Compartimos esta nota de El País sobre el informe del GIEI sobre el asesinato de Berta Cáceres – A enero 2026

Un grupo de expertos de la comisión señala que la trama criminal empleó fondos de bancos de desarrollo europeos y americanos para pagar a los sicarios que mataron a la activista

Por Pablo FerriCarlos S. Maldonado

A casi diez años del asesinato de la activista Berta Cáceres en Honduras, la luz penetra poco a poco en los entresijos de la trama que urdió el ataque, por el que hasta ahora hay ocho condenados. En los últimos meses, un equipo de analistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha investigado a fondo la pata financiera del complot, entre otras, tratando de entender su profundidad y alcance. La conclusión es que la dirigencia del conglomerado empresarial del que nació la trama asesina, ligada a la muy pudiente familia Atala Zablah, parece mucho más implicada en el ataque de lo que se ha podido comprobar.

El equipo de la CIDH, conocido como GIEI, mecanismo que la comisión ha usado en otros países como México o Nicaragua, ilumina ahora la madeja financiera detrás del asesinato de la activista, de la que no se sabía demasiado. En su informe de labores, que se presenta este lunes, y al que EL PAÍS ha tenido acceso estos días, los investigadores señalan que la trama criminal empleó fondos de bancos de crédito al desarrollo, de Europa y Centroamérica, para pagar a los sicarios que mataron a Cáceres. El GIEI detalla los caminos del dinero, los meandros y túneles que dispuso la trama para disimular su origen, hasta su cobro en tres cheques, por más de medio millón de lempiras, unos 25.000 dólares, y su reparto final entre los sicarios, hoy presos.

Los investigadores ponen el ojo en la familia Atala Zablah. Casi desde el principio, la sospecha apuntaba a este clan de empresarios, uno de los más ricos de Centroamérica, con intereses en bancos y otros rubros. Pero la justicia hondureña nunca ha llegado a ellos, ni siquiera a Daniel Atala, gerente financiero de Desa, la empresa cuya implicación en la trama está probada judicialmente: su presidente ejecutivo, David Castillo, fue condenado por el asesinato de Cáceres en 2021. Ahora, el GIEI dibuja a detalle la actuación y comunicaciones de Daniel y otros integrantes de la familia Atala Zablah, en los días y meses anteriores y posteriores al ataque.

Desde finales de la década de 2000, Desa, participada por el holding empresarial de los Atala Zablah, Inversiones Las Jacarandas, y por una firma de Castillo, Pemsa, impulsó la construcción de una presa en el occidente de Honduras, con el objetivo de producir energía hidroeléctrica. Pero el proyecto, conocido como Agua Zarca, chocó desde el principio con la oposición de la comunidad lenca en la zona, a la que pertenecía Cáceres, que denunciaba las afectaciones a su hábitat natural, la futura contaminación del río sobre el que se iba a erigir la presa, la destrucción, en fin, de su estilo de vida.

Madre de cuatro hijos, Cáceres encabezó este movimiento. Entre 2013 y en 2014, ella y los suyos lograron que el Banco Mundial y la empresa estatal china Sinohydro, una de las más grandes constructoras mundiales, que habían apoyado al principio el proyecto de Agua Zarca, finalmente se apartaran. La capacidad organizativa de la comunidad fue clave. Los esfuerzos de resistencia confluyeron alrededor de su organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copihn), fundada en 1993 por la misma Cáceres. Ya entonces, el pueblo lenca y otros vivían amenazados por la expansión de proyectos madereros, mineros e hidroeléctricos, que amenazaban ríos y tierras que las comunidades consideraban vitales para su vida.

Pese a la retirada de sus primeros patrocinadores, Agua Zarca siguió adelante. El proyecto demandaba la inversión de decenas de millones de dólares, así que Desa empujó y empujó. La empresa, detalla el GIEI, contaba con el apoyo del Estado. Es más, recuerda el equipo de expertos, “los expedientes judiciales revelan la convergencia entre estructuras empresariales y agencias estatales, los vínculos de cuatro personas imputadas por el asesinato con las Fuerzas Armadas y la creación de Desa por parte de un oficial de inteligencia militar que, al mismo tiempo, ocupaba un cargo estratégico en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica”.

Las hostilidades hacia Copihn y la figura de Cáceres crecieron con el tiempo, siempre con los Atala Zablah pendientes de la activista y sus colegas. Parecían dos mundos distintos. Por un lado, la resistencia del pueblo lenca contra Agua Zarca, que dejó varias víctimas, además de Cáceres, a lo largo de los años; por otro, los movimientos de Desa y sus dirigentes para atraer financiación al proyecto, asegurando que los que protestaban eran cuatro gatos, carentes de razón. Los últimos se salieron con la suya y llegaron a sumar a su causa a un banco holandés de créditos al desarrollo, FMO, y a otro centroamericano, el BCIE. Era tanto lo que había en juego, que Pedro Atala, uno de los principales accionistas de Las Jacarandas, llegó a decir, cinco meses antes del asesinato de Cáceres: “O ellos o nosotros”.

En esa lógica se fraguó el ataque fatal contra la activista. El GIEI Honduras detalla cómo el asesinato de Cáceres ocurrió en un contexto de máximo acoso al Copihn y su lideresa, entre finales de 2015 y principios de 2016. “Integrantes de la familia Atala”, señala el informe, “participaron directa o indirectamente en espacios de coordinación orientados a la gestión del conflicto territorial, incluyendo el grupo [de WhatsApp] denominado ‘Seguridad PHAZ’, en el que se desarrollaron acciones sistemáticas de vigilancia, recolección de información y seguimiento contra Berta Cáceres y el Copihn”. Así, la trama criminal organizó hasta cinco incursiones a La Esperanza, donde vivía la activista, para preparar el atentado. Incluso, en una de las incursiones, trataron de acabar con ella, fallidamente.

Finalmente, a la sexta la mataron. Fue en la noche del 2 de marzo de 2016. Los sicarios entraron a su casa y dispararon contra ella, hasta matarla. El activista mexicano Gustavo Castro, que estaba de visita, resultó herido y tuvo que fingir su propia muerte para salvar la vida. El GIEI recuerda que una actuación óptima de las autoridades de investigación hondureñas podría haber desbaratado los planes de la trama antes del ataque. En un caso paralelo en que investigaba una red de narcotráfico, la Fiscalía monitoreaba las comunicaciones de uno de los ahora condenados, hablando de un futuro asesinato, el de Berta Cáceres. Si los investigadores hubieran indagado en las conversaciones monitoreadas, es más que probable que los responsables habrían sido detenidos.

Pero eso no ocurrió, Cáceres murió asesinada y el escándalo creció y creció, hasta el punto de que la Fiscalía hondureña no tuvo más remedio que emplearse a fondo y escalar en la cadena de responsabilidades del ataque. EL GIEI recuerda cómo en los primeros días, la trama criminal alentó teorías conspirativas sobre el asesinato, incluso el versión de que se había tratado de un crimen pasional. Pero la presión internacional obligó a que los investigadores se fijaran en la evidencia, lo que les condujo al presidente ejecutivo de Desa, David Castillo, y su cadena operativa, compuesta por un militar en activo, exmilitares y sicarios contratados.

Los problemas han aparecido después, a la hora de dar el siguiente paso en la cadena de responsabilidades. El GIEI señala “la posible existencia de un nivel de mayor jerarquía [en la organización del asesinato], con posibles responsabilidades en la toma de decisiones de diversa índole, insertas en un plan de naturaleza empresarial”. Y añade que “tanto David Castillo como Daniel Atala habrían desempeñado funciones de enlace entre los distintos niveles de la estructura, conectando el nivel operativo o gerencial de Desa con los accionistas responsables de canalizar recursos financieros asociados al proyecto”.

En este asunto, la investigación financiera del GIEI resulta fundamental. El grupo indica sin lugar a duda que al menos una parte del dinero empleado para pagar a los sicarios, 25.000 dólares, “se originaron en fondos girados por los bancos FMO y BCIE, de conformidad con una orden de pago emitida en el marco del préstamo extendido por esas instituciones”. Lo cual, por cierto, resultaba algo habitual para Desa y el proyecto Agua Zarca. Según el GIEI, más de 12 millones de dólares de los 18 ejecutados en el proyecto fueron objeto de desvíos y/o manejos irregulares.

En su informe, el grupo detalla cómo la trama trianguló el dinero para los sicarios en cuentas de diferentes empresas, vinculadas a Desa. Finalmente, el dinero salió de las cuentas de las compañías en tres cheques, cobrados por dos personas de confianza de Castillo, entre el 3 y el 4 de marzo, los días posteriores al asesinato. En esos días, Castillo mantuvo comunicación constante con integrantes de la familia Atala Zablah. El 4 de marzo, por ejemplo, Castillo habló con Pedro, Daniel y Jacobo Atala en varias ocasiones. Jacobo y Pedro eran tíos de Daniel, principales accionistas de Las Jacarandas, el holding familiar. “La frecuencia y modalidad de interacción de las comunicaciones permiten presumir que, en ese lapso, se estaban coordinando acciones cruciales relacionadas con el hecho crimina”, señala el GIEl.

Aunque parezca lo contrario, por las condenas de los autores materiales y parte de los intelectuales, el caso Berta Cáceres está lejos de resolverse. El GIEI pide que se investiguen precisamente las comunicaciones de los Atala con los ejecutores del asesinato y el resto de funcionarios de Desa. Además de Castillo, de momento solo hay otro ejecutivo de la empresa condenado, Sergio Rodríguez. También pide que se investigue las relaciones de Desa con el Ministerio de Seguridad. “Documentos y mensajes develan una relación sostenida entre directivos y accionistas de Desa con el entonces ministro de Seguridad, así como con elementos policiales, antes, durante y después del homicidio”, señala el grupo, que apunta de ejemplo la “coordinación” de Daniel y Pedro Atala con el ministro de Seguridad, y con el comisionado general de la policía.

Compartimos este comunicado de diversas organización y publicado por Front Line Defenders sobre los resultados del informe de GIEI sobre el caso de Berta Cáceres- A 6 de febrero de 2026

El Informe Final del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) sobre el asesinato de Berta Cáceres confirma que la violencia contra las mujeres que defienden la tierra y el agua no es un hecho aislado. Estos crímenes son estructurales y responden a intereses económicos, modelos de desarrollo extractivos y a la complicidad entre las empresas y el Estado.

Con motivo de la presentación del Informe Final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), realizada el 12 de enero en Tegucigalpa, desde la Red-DESC expresamos nuestra solidaridad firme e inquebrantable con la familia de Berta Cáceres; con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), miembro de la Red; con la comunidad lenca de Río Blanco; y con Gustavo Castro, líder comunitario y sobreviviente del atentado en el que fue asesinada Berta Cáceres. Honramos su memoria y reafirmamos nuestro compromiso con su lucha y la de su pueblo en defensa de la vida, el territorio y los derechos colectivos.

Reconocemos y respaldamos el acompañamiento jurídico sostenido del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), también miembro de la Red, cuyo trabajo ha sido fundamental para avanzar en la búsqueda de la verdad, la justicia integral y la reparación, así como para confrontar los patrones estructurales de impunidad que persisten en este caso. Desde la Red-DESC instamos al Estado hondureño a cumplir plenamente con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, garantizar justicia para Berta Cáceres y el COPINH, y adoptar garantías efectivas de no repetición, incluyendo el cese de la criminalización y la violencia contra quienes defienden los derechos humanos y los territorios.

El Informe Final del GIEI establece que el asesinato de Berta Cáceres no fue un hecho aislado, sino el resultado de una operación criminal deliberadamente planificada y ejecutada, inscrita en un contexto más amplio de violencia patriarcal estructural, militarización, corrupción e impunidad. La investigación confirma que el crimen estuvo directamente vinculado a la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y a los intereses económicos de la familia Atala Zablah y su entramado corporativo, e identifica la participación de directivos empresariales, sicarios, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, así como el uso de estructuras financieras complejas para canalizar y ocultar recursos asociados al crimen.

Tal como recoge InSight Crime en su artículo «Informe coloca a bancos internacionales y élites de Honduras en el centro del asesinato de Berta Cáceres», los procesos judiciales derivados del crimen han resultado en la condena de ocho personas por su participación directa. Entre ellas se encuentra Roberto David Castillo Mejía, quien se desempeñaba como director ejecutivo de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), la empresa a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y vinculada al grupo empresarial Atala Zablah. También fue condenado el entonces jefe de seguridad de la compañía por su papel en la planificación y facilitación del asesinato. Sin embargo, la respuesta estatal del caso ha sido objeto de fuertes cuestionamientos, debido a la falta de avances sustantivos en la investigación y sanción de quienes habrían actuado como autores intelectuales del crimen.

Información incorporada a los expedientes judiciales en años posteriores, incluyendo el análisis de comunicaciones privadas, reveló la existencia de coordinaciones entre el grupo ejecutor del crimen y altos niveles de la estructura directiva de DESA. Estas comunicaciones involucraron a Roberto David Castillo Mejía, a Daniel Atala Midence, director financiero de la empresa, así como a miembros de su junta directiva, José Eduardo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah. A la fecha, Castillo Mejía es la única persona de este nivel jerárquico que ha sido condenada.

Como respuesta a la entrega del informe, desde la Red-DESC reunimos las voces de miembros y aliados que han acompañado de manera sostenida el caso y que continúan analizando críticamente sus avances y desafíos.

Como señaló Gerald Staberock, Secretario General de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), «el horrendo asesinato de Berta Cáceres en 2016 conmocionó al mundo y puso de manifiesto el fracaso del Estado hondureño a la hora de prevenir el crimen, salvaguardar su vida y crear un entorno seguro para las personas defensoras de derechos humanos. El caso sigue exigiendo verdad, justicia y plena rendición de cuentas, así como un cambio real de políticas para proteger los derechos y a quienes los defienden». 

Para Alexis Deswaef, Presidente de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), «las conclusiones del informe del GIEI confirman que este asesinato no fue fortuito, sino que formó parte de una estructura criminal en la que estuvieron involucradas autoridades hondureñas. Es fundamental continuar las investigaciones para esclarecer por completo este grave asesinato. Instamos al nuevo Gobierno hondureño a adoptar las recomendaciones del informe destinadas a luchar contra la impunidad y garantizar las condiciones para el ejercicio de la defensa de derechos humanos en Honduras».

El informe documenta que autoridades estatales tenían conocimiento previo del plan meses antes del asesinato, no adoptaron medidas preventivas pese a contar con alertas claras y oportunas, y posteriormente incurrieron en acciones y omisiones que obstaculizaron el acceso a la justicia. Estas conductas constituyen no solo graves violaciones a las obligaciones de debida diligencia del Estado, sino también formas de violencia institucional y de género, al exponer de manera desproporcionada a las mujeres defensoras a riesgos extremos y normalizar los ataques contra quienes desafían el poder corporativo y patriarcal.

Asimismo, establece que fondos provenientes de instituciones financieras internacionales y bancos públicos de desarrollo incluidos, el Banco de Desarrollo Empresarial de los Países Bajos (FMO) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), fueron desviados sistemáticamente y convertidos en efectivo para financiar vigilancia ilegal, intimidaciones, operaciones armadas contra el pueblo Lenca y, finalmente, el asesinato de Berta Cáceres. El GIEI establece que por el asesinato de Berta se hizo un pago en efectivo de por lo menos 500 mil lempiras ($19,000 USD) mediante 3 cheques que fueron originados de la estructura de malversación de fondos de la empresa de la familia Atala Zablah.

Además, el GIEI establece que dentro del grupo empresarial Inversiones Las Jacarandas, Jacobo Atala y José Eduardo Atala fueron designados específicamente para dar seguimiento directo y asumir la responsabilidad del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y de la inversión asociada. Asimismo, Daniel Atala, hijo de José Eduardo, fue encomendado como responsable de la gestión financiera del proyecto y de la empresa. Este involucramiento directo demuestra que la familia Atala tuvo conocimiento previo, control operativo y responsabilidad en las decisiones empresariales vinculadas al proyecto que terminaron en el asesinato de Berta.

Estos hallazgos evidencian un patrón grave de complicidad empresarial, financiera y estatal, y confirman cómo la captura corporativa de instituciones públicas y financieras facilita violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. Además, este caso constituye una expresión de lo que miembros de la Red-DESC han descrito como la Economía Política de la Violencia (EPV): un entramado estructural en el que intereses corporativos, elites políticas, instituciones financieras, fuerzas de seguridad del Estado y actores criminales convergen para imponer proyectos extractivos a costa de los derechos colectivos, el territorio y el derecho a la vida.

Para Sandra Patargo, Coordinadora de Protección para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe en Front Line Defenders, el caso de Berta Cáceres es quizás el más emblemático y representativo de la crisis de violencia ligada a los intereses corporativos y estatales hacia las comunidades y personas que defienden la vida en la región.

«La justicia impuesta a todos los responsables e implicados, la reparación integral y la cancelación permanente del Proyecto Agua Zarca no pueden ser negociables. Solo con la justicia para Berta podremos imaginar justicia para los pueblos violentados y saqueados. Las organizaciones que hemos caminado cerca del COPINH todos estos años lo seguiremos haciendo hasta que haya justicia para Berta», dice Patargo.

El carácter estructural de esta violencia queda aún más claro en las palabras de Francisco Morales, de la coordinación del Consejo del Pueblo Maya (CPO): «El informe confirma el carácter criminal del modelo económico extractivista neoliberal, que privilegia los intereses corporativos por encima de los derechos colectivos de los pueblos y la vida de las personas. Este modelo se impone en complicidad con el Estado que, en lugar de proteger a la ciudadanía, se convierte en operador delincuencial de las empresas. Se pudo evitar el asesinato de nuestra hermana Berta, pero el Estado lo permitió.»

A casi una década del crimen, persisten las condiciones estructurales que lo hicieron posible: la falta de reconocimiento pleno y de titulación del territorio colectivo lenca de Río Blanco; la vigencia de la concesión del proyecto Agua Zarca; la ausencia de rendición de cuentas de todos los autores intelectuales, materiales y financieros; y la falta de reparaciones integrales, colectivas y transformadoras.

La justicia para Berta Cáceres es inseparable de la justicia para las mujeres indígenas, las defensoras del territorio y las comunidades que continúan enfrentando violencia por defender la vida. Por ello, las reparaciones y las garantías de no repetición deben ser interseccionales y centradas en las comunidades, abordando no solo el daño individual, sino también los impactos colectivos, de género e intergeneracionales de la violencia.

Desde la Red-DESC respaldamos plenamente los hallazgos y recomendaciones del GIEI. Exhortamos al Estado de Honduras a implementarlos de manera urgente e integral, incluyendo:

• Investigar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables.
• Revocar todos los instrumentos jurídicos que sostienen el proyecto Agua Zarca y disolver DESA.
• Demarcar y titular el territorio lenca.
• Establecer reparaciones integrales.
• Adoptar garantías efectivas de no repetición, incluyendo obligaciones vinculantes de debida diligencia en derechos humanos para empresas e instituciones financieras.

El legado de Berta Cáceres vive en la lucha colectiva por la tierra, el agua, la dignidad y la autodeterminación de los pueblos. Nos sumamos al COPINH y a la familia de Berta Cáceres en la exigencia de verdad, justicia, reparación integral y transformaciones estructurales.

*Front Line Defenders es parte de la Red-DESC, una iniciativa colectiva conformada por organizaciones y personas de distintas regiones del mundo que trabajan por la justicia económica y social desde un enfoque de derechos humanos, con especial énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales y en su plena exigibilidad, protección y realización efectiva.

Más información:

• GIEI Honduras Informe sobre el asesinato de la defensora de Derechos Humanos Berta Cáceres