Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por la vida contra la minería canadiense en Los Valles Centrales de Oaxaca- A 26 de enero del 2022
El 6 de Julio de 202 la SEMARNAT, después de una evaluación de impacto ambiental de llevó más de 9 meses, negó la autorización de ampliación, a la Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V. empresa sudsidiaria de la canadiense Fortuna Silver Mines Inc., proyecto que lleva por nombre «San José II», que fue notificada a la empresa el 10 de noviembre del mismo año. Sin embargo, por las presiones que la empresa ejerció sobre la SEMARNAT y sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador un mes más tarde, la Secretaria de la SEMARNAT, María Luisa Albores da marcha atrás y autoriza el proyecto en diciembre, dejando a los pueblos y la protección ambiental de Valle de Ocotlán, Oaxaca, en total indefensión frente a una empresa que ahora tiene licencia para contaminar por otros 12 años.
La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto «San José II», resulta ser la manifestación de 81 obras que la empresa minera Cuzcatlán ya realizó, sin contar con las autorizaciones correspondientes y que actualmente se encuentran en operación:
Obras ejecutadas sin previa autorización en materia ambiental.
Obras con autorización, pero ejecutadas en sitios diferentes y superficies diferentes a las establecidas.
Infraestructura que no se ajusta a las superficies manifestadas en la MIA autorizada en 2009.
Lo anterior fue detectado por una inspección de vigilancia de la Profepa (de acuerdo al Acto No. PFPA/26.3/2C.27.5/002-17) que puso algunas sanciones y amonestaciones administrativas, pero no obligó a la empresa a cerrar, sino le pidió la elaboración de una MIA para la regularización de todas las obras.
El Resolutivo que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT emite el 6 de julio sobre este proyecto (debidamente fundada y motivada, según el mismo documento lo establece) determina: «La promovente no presentó los elementos técnicos científicos necesarios para establecer una certeza científica absoluta que garanticen la viabilidad ambiental del proyecto…» «… que el proyecto no cumple con los requisitos mínimos señalados en el artículo 13 fracciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII del RLGEEPAMEIA, ya que la información presentada, en materia de impacto ambiental no permite a esta autoridad tener certeza o exactitud científica de los impactos y riesgos ambientales que implica el proyecto, vulnerando el derecho humano de las comunidades de su zona de influencia a un medio ambiente sano consagrado en el artículo 4° Párrafo 5° de la CPEUM…» Esto entre muchas otras justificaciones que impiden autorizar el proyecto hace seis meses.
El documento también habla de la importancia de la Prevención, Equidad Intergeneracional, del Principio Precautorio, del Principio de Progresividad, el Principio de No Regresión, Responsabilidad y Congruencia; además cita varias tesis de jurisprudencia que apoyan la observación y la aplicación obligatoria de dichos principios.
Después de haber visto la nota de que en diciembre pasado la SEMARNAT da marcha atrás y autoriza el proyecto, nos preguntamos ¿Bajo qué argumentos se autoriza el proyecto en el lapso de un mes? ?Será que los fundamentos y motivos en los que se basó la DGIRA de la propia SEMARNAT para negar el proyecto, a la Secretaria no le fueron suficientes y verdaderos? ¿Cuáles son sus fundamentos y motivos para autorizar un proyecto que ya había sido negado? ¿De qué sirve tener una Dirección de Impactos y Riesgos Ambientales si los proyectos se van a autorizar de acuerdo a las presiones de los promoventes?
Con esta decisión, la Secretaria María Luisa Albores incumple el mandato para el que fue contratada, que es el cuidado y proyección ambiental en este país. Acepta la burla de la empresa Cuzcatlán, filial de la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines, que incumple y violenta perversamente los lineamientos que le fueron impuestos, a sabiendas de que no va a pasar nada. Acepta que las empresas mineras hacen su voluntad e imponen sus leyes y reglas frente a los gobiernos. Deja en total indefensión a las comunidades del Valle del Ocotlán, que desde hace muchos años están sufriendo los impactos, contaminación, violencia, vejaciones, despojo y devastación de sus territorios por esta empresa minera. Reconoce con esta acción que el haber «atendido» a las y los afectados fue simplemente una simulación para ganar tiempo y lucirse ante la opinión pública.
Así mismo María Luisa Albores incumple su obligación como funcionaria pública, aplicando el Principio de Regresión y pasando por alto los Art. 1° párrafos tercero, cuarto y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), Art 28, 30 y 35 de Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LEGEEPA), Art 45 del Reglamento de la LEGEEPA en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental (RLGEEPAMEIA), El Principio (Precaución) de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas, así como todos los enlistados en la página 81 del Resolutivo de la DGIRA de la propia SEMARNAT No. SGPA/DGIRA/DG/03305, del 06 de julio del 2021.
Desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería damos nuestro total respaldo a los Municipios de San Pedro Apóstol, San Pedro Mártir y todos sus ejidos y comunidades que siguen luchando para declarar sus territorios libre de minería y exigiendo que las autoridades responsabilicen a las empresas mineras por los daños que generan a su agua, sus tierras y su salud. Por otro lado, responsabilizamos directamente a María Luisa Albores, a Andrés Manuel López Obrador y a la empresa minera Fortuna Silvers Mines Inc. y a su filial Compañía Minera Cuzcutlán de las afectaciones a la salud y al ambiente que sufran las comunidades a las que la mismo María Luisa Albores, en respuesta a las presiones de la empresa, está imponiendo un proyecto devastador.
¡FUERA MINERA CUZCATLÁN DE VALLES CENTRALES!
¡ALTO A LA SOBERBIA DE LAS MINERAS!
¡RESPETO A LOS TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Comunicado de colectivos y comunidades de Oaxaca sobre la falsa hermandad que pretenden hacer entre el Gobiernos de Canadá y el Gobierno de Oaxaca apensar de la gran destrucción de proyectos mineros canadienses – A 29 de septiembre de 2021
A nuestrxs hermanxs de Isla tortuga
En el contexto de la celebración organizada por los Estados canadiense y mexicano, denominada “Encuentros indígenas Oaxaca-Canadá 2021-”, llevada a cabo del 20 de septiembre al 8 de octubre en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, hemos decidido dar a conocer algunos aspectos relevantes que han sido omitidos o tergiversados en las convocatorias oficiales y en las ruedas de prensa.
Lo que llaman “estado de Oaxaca” es uno de los más diversos cultural y lingüísticamente gracias a la resistencia indígena al exterminio, que comenzó con la expansión europea en el territorio de lo que hoy es México. Esta diversidad a la que aluden los gobiernos de Oaxaca y Canadá, figura como la motivación principal para realizar dicho evento.
Sin embargo, lo que llaman diversidad ésta más cercano al nacionalismo mexicano construido con los huesos y sangre de nuestros antepasados, la razón principal para decir esto es que los gobiernos ven al indígena y al afro como expresión cultural mercantilizable, como un discurso, como una imagen, etc.
Nosotrxs, quienes por generaciones hemos resistido a su necropolitica, racismo, clasismo y sexismo, no solo nos negamos a alentar ese nacionalismo, si no que repudiamos la mercantilización de nuestras formas de vida. Queremos que sepan todxs aquellxs que lo ignoran, que por generaciones hemos sido testigxs de la expulsión y marginalización de indígenas en el territorio invadido que han nombrado como Oaxaca; hemos sido objeto de la invasión y despojo de tierras, a las que miramos con tristeza y rabia convertirse en artículo de especulación financiera.
Si algo hemos de compartir con nuestrxs hermanxs de Isla Tortuga, es esta historia de dolor y violencia colonial. Ellxs también fueron despojados, masacrados y obligados a vivir en reservaciones. Lo que llaman “Canadá” oculta bajo sus suelos miles de cuerpos de infantes, hombres y mujeres indígenas, asesinados por la desgracia de no ser blancos y no pensar como blancos. Aunque el Estado pretenda ocultarlo, esta violencia perdura y se manifiesta de diversas maneras.
Esta historia compartida de despojo, nos convoca en esta ocasión para decirles al unísono, a quienes con sus leyes justifican o facilitan el exterminio indígena y de cualquier modo de vida contingente, a quienes confunden nuestra historia de resistencia con folcklor y a quienes ocultan sus negocios tras la expresión “hermandad cultural”, que NO SE LOS VAMOS A PERMITIR, NI MATERIAL NI SIMBÓLICAMENTE.
DENUNCIAMOS, que han sido estas mismas personas los actores intelectuales de la peor tragedia ambiental y social que hemos visto en tiempos recientes, un ejemplo de ellos es la instalación de minas para la extracción masiva de minerales, a través de la exploración y puesta en marcha de concesiones y proyectos mineros.
Empresas Canadienses tienen desplegados cientos de proyectos mineros por toda América Latina; muchos de ellos en territorios de comunidades indígenas, a las que ha tratado con racismo y desde una perspectiva colonialista.
Según datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, en México, el 50% de los conflictos mineros está relacionado directamente con empresas canadienses; de acuerdo con información contenida en el Sistema Integral sobre Economía Minera, de las 242 empresas extranjeras con proyectos mineros en el país, 160 corresponden a Canadá; además de que el 74% de las concesiones para exploración minera son otorgadas a empresas de dicho país.
En lo que respecta al estado de Oaxaca, hoy sede de este mal llamado “Hermanamiento cultural”, existe un total de 47 proyectos mineros de capital extranjero, de los cuales 33 son de empresas canadienses y tres más de asociación Canadá-Australia.
En la comunidad de San José del Progreso, Ocotlán, la criminal Fortuna Silver Mines opera bajo el nombre de Compañía Minera Cuzcatlán y, tras imponerse en el año 2009 mediante un operativo policial de más de 2 mil efectivos, ha dejado como saldo: 5 personas asesinadas, dos de ellas líderes antimineros y 3 integrantes de la autoridad municipal; el derrame de 1 millón 516 mil litros de desechos tóxicos, ocurrido el 8 de octubre de 2018, y que sigue en la impunidad; la contaminación del Río Coyote en Magdalena Ocotlán que actualmente presenta 5 elementos químicos en concentraciones tales que hacen al agua inviable para cualquier tipo de uso, agrícola o humano. Cabe señalar que, en 9 años de producción, Fortuna Silver Mines ha extraído del subsuelo una riqueza equivalente a 1,487 millones 778 mil dólares, de la explotación de oro y plata y también ha divido a la comunidad, desinformando y agudizando conflictos.
Otro caso de invasión y despojo se localiza en la zona de los Chimalapas, uno de los grandes pulmones del mundo. La empresa canadiense Minaurum Gold SA. tiene adjudicados a su nombre los títulos de concesión minera 22 5472 y 24 6936, a través de los cuales ha pretendido apropiarse de más de 6 mil 400 hectáreas para la explotación de oro y cobre. Este territorio selvático ha sido hogar del pueblo angpøn o zoque durante siglos; hoy, un proyecto minero canadiense pone en riesgo su vida, su cultura milenaria y un ecosistema vital para la regulación climática.
Ixtepec es un caso similar al anterior, donde una mina de capital canadiense pretendía apropiarse de 8,150 hectáreas para la apertura de una mina a cielo abierto; esto, cabe señalar, sin la menor preocupación por la vida y la salud de las comunidades indígenas susceptibles a ser afectadas. Actualmente, dicho proyecto se encuentra detenido temporalmente por la cancelación de la concesión.
Por su parte, Capulálpam de Méndez, comunidad indígena de la Sierra Juárez, ha denunciado constantemente, desde 2005, el grave daño ambiental causado por la CIA Minera de Natividad y Anexas a su territorio comunal y recursos naturales. Es bien sabido que esta empresa funciona como presta nombre de compañías canadienses, primero sirviendo a Continuum Resource y después a la empresa SUNDANCE. Sus actividades, llevadas a cabo contra la voluntad del pueblo de Capulálpam, han causado graves afectaciones ambientales, principalmente la desaparición de trece manantiales debido a los túneles excavados en el subsuelo. Asimismo, la contaminación con residuos tóxicos y jales mineros que vierten impunemente en el Río Grande, principal afluente del Río Papaloapam, lo que significa afectaciones a un gran número de comunidades que ya no pueden aprovechar el agua y por ende se violenta su derecho universal al acceso al agua. Por lo antes expuesto sobre este caso, queremos DENUNCIAR, que en 2015 se interpuso un amparo en contra de las concesiones mineras que la Secretaría de Economía otorgó sin el consentimiento de la comunidad y sin la consulta previa, libre e informada a la que tenemos derecho. Sin embargo, la Secretaría de Economía impugnó la sentencia a favor de la comunidad y, derivado de ello, la Minera de Natividad y Anexas sigue trabajando sin acatar la sentencia, sin permiso de la comunidad y sin tener la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental; todo en complacencia de las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes ambientales como la PROFEPA y la CONAGUA.
¡Mentira que buscan reconciliación con los pueblos indígenas!
Con este evento, el Estado Canadiense y el Estado Mexicano, a través del gobierno de Oaxaca, pretenden lavar sus rostros en lo que respecta a su relación colonial con las comunidades indígenas y afros; pero no lograrán desviar nuestra atención de los problemas estructurales y las situaciones de despojo y saqueo de las que pretenden hacernos objeto.
Por último, SEÑALAMOS que nos encontramos en ALERTA MÁXIMA y a la expectativa por esta simulación de hermandad. Sabemos que sus intereses son y serán siempre otros. Los lazos de afinidad y reciprocidad con lxs indígenas de Isla Tortuga los tejeremos nosotrxs, con el objetivo de extender nuestra resistencia, hasta que las praderas, montañas, ríos y animales vuelvan a ser libres, hasta que la resistencia nos permita vivir con dignidad, y no a la sombra de un deber ser impuesto y construido por aquellos que duplican sus inversiones gracias a nuestro exterminio.
¡NO PUEDE HABER HERMANDAD DONDE HAY DESPOJO Y SAQUEO!
¡MUERTE AL COLONIALISMO!
¡FUERA EMPRESAS MINERAS!
¡SIN ORO Y PLATA, SE VIVE!; ¡SIN AGUA, NO!
ATENTAMENTE
AUTORIDAD MUNICIPIAL DE SAN PEDRO APÓSTOL, OCOTLÁN. AUTORIDAD MUNICIPIAL DE SAN PEDRO MÁRTIR, OCOTLÁN. COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ. COMUNIDADES EL REBOLLERO, RÍO MINAS Y LOS ARQUITOS, SAN PABLO CUATRO VENADOS, ZAACHILA. COMITÉ IXTEPECANO EN DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO. ESPACIO DE MUJERES EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA “LAS MEÑAS”. COLECTIVO MATZA, SAN MIGUEL CHIMALAPAS. ARTICULACIÓN POR LA VIDA, CONTRA LA MINERÍA EN EL VALLE DE OCOTLÁN
Imagen: Manifestación realizada en Oaxaca por comunidades indígenas en contra de la minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. Foto: Santiago Navarro F.
Las Universidades de AMLO, Sí, las de los pueblos indígenas, NO
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 8 de septiembre del 2021
Mientras que el Gobierno Federal inaugura «Universidades AMLO» por el país, sin supuestas consultas libres,previas e informadas e incluso en muchos casos coaccionando a los dueños de las tierras ejidales, comunales, municipales o estatales para exigir donación de terrenos para sus aulas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalida el pasado 31 de agosto del presente años la Ley Organiza de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO) cuando el Gobierno estatal ya había aprobado en la LXIV Legislatura del H. Congreso de Oaxaca.
Los legisladores en representación de pueblo oaxaqueño y en respuestas a sus demandas, en pleno uso de su autonomía y obligación de velar por los derechos humanos y en especial de la educación, respondió a la solicitud de un pueblo que, conformado por 570 municipios, 417 se rigen por sistemas normativos indígenas, durante décadas han llevado procesos de reflexión con su conocimiento ancestral.
La UACO fue creada luego que organizaciones sociales de 16 municipios y comunidades de Oaxaca trabajaran durante años procesos educativos acordes a su cosmovisión como pueblos indígenas, obteniendo como resultado que el Gobierno de Oaxaca y el Poder Legislativo reconocieran en el Decreto 1201 publicado en el Diario Oficial el 20 de abril de 2020, la creación de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, como un instrumento de los pueblos indígenas de Oaxaca, para la construcción de su propio futuro y desde sus propias consmovisiones para construir la autonomía de sus pueblos.
Le hace falta una ridícula «consulta» de esas que al Gobierno Federal le encanta jugar a modo, en medio de su discurso de «primero los pobres», «lo que diga el pueblo», «por lo derechos humanos», «apoyar las demandas indígenas», etc, etc. Con esta acción pareciera que da la razón a los reclamos de los jóvenes estudiantes normalistas que denuncian las intenciones del Gobierno Federal de pretender cerrar la Escuelas Normales del país.
Como dicen las comunidades y organizaciones indígenas que conforman la UACO en Oaxaca: «la consulta la hemos padecido como una imposición desde una visión colonialista que ofende a nuestros pueblos y no respeta ni reconoce el ejercicio de nuestra autonomía y libre determinación. El dictamen de la SCJN busca examinar si el aborigen tiene la capacidad de determinarse libremente, en los términos liberales que gobiernan sus pensamiento. A sabiendas que la UACO surgió de nuestras comunidades y no de un escrito gubernamental.
¿Por qué la SCJN niega el derecho a la educación y además debe ser consultado? Como todo el país, aquellos proyectos que impulsa el gobierno van con todo y sin «consultas», y las que no gustan «consultan» amañadamente y a modo esgrimiendo el Convenio 169 de la OTI, o se criminalizan a sus opositores sociales o actores ambientales.
¡Por la Libre Determinación de los Pueblos Originarios!
Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados de la Minería REMA sobre la voracidad minera en México y la resistencia de los pueblos en la defensa de su territorio – A 21 de agosto del 2021
El pasado 22 de julio de 2021 a través de la Gaceta Ecológica la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal (SEMARNAT), nos enteramos de la negativa que le hace a la Minera Cuzcatlán, filial de la Canadiense Fortuna Silver Mines, relacionada con el permiso de ampliación del proyecto minero denominado “San José II”. No obstante, la soberbia y la impunidad con la que opera esta empresa contaminante, inició todo un procedimiento de lobby mediático en medios locales -estatales y redes sociales-, intentando manipular la opinión pública y sacando de foco lo que en realidad está conforme a su derecho al iniciar el proceso de impugnación para intentar revertir la negativa que, por el momento acota y evita la continuidad de la destrucción que ya se vive y se siente en la zona conocida de Valles Centrales, en particular lo que vive la población de Magdalena Ocotlán, pero también las secuelas que se empiezan a sentir en el municipio vecino que corresponde a San Pedro Apóstol.
No es la primera vez que observamos estas prácticas mediáticas e incluso políticas que utilizan las empresas cuando les es negado alguno de sus procedimientos e intentan por todos los medios revertir, lo que ya ha sido dictaminado. Tampoco sería la primera vez que dicha empresa muestre su capacidad política y agresiva, la cual existen antecedentes documentados en los que, con el uso del estado y de grupos armados ilegales, ha instrumentado diversas agresiones contra las y los defensores del territorio zapoteca. La Minera Canadiense Fortuna Silver Mines desde que se instaló en la región ha recurrido al uso de violencia, además de realizar actos de coacción con la cooptación de autoridades agrarias y municipales de los núcleos agrarios y municipios que circundan la zona del proyecto.
En este sentido, no podemos olvidar que, en el 2009, la Minera Fortuna Silver Mines fue la autora intelectual del desalojo violento de un plantón pacífico instalado por defensores del territorio en la entrada de “su” mina en San José del Progreso Ocotlán; 24 detenciones arbitrarias; decenas de cateos ilegales en la Comunidad de Magdalena Ocotlán y una feroz persecución de los defensores del territorio zapoteca.
Tampoco olvidamos los hechos recurrentes de violación a los derechos humanos y ambientales que, durante 12 años de operación, la Minera Cuzcatlán- Fortuna Silver Mines se mantienen en total impunidad, haciendo totalmente la colusión con las autoridades ambientales de todos los niveles. Esta empresa tiene una larga data de: despojos territoriales, contaminación de aguas y campos de cultivo, continúan incrementándose las enfermedades que antes eran inexistentes en las comunidades y que están relacionadas a la operación minera, así como también a extinto flora y fauna incluyendo la muerte de ganado. Como ejemplo citamos que, en octubre de 2018, causó un derrame tóxico de 1´516,000 litros de jales mineros que contaminaron con metales pesados altamente tóxicos varios kilómetros de cauce del Río Coyote afectado a 7 comunidades; así como también se trasladaron los daños al Río Atoyac, por ser este en donde desemboca. Por si fuera poco, el desastre y, a pesar de disponer de las pruebas de los análisis de agua realizado por las dependencias de gobierno, CONAGUA y PROFEPA exoneraron a la ecocida Fortuna Silver Mines.
La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) nos solidarizamos y acompañamos la exigencia de la Comunidad de San Pedro Apóstol Ocotlán para que SEMARNAT se mantenga firme en la decisión al negarle la ampliación del proyecto minero denominado “San José II”, ya que una ampliación de dicho proyecto implicaría: la continuidad, el incremento y la aceleración de la destrucción del territorio con todas las consecuencias que todo mundo sabe genera la extracción minera en el mundo entero.
¡NO A LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO MINERO SAN JOSÉ II!
¡RENDICIÓN DE CUENTAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PROYECTO MINERO!
Firma
Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería
OAXACA, Oax. (apro).- El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec no está pensado para el mejoramiento de su población, sino para fortalecer uno de los puntos nodales del capitalismo global a través del despojo, afirmó la Red Mexicana de afectados por la Minería (Rema). El Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado (OPD), denominado “Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, da vida a todo el engranaje público y privado para la extracción, comercialización y distribución de los bienes naturales y comunes del territorio nacional hacia los mercados asiáticos y de otros continentes, subrayó. “El decreto en sí mismo significa la activación de toda la maquinaria legal, pero también la simulada y de coacción, como sucede por ejemplo con el tema de las consultas, en donde sin duda alguna persiste, como antaño, una estrecha relación de contubernio entre el Estado y el poder de las empresas y sus dueños, que insisten en la comercialización global”. De igual manera, mencionó que el corredor servirá para el flujo de mercancías del golfo al pacífico y viceversa, y para la extracción de bienes naturales relacionados con empresas maquiladoras de cadenas de valor, muchas de ellas vinculadas con la venta de servicios superfluos, pero también con la acumulación por desposesión. Pero sobre todo da continuidad al proyecto neoliberal del saqueo, porque las mineras, las petroleras, la extracción y suministro de gas, el fracking y la generación de energía para empresas, no para los pueblos, continuarán con la misma retórica de la ya conocida política neoliberal que desde el gobierno se dice que ha terminado, “pero en los hechos el proyecto del Corredor Interoceánico muestra que está lejos de ello”, abundó. Rema recordó que “si bien esta región ha sido venerada por su posicionamiento global desde el régimen Porfirista, siempre fue un espejo de la realidad política que ha imperado en las distintas administraciones que enfatizan en el valor comercial y su potencial para el desarrollo global”, a costa de los pueblos del Istmo. “Paradójicamente, los sueños de las élites económicas nacional y global, hasta la administración pasada, no han logrado hacerse realidad, no obstante, hoy más que nunca el gobierno actual y la autodenominada 4T parece que harán todo lo posible por finalmente alcanzar el tan añorado sueño”, puntualizó. La Red mencionó que las luchas más recientes por la defensa del territorio del Istmo de Tehuantepec iniciaron cuando a principios del año 2000 se anunció el Plan Puebla Panamá (PPP) y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), lo que implicaba nuevos megaproyectos para la región Sur-Sureste de México, tales como: represas, puertos, aeropuertos, tendido eléctrico, sistemas modernizados de telecomunicaciones como la fibra óptica, entre otras. Millones de dólares se invirtieron, incluso a costa de la adquisición de deuda por parte de los países de la región, para mejorar la infraestructura al servicio de las inversiones que prometían arribar a la región. Pero la resistencia y la lucha de los pueblos contra los gobiernos del PAN y del PRI, subrayó, impidieron que diversos megaproyectos se llevaran a cabo, entre ellos el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, no sin costos al respecto, ya que algunos de sus componentes lograron imponerse, como sucede con los parques eólicos, dividiendo a las comunidades. En un comunicado, la Rema resaltó que ese tipo de planes de desarrollo va emparentado con los procesos relacionados con la desregulación, la armonización y alineamiento de mecanismos, leyes, reglamentos, normas y procedimientos para el despojo. “Lamentablemente en la actualidad la región del Istmo es azotada por una nueva desgracia: el covid-19, que no sólo se propaga rápidamente entre la población, mientras muestra el colapso del sistema de salud pública, sino además impone una condición de confinamiento que limita la movilidad organizativa”. Además, en 2017 la región sufrió las consecuencias de sismos que la devastaron, al igual que muchas y muchos defensores del territorio y de los derechos colectivos han sido criminalizados, asesinados o desaparecidos, sin que en ningún caso el gobierno aparezca de manera consistente, sea para apoyar las emergencias o para acabar con la impunidad.
Compartimos esta nota publicada en ChiapasParalelo de IstmoPress sobre el megaproyectos del corredor interoceánico – A 24 de mayo del 2021
Rechazan las consultas implementadas por el INPI, porque las catalogan “amañadas” *Interpondrán amparo contra la Semarnat y denuncia contra la Procuraduría Agraria *La voz de la mujer, “ni se oye ni se respeta” con la llegada de este megaproyecto.
#Juchitán 23 May (#Istmopress) – Lo han dicho en diversos foros y declaraciones, pero una vez más, representantes de ejidos y comunidades así como colectivos y organizaciones sociales del Istmo de Tehuantepec reiteraron al gobierno federal su rechazo al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, al señalar que “no es el progreso que necesitan”.
“Hay pueblos que padecen de agua, otros de servicio a la salud, no hay hospitales, el servicio de energía eléctrica es pésimo, no podemos permitir que llegue otro megaproyecto, si los pueblos seguimos abandonados, si a las mujeres nos siguen violentando, si no hay respeto a nuestras voces, así no se puede”, advirtieron los colectivos y organizaciones.
En reunión de medios, dieron a conocer que las consultas realizadas por el Instituto de los Pueblos Indígenas en el 2019 y las actuales donde supuestamente se “avalaron” la construcción de los parques industriales o polos de desarrollo, se efectuaron de forma “amañada” y que en ningún caso las avalan.
Los representantes e integrantes del Núcleo Agrario de Tehuantepec, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Comité de Riego de mixtequilla, Ejidos de San Juan Guichicovi y Mogoñe Viejo, Corriente Sol Rojo, Colectivo Xhuba Xhaxhi, Colonos Afectados de Salina cruz y la Red de Resistencia Civil del Ismo de Tehuantepec, exigieron sean respetados el derecho a la “consulta e información” y lamentaron la división social que se ha ejercito con la implementación de este megaproyecto.
Dijeron que no se puede autorizar vender la tierra cuando es lo único que se tiene para producir y seguir teniendo recursos, y más aun cuando la procuraduría agraria “apresura” en las asambleas que se vendan las tierras, por que vendrá “el desarrollo”.
Señalaron que lo que se ha generado con la compra de la tierra es una practica agravada de “despojo de las tierras comunales” y además crea un conflicto social entre los lugareños.
En el caso del Ejido Rincón Vaquero, el ejidatario Hilario Toscano denunció anomalías en las asambleas de parte de las autoridades agrarias conjuntamente con la Procuraduría Agraria, por lo que enviaran una queja ante las autoridades correspondientes para evidenciar la corrupción que existe en torno a la venta de tierras.
Dijo que para la compra de la tierra, suponen hay intermediarios, quieren pagar 130 mil pesos por hectárea, y en otros lugares como Mixtequilla o Ixtepec Oaxaca, los del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec los ofertan en 250 mil pesos o más.
“Nosotros no queremos vender nuestra tierra, porque no hay información sobre el polo de desarrollo, y eso nos detiene, por fortuna en la ultima asamblea, donde se iba a definir la compra, la paramos, y se echó abajo, nuestra lucha es por que se nos respete la vida y el territorio”.
Recordaron que los antiguos proyectos instalados en el Istmo, como son: La presa Benito Juárez que supuestamente sería el “llanero del Istmo” solo ocasionó el desplazamiento de una comunidad, al igual que proyectos como el Ingenio Azucarero y la Arrocera, no funcionaron.
“Vemos como la Refinería Antonio Dovalí Jaime, supuestamente es progreso, pero desafortunadamente viene afectar el medio ambiente, y ahora con la modernización del puerto de Salina Cruz, vemos como hay daños y afectaciones por la construcción de un rompeolas, el mar se ha retirado en un kilómetro y medio, estas afectaciones nadie las ve, la Semarnat se hace de la vista gorda”, expresó Rafael Mayoral, colono afectado de Salina Cruz, Oaxaca.
Juana Villegas de la Ucizoni y Guilermina Ruiz, habitante de El Barrio de la Soledad, recordaron que “la voz de las mujeres” se excluye del Corredor Interoceánico, es decir “no se ha tomado en cuenta” en este megaproyecto.
“Hemos sido excluidas del corredor interoceánico, el plan maestro fue elaborado en un escritorio, no nos contempla como mujeres, solo incluye la infraestructura, la rehabilitación de puertos, gasoductos, pero el tema de equidad de mujeres, no contempla nada”.
Lamentó que la “violencia contra mujeres” va en aumento y seguirá más con la “militarización” que llegará a partir de esta megaobra, que como lo ha informado el gobierno federal, será resguardado por personal de la Marina, Armada de México.
Finalmente, Carlos Beas Torres, asesor de la Ucizoni informó que desde que comenzó la resistencia de los pueblos y colectivos existen seis amparos contra este megaproyecto y en los próximos días recurrirán a otro más, que será contra la Semarnat por no informar sobre esta obra como debe ser.
Datos del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec o del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec señalan que esta mega obra es junto con el Tren Maya, “los estrellas” y la prioridad del gobierno federal, y contempla la rehabilitación de las vías férreas del puerto de Salina cruz al de Coatzacoalcos, ampliación del puerto de salina cruz y la construcción de 10 polos de desarrollo, más gasoductos, de los cuales el INPI ha realizado consultas.
Compartimos este reportaje publicado en la Biodiversidad LA sobre el corredor transistmico – A 13 de abril del 2021
«No podemos desligar el Corredor Interoceánico del enlace con otros megaproyectos, pues como se ha visto es un proyecto ambicioso de décadas (siglos). La presencia de la Guardia Nacional en la zona, lejos de atender la inseguridad, defiende los intereses de las empresas extranjeras. Esto nos recuerda la presencia del ejército en el Mayab y la concesión del tren otorgada a la Sedena, en gran medida, porque los pueblos mayas han ganado los amparos sobre el Tramo 3 y parte del 4 para evitar su realización, pero significa que el gobierno cambiará de estrategia para evitar que el proyecto se le vaya de las manos. Lamentablemente, durante este sexenio no han dejado de haber presiones sobre los colectivos indígenas y asesinatos de líderes comunitarios».
En las múltiples alianzas y confrontaciones antiguas, hay unas que son significativas para entender la presencia de los pueblos mixes ante el paso interoceánico. El bloque de mixes, popolucas y chinantecos poblaban gran parte de lo que hoy es Coatzacoalcos; mientras que, en el paso intermedio, estaban los mixes, zoques y choles; el Istmo era ocupado por mixes, chiapanecas y zoques. Estos pueblos eran aliados. En toda esta franja también se podían encontrar tseltales, tsotsiles, tojolabales, entre otros grupos. En contrapartida, los zapotecos (las élites de Valles Centrales), mixtecos (cercanos a los anteriores) y nahuas de la Cuenca de México (posteriormente tlaxcaltecas) formarían una alianza con los hispanos, quienes pretenderán apropiarse del territorio del corredor. Las rencillas de mixes contra zapotecos y mexicas eran muy antiguas, al igual que su cercanía con algunos grupos mayenses. El punto es que varias comunidades mixes poblaban el tránsito entre las dos costas oceánicas.
A Enrique Peña Nieto le tocó promover las Zonas Económicas Especiales (ZEE) para dar continuidad al megaproyecto de los gobiernos anteriores, además de impulsar la inversión china, sólo que ya no se trataba solamente de un corredor de comunicación, sino industrial. Igualmente, intentaba rehabilitar la vía ferroviaria. En las ZEE quería enlazar la conexión pendiente con Chiapas y el sureste (para conectar con Centroamérica) y también con los estados de Michoacán y Guerrero. En este periodo también entraron otras intenciones en la industria, como la farmacéutica, por la Southwest Energy. El corredor se ve como un paraíso para diferentes empresas. Pero bueno, las intenciones de Peña Nieto también fueron soterradas. Otro partido obtuvo el poder: Andrés Manuel López Obrador (AMLO) gana la presidencia con Morena.
Las noticias se mostraban alentadoras cuando se anunció que AMLO eliminaba el proyecto de las ZEE, además de que, con la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y su dirección por parte de Adelfo Regino, luchador social mixe, originario de Ayutla, parecía que los megaproyectos llegaban a su fin. Sin embargo, desde el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 19 de noviembre de 2019, quedaba claro que la erradicación de las zonas especiales se debía a que “las mismas no han podido operar” por no cumplirse los requisitos legales y no haberse “reportado inversiones públicas productivas”. Esto es, se requería de un nuevo proyecto que permitiera la factibilidad real y concisa del funcionamiento del Corredor Interoceánico como de otros proyectos pendientes en los estados de la República que enlazaran las economías con Centroamérica, Suramérica, Europa y Asia.
AMLO toma posesión el 1 de diciembre de 2018; para el 23 del mismo mes presentaba su Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (PDIT) y designaba a Rafael Marín Mollinedo como su director. Junto con este proyecto retoma los pendientes como el Tren Maya —o Tren “malla” o Tren No Maya como lo nombran los colectivos mayenses. Eso sí, pone mayor énfasis en las injusticias sociales y señala que su proyecto sí tratará de subsanar la pobreza. Pero aquí estamos, con el mismo proyecto de dominación sobre la región. Las zonas de influencia quedan demarcadas con todas sus letras, sin sutilezas, sobre los territorios mixes, chontales, huaves, zoques, zapotecas, nahuas y popolucas, aunque sin nombrar a los pueblos en específico. Los mapas que presenta sólo muestran una región ampliada y fantasmagórica (como los programas anteriores), así que es una tarea personal comenzar a cruzar la información cartográfica para poder señalar los pueblos afectados. A lo largo del corredor se crearán “zonas libres” para la inversión privada y con la modernización del ferrocarril del Istmo a Coatzacoalcos también pretende la construcción de un gaseoducto y una línea de fibra óptica para abastecer la demanda de las empresas y atender a los ciudadanos (en este orden). Para el proyecto requerirá dos recursos fundamentales: energía y agua.
En el decreto por el cual establece la creación del Corredor se declara a este organismo como público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con atribuciones para celebrar todo tipo de actos jurídicos y de contratos, es decir, que pueda hacer lo necesario para concretar el proyecto. Asimismo, se declara al INPI como entidad responsable para velar por la identidad, cultura, costumbres y recursos naturales de los pueblos, además de coadyuvar en los procedimientos de consulta. Esto, que parece positivo, no lo es tanto, pues como los mismos pueblos han indicado, existen arbitrariedades en los procesos, repitiendo las situaciones de otros años.
Mapa proporcionado por la autora
El meollo del asunto se encuentra en la legitimización de las consultas a los pueblos, en donde el INPI, como “velador” de los intereses de los pueblos, evita acatar sus decisiones para proteger los intereses del Corredor. ¿O bien se desconocen los detalles que afectarán a la región? La zona de influencia no abarca al pueblo de Ayutla, de donde es originario Regino, pero sí lo abarcan los parques industriales. En este sentido, las recientes denuncias al chat pornográfico “Sierra XXX” por colectivos mixes y, especialmente, por la activista Yásnaya Aguilar (Ayutla), son muestra de cómo lo que se juega en las fichas de la política tiene como fondo los megaproyectos. Humberto Santos (Zacatepec), quien fue evidenciado como parte de la red digital que exponía a mujeres mixes, renunció (o fue destituido por el bien mayor) a la candidatura por la diputación local. A la contienda por la candidatura del Distrito Mixe-Choápam se sube otro compañero de las mismas mañas. Es de notar que los participantes mixes del chat son o eran parte del INPI, así que, ¿qué está operando a través de un grupo de personas mixes que trabajan para el Estado? Es evidente que el partido en el gobierno requiere ser mayoría para generar los proyectos detenidos (como cualquier otro partido en el poder), pero, aunque éstos ganen, las movilizaciones sociales continuarán por la defensa del territorio —otra cosa es que los partidos de oposición estén de oportunistas—, pues la vida de los pueblos está más allá de las decisiones partidistas, llámese PRI, PAN o Morena. El dispositivo de poder devora todo a su paso. Los intereses personales quedarán aplastados por los intereses transnacionales. El pueblo de Zacatepec, de donde es originario Humberto Santos, sí es parte de la zona de influencia del Corredor. La lucha en las relaciones de poder es la lucha de intereses.
Entre los objetivos del Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024 pueden encontrarse puntos que mueven los sentimientos de justicia, pero basta contrastarlo con la realidad. Sí, están los compromisos en conformidad con el Convenio 169 de la OIT, pero no las vías para que, en caso de que un pueblo no acepte, el proyecto cambie. En todos los programas se da por entendido que los pueblos aceptarán el proyecto. También está presente el discurso para acabar con la pobreza bajo los mecanismos globales de progreso, pero no bajo la dinámica de mejorar la vida conforme los pueblos lo decidan. Para “convencer” a las comunidades se hacen recorridos en la región para ver la posibilidad de “ayudar”, a la vez que se valoran los “recursos humanos, materiales y operativos” con que cada uno cuenta. En este mismo sentido, no podemos dejar pasar desapercibido el anuncio de que el programa “Sembrando vida”, que da un apoyo económico a los comuneros, se extenderá a los municipios oaxaqueños en donde influirá el Corredor. El proyecto del Corredor se abrió públicamente a la inversión extranjera. Surbana Jurong, empresa de Singapur, desarrollará el proyecto para conectar los puertos a nivel internacional (como se ha venido planeando: Asia, Europa y Sudamérica), además de dos áreas económicas (Veracruz y Oaxaca). Algo que está de manifiesto en las cartografías sobre los megaproyectos (Colmix, Geocomunes, Ejatlas) es que hay un cerco sobre la mayor parte de la región mixe, sobre todo a lo que correspondería al Distrito. Las extracciones mineras de metales (plata, oro) y no metales (arena, granito, mármol) ya están muy próximas a volver a operar, ahora en conjunto con la adjudicación del agua. Así que Morena deberá ganar este distrito (y otros) para que los proyectos se efectúen. La región mixe es rica en varios recursos naturales, no lo olvidemos.
En el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (2019) se establece la “gran riqueza en recursos hídricos” en la región del Corredor, con ello quedan de manifiesto tres ríos: Coatzacoalcos (el más importante), Tehuantepec y Los Perros; de tres afluentes: Uxpanapa, Cuachapa y Cahuapan, además, por supuesto, de las corrientes subyacentes. Las ramificaciones acuíferas atraviesan la región mixe, desde los pueblos más cercanos al istmo (Guichicovi), como los más alejados (Cotzocón y Zacatepec). Todos los afluentes que pasan por los pueblos están dentro de la “zona de influencia”.
Así, cuando superponemos el mapa de los programas gubernamentales con la región geográfica que ocupan los mixes, queda en evidencia que la zona de influencia (de la que casi no se habla), aunque oculta, está a la vista.
Mapa proporcionado por la autora
El agua es un asunto que no puede dejarse pasar, pues en caso de que no se obtenga el líquido vital, el gran proyecto quedaría nuevamente en entredicho. Así, por las disposiciones de que el proyecto se lleve a cabo, el apremio es grande. ¿De qué sería capaz un gobierno que ve truncadas sus ilusiones, más cuando existe una fuerte presión por parte de las empresas extranjeras que están invirtiendo? En Oaxaca se encuentran 64 de las 66 áreas certificadas como “riqueza natural”, las otras dos son de Veracruz. Para que este megaproyecto pueda realizarse se requieren de los recursos acuíferos y energéticos, los territorios y las costas: los que están en las comunidades indígenas.
No podemos desligar el Corredor Interoceánico del enlace con otros megaproyectos, pues como se ha visto es un proyecto ambicioso de décadas (siglos). La presencia de la Guardia Nacional en la zona, lejos de atender la inseguridad, defiende los intereses de las empresas extranjeras. Esto nos recuerda la presencia del ejército en el Mayab y la concesión del tren otorgada a la Sedena, en gran medida, porque los pueblos mayas han ganado los amparos sobre el Tramo 3 y parte del 4 para evitar su realización, pero significa que el gobierno cambiará de estrategia para evitar que el proyecto se le vaya de las manos. Lamentablemente, durante este sexenio no han dejado de haber presiones sobre los colectivos indígenas y asesinatos de líderes comunitarios.
El Corredor Interoceánico sigue siendo una alternativa al Canal de Panamá. Hay muchas industrias que están en medio de este proyecto, nacionales y extranjeras (estadunidenses, canadienses, chinas, singapurense) y también de diferentes ramos (hidrocarburos, agroindustriales, comunicaciones, manufactureras, navales, mercantiles, mineras, etcétera), puntos que favorecen a la inversión extranjera, pero que mantienen y acrecientan la dependencia económica de la región, todavía más cuando los comuneros pierdan sus tierras y se vuelvan obreros asalariados sin hogar. Las fronteras económicas (creadas por las inversiones extranjeras de diferentes nacionalidades) son las nuevas lindes, las fronteras políticas sirven para preservar dichos límites. Si los pueblos desearan entrar al sistema-mundo debería de ser bajo sus términos, no por imposición.
La conexión de la vía transístmica (Istmo-Coatzacoalcos) con la vía del Tren Maya (península), recordemos, es por Campeche. ¿Acaso no es el estado en el que se tiene prisa por vacunar y que empiece la vida económica de forma inmediata? No es fortuito, es parte de la unión de megaproyectos. La línea de Chiapas es la que se unirá con Guatemala. Así, esta parte del sur de México se unirá con los proyectos centroamericanos, pero también el Corredor tendrá la virtud de que se pueda unir con los proyectos andinos y amazónicos. No olvidemos que el Corredor sólo es un engrane en la gran maquinaria de las macroeconomías. Los países de Bolivia y Brasil también tienen urgencia en que los megaproyectos se realicen. Lo que queda de manifiesto en la historia del proyecto del Corredor Interoceánico con respecto a los pueblos mixes —como de otros— es el punto de control económico, político y bélico, que ha pretendido ser a costa de sus vidas.
Ana Matías Rendón, escritora de origen mixe, licenciada en filosofía y maestra en estudios latinoamericanos. Directora de Sinfín: Revista Electrónica. Sus últimas publicaciones: “El registro del espacio-tiempo mixe y su (re)inicio” (ensayo) y La discursividad indígena (libro).
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la minería en Oaxaca – A 30 de marzo de 2021
Nueve comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca lanzaron la tarde de este martes (30) una carta en la cual rechazan el proyecto minero San José de la Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. La carta es una respuesta a la réplica que ha dado esta empresa en relación a la investigación periodística “Minera Cuzcatlán: con licencia para contaminar”, publicada en alianza con Avispa Midia; Aristegui Noticias; Pie de Página y Connectas.
Las comunidades sostienen, “nuestras asambleas comunitarias han determinado prohibir cualquier actividad que tenga por objeto explotar nuestros bienes comunes”, de manera que la Minera Cuzcatlán opera “sin el consentimiento de nuestras asambleas”.
Reiteran que la comunidad Magdalena Ocotlán “ha vivido los impactos” producidos por el derrame de jales en el arroyo El Coyote, en 2018, y por “la contaminación hallada en el río Santa Rosa, en 2020”.
A continuación, la carta íntegramente, firmada por la presidencia municipal de Magdalena Ocotlán, la sindicatura municipal, la regiduría de Hacienda, el comisdariado ejidal, el consejo de vigilancia, entre otros.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre otro asesinato más en Paso de Reyna, Oaxaca – A 31 de marzo de 2021
El pasado 28 de marzo fue asesinado cobardemente el compañero Jaime Jiménez Ruiz, quien fuera parte del Movimiento por la Defensa del Río Verde. Con él ya suman 5 asesinados en lo que va del año en esta comunidad ejidal de Paso de la Reyna, Municipio de Jamiltepec, Oaxaca y 26 asesinados en los últimos 4 años en este Estado. El 23 de enero fue asesinado Fidel Heras Cruz miembro del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) que desde hacía 14 años había dedicado su vida a defender su territorio. El 14 y 15 de este mismo mes Raymundo Robles Riaño suplente del agente municipal, Noel Robles Cruz, y Gerardo Mendoza Reyes, todos miembros de la comunidad ejidal de Paso de la Reyna fueron asesinados.
Tanto Jaime Jiménez, como Fidel Heras Cruz eran pilares en la lucha contra proyectos extractivos e hidroeléctricos que han pretendido acabar con el Río Verde, principalmente los proyectos hidroeléctricos como el de la Presa Paso de la Reyna y Río Verde, así como la extracción de material pétreo.
A pesar de que la comunidad ha denunciado a grupos y familias caciquiles en diferentes momentos, ni las autoridades locales, ni federales han emprendido medidas para acabar con la violencia que se ha estacionado en esta comunidad, de hecho, hasta el momento todos estos crímenes han quedado impunes.
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) condenamos este cobarde asesinato. Enviamos toda nuestra solidaridad a la familia y amigas/os de Jaime Jiménez Ruíz, al Movimiento por la Defensa del Río Verde, así como al COPUDEVER y la organización Servicios para la Educación (EDUCA).
Nos unimos a la exigencia de medidas cautelares que salvaguarden la integridad de la comunidad ejidal de Paso de la Reyna, así mismo exigimos a la Fiscalía General del Estado y de la República emprendan las investigaciones necesarias para capturar y castigar a los responsables no solo de este asesinato, sino de todos los que han quedado impunes en esta comunidad.
¡BASTA YA DE VIOLENCIA E IMPUNIDAD!
¡JUSTICIA PARA LA COMUNIDAD DE PASO DE LA REYNA!
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Compartimos este comunicado de la Educa Oaxaca sobre el más reciente asesinato de otro defensor del Río Verde en Paso de la Reyna Oaxaca – A 29 de marzo de 2021
En la tarde del domingo 28 de marzo, en el camino de Santiago Jamiltepec a Paso de la Reyna, fue asesinado a balazos Jaime Jiménez Ruiz, ex agente municipal de Paso de la Reyna, fue parte del movimiento por la defensa del Río Verde, actualmente del comité de la asociación ganadera local, se sabe también militante activo de MORENA.
Con este nuevo crimen contra un ciudadano de Paso de la Reyna, se sigue aumentando la inseguridad en la comunidad de apenas 500 habitantes. Cabe señalar que a raíz de la crisis institucional que vive Oaxaca, a casi 24 horas del asesinato, las autoridades locales siguen esperando la llegada de la Policía Estatal para brindar medidas de seguridad.
Cabe recordar que el crimen contra Fidel Heras Cruz, Presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna y defensor del territorio, cometido el 23 de enero de 2021 en la comunidad vecina de La Esperanza, sigue en total impunidad, pese a las amenazas de muerte contra Fidel Heras Cruz de parte de la familia caciquil que denunció la comunidad. Hasta hoy día, la comunidad Paso de la Reyna no cuenta con ninguna medida cautelar de parte de autoridades estatales o federales. Recordar también que en la noche del 14 al 15 de marzo de 2021, fueron asesinados a tiros los ciudadanos Raymundo Robles Riaño, suplente del agente municipal, Noé Robles Cruz, y Gerardo Mendoza Reyes, esto en el Barrio Chico de Paso de la Reyna.
Paso de la Reyna, comunidad símbolo de la lucha pacífica contra los megaproyectos y el extractivismo, como son los proyectos hidroeléctricos que amenazan al Río Verde, sufre el autoritarismo caciquil y la impunidad, que son las causas estructurales de la partida violenta de cinco de sus ciudadanos en este año. Esta ola de violencia crece a la par de la total inoperancia de las instancias estatales y federales que deberían procurar justicia y velar por los derechos y la seguridad ciudadana.
Es preocupante la situación en materia de seguridad y derechos humanos en el estado, entre cambio del titular de la fiscalía, el paro de la policía estatal y la dilatación de la actuación de los funcionarios federales y estatales no hay condiciones que garanticen el ejercicio de los derechos, más aún cuando está en pleno desarrollo el proceso electoral.
Pese a reuniones con instancias de seguridad y derechos humanos, no se han tenido avances ni en las investigaciones del asesinato de Fidel Heras Cruz, ni en las medidas de seguridad para la comunidad. Exigimos a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca que dicte a la brevedad medidas cautelares para la agencia Paso de la Reyna, a fin de salvaguardar la integridad de la ciudadanía y a la Fiscalía General del Estado la inmediata actuación para abrir las carpetas de investigación correspondientes.
Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA A.C.
Compartimos este pronunciamiento del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde COPUDEVER sobre la solidaridad de defensoras y defensores ante el asesinato del compañero Fidel Heras – A 23 de febrero de 2021
A LA OPINIÓN PÚBLICA.
A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS- ONU-DH MÉXICO.
A LOS ORGANISMOS CIVILES.
A LOS MOVIMIENTOS SOCIALES.
A LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES.
AL PUEBLO EN GENERAL.
Pueblos y comunidades en resistencia por la defensa de nuestro territorio y bienes naturales comunes manifestamos, que desde el 2006 nuestros pueblos y comunidades se han visto amenazados por la construcción de un megaproyecto denominado, Presa Hidroeléctrica de Usos Múltiples “Paso de la Reina”.
En el 2007, pueblos y comunidades afectadas integramos el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) y desde esa fecha hemos venido realizando diferentes actividades de denuncia pública y jurídica, de acuerdo a lo establecido y estipulado en las leyes nacionales y en los tratados internacionales como el Convenio 69 de la OIT. Además, hemos velado por nuestros derechos de manera y forma pacífica, sin violencia y sin afectar los derechos de terceros.
No obstante, nuestro compañero Fidel Heras Cruz fue asesinado a balazos en su camioneta el 23 de enero a la altura de la entrada de la comunidad de La Esperanza del municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, se le arrebató la vida de una forma cruel y cobarde. Al verse afectados intereses políticos, caciquiles y económicos, por quienes ostentan el poder y por quienes, en vez de velar por los derechos y la vida de los pueblos, velan por sus propios intereses en complicidad de grupos criminales, sin importar que tengan que matar y dejar a una familia destrozada y desprotegidos niños/as huérfanos/as sin el amor y el cuidado de su padre.
Cabe recordar que Fidel recibió varias amenazas cuando fue agente de policía por defender los derechos de su comunidad, de manera directa recibió amenazas, cuando gestionaba la contribución municipal que le corresponde a su comunidad, esto ocurrió en el mes de agosto del 2012.
Fidel Heras Cruz era una persona comprometida en velar por los derechos de su comunidad, se ganó el aprecio, respeto y admiración de sus amigos/as, compañeros/as del COPUDEVER y su comunidad por defender el Río Verde amenazado por proyectos hidroeléctricos y extracción de material pétreo (grava y arena).
A Fidel Heras Cruz, por su honestidad y confianza se le asignaron varios cargos de autoridad, ocupo el cargo de agente de policía, integrante del comité local del Copudever y hasta la fecha de su muerte se desempeñaba como Presidente de Comisariado de Bienes Ejidales.
A un mes del asesinato del compañero Fidel Heras Cruz, no se han detenido a los autores del crimen. Ante tales hechos de violencia solicitamos lo siguiente:
Que la Fiscalía del estado se apresure en la investigación del asesinato de nuestro compañero defensor y se castigue a los autores intelectuales del crimen.
Que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca-DDHPO emita recomendaciones, pronunciamientos públicos y denuncias sobre la reparación de daños para la comunidad de Paso de la Reyna por la extracción de material pétreo en el Río Verde ante las autoridades respectivas.
Exigimos justicia para Fidel Heras Cruz, no podemos permitir que se sigan asesinando a más defensores y defensoras comunitarias, el asesinato de nuestro compañero no puede quedar impune, en estadísticas o en un archivo.
Nos solidarizamos con luchas de hermanas y hermanos de otros lugares del país, del continente, del mundo, por todas las defensoras y defensores asesinados y criminalizados.
Cuenca del Río Verde, Oaxaca, 23 de febrero de 2021.
Defensoras y Defensores Comunitarios del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde- COPUDEVER.
Compartimos una entrevista de Radio Mundo Real a Educa Oaxaca sobre el asesinato del defensor Fidel Heras – 5 de febrero de 2021
Como parte de COPUDEVER, el defensor oaxaqueño realizaba una activa defensa del Río Verde contra proyectos hidroeléctricos.
El 23 de enero fue asesinado el defensor comunitario Fidel Heras Cruz, que se desempeñaba como presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reina y era miembro activo del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER).
El crimen ocurrió alrededor de las seis de la tarde, a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, en el municipio de Santiago Jamiltepec, en el estado mexicano de Oaxaca. El cuerpo fue encontrado al interior de su camioneta con impactos de arma de fuego. Dos días antes Fidel había recibido una amenaza de muerte anónima, en una nota dejada en la obra en construcción de la sede del Comisariado. Otros integrantes de la comunidad ya habían denunciado «la presencia de una camioneta sospechosa con dos personas a bordo, en el paraje denominado El Zanate», según recoge un comunicado emitido por COPUDEVER tras el asesinato de Heras.
Actualmente el hecho está siendo investigado por las autoridades, pero hasta el momento se desconocen los autores del crimen. El defensor ya había recibido amenazas, al ser una de las caras visibles de la oposición comunitaria a la construcción de una represa en el Río Verde y de la extracción de material pétreo.
Sobre Río Verde, en 2018 la Secretaría de Medio Ambiente había denegado la aprobación del proyecto ante las «inconsistencias» que presentaba la Manifestación de Impacto Ambiental; sin embargo, en 2019, la empresa ENERCI volvió a intentarlo y las organizaciones están a la espera de saber qué se resuelve. Desde 2018, una reforma energética permite que empresas privadas presenten proyectos al gobierno para construir y gestionar represas hidroeléctricas.
COPUDEVER remarca en el comunicado que «la crisis más grave se presentó en agosto de 2020, cuando la familia Iglesias -que actúan como «concesionarios del río» en Paso de la Reina- y la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Márquez, presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción, sin hacer los pagos correspondientes, ni presentar ningún permiso ambiental por las afectaciones al río».
En diálogo con Radio Mundo Real, integrantes de la organización EDUCA, que acompaña el proceso de COPUDEVER desde el año 2006 recordaron que la creación del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde surgió para defender la biodiversidad ambiental y cultural en Oaxaca ante el avance de los proyectos hidroeléctricos extractivistas en ese estado mexicano:
El Consejo «han logrado frenar la construcción de represas en la cuenca del Río Verde. En la actualidad, el proyecto Paso de la Reina está en la etapa de estudio y creemos que no ha avanzado más por la resistencia que ha habido tanto en la costa como en la sierra del Sur», remarcó Angélica, del área de Incidencia Pública en EDUCA.
Comunidades chatinas, mixtecas, afromexicanas y mestizas están organizadas en una resistencia pacífica contra la ejecución del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En 2019 el COPUDEVER ganó un amparo contra el decreto presidencial de Enrique Peña Nieto, que tenía la intención de suprimir las vedas de agua, entre ellas las del Río Verde. Más información en este micrositio dedicado a las actividades del Copudever: https://www.educaoaxaca.org/rio-verde/
Fidel Heras fue asesinado por su activismo ambiental. «Asesinaron a un símbolo: Fidel era una autoridad en funciones, un defensor comunitario», dice Ana María, compañera de Angélica en EDUCA. Ella trabaja en el área de Proyectos Territoriales. «La organización regional ha sido un contrapeso a los patrones caciquiles e institucionales autoritarios que ejercen violencia extrema sobre los territorios, como parte del entramado de poder que sostiene a los proyectos extractivistas», dijo. «Estos poderes no le perdonaron a Fidel que la comunidad se rebelara al proyecto extractivista», agregó.
Desde COPUDEVER exigen justicia por este crimen y que el Gobierno de Oaxaca garantice que estos hechos violentos no se repitan. Mientras la Fiscalía General del Estado investiga quiénes son los responsables, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo otorgó medidas cautelares colectivas a las autoridades ejidales, municipales y a las y los defensores de Paso de la Reina. Además, en los últimos días se ha sumado el apoyo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México y se multiplican los mensajes de apoyo y solidaridad con el COPUDEVER desde distintas redes ambientalistas y de defensa de los derechos humanos de todo el mundo.
«Esperamos que se lleve adelante una investigación adecuada a las características de este crimen cometido contra un defensor comunitario», dice Ana María.
