Les compartimos la siguiente invitación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Chiapas COPINH – A febrero 2024
El próximo 2 de marzo se cumple el 8vo. aniversario de la siembra de nuestra hermana Berta Cáceres. Las comunidades Lencas organizadas a COPINH y quienes hemos luchado por la justicia para nuestra hermana, les invitamos a acompañarnos a recordar su legado social y político y a seguir exigiendo justicia.
¡Para Berta toda la verdad, toda la justicia!
”¡Quiero que las autoridades entiendan que las exigencias de los pueblos indígenas no son caridad. Estamos pidiendo justicia por nuestros derechos…” #BertaCáceres
Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta – A 12 de diciembre del 2023
Hoy nos unimos como voz colectiva, firme y decidida, para exigir a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que se confirmen las sentencias de los condenados por el asesinato de Berta Cáceres. El desmedido retraso judicial vulnera el acceso a la justicia de las víctimas.
Berta fue cruelmente asesinada debido a su inquebrantable lucha en defensa del pueblo Lenca y de nuestros recursos naturales hace 7 años y 10 meses. A pesar de que algunos autores materiales han sido condenados, seguimos esperando la confirmación de sus sentencias para poder avanzar en la justicia.
Desde el 2019 esperamos la confirmación de la sentencia de los siete hombres condenados por su crimen y aún no hay justicia. Y desde 2022 esperamos que se confirme la sentencia de David Castilo, coautor del crímen y empleado de la familia Atala.
La confirmación de las sentencias representa un paso fundamental en el camino de la justicia, para sus hijas e hijo, para el pueblo de Río Blanco, y para todo Honduras, brindando un cierre y asegurando que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones.
Han transcurrido 2841 días desde que le quitaron la vida a Berta, y seguimos exigiendo que se haga justicia. Ya es hora de que la Sala de lo Penal confirme las sentencias de los asesinos y la balanza se incline hacia el lado de la justicia y no hacia la impunidad.
El asesinato de Berta fue un feminicidio político que resalta la urgente necesidad de justicia para quienes defienden nuestros territorios ancestrales. La búsqueda de justicia para Berta es una lucha que trasciende su persona, es una lucha por nuestros territorios y por el respeto a nuestras comunidades indígenas.
La lucha de Río Blanco y la muerte de Berta son la evidencia viva de que los proyectos extractivistas financiados por bancos internacionales no equivale a desarrollo, sino a un saqueo de nuestros territorios. El olvido no puede ser una opción: Berta fue una incansable defensora de los derechos humanos y del medio ambiente; su lucha continúa en su memoria.
Por todo lo anterior el COPINH demanda:
A la Corte Suprema de Justicia presidida por la magistrada Rebeca Ráquel, para que confirme las sentencias ya emitidas en el caso de los 7 primeros condenados por el asesinato de Berta Cáceres: Douglas Geovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Edilson Atilio Duarte Meza, Oscar Aroldo Torres Velásquez y Henry Javier Hernández Rodríguez. Y así mismo, la sentencia del condenado David Castillo, co-autor del crimen.
Dado en Tegucigalpa a los 12 días del mes de diciembre de 2023.
Compartimos la siguiente nota de Somos el medio sobre el caso #JusticiaParaBerta – A 2 de diciembre del 2023
Daniel Atala, vinculado a una de las familias más poderosas de Honduras, enfrenta orden de captura como presunto autor intelectual en el asesinato de la activista Berta Cáceres.
En un giro significativo en la lucha por la justicia para Berta Isabel Cáceres Flores, líder ambientalista e indígena asesinada en 2016, el Ministerio Público de Honduras, a través de su Fiscalía de Delitos Contra la Vida, emitió una orden de captura contra Daniel Atala Midence, perteneciente a la influyente familia Atala Zablah y ex Gerente Financiero de la empresa DESA, quien es señalado como uno de los autores intelectuales detrás del crimen.
La organización COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), junto con las hijas y los hijos de Berta Cáceres, expresaron su esperanza de que este paso no sea simplemente una maniobra mediática, instando al Ministerio Público a demostrar responsablemente la participación de Atala en el asesinato. A 93 meses del crimen, la búsqueda de justicia sigue siendo una prioridad tanto para COPINH como para el pueblo hondureño.
El asesinato de Berta Cáceres, ocurrido el 3 de marzo de 2016 en su residencia en La Esperanza, Intibucá, se ha convertido en un caso emblemático de la lucha contra la impunidad en Honduras. La investigación reveló la conexión entre mensajes y llamadas cruzadas entre los ya condenados David Castillo y Douglas Geovanny Bustillo, y otros implicados en el crimen.
En noviembre de 2018, se emitieron las primeras condenas contra ocho personas involucradas, seguidas por una sentencia de 22 años y seis meses de reclusión en junio de 2022 contra Roberto David Castillo Mejía, Presidente Ejecutivo de DESA. Estos avances, sin embargo, no concluyen el caso, llevando a la reciente acusación contra Atala.
Daniel Atala es acusado de coordinar acciones dentro de DESA para perseguir y criminalizar a miembros de COPINH, incluyendo a Berta Cáceres, y de implicar a agentes de seguridad estatales en los ataques. También enfrenta acusaciones de corrupción relacionadas con el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca y comentarios racistas contra la comunidad Lenca de Río Blanco.
El COPINH, respaldado por una comunidad nacional e internacional, sigue exigiendo justicia integral para Berta Cáceres y llama a proteger el proceso judicial de cualquier amenaza. Este nuevo desarrollo en el caso reaviva la esperanza de un castigo justo para los autores intelectuales del asesinato y refuerza el compromiso continuo por la justicia en Honduras.
Compartimos la siguiente petición hecha por el Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta – A 6 de septiembre del 2023
Hoy nos unimos como voz colectiva, firme y decidida, para exigir justicia y rendición de cuentas en el caso del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, una valiente defensora de los derechos humanos y el medio ambiente. Berta fue cruelmente asesinada debido a su inquebrantable lucha en defensa del pueblo Lenca y de nuestros preciosos recursos naturales. A pesar de que algunos autores materiales han sido enjuiciados, los responsables intelectuales aún permanecen impunes, incluyendo a la familia Atala Zablah. Hace 3 años que esperamos la sentencia de los siete hombres condenados por su crimen y aún no hay justicia. Y desde 2022 esperamos que se confirme la sentencia de David Castilo.
Han transcurrido 7 años desde que perdimos a Berta, y seguimos exigiendo que se haga justicia. Nuestro objetivo es presionar a las autoridades estatales de Honduras para que avancen en la búsqueda de justicia por Berta Cáceres y asegurar que los responsables intelectuales sean llevados ante la justicia. También exigimos que sean confirmadas las sentencias de los condenados por su crimen y de David Castillo.
El asesinato de Berta no fue solamente un crimen, sino también un feminicidio político que resalta la urgente necesidad de justicia para quienes defienden nuestros territorios ancestrales. La búsqueda de justicia para Berta es una lucha que trasciende su persona, es una lucha por nuestros territorios y por el respeto a nuestras comunidades indígenas.
Las comunidades indígenas son la evidencia viva de que los proyectos extractivistas financiados por bancos internacionales no equivale a desarrollo, sino un saqueo de nuestros territorios. La impunidad no puede ser una opción: Berta fue una incansable defensora de los derechos humanos y del medio ambiente; su lucha continúa en su memoria.
Por lo tanto hacemos un llamado a las instituciones del Estado a actuar de manera urgente:
A la Corte Suprema de Justicia presidida por la magistrada Rebeca Ráquel, para que confirme las sentencias ya emitidas. Al Ministerio Público (Fiscalía) para que realice las capturas y enjuiciamiento de todas las personas responsables. Al Congreso Nacional, presidido por Luis Redondo, y al poder ejecutivo, presidido por Xiomara Castro, para que realicen los cambios normativos y de política pública para que se garantice la justicia, reparación, verdad y garantías de no repetición para todas las víctimas, comunidades indígenas y personas defensoras de los territorios, por los crímenes cometidos. Firma la petición y únete a nosotros/as en la búsqueda incansable de justicia y en la preservación del legado de Berta Cáceres.
Gracias por tu apoyo.
“Justicia para Berta, es un grito que no se apaga y una lucha que nos descansa”
Compartimos este comunicado del Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta – A 20 de julio del 2023
La justicia en el único caso sobre redes de corrupción en el otorgamiento ilegal de concesiones para explotación de recursos en territorios indígenas de Honduras está en peligro por retrasos injustificados.
David Castillo, el delincuente que articula la red criminal de fraude al Estado y al pueblo indígena Lenca busca que en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se le otorgue el beneficio de amnistía y por consiguiente, ser liberado del caso por corrupción denominado “Fraude Sobre el Gualcarque”.
El juicio por corrupción ha terminado demostrando la responsabilidad de Castillo y las demás personas imputadas, sin embargo, no hay una sentencia debido que Castillo busca impunidad mediante un recurso de amparo para ser amnistiado, solicitud que ya le ha sido negada en múltiples ocasiones.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le denegó el recurso de amparo desde octubre de 2022, sin embargo, debido a la falta de resolución de un recurso desde hace más de cuatro meses, se mantiene en impunidad el caso.
El decreto de amnistía (4-2022), busca beneficiar a víctimas del Golpe de Estado de 2009. David Castillo, coautor del asesinato de Berta Cáceres, por el contrario, fue un beneficiado del Golpe de Estado.
La pretensión de David Castillo y su defensa legal de someterse a la amnistía es la confesión de su responsabilidad penal por corrupción y su imposibilidad de desestimar los cargos.
Por todo lo anterior el COPINH demanda:
1. Que la Sala de lo Constitucional resuelva sin retraso el recurso pendiente para poder continuar con el proceso y emitir un fallo condenatorio en el caso de Fraude.
2. Que la fiscalía especial UFERCO continúe en la investigación y enjuiciamiento de todas las demás personas involucradas en los delitos de corrupción de la empresa de los Atala Zablah que llevaron al asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.
3. Reiteramos al Estado de Honduras la urgencia de cancelar de manera responsable e inmediata la ilegal, violenta y corrupta concesión del Proyecto Agua Zarca sobre el sagrado río Gualcarque.
“Han creído que la impunidad es eterna. Se equivocan. ¡Los pueblos saben hacer justicia!”
Dado en La Esperanza, Intibucá a los 20 días del mes de julio de 2023
Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 9 de mayo del 2023
El COPINH, ante la intención de reelección de Dante Mossi, presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en la asamblea de gobernadores de este viernes 12 de mayo de 2023, hace del conocimiento de la comunidad nacional e internacional lo siguiente:
Dante Mossi es responsable de dirigir las actuaciones relacionadas al financiamiento del BCIE al Proyecto Agua Zarca de la familia Atala Zablah, por el que asesinaron a nuestra compañera Berta Cáceres, para el beneficio de ciertos grupos económicos y en detrimento de los derechos de las víctimas de la violencia y de las comunidades indígenas.
El Banco BCIE otorgó un préstamo de 24.4 millones de dólares (602.2 millones de lempiras aprox.) en el año 2014 para el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca de la familia Atala, sin realizar la debida diligencia para verificar la legalidad del origen del proyecto, ni la legalidad de los permisos, licencias y concesiones, por lo que hay un juicio en curso. Así mismo, el banco BCIE, junto a los bancos, FMO, Finn Fund y FICOHSA, ignoraron y violaron los derechos de consulta y consentimiento de la comunidad Lenca de Río Blanco al imponer su inversión.
El BCIE falló en el monitoreo del correcto uso de los fondos otorgados a partir de la oposición de la comunidad Lenca y en evitar graves violaciones de Derechos Humanos; financió y respaldó actos de violencia en contra del COPINH y la comunidad Lenca, lo que significó múltiples asesinatos, incluyendo el de Berta Cáceres en 2016. Por estos hechos fueron condenados empleados de la familia Atala.
Dante Mossi, como presidente del BCIE, evitó realizar una evaluación exhaustiva del financiamiento al proyecto Agua Zarca, para la reparación de las víctimas y del daño producido por su inversión; y por el contrario, promovió de manera irregular, la venta del préstamo de 24 millones de dólares, por tan solo medio millón al grupo Bancatlan de su compañero de universidad Guillermo Bueso, lo que incluso constituye una pérdida financiera para el banco. Mossi, mantiene en secretividad la información del proyecto Agua Zarca, lo que evidencia falta de transparencia y obstaculización del acceso a la verdad.
Mossi no solo es responsable de la vulneración de derechos del proyecto Agua Zarca, sino de múltiples irregularidades y arbitrariedades en su administración que deben ser investigados, así como su vinculación con regímenes autoritarios como el de Juan Orlando Hernández y Daniel Ortega, y con las mafias empresariales y bancarias de Honduras.
Por lo anterior, el COPINH:
1. Llama a la presidenta Xiomara Castro, y a la gobernadora por Honduras, Rixi Moncada, así como a los países miembros a no permitir la reelección de Dante Mossi como presidente ejecutivo del BCIE.
2. Demanda que se pare el financiamiento y apoyo a proyectos corruptos, ilegítimos, y extractivistas en nombre del desarrollo y el cierre de los fondos de este banco para proyectos privados de empresarios corruptos que traen miseria y violencia para Honduras y la región.
“Han creído que la impunidad es eterna. Se equivocan. ¡Los pueblos saben hacer justicia!”
Dado en La Esperanza, Intibucá a los 9 días del mes de mayo de 2023
Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el poder corporativo en el caso #JusticiaParaBerta – A 26 de abril del 2023
Scatec y Norfund, compañías de energías renovables de Noruega, han presentado dos demandas de arbitraje de inversión contra Honduras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI): La razón de estas demandas es debido a la nueva ley de generación de energías aprobada por el gobierno en 2022, que llevó a la ENEE a proponer ciertos cambios en los PPAs que incluyen cambios en los precios de tarifas para los proyectos de Agua Fría y Los Prados.
Con esta acción estas empresas noruegas, una de ellas estatales, demuestran su criminalidad, no solo se asociaron con empresarios corruptos, sino que ahora pretenden que el pueblo hondureño pague por sus “pérdidas” reafirmando la mentira de que son bancos de “desarrollo”Bertha Zúniga, Coordinadora General del COPINH.
En 2015, Scatec empezó a operar en Honduras invirtiendo en dos proyectos de energía solar: Agua Fría y Los Prados adjudicadas a PRODERSSA, empresa que pertenecía a David Castillo; quien está cumpliendo condena por ser declarado coautor del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.
PRODERSSA, fue creada en 2013 a través de testaferros, obteniendo los contratos para los proyectos de energía solar Agua Fría y Los Prados sin tener experiencia previa en la industria de la energía en Honduras.
En enero de 2014 se suscribió el Contrato de Suministro de Energía Eléctrica y Potencia Número 003/2014 entre PRODERSSA y la ENEE. Se trata del proyecto solar Agua Fría en el municipio de Nacaome, Valle, Honduras.
En agosto de 2014, las acciones de PRODERSSA pasaron a propiedad de David Castillo y la empresa PEMSA, nombrando a Castillo como presidente.
El 29 de mayo de 2015, se suscribió un contrato para la operación del proyecto solar Agua Fría entre PRODERSSA y SCATEC SOLAR, para la construcción de la primera planta de energía solar construida por SCATEC en América Latina.
Y el 28 de octubre del mismo año, las dos empresas noruegas Scatec Solar y Norfund firmaron un contrato de compra de derechos para construir el proyecto solar Los Prados en el municipio de Namasigüe en Choluteca.
Sin embargo, los pobladores rechazaron la construcción del proyecto que implicaría el desplazamiento de algunos de los habitantes de zona, provocando la criminalización y persecución de algunos de los líderes de la comunidad. A pesar de los rechazos, las grandes empresas decidieron continuar con la construcción del proyecto para la explotación de los recursos naturales.
En marzo de 2018 las autoridades hondureñas confiscaron los activos de la empresa PRODERSSA como parte de una operación que confiscó varias empresas relacionadas con la red criminal y de narcotráfico denominada “Los Cachiros”.
En 2019, luego del arresto de David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres, la Junta Directiva de PRODERSSA autorizó la transferencia de las acciones de Castillo y PEMSA al Fondo de Inversión Noruego para Países en Desarrollo (NORFUND).
Para estos proyectos, la empresa hizo acuerdos con la ENEE, para obtener beneficios por la venta de la energía generada durante un lapso de 20 años.
A pesar de ello, en octubre de 2022, el gobierno de Honduras aprobó una nueva ley de generación de energía, lo que provocó que la ENEE propusiera cambios en los PPAs (contratos de compraventa de energía) que incluyen ajustes en los precios de las tarifas para los proyectos de Agua Fría y Los Prados.
Ante esta demanda por parte de Scatec y Norfund nos pronunciamos rechazando las prácticas poco éticas de estas instituciones internacionales que buscan beneficiarse de la explotación de nuestros territorios. Y que han mantenido un vinculo con David Castillo, coautor del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.
Compartimos el siguiente comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta – A 23 de marzo del 2023
El COPINH, ante la culminación del Juicio en el caso del Fraude Sobre el Río Gualcarque hace del conocimiento de la comunidad nacional e internacional lo siguiente:
Tras culminar el proceso de juicio iniciado en agosto de 2022, y haber evacuado decenas de medios de prueba, entre testimonios, documentos y pericias, se ha demostrado sin lugar a duda la responsabilidad penal de las 6 personas imputadas en los delitos de Fraude, Violación de Deberes de los Funcionarios, Falsificación de Documento, Uso de Documento Falso y Usurpación de Funciones.
En el juicio se demostró que todos los delitos se realizaron en una articulación criminal y corrupta de funcionarios del Estado para beneficiar a la empresa DESA creada por David Castillo y posteriormente de la familia Atala Zablah, en violación de los derechos de la comunidad Lenca de Río Blanco. Se estableció claramente que la constitución de dicha empresa y sus actuaciones fueron abiertamente corruptas con el objetivo de obtener millonarios financiamientos internacionales.
Los actos de corrupción fueron realizados entre los años 2009 y 2012 para otorgar ilegalmente la concesión del Río Gualcarque a la empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA) en fraude al Estado de Honduras y la comunidad Lenca, por parte de Roberto David Castillo Mejía, asistente de la gerencia de la ENEE, Roberto Martínez Lozano, Gerente de la ENEE, Carolina Castillo Argueta, asistente de la gerencia de la ENEE, Raúl Pineda Pineda, alcalde de San Francisco de Ojuera, Luis Espinoza Mejía, director de recursos hídricos de SERNA y José Carbajal Flores, jefe de hidrología de SERNA.
Se ha comprobado en juicio que David Castillo, urdió y articuló, en el marco del Golpe de Estado de 2009, una estructura criminal para obtener beneficios del Estado de Honduras en un contrato con la ENEE que implicaría un perjuicio de por lo menos 174 millones de lempiras entre 2014 y 2021.
Reiteramos que estos actos de corrupción fueron el origen de la violencia en la comunidad de Río Blanco y del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.
Este caso es emblemático y su decisión tendrá implicaciones al tratarse de un caso inédito en Honduras. Es la primera vez que las víctimas, a través del COPINH y el Consejo Indígena de Río Blanco, pudieron constituirse como parte en un proceso de corrupción por la afectación de sus derechos humanos y ejercieron sus derechos en el proceso.
Este juicio está procesando a los funcionarios públicos que fueron parte del fraude, sin embargo queda pendiente el juzgamiento de quienes se beneficiaron de esta corrupción: la familia Atala Zablah. Por todo lo anterior el COPINH demanda:
1. Que el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción, presidido por Nilser Jasmín Ramírez Carvajal, declare culpable de los delitos a todas las personas acusadas.
2. Que la fiscalía especial UFERCO continúe en la investigación y enjuiciamiento de todas las demás personas involucradas en los delitos de corrupción de la empresa de los Atala Zablah que llevaron al asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.
3. Reiteramos al Estado de Honduras la urgencia de cancelar de manera responsable e inmediata la ilegal, violenta y corrupta concesión sobre el sagrado río Gualcarque.
“Han creído que la impunidad es eterna. Se equivocan. ¡Los pueblos saben hacer justicia!”
Dado en La Esperanza, Intibucá a los 23 días del mes de marzo de 2023
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz”
Les compartimos la agenda de actividades para recodar a Berta orginizadas por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH
Compartimos la agenda de actividades para este 7mo. Aniversario de la Siembra de nuestra compañera #BertaCáceres.
¡Juntémonos y exijamos justicia para nuestra compañera Berta Cáceres y el pueblo Lenca!
Compartimos esta nota publicada por Avispa Midia sobre – A 7 de noviembre del 2022
El banco europeo de desarrollo FMO, cofinanciador de la central hidroeléctrica Agua Zarca, planeada para ser construida en el río Gualcarque, en territorio Lenca, Honduras, anunció la apertura de una nueva sede de operaciones en la capital de Costa Rica.
En respuesta, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien señala los intereses económicos del proyecto energético como responsables del asesinato de la ambientalista e indígena Lenca Berta Cáceres, alertó que el banco busca continuar con sus inversiones en Centroamérica a pesar de no haber asumido su responsabilidad y no haber reparado a las víctimas de la violencia que financió.
Entre 2014 y 2017, el banco FMO, propiedad en un 51% del Estado de Holanda, financió el proyecto Agua Zarca, propiedad de la familia Atala Zablah e impuesto a la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, en el occidente de Honduras. De acuerdo al Copinh, FMO contribuyó con más de 17 millones de dólares y, junto a recursos del banco finlandés FinnFund y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aportó recursos a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) con los cuales pagaron actos de violencia y asesinatos contra la comunidad Lenca.
Financiamiento de violencia
Durante el proceso de resistencia contra la construcción de Agua Zarca, Berta Cáceres, quien fungía como coordinadora del Copinh, denunció actos de violencia que iban desde la persecución y amenazas contra integrantes de la organización indígena; sabotajes, actos de corrupción dirigidos a miembros de la policía y alcaldías locales, así como ataques directos mediante la contratación de sicarios para agredir a las y los indígenas lencas.
Por estos antecedentes y tras el asesinato de Cáceres, desde 2018 el Copinh mantiene una demanda civil por negligencia contra el banco FMO. Recientemente, en junio del 2022, el medio The Intercept reveló el rastro financiero de un pago, con valor de un millón 700 mil dólares provenientes del banco FMO, realizado días antes del asesinato de Berta Cáceres.
Tras consultar documentos legales y financieros holandeses y estadounidenses entregados por el banco FMO a los abogados europeos representantes del Copinh, se evidenció que dicha transferencia se realizó a través de una compañía fantasma panameña denominada Concretos del Caribe S.A., (CONCASA), la cual tiene entre sus socios a Daniel Atala Midence quien ocupaba el cargo de ejecutivo financiero de DESA y mantenía el control administrativo de CONCASA a partir de enero de 2016, cuando recibió los pagos provenientes de FMO.
Mediante comunicado, el Copinh asevera que el banco FMO, junto a sus socios, el BCIE y el FinnFund, “cometieron graves delitos financieros que permitieron el desvío de parte sustancial de sus fondos, que financiaron los hechos de violencia por parte de David Castillo y los Atala Zablah. Mediante este mecanismo de desvío de fondos incluso se hizo un pago de 1.2 millones de dólares directamente a David Castillo 3 días antes del asesinato de Berta Cáceres”.
Cabe mencionar que, tras la revelación de los pagos, el Copinh presentó una denuncia penal ante la oficina del Fiscal General de Holanda contra el banco FMO y sus directivos por los crímenes de complicidad en actos de corrupción, malversación, blanqueo de dinero y violencia en el financiamiento del proyecto Agua Zarca de la familia Atala Zablah.
En el momento de la presentación de la acción penal, el Copinh declaró que la demanda tiene como objetivo “desenmascarar el accionar criminal de los supuestos bancos de ‘desarrollo’ y ‘verdes’ como el FMO que con su dinero financian la corrupción, la violencia y la violación de derechos humanos a las comunidades indígenas, de banqueros multimillonarios como los Atala”.
En 2022, David Castillo, quien se desempeñó como gerente general del proyecto Agua Zarca, fue condenado a 22 años y medio de prisión por su responsabilidad en el asesinato de Cáceres. Acorde al Copinh, Castillo era el principal contacto y enlace con el banco holandés.
Ahora, con la demanda penal se señala la responsabilidad de los principales directivos de FMO: Nanno Kleiterp, presidente honorario de las Instituciones Financieras Europeas de Desarrollo (EDFI); Jurgen Rigterink, actual primer vicepresidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD); y Linda Broekhuizen, ex directora ejecutiva interina del FMO, entre otros ejecutivos.
Desde el año 2017 y tras las exigencias del Copinh y organizaciones hondureñas e internacionales, el banco FMO anunció el retiro en las operaciones del proyecto hidroeléctrico. A pesar de ello, “los términos de tal salida se mantienen en secreto para las víctimas, sin embargo, se corroboró que el FMO condonó la deuda a la familia Atala Zablah, por ende, regaló millones de dólares a los directos responsables del asesinato de Berta Cáceres”.
Ante el anuncio de la nueva sede de FMO en San José, el Copinh alertó a las organizaciones y comunidades de Costa Rica y Centroamérica, que “la presencia del banco europeo implica la presencia de inversiones violatorias de los Derechos Humanos. Debemos estar alertas y vigilar estas acciones”.
Imagen: Protesta de comunidad lenca contra el banco FMO por su participación en el financiamiento del proyecto Agua Zarca– COPINH
Comunicado de Otros Mundos tras la sentencia a David Castillo en la búsqueda de #JusticiaParaBerta – A 20 de junio del 2022>>Descargar comunicado en pdf<<
El 2 de marzo de 2018, en el segundo aniversario del asesinato de Berta Cáceres, David Castillo Mejía fue aprehendido en el aeropuerto de San Pedro Sula cuando intentaba huir del país. Quien fuera ex agente de inteligencia militar y Presidente Ejecutivo de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) cuya familia Atala es dueña, y que impulsaba la construcción de la represa Agua Zarca. En 2021 inicia el Juicio que lo halla culpable y casi un año después, el 20 de Junio de 2022 luego de cuatro suspensiones, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa emitió la sentencia de 22 años y 6 meses de cárcel por su responsabilidad en el asesinato de Berta Cáceres en calidad de coautor.
Si bien es un paso más luego de la condena de 7 autores materiales que entraron al domicilio de Berta Cáceres para asesinarla por lo que fueron sentenciados a 30 años de prisión, y por el asesinato en grado de ejecución tentativa contra Gustavo Castro por lo que fueron sentenciados con otros 20 años, la sentencia de 22 años contra David Castillo es sólo un paso tardío más, cuando han pasado más de 6 años de los hechos.
Junto con las voces internacionales, del pueblo de Honduras y en especial del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), nos unimos a las demandas de continuar con el proceso de lograr la justicia cuando los demás coautores y autores intelectuales sean capturados, enjuiciados condenados, que apuntan presuntamente hacia la familia Atala. Entre ellos a Jacobo Atala Zablah, presidente del Banco BAC Credomatic y Vicepresidente de la Junta Directiva de DESA, y quien presuntamente participó en la planeación y autorización de la serie de ataques contra el Berta Cáceres y el COPINH. Por ello, la organización indígena llamó a testificar al banquero. También se menciona como presunto responsable a Daniel Atala Midence, Gerente Financiero de DESA, quien autorizaría la contratación del señor Douglas Geovanny Bustillo, ya sentenciado, el financiamiento para el personal que cumpliría las funciones de infiltración, seguimiento y atentados contra la libertad, integridad y vida de las personas miembros del COPINH, contra Berta y demás personas de la comunidad de Río Blanco, para el pago de abogados y supuestos sobornos a fuerzas policíacas y funcionarios del sistema judicial.
También se señalan como presuntos autores intelectuales a Pedro Atala Zablah, 33º presidente del club de fútbol Motagua, miembro de la Junta Directiva de DESA y del grupo de comunicaciones llamado “Seguridad PHAZ”. El COPINH incluye también como presuntos involucrados en el crimen de Berta Cáceres a José Eduardo Atala, presidente de la Cámara de Comercio Hondureño Americana (AmCham), Vicepresidente de la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas en Latinoamérica, y quien fuera hasta el 2004 uno de los principales accionistas del Banco Mercantil (BAMER) que fue comprado por el Banco de América Central (BAC), donde la familia Atala aún posee acciones. También fue director por Honduras del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), parte de la Junta Directiva de DESA y del grupo de comunicaciones llamado “Seguridad PHAZ”.
Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta- A 14 de marzo de 2021
Roberto David Castillo Mejía, condenado como “coautor” del asesinato de Berta Cáceres, busca beneficiarse del Decreto de Amnistía 04-2022, para que se suspenda el proceso que se lleva en su contra por corrupción en el caso Fraude Sobre el Gualcarque.
Los abogados Ritza Antunez y Juan Sánchez Cantillano interpusieron solicitud, el día 8 de marzo, ante el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción, para que se archiven las diligencias en su contra por el caso de corrupción en el licenciamiento del proyecto Agua Zarca sobre el río Gualcarque en el cual está acusado por los delitos de uso de documento falso y fraude.
El Tribunal de Sentencia ha convocado audiencia para el día miércoles 16 de marzo a las 9 am para la discusión de esta solicitud. La hora y el día coinciden con la audiencia de extradición de Juan Orlando Hernández y el fallo del caso en contra de la ex primera dama Rosa Bonilla.
Ante esto el COPINH manifiesta que:
Denunciamos y rechazamos la utilización ilegal e ilegítima del Decreto de Amnistía para presos políticos y de conciencia, víctimas de persecución por el golpe de Estado de 2009. La amnistía no debe ser fuente de impunidad sino acto de justicia para las víctimas criminalizadas por la beligerancia en la lucha tras el golpe de Estado.
David Castillo no entra en los preceptos del decreto de Amnistía puesto que los hechos de los delitos de corrupción que se le imputan fueron realizados posterior al 28 de junio de 2009, no fueron propios de sus funciones como empleado de la ENEE, ni por acciones en contra del Golpe de Estado. Por el contrario está plenamente establecido que David Castillo fue beneficiario del Golpe de Estado con la obtención de concesiones y permisos, y no víctima.
David Castillo cometió, por lo menos, los delitos de uso de documento falso y fraude para el otorgamiento de las licencias y contratos del proyecto Agua Zarca en beneficio propio y de la estructura criminal Atala Zablah, por lo que debe ser juzgado y condenado.
El Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción, presidido por Fernando Gabriel Morazán, y las instituciones involucradas deben rechazar rotundamente la solicitud de impunidad de David Castillo a través del decreto de Amnistía 04-2022.
La pretensión de David Castillo y su defensa legal de someterse a la amnistía es la confesión de su responsabilidad penal por corrupción y de su imposibilidad de desestimar los cargos.
Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional para que se pronuncie y actúe en contra de las maniobras de impunidad de la estructura criminal Atala Zablah.
¡Justicia Para Berta, No Más Impunidad en Honduras!
Dado en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, a los 14 días del mes de marzo de 2022.
“¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!”
