Periódico La Jornada sábado 12 de agosto de 2023 , p. 15
Los centros de datos y actividades de las grandes empresas tecnológicas como Google, Meta, Amazon y Microsoft consumen importantes volúmenes de agua dulce y energía. Conllevan además una serie impactos ambientales, consumen altos recursos de minería y generan desechos de difícil manejo, entre otras consecuencias nada virtuales de sus actividades. Son también un importante factor de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
La alta demanda de agua dulce ya ha causado conflictos con las comunidades afectadas en varios países. Google ha tenido como política no dar datos de su consumo de agua, declarándolo “secreto comercial”. Sólo luego de perder juicios por parte de poblaciones afectadas, Google reveló el consumo realizado o proyectado en algunos centros. Así fue en el caso de Uruguay, donde en un contexto de escasez de agua para consumo humano, Google proyecta un centro de datos que consumiría 7 millones 600 mil litros de agua potable diarios, el equivalente a lo necesario para 55 mil personas cada día (https://tinyurl.com/yjupa4s2).
Ante la multiplicación de juicios y protestas, Google decidió hacer público el consumo de agua de sus centros de datos a nivel global. Informa que en 2022 consumió aproximadamente 21 mil 200 millones de litros, que según Google es el agua que se usa para irrigar 37 campos de golf. Ya sabíamos que los campos de golf son nocivos para el agua y el ambiente, además de innecesarios, pero es la imagen que eligió Google para desviar la atención del verdadero problema: que según sus propios datos toman el agua que necesitan cerca de 420 mil personas en un año o más de 150 millones de personas en un día.
En América Latina los países que tienen más centros de datos “la mayoría de titanes tecnológicos” son Brasil, Argentina y México. En Chile, hay resistencia de asociaciones vecinales a la instalación de centros en Cerrillos y Quilicura, en la periferia de Santiago, por la alta demanda de agua y otros impactos.
Zeewolde, una pequeña ciudad de Holanda está en lucha contra lainstalación de un centro de Meta (dueña de Facebook), tanto por la demanda de agua, como de energía y por la ocupación de tierras del propio centro (https://tinyurl.com/3rut49tj).
La población de Talavera del Río, en Toledo, España, organizada en la asociación “Tu nube seca mi río”, está en lucha contra la instalación de un centro de datos de Meta, por la alta demanda de agua y la ocupación de 180 hectáreas de tierras.
Estados Unidos es el país con más centros de datos, la mitad de todos los que existen a nivel mundial. En The Dalles, Oregón, un periódico local logró este año, luego de 13 meses de batalla legal, que las autoridades de la ciudad revelaran que el centro de datos de Google consume más de 25 por ciento del agua potable de la ciudad. Al igual que en Uruguay, Google había sellado la información como secreto comercial y fueron las propias autoridades, usando recursos públicos, las que defendieron a la empresa (https://tinyurl.com/t7cnkhuj).
Meta y Microsoft también han sido objeto de protestas y denuncias similares por el alto consumo de agua en sus centros de datos en varias regiones de Estados Unidos y Europa.
Según un estudio de Virginia Tech, los centros de datos están entre las 10 industrias que consumen más agua en Estados Unidos, además de ser uno de los mayores usuarios de energía: usan 2 por ciento de la energía en ese país. El estudio señala que la cuarta parte de esos centros se instalan en zonas en estrés hídrico, por ejemplo en ciudades pequeñas en áreas de clima árido, cerca de grandes ciudades. Las grandes tecnológicas buscan lugares donde además de agua, puedan proveerse de fuentes de energía, preferiblemente solar o eólica, para alegar que son de bajo carbono o que están compensando los gases de efecto invernadero (GEI) que generan. Eso conlleva ocupar extensas áreas aledañas para parques solares o eólicos, o competir por el uso de parques existentes para otras actividades que lo requieren para salir de la dependencia del petróleo. Por tanto, lo que hacen en realidad es desplazar emisiones GEI a otras actividades, para presentarse ellas con menor huella de carbono (https://tinyurl.com/2adktacf).
Además del alto consumo de agua, mayormente para refrigerar los miles de computadoras que funcionan en los centros, su instalación implica también uso de tierras, de materiales, energía y otros recursos adicionales generados en toda la cadena de actividades relacionadas. En general, los impactos por usos previos y paralelos no los cuentan las empresas en sus informes.
El aumento y proliferación de la digitalización en todas las industrias, también de servicios y entretenimiento, conlleva impactos socioambientales muy negativos sobre los que aún hay muy poco debate, salvo en las poblaciones que ya están perdiendo su agua y otras afectaciones. A la reacción usual de “pero necesitamos Internet, servicios digitales, etcétera”, hay muchas cuestiones a debatir. El uso individual y suntuario de enviar caritas y otras sandeces en mensajes, es uno de ellos. Pero el más grave y urgente, es la altísima concentración corporativa del sector. Son los titanes tecnológicos los que requieren estos gigantescos y voraces centros de datos, entre otras infraestructuras e industrias conexas de altos impactos sobre el agua, el ambiente y las comunidades.
Compartimos este programa especial de radio producido por Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival donde integrantes de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA platican sobre los impactos de la minería en el sistema hídrico de los territorios amenazados por megaproyectos mineros – A 16 de marzo 2023
El Día Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo de cada año para “llamar la atención sobre la importancia de este elemento, defender la gestión sostenible de los recursos hídricos” y asegurarnos de que “todas las personas tendrán acceso a agua y saneamiento gestionados de manera segura para el año 2030”. Aunque esta última meta es parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, firmados en el 2015 por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, aún estamos muy lejos de lograr el acceso al agua para todas las personas que habitamos este planeta.
Por esta razón, en Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival preparamos un programa especial para reflexionar sobre la importancia del agua, visibilizar algunas de las problemáticas a las que nos enfrentamos los Pueblos Indígenas en relación con el acceso a ella, así como las consecuencias que trae la explotación minera en nuestros territorios, como la escasez de agua y la contaminación de ríos, arroyos y aguas subterráneas. Conoceremos los casos de la comunidad aymara de Tiquipa, en Bolivia, afectada por la contaminación del Río Katari, así como la amenaza que se vive en México frente a un nuevo impulso minero que pretende llevarse a cabo en “zonas de riesgo hídrico extremadamente alto”.
Puede escuchar, descargar y compartir este programa de forma gratuita.
Musicalización: Música de introducción: – “Burn Your Village to the Ground” de The Halluci Nation. Derechos de autor, propiedad de The Halluci Nation. Usada bajo su permiso. Música de fondo: – Sonido de río y sonido de aves. Uso libre. – “El agua” de Tonatiuh de la Cruz. Derechos de autor, propiedad de Tonatiuh de la Cruz. Usada bajo su permiso. – “Indios Tilcara”, “Sueño en Paraguay” y “Los pastores” de Chancha Vía Circuito. Derechos de autor, propiedad de Chancha Vía Circuito. Usada bajo su permiso. – “Huaves” de Tezkayoloh. Derechos de autor, propiedad de Tezkayoloh. Usada bajo su permiso.
Voces: – Verónica Amaro Quispe, comunidad Tiquipa, Bolivia. – Roberto Aruquipa Amaro, Presidente de la Coordinadora de Defensa, Desarrollo y Medio Ambiente del Río Katari y el Lago Titicaca de la Central Agraria Quiripujo, Bolivia. – Luis Flores Mendoza, comunidad Tiquipa, Bolivia. – Carmen Rosa Herrera, integrante del Instituto de Investigación y Acción para el Desarrollo Integral (IIADI), Bolivia. – Integrantes de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA). – Raquel Xiloj, Maya K’iche, Cultural Survival, Guatemala. – Guadalupe Pastrana, Nahua, Cultural Survival, México.
Producción y edición: – Guadalupe Pastrana, Nahua, Cultural Survival, México.
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el acceso al agua en México y la sobre explotación de este vital liquido por grandes industrias – A 10 de agosto del 2021
La Subdirectora General de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Elena Burns Stuck, reconoció en un foro realizado en el Senado de la República que el sistema de gestión de agua en México no funciona porque fue diseñado para no funcionar. “Fue diseñado para crear mercados del agua y no para cumplir con el derecho humano al agua”, dice.
Stuck admitió que “si una comunidad indígena o rural quiere la seguridad jurídica sobre su agua, no hay; y no tenemos la manera en este momento de poder reconocer su derecho humano al agua”.
No se puede garantizar el derecho al agua porque hay un sistema de concesiones que privilegia a los que tienen recursos para comprarlas. “El sistema de concesiones se impuso en México como condición para la firma del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN). Exigió a México tratar todas las tomas de agua bajo la figura de la concesión, además que la concesión fuera objeto de operaciones de compra y venta sin restricción”, explicó la funcionaria.
Tanto es así que fue creada “en la subdirección general una gerencia que se llama Bancos del Agua, que estuvo a cargo de determinar el precio adecuado de compra y venta de concesiones en regiones de estrés hídrico”.
El número de concesiones para la explotación de agua se incrementó considerablemente a partir del TLCAN. Desde la Constitución de 1917 y hasta la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales, en 1992, solo se habían otorgado 2 mil concesiones. Pero a partir de 1992, hasta la fecha se han otorgado más de 518 mil concesiones. Y todavía hay un rezago de 174 mil. “En muchos países, como en los Estados Unidos, el sistema de reconocimiento de derechos tiene un trasfondo que integra agua con territorio, con cultura, con distintas formas de gobierno indígenas, locales. No simplemente con operaciones de compra y venta”, dijo Burns.
La Ley de Aguas Nacionales permitió el otorgamiento de concesiones en orden de solicitud. “Corrió la voz entre ciertas capas de la sociedad, muy en particular figuras fuertes dentro del partido en el poder en aquel entonces, y tenemos operadores regionales que apartaron sus concesiones, sus millones de metros cúbicos de agua al año, con la intensión de vender derechos al agua en cuanto subiera los precios”, explicó.
Además, las concesiones fueron otorgadas sin importar la disponibilidad de agua. De acuerdo con la Subdirectora General, se otorgaron 270 mil concesiones antes de que Conagua emitiera los dictámenes de disposición de agua.
Concesiones, por mayoreo
En 2020, la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida entregó 200 mil firmas al congreso mexicano paar exigir una nueva Ley de Aguas. Hasta la fecha no se ha creado la nueva legislación.
La Ley de Aguas Nacionales exige que Conagua realice todo el trámite de concesión dentro de 60 días a cualquier particular que haga la solicitud. “Y eso ha sido imposible, por varios motivos, falta de personal, de presupuesto. Entonces en todo el país ha emergido toda una industria de abogados que obtienen concesiones para sus clientes reclamando a Conagua por no haber cumplido el plazo de 60 días”, sostuvo la funcionaria de ese organismo.
A los tribunales no les importa si hay veda, si hay daños a terceros, si no hay disponibilidad de agua, dijo. “En estos momentos Conagua está otorgando concesiones por mayoreo. Se está otorgando concesiones en acuíferos y cuencas sobreexplotados bajo ordenes de tribunales que nos dan entre 24 y 72 horas para otorgar concesión, con sanciones que van desde multas que se quita de los salarios de los funcionarios, inhabilitación y prisión”.
Mientras las concesiones son acaparadas por los que tienen recursos para hacerlo, los organismos operadores en grandes ciudades abastecen a quien paga más. “En grandes y crecientes zonas populares se vive la experiencia del tandeo, de la pipa y casos extremos en el cual la gente tiene que comprar agua de garrafón para suplir necesidades mínimas de agua”, sostuvo Burns.
La Subdirectora General fue al Senado a exponer la realidad del sistema de gestión de agua en el país y, delante de un auditorio con la presencia de algunos pocos senadores, pidió cambios en la legislación del agua en México. Uno de ellos es la aprobación de una nueva ley de aguas que lleve en consideración el derecho humano al agua y el derecho indígena.
Imagen: En portada: Pueblos de la región Izta Popo, en Puebla, enjuiciaron a la empresa Bonafont por el abuso en la sobreexplotación de sus fuentes de agua. Foto de Jana X
Compartimos esta nota de Sin Embargo sobre el acaparamiento del agua en México – A 14 de diciembre de 2020
A partir de las concesiones otorgadas por la Conagua por la Ley de Aguas Nacionales de 1992, millonarios acaparan este bien que por su escasez ha comenzado a cotizar en el mercado de futuros de Estados Unidos. Un artículo de la UAM revela que, a falta de regulación vigente y vigilancia, solo un 1.1 por ciento concentra una quinta parte del recurso para fines lucrativos. Entre ellos, Claudio X. González con Kimberly Clark y Ricardo Salinas Pliego con Banco Azteca.
Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).– Mientras más del 30 por ciento de los hogares mexicanos (Inegi, 2016) padece a diario cortes o tanteo de su derecho al agua y saneamiento, 3 mil 304 grandes usuarios privados acaparan las concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al concentrar 13 millones 183 de hectómetros cúbicos anuales para fines lucrativos, en su mayoría en acuíferos sobreexplotados, expone la investigación “Los millonarios del Agua” publicada por la Universidad Autónoma de México (UAM), con ciencia de datos del Registro Público de Derechos de Agua (Repda) hasta enero de 2020.
Esto es, el 1.1 por ciento de todos los usuarios del agua en México explota más de una quinta parte del recurso hídrico nacional (22.3 por ciento). Entre ellos, Kimberly Clark y Banco Azteca, empresas de los millonarios Claudio X. González Laporte y Ricardo Salinas Pliego, así como FEMSA, Bachoco, Herdez, Lala, las mineras GoldCorp, y Buenavista de Grupo México, propiedad del otro millonario Germán Larrea Mota-Velasco, entre otros.
A partir de la Ley de Aguas Nacionales de 1992, aún vigente porque el Congreso sigue sin aprobar una iniciativa ciudadana para una Ley General de Aguas que garantice acceso equitativo, estos denominados “millonarios del agua” son empresas, asociaciones civiles y personas físicas, quienes emplean el agua principalmente para uso agrícola, industrial y de servicio turístico. La Ley de Aguas Nacionales, aprobada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, fue “la expresión más acabada” de los lineamientos exigidos por Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) al Estado mexicano para “la neoliberalización del agua”, otrora bien nacional, con el fin de dar mayor certeza a la inversión privada en materia de derechos de agua, dice el texto de los investigadores Wilfrido Gómez y Andrea Moctezuma.
El 1.1 por ciento acapara 22.3 por ciento del agua. Gráfica: Los millonarios del agua, UAM, 2020.
“Legalmente no existe un límite en cuanto al volumen de agua a concesionar para un actor privado dentro del margen de disponibilidad, de ahí que algunas empresas hayan acaparado grandes cantidades de agua. Bajo esta lógica, no importa si se pone en riesgo el bienestar colectivo o si se degrada la calidad del agua, lo que importa es la utilidad de las empresas y consorcios privados que gestionan y explotan este bien común”, afirma la investigación. “Los Millonarios del Agua pagan de forma diferenciada de acuerdo con el uso del agua (por ejemplo, se paga más por el uso industrial o servicios). Un usuario tiene la libertad de tener concesiones para distintos tipos de usos, lo que permite ahorrar millones de pesos por no pagar el uso debido y hace más difícil rastrear el destino final”.
En conclusión, exponen Gómez y Moctezuma, hay tres maneras en que la actual administración del agua con la presente Ley de casi 30 años permite que el sector privado monopolice legalmente el agua en el país para fines de lucro, en un marcado contexto de desigualdad: los usuarios pueden acceder a una sola concesión con grandes volúmenes de agua, ya que no se establece un límite preciso; un mismo usuario puede tener distintas concesiones de diversos tipos con diferentes volúmenes y diferentes usos; o un mismo usuario puede tener varias concesiones a nombre de parientes, socios y/o prestanombres, como en el caso de la Coca-Cola y la familia Tricio de Grupo Lala. También se puede acceder y controlar este recurso gracias a la transmisión de concesiones, o incluso se extrae agua sin contar con una concesión, como ocurrió en Ayutla Mixe, Oaxaca, en donde un grupo paramilitar se apoderó del manantial dejando a la comunidad sin agua desde hace dos años o las cerca de 400 mil tomas de agua clandestinas en la Ciudad de México, donde se anunció un recorte hasta 2021 por disminución del sistema Cutzamala.
El mapa representa el porcentaje del volumen de agua explotada respecto al volumen de agua de recarga de los acuíferos. Mapa: Los Millonarios del Agua, UAM, 2020.
La iniciativa ciudadana en consenso con legisladores que exige un acceso equitativo al agua y mayor control a las grandes concesiones sigue atorada en la Cámara de Diputados. En entrevista, uno de los autores del artículo, Wilfrido Gómez, dijo que con la actual Ley (1992) no hay una regulación ni vigilancia del agua y descargas de manera democrática y limitada, esto es, la adquiere en volúmenes quien primero solicite una concesión y no se consulta a la comunidad o colonia de la zona que padece la escasez. Por lo que debe regularse el tipo de uso y la transmisión de concesiones para evitar mayor “especulación” de oferta-demanda del agua de la que habrá ahora que su uso cotiza en el mercado de futuros de California, Estados Unidos, lo cual de cierta manera “legitimiza el mercado ilegal del agua en México”.
“La Conagua publica cada dos años la disponibilidad del agua en acuíferos y cuencas. Aunque hay acuíferos sobreexplotados, se siguen entregando concesiones. En la nueva Ley primero se debe garantizar el derecho humano al agua, es decir, que no se cree el acaparamiento y desigualdad”, dijo Gómez. “Si hay sobreexplotación, se tiene que restringir para poder restablecer la cantidad y calidad del agua”.
EMPRESAS ACAPARADORAS
De norte a sur del país, los millonarios del agua se reparten en 966 empresas de energía eléctrica, cerveceras, acereras, agroindustrias, mineras, papeleras, automotrices, embotelladoras, entre otras; mil 537 personas físicas y 801 asociaciones civiles que realizan distintas actividades productivas. En total, los 3 mil 304 tienen concesionado un volumen de agua de 13 millones 208 hm³/año, equivalente al 22.3 por ciento de toda el agua concesionada en el país. De los 653 acuíferos que existen en el país, 115 están sobreexplotados y de éstos, 99 tienen la presencia de algún Millonario del Agua.
“Cada uno de estos usuarios y sus concesiones, en muchos casos, representan, una serie de conflictos con distintos actores locales respecto a un bien natural, y representan también un despojo, en donde los ciudadanos, los pueblos y comunidades no fueron considerados en ningún sentido y de un momento a otro se encuentran enfrentados ante una empresa o individuos que tienen grandes volúmenes de agua”, expone el artículo “Los millonarios del agua”.
Entre los Millonarios del Agua que tienen mayores volúmenes concesionados para uso único industrial, se encuentra la trasnacional Kimberly-Clark, dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de productos de limpieza, cuidado e higiene y denunciada por contaminar ríos y manantiales en los estados de Veracruz, Querétaro y Michoacán. El conglomerado de Claudio X. González tiene concesionado un volumen de 27.3 hm³/ año de agua.
Millonarios del Agua usuarios con mayor volumen de agua de tipo industrial-único. Gráfica: Los Millonarios del Agua, UAM, 2020.
Además, en el marco de la especulación y escasez a futuro, es de destacar la presencia de bancos con grandes concesiones, por ejemplo, el español BBVA tiene 1.6 hm³/año en el acuífero sobreexplotado Atemajac, cerca de Guadalajara, Jalisco. Y el Banco Azteca de Ricardo Salinas Pliego cuenta con 2.2 hm³/año en el acuífero sobreexplotado de la Zona Metropolitana, de la cuenca de México.
“La creciente participación de bancos como usuarios de grandes concesiones de agua no deja de ser un tema de preocupación que responde posiblemente a la creación de un mercado internacional del agua y a su control como un bien que cada vez toma más importancia, ante un futuro de inminente degradación de dicho recurso”, expone el informe.
Proyectos Hidroeléctricos de Puebla, que ha puesto en encrucijada a comunidades totonacas cercanas al río Ajajalpan, Puebla, dispone de un volumen de 369.5 hm³/año de agua. ArcelorMittal, la siderúrgica más grande del mundo, explota cada año en México 100.5 hm³/año de agua, con lo que se llenarían 100 y medio estadios Azteca (el estadio más grande del país). Sus extracciones principales se realizan en el ejido Las Truchas, donde tiene su mayor mina a cielo abierto, y en su complejo siderúrgico ubicado en el Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán. El agua se destina principalmente para la elaboración de acero. La magnitud de la extracción de este recurso natural se ve reflejada en los constantes reclamos ejidales que exigen la remediación de tierras afectadas por la minería y su contaminación, así como de pescadores.
En el caso de uso único para diferentes usos, se encuentran termoeléctricas, agroindustrias y constructoras, entre las que sobresale el megaproyecto turístico inmobiliario El Coyote Baja Resort, que posee 90 por ciento del agua del acuífero 0325 de La Paz, Baja California. En uso único para servicios hay principalmente grandes cadenas hoteleras como Quiroocan, con un volumen de 30.1 hm³/año de agua y varias empresas turísticas de este tipo en la Península de Yucatán. También se encuentra la empresa Acueducto Pánuco Al Norte, de capital mixto, con un volumen de 315.4 hm³/año, la cual se dedica al transporte de gas por gasoductos.
Deforestación y sequía en un cultivo en Estado de México. Foto: Cuartoscuro.
Para uso-único agrícola, por el que no pagan por la explotación, se emplea 48.7 por ciento de toda el agua concesionada a los Millonarios del Agua. Aunque se atribuye a los campesinos el gasto de agua, el sector privado tiene bastante cabida como la empresa Agroforestal Uumbal Chiapas Sapi, que explota 54.4 hm³/año de agua y cultiva y cosecha palma de aceite en Chiapas, Tabasco y Campeche, cultivo causante de la deforestación en el sureste. Y la empresa Agropecuaria La Norteñita, a la que se le han entregado 31.9 hm³/año de agua y es una de las principales productoras de manzana del país, tiene 74 por ciento de su volumen concesionado con una serie de irregularidades.
Además, tienen una tarifa preferencial de energía eléctrica ante la CFE y también se ha documentado que algunas empresas y personas físicas utilizan el agua de uso agrícola para otros usos. La extinta inmobiliaria Casas GEO adquirió concesiones de uso agrícola para urbanizar en Querétaro, Morelos, Estado de México y otros.
La investigación de la UAM también enfatiza personas físicas como José Manuel Tricio Cerro, quien cuenta con 3.8 hm³/año de agua al año a su nombre. Este personaje está relacionado con accionistas del Grupo Industrial Lala, acusada de sobreexplotar el agua de la Comarca Lagunera, debido a la compra de alfalfa que realiza para la alimentación de las vacas. Los grandes volúmenes de agua que se utilizan para ello han provocado que para uso doméstico se deba extraer agua de mantos acuíferos profundos con alto contenido en arsénico, ocasionado una gran incidencia de diferentes enfermedades, como cáncer y diabetes, entre los habitantes de la región.
En el Valle de México habrá recorte de agua hasta 2021 por escasez en el sistema Cutzamala. Foto: Cuartoscuro.
LOS “USOS-OTROS”
La Ley de Aguas Nacionales (1992) permite no solo que los usuarios puedan tener grandes volúmenes de agua en una concesión, sino también varias concesiones para distintos tipos de usos (usos-otros). Esta clasificación agrupa a 613 Millonarios del Agua, que suman un volumen de un millón 851 hm3 /año de agua concesionada, volumen que representa 14 por ciento del agua total concesionada a los millonarios del agua.
En el caso industrial-otros, destacan la minera Peñasquito, de la empresa canadiense Goldcorp, que explota un volumen de 50 hm³/año y que ha sido acusada de contaminar los cuerpos de agua de comunidades, en el municipio de Mazapil, Zacatecas. Bebidas Mundiales y Bepensa (del grupo FEMSA) que juntas explotan 21.9 hm³/ año de agua para producir bebidas azucaradas como Coca-Cola. Si se suman los demás usuarios que forman parte de la familia Coca-Cola (Embotelladora del Nayar, Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío, Bebidas Refrescantes de Nogales, Propimex e Inmuebles del Golfo), el volumen concesionado es de 39.4 hm³/año. Este grupo ha sido denunciado por sobreexplotar los mantos acuíferos en Chiapas y Tlaxcala, y estar dejando sin agua a la población, dice la investigación de la UAM.
Millonarios del Agua usuarios con mayor volumen de agua de tipo industrial-otros. Gráfica: Millonarios del Agua, UAM, 2020.
En el caso de agrícola-otros, destacan la empresa exportadora de frutos rojos Berrymex (estadounidense), que explota en San Quintín, Baja California, 23.7 hm³/año de agua. Esta empresa agroindustrial fue la principal responsable en la región en el conflicto con los jornaleros y sus trabajadores por los bajos salarios otorgados y precarias condiciones de vida, las cuales incluían carencia de servicios de agua potable y drenaje. El agotamiento de los acuíferos de San Quintín obligó a la empresa a instalar una planta desaladora de agua. Otras de las agroindustrias que tienen presencia sobre estos acuíferos sobreexplotados son Agro Industrias Vigor y la enorme productora de semillas a nivel mundial ahora perteneciente a Bayer, Seminis Vegetable Seeds Mexicana.
En uso agrícola-otros, los datos analizados por los investigadores también detectaron a la empresa exportadora de tomates cherry NatureSweet Invernaderos, con 12.5 hm³/año de agua (también estadounidense) y a a empresa biotecnológica Enerall, que explota un volumen de 12.9 millones de m³ de los mantos acuíferos de Yucatán cada año, en las reservas de agua dulce más importante del país y cuyo fundador es Alfonso Romo Garza, exjefe de la Oficina de la Presidencia de México, cuya compañía fue investigada por periodistas en 2018 por destruir un cenote en la Riviera Maya.
Millonarios del Agua usuarios con mayor volumen de agua de tipo agrícola-otros. Gráfica: Millonarios del Agua, UAM, 2020.
La empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México, acusada de contaminar grandes volúmenes de agua, tiene concesionados 53 hm³/año, donde el 61 por ciento de esa agua es para uso industrial y 39 por ciento para diferentes usos, lo que los ha eximido de pagar en un porcentaje considerable la tarifa más alta que es la de uso industrial, en vez de la de diferentes usos que es una tarifa más baja.
Para usos mixtos, 16 Millonarios del Agua tienen concesiones con un volumen equivalente al 0.5 por ciento del total concesionado a los usuarios privados que tienen más de 1 hm3 /año de agua. Los usuarios que disponen de más agua para este tipo de usos son Bachoco, que explota 17.6 hm³/año de agua en 20 estados de la república, principalmente en Guanajuato, Sinaloa y Yucatán; cooperativa La Cruz Azul (Cementos Cruz Azul) con 3.7 hm³/año de agua y la multinacional Herdez, dedicada a la producción agroindustrial de alimentos con 2.2 hm³/año de agua.
Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre la situación en Ayutla donde llevan 3 años sin agua – A 13 de agosto de 2020
Un juez federal concedió un amparo por el derecho humano al agua en San Pedro y San Pablo Ayutla y ordena su inmediata reconexión al sistema de agua potable. El gobierno de Oaxaca encabezado por Alejandro Murat no ha acatado la orden
Texto: Pedro Matías / Página 3 y Redacción Pie de Página
OAXACA, OAXACA.- Un juez ordenó al gobierno estatal que realice la reconexión del sistema de agua potable para la comunidad mixe de San Pedro y San Pablo Ayutla, con la finalidad de respetar, proteger y cumplir con su derecho de acceso al agua. Sin embargo, el gobierno de Oaxaca no ha acatado la orden.
El Juzgado Tercero de Distrito, con sede en de Oaxaca, resolvió a favor de esa comunidad un juicio de amparo después de tres años.
San Pedro y San Pablo Ayutla enfrenta una crisis humanitaria sin agua por la invasión de terrenos y el despojo del manantial de parte de grupos armados de Tamazulapam del Espíritu Santo ocurrido tres años y dos meses atrás.
“Queremos agradecerles todo el apoyo recibido, siempre hemos defendido la verdad y exigido la justicia sin caer en provocaciones violentas pero ahora una orden judicial obliga a que, en plena pandemia, se nos garantice el derecho humano al agua”, escribió la lingüista y activista Yásyana Elena Aguilar en su cuenta de Twitter.
“Es importante encaminarnos a la ejecución, esta sentencia ya fue revisada y mandada a reponer por un tribunal colegiado, se subsanó todo lo necesario y la sentencia fue confirmada, para como es el estado necesitaremos su ayuda para exigir la reconexión”, demandó.
La comunidad exigió al gobierno de Alejandro Murat que cumpla la sentencia que ordenó el juez Amando Chiñas Fuentes el pasado 30 de julio.
El juez ordenó que se agoten todos los medios que tienen a su alcance para que se realice la reconexión inmediata de la tubería destruída en la comunidad, que permita hacer llegar el agua a la comunidad.
Murat desacata la orden
Pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares y el juez Tercero de Distrito, Amado Chiñas Fuentes, mediante la sentencia del juicio de amparo 795/2017, ordenó la reconexión del sistema de agua potable, el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, desacató estas disposiciones.
El presidente municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla, Clemente Antonio Martínez, envió un oficio a Murat Hinojosa para que cumpla la orden judicial para la reconexión del sistema de agua potable de manera urgente.
El documento con copia al consejero jurídico del gobierno de Oaxaca, José Octavio Tinajero Zenil, resalta:
“En atención a lo ordenado por la CNDH, la revocación del Juicio de Amparo 1148/2019 y tomando en cuenta la sentencia del Juicio de Amparo 795/2017 y toda vez que no existe impedimento legal alguno, le reiteramos nuestra petición consistente en la realización de la reconexión inmediata del sistema de agua potable a nuestra comunidad proveniente del manantial Jënaanyëj, lo cual resulta inaplazable e incuestionable”.
Ante la crisis sanitaria por el covid-19, una Misión Civil de Observación (MCO) demandó a los gobiernos federal y estatal la “inmediata solución” al conflicto por el agua que atenta contra los derechos humanos.
Los habitantes de Ayutla reclamaron la reconstrucción de su sistema de agua potable (tanques) y la reconexión de la tubería destruida.
El Juez federal dictaminó que el municipio de Tamazulapam y su agencia Tierra Blanca restituyan a los quejosos el pleno goce de sus derecho violado.
Por consiguiente, el presidente municipal de Ayutla exige se dé cumplimiento a la sentencia del 795/2017 con la reconexión del sistema de agua potable de manera urgente.
El ataque
La mañana del 5 de junio de 2017, un grupo de paramilitares atacó con armas largas en la zona de El Manantial a comuneros de San Pedro y San Pablo Ayutla. Durante el atque, un hombre murió, seis más resultaron heridos y cuatro mujeres fueron secuestradas.
De acuerdo con los testimonios de las víctimas, varios de los atacantes eran comuneros de Tierra Blanca, Tamazulapam, los mismos que habían despojado, el 18 de mayo, a 23 personas de Ayutla de 150 hectáreas de parcelas colindantes con El Manantial, con retroexcavadoras, volteos y armamento pesado.
Las honduras de la Sierra Mixe son un nido viejo de siembra de amapola. Es un secreto a voces entre comuneros, taxistas, choferes, marchantas de comida, empleados en la ciudad de Oaxaca y Tlacolula de Matamoros.
Desde que ocurrió el despojo la respuesta del gobernador Alejandro Murat Hinojosa ha sido la simulación y la complicidad con los agresores, mientras la Sierra Mixe se convierte en una nueva ruta de siembra de amapola. Murat Hinojosa se ha negado a atender el asunto como prioritario y ha desechado posibilidad alguna que el tema de fondo sea el control del territorio por el narcotráfico.
El Síndico municipal de San Cristóbal de Las Casas, solicitó a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) revocar la concesión de aprovechamiento de agua que le ha sido otorgada a la “Inmobiliaria del Golfo S.A. de C.V.”, razón social utilizada por Coca-Cola FEMSA en Chiapas.
El pasado día 26 de marzo del presente año, el Síndico Municipal Miguel Ángel de los Santos Cruz, envió comunicación oficial a la titular de la Comisión Nacional del Agua, Doctora Blanca Elena Jiménez Cisneros, así como al Director del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la CONAGUA, Licenciado Francisco Zebadúa Alba, la revocación de la concesión otorgada a la empresa Coca-Cola FEMSA para aprovechar el agua del subsuelo en el municipio. La comunicación presentada se justifica en los efectos negativos de los refrescos en la salud, pone en riesgo el abasto del vital líquido, así como en los graves daños colaterales relacionados con el consumo de refrescos, como son la diabetes, obesidad, hipertensión, caries, entre otros. “La cancelación de la concesión se solicita a fin de dar prioridad a las necesidades de la población sancristóbalense sobre el uso comercial e industrial, en virtud de que nuestro municipio sufre de escasez de agua. Con independencia de que no existan datos actualizados y precisos sobre el aprovechamiento que del vital líquido realiza la empresa, sí tenemos precisión de la carencia de agua en el municipio, puesto que cada vez son más los barrios y colonias que no disponen de agua.”
Actualmente San Cristóbal de Las Casas cuenta con una población aproximada de 209, 591 habitantes, y el Organismo Operador, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), reporta un consumo aproximado de agua de 10, 688, 520, 000.00 L. (diez mil seiscientos ochenta y ocho millones, quinientos veinte mil litros) al año en la ciudad; así mismo manifiesta no contar con el líquido suficiente para proveer el flujo continuo y constante de agua a los hogares, recibiendo múltiples quejas por la falta de disponibilidad y suministro de agua, por lo que es evidente la imperiosa necesidad de contar con la cantidad suficiente y disponible de este vital líquido para satisfacer su creciente demanda.
Es nuestra expectativa que el organismo federal con facultades para otorgar las concesiones sobre aprovechamiento de agua, revise la solicitud presentada en el marco de las disposiciones en materia de derechos humanos, considerando los principios precautorios y de prevención previsto en la legislación nacional e internacional y claramente reivindicados en las decisiones de los organismos que protegen los derechos humanos, así como en los casos analizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además deberá analizarla, teniendo en cuenta los estudios sobre disponibilidad del agua en la región, privilegiando el aprovechamiento para el consumo humano.
El Síndico municipal cuenta entre sus principales atribuciones y obligaciones, previstas en el artículo 58 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal, la de “procurar, defender y promover los intereses del municipio”, razón por la cual, la solicitud presentada representa un imperativo legal, dadas las consecuencias en la población generadas por la concesión otorgada.
Compartimos esta nota publicada en Proceso sobre los resultados de la consulta sobre la cervecera en Mexicali el pasado fin de semana – A 23 de marzo de 2020
CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El presidente Andrés Manuel López Obrador
confirmó hoy el resultado de la consulta realizada ayer en Mexicali,
Baja California, en la que la mayoría decidió no aceptar la instalación
de una planta cervecera de la trasnacional licorera Constellation
Brands.
La subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez Maury, presentó hoy los resultados de la consulta sobre la cervecera en Mexicali
Inclusive, ante las primeras reacciones de organismos y cámaras
empresariales, así como de algunos actores políticos, el mandatario
expuso que no podía ponerse en duda el resultado de dicha consulta, por
la cantidad de participantes, así como del amplio margen de rechazo.
“Cuando hay resultados así es evidente que no hay
acuerdo. Si hubiese participado menos gente o hubiera un resultado más
parejo… pero hay que gobernar con el mandato popular”, expresó el
mandatario.
La subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y
Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez Maury,
presentó hoy los resultados que, con una participación total de 36 mil
781 personas, reflejó que 76.1 por ciento de los participantes están en
contra y sólo un 23% a favor.
“Conagua ya no dará los permisos correspondientes para la
operación de la planta. El gobierno se pondrá en contacto con la
empresa para la subsanación de los daños”, dijo.
La instalación de una cervecera en esa ciudad fronteriza ha generado
descontento desde hace años, por las implicaciones que tendría para el
acuífero.
Las respuestas de la consulta fueron:
Estoy de acuerdo en que se termine construir en Mexicali la
planta de Cerveza Constellation Brands porque ya han invertido y se
crearán empleos sin afectar el abasto de agua para la población.
No estoy de acuerdo en que se termine construir en Mexicali la
planta de Cerveza Constellation Brands porque no quiero que se use el
agua para este tipo de industrias.
Ante el movimiento de rechazo, el gobierno de López Obrador
decidió realizar una consulta que se celebró los pasados 21 y 22 de
marzo, con el resultado mencionado.
En su alocución al respecto, el presidente recordó el amplio
movimiento social que se gestó en Baja California en defensa del agua,
hace unos años.
Finalmente, el mandatario se dijo dispuesto a tener diálogo con el
Consejo Coordinador Empresarial, así como con otros organismos y con los
dueños de la empresa, a fin de ofrecerles opciones y facilidades para
su instalación en zonas donde si hay agua.
“Voy a hablar, si es necesario, con los dueños. Claro que
nos importa la inversión extranjera, la creación de empleos, pero
también tenemos que cuidar la opinión de la gente y cuidar nuestros
recursos naturales, no es crecer por crecer, es crecer con bienestar”,
dijo.
Imagen: Opositores a la instalación de la cervecera Constellation Brands en Mexicali. Foto: Especial Proceso. / La subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez Maury, presentó hoy los resultados de la consulta sobre la cervecera en Mexicali Foto: Germán Canseco
Compartimos esta nota publicada en Pie de Página a proposito de la consulta que se realizará este fin de semana en Baja California sobre las concesión del agua para la cervecera Constellation Brands – A 17 de marzo de 2020
Si la empresa Constellation Brands instala la cervecera en
Mexicali, Baja California, tomaría casi la mitad del agua disponible,
según un estudio. En una zona con estrés hídrico. La consulta para
definir su instalación está prevista para este 21 de marzo
Texto y fotos: Daliri Oropeza
La empresa cervecera Constellation Brands tomaría hasta el 44 por
ciento del agua de la reserva que tiene Mexicali, de acuerdo con el
investigador Alfonso Andrés Cortés Lara, quien hiz un estudio para una
Opinión Técnica sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la
Planta Cervecera.
Por ello, denuncia que el derecho humano al agua no se consulta sino
que se protege y debe garantizarse agua de calidad, de manera oportuna,
precio asequible, y de esa manera también garantizar el derecho de los
productores agrícolas para la seguridad alimentaria.
Para el, la Constellation Brans atenta directamente contra este derecho.
Desde su perspectiva, “una consulta como la que proponen es como
decir ‘¿están de acuerdo que se cumpla el derecho humano al agua?’ y esa
no es la ruta mas indicada (para respetarlo)”.
A esto se suma la denuncia de Elena Burns de la red Agua para Todos.
Ella da cuenta de que las leyes mexicanas que crearon permiten el
acaparamiento del agua confines mercantiles.
“Estamos en un periodo con una Ley de aguas nacionales que no
reconoce el derecho humano al agua y está permitiendo la violación de
este derecho en el país. Particularmente en esta zona, de las más
críticas del país. Las temperaturas llegan a 45 grados, además, Estados
Unidos presiona por tener acceso”.
De acuerdo con su lectura, se está privilegiando en este caso la
mercantiilzación. Explica que esto es posible desde 1992. Para llevar a
cabo el Tratado de Libre Comercio acomodaron la ley para poner las aguas
nacionales bajo sistema de concesiones concebida como compra y venta,
sin preocuparse por derechos de pueblos.
“El derecho humano al agua no tiene valor bajo este sistema, y todos
los funcionarios, (Felipe) Calderón, (Enrique) Peña Nieto lo siguieron, y
sigue operando actualmente”.
Queda entonces reducido al acceso al agua por privatización.
Por ello, la CNDH emitió la recomendación 1/2020 para la Conagua y el gobierno de Baja California.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que la instalación
de la empresa Constellation Brands pone en peligro el acceso al agua de
la población y de los agricultores del Valle de Mexicali.
De acuerdo con el doctor Alfonso Andrés Cortés Lara es importante que
la CNDH resaltó las irregularidades en el otorgamiento de permisos que
hubo a la empresa estadounidense. Cortés Lara se especializa en uso y
manejo del agua en zonas áridas y desarrollo de recursos Hídricos,
Estrés hídrico
La cuenca del Río Colorado, que es la que abastece al valle de
Mexicali, principal fuente de agua para todo el estado y para parte de
Sonora, es una cuenca que está bajo amenaza por estrés hídrico, por
cuestiones de cambio climático, por atravesar zonas desérticas y por el
uso que se le da a este afluente compartido con Estados Unidos.
El Acuífero Valle de Mexicali es vedado y oficialmente reconocido como sobreexplotado, en esta zona de extremo estrés hídrico.
Alfonso Andrés Lara, profesor investigador del Colegio de la Frontera
Norte asegura que esta cuenca resiente el periodo prolongado de sequía
que vivimos desde 1999. Además se han agotado las fuentes de recarga y
la precipitación pluvial es casi nula. Por lo que es imposible una
recarga natural del acuífero. En suma, la evaporación por el calor es
mayor que la precipitación.
Es un desierto, es zona seca, árida. Aunque la planta la construyeron
en un lugar estratégico cerca de los campos de riego agrícolas, a la
orilla sur de la ciudad, al norte del Río Colorado, cerca de carreteras y
vías férreas.
El exgobernador panista Víctor Hermosillo vendió a 11 pesos el metro
cuadrado a la empresa, cuando su valor está entre 200 y 300 pesos por
metro cuadrado.
A esto se suma que el caudal del río Colorado, que baja desde las
montañas Rocallosas, atraviesa por 7 estados de EU, y deriva a través de
la presa José María Morelos y Pavón al cruzar la frontera. Desde 1965
hay concesiones de agua, y está sobre explotado.
Los acuíferos del norte de Baja California, como el del Valle de
Mexicali, se abastecen de los ríos que bajan desde Colorado y
California. Y ambas fuentes se encuentran en condición crítica por la
sobreexplotación agrícola que prevalece en Estados Unidos y en este
estado.
En suma, nada de esta agua se regresa al medio ambiente y este es el principal punto de alerta que detalla el investigador.
Uso del agua y opacidad
El volumen del agua que utilizaría la planta cervecera pone más
presión limitar el agua para consumo humano, de acuerdo con el
investigador del Colef Alfonso Andrés Cortés Lara.
El doctor encontró, al revisar la Manifestación de Impacto Ambiental
de la empresa, que la trasnacional nunca especifica de manera precisa el
volumen de agua que requieren para la construcción y operación de la
planta cervecera.
De acuerdo con sus cálculos, si usara el que tiene más coincidencias
en la MIA, serían 15 millones de metros cúbicos del agua superficial y 5
millones de metros cúbicos de aguas subterráneas.
Pero Cortés Lara acusa que hay maña cuando la cervecera niega que se
afectará el consumo de agua de la ciudadanía en Mexicali. Esto es porque
lo está equiparando con el volúmen de agua del Estado, en donde
entonces sí daría el 1 por ciento.
“La empresa no dice que va a sacar el agua de toda la ciudad ni del
valle, no dice que de la reserva de la ciudad, y esa es 22.78 millones
de metros cúbicos al año. Mexicali actualmente consume 101 millones de
metros cúbicos al año, es dueño de 124 millones de metros cúbicos. Esa
reserva es para todas las actividades: uso gubernamental, privado,
público, de los hogares y para la siembra. En documentos oficiales dicen
que la cervecera obtendría de la ciudad 20 millones de agua. Si hacemos
el cálculo con 10 millones de metros cúbicos equivale al 44 por ciento
de las reservas”, detalla el investigador.
En la gestión del panista Víctor Hermosillo, la ciudadanía organizada
de Mexicali logró frenar la construcción irregular destinada a ser un
acueducto que daría servicio a la cervecera. Se construía con recursos
públicos licitado en 520 millones de pesos.
De acuerdo con los informes, la cervecera tiene el 65 por ciento de avance en su construcción.
La cuenca compartida y el tironeo con EU
Baja California tiene derecho a usar el 9 por ciento del agua de la
cuenca del río Colorado. Lo comparte con 7 estados de Estados Unidos,
país de donde llega el río y desemboca en el golfo de California.
Para dividir el uso, México firmó el Tratado de Aguas Internacionales
con el país vecino por el cual puede usar mil 850 millones de metros
cúbicos anualmente.
Este tratado tiene agregados que ha hecho Estados Unidos en los
últimos años. Con estos agregados se ha reducido la cantidad de litros
que pueden ocupar los ocho usuarios mencionados en el acuerdo.
Por ello, el investigador afirma que esto tiene efectos esperados
como resultado de la alta variabilidad climática para el Valle de
Mexicali, como es la disminución de la velocidad de flujo del agua, el
aumento de la concentración salina en el agua del río y acuífero
subterráneo, la disminución de eficiencia de riego a nivel general y
parcelario; el incremento de costos de operación en zona de riego y en
sistemas de la ciudad, entre otros.
¿De dónde salió la consulta?
“Nos mandan a decir hasta de la Embajada de Estados Unidos (…) que si
se lleva a cabo la consulta va a quedar muy mal el país”, dice el
presidente Andrés Manuel Lopez Obrador sobre las presiones que recibe
por la inversión realizada por la cervecera trasnacional Constellation
Brands. Es su conferencia de prensa del 3 de marzo. Asegura que la
consulta fue una resolución de la Secretaría de Medio Ambiente, para ver
si opera o no la planta en Mexicali.
“¿Y qué le digo a la gente de Baja California donde se va a llevar a
cabo la consulta? Nada más que tengan todos los elementos, toda la
información, que vean si realmente se afecta, si objetivamente hay una
afectación, porque la empresa sostiene que no hay ninguna afectación,
que es una inversión que va a generar empleos”.
Uno de los argumentos para realizar la consulta que dio el presidente
en su conferencia matutina es una denuncia: “¿quiénes fueron los
responsables de esto?, ¿quiénes dieron los permisos? Si no era
conveniente, ¿para qué entregaron los permisos a la planta? Nos toca a
nosotros estar enfrentando estos asuntos y por eso tenemos que escuchar a
la gente”.
A su vez emitió un mensaje a las élites extranjeras: “Pedirles
también a los inversionistas extranjeros, a los empresarios en general
que actúen también con ética, porque, ¿qué pasaba antes? Venían y veían a
México como tierra de conquista”.
Colectivos ciudadanos como Mexicali Resiste han documentado que la empresa constructora de la cervecera es del ex alcalde panista, Víctor Hermosillo.
Semarnat aseguró que es la Secretaría de Gobernación la que convoca a
la consulta. Esta semana previa a la consulta comenzaron a circular
volantes con información idéntica a la que difunde la empresa pero
firmados con el sello que dice “Gobierno México” y Secretaría de
Gobernación, Conagua y Semarnat.
Ante esto, Semarnat también se deslindo de la información:
“Uno de los principios fundamentales de la Semarnat es el manejo de
información científica actualizada en la toma de decisiones, así como un
respeto irrestricto a la opinión de los ciudadanos y su derecho a
recibir información fidedigna. Por lo cual, la Semarnat no está de
acuerdo con la información que desde el pasado sábado está circulando en
un folleto”.
Elena Burns denuncia que es una consulta “es altamente irregular,
pues no saber las preguntas, las casillas. Y lo que no nos gusta es que
este tipo andamiaje, intento de consulta, tan rápido y tan opaco y tan
manipulado, es muy preocupante”. Estos días fueron publicados de
maneraoficial los lugares de Mexicali donde habrá casillas. Aún falta la
pregunta y la información se maneja a cuentagotas.
“Yo hubiera preferido que se dejara libre el proceso con la CNDH. Que
se evitara esta distracción de la consulta para que siguiera el proceso
de las recomendaciones y que las autoridades respondieran a estas. Con
la consulta, de manera indirecta facilita, se desvía a que las
autoridades evadan la responsabilidad de responder a la CNDH, proceso
que llevaría a frenar la construcción”, asegura el doctor Cortés Lara.
Las élites trasnacionales
Constellation Brands, con sede en Nueva York, es líder en la venta de
alcohol en el mundo. La compañía tiene un portafolio con más de 100
marcas de vinos, licores y cervezas.
En 2013 la compañía compró Grupo Modelo, la empresa cervecera más importante de México. La compañía tiene plantas de producción en Coahuila y Ciudad Obregón, Sonora. Desde que compró Grupo Modelo en las plantas de Hidalgo y Yucatán, momento en que se convirtió en la tercera productora de cerveza en México.
Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre las conseciones de agua a grandes empresas extractivistas – A 9 de Febrero de 2020
Una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
al gobierno de Baja California y a la Conagua por violar el derecho
humano al agua de los pobladores de Mexicali alcanzó a la cervecera
Constalleation Brands. La CNDH hizo un llamado a proteger el acceso al
agua de la población
Texto José Ignacio De Alba
La instalación de la empresa Constellation Brands pone en peligro el acceso al agua de la población y de los agricultores del Valle de Mexicali. Esa es la conclusión que se desprende de la recomendación 1/2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual está dirigida a la Comisión Nacional del Agua y el gobierno de Baja California .
La recomendación hace énfasis en las irregularidades de una entidad
federal y otra estatal para permitir a la mayor cervecera del mundo
instalarse en un área con escasez de agua.
Esta es la primera recomendación emitida por la CNDH desde que Rosario Piedra Ibarra se encuentra al frente de la institución.
El documento señala que la “La Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento
y la legislación en materia de agua del estado de Baja California
presentan insuficiencias que obstaculizan el acceso al agua para el
consumo personal y doméstico”.
Mexicali se encuentra en una zona desértica de clima seco, con poca
vegetación, “con acuíferos sobreexplotados, vedados y con un río sujeto a
un Tratado Internacional desde 1944 para su control”, dice el texto.
La CNDH señala que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el
gobierno de Baja California Norte deben privilegiar el acceso al agua de
la población, antes que el uso comercial. La propia comisión estima que
para elaborar un litro de cerveza se requieren 6 de agua.
Abusos empresariales
Constellation Brands, con sede en Nueva York, es líder en la venta de
alcohol en el mundo. La compañía tiene un portafolio con más de 100
marcas de vinos, licores y cervezas. En 2013 la compañía compró Grupo
Modelo, la empresa cervecera más importante de México.
Constaleation Brands tiene plantas de producción en Nava, Coahuila y
Ciudad Obregón, Sonora. Las actividades de la Empresa se orientan
fundamentalmente a la producción de cerveza para su exportación y
posterior distribución en los Estados Unidos, de ahí la necesidad de
realizar sus procesos industriales en puntos estratégicos de la frontera
con ese país.
México es el cuarto exportador de bebidas alcohólicas en el mundo, el principal lugar de destino es Estados Unidos.
En Mexicali el proyecto ha tenido descalabros desde que se anunció su
instalación en 2015. Primero fue la movilización campesina que se
desenvolvió en uno de los movimientos ciudadanos más importantes de los
últimos años en Baja California, con el llamado Mexicali Resiste. Desde
entonces la empresa ha sufrido retrasos para concluir la obra.
Sigue el apoyo gubernamental a la cervecera
León Fierro, integrante de Mexicali Resiste, explica en entrevista
telefónica que “la CNDH no es la institución que nos va a garantizar el
acceso al derecho al agua, pero si es un un punto de apoyo. Porque todas
las instituciones le estaban dando la venia a la empresa”.
Fierro relata que el gobierno morenísta de Jaime Bonilla y el
gobierno federal siguen apoyando la instalación de la cervecera. A pesar
de la recomendación, explica, las acciones contra la instalación de la
empresa continúan:
“Seguimos analizando las vías jurídicas, seguimos con movilizaciones,
estamos articulándonos a nivel nacional. Estamos con la iniciativa Agua
Para Todos, queremos una ley que permita la democratización del acceso
al agua; no solo a los empresarios y sus representantes, en los partidos
políticos”.
Fierro explica que pese a las movilizaciones sociales, Constellation
Brands mantiene irregularidades en la forma de obtener permisos. Incluso
asegura, que no se ha establecido la cantidad de agua que consumirá la
empresa. La propia CNDH señala la necesidad de que la Conagua “haga
públicas las cesiones de derechos tramitadas ante esa autoridad, por
parte de la Empresa”.
Hasta el momento hay, al menos, 30 integrantes de Mexicali Resiste
con procesos judiciales por oponerse a la instalación de la compañía,
explica Fierro.
Entre las recomendaciones de la CNDH a Conagua y al gobierno de Baja California Norte se pide el diseño de “un protocolo para la evaluación de factibilidad del suministro de usuarios industriales con alto consumo por parte de las comisiones estatales de servicios públicos, mismo que deberá prever, entre otros, el análisis de disponibilidad de recursos hídricos, estudio de riesgos e impactos en la provisión a otros usuarios del servicio público, al igual que medidas para la protección prioritaria del abastecimiento humano para fines personales y domésticos”.
Compartimos esta nota publicada en Proceso – A 5 de febrero de 2020
Por Gloria Reza M.
GUADALAJARA, Jal. (apro).– El gobierno de Jalisco detectó que 29
empresas contaminan el río Santiago al descargar aguas residuales que
incumplen con los parámetros que marca la norma.
La coordinadora de Gabinete de Gestión Integral, Patricia Martínez,
informó que, en un recorrido por la cuenca del río Santiago, localizaron
500 puntos de descarga de aguas residuales y tomaron muestras de 150 de
ellas.
Entre las 29 empresas que arrojan contaminantes están Hershey’s México, Nestlé, Urrea Herramientas y Honda.
El informe será entregado el viernes a Víctor Toledo, secretario de
Medio Ambiente del gobierno federal, para que tome las medidas
necesarias.
El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial de Jalisco, (Semadet), Sergio Graf, recordó que el control,
inspección y vigilancia de las descargas peligrosas de la industria es
atribución de la federación.
El funcionario estatal agregó que al estado sólo le corresponde
supervisar al interior de las plantas que descargan residuos no
peligrosos o agropecuarios, entre ellas las tequileras que generan las
vinazas.
Realizan recorrido por el río Santiago
Este miércoles, el gobernador, funcionarios de su gabinete,
empresarios, activistas y el presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, realizaron un recorrido por
diferentes municipios para demostrar al ombudsman que el Estado sí
trabaja para abatir la contaminación del río Santiago.
El pasado domingo, Hernández Barrón anunció que harían una segunda macro recomendación sobre el saneamiento del río Santiago.
En respuesta, Enrique Alfaro retó el lunes a Hernández Barrón y a “opinadores” a acudir a una “macroexcursión” para supervisar las inversiones millonarias de su gobierno en el vaso lacustre.
El recorrido incluyó el municipio de Ixtlahuacán, donde se clausuró la tequilera Los Valores.
En el trayecto, realizado en tres autobuses, el gobernador anunció
que firmó un convenio con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para
evitar que continúen las descargas de agua contaminada en el río
Santiago-Lerma, que cruza cinco estados.
Mencionó que se reunió con la directora de Conagua, Blanca Jiménez
Cisneros, “para pedirle que haga su parte”, ya que Jalisco no puede
intervenir para que en las otras entidades eviten descargas.
Además, se solicitará a la dependencia federal acceso a los recursos que se cobran por descargas en Jalisco, para poder financiar la ampliación de la planta de tratamiento del Ahogado.
Compartimos este reportaje especial sobre el acceso y la explotación del agua en México publicado en Contralínea a través de EducaOaxaca – A 6 de enero 2020
Bachoco, Cemex, Nestlé, Bimbo, cerveceras Cuauhtémoc Moctezuma y Modelo, Compañía Maya de Agua Purificada, Envasadoras de Aguas de México, Aga, Femsa Coca-Cola, Pemex y CFE encabezan la lista de acaparadores de agua en el país; a éstas se suman mineras y agroempresas. Autoridades han otorgado 536 mil concesiones de aguas superficiales, subterráneas y zonas vedadas. Por sobreexplotación, hay 16 estados en riesgo de llegar al “Día Cero”: al agotamiento total de sus fuentes hídricas
Grandes empresas nacionales y
extranjeras acaparan las reservas hídricas de México. Industrias
Bachoco, Cementos de México (Cemex), Nestlé, Grupo Bimbo, las cerveceras
Cuauhtémoc Moctezuma y Modelo, Compañía Maya de Agua Purificada,
Envasadoras de Aguas de México, Embotelladora Aga, Grupo Femsa
Coca-Cola, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de
Electricidad encabezan la lista de personas morales que, cada año,
explotan más de 5 millones de metros cúbicos (es decir, más de 5 mil
millones de litros).
A éstas se suman mineras y grandes
terratenientes agrícolas, beneficiados con centenas de títulos y
permisos para extraer indiscriminadamente el vital líquido: de 1992 a la
fecha, las autoridades mexicanas han otorgado 536 mil concesiones.
Las embotelladoras de agua figuran entre
las más beneficiadas, revela el Registro Público de Derechos de Agua
(Repda) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Esa base de datos da
cuenta de más de 300 concesiones en manos de esa industria. Coca-Cola,
por medio de Ciel, Dasan, Compañía Topo Chico, Smart-Water; Pepsi Cola
con E-pura, Santorini, Gatorade; Danone con Bonofant, Evian, Voltic; y
Nestlé con Santa María, Perrier, Pellegrino.
En el caso de Coca Cola, ésta posee
títulos de explotación para la producción de refrescos de diversas
marcas, como Sprite, Fanta y Mundet. A través de Femsa y Arca
Continental, la empresa de origen estadunidense tiene más de 100
concesiones en el país.
Las transnacionales del ramo no sólo se
benefician por el acaparamiento de las reservas del país, sino también
por el aumento en las ventas de agua embotellada: México es el tercer
país en el mundo con mayor consumo, lo que genera un desecho diario de
21 millones de envases PET.
En esa lista también figuran las
nacionales Envasadoras de Agua de México y Embotelladora Aga, que
cuentan con 30 y 24 títulos de explotación, respectivamente. Además está
el caso de la Compañía Maya de Agua Purificada, con 69; y el Grupo
Modelo, con 11.
Las cerveceras son también grandes
privilegiadas en este sistema de concesiones. Nada más en el Estado de
México, la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma posee 22 títulos de
explotación para agua superficial y subterránea. De esa veintena de
títulos, la compañía que distribuye la cerveza Heineken, tiene dos
concesiones para explotación de agua subterránea por 2 y 1 millón de
metros cúbicos al año.
Al revisar la base de datos del Repda
–de Conagua– la empresa no aparece en los registros de permisos
descargas industriales en el Estado de México. Por el contrario, sólo
registra un permiso de descarga bajo el concepto de “diferentes usos”
–título “08MEX100666/12IMDL12”.
Oficialmente la empresa reporta un
volumen de descarga al año de 1 millón 164 mil metros cúbicos. Sin
embargo este título no aparece en el registro de permisos para
explotación de agua para “diferentes usos”.
Como el de esta cervecera, los casos de
multinacionales y grandes empresas mexicanas con situaciones de
privilegio se repiten a lo largo y ancho del país. Con información del
Repda, la organización Agua para Todos señala que existen 5 mil 964
pozos industriales y 455 tomas de aguas superficiales para uso
industrial que no cuentan con permisos para descargas. “Así evitan
inspecciones y cobro de derechos”, asegura.
Además del caso de las embotelladoras y
cerveceras, cuyos negocios dependen totalmente de la explotación del
vital líquido, el registro de la Comisión Nacional del Agua refiere que
Pemex es la empresa con más concesiones en México, al sumar 989.
Otras industrias con un consumo
indiscriminado del recurso son: Bachoco, con 375 concesiones; la
Comisión Federal de Electricidad, con 69; Cementos de México, con 50;
Grupo Nestlé, 43; y Grupo Bimbo, 29;
El riesgo de llegar al Día Cero
Aguas superficiales, subterráneas e
incluso acuíferos ubicados en zonas vedadas han sido concesionados a
intereses privados, denuncian organizaciones civiles de defensa del
vital líquido. Mientras las grandes empresas se adueñan de este bien
nacional, más de 44 millones de mexicanos carecen de dotación diaria de
agua en sus hogares, refiere el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.
Aunado a ello, el Instituto de Recursos
Mundiales ha alertado que México se acerca al temido Día Cero, como se
le conoce al riesgo inminente de escasez de agua. En su más reciente
informe, el organismo internacional apuntó que son cinco las entidades
que se encuentran en una situación de “estrés hídrico extremadamente
alto” –Baja California Sur, Guanajuato, Ciudad de México, Aguascalientes
y el Estado de México– y otras 11, en “estrés hídrico”, debido a la
sobreexplotación de las distintas fuentes y a que consumen un nivel
superior de agua del que tienen disponible. Y es que cada año se extraen
87 mil millones de metros cúbicos en todo el país.
A pesar de tan inminente riesgo, las
autoridades omiten sistemáticamente proteger este recurso. La
organización Agua Para Todos alerta que el sistema de concesiones de la
Conagua ofrece nuevos permisos para extraer reservas en dichos estados.
Además, acusa su falta de precaución, el favorecimiento a privados y la
violación de los derechos humanos –principalmente el del acceso
equitativo al agua.
Elena Burns, integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, asegura en entrevista con Contralínea que
el sistema de “compra y venta” de agua en el país inició a raíz del
Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en 1992. Éste, explica,
impuso al país un “paquetazo de leyes” entre las cuales destaca la tan cuestionada Ley de Aguas Nacionales.
“Esta ley nos impone un sistema único de
concesiones donde la concesión es un objeto de compra y venta muy
diferente a la concepción del agua como un bien nacional. En Estados
Unidos no hay ni siquiera un sistema único de concesiones, pero se le
impuso a México”, asegura la activista ambiental.
Aunando en lo anterior, Burns detalla
cómo de 1917 a 1992 –cuando entró en vigor la legislación paralela al
tratado comercial– se habían otorgado sólo 2 mil concesiones; pero, de
entonces a la fecha, existen 538 mil. “Cuando hablamos de la
privatización del agua es en serio”, asegura.
Los datos de la Conagua revelan que el
sector que más concesiones posee es el agrícola, con 233 mil 126;
seguido por el público urbano, con 129 mil 583; uno denominado como
“diferentes usos”, con 50 mil 720; pecuario, 47 mil 429; servicios, 24
mil 977; doméstico, 16 mil 595; industrial, 8 mil 573; de acuacultura, 1
mil 575; otros, 289; y generación de energía eléctrica, 159.
En su mayoría, se trata de concesiones
por 30 años con renovación automática incluso por el mismo plazo de
tiempo. Así, a pesar que la Constitución Política de México establece
que el agua es un bien nacional, en la práctica se favorece el interés
de privados, observan defensores de los derechos humanos.
Más aún, en el sector agrícola existen
permisos para extraer hasta 149 millones de metros cúbicos. Tal es el
caso de la Unidad de Riego de la Candelaria en el municipio de El
Carmen, Campeche. El gran volumen concesionado pasa por encima de los
derechos de las comunidades indígenas, de los ejidos y de las 44
millones de personas que no tienen acceso a agua potable.
La Ley de Aguas Nacionales
Vigente desde 1992, la Ley de Aguas
Nacionales es señalada como la principal responsable de haber abierto la
puerta al acaparamiento del líquido vital, pues en su artículo 24
establece que el tiempo para una concesión no será menor de 5 años ni
mayor de 30; además plantea la renovación automática del plazo de
extracción por un tiempo igual al solicitado, por lo que en los hechos
acaba siendo de 60 años.
“La Ley de Aguas Nacionales se
constituye en la antítesis del acceso equitativo y del uso sustentable
del agua, porque permite que en unas cuantas manos, en unas cuántas
empresas se concentren grandes volúmenes de agua. Y premia de algún modo
el uso inmoderado e irracional del agua”, afirma en entrevista Miguel
Montoya, consultor legislativo y experto en derecho humano al agua.
Por la flexibilidad de esta legislación,
empresas como Coca Cola, Danone, Nestlé, Pepsi Cola, Cervecería
Cuauhtémoc Moctezuma y Bachoco han avanzado a pasos gigantescos en la
adquisición de concesiones de agua, consta en las bases de datos de la
autoridades federales.
Al uso agrícola le corresponde el 76 por
ciento del volumen concesionado del país, según el informe de
Estadística del Agua de Conagua. En Chiapas, por ejemplo, en el
municipio de Suchiate, existe una concesión para uso agrícola de 141
millones de metros cúbicos al año a nombre de los Usuarios del
Departamento de Riego de Suchiate. La situación, evidentemente desigual,
se refleja en los permisos de concesiones de productores que no superan
los 1 mil metros cúbicos anuales frente a un productor gigante.
Por ello, Elena Burns asegura que la Ley
de Aguas Nacionales además de buscar la compra y venta de agua también
tenía como objetivo la creación de diferentes distritos de riego. “Estos
bajo la ley fueron puestos en manos de los usuarios y se crearon
entidades enormes, con concesiones enormes lo que generó una élite en el
campo que a lo largo de estos años ha ido desplazando ejidos,
comunidades, adquiriendo más y más derechos dentro de los distritos del
riego”.
Para Miguel Montoya, “el actual régimen
de concesiones, bajo la Ley de Aguas Nacionales, es muy permisivo y
permite el acaparamiento de agua. Eso bajo las reglas de juego de la
propia legislación implica una privatización”.
Asimismo, el investigador asegura que la
ley es tan flexible que hay pocos, casi nulos, antecedentes de
revocación de concesiones. Ni siquiera en el caso de contaminación del
Río Sonora, por parte del Grupo México, se echó para atrás el permiso,
observa.
Montoya explica que de acuerdo con el
artículo 29 bis, y 3 y 4 de la Ley, podía haberse revocado la concesión,
pero no fue así. Este caso es el reflejo de la permisividad del país a
los grupos privados para permitir adueñarse del agua.
Aunado a lo anterior, la ruta de
acaparamiento del líquido se profundizó con el decreto del expresidente
Enrique Peña Nieto, donde se establecieron reservas en 245 cuencas y se
levantaron 108 vedas. Con éste se otorgaron 362 nuevas concesiones,
principalmente para uso agrícola.
Y aunque ahora se vive supuestamente una
“cuarta transformación”, los entrevistados coinciden en que, hasta hoy,
la situación no parece ser diferente. Y es que con la entrada en vigor
de “Conagua Digital” –la plataforma que otorga concesiones en línea–,
las organizaciones y los investigadores temen que se beneficie de nuevo a
los privados por encima de las comunidades.
Sin embargo, el subdirector de administración de la Conagua, Eugenio Barrios, asegura a Contralínea
que si en épocas anteriores se vulneraron los derechos de comunidades
indígenas, en esta administración no se hará. Al ser cuestionado
–durante el Congreso Latinoamericano de Cuencas realizado en Ciudad de
México–, el funcionario asegura que para ello existe una serie de reglas
para las concesiones.
“Conagua Digital”, el peligro
En agosto de 2019, la Comisión Nacional
del Agua inauguró la plataforma “Conagua Digital”, con la cual busca
agilizar el proceso de solicitud de concesiones y que más personas
tengan acceso a las mismas. Para la Coordinadora Nacional Agua Para
Todos, es una forma de poner en “venta” las aguas de la nación hasta
agotar su existencia, lo que pone en riesgo los derechos de ejidos,
comunidades y pueblos indígenas e incluso podría otorgar concesiones en
los lugares con riesgo de llegar al Día Cero.
No obstante, el consultor legislativo
Miguel Montoya considera que el nuevo sistema de concesiones no
privatiza el agua en el sentido estricto de la palabra, debido a que la
nación nunca pierde la jurisdicción sobre el recurso. Pero enfatiza que
no se puede negar los intereses de ciertos grupos políticos y económicos
que desde 2012 han frenado una reforma de la Ley de Aguas Nacionales
que favorezca el acceso equitativo al agua y el derecho humano al mismo.
Tanto para Miguel Montoya como para
Elena Burns, antes de abrir un nuevo proceso de concesiones debió
haberse reformado la Ley, una promesa por cumplir desde la reforma
constitucional de 2011, debido a que esta ley es la que debe sentar las
bases para lograr un acceso equitativo y de uso sustentable del agua.
Los entrevistados coinciden en que la
reforma en la materia debe prohibir las “transmisiones de agua”, es
decir la compra y venta de las concesiones. Y es que, observan, la ley
actual permite que quien posee una concesión venda parte de la misma a
un tercero si así lo desea. Elena Burns, asegura que estas transmisiones
son permitidas incluso para usos diferentes a los cuales fue adquirida
la concesión: “esto lo hacen gratuitamente, pagando sólo el derecho del
trámite”.
Por su parte, el consultor en gestión
integral del agua Miguel Montoya alerta sobre otro riesgo en cuanto a
las transmisiones de agua: además de que este nuevo sistema permite
renovar con mayor facilidad las concesiones, las condiciones sociales
están hechas para que ese pequeño productor termine abandonado su
aprovechamiento de agua y migre en algún momento a Estados Unidos, por
cuestiones de pobreza o violencia.
“Siempre hay una serie de coyotes muy
conectados con la autoridad de agua que toman esa concesión. Luego
llega la minera, la empresa petrolera, la industria o el gran agricultor
y le transmite ese volumen, porque la ley lo permite entre un acuerdo
entre particulares”, detalla.
Para el consultor Miguel Montoya, estas
transmisiones de agua es de lo más “lascivo” de la ley porque sólo basta
un contrato entre particulares que posteriormente se registra en la
Conagua para esa compra y venta de concesiones. “Esto puede llegar a
costar hasta 30 millones de pesos y se lleva incluso un porcentaje el
propio funcionario de la Conagua que está conectado con el coyote”.
Al respecto, el subdirector de administración de la Conagua, Eugenio Barrios, asegura a Contralínea
que estas transmisiones “se pueden dar siempre y cuando sea [para] el
mismo uso, en la misma zona y no modifique las condiciones de ese
título”.
Agrega que los distintos decretos
pusieron reglas para ciertas transmisiones; “por ejemplo, el agua que se
otorgue para consumo humano no se va a poder transmitir, ésa ya es una
restricción. Pero si yo tengo mi agua para uso industrial y llega otro
industrial a pedirla, la regla dice que sí la puede transmitir”.
Observa como urgente que la próxima ley
prohíba de manera clara y contundente las transferencias de derechos de
agua: “solamente permitirlo a tu familiar inmediato por un caso
testimonial”. Ello porque el sistema de transferencias ha favorecido
tanto el acaparamiento como el despojo de las personas.
Miguel Montoya asegura que para entender
el nivel de acaparamiento de agua en el país es necesario conocer quién
es Eugenio Barrios, el actual subdirector de Administración de la
Conagua: “fue el padre de los decretos privatizadores, aunque con
honestidad intelectual en el sentido estricto de la palabra no son
privatizadores. Pero el sistema de la Ley de Aguas Nacionales hace que
en esencia se vuelvan privatizadores”. Barrios asesoró la tan
controversial LeyKorenfeld (llamada así por el
exdirector de la Conagua, David Korenfel), conocida como la puerta a la
privatización. Por ello, dice, “la Conagua sigue siendo la misma
institución neoliberal”.
El especialista en derecho humano al
agua alerta sobre el mal uso del concepto “afirmativa ficta” por parte
de los privados que solicitan una concesión y de las mismas autoridades:
este concepto significa que si la autoridad no atiende en un plazo
máximo de 60 días la petición de solicitud de concesión, el solicitante
tiene derecho automáticamente a ella. A pesar de que la Ley de Aguas
Nacionales no permite esta situación, en la práctica es diferente.
“Ellos [los grupos económicos] siempre van a ir por concesiones
sempiternas que se renuevan de manera automática”.
Panorama general del agua concesionada en México
México se ubica como el séptimo país del
mundo con mayor extracción de agua, al extraer anualmente un estimado
de 87 mil millones de metros cúbicos, de acuerdo con la Estadística del agua 2017, elaborada por la Comisión Nacional del Agua.
El documento detalla que el sector
agrícola obtiene el 76 por ciento de ese volumen, seguido por el
abastecimiento público, con el 14.9 por ciento; y las industrias que
controlan el 9.6 por ciento.
El mismo informe de la Conagua asegura
que para 2017 se tenían concesionado el 61 por ciento del agua
superficial del país (ríos, arroyos, lagos) para uso consultivo, es
decir para la extracción del agua para llevar a cabo una actividad.
Asimismo detalla que, de las concesiones
del país, el 39 por ciento se encuentra en agua subterránea. Para el
consultor Miguel Montoya, esto es un problema porque la Ley de Aguas
Nacionales regula únicamente la aguas nacionales y estas no entran no
entran en dicha clasificación.
A pesar de que la federación las puede
regular, no les da un carácter de propiedad de la nación, por ello,
explica, el debate en torno a las aguas subterráneas es que muchas
personas creen que le pertenece al privado, al dueño del predio donde se
encuentran estos yacimientos de agua.
Para el especialista, esto se resolvería
con una buena ley general de aguas, que le otorgaría a determinadas
autoridades jurisdicción sobre las reservas. “La LAN no genera las
condiciones para el derecho humano al agua ni para el saneamiento”,
afirma Miguel Montoya. Así, México oscila entre la escasez, la
contaminación y la falta de políticas que garanticen el derecho humano
al preciado líquido.
Algunas empresas con mayor número de concesiones en México
