14 de mayo: 40º aniversario de las masacres de la presa Chixoy/Río Negro en Guatemala

Compartimos esta información de Rights Action – A 14 de mayo del 2022

El régimen guatemalteco llevó a cabo cinco masacres para dar paso al proyecto de la presa hidroeléctrica Chixoy del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo
Por Grahame Russell, Rights Action
https://mailchi.mp/rightsaction/40-aniversario-de-masacres-de-la-presa-chixoyro-negro

En 1981-1982, los regímenes genocidas guatemaltecos, respaldados por Estados Unidos, llevaron a cabo cinco masacres a gran escala contra el pueblo maya achí de la aldea de Río Negro, para dar paso a la presa hidroeléctrica de Chixoy del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un proyecto de inversión en energía que fue financieramente rentable para ambos bancos de “desarrollo” y que dio lugar a una muerte masiva y a la devastación de Río Negro, y de docenas de pueblos mayas a lo largo del río Chixoy.
 
Impunidad desde lo nacional al internacional
Hasta hoy dia, los gobiernos de Guatemala no han cumplido con las reparaciones y condiciones ordenadas como parte de la Sentencia de Corte Inter-Americana de DDHH (2012), ni con las reparaciones ordenadas como parte del Decreto #378-2014, “la Política Pública de Reparaciones para las Comunidades Afectadas por la Construcción del Proyecto de la Presa Hidroeléctrica de Chixoy”.
 
Hasta hoy dia, no el Banco Mundial ni el BID han aceptado responsabilidad algunas por las massacres, destruccion y desalojos violentos e ilegales vinculados con la construccion de la presa Chixpy.  Los dos bancos de ‘desarrollo’ profitaron de sus inversiones en este proyecto genocida de desarollo.

14 de mayo – Masacres de Los Encuentros
Ahora, bajo las aguas de la presa, Los Encuentros era un punto de encuentro río abajo de la remota aldea de Río Negro, que había estado enclavada a lo largo del río Chixoy (también conocido como Río Negro) en el centro de Guatemala durante siglos, hasta la construcción violenta e ilegal de la presa de Chixoy del Banco Mundial y el BID (1975-1985).

Representación de las masacres de la presa de Chixoy/Río Negro, utilizada en un trabajo de educación popular del Centro Historico de la aldea de Rio Negro  
Salvajismo
Fue ese dia, ahi en Los Encuentros, que los patrulleros y soldados llevaron a cabo el cuarto de los 5 masacres de la presa Chixoy/Rio Negro. En total, más de 440 niñas y niños, bebés y ancianos, hombres y mujeres de Río Negro fueron asesinados sin miramientos.

Es difícil comprender el salvajismo de estas matanzas. Los aldeanos fueron asesinados a golpes de machete, estrangulamiento y disparos; las mujeres fueron violadas y golpeadas hasta la muerte; los niños pequeños y los bebés fueron golpeados contra las piedras.

Las masacres y la destrucción fueron llevadas a cabo por los militares guatemaltecos y los patrulleros de la defensa civil (PAC), y por los guardias de seguridad que trabajaban para el proyecto de la presa de Chixoy.

Tras la última masacre de la presa de Río Negro/Chixoy (en la aldea de Agua Fría, el 14 de septiembre de 1982), algunos supervivientes perecieron de hambre y enfermedad, mientras se escondían en cuevas y barrancos de las montañas circundantes. Incluso después de la erradicación de Río Negro y de la mayoría de sus habitantes, los soldados y las PAC patrullaron a pie la zona de la cuenca del río Chixoy, matando a cualquiera que encontraran sobreviviendo allí.

“Plan de reubicación” del Banco Mundial/BID
La matanza de los habitantes de Río Negro y la erradicación de la aldea sirvieron para la “reubicación” del proyecto, para dar paso al llenado de la cuenca de la presa. En total, más de 30 comunidades mayas fueron desalojadas por la fuerza, total o parcialmente, río arriba y río abajo del muro de la presa. Ninguna comunidad sufrió más que Río Negro.

En su libro “Chixoy dam, displacement and development: Perspectivas de Río Negro, Guatemala”, Nate Einbinder escribió: “No hay forma de cuantificar lo que se perdió en Río Negro” (https://www.springer.com/la/book/9783319515106).

Nate tiene razón. Es difícil exagerar la amplitud y la enormidad de la criminalidad y la violencia del Banco Mundial y el BID, en asociación directa con los regímenes genocidas guatemaltecos de los generales Lucas García y Ríos Montt.

Daños intergeneracionales
Los impactos de las masacres de la presa de Chixoy/Río Negro y los desalojos forzosos continúan hoy en día de múltiples maneras. La mayoria de los supervivientes de las masacres y desplazamientos, sus hijos y nietos, llevan hoy vidas de subsistencia, en condiciones de pobreza crónica. Muchos se han visto obligados a huir de su casa y de su país y a intentar buscarse la vida en México o en Estados Unidos.

Impunidad intergeneracional
También es imposible exagerar la profundidad de la corrupción y la impunidad del Banco Mundial, el BID y los sucesivos regímenes respaldados por Estados Unidos en Guatemala, que fueron directamente responsables de las masacres y los desplazamientos forzados de la presa de Chixoy/Río Negro.

Han pasado casi cuatro décadas y todavía no se ha hecho justicia contra los autores intelectuales, beneficiarios y aprovechados de este proyecto de inversión de “desarrollo internacional”.

Supervivencia / Verdad / Justicia y Reparación
Una reflexión sobre las masacres de la presa de Chixoy/Río Negro, 40 años después, puede entenderse mejor en términos de la supervivencia de los supervivientes y su trabajo y lucha continuos para contar la verdad y buscar justicia y reparación.

Supervivencia
La mayoría de los sobrevivientes de Río Negro viven hoy en día -con hijos y nietos nacidos desde los crímenes de la presa de Chixoy- en el antiguo campo de concentración militar de Pacux, donde fueron obligados a vivir, y fueron “reubicados” desde Río Negro. Algunos han regresado para ganarse la vida a duras penas, en lo alto de la ladera seca de la montaña, donde la comunidad original se encuentra ahora bajo unos 100 metros de acumulación de limo y agua de la presa de Chixoy.

Sebastián Iboy Osorio, superviviente y testigo presencial (cuando tenía 16 años) de la masacre del 13 de marzo de 1982, en la que fue asesinada la mayor parte de su familia, camina por Río Negro, por encima del lodo y el limo que han llenado la cuenca del río Chixoy desde que se represó en 1983, tras la última masacre. La comunidad original de Río Negro se encuentra debajo del lodo.  
Sus condiciones de vida actuales de pobreza y trauma intergeneracional son complicadas y tóxicas, y son un resultado directo de las masacres, los desplazamientos y los daños de la presa de Chixoy. Sin embargo, sobreviven y siguen reconstruyendo sus vidas para sus hijos y nietos, y siguen contando la verdad y exigiendo justicia y reparaciones.

Se podría decir que es un milagro, pero no lo es. Es un testimonio de la valentía, la dignidad y la fuerza espiritual de los supervivientes de Río Negro (en concreto) y de los pueblos mayas (en general), arraigados en sus antepasados, sus tierras y la Madre Tierra, sus dioses y sus ceremonias.

La verdad
Desde la primera exhumación de las víctimas de las masacres de la presa de Chixoy/Río Negro, llevada a cabo en 1993-94 por el EAFG (Equipo de Antropología Forense de Guatemala), precursor de la FAFG (Fundación Guatemalteca de Antropología Forense – https://fafg.org/home/), en el lugar conocido como “Pak-o-shom” en las montañas por encima de la aldea original de Río Negro, los supervivientes han estado diciendo la verdad para que todos la escuchen.

Desde esta primera exhumación de la fosa común vinculada a la presa de Chixoy, los sobrevivientes han apoyado otras exhumaciones y han impulsado los esfuerzos para buscar justicia en Guatemala y a nivel internacional.

Los sobrevivientes de la masacre y los testigos presenciales -como Jesús Tecu Osorio y Carlos Chen Osorio- han escrito libros testimoniales. Se han realizado películas documentales. Se han escrito artículos y reportajes. Los activistas supervivientes han viajado por todo el mundo dando testimonios en conferencias y protestando en las reuniones del Banco Mundial y el BID.

Justicia
A pesar de la amplia documentación sobre los crímenes de la presa de Chixoy, no se ha conseguido justicia contra ninguna institución (BID, Banco Mundial) o gobierno (Guatemala, Estados Unidos) por su papel como autores intelectuales y materiales de la muerte y destrucción de la presa de Chixoy.

Tribunales nacionales
Hay una excepción parcial a esta última afirmación. Desde 1994, los sobrevivientes de Río Negro han presionado al corrupto y comprometido sistema legal guatemalteco para que juzgue, declare culpables y envíe a la cárcel a nueve ex patrulleros de la defensa civil y comisionados militares, principalmente de la aldea vecina de Xococ, que participaron en las matanzas de Río Negro bajo las órdenes y el control de los militares guatemaltecos.

Este es un logro importante. En el corrupto sistema jurídico de Guatemala, los juicios por crímenes de lesa humanidad son escasos, y las condenas, menos. Sin embargo, el encarcelamiento de nueve de los “actores materiales” de menor rango de los crímenes de la presa de Chixoy también sirve como prueba de la impunidad con la que actuaron los “autores intelectuales” de los crímenes.

Ni un solo militar de la cadena de mando, que ordenó y llevó a cabo las masacres de la presa de Chixoy, fue capturado, juzgado y condenado.

Ni un solo funcionario o responsable de programas del Banco Mundial y del BID fue sometido a ninguna investigación sobre el papel de los bancos en la asociación con los regímenes genocidas de Guatemala en la planificación y ejecución de todos los aspectos del proyecto, incluyendo el despojo ilegal de tierras, las masacres y los desplazamientos forzados.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Dado que sólo los “actores materiales” de bajo rango fueron declarados culpables de los crímenes de la presa de Chixoy, los supervivientes de Río Negro presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando impunidad y falta de acceso a la justicia.

Tras años de retrasos, manipulaciones por parte del gobierno guatemalteco y amenazas a los supervivientes de Río Negro que lideraban esta lucha por la justicia, el 20 de octubre de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al gobierno guatemalteco responsable de las masacres de la presa de Río Negro/Chixoy y le ordenó que

  • investigar legalmente las masacres;
  • enjuiciar a todos los autores materiales e intelectuales
  • continuar la búsqueda de los desaparecidos
  • realizar exhumaciones e identificar a las víctimas;
  • reconocer públicamente su responsabilidad;
  • construir infraestructuras y servicios básicos para los supervivientes de Río Negro en Pacux
  • implementar proyectos de rescate de la cultura del pueblo Maya Achí
  • proporcionar tratamiento médico y psicológico a las víctimas; y
  • pagar una indemnización a las familias supervivientes por los daños materiales e inmateriales sufridos.

Si bien esta sentencia de la Corte Interamericana es un importante logro de justicia parcial, la Corte no individualizó la responsabilidad: la sentencia no tuvo impacto en los autores intelectuales de los crímenes de la presa de Chixoy.

Además, la Corte Interamericana se negó a investigar las funciones y responsabilidades del BID y del Banco Mundial, reforzando su corrupción e impunidad.

Recién en 2019 el gobierno de Guatemala realizó los primeros pagos parciales a algunos de los miembros sobrevivientes de la familia de Río Negro, mientras que no cumplió con los demás términos de la sentencia de la Corte. Desde entonces, el gobierno se ha negado a pagar más fondos de reparación o a cumplir con cualquier otro requisito.

Campaña de reparación de la presa de Chixoy
Aunque no se trata de un proceso legal formal, la campaña de reparación de la presa de Chixoy es un logro importante, aunque inacabado. Tras años de exhumaciones y otros trabajos de búsqueda de la verdad, los supervivientes de Río Negro se unieron en 2004 a los demás pueblos desplazados por la fuerza y perjudicados por la violencia y los desplazamientos forzados de la presa de Chixoy para exigir una reparación integral.
  Aclaración: la sentencia de la Corte Interamericana se refiere a las masacres de Río Negro directamente relacionadas con el proyecto de la presa de Chixoy; la Campaña de Reparaciones se refiere a otras pérdidas y destrucciones causadas por el proyecto.  
Al igual que con el caso de la Corte Interamericana, sólo después de años de retrasos, manipulaciones y amenazas a los supervivientes que lideran esta lucha, el 8 de noviembre de 2014 el entonces presidente y ex general del ejército Otto Pérez Molina (ahora encarcelado por cargos de corrupción) se disculpó en nombre del régimen guatemalteco por las violaciones de los derechos humanos y los sufrimientos causados por el proyecto de la presa de Chixoy, y firmó el Decreto #378-2014, “la Política Pública de Reparaciones para las Comunidades Afectadas por la Construcción del Proyecto de la Presa Hidroeléctrica de Chixoy”.

A partir de 2022, el gobierno de Guatemala sólo ha realizado pagos parciales del monto total a pagar en compensación familiar y proyectos de reconstrucción para las comunidades perjudicadas y destruidas por el proyecto.

Una vez más, el Banco Mundial y el BID resistieron todas las presiones para ser incluidos en la investigación de la Campaña de Reparaciones. La impunidad y la corrupción de la “comunidad internacional” se reforzaron de nuevo.

Valor, dignidad y fuerza
40 años después, sólo se ha pagado una pequeña cantidad de reparaciones a algunas de las víctimas de la presa de Chixoy. No se ha hecho justicia a las funciones y responsabilidades de los autores intelectuales de los gobiernos, el Banco Mundial y el BID que promovieron, diseñaron, ejecutaron y se beneficiaron económicamente del proyecto.

Señalar la impunidad y la corrupción de los autores intelectuales y aprovechados de los crímenes del proyecto de la presa de Chixoy pone de manifiesto la enormidad de este problema humano global.

Hoy en día, en todo el planeta, los gobiernos, los llamados bancos de “desarrollo”, las empresas y otros inversores siguen adelante con proyectos de inversión, desplazando violentamente a las poblaciones y destruyendo los hábitats, violando una amplia gama de derechos individuales y colectivos, y devastando la Madre Tierra.

La presa de Chixoy fue uno de esos proyectos, quizá más mortífero, violento y destructivo que la mayoría.

TESTIMONIO: Canadian Mining in the Aftermath of Genocides in Guatemala
(La minería canadiense tras los genocidios en Guatemala)
En nuestro libro TESTIMONIO, incluimos artículos de Cyril Mychalejko y Nate Einbinder sobre las masacres de la presa de Chixoy/Río Negro, haciendo las conexiones directas entre la creación de esta fuente masiva de energía hidroeléctrica en los años genocidas de los 70 y 80, y la nueva ola de inversiones mineras lideradas por Canadá que comenzó en los 90 y principios de los 2000.

El Banco Mundial fue también -no es una sorpresa- uno de los primeros inversores más influyentes en la operación minera de lixiviación con cianuro a cielo abierto de Goldcorp Inc, una de las cuatro minas a gran escala documentadas en TESTIMONIO.
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Señalar la enormidad de la impunidad y la corrupción de los autores y aprovechados de los crímenes de la presa de Chixoy no lleva a nada, y de hecho pone de relieve el valor y la dignidad, la fuerza y la visión de los supervivientes de Río Negro.

Desde que conocí a Carlos, Jesús, Antonia, Bruna, Teodora, Cristóbal y otros supervivientes de Río Negro en 1994, me asombra su fuerza espiritual y su dignidad, su compromiso para reconstruir vidas, familias y comunidades, y su valiente e incesante lucha por la verdad y la justicia.

Desde 1994, Rights Action ha apoyado varios de los procesos de verdad, memoria y justicia, y proyectos de desarrollo y reconstrucción de la comunidad iniciados por los sobrevivientes de Río Negro. Nos comprometemos a seguir haciéndolo, y … a seguir exigiendo que el Banco Mundial y el BID rindan cuentas plenamente algún día, en algún tribunal, en algún país o universo que realmente crea en la justicia y la rendición de cuentas.
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Más información

Archivos – Masacres de la presa de Chixoy/Rio Negro
https://rightsaction.org/chixoydam-archives

TESTIMONIO: Canadian Mining in the Aftermath of Genocides in Guatemala
Editado por Catherine Nolin (Catherine.Nolin@unbc.ca) y Grahame Russell (grahame@rightsaction.org)

Martes 19 de abril, 6 pm, Cine-debate: El ciruelo

En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad,

Otros Mundos A.C.

Invita a su cine-debate:

“EL CIRUELO”

Martes 19 de abril de 2022, a las 18.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

ENTRADA LIBRE

En nuestra emisión del marzo del cine debate proyectaremos este documental sobre las terribles consecuencias de inundar territorios para contruir represas: como lo son los deplazamientos esta vez en Nayatrit, México. Acompáñanos este martes 19 de abril 6 pm en Kinoki San Cristóbal

Sipnosis:

Cuenta la historia de la desaparición bajo las aguas de un pequeño poblado de la sierra de Nayarit. El llenado de la presa de El Cajón inunda el viejo rancho mientras las familias desplazadas intentan habituarse a la vida en el Nuevo Ciruelo.

Les recordamos que la entra el libre, sin embargo hay que pasar a la taquilla de Kinoki por sus boletos ya que debido a la pandemia se controla el número de asistentes a las salas. Recuerden también seguir todas las medidas y usar correctamente el cubrebocas dentro de la sala

Las Abejas de Acteal se suma una vez más desde territorio tsotsil a la acción contra las represas y otros megaproyectos de muerte

Compartimos este pronunciamiento de La Sociedad Civil las Abejas de Acteal en el marco de las movilizaciones y acciones por el Día Internacional de Acción contra las Represas y en Defensa de los Ríos – A 14 de marzo de 2022

Hermanas y hermanos:

En este día, nuestra organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, se suma una vez más desde territorio tsotsil a la acción contra las represas y otros megaproyectos de muerte impuestos en territorios de los pueblos originarios por los ricos y poderosos, bajo el consentimiento y administración del mal gobierno de México.

Nuestra acción de hoy, se solidariza y apoya las luchas de otros pueblos que actualmente están amenazados sus tierras y territorios, sus ríos y manantiales de agua, sus bosques, la vida por defender la madre tierra. Y condenamos enérgicamente los asesinatos de las y los defensores de derechos humanos, ambientalistas y defensores de la vida en México y América Latina.

Actualmente, siguen activos construcciones de represas, existen 41 en Chiapas de las cuales 8 son hidroeléctricas (La Angostura, Peñitas, El Retito, Chicoasén, Malpaso, Bombaná, Bombaná II y Shpoiná). Sin embargo desde el año pasado tenemos conocimiento que en nuestro estado existen más de 90 proyectos en etapa de planeación, en Chiapas los pueblos y comunidades afectadas han manifestado claramente que dichos proyectos no los quieren en su pueblo, como el caso del rio Santo Domingo, pero tanto los gobiernos anteriores como el actual, se han tapado los oídos de la demanda de los pueblos o peor aún si la posibilidad de conocer las afectaciones ambientales, como es el caso del río Yaqui en Sonora, donde recientemente se encuentra suspendida una parte del distrito de riego que pretende el Plan de Justicia Yaqui.  Es por eso que en este día le decimos a Andrés Manuel López Obrador que respete a los pueblos y se detenga de obedecer a las empresas, a los ricos y poderosos como lo hicieron sus antecesores priistas y panistas.

Es indignante cómo los ricos y poderosos en la voz del gobierno dice que las represas, las supercarreteras, los aeropuertos, entre otros megaproyectos, son para el “progreso y desarrollo”. Pero, al mismo tiempo la gente que habita en ese lugar, que es su parcela o tierra en donde se construyen dichos megaproyectos, resulta que tienen que abandonar, quieran o no, pero, se tienen que desplazar de ahí. Entonces, ¿Dónde le toca ese beneficio, la gente humilde, pobre, indígena, campesino?

El gobierno actual que se pregona así mismo “de los pobres”, pero, cuando los pobres o sea el pueblo organizado, hacen uso de sus derechos colectivos para defender su territorio o su manantial de agua, los reprime.  Tal es el caso de la Casa de los Pueblos Altepelmecalli quienes el pasado 15 de febrero de este año, fueron desalojados por la Guardia Nacional, la policía estatal de Puebla y municipal de Juan C. Bonilla, de dónde fue la planta física de la empresa Bonafont, trasnacional que ha robado y sobreexplotado desde hace años los acuíferos de la región cholulteca.

En estos días, nuestras hermanas y hermanos de las comunidades zapotecas xidza de la Sierra Juárez, han denunciado que el gobierno de México pretende construir una supercarretera que dice comunicar las ciudades de Tuxtepec y Oaxaca, pero, dichas comunidades, han decidido no permitir la construcción de dicha obra y esperamos sea respetada su decisión de hacer valer su derecho básico a la libre determinación.

Porque vemos que en donde hay oposición y rechazo a algún proyecto neoliberal, son asesinados las y los ambientalistas, defensores de los derechos humanos y la vida. Así han sucedido con: Mariano Abarca de Chicomuselo, Chiapas, opositor de la minera canadiense Blackfire, Samir Flores opositor del Proyecto Integral Morelos. Tampoco olvidamos el crimen cometido en contra de Berta Cáceres de Honduras, por oponorse a la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el noroeste de Honduras, impulsada por la empresa nacional Desarrollos Energéticos (Desa).

Así mismo el asesinato cobarde de nuestro compañero y hermano Simón Pedro Pérez López, por denunciar la violencia generalizada aquí en Los Altos de Chiapas y por defender la Madre Tierra.

En verdad existe una guerra de los ricos y poderosos y el mal gobierno hacia los pueblos organizados, porque no paran de asesinarnos. Hace unos días nos enteramos que el defensor del medio ambiente en Chihuahua José Trinidad Baldenegro López, fue asesinado en la comunidad de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo; el activista era hermano de Isidro Baldenegro López, a quien también mataron por su defensa de los bosques en 2017.

Defender la Madre Tierra, defender la vida, criticar y oponerse abiertamente a la construcción de represas, privatización del agua y de los ríos y otros megaproyectos, nos puede costar la vida. Ahora, sólo hay que pensar y preguntarse: ¿Podemos vivir sin tierra para sembrar la milpa y el frijol? ¿Sin agua, se puede vivir?

Es por eso que invitamos a todas las personas quienes ven, miran y sienten como nosotros a que se organicen, es el momento de hacerlo, no lo hagan por nosotros, háganlo por sus hijas e hijos y por las nuevas generaciones que vienen.

¡Justicia para Berta Cáceres!

¡Justicia para Samir Flores!

¡Justicia para Mariano Abarca!

¡Justicia para Simón Pedro!

¡Justicia para todas y todos quienes han sido asesinados por defender la Madre Tierra!

Atentamente

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Imagen: Abejas de Acteal

Más información:

Conversatorio: Autonomía energética y alternativas desde los pueblos

En el marco de la Movida Global por los Ríos Y los Pueblos les invitamos a este conversatorio sobre la autogestión de la energía desde y para los pueblos que se llevara acabo este miércoles 22 de septiembre a las 10 hrs México por facebook live de Periódico Surcos

Más información:

Posicionamiento del COPINH ante reintegro como víctima en caso Fraude sobre el Gualcarque

Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el proceso del Juicio sobre el caso del Fraude del Gualcarque – A 25 de agosto del 2021

La Corte Suprema de Justicia reconoce condición de Víctima del COPINH y Río Blanco en caso de Fraude Sobre el Gualcarque.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), ante la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras que resolvió otorgando la acción de amparo presentada por el COPINH, para restituir los derechos como víctimas de la organización y de la comunidad indígena Lenca de Río Blanco en el caso denominado Fraude Sobre el Gualcarque, hace del conocimiento de la comunidad nacional e internacional lo siguiente:

  1. La sentencia de la Sala de lo Constitucional obliga a suspender el juicio en curso y a devolver el proceso judicial hasta la etapa en la que el COPINH fue excluido ilegalmente por la Corte de Apelaciones Anticorrupción. Exigimos que el tribunal que lleva el caso acate esta decisión.
  2. Saludamos la decisión de la Sala de lo Constitucional, que de manera unánime reintegra el derecho de las comunidades y organizaciones indígenas a ser reconocidas como víctimas de los casos de corrupción y de participar en todas las etapas de los procesos jurídicos que les afecten.
  3. Esta resolución es una victoria trascendental para todas las organizaciones y comunidades indígenas en Honduras puesto que reconoce el derecho a participar de los procesos judiciales donde se han violado los derechos de las comunidades.
  4. Agradecemos a las organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos por el acompañamiento constante que ha logrado evidenciar los derechos de las comunidades indígenas.

¡Ya nos lo dijo el río, vamos a triunfar!

“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz”

Dado a los 25 días del mes de agosto de 2021 en la ciudad de Tegucigalpa.

Imagen: COPINH

Más información:

Presa de Malpaso, la obra histórica que dejó sin voz ni voto a la población de Quechula, Chiapas

Compartimos esta nota de Chiapas Paralelo sobre a construcción de la represa Malpaso y el desplazamiento forzado de la población de Quechula- A 5 de agosto del 2021

Presa Netzahualcóyotl (Raudales Malpaso) uno de los complejos hidroeléctricos más grande del país. Cortesía: Es momento Chiapas.

*La intervención en un territorio mediante la construcción de obras hidráulicas provocaron dinámicas de apropiación no planificadas y en consecuencia, nuevos territorios en constante transformación por parte de los actores involucrados: territorios para construir, para trabajar, para permanecer y para vivir, señalaron investigadoras.

Por Redacción Alma Martínez

Cinthia Niño Maldonado, licenciada en Historia por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) y Edith Kauffer, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Aix-Marseille, realizaron un artículo titulado “Dinámicas territoriales en torno a la construcción de la presa Malpaso, Chiapas (1960-2011): construir, trabajar y permanecer”, publicado en la revista Sociedad y Ambiente en el 2020.

Las autoras realizaron una búsqueda de documentación generada entre 1960 y 2011 acerca de la construcción de la presa Malpaso y del campamento CORSA: documentos oficiales, informes de gobierno y periódicos. En paralelo, realizaron entrevistas que les permitieron recrear las dinámicas de apropiación de los distintos actores y realizaron recorridos en la central hidroeléctrica y en el poblado.

La presa Netzahualcóyotl, mejor conocida como presa Malpaso se encuentra ubicada en el noroeste de Chiapas. Al norte, colinda con el estado de Tabasco; al sur, con el municipio de Ocozocoautla; al este, con el municipio de Tecpatán, y al oeste, con el estado de Oaxaca.

Fue construida entre 1960 y 1964, por las compañías constructoras del Consorcio Raudales S.A. (CORSA). La construcción de todo el complejo se realizó en dos etapas: la primera comprendió la construcción de la presa, la cual estuvo a cargo del Consorcio Raudales, y la segunda, la edificación de la central hidroeléctrica, realizada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Al ser empresas totalmente mexicanas las que participaron en su construcción, la presa fue considerada un orgullo de la ingeniería mexicana. Y se distribuyó un discurso que pretendía enaltecer el orgullo de la población chiapaneca que ponía a disposición de la federación elrío Grijalva como recurso natural.

En 1951, por decreto presidencial, fue creada la Comisión del Río Grijalva (CRG), organismo que tenía como objetivo construir presas de almacenamiento para el control de inundaciones, encauzamiento de corrientes y generación de energía hidroeléctrica, con el fin de llevar el “progreso y el desarrollo” a la cuenca del río Grijalva.

Las autoras explicaron que para la CRG, la región comprendida dentro de la cuenca estaba inmersa en un atraso económico y social, debido a las inundaciones provocadas por el río Grijalva y por la insalubridad derivada de la ausencia de un desagüe natural. Por ello, para lograr un desarrollo acelerado había que fomentar la industrialización y ampliar todas las obras de infraestructura.

El 19 de abril de 1963 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que declaraba y expropiaba por causa de utilidad pública 52 760 hectáreas para la construcción y embalse de la presa Malpaso. Desde la perspectiva de la CRG, los ríos Grijalva y Usumacinta estaban desaprovechados y había que usarlos.

La CRG ejerció sus competencias a partir del acuerdo de la construcción de la obra y se concretó mediante el decreto de expropiación que le permitió ejercer su autoridad y disponer del territorio para convertirlo en propiedad federal, explicaron las autoras.

Presa Malpaso
Foto: IngGeofisico

La edificación de la presa Malpaso provocó la movilización de trabajadores y sus familias, que llegaron de otras partes del país hacia el sitio de trabajo para incorporarse a la obra, lo que requirió la construcción de servicios públicos para satisfacer las necesidades básicas de esta población considerada de tipo flotante por el gobierno federal.

Además, al territorio ingresaron trabajadores tanto calificados como no calificados: ingenieros, directivos, técnicos, administrativos, profesores y obreros especializados y no especializados, procedentes en su mayoría de diversas partes del país.

De acuerdo con las autoras, la población de las localidades cercanas no fue empleada en la construcción de la obra debido a las especificidades de los empleos y a las características de los habitantes del área, quienes se dedicaban a la agricultura.

Agregaron que, se desconoce la cantidad de personas que fueron desplazadas por la construcción de la presa, pero algunos estiman que era poca población distribuida en una tierra considerada como extensa y por lo tanto desde la visión del Estado, les permitió evitar un conflicto agrario en dicho lugar.

Algunos campesinos no aceptaron una reubicación por una cuestión de relación afectiva con el territorio, o porque no lograron concluir los trámites necesarios para la restitución de sus tierras y perdieron su casa y terrenos.

No nos pagaron, ni a mi papá, a nadie nunca nos pagaron. Mi papá perdió mucho cacao, cafetal, todo eso, lo que ellos cosecharon, y nunca les pagaron, señaló un entrevistado.

De acuerdo con las actas realizadas por el personal de la CRG, todos los predios que fueron afectados por la construcción de la presa fueron contabilizados e indemnizados. Sin embargo, para tomar posesión de la casa y cobrar el finiquito de la indemnización, los habitantes tenían que realizar los trámites que aunados al hecho de que la mayoría de los desplazados no sabía leer o escribir, impidieron un seguimiento.

Las autoras señalaron que la población local que vivía en el área cercana antes de la construcción de la presa fue afectada directamente por la edificación de la obra y se convirtieron en actores de su propio proceso de territorialización.

Los habitantes de Quechula, pueblo inundado por el embalse fueron relocalizados en un nuevo territorio que habitaron después de la inundación y que responde al nombre de “Raudales Malpaso”, pueblo que surgió junto con la construcción de la presa.

Otros habitantes se posesionaron de las casas-habitación que había dejado el CORSA en 1963, cuando los trabajadores de dicha compañía fueron liquidados al concluir la construcción de la presa, porque consideraron que era el espacio del cual habían sido desposeídos, y que era lógico volver a instalarse en él.

Al quedar inundado el pueblo de Quechula, el espacio del antiguo campamento presentóun carácter de sustitución, pero es de sumo interés la visión de recuperación que animó a estos desplazados que se negaron al reasentamiento en los lugares lejanos, expresaron las autoras.

El templo de Quechula es una ruina en medio del Río Grijalva. Cortesía: Corazón de Chiapas.

En 1970 se conformó El Comité pro-desarrollo político, económico y social de Raudales Malpaso, que proponía la creación de un nuevo municipio que tendría como características:que a la Población de Raudales Malpaso se les reconociera y se les otorgara como límites legítimos los que tuvo el antiguo Municipio de Quechula.

También que se les llamara únicamente Malpaso, siendo dicha población la cabecera municipal, y que a todo el municipio se le designara con el nombre de “Nuevo Quechula de Juárez,”. Sin embargo, su reivindicación no fue atendida, ni aprobada por el Congreso del estado de Chiapas.

Aunque el gobierno del estado no reconociera su territorio como un municipio libre, los habitantes ya habían ejercido una apropiación territorial, caracterizada por su instalación en el campamento que había sido construido específicamente para los trabajadores de la presa, explicaron las autoras.

El 14 de noviembre de 2011, en sesión extraordinaria, el ejecutivo del estado de Chiapaspropuso ante el Congreso del estado la creación del municipio de Mezcalapa (rebautizó a “Malpaso”). A esto le siguió una controversia constitucional que obstaculizó el reconocimiento y, por ende, el apoyo económico de la federación hacia este nuevo municipio.

Las autoras concluyen en que en el 2018, los actuales habitantes de “Mezcalapa”, expresaron abiertamente a través de los medios de comunicación que querían recuperar el nombre de “Malpaso” como municipio y rechazaron rotundamente el otro nombre.

A pesar de los años transcurridos, el sentimiento histórico de no ser escuchados, ni tomados en cuenta sigue latente, señalaron las autoras.

Imagen: El templo de Quechula es una ruina en medio del Río Grijalva. Cortesía: Corazón de Chiapas.

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Inicia juicio Fraude Gualcarque violando los derechos de las víctimas

Compartimos el comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares en Indígenas COPINH sobre – A 23 de agosto del 2021

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Ante el inicio del juicio oral y público del caso denominado “Fraude Sobre el Gualcarque” el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) comparte lo siguiente:

  1. La comunidad indígena de Río Blanco, organizada en el COPINH, una vez más ve violentados sus derechos. Ahora el Estado de Honduras niega la condición de víctima a quienes han sufrido de la violencia y muerte del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
  2. El artículo 17 del código procesal penal nos da el derecho de participar como víctimas en este proceso, al ser la comunidad y organización directamente afectadas por la corrupción de dicho proyecto.
  3. Los convenios y estándares internacionales reconocen a las víctimas de los casos de corrupción, el sistema de justicia de Honduras ha fallado una vez más a las comunidades indígenas.
  4. Los permisos y licencias fraudulentas que permitieron el funcionamiento del ilegal proyecto Agua Zarca, son el origen del asesinato de Berta Cáceres, los funcionarios públicos responsables deben ser condenados por estos crímenes.
  5. El COPINH demanda que sean enjuiciados y condenados los principales beneficiarios del fraude del proyecto Agua Zarca; la familia Atala Zablah.
  6. Las comunidades Lencas exigimos que el sagrado Río Gualcarque sea liberado, y que se cancele de manera inmediata y definitiva la concesión ilegal que lo ha oprimido por más de una década.

“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz”

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 23 días del mes de agosto de 2021.

Imagen: COPINH

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Posicionamiento ante Visita del Presidente de México a Temacapulín, Jalisco: Un hecho histórico para nuestros pueblos y un triunfo para la resistencia

Compartimos este pronunciamiento del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, IMDEC, MAPDER – A 16 de agosto del 2021

Temacapulín, Jalisco. 16 de agosto de 2021

Las comunidades campesinas de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, ubicadas en los Altos de Jalisco, agradecemos la visita del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, a nuestro territorio, el pasado sábado 14 de agosto. Visita que consideramos un hecho histórico para nuestros pueblos y un triunfo para la resistencia, que durante 16 años hemos mantenido en defensa de nuestro río Verde, territorio, agua y derechos humanos.

Valoramos que los pueblos ganan, con los resultados obtenidos en la visita, y que representan un triunfo para nuestra resistencia, por los siguientes motivos:

1.Se logra la cancelación del Acueducto Zapotillo -León, una de las tres obras que contempla el Sistema Zapotillo. 

2.Se muestra voluntad política para presentar a las comunidades una alternativa que respete nuestra postura no negociable: LA NO INUNDACIÓN DE TEMACAPULÍN, ACASICO Y PALMAREJO.

3.Se refrenda el compromiso y la palabra empeñada del Presidente con los pueblos desde que era candidato, y ahora como mandatario se compromete a respetar nuestra decisión. La última palabra sobre el futuro de la Presa El Zapotillo la definirán las comunidades: ¡EL PUEBLO MANDA!.

Estos logros sin duda abren una nueva etapa en la lucha de las comunidades. Sin embargo,  no resuelven de manera equitativa, integral y sustentable el problema de abastecimiento de agua en la región. Tampoco solucionan el conflicto socio ambiental ocasionado por el Sistema Zapotillo- Acueducto Zapotillo León – Presa Derivadora El Purgatorio. Por lo que quedan las siguientes tareas y pendientes aún por resolver:

a)La propuesta que presentará la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), próximamente  a las comunidades, para su valoración, debe garantizar no solo la no inundación de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, si no, la garantía y seguridad de que los pueblos no quedarían en riesgo, frente a situaciones extraordinarias o errores en la regulación de la infraestructura hidráulica.

b)El proyecto debe ser sometido a una auditoría técnica y financiera, exigencia que se le presentó al Presidente López Obrador, en su visita a Temacapulín.

c)La definición desde las comunidades de un plan para la reparación integral de los daños ocasionados por el Sistema Zapotillo, con garantías y medidas de no repetición, así como las disculpas públicas que el Estado Mexicano debe dar a las comunidades.

d)Los pueblos tenemos el ¡DERECHO A DECIR NO!.  De ninguna manera aceptaremos que se nos responsabilice por la inversión derrochada en la obra, por las deficientes políticas hídricas implementadas en las ciudades y el desabasto del agua.

Coincidimos con el Presidente López Obrador: el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, el pueblo es sabio, sabe bien lo que le conviene y lo que no le conviene”, y por ello, como pueblos sabios tenemos la libertad y el derecho de articularnos con otras luchas, de ser acompañados y asesorados por quienes nosotros decidamos y elijamos.

#LosPueblosDeciden

#LosPueblosNoSeInundan

Imagen: Visita del Presidente de México a Temacapulín – Somos el Medio

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La Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (IHA), Viola los Derechos de los Ríos

Comunicado de Otros Mundos sobre los derechos de los ríos en el marco del Congreso de HIdroenergía en Costa Rica próximo a realizarse y sumándose a la Movida Global por los Ríos y los Pueblos – A 11 de Agosto del 2021 >>Descargar comunicado en pdf<<

Millones de personas en el mundo han sido despojados de sus viviendas y medios de vida por la
construcción de las represas. Incluso quienes resistieron han sido asesinados como nuestra amiga Berta
Cáceres en Honduras en 2016. Pero así muchas más defensoras y defensores de los Ríos, sus
comunidades, al agua, sus ecosistemas, se les ha arrebatado la vida en pos del supuesto desarrollo que
ha conllevado devastación, inundaciones, apropiación de territorios indígenas y campesinos, pérdida de
bosques y biodiversidad.

Pese a todo ello, la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (IHA) convoca al Congreso
Mundial de Energía Hidroeléctrica del 7 al 24 de septiembre de 2021 en Costa Rica donde se pretende
afianzar el discurso y las políticas que favorezca la construcción de más represas, un negocio lleno de
corrupción, bajo el argumento de que con el uso de la energía renovable, las represas son energía
limpia, verde, sustentable, ecológica y con empresas constructoras “socialmente responsables”. Sin
embargo, el agua de los ríos como fuente renovable no se hace sustentable con la tecnología del
Modelo Extractivo que se le impone. Hoy por hoy, las represas y su fuente de energía cada vez más
intermitente por el Calentamiento Global, son ya insustentables.

Sin embargo, los pueblos levantan su voz para manifestarse contra este Modelo Extractivo que viola los
Derechos de la Naturaleza y en especial los Derechos de los Ríos, y vitar que sean intervenidos con el
fin de mantenerlos vivos para darle vida al Planeta.

Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México se suma a la llamada “MOVIDA GLOBAL POR LOS
RÍOS Y LOS PUEBLOS” para exigir un alto a la construcción de las represas, a la muerte de los ríos y
del Planeta, e impulsar otras formas de vida con modelos de energías desde los pueblos, donde los
Derechos de los Ríos y el Derecho a la Vida estén por encima de los intereses particulares y de lucro de
las grandes corporaciones constructoras de represas. Nuestro Planeta grita que encontremos otros
horizontes que nos permitan transitar a otros mundos posibles y detener la destrucción y el
Calentamiento Global.

¡Ríos para la Vida!

Otros Mundos AC/Chiapas-Amigos de la Tierra México

>>Descargar comunicado en pdf<<

Imagen: Río Cacaluta en Acacoyagua, Chiapas – Otros Mundos

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Firma carta sobre incorporación de COPINH a caso Fraude Gualcarque

Compartimos esta carta petición del Consejo Cívico de Organizaciones Populares en Indígenas de Honduras COPINH – A 2 de agosto del 2021

Solicitud de incorporación del COPINH y la comunidad Lenca de Río Blanco como víctima del caso de corrupción sobre la concesión Del Río Gualcarque en Honduras

Sala de lo Constitucional.
Corte Suprema de Justicia de Honduras.

>>Firma aquí<<

En fecha 4 de noviembre de 2019, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, a través de sus apoderados legales, interpuso una acción de amparo para la protección constitucional de los derechos a la justicia, el debido proceso, y derechos fundamentales de los pueblos indígenas contemplados en instrumentos internacionales. Esto debido a la decisión de excluirles como víctimas, por parte de la corte de apelaciones en fecha 28 de agosto de 2019, del proceso denominado “Fraude Sobre el Gualcarque” que se desarrolla en el circuito anti corrupción.

El caso de Fraude Sobre el Gualcarque desarrollado por la Unidad Fiscal Especializada en Contra de Redes de Corrupción, UFERCO, en contra de funcionarios públicos por suponerlos responsables de delitos de corrupción y conexos en actos para la aprobación de permisos y licencias para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca a desarrollarse sobre el Río Gualcarque de la comunidad indígena Lenca, es reconocido nacional e internacionalmente debido a sus implicaciones en materia de corrupción, respeto de derechos de las comunidades indígenas así como en temas de empresas y derechos humanos.

La comunidad Lenca de Río Blanco junto al COPINH han denunciado en reiteradas ocasiones que los actos de corrupción con los que pretendidamente se autorizaron permisos y licencias para la operación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos, DESA, fueron el origen de una serie de acciones de violencia, estatal y no estatal, que han sufrido durante más de 10 años. Dentro de estos actos violentos se han denunciado la vulneración al derecho de consulta previa de las comunidades indígenas, amenazas de muerte, ataques armados, robo de tierras y asesinatos, incluyendo los asesinatos de Tomás García y Berta Cáceres.

Reconocemos que la norma interna hondureña en el código procesal penal en su artículo 17.3 establece el derecho de las sociedades civiles a ser reconocidas como víctimas, así como lo reconocen los instrumentos internacionales de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, la Declaración sobre los Principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder de la asamblea general de Naciones Unidas, y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Lo anterior ha sido ampliamente expuesto en los tres Amicus Curiae incorporados en el proceso por parte de las organizaciones expertas internacionales de Abogados Sin Fronteras Canadá, ASFC y la Universidad de Quebec, la Fundación para el Debido Proceso, DPLF, y la Federación Internacional de Derechos Humanos. https://n9.cl/d5vk9

Hemos tenido conocimiento de la convocatoria para el inicio del juicio para la fecha del 17 de agosto del presente año, lo cual implica un corto periodo de tiempo para la incorporación de las víctimas en el proceso. El inicio del juicio de Fraude sin la resolución del recurso de amparo interpuesto por la organización del COPINH significa la pérdida del derecho y pondría en duda el funcionamiento de la acción de amparo como garantía de derechos.

Las organizaciones abajo firmantes, por lo anterior, exhortamos a esta honorable sala de lo constitucional a:

1. Resolver de manera expedita y en el marco de la legalidad la acción de amparo interpuesta por la organización del COPINH del pueblo indígena Lenca antes del inicio del juicio del caso Fraude Sobre el Gualcarque.

2. Tener en consideración para la resolución los instrumentos internacionales en materia de corrupción y derechos humanos, así como de pueblos indígenas.

3. Tener en consideración los amicus curiae introducidos por las organizaciones expertas internacionales Abogados Sin Fronteras Canadá, ASFC y la Universidad de Quebec, la Fundación Para el Debido Proceso, DPLF y la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH.

Cordialmente.

>>Firma aquí<<

Imagen: Río Gualcarque – COPINH

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Oaxaca: Jaime Jiménez Ruíz otra víctima más de la violencia incontrolable contra defensores del territorio

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre otro asesinato más en Paso de Reyna, Oaxaca – A 31 de marzo de 2021

El pasado 28 de marzo fue asesinado cobardemente el compañero Jaime Jiménez Ruiz, quien fuera parte del Movimiento por la Defensa del Río Verde. Con él ya suman 5 asesinados en lo que va del año en esta comunidad ejidal de Paso de la Reyna, Municipio de Jamiltepec, Oaxaca y 26 asesinados en los últimos 4 años en este Estado.  El 23 de enero fue asesinado Fidel Heras Cruz miembro del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) que desde hacía 14 años había dedicado su vida a defender su territorio. El 14 y 15 de este mismo mes Raymundo Robles Riaño suplente del agente municipal, Noel Robles Cruz, y Gerardo Mendoza Reyes, todos miembros de la comunidad ejidal de Paso de la Reyna fueron asesinados.

Tanto Jaime Jiménez, como Fidel Heras Cruz eran pilares en la lucha contra proyectos extractivos e hidroeléctricos que han pretendido acabar con el Río Verde, principalmente los proyectos hidroeléctricos como el de la Presa Paso de la Reyna y Río Verde, así como la extracción de material pétreo.

A pesar de que la comunidad ha denunciado a grupos y familias caciquiles en diferentes momentos, ni las autoridades locales, ni federales han emprendido medidas para acabar con la violencia que se ha estacionado en esta comunidad, de hecho, hasta el momento todos estos crímenes han quedado impunes.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) condenamos este cobarde asesinato. Enviamos toda nuestra solidaridad a la familia y amigas/os de Jaime Jiménez Ruíz, al Movimiento por la Defensa del Río Verde, así como al COPUDEVER y la organización Servicios para la Educación (EDUCA).

Nos unimos a la exigencia de medidas cautelares que salvaguarden la integridad de la comunidad ejidal de Paso de la Reyna, así mismo exigimos a la Fiscalía General del Estado y de la República emprendan las investigaciones necesarias para capturar y castigar a los responsables no solo de este asesinato, sino de todos los que han quedado impunes en esta comunidad.

¡BASTA YA DE VIOLENCIA E IMPUNIDAD!

¡JUSTICIA PARA LA COMUNIDAD DE PASO DE LA REYNA!

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: COPUDEVER

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COPINH se pronuncia ante el juicio contra David Castillo

Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el juicio contra David Castillo en el caso #JusticiaParaBerta – A 6 de abril de 2021

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, la familia de Berta Cáceres y el equipo legal de la causa, ante el inicio del juicio contra el imputado David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres, hace del conocimiento de la comunidad nacional e internacional lo siguiente:

  1. El juicio contra David Castillo debe ser tan solo el inicio del proceso de juzgamiento de las personas involucradas en el crimen, que debe proseguir para quienes son sus jefes, los señores Daniel Atala Midence, Jacobo Atala, Pedro Atala y José Atala.
  2. El asesinato de Berta Cáceres tuvo su origen en los actos de corrupción con los cuales fue otorgada la concesión del sagrado Río Gualcarque. Actos que se exponen en el caso Fraude sobre el Gualcarque del cual el COPINH sigue estando excluido.
  3. La prueba que existe en contra del imputado David Castillo es contundente e irrebatible para comprobar su participación en el crimen contra Berta y otros delitos.
  4. En juicio se comprobarán los ataques y agresiones sistemáticas en contra de Berta Cáceres, la comunidad Lenca y el COPINH como represalia a su labor en la defensa y reivindicación de derechos.
  5. Confiamos en que el resultado de este juicio será una sentencia condenatoria en un proceso que cumpla con todos los estándares del debido proceso.
  6. La búsqueda de justicia para Berta Cáceres es parte del Pacto de la Verdad al que estamos comprometidos y comprometidas ante la existencia de un pacto de impunidad en Honduras.
  7. La verdad que se conocerá contribuirá a romper la barrera de la impunidad sobre los casos de crímenes contra pueblos indígenas, activistas sociales y defensores y defensoras de los bienes de la naturaleza.
  8. Denunciamos, una vez más, la falta de voluntad política del Ministerio Público para el avance en la búsqueda de la justicia integral de la Causa Berta Cáceres.
  9. Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a seguir fortaleciendo las alianzas para la lucha por un sistema de justicia independiente en Honduras y que la Causa Berta Cáceres sea un precedente de verdad y reparación para los pueblos.

Dado a los 6 días del mes de abril de 2021 en la ciudad de Tegucigalpa

6.4.21-Pronunciamiento-Inicio-Juicio-DC-ESP

Imagen: Área de Comunicación del COPINH

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