Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 27 de abril de 2020
Mujer fuerte, mujer de mil batallas que llevaste a través de la educación para la autonomía junto a tus hermanas indígenas de Oaxaca, la esperanza de libertad, que peleaste con rabia por los derechos humanos para la justicia y la dignidad de los pueblos, sobretodo los derechos de las mujeres; que peleaste buscando un sistema que protegiera la soberanía alimentaria y defendiste con coraje a la madre tierra del extractivismo.
Han pasado ya 10 años desde aquel 27 de abril de 2010 en que la noticia de tu asesinato nos dejó sin aliento, en el que nuestros corazones se detuvieron por un instante y se llenaron de tristeza. El día en el que tus cobardes asesinos (materiales e intelectuales) te castigaron porque con gran determinación decidiste tender la mano a tus hermanas y hermanos triquis que estaban sufriendo de acoso y hostigamiento por fuerzas paramilitares. En esa caravana en la que llevaban medicinas y alimento, se encontraba el compañero Jiry Jaakkola a quien también como a ti le fue arrebatada la vida.
Años antes, en 2008 habías alzado la voz con rabia para exigir justicia por el asesinato de Teresa Bautista y Felicitas Martínes. Tere y Feli como tú las llamabas, eran locutoras de la radio comunitaria “La voz que rompe el silencio”, que tú ayudaste a conformar. Las compañeras eran parte esencial del proceso de autonomía en la región. En ese mismo año fuiste pilar para la conformación de nuestra Red, la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) que hasta la fecha sigue caminando con tu ejemplo; seguimos apostando por la vida.
Esos cobardes asesinos pensaron que pronto serías olvidada, que en unos meses nadie se acordaría de ti, pero se equivocaron, pues tus hermanas y hermanos con el mismo anhelo de justicia que tú abanderabas, seguimos aquí caminando contigo, honrando esa fuerza, ese encono, ese espíritu de cambio: Seguimos “sembrando sueños para cosechar esperanzas”.
¡JUSTICIA PARA BETY CARIÑO Y JIRY JAAKKOLA!
¡NI PERDÓN NI OLVIDO!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Compartimos esta análisis publicado por GeoComunes sobre el Corredor Transístmico – Abril 2020>>Descargar aquí<<
Este texto es la síntesis de la investigación que hemos realizado en los últimos meses alrededor del proyecto llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Este trabajo, como todos los que hacemos desde el colectivo, se ha enriquecido con el diálogo y el trabajo colaborativo con muchas organizaciones hermanas, y busca ser un material de apoyo para la información y discusión entre las comunidades directamente afectadas, así como también entre el resto de la sociedad.
ÍNDICE
Mapa 1. Las necesidades del capital por acelerar la circulación del comercio, frente a las necesidades de los pueblos que habitan estos territorios
Mapa 2. El Transístmico es mucho más que un ferrocarril interoceánico: es un proyecto de producción y transporte de mercancías.
Mapa 3. Los primeros contratos han sido para la modernización de las vías,
Mapa 4: Insuficiente Información en las Manifestaciones de Impacto Ambiental sobre los tramos a “renovar” y la posibilidad latente de que excedan el Derecho de Vía.
Mapa 5. Energía en el sur-sureste del país y en el istmo de Tehuantepec
Mapa 6. Coatzacoalcos: la concentración de la cadena de extracción, transformación y transporte de hidrocarburos
Mapa 7. La cadena de explotación de hidrocarburos en la zona norte del istmo
Mapa 8. El Corredor Interoceánico detonaría más megaproyectos en la zona sur del istmo de Tehuantepec
Mapa 9. Concesiones mineras vigentes y en trámite en el istmo de Tehuantepec
Mapa 10. Ampliación del puerto de Salina Cruz
Mapa 11. Las comunidades agrarias bajo amenaza por el proyecto transístmico
Mapa 12. Las piezas del proyecto de reconfiguración del Sureste
Mapa 1. Las necesidades del capital por acelerar la circulación del comercio, frente a las necesidades de los pueblos que habitan estos territorios
Desde años muy tempranos de la época colonial se han realizado proyectos y exploraciones para identificar pasos interoceánicos en el continente americano y, particularmente, en su región ístmica central, donde se identificaban muy tempranamente tres posibles pasos: en la zona del Darién, en Nicaragua y Tehuantepec.
Hernán Cortés fue el primer encomendado para explorar la existencia de ríos navegables en el Istmo de Tehuantepec por donde pudieran cruzar navíos y, ante la ausencia de éstos, se presentaron proyectos para la construcción de un canal que posibilitara este tránsito1. Los proyectos que imaginaban la construcción de un canal siguieron surgiendo a lo largo de los siglos XVI I y XVI I I , pero fue hasta el siglo XI X, con el surgimiento del ferrocarril, que los proyectos de comunicación transístmica para esta zona se han elaborado con base en una idea de paso interoceánico seco.
La historia de la proyección de este tránsito interoceánico es, como vemos, larga y compleja. Aquí, actores extranjeros y estatales se han disputado un tramo de 200 km de largo que, en realidad, es una región mucho más amplia habitada, compartida y disputada a otra escala por comunidades, pueblos urbanos, rurales, indígenas y élites locales.
Este documento busca describir y analizar el Proyecto de Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y, para contextualizarlo, recordamos brevemente los proyectos de aprovechamiento del carácter interoceánico del Istmo que el capital ha diseñado recientemente,2 y que tienen como marco histórico la disputa por el paso ya consolidado por Canal de Panamá, a través de promover no sólo un paso interoceánico, sino uno que, al mismo tiempo, sea de explotación y transformación de mercancías, y uso de fuerza de trabajo.
En 1980 se anunció formalmente la implementación del Plan Alfa-Omega, cuyo objetivo era desarrollar transporte de carga intermodal asociado a la expansión de un polo industrial de procesamiento de hidrocarburos (producción de fertilizantes y refinadoras) que, si bien no se concluyó totalmente, sí logró la penetración y concentración la infraestructura de producción y transformación de hidrocarburos en la región. Varios años después, surgió el Programa Integral de Desarrollo Económico para el Istmo de Tehuantepec, promovido en la administración de Zedillo en 1996, y que contemplaba 64 proyectos distribuidos en once paquetes que agrupaban al sector de la petroquímica y química, de la comercialización de petrolíferos, plantaciones forestales, agroindustria, pesca, industria maquiladora, desarrollo de explotación de minerales, desarrollo de infraestructura urbana, turística, y de transporte.
Pocos años más tarde, ya en el siglo XXI , este proyecto fue retomado y ampliado en el Plan Puebla Panamá (PPP), que señalaba a este Corredor I nteroceánico como uno de los proyectos prioritarios del mismo3, y que siguió siendo central en los subsecuentes proyectos regionales con los que se retomó y avanzó en lo que contenía el mencionado Plan Puebla Panamá. Nos referimos en específico a dos proyectos regionales. En primer lugar, al que en 2008 se dio a conocer como Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (PM) y que explicita, en su acta constitucional, el buscar ser un proyecto amplio que continúe y avance lo que dejó pendiente el PPP [ver documentos oficiales del PM en 3 ProyectoMesoamérica]. Conocido como Plan o Proyecto Mesoamérica, esta iniciativa abarca diez países (los siete países de América Central, República Dominicana, Colombia y México) y sigue promoviendo proyectos regionales de “integración comercial” a través de agendas sectorizadas.
El segundo proyecto regional es el de las Zonas Económicas Especiales. Promovido por el peñismo desde 2016, este proyecto que se promocionaba como la “solución a los problemas de la pobreza” de los estados de sur-sureste de México, impulsaba la creación de enclaves altamente especializados, con una estructura legal que atrajera la inversión extranjera y la llegada de eslabones de cadenas productivas que vienen y van hac ia mercados ajenos al país.
Este modelo de maquilización, promovido por el Banco Mundial desde la década de los ochenta en países con fuerza de trabajo pauperizada, no logró concretarse en prácticamente ninguno de los estados en donde se promovió4 y formalmente fueron canceladas en noviembre del 2019 con un la publicación de decreto para abrogar las Declaratorias de ZEE que habían sido emitidas para siete de ellas (Lázaro Cárdenas-La Unión, Coatzcoalcos, Salina Cruz, Puerto Chiapas, Progreso, Campeche y Tabasco [ver Decreto publicado en Diario Ofical de la Federación]. La ley federal de ZEE sigue vigente, pero sin ningún decreto de declaración de ZEE al cual aplicarse. Posteriormente el 30 de diciembre de 2019 se emitió otro decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento interior de la secretaría de hacienda y crédito público [ver Decreto publicado en Diario Ofical de la Federación]. Este decreto precisa que “Los recursos humanos, materiales y financieros de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, serán reasignados o, en su caso, donados, al organismo público descentralizado denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, de conformidad con lo que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”. Es lo que ocurre con los terrenos de las secciones federales de las ZEE de Coatzacoalcos y Salina Cruz que ahora pretenden ser usados para un parque industrial en el caso de Coatzacoalcos y la construcción de un nuevo puerto en el caso de Salina Cruz como lo veremos más adelante.
Mapa 2. El Transístmico es mucho más que un ferrocarril interoceánico, es un proyecto de producción y transporte de mercancías
El proyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, anunciado durante la campaña presidencial de López Obrador, decretado en Junio de 2019 y del que se han presentado retazos de información a cuentagotas, ha sido promocionado básicamente como un corredor de transporte carretero y ferroviario que, además de unir el G olfo de México con el Océano Pacífico, pretende ser un medio para extender las zonas industriales del sur de Veracruz y Tabasco hacia el puerto de Salina Cruz en Oaxaca, promoviendo la instalación de nuevos parques industriales a lo largo de este eje interportuario. De acuerdo con los documentos de la Cámara de Diputados [ver: carpeta informativa. El proyecto del tren transístmico / Novedades / CESOP / Centros de Estudio / Inicio], el llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es la pieza central del “Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec”. Este corredor, que abarcará 79 municipios (33 en Veracruz y 46 en Oaxaca), está compuesto por los siguientes elementos:
I. Proyectos de infraestructura de transporte ferroviario, portuario, aeroportuario y carretero.Se trata principalmente de la ampliación y “modernización” de infraestructura ya existente pero que, sin embargo, implica grandes cambios e impactos socio ambientales al intensificar el volumen y la velocidad del tránsito mercantil en la región (algunos de estos cambios son presentados en el texto del mapa 3). En este rubro, la rectificación y restauración de varios tramos de la vía ferroviaria que comunica los puertos de Coatzacoalcos, en Veracruz, y Salina Cruz, en Oaxaca., constituye el elemento más conocido. Sin embargo, también se contempla la ampliación de los puertos de Salina Cruz, Coatzacoalcos y, de acuerdo con algunos documentos, también del puerto Salinas del Marqués (también en Oaxaca); así como la de los aeropuertos de Minatitlán y de Ixtepec [ver: Carpeta informativa. El proyecto del tren transístmico / Novedades / CESOP / Centros de Estudio / Inicio].
II. Proyectos industriales. La modernización y ampliación de toda esta infraestructura de transporte constituye una pieza clave para la operación del segundo elemento de este proyecto: el desarrollo de corredores industriales donde el sector manufacturero pueda aprovechar la mano de obra de la región. Este elemento es una constante en los principales corredores interoceánicos secos de América, que promueven como una ventaja comparativa de los mismos, la abundancia de fuerza de trabajo pauperizada, con la particularidad de que en el istmo de Tehuantepec también se realiza la extracción/producción de materias primas para la industria existente y la que pretende instalarse. Aunque los pocos documentos oficiales no mencionan con claridad en qué consistirá lo que ya se nombra como la Zona Libre del Istmo de Tehuantepec, lo que hasta ahora sabemos es que es un área constituida por una franja de 20 kilómetros a cada lado de los 300 kilómetros de largo del ferrocarril, área que involucra 48 municipios de los 79 que contempla el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, configurándose así la zona libre con mayor cantidad de municipios involucrados (la también recientemente decretada Zona Libre de la Frontera Norte, incluye 43 municipios).5 En un documento muy sintético, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) menciona que se trata de una zona con exenciones de impuestos (I SR e I VA) entre otros atractivos fiscales para las empresas que ahí se instalen [ver: Programa para el Desarrollo del I stmo de Tehuantepec]. Sin embargo, la población no cuenta con información más precisa, ya que si bien se había dicho que esta zona se iba a decretar en agosto del 2019, al día de hoy no hemos encontrado documento que detalle sus características [Ver: Se creará “zona libre” a lo largo del Transístmico]. Además de esta Zona Libre, el eje manufacturero de este megaproyecto considera el desarrollo de otros eslabones como es el caso de seis “Polígonos de Desarrollo e Innovación (PDI)” [ver aquí los municipios donde se instalarían Programa para el Desarrollo para el I stmo de Tehuantepec (SHCP)], así como un número incierto de parques industriales (en algunos documentos se mencionan 5, 9 o hasta 10 de ellos), de los cuales no existen más detalles públicos [ver, por ejemplo: AMLO ofrece zona libre en Corredor Interoceánico; immex analiza llegada; Carpeta informativa. El proyecto del tren transístmico / Novedades / CESOP / Centros de Estudio / Inicio; y Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec ]
III. Proyectos energéticos. El proyecto pretende intensificar las redes de transporte y consumo de energía en la región, así como una mayor articulación de la zona de mayor producción de energía del país (el Sur del Golfo de México) con diferentes mercados a escala regional e internacional. El proyecto contempla la “creación de un enclave energético-industrial que mejore la integración manufacturera y el potencial exportador” [ver: carpeta informativa. El proyecto del tren transístmico / Novedades / CESOP / Centros de Estudio / Inicio], para lo cual se requerirían de diversas obras de transporte y transformación de energía, que si bien aún no han sido detalladas en los documentos públicos conocidos hasta el momento, seguramente re-impulsarán diversos proyectos que algunos años atrás habían sido planteados en la región, como los son: gasoductos, poliductos, terminales de gas natural licuado, y nuevas redes de trasmisión eléctrica. En esta región ampliada del Istmo de Tehuantepec, ya se encuentran en construcción algunos proyectos como por ejemplo la Refinería de Dos Bocas, en el estado de Tabasco, que si bien no aparece como parte del proyecto Corredor Interoceánico, claramente está relacionada directamente con la dinámica que se pretende intensificar en la región en relación a la producción, circulación y consumo de la energía fósil al servicio de la industria o para su exportación mediante las redes de transporte que pretenden atravesar el istmo.
Mapa 3. Los primeros contratos a empresas privadas fueron para la modernización de las vías
Si bien el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto compuesto por distintas piezas, la promoción oficial del mismo se ha centrado en la infraestructura ferroviaria. En este ámbito, lo que se menciona como modernización del ferrocarril es, en realidad, la rectificación de sus principales curvas, con lo cual éste podría convertirse en un tren de gran velocidad, trastocando con ello la dinámica local y regional del istmo.
La inversión pública que esto representa se ha publicitado como un acto de utilidad públicaque, supuestamente, reafirma la soberanía nacional. Y es que, recordemos, hasta hace unos meses, el Ferrocarril I stmo de Tehuantepec (FI T) era, ni más ni menos, una de las dos únicas líneas ferroviarias que quedaban en manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (el otro es el Ferrocarril que corre en la península de Y ucatán y que forma parte del también muy promocionado Tren Maya). Y decimos era, porque el primer paso para la realización del megaproyecto del Corredor I nteroceánico fue el decreto de desincorporación de los 300 km que constituían el FI T para, en su lugar, dárselo al recién creado Corredor I nteroceánico del I stmo de Tehuantepec, un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado, que será el encargado de promover, lic itar y, en su momento, operar, cada una de las piezas que conforman este megaproyecto [ver: Diario Oficial de la Federación]. Además del FI T, al nuevo Organismo Público Descentralizado le fueron otorgados la Administración Portuaria I ntegral (API ) de Coatzacoalcos y la API de Salina Cruz [ver también: Desincorpora SCT dos puertos y el tren del I stmo].7 En este sentido, y reconociendo la dimensión estratégica de esta infraestructura, consideramos fundamental que como pueblo le demos seguimiento puntual a las figuras de asociación público privada que emerjan de esta reconfiguración y a los capitales privados que vayan interviniendo en este proyecto.
En este sentido, es importante señalar que el pasado 5 de febrero el mencionado nuevo Organismo Público anunció el resultado de las primeras cinco licitaciones que se abrían para la rehabilitación y modernización del tren, sobre alrededor de 200 kilómetros de su Línea Z, por un monto total de 2.6 mil millones de pesos. Las ganadoras de estos cinco contratos fueron, en total, 13 empresas privadas: 10 de capital mexicano y 3 de capital español (ver mapa 2).
Con ello se otorgan los primeros contratos a empresas de capital extranjero, a pesar de que el actual presidente había declarado que la inversión privada sólo sería de origen nacional. [ver declaración de López Obrador en abril del 2019: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/161800].
“Les digo que no anden inventando que va a venir inversión extranjera y que vienen los extranjeros a apoderarse del istmo . Mentira, todo lo vamos a hacer con inversión pública y si hay participación de inversión privada va a ser de mexicanos, no va a haber extranjeros. Para que quede claro.”
Mapa 4: Insuficiente Información en las Manifestaciones de Impacto Ambiental sobre los tramos a “renovar” y la posibilidad latente de que excedan el Derecho de Vía
Llama la atención que esos contratos fueron otorgados sin contar con la totalidad de los estudios ambientales locales y regionales necesarios. Y es que, a pesar de que se ha mencionado repetidamente que toda esta renovación se hará sobre el mismo derecho de vía ya existente, la disminución del trayecto a sólo tres horas y media, conlleva impactos socio-ambientales a considerar, no sólo por el riesgo o imposibilidad de cruce que esto implica para personas y animales, sino también por la necesaria construcción de vallas protectoras alrededor de las vías.
Así, la renovación de cada uno de estos tramos requiere de la autorización de una Manifestación de I mpacto Ambiental (MIA) específica y, pese a ello, únicamente el tramo de 12 km entre Mogoñe y La Mata tiene una MI A autorizadaconcondicionantes [Ver resolutivo: http://consultaspublicas.semarnat.gob.mx/…/20OA2019V0020.pdf]. Por su parte, la MI A del tramo de Medias Aguas a Ubero, no había sido aprobada al momento de la licitación y el proceso de evaluación ha sido suspendido. [Ver MI A: https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/…/estudios/2020/20OA2020…].
Los proyectos de rectificación de los tramos mencionados deben presentar una Manifestación de I mpacto Ambiental a pesar de que se insista en que usarán el mismo derecho de vía. Pese a esto, al momento de otorgar las licitaciones (5 de febrero) la Semarnat no había aprobado ninguno de éstos (existía una aprobación, pero con condicionantes). Sumado a esto y luego de las denuncias de comunidades por las omisiones, errores y ocultamiento de información de una de las MI As, sobre las posibles afectaciones a la fauna y flora y posibles desalojos de habitantes que generará la obra; el tres de marzo de este año, la Semarnat decidió suspender la evaluación de la MI A del tramo de Medias Aguas a Ubero[ver: Semarnat suspende aprobación de estudio de I mpacto Ambiental del Tren Transístmico].
11Llama la atención que esos contratos fueron otorgados sin contar con la totalidad de los estudios ambientales locales y regionales necesarios. Y es que, a pesar de que se ha mencionado repetidamente que toda esta renovación se hará sobre el mismo derecho de vía ya existente, la disminución del trayecto a sólo tres horas y media, conlleva impactos socio-ambientales a considerar, no sólo por el riesgo o imposibilidad de cruce que esto implica para personas y animales, sino también por la necesaria construcción de vallas protectoras alrededor de las vías. Así, la renovación de cada uno de estos tramos requiere de la autorización de una Manifestación de I mpacto Ambiental (MIA) específica y, pese a ello, únicamente el tramo de 12 km entre Mogoñe y La Mata tiene una MI A autorizadaconcondicionantes [Ver resolutivo: http://consultaspublicas.semarnat.gob.mx/…/20OA2019V0020.pdf]. Por su parte, la MI A del tramo de Medias Aguas a Ubero, no había sido aprobada al momento de la licitación y el proceso de evaluación ha sido suspendido. [Ver MI A: https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/…/estudios/2020/20OA2020…]. Los proyectos de rectificación de los tramos mencionados deben presentar una Manifestación de I mpacto Ambiental a pesar de que se insista en que usarán el mismo derecho de vía. Pese a esto, al momento de otorgar las licitaciones (5 de febrero) la Semarnat no había aprobado ninguno de éstos (existía una aprobación, pero con condicionantes). Sumado a esto y luego de las denuncias de comunidades por las omisiones, errores y ocultamiento de información de una de las MI As, sobre las posibles afectaciones a la fauna y flora y posibles desalojos de habitantes que generará la obra; el tres de marzo de este año, la Semarnat decidió suspender la evaluación de la MI A del tramo de Medias Aguas a Ubero[ver: Semarnat suspende aprobación de estudio de I mpacto Ambiental del Tren Transístmico]. Los pueblos tienen razón: analizando con detalle esta MI A, es notorio que en ellas existe una importante ausencia de información. En este documento, si bien se indica la ubicación del inicio y fin de los tramos de curvas a rectificar, omiten totalmente precisar por dónde pasará el nuevo trazo (ver sobre esto Mapa 3). Así, si bien la MI A estipula que las obras se realizarán dentro del derecho de vía de 35 m de cada lado del ferrocarril, no precisa las coordenadas completas de los trazos a rectificar, poniendo para cada curva solo el punto inicial y final, lo que no permite determinar si realmente dichas obras se realizarán dentro del derecho de vía. En el mapa siguiente se ve claramente que, para la rectificación de algunas curvas, pareciera casi inevitable exceder el tan mencionado Derecho de Vía. En efecto, el derecho de vía existente les da muy poco margen para disminuir el ángulo de algunas curvas muy pronunciadas (pusimos los ejemplos de las curvas 6 y 19 pero se identificó un riesgo de salirse del derecho de vía para 20 de las 32 rectificaciones de curvas previstas.
Mapa 5. Energía en el sur-sureste del país y en el Istmo de Tehuantepec
Sumado a todo esto que hace del Corredor I nteroceánico un proyecto de reconfiguración territorial de amplia escala y efectos, encontramos un eslabón energético. Pocas veces mencionado en la publicitación del proyecto, y contradictoriamente señalado en los documentos oficiales, el eslabón energético nos parece uno de los elem entos más estratégicos del mismo y, posiblemente, sobre el que mayor discusión social se requiere.
El I stmo de Tehuantepec, contrario a lo que han decidido dignamente sus pueblos [ver G eocomunes: Megaproyectos en el I stmo de Tehuantepec], es hoy la región con mayor generación de energía eólica de México: concentra la mitad de todos los parques operando a nivel nacional y el 46% de la capacidad instalada.8 A esto hay que sumar que la región colinda al noreste con la zona de mayor extracción y reservas probadas de hidrocarburos en el país, sin dejar de lado que también [ver: G eocomunes: Análisis I stmo ] es el paso terrestre obligado de cualquier conexión para el transporte de energía entre el centro y norte del territorio nacional con la península de Y ucatán y el istmo centroamericano. Por todas estas características, el I stmo de Tehuantepec es para el capital un espacio de articulación entre diversas redes de producción, transporte y consumo de energía, y no solamente un potencial corredor interoceánico.
Desde la perspectiva del complejo industrial de energía fósil resulta claro el carácter estratégico de la región, ya que el conjunto de mercancías de este tipo que ahí se producen o que por ahí transitan, podrían ampliar sus redes terrestres y marítimas de mediano y largo alcance, intensificando la articulación de la región con los mercados de energía subcontinentales y mundiales. Con la realización del corredor transístmico se intensificaría el flujo de energía fósil que es transportada desde la costa del G olfo de México hacia la cuenca del pacífico.
A partir de esto es que debemos analizar lo que implicaría la construcción de este proyecto, considerando también que es la zona aledaña al istmo donde se encuentran las mayores reservas de hidrocarburos y la que es, actualmente, la zona de mayor producción (extracción) de los mismos(para ilustrar cuán importante es la región, sirve mencionar que la Secretaría de Energía (SENER) señaló que en 2017 el 81.2% de la extracción de petróleo en el país y el 56.9 % de la extracción de gas natural, tuvo lugar en pozos ubicados en esta área, y es también ahí mismo donde se localiza el 75.6 % de las reservas probadas (1P) de hidrocarburos que se tienen cuantificados). Así, sumada a esta existencia de recursos fósiles cercana al istmo, también existe la concentración de la transformación industrial de los mismos. Para el 2017, el 30% de la producción de petrolíferos en el país, tuvo lugar en esta región, concentración que aumentaría en los próximos años en caso de que iniciarse operaciones la séptima refinería del país, en Dos Bocas, Tabasco (proyecto que se comenzó a construir en 2019). Así mismo, también en el caso de la producción de la industria petroquímica, la región concentra la mayor proporción a escala nacional que para el 2017 llegó a representar el 92 % del total de los petroquímicos básicos producidos en el país [Estadísticas de hidrocarburos].
Para lograr esta articulación e intensificación del transporte de energía, uno de los elementos que están en el horizonte del Corredor I nteroceánico es la ampliación de la red de ductos de transporte de hidrocarburos en la región que actualmente está compu esta por ductos para transportar gas natural, gas LP, petróleo, petrolíferos [ver tabla 1].
Compartimos esta nota publicada en Notas sin Pautas sobre la resistencia a proyectos mineros en Oaxaca – A 14 de Marzo de 2020
Reflexiones sobre el Primer Foro Antiminería y Megaproyectos
Por Frente Oriente /Imagen destacada: Con los Ojos Abiertos. Cobertura del Foro: Frente Oriente
Santiago Chazumba es una población encallada en la región mixteca del
estado de Oaxaca; cabecera del municipio que lleva su mismo nombre, se
encuentra rodeada por la cordillera montañosa del estado de Puebla.
Chazumba, al igual que toda la mixteca oaxaqueña, es territorio de gran
diversidad ecológica y con enorme riqueza de recursos minerales lo que
ha hecho que la región se encuentre en la mira de corporativos mineros y
sus agresivas prácticas de despojo. Es por ello que esta localidad se
convirtió en la sede del Primer Foro Antiminería y Megaproyectos convocado por el Frente en Defensa del Territorio y los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca el pasado domingo 8 de marzo.
Con la participación de habitantes de las comunidades oaxaqueñas de
San Sebastián Frontera, Guadalupe Cuautepec, Santa Cruz Acatepec,
Huajuapan de León, San José Miahuatlán, Yucuquimi de Ocampo, entre
otras; así como las comunidades poblanas de Tehuacán, Acatitlán,
Zapotitlán Salinas, San José Mihuatlán, Acatlán de Osorio, entre otras; y
la participación de organizaciones sociales como el Movimiento Agrario
Indígena Zapatista (MAIZ), la Asociación de Periodistas Independientes
de la Mixteca, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de
Morelos-Puebla-Tlaxcala, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo
en Defensa de la Tierra y el Territorio, el Grupo de Investigación
Independiente, la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de
Tehuacán, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Frente
Oriente; el foro se convirtió en una importante tribuna de denuncia y
organización en contra del intento por convertir esta región en rehén de
los intereses de las grandes corporaciones mineras.
Desde hace 15 años, el apetito voraz de las mineras se dispone a engullir la Mixteca Oaxaqueña
En el año 2008 la Universidad Tecnológica de la Mixteca publicó, en su revista Temas de ciencia y tecnología,
un ensayo titulado “Grado de concentración potencial relativa de los
recursos minerales de la Mixteca Oaxaqueña”. En ese texto el autor
expresa que “el objetivo del presente trabajo fue diseñar un
indicador cualitativo que muestre la magnitud, en primera instancia, de
la concentración relativa de los recursos minerales en un espacio
geográfico, en este caso, de los municipios y distritos de la Región
Mixteca oaxaqueña. Lo anterior es útil para coadyuvar a orientar y
fomentar la exploración y posible aprovechamiento de los yacimientos
minerales existentes”. Desde luego que la ayuda ofrecida por la investigación no es para las comunidades originarias, sino para “el
diseño de planes y programas públicos y privados y fortalecer la
eficacia y la eficiencia de las acciones en la consecución de los
objetivos y metas del sector minero (…), y en consecuencia, tomar la
decisiones para su exploración y su posible explotación, beneficio y
comercialización”. Asimismo, la investigación fundamenta que en la mixteca oaxaqueña “las
concentraciones minerales más relevantes se ubican en los distritos de
Huajuapan, Juxtlahuaca y Nochixtlán; sin embargo, Silacayoapan destaca
por sus yacimientos de oro, plata y yeso; Juxtlahuaca por sus depósitos
de antimonio y carbón y Teposcolula por su producción de cal”[1].
En ese mismo año, la Secretaría de Energía del gobierno federal
anunció que en el estado entregaron 20 concesiones para proyectos de
explotación minera equivalentes al 12.5% del territorio oaxaqueño. Entre
las corporaciones mineras beneficiadas en esa época con los proyectos
se encontraban Golden Trump Resources S.A de C.V, Linear Gold Corp, Arco
Resources Corp, Zalamera, S.A. de C.V. filial de Chesapeake Gold Corp,
Cemento Portland Cruz Azul, SCL, Fortuna Silver-Continuum Resources,
Compañía Minera del Norte, Aurea Mining Inc, Linear Metals Corp, Radius
Gold, Compañía Minera Plata Real, New Coast Silver Mines LTD, Aura
Silver Resources Inc- Intrepid Mines Ltd., entre muchas otras.
Seis años después de publicado el diagnóstico minero de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, la Gerencia Regional Sur del Servicio Geológico Mexicano
informó que Oaxaca es considerado como uno de los estados de mayor
potencial minero a nivel nacional, por la presencia de grandes
extensiones de cobre, plata, oro, zinc, antimonio, y de minerales no
metálicos, por lo que despertó el interés de empresas mineras
internacionales. Ante ello, el gobierno federal encabezado por Enrique
Peña Nieto realizó una serie de modificaciones constitucionales,
contenidas en la Reforma Energética, que posibilitaron el despojo de
tierras en zonas campesinas e indígenas del país. Bajo estas reformas
jurídicas, el capital extranjero logró la plena apertura para explotar
los recursos naturales y energéticos nacionales y, a través de la Ley
Nacional de Hidrocarburos, establecer esquemas de servidumbre donde los
campesinos recibirán únicamente una renta ínfima a cambio del despojo de
sus recursos a través de la explotación petrolera, gasera y de
minerales. Huelga decir que con estas disposiciones se declara la
explotación energética y mineral como prioritaria ante, por ejemplo, la
producción alimentaria.
Desde entonces, más de 15 años, Oaxaca ha estado en la mira de las
trasnacionales mineras quienes, a través del Estado, impulsaron el
decreto de creación de las Zonas Económicas Especiales mediante las
cuales se construirían espacios para el capital trasnacional que les
permita desarrollar la infraestructura de enclave necesaria para la
explotación de los recursos energéticos, minerales y de agrocombustibles
que posee la región. Es cierto que las Zonas Económicas Especiales se
han eliminado, pero no la convicción entreguista de los recursos al
capital trasnacional, como lo evidencia el actual Plan Nacional de
Infraestructura elaborado por las mismas corporaciones que tienen
intereses específicos en Oaxaca.
Por ejemplo, Luiz Camargo, director de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines,
afirmó que Oaxaca, es un estado “premium” por el alto potencial minero
que, sin embargo, se encuentra en una “fase embrionaria” y “necesita dar
otro paso” y realizar un banco de datos para facilitar el desarrollo de
la exploración minera que a su vez “podría llevar desarrollo a las
comunidades que se encuentran en rezago”. Agregó que “hay una buena
relación con las comunidades con las cuales se celebran convenios para
apoyarles en materia de salud, educación y sostenibilidad social”; sin
embargo, la realidad muestra lo contrario: ante el panorama de invasión
de las corporaciones mineras a la región mixteca, comunidades han
desarrollado permanentemente procesos de organización para rechazar los
megaproyectos mineros en sus localidades.
La organización de los pueblos ante la voracidad minera
En febrero de 2016 habitantes de 48 comunidades y representantes de
30 organizaciones sociales exigieron la cancelación de 400 concesiones y
35 proyectos mineros en zonas indígenas de Oaxaca.
La respuesta de la burguesía minera y del Estado fue criminalizar,
asesinar y desparecer de manera forzada a miembros de organizaciones y
defensores ambientales con el objetivo de sembrar terror en todo el
estado y poder realizar plenamente las actividades de minería con sus
ulteriores efectos en la vida y la cultura indígena, en el medio
ambiente, en la salud y en las relaciones sociales.
A pesar de esto, la resistencia y lucha en contra de los proyectos
mineros no ha dejado de desarrollarse. Por ejemplo, desde el año 2009,
la comunidad de Magdalena Ocotlán ha mostrado su oposición rotunda a la
imposición del proyecto minero pues, mediante un acta de sesión solemne
de cabildo, reafirmaron su lucha por la tierra y determinaron declarar
su territorio totalmente libre de actividades mineras. Igualmente,
habitantes de la Sierra Sur de Oaxaca iniciaron en 2018 la resistencia
para evitar la actividad minera de la empresa canadiense Fortuna Silver
Mines que afecta a 35 municipios de los Valles Centrales.
También en Valles Centrales las comunidades en resistencia
realizaron, en 2019, la “Guelaguetza Antiminera” con la que conmemoraron
tres décadas de lucha y resistencia. En ese acto, varias comunidades se
declararon “territorios prohibidos para la minería”.
Esta lucha por la defensa de sus territorios y en contra de la
minería cada vez se hace más general en todas las regiones de Oaxaca.
Las comunidades indígenas han desarrollado procesos de organización y
articulación regional para evitar que las corporaciones mineras devasten
sus comunidades y la biodiversidad que poseen.
Pero ante estos procesos de resistencia popular, la estrategia de
división en las comunidades ha sido una práctica que el Estado ha
implementado a través de los partidos políticos de todos los colores.
Entre la represión, el hostigamiento, la división y las falsas promesas
de cambio, se intenta dar el golpe de fuerza que permita a los intereses
mineros romper los lazos sociales y de autogestión comunitaria.
El Frente en Defensa del Territorio y los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca
A partir de la preocupación de las concesiones mineras que se han
otorgado en la zona mixteca de Oaxaca y Puebla, autoridades comunales,
habitantes y organizaciones sociales de la región comenzaron a reunirse
en asambleas comunitarias para discutir y tomar acciones contra la
imposición de estos proyectos. Así, colectivamente las comunidades
tomaron la decisión de formar un frente regional para implementar
acciones de defensa y resistencia. Fue así como nació el Frente Regional en Defensa del Territorio de los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca,
con la finalidad de exigirle al gobierno que elimine las concesiones a
mineras extranjeras para la explotación de la tierra en sus comunidades.
Ya constituídos como frente, el pasado 1 de febrero desarrollaron en la comunidad de Santiago Chazumba la Segunda Asamblea de la Defensa de la Tierra y los Recursos Naturales,
a la que acudieron autoridades municipales, agrarias, activos,
población de la Sierra Norte de Puebla y de la Mixteca. Durante la
asamblea informaron que los proyectos mineros, establecidos desde la
Sierra Norte poblana hasta la Mixteca Alta oaxaqueña, atentan contra los
ecosistemas de los municipios de la región, y denunciaron las amenazas
que enfrentan por los responsables de los proyectos existentes en sus
comunidades entre los que se encuentran: el proyecto hidroeléctrico
Coyolapa-Atzala; concesión minera Newmont Mining Co. en Cerro Colorado,
Tehuacán; parque eólico en Miahuatlán, Puebla; fumigación de nubes con
yoduro de plata en el valle de Tehuacán y en comunidades de la Mixteca
oaxaqueña; concesión minera en Tequixtepec; así como la concesión minera
Arco Resources Corporation en San Jerónimo Silacayoapilla; San Marcos
Arteaga y Santiago Ayuquililla, aunado a la extracción de material
pétreo en ríos de la región por pequeños concesionarios.
Ante este contexto de afectaciones y conflictividad, el Frente acordó
declarar sus comunidades como “pueblos libres de minería, megaproyectos
y en permanente resistencia” y, asimismo, la realización de acciones de
resistencia y movilización en Oaxaca y Puebla para la defensa de sus
territorios. Su primera acción fue la realización del Primer Foro
Antiminería y Magaproyectos, celebrado el 8 de marzo en Santiago
Chazumba.
La minería es feminicida
El Primer Foro se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En este sentido, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), giró en torno al tema de la minería como feminicida. Ahí se destacó que la minería extermina la vida, en particular de las mujeres, pues “el
modelo extractivo minero es una de las caras más visibles y
patriarcales del sistema capitalista el cual no duda en asesinarnos, en
desaparecernos y enfermarnos”.
Las mujeres de REMA, denunciaron firmemente “los agravios de este
sistema patriarcal que se esconde en empresarios nacionales e
internacionales; en gobernantes a nivel federal, estatal y municipal;
también en las instituciones financieras y los agentes de gobiernos
extranjeros”. Por ello, no dudaron en sentenciar que “no creemos en la minería sustentable, ni responsable, ni verde. Las mujeres no negociamos la vida”.
Finalmente, REMA fue contundente al manifestar que “le decimos al
gobierno federal que si ellos no están dispuestos a acabar con el
saqueo y la rapiña de las empresas extractivas y sus empresarios
parásitos que operan en nuestro país, lo haremos con la fuerza de las
mujeres. Si este gobierno no está dispuesto a acabar de tajo con la
impunidad, lo haremos nosotras”.
“Estamos comenzando tarde… pero podemos ganar”
“En Oaxaca existen 427 concesiones mineras. En la Región Mixteca, por lo menos, hay 61 concesiones diferentes”
para la explotación de titanio, plomo, cobre, zinc, barita, hierro, oro
y plata; manifestaron durante su ponencia los investigadores delGrupo de Investigación Independiente de Oaxaca.
Asimismo, manifestaron que en la lucha contra el despojo minero las
comunidades de la región están comenzando tarde, por la rapidez con que
avanzan las exploraciones mineras; sin embargo, confiaron en que aún hay
tiempo para revertir esta problemática. Destacaron que el patrimonio de
las comunidades y sus habitantes, concretamente de los niños, están en
un grave riesgo pues de acuerdo con la Ley Minera las concesiones tienen
vigencia de 50 años con renovación automática de otros 50 años más. “Todos
tenemos que estar involucrados mujeres, niños, hombres, ancianos,
ancianas. ¿Por qué? Muchos de estos niños tal vez tienen por lo mucho
cuatro o cinco años. Si la concesión la otorgaron en el [año] 2016, esa
concesión va a estar vigente cuando esos niños tengan cincuenta años y
muchos de nosotros ya no vamos a estar aquí”. Con esta duración en las concesiones “están hipotecando el futuro de nuestros pueblos por 100 años; y eso, el gobierno no lo ha echado para atrás”, expresó el mencionado grupo.
También informaron a los participantes un dato sorprendente: en la
mixteca se encuentra el yacimiento de hierro más grande del planeta y
éste se encuentra en las ambiciones del magnate acerero Lakshmi Mittal,
dueño de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas – Las Truchas (SICARTSA), en
Michoacán, quien en junio de 2019 se reunión con el presidente Andrés
Manuel López Obrador quien se comprometió a generar las condiciones
idóneas para que el “Rey del Acero” pueda invertir en nuestro país mil
millones de dólares. De acuerdo a lo dicho por el presidente de la
República, “estamos llegando al acuerdo de explorar, de que invierta más
en México, cuando menos unos mil millones de dólares más, tanto en
Lázaro Cárdenas como en otras actividades productivas”. La garantía que
AMLO ofrece a Mittal es respaldar el proyecto minero implementado por su
antecesor Enrique Peña Nieto que establece, de acuerdo con la Ley
Minera, que la concesión minera cuesta 5 pesos por hectárea al año y
después de los diez años, aumenta a 111 pesos. Sin duda un negocio
redondo a la medida de la voracidad minera extranjera.
El panorama resulta complejo, por ello el grupo de investigación insiste en que “estamos empezando tarde”.
De acuerdo a sus consideraciones, se necesita difundir ampliamente la
información de lo que rodea al negocio minero a toda la sociedad y,
principalmente, a dos instancias fundamentales: la presidencia municipal
y la autoridad agraria “porque la empresa tendrá la venia del
gobierno federal, pero si no tiene el permiso del municipio y no tiene
el permiso del núcleo agrario, no puede entrar. Y eso está establecido
en las leyes”.
Desde la óptica del Grupo de Investigación Independiente, para
avanzar en la lucha de resistencia es necesario allegarse y difundir
información lo más completa y certera posible. También considera que es
fundamental desarrollar una política de medios que les permita insertar
en la opinión pública la problemática que viven las comunidades mixtecas
ante el avance de los proyectos mineros. Igualmente es necesaria la
asesoría jurídica, pero siempre bajo las directrices de los mandatos de
la asamblea comunitaria.
“Tenemos que estar preparados para movilizarnos y para
confrontarnos. La empresa no nos va a decir ‘por favor déjame entrar’.
En el momento en que vea que no tiene el permiso, va a aplicar la
fuerza; y nosotros tenemos la razón, pero también tenemos que ser
conscientes de que tenemos que tener la fuerza para demostrar que esa
razón es válida”.
Y concluyó: “Podemos ganar, pero tenemos que hacer un esfuerzo continuo”.
Imagen destacada: Con los Ojos Abiertos. Cobertura del Foro: Frente Oriente
Compartimos esta nota publicada en Página 3 a través de Pie de Página – A 12 de febrero de 2020 — Comunicado de la REMA (aquí)
Este pueblo zapoteco que se rige por sistema normativo de usos y costumbres ganó un amparo contra la minería en su territorio. Sin embargo, las empresas Continuum Resources LTD y Minera la Natividad desacatan dicho mandato judicial federal
Por Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Pese
a que pueblo zapoteco de Capulálpam de Méndez ganó el amparo donde el
Juzgado Tercero de Distrito cancela todas las concesiones mineras en su
territorio, la minera canadiense Continuum Resources LTD, la compañía
Minera la Natividad y Anexas y otros particulares, desacataron este
mandato judicial federal.
Las autoridades municipales y comunales cuestionaron al gobierno de
la Cuarta Transformación porque la Secretaría de Economía también se
amparo contra esa sentencia judicial, lo que calificaron como una
incongruencia presidencial porque con esa actitud “el presidente Andrés
Manuel nos niega el derecho al territorio que el tribunal nos reconoce,
hay una contradicción en el discurso del presidente de la república”.
En una conferencia de prensa, el presidente municipal de Capulálpam
de Méndez, Adrián Pedro Arreortúa Méndez; el presidente del comisariado
de Bienes Comunales, Néstor Baltazar Hernández Bautista y el presidente
del Consejo de Caracterizados, Miguel Ramírez Domínguez, reiteraron la
decisión de su asamblea comunitaria para decir: “Si a la vida, no a la
minería”.
Aunque su lucha lleva 15 años, fue en febrero de 2015 cuando la
comunidad indígena agraria de Capulálpam de Méndez interpuso una Demanda
de Amparo para solicitar la protección de la justicia federal ante la
autorización de concesiones mineras ubicadas en su territorio comunal.
Explicaron que estas concesiones fueron otorgadas a la minera
canadiense Continuum Resources LTD, a la Minera la Natividad y Anexas y
otros particulares por la Dirección General de Regulación Minera de la
Secretaría de Economía para la exploración y explotación de oro, plata y
otros minerales sin haber consultado a la comunidad indígena como prevé
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Después de un largo litigio de casi cinco años, el Juzgado Tercero
dictó Sentencia en octubre de 2019 donde reconoce jurídicamente la
ancestralidad indígena de la comunidad de Capulálpam y, por tanto, su
propiedad y posesión de sus tierras comunales que ocupa desde la época
prehispánica.
La Sentencia establece que la comunidad indígena agraria de
Capulálpam fue fundada antes de que se formara el actual Estado mexicano
y por tanto tiene el derecho a la protección de la justicia federal
como lo establece el Artículo Segundo Constitucional federal.
En consecuencia, el Juzgado Tercero en su sentencia cancela todas las
concesiones mineras que fueron otorgadas a las empresas mineras en el
territorio de Capulálpam por haber sido otorgadas sin la Consulta Previa
Libre e Informada que establece el Convenio 169 de la OIT.
Así, el Estado mexicano protege la ancestralidad indígena de
Capulálpam de Méndez en materia de extractivismo de minerales, le
reconoce su derecho a tener una vida digna y a permanecer como comunidad
indígena libre del extractivismo de minerales pro encima de los
intereses de particulares.
Mencionaron que la sentencia también hace justicia a las comunidades y
pueblos indígenas de Oaxaca quienes históricamente han padecido
discriminación y racismo en la impartición de justicia.
Sin embargo, tanto las empresas mineras como la Secretaría de Economía se ampararon contra esta sentencia.
“Ya se dio a la sentencia ahora sigue la lucha mas fuerte porque la
empresa aun no se retira, está en desacato, ya impugnaron la sentencia
la empresa y Secretaría de Economía federal. Esperamos que la sentencia
se mantenga firme y se ejecute. La lucha legal sigue; estamos luchando
contra un monstruo económico y no podemos dar marcha atrás y esta lucha
de 15 años que iniciamos, cinco años duro el proceso de amparo y ahora
sigue la lucha más fuerte”, comentaron las autoridades.
El comunero Salvador Aquino recordó que en este año 2020 se cumplen
30 años de que el Senado de la República ratificó el convenio 169 de la
OIT y “en esos 30 años no ha habido una sentencia similar en México y
América Latina como la que gano Capulálpam en octubre de 2019.
Mencionó que efectivamente ha habido sentencias pero por múltiples
razones jurídicas y artificios legales estas sentencias no se han
llevado a cabo, pero ahora “tenemos la firme convicción que esta
sentencia va a llegar a ser efectiva y se tiene que cumplir”.
Respecto a la postura presidencial dijo que “nosotros hemos estado
siguiendo de manera muy detallada las conferencias del presiente Andrés
Manuel López Obrador y en efecto él ha dicho que protege los derechos de
las comunidades indígenas, sin embargo, ya nos demostró lo contrario
porque la Secretaría de Economía interpuso una impugnación derivado de
la sentencia de octubre de 2019 donde el Juzgado tercero cancela las
concesiones”.
“Es decir, el presidente actual, a través de la Secretaria de
Economía, nos está negando el derecho que ya un tribunal federal nos
está asignando en términos de nuestro reconocimiento como comunidad
indígena ancestral en el estado mexicano. Es decir hay una contradicción
en el discurso del presidente”, abundó.
Sin embargo, agregó, “lo sentimos pero nosotros como pueblos vamos a
seguir defendiendo nuestro derecho a nuestra identidad indígena”.
Finalmente resaltó que “las leyes en este país se mueven por el
dinero, por la corrupción, pese que el impacto al medio ambiente ha sido
brutal y nos afecta a todas las comunidades que vivimos en la cuenca
del río Capulálpam, río San Pedro y del río Grande. Todos padecemos la
cuestión ambiental que hemos padecido por casi 300 años y ninguna
institución han hecho absolutamente nada”.
Insistió en que “las empresas mineras se basan en las corruptelas para funcionar pero no cuentan con argumentos ambientales ni jurídicos para poder operar y ahí están las consecuencias, el impacto en los veneros de agua porque 13 manantiales han desaparecido debido a los trabajos subterráneos de la minera”.
Imagen: Conferencia de Prensa 11 de febrero 2020, Capulálpan de Méndez Crédito: Agencia EF
