Las Consultas a modo del Gobierno Federal

Las Universidades de AMLO, Sí, las de los pueblos indígenas, NO

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 8 de septiembre del 2021

Mientras que el Gobierno Federal inaugura “Universidades AMLO” por el país, sin supuestas consultas libres,previas e informadas e incluso en muchos casos coaccionando a los dueños de las tierras ejidales, comunales, municipales o estatales para exigir donación de terrenos para sus aulas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalida el pasado 31 de agosto del presente años la Ley Organiza de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO) cuando el Gobierno estatal ya había aprobado en la LXIV Legislatura del H. Congreso de Oaxaca.

Los legisladores en representación de pueblo oaxaqueño y en respuestas a sus demandas, en pleno uso de su autonomía y obligación de velar por los derechos humanos y en especial de la educación, respondió a la solicitud de un pueblo que, conformado por 570 municipios, 417 se rigen por sistemas normativos indígenas, durante décadas han llevado procesos de reflexión con su conocimiento ancestral.

La UACO fue creada luego que organizaciones sociales de 16 municipios y comunidades de Oaxaca trabajaran durante años procesos educativos acordes a su cosmovisión como pueblos indígenas, obteniendo como resultado que el Gobierno de Oaxaca y el Poder Legislativo reconocieran en el Decreto 1201 publicado en el Diario Oficial el 20 de abril de 2020, la creación de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, como un instrumento de los pueblos indígenas de Oaxaca, para la construcción de su propio futuro y desde sus propias consmovisiones para construir la autonomía de sus pueblos.

Le hace falta una ridícula “consulta” de esas que al Gobierno Federal le encanta jugar a modo, en medio de su discurso de “primero los pobres”, “lo que diga el pueblo”, “por lo derechos humanos”, “apoyar las demandas indígenas”, etc, etc. Con esta acción pareciera que da la razón a los reclamos de los jóvenes estudiantes normalistas que denuncian las intenciones del Gobierno Federal de pretender cerrar la Escuelas Normales del país.

Como dicen las comunidades y organizaciones indígenas que conforman la UACO en Oaxaca: “la consulta la hemos padecido como una imposición desde una visión colonialista que ofende a nuestros pueblos y no respeta ni reconoce el ejercicio de nuestra autonomía y libre determinación. El dictamen de la SCJN busca examinar si el aborigen tiene la capacidad de determinarse libremente, en los términos liberales que gobiernan sus pensamiento. A sabiendas que la UACO surgió de nuestras comunidades y no de un escrito gubernamental.

¿Por qué la SCJN niega el derecho a la educación y además debe ser consultado? Como todo el país, aquellos proyectos que impulsa el gobierno van con todo y sin “consultas”, y las que no gustan “consultan” amañadamente y a modo esgrimiendo el Convenio 169 de la OTI, o se criminalizan a sus opositores sociales o actores ambientales.

¡Por la Libre Determinación de los Pueblos Originarios!

Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA

Imagen: Radio Pozol

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Fotoreportaje: 500 Años de Resistencia

Compartimos este foto reportaje publicado por Somos el Medio sobre los 500 años de resistencia en la historia de México – A 14 de agosto del 2021

Pueblos Originarios marchan en la Ciudad de México conmemorando 500 años de resistencia. Gobierno de la Ciudad de México les impide el paso al zócalo capitalino.

Texto y Fotografía: Karen Castillo / @karencitatacha

El día de ayer, 13 de Agosto del 2021, se celebraron 500 años desde la caída de  Tenochtitlán; día que marca el inicio de la resistencia de los Pueblos Originarios frente al colonialismo, el despojo, y el racismo que enfrentan día a día.

Con el fin de denunciar los megaproyectos que amenzan a sus comunidades, integrantes de distitntos Pueblos Originarios y organizaciones aliadas, organizaron una marcha en la Ciudad de México

Entre los asistentes se econtraban la Comunidad Otomí residente de la CDMX, los Pueblos Unidos de la región Cholulteca, la Comunidad Triqui desplazada de Tierra Blanca Copala, el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac, entre otros.

La marcha inició en el Hemiciclo a Júarez a las 11 am, sin embargo, el contigente tuvo problemas para iniciar el recorrido.

Autoridades de la Ciudad de México se presentaron con el fin de indicar que no podían permitir el ingreso al zócalo, argumentando que el ruido de la marcha sería disruptivo para distintas ceremonias que se llevaban a cabo  en la plancha central.

A pesar de esto, los contigentes comenzaron a avanzar por avenida Juárez, encontrando un fuerte operativo policial a los alrededores.

La marcha fue detenida en Pino Suarez, a un costado de la Suprema Corte de Justicia, en dónde granaderos impidieron su acceso al zócalo capitalino.

Las calles aledañas al zócalo se encontraban resguardadas por granaderos de la CDMX que impedían su paso.

Los asistentes expresaron su enojo al ser negados el paso a la plaza central del país, en dónde supuestamente se celebraba la existencia de los Pueblos Originarios.

Mientras que la pirámide construida para celebrar este día se erigía en el zócalo; los pueblos que resisten a los megaproyectos impulsados por el gobierno y las empresas eran detenidos a una calle de distancia.

A pesar de esto, los distintos Pueblos y sus representantes sostuvieron un mítin frente a los granaderos que cerraban su paso.

Presente estuvo también «Marichuy», vocera del CNI quien también celebró el viaje Zapatista a la Europa insumisa.

En los dicursos varías temáticas similares surgieron: megaproyectos impuestos por el gobierno, desconfianza y rechazo a la 4ta transformación que ha traicionado su comprimiso con los Pueblos y la continuación de políticas coloniales y exctractivistas que ponen en riesgo la existencia de los Pueblos Originarios en México.

Frente a estas amenazas, los integrantes de estas comunidades expresaron también su determinación por seguir luchando para defender sus territorios, costumbres y modos de vida.

La comunidad Otomí: Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes

Durante el mitín, la comunidad Otomí anuncío que la toma del INPI que mantienen desde hace 10 meses se volverá permanente ante la falta de comprimiso por parte de las autoridades federales y de la Ciudad de México de resolver sus demandas de salud, vivienda, educación, paz, entre otras.

La comunidad dejo en claro que no devolverá las instalaciones.

Comunidad Otomí marcha en la Ciudad de México
500 años de resistencia
La comunidad Otomí ha mantenido la toma del INPI por 10 meses sin que las autoridades respondan a sus demandas

Pueblos Unidos de la Región Cholulteca toman embotelladora Bonafont

El pasado 8 de agosto, después de mantener la embotelladora Bonafont cerrada por cuatro meses, los Pueblos Unidos en Puebla tomarón las instalaciones de la empresa Bonafont en el municipio de Juan C Bonilla.

Como la comunidad Otomí, los Pueblos Unidos anunciaron que las «ruinas de la empresa Bonafont» seran utilizadas para construir la Casa de los Pueblos, un espacio para construir proyectos comunitarios de salud, educación y comunicación.

Los integrantes de más de 20 Pueblos en la región han denunciado la escasez de agua y contaminación de sus ríos desde que empresas transnacionales se han establecido en la región con la autorización del gobierno y dependencias como CONAGUA y SEMARNAT.

Nota completa. 

Los Pueblos Unidos han defendido el agua de su región de proyectos como el PIM , de descargas de agua sucia en sus ríos, y últimamente de la empresa Bonafont.
El Agua es de los Pueblos es el lema que se leía en este contenedor vacío

Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anahuác

La unión de estos Pueblos y Barrios en la Ciudad de México denunciaron la construcción del puente vehícular en Xochimilco que pone en riesgo el futuro del último humedal en la CDMX.

Además denunciaron la voracidad de la industria inmobiliaria en la ciudad que, con colaboración del gobierno de la ciudad, realizan megaconstrucciones sin consultar a los Pueblos, sin estudiaos ambientales, y sin planeación urbana.

Entre las zonas amenazadas por la urbanización desmedida se encuentran, el Cerro de la Estreella, Canal Nacional, la sierra de Santa Catarina, Xochimilco, y Azcapotzalco.

Integrantes de este Frente denuncian la falta de interés por parte del gobierno de reconocer su existencia como Pueblos Originarios en la urbe.

La Comunidad Triqui desplazada de Tierra Blanca Copala

Miembros de la Comunidad Triqui (MULTI) que mantienen un plantón frente a Bellas Artes desde hace 5 meses, exigieron a las autoridades federales garantizar su regreso seguro a Tierra Blanca, Oaxaca.

Los miembros del MULTI fueron desplazados de sus tierras como resultado de los ataques y amanezas por otro grupo de la misma etnia, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (Mult), quienes el MULTI denuncia colaboram con el estado de Oaxaca para despojarles de sus tierras.

En julio de este año, las autoridades estatales y federal incumplieran con su compromiso de garantizar un retorno seguro a su comunidad en Tierra Blanca Copala, Oaxaca.

Mujer Triqui exige el regreso seguro a su comunidad

Imagen: Karen Castillo

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Viva el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 20 de junio del 2021

En REMA estamos orgullosas/os de las mujeres, hombres, jovenes niñas y niños que integran el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio, fecha emblemática en la cual decidieron nacer para hacer un un frente más organizado, más fuerte, más solidario y dispuesto a dar la vida por la vida.

Su lucha contra la minería, su fuerza por rescatar su río que estaba siendo contaminado por las actividades mineras y campamento emblemático para impedir el ingreso de la empresa minera, son algunas de las expresiones por la cuales obtuvieron el II Reconocimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas demoniado “Mariano Abarca” que les fue entregado el 27 de noviembre del 2020 en Tuxtla Gutierrez, por más de 30 organizaciones nacionales y extranjeras que participaron en la convocatoria.

Cómo no celebrar al Frente en este su aniversario si nos han mostrado el camino a muchos grupos en México; cómo no celebrarles cuando son el único movimiento de resistencia en Chiapas que ha logrado establecer el “Municipio Libre de Minería en Acacoyagua” luchando y presionando a su propia presidencia municipal, así como también a los núcleos agrarios que la conforman para que defiendan a su ciudadanía y no a los intereses extractivos.

En REMA les reconocemos mucho su lucha por defender la vida y les agradecemos muchísimo que este país tengo un pedacito de territorio en el cual podemos ir a bañarnos en un río sano, mismo que hemos disfruta junto a ustedes. Es un orgullo que organizaciones como la suya formen parte de la REMA y que sigamos compartiendo juntas/os ese camino que nos lleva a la defensa de la vida.

Felicidades hermanas y hermanos del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio. Larga vida a todos ustedes y a su espíritu de lucha.

Territorios Libres de Minería

Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA

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Lo qué está en juego con la reglamentación de la Consulta Indígena en México

Compartimos este reportaje de Avispa Midia sobre el recurso de la consulta para la aprobación del megaproyectos – A 6 de mayo del 2021

Por Renata Bessi

La Cámara de Diputados aprobó el pasado 20 de abril el dictamen que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, el cual fue enviado al senado para ser discutido y aprobado. La ley debe ser aprobada hasta 30 de agosto de 2021 por el Congreso de la Unión, de acuerdo a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El objetivo, según el propio dictamen, es establecer los principios, normas, instituciones y procedimientos para garantizar el derecho a la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, expresó la importancia de la aprobación de una ley que “tanta falta hacía a los pueblos indígenas y afromexicanos para que se garantice su derecho a la consulta”.

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A pesar del festejo alrededor de la iniciativa por parte de organizaciones y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “esta aprobación será recordada por los pueblos originarios como un acto de justicia”, definió Regino Montes, movimientos sociales y especialistas alertan sobre las incoherencias y peligros de ser aprobada una ley de consulta.

Para el integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), Miguel Mijangos, la reglamentación involucra actores e intereses que van más allá de la garantía de los derechos de los pueblos. “Es un tema que lleva años siendo impulsado por el propio sistema financiero bancario y por ende manejado por las empresas, los gobiernos”.

A estos sectores les interesa crear mecanismos que den seguridad jurídica a sus megaproyectos. “El capitalismo anda cada vez más enfocado en el modelo extractivo y le urge un mecanismo para seguir validando el despojo”, argumenta.

La diversidad de intereses por detrás de la regulación se evidencia en el cabildeo realizado por sectores económicos junto a los parlamentarios, así como en manifestaciones públicas de representantes de estos sectores sobre el tema. Un ejemplo fue la participación de integrantes de la Cámara Minera de México, en el Parlamento Abierto, realizado el 30 de marzo, en el marco del proceso de construcción del proyecto de ley.

“La industria minera es moderna y responsable, social y ambientalmente, y busca el beneficio de todos los grupos de interés, sus usos y costumbres. Considero que la consulta debe contemplar que se establezca de manera clara y precisa cuáles son los pueblos y comunidades indígenas en México y que se constituya un padrón que registre sus autoridades, número de integrantes y territorio que ocupan”,

DIJO KAREN FLORES ARREDONDO, DIRECTORA GENERAL DE LA CÁMARA MINERA DE MÉXICO.

Otro representante del sector minero, Christopher Ávila Mier, dijo que la identificación plena de las comunidades indígenas, sus autoridades y territorios son importantes para que cualquier empresa o proyecto público o privado realice una consulta con certeza administrativa. “Con esto se avanzaría de la mano con los pueblos indígenas”, señaló.

En tono de conciliación con estos sectores, Regino Montes les mandó un recado.“Hay un conjunto de propuestas del sector empresarial que traen el diálogo e interlocución con el PRI y el PAN, yo lo que quiero decirles a los empresarios es que estén tranquilos, esta ley no afecta a nadie”, dijo.

Para la profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas, Elisa Cruz Rueda, antropóloga y abogada, con una larga experiencia en derecho indígena, el peligro de una ley específica para la consulta “es que la historia de este país nos muestra que (…) el afán de la regulación siempre ha dado por resultado que los derechos se recorten, es decir, que el alcance sea limitado”, explica.

La investigadora señala dos puntos del proyecto de ley para demostrar este recorte.   Uno de ellos es el artículo 12 que trata de los resultados de la consulta. En caso de que los pueblos nieguen que un proyecto sea realizado en su territorio, hay la posibilidad de que “el sujeto consultado deja abierta la posibilidad de explorar otras opciones para la realización de una medida similar”, dice el proyecto. “Queda abierta la posibilidad para que se busquen otras vías para hacer efectivo el proyecto. De que estamos hablando, si es negativo es negativo”, argumenta Cruz Rueda.

Un segundo ejemplo dice respecto a los protocolos de Consulta, que deben establecer las reglas y procedimientos para la consulta. El artículo 29 del proyecto establece que las autoridades que realizan la consulta tienen la obligación de realizar los protocolos de consulta.“Ahí viene el procedimiento que ha venido implementando el gobierno desde el sexenio anterior. Es el modelo que ha establecido la Secretaria de Energía”, explica. “En un proceso de consulta real se debería impulsar por parte del gobierno que las comunidades elaboren sus protocolos autonómico de consulta, donde se recorra las formas de organización y decisión de cada comunidad”, sostiene.

La investigadora argumenta que el derecho a la consulta ya es un derecho internacionalmente reconocido previsto en el Convenio 169, del cual México es signatario. Los tratados de derechos humanos poseen rango constitucional en el país. Para la abogada, no se necesita de una ley específica, “lo único que se debería de hacer es cumplir con estos grandes parámetros de estándares internacionales que ya existen, pero no lo hacen”.

Como han sido implementadas las consultas en los anteriores gobiernos y en este, de Andrés Manuel López Obrador, “vemos que es nada más legitimar lo que ya tienen planeado. Entonces que ganancias tienen los pueblos con eso. Las malas llamadas consultas por el Tren Maya, en 2019, son un ejemplo. Eso que hicieron, pues, ya nos da el preludio de cómo quieren que salga la ley”, argumenta la investigadora que se posiciona contra la creación de una ley que reglamente la consulta.

Tras el arribo de López Obrador a la presidencia de México, para la gente que votó por él, avizoraba cambios radicales, incluso, para los pueblos. “Ellos dicen, ¡primero los pueblos indígenas!, ¡primero los más pobres! Pero vemos que primero son las empresas del gran capital, primero son los megaproyectos antes de que nos tomen en cuenta. Luego hacen simulacros con supuestas consultas, pero los proyectos de muerte ya están en marcha ¿entonces para qué hacen consultas?”, puntualiza la integrante de la comunidad Otomí y también del Congreso Nacional Indígena (CNI), Maricela Mejía.

Para el abogado agrario Carlos González, que hace parte del CNI, el derecho a la consulta se está proponiendo como discurso dentro del derecho como un derecho sustituto de los derechos fundamentales de los pueblos originarios. “Desde mi punto de vista los derechos fundamentales para un pueblo originario son: primero el derecho a la libertad, a la libre determinación, que en el marco del Estado nacional se llama autonomía; el segundo es el derecho al territorio. Estos derechos son los derechos medulares de una comunidad y lo que están pretendiendo es sustituirlos por el derecho a la consulta”.

Una burla

El 10 de junio de 2020, la SCJN emitió la sentencia de amparo que ordena la creación de la ley. La SCJN otorgó hasta el 30 de agosto de 2021 para que el Congreso de la Unión cree la ley. El amparo fue interpuesto por la organización oaxaqueña Litigio Estratégico Indígena Asociación Civil. “Lo que estamos viendo es que esta ley pretende responder a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Me parece que no hay condiciones”, sostiene la investigadora Cruz Rueda.

La abogada sostiene que “no hay condiciones” refiriéndose a las desiguales históricas y estructurales de la sociedad mexicana. “Desde su origen, el Estado mexicano ha sido negacionista de la diversidad en todas sus formas, sobretodo en lo que respecta a los pueblos indígenas”, sostiene. “Las condiciones estructurales que dieron origen al levantamiento zapatista, en 1994, no han cambiado. No están las condiciones estructurales cambiadas para que de hecho se pueda llevar a cabo consultas que realmente respeten a los pueblos. Los pueblos indígenas en México están precarizados. Se les dice, oye dame tu tierra y te doy agua, dame tu tierra y vas a tener trabajo. En estas condiciones hablar de una consulta no es una consulta, es más bien un regateo”.

Y pone sobre la mesa una pregunta a las organizaciones que promueven la ley. “Si el racismo es una de las líneas fundamentales de este Estado mexicano, sea cual sea el gobierno, entonces a ¿qué estamos jugando con este tipo de cosas?”. “A la larga, si este proyecto pasa, los pueblos van a verse entre la espada y la pared”, afirma.

Al promover esta ley “lo único que hacen es dar chance que la corte, desde su racismo, tome lo que le interesa para seguir apuntalando un modelo extractivo que consolida las arcas de dinero de unos pocos en contra de unos muchos, que siempre han pagado los costos del desarrollo”, sostiene Cruz Rueda.

El análisis de Mijangos va en la misma dirección. “En un modelo tan asimétrico, consultar a los pueblos es una burla”.

Lo que se debe buscar, apunta Cruz Rueda, es cambiar la relación entre el Estado mexicano y la sociedad mexicana con los pueblos indígenas, como señalan los acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena. “El formato que tiene este proyecto de ley no cumple este propósito de cerrar las brechas de las desigualdades. Al contrario, las profundiza”, sostiene.

Imagen: Avispa Midia

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Argentina: Carta pública por el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas

Como Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, firmamos la siguiente carta pública. Pueden enviar adhesiones a: porlaprorrogadelaley26160@gmail.com

Contexto: En Argentina rige la Ley 26.160, que declara “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas” y suspende la ejecución de desalojo de esas tierras. Sin embargo, el 23 de noviembre de 2017 vencerá esta ley (vigente gracias a prórrogas sucesivas desde hace más de 10 años).

POR LA PRÓRROGA DE LA LEY 26.160 Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

A 11 de Septiembre de 2017

Como ciudadanos y ciudadanas, queremos expresar nuestra preocupación  por la vulneración de derechos de la que son objeto los pueblos indígenas, en un momento marcado por acciones prepotentes y discursos  estigmatizantes sobre el pueblo mapuche. Dicho discurso descalificador, propio de los grandes propietarios rurales, busca asociar los reclamos mapuches a la violencia y el terrorismo, además de desempolvar viejas y ya refutadas acusaciones como aquella de que “los mapuches no son argentinos, sino chilenos”.

En Argentina resulta cada vez más incompatible el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales (convenio 169 de la OIT), con la expansión de los territorios rentables para el capital. Así, desde hace años se observa la profundización del modelo extractivo, basado en la explotación de hidrocarburos no convencionales, la megaminería, la multiplicación de mega represas hidroeléctricas y la expansión de la explotación sojera. A lo anterior, hay que añadir grandes emprendimientos inmobiliarios y latifundios, emplazados en territorios que defienden comunidades indígenas y no indígenas. Frente a protestas que ponen de relieve tales problemáticas, el gobierno ha optado  por  la violencia represiva, como lo ilustra la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

Ante esto, exigimos el inicio del diálogo orientado al reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, reconocidos por nuestra constitución, en el artículo 75, inciso 17. Así como hemos salido a la calle exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado, hoy nos dirigimos al Parlamento Nacional, para exigir la prórroga de la ley 26160, que prohíbe los desalojos de las comunidades indígenas y ordena la finalización del demorado relevamiento territorial. También proponemos el lanzamiento de un diálogo franco, necesario y democrático con las comunidades indígenas sobre el lugar de estos pueblos en el Estado argentino.

Al igual que lo sucedido en otros países latinoamericanos (Bolivia), en Argentina debe revisarse la visión mono-cultural del Estado, a fin de avanzar hacia concepciones más inclusivas y pluriculturales, que fortalezcan la unidad territorial e institucional del país. Es urgente promover la intervención de la sociedad civil para hacer posible la apertura del esperado debate sobre el avance de modelos de desarrollo altamente destructivos en los territorios, que hoy encuentran fuertes resistencias sociales en nuestras provincias.

Todo lo anterior refuerza la necesidad de exigir la prórroga de dicha ley de tierras 26.160, en la línea de la constitución nacional, sin modificaciones o alteraciones que puedan perjudicar los derechos colectivos de los pueblos indígenas.  Asimismo exigimos el fin de la campaña de hostigamiento e indiferencia para con los pueblos indígenas y la adopción de un compromiso decidido y potente de toda la sociedad en apoyo de éstos y otros grupos vulnerables de la población. Sólo con mayor democracia y compromiso social será posible saldar la deuda histórica que el Estado argentino tiene para con los pueblos indígenas.

Más información:

Está por vencer una ley que suspende desalojos a pueblos originarios: ¿qué puede pasar si no se renueva?

Blog “Prórroga de la Ley 26.160”

Informe: ¿Por qué es importante la ley 26.160? (Amnistía Internacional)

El caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado

La página de Amigos de la Tierra Argentina

La dura lucha de los Pueblos Indígenas por defender sus derechos en la COP 13

Artículo de Amigos de la Tierra Internacional, federación a la cual pertenece Otros Mundos A.C.. Fue representada por una delegación de 6 personas en la COP 13, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la biodiversidad, que se llevó a cabo del 4 al 17 de diciembre del 2016 en Cancún, México.

El 16 de diciembre de 2016, penúltimo día de la 13ra Conferencia de las Partes (COP 13) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) de las Naciones Unidas, los representantes de los Pueblos Indígenas de todo el mundo salieron de la sala de negociaciones, seguidos por la sociedad civil, para expresar su descontento. Posteriormente, la sociedad civil organizó un sit-in silencioso en apoyo a los Pueblos Indígenas en el lobby del Moon Palace, sede de la Conferencia, en el que participaron unas sesenta personas, incluyendo a miembros de la delegación de Amigos de la Tierra Internacional.

Los representantes eran miembros del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB), una agrupación creada en el 1996 con el fin de dar a escuchar la voz de los Pueblos Indígenas durante las negociaciones de los países miembros de la CBD y de otros convenios internacionales. Expresaron su descontento por haber sido excluidos de las discusiones sobre un tema que tiene que ver directamente con ellos: el acceso a sus conocimientos tradicionales sobre la biodiversidad.

Una larga pelea por una palabra esencial: “libre”

En su artículo 8J, la CBD pide a los países miembros “respetar, preservar y mantener el conocimiento, las innovaciones y las prácticas de las comunidades locales e indígenas” así como “fomentar la participación equitativa en los beneficios derivados de dichos conocimiento, innovaciones y prácticas.” Preve que si una empresa quiere acceder a los conocimientos tradicionales de una comunidad, debe obtener su “consentimiento fundamentado” y negociar con ella el reparto equitativo de los beneficios derivados del uso de estos conocimientos.

Durante la COP 13, el FIIP exigió que el consentimiento previsto por el 8J sea un “consentimiento libre, previo e informado (CLPI)”, pero no se les permitió tomar la palabra durante el proceso de revisión del artículo. Paradójicamente, el trabajo de las Partes sobre este tema “está avanzando sin nuestro consentimiento libre, previo e informado”, resaltó Preston Hardison, de la Organización Tebtebba, en una declaración publicada el 17 de diciembre en ECO, la revista de la sociedad civil en las COPs de la CBD.

Un difícil compromiso para los Pueblos Indígenas

En un cierto punto de las discusiones, el texto se refería al “consentimiento previo e informado”, omitiendo la palabra “libre”. Después de una larga pelea, el FIIB obtuvo que el texto proponga a los países elegir entre el “consentimiento libre, previo e informado” y el “consentimiento previo e informado”. Es un compromiso muy grande que tuvieron que hacer los Pueblos Indígenas para aceptar este texto, porque no define de forma clara los compromisos de los Estados para respetar el CLPI y Amigos de la Tierra Internacional sentimos que no es justo que se fuerza a los Pueblos Indígenas aceptar está situación.

Además, los representantes de Pueblos Indígenas exigían retirar la mención “según la legislación nacional” en el texto sobre las guías para el consentimiento libre previo e informado. De está forma, se quita la soberanía de los pueblos indígenas. “No es universalmente cierto que todo pueda ser sujeto a la legislación nacional”, agregó Preston Hardison en su artículo. “Varios Estados reconocen el derecho imprescindible de los Pueblos Indígenas sobre sus Conocimientos Tradicionales. Imprescindibles significa no sujetos a la legislación nacional.”

Una victoria reclamando lo que nunca debían haber perdido: su soberanía

La negación de los Estados de retirar esta mención, fue cuando los representantes de los Pueblos Indígenas decidieron salirse de la sala de negociaciones, en la tarde del 16 de diciembre. En el sit- in que improvisó la sociedad civil afuera de la plenaria en apoyo a los Pueblos Indígenas, se llevaba carteles con las consignas “consentimiento significa consentimiento”, “sentados para lo libre” o “no existe el CLPI sin el CLPI”.

Gracias a la salida de los Pueblos Indígenas, y al apoyo de la sociedad civil, las negociaciones se reabrieron. Todavía fueron muy duras, pero finalmente se logró un lenguaje que devolvió a los pueblos el derecho de decidir soberanamente, poniendo sus decisiones por sobre de las legislaciones nacionales. “Es una victoria, pero sobre una batalla que nunca debiera existir. Pero por lo menos ahora los Pueblos Indígenas se encuentran respetados y estamos muy felices que como sociedad civil y Amigos de la Tierra Internacional hemos podido apoyar en esta lucha”, comentó Nele Marien, co-coordinadora del Programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional, presente en la COP 13.

Video: Porqué ATI apoyamos la protesta de representantes

de los Pueblos Indígenas durante la COP13 ?

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Más información sobre la COP 13 en la página de ATI

La COP 13 no logra afrontar el desafío de proteger la biodiversidad

COP 13 – Conservación y areas de salvaguarda, la cara más reciente del modelo extractivo en México

El derecho a la participación y a la consulta en el desarrollo. Retos para México

Presentación

fas-ctdh-derecho-participacion-consultaLa reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 implicó la modificación de once de sus artículos teniendo una enorme repercusión en el sistema jurídico mexicano. Ahora existe una concepción más amplia de los mismos. Por ejemplo, los dos primeros párrafos del artículo primero incorporaron el término derechos humanos, supliendo el de garantías individuales, que implica mucho más que un cambio de palabras; la concepción de que la persona goza de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución co­mo en los tratados internacionales; la interpretación conforme que debe hacerse con esas disposiciones; el principio pro persona; la obligación de todas las autoridades de promo­ver, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Por otra parte, se obliga al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos cuando ocurran.

 

La inclusión expresa de las obligaciones que tienen las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, co­mo lo es la promoción de los derechos humanos y tenerlos como eje de su actuación, debe entenderse como un elemento clave para prevenir su violación y es una encomienda directa para los organismos protectores de derechos humanos en el país, como lo es esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Una reforma de tal envergadura genera la necesidad de contar con materiales de estudio para su mejor compren­sión a fin de responder a las nuevas realidades, necesidades y problemáticas que aquejan a la sociedad mexicana y que merecen nuestra atención. Su complejidad amerita reflexiones en diversas temáticas, desde distintos enfoques y especialidades. Es por ello que resulta indispen­sable el permanente estudio y análisis de los derechos humanos.

La presente “Colección de textos sobre derechos humanos” es un espacio de estudios académicos que analiza diferentes contenidos relacionados con los derechos humanos que pueden contribuir a su conocimiento, debiendo la población en general estar atenta y cercana a los cambios legislativos, a las medidas administrativas que se realizan y al desarrollo jurisprudencial que se va produciendo, con la pretensión de generar una constante sinergia entre la teoría y la praxis nacional.

Entre los temas abordados hasta el momento destacan los estudios teóricos que permiten una introducción y mejor comprensión sobre el origen y la evolución histórica de los derechos humanos, así como el debate contemporáneo de los mismos. Asimismo, otros son de primordial estudio para el acercamiento a la protección no jurisdiccional de los derechos humanos, los grupos en situación de vulnerabilidad y de los pueblos y comunidades indígenas. También la colección se integra con artículos que abordan los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y las modificaciones incorporadas en 2011, temáticas que han sido objeto de otras Colecciones de esta Comisión Nacional. Por otro lado, se pueden identificar algunos estudios que versan sobre tópicos cuyo debate nacional sigue vigente, generándose normatividad al respecto, como las reformas en materia penal, la presun­ción de inocencia, la prohibición de tortura y de desa­parición forzada de personas y los derechos de las víctimas de los delitos.

La presente serie se integra con los siguientes títulos:
1) Origen, evolución y positivización de los derechos hu­manos; 2) Aproximaciones teóricas al debate contemporá­neo de los derechos humanos; 3) La evolución histórica delos derechos humanos en México; 4) Los pueblos indíge­nas de México y sus derechos: una breve mirada; 5) Dere­cho Internacional Humanitario; 6) Estado de Derecho y Principio de Legalidad; 7) La protección no jurisdiccional de los derechos humanos en México; 8) Panorama general de los DESCA en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; 9) La desaparición forzada de personas; 10) La prevención y la sanción de la tortura; 11) Los derechos humanos de las víctimas de los delitos; 12) Aspectos cultu­rales de la discriminación a la luz de algunos instrumentos internacionales de derechos humanos; 13) Libertad de ex­presión y acceso a la información; 14) Presunción de inocencia; 15) Algunas resoluciones relevantes del Poder Judi­cial en materia de derechos humanos; 16) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la acción de incons­titucionalidad de ley; 17) Grupos en situación de vulnera­bilidad; 18) Los estándares internacionales de los derechos humanos: un sistema de derechos en acción; 19) Dere­chos humanos de los pueblos indígenas: el debate colo­nial y las Leyes de Indias de 1681; 20) Agua y derechos humanos; 21) Cultura de la legalidad y derechos huma­nos; 22) De la cultura de la legalidad a la cultura de los derechos humanos; 23) Diálogo jurisprudencial y protec­ción de los derechos humanos; 24) El derecho a la partici­pación y a la consulta en el desarrollo. Retos para México; 25) El derecho humano al voto; 26) La identificación y la trata de personas, un par de problemas que enfrentan las
personas que migran; 27) La justiciabilidad del derecho al agua en México; 28) La personalidad jurídica en la desapa­rición forzada; 29) La trata de personas como violación a los derechos humanos: el caso mexicano; 30) Migració en tránsito, pobreza y discriminación en el territorio mexi­cano; 31) Multiculturalidad, ciudadanía y derechos huma­nos en México. Tensiones en el ejercicio de la autonomía indígena; 32) Narrativas interdisciplinarias sobre desaparición de personas en México; 33) Proteccionismo, dere­chos humanos y seguridad social de los adultos mayores. Hacia una mejor calidad de vida; 34) Una mirada a los derechos de las niñas y los niños: su resignificación, y 35) Violaciones a los derechos humanos del imputado en la etapa de investigación.

Esta Colección, desde la perspectiva de cada uno de los autores —a quienes agradecemos que compartan su experiencia y visión de los temas— pretende contribuir a impulsar la difusión de los derechos humanos entre todas las personas, así como a fortalecer su cumplimiento.

Lic. Luis Raúl González Pérez,
Presidente de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos

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Buscan comunidades indígenas sentar jurisprudencia contra megaproyectos

Por Mathieu Tourliere, Revista Proceso

Hasta el pasado 25 de mayo, los pobladores de la comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso, en la región de la Montaña Alta de Guerrero, confiaban en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminara si la Ley Minera violaba la Constitución y los convenios internacionales sobre derechos indígenas.

Pero la Secretaría de Economía (SE), a cargo de Ildefonso Guajardo Villarreal, logró anular la revisión de esa ley, con base en la cual esta dependencia otorgó 25 mil 425 títulos de concesiones –vigentes en junio de 2016, según el IV Informe de gobierno de Enrique Peña Nieto–, que amparan 22.3 millones de hectáreas.

En 2010, mediante una solicitud de información, los pobladores de la región se percataron de que la SE había concesionado 80% de su territorio a las empresas mineras Zalamera y Hoschild, sin consultarles ni avisarles. Tras una batalla judicial de varios años, un juez federal suspendió las concesiones.

En febrero de 2015 la SCJN atrajo el caso del amparo en revisión 393/2015. En ese recurso los pobladores aseveraban que ciertos artículos de la Ley Minera violan los derechos a los pueblos indígenas plasmados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que, por extensión son inconstitucionales.

 

Las empresas mineras se desistieron de las concesiones. Y la SE puso en jaque a la SCJN: argumentó que con la cancelación de las concesiones desapareció el “acto reclamado” –el fondo del juicio–, por lo que la Corte tuvo que sobreseer el amparo.

Según Armando Campos Ochoa, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –que apoyó a la comunidad me’phaa–, “hubo una maniobra entre la SE y las concesionarias” para evitar la revisión constitucional de la Ley Minera.

Ésta, añade, podía generar modificaciones de fondo en el otorgamiento de concesiones e implicar “jurisprudencia para todas las luchas contra los megaproyectos”. Además, la revisión ponía temas centrales en la mesa: la definición de “tierra”, “territorio” y “pueblo” indígenas y la consulta.

 

“¿Qué implica en términos de costos políticos y económicos el cancelar y suspender dos concesiones mineras en lugar de 26 mil?”, plantea en entrevista con Apro. Sin embargo, el amparo constituyó un precedente y Campos espera que ese recurso “trazó el camino para otras comunidades indígenas en sus luchas”.

El “resurgimiento” del 169

Este martes 6, la SCJN se convirtió en la sede de un coloquio sobre la defensa del territorio indígena, en el que representantes de comunidades en resistencia, magistrados y abogados revisaron las herramientas jurídicas de las que disponen los pueblos originarios para reivindicar –y conseguir– el respecto de sus derechos en sus territorios ancestrales.

De acuerdo con Elia Avendaño Villafuerte, asesora en la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la SCJN, la lucha por los derechos indígenas avanzó a grandes pasos en los últimos cinco años gracias al “resurgimiento del Convenio 169 de la OIT”.

El Convenio 169 plantea, entre otros, la obligación de consultar a las comunidades indígenas antes de realizar cualquier asunto que afecte su territorio. Esta consulta debe ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.

Avendaño explica a Apro que, a raíz de la reforma constitucional de 2011, el primer artículo de la Constitución elevó a rango constitucional los convenios internacionales que firmó México. En otros palabras, el Convenio 169 de la OIT se convirtió en uno de los más poderosos instrumentos legales, 21 años después de su aprobación por el Senado mexicano.

“Antes, la Constitución estaba por encima (del Convenio), y ahora están a la par”, abunda, al explicar que “a partir de 2011 tenemos más resoluciones sobre derechos indígenas, y en la SCJN hemos encontrado 370 sentencias que se refieren a ellos.

“Los derechos indígenas empiezan a tener una difusión un poco mayor, y la gente se organiza más: se da cuenta que el Convenio 169 los protege”, aseveró Alma Verónica Chacón Márquez, integrante de la Consultoría Técnica Comunitaria, una organización que apoya a los pueblos de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, en la reivindicación de sus derechos.

Y, según Francisco López Bárcenas, titular de la Coordinación Nacional de Antropología en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), “el conflicto apenas comienza”.

Detalla, en entrevista con Apro: “El modelo de desarrollo económico del país, que se basa básicamente en grandes obras e infraestructuras, está afectando a los pueblos indígenas. Todo apunta a que los recursos naturales son ahora el centro de la apropiación. Y éstos están en los pueblos indígenas”, un diagnóstico similar al que expuso la organización Oxfam en un informe reciente.

“Se trata de buscar respuestas jurídicas, lo que pasa es que muchos pueblos indígenas no están yendo a los tribunales, han visto que las sentencias no se cumplen, que ganan pero que no pasa nada”, añade el antropólogo.

Según Karla Quintana Osuna, secretaria de estudio y cuenta de la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz y exlitigante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los logros de los derechos indígenas se conquistan amparo tras amparo. “No se puede avanzar en los tribunales si no es por ustedes”, exhortó.

 

También recordó que, según la CIDH, no importa que un terrateniente posea documentos que demuestren la propiedad privada de un lote: si éste forma parte del territorio ancestral de una comunidad indígena, es obligatorio devolvérselo, afirmó.

Asimismo, subrayó que en muchas ocasiones las autoridades y las empresas retan el carácter indígena de las comunidades que exigen sus derechos sobre el territorio ancestral, lo cual es ilegal, pues el Convenio 169 plantea la “autoadscripción”, según la cual una persona es indígena a partir del momento en que se reivindica como tal.

Uno de los reclamos de las comunidades indígenas, entre ellas las que habitan la Sierra Tarahumara, es que las distintas reformas agrarias que se llevaron a cabo en México en el siglo XX no tomaron en cuenta el carácter indígena del territorio y despojaron a comunidades enteras de sus tierras.

Quintana planteó ciertos obstáculos para el pleno respecto a los derechos indígenas. Los términos de la consulta, por ejemplo, levantan ciertas preguntas: “¿A quién consultar? ¿Qué se consulta? ¿En qué forma?”

Y subrayó la emergencia de un fenómeno reciente, que desafiaría el sistema judicial: crecen los casos de comunidades campesinas no indígenas que invocan la falta de consulta ante los tribunales para cancelar los megaproyectos que los afectan.

Magdalena Gómez Rivera, abogada y fundadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), aseveró que el tema de fondo de los derechos indígenas va más allá del debate jurídico y se ancla en el racismo: “Que en un primer tiempo dejen de hablar de un ‘problema indígena’”, exhortó.

Declaración de la Asamblea Nacional del Consejo del Pueblo Maya -CPO-

Con las energías del 4 B’atz’, Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas, los pueblos Maya K’iche’, Mam, Kaqchikel, Tz’utujil, Sipakapense, Q’anjob’al, Popti’, Chuj, Akateko, Awakateko y Mestizo, en territorio del abuelo Kaib’il B’alam, reunidos en asamblea deliberativa, declaramos:

  1. Celebramos más de 10 años de lucha pacífica y democrática, frente a la imposición de un nuevo despojo, haciendo uso de nuestros principios de participación, consulta y toma de decisiones. En ejercicio de nuestro derecho de libre determinación, hemos logrado frenar la expansión del modelo extractivista, expresado en proyectos mineros, hidroeléctricos, petroleros, de transmisión eléctrica y monocultivo.
  2. Celebramos nuestra capacidad no solo de organizarnos y resistir, sino de retar la institucionalidad del actual Estado. Hemos logrado que se declaren ilegales las licencias otorgadas sin consulta previa, sentando jurisprudencia legal a favor de los Pueblos.
  3. Celebramos la consecución colectiva de una sentencia histórica, a través de la liberación de líderes y autoridades comunitarias, demostrando que la organización y el ejercicio de la autoridad de los Pueblos no constituyen delitos, sino el ejercicio pleno y legítimo de derechos fundamentales, y que la criminalización es una estrategia de persecución política del estado en contra de los pueblos.
  4. Denunciamos la maniobra racista del actual gobierno, que llama a un dialogo nacional para construir los estándares básicos para la consulta a los Pueblos Indígenas, deslegitimando nuestras consultas comunitarias y desconociendo que el propio convenio 169 de la OIT, ya los tiene establecidos. La consulta debe ser previa, libre, informada, de buena fe y conforme a los procedimientos propios que los Pueblos decidan.
  5. Estamos convencidos que nuestras victorias, no son suficientes para cambiar el sistema de dominación colonial y capitalista. Necesitamos profundizar nuestra organización comunitaria y nuestra articulación como pueblos Maya, Xinka, Garifuna y Mestizo. Necesitamos la participación plena de la mujer en todos los espacios de toma de decisiones. Necesitamos la participación protagónica y política de la juventud. Necesitamos pensar y decidir por nosotros mismos. Necesitamos convertir nuestra mayoría numérica en fuerza política articuladora. Necesitamos aumentar nuestras luchas en defensa del agua, bosques, tierra y necesitamos construir vida digna.
  6. Para lograr la vida digna, debemos comprometernos a construir un modelo económico, plural y democrático, reconstituyendo los valores propios, basados en la solidaridad, armonía y  el uso sostenible de los bienes naturales y no en la mercantilización salvaje.
  7. Llamamos a todos los Pueblos, y todas las fuerzas políticas y sociales del país, a profundizar y apropiarnos del Proyecto Político  de los Pueblos, como base para la construcción del Estado Plurinacional en Guatemala.

¡¡ES EL TIEMPO DE LOS PUEBLOS!!
Asamblea Nacional del Consejo del Pueblo Maya -CPO-

Vía Movimiento M4

México: Pueblos indígenas y empresas trasnacionales

Magdalena Gómez, La Jornada

La creciente intervención de empresas trasnacionales en territorios indígenas ha motivado que incluso la Organización de Naciones Unidas (ONU) aborde el tema en contextos de la llamada mundialización. En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: proteger, respetar y remediar, con el fin de que los estados ejerzan control sobre las actividades empresariales y garanticen que se actúe con la debida diligencia y que las víctimas tengan acceso a medidas efectivas y adecuadas de reparación. Con el fin de vigilar el cumplimiento de estos principios, el consejo creó el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, que concluirá mañana su visita de 10 días a México con la presentación de un informe preliminar sobre la misma después de entrevistarse con empresas, gobierno y organizaciones.

 

El telón de fondo para la actividad de este grupo de trabajo es el documento de los Principios rectores que no son instrumento jurídico y, por tanto, no son vinculantes, pero se han convertido en una suerte de mantra. Se asumen acríticamente como base para la actividad de la ONU en torno a la compleja relación entre derechos humanos y empresas. Dichos principios no consideran los derechos vigentes de los pueblos indígenas. Si bien no están referidos a éstos de manera directa, sí encontramos que son los principales afectados por la actividad de las empresas en sus territorios. Es urgente colocar la discusión sobre el enfoque prevaleciente para tratar una relación notoriamente asimétrica, más aún cuando está en curso en la ONU a partir de 2014 la elaboración de un instrumento jurídico al respecto. No parece clara la postura sobre la responsabilidad primaria de los estados en la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Es significativo observar que la ONU aparezca como mediadora supuestamente neutral de una problemática que inevitablemente afecta a los pueblos indígenas y ante la cual se responde, más que con el reforzamiento de sus derechos, con la discusión de lineamientos, recomendaciones o llamados a la buena voluntad o códigos de ética de las trasnacionales, cuyo único interés es el lucro siempre cobijado en nombre del progreso. Dentro de los diversos antecedentes de los llamados Principios rectores encontramos que la idea de incorporar a los actores sociales a los espacios de la ONU se adoptó oficialmente con el lanzamiento del Global Compact, con la participación de 44 grandes sociedades trasnacionales y algunos otros representantes de la sociedad civil. Fue anunciado en 1998 por el secretario general de la ONU en un informe destinado a la Asamblea General titulado La capacidad empresarial y la privatización como medios de promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Entre las sociedades participantes en el Global Compact se encuentran British Petroleum, Nike, Shell, Nestlé, Rio Tinto y Novartis (A/52/428).

 

Hoy estamos ante la falacia de que es posible establecer una relación equitativa entre pueblos indígenas y empresas trasnacionales e incluso establecer alianzas entre estos actores frente al Estado. En esa lógica es lamentable que se plantee siquiera que los probables beneficios compensatorios en esa relación sean la construcción de aulas, hospitales o alguna infraestructura en las comunidades afectadas.

 

Para dialogar con el grupo de trabajo que nos visita, un colectivo de más de 100 organizaciones, movimientos y redes de la sociedad civil elaboraron un informe en el que se da cuenta de las principales violaciones a derechos humanos por las empresas y documenta 61 casos en todo el territorio nacional. Las violaciones más frecuentes son contra el derecho a la tierra y territorio; el derecho a la consulta y el consentimiento previo; el derecho al acceso a la información; a un medio ambiente sano; impactos negativos a la salud, y falta de cumplimiento de los derechos indígenas. Llama la atención que el informe refiera este panorama como el obstáculo para el cumplimiento de los Principios rectores, asumiendo con ello la legitimidad de los mismos o bien simplemente acogiendo la oportunidad de un espacio de la ONU para documentar sus denuncias que tienen como sustento tales principios.

 

El muy detallado informe destaca los impactos de las empresas vinculadas con los sectores de minería, energía eólica, presas hidroeléctricas, agroindustria, infraestructura (carreteras y aeropuertos), explotación de hidrocarburos y gasoductos, inmobiliario, turismo y maquilas, entre otros. Coloca la reflexión sobre el carácter del Estado mexicano que se ubica al servicio de los intereses empresariales, por encima de la protección del interés público mediante la promulgación de normas que favorecen intereses empresariales en detrimento de los derechos humanos. La moneda está en el aire, ya habrá tiempo de elaborar balances.

Vía: Movimiento M4

Ley de Consulta promovida por ONUREDD y el Estado de Honduras viola el Convenio 169 de la OIT

OFRANEH

Sambo Creek 17 de agosto de 2016.- En Honduras hasta la fecha los pueblos indígenas sufrimos un colonialismo interno practicado como una política de Estado, que ha dado lugar a una enorme cantidad enorme de violaciones a los derechos; entre otras el doloroso asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, acontecido hace casi seis meses, sin que hasta la fecha se haya develado los nombres de los autores intelectuales del macabro crimen.

El Estado de Honduras ratificó el Convenio 169 de la OIT en el año de 1995, sin que posteriormente adaptara las leyes nacionales al Convenio como lo sugiere el espíritu de la Convención de Viena sobre tratados(1969). Es más, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) promovió una Ley indígena que todavía se encuentra en salmuera en el Congreso Nacional, con la cual el Estado de Honduras y el BID pretendieron diluir el Convenio 169 y convertirlo en una ley secundaría plagada de falencias.

Después de 21 años de la ratificación del Convenio 169, el Estado, apoyado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) pretenden imponer una Ley de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), la cual desconoce la voluntad de los pueblos. Con el agravante  que  en su artículo 20  señala como la decisión final recae en el Estado, desconociendo de esta forma la condición de Consulta Libre.

 

Desde el año 2013 es cuando el Programa REDD requiere de la existencia de una Ley de Consulta para poder cumplir con los preceptos estipulados de las Salvaguardas de sus proyectos. Desde ese momento el PNUD asume la promoción de la creación de una Ley de Consulta, apoyando a la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), la que socializó su borrador en la ciudad de La Ceiba en febrero de 2015. Posteriormente DINAFROH creó su propio anteproyecto de ley, mientras el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Honduras introdujo al Congreso Nacional su versión de Ley de Consulta la que fue elaborado por los pueblos en una serie de talleres comunitarios. Como sorpresa final, el actual gobierno introdujo este año su versión de Ley, la que fue elaborada a puertas cerradas, y definitivamente redactada para defender los intereses del Estado, transnacionales y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).

El Estado de Honduras en las últimas dos décadas ha tergiversado en múltiples ocasiones la Consulta convirtiéndola en una simple socialización, y es precisamente lo que pretende a través de una serie de reuniones “comunitarias’ con el pueblo Garífuna, las cuales inicia el día de hoy en la comunidad de Corozal, la que a través de su Patronato señaló que no fue consultada para la realización de dicha reunión.

En muchas ocasiones las instancias estatales utilizan prebendas o promesas de proyectos para obtener el beneplácito de  los supuestos líderes comunitarios, siendo esta técnica utilizada con mucha frecuencia en Honduras. Al mismo tiempo que se distorsiona la representatividad utilizando grupúsculos para dividir las posiciones asumidas por los pueblos.

Después del golpe de estado del año 2009, se aprobaron una serie de leyes a matacaballo, totalmente nocivas para los pueblos indígenas: desde la Ley de Aguas, Forestal, Pesca, RED y posteriormente la ZEDE, además de la entrega de la plataforma continental en la Moskita a BG-SHEL. Tanto DINAFROH como la CONPAH se sumieron al silencio al respecto. De ahí que concederles el beneficio de la duda, a las posibles “buenas intenciones” que albergue el anteproyecto de Ley introducido por el Estado al Congreso Nacional, es inaudito  y mucho más cuando CONPAH y DINAFROH elaboraron sus propias  versiones de la Ley de Consulta, las que aparentemente fueron soterradas en aras de los “intereses” del Estado.

DINAFROH -ente estatal creado después del golpe de estado- viene efectuando una socialización de la versión de ley fabricada por le Estado, a la que denomina consulta. Dicha versión de ley es adecuada para los intereses del Programa REDD, el que en Africa, con el pueblo Sengwer ha demostrado su esencia neocolonialista.

La defensa de la obsoleta soberanía westfaliana que ha esgrimido el Estado en los casos de las comunidades Garífunas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), demuestra su desconocimiento de la autodeterminación de los pueblos. El estado de Honduras fue condenado por la Corte IDH en las sentencias sobre las comunidades de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, en relación a la violación del Derecho a la Consulta Previa. La farsa que está promoviendo el Estado y el PNUD no se ciñe a los estándares internacionalista en materia de derecho indígena y mucho menoso se apega al Ius Cogens.

– Organizacion Fraterna Negra Hondureña, OFRANEH

Cahabón: el agua, un bien sagrado para la vida del pueblo q’eqchi’

Rony Morales UVOC/Prensa Comunitaria

Entre los valles y montañas el paisaje es verde oscuro en la lejanía. Aún más lo es Santa María Cahabón, Alta Verapaz, donde de forma pacífica y de manera espontánea se realizaron caminatas, caravana y asambleas, para manifestar la inconformidad de las personas con la implementación de proyectos hidroeléctricos en el municipio, debido a que no se les consultó sobre los mismos. Estas formas de expresión fueron una medida para que la corporación municipal diera su visto bueno para lograr un acuerdo gubernamental que lograra la consulta de buena fe en el municipio de Cahabón.

Esta consulta de buena fe gira en torno al agua, ya que hidroeléctricas y otros megaproyectos representan serias amenazas para el buen vivir de las comunidades. La construcción de hidroeléctricas ha roto en “pedazos” el río, y lo ha secado en varios tramos. Algunos con autorización del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que no consideró necesario someter los proyectos a una evaluación de impacto ambiental. La autorización del ministerio, pese a la oposición de las comunidades, permitirá a la empresa obtener mayores ganancias basadas en el “profundo deterioro” del entorno, en detrimento de “los aprovechamientos preexistentes”.

El caudal del río se mantiene sucio debido a los trabajos de la empresa que está construyendo la Hidroeléctrica. El río Cahabón está completamente sucio y las personas de las comunidades no pueden abastecerse del líquido vital, pues temen enfermarse. Ellos no cuentan con un sistema de agua potable ni con pozos, por lo que tienen que utilizar el río como fuente de abastecimiento.

Estos problemas y malestares hicieron que miles de hombres y mujeres q’eqchi’,miembros de pueblos indígenas de este municipio y dueños legítimos de sus tierras, se reunieran en la plaza de Cahabón, Alta Verapaz, levantándose en resistencia ante las amenazas de los proyectos hidroeléctricos Oxec I y Oxec II, que iniciaron sin consultarles.

Las comunidades están dispuestas a defender lo que queda de sus territorios ancestrales y sus derechos. Cuentan con su propia voluntad y con los mecanismos de legalidad que les proporciona la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Código Municipal y la Ley de Consejos de Desarrollo. Estas leyes y convenios establecen la obligación del Estado guatemalteco de garantizar la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan los medios de vida, el territorio y la cultura de los pueblos.

Las Autoridades comunitarias, consejo comunitario de desarrollo (COCODES) y miembros de la consulta municipal ya están listos para esta primera consulta comunitaria en el municipio, la segunda en el departamento de Alta Verapaz y la primera que gira entorno a la problemática del agua.
El reglamento de la consulta nos dice que: es una consulta de vecinos que tratará única y exclusivamente sobre la construcción de las hidroeléctricas en el río Oxec y otra sobre el río Cahabón, del municipio de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, que pretende construir una empresa privada, estableciéndose para dicho fin la modalidad de votación en Asamblea Comunitaria a mano alzada, cuyo resultado será anotado en el Libro de Actas de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, y bajo observación de delegados de la Comisión Específica.

El Estado de Guatemala es signatario del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual resguarda los derechos de los pueblos a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Por lo que debe resguardar los derechos de la población del municipio de Santa María Cahabón, la cual es mayoritariamente de origen q’eqchi’.

Para ello, la municipalidad de Santa María Cahabón y la Comisión Específica de Coordinación de la Consulta Municipal de Vecinos podrán informar a la población, únicamente invitando a todos los vecinos a participar en la consulta, indicando la forma de realizar su expresión ciudadana en su calidad de vecinos y los lugares donde se realizarán las asambleas comunitarias de consulta, este 31 de Julio de 2016. En ningún momento la municipalidad se pronunciará o inclinará por una posición definida entre el sí o el no.

Asimismo queda terminantemente prohibido a las autoridades, funcionarios y empleados de la municipalidad de Santa María Cahabón emitir opiniones con tendencia a influir en los resultados de la consulta, mientras se encuentren en el ejercicio de sus funciones públicas. La participación individual fuera de las horas de trabajo es permitida, siempre y cuando no se identifiquen como autoridades, funcionarios o empleados municipales.Su participación será siempre como vecino facultado para emitir su opinión a través de la consulta.

La Comisión Específica de Coordinación de la Consulta Municipal de Vecinos será la encargada de velar para que se cumpla la prohibición expresada en el párrafo anterior y de imponer las sanciones a los funcionarios o empleados municipales que violen esta prohibición. En todos los casos se respetará la propiedad privada y quedan prohibidas las pintas en las instalaciones y sedes de instituciones gubernamentales, puentes, carreteras, parques, establecimientos educativos o lugares públicos.

Esta consulta es el resultado del proceso de preparación, información y concientización del pueblo maya q’eqchi’ sobre el impacto de los megaproyectos y las leyes que están siendo legisladas en el Congreso de la República, que se pueden considerar que atentan contra los intereses de los pueblos en Guatemala.

 Cahabón es un municipio con más 150 aldeas. En todas sus comunidades, su economía se sustenta por su agricultura, basada en el cultivo del café y cardamomo, que constituye el principal ingreso local y familiar. Además, la mayoría de las comunidades se dedica al cultivo de maíz y frijol, por lo que el agua es fundamental para sus actividades agrícolas.

Es por ello que los vecinos han mostrado su preocupación sobre el uso, destino y propiedad del agua, y desde meses antes se han estado reuniendo para discutir el tema. De ahí nace la propuesta de la consulta comunitaria de buena fe para este treinta y uno de Julio del presente año, en el marco de que se proteja el vital líquido.