La defensa del Río Atenco es una decisión de los pueblos, no una imposición externa

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco – A 27 de febrero de 2026

El pasado 3 de febrero, se envió una carta a Claudia Sheimbaum y diferentes autoridades involucradas en el Plan Nacional Hídrico, firmada por 79 organizaciones, nacionales e internacionales, que solicitan la cancelación del proyecto de la presa Milpillas en los Municipios de Jiménez del Teúl y Sombrerete en el Estado de Zacatecas[1].

La firma de las organizaciones reconoce la lucha por la defensa del río que ha sido sostenida por más de 10 años por  el Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco integrado por los Ejidos de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales, además de integrantes de la cabecera municipal de Jiménez del Teul.

Frente a este respaldo amplio, el gobierno del Estado de Zacatecas respondió que “la REMA ha sido opositora a varias presas, me parece irracional”[2] sugiriendo así   que por encima de las 79 organizaciones firmantes,  es la REMA quien no quiere la presa Milpillas . Con esta declaración intentan minimizar el amplio respaldo y la fuerza de las comunidades que reiterada y claramente han rechazado el proyecto en un acto de ejercicio legítimo a la autodeterminación.

La oposición a la presa  nace en las asambleas ejidales, nace de las y los habitantes que han cuidado históricamente el Río Atenco y que comprenden con absoluta legitimidad lo que está en juego: su agua, su tierra, su forma de vida y su derecho a decidir sobre su futuro.

El Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, es miembro de la REMA, por lo tanto, cuando se refieren a la REMA, también se refieren al Movimiento que está siendo acompañado por muchas otras organizaciones nacionales e internacionales. Es un proceso organizativo comunitario que es autónomo, la labor de las organizaciones aliadas ha sido documentar, visibilizar y respaldar la defensa del territorio frente a un proyecto que carece de sustento técnico, ambiental y social.

El proyecto Presa Milpillas presenta inconsistencias graves que han sido señaladas por múltiples actores:

  • La Manifestación de Impacto Ambiental ha sido señalada por omisiones sustanciales respecto a impactos, afectaciones a ecosistemas y consecuencias sociales[3].
  • No existe evidencia pública que demuestre viabilidad técnica y financiera integral del proyecto a largo plazo.
  • No garantiza el derecho humano al agua de las comunidades de la cuenca; por el contrario, prioriza el trasvase hacia corredores urbanos e industriales.

Pretender reducir la oposición social a la influencia de una organización es, con dolo y mala fe, desconocer deliberadamente las múltiples asambleas ejidales en las que se ha rechazado el proyecto, así como las actas y posicionamientos públicos que documentan esa decisión colectiva por más de 10 años, también.

Otra cuestión que es importante señalar es que la imposición del proyecto de la presa, eso que el titular del gobierno del estado y funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno llaman “socialización del proyecto”, ha significado violencia para las personas defensoras del territorio a través del hostigamiento, la estigmatización pública, los intentos de división comunitaria, las presiones políticas y las descalificaciones desde el poder. En este entendido, la narrativa oficial que culpa a terceros y deslegitima la organización comunitaria, se suma a los factores que incrementan el riesgo para quienes ejercen el derecho humano a defender los derechos humanos, contraviniendo así los acuerdos internacionales ratificados por el Gobierno de México, que lo obligan a garantizar la participación pública en asuntos ambientales y la protección de personas defensoras.

La defensa del Río Atenco no es un capricho ni una manipulación externa, es el ejercicio legítimo del derecho a la libre determinación, al territorio, al agua y a un medio ambiente sano. En lugar de descalificar el proceso de defensa, el gobierno del estado debería responder con información pública verificable, estudios técnicos independientes y mecanismos reales de participación. Si el proyecto fuese viable y tuviera el respaldo social, sus promoventes no necesitarían desacreditar a quienes lo cuestionan.

Desde la REMA reconocemos la valiente y digna lucha del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco y a las comunidades que han decidido, de manera soberana, defender su cuenca.

La discusión no debe centrarse en señalar culpables externos, sino en responder a una pregunta fundamental: ¿por qué, si el proyecto es tan benéfico como se afirma, las comunidades directamente afectadas lo rechazan de manera contundente?

Un patrón histórico en la imposición de las presasen México, en la construcción de grandes presas ha seguido un patrón reiterado que ha sido ampliamente documentado. El Dictamen de la “Pre-audiencia Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad” del Tribunal Permanente de los Pueblos, concluyó que existe un proceso sistemático de violaciones a derechos humanos antes, durante y después de la construcción de presas, acompañado por desinformación, falta de respeto al consentimiento de las comunidades acerca de los proyectos y criminalización de la protesta.

La respuesta no está en la REMA.

Está en el territorio.


[1] REMA (febrero 2026). Carta a autoridades | Organizaciones y comunidades alertan sobre violaciones a derechos humanos y exigen la cancelación del proyecto Presa Milpillas.

[2] Ver entrevista en Sizart Noticias: https://www.facebook.com/reel/1622997692466336

[3] REMA (febrero 2026). Vidéo Exigimos no se apruebe la MIA Milpillas

Revisa la carta completa en: https://www.remamx.org/2025/11/especialistas-y-comunidades-del-rio-atenco-llaman-a-firmar-carta-a-semarnat-sobre-la-mia-2025-de-la-presa-milpillas/

Imagen: Río Atenco Libre Foto: Adolfo Vladimir

Zacatecas: Organizaciones y comunidades alertan sobre violaciones a derechos humanos y exigen la cancelación del proyecto Presa Milpillas

Compartimos esta carta de diversas organizaciones sobre la defensa del río Atenco ante el proyecto de represa Milpillas – A 3 de febrero de 2026

A la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos

Al C. David Monreal Ávila Gobernador del Estado de Zacatecas

A los Gobiernos Municipales de Jiménez del Teul y Sombrerete, Zacatecas

Al C. Efraín Morales López Titular de la Comisión Nacional del Agua

Al C. Víctor Suárez Carrera Titular de la Procuraduría Agraria

A los Gobiernos Municipales de Jiménez del Teul y Sombrerete, Zacatecas

Las organizaciones nacionales e internacionales firmantes, todas defensoras de los derechos humanos, manifestamos nuestra profunda preocupación por la continuidad del proyecto de la presa Milpillas en los municipios de Jiménez del Teul y Sombrerete, Zacatecas, el cual ha sido promovido como proyecto prioritario en el Plan Nacional Hídrico 2024–2030.

Este proyecto pretende desviar aproximadamente el 92% del caudal del Río Atenco, lo que implicaría la devastación irreversible del ecosistema, la destrucción de los medios de vida de las comunidades ribereñas y la afectación grave al derecho humano al agua, al territorio, al medio ambiente sano, a la alimentación, a la salud y a la vida digna, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en tratados internacionales ratificados por México.

Los núcleos agrarios de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales han manifestado, durante más de diez años, su rechazo firme, libre e informado al proyecto, ejerciendo legítimamente su derecho a la autonomía, a la libre determinación y a la propiedad social, conforme al Artículo 2º Constitucional, la Ley Agraria, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Tradicionales.

La promoción del proyecto ha estado acompañada por un patrón documentado de hostigamiento, coacción, intimidación y criminalización, que incluye, entre otras prácticas:

  • Condicionamiento de programas sociales, servicios básicos y obras públicas;
  • Intimidación directa a ejidatarias, ejidatarios y defensoras y defensores del territorio;
  • Amenazas, campañas de odio, difamación y estigmatización pública;
  • Despidos injustificados vinculados a la defensa del territorio;
  • Divulgación indebida de datos personales;
  • Hackeo, extorsión digital y vigilancia;
  • Negativa de atención institucional a comunidades agrarias;
  • Provocaciones deliberadas para generar confrontación social;
  • Uso de fuerza policial, hostigamiento y persecución por parte de la Guardia Nacional.

Estas acciones constituyen violaciones graves a los derechos humanos, y podrían configurar responsabilidad administrativa, penal y estatal, además de vulnerar los estándares internacionales de protección a personas defensoras.

Durante más de una década, las comunidades han vivido en un estado permanente de zozobra, miedo e incertidumbre. Niñas, niños y adolescentes presentan afectaciones psicoemocionales, trastornos del sueño y temor por su futuro. Comunidades ribereñas han denunciado restricciones en servicios de salud, incluso en el acceso a vacunas esenciales, así como amenazas de cobro por el uso tradicional del agua del río, lo cual resulta inaceptable y contrario al principio del derecho humano al agua.

Se señala con especial preocupación el actuar de la Procuraduría Agraria en Zacatecas, la cual ha dejado de cumplir su mandato constitucional de defensa de los derechos de los sujetos agrarios, para convertirse en promotora del proyecto, condicionando la atención institucional y vulnerando la autonomía ejidal.

Denunciamos la actuación del C. Francisco Pérez Compeán, cuya conducta ha sido señalada reiteradamente por los ejidos como injerencista, parcial y contraria a los principios de legalidad, imparcialidad y respeto a la libre determinación, sin que hasta ahora exista respuesta efectiva a las quejas presentadas.

Investigadores de la Unidad de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas han demostrado la inviabilidad técnica, científica y económica del proyecto para resolver la crisis hídrica de la región, señalando que el déficit de los acuíferos supera los 262.5 millones de metros cúbicos anuales, mientras que la presa apenas aportaría 41 millones de metros cúbicos, lo que implicaría la necesidad de al menos siete presas adicionales para cubrir la demanda mínima.

Asimismo, han propuesto alternativas sustentables y más eficientes agrupadas bajo el concepto del “Camino Suave del Agua”, que prioriza la eficiencia en el uso del recurso, la restauración ecológica, la justicia hídrica y el bienestar social, con menor costo económico y menor impacto ambiental.

El proyecto, con un costo estimado superior a los 9 mil millones de pesos, representa una decisión financieramente injustificada, ambientalmente destructiva y socialmente regresiva.

Ante la gravedad de los hechos, EXIGIMOS:

  1. La cancelación definitiva e inmediata del proyecto de la presa Milpillas.
  2. La apertura de una investigación administrativa y penal contra el C. Francisco Pérez Compeán, representante de la Procuraduría Agraria en Zacatecas.
  3. La investigación al presidente municipal de Jiménez del Teul, C. Daniel Cisneros Esparza, por la negativa de atención institucional y el condicionamiento de servicios públicos.
  4. La revisión integral del estado de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Mecanismo de Protección y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el fin de garantizar verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.

Advertimos que las organizaciones firmantes permanecemos atentas a la escalada de presión y riesgo que enfrentan las comunidades. Centro de Apoyo Solidario Documentación y Estudio AC Responsabilizamos al Estado mexicano, encabezado por la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, de cualquier agresión, acto de violencia o violación a los derechos humanos que ocurra en los territorios o contra las personas defensoras.

Reiteramos que la defensa del agua, del territorio y de la vida no es un delito, sino un derecho legítimo y una obligación ética.

Atentamente

Organizaciones convocantes 

Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)

Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas 

Organizaciones, comunidades, colectivos, redes y personas firmante

Aquelarre Zacatecas

Agrupación Un Salto de Vida

Asamblea de la Comunidad Indígena Chontal El Coyul

Asamblea de la Comunidad Indígena de Jalapa del Marqués

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT

Asociación Ecológica Santo Tomás, A.C.

Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan A.C

Bcsicletos Colectivo de Ciclismo Urbano

Bienestar Cicacalco

Bios Iguana A.C.

CartoCrítica, A.C.

Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño

Centro de Derechos Humanos – Espacios para la Defensa, el Florecimiento y Apoyo Comunitario (CDH-ESPADAC)

Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental

Centro de Investigación y Capacitación Rural (CEDICAR)

Colectiva Amo Ximayahue Kan Nin Tlen Nechtlakaita (Morelos)

Colectiva Feminista MAPAS

Colectiva ¡Cambiémosla Ya!

Colectiva México Tóxico

Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia Aguascalientes

Colectivo Ciudadanos Desconocidos

Colectivo CoRaMe: Corazones y Raíces Mestizas

Colectivo Justicia para Eugui Roy

Colectivo Reforestación o Extinción

Comité Cerezo México

Comité en Defensa del Territorio de Guadalcázar

Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio, Oax

Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible A.C.

Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio en contra de la Minería (CRAADET), Gro.

Coordinación Interregional Feminista Rural Comaletzin A.C.

Coordinación de Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica (CPUEDEE)

Ejido El Bajío, Sonora

Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza

Foro Oaxaqueño del Agua

Frente de Organizaciones Ciudadanas por la Defensa del Agua de Nuevo León

Frente Popular en Defensa del Soconusco, Chiapas

Fundación Bajío Sahuaro, Sonora

Geocomunes

IDEAS Comunitarias (Oaxaca)

La Antiescuela NL

La Boca Nostra

Maderas del Pueblo del Sureste A.C.

Movimiento Feminista de Zacatecas

NEB No Es Basura

Observatorio del Despojo

Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes

Otros Mundos A.C. Chiapas / Amigos de la Tierra México

Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP)

Red de Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas en Zacatecas

Red de Docentes Feministas de la Universidad Autónoma de Zacatecas

Red de Mujeres Artesanas, Cocineras Tradicionales y Productoras del Campo de la Huasteca Potosina

Red de Rebeldía y Resistencia de Zacatecas

Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC)

Rizoma. Entretejiendo la Defensa de los Bienes Comunes

Sangre de mi Sangre Zacatecas

Sistema de Seguridad de Resguardo Territorial Indígena (SERTI), Gro

Tlalij, Yolojtli uan Nemilistlij

Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI)

Universidad a las Calles, Zacatecas

Universidad de la Tierra Puebla

Organizaciones y redes internacionales

Atlas de Justicia Ambiental, Ejatlas.org

Comité para los derechos humanos en América Latina, CDHAL, Canadá

Consejo del Pueblo Maya -CPO- Guatemala 

Miningwatch Canada.

Latin America Solidarity Centre (LASC), Irlanda

Red Nacional en Defensa del Agua, Panamá

Académicas/os

Josefa Sánchez Contreras, Universidad de Granada

Alberto Matarán Ruiz, Universidad de Granada

Joan Martinez Allier, Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)

Periodistas y/o personas defensoras de derechos humanos

J. Alberto C. Guerrero, periodista y defensor de DH

Alejandro Ruíz, periodista y defensor de Derechos Humanos

Monica Montalvo, Antropóloga 

Aideé Tassinari Azcuagua, periodista y defensora de Derechos Humanos

Lic Raquel Garcia M, Guadalupe , NL

Saúl Fuentes Olivares, Defensor de Derechos Humanos

Socorro Chablé. Periodista y Defensora de Derechos Humanos

Jackie Campbell, Defensora de Derechos Humanos

Lidia Rita Bonilla Delgado, periodista defensora de Derechos Humanos

Javier Ramirez de San Salvador Atenco

Ingmar Trujillo Félix, periodista y defensor de Derechos Humanos

Mariana Avila Montejano, Defensora de Derechos Humanos 

Lista completa de integrantes del Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC):  ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y todes (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales  (PRODESC). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.

Con copia a:

  • Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Dra. María del Rosario Piedra Ibarra
  • Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
  • Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
  • Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Presa Milpillas: Autoridades Federales y Municipales profundizan la presión y la división comunitaria para imponer un proyecto fallido

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por defender el río Atenco en Zacatecas – A 23 de enero de 2026

La imposición del proyecto Presa Milpillas continúa avanzando mediante presiones institucionales y estrategias de fragmentación comunitaria y sin que exista, a la fecha, una comprobación seria, pública y verificable de su viabilidad técnica, ambiental, jurídica, económica, social, presupuestal y financiera.La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) expresamos preocupación ante la insistencia de diversas instancias del Estado Mexicano, particularmente la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Procuraduría Agraria, así como presidencias municipales de Jiménez del Teúl y Sombrerete, en impulsar un proyecto que arrastra más de una década de inconsistencias, omisiones y vacíos estructurales y que no cuenta con los permisos agrarios necesarios, ni el consentimiento de las asambleas ejidales, máxima autoridad en los núcleos agrarios y, en cambio, recurra a prácticas de presión, coacción y desinformación.

Recientemente, funcionarios han difundido públicamente la versión de que el proyecto  se encuentra al “50%de las negociaciones con los pequeños propietarios”. Esta afirmación constituye un acto de deliberado de desinformación, pues no existe ningún proceso de negociación legítimo mientras no se respete la toma de decisiones colectivas de las asambleas ejidales. Lejos de atender estas obligaciones, las autoridades han optado por presionar para apresurar la construcción de un  proyecto inviable mediante estrategias de desgaste comunitario, presión institucional e imposición que buscan fracturar la toma de decisiones colectivas y vulnerar la organización comunitaria.

La REMA denunciamos prácticas identificadas por el Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco:

  • Las autoridades ejercen presiones directas e indirectas a través de ofrecimientos condicionados, amenazas veladas y discursos sobre los supuestos beneficios que traería dicho proyecto, mismos que no se sostienen en información técnica y transparente.
  • Utilizan a autoridades municipales como operadores políticos, alentando divisiones internas y desacreditando a quienes defienden el territorio y el agua
  • Desnaturalizan el papel de la Procuraduría Agraria, que, en lugar de garantizar los derechos colectivos de los ejidos, actúa como intermediaria para facilitar la imposición del proyecto.
  • Criminalizan la resistencia, la lucha y la organización de los ejidos y comunidades con el discurso de un proyecto que busca garantizar “el derecho humano al agua” de la zona conurbada de Zacatecas, haciendo pasar por “egoístas” a los pobladores de estos ejidos y comunidades.

Estas prácticas constituyen una violación sistemática a los derechos agrarios, al derecho humano al agua, al territorio y a la libre determinación de los pueblos y comunidades rurales, que suelen ser, las más marginadas. Asimismo, reproducen un modelo de gestión autoritario y privatizador que prioriza intereses políticos y económicos por encima del bienestar colectivo y la sustentabilidad de los territorios.

Exigimos:

  • El cese inmediato de toda forma de presión, intimidación o negociación individualizada con integrantes de los ejidos.
  • El respeto irrestricto a las decisiones tomadas en asamblea, conforme a la legislación agraria vigente.Transparencia total sobre los estudios del proyecto y sus impactos sociales, ambientales y financieros.Que las instituciones del Estado actúen conforme a su mandato de garantizar derechos, no de vulnerarlos.

La defensa del agua y del territorio no es un obstáculo al desarrollo: es una condición indispensable para la vida digna y la justicia social. Las comunidades no están obligadas a aceptar proyectos impuestos, y su resistencia es legítima.

Las organizaciones estatales, nacionales e internacionales aliadas, estamos muy atentas a cualquier intento de violentar, criminalizar, desprestigiar o desacreditar la lucha del Movimiento y sus integrantes. Hacemos un llamado nacional e internacional a las organizaciones hermanas para pronunciarse a favor de la digna lucha del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco. Le hacemos expreso al Estado mexicano que tenemos los ojos puestos en este territorio y no permitiremos que se dañe la integridad de las personas del movimiento, por lo que lo hacemos responsable en sus tres niveles de gobierno ante cualquier agresión contra las y los integrantes del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco.

¡Las comunidades ya decidieron!

¡Cancelación del Proyecto Milpillas ya!

Más información:

Programa especial: Voces de Movimientos Mesoamericanos en defensa de los ríos, la vida y las comunidades Jueves 23 de octubre 6 PM

TODOS LOS RÍOS LLEGAN AL MAR

Programa especial: Voces de Movimientos Mesoamericanos en defensa de los ríos, la vida y las comunidades hacia el IV Encuentro Internacional de Afectados por Represas y la Crisis Climática


Jueves 23 de octubre 6 PM (horario México centro) Por YouTube y Facebook del Consejo del Pueblo Maya CPO y Alianza Rios Mayas

Este 7 de octubre cumplimos 15 años de la declaración de Temacapulín, tras en evento Ríos para la Vida, III Encuentro Internacional de Afectados por Represas, llevado a cabo en Temaca, Jalisco, México en el 2010 y nos volveremos a juntar en Belem, Brasil del 7 al 12 de noviembre de este año para el IV encuentro. Acá compartiremos palabra de las perspectivas locales y regionales hacia este importante momento de articulación de los movimientos populares

Más de 40 organizaciones respaldan al Movimiento por el Río Atenco y exigen protección para las personas defensoras

Compartimos este pronunciamiento publicado por Witness donde diversas organizaciones respaldamos y pedimos seguridad para las personas defensoras en el marco de la Marcha en contra de la presa Milpillas y en Defensa del Río Atenco realizada en 12 de septiembre en Jiménez del Teúl, Zacatecas.

México a 11 de septiembre del 2025; Lxs abajo firmantes, reconocemos y respaldamos el histórico y legítimo esfuerzo del Movimiento en Defensa del Río Atenco, integrado por las comunidades afectadas por el proyecto Presa Milpillas en Zacatecas, para defender su territorio y sus derechos fundamentales, el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas y la Red Mexicana de Afectados/as por la Minería (REMA), en México.

  • Este movimiento se ha enfrentado desde octubre de 2018 a una serie de violaciones: corrupción en procesos jurídicos, estudios ambientales deficientes, uso de fuerza pública, intimidaciones, y cooptación institucional remamx.org.
  • Su resistencia pacífica ha sido validada legalmente: lograron la nulidad de una asamblea fraudulenta, obtuvieron la recomendación 10/2018 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, e impidieron el avance de maquinaria remamx.org.
  • A pesar de estos logros, siguen expuestos a riesgos: hostigamiento, desinformación, criminalización y estigmatización.

 Exigimos, con fundamento en estándares internacionales de derechos humanos y la protección de defensores del medio ambiente:

  • Se garantice el derecho a manifestarse pacíficamente, sin intimidaciones ni represalias.
  • Se otorgue protección especial a las personas defensoras del río Atenco, incluidas mecanismos de alerta temprana, monitoreo independiente y garantías frente a posibles agresiones.
  • Que las autoridades respeten el debido proceso y se investiguen las violaciones documentadas, incluyendo la corrupción, los señalamientos contra funcionarios, y los actos de violencia o intimidación.
  • Se asegure la participación informada y efectiva de la comunidad en todos los procesos decisorios, en apego al derecho internacional—especialmente el principio de consulta libre, previa e informada.

Invitamos a organismos de derechos humanos, la ciudadanía, medios independientes, redes de la sociedad civil y organismos internacionales a:

  • Estar atentas y atentos a posibles embates contra este movimiento.
  • Apoyar públicamente su lucha justa y legítima.
  • Demandar transparencia, respeto y justicia a las autoridades correspondientes.

La defensa del Río Atenco no es sólo una lucha local: es la defensa de nuestros derechos colectivos, territoriales y ambientales. Lxs abajo firmantes reafirmamos nuestra solidaridad y compromiso para amplificar sus voces y resistencias.

Quienes defienden el territorio merecen protección, respeto y reconocimiento. ¡Están tejiendo futuro!

Firmas de organizaciones, comunidades, movimientos y medios libres:

  • Al Rescate del Río
  • América Latina y el Caribe – WITNESS
  • Anarquistas del Norte
  • Asociación por la Protección de la Tierra y Bienestar de Epazoyucan A.C
  • Bajo Tierra – Museo del Agua
  • Bienestar Comunitario Cicacalco, Zacatecas
  • Bus Iguana A. C.
  • Canoas, Colima por la Defensa del Territorio
  • Centro Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo Alternativo, U Yich Lu’um – Yucatán
  • CDH Tepeyac del Itsmo de Tehuantepec, A.C
  • Colectivo Ajpu El Salvador
  • Colectivo Libertario Enkabronados.com
  • Comida No Bombas Monterrey
  • Comité en Defensa del Territorio de Guadalcázar
  • Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio, Oaxaca
  • Comités de Cuenca del Río Sonora
  • Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la Montaña de Guerrero
  • Frente de Organizaciones Ciudadanas por la Defensa del Agua de NL
  • Frente Popular en Defensa del Soconusco, Chiapas
  • Geocomunes
  • IDEAS Comunitarias – Oaxaca
  • Investigadores de la UAZ comprometidos con los sectores marginados de la sociedad
  • La Sandía Digital
  • La Vos de Mi Gente
  • Laboratorio Popular de Medios Libres
  • Lluviacomuniacion
  • Micelio Urbano
  • Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas
  • Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes
  • Ocotenco-Kuautlali
  • Otros Mundos Chiapas
  • Permea
  • Radio Comunitaria Indígena Online
  • Red de Vecin@s de Zumpango, Tequixquiac, Apaxco y Hueypoxtla
  • Red Todos los Derechos para Todas las Personas (RedTdT)
  • Resistencias UANL
  • Rizoma Entretejiendo la Defensa de los Bienes Comunes
  • Sangre de mi Sangre Zacatecas
  • SERTI de Tilapa Guerrero
  • Un Río en el Río, Nuevo León
  • Universidad a las Calles – Zacatecas
  • Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca – CUC IXTEPEC
  • WITNESS, América Latina y el Caribe

Denuncia por violaciones a derechos humanos en la comunidad de Atotonilco, municipio de Jiménez del Teul, Zacatecas

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco – A 20 de agosto del 2025

A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación

Félix Arturo Medina PadillaSubsecretario de Derechos Humanos, SEGOB

Efraín Morales LópezTitular de la CONAGUA

Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la CNDH

Yuriana Helena Hernández Lino, Subdirectora de Área, Subsecretaría de Derechos Humanos del Mecanismo para Defensores de DHH y Periodistas.

David Monreal ÁvilaGobernador de Zacatecas

Rodrigo Reyes Mugüerza, Secretario de Gobierno de Zacatecas

Maricela Dimas RevelesComisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas

Jan Jarab, Representante de la Oficina Regional ONU-DH

ANTECEDENTES

Las comunidades del municipio de Jiménez del Teúl en Zacatecas llevan 10 años luchando contra el proyecto de la presa Milpillas, que pretende captar 47 Mm3/año de agua, contribuyendo a solucionar el problema de abastecimiento del agua en el estado; pero que fue demostrado por varios estudios no ser viable, agudizando la problemática del agua en la entidad y afectando de manera irreversible a las comunidades donde quedaría instalada dicha presa.

Sandra Miranda Ortega es una de las personas lideresas de la lucha en contra de la presa, una de las fundadoras del Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco que agrupa a los ejidos de Atotonilco, Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales, así como a personas de la cabecera municipal de Jiménez del Teul. Como defensora de derechos humanos se ha destacado por apoyar siempre a la comunidad, a las personas con discapacidad y a personas enfermas, trasladándolas en su camioneta al hospital, dando orientación para trámites ante instituciones. En el período de 2019-2021, fue elegida por la comunidad para ser Delegada. Desde 2018 a la fecha ha defendido el territorio contra la instalación de la presa Milpillas.

HECHOS

El pasado 18 de agosto de 2025, la defensora de derechos humanos, de la tierra y el territorio en Zacatecas, Sandra Miranda Ortega, compareció ante el juez comunitario del municipio de Jiménez del Teul, Zacatecas, en un careo con la C. Liliana Nayeli Herrera Muro, directora de Obras públicas de dicho municipio. Este encuentro tuvo como objetivo esclarecer las declaraciones realizadas por la funcionaria, en las que vincula a la defensora con un presunto acto de compraventa de terrenos que realizaron otras personas sin la participación y consentimiento de la defensora, además, según testimonios esta compraventa se efectuó bajo presiones e intimidaciones, con el argumento de que “la presidenta de México expropiaría los terrenos” en caso de negarse a la venta.

Las declaraciones de la funcionaria pública, y el uso de información personal o familiar como herramienta de agresión o deslegitimación contra la defensora constituye una violación a sus derechos humanos y al derecho fundamental de defender derechos. A estas declaraciones se suman la difusión  de un documento y fotografías de las personas implicadas que según la propia Liliana Herrera obtuvo a través de una solicitud de acceso a la información pública, mientras las fotografías le fueron proporcionadas por la titular de la secretaria del Agua y Medio Ambiente del estado de Zacatecas, la Dra. Susana Rodríguez Márquez (SAMA). El documento de transacción y la fotografía se ha divulgado principalmente dentro del Ejido de Atotonilco, acompañado de difamaciones en una franca acción dolosa para armar una campaña de odio contra la defensora Sandra Miranda, quien abiertamente se ha opuesto al proyecto de la presa Milpillas desde hace 10 años.

Durante el careo, la C. Iliana Herrera, incriminó a la defensora bajo la falsa acusación de estar impidiendo que personal de CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) entre a la comunidad a otorgar beneficios; cuando se trata de una decisión de las y los ejidatarios. Este tipo de prácticas no solo pone en riesgo la seguridad de quienes defienden la vida y el territorio, sino que también erosiona el tejido comunitario y debilita los procesos de justicia y resistencia que ellas sostienen.

Durante el careo, la defensora solicitó formalmente que se desvincule su nombre de dicha transacción, recordando que los señalamientos infundados vulneran la integridad de quienes defienden derechos humanos y obstaculizan su importante labor.

Cabe señalar que el 23 de julio del presente, a través de la regidora, Joana Cristina Torres Gallegos, le fue entregado a la CONAGUA un documento del Comisariado Ejidal donde le prohíbe entrar al Ejido Atotonilco sin la solicitud de un permiso. Sin embargo, contraviniendo dicho documento Ejidal, la CONAGUA ha entrado en vehículos particulares acompañados de trabajadoras (servidoras de la nación), violentando la decisión de las y los ejidatarios. Esto en una clara estrategia de coacción con el fin de reventar el tejido social y debilitar la lucha que las y los ejidatarios están dando por defender su territorio.

Denunciamos también que la citada funcionaria de SAMA ha estado hostigando a través de su personal al delegado de la comunidad, Adrián Ramos Torres, insistiendo en concertar reuniones en horarios inapropiados, así como llamadas por la madrugada, hechos que constituyen formas de presión e intimidación.

Estos actos representan los más recientes en contra de las personas defensoras de su territorio que se oponen al proyecto de la presa Milpillas, sin embargo, forman parte de un patrón continuo y sistemático de difamación, desinformación, hostigamiento y criminalización hacia ellas y ellos desde hace 10 años. Hacemos responsable a la Dra. Susana Rodríguez y al Gobierno del Estado de Zacatecas por los daños ocasionados a la privacidad, seguridad y dignidad de las familias afectadas, así como por la exposición pública de información personal que vulnera sus derechos humanos.

A estos hechos se suma la difamación y hostigamiento contra la defensora Sandra Miranda Ortega por parte del presidente municipal de Jiménez del Teul, Daniel Cisneros Esparza, quien el pasado 14 de agosto acudió a la comunidad de Las Bocas para promover el proyecto de la presa Milpillas, utilizando de nueva cuenta la venta realizada por familiares de la defensora como argumento de presión, creando así un ambiente de desconfianza y división con información que no tenía por qué ser divulgada.

Denunciamos:

1. La vulneración a la privacidad y seguridad de las familias afectadas.

2. Las acciones de hostigamiento, persecución y criminalización contra los defensores de derechos humanos Sandra Miran Ortega y Adrián Ramos Torres, por parte de Iliana Nayeli Herrera Muro, directora de Obras Públicas del municipio de Jiménez del Teul, y la Dra. Susana Rodríguez Márquez, titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA) del estado de Zacatecas.

3. El uso de intimidaciones, coacción, difamación con dolo, por parte de autoridades federales, estatales y municipales para imponer el proyecto de la presa Milpillas.

Exigimos:

  • Cesar de manera inmediata los actos de hostigamiento y difamación contra los defensora de derechos humanos Sandra Miranda Ortega y Adrián Ramos Torres, así como a cualquier integrante del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, orquestados por los titulares de las dependencias municipales y estatales.
  • Garantizar la seguridad e integridad física y moral de Sandra Miranda Ortega, Adrián Ramos Torres y de los demás integrantes del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco.
  • De manera general, adecuar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por México.
  • La intervención inmediata de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, del Mecanismo de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y de organismos internacionales de derechos humanos

Finalmente, hacemos un llamado urgente a la presidenta de México para que tenga conocimiento de que los supuestos “permisos” que se presumen obtenidos para la presa Milpillas, se han conseguido mediante coacción, intimidación y violaciones a derechos humanos, lo cual también la responsabiliza a ella por ser la titular del Estado y de la actual administración que promueve la realización del proyecto de la presa Milpillas como parte del Plan Nacional Hídrico.

Atentamente

Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco

Municipio de Jiménez del Teul, Zacatecas

Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería

Una invitación al diálogo no condicionado a la aceptación de la presa Milpillas

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la resistencia a la presa Milpillas – A 19 de agosto 2025

En fechas recientes, La Jornada de Zacatecas ha difundido segmentos de una entrevista con el Dr. Hiram Badillo Almaraz, en la que el reconocido ingeniero civil opina que la presa Milpillas es “un buen proyecto, bien fundamentado” y “técnicamente viable”. Reconoce que “el proyecto por sí solo no va a resolver el problema de desabasto”, pero desde su perspectiva “es una parte fundamental de la solución”. Además, afirma que “el agua [de la presa] es exclusivamente para consumo humano; el industrial no está planteado”. Según las notas periodísticas, estas afirmaciones se basan en su conocimiento del proyecto, ya que formaba parte del equipo de profesores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) que realizó los estudios técnicos en 2014. “Un proyecto así no se hace si no está basado en estudios”, asegura el Dr. Badillo Almaraz.

Con todo, estas declaraciones sobre la factibilidad y las bondades del proyecto Milpillas se sustentan en apelaciones a su autoridad. Como tal, constituyen un argumento ad verecundiam, es decir, “un tipo de razonamiento que intenta validar una afirmación basándose en la autoridad, fama o prestigio de quien la emite, en lugar de presentar pruebas o razones lógicas que la respalden”. Para nosotras y nosotros, el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco junto con la Red de Afectadas/os por la Minería (REMA), la participación del Dr. Badillo Almaraz en la elaboración del estudio de factibilidad para la presa Milpillas, lejos de conferirle autoridad sobre el tema, nos despierta cierta desconfianza, pues remite a las irregularidades que salieron a la luz hace cinco años acerca del pago de casi ocho millones de pesos a la UAZ por dicho estudio, por encima a dos contratos otorgados a la empresa privada Edificaciones Celta S.A. de C.V. para elaborar el mismo trabajo.

Sea cual fuere el destino de esos recursos públicos, con base en los datos empíricos y el análisis científico difundidos por investigadores críticos de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la UAZ, sabemos que el estudio de factibilidad de la presa Milpillas está plagado de afirmaciones falsas, omisiones y contradicciones. Para no incurrir en la misma falacia lógica, a continuación presentamos datos y argumentos relacionados con dichas inconsistencias:

  1. Decir que el proyecto “por sí solo no va a resolver el problema del desabasto” es un eufemismo. Según datos oficiales de Conagua, los cinco acuíferos de la región centro de Zacatecas (Aguanaval, Benito Juárez, Calera, Chupaderos y Guadalupe-Bañuelos) tienen un déficit total de 262.5 millones de metros cúbicos anuales (Mm³/año), mientras que la presa Milpillas apenas pretende aumentar la oferta de agua en 41 Mm³/año. Por tanto, no cubre el déficit ni permitirá la recuperación de los acuíferos, como se afirma en el estudio de factibilidad para justificar el proyecto. Además, tampoco aborda otras dimensiones de la crisis, como la distribución desigual del líquido vital.
  2. El Dr. Badillo Almaraz, al igual que otros promotores de la presa, sostiene que habrá beneficios para las comunidades directamente afectadas en el municipio de Jiménez del Teul, al tiempo que guarda un silencio ensordecedor respecto al hecho de que, según el propio estudio de factibilidad, el proyecto pretende desviar el 92% del caudal del río Atenco (también conocido como río Milpillas), asignándole a la cuenca un “objetivo ambiental tipo D”, es decir, un nivel incluso inferior a “un estado de conservación deficiente”, que requeriría por lo menos un caudal ecológico del 10%. Ante ello, resulta ingenuo sugerir que la siembra de peces en el embalse y el ecoturismo pudieran beneficiar a las familias que viven río abajo, lejos del sitio donde se construiría la cortina. Estas familias dependemos del agua del río para satisfacer nuestras necesidades básicas, mantener nuestras actividades agrícolas de subsistencia y, en última instancia, sostener la vida misma.
  3. Es posible que los ingenieros de la UAZ que participaron de buena fe en la elaboración del estudio de factibilidad hayan concebido el proyecto principalmente para aumentar la oferta de agua destinada al consumo humano en el corredor Fresnillo–Zacatecas. Sin embargo, las sospechas de que beneficiará al sector industrial están bien fundamentadas, incluso por las contradicciones detectadas en el propio estudio. Allí se afirma, por ejemplo, que el proyecto pretende “ofrecer tandeos importantes a las actividades industriales y productivas del Corredor Fresnillo–Zacatecas” y que puede detonar “una serie de actividades agrícolas, habitacionales, comerciales e industriales en la zona”, “favoreciendo la actividad productiva de los sectores industriales, comerciales y de servicios”. En cualquier caso, aunque el agua de la presa Milpillas no se canalizara directamente al sector industrial o agrícola, es sabido que los grandes acaparadores de agua subterránea en la región centro de Zacatecas serían de los principales beneficiarios, pues se les garantizaría el acceso exclusivo al agua más asequible de la región, en particular la de mejor calidad que se encuentra en el acuífero Calera, lo que les permitiría seguir sobreexplotándola para la acumulación de ganancias privadas.
  4. Existen alternativas viables basadas en una estrategia multifacética orientada a reducir la demanda de agua y a utilizarla de manera mucho más eficiente. Estas alternativas han sido planteadas por investigadores de la UAZ comprometidos con los sectores marginados de la sociedad. Entre ellas se encuentran: la reconversión productiva en el sector agrícola hacia cultivos menos demandantes de agua; la aplicación de principios de agroecología; un monitoreo real y riguroso de los usuarios de agua subterránea mediante el uso obligatorio de medidores y cobros escalonados según los volúmenes extraídos; el tratamiento y reúso de aguas residuales; la captación de agua pluvial; la reparación del sistema de distribución de Jiapaz, que actualmente pierde al menos el 40% del agua que recibe; la priorización del agua subterránea de mejor calidad (ubicada en el acuífero Calera) para cubrir las necesidades humanas básicas; y sobre todo la participación ciudadana en la gestión del líquido vital.

En suma, no nos convencen los argumentos basados en apelaciones a la autoridad, ni las promesas de beneficios condicionados a la aceptación de un megaproyecto que nos dejaría sin el agua necesaria para sobrevivir, que no tiene factibilidad técnica para resolver la crisis hídrica regional y que solo busca favorecer a los grupos de poder.

Por último, reconocemos las valiosas contribuciones del Dr. Badillo Almaraz en las discusiones sobre las afectaciones de la megaminería cerca de la capital de Zacatecas. En ese caso, sus planteamientos se basaron en datos empíricos y análisis científico para demostrar, sin lugar a dudas, que las vibraciones que dañan las viviendas en las colonias del noroeste de la Zona Conurbada de Zacatecas y Guadalupe provienen de las explotaciones subterráneas de la empresa canadiense Capstone. Por tanto, lo invitamos a conocer las comunidades del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, a dialogar con nosotros y a dirigir sus investigaciones hacia la elaboración de verdaderas alternativas que respetan nuestra autodeterminación y no apuntan al despojo de nuestras tierras y formas de vida.

Imagen: Somos el medio

El Escaramujo en la Radio miércoles 20 de agosto 7:00 pm: Movimiento Ríos Maya: Hacia la construcción de un movimientos social binacional

El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, en este programa estaremos platicando con Francisco Rocael del Consejo de Pueblos Mayas de Guatemala y parte del equipo coordinador de La Alianza Ríos Mayas

Acompáñanos este miércoles 20 de agosto las 7:00 pm por facebook live y nuestro canal de Youtube.

Movimiento Ríos Maya: Hacia la construcción de un movimientos social binacional basado en la autodeterminación de los pueblos y la cosmovisión ancestral

Convocatoria al encuentro JÄKÜII-PACUARE 29-31 de agosto en Costa Rica

Les compartimos esta invitación para acompañar a la comunidad Minarí Ñak Territorio Cabecer, Duchíí Táwá en Costa Rica a traves de COECO CEIBA – A 4 de agosto del 2025

LA PROTECCIÓN DE LOS RÍOS CONTINÚA
¿Por qué JÄKÜII-PACUARE +20 +10?
Porque en un plebiscito el 28 de agosto de 2005, 8.159 personas (97%) votaron “NO” a las represas en el río Jäküii/Pacuare. Diez años después, el 29 de agosto del 2015, el Gobierno de Costa Rica, atendiendo los argumentos de organizaciones sociales y comunidades firmó un Decreto Ejecutivo para impedir, por 25 años, la construcción de represas en los ríos Jäküii/Pacuare y Savegre. Esos triunfos se alcanzaron tras muchos años de organización del Pueblo Originario Cabécar, comunidades del Pacuare y organizaciones nacionales. En distintos momentos se contó con apoyo de autoridades políticas y empresas de rafting del Jäküii.

Si bien el plebiscito y el decreto fueron avances importantísimos, la presión por construir más hidroeléctricas se mantiene. Las siguen calificando como energía “limpia” y “verde” y se desconocen sus impactos destructivos, con lo cual se justifican abultados negocios privados de generación y venta de electricidad. De hecho, hoy la presión máxima en Costa Rica es el proyecto de ley 23.414 que contrario a “armonizar”, asegura la privatización y entierro del servicio eléctrico público. Ante esas amenazas, somos las organizaciones y comunidades las que hemos colocado el debate sobre cuál es el modelo energético y eléctrico que necesitamos y esto incluye discutir sobre límites al crecimiento energético ilimitado y sobre el respeto a pueblos y ecosistemas.

Otro caso de triunfo de las mismas organizaciones sociales que defendimos el Jäküii, se dio ante el proyecto hidroeléctrico Boyei o Ayil en territorio Cabécar en el río Duchíí (Chirripó). Luego se sumó la “suspensión” de la hidroeléctrica Diquís (635 megavatios), aunque ya reapareció en los planes de expansión de electricidad de Costa Rica. A esos casos de proyectos estatales se han sumado muchos más de empresas privadas, como el proyecto de hidroeléctrica San Rafael, derrotado tras muchos años de lucha comunitaria y nacional. En la misma región del Duchí y el Jäküii, logramos la liquidación de los proyectos privados PH Bonilla 510 y PH Bonilla 1320. Estos y muchos otros casos son evidencia de que seguimos priorizando el bienestar y los derechos de la gente y los ecosistemas frente a la explotación ilimitada de la Tierra y los negocios privados.

Nuestros logros se suman a las luchas y resistencias en América Latina en defensa de los ríos, los ecosistemas y los pueblos, pero las consecuencias son tenebrosas: tan solo en 2023 fueron asesinadas 196 personas defensoras de la tierra y el medioambiente en el mundo. Según el Informe de Global Witness publicado el 10 de setiembre 2024 en Londres, Inglaterra, el saldo de asesinatos acumulados entre 2012 y 2023 es de 2.100.

En el encuentro de Costa Rica reforzaremos vínculos para la lucha por la defensa de los derechos de los ríos y los pueblos ante proyectos energéticos extractivistas de todo tipo. Reforzaremos con especial atención a la protección de ríos, ecosistemas y territorios de los Pueblos Originarios, que siguen siendo asediados en todos los países. Para los pueblos se trata de avanzar hacia modelos energéticos y eléctricos que aseguren servicios públicos con acceso universal y justo, a precios regulados, subsidiados y bajos según la condición económica de la gente, porque las energías y la electricidad deben ser derechos humanos básicos de todas las personas.

El objetivo del encuentro Jäküii/Pacuare +20+10 es:
Fortalecer la organización social para la protección de los derechos de los ríos, los ecosistemas y los pueblos, en el camino hacia una matriz energética y modelos eléctricos sustentables y justos.
Los resultados que buscamos con el Encuentro son:

  • Que las organizaciones sociales, comunidades indígenas y campesinas y activistas, definamos
    pautas de trabajo conjunto en defensa y protección de los derechos de los ríos, los ecosistemas,
    los territorios y las personas.
  • Que, siguiendo la pauta de otros países latinoamericanos, discutamos y acordemos un proyecto
    de ley para la protección jurídica integral del río Jäküii/Pacuare.
  • Que se fortalezcan los vínculos y la solidaridad entre los movimientos sociales en un
    contexto de violencia política, judicial y física creciente contra las personas
    defensoras de la Tierra, los Ecosistemas y la Vida, que ya incluso están siendo
    acusadas de “terroristas”.
    ¿Quiénes participan?
  • En el Encuentro los actores sociales principales serán de Pueblos originarios Cabécar,
    Bröran, Bribri y Ngäbe. Participarán también personas delegadas de organizaciones de
    base comunitaria, estudiantiles, culturales y ecologistas, delegaciones internacionales.
  • Eventualmente algunos invitado.as políticos aliados de nuestros movimientos sociales.
    Actividades principales del Encuentro:
  • Mesas de trabajo sobre: mercado eléctrico de Costa Rica y Centroamérica, proyectos de
    privatización de la electricidad, servicios públicos y derechos sociales. “Transición
    energética”. Derechos jurídicos de los ríos. Exposición de las memorias históricas de las
    luchas (debates, videos, exposiciones).
  • Intercambio/gira en territorio Cabécar del Jäküii.
  • Rafting y otras actividades educativas y recreativas en el Jäküii/Pacuare.

Organizan: Asociación Proyectos Alternativos-PROAL-JAKÜII, Coeco Ceiba/Amigos de la Tierra-
Costa Rica, Ríos Libres/Turrialba y Federación Ecologista de Costa Rica/FECON.
Aspectos operativos y logísticos:
Las personas inscritas recibirán información sobre ubicaciones geográficas, alimentación, hospedaje
y otros asuntos logísticos.
CONTÁCTENOS: #jakuii2025 jakuiipacuare@gmail.com
Osvaldo Durán Castro +506 83800955
Mariana Porras Rozas +506 8302 2360
Nilson Oviedo Valerio +506 8898 2706

Autoridades de los tres niveles de gobierno llevan a cabo reuniones privadas, engañosas y a escondidas en Zacatecas para imponer el Proyecto Milpillas

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y del Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco sobre la tensa situación ante de imposición de la represa Mipillas – A 17 de julio del 2025

Desde el Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco -conformado por los Ejidos de Atotonilco, Potrero, Estancia de Guadalupe, Corrales; así como de las de las comunidades de Mezquite Blanco, Las Bocas, Carretas y habitantes de la cabecera municipal de Jiménez del Teúl e integrantes de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) y del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas- denunciamos que desde hace varias semanas las autoridades federales, estatales y municipales, han sostenido reuniones de manera opaca, excluyendo de deliberadamente a la población, e incluso a las y los regidores de los municipios de Jiménez del Teúl y Sombrerete del Estado de Zacatecas. Estas reuniones tienen como objetivo avanzar en la  imposición del proyecto presa Milpillas, coordinando estrategias para lograr  que la gente lo acepte, pese al rechazo expresado por las comunidades afectadas.

El pasado 15 de julio se realizó una reunión en el salón de Cabildo  de la Presidencia Municipal de Jiménez del Teúl, en el que estuvieron presentes el Profesor Daniel Cisneros Esparza, Presidente Municipal de este Ayuntamiento;   la regidora Joana Cristina Torres Gallegos; el Ing. Víctor Manuel Reyes R. Director local de CONAGUA, Zacatecas; la Dra. Susana Rodríguez Márquez, Secretaria del Agua y Medio Ambiente  (SAMA); la C. Gloria López, también de SAMA; el C. José Juan Rodríguez de la Procuraduría Agraria en Zacatecas, la C. María Guadalupe Landeros (cuya dependencia se desconoce, aunque se presume que es federal); el C. José Erasmo Duarte Argumedo de Desarrollo Social del Ayuntamiento; Iliana Herrera Muro, Directora de Obras Públicas del Ayuntamiento; la C. Raquel Nava Guzmán Tesorera del Ayuntamiento; la C. María Guadalupe Argumedo Cisneros Secretaria de Gobierno del Ayuntamiento, el Profesor Juan Miranda, Director de Desarrollo Rural del Ayuntamiento; el tema a tratar era concerniente a la Presa Milpillas. A esta reunión asistieron más autoridades que población, cabe señalar que en ningún momento se hizo una convocatoria pública. De hecho varias del Municipio se mostraron sorprendidas y visiblemente molestas al ver que  algunas y algunos  de nosotros nos presentamos en el lugar al notar presencia inusual de camionetas de la policía estatal y nos acercamos a ver qué sucedía. Hasta donde tenemos conocimiento, la reunión tuvo como propósito coordinar acciones entre distintas dependencias para diseñar estrategias de persuasión y control social, orientadas a legitimar la imposición del proyecto. Parte de estas estrategias incluyen realizar reuniones en las comunidades para convencerlas de aceptar un proyecto que ha sido rechazado por las comunidades directamente afectadas.

Nos queda claro que estas reuniones son una simulación. El hecho de no convocar  y no invitar a la población en general, tiene la finalidad de invisibilizar el rechazo que, como comunidades afectadas/os, hemos denunciado en múltiples ocasiones. El proyecto Milpillas resulta inviable a todas luces y representa claras violaciones a nuestros derechos humanos y agrarios. Una muestra de esta simulación, son las reuniones que intentan mostrar públicamente una supuesta aceptación social y que no hay oposición, pero es claro que llevamos ya casi 10 años luchando contra este proyecto y gracias a esto hemos demostrado que el proyecto no resuelve la problemática de escasez de agua que se plantea para la zona conurbada del estado de Zacatecas. Muy por el contrario, la presa Milpillas agravará el estrés hídrico, que ya padecemos, aumentará la emisión de gases de efecto invernadero y destruirá los ecosistemas que hay en la cuenca, y de los cuales dependemos para nuestra supervivencia todas las poblaciones que habitamos en ella para nuestra subsistencia.

Resulta inadmisible, y creemos que debería ser vergonsozo, el gasto de recursos públicos para continuar tratando de engañar a la opinión pública y a las y los tomadores de decisiones que serán finalmente las y los que aprueben o desaprueben el proyecto. , Por ellos,  hacemos un llamado a los medios de comunicación comprometidos con la verdad, y a la población en general, a nodejarse engañar ni convertirse en cómplices de la violación a nuestros derechos humanos. Les pedimos que se solidaricen con nuestra lucha y respeten la decisión que como Núcleos Agrarios hemos tomado. Nos negamos a convertirnos en otra zona más de sacrificio, de esas tantas que ya hay en este país, que finalmente son comunidades, no pobres, sino condenadas a un modelo de desarrollo que  empobrece

Denunciamos públicamente también que varias dependencias de gobierno están visitando nuestras comunidades para ofrecer apoyos condicionados, como despensas, o reparación de carreteras, tuberías de agua para todas las casas, electricidad, implementando estrategias para que acepten el proyecto de la presa Milpillas. Esto es un claro ejemplo de coacción, y un proyecto en el que la aprobación social la obtienen bajo coacción, es un proyecto ilegal. Así mismo denunciamos que estos apoyos que ofrecen no deberían ser condicionados, a eso se le llama corrupción. Es obligación de los gobiernos llevarlos a cabo, pues para eso son los impuestos que pagamos y para eso tienen un salario como funcionarias y funcionarios públicos A las autoridades municipales, les recordamos que no queremos políticos que dicen estar del lado del pueblo, pero que en los hechos están en contra. Están demostrando ser un gobierno que se alinea con los intereses empresariales —mineras, cerveceras e industrias que despilfarran el agua— y que, en nombre del supuesto progreso y desarrollo, genera graves afectaciones ambientales, sociales y económicas en las comunidades y núcleos de población más vulnerados.

Finalmente queremos decirles que, si se hacen reuniones en lo oscuro y sin amplia convocatoria, es porque algo tienen que esconder. Manifestamos nuestro rechazo a este proyecto y pedimos que respeten nuestra libre determinación que es un derecho y que está claramente establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales que nuestro país ha firmado y debe cumplir.

Zacatecas | Comunidades entregaron carta a la Procuraduría AgrariaA y a la Presidencia de la Républica: Exigen respeto a la decisión de decir NO a la presa Milpillas

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA sobre la lucha por los ríos libres en Zacatecas – A 20 de junio del 2025

El pasado 13 de junio de 2025, ejidatarios de los núcleos agrarios de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales, así como habitantes de comunidades río abajo en Jiménez del Teúl y Sombrerete, Zacatecas, entregaron un oficio dirigido a la Procuraduría Agraria C.C. a la Presidencia de la República. En el documento, recibido oficialmente por la PA, expresan su rechazo firme y colectivo al proyecto de la presa Milpillas, que desde hace más de una década representa una amenaza de despojo, desplazamiento y afectación ambiental para la región.

Las comunidades agradecen la buena voluntad de escucha mostrada por la Procuraduría Agraria y expresan su confianza en que esta institución cumplirá su función de proteger de forma honesta y decidida los derechos de los ejidatarios frente a los intereses que pretenden imponer megaproyectos como la presa Milpillas.

Asimismo, exigen que se respete la libre determinación de sus asambleas, que ya han manifestado su negativa al proyecto, y advierten sobre el uso político e ilegal de instituciones agrarias para imponer una obra fallida e inviable. También denuncian los daños psicosociales, operativos intimidatorios y el acaparamiento del agua por parte de actores empresariales y políticos, entre ellos la familia Monreal.

Compartimos a continuación el oficio entregado y un video en el que las comunidades alzan la voz:

Descargar documento completo: https://drive.google.com/file/d/1esWJyTB9nfHu_l4fNzc4XtM_T_LvAVAR/view?usp=sharing

Ver vídeo completo: Las comunidades dicen NO a la presa Milpillas

Para leer más: 

  1.  Zacatecas en pie de lucha – Pie de Página
  2. Agua, territorio y minería: Resistencia en Sonora y Zacatecas frente a las presas – Rompeviento