la PROFEPA ordenó el cierre temporal total de la obra que, hasta ahora, se mantiene cerrado, pero sin que haya un cierre definitivo ni una remediación al daño ambiental que implica.

Ayuntamiento criminaliza y encubre los daños

Por su lucha en defensa de la salud y el agua para frenar la operación del relleno sanitario, la Comunidad Indígena es criminalizada. La municipalidad miente al decir que siempre ha atendido los reclamos de la comunidad (http://ntrzacatecas.com/2022/07/14/siempre-se-atiende-a-los-manifestantes-de-cicacalco-salvador-arellano/), mientras acusa a Cicacalco de ser el problema, en lugar de asumir su mandato de responder a la ley y a la voluntad de la población. Primero, el síndico municipal ha criminalizado la legítima protesta de la comunidad Indígena de Cicacalco con una denuncia que sigue abierta desde el septiembre de 2020 en contra de tres personas y “quien resulte responsable”. Segundo, semanas después de que PROFEPA clausuró el relleno en septiembre de 2021, el ayuntamiento bajo la actual administración del Presidente Municipal, Salvador Arellano Anaya, interpuso un amparo en contra de la clausura para crear una cortina de humo y encubrir la responsabilidad que tiene por los daños que se iniciaron bajo la dirección de su antecesor.

Para la comunidad, ha sido casi imposible conseguir información oportuna sobre este nuevo acto irresponsable por cualquier vía, sea de las diversas instancias del gobierno estatal o federal a quienes han recurrido. Todas sin excepción, les negaron la información sobre el amparo durante meses, SAMA, PROFEPA, la Secretaría del Gobierno del Estado, y SEMARNAT. Mientras, para todas las autoridades, ha servido como una excusa para no tomar las medidas urgentes ante una flagrante fuente de contaminación y seguir administrando el conflicto con promesas incumplidas y reuniones sin fin. Por ejemplo, tal como relata el comunicado de la Comunidad Indígena de Cicacalco del 13 de julio (http://www.remamx.org/2022/07/comunicado-administracion-del-conflicto-y-delitos-cometidos-por-servidores-publicos-de-los-tres-niveles-en-el-basurero-municipal-de-tlaltenango-zacatecas/), las autoridades acudieron a una reunión el 26 de mayo en donde declararon su compromiso de asegurar la clausura definitiva del relleno con remediación sin que hubiera habido avances concretos hasta el momento.

Ya basta de tanta impunidad, contubernio e incompetencia. Urge que el ayuntamiento de Tlaltenango de Sánchez Román se responsabilice por sus delitos ambientales y desista de su amparo en contra de la resolución de PROFEPA y de su denuncia en contra de la legítima protesta de la Comunidad Indígena de Cicacalco. Urge que la PROFEPA proceda con la clausura definitiva del relleno sanitario e iniciar la fase de remediación, restauración ambiental y la reparación de los daños.

Además, es necesario realizar una revisión de los recursos públicos gastados durante la gestión de Miguel Ángel Varela Pinedo para la construcción de este supuesto «relleno sanitario» (25 millones de pesos), que no presenta las condiciones para serlo. Así también, se debe investigar a las autoridades por sus omisiones de responsabilidades en cumplimiento con las normas y leyes que deberían haber facilitado la canalización de las denuncias interpuestas por Cicacalco repetidamente desde 2019.

¡Alto a la impunidad y la criminalización de la defensa del territorio!

¡Urge la clausura definitiva del basurero en Cicacalco, la remediación, restauración integral, y la reparación de los daños!

Imagen: Alexis Rojas

Más información:

Zacatecas: Administración del conflicto y delitos cometidos por Servidores Públicos de los tres niveles en el Basurero Municipal de Tlaltenango

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 13 de julio del 2022

A casi dos meses de la llegada de la Secretaría del gobierno de Zacatecas y de las principales instancias
del aparato estatal y federal responsables por el medioambiente a nuestra comunidad indígena de
Cicacalco, en el municipio de Tlaltenango, para declarar ante el pueblo y los medios de comunicación su
compromiso para clausurar de manera definitiva el relleno sanitario que nos ha causado graves daños,
informamos que no ha habido avance. Como comunidad, denunciamos las graves irregularidades del
proceso en torno al basurero ubicado en nuestro territorio, que sigue contaminando nuestras fuentes
de agua. A pesar de haber presentado desde el inicio, evidencia de los daños socioambientales de este proyecto ante las respectivas autoridades, siguen sin lograr la clausura definitiva del mismo, ni la definición de un proceso de remediación del sitio y del agua afectada. Lejos de eso, han llevado adelante una negación burda de los hechos y la administración del conflicto.

En 2017, la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del estado de Zacatecas (SAMA) autorizó a través de
la Resolución de Impacto Ambiental, (RIA), al Ayuntamiento municipal de Tlaltenango, la operación de
un relleno sanitario tipo C. En junio de 2019, se inauguró oficialmente, aunque sus actividades como tal
iniciaron meses antes. El ex presidente municipal presentó el proyecto como una obra que tendría el
mínimo impacto ambiental. Pomposamente nombrado “la joya de la corona”, supuestamente sería
único en su tipo en el estado de Zacatecas y entre los 20 mejores del país.

Ubicada en una zona natural de recarga de aguas, la realidad de la obra fue distinta: un proyecto que
nunca fue tal, presuntamente por invertir menos dinero del presupuestado, aunado a la falta de
programas de vigilancia y monitoreo e irregularidades en su operación provocaron graves efectos.
Apenas transcurrió un mes y una semana desde su inauguración, se reportaron anomalías como la
descarga de lixiviados intencionalmente arrojadas a un arroyo de temporal que nace justo en el centro
del basurero, que pasa por las inmediaciones de la comunidad mencionada y es afluente del Río
Tlaltenango. Otros graves incidentes fueron: la inadecuada disposición de residuos sólidos urbanos y de
cadáveres de animales, la dispersión de contaminantes, y la contaminación de fuentes de agua.

Todo esto provocó nuestra inconformidad como habitantes de la comunidad de Cicacalco, ante una
obra que vulnera nuestros derechos fundamentales de vivir en un medio ambiente sano y a la salud. En
el proceso de reclamo, que inicia en agosto de 2019 y que hasta la fecha continúa, hemos visto de cerca
la corrupción, el tráfico de influencias, la coalición de servidores públicos, el ocultamiento de
información, la omisión dolosa, el ejercicio abusivo de funciones de distintos actores y niveles de
gobierno, y el manejo del conflicto por parte de los mismos servidores públicos (deslegitimación, uso
de violencia, violación sistemática de las leyes en materia ambiental, seguridad ambiental y de s alud
pública). La negación de los hechos, su minimización, el ocultamiento de información y el
encubrimiento ha sido el modus operandi de servidores públicos. Siendo omisos, en un grado brutal, en
sus responsabilidades como funcionarios al negarse a reconocer las afectaciones a nuestro territorio,
han impedido, a toda costa dar paso al consiguiente proceso de clausura definitiva, remediación y cierre
de sitio.

Nuestros derechos elementales de vivir en un medio ambiente sano y a la salud fueron violados por la
imposición de una obra, al no tomar en cuenta las condicionantes de la RIA 2017, no considerar el
principio precautorio, y no respetar nuestra autodeterminación y participación informada. Desde el
momento de la proyección de la obra y en su posterior puesta en marcha, se actuó con dolo, premeditación y ventaja, aprovechándose de sus posiciones de autoridad y poder como funcionarios, tanto el Ayuntamiento municipal de Tlaltenango, como los representantes de las dependencias relacionadas con la protección del medio ambiente.De acuerdo con la LGEEPA, es responsabilidad de quien altera las condiciones ecológicas, atender los
daños que comprometan la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Sin embargo, a 4
años de la apertura de este basurero, y aun cuando nosotros suspendimos las operaciones del mismo
en septiembre de 2020, y después mediante la clausura total temporal del relleno por PROFEPA, en
septiembre de 2021, y ratificada en noviembre del mismo año, los lixiviados siguen botándose al arroyo.
Los contenedores de lixiviados, la pila excavada a donde se canalizaron los desechos y el drenaje pluvial
fueron rebasados inmediatamente, a un mes una semana de su inauguración. Dado que se abrió un
tajo en una de las paredes de tierra de la fosa ampliada, lo que constituyó un hecho completamente
premeditado, los lixiviados se descargaron al lecho del arroyo Los Tecongos cercano, el cual pasa por la
comunidad y llega al río Tlaltenango, propiedad federal y fuente de agua de nuestra comunidad.

Nos echan la culpa. Pero todo esto es consecuencia de las malas decisiones de un Ayuntamiento
infractor y de las graves omisiones por parte de SAMA, SEMARNAT y PROFEPA. Los infractores
ambientales que siguen recibiendo toda clase de consideraciones son el ex-Presidente Municipal de
Tlaltenango, Miguel Ángel Varela Pinedo, el actual Presidente Municipal, Salvador Arellano Anaya, el
Equipo Jurídico del Municipio, y el ex-director de obras públicas y actual secretario de gobierno del
Municipio de Tlaltenango, Dorian Emanuel de la Cruz García. Por omisión y encubrimiento, son
cómplices la encargada de despacho jurídico de PROFEPA en Zacatecas, Biologa Lourdes Briones, y el
ex-director de SAMA, José Luis Maldonado, junto con sus representantes federales. Así como los
responsables de las delegaciones estatales de CONAGUA y SEMARNAT y la Procuraduría ambiental del
estado de Zacatecas. De igual manera denunciamos al ex gobernador de Zacatecas Tello Cristerna y a
Diputados de la anterior legislatura y que continúan en la actual, como es el caso de Guadalupe Correa.

Exigimos transparencia y compromiso social y ético del actual presidente municipal Salvador Arellano
Anaya y del Ayuntamiento. Que deje, de una vez por todas, de encubrir con sus acciones a la pasada
administración. Exigimos el desistimiento del amparo. Y así poder restablecer un convenio que lleve a
la clausura total definitiva y a la remediación del sitio, para lograr con ello la mitigación de los efectos
que tuvo este basurero en el corto plazo. Nuestra lucha siempre ha sido enfocada en cuidar, resguardar
y proteger nuestra agua, salud y medio ambiente. Exigimos que dejen de mediatizar y de pasarse la
problemática unos a otros y que, en su lugar, hagan patente su compromiso con los derechos
elementales de las personas y el respeto a nuestro territorio, en el cual habitamos y por el cual vivimos.

Determinar la responsabilidad administrativa a quien corresponda es una tarea pendiente para lo cual
exigimos una revisión administrativa seria y profunda. Pero sobre todo, exigimos que nos dejen de
criminalizar, y que se dicte la clausura definitiva del relleno y el cierre del sitio acompañado por la
ejecución de un proyecto de remediación integral.

No daremos un paso atrás. Continuaremos nuestra lucha por el territorio, la salud y por vivir en un medio ambiente sano.

Imagen: Habitantes de Cicacalco, municipio de Tlaltenango, Zacatecas, protestan contra el basurero público construido en la localidad. Foto Alfredo Valadez

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