“Donde se asoma el venado”: la lucha de pobladores mayas contra megaproyectos eólicos

Compartimos esta nota de Zona Docs sobre la lucha por el territorio y la vida digna en el sureste de México – A 3 de agosto del 2022

Defensa del territorioZona de notas

Escrito por:ZonaDocs

3 agosto, 2022

“Donde se asoma el venado” es un documental realizado por Sandra Gayou y Víctor Romero, ambos recorrieron diversas comunidades mayas de Yucatán para retratar las otras luchas que ahí se dan contra diversos megaproyectos de energías renovables que crecen a borbotones generando daños ambientales, sociales y culturales que están siendo eclipsados por la construcción del Tren Maya.

Por Carlos Underwood / @carloselunder

Más allá de la batalla mediática en el Tramo 5 (Cancún-Playa del Carmen-Tulum) donde el Tren Maya —pese amparos y resistencia social— devasta selva, menoscaba cuevas inundadas, vestigios arqueológicos y fragmenta el corredor biológico de especies protegidas y en peligro de extinción, pobladores mayas de Yucatán libran una batalla legal por defender su territorio de megaproyectos de energías renovables y del mismo mal llamado Tren Maya, obra emblemática del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante la Invisibilización de la lucha de las comunidades mayas en Yucatán por proteger su tierra y recursos naturales, los documentalistas Sandra Gayou y Víctor Romero, respectivamente, han emprendido un filme de corte social para brindar luz a un proceso de defensa del territorio por un intento de despojo recurrente, minimizado y ocultado por la propaganda de Estado.

En Yucatán, sumado a la devastación del Tren Maya y la preocupación por la creación de polos de desarrollo en sus estaciones, los megaproyectos de energías solares y eólicos —entre otros males como las granjas porcícolas— son una realidad en el estado desde 2016 y actualmente hay casos de corrupción por parte de los comisarios ejidales que confronta a los pobladores, dueños de la tierra.

“Donde asoma el venado” es el nombre de la pieza audiovisual, cuyo estreno se espera en enero de 2023. El documental de ambos autores es un proyecto de investigación respaldado académicamente por UAM-Xochimilco, pero económicamente independiente.

Por ahora, Sandra Gayou y Víctor Romero documentan con cámara en mano las voces de aquellos comuneros que resisten, alzan la voz y preparan articuladamente una defensa sustentada en las leyes, en base al derecho mexicano: la resistencia de aquellos hombres y mujeres con puño en tierra es pacífica y en el papel, invisible también para los medios de comunicación que buscan la trifulca y la confrontación contra el Estado como faro para guiar a una audiencia ávida de choque.

“Desde que se inició la construcción del megaproyecto del Tren Maya se ha invisibilizado lo que sucede en las comunidades mayas en Yucatán, específicamente frente a las energías renovables”, explica Sandra Gayou para Zonadocs, en entrevista online desde Yucatán.

“Es una problemática de despojo del territorio que viene desde el 2016, cuando se le asignó a Yucatán 9 de 18 proyectos de energía renovable”, entierra.

El Plan de Transición Energética promovido a nivel nacional ha llevado megaproyectos al estado de Yucatán que, más allá de beneficiar a un modelo sustentable de energía:

“la implementación incrementa el grado de vulnerabilidad territorial de la península y no contempla un modelo de transición energética, pues tan sólo busca que mediante megaproyectos privados se expanda la generación de energía para los grandes consumidores”(1).

1.- Articulación Yucatán1 y GeoComunes. (2019). Expansión de proyectos de energía renovable de gran escala en la península de Yucatán. 03/08/2022, de Geocumenes Sitio web: http://geocomunes.org/Analisis_PDF/EnergiaRenovableYucatan.pdf

Es ahí donde ambos documentalistas enfocan sus esfuerzos para orientar la mirada de la gente en un país sumido en una disputa visceral por un tren cuya atención mediática es para el Tramo 5, debido a que abarca la zona norte de Quintana Roo, de importancia turística y biodiversidad inigualable.

En ese Tramo 5 los hoteleros —en su mayoría franquicias españolas— evitaron proteger la selva: los empresarios de complejos turísticos de la Riviera Maya presionaron al gobierno federal para que el Tren Maya Tramo 5 cruzara la selva virgen y no la carretera federal, como se tenía planeado en un inicio. El gobierno y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) cedieron ante las presiones del poder económico, de los hoteleros españoles.

También la propaganda de Estado sobre el tema, repetida hasta el hartazgo por López Obrador en su “Mañanera” y secundada por Youtubers o supuestos periodistas cuya trayectoria antes del nuevo régimen era desconocida, ha opacado los hechos de despojo en Yucatán, en las comunidades mayas.

“El cortometraje documental plantea cómo ha sido el proceso de defensa del territorio, primero, por el despojo de tierras, o el intento de despojo para hacer estos megaproyectos tanto solares como eólicos, y por la coyuntura política abordamos el Tren Maya, por impactos que ya hay en Yucatán”, explica Sandra Gayou, también comunicóloga social.

Víctor Romero, quien tiene una vasta experiencia en proyectos cinematográficos, reconoce que al visitar las comunidades se encontraron con que “hay sectores que están de acuerdo con esos polos de desarrollo” —incluidos en el megaproyecto del Tren Maya—, pero también hay un “descontento por cómo el gobierno se apropia de los territorios”.

“El problema está en cómo se da la apropiación del territorio, se hace de forma legal, aparentemente, pero cuando reclaman las tierras no se hace de manera legal o los pagos no son los adecuados, se hace por los comisarios ejidales: hay comunidades que denuncian corrupción en el tratamiento en la venta de las tierras”.

La comunidad de San José Tipceh frenó con amparos la instalación de una planta fotovoltaica (energía Solar Ticul A y Ticul B), lo que se traduce en una historia de éxito para una comunidad organizada, documentada en “Donde asoma el venado”.

“Ahí el proceso de defensa fue legal, a través de amparos se demostró que las tierras eran ejidales, y no de una persona que quería comprar a precios bajos. Fue un proceso exitoso para la comunidad, con aristas”, puntualiza Romero.

Los documentalistas también visitaron a Maxcanú, punto clave para el proyecto del Tren Maya en el Tramo 3 (Calkiní a Izamal). Rogelio Jiménez Pons, entonces director general de la Fonatur, en un discurso con tintes nacionalistas el 2 de junio de 2021, recalcó en esa ocasión que la estación serviría como ejemplo para “rescatar la historia con una visión a futuro”.

“Sobre nuestra investigación, sobre los derechos de vía para el Tren Maya, nos dimos cuenta de que esta historia también tenía una deuda, una deuda con el pueblo de Yucatán. Encontramos que existían cuentas pendientes con comunidades y propietarios que no recibieron sus pagos por sus tierras cuando se construyeron las vías de ferrocarril, algunos datan de mediados del siglo 20. Desde abril Fonatur-Tren Maya comenzó a saldar esa deuda histórica pagando a los propietarios de los terrenos donde pasan las vías férreas: se trata de un acto de justicia con el Sureste”, gritó Jiménez Pons ante los medios nacionales en ese cercano 2021.

Sandra explica que visitó Maxcanú en esa ocasión, donde Fonatur remozó el caso de la estación, pero actualmente ni siquiera se conservó la estructura. Es decir, fue utilería, escenario para la presentación del Tramo 3.

“Finalmente, la estación o el polo turístico quedará kilómetros antes de la entrada al pueblo”, ejemplifica Sandra, quien es clara al decir que las afectaciones por los megaproyectos ya son visibles en las comunidades.

Víctor relata que justo en esa zona, en Maxcanú, hay una devastación de selva sin precedentes, con troncos a pie de carretera e irónicamente hay una vía paralela de tren a la antigua. En otras palabras, no se utilizó la vía “vieja” ferroviaria para el trazo del Tren Maya.

“Para empezar, donde será la estación levantaron la selva, los troncos están a pie de carretera, en el tramo a Halachó se construye un paso que implica abrir la selva y hay una vía del tren vieja y paralelamente está la del Tren Maya y no se usa la ruta anterior”, relata Víctor.

“Donde asoma el venado” documentó cómo a los pobladores de esa comunidad el gobierno les hizo un ofrecimiento por las tierras, donde el comisario ejidal acepta y el dinero recibido fue menor.

“La compra ya estaba hecha. Y construcción (del Tren Maya) no se detiene”, dice Victor.

Ambos documentalistas destacan que en Yucatán la “defensa del territorio ha sido legal”, y las comunidades han aprendido cómo defenderse, aunque también son grupos pequeños.

Actualmente la atención sobre las afectaciones del Tren Maya se dirige al Tramo 5, donde el presidente López Obrador y su equipo de comunicación han encabezado una campaña de desprestigio contra activistas. Pero no todo es el Tramo 5, en Yucatán, los despojos son una realidad: los megaproyectos ya han minado los territorios y el tejido social de las comunidades mayas.

“Donde asoma el venado” llega como vehículo de denuncia, de investigación, de rigor, de cine documental de un hecho mal entendido, mal informado y desvirtuado en México por el oficialismo y el fanatismo mediático y culto al régimen.

Contexto

El 28 de julio de 2020, Patricia Escalante Pliego, investigadora del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) —en un foro virtual donde participaron la bióloga y Rogelio Jiménez Pons, entonces director del Fondo Nacional del Fomento para el Turismo (Fonatur) y también responsable de Tren Maya—, vaticinó que la construcción del Tren Maya traería “destrucción de la selva, tráfico de especies, maderas preciosas y daño del tejido social por involucrar a la comunidad en actividades ilícitas o ponerlas en riesgo”.

“Son problemáticas que actualmente experimentan zonas cercanas a las áreas naturales protegidas, como en Calakmul, donde cruzaría el Tren Maya, en el sureste mexicano”, señaló en aquella ocasión la especialista.

Dos años después, el Tren Maya devasta selva, despoja tierras y ha dividido al país, además la desinformación gana terreno y los discursos de odio contra los defensores de la selva y el territorio cobran vida en las redes sociales.

Los proyectos independientes como “Donde asoma el venado” brindan una alternativa de información y acercan al público a problemáticas invisibles, sin foco mediático.

Similitudes

En mayo de 2018, Bettina Cruz Velázquez, integrante del Consejo Indígena de Gobierno, activista y férrea defensora de los derechos humanos —oriunda del pueblo binni`zaa, en el sur de Oaxaca—, en una visita a Valencia, España, denunció que la corrupción de las autoridades de los tres niveles de gobierno, el narcotráfico y el poder económico y devastador de las multinacionales europeas y anglosajonas han hecho del Istmo de Tehuantepec un infierno para sus habitantes.

La activista denunció que los megaparques eólicos instalados en la región, y otros más que están proyectados —como los de Yucatán—, han generado pobreza, segregación, daños socioambientales, migración y distorsión del sistema democrático a través de manipulación de políticos para la obtención de licencias y permisos.

Iberdrola, Unión Fenosa, Acciona, Gamesa y Renovalia Energy, entre otras más, lideran la invasión de multinacionales en el Istmo: las empresas españolas, con un discurso “verde”, son las primeras en violentar los derechos humanos de la comunidad y destruir el ecosistema de la zona.

En esa ocasión, Cruz Velázquez explicó que el gobierno mexicano cobija el avance de las multinacionales en territorio indígena, lo que genera despojos y persecución. Un ejemplo de contubernio entre gobierno y empresas extranjeras es la creación del corporativo Zapoteca de Energía, cuyo dueño es un funcionario estatal quien apoyó a las multinacionales en la obtención de permisos y licencias.

“Nos ha sido difícil hablar de cómo la energía supuestamente renovable afecta a los pueblos. Se ve como una panacea sin verla en el contexto que se desarrolla. La energía renovable es buena: nosotras no estamos en contra, pero si vemos cómo se está desarrollando y en manos de quién está, vemos las otras aristas, de lo que representa”, refirió Bettina.

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Más información:

Zacatecas: Administración del conflicto y delitos cometidos por Servidores Públicos de los tres niveles en el Basurero Municipal de Tlaltenango

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 13 de julio del 2022

A casi dos meses de la llegada de la Secretaría del gobierno de Zacatecas y de las principales instancias
del aparato estatal y federal responsables por el medioambiente a nuestra comunidad indígena de
Cicacalco, en el municipio de Tlaltenango, para declarar ante el pueblo y los medios de comunicación su
compromiso para clausurar de manera definitiva el relleno sanitario que nos ha causado graves daños,
informamos que no ha habido avance. Como comunidad, denunciamos las graves irregularidades del
proceso en torno al basurero ubicado en nuestro territorio, que sigue contaminando nuestras fuentes
de agua. A pesar de haber presentado desde el inicio, evidencia de los daños socioambientales de este proyecto ante las respectivas autoridades, siguen sin lograr la clausura definitiva del mismo, ni la definición de un proceso de remediación del sitio y del agua afectada. Lejos de eso, han llevado adelante una negación burda de los hechos y la administración del conflicto.

En 2017, la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del estado de Zacatecas (SAMA) autorizó a través de
la Resolución de Impacto Ambiental, (RIA), al Ayuntamiento municipal de Tlaltenango, la operación de
un relleno sanitario tipo C. En junio de 2019, se inauguró oficialmente, aunque sus actividades como tal
iniciaron meses antes. El ex presidente municipal presentó el proyecto como una obra que tendría el
mínimo impacto ambiental. Pomposamente nombrado “la joya de la corona”, supuestamente sería
único en su tipo en el estado de Zacatecas y entre los 20 mejores del país.

Ubicada en una zona natural de recarga de aguas, la realidad de la obra fue distinta: un proyecto que
nunca fue tal, presuntamente por invertir menos dinero del presupuestado, aunado a la falta de
programas de vigilancia y monitoreo e irregularidades en su operación provocaron graves efectos.
Apenas transcurrió un mes y una semana desde su inauguración, se reportaron anomalías como la
descarga de lixiviados intencionalmente arrojadas a un arroyo de temporal que nace justo en el centro
del basurero, que pasa por las inmediaciones de la comunidad mencionada y es afluente del Río
Tlaltenango. Otros graves incidentes fueron: la inadecuada disposición de residuos sólidos urbanos y de
cadáveres de animales, la dispersión de contaminantes, y la contaminación de fuentes de agua.

Todo esto provocó nuestra inconformidad como habitantes de la comunidad de Cicacalco, ante una
obra que vulnera nuestros derechos fundamentales de vivir en un medio ambiente sano y a la salud. En
el proceso de reclamo, que inicia en agosto de 2019 y que hasta la fecha continúa, hemos visto de cerca
la corrupción, el tráfico de influencias, la coalición de servidores públicos, el ocultamiento de
información, la omisión dolosa, el ejercicio abusivo de funciones de distintos actores y niveles de
gobierno, y el manejo del conflicto por parte de los mismos servidores públicos (deslegitimación, uso
de violencia, violación sistemática de las leyes en materia ambiental, seguridad ambiental y de s alud
pública). La negación de los hechos, su minimización, el ocultamiento de información y el
encubrimiento ha sido el modus operandi de servidores públicos. Siendo omisos, en un grado brutal, en
sus responsabilidades como funcionarios al negarse a reconocer las afectaciones a nuestro territorio,
han impedido, a toda costa dar paso al consiguiente proceso de clausura definitiva, remediación y cierre
de sitio.

Nuestros derechos elementales de vivir en un medio ambiente sano y a la salud fueron violados por la
imposición de una obra, al no tomar en cuenta las condicionantes de la RIA 2017, no considerar el
principio precautorio, y no respetar nuestra autodeterminación y participación informada. Desde el
momento de la proyección de la obra y en su posterior puesta en marcha, se actuó con dolo, premeditación y ventaja, aprovechándose de sus posiciones de autoridad y poder como funcionarios, tanto el Ayuntamiento municipal de Tlaltenango, como los representantes de las dependencias relacionadas con la protección del medio ambiente.De acuerdo con la LGEEPA, es responsabilidad de quien altera las condiciones ecológicas, atender los
daños que comprometan la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Sin embargo, a 4
años de la apertura de este basurero, y aun cuando nosotros suspendimos las operaciones del mismo
en septiembre de 2020, y después mediante la clausura total temporal del relleno por PROFEPA, en
septiembre de 2021, y ratificada en noviembre del mismo año, los lixiviados siguen botándose al arroyo.
Los contenedores de lixiviados, la pila excavada a donde se canalizaron los desechos y el drenaje pluvial
fueron rebasados inmediatamente, a un mes una semana de su inauguración. Dado que se abrió un
tajo en una de las paredes de tierra de la fosa ampliada, lo que constituyó un hecho completamente
premeditado, los lixiviados se descargaron al lecho del arroyo Los Tecongos cercano, el cual pasa por la
comunidad y llega al río Tlaltenango, propiedad federal y fuente de agua de nuestra comunidad.

Nos echan la culpa. Pero todo esto es consecuencia de las malas decisiones de un Ayuntamiento
infractor y de las graves omisiones por parte de SAMA, SEMARNAT y PROFEPA. Los infractores
ambientales que siguen recibiendo toda clase de consideraciones son el ex-Presidente Municipal de
Tlaltenango, Miguel Ángel Varela Pinedo, el actual Presidente Municipal, Salvador Arellano Anaya, el
Equipo Jurídico del Municipio, y el ex-director de obras públicas y actual secretario de gobierno del
Municipio de Tlaltenango, Dorian Emanuel de la Cruz García. Por omisión y encubrimiento, son
cómplices la encargada de despacho jurídico de PROFEPA en Zacatecas, Biologa Lourdes Briones, y el
ex-director de SAMA, José Luis Maldonado, junto con sus representantes federales. Así como los
responsables de las delegaciones estatales de CONAGUA y SEMARNAT y la Procuraduría ambiental del
estado de Zacatecas. De igual manera denunciamos al ex gobernador de Zacatecas Tello Cristerna y a
Diputados de la anterior legislatura y que continúan en la actual, como es el caso de Guadalupe Correa.

Exigimos transparencia y compromiso social y ético del actual presidente municipal Salvador Arellano
Anaya y del Ayuntamiento. Que deje, de una vez por todas, de encubrir con sus acciones a la pasada
administración. Exigimos el desistimiento del amparo. Y así poder restablecer un convenio que lleve a
la clausura total definitiva y a la remediación del sitio, para lograr con ello la mitigación de los efectos
que tuvo este basurero en el corto plazo. Nuestra lucha siempre ha sido enfocada en cuidar, resguardar
y proteger nuestra agua, salud y medio ambiente. Exigimos que dejen de mediatizar y de pasarse la
problemática unos a otros y que, en su lugar, hagan patente su compromiso con los derechos
elementales de las personas y el respeto a nuestro territorio, en el cual habitamos y por el cual vivimos.

Determinar la responsabilidad administrativa a quien corresponda es una tarea pendiente para lo cual
exigimos una revisión administrativa seria y profunda. Pero sobre todo, exigimos que nos dejen de
criminalizar, y que se dicte la clausura definitiva del relleno y el cierre del sitio acompañado por la
ejecución de un proyecto de remediación integral.

No daremos un paso atrás. Continuaremos nuestra lucha por el territorio, la salud y por vivir en un medio ambiente sano.

Imagen: Habitantes de Cicacalco, municipio de Tlaltenango, Zacatecas, protestan contra el basurero público construido en la localidad. Foto Alfredo Valadez

Más información:

Oaxaca: en el Istmo sancionan a Puente Madera por no aceptar parque industrial

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la lucha por defender el territorio y la vida en el Istmo de Oaxaca – A 28 de junio 2022

PorJeny Pascacio

Así como el Parque Industrial planeado en Monte del Pitayal, en el municipio de San Blas Atempa, Oaxaca, como parte de los Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI), la militarización busca establecerse en las comunidades del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Los PODEBI integran el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que, como cada proyecto gubernamental en la zona, fue presentado con la consigna de combatir la desigualdad y para llevar desarrollo a las comunidades indígenas.

La Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio nuevamente protestó por estas imposiciones e hicieron un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para respetar el proceso, las leyes y los acuerdos internacionales que les protegen. Pidieron que respete la decisión de la comunidad de no aceptar el parque en sus tierras comunales. 

Los manifestantes recordaron la realización de la asamblea de comuneros que, teóricamente, tendría aprobado la construcción del parque en tierras comunales de la comunidad. Dicha asamblea se caracterizó, de acuerdo con los manifestantes, por la falsificación de firmas de más del 80% de los comuneros, además de la firma de dos personas fallecidas. 

“Un año ha pasado desde la realización de la primera falsa asamblea de comuneros convocada por Antonino Morales Toledo, que en ese entonces ostentaba el cargo de presidente municipal de San Blas Atempa y hoy es mano derecha de aquel que obtuvo la gubernatura del estado en Oaxaca, en un proceso marcado por el abstencionismo”, dijo la Asamblea en rueda prensa este lunes (27).

La comunidad binnizá de Puente Madera sostuvo que continuará en la resistencia, a pesar de que San Blas Atempa negó el reconocimiento de las autoridades que designaron bajo su propio sistema; asimismo el recurso económico público destinado para derechos prioritarios como el acceso a la salud. 

Las medidas forman parte de la intimidación y criminalización de la comunidad por no aceptar los megaproyectos. “Solo traerá escasez y contaminación de agua, el acaparamiento de nuestras tierras, la contaminación de nuestro suelo y aire”, a cambio de trabajo precario y explotado. 

Nueva frontera’

Los militares ya mantienen retenes entre las comunidades del Istmo de Tehuantepec, tanto de la Guardia Nacional como de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La asamblea alerta para el hecho de que la militarización puede aumentar. En consecuencia, las violencias contra el pueblo zapoteco pueden agudizarse en los meses siguientes, sostienen. 

“Si algo le llega a suceder a los habitantes de las comunidades y agencias que se han sumado a la lucha, el único responsable será Antonino Morales Toledo alias el Lino por querer imponer el Parque Industrial y también usted (López Obrador) porque no quiere escuchar”, dijeron en la rueda de prensa. Advierten que las máquinas para iniciar la obra del parque industrial serán quemadas. 

En total se trata de 10 Polos de Desarrollo para el Bienestar vinculados al Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que abarca 79 municipios, 46 de Oaxaca y 33 de Veracruz.

“El Corredor Interoceánico nos ofrece agroindustria para que olvidemos el zapalote chico, nuestro maíz nativo, base para nuestros totopos. Nos ofrecen metalurgia e industria textil para abandonar el campo y la tierra, para que en pocos años esta industrialización nos lleve a niveles críticos de escasez de agua como la que hoy se está viviendo en Monterrey”, agregó integrantes de la asamblea.

Imágenes: Avispa Midia

Más información:

Publicación: Acaparamiento de Tierras y Bienes Comunes

Amigos de la Tierra Argentina

A partir de la Campaña contra el Acaparamiento de Tierras iniciada en 2011, Amigos de la Tierra Argentina trabajó numerosos casos de conflictos ambientales vinculados al control de los territorios: agronegocios, industrias extractivas como minería o fracking, e incluso acaparamiento de tierras urbanas.

En la Argentina, el país que posee el segundo mayor territorio de América Latina con una superficie total de 3.761.274 kilómetros cuadrados, la tendencia al acaparamiento de tierras a gran escala y de riquezas naturales es un fenómeno que no puede menospreciarse.

 

Compartimos este documento de trabajo que intenta describir una continuidad histórica del acaparamiento de tierras en nuestro continente, el cual adquiere dimensiones cada vez más complejas. La consolidación del esquema “extractivista-exportador” y su consecuencia, el  acaparamiento de los bienes comunes, ha intensificado los conflictos socioambientales. Es en estas luchas donde el argumento ambiental ha tomado un papel central a favor de la defensa del territorio.

VER INFORME COMPLETO:

Acaparamiento de tierras y bienes comunes

Dígale al Banco Mundial que deje de apoyar el acaparamiento de tierras

Firma aquí: #WorldVsBank

En este momento, millones de personas están desalojadas de sus tierras debido a apropriaciones de tierra y a derechos especiales otorgados a las grandes corporaciones. El Banco Mundial está dirigiendo esta tendencia destructiva con sus rankings sobre “la facilidad de hacer negocios” que obligan a los países a competir unos contra otros para eliminar las protecciones al medio ambiente, los derechos de los trabajadores y los impuestos a las grandes empresas, entre otras cuestiones.

Súmate a nuestra campaña para decir al Banco Mundial y a los acaparadores que es nuestra tierra, nuestro negocio.

http://ourlandourbusiness.org/es/

INFORME:
Ceguera Intencional.
Como La Clasificación De Países Por El Banco Mundial Empobrece A Los Pequeños Agricultores

La tierra, en pocas manos

UN INFORME MUESTRA COMO PIERDE TERRITORIOS LA AGRICULTURA CAMPESINA

Por Darío Aranda, pagina12.com.ar

El 90 por ciento de los agricultores del mundo es campesino e indígena, pero tiene sólo el 25 por ciento de la tierra. La agricultura campesina produce hasta 80 por ciento del alimento en los países no industrializados. Y la concentración de tierras en pocas manos es un fenómeno global. Son algunas de las conclusiones de la investigación Hambrientos de Tierra, de la organización internacional Grain. El estudio procesa información oficial y académica de las última dos décadas y ofrece una radiografía de la situación de la tierra a nivel mundial. En Argentina, en veinte años, desapareció el 33 por ciento de las chacras más pequeñas. “Es necesario y urgente revertir la tendencia actual y entregar a los pequeños agricultores los medios para alimentar al mundo”, propone la investigación.

“Los campesinos alimentan al mundo con menos de una cuarta parte de la tierra agrícola”, es el subtítulo del informe de Grain, una organización que se especializa en el análisis del modelo agropecuario y el rol de las corporaciones. En la segunda página del informe confronta contra la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO): “Inauguró 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar, cantó las loas de los agricultores familiares pero ni una sola vez mencionó la necesidad de una reforma agraria. Por el contrario, anunció que las fincas familiares ya tenían la mayor parte de la tierra, la increíble cifra de 70 por ciento”.

El informe de Grain afirma todo lo contrario. Más del 90 por ciento de los agricultores del mundo es campesino e indígena, pero controla menos de un cuarto de la tierra agrícola mundial. Y, con esa poca tierra, produce la mayor parte de la alimentación. En promedio, las fincas de los campesinos tienen sólo 2,2 hectáreas.

El trabajo ordena la información por continentes. Para América latina y el Caribe señala que las pequeñas chacras representan el 80 por ciento (17.894) del total y cuentan sólo con el 19 por ciento de la tierra cultivable (172.686 hectáreas). “Las fincas pequeñas están siendo marginadas a menos tierras”, explica la investigación y detalla que en treinta países se dan las mayores inequidades, donde los campesinos representa más del 70 por ciento de las fincas y tienen menos del diez por ciento de la tierra. De los treinta más injustos, seis son de América: Chile, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.

En el apartado III el informe detalla que los campesinos e indígenas están perdiendo rápidamente fincas, mientras crecen las grandes chacras. De América latina sobresalen los casos de Argentina, que perdió más de un tercio de sus chacras entre 1988 y 2008 (sólo entre 2002 y 2008 desapareció el 18 por ciento de las pequeñas fincas). En Chile, entre 1997 y 2007, se perdió el 15 por ciento de las chacras más pequeñas. En Colombia, entre 1980 y la actualidad, los campesinos perdieron la mitad de la tierra que poseían. En Uruguay, en los últimos catorce años, desapareció el 20 por ciento de las chacras.

Carlos Vicente, uno de los investigadores del informe, remarcó que “la pérdida en Argentina de un 33 por ciento de los pequeños productores en 20 años demuestra cómo el modelo sojero ha sido depredador” y alertó que “la posibilidad de sostener una alimentación autónoma de nuestro pueblo se ve profundamente jaqueada”. Vicente revalorizó que los campesinos en Argentina tienen el 5,8 por ciento de la tierra y “siguen siendo los principales productores de alimentos del país”.

Grain establece una relación directa entre la pérdida de tierras de pequeños productores y el avance de la megaminería, el petróleo, gas y monocultivos. “La tremenda expansión de las megafincas dedicadas a los monocultivos industriales es quizás el factor más importante detrás del desalojo de los pequeños agricultores”, afirma, y detalla particularmente cuatro monocultivos: caña de azúcar, canola (colza), palma aceitera y soja. Señala que, en los últimos cincuenta años, 160 millones de hectáreas fueron ocupadas por los monocultivos. “Más y más tierra agrícola fértil es ocupada por grandes fincas que producen materias primas industriales para exportación, presionando a los pequeños productores a una siempre decreciente participación sobre la tierra”, asegura. Y advierte que, según la misma FAO, para 2050 la superficie mundial sembrada con soja aumentará un 33 por ciento; la caña de azúcar, un 28 por ciento, y la canola, un 16 por ciento.

“Con mucha rapidez estamos perdiendo fincas y campesinos por la concentración de tierra a manos de los ricos y los poderosos. Si no revertimos esta tendencia, el mundo perderá su capacidad para alimentarse a sí mismo”, advirtió Henk Hobbelink, coordinador de Grain.

La investigación alerta que la concentración de la tierra “está llegando a niveles extremos” y que esa política tiene una consecuencia directa en el número creciente de personas que pasan hambre en el mundo. “Necesitamos, en forma urgente y a una escala nunca antes vista, revisar y relanzar programas de reforma agraria y reconstitución territorial genuinos que devuelvan la tierra a manos campesinas e indígenas”, alerta Grain.

Un tema que afecta a todo el mundo: tierra y alimentos

Un tema que afecta a todo el mundo: tierra y alimentos

En Guatemala, ante el acaparamiento de tierras e imposición de monocultivos como la caña de azúcar y palma africana en el Valle del Polochic, mujeres como Matilde están alzando la voz

Giovany Ujpán – de Oxfam Intermón en Guatemala, en diario Público

«Mi nombre es Matilde Caal y tengo 45 años. Nací en el Valle del Polochic, Guatemala. Desde niña supe que los alimentos también son oportunidades para sacar adelante a nuestras familias, porque aparte de alimentarnos diariamente, permiten el intercambio entre las personas, lo que alimenta también la vida comunitaria, cuando se tiene acceso a la tierra para sembrar y cosechar.

Crecí trabajando la tierra. Pero durante mucho tiempo desconocí que mis abuelas y abuelos eran propietarios de tierras que después fueron acaparadas por finqueros, para quienes trabajamos muchas familias como mozos colonos durante años. Hasta que nos desalojaron en marzo de 2011, cuando los intereses de una empresa cañera fueron favorecidos por el Estado de Guatemala».

La historia de Matilde es larga, y continúa. Recientemente ha sido nombrada vicepresidenta de las 30 familias que desde el 13 de diciembre habitan la finca San Valentín, que han decidido llamar, a partir de ahora, comunidad Los Luchadores. Éste es el primer grupo reasentado, tras un proceso largo de más de dos años y medio, que continúa porque buscarán conseguir más tierras para sembrar y vivienda digna para las 769 familias de 14 comunidades desalojadas en el Valle del Polochic, en marzo de 2011.

En Guatemala, ante el acaparamiento de tierras e imposición de monocultivos como la caña de azúcar y palma africana en el Valle del Polochic, mujeres como Matilde están alzando la voz, animando y organizando a campesinas y campesinos. Con su ejemplo predica que los alimentos empoderan a las personas y deben ser un patrimonio, un derecho para todas y todos. Porque, como ella misma dice, “el tema de la tierra nos toca a todos en cualquier momento. Y las campesinas y campesinos podemos luchar contra el hambre y la pobreza a partir del acceso a la tierra. Sin tierras, simplemente no hay alimentos sanos”.

POSCO, Corea y la Ciudad Modelo en Honduras

POSCO, Corea y la Ciudad Modelo en Honduras

Entre la  información fragmentada, proporcionada por la administración Lobo, en referencia al enclave neocolonial, que pretende fundar en la costa norte de Honduras, entre la bahía de Trujillo y el río Sico, se encuentra el convenio firmado por el Estado con el emporio POSCO (Pohang Iron and Steel Company).

Posco con sede en Pohang, Corea del Sur, es considerada la tercera empresa metalúrgica a nivel mundial, con siderurgicas en Pohang, Gwangyang y en Pittsburg (California). Entre las empresas subisdiarias de POSCO se encuentra DAEWOO, la que en Magadascar antes del golpe de estado (2009), pretendió apoderarse de forma gratuita de 1.3 millones de hectáreas, para la siembra de palma africana y maíz.

En mayo del 2011 – meses antes de emisión del estatuto de las RED –  Joon- Yang Chung, gerente general de POSCO, firmó un memorándum de entendimiento, para la ejecución de proyectos de infraestructura, la construcción de la RED y explotación de minerales.

El historial de POSCO en relación al respeto de los derechos humanos se encuentra altamente cuestionado. En Orisha, India, Posco desde hace siete años ha pretendido  construir una mega siderúrgica, a un costo de  us$ 12 billones, Los pobladores locales de Jagatsinghpur, se han opuesto rotundamente a la venta de sus tierras, ante la contaminación ambiental que produciría la empresa metalúrgica,

Las autoridades hindúes no han cejado en perseguir a los defensores de su territorio fabricando una serie de acusaciones, que incluso han puesto tras las rejas a una serie de líderes comunitarios y ancianos, los cuales lideran la resistencia. la criminalización de la resistencia a la siderúrgica de POSCO, ha llegado al extremo de señalar a los resistentes como naxalitas (maoistas) y sugerir una intervención militar en el  estado de Orissa.

Con la trayectoria en la India presentada por POSCO y el acostumbrado canibalismo de la elite de poder hondureña, es de esperar que a los pobladores en donde se pretende construir la ciudad modelo, se les reprima para lograr los objetivos de los libertarios hondureños de extrema derecha.

El proyecto de la ciudad modelo no ha sido socializado en Honduras. Simplemente ciertos círculos de poder vinculados a la administración Lobo-Hernández, han sido informados de los posibles negocios con los cuales pueden lucrarse. Mientras la mayoría de la población recibe información distorsionada y por retazos.

Una de las preguntas que surgen alrededor de la ciudad modelo y la intervención de POSCO, es si existe la pretensión construir una siderúrgica, y de ser así ¿de dónde extraerán el hierro?.

La presiones territoriales existentes sobre las comunidades garífunas de Colón y Gracias a Dios, no son recientes. Sin embargo la inadecuada titulación y la falta de voluntad política por parte del  Instituto Nacional Agrario (INA), se prestan para que los despojos y ventas dolosas se multipliquen, en beneficio de elementos asociados al crimen organizado los cuales se han venido apoderando de ese territorio garífuna, considerado por nuestro pueblo como un santuario cultural.

La Ceiba, 8 de Agosto del 2012

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
http://ofraneh.wordpress.com/2012/08/08/posco-corea-y-la-ciudad-modelo-en-honduras/

Más info: Campaña contra el acaparamiento de tierras: Honduras: las Ciudades Modelo y la Segunda Fase del Golpe de Estado

 

Campaña contra el acaparamiento de tierras: Honduras: las Ciudades Modelo y la Segunda Fase del Golpe de Estado

Campaña contra el acaparamiento de tierras: Honduras: las Ciudades Modelo y la Segunda Fase del Golpe de Estado

ciudad modeloA partir del golpe de estado del año 2009, el Congreso Nacional comenzó a emitir una serie de leyes de corte neoliberal, entre ellas la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED) o Ciudades Modelo, la cual permite ceder parte del territorio nacional a inversionistas extranjeros, con el pretexto de  crear fuentes de trabajo y reducir la pobreza crónica que abate a Honduras.

No obstante las aparentes «buenas intenciones», las RED se perfilan como una nueva forma de colonialismo en el siglo XXI, donde los países pobres se ven obligados a ceder franjas de territorio a inversionistas extranjeros, para la creación de estados cuasi independientes que funcionaran con sus propias leyes y sistema de seguridad.

La primera ciudad modelo la trataron de implementar en la Isla Madagascar, donde el pueblo se levantó en marzo del 2009, en contra de la administración de  Marc Ravalomanana; el que fue influenciado por el economista estadounidense Paul Romer, promotor de las ciudades modelo.

En Honduras el golpe promovido por los Estados Unidos tuvo un efecto inverso al de Madagascar. Paul Romer contactó a la Administración Lobo,  heredera del golpe de Estado, escasos meses después de haber asumido el poder, para que de forma expedida fuera aprobada las ciudades modelo por el Congreso Nacional.

En octubre del 2011, un grupo de abogados interpusieron un Recurso de Inconstitucionalidad en contra de la Ley RED, ante la destrucción de la soberanía nacional; posteriormente en enero del  presente año el Ministerio Público emitió un dictamen a favor del Recurso interpuesto.

La información proporcionada por el Estado de Honduras en relación a las ciudades modelos ha sido filtrada desde Casa Presidencial. Las declaraciones brindadas por el actual mandatario, señala que la franja que pretende subastar se encuentra entre la Bahía de Trujillo y el río Sico, casualmente donde se encuentran ubicadas las 24 comunidades Garifunas, consideradas el santuario cultural del pueblo Garífuna.

Solicitamos su apoyo para indicar a la Corte Suprema de Justicia de Honduras, la importancia de su independencia en  la resolución sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en contra de las RED. El experimento que pretende implementar en Honduras puedo ser clonado a lo largo y ancho del continente americano.

Se puede firmar la carta dirigida a la Corte Suprema en:
http://www.gopetition.com/petitions/defendamos-la-soberania-nacional-de-honduras-y-al-puebl.html

Para mayor información sobre el despojo anunciado:
http://ofraneh.org/ofraneh/ciudad_modelo.html

Miriam Miranda
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

La Ceiba, Atlántida,  30 de julio de 2012

http://ofraneh.wordpress.com/2012/07/30/honduras-las-ciudades-modelo-y-la-segunda-fase-del-golpe-de-estado/

¡NO! al acaparamiento de tierras

¡NO! al acaparamiento de tierras

Fuente: ADITAL

ANÁLISIS
Por Carmelo Ruiz Marrero


La soberanía alimentaria de los pueblos enfrenta un nuevo enemigo: el acaparamiento de vastas extensiones de tierras agrícolas. Los nuevos acaparadores de tierras son Estados con mucho capital pero poca capacidad agrícola para alimentar a sus poblaciones, como Singapur, Corea del Sur, Arabia Saudita y China, e inversionistas capitalistas ávidos de nuevas oportunidades de lucro.

«Nunca antes se había invertido tanto dinero en el sistema alimentario industrial”, plantea la organización no gubernamental Grain, ganadora del Premio Nobel Alternativo de 2011. «Con las actuales crisis financiera y económica a nivel global, el capital especulativo busca sitios seguros donde multiplicarse. Los alimentos y las tierras de cultivo son esos sitios… La carrera es por ver quiénes logran controlar los recursos para la producción mundial de alimentos –las semillas, el agua y la tierra– y la distribución global de los mismos.”

Grain sostiene que «El dinero también fluye directamente hacia la agricultura industrial y las adquisiciones de tierra. Los bancos, los fondos de inversión y los fondos de pensiones se utilizan activamente para comprar tierra por todo el mundo… los cálculos actuales nos hablan de entre 60 y 80 millones de hectáreas que han pasado a manos de los inversionistas extranjeros para producir alimentos tan sólo en los últimos años. Esto es igual a la mitad de las tierras agrícolas de toda la Unión Europea. La mayor parte de esto ocurre en África, donde los derechos consuetudinarios de los pueblos a la tierra están siendo ignorados de manera flagrante”.

ÁFRICA, EL PREMIO MAYOR

En esta carrera por apropiarse de tierras, África es el premio mayor. Es el último horizonte de lucro del capital transnacional, un continente que los grandes intereses consideran «subutilizado”. La ONG estadounidense Oakland Institute lleva desde el año pasado examinando con detenimiento los negocios con tierras en África. Encontraron que estos tratos son a menudo subvencionados por instituciones del sector público, como la Agencia Internacional de Desarrollo de EEUU (Usaid) y el Banco Mundial, y que involucran no solamente la producción de alimentos para exportación sino también falsas soluciones al cambio climático, como los agrocombustibles y el comercio de lucrativos «créditos de carbono”.

Estos negocios, supuestamente, son para traerle el desarrollo a los empobrecidos africanos, pero Anuradha Mittal, directora ejecutiva del Oakland Institute, sostiene que en realidad hacen daño a la gente de África y su ambiente. «Esta manera de ‘desarrollar’ a África no es ni justa ni sustentable. Está desplazando gente al tomar sus tierras y recursos naturales que producen alimento y proveen sustento a la vez que empeora el cambio climático.”

Estudiando casos en Mozambique, Sudán del Sur, Tanzania y Zambia, las investigaciones de la organización encontraron que los nuevos acaparadores de tierras dejan un saldo nefasto para las poblaciones locales. «En nuestra investigación sobre 50 tratos de tierras en siete países africanos, no encontramos evidencia de que tales inversiones provean réditos financieros justos para los países o sus poblaciones”, dijo Frederic Mousseau, del Oakland Institute.

LATINOAMÉRICA TAMBIÉN ES AFECTADA

En Paraguay la corporación argentina Cresud posee 142 mil hectáreas, en las que siembra mayormente girasol y soya. En los años 90 Cresud logró un crecimiento explosivo, en parte, gracias a una inversión sustancial del magnate George Soros. Para 2011 Cresud era el mayor terrateniente en Argentina, controlando sobre 620 mil hectáreas –para soya y ganado mayormente– al igual que 175 mil hectáreas en Brasil mediante su control sobre la compañía BrasilAgro. A nivel internacional Cresud posee un total de 962 mil hectáreas.

También en Paraguay está asentada la misteriosa corporación NFD Agro, cuyo domicilio es en la isla Bermuda. Sus negocios en Paraguay, que abarcan sobre 35 mil hectáreas donde siembra maíz, soya y otros productos, fueron subvencionados con un préstamo de $5 millones de la Corporación Financiera Internacional, subsidiaria del Banco Mundial. NFD es controlada por inversionistas argentinos, el banco JP Morgan y la firma neoyorkina TRG Management/Rohatyn Group. TRG también invierte en Calyx Agro, que en Paraguay tiene casi 3 mil hectáreas en las que siembra caña de azúcar y otros cultivos. Calyx es un vehículo del comerciante de granos Louis Dreyfus para adquirir terrenos agrícolas en el Cono Sur.

En Perú está la surcoreana Ecoamérica con 72 mil hectáreas (de donde extrae madera y pastorea ganado), y la estadounidense Maple Energy (que siembra caña de azúcar para la producción de etanol). En Uruguay hay capitales agrícolas argentinos, daneses, franceses, estadounidenses (Adecoagro), y hasta de Singapur (Olam). Y tras los terrenos agrícolas de Colombia van argentinos (Ingacot), brasileños (Mónica Semillas), chinos, israelíes (Merhav Group), españoles (Grupo Poligrow) y estadounidenses (Black River Asset Management).

Según la base de datos de Grain, estos acaparamientos no se están dando en Venezuela, Ecuador o Cuba.

LOS FONDOS DE PENSIÓN TAMBIÉN

Un aspecto sorprendente de este acaparamiento global de tierras es que entre los principales inversionistas que ponen la plata para estos negocios figuran los fondos de pensión. A nivel mundial los fondos de pensión manejan $23 billones, de los cuales se cree que $100 mil millones están invertidos en commodities, y de eso se estima que de $5 a $15 mil millones van a la compra de tierras agrícolas. Se espera que para 2015 esa última cifra se duplique.

Esto concierne directamente al pueblo trabajador. Según Grain, «Hoy día, las pensiones de las personas son frecuentemente manejadas por empresas privadas en representación de sindicatos, gobiernos, individuos o empleadores. Estas compañías son responsables de salvaguardar y hacer crecer los ahorros para la jubilación, de forma que sean pagados a los trabajadores en mensualidades, después del retiro. Cualquier persona suficientemente afortunada como para tener un trabajo y ser capaz de ahorrar algún ingreso para el retiro, probablemente tiene una pensión que está siendo administrada por una u otra firma.”

LA LUCHA YA COMENZÓ

Sarah Anderson, analista del Instituto de Estudios Políticos (IPS) insiste en que sí se puede hacer algo al respecto, y nombra como ejemplo la campaña activista en California para persuadir a CALSTRS a que desista de invertir $2.500 millones en mercados de commodities- que incluyen tierras. El fondo ha accedido a reconsiderar su posición.

La resistencia mundial contra el acaparamiento de tierras está alzando vuelo. Los participantes del Foro Social Mundial de 2011, celebrado en Senegal, emitieron el Llamamiento de Dakar contra el Acaparamiento de Tierras, del cual citamos a continuación:

«Llamamos a los parlamentos y a los gobiernos nacionales a poner fin inmediatamente a todos los acaparamientos masivos de tierras actuales o futuros y a que se restituyan las tierras saqueadas… Exigimos que los Estados, las organizaciones regionales y las instituciones internacionales garanticen el derecho a la tierra de los pueblos y que apoyen las agriculturas familiares y la producción agro-ecológica de alimentos… Por último, invitamos a todo/as los/as ciudadanos/as y a las organizaciones de la sociedad civil de todas partes del mundo a apoyar por todos los medios –humanos, de comunicación, jurídicos, financieros y populares– posibles a todos/as los/as que luchan contra los acaparamientos de tierras.”

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2) El acaparamiento de tierras infringe el derecho internacional de derechos humanos

Por FIAN
FIAN se une a la movilización de los/as productores/-as de alimentos contra el acaparamiento de tierras

17 de abril 2012 – Con ocasión del Día Internacional de la Lucha Campesina, FIAN se une a millones de productores/-as de alimentos en su lucha contra el acaparamiento de tierras y recursos. En noviembre 2011, productores/-as de alimentos de África, Asia, América Latina y Europa crearon una Alianza Mundial contra el Acaparamiento de Tierras en Nyéléni, Malí, y lanzaron un llamamiento contra el acaparamiento de tierras el 17 de abril.

FIAN da la bienvenida al hecho de que los/-as productores/-as de alimentos, incluyendo campesinos/-as, pastores, pescadores, pueblos indígenas y sus organizaciones, hayan tomado el liderazgo en la lucha contra el acaparamiento de tierras y recursos, y apoya a la recientemente creada Alianza para presionar a los gobiernos e instituciones internacionales a que cumplan con sus obligaciones de derechos humanos.

«El Acaparamiento de tierras es una violación del derecho internacional de derechos humanos», declara Sofia Monsalve de FIAN Internacional. «Los desalojos forzosos, la apropiación de grandes extensiones de tierra y recursos relacionados, la introducción de modelos de uso del suelo y de agricultura que destruyen los ecosistemas naturales, la negación flagrante de información, y la falta de participación local en las decisiones políticas que afecten la vida de las personas – todas estas acciones representan violaciones de los derechos humanos.»

La fuerte movilización contra el acaparamiento de tierras en el Día de la Lucha Campesina también cuestiona la gobernanza internacional, de facto, de tierras y recursos naturales por un grupo reducido de instituciones y países ricos que defienden los intereses particulares del mundo empresarial y financiero.

«A pesar de las consecuencias desastrosas de sus acciones, las instituciones financieras internacionales (IFI) siguen pretendiendo tomar decisiones sobre nuestras tierras y territorios,» dijo Sofía Monsalve a la luz de la próxima conferencia anual del Banco Mundial sobre tierras y pobreza, a celebrar del 19 al 21 de abril, y el proceso de consulta del Fondo Monetario Internacional sobre un mejor aprovechamiento de los recursos naturales para mejorar los estándares de vida en los países en desarrollo.

Este régimen de facto de las IFI ha empezado a resquebrajarse. En marzo, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de la ONU finalizó las negociaciones intergubernamentales sobre las Directrices de la FAO sobre Gobernanza Responsable de la Tenencia de Tierras, Zonas de Pesca y Bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Con el cumplimiento satisfactorio de las negociaciones, tras un proceso participativo que duró casi tres años, el CSA ha dado prueba de su capacidad para convocar negociaciones multilaterales con una amplia participación social en las que debatir y proponer soluciones a uno de los problemas más urgentes de nuestros tiempos. Las Directrices representan el primer paso en la democratización del proceso de toma de decisiones relacionadas con la alimentación y la agricultura a nivel internacional.

En el día de acción del 17 de abril, los/-as activistas de FIAN se movilizarán y se unirán a las distintas movilizaciones nacionales contra el acaparamiento de tierras en muchos países, como por ejemplo en Nepal, Colombia, Noruega, Suiza y los Países Bajos. Con respecto a casos concretos de acaparamiento de tierras, FIAN apoya a las comunidades y organizaciones de productores de alimentos en Malí, Mozambique, Uganda, y Honduras, entre otros.

Para una mayor información: Sofía Monsalve, Monsalve [at]fian.org

Más información: Alianza Mundial contra el Acaparamiento de Tierras