Sigue la violencia en Oxchuc

Compartimos este comunicado del Frente Comunitario por la Defensa de la Libre Determinación de Oxchuc – A 15 de febrero 2022

A QUIEN CORRESPONDA
ACCION URGENTE.

Desde el día de ayer 14 de febrero alrededor de las 17 horas el grupo conocido como “Maria Tulukes” dirigido por el C. Hugo Gómez Santiz, decidieron cerrar la carretera San Cristobal, Oxchuc y Ocosingo a la altura de las comunidades de Cholol, El pozo, Cruzton y otros puntos, que es de donde salen la mayoría de las comunidades que integran este Frente y quienes representan a la Asamblea General Comunitaria de Oxchuc.

Hoy 15 de febrero desde las 4 de la mañana en cada punto de bloqueo o barricada, se instalaron grupos pertenecientes a los “Maria Tulukes”, alrededor de las 8 de la mañana, comenzaron con los cohetes en símbolo de intimidación y no tardaron mucho en mostrarse y un personaje conocido como Luis “Chonchay”, golpeo con un grupo a las autoridades comunitarias de las comunidades de Media Luna y Cruzilja, hechos que reprobamos y lamentamos.

Alrededor de las 9 de la mañana, varios grupos lanza cohetes se dejaron ver en el arco principal del pueblo, otros a la altura de vista hermosa, otros mas a la altura de la universidad intercultural, entre otros puntos, incitando a la violencia, provocando a las personas que por derecho decidimos organizarnos en la comunidad de Zona Urbana ya que desde días anteriores se lanzo una convocatoria previa a las autoridades comunitarias y sabiendo esto el grupo de “Maria Tulukes” ha querido prohibir nuestras asambleas comunitarias.

A Hugo Gómez Santiz le exigimos que cese la violencia generada hacia nosotros como Frente Comunitario, a sus simpatizantes que cesen sus actos, al gobierno que no sea cómplice de esta situación, todos ellos ya tienen mas de una denuncia en la Fiscalía Indigena por todos los agravios cometidos con anterioridad. Ya que alrededor de las 12 horas del día al termino de nuestra Asamblea un grupo armado comenzó a atacar con armas de fuego de alto calibre a las autoridades que estaban saliendo de la escuela primaria en la comunidad de Zona Urbana, algunos fueron levantados y otros más golpeados.

Hoy el C. Hugo Gómez Santiz solo deja como muestra lo siguiente:

  • No permite el libre transito e intimida a quienes quieren reunirse libremente.
  • Sigue provocando a incitando a la violencia, mientras su discurso es de paz.
  • No hay respeto a la libre determinación de su parte.
  • No respeta la sentencia del Tribunal Electoral de Chiapas.
  • No tiene respeto a las autoridades comunitarias y mucho menos a la máxima autoridad que es la asamblea.
  • No tiene respeto por la vida.

A la sociedad en general, a las organizaciones de derechos humanos, a todos aquellos que creen en una vida pacifica pedimos que se solidaricen con este Frente Comunitario, a través de la denuncia publica en solidaridad con las comunidades que lo conformamos, hasta el momento hemos optado por la vía pacífica, sin embargo, vemos la necesidad de organizarnos frente a tanta violencia y sin el cobijo de las autoridades estatales y correspondientes.

Por la pacificación y libertad del pueblo de Oxchuc
!!Viva la Libre determinación del pueblo Oxchuc!!!

Firma

Frente Comunitario Por La Defensa De La Libre Determinación de Oxchuc

Imagen: En imagen de archivo, el municipio de Oxchuc en Chiapas. Foto Cuartoscuro

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El Frente Comunitario por la Defensa de la Libre Determinación denuncia y señala al grupo de Hugo Gómez Santiz como los autores materiales de los actos de violencia que se están viviendo en estos momentos en #Oxchuc

Compartimos este comunicado del Frente Comunitario por la Defensa de la Libre Determinación de Oxchuc – A 5 de febrero de 2022

El frente comunitario denuncia firmemente y señala al grupo de Hugo Gómez Santiz como los autores materiales de la quema de casas, retención de vehículos y todos los actos de violencia que se están viviendo en estos momentos en Oxchuc, Chiapas.

Lamentamos la actitud criminal de Hugo Gómez Santiz al generar este ambiente de terror en la cabecera municipal de nuestro pueblo, ya que al momento han quemado alrededor de 6 casas, dentro de ellas propiedad de integrantes del Órgano Electoral Comunitario de Oxchuc.

Al gobierno del estado de Chiapas queremos decirle nuevamente que no ha cumplido con sus responsabilidades, ha hecho caso omiso a nuestras peticiones, siendo su única estrategia la de negociar los puestos en el ayuntamiento de Oxchuc, negociando los tiempos, son los primeros en violentar los derechos colectivos de los pueblos originarios, nos queda muy claro que existe una incompetencia grave en sus funciones.

A la sociedad en general, les pedimos que tomen sus precauciones al querer viajar por esta carretera, lamentablemente el grupo de “Maria Tulukes” ha comenzado una vez más la violencia, nosotros solamente hemos exhortado a la paz social, sin embargo, esta gente quiere el poder a través de la violencia.

A las organizaciones sociales de derechos humanos, a los medios de comunicación, a todos aquellos que quieran solidarizarse con el Frente Comunitario pedimos que realicen un pronunciamiento y que este grupo criminal cese la violencia y sean responsables de sus acciones, en una acción urgente exigimos todo el peso de la ley a Hugo Gómez y sus lideres.

¡HUGO GOMEZ RESPONSABLE DE LA VIOLENCIA EN OXCHUC!
ATENTAMENTE
FRENTE COMUNITARIO POR LA DEFENSA DE LA LIBRE DETERMINACIÓN DE OXCHUC

Imágenes: Frente Comunitario

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El Frente Comunitario por la Defensa de la Libre Determinación de Oxchuc hace nuevamente un llamado a la paz y el dialogo

Compartimos este comunicado del Frente Comunitario por la Defensa de la Libre Determinación de Oxchuc – A 27 de enero del 2022

El Frente Comunitario hace nuevamente un llamado a la paz y el dialogo, elementos que han distinguido esta defensa de lo colectivo y la libre determinación. El pasado martes 25 de enero se dieron a la cita representantes del Frente Comunitario y el C. Hugo Santiz Gómez a una mesa de dialogo en la Secretaria de Gobierno que preside la C. Victoria Cecilia Flores Pérez, donde también estuvieron presentes otras instituciones como el Instituto de Elecciones, Comisión de Derechos Humanos, instituciones de representación federal, entre otras.

La conclusión de este dialogo, no fue mas que la firma de un pacto de civilidad con dos puntos, uno dejar de lado los actos violentos que puedan agredir a la población o terceros ajenos a la población de Oxchuc y segundo priorizar el dialogo para lograr un consenso. Las instituciones, incluyendo el C. Enrique firmaron el pacto, sin embargo, el C. Hugo se negó completamente, algo muy dudoso ya que en sus últimos discursos ha usado la palabra paz cosa que no va de acuerdo a su práctica.

Como Frente Comunitario hemos dejado claras nuestras acciones y ante una asamblea determinamos que el camino será priorizando el dialogo, por lo tanto el cobro a los vehículos en general a la altura del Arco en Oxchuc no es un hecho que estemos promoviendo, además queremos denunciar públicamente la criminalización a integrantes de nuestro movimiento por su actividad en la Defensa de la Libre Determinación y los pueblos ha sido amenazada en múltiples ocasiones de muerte, con mensajes de odio, terror, etc. Nos referimos puntualmente al C. Gabriel Méndez López, abogado comunitario facultado en asamblea general comunitaria.

Como Frente Comunitario no esperamos una catástrofe comunitaria o un golpe comunitario como sucedió el pasado 15 de diciembre, o la quema de casas, la retención de personas, el secuestro de camiones y mucho menos el aval de una Organización como Sentimientos de la Nación, nos deslindamos completamente de esto.

A las instituciones, agradecemos su trabajo en la búsqueda de dialogo, pero no dejamos de denunciar el hecho de que en Chiapas nuestro marco legal, el reconocimiento a la libre determinación están muy por debajo de las experiencias que hay en Oaxaca o Michoacán, donde es tema relevante el Gobierno Comunitario.

Queremos hacer un exhorto a los pueblos de alrededor de Oxhuc y otros no tan cercanos como la comunidad Santo Tomas del municipio de Amatenango del Valle y del municipio de Chicomuselo (tierra del hermano Mariano Abraca) que abonen a la paz YA QUE HUGO ES UN CRIMINAL, en Oxchuc ya tenemos suficientes opiniones.

¡FUERA EL CRIMEN ORGANIZADO DE HUGO EN OXCHUC!
¡VIVA LA LIBRE DETERMINACION DE OXCHUC!
¡VIVA OXCHUC!

ATENTAMENTE
FRENTE COMUNITARIO POR LA DEFENSA DE LA LIBRE DETERMINACIÓN
DE OXCHUC.

Imagen: Frente Comunitario por la Defensa de la Libre Determinación de Oxchuc

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Frente Comunitario por la Defensa de la Libre Determinación de Oxchuc denuncia violación a sus Derechos Colectivos y la Libre Determinación de su Pueblo

Compartimos este comunicado del Frente Comunitario por la Defensa de la Libre Determinación de Oxchuc sobre la tensa situación que se vive durante el proceso de autodeterminación – A 22 de enero del 2021

LAS 133 COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL FRENTE COMUNITARIO POR LA DEFENSA DE LA LIBRE DETERMINACIÓN DE OXCHUC, HOY QUEREMOS DENUNCIAR ABIERTAMENTE LA VIOLACIÓN A NUESTROS DERECHOS COLECTIVOS Y LA LIBRE DETERMINACIÓN DE NUESTRO PUEBLO DE OXCHUC, POR PARTE DEL GRUPO ARMADO DE LOS “MARIA TULUKES” Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN DONDE SOLAMENTE HAN DEJADO COMO EVIDENCIA SU FALTA DE VOLUNTAD POR REALIZAR EL TRABAJO DE ARMONIZAR NUESTRAS LEYES.

NOSOTROS TENEMOS NUESTROS PROPIOS LINEAMIENTOS SIN EMBARGO ESTOS HAN SIDO VIOLENTADOS POR ESTE GRUPO, EL GOBIERNO Y EL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

HOY NUESTRO FRENTE COMUNITARIO QUIERE MANIFESTAR QUE NO DARÁ NI UN PASO ATRÁS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ FRENTE A LA VIOLENCIA QUE HAY EN NUESTRO PUEBLO DE OXCHUC A TRAVÉS DEL GRUPO ARMADO DE LOS MARÍA TULUKES DIRIGIDO POR HUGO GÓMEZ SANTIZ, PORQUE LA RAZÓN NO ENTRA CON LA VIOLENCIA Y LA VERDAD LLEGA CON EL TIEMPO A TRAVÉS DE LOS ACUERDOS.

LOS ACUERDOS DE ESTA ASAMBLEA SON QUE SE RESPETEN NUESTROS LINEAMIENTOS INTERNOS EN EL PROCESO DE ELECCIÓN, RECONOCEMOS AL C. ENRIQUE GÓMEZ LÓPEZ COMO NUESTRO PRESIDENTE ELECTO, POR LO TANTO, EXIGIMOS A LAS INSTITUCIONES ELECTORALES LA ENTREGA INMEDIATA DEL ACTA DE MAYORÍA Y EL RECONOCIMIENTO AL PRESIDENTE ELECTO C. ENRIQUE GÓMEZ LÓPEZ, ASÍ MISMO PEDIMOS LA CONGELACIÓN DE LA CUENTA AL CONSEJO IMPUESTO A TRAVÉS DEL C. ROBERTO SANTIZ GÓMEZ, QUIEN NO NOS REPRESENTA.

AL TRIBUNAL ELECTORAL PEDIMOS DE MANERA ATENTA QUE RESPETE EL ACUERDO DE LAS COMUNIDADES Y LA MÁXIMA AUTORIDAD QUE ES LA ASAMBLEA, QUE ES EL RECONOCIMIENTO DEL PROFESOR ENRIQUE GÓMEZ LÓPEZ.

LAS 133 COMUNIDADES HEMOS CAMINADO POR LA VÍA DEL DIALOGO Y LA PAZ, POR LO QUE EXIGIMOS AL GRUPO DE MARÍA TULUKES QUE CESE A LA VIOLENCIA EN NUESTRO PUEBLO, QUE RECUERDEN NUESTROS VALORES COMUNITARIOS COMO EL LEKIL KUXLEJAL, ICH EL TA MUK, YA TABEYBA KOTANTIK Y EL JUNAX AYOTIK.

¡FUERA EL CRIMEN ORGANIZADO DE HUGO DE OXCHUC!
¡VIVA LA LIBRE DETERMINACION DE OXCHUC!
¡VIVA OXCHUC!

ATENTAMENTE
FRENTE COMUNITARIO POR LA DEFENSA DE LA LIBRE DETERMINACIÓN
DE OXCHUC

Imagen: Frente Comunitario por la Defensa de la Libre Determinación de Oxchuc

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Las Consultas a modo del Gobierno Federal

Las Universidades de AMLO, Sí, las de los pueblos indígenas, NO

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 8 de septiembre del 2021

Mientras que el Gobierno Federal inaugura “Universidades AMLO” por el país, sin supuestas consultas libres,previas e informadas e incluso en muchos casos coaccionando a los dueños de las tierras ejidales, comunales, municipales o estatales para exigir donación de terrenos para sus aulas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalida el pasado 31 de agosto del presente años la Ley Organiza de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO) cuando el Gobierno estatal ya había aprobado en la LXIV Legislatura del H. Congreso de Oaxaca.

Los legisladores en representación de pueblo oaxaqueño y en respuestas a sus demandas, en pleno uso de su autonomía y obligación de velar por los derechos humanos y en especial de la educación, respondió a la solicitud de un pueblo que, conformado por 570 municipios, 417 se rigen por sistemas normativos indígenas, durante décadas han llevado procesos de reflexión con su conocimiento ancestral.

La UACO fue creada luego que organizaciones sociales de 16 municipios y comunidades de Oaxaca trabajaran durante años procesos educativos acordes a su cosmovisión como pueblos indígenas, obteniendo como resultado que el Gobierno de Oaxaca y el Poder Legislativo reconocieran en el Decreto 1201 publicado en el Diario Oficial el 20 de abril de 2020, la creación de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, como un instrumento de los pueblos indígenas de Oaxaca, para la construcción de su propio futuro y desde sus propias consmovisiones para construir la autonomía de sus pueblos.

Le hace falta una ridícula “consulta” de esas que al Gobierno Federal le encanta jugar a modo, en medio de su discurso de “primero los pobres”, “lo que diga el pueblo”, “por lo derechos humanos”, “apoyar las demandas indígenas”, etc, etc. Con esta acción pareciera que da la razón a los reclamos de los jóvenes estudiantes normalistas que denuncian las intenciones del Gobierno Federal de pretender cerrar la Escuelas Normales del país.

Como dicen las comunidades y organizaciones indígenas que conforman la UACO en Oaxaca: “la consulta la hemos padecido como una imposición desde una visión colonialista que ofende a nuestros pueblos y no respeta ni reconoce el ejercicio de nuestra autonomía y libre determinación. El dictamen de la SCJN busca examinar si el aborigen tiene la capacidad de determinarse libremente, en los términos liberales que gobiernan sus pensamiento. A sabiendas que la UACO surgió de nuestras comunidades y no de un escrito gubernamental.

¿Por qué la SCJN niega el derecho a la educación y además debe ser consultado? Como todo el país, aquellos proyectos que impulsa el gobierno van con todo y sin “consultas”, y las que no gustan “consultan” amañadamente y a modo esgrimiendo el Convenio 169 de la OTI, o se criminalizan a sus opositores sociales o actores ambientales.

¡Por la Libre Determinación de los Pueblos Originarios!

Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA

Imagen: Radio Pozol

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Fotoreportaje: 500 Años de Resistencia

Compartimos este foto reportaje publicado por Somos el Medio sobre los 500 años de resistencia en la historia de México – A 14 de agosto del 2021

Pueblos Originarios marchan en la Ciudad de México conmemorando 500 años de resistencia. Gobierno de la Ciudad de México les impide el paso al zócalo capitalino.

Texto y Fotografía: Karen Castillo / @karencitatacha

El día de ayer, 13 de Agosto del 2021, se celebraron 500 años desde la caída de  Tenochtitlán; día que marca el inicio de la resistencia de los Pueblos Originarios frente al colonialismo, el despojo, y el racismo que enfrentan día a día.

Con el fin de denunciar los megaproyectos que amenzan a sus comunidades, integrantes de distitntos Pueblos Originarios y organizaciones aliadas, organizaron una marcha en la Ciudad de México

Entre los asistentes se econtraban la Comunidad Otomí residente de la CDMX, los Pueblos Unidos de la región Cholulteca, la Comunidad Triqui desplazada de Tierra Blanca Copala, el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac, entre otros.

La marcha inició en el Hemiciclo a Júarez a las 11 am, sin embargo, el contigente tuvo problemas para iniciar el recorrido.

Autoridades de la Ciudad de México se presentaron con el fin de indicar que no podían permitir el ingreso al zócalo, argumentando que el ruido de la marcha sería disruptivo para distintas ceremonias que se llevaban a cabo  en la plancha central.

A pesar de esto, los contigentes comenzaron a avanzar por avenida Juárez, encontrando un fuerte operativo policial a los alrededores.

La marcha fue detenida en Pino Suarez, a un costado de la Suprema Corte de Justicia, en dónde granaderos impidieron su acceso al zócalo capitalino.

Las calles aledañas al zócalo se encontraban resguardadas por granaderos de la CDMX que impedían su paso.

Los asistentes expresaron su enojo al ser negados el paso a la plaza central del país, en dónde supuestamente se celebraba la existencia de los Pueblos Originarios.

Mientras que la pirámide construida para celebrar este día se erigía en el zócalo; los pueblos que resisten a los megaproyectos impulsados por el gobierno y las empresas eran detenidos a una calle de distancia.

A pesar de esto, los distintos Pueblos y sus representantes sostuvieron un mítin frente a los granaderos que cerraban su paso.

Presente estuvo también «Marichuy», vocera del CNI quien también celebró el viaje Zapatista a la Europa insumisa.

En los dicursos varías temáticas similares surgieron: megaproyectos impuestos por el gobierno, desconfianza y rechazo a la 4ta transformación que ha traicionado su comprimiso con los Pueblos y la continuación de políticas coloniales y exctractivistas que ponen en riesgo la existencia de los Pueblos Originarios en México.

Frente a estas amenazas, los integrantes de estas comunidades expresaron también su determinación por seguir luchando para defender sus territorios, costumbres y modos de vida.

La comunidad Otomí: Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes

Durante el mitín, la comunidad Otomí anuncío que la toma del INPI que mantienen desde hace 10 meses se volverá permanente ante la falta de comprimiso por parte de las autoridades federales y de la Ciudad de México de resolver sus demandas de salud, vivienda, educación, paz, entre otras.

La comunidad dejo en claro que no devolverá las instalaciones.

Comunidad Otomí marcha en la Ciudad de México
500 años de resistencia
La comunidad Otomí ha mantenido la toma del INPI por 10 meses sin que las autoridades respondan a sus demandas

Pueblos Unidos de la Región Cholulteca toman embotelladora Bonafont

El pasado 8 de agosto, después de mantener la embotelladora Bonafont cerrada por cuatro meses, los Pueblos Unidos en Puebla tomarón las instalaciones de la empresa Bonafont en el municipio de Juan C Bonilla.

Como la comunidad Otomí, los Pueblos Unidos anunciaron que las «ruinas de la empresa Bonafont» seran utilizadas para construir la Casa de los Pueblos, un espacio para construir proyectos comunitarios de salud, educación y comunicación.

Los integrantes de más de 20 Pueblos en la región han denunciado la escasez de agua y contaminación de sus ríos desde que empresas transnacionales se han establecido en la región con la autorización del gobierno y dependencias como CONAGUA y SEMARNAT.

Nota completa. 

Los Pueblos Unidos han defendido el agua de su región de proyectos como el PIM , de descargas de agua sucia en sus ríos, y últimamente de la empresa Bonafont.
El Agua es de los Pueblos es el lema que se leía en este contenedor vacío

Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anahuác

La unión de estos Pueblos y Barrios en la Ciudad de México denunciaron la construcción del puente vehícular en Xochimilco que pone en riesgo el futuro del último humedal en la CDMX.

Además denunciaron la voracidad de la industria inmobiliaria en la ciudad que, con colaboración del gobierno de la ciudad, realizan megaconstrucciones sin consultar a los Pueblos, sin estudiaos ambientales, y sin planeación urbana.

Entre las zonas amenazadas por la urbanización desmedida se encuentran, el Cerro de la Estreella, Canal Nacional, la sierra de Santa Catarina, Xochimilco, y Azcapotzalco.

Integrantes de este Frente denuncian la falta de interés por parte del gobierno de reconocer su existencia como Pueblos Originarios en la urbe.

La Comunidad Triqui desplazada de Tierra Blanca Copala

Miembros de la Comunidad Triqui (MULTI) que mantienen un plantón frente a Bellas Artes desde hace 5 meses, exigieron a las autoridades federales garantizar su regreso seguro a Tierra Blanca, Oaxaca.

Los miembros del MULTI fueron desplazados de sus tierras como resultado de los ataques y amanezas por otro grupo de la misma etnia, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (Mult), quienes el MULTI denuncia colaboram con el estado de Oaxaca para despojarles de sus tierras.

En julio de este año, las autoridades estatales y federal incumplieran con su compromiso de garantizar un retorno seguro a su comunidad en Tierra Blanca Copala, Oaxaca.

Mujer Triqui exige el regreso seguro a su comunidad

Imagen: Karen Castillo

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Viva el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 20 de junio del 2021

En REMA estamos orgullosas/os de las mujeres, hombres, jovenes niñas y niños que integran el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio, fecha emblemática en la cual decidieron nacer para hacer un un frente más organizado, más fuerte, más solidario y dispuesto a dar la vida por la vida.

Su lucha contra la minería, su fuerza por rescatar su río que estaba siendo contaminado por las actividades mineras y campamento emblemático para impedir el ingreso de la empresa minera, son algunas de las expresiones por la cuales obtuvieron el II Reconocimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas demoniado “Mariano Abarca” que les fue entregado el 27 de noviembre del 2020 en Tuxtla Gutierrez, por más de 30 organizaciones nacionales y extranjeras que participaron en la convocatoria.

Cómo no celebrar al Frente en este su aniversario si nos han mostrado el camino a muchos grupos en México; cómo no celebrarles cuando son el único movimiento de resistencia en Chiapas que ha logrado establecer el “Municipio Libre de Minería en Acacoyagua” luchando y presionando a su propia presidencia municipal, así como también a los núcleos agrarios que la conforman para que defiendan a su ciudadanía y no a los intereses extractivos.

En REMA les reconocemos mucho su lucha por defender la vida y les agradecemos muchísimo que este país tengo un pedacito de territorio en el cual podemos ir a bañarnos en un río sano, mismo que hemos disfruta junto a ustedes. Es un orgullo que organizaciones como la suya formen parte de la REMA y que sigamos compartiendo juntas/os ese camino que nos lleva a la defensa de la vida.

Felicidades hermanas y hermanos del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio. Larga vida a todos ustedes y a su espíritu de lucha.

Territorios Libres de Minería

Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA

Imagen:

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Lo qué está en juego con la reglamentación de la Consulta Indígena en México

Compartimos este reportaje de Avispa Midia sobre el recurso de la consulta para la aprobación del megaproyectos – A 6 de mayo del 2021

Por Renata Bessi

La Cámara de Diputados aprobó el pasado 20 de abril el dictamen que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, el cual fue enviado al senado para ser discutido y aprobado. La ley debe ser aprobada hasta 30 de agosto de 2021 por el Congreso de la Unión, de acuerdo a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El objetivo, según el propio dictamen, es establecer los principios, normas, instituciones y procedimientos para garantizar el derecho a la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, expresó la importancia de la aprobación de una ley que “tanta falta hacía a los pueblos indígenas y afromexicanos para que se garantice su derecho a la consulta”.

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A pesar del festejo alrededor de la iniciativa por parte de organizaciones y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “esta aprobación será recordada por los pueblos originarios como un acto de justicia”, definió Regino Montes, movimientos sociales y especialistas alertan sobre las incoherencias y peligros de ser aprobada una ley de consulta.

Para el integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), Miguel Mijangos, la reglamentación involucra actores e intereses que van más allá de la garantía de los derechos de los pueblos. “Es un tema que lleva años siendo impulsado por el propio sistema financiero bancario y por ende manejado por las empresas, los gobiernos”.

A estos sectores les interesa crear mecanismos que den seguridad jurídica a sus megaproyectos. “El capitalismo anda cada vez más enfocado en el modelo extractivo y le urge un mecanismo para seguir validando el despojo”, argumenta.

La diversidad de intereses por detrás de la regulación se evidencia en el cabildeo realizado por sectores económicos junto a los parlamentarios, así como en manifestaciones públicas de representantes de estos sectores sobre el tema. Un ejemplo fue la participación de integrantes de la Cámara Minera de México, en el Parlamento Abierto, realizado el 30 de marzo, en el marco del proceso de construcción del proyecto de ley.

“La industria minera es moderna y responsable, social y ambientalmente, y busca el beneficio de todos los grupos de interés, sus usos y costumbres. Considero que la consulta debe contemplar que se establezca de manera clara y precisa cuáles son los pueblos y comunidades indígenas en México y que se constituya un padrón que registre sus autoridades, número de integrantes y territorio que ocupan”,

DIJO KAREN FLORES ARREDONDO, DIRECTORA GENERAL DE LA CÁMARA MINERA DE MÉXICO.

Otro representante del sector minero, Christopher Ávila Mier, dijo que la identificación plena de las comunidades indígenas, sus autoridades y territorios son importantes para que cualquier empresa o proyecto público o privado realice una consulta con certeza administrativa. “Con esto se avanzaría de la mano con los pueblos indígenas”, señaló.

En tono de conciliación con estos sectores, Regino Montes les mandó un recado.“Hay un conjunto de propuestas del sector empresarial que traen el diálogo e interlocución con el PRI y el PAN, yo lo que quiero decirles a los empresarios es que estén tranquilos, esta ley no afecta a nadie”, dijo.

Para la profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas, Elisa Cruz Rueda, antropóloga y abogada, con una larga experiencia en derecho indígena, el peligro de una ley específica para la consulta “es que la historia de este país nos muestra que (…) el afán de la regulación siempre ha dado por resultado que los derechos se recorten, es decir, que el alcance sea limitado”, explica.

La investigadora señala dos puntos del proyecto de ley para demostrar este recorte.   Uno de ellos es el artículo 12 que trata de los resultados de la consulta. En caso de que los pueblos nieguen que un proyecto sea realizado en su territorio, hay la posibilidad de que “el sujeto consultado deja abierta la posibilidad de explorar otras opciones para la realización de una medida similar”, dice el proyecto. “Queda abierta la posibilidad para que se busquen otras vías para hacer efectivo el proyecto. De que estamos hablando, si es negativo es negativo”, argumenta Cruz Rueda.

Un segundo ejemplo dice respecto a los protocolos de Consulta, que deben establecer las reglas y procedimientos para la consulta. El artículo 29 del proyecto establece que las autoridades que realizan la consulta tienen la obligación de realizar los protocolos de consulta.“Ahí viene el procedimiento que ha venido implementando el gobierno desde el sexenio anterior. Es el modelo que ha establecido la Secretaria de Energía”, explica. “En un proceso de consulta real se debería impulsar por parte del gobierno que las comunidades elaboren sus protocolos autonómico de consulta, donde se recorra las formas de organización y decisión de cada comunidad”, sostiene.

La investigadora argumenta que el derecho a la consulta ya es un derecho internacionalmente reconocido previsto en el Convenio 169, del cual México es signatario. Los tratados de derechos humanos poseen rango constitucional en el país. Para la abogada, no se necesita de una ley específica, “lo único que se debería de hacer es cumplir con estos grandes parámetros de estándares internacionales que ya existen, pero no lo hacen”.

Como han sido implementadas las consultas en los anteriores gobiernos y en este, de Andrés Manuel López Obrador, “vemos que es nada más legitimar lo que ya tienen planeado. Entonces que ganancias tienen los pueblos con eso. Las malas llamadas consultas por el Tren Maya, en 2019, son un ejemplo. Eso que hicieron, pues, ya nos da el preludio de cómo quieren que salga la ley”, argumenta la investigadora que se posiciona contra la creación de una ley que reglamente la consulta.

Tras el arribo de López Obrador a la presidencia de México, para la gente que votó por él, avizoraba cambios radicales, incluso, para los pueblos. “Ellos dicen, ¡primero los pueblos indígenas!, ¡primero los más pobres! Pero vemos que primero son las empresas del gran capital, primero son los megaproyectos antes de que nos tomen en cuenta. Luego hacen simulacros con supuestas consultas, pero los proyectos de muerte ya están en marcha ¿entonces para qué hacen consultas?”, puntualiza la integrante de la comunidad Otomí y también del Congreso Nacional Indígena (CNI), Maricela Mejía.

Para el abogado agrario Carlos González, que hace parte del CNI, el derecho a la consulta se está proponiendo como discurso dentro del derecho como un derecho sustituto de los derechos fundamentales de los pueblos originarios. “Desde mi punto de vista los derechos fundamentales para un pueblo originario son: primero el derecho a la libertad, a la libre determinación, que en el marco del Estado nacional se llama autonomía; el segundo es el derecho al territorio. Estos derechos son los derechos medulares de una comunidad y lo que están pretendiendo es sustituirlos por el derecho a la consulta”.

Una burla

El 10 de junio de 2020, la SCJN emitió la sentencia de amparo que ordena la creación de la ley. La SCJN otorgó hasta el 30 de agosto de 2021 para que el Congreso de la Unión cree la ley. El amparo fue interpuesto por la organización oaxaqueña Litigio Estratégico Indígena Asociación Civil. “Lo que estamos viendo es que esta ley pretende responder a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Me parece que no hay condiciones”, sostiene la investigadora Cruz Rueda.

La abogada sostiene que “no hay condiciones” refiriéndose a las desiguales históricas y estructurales de la sociedad mexicana. “Desde su origen, el Estado mexicano ha sido negacionista de la diversidad en todas sus formas, sobretodo en lo que respecta a los pueblos indígenas”, sostiene. “Las condiciones estructurales que dieron origen al levantamiento zapatista, en 1994, no han cambiado. No están las condiciones estructurales cambiadas para que de hecho se pueda llevar a cabo consultas que realmente respeten a los pueblos. Los pueblos indígenas en México están precarizados. Se les dice, oye dame tu tierra y te doy agua, dame tu tierra y vas a tener trabajo. En estas condiciones hablar de una consulta no es una consulta, es más bien un regateo”.

Y pone sobre la mesa una pregunta a las organizaciones que promueven la ley. “Si el racismo es una de las líneas fundamentales de este Estado mexicano, sea cual sea el gobierno, entonces a ¿qué estamos jugando con este tipo de cosas?”. “A la larga, si este proyecto pasa, los pueblos van a verse entre la espada y la pared”, afirma.

Al promover esta ley “lo único que hacen es dar chance que la corte, desde su racismo, tome lo que le interesa para seguir apuntalando un modelo extractivo que consolida las arcas de dinero de unos pocos en contra de unos muchos, que siempre han pagado los costos del desarrollo”, sostiene Cruz Rueda.

El análisis de Mijangos va en la misma dirección. “En un modelo tan asimétrico, consultar a los pueblos es una burla”.

Lo que se debe buscar, apunta Cruz Rueda, es cambiar la relación entre el Estado mexicano y la sociedad mexicana con los pueblos indígenas, como señalan los acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena. “El formato que tiene este proyecto de ley no cumple este propósito de cerrar las brechas de las desigualdades. Al contrario, las profundiza”, sostiene.

Imagen: Avispa Midia

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Argentina: Carta pública por el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas

Como Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, firmamos la siguiente carta pública. Pueden enviar adhesiones a: porlaprorrogadelaley26160@gmail.com

Contexto: En Argentina rige la Ley 26.160, que declara “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas” y suspende la ejecución de desalojo de esas tierras. Sin embargo, el 23 de noviembre de 2017 vencerá esta ley (vigente gracias a prórrogas sucesivas desde hace más de 10 años).

POR LA PRÓRROGA DE LA LEY 26.160 Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

A 11 de Septiembre de 2017

Como ciudadanos y ciudadanas, queremos expresar nuestra preocupación  por la vulneración de derechos de la que son objeto los pueblos indígenas, en un momento marcado por acciones prepotentes y discursos  estigmatizantes sobre el pueblo mapuche. Dicho discurso descalificador, propio de los grandes propietarios rurales, busca asociar los reclamos mapuches a la violencia y el terrorismo, además de desempolvar viejas y ya refutadas acusaciones como aquella de que “los mapuches no son argentinos, sino chilenos”.

En Argentina resulta cada vez más incompatible el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales (convenio 169 de la OIT), con la expansión de los territorios rentables para el capital. Así, desde hace años se observa la profundización del modelo extractivo, basado en la explotación de hidrocarburos no convencionales, la megaminería, la multiplicación de mega represas hidroeléctricas y la expansión de la explotación sojera. A lo anterior, hay que añadir grandes emprendimientos inmobiliarios y latifundios, emplazados en territorios que defienden comunidades indígenas y no indígenas. Frente a protestas que ponen de relieve tales problemáticas, el gobierno ha optado  por  la violencia represiva, como lo ilustra la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

Ante esto, exigimos el inicio del diálogo orientado al reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, reconocidos por nuestra constitución, en el artículo 75, inciso 17. Así como hemos salido a la calle exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado, hoy nos dirigimos al Parlamento Nacional, para exigir la prórroga de la ley 26160, que prohíbe los desalojos de las comunidades indígenas y ordena la finalización del demorado relevamiento territorial. También proponemos el lanzamiento de un diálogo franco, necesario y democrático con las comunidades indígenas sobre el lugar de estos pueblos en el Estado argentino.

Al igual que lo sucedido en otros países latinoamericanos (Bolivia), en Argentina debe revisarse la visión mono-cultural del Estado, a fin de avanzar hacia concepciones más inclusivas y pluriculturales, que fortalezcan la unidad territorial e institucional del país. Es urgente promover la intervención de la sociedad civil para hacer posible la apertura del esperado debate sobre el avance de modelos de desarrollo altamente destructivos en los territorios, que hoy encuentran fuertes resistencias sociales en nuestras provincias.

Todo lo anterior refuerza la necesidad de exigir la prórroga de dicha ley de tierras 26.160, en la línea de la constitución nacional, sin modificaciones o alteraciones que puedan perjudicar los derechos colectivos de los pueblos indígenas.  Asimismo exigimos el fin de la campaña de hostigamiento e indiferencia para con los pueblos indígenas y la adopción de un compromiso decidido y potente de toda la sociedad en apoyo de éstos y otros grupos vulnerables de la población. Sólo con mayor democracia y compromiso social será posible saldar la deuda histórica que el Estado argentino tiene para con los pueblos indígenas.

Más información:

Está por vencer una ley que suspende desalojos a pueblos originarios: ¿qué puede pasar si no se renueva?

Blog “Prórroga de la Ley 26.160”

Informe: ¿Por qué es importante la ley 26.160? (Amnistía Internacional)

El caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado

La página de Amigos de la Tierra Argentina

La dura lucha de los Pueblos Indígenas por defender sus derechos en la COP 13

Artículo de Amigos de la Tierra Internacional, federación a la cual pertenece Otros Mundos A.C.. Fue representada por una delegación de 6 personas en la COP 13, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la biodiversidad, que se llevó a cabo del 4 al 17 de diciembre del 2016 en Cancún, México.

El 16 de diciembre de 2016, penúltimo día de la 13ra Conferencia de las Partes (COP 13) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) de las Naciones Unidas, los representantes de los Pueblos Indígenas de todo el mundo salieron de la sala de negociaciones, seguidos por la sociedad civil, para expresar su descontento. Posteriormente, la sociedad civil organizó un sit-in silencioso en apoyo a los Pueblos Indígenas en el lobby del Moon Palace, sede de la Conferencia, en el que participaron unas sesenta personas, incluyendo a miembros de la delegación de Amigos de la Tierra Internacional.

Los representantes eran miembros del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB), una agrupación creada en el 1996 con el fin de dar a escuchar la voz de los Pueblos Indígenas durante las negociaciones de los países miembros de la CBD y de otros convenios internacionales. Expresaron su descontento por haber sido excluidos de las discusiones sobre un tema que tiene que ver directamente con ellos: el acceso a sus conocimientos tradicionales sobre la biodiversidad.

Una larga pelea por una palabra esencial: “libre”

En su artículo 8J, la CBD pide a los países miembros “respetar, preservar y mantener el conocimiento, las innovaciones y las prácticas de las comunidades locales e indígenas” así como “fomentar la participación equitativa en los beneficios derivados de dichos conocimiento, innovaciones y prácticas.” Preve que si una empresa quiere acceder a los conocimientos tradicionales de una comunidad, debe obtener su “consentimiento fundamentado” y negociar con ella el reparto equitativo de los beneficios derivados del uso de estos conocimientos.

Durante la COP 13, el FIIP exigió que el consentimiento previsto por el 8J sea un “consentimiento libre, previo e informado (CLPI)”, pero no se les permitió tomar la palabra durante el proceso de revisión del artículo. Paradójicamente, el trabajo de las Partes sobre este tema “está avanzando sin nuestro consentimiento libre, previo e informado”, resaltó Preston Hardison, de la Organización Tebtebba, en una declaración publicada el 17 de diciembre en ECO, la revista de la sociedad civil en las COPs de la CBD.

Un difícil compromiso para los Pueblos Indígenas

En un cierto punto de las discusiones, el texto se refería al “consentimiento previo e informado”, omitiendo la palabra “libre”. Después de una larga pelea, el FIIB obtuvo que el texto proponga a los países elegir entre el “consentimiento libre, previo e informado” y el “consentimiento previo e informado”. Es un compromiso muy grande que tuvieron que hacer los Pueblos Indígenas para aceptar este texto, porque no define de forma clara los compromisos de los Estados para respetar el CLPI y Amigos de la Tierra Internacional sentimos que no es justo que se fuerza a los Pueblos Indígenas aceptar está situación.

Además, los representantes de Pueblos Indígenas exigían retirar la mención “según la legislación nacional” en el texto sobre las guías para el consentimiento libre previo e informado. De está forma, se quita la soberanía de los pueblos indígenas. “No es universalmente cierto que todo pueda ser sujeto a la legislación nacional”, agregó Preston Hardison en su artículo. “Varios Estados reconocen el derecho imprescindible de los Pueblos Indígenas sobre sus Conocimientos Tradicionales. Imprescindibles significa no sujetos a la legislación nacional.”

Una victoria reclamando lo que nunca debían haber perdido: su soberanía

La negación de los Estados de retirar esta mención, fue cuando los representantes de los Pueblos Indígenas decidieron salirse de la sala de negociaciones, en la tarde del 16 de diciembre. En el sit- in que improvisó la sociedad civil afuera de la plenaria en apoyo a los Pueblos Indígenas, se llevaba carteles con las consignas “consentimiento significa consentimiento”, “sentados para lo libre” o “no existe el CLPI sin el CLPI”.

Gracias a la salida de los Pueblos Indígenas, y al apoyo de la sociedad civil, las negociaciones se reabrieron. Todavía fueron muy duras, pero finalmente se logró un lenguaje que devolvió a los pueblos el derecho de decidir soberanamente, poniendo sus decisiones por sobre de las legislaciones nacionales. “Es una victoria, pero sobre una batalla que nunca debiera existir. Pero por lo menos ahora los Pueblos Indígenas se encuentran respetados y estamos muy felices que como sociedad civil y Amigos de la Tierra Internacional hemos podido apoyar en esta lucha”, comentó Nele Marien, co-coordinadora del Programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional, presente en la COP 13.

Video: Porqué ATI apoyamos la protesta de representantes

de los Pueblos Indígenas durante la COP13 ?

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Más información sobre la COP 13 en la página de ATI

La COP 13 no logra afrontar el desafío de proteger la biodiversidad

COP 13 – Conservación y areas de salvaguarda, la cara más reciente del modelo extractivo en México

El derecho a la participación y a la consulta en el desarrollo. Retos para México

Presentación

fas-ctdh-derecho-participacion-consultaLa reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 implicó la modificación de once de sus artículos teniendo una enorme repercusión en el sistema jurídico mexicano. Ahora existe una concepción más amplia de los mismos. Por ejemplo, los dos primeros párrafos del artículo primero incorporaron el término derechos humanos, supliendo el de garantías individuales, que implica mucho más que un cambio de palabras; la concepción de que la persona goza de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución co­mo en los tratados internacionales; la interpretación conforme que debe hacerse con esas disposiciones; el principio pro persona; la obligación de todas las autoridades de promo­ver, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Por otra parte, se obliga al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos cuando ocurran.

 

La inclusión expresa de las obligaciones que tienen las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, co­mo lo es la promoción de los derechos humanos y tenerlos como eje de su actuación, debe entenderse como un elemento clave para prevenir su violación y es una encomienda directa para los organismos protectores de derechos humanos en el país, como lo es esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Una reforma de tal envergadura genera la necesidad de contar con materiales de estudio para su mejor compren­sión a fin de responder a las nuevas realidades, necesidades y problemáticas que aquejan a la sociedad mexicana y que merecen nuestra atención. Su complejidad amerita reflexiones en diversas temáticas, desde distintos enfoques y especialidades. Es por ello que resulta indispen­sable el permanente estudio y análisis de los derechos humanos.

La presente “Colección de textos sobre derechos humanos” es un espacio de estudios académicos que analiza diferentes contenidos relacionados con los derechos humanos que pueden contribuir a su conocimiento, debiendo la población en general estar atenta y cercana a los cambios legislativos, a las medidas administrativas que se realizan y al desarrollo jurisprudencial que se va produciendo, con la pretensión de generar una constante sinergia entre la teoría y la praxis nacional.

Entre los temas abordados hasta el momento destacan los estudios teóricos que permiten una introducción y mejor comprensión sobre el origen y la evolución histórica de los derechos humanos, así como el debate contemporáneo de los mismos. Asimismo, otros son de primordial estudio para el acercamiento a la protección no jurisdiccional de los derechos humanos, los grupos en situación de vulnerabilidad y de los pueblos y comunidades indígenas. También la colección se integra con artículos que abordan los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y las modificaciones incorporadas en 2011, temáticas que han sido objeto de otras Colecciones de esta Comisión Nacional. Por otro lado, se pueden identificar algunos estudios que versan sobre tópicos cuyo debate nacional sigue vigente, generándose normatividad al respecto, como las reformas en materia penal, la presun­ción de inocencia, la prohibición de tortura y de desa­parición forzada de personas y los derechos de las víctimas de los delitos.

La presente serie se integra con los siguientes títulos:
1) Origen, evolución y positivización de los derechos hu­manos; 2) Aproximaciones teóricas al debate contemporá­neo de los derechos humanos; 3) La evolución histórica delos derechos humanos en México; 4) Los pueblos indíge­nas de México y sus derechos: una breve mirada; 5) Dere­cho Internacional Humanitario; 6) Estado de Derecho y Principio de Legalidad; 7) La protección no jurisdiccional de los derechos humanos en México; 8) Panorama general de los DESCA en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; 9) La desaparición forzada de personas; 10) La prevención y la sanción de la tortura; 11) Los derechos humanos de las víctimas de los delitos; 12) Aspectos cultu­rales de la discriminación a la luz de algunos instrumentos internacionales de derechos humanos; 13) Libertad de ex­presión y acceso a la información; 14) Presunción de inocencia; 15) Algunas resoluciones relevantes del Poder Judi­cial en materia de derechos humanos; 16) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la acción de incons­titucionalidad de ley; 17) Grupos en situación de vulnera­bilidad; 18) Los estándares internacionales de los derechos humanos: un sistema de derechos en acción; 19) Dere­chos humanos de los pueblos indígenas: el debate colo­nial y las Leyes de Indias de 1681; 20) Agua y derechos humanos; 21) Cultura de la legalidad y derechos huma­nos; 22) De la cultura de la legalidad a la cultura de los derechos humanos; 23) Diálogo jurisprudencial y protec­ción de los derechos humanos; 24) El derecho a la partici­pación y a la consulta en el desarrollo. Retos para México; 25) El derecho humano al voto; 26) La identificación y la trata de personas, un par de problemas que enfrentan las
personas que migran; 27) La justiciabilidad del derecho al agua en México; 28) La personalidad jurídica en la desapa­rición forzada; 29) La trata de personas como violación a los derechos humanos: el caso mexicano; 30) Migració en tránsito, pobreza y discriminación en el territorio mexi­cano; 31) Multiculturalidad, ciudadanía y derechos huma­nos en México. Tensiones en el ejercicio de la autonomía indígena; 32) Narrativas interdisciplinarias sobre desaparición de personas en México; 33) Proteccionismo, dere­chos humanos y seguridad social de los adultos mayores. Hacia una mejor calidad de vida; 34) Una mirada a los derechos de las niñas y los niños: su resignificación, y 35) Violaciones a los derechos humanos del imputado en la etapa de investigación.

Esta Colección, desde la perspectiva de cada uno de los autores —a quienes agradecemos que compartan su experiencia y visión de los temas— pretende contribuir a impulsar la difusión de los derechos humanos entre todas las personas, así como a fortalecer su cumplimiento.

Lic. Luis Raúl González Pérez,
Presidente de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos

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Buscan comunidades indígenas sentar jurisprudencia contra megaproyectos

Por Mathieu Tourliere, Revista Proceso

Hasta el pasado 25 de mayo, los pobladores de la comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso, en la región de la Montaña Alta de Guerrero, confiaban en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminara si la Ley Minera violaba la Constitución y los convenios internacionales sobre derechos indígenas.

Pero la Secretaría de Economía (SE), a cargo de Ildefonso Guajardo Villarreal, logró anular la revisión de esa ley, con base en la cual esta dependencia otorgó 25 mil 425 títulos de concesiones –vigentes en junio de 2016, según el IV Informe de gobierno de Enrique Peña Nieto–, que amparan 22.3 millones de hectáreas.

En 2010, mediante una solicitud de información, los pobladores de la región se percataron de que la SE había concesionado 80% de su territorio a las empresas mineras Zalamera y Hoschild, sin consultarles ni avisarles. Tras una batalla judicial de varios años, un juez federal suspendió las concesiones.

En febrero de 2015 la SCJN atrajo el caso del amparo en revisión 393/2015. En ese recurso los pobladores aseveraban que ciertos artículos de la Ley Minera violan los derechos a los pueblos indígenas plasmados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que, por extensión son inconstitucionales.

 

Las empresas mineras se desistieron de las concesiones. Y la SE puso en jaque a la SCJN: argumentó que con la cancelación de las concesiones desapareció el “acto reclamado” –el fondo del juicio–, por lo que la Corte tuvo que sobreseer el amparo.

Según Armando Campos Ochoa, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –que apoyó a la comunidad me’phaa–, “hubo una maniobra entre la SE y las concesionarias” para evitar la revisión constitucional de la Ley Minera.

Ésta, añade, podía generar modificaciones de fondo en el otorgamiento de concesiones e implicar “jurisprudencia para todas las luchas contra los megaproyectos”. Además, la revisión ponía temas centrales en la mesa: la definición de “tierra”, “territorio” y “pueblo” indígenas y la consulta.

 

“¿Qué implica en términos de costos políticos y económicos el cancelar y suspender dos concesiones mineras en lugar de 26 mil?”, plantea en entrevista con Apro. Sin embargo, el amparo constituyó un precedente y Campos espera que ese recurso “trazó el camino para otras comunidades indígenas en sus luchas”.

El “resurgimiento” del 169

Este martes 6, la SCJN se convirtió en la sede de un coloquio sobre la defensa del territorio indígena, en el que representantes de comunidades en resistencia, magistrados y abogados revisaron las herramientas jurídicas de las que disponen los pueblos originarios para reivindicar –y conseguir– el respecto de sus derechos en sus territorios ancestrales.

De acuerdo con Elia Avendaño Villafuerte, asesora en la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la SCJN, la lucha por los derechos indígenas avanzó a grandes pasos en los últimos cinco años gracias al “resurgimiento del Convenio 169 de la OIT”.

El Convenio 169 plantea, entre otros, la obligación de consultar a las comunidades indígenas antes de realizar cualquier asunto que afecte su territorio. Esta consulta debe ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.

Avendaño explica a Apro que, a raíz de la reforma constitucional de 2011, el primer artículo de la Constitución elevó a rango constitucional los convenios internacionales que firmó México. En otros palabras, el Convenio 169 de la OIT se convirtió en uno de los más poderosos instrumentos legales, 21 años después de su aprobación por el Senado mexicano.

“Antes, la Constitución estaba por encima (del Convenio), y ahora están a la par”, abunda, al explicar que “a partir de 2011 tenemos más resoluciones sobre derechos indígenas, y en la SCJN hemos encontrado 370 sentencias que se refieren a ellos.

“Los derechos indígenas empiezan a tener una difusión un poco mayor, y la gente se organiza más: se da cuenta que el Convenio 169 los protege”, aseveró Alma Verónica Chacón Márquez, integrante de la Consultoría Técnica Comunitaria, una organización que apoya a los pueblos de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, en la reivindicación de sus derechos.

Y, según Francisco López Bárcenas, titular de la Coordinación Nacional de Antropología en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), “el conflicto apenas comienza”.

Detalla, en entrevista con Apro: “El modelo de desarrollo económico del país, que se basa básicamente en grandes obras e infraestructuras, está afectando a los pueblos indígenas. Todo apunta a que los recursos naturales son ahora el centro de la apropiación. Y éstos están en los pueblos indígenas”, un diagnóstico similar al que expuso la organización Oxfam en un informe reciente.

“Se trata de buscar respuestas jurídicas, lo que pasa es que muchos pueblos indígenas no están yendo a los tribunales, han visto que las sentencias no se cumplen, que ganan pero que no pasa nada”, añade el antropólogo.

Según Karla Quintana Osuna, secretaria de estudio y cuenta de la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz y exlitigante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los logros de los derechos indígenas se conquistan amparo tras amparo. “No se puede avanzar en los tribunales si no es por ustedes”, exhortó.

 

También recordó que, según la CIDH, no importa que un terrateniente posea documentos que demuestren la propiedad privada de un lote: si éste forma parte del territorio ancestral de una comunidad indígena, es obligatorio devolvérselo, afirmó.

Asimismo, subrayó que en muchas ocasiones las autoridades y las empresas retan el carácter indígena de las comunidades que exigen sus derechos sobre el territorio ancestral, lo cual es ilegal, pues el Convenio 169 plantea la “autoadscripción”, según la cual una persona es indígena a partir del momento en que se reivindica como tal.

Uno de los reclamos de las comunidades indígenas, entre ellas las que habitan la Sierra Tarahumara, es que las distintas reformas agrarias que se llevaron a cabo en México en el siglo XX no tomaron en cuenta el carácter indígena del territorio y despojaron a comunidades enteras de sus tierras.

Quintana planteó ciertos obstáculos para el pleno respecto a los derechos indígenas. Los términos de la consulta, por ejemplo, levantan ciertas preguntas: “¿A quién consultar? ¿Qué se consulta? ¿En qué forma?”

Y subrayó la emergencia de un fenómeno reciente, que desafiaría el sistema judicial: crecen los casos de comunidades campesinas no indígenas que invocan la falta de consulta ante los tribunales para cancelar los megaproyectos que los afectan.

Magdalena Gómez Rivera, abogada y fundadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), aseveró que el tema de fondo de los derechos indígenas va más allá del debate jurídico y se ancla en el racismo: “Que en un primer tiempo dejen de hablar de un ‘problema indígena’”, exhortó.