¡Otro Artero Crimen contra un Defensor del Territorio en Oaxaca!

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 25 de enero de 2021

Fidel Heras Cruz presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna, Oaxaca, y miembro activo del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde y del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina, fue asesinado este sábado 23 de enero a la entrada de la comunidad La Esperanza, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca.

Como en muchos pueblos de Oaxaca, la extracción de material pétreo de los ríos por parte de autoridades y caciques les significa a éstos un gran negocio a costa de los bienes comunales de los pueblos circunvecinos. En Paso de la Reyna, la concesión para la extracción de este recurso la ostenta la familia Iglesias, caciques de larga data que, junto con la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec: Celia Rivas Márquez, presionaron a las autoridades ejidales para aumentar la extracción, no obstante, ante el incumplimiento del convenio suscrito previamente y los adeudos en el
pago, el ejido solicitó a su presidente que exigiera el pago del adeudo. Las amenazas previas que recibió Fidel Heras Cruz por parte de la familia Iglesias bien puede ser la hoja de ruta para esclarecer este artero crimen, sin descartar su papel como activista contra la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde y del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina.

Exigimos se atienda con la debida diligencia la solicitud de las Autoridades agrarias y municipales del ejido Paso de la Reyna y del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) para que el Gobierno Estatal y a la Fiscalía del Estado de Oaxaca esclarezcan el móvil del asesinato y se tomen las medidas cautelares de protección tanto de las autoridades municipales como de las autoridades agrarias.

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Oaxaca: Asesinan a Fidel Heras Cruz defensor comunitario de Paso de la Reina

Compartimos este comunicado de Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde- COPUDEVER. y Servicios para una Educación Alternativa A.C-EDUCA Oaxaca – A 24 de enero de 2021

Este sábado 23 de enero de 2021, fue asesinado el defensor comunitario Fidel Heras Cruz, quien se desempeñaba como presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna, de donde era originario, además de ser miembro activo del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER).

El crimen ocurrió alrededor de las seis de la tarde, a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca. El cuerpo fue encontrado al interior de su camioneta con impactos de arma de fuego.

Las autoridades de la agencia de Paso de la Reyna, mencionaron que el pasado 21 de enero, Fidel Heras recibió un “anónimo” con amenazas de muerte, el cual se encontraba al interior de una bolsa en las obras de construcción de la sede del Comisariado. En esos mismos días el propio agente, Filogonio Martínez Merino, fue alertado de la presencia de una camioneta sospechosa con dos personas a bordo, en el paraje denominado “El Zanate”, el agente dio parte a la policía municipal y pidió le acompañaran y escoltaran hasta llegar a la comunidad.

En este contexto, desde el año 2019 la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Márquez, insistió en entrar al Río Verde para extraer material pétreo. La comunidad inicialmente se opuso y ante esto se vio obligada a suscribir un convenio, sin embargo, debido a la falta de cumplimiento del mismo, en varias ocasiones la comunidad se negó a que continuara con la explotación del río.

La crisis más grave se presentó en agosto de 2020, cuando la familia Iglesias y la presidenta municipal presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción, sin hacer los pagos correspondientes, ni presentar ningún permiso ambiental por las afectaciones al río.

En diciembre de 2020 dejaron de extraer el material y abandonaron provisionalmente su maquinaria en la jurisdicción del ejido de Paso de la Reyna. A los pocos días del abandono, la maquinaria sufrió daños menores, esto ocasionó el enojo de Manuel Iglesias, hijo del difunto Chulindo Iglesias, cacique de la región, quien se ostenta como concesionario del río. Manuel Iglesias exigió entonces el pago de daños y lanzó amenazas en contra de Fidel Heras.

El domingo 17 de enero de 2021 se celebró una asamblea de ejidatarios donde Fidel Heras rindió un informe sobre la situación de la explotación del material pétreo y del avance de la construcción del edificio que albergará la sede del comisariado y que fue donde se acordó invertir los recursos de la extracción. Algunos ejidatarios señalan que se mencionó un adeudo de más de 500,000 pesos por parte de la familia Iglesias a la comunidad y que también se mencionó que era importante que el comisariado cobrará el adeudo.

Debido a estos acontecimientos, previos al crimen cometido contra el defensor comunitario y autoridad ejidal de Paso de la Reyna, Fidel Heras Cruz, no se descarta un móvil político en esta ejecución, debido a su activa defensa del territorio y del Río Verde. Además de los antecedentes de defensa del territorio en contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina y del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde.

Por lo anteriormente expuesto, exigimos al Gobierno del Estado de Oaxaca su intervención, en el ámbito de sus atribuciones, para dar seguimiento hasta el esclarecimiento de los hechos y brindar atención a quienes hacemos esta denuncia. A la Fiscalía General del Estado, pedimos que abra la carpeta de investigación correspondiente, sin descartar ninguna de las causas mencionadas en el presente escrito. A la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca le solicitamos otorgar medidas cautelares a las autoridades ejidales, municipales y a las y los defensores de Paso de la Reina.

“Ríos para la vida, No para la muerte”

Atentamente

Ejido Paso de la Reyna, Jamiltepec, Oaxaca, 24 de enero de 2021.

Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde- COPUDEVER.
Autoridades agrarias y municipales del ejido Paso de la Reyna; Santiago Jamiltepec.
Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca –REDECOM
Servicios para una Educación Alternativa A.C-EDUCA
Ecosta Yutu Cuii

Imagen:

Más información:

Vídeos NOSOTRAS Capítulo 3: Nosotras

Con mucha alegría les compartimos el último capítulo de esta serie de videos sobre defensoras y defensores del territorio y la vida.

NOSOTRAS

Defensores y defensoras de la Tierra y el Territorio

Durante el año 2019 desde la organización Otros Mundos A.C caminamos un Proceso de Acompañamiento Psicosocial con defensoras y defensores de organizaciones indígenas y campesinas de Chiapas y Oaxaca.

Estos videos pretenden compartir algunas de las realidades de las defensoras y defensores de la vida y del Territorio y afirmar que otras formas de vida son posibles.

Esperamos que sirva para fortalecer y dar visibilidad a las defensoras y defensores, tanto en las defensas que ejercen, las amenazas que enfrentan, así como el poder colectivo que aportan para la creación de un mundo más justo y construir mayor solidaridad.

Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo de Asociación Solidaritat Periféries del Món

Más información:

Vídeos NOSOTRAS Capítulo 2: Efectos de la violencia sociopolítica y el acompañamiento psicosocial

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NOSOTRAS

Defensores y defensoras de la Tierra y el Territorio

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Más información:

Vídeos NOSOTRAS Capítulo 1: El sistema que enfrentamos, la violencia y la criminalización.

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Durante el año 2019 desde la organización Otros Mundos A.C caminamos un Proceso de Acompañamiento Psicosocial con defensoras y defensores de organizaciones indígenas y campesinas de Chiapas y Oaxaca.

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Esperamos que sirva para fortalecer y dar visibilidad a las defensoras y defensores, tanto en las defensas que ejercen, las amenazas que enfrentan, así como el poder colectivo que aportan para la creación de un mundo más justo y construir mayor solidaridad.

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Oaxaca: ¿Por qué crece el rechazo local y global a la minería en la selva de los Chimalapas?

Reportaje especial de Avispa Midia sobre la lucha contra las minería en Oaxaca – A 13 de septiembre de 2020

Por Rafael E. Lozano

En entrevistas con Avispa Midia, promotores y firmantes del Manifiesto Internacional en Defensa de los Chimalapas explican por qué es importante respaldar la resistencia Zoque frente a proyectos mineros.

La minera canadiense Minaurum Gold Inc. quiere abrir una mina de oro y cobre en la selva de los Chimalapas, una de las regiones más biodiversas del país al sureste de México. Con la reactivación del proyecto “Santa Martha” (uno de sus ocho proyectos mineros en México) Minaurum Gold busca apropiarse de 6,410.35 hectáreas para su explotación en territorio comunal y ejidal enclavado entre los municipios indígenas de San Miguel Chimalapa y Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca.

Para ello, el 23 de julio del presente año, la Minera Minaurum Gold, S.A. de C.V. filial de la homónima en Canadá, solicitó permiso a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para comenzar con “la exploración minera directa con un alcance en la perforación de 20 unidades de barrenación”. Así consta en el punto 31 de La Gaceta Ecológica de la misma institución, publicada el 13 de agosto del mismo año.

Ante ello, las autoridades municipales, agrarias y comunales de San Miguel Chimalapa se han opuesto públicamente al nuevo intento de Minaurum Gold de explorar y explotar minerales en su territorio. En un posicionamiento presentado el 4 de septiembre de 2020 a la SEMARNAT, dichas autoridades manifestaron su rechazo total a cualquier actividad minera y exigieron el respeto a la comunidad Zoque y a sus derechos como pueblos indígenas y dueños ancestrales de sus territorios.

No es la primera vez que las y los pobladores de la región se movilizan en contra de los intentos de Minaurum Gold por explotar la selva de los Chimalapas. En febrero de 2016, jóvenes de San Miguel Chimalapas y de San Francisco Ixhuatán clausuraron simbólicamente la concesión minera denominada “Jackita” en donde advirtieron el uso de explosivos en años anteriores.

Años más tarde, en 2018, autoridades de los Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa, hicieron un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para exigir que Minaurum Gold respete sus derechos como pueblo originario. Además, como su último posicionamiento lo establece “nuestra comunidad en su conjunto, ha expresado, a través de diferentes asambleas generales y oficios emitidos y firmados por anteriores autoridades municipales y comunales de administraciones pasadas nuestro rechazo total a la exploración y explotación minera en todo nuestro territorio comunal y municipal”.

Manifiesto Internacional

En ese contexto, más de 450 personas, y más de 70 organizaciones y colectivos, de cerca de 25 países diferentes firmaron un Manifiesto Internacional en Defensa de los Chimalapas en el que expresan su preocupación por “evitar la desaparición de las regiones más biodiversas del planeta”. También manifiestan su apoyo y solidaridad internacional con la defensa del territorio del pueblo zoque, “porque salvar la selva de Los Chimalapas es dar un paso más en la defensa del planeta, la vida y la humanidad”.

Además, le demandan a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, que el gobierno junto a los organismos internacionales “respete y reconozca los derechos inalienables de propiedad comunal del territorio (incluyendo el subsuelo) por parte de los pueblos indígenas Zoques”, así como, “que articulen las medidas necesarias para el reconocimiento de los valores ecológicos y bioculturales de este territorio”. Asimismo, solicitan a la SEMARNAT que niegue definitivamente el permiso de exploración antes referido, y que la Secretaría de Economía no otorgue las demás concesiones mineras que se encuentran en trámite.

¿Cuál es la importancia internacional y global de defender la selva de los Chimalapas?

Alberto Matarán Ruiz es profesor de urbanismo y ordenación del territorio en la Universidad de Granada, España, y pertenece a grupos de investigación que apoyan y promueven este llamamiento; entre ellos, el Grupo de Investigación Sobre Estudios Decoloniales en el Sur en la Universidad de Granada, y el Grupo de Investigación sobre Transiciones Socioecológicas.

En su opinión, “la defensa de la selva y de los espacios de gran biodiversidad es un elemento clave para el mantenimiento de la biosfera, de Gaia. El equilibrio de nuestro planeta depende básicamente del buen estado de estas zonas”. En ese sentido, para él no hay excusas que valgan “la destrucción de los lugares de alta biodiversidad donde se fija una mayor cantidad de CO2 y en donde además se produce una parte importante de las aguas potables o dulces del planeta”.

En ese sentido coincide con Daniel Tapia Montejo, de Múnich, Alemania, quien colabora con la oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia; un colectivo internacionalista que tiene más de 35 años trabajando con grupos en México, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Colombia.

Daniel advierte que “un lugar que es único en el mundo con una biodiversidad increíble, va a ser amenazado por un proyecto minero de este tipo. El valor de lo que realmente se perdería ahí, de vida, de cultura, de medio ambiente, es muchísimo mayor al valor económico que se le pueda sacar a los minerales que hay abajo”. Pare él, es una cuestión de solidaridad, “es importante apoyarlos en primer lugar porque ellos son quienes se están oponiendo al proyecto, y me parece que tienen toda la razón del mundo al oponerse a un proyecto que para ellos no les parece que sirve, (…) con eso es suficiente, están en todo su derecho de valorar que no quieren un proyecto así en su territorio”.

Vilma Almendra, mujer del pueblo Nasa y del pueblo Misak, vive al sureste de Colombia en donde trabaja la tierra junto a mujeres indígenas, negras y campesinas. Para ella es vital sumarse internacionalmente a la denuncia de San Miguel Chimalapa:

“Porque si logran destruir esas miles de hectáreas de tierra comunal, en donde hay una cantidad de reservorios de agua dulce, estarán matando un pedacito de la Madre Tierra. Para nosotras y nosotros tan importante es defender, denunciar, y apoyar al pueblo de Chimalapa en su defensa de su territorio, como debe sernos urgente también defender el territorio Zapatista, así como debe ser tan urgente defender el Wallmapu, así como debe ser tan urgente defender aquí a la Liberación de la Madre Tierra y a los pueblos que están siendo asesinados. (…) es una lucha que tiene que ser global, por la defensa de la vida toda, que nos garantice no sólo la pervivencia como pueblos originarios, sino que garantice la pervivencia de la libertad a toda la humanidad”.

¿Es esto una forma de Colonialidad?

En su página web, la corporación canadiense Minaurum Gold Inc. presume acaparar 103 mil 718 hectáreas de territorio concesionado o en trámite, en tres estados de la república mexicana. Así como ésta, existen muchas otras empresas mineras, mayoritariamente canadienses y estadounidenses que acaparan grandes extensiones de territorio mexicano para la explotación de minerales. Según el análisis de Geocomunes titulado “Extractivismo minero en México: impactos vs acumulación capitalista”, el 13.5% del territorio nacional ha sido concesionado a empresas mineras, y de este, 2.24 millones de hectáreas de territorios indígenas han sido entregadas.

Para Alberto Matarán es claro que esto es “una continuidad de los procesos de colonialismo que en el caso de el caso de América comenzaron a partir de 1492 -y en el caso de otros territorios comenzaron en otra época- evidentemente con diferentes tipos de dominio: en este caso es un dominio económico con otro tipo de violencia diferente al que se ejercía en el momento inicial del colonialismo, pero es una continuidad de ese tipo de uso, la subalternizacion del territorio”.

Además, apunta que es curioso que “mucha de esta minería está relacionada con lo que nosotros denominamos el colonialismo verde, es decir, son minerales pensados para las transiciones energéticas y la transición ecológica en los países del Norte Global, pero a costa de denominar o marcar como zona de sacrificio zonas del sur global, como México; zonas que serían destruidas para mantener el nivel de consumo de países del Norte Global, y el nivel de bienestar en alguno como por ejemplo Canadá o países europeos”.

Por otra parte, Daniel Tapia agrega, “yo aquí en Alemania normalmente trabajo como arbolista, y basta que haya indicios de que hay un cierto tipo de cascarudo en un árbol para que ese árbol esté protegido y no puedas talarlo en un jardín o en un parque; entonces ponte a pensar ¿porque es tan fácil agredir un medio ambiente tan sensible como el de los Chimalapas ahí, y acá en Europa te protegen un solo árbol? Yo creo que es cuestión de colonalismo; sus recursos aquí no los tocan, tienen sus paisajes, sus tierras, y sus lugares, pero si van a destrozar a otros los lados”.

Armando de la Cruz Cortés, Chontal, es abogado integrante en Oaxaca de la asociación civil Tequio Jurídico. Entre otras labores, han dado seguimiento y acompañamiento a comunidades chontales en la defensa de su territorio frente a concesión mineras otorgadas a la misma Minaurum Gold.

En su opinión, de cara a estos proyectos está en riesgo “el sustento de la vida comunitaria, de la vida colectiva y la existencia misma de las comunidades que han establecido que la madre tierra y el territorio es la fuente de vida. Estos territorios están siendo muy perseguidos por proyectos extractivos que están despojando a comunidades de su territorio; no les están pidiendo autorización ni permiso para que estos proyectos puedan darse. En ese sentido yo creo que se vuelve necesaria la exigencia y la defensa del territorio frente a esas imposiciones del Estado y de las empresas, sobre todo porque es una forma de defender la vida, de defender la existencia como pueblos indígenas en Oaxaca y México”.

Igualmente, Vilma Almendra señala, “Las autonomías que quedamos en los territorios estamos ahí; con contradicciones o no, estamos ahí, a pesar de cinco mil años de patriarcado, casi seiscientos años de colonización, un poquito más de doscientos años de Estados; ahí estamos todavía, hay lenguas, hay plantas que se saben para que son, hay una cantidad de formas ancestrales que nos han garantizado estar aquí ahora, y tener una palabra para caminar”. Por ello insiste, “es vital entender, conocer y defender los territorios originarios, porque creemos que son lo único que queda frente a todo este modelo capitalista, colonial, patriarcal y racista”.

¿Por qué se están reactivando proyectos mineros en el Istmo de Tehuantepec? ¿Tiene que ver con la construcción del Corrdeor Interoceánico o Transístimico?

El pasado 25 de julio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la primera obra del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En la propia descripción del proyecto se estipula que: “El Programa toma como eje de la dinámica económica el concepto de Corredor Multimodal Interoceánico para aprovechar la posición geoestratégica del Istmo de Tehuantepec y competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías, a través del uso combinado de diversos medios de transporte. (…) A lo largo del Istmo se crearán zonas libres para atraer inversiones del sector privado, las cuales se dotarán de infraestructura y se garantizará el abasto de energía, agua, conectividad digital y otros insumos básicos para cubrir las necesidades de las empresas y de la población trabajadora”.

Sobre el tema, Armando Cruz vislumbra, “los empresarios mineros seguramente ven en este proyecto oportunidad para implementar sus proyectos y para seguir saqueando la región. (…) Hablando de los proyectos de Minaurum Gold y Zalamera, parece que se están ubicando como paralelo a dónde está el proyecto transístmico; es decir, parte de la costa, la costa Chontal-Istmo, subiendo hacia esa zona de Matías Romero y luego yéndose hacia Chimalapas, entonces hay como un paralelo en términos de los proyectos y las concesiones otorgadas”.

Por otra parte, Eufemio Felipe Jiménez, originario de San Francisco Ixhuatán en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, expone que funcionarios públicos están llegando a las comunidades “a mostrar maquetas de proyectos para las comunidades, pero en realidad es manipular a la gente para firmar y sellar, y legitimar como consultas que se hicieron del corredor interoceánico”.

En su opinión, “es más de lo mismo: las mismas formas de llegar a ilusionar a nuestras comunidades: nos dicen “miren ahora si vamos a tener proyectos, ahora si vamos a crecer, a hora si vanos a mejorar”. Todo esto nosotros no lo creemos, porque no son proyectos que se hayan construido con la gente; nuestras formas de organización colectiva, nuestras formas de tomas de decisiones es a través de la asamblea, a través de nuestras cooperativas, a través de autoridades ejidales; y son tres espacios diferente de autoridad en donde la gente se reúne y tiene que plantearse ahí -desde lo que tenemos en nuestro territorio- que se tiene que fortalecer nuestra economía comunitaria, o salir otras formas economía”.

En relación con este tipo de grandes obras, Alberto Matarán agrega: “Parece ser que tanto al Corredor Interoceánico como otras grandes infraestructuras y megaproyectos que se están diseñando sobre todo en América Latina -aunque no sólo-, tienen un horizonte claramente extractivista. Aunque parezca que es infraestructura para el desarrollo de determinados territorios, busca algún tipo de extractivismo. Puede ser extractivismo agrario, minero como éste, o puede ser extractivismo en relación con los cuerpos: con la utilización de mano de obra barata”.

También plantea que en estos momentos de escasez y de crisis del capitalismo global, acentuado por la pandemia, parece haber una necesidad de “seguir alimentando la mega-máquina, es decir, de construir por construir”. En su opinión, “ahora mismo dejan de ser rentables muchas de las actividades económicas que desarrollan muchas de las inversiones que se estaban generando; entonces, la rentabilidad se busca solamente en los procesos constructivos, aunque luego no sean eficientes, ni tenga sentido; como por ejemplo, un corredor ferroviario compitiendo con un canal como el canal de Panamá”.

¿Qué hace a los Chimalapas una región tan particular, y cuál es la importancia regional en su defensa?

Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), la selva de los Chimalapas tiene “un lugar muy alto en las prioridades de conservación a nivel nacional”.  Esta región, “ha sido reconocida como uno de los principales reservorios de diversidad biológica que hay en el país. Los niveles tan altos de precipitación que caracterizan el área han servido de base para sugerir que la región puede haberse comportado como un refugio florístico”.

Además, Eufemio Felipe quien además es coordinador operativo de dos bachilleratos comunitarios en territorio Ikoot de San Francisco del Mar, así como coordinador de uno de los centros universitarios de la nueva Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO), explica que, “en la zona Oriente del Istmo conviven y se relacionan fuertemente tres culturas y territorios: La Ikoot, la Zapoteca y la Zoque de la montaña. En esa zona Oriente hay un intento por entubar el territorio, y estamos muy cercanos entre comunidades. (…) De lo que hemos investigado es que, una vez que comiencen a hacer la explotación minera, los daños ecológicos, ambientales, sociales y económicos, van a estar también sobre nuestras comunidades”.

Al menos dos ríos importantes y una serie de arroyos cruzan la extensión en donde la corporación canadiense busca extraer oro y cobre: El río Zanatepec, y el río Ostuta. Eufemio expone que, “las concesiones mineras están en el nacedero del Río Ostuta. Este río nace en Territorio Zoque pero el río atraviesa los pueblos de Zanatepec, Reforma de Pineda, Ixhuatán y San Francisco del Mar, y desemboca en la laguna inferior. Nosotros, las comunidades de la zona Oriente del Istmo, trabajamos y dependemos totalmente de la agricultura y de la pesca”.

A ello agrega: “si se lograra instalar esta minera y empezaran a realizar esta explotación, el daño sería gigantesco para nuestra gente, pues los sembradíos de mango, de maíz, de sandía, de melón, de calabaza y de chile van a ser muy afectado, y también la pesca. El camarón, el pescado y la jaiba es alimento básico de nuestras familias en toda la zona. Por eso nos resistimos a las empresas mineras”.

En el mismo sentido, una joven habitante de San Miguel Chimalapa, estudiante de nivel superior, cuyo nombre se reserva por su seguridad, expresa que “la selva de los chimalapas es un lugar en donde yo crecí y en donde aprendí a amar la naturaleza. En donde aprendí a respetar y a interesarme cada día más por la relación que existe entre todas las especies. Aquí existen animales y plantas que cumplen una función específica”. 

Con preocupación, continúa: “La minería utiliza elementos químicos altamente tóxicos, esto estaría envenenando a nuestro suelo, a nuestra agua, a nuestros arbolitos; todos esos lugares en los que nosotros vemos belleza, que nosotros respetamos y que hemos apreciado durante estos años; como para que de la noche a la mañana se destruya toda esta. Es por eso que los Chimalapas decimos: no a la mina, sí a la vida”.

Imagen: Avispa Midia

Más información:

Oaxaca: Agua para Ayutla ya, ordena juez

Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre la situación en Ayutla donde llevan 3 años sin agua – A 13 de agosto de 2020

Un juez federal concedió un amparo por el derecho humano al agua en San Pedro y San Pablo Ayutla y ordena su inmediata reconexión al sistema de agua potable. El gobierno de Oaxaca encabezado por Alejandro Murat no ha acatado la orden

Texto: Pedro Matías / Página 3 y Redacción Pie de Página

OAXACA, OAXACA.- Un juez ordenó al gobierno estatal que realice la reconexión del sistema de agua potable para la comunidad mixe de San Pedro y San Pablo Ayutla, con la finalidad de respetar, proteger y cumplir con su derecho de acceso al agua. Sin embargo, el gobierno de Oaxaca no ha acatado la orden.

El Juzgado Tercero de Distrito, con sede en de Oaxaca, resolvió a favor de esa comunidad un juicio de amparo después de tres años.

San Pedro y San Pablo Ayutla enfrenta una crisis humanitaria sin agua por la invasión de terrenos y el despojo del manantial de parte de grupos armados de Tamazulapam del Espíritu Santo ocurrido tres años y dos meses atrás.

“Queremos agradecerles todo el apoyo recibido, siempre hemos defendido la verdad y exigido la justicia sin caer en provocaciones violentas pero ahora una orden judicial obliga a que, en plena pandemia, se nos garantice el derecho humano al agua”, escribió la lingüista y activista Yásyana Elena Aguilar en su cuenta de Twitter.

“Es importante encaminarnos a la ejecución, esta sentencia ya fue revisada y mandada a reponer por un tribunal colegiado, se subsanó todo lo necesario y la sentencia fue confirmada, para como es el estado necesitaremos su ayuda para exigir la reconexión”, demandó.

La comunidad exigió al gobierno de Alejandro Murat que cumpla la sentencia que ordenó el juez Amando Chiñas Fuentes el pasado 30 de julio.

El juez ordenó que se agoten todos los medios que tienen a su alcance para que se realice la reconexión inmediata de la tubería destruída en la comunidad, que permita hacer llegar el agua a la comunidad.

Murat desacata la orden

Pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares y el juez Tercero de Distrito, Amado Chiñas Fuentes, mediante la sentencia del juicio de amparo 795/2017, ordenó la reconexión del sistema de agua potable, el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, desacató estas disposiciones.

El presidente municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla, Clemente Antonio Martínez, envió un oficio a Murat Hinojosa para que cumpla la orden judicial para la reconexión del sistema de agua potable de manera urgente.

El documento con copia al consejero jurídico del gobierno de Oaxaca, José Octavio Tinajero Zenil, resalta:

“En atención a lo ordenado por la CNDH, la revocación del Juicio de Amparo 1148/2019 y tomando en cuenta la sentencia del Juicio de Amparo 795/2017 y toda vez que no existe impedimento legal alguno, le reiteramos nuestra petición consistente en la realización de la reconexión inmediata del sistema de agua potable a  nuestra comunidad proveniente del manantial Jënaanyëj, lo cual resulta inaplazable e incuestionable”.

Ante la crisis sanitaria por el covid-19, una Misión Civil de Observación (MCO) demandó a los gobiernos federal y estatal la “inmediata solución” al conflicto por el agua que atenta contra los derechos humanos.

Los habitantes de Ayutla reclamaron la reconstrucción de su sistema de agua potable (tanques) y la reconexión de la tubería destruida.

El Juez federal dictaminó que el municipio de Tamazulapam y su agencia Tierra Blanca restituyan a los quejosos el pleno goce de sus derecho violado.

Por consiguiente, el presidente municipal de Ayutla exige se dé cumplimiento a la sentencia del 795/2017 con la reconexión del sistema de agua potable de manera urgente.

El ataque

La mañana del 5 de junio de 2017, un grupo de paramilitares atacó con armas largas en la zona de El Manantial a comuneros de San Pedro y San Pablo Ayutla. Durante el atque, un hombre murió, seis más resultaron heridos y cuatro mujeres fueron secuestradas.

De acuerdo con los testimonios de las víctimas, varios de los atacantes eran comuneros de Tierra Blanca, Tamazulapam, los mismos que habían despojado, el 18 de mayo, a 23 personas de Ayutla de 150 hectáreas de parcelas colindantes con El Manantial, con retroexcavadoras, volteos y armamento pesado.

Las honduras de la Sierra Mixe son un nido viejo de siembra de amapola. Es un secreto a voces entre comuneros, taxistas, choferes, marchantas de comida, empleados en la ciudad de Oaxaca y Tlacolula de Matamoros.

Desde que ocurrió el despojo la respuesta del gobernador Alejandro Murat Hinojosa ha sido la simulación y la complicidad con los agresores, mientras la Sierra Mixe se convierte en una nueva ruta de siembra de amapola. Murat Hinojosa se ha negado a atender el asunto como prioritario y ha desechado posibilidad alguna que el tema de fondo sea el control del territorio por el narcotráfico.

Imagen: Foto: Archivo / Karen Rojas Kauffmann / Página 3

Oaxaca: Minera canadiense va por oro y cobre de los Chimalapas

Compartimos esta información publicada en Educa Oaxaca sobre la minería en este estado – A 18 de agosto de 2020

Con la apropiación de seis mil 410 hectáreas para la extracción de oro y cobre, la empresa canadiense Minaurum Gold S.A. de C.V., pretende perforar las tierras de la Selva de los Chimalapas, en el estado de Oaxaca, así lo revela el trámite de la Manifestación de Impacto Ambiental que entregó ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). En el documento con fecha del 23 de julio de 2020, anunciado como proyecto ingresado no. 31 en la Gaceta Ecológica del 13 de agosto, se señala la pretensión de hacer “exploración minera directa con un alcance en la perforación de 20 Unidades de Barrenación”. La información difundida por Regeneración Radio menciona que la “exploración minera Santa Martha” impulsada por la empresa canadiense, se ubica en el municipio de San Miguel Chimalapa con el número de proyecto 20OA2020MD038. El documento fue enviado el pasado 5 de agosto al área correspondiente dentro de la Semarnat y de iniciarse la exploración dañaría una de las reservas naturales mas importantes del país. El proyecto de explotación minera, de acuerdo con la descripción de la empresa, se encuentra ubicado a 10 kilómetros del municipio de Zanatepec y a 125 kilómetros del principal puerto de Oaxaca, el de Salina Cruz. Cabe mencionar que apenas el pasado 25 de julio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la primera obra del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que comprende el muelle de contenedores y de usos múltiples, de 123 metros de largo, que amplía el puerto de Salina Cruz, que permitirá arrancar el próximo año.

Selva de los Chimalapas, en riesgo por exploración minera. Más información: Empresa minera canadiense va por el oro y el cobre de la selva de los Chimalapas.

Imagen: Regeneración Radio

Más información:

El Escaramujo 103: EL CORREDOR INTEROCEÁNICO

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

>>Descargar Escaramujo 103 en pdf<<

El proyecto que nunca logró el gran capital imponer en la región durante más de 100 años, el primer gobierno de supuesta izquierda bajo la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pretende imponerlo pese a la resistencia del movimiento indígena, campesino y social de la región que en las últimas dos décadas se volvió a levantar contra este megaproyecto, cuando nuevamente fue anunciado por el entonces presidente Vicente Fox en el año 2000, en el marco del lanzamiento del Plan Puebla Panamá (PPP). Así, En Junio de 2019 AMLO publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que imponía el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y en Marzo del 2020 el Estatuto Orgánico. Se espera su funcionamiento a partir del año 2023 y con una inversión de 20 mil millones de pesos.

El Corredor Interoceánico es el multi Megaproyecto más ambicioso del país que hila a otros ubicados en el Sur-Sureste. En el Corredor el Presidente pretende colocar los más grandes despojos de los territorios y los bienes comunes naturales. A este multi Megaproyecto se le unen las refinerías de Dos Bocas, la explotación petrolera y de Fracking, los proyectos de gasoductos, oleoductos y de represas en Chiapas, Puebla, Oaxaca y Veracruz; los parques eólicos de Oaxaca; la ampliación de los puertos de Coatzacoalcos en Veracruz y Salina Cruz en Oaxaca; la supercarretera que cruzará Chiapas de Sur a Norte y que unirá la comunicación turística con el Tren Maya que a su vez alimentará el comercio hacia el Corredor Interocéanico. También las plantaciones de palma de aceite, la extracción minera, las posibles regasificadoras para sacar el excedente de gas al mercado asiático; la ampliación de infraestructura aeroportuaria, la instalación de infraestructura para los parques industriales de automotrices y maquiladoras. Todo ello encaminado a facilitar a las empresas transnacionales sus mercancías rumbo al mercado internacional reduciendo tiempos y costos de un puerto a otro, aumentando el valor agregado y sus ganancias, y tratando de humanizar la peor lógica del capitalismo con los supuestos “Polos de Desarrollo para el Bienestar”. El extractivismo será voraz y de todo tipo, de territorios, de bienes comunes naturales y culturales, de mano de obra y de todo aquello que pueda alimentar la cadena de valor mientras las mercancías transitan de un puerto a otro despojando a los pueblos y absorbiendo todo a su paso.

El Istmo de Tehuantepec será la línea divisoria del país, el proyecto cortafuegos que generaría un muro físico con las vías ferroviarias, pero también un muro político, económico y militar de contención de la migración de población pobre e indígena del país así como la proveniente de Centroamérica, pero también para el tráfico y el crimen organizado. (Ver Mapas de Geocoumunes).

El Tren Maya que también estará compuesto por supuestos “Polos de Desarrollo”, desde Palenque, Chiapas, se pretende unir con otras vías férreas hacia el puerto de Coatzacoalcos y de ahí a Salina Cruz. Así, el Corredor Interocéanico también estaría alimentado en su trayecto de 10 “Polos de Desarrollo para el Bienestar” y marcará especialmente al Istmo de Tehuantepec como el epicentro de la recomposición territorial y económica, que inaugurará una nueva etapa de disputa geopolítica en la región Mesoamericana. Se disputará las tierras a indígenas y campesinos, así como el agua y la energía. Los conflictos socio ambientales prometen agudizarse en la medida en que los pueblos de la región van conformando redes de resistencia y lucha para defender sus territorios. Es una región con mucha violencia y crimen organizado. El Corredor Interocéanico está ubicado en una región altamente sísmica y con estrés hídrico. Su instalación acarreará el despojo de territorios ejidales y comunales, elevará los costos de las tierras, de los productos básicos y de los servicios. Será una intervención territorial, política, económica, cultural, social y militar de dimensiones insospechadas e irreparables.

Como es costumbre de la actual administración, el Corredor Interocéanico primero se diseñó, se conformaron los intereses, los objetivos, los presupuestos, los planes y trazos, y luego se simuló la consulta a la población indígena y campesina de la región. No fue a ellos a quienes se les preguntó primero qué “desarrollo” desean para su región, cómo quieren vivir, cómo quieren que se gestionen el agua, los ríos, los territorios, la vida digna, sino que primero se Decretó el Corredor Interoceánico para beneficio de los grandes intereses económicos y para alimentar el mercado internacional, bajo el argumento que se les llevará progreso, empleo y bienestar a la población. Pareciera que el bienestar no lo puede definir la libre autodeterminación de los pueblos, si no solo con la intervención del gran capital, sus empleos y su Modelo Extractivo.

Cabe recordar que México ha firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) que obliga al Estado a sujetarse a las demandas de las trasnacionales en caso de que consideren que el gobierno viola los acuerdos comerciales. México es uno de los países más demandados en América Latina por las trasnacionales, especialmente de Canadá, Estados Unidos y Europa. El Corredor Interoceánico pondrá al país en un escenario más vulnerable por el impacto financiero, territorial, geopolítico y de incidencia de intereses trasnacionales muy poderosos que se instalarían en la región. Si bien AMLO no es anti capitalista, ciertamente es anti neoliberal pero en algunas cosas, en muchas otras no lo es, y en otras, bajo las condiciones actuales del Modelo Estado Corporativo, es imposible serlo. No se puede soñar un antineoliberalismo cuando el Estado y la economía está sujeta y dependiente del andamiaje corporativo y empresarial.

¿Qué dice el Decreto y su Estatuto?

Mucho se ha escrito ya y aún se debate en diversos escenarios sobre el Corredor Interoceánico. Por ahora queremos hacer énfasis en lo que dice el Decreto y su Estatuto para entender su esencia. Para ello rescatamos y resumimos la información que nos parece relevante con el fin de dimensionar el funcionamiento, la influencia y el rol que tendrá este ente estatal.

Sabemos que la alternativa a los males sociales y a la crisis sistémica que actualmente vivimos no puede encontrarse dentro del mismo sistema para que arribe la justicia social. En el marco de este sistema no existe la industria sustentable, limpia, ecológica ni verde. Tampoco lo convierte el hecho de transitar la Matriz Energética hacia las Energías Renovables bajo el mismo Modelo Extractivo como ya lo hemos abordado en El Escaramujo 102. Desde esta perspectiva, el Decreto irónicamente dice considerar que el Corredor garantiza el desarrollo nacional integral, el desarrollo industrial sustentable, el “fortalecimiento de la la Soberanía de la Nación y su régimen democrático”. Se considera que es inaplazable el pleno ejercicio de la “libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, así como de los pueblos indígenas” en la región del Istmo de Tehuantepec, para lo cual la “competitividad”, el fomento del crecimiento económico y el empleo, así como una más justa distribución del ingreso y la riqueza, son condiciones indispensables. Que el Estado mexicano considera prioritario el desarrollo regional del Istmo de Tehuantepec y para ello tiene el propósito de alentar y proteger la actividad económica que realicen específicamente el comercio internacional. Son demasiados supuestos. Como si no existieran las asimetrías en la competitividad y ésta distribuyera la riqueza a los pueblos indígenas y el ingreso a los trabajadores y migrantes maquiladores; como si todos los recursos en beneficio del comercio internacional favoreciera el ejercicio de la soberanía nacional.

El Objetivo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se resumen en prestar servicios administrativos portuarios en Coaztacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, y su interconexión por medio de un tren que mueva las mercancías. Será un Organismo Público Descentralizado, “con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado”, y con oficinas en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Su patrimonio estará formado por aportes del gobierno federal, quien subsidiará al comercio internacional especialmente de las grandes trasnacionales para el beneficio del mercado asiático.

Los tres niveles de gobierno, todos los sectores, todos los tipos y tamaños de empresas y todos los recursos naturales se pretenden vincular al Corredor para integrarse en la cadena productiva y de valor en beneficio del comercio internacional de las grandes empresas trasnacionales. Las inversiones serán públicas y privadas para construir la infraestructura física necesaria, así como la social y productiva; o en su caso modernizarla o mejorarla. Así, según los casos, se buscará la participación de los sectores público, privado y social. También se concertará los esfuerzos y coordinación entre los tres niveles de Gobierno (Federal, Estatal y Municipal).

Por tanto, los Presidentes Municipales serán un foco de presión política fuerte para la implementación de toda la Plataforma Logística que abarcan los puertos de ambos lados, la interconexión con el tren durante todo su recorrido por sus territorios, los ductos, las carreteras paralelas al tren, los aeropuertos, servicios de combustible, la infraestructura eléctrica y los Polos de Desarrollo para el Bienestar, ya que serán los “polígonos al interior del Istmo de Tehuantepec quecontarán con incentivos para atraer la inversión que detone el desarrollo económico y social de laregión, con base en las vocaciones productivas con mayor potencial”. Al final, la presión serámayúscula sobre los Ejidos y Bienes Comunales.

La Dirección y Administración del Corredor se conformará por una Junta de Gobierno. El Director General será nombrado por el Presidente de la República. La Junta de Gobierno será el órgano supremo de la Administración, quienes contarán con voz y voto, no recibirán sueldo por ello y estará integrada por los Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien lo presidirá,el Subsecretario y la Subsecretaría de Egresos; de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT); de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de la Dirección General de Programación y Presupuesto «B» de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y otro de la Secretaría de Economía; dos representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y un representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario,Territorial y Urbano (SEDATU).

El Corredor tendrá la participación de las Unidades Administrativas siguientes: Unidad de Desarrollo Regional y Bienestar Social (Planeación y Diseño de Estrategias para el Desarrollo;Diseño de Estrategias para el Desarrollo y Articulación de Políticas Públicas; Desarrollo del Sector Agroalimentario y Agroindustrial; Cadenas Productivas Agroindustriales; Desarrollo y Estrategia del Sector Productivo Industrial y el Bienestar; Fomento a Programas de Apoyo y Desarrollo de Sectores Productivos; de Incentivos y Mecanismos de Facilitación; de Estrategia de Financiamiento para el Desarrollo, Investigación, Tecnología e Innovación; de Financiamiento para el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec). La Unidad de Infraestructura y Transportes (Coordinación General de Proyectos, Transporte y Energía); y la Unidad de Promoción de Inversiones y Desarrollo Comercial(Promoción de Inversiones, y Coordinación General de Desarrollo Comercial); la Unidad de Administración, Finanzas y Tecnologías de la Información (Recursos Humanos, Materiales y Tecnologías de la Información, y Coordinación General de Tesorería, Presupuesto y Contabilidad); y la Unidad de Transparencia. La Coordinación General Jurídica, la Dirección de Control de Gestióny Compromisos Gubernamentales.

La Junta de Gobierno y todo su andamiaje institucional, tendrá, entre otras funciones:

  1. Impulsar y definir los “Polos de Desarrollo para el Bienestar”; los perfiles de las industrias y empresas que se instalarán en ella a lo largo del Istmo de Tehuantepec; la infraestructura logística, social y de servicios necesarios en el Istmo y para las empresas; y las bases para el otorgamiento de concesiones y concursos públicos.
  2. Vincular al sector social, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en la provisión de bienes y servicios en la región del Istmo de Tehuantepec, incrementar su producción, agilizar el traslado y la provisión oportuna de materias primas, bienes y servicios vinculados. para integrarlas a las cadenas productivas y con las cadenas globales de valor.
  3. Mejorar el marco regulatorio que permitan reducir el tiempo y costo del cumplimiento delos trámites y requisitos que las personas físicas y morales que deseen realizar actividades económicaso la instalación u operación de unidades de producción.
  4. Para el funcionamiento de la Plataforma Logística (puertos, carreteras, aeropuertos, ductos, y su interconexión del ferrocarril), crear estrategias integrales de la infraestructura, para la planeación,financiamiento, construcción, operación y comercialización del sistema de transporte, energía y en general de los servicios unificados multimodales con valor agregado para el transporte de las mercancías, la infraestructura eléctrica y de combustibles.
  5. Realizar estudios, consultas, análisis y proyectos en temas de planeación, ordenamiento territorial, sustentabilidad e infraestructura, capital humano, así como de políticas públicas complementarias en el Istmo de Tehuantepec.
  6. Coordinar esfuerzos con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que el desarrollo económico y social de la región del Istmo de Tehuantepec “preserve la cultura, costumbres y la identidad de sus pueblos indígenas”; diseño de los protocolos de consulta específicos en colaboración con el Instituto Nacional de los Pueblo Indígenas.
  7. Identificar el mercado laboral y vincular al sector académico.
  8. Impulsar proyectos para el el desarrollo social en la región del Istmo.
  9. Incluir en la cadena productiva del Corredor las actividades de agricultura, ganadería,pesca, acuacultura, aprovechamiento forestal, agroindustrial, agroalimentaria, y cualquier otra actividad que tenga relación con la colaboración de los productores, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas y actores del sector.
  10. Crear las facilidades administrativas, beneficios, incentivos y apoyos para los sectores social, las comunidades, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.
  11. Atraer financiamiento para la infraestructura a corto, mediano y largo plazo. Vincular a las empresas que se instalen en el Corredor con la Banca de Desarrollo y/o Comercial.
  12. Integrar los proyectos de inversión de las empresas e instituciones nacionales e internacionales interesadas en participar.
  13. Establecer centros de investigación, tecnología e innovación en la región del Istmo de Tehuantepec

Los conflictos socio ambientales…

El Corredor Transístmico del Istmo de Tehuantepec ha levantado nuevamente el conflicto con las comunidades afromexicanas, indígenas y campesinas por donde se pretende trazar su ruta por sus impactos ambientales y el despojo de las tierras para el beneficio del comercio internacional. Los sectores afectados directos confirman que no han sido informados de forma adecuada, que no se ha respetado su derecho a la libre determinación de sus territorios pese a los amparos presentados. Porotro lado, se denuncia que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la empresa“Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SA de CV” contiene errores y omisiones graves.

Los movimientos sociales manifiestan que otros proyectos de supuesto “desarrollo” en la región delIstmo en los corredores industriales y petroquímicos no han beneficiado a la población. Basta conobservar la pobreza, la contaminación del aire, suelos y ríos en la región de Coaztacoalcos, el deteriorode la infraestructura y el abandono de las localidades aledañas.

La presencia del crimen organizado es muy fuerte y se refleja en violencia, secuestros, drogadicción,feminicidios, asesinatos, cobros de derechos de piso, desaparecidos, prostitución, trata de personas,entre otras problemáticas que subsisten alrededor de la industria petrolera. Con ello, un aumento de lamilitarización además de otras problemáticas como la inflación, la desigualdad social y la migración.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es una intervención física y territorial compuestapor muchos megaproyectos interconectados que acarreará un impacto social y ambiental lamentable sinprecedentes. Los pueblos sostienen que hay otras formas, por medio de la autonomía y laautodeterminación, como se pueden generar mejores condiciones de vida, no para alimentar al sistema,sino para alimentar la esperanza de los pueblos de que es posible un mundo donde quepamos todas ytodos con dignidad.

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Más Escaramujos:

Video: COPUDEVER – 13 años resguardando al río Verde

Compartimos este vídeo publicado en Educa Oaxaca sobre el aniversario 13 del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde – A 29 de julio de 2020

El 11 de julio de 2007 se constituye el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) ante la amenaza de represar el río Verde, uno de los ríos vivos más caudalosos del estado de Oaxaca. El COPUDEVER es una organización regional de pueblos, municipios, ejidos, comunidades y organizaciones de la sierra sur y costa oaxaqueña, donde participan autoridades tradicionales, autoridades agrarias y municipales, comités comunitarios, ciudadanos, ciudadanas, ejidatarios, ejidatarias, comuneras y comuneros, también jóvenes y mujeres. La organización tiene la encomienda de proteger y salvaguardar los territorios, bienes naturales y culturales de los pueblos chatinos, mixtecos, afro oaxaqueños y mestizos de la región de la costa y sierra sur del estado de Oaxaca frente a los Proyecto Hidroeléctricos “Paso de la Reina” y “Río Verde”, además de otros proyectos extractivos. El COPUDEVER promueve la paz, el respeto a todas las formas de vida, la ayuda mutua, la comunidad, la noviolencia y la solidaridad entre personas y pueblos.

Más información:

Video: ¿Qué dijo Amlo a campesinos de Oaxaca sobre contaminación minera?

Compartimos este vídeo de Avispa Midia sobre la minería en Oaxaca – A 29 de julio de 2020

El pasado 10 de julio, mujeres y hombres de la comunidad de Magdalena Ocotlán, Oaxaca, ubicada al sur de México, se alertaron por una nueva contaminación en las aguas que bebe su ganado y de dónde se nutren sus cultivos.

La comunidad tomó acciones intuyendo que está contaminación recae en la responsabilidad de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, la cual se encuentra a menos de 300 metros explotando diariamente, a través de túneles, más de 8 millones de onzas de plata y 50 mil onzas de oro.

En 2018 se registró una de las contaminaciones más severas de esta mina, al derramarse la presa de jales (estructura que contiene residuos de la explotación de los minerales). En 2019, cuándo Andrés Manuel López Obrador (Amlo), presidente de México, se dirigía de visita a otra comunidad los campesinos de Magdalena Ocotlán le cerraron el paso para exponerle está contaminación.

¿Qué fue lo que dijo?

En este video-documental recogemos las voces de la comunidad de Magdalena Ocotlán y la voz de Amlo a su paso por esta comunidad.➜ https://bit.ly/306zhYW

Más información:

«Nos están sentenciando a una muerte segura»; zapotecos por nueva contaminación de minera Cuzcatlán

Les compartimos esta nota publicada en Página 3 sobre la minería en Oaxaca – A 27 de julio de 2020

Por Pedro Matías

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Por segunda ocasión, la empresa minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines (FSM) fue denunciada por contaminar el agua en Valles Centrales y esperan que esta vez el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con su palabra de atender esta problemática y evitar que estos daños al medio ambiente no queden impunes.

Así lo denunció el Frente No a la Minería y el Colectivo en Defensa del Territorio, al tiempo que evidenció que los impactos ambientales producidos por la explotación minera de FSM-Cuzcatlán se han profundizado en los Valles Centrales, poniendo en riesgo el agua y la vida de comunidades de Valles Centrales.

El presidente municipal de Magdalena Ocotlán, Pedro máximo Aquino, fue mas contundente al pedir al gobierno federal y estatal que no autoricen mas permisos ambientales para continuar que la empresa minea siga operaciones en Valles Centrales porque “nos están sentenciado a una muerte segura con tantos metales pesados en la sangre, un cáncer”.

Razón por la que el Frente No a la Minería integrado por 12 comunidades entre ellas Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Matías Chilazoa, San Martín de los Cansecos, El Vergel, Los Ocotes, Santa Catarina Minas, San Dionisio Ocotepec y San Nicolás Yaxe, insistieron en rechazar la explotación de minerales en sus territorios.

Las autoridades de Magdalena Ocotlán denunciaron que el pasado 14 de julio, atestiguaron la contaminación de sus cuerpos de agua al constatar que un pozo de captación de agua pluvial, construido para recargar los mantos acuíferos presentó una coloración rojiza.

Detallaron que este pozo se encuentra aproximadamente a 300 metros de la planta de beneficio del proyecto minero.

Recordaron lo mismo sucedió en octubre de 2018, cuando se derramó la presa de jales contaminando el arroyo El Coyote, hecho que continua en la impunidad en la región.

Por lo pronto, las autoridades municipales de Magdalena Ocotlán han hecho una denuncia popular ante la Procuraduría Federal del Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROFEPA) y exigen a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), intervengan para que realicen una investigación apegada a derecho y transparenten los resultados de los estudios que se han realizado con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información pública. Así como la reparación del daño de comunidades afectadas por la explotación minera.

Mientras, la compañía minera Cuzcatlán, empresa filial de Fortuna Silver Mines presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) un nuevo permiso ambiental para la continuidad de la extracción de minerales en los Valles Centrales de Oaxaca.

El documento denominado Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) Modalidad Regional “San José II” fue presentado el pasado 07 de julio de 2020.

En este documento Cuzcatlán-FSM expresa que “…su operación no supone un riesgo para ninguno de los objetos de conservación de estas áreas”, no obstante, la realidad que viven las comunidades es diferente porque “hemos constatado que en los últimos años existen daños irreparables a nuestro medio ambiente, donde el agua, principal líquido para nuestra supervivencia ha sido contaminado en dos ocasiones”.

Por tal motivo, las comunidades organizadas en el Frente No a la Minería rechazaron tajantemente cualquier actividad que tenga por objeto la explotación de sus bienes comunes.

Consideran que la presentación de esta nueva MIA desacata las determinaciones comunitarias expresadas en sus asambleas y actas de Territorio Prohibido para la Minería, mismas que respetan y retoman la legislación vigente en los ámbitos municipal, estatal y federal.

El Frente No a la Minería demanda a la SEMARNAT respetar y proteger nuestro derecho a la libre determinación, autonomía, territorio, salud y medio ambiente sano, por lo que exigieron nuevamente no autorizar dicho permiso.

Y es que FSM-Cuzcatlán, pretenden asegurar la explotación irracional de plata y oro por diez años más en los Valles Centrales, además de justificar obras ilegales dentro de San José del Progreso.

Es importante mencionar que en mayo de 2019 presentó un permiso similar a este, el cual fue negado por la SEMARNAT en enero de 2020. En esta segunda ocasión, en su “extracto” del proyecto, la empresa argumenta dolosamente que “San José II no se trata de un nuevo proyecto o ampliación del mismo, sino a obras previamente desarrolladas”. Advirtieron que autorizar dicho permiso representa una violación sistemática a nuestros derechos territoriales.

Imagen: Pedro Matías – Página 3

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