Otra victoria por la vida: Declaran a los Chimalapas como Territorio Libre de Minería

Compartimos esta nota Pagina 3 sobre la lucha por la vida en Oaxaca y otra victoria de la resistencia. Felicitamos a las y los ejidatarios de San Miguen por su incansable lucha – A 27 de febrero del 2024

Ante amenaza de minera canadiense, autoridades declaran a Chimalapas como territorio libre de Minería

Diana Manzo

Juchitán, Oax.- Autoridades locales encabezadas por la presidenta municipal, Ceyla Cruz Gutiérrez declararon en sesión de cabildo al municipio de San Miguel Chimalapas como “territorio libre de Mineria”.

Con la mayoría de los concejales, 9 de 10 regidores, esta declaración significa que ninguna empresa minera podrá realizar exploración o explotación del territorio en el tema minero.

Recalcaron que  está decisión ha sido expresada en años anteriores por la asamblea comunitaria, ya que atenta contra la vida, la salud y la existencia misma como comunidad y pueblo indígena como de nuestros hermanos zapotecos e ikoot’s

La presidenta municipal, Ceyla Cruz Gutiérrez recalcó que esta determinación se efectuó con

fundamento en el artículo 43, de las atribuciones del Ayuntamiento, inciso G. En materia ambiental.

El proyecto minero de la  empresa canadiense “Minaurum Gold” contempla dos territorios, el primero denominado «Santa Martha*, bajo el título número 231753, superficie 5,610.4665 hectáreas, bajo el lote denominado Mar de Cobre, así como del titulo registrado bajo el número 225472.

Y el segundo, con superficie 1,499.8829 hectáreas, del lote «Jackita*, que en total suman

6 mil 409 hectáreas de bienes comunales para extraer minerales como oro y plata en comunidades zoques ubicadas en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec.

Noé Solano, comunero reveló que desde hace 20 años la canadiense añora su territorio, pero le han insistido que no está en venta y ni tampoco permitirán que una empresa la explore con fines mineros.

Finalmente recordó, que en el 2004, el priista Ulises Ruiz Ortiz, quién era gobernador de Oaxaca les ofreció un millón de pesos para otorgar el permiso de exploración, pero se negaron y años después si se hizo, sin embargo, ahora reafirman que su territorio es libre de minería.

Oaxaca: Criminalizan legalmente a indígena opositor al Corredor del Interoceánico

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la criminalización a defensores de la vida y el territorio en Oaxaca por oponerse al Corredor Interoceánico – A 30 de enero del 2024

El indígena binnizá y agente comunitario de la comunidad Puente Madera, David Hernández Salazar, fue declarado culpable hoy, 30 de enero, en un proceso penal por ataque a las vías de comunicación y daños por incendio, tras 13 días de audiencia para el desahogo de pruebas y peritajes. La demanda fue impuesta por autoridades municipales de San Blas Atempa, en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec.

Salazar, quien también es integrante de la coordinación general de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y del Congreso Nacional Indígena (CNI), ha representado a la comunidad indígena binnizá de Puente Madera en la reivindicación de su derecho al territorio que se ha visto vulnerado por la instalación en sus tierras comunes de un parque industrial en el ámbito del megaproyecto Corredor Interoceánico.

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El próximo 7 de febrero se retomará la audiencia que determinará la pena y sanciones, sin embargo, “continuaremos defendiendo y exigiendo la inocencia y libertad incondicional de David Hernández Salazar ante la fabricación de delitos y criminalización por su labor como defensor del territorio”, anunció la Asamblea Comunitaria de Puente Madera en un comunicado.

En julio de 2023, 23 organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, en una Misión Civil de Observación, visitaron la comunidad binnizá y denunciaron actos de criminalización y difamación en contra de 17 defensoras y defensores de derechos humanos en Puente Madera. Las agresiones, argumentan, se deben a su labor de derechos frente la amenaza de imposición del Parque Industrial o Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebi) del Corredor Interoceánico en San Blas Atempa, incluyendo al defensor de derechos humanos, David Hernández Salazar.

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En un comunicado, organizaciones congregadas en el Frente de Organizaciones Oaxaqueñas denunciaron que las acciones de judicialización en contra de Salazar se “dan como parte de la campaña de difamación, hostigamientos, persecución y amenazas por parte de los tres niveles de gobierno, instituciones estatales, la Sedena [Secretaría de Defensa Nacional], organizaciones partidistas, políticos y empresarios relacionados con la imposición” del parque industrial en tierras de uso común de San Blas Atempa.

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Durante este martes (30), se realizaron acciones de protesta ante instalaciones del poder judicial y de la fiscalía General del Estado de Oaxaca en las ciudades de Matías Romero y Huajuapan de León para demandar el cese a la criminalización en contra de los defensores del territorio de Puente Madera y de Santa María Mixtequilla, también impactada por la creación de un polo de desarrollo. 

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REMA: La política antiagrasista, neoliberal y extractivista del Gobierno de Oaxaca

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 4 de enero del 2024

Hace ya un año que Salomón Jara Cruz tomó posesión como gobernador constitucional de Oaxaca. Su victoria en las urnas fue más una consecuencia del fenómeno López Obrador que por méritos propios de un personaje más que gris, bastante turbio, que ya en campaña se vio rodeado de “gente nueva” que, entre telones de la política subterránea oaxaqueña, se relacionan más con grupos del crimen organizado que con políticos de la nueva generación de la 4T.

El megaproyecto del Corredor Interoceánico fue el principal objetivo para Salomón Jara o mejor dicho la encomienda de su jefe directo, AMLO. El gobernador anterior, Alejandro Murat, quien llegó a su puesto con una coalición del PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza y quien apenas renunció al PRI para convertirse en flamante apoyador de la candidata oficial, Claudia Sheinbaum, también había hecho su partea favor del Corredor ganándose así las simpatías del jefe máximo. Este megaproyecto es parte de la política neoliberal arropada por los mismos conceptos anquilosados de “progreso, desarrollo y bienestar” que se siguen usando como argumento para seguir despojando de los bienes naturales y sociales en los territorios indígenas y campesinos.

Ahora Salomón Jara dio otro salto, poniéndose a la derecha de Carlos Salinas y de su política privatizadora del campo mexicano por medio de la reforma del Artículo 27 de la constitución de 1992, con su propuesta de creación de un programa totalmente antiagrarista e inconstitucional para el estado de Oaxaca.

En un lapsus de sinceridad política, Jara propuso abolir la propiedad social en la Iniciativa de la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2024: Se propone a esa Soberanía la aprobación del Programa Certeza Jurídica de la Seguridad y Bienestar del Patrimonio, que busca incorporar a la propiedad privada los predios ejidal y comunal, beneficiando directamente a los propietarios e indirectamente a los Municipios que ven incrementado su padrón de propiedad inmobiliaria y con esto el impuesto predial que sirve de coeficiente para la distribución de participaciones federales.

Con la mayoría del congreso local a fin al movimiento de la 4T y con una oposición más que timorata fue aprobada la propuesta, pero ya sin el texto original, aunque un poco tarde para no ver el sentido de esta propuesta antiagrarista.

Artículo 25. El Programa de Certeza Jurídica de la Seguridad y Bienestar del Patrimonio, otorgará estímulos fiscales a los beneficiarios del programa, consistente en el 50 por ciento de los derechos contenidos en el artículo 25 fracciones I y II de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca y 50 por ciento del Impuesto para el Desarrollo Social… https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/decretos/DLXV 16 06.pdf (pág. 26)

Después de ese resbalón, ante las reacciones de diferentes sectores de la llamada sociedad civil y sobre todo la incertidumbre que comenzó a surgir en los núcleos agrarios y el temor ante un fantasma de sexenios pasados, el gobernador en un comunicado oficial del pasado 18 de diciembre contestó lo siguiente:

El referido programa consiste en darle certeza jurídica a las personas poseedoras de predios, siempre y cuando ya tengan el “dominio pleno”, es decir, que ya hayan sido desincorporados de los núcleos agrarios ejidal o comunal previamente autorizados en asamblea comunitaria.

Dicha certeza es a través de la expedición del certificado parcelario inmobiliario o título de propiedad otorgado por la Coreturo.

La incertidumbre ha llevado a algunos movimientos a iniciar procesos legales o por lo menos anunciarlos, algunas organizaciones apelando a la cercanía con el gobierno de Oaxaca y a la amistad con Jara Cruz le piden que vete su propia ley. Pero algunos todavía más ilusos ya están poniéndose la soga al cuello pidiendo ser consultados ante un programa completamente inviable por ser inconstitucional.

La tenencia colectiva de la tierra tiene su propia reglamentación y marco legal, además de ser una ley federal y ningún programa, ley o reglamento estatal puede estar encima de ella, ni de la Constitución, por el principio jurídico de jerarquía.

La intromisión de una institución del gobierno del estado o del propio municipio en el ejido, su intromisión o coacción podría establecer una falta administrativa, la usurpación de funciones o llegar a constituir otros delitos más graves además de crear conflictos en las comunidades.

Estamos a 30 años del inicio de los programas de “regularización y certeza jurídica” PROCEDE, FANAR y RRAJA. Los gobiernos siguen aprovechando la falta de información y utilizarán esta condición para tratar de seguir dividiendo los territorios por medio de dos instituciones ejecutadoras de la política privatizadora del campo hasta el día de hoy: el Registro Agrario Nacional RAN y la Procuraduría Agraria PA. Su función ha sido y sigue siendo para crear condiciones a las empresas extranjeras, nacionales y paraestatales (SEMAR, Sedena, PEMEX, CFE o LitioMx) que ahora como nunca amenazan la propiedad social y los territorios indígenas, promoviendo el saqueo de los bienes naturales a través de la privatización de las tierras.

Así que esta iniciativa de Salomón Jara es solo una parte de su política abiertamente neoliberal, antiagrarista y extractivista. No solo por esta propuesta sino por todos los megaproyectos relacionados con procesos de privatización de tierra en Oaxaca: el Corredor Interoceánico, los proyectos carreteros, los proyectos turísticos e inmobiliarios, los proyectos mineros, los parques industriales, los parques eólicos y otros proyectos energéticos, y un sin fin de megaproyectos que han despojado a las comunidades de sus territorios con mentiras de progreso y desarrollo.

Las y los comisariados comunales y ejidales del estado han denunciado que el gobierno de Jara está colocando operadores políticos dentro del RAN desde el actual delegado impuesto por el gobierno de Jara, hasta las y los visitadores agrarios que se la pasan interviniendo, interfiriendo y en ocasiones usurpando las funciones de los comisariados abusando de ese poder que ni siquiera tienen.

Desde la REMA hacemos un llamado a las y los comisariados y a los pueblos campesinos y originarios a no dejarse engañar por estas políticas entreguistas del gobierno de Oaxaca, a no caer en las trampas jurídicas violatorias e inconstitucionales del RAN y la PA, y a seguir defendiendo la tierra y el territorio, ejerciendo su derecho a la autodeterminación, como lo han hecho desde tiempos inmemoriales ya que es la mejor herencia que les dejaron y que dejarán a sus hijos e hijas.

Denunciamos enérgicamente la política antiagrarista, neoliberal y extractivista del gobierno de Oaxaca, lo cual no nos sorprende. Salomón Jara nunca ha sido un amigo o aliado de las causas y las luchas de los pueblos y lo saben los y las compañeras de los valles centrales de Oaxaca cuando con su investidura de Senador de la Republica en el año 2016 llegó a la comunidad de Magdalena Ocotlán con todo el cinismo que lo caracteriza y acompañado de los representantes de la empresa minera Cuzcatlán ha intentado, con engaños, realizar una consulta exprés y aceptar la ampliación del proyecto minero. Ese es el verdadero Salomón Jara, un político abusivo, mediocre, fanfarrón como los que tanto señala su querido presidente y que pretende el saqueo total en los territorios. Así que le decimos los pueblos y sus autoridades nos vamos a permitir cualquier intento de privatización y atropello en nuestras tierras ancestrales.

La tierra colectiva, ejidal y comunal, es de los pueblos originarios de Oaxaca y es para el sustento de sus familias y no para las empresas transnacionales.

!ALTO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA PROPIEDAD SOCIAL!
¡BASTA DE LA CORRUPCIÓN E INTERVENCIÓN DEL REGISTRO AGRARIO Y LA
PROCURADURÍA AGRARIA EN NUESTROS TERRITORIOS!
¡ALTO A LA POLÍTICA ANTIAGRARISTA DEL GOBIERNO DE OAXACA!

Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).

Oaxaca: Aumenta violencia contra activistas que se oponen al Corredor Interoceánico

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la resistencia en el Itsmo de Tehunatepec ante el corredor interoceánico – A 16 de agosto del 2023

PorRenata Bessi

El día de ayer, 15 de agosto, se llevó a cabo una audiencia del proceso penal en contra del defensor de derechos humanos David Hernández Salazar, acusado de ataques a las vías de comunicación y daños por incendio, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

El defensor de derechos humanos ha sido criminalizado por su rol activo en la reivindicación del derecho al territorio de la comunidad indígena binnizá de Puente Madera, al protestar contra de la instalación, en sus tierras comunes, del Parque Industrial Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI) en el marco del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que se planea conectar con otro proyecto de inversión a gran escala, el llamado Tren Maya.

Salazar encabezó actos de protesta, por los cuales, en mayo de 2021, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Municipio de San Blas Atempa lo denunciaron penalmente.

En una rueda de prensa, realizada el 16 de agosto, aclararon que durante la audiencia se admitió en el proceso las periciales presentadas por la defensa de Salazar donde comprueban la inocencia del indígena.

Sin embargo, la Fiscalía y el Ministerio Público de Tehuantepec decidieron continuar con el proceso penal, basados en “testimonios y declaraciones falsas”, señala Mario Quintero, integrante de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIDTT).

La siguiente audiencia ocurrirá en aproximadamente un mes para desahogo de las pruebas.

Además de la criminalización enfrentada por David Hernández Salazar, 17 integrantes más de Puente Madera han corrido con la misma suerte y cuentan con carpetas de investigación en su contra y órdenes de aprehensión.

La organización de derechos humanos Front Line Defenders expresó su preocupación por los actos de criminalización y violencia hacia Salazar y las demás personas defensoras de derechos humanos del APIIDTT.

La organización insta a las autoridades de México a retirar los cargos en contra de las 18 personas y las investigaciones y órdenes de aprehensión en contra de las y los integrantes de la comunidad indígena binnizá de Puente Madera y garantizar su derecho al debido proceso.

Acoso y violencia

La comunidad de Puente Madera y la APIDTT divulgaron un historial detallado de todos los incidentes de seguridad que han ocurrido contra sus miembros. El acoso y violencia se han intensificado justo después de que la Asamblea General Comunitaria de Puente Madera se amparó contra la declaratoria del PODEBI en San Blas Atempa en juzgados federales en materia de derechos humanos.

El 6 de junio de 2023, el juez decidió por la suspensión de oficio y de plano contra la declaratoria y el PODEBI en favor de Puente Madera.

El mismo día, alrededor de las 19h30, vehículos del ejército mexicano ingresaron a Puente Madera, instalándose en el puente, al interior de la comunidad a unos metros de la Agencia y la Radio Comunitaria, revisando con violencia a los habitantes que transitaban, sin dar ninguna explicación, relataron miembros de la Asamblea.

El 20 de junio de 2023, el gobierno federal hace pública las licitaciones de todos los PODEBI del CIIT. Por el amparo interpuesto, no aparece el PODEBI de San Blas Atempa.

Salazar señala que han tenido vigilancia constante por parte de la Guardia Nacional, Ejército mexicano, de la Policía Estatal y de la Marina. “Hemos tenido mucha intimidación, han entrado al pueblo, han implementado puestos de control cerca de las escuelas, han detenido compañeros sin ninguna explicación, esto vemos claramente como acto de intimidación hacia nosotros, hacia a esta comunidad”, dice.

Las oficinas de la APIDTT, en Juchitán, y las casas de miembros de la Asamblea también han sido vigiladas por personas armadas. Las llamadas anónimas que difunden amenazas también son constantes.

Otra de las estrategias de intento de intimidación son las llamadas telefónicas indirectas. El 10 de agosto de 2023, alrededor de las 22h30, Salazar recibió, a través de su número personal, un mensaje de una persona conocida en la comunidad que le preguntó sobre el paradero de Mario Quintero, así como sus informaciones personales.

Sin embargo, esta persona de la comunidad hizo las preguntas en nombre de personas del Ejército mexicano con sede en la Zona Militar de Ixtepec. En el mensaje que recibió Salazar se añadió audios de militares para “invitar a Mario a una comida”. El audio fue divulgado por la APIDTT durante la rueda de prensa.

“Accidentes”

El 14 de julio de 2023, alrededor de las 21h30, dos habitantes de Puente Madera viajaban en un pointer rojo rumbo a la terminal de autobuses de Tehuantepec, a la altura del Rancho Los Caporales, a unos metros del entronque de Puente Madera, cuando fueron embestidos por un Jetta gris. Juan Cortés Meléndez, de 31 años, perdió la vida al instante. El copiloto, Kevin Alberto Solorzano Cortés, de 17 años, falleció días después en terapia intensiva.

El 19 de Julio de 2023, ocurre otro “accidente”. Viajaban en una camioneta de redila David Hernández Salazar y Guadalupe Ríos Maldonado. A las 15h30, fueron embestidos por una camioneta de 3.5 toneladas, a unos kilómetros de la entrada de Puente Madera, a la altura de la mojonera de Tehuantepec. Aunque la camioneta en la que viajaban quedó con daños irreparables, ninguno de los dos resultó con daños físicos.

“Lo que vemos es que se intensifican amenazas y persecución mediante los avances jurídicos y organizativos que se tiene como comunidad”, sostiene Quintero.

“No hay conflicto”

Los integrantes de Puente Madera y de la APIDTT también respondieron al intento del titular de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca (SEGO), Jesús Romero López, de invisibilizar el conflicto que se ha instalado en el Istmo de Tehuantepec con la llegada de la implementación del Corredor Interoceánico.

El último sábado (12), el funcionario de gobierno dijo a los medios de comunicación: “Solamente vemos dos problemas, el que existe en San Blas Atempa, que es un litigio que está en el Tribunal Agrario y el de Santa María Mixtequilla, donde se está dialogando”.

“No es solo un juicio agrario o una disputa local por tierras. Lo que está puesto es la imposición de un gran proyecto de dimensiones catastróficas para los pueblos indígenas, para el medio ambiente y que tiene una dimensión geopolítica, con intereses de Estados Unidos y China”, declara Quintero.

Además, Romero López minimizó el trabajo de los integrantes de la Misión Civil de Observación, quienes visitaron comunidades impactadas por el Corredor Interoceánico y clasificó sus conclusiones como “sesgadas”.

Los integrantes de las 23 organizaciones que formaron parte de la Misión encontraron violaciones a los derechos humanos, agresiones contra activistas defensores de la tierra y la criminalización de las comunidades indígenas, con más de 40 carpetas de investigación.

Imagen: En portada: Habitantes de Puente Madera reciben a activistas y organizaciones para denunciar los efectos negativos del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Foto: El Sur Resiste

Oaxaca: en el Istmo sancionan a Puente Madera por no aceptar parque industrial

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la lucha por defender el territorio y la vida en el Istmo de Oaxaca – A 28 de junio 2022

PorJeny Pascacio

Así como el Parque Industrial planeado en Monte del Pitayal, en el municipio de San Blas Atempa, Oaxaca, como parte de los Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI), la militarización busca establecerse en las comunidades del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Los PODEBI integran el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que, como cada proyecto gubernamental en la zona, fue presentado con la consigna de combatir la desigualdad y para llevar desarrollo a las comunidades indígenas.

La Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio nuevamente protestó por estas imposiciones e hicieron un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para respetar el proceso, las leyes y los acuerdos internacionales que les protegen. Pidieron que respete la decisión de la comunidad de no aceptar el parque en sus tierras comunales. 

Los manifestantes recordaron la realización de la asamblea de comuneros que, teóricamente, tendría aprobado la construcción del parque en tierras comunales de la comunidad. Dicha asamblea se caracterizó, de acuerdo con los manifestantes, por la falsificación de firmas de más del 80% de los comuneros, además de la firma de dos personas fallecidas. 

“Un año ha pasado desde la realización de la primera falsa asamblea de comuneros convocada por Antonino Morales Toledo, que en ese entonces ostentaba el cargo de presidente municipal de San Blas Atempa y hoy es mano derecha de aquel que obtuvo la gubernatura del estado en Oaxaca, en un proceso marcado por el abstencionismo”, dijo la Asamblea en rueda prensa este lunes (27).

La comunidad binnizá de Puente Madera sostuvo que continuará en la resistencia, a pesar de que San Blas Atempa negó el reconocimiento de las autoridades que designaron bajo su propio sistema; asimismo el recurso económico público destinado para derechos prioritarios como el acceso a la salud. 

Las medidas forman parte de la intimidación y criminalización de la comunidad por no aceptar los megaproyectos. “Solo traerá escasez y contaminación de agua, el acaparamiento de nuestras tierras, la contaminación de nuestro suelo y aire”, a cambio de trabajo precario y explotado. 

Nueva frontera’

Los militares ya mantienen retenes entre las comunidades del Istmo de Tehuantepec, tanto de la Guardia Nacional como de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La asamblea alerta para el hecho de que la militarización puede aumentar. En consecuencia, las violencias contra el pueblo zapoteco pueden agudizarse en los meses siguientes, sostienen. 

“Si algo le llega a suceder a los habitantes de las comunidades y agencias que se han sumado a la lucha, el único responsable será Antonino Morales Toledo alias el Lino por querer imponer el Parque Industrial y también usted (López Obrador) porque no quiere escuchar”, dijeron en la rueda de prensa. Advierten que las máquinas para iniciar la obra del parque industrial serán quemadas. 

En total se trata de 10 Polos de Desarrollo para el Bienestar vinculados al Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que abarca 79 municipios, 46 de Oaxaca y 33 de Veracruz.

“El Corredor Interoceánico nos ofrece agroindustria para que olvidemos el zapalote chico, nuestro maíz nativo, base para nuestros totopos. Nos ofrecen metalurgia e industria textil para abandonar el campo y la tierra, para que en pocos años esta industrialización nos lleve a niveles críticos de escasez de agua como la que hoy se está viviendo en Monterrey”, agregó integrantes de la asamblea.

Imágenes: Avispa Midia

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Corredor Interoceánico: contaminación y acaparamiento de agua por industria

Compartimos este reportaje de Avispa Midia sobre – A 8 de mayo del 2022

En la primera publicación se analizaron los procesos de presión, privatización y especulación de tierras que comienza a ser visible sobre la propiedad social por el despliegue del componente industrial del Corredor Interoceánico del Istmo, elementos llamados Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBIS). En esta entrega analizaremos otro bien común que sería directamente impactado por la conformación de corredores industriales: el agua.


En lugares donde el agua es, de por sí, un elemento escaso, la instalación de corredores industriales afecta directamente este bien de dos formas: Por un lado, incrementa de forma inmediata la presión sobre el agua y, por otro lado, a corto y mediano plazo también constituye una de las principales fuentes de su contaminación.

En términos generales, Greenpeace, en su estudio “Ríos Tóxicos” considera que la industria es una de las tres fuentes de contaminación de los recursos hídricos en México y, este daño y su relación con la industria, ha sido ampliamente documentado por la sociedad civil e investigadores.

Armando Luis, dirigente de la comunidad de pescadores en Boca Uxpanapa quienes denuncian la contaminación en el río Coatzacoalcos. Falleció en octubre de 2020 por cáncer. Foto: Martín Álvarez Mullally, OPSur

Es el caso de río Santiago, en Jalisco, o del río Coatzacoalcos en la parte norte del Istmo de Tehuantepec, considerado el más contaminado de México y cuya contaminación es causada por la industria petroquímica. También de otros ríos cercanos a la región como el Río Atoyac, en Puebla, contaminado por industrias del ramo textil, refresquero, metalúrgico, automotriz, médico y de alimentos, así como la cuenca de Tehuacán, donde se vierten aguas residuales de la industria textil, y agroalimentaria, principalmente.

Ahora, en el caso de los proyectos de industrialización asociados al Corredor Interoceánico, ¿qué efectos socio hídricos podemos prever?

El siguiente análisis se realizó a partir de la revisión de los volúmenes de agua concesionados existentes en los 79 municipios del Corredor Interoceánico y fue elaborado a partir de datos del Registro Público de Derechos del Agua (REPDA), obtenidos con corte de septiembre del 2021.

Así mismo, se hizo la revisión del acceso al agua en las viviendas de estos municipios, elaborado a partir de los datos obtenidos en el Censo Nacional 2020, realizado a viviendas particulares habitadas y de las estimaciones sobre demanda de agua y descarga de aguas residuales publicadas en documentos oficiales del organismo público descentralizado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

La concentración actual del agua en pocas manos podría agudizarse

Actualmente, existen 24 mil 325 registros de concesiones de agua en esos municipios, con un volumen total de 624.8 millones de metros cúbicos de agua concesionada anualmente. El 65% de este volumen total proviene de fuentes superficiales (ríos) y el 35% de fuentes subterráneas que utilizan pozos.

En la región, seis municipios concentran la mitad del agua concesionada: Coatzacoalcos, Hueyapan De Ocampo, San Pedro Tapanatepec, Mecayapan, Isla y Chinameca y, de éstos, tan sólo el municipio de Coatzacoalcos concentra el 20% del volumen total de agua concesionada en el Istmo.

Los principales sectores de consumo de agua son la industria química (particularmente petroquímica) y la agroindustria. Para dimensionarlo, sirve notar que tan sólo la industria química consume un tercio de toda el agua concesionada en el Istmo mientras que el consumo total de toda la población (consumo urbano) sólo representa un cuarto del volumen total.

Volumen de agua superficial y subterránea concesionada en los 79 municipios por tipo de uso (m3/año). Fuente: GeoComunes a partir de los datos del REPDA (septiembre, 2021)

Sorprende saber que tan sólo 15 titulares concentran la mitad de toda el agua superficial y subterránea concesionada en los 79 municipios del Istmo de Tehuantepec.  Ejemplo de esto es Pemex, empresa que posee el 20% de toda el agua concesionada en el istmo. 

Titulares con mayores volúmenes de agua concesionada en los 79 municipios del Istmo de Tehuantepec. Fuente: GeoComunes a partir de los datos del REPDA (septiembre, 2021)

Tomando en cuenta que la actividad química y agroindustrial están dentro de los sectores más mencionados para dinamizar los nuevos parques industriales previstos a lo largo del Istmo, es posible prever que la construcción del proyecto de Corredor Interoceánico va a reforzar aún más el proceso de acaparamiento del agua en manos de algunos de estos sectores e, incluso, de algunos de los concesionarios que, ya hoy, acaparan este recurso.

Además de esto, podemos prever que el despliegue de este proyecto atraiga a más empresas con altos consumos hídricos y que, en consecuencia, se agudice la actual concentración de concesiones de agua a nivel sectorial y por titular de la concesión.

Un ejemplo más concreto de esto se puede ver con el caso de la empresa cervecera Constellation Brands, quien ya avizora llevar la planta que tenía prevista construir en Mexicali (cancelada por la fuerte movilización social en contra de su instalación), hacia la región del Istmo, en concreto, en el Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI) previsto en Texistepec, en el estado de Veracruz, al lado del río Papaloapan.

Según el documento Resumen Ejecutivo Plan Estratégico y Plan Maestro Conceptual del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec el gobierno estima que, para 2040 la demanda de agua para los parques industriales previstos será de 324 millones de m3 / año. Eso representa más de la mitad de toda el agua actualmente concesionada en los 79 municipios del istmo (625 millones de m3 / año) para el conjunto de usos (industrial, agrícola, público-urbano, etc.). Esos parques industriales consumirán en conjunto dos veces más agua que lo que consume actualmente el conjunto de la población istmeña (148 millones de m3 / año).

Las estimaciones de demanda de agua para el parque industrial previsto en el Barrio de la Soledad dan una idea del acaparamiento y de la grave desigualdad en el acceso al agua que podrían generar la instalación de esos parques industriales. Para este parque industrial se estima una demanda de agua de 11 millones de m3 / año. Es cuatro veces más que el consumo total de agua en este municipio (2,8 millones de m3 / año) que se debe en gran parte al gran consumo de la cementera Cruz Azul (1.2 millones de m3 / año). El parque industrial consumirá 16 veces más agua que lo que consume actualmente el conjunto de la población de este municipio.

Fuente: realización GeoComunes a partir de datos del REPDA (diciembre del 2022) y de documentos oficiales del CIIT

El tema preocupante es que, por ahora, no hay ninguna información oficial sobre cómo se obtendrán los volúmenes de agua previstos para abastecer a los parques industriales. Si provendrán de fuentes superficiales (captación de ríos o presas existentes y abastecimiento a los parques por medio de acueductos) o subterráneas (perforación de pozos en los predios de los parques industriales o a los alrededores).

El siguiente mapa muestra la disponibilidad de los acuíferos en la región, y visibiliza el riesgo que representan los parques industriales en caso que éstos se abastezcan de agua por medio de la perforación de pozos. Llama particularmente la atención el caso del acuífero Cuenca Río Papaloapan en Veracruz, que está ya en una situación de déficit de 19 hm3/año y donde están previstos instalarse tres parques industriales.

Así mismo, la situación en el acuífero Río Los Perros se podría volver crítica, ya que actualmente tiene una disponibilidad de solo 0.3 hm3/año, y ahí están previstos cinco parques industriales de la zona primaria, y otros cuatro de la zona marginal. Eso pone en grave riesgo los pozos actuales, destinados al consumo doméstico o agrícola y que son de baja profundidad, comparados con los pozos que generalmente se perforan para usos industriales, quedando en riesgo de secarse con la perforación de los pozos industriales.

Fuente: GeoComunes a partir de los datos de disponibilidad de los acuíferos de la Conagua para el año 2020. Los números en el mapa precisan la disponibilidad en hm3 / año para cada acuífero.

No existe tampoco un plan hídrico para dimensionar los posibles impactos a nivel regional a escala de cuencas o de acuíferos. Hasta el momento sólo se habla de estudios de prefactibilidad, pero no hay ningún documento de acceso público que pueda ser analizado por expertos en temas hídricos o utilizado para informar a la población posiblemente afectada.

La única información oficial existente es relativa al abastecimiento del parque industrial (PODEBI) Coatzacoalcos I (en el predio 5 de Mayo) que se pretende realizar por medio de la construcción de un acueducto para traer agua desde la presa “La Cangrejera” que abastece actualmente en agua los distintos polígonos industriales de Coatzacoalcos.

Una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) denominada “Elaboración de estudio de preinversión para la construcción de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento del Polo de Desarrollo para elBienestar (pdb) de Coatzacoalcos I, VER. (primera fase) ha sido presentada en diciembre del 2021 por el Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero la evaluación de dicha MIA por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), está actualmente “suspendida por información adicional”.

¿Qué pasará en los otros sitios donde se ha proyectado la construcción de parques industriales? ¿Habrá suficiente agua en la región para responder a este fuerte aumento de la demanda (para abastecer a todos esos parques, pero también al crecimiento poblacional que provocarán)? Y, si no es el caso, ¿quién tendría preferencia en el acceso al agua entre actividades industriales de empresas multinacionales y actividades domésticas y campesinas de la población local?

El volumen de aguas residuales vertidas en la región se incrementará, agudizando la contaminación del agua provocada por las actividades industriales

Como mencionamos arriba, un segundo elemento del problema socio hídrico a evaluar es el proceso de contaminación del agua que genera la industria. Según datos del REPDA, el volumen anual de descargas de aguas residuales de la región es de 204 millones de metros cúbicos. Sólo 5 municipios (Coatzacoalcos, San Pedro Tapanatepec, Minatitlán, Cosoleacaque y Salina Cruz) representan el 90% del volumen total de descarga de aguas residuales de la región y, tan sólo Coatzacoalcos, representa el 50% del volumen total de descargas de todo el Istmo.

En toda la región, sólo cuatro empresas realizan el 61% del volumen de descargas de aguas residuales en el Istmo: dos relacionadas con actividades petroquímicas (Pemex e Innophos Holdings), y dos otras con granjas camaroneras (Acuicultores Rinconjuarences SC de RL de CV y Sociedad Cooperativa Oceanova SCS). No sorprende saber que, en materia de descargas de aguas residuales, nuevamente es Pemex quien realiza la mayor parte de éstas: 78 millones de m3 / año, lo que constituye el 38% de todas las descargas residuales en la región.

La concentración geográfica y sectorial de la descarga de aguas residuales ayuda a entender la grave situación de contaminación en la cual se encuentra el agua en la región, particularmente el río Coatzacoalcos, considerado por un reporte de la CDNH del 2018 como el más contaminado del país, pero también otros ríos del Istmo sur como el río Tehuantepec o el río Los Perros.

La instalación de nuevas actividades industriales en la zona y el crecimiento urbano asociado a ellas agudizará la grave situación de sequía y contaminación en la cual se encuentran muchos de los ríos de la región. Ejemplo de esto es el caso de cuatro parques industriales (PODEBI) previstos en Oaxaca que se encuentran dentro de la cuenca del río Los Perros, ya que afluentes del río cruzan las zonas de los parques industriales previstos y podrían provocar una mayor contaminación de este río y del macrosistema lagunar asociado.

Fuente: Realización GeoComunes.

Según el documento Resumen Ejecutivo Plan Estratégico y Plan Maestro Conceptual del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec el gobierno estima que, para 2023, los 10 parques industriales proyectados tengan una generación de 197 millones de m3 de aguas residuales, lo que constituirá tener casi el doble de descargas residuales actuales en todo el Istmo (204 millones de m3 / año). Duplicar la emisión de aguas residuales en el Istmo, pero concentrado en las zonas cercanas a los PODEBIS, podría generar un grave aumento de las contaminaciones de los ríos, acuíferos, lagunas, manglares y de los océanos. 

Un ejemplo más que permite visibilizar este cambio lo encontramos analizando de nuevo los datos del parque industrial previsto en el Barrio La Soledad, en Oaxaca, que estima una generación de aguas residuales de 8.8 millones de m3 / año cuando actualmente el volumen de aguas residuales registrados en el REPDA para este municipio es de 1.2 millones de m3 / año, un volumen de aguas residuales alto que se explica por la presencia de la cementera de la Cruz Azul. El parque industrial previsto en este municipio proyecta descargar siete veces más aguas residuales que lo que hace actualmente la cementera, lo que genera serias dudas sobre la capacidad de tratamiento de estas aguas a lo largo del tiempo.

Si bien el discurso oficial ha sido que este tema iba a ser controlado por la construcción de plantas potabilizadoras, no existe actualmente ningún estudio científico o proyecto avanzado sobre esas plantas (dónde se ubicarán, cuál será su capacidad de tratamiento, quién estará a cargo del mantenimiento de esas plantas, etc.) y resulta grave que los parques industriales comiencen a operar sin tener esto medianamente claro.

¿Qué garantiza que, a lo largo de los años, el volumen de aguas residuales no rebase las capacidades de las plantas de tratamiento previstas? ¿Qué nos garantizaría que, más pronto que tarde, empiecen a denunciarse descargas de aguas negras o de aguas no suficientemente tratadas, ya sea por falta de capacidad, mantenimiento de las plantas, por corrupción o por descargas clandestinas de empresas, que pudieran optar por esto para ahorrarse los costos de tratamiento, como han ocurrido en tantos otros corredores industriales a lo largo del país?  Hace unas semanas el propio director de la CONAGUA Germán Martínez, reconoció que, “salvo contadas excepciones, el tratamiento y saneamiento del agua en México enfrenta un problema estructural.

¿Qué impactos acumulativos tendrán este gran aumento de aguas residuales y el riesgo de derrames de productos tóxicos y descargas no controladas de aguas negras sobre la región del Istmo norte que ya sufre desde muchos años graves problema de salud ligados a la contaminación del río Coatzacoalcos, y que ha sido reconocido por autoridades federales como la Semarnat como un “infierno ambiental” y una región que requiere de un plan de atención y recuperación ecológica?

¿Qué planes de recuperación ecológica pueden ser realistas y viables instalando cinco nuevos parques industriales con industrias altamente contaminantes y grandes volúmenes de aguas residuales previstas?

¿Que tipo de cambios esos volúmenes previstos generarán en el Istmo sur y sobre un ecosistema frágil, complejo y de vital importancia cultural y económica para los pueblos aledaños como lo es el macrosistema lagunar?

La concentración del agua y su contaminación agudizará los problemas de acceso al agua en la región

Sabemos que en México el acceso al agua de buena calidad y al saneamiento es motivo de conflictos a lo largo y ancho del país, pero ¿qué tanto lo es en esta región? y ¿cómo este acceso podría verse aún más comprometido con el despliegue de los distintos componentes del proyecto del Corredor Interoceánico y, particularmente, de la industria llamada “polos de desarrollo”?

Es claro que los procesos que hemos mencionado (el emplazamiento de actividades económicas con alto consumo de agua, la concentración de las concesiones y el aumento en el volumen de aguas residuales) agudizarán las condiciones de acceso al agua en la región. Sin embargo, este proceso será especialmente grave en lugares donde, de por sí, el acceso al agua actualmente ya es un problema.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, si bien la disponibilidad de drenaje y agua entubada en las viviendas ha venido incrementándose en las últimas décadas, para el año 2020 aún el 4.53% de las viviendas a nivel nacional no tenían drenaje, el 2.6% no contaban con agua entubada y, además, el 1.93% de las viviendas a nivel nacional no disponían de sanitario.

Al revisar estas estadísticas, además, hay que recordar que estos datos no consideran los días de disponibilidad (tandeo), el número de horas de disponibilidad, el volumen o presión a la que el agua llega, la calidad del agua e, incluso, si los habitantes de una vivienda “tiene acceso al agua entubada” aunque, para ello, los habitantes deban extraerla de pozos comunitarios o particulares, solicitarla a pipas o incluso traerla de otras viviendas. Estas estadísticas, si bien no son muy precisas para conocer la situación real de acceso al agua, puede ayudarnos a visualizar las comunidades y los sectores sociales que más padecerán la agudización de la disputa por el agua.

En términos generales, los municipios considerados dentro del proyecto del Interocéanico tienen un promedio más bajo de acceso al agua entubada que la que, a nivel estatal, presenta Oaxaca y Veracruz (ver gráfica). Además, si observamos con mayor detenimiento este supuesto acceso al agua, veremos que las formas en que los habitantes de estas viviendas obtienen el suministro, los hacen susceptibles a verse afectados por la presión que de las fuentes de agua pueda hacer la industria e, incluso, por la contaminación de los cuerpos de agua que pueda resultar.

Fuente: realización GeoComunes a partir de datos Censo de Población 2020.

El 9.82% de las viviendas de los 79 municipios que conforman el proyecto del Corredor Interoceánico no tienen acceso al agua entubada.

Fuente: realización GeoComunes a partir de datos Censo de Población 2020.

Preocupa el caso de los nueve municipios donde se proyectan desarrollar los parques industriales ya mencionados, ya que en éstos existen 9 mil 589 viviendas sin acceso a agua entubada (ver tabla). Además, actualmente, el abasto de agua en una buena parte de estas viviendas depende de fuentes superficiales o de pozos, mismos que podrían verse gravemente afectados por las descargas residuales y por la presión sobre los mantos freáticos que provoque la industria.

Tan sólo en Coatzacoalcos (el municipio con más del 20% de toda el agua concesionada en la región) hay 2 mil 585 viviendas habitadas sin acceso al agua potable y, de éstas, casi dos mil viviendas obtienen su agua al acarrearla de ríos, pozos o llaves comunitarias.

Fuente: realización GeoComunes a partir de datos Censo de Población 2020.

En los otros 13 municipios con más volumen de agua concesionada (cada uno con más de 9.5 millones de agua concesionada al año) suman 16 mil 254 viviendas sin acceso a agua entubada. Se trata de Minatitlán, Cosoleacaque, Santo Domingo Tehuantepec, Chinameca, Nanchital de Lázaro Cárdenas, Hueyapan de Ocampo, Ixhuatlán del Sureste, Angel R. Cabada, San Andrés Tuxtla, Juan Rodríguez Clara, Isla y San Pedro Tapanatepec. Todos éstos, junto con Coatzacoalcos, los podemos ver en el azul más intenso en el mapa de abajo.

Fuente: realización GeoComunes a partir de datos del REPDA (diciembre del 2022), Censo de Población 2020 y de documentos oficiales del CIIT.

Por otro lado, considerando ya no sólo el tema de la posible agudización del acaparamiento de agua y la falta de acceso a la misma, sino el tema de su probable contaminación por las descargas residuales industriales, sirve notar que los PODEBIS arriba mencionados se proyectan en municipios donde, actualmente, el acceso al agua entubada de 13 mil 683 viviendas depende de pozos. Mismos que podrían ser más susceptibles de contaminación.  Así mismo existe el riesgo de que estas viviendas puedan ver su acceso limitado por la disminución del nivel de los mantos freáticos, o por la propia contaminación.

Fuente: realización GeoComunes a partir de datos Censo de Población 2020.

Actualmente, en los ocho municipios con permisos de descargas de aguas residuales mayores a 3.5 millones de metros cúbicos (cada uno), existen 40 mil 649 viviendas ocupadas cuyo consumo de agua (entubada o sin entubar) depende de pozos y cuerpos de agua superficiales. Se trata de los municipios de Cosoleacaque, Minatitlán, Salina Cruz, Nanchital de Lázaro Cárdenas, San Pedro Tapanatepec, Ixhuatlán del Sureste, Juchitán de Zaragoza y Coatzacoalcos, municipios que en el mapa de abajo vemos en color negro.

Fuente: realización GeoComunes a partir de datos del REPDA (diciembre del 2022), Censo de Población 2020 y de documentos oficiales del CIIT.

Este artículo plantea más preguntas que respuestas sobre un tema vital para la población istmeña: el tema del agua. A pesar de la importancia de este tema, y de las consecuencias que podrían traer en la vida cotidiana de la gente, en sus costumbres y en la posibilidad de mantener actividades tradicionales de la región, como la agricultura, hasta ahora ha habido muy poca información sobre los mecanismos de abasto hídrico para los proyectos industriales del Corredor Interocéanico.

Resulta importante abrir la discusión, realizar análisis y responder a cuestionamientos básicos (y fundamentales) para la población, como ¿qué pasará con el agua? ¿Cómo se va a garantizar el acceso humano a este recurso por sobre el acceso industrial? ¿Cómo se va a garantizar que no se deteriore el estado de este recurso, de por sí escaso en la región? Nada de esto ha sido presentado de manera seria y precisa en las reuniones informativas y consultas realizadas para la venta de los predios para los parques industriales, a pesar de haber sido una de las principales inquietudes de la población local.


En la próxima y última publicación, enfocada en el tema energético, constatamos la misma tendencia relativa a la falta de información clara y precisa sobre el despliegue de nuevas infraestructuras energéticas que serán necesarias para abastecer a esos nuevos parques industriales y los impactos que eso podría generar en una región que ha sufrido, desde décadas, los impactos negativos de la instalación de infraestructura energética, así como de industrias extractivistas, en particular la relativa a la explotación de hidrocarburos y la expansión de parques eólicos.

Imagen: Por ColectivoGeocomunes-Pescadores de Playa Vicente-Foto: Santiago Navarro F.

Más información:

Pronunciamiento: A las mujeres en la región istmo, Oaxaca

Compartimos este pronunciamiento del Comité Ixtepecano en la Defensa de la Vida y el Territorio publicado a través de Naciones MX sobre el gran incremento de violencia hacia las mujeres en la región de istmo en Oaxaca – A 17 de marzo de 2022

A LAS MUJERES EN LA REGION ISTMO, OAXACA

A LOS PUEBLOS Y ORGANIZACIONES EN RESISTENCIA DEL ISTMO

AL PUEBLO DE IXTEPEC

LEVANTEMOS LA VOZ PARA DEFENDER NUESTROS DERECHOS COMO MUJERES A VIVIR LIBRES DE VIOLENCIAS.

LA VIOLENCIA DE GENERO ES VIOLENCIA ESTRUCTURAL, EL PATRIARCADO Y EL CAPITALISMO EXTRACTIVO CAMINAN JUNTOS.

Somos mujeres que luchamos día con día por nuestro sustento diario, por defender nuestra identidad cultural, nuestros bienes comunes como espacio vida, que es el territorio; hemos demostrado como mujeres ixtepecanas e Istmeñas, la fuerza para ser parte de una lucha comunitaria por detener un proyecto minero (al menos temporalmente) en nuestro territorio y lograr entre todas y todos su cancelación el 17 de septiembre del 2017.

No pudimos festejar como se debía porque 10 días antes padecimos en la región la furia de los terremotos que devastaron nuestras comunidades, por si no fuera suficiente, viene esta pandemia mundial que nos tiene en constante sobresalto.

Todos estos sucesos los vemos interrelacionados. Son las consecuencias de un sistema que nos viene imponiendo un nuevo orden de vida distinta, que ve a la naturaleza como un recurso a extraer, a saquear sin medir las consecuencias de los desequilibrios que deja a su paso.

Terremotos y pandemias han sido utilizados por el sistema capitalista extractivo que lo aprovecha para tener un control social en la población, ejerciendo todo tipo de violencias.

La violencia que se ejerce por el Estado y sus diferentes instituciones en promover la venta de nuestras tierras, a través de las concesiones que ha otorgado a diferentes empresas en distintos países; cambio de leyes que favorecen a los concesionarios de estos proyectos de alto impacto, como la minería, los eólicos, gasoductos, hidroeléctricas, parques industriales y todo lo que se ha derivado de estas, a puesto en jaque a las comunidades del istmo, pues con ello perderíamos nuestras vidas comunitarias, la salud, la alimentación, nuestras vidas en general, pues esta propuesta de “desarrollo y bienestar” va más allá de la oferta de empleos.

Ya que al agotarse los bienes comunes -mal llamados recursos naturales- los pueblos ya no tienen modos de vivir autosuficientes y la vida se vuelve precaria, como ya lo miramos en las grandes y medianas ciudades, donde hay ya incertidumbre laboral y empleos con salarios raquíticos, la violencia se vuelve estructural y siempre las más afectadas son las mujeres. La violencia económica esta íntimamente relacionada con la violencia de genero. El patriarcado y el capitalismo se mueven juntos.

http://www.catedraalonso-ciesas.udg.mx/sites/default/files/la_guerra_contra_las_mujeres.pdf

Este es el escenario que vemos en nuestra querida región Istmeña donde el índice de feminicidio es alarmante en los últimos tiempos, ya que ha habido deficiencia en la implementación y seguimiento de las políticas públicas destinadas a atender el problema que viene afectando a las mujeres, en donde este sistema patriarcal fomentado por el Estado no pone ningún interés en lo que sucede con toda la problemática que padecen los pueblos, muchos menos lo que padecen las mujeres.

Si se profundiza el sistema capitalista extractivo no sólo se genera la violencia económica, sino que se profundiza la violencia de género en todos los niveles, psicológica, emocional, física, patrimonial, digital, sexual y en la muerte. LOS FEMINICIDIOS . Que se ejerce desde todos los ámbitos: la familia, la pareja, la escuela, el trabajo, la comunidad o la institución.

Es necesario reflexionar y actuar como sociedad, ahora le toco a Vilma Ambrosio Zarate asesinada en su propia casa en Ixtepec: https://oaxaca.eluniversal.com.mx/municipios/asesinan-mujer-en-el-istmo-de-oaxaca-suman-15-victimas-en-dos-meses-en-la-region

Mañana pudiera ser en la nuestra, existe acoso en las escuelas donde nuestras niñas están en constante acecho por sus propios maestros, como ha sucedido en la Universidad del Istmo (UNISTMO) en Ixtepec, en donde las alumnas se atrevieron a levantar la voz para denunciar y han sido hostigadas por los mismos directivos de la misma, a pesar de las denuncias hechas por las afectadas:https://aristeguinoticias.com/0803/mexico/oaxaca-8m-denuncian-acoso-sexual-y-hostigamiento-en-la-universidad-del-istmo-video/ la comunidad ixtepecana lo mira lejos y aislado, pero esto está sucediendo en muchas escuelas de la región y del país y que por temor no levantan la voz.

Es importante manifestarnos desde el lugar donde nos encontremos para exigir que las autoridades de los tres niveles de gobierno asuman su responsabilidad de esclarecer y castigar a los responsables.

Aunque sabemos que el fin de la violencia contra las mujeres va a llegar desde abajo y desde las propias mujeres, como ya lo están ejerciendo las mujeres autónomas autoconvocadas en Ixtepec, que impulsaron una marcha el 8 de marzo sin pertenecer a ningún partido político, organización social o civil y donde agredieron a la comunicadora Nanashi De Gyves: https://oaxaca.eluniversal.com.mx/municipios/marchan-en-ciudad-ixtepec-tras-feminicidio-de-vilma-van-27-mujeres-asesinadas-en-oaxaca y por lo cual sacaron un pronunciamiento: https://www.facebook.com/111767874495668/posts/266932198979234/

RESPALDEMOS COMO PUEBLOS Y DEMOS SEGUIMIENTO A LO QUE SUCEDE EN LAS UNIVERSIDADES Y DENUNCIEMOS A LOS MAESTROS, PROTEJAMOS A LAS MUJERES DE LA VIOLENCIA QUE SE EJERCE SOBRE ELLAS EN LAS ESCUELAS, EN LO LABORAL O FAMILIAR.

¡EXIJAMOS A LAS AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES INTERVENCIÓN OPORTUNA!

¡LAS QUEREMOS LIBRES Y VIVAS!

¡JUSTICIA PARA VILMA!

POR UN IXTEPEC Y REGIÓN DEL ISTMO LIBRES DE VIOLENCIA ESTRUCTURAL Y DE GENERO

Desde el ESPACIO DE MUJERES LAS MEÑAS

Integrantes del Comité ixtepecano en la Defensa de la Vida y el Territorio.

Imagen: Consorcio Oaxaca . Edwin Hernández

Más información:

Oaxaca: SEMARNAT incumple mandato de protección ambiental y Principio Precautorio, poniendo en deliberado riesgo a comunicades de los Valles de Ocotlan

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por la vida contra la minería canadiense en Los Valles Centrales de Oaxaca- A 26 de enero del 2022

El 6 de Julio de 202 la SEMARNAT, después de una evaluación de impacto ambiental de llevó más de 9 meses, negó la autorización de ampliación, a la Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V. empresa sudsidiaria de la canadiense Fortuna Silver Mines Inc., proyecto que lleva por nombre “San José II”, que fue notificada a la empresa el 10 de noviembre del mismo año. Sin embargo, por las presiones que la empresa ejerció sobre la SEMARNAT y sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador un mes más tarde, la Secretaria de la SEMARNAT, María Luisa Albores da marcha atrás y autoriza el proyecto en diciembre, dejando a los pueblos y la protección ambiental de Valle de Ocotlán, Oaxaca, en total indefensión frente a una empresa que ahora tiene licencia para contaminar por otros 12 años.

La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “San José II”, resulta ser la manifestación de 81 obras que la empresa minera Cuzcatlán ya realizó, sin contar con las autorizaciones correspondientes y que actualmente se encuentran en operación:

  • Obras ejecutadas sin previa autorización en materia ambiental.
  • Obras con autorización, pero ejecutadas en sitios diferentes y superficies diferentes a las establecidas.
  • Infraestructura que no se ajusta a las superficies manifestadas en la MIA autorizada en 2009.

Lo anterior fue detectado por una inspección de vigilancia de la Profepa (de acuerdo al Acto No. PFPA/26.3/2C.27.5/002-17) que puso algunas sanciones y amonestaciones administrativas, pero no obligó a la empresa a cerrar, sino le pidió la elaboración de una MIA para la regularización de todas las obras.

El Resolutivo que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT emite el 6 de julio sobre este proyecto (debidamente fundada y motivada, según el mismo documento lo establece) determina: “La promovente no presentó los elementos técnicos científicos necesarios para establecer una certeza científica absoluta que garanticen la viabilidad ambiental del proyecto…” “… que el proyecto no cumple con los requisitos mínimos señalados en el artículo 13 fracciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII del RLGEEPAMEIA, ya que la información presentada, en materia de impacto ambiental no permite a esta autoridad tener certeza o exactitud científica de los impactos y riesgos ambientales que implica el proyecto, vulnerando el derecho humano de las comunidades de su zona de influencia a un medio ambiente sano consagrado en el artículo 4° Párrafo 5° de la CPEUM…” Esto entre muchas otras justificaciones que impiden autorizar el proyecto hace seis meses.

El documento también habla de la importancia de la Prevención, Equidad Intergeneracional, del Principio Precautorio, del Principio de Progresividad, el Principio de No Regresión, Responsabilidad y Congruencia; además cita varias tesis de jurisprudencia que apoyan la observación y la aplicación obligatoria de dichos principios.

Después de haber visto la nota de que en diciembre pasado la SEMARNAT da marcha atrás y autoriza el proyecto, nos preguntamos ¿Bajo qué argumentos se autoriza el proyecto en el lapso de un mes? ?Será que los fundamentos y motivos en los que se basó la DGIRA de la propia SEMARNAT para negar el proyecto, a la Secretaria no le fueron suficientes y verdaderos? ¿Cuáles son sus fundamentos y motivos para autorizar un proyecto que ya había sido negado? ¿De qué sirve tener una Dirección de Impactos y Riesgos Ambientales si los proyectos se van a autorizar de acuerdo a las presiones de los promoventes?

Con esta decisión, la Secretaria María Luisa Albores incumple el mandato para el que fue contratada, que es el cuidado y proyección ambiental en este país. Acepta la burla de la empresa Cuzcatlán, filial de la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines, que incumple y violenta perversamente los lineamientos que le fueron impuestos, a sabiendas de que no va a pasar nada. Acepta que las empresas mineras hacen su voluntad e imponen sus leyes y reglas frente a los gobiernos. Deja en total indefensión a las comunidades del Valle del Ocotlán, que desde hace muchos años están sufriendo los impactos, contaminación, violencia, vejaciones, despojo y devastación de sus territorios por esta empresa minera. Reconoce con esta acción que el haber “atendido” a las y los afectados fue simplemente una simulación para ganar tiempo y lucirse ante la opinión pública.

Así mismo María Luisa Albores incumple su obligación como funcionaria pública, aplicando el Principio de Regresión y pasando por alto los Art. 1° párrafos tercero, cuarto y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), Art 28, 30 y 35 de Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LEGEEPA), Art 45 del Reglamento de la LEGEEPA en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental (RLGEEPAMEIA), El Principio (Precaución) de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas, así como todos los enlistados en la página 81 del Resolutivo de la DGIRA de la propia SEMARNAT No. SGPA/DGIRA/DG/03305, del 06 de julio del 2021.

Desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería damos nuestro total respaldo a los Municipios de San Pedro Apóstol, San Pedro Mártir y todos sus ejidos y comunidades que siguen luchando para declarar sus territorios libre de minería y exigiendo que las autoridades responsabilicen a las empresas mineras por los daños que generan a su agua, sus tierras y su salud. Por otro lado, responsabilizamos directamente a María Luisa Albores, a Andrés Manuel López Obrador y a la empresa minera Fortuna Silvers Mines Inc. y a su filial Compañía Minera Cuzcutlán de las afectaciones a la salud y al ambiente que sufran las comunidades a las que la mismo María Luisa Albores, en respuesta a las presiones de la empresa, está imponiendo un proyecto devastador.

¡FUERA MINERA CUZCATLÁN DE VALLES CENTRALES!

¡ALTO A LA SOBERBIA DE LAS MINERAS!

¡RESPETO A LOS TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Ilustrativa de la Web

Más información:

Comunicado de colectivos y comunidades de Oaxaca en contra de los “Encuentros Indígenas Canadá-Oaxaca 2021”

Comunicado de colectivos y comunidades de Oaxaca sobre la falsa hermandad que pretenden hacer entre el Gobiernos de Canadá y el Gobierno de Oaxaca apensar de la gran destrucción de proyectos mineros canadienses – A 29 de septiembre de 2021

A nuestrxs hermanxs de Isla tortuga

En el contexto de la celebración organizada por los Estados canadiense y mexicano, denominada “Encuentros indígenas Oaxaca-Canadá 2021-”, llevada a cabo del 20 de septiembre al 8 de octubre en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, hemos decidido dar a conocer algunos aspectos relevantes que han sido omitidos o tergiversados en las convocatorias oficiales y en las ruedas de prensa.

Lo que llaman “estado de Oaxaca” es uno de los más diversos cultural y lingüísticamente gracias a la resistencia indígena al exterminio, que comenzó con la expansión europea en el territorio de lo que hoy es México. Esta diversidad a la que aluden los gobiernos de Oaxaca y Canadá, figura como la motivación principal para realizar dicho evento.

Sin embargo, lo que llaman diversidad ésta más cercano al nacionalismo mexicano construido con los huesos y sangre de nuestros antepasados, la razón principal para decir esto es que los gobiernos ven al indígena y al afro como expresión cultural mercantilizable, como un discurso, como una imagen, etc.

Nosotrxs, quienes por generaciones hemos resistido a su necropolitica, racismo, clasismo y sexismo, no solo nos negamos a alentar ese nacionalismo, si no que repudiamos la mercantilización de nuestras formas de vida. Queremos que sepan todxs aquellxs que lo ignoran, que por generaciones hemos sido testigxs de la expulsión y marginalización de indígenas en el territorio invadido que han nombrado como Oaxaca; hemos sido objeto de la invasión y despojo de tierras, a las que miramos con tristeza y rabia convertirse en artículo de especulación financiera.

Si algo hemos de compartir con nuestrxs hermanxs de Isla Tortuga, es esta historia de dolor y violencia colonial. Ellxs también fueron despojados, masacrados y obligados a vivir en reservaciones. Lo que llaman “Canadá” oculta bajo sus suelos miles de cuerpos de infantes, hombres y mujeres indígenas, asesinados por la desgracia de no ser blancos y no pensar como blancos. Aunque el Estado pretenda ocultarlo, esta violencia perdura y se manifiesta de diversas maneras.

Esta historia compartida de despojo, nos convoca en esta ocasión para decirles al unísono, a quienes con sus leyes justifican o facilitan el exterminio indígena y de cualquier modo de vida contingente, a quienes confunden nuestra historia de resistencia con folcklor y a quienes ocultan sus negocios tras la expresión “hermandad cultural”, que NO SE LOS VAMOS A PERMITIR, NI MATERIAL NI SIMBÓLICAMENTE.

DENUNCIAMOS, que han sido estas mismas personas los actores intelectuales de la peor tragedia ambiental y social que hemos visto en tiempos recientes, un ejemplo de ellos es la instalación de minas para la extracción masiva de minerales, a través de la exploración y puesta en marcha de concesiones y proyectos mineros.

Empresas Canadienses tienen desplegados cientos de proyectos mineros por toda América Latina; muchos de ellos en territorios de comunidades indígenas, a las que ha tratado con racismo y desde una perspectiva colonialista.

Según datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, en México, el 50% de los conflictos mineros está relacionado directamente con empresas canadienses; de acuerdo con información contenida en el Sistema Integral sobre Economía Minera, de las 242 empresas extranjeras con proyectos mineros en el país, 160 corresponden a Canadá; además de que el 74% de las concesiones para exploración minera son otorgadas a empresas de dicho país.

En lo que respecta al estado de Oaxaca, hoy sede de este mal llamado “Hermanamiento cultural”, existe un total de 47 proyectos mineros de capital extranjero, de los cuales 33 son de empresas canadienses y tres más de asociación Canadá-Australia.

En la comunidad de San José del Progreso, Ocotlán, la criminal Fortuna Silver Mines opera bajo el nombre de Compañía Minera Cuzcatlán y, tras imponerse en el año 2009 mediante un operativo policial de más de 2 mil efectivos, ha dejado como saldo: 5 personas asesinadas, dos de ellas líderes antimineros y 3 integrantes de la autoridad municipal; el derrame de 1 millón 516 mil litros de desechos tóxicos, ocurrido el 8 de octubre de 2018, y que sigue en la impunidad; la contaminación del Río Coyote en Magdalena Ocotlán que actualmente presenta 5 elementos químicos en concentraciones tales que hacen al agua inviable para cualquier tipo de uso, agrícola o humano. Cabe señalar que, en 9 años de producción, Fortuna Silver Mines ha extraído del subsuelo una riqueza equivalente a 1,487 millones 778 mil dólares, de la explotación de oro y plata y también ha divido a la comunidad, desinformando y agudizando conflictos.

Otro caso de invasión y despojo se localiza en la zona de los Chimalapas, uno de los grandes pulmones del mundo. La empresa canadiense Minaurum Gold SA. tiene adjudicados a su nombre los títulos de concesión minera 22 5472 y 24 6936, a través de los cuales ha pretendido apropiarse de más de 6 mil 400 hectáreas para la explotación de oro y cobre. Este territorio selvático ha sido hogar del pueblo angpøn o zoque durante siglos; hoy, un proyecto minero canadiense pone en riesgo su vida, su cultura milenaria y un ecosistema vital para la regulación climática.

Ixtepec es un caso similar al anterior, donde una mina de capital canadiense pretendía apropiarse de 8,150 hectáreas para la apertura de una mina a cielo abierto; esto, cabe señalar, sin la menor preocupación por la vida y la salud de las comunidades indígenas susceptibles a ser afectadas. Actualmente, dicho proyecto se encuentra detenido temporalmente por la cancelación de la concesión.

Por su parte, Capulálpam de Méndez, comunidad indígena de la Sierra Juárez, ha denunciado constantemente, desde 2005, el grave daño ambiental causado por la CIA Minera de Natividad y Anexas a su territorio comunal y recursos naturales. Es bien sabido que esta empresa funciona como presta nombre de compañías canadienses, primero sirviendo a Continuum Resource y después a la empresa SUNDANCE. Sus actividades, llevadas a cabo contra la voluntad del pueblo de Capulálpam, han causado graves afectaciones ambientales, principalmente la desaparición de trece manantiales debido a los túneles excavados en el subsuelo. Asimismo, la contaminación con residuos tóxicos y jales mineros que vierten impunemente en el Río Grande, principal afluente del Río Papaloapam, lo que significa afectaciones a un gran número de comunidades que ya no pueden aprovechar el agua y por ende se violenta su derecho universal al acceso al agua. Por lo antes expuesto sobre este caso, queremos DENUNCIAR, que en 2015 se interpuso un amparo en contra de las concesiones mineras que la Secretaría de Economía otorgó sin el consentimiento de la comunidad y sin la consulta previa, libre e informada a la que tenemos derecho. Sin embargo, la Secretaría de Economía impugnó la sentencia a favor de la comunidad y, derivado de ello, la Minera de Natividad y Anexas sigue trabajando sin acatar la sentencia, sin permiso de la comunidad y sin tener la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental; todo en complacencia de las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes ambientales como la PROFEPA y la CONAGUA.

¡Mentira que buscan reconciliación con los pueblos indígenas!

Con este evento, el Estado Canadiense y el Estado Mexicano, a través del gobierno de Oaxaca, pretenden lavar sus rostros en lo que respecta a su relación colonial con las comunidades indígenas y afros; pero no lograrán desviar nuestra atención de los problemas estructurales y las situaciones de despojo y saqueo de las que pretenden hacernos objeto.

Por último, SEÑALAMOS que nos encontramos en ALERTA MÁXIMA y a la expectativa por esta simulación de hermandad. Sabemos que sus intereses son y serán siempre otros. Los lazos de afinidad y reciprocidad con lxs indígenas de Isla Tortuga los tejeremos nosotrxs, con el objetivo de extender nuestra resistencia, hasta que las praderas, montañas, ríos y animales vuelvan a ser libres, hasta que la resistencia nos permita vivir con dignidad, y no a la sombra de un deber ser impuesto y construido por aquellos que duplican sus inversiones gracias a nuestro exterminio.

¡NO PUEDE HABER HERMANDAD DONDE HAY DESPOJO Y SAQUEO!

¡MUERTE AL COLONIALISMO!

¡FUERA EMPRESAS MINERAS!

¡SIN ORO Y PLATA, SE VIVE!; ¡SIN AGUA, NO!

ATENTAMENTE

AUTORIDAD MUNICIPIAL DE SAN PEDRO APÓSTOL, OCOTLÁN. AUTORIDAD MUNICIPIAL DE SAN PEDRO MÁRTIR, OCOTLÁN. COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ. COMUNIDADES EL REBOLLERO, RÍO MINAS Y LOS ARQUITOS, SAN PABLO CUATRO VENADOS, ZAACHILA. COMITÉ IXTEPECANO EN DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO. ESPACIO DE MUJERES EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA “LAS MEÑAS”. COLECTIVO MATZA, SAN MIGUEL CHIMALAPAS. ARTICULACIÓN POR LA VIDA, CONTRA LA MINERÍA EN EL VALLE DE OCOTLÁN

Imagen: Manifestación realizada en Oaxaca por comunidades indígenas en contra de la minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. Foto: Santiago Navarro F.

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Las Consultas a modo del Gobierno Federal

Las Universidades de AMLO, Sí, las de los pueblos indígenas, NO

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 8 de septiembre del 2021

Mientras que el Gobierno Federal inaugura “Universidades AMLO” por el país, sin supuestas consultas libres,previas e informadas e incluso en muchos casos coaccionando a los dueños de las tierras ejidales, comunales, municipales o estatales para exigir donación de terrenos para sus aulas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalida el pasado 31 de agosto del presente años la Ley Organiza de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO) cuando el Gobierno estatal ya había aprobado en la LXIV Legislatura del H. Congreso de Oaxaca.

Los legisladores en representación de pueblo oaxaqueño y en respuestas a sus demandas, en pleno uso de su autonomía y obligación de velar por los derechos humanos y en especial de la educación, respondió a la solicitud de un pueblo que, conformado por 570 municipios, 417 se rigen por sistemas normativos indígenas, durante décadas han llevado procesos de reflexión con su conocimiento ancestral.

La UACO fue creada luego que organizaciones sociales de 16 municipios y comunidades de Oaxaca trabajaran durante años procesos educativos acordes a su cosmovisión como pueblos indígenas, obteniendo como resultado que el Gobierno de Oaxaca y el Poder Legislativo reconocieran en el Decreto 1201 publicado en el Diario Oficial el 20 de abril de 2020, la creación de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, como un instrumento de los pueblos indígenas de Oaxaca, para la construcción de su propio futuro y desde sus propias consmovisiones para construir la autonomía de sus pueblos.

Le hace falta una ridícula “consulta” de esas que al Gobierno Federal le encanta jugar a modo, en medio de su discurso de “primero los pobres”, “lo que diga el pueblo”, “por lo derechos humanos”, “apoyar las demandas indígenas”, etc, etc. Con esta acción pareciera que da la razón a los reclamos de los jóvenes estudiantes normalistas que denuncian las intenciones del Gobierno Federal de pretender cerrar la Escuelas Normales del país.

Como dicen las comunidades y organizaciones indígenas que conforman la UACO en Oaxaca: “la consulta la hemos padecido como una imposición desde una visión colonialista que ofende a nuestros pueblos y no respeta ni reconoce el ejercicio de nuestra autonomía y libre determinación. El dictamen de la SCJN busca examinar si el aborigen tiene la capacidad de determinarse libremente, en los términos liberales que gobiernan sus pensamiento. A sabiendas que la UACO surgió de nuestras comunidades y no de un escrito gubernamental.

¿Por qué la SCJN niega el derecho a la educación y además debe ser consultado? Como todo el país, aquellos proyectos que impulsa el gobierno van con todo y sin “consultas”, y las que no gustan “consultan” amañadamente y a modo esgrimiendo el Convenio 169 de la OTI, o se criminalizan a sus opositores sociales o actores ambientales.

¡Por la Libre Determinación de los Pueblos Originarios!

Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA

Imagen: Radio Pozol

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Oaxaca: REMA se suma a las exigencias de la Comunidad de San Pedro Apóstol, Ocotlán, Solicitando a la SEMARNAT no ceder ante la presión del Lobby que impulsa la ecocida minera canadiense Fortuna Silver Mines

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados de la Minería REMA sobre la voracidad minera en México y la resistencia de los pueblos en la defensa de su territorio – A 21 de agosto del 2021

El pasado 22 de julio de 2021 a través de la Gaceta Ecológica la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal (SEMARNAT), nos enteramos de la negativa que le hace a la Minera Cuzcatlán, filial de la Canadiense Fortuna Silver Mines, relacionada con el permiso de ampliación del proyecto minero denominado “San José II”. No obstante, la soberbia y la impunidad con la que opera esta empresa contaminante, inició todo un procedimiento de lobby mediático en medios locales     -estatales y redes sociales-, intentando manipular la opinión pública y sacando de foco lo que en realidad está conforme a su derecho al iniciar el proceso de impugnación para intentar revertir la negativa que, por el momento acota y evita la continuidad de la destrucción que ya se vive y se siente en la zona conocida de Valles Centrales, en particular lo que vive la población de Magdalena Ocotlán, pero también las secuelas que se empiezan a sentir en el municipio vecino que corresponde a San Pedro Apóstol.

No es la primera vez que observamos estas prácticas mediáticas e incluso políticas que utilizan las empresas cuando les es negado alguno de sus procedimientos e intentan por todos los medios revertir, lo que ya ha sido dictaminado. Tampoco sería la primera vez que dicha empresa muestre su capacidad política y agresiva, la cual existen antecedentes documentados en los que, con el uso del estado y de grupos armados ilegales, ha instrumentado diversas agresiones contra las y los defensores del territorio zapoteca.  La Minera Canadiense Fortuna Silver Mines desde que se instaló en la región ha recurrido al uso de violencia, además de realizar actos de coacción con la cooptación de autoridades agrarias y municipales de los núcleos agrarios y municipios que circundan la zona del proyecto.

En este sentido, no podemos olvidar que, en el 2009, la Minera Fortuna Silver Mines fue la autora intelectual del desalojo violento de un plantón pacífico instalado por defensores del territorio en la entrada de “su” mina en San José del Progreso Ocotlán; 24 detenciones arbitrarias; decenas de cateos ilegales en la Comunidad de Magdalena Ocotlán y una feroz persecución de los defensores del territorio zapoteca.

Tampoco olvidamos los hechos recurrentes de violación a los derechos humanos y ambientales que, durante 12 años de operación, la Minera Cuzcatlán- Fortuna Silver Mines se mantienen en total impunidad, haciendo totalmente la colusión con las autoridades ambientales de todos los niveles. Esta empresa tiene una larga data de: despojos territoriales, contaminación de aguas y campos de cultivo, continúan incrementándose las enfermedades que antes eran inexistentes en las comunidades y que están relacionadas a la operación minera, así como también a extinto flora y fauna incluyendo la muerte de ganado. Como ejemplo citamos que, en octubre de 2018, causó un derrame tóxico de 1´516,000 litros de jales mineros que contaminaron con metales pesados altamente tóxicos varios kilómetros de cauce del Río Coyote afectado a 7 comunidades; así como también se trasladaron los daños al Río Atoyac, por ser este en donde desemboca. Por si fuera poco, el desastre y, a pesar de disponer de las pruebas de los análisis de agua realizado por las dependencias de gobierno, CONAGUA y PROFEPA exoneraron a la ecocida Fortuna Silver Mines.

La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) nos solidarizamos y acompañamos la exigencia de la Comunidad de San Pedro Apóstol Ocotlán para que SEMARNAT se mantenga firme en la decisión al negarle la ampliación del proyecto minero denominado “San José II”, ya que una ampliación de dicho proyecto implicaría: la continuidad, el incremento y la aceleración de la destrucción del territorio con todas las consecuencias que todo mundo sabe genera la extracción minera en el mundo entero.

¡NO A LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO MINERO SAN JOSÉ II!

¡RENDICIÓN DE CUENTAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PROYECTO MINERO!

Firma

Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería

Imagen: NVI Noticias

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El Corredor Interoceánico da continuidad al proyecto neoliberal del saqueo: Rema

Compartimos esta nota de Proceso sobre el Corredor Interoceánico en Oaxaca – A 17 de junio del 2021

Por Pedro Matías

OAXACA, Oax. (apro).- El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec no está pensado para el mejoramiento de su población, sino para fortalecer uno de los puntos nodales del capitalismo global a través del despojo, afirmó la Red Mexicana de afectados por la Minería (Rema). El Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado (OPD), denominado “Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, da vida a todo el engranaje público y privado para la extracción, comercialización y distribución de los bienes naturales y comunes del territorio nacional hacia los mercados asiáticos y de otros continentes, subrayó. “El decreto en sí mismo significa la activación de toda la maquinaria legal, pero también la simulada y de coacción, como sucede por ejemplo con el tema de las consultas, en donde sin duda alguna persiste, como antaño, una estrecha relación de contubernio entre el Estado y el poder de las empresas y sus dueños, que insisten en la comercialización global”. De igual manera, mencionó que el corredor servirá para el flujo de mercancías del golfo al pacífico y viceversa, y para la extracción de bienes naturales relacionados con empresas maquiladoras de cadenas de valor, muchas de ellas vinculadas con la venta de servicios superfluos, pero también con la acumulación por desposesión. Pero sobre todo da continuidad al proyecto neoliberal del saqueo, porque las mineras, las petroleras, la extracción y suministro de gas, el fracking y la generación de energía para empresas, no para los pueblos, continuarán con la misma retórica de la ya conocida política neoliberal que desde el gobierno se dice que ha terminado, “pero en los hechos el proyecto del Corredor Interoceánico muestra que está lejos de ello”, abundó. Rema recordó que “si bien esta región ha sido venerada por su posicionamiento global desde el régimen Porfirista, siempre fue un espejo de la realidad política que ha imperado en las distintas administraciones que enfatizan en el valor comercial y su potencial para el desarrollo global”, a costa de los pueblos del Istmo. “Paradójicamente, los sueños de las élites económicas nacional y global, hasta la administración pasada, no han logrado hacerse realidad, no obstante, hoy más que nunca el gobierno actual y la autodenominada 4T parece que harán todo lo posible por finalmente alcanzar el tan añorado sueño”, puntualizó. La Red mencionó que las luchas más recientes por la defensa del territorio del Istmo de Tehuantepec iniciaron cuando a principios del año 2000 se anunció el Plan Puebla Panamá (PPP) y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), lo que implicaba nuevos megaproyectos para la región Sur-Sureste de México, tales como: represas, puertos, aeropuertos, tendido eléctrico, sistemas modernizados de telecomunicaciones como la fibra óptica, entre otras. Millones de dólares se invirtieron, incluso a costa de la adquisición de deuda por parte de los países de la región, para mejorar la infraestructura al servicio de las inversiones que prometían arribar a la región. Pero la resistencia y la lucha de los pueblos contra los gobiernos del PAN y del PRI, subrayó, impidieron que diversos megaproyectos se llevaran a cabo, entre ellos el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, no sin costos al respecto, ya que algunos de sus componentes lograron imponerse, como sucede con los parques eólicos, dividiendo a las comunidades. En un comunicado, la Rema resaltó que ese tipo de planes de desarrollo va emparentado con los procesos relacionados con la desregulación, la armonización y alineamiento de mecanismos, leyes, reglamentos, normas y procedimientos para el despojo. “Lamentablemente en la actualidad la región del Istmo es azotada por una nueva desgracia: el covid-19, que no sólo se propaga rápidamente entre la población, mientras muestra el colapso del sistema de salud pública, sino además impone una condición de confinamiento que limita la movilidad organizativa”. Además, en 2017 la región sufrió las consecuencias de sismos que la devastaron, al igual que muchas y muchos defensores del territorio y de los derechos colectivos han sido criminalizados, asesinados o desaparecidos, sin que en ningún caso el gobierno aparezca de manera consistente, sea para apoyar las emergencias o para acabar con la impunidad.

Imagen: Gobierno de México

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