Solidaridad global con comunidades, pueblos indígenas y trabajadorxs: en riesgo por la industria minera que busca aprovecharse de la pandemia

Más de 300 organizaciones expresan solidaridad con comunidades y trabajadorxs afectadxs por la manera de beneficiar de la pandemia del COVID-19 por parte de la industria minera – A 2 de junio de 2020

La industria minera es una de las más contaminantes, letales y destructivas del mundo. Sin embargo, hasta la fecha, las respuestas de las empresas mineras a la pandemia del COVID-19, han recibido poco escrutinio en comparación con otras industrias que están buscando beneficiarse de esta crisis.

Las organizaciones abajo firmantes condenamos y rechazamos las formas en que la industria minera y numerosos gobiernos están aprovechando la pandemia para fabricar falsas oportunidades y aceptación social para el sector minero, ahora y en el futuro.

Estas acciones suponen una amenaza inmediata para la salud y la seguridad de lxs trabajadorxs, y de las comunidades y organizaciones que han estado luchando durante décadas por defender la salud pública, contra la destrucción y la devastación de sus territorios por el extractivismo minero. Sobre la base de un análisis colectivo desarrollado con comunidades afectadas, trabajadorxs y organizaciones de la sociedad civil, hemos identificado las siguientes tendencias que ejemplifican estas amenazas. Un examen de más de 500 fuentes de medios de comunicación, comunicados de prensa e informes sobre la minería en el contexto de COVID-19 informa aún más estos hallazgos.

Uno: las compañías mineras han decidido ignorar las amenazas reales de la pandemia y continúan operando, utilizando cualquier medio disponible.
Las empresas mineras y muchos gobiernos han presionado para que se clasifique a la minería como un servicio esencial, lo que permite que las operaciones continúen a pesar de los riesgos sustanciales que esto presenta. Al hacerlo, están poniendo en gran riesgo a las comunidades, a las poblaciones rurales y urbanas y a su fuerza de trabajo. En muchos casos, las comunidades indígenas y rurales ya se enfrentan a un grave riesgo por el virus, especialmente las comunidades cuya salud se ha visto dañada por la contaminación generada por el extractivismo minero. Están luchando para poder protegerse de posibles brotes.

Dos: Los gobiernos de todo el mundo están adoptando medidas extraordinarias para silenciar las protestas legítimas y promover el sector minero.
Libre de supervisión y escrutinio públicos, los gobiernos han impuesto restricciones a la libertad de asociación y al movimiento de personas para proteger la salud pública. Sin embargo, estas medidas severas y frecuentemente militarizadas comprometen la capacidad de los pueblos para defender sus territorios y sus vidas. Quienes defienden la tierra y el territorio tienen un mayor riesgo de sufrir violencia selectiva y algunxs siguen encarceladxs injustamente, lo que plantea riesgos adicionales de infección. Los gobiernos también han desplegado fuerzas estatales (militares y policiales) para reprimir a protestas legítimas y pacíficas, especialmente en los casos en que existe una oposición de larga data a las actividades de una empresa. Mientras tanto, se permite a las empresas mineras seguir operando en estos mismos territorios o hacerlo, a pesar de las restricciones. Estas y otras acciones benefician cínica e injustamente al sector minero extractivista.

Tres: Las compañías mineras están usando la pandemia como una oportunidad para lavar sus sucios historiales y presentarse como salvadores con espíritu ciudadano. En un momento en que países enteros están luchando por conseguir el mínimo de equipos de ensayo necesarios, las empresas se han jactado de los millones de equipos de ensayo de origen privado que han proporcionado a las comunidades y trabajadorxs afectadxs. Esto es una cobertura deficiente para los efectos a largo plazo sobre la salud que habitualmente se derivan de las actividades mineras y las formas a menudo solapadas en que esas mismas empresas operan.
También representa una afrenta al bien público en general y a los esfuerzos colectivos de muchos Estados y comunidades para asegurar el acceso público a las pruebas, lo que pone de relieve las flagrantes asimetrías de poder entre las empresas multinacionales y los estados del Sur Global. En algunos casos, las empresas están distribuyendo víveres directamente a la población, generando división social y socavando la resistencia pacífica, mientras la población no puede movilizarse en el contexto de la pandemia.
Algunas empresas mineras han establecido fondos de asistencia o han hecho importantes donaciones considerables a los ministerios estatales. Estas «donaciones» directas en efectivo no sólo están lejos de ser proporcionales a los impactos reales de sus actividades, sino que también representan un riesgo de corrupción, que se evidencia a medida que vemos a los gobiernos dispuestos a debilitar las medidas de emergencia, o a permitir el incumplimiento de las mismas, o a simplemente eximir a la industria de cumplirlas.

Cuatro: Las empresas mineras y los gobiernos están utilizando la crisis para conseguir un cambio de normas que favorezca a la industria, a expensas de los pueblos y el planeta.
Mientras posicionan a la minería como actividad esencial, tanto ahora como para la recuperación económica mundial posterior al COVID-19, las empresas mineras siguen ejerciendo presión para agilizar las decisiones administrativas y debilitar las medidas, ya limitadas, que existen para hacer frente a los efectos sociales, culturales, ambientales y económicos de sus actividades, que casi siempre recaen en las comunidades afectadas con total impunidad.Ya sea explícitamente, suspendiendo la escasa supervisión y aplicación de las normas ambientales que había, o implícitamente, haciendo más difícil que las comunidades afectadas obtengan información e intervengan en los procesos de concesión de permisos, los gobiernos están haciendo profundas concesiones a la industria minera, y las empresas están ahora presionando a los gobiernos para que esa desregulación sea permanente.
Al mismo tiempo, las empresas utilizan cada vez más mecanismos supranacionales de solución de disputas Inversor-Estado (ISDS), incorporadas en miles de acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales, para demandar a los gobiernos, especialmente en el Sur Global. Siguen interponiendo o amenazando con interponer demandas por cientos de millones, o incluso miles de millones de dólares, por decisiones tomadas por gobiernos, tribunales e incluso organismos de derechos humanos, socavando la soberanía nacional para la toma de decisiones de protección de la salud pública y atacando la autodeterminación de los pueblos que luchan por proteger su bienestar frente a los proyectos extractivistas. Las reclamaciones mineras pendientes conocidas -y de lugares donde se dispone de información- ascienden actualmente a 45.500 millones de dólares, aunque el total real podría ser mucho mayor. Por ende se temen nuevas amenazas en respuesta a las medidas adoptadas durante la pandemia.
Condenamos estas respuestas a la pandemia del COVID-19 como actos de agresión que agravan los riesgos que enfrentan diariamente las comunidades afectadas, los pueblos indígenas, lxs defensorxs de la tierra y lxs trabajadorxs de las minas.

Rechazamos la afirmación de base de que la minería representa un servicio esencial, ya sea ahora o en el periodo de recuperación económica. En el contexto de una crisis mundial sanitaria, económica, ecológica y climática, que avanza en paralelo, afirmamos que lo esencial es la salud de las comunidades, los pueblos indígenas, lxs trabajadorxs y los movimientos sociales, no los beneficios de las empresas mineras depredadoras.
Hacemos un llamado a los gobiernos nacionales para que respeten y apoyen los procesos autónomos de organización y autodeterminación de las comunidades afectadas por la minería y los pueblos indígenas. Sus esfuerzos son vitales para proteger la salud de la comunidad y el medio ambiente con la información que proviene de sus propios conocimientos y tradiciones; estos esfuerzos protegen también la soberanía alimentaria de las poblaciones rurales y urbanas a través de la agricultura en pequeña escala y otras actividades productivas.
La «reactivación» económica no debe promover más minería, sino que debe reconocer e impulsar las iniciativas de base comunitaria.

Pedimos a los organismos internacionales de derechos humanos que presten atención y condenen activamente las violaciones de los derechos humanos cometidas por los gobiernos y las empresas mineras durante la pandemia y el período de recuperación posterior.

Nos solidarizamos con las comunidades de primera línea, los pueblos indígenas y lxs trabajadorxs más afectadxs por la crisis del COVID-19 y por las respuestas de la industria minera.

Hacemos un llamamiento a los demás sectores para que los apoyen en sus campañas fundamentales en pro del bienestar colectivo y la justicia.

Lista completa de organizaciones firmantes.

La carta abierta viene acompañada del informe «Voces del territorio: Cómo la industria minera está beneficiando de la Pandemia COVID-19”, también disponible en inglés y portugués.

Imagen: Noalamina.org

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