Categoría: ANÁLISIS

Exigimos la cancelación total del proyecto Milpillas y alto a la persecución contra el Movimiento del Río Atenco

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Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco sobre la lucha por la vida contra las represas – A 15 de octubre del 2024

¡El proyecto Milpillas, No es viable!
Para subsanar el déficit hídrico se necesitarían 7 presas del tamaño de Milpillas.

El proyecto Milpillas pone en riesgo nuestras vidas, además de estar plagado de inconsistencias e irregularidades técnicas, jurídicas y sociales, incurre en violaciones flagrantes a los derechos humanos, atenta contra la libre determinación que tenemos como núcleos agrarios y al derecho de elegir cómo queremos vivir de quienes habitamos en la cabecera municipal, las comunidades y ejidos. Quienes integramos el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco y la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) expresamos un contundente rechazo y denunciamos los intentos de deslegitimación, difamación y hostigamiento por parte de las autoridades contra nosotras/os.

El pasado 10 de octubre la titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA) Susana Rodríguez Márquez buscó desprestigiar y deslegitimar al movimiento durante su comparecencia ante la LXV Legislatura del Estado de Zacatecas al afirmar que quienes nos oponemos al Proyecto Milpillas somos “pseudolíderes”. Así mismo el gobernador del estado David Monreal calificó de “politiquerías e intereses aviesos” a las legítimas exigencias por una vida digna, sin embargo, lo más preocupante fue su llamado al pueblo de Zacatecas para que defienda este y otros proyectos.

Resulta alarmante la retórica de estos funcionarios a la luz de los antecedentes violentos de hace 6 años, cuando el Gobierno Estatal usó la fuerza pública en el ejido El Potrero de Jiménez del Teul, para imponer el proyecto en la asamblea ejidal, amedrentando a las y los ejidatarios, violando la ley agraria y los derechos humanos como el libre tránsito y el intento de detención arbitraria contra compañeras. Es claro el intento por activar reacciones de odio contra quienes defendemos el territorio con el pretexto de la crisis hídrica, cuando la gran industria (mineras, refresqueras y cerveceras) es realmente la responsable del saqueo y acaparamiento del agua en el estado. Por Movimiento en Defensa del Territorio
y del Río Atenco lo anterior, responsabilizamos al estado de Zacatecas por cualquier acto de violencia en contra de cualquier defensora/or, organización y académicas/os aliadas del Movimiento del Río Atenco.

A sus intenciones de reactivar el proyecto, expresamos un contundente rechazo nacido de la voluntad de las asambleas ejidales desde la autonomía y la libre determinación y la ciudadanía de la cabecera municipal, además de que ha sido demostrado que es inviable y presenta una serie de irregularidades y corruptelas.

Queremos dejar en claro que nuestra lucha nunca ha terminado y no aceptamos un proyecto que nos agravia y que consta en una serie de denuncias interpuestas al Ministerio Público (folio: 344/2018 344 de 26/oct/2018), al Tribunal Unitario Agrario (folio:1710/2018), a PROFEPA (11/ene/2019), la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas (23/10/2018) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (folios: 96192/2018, y 96259/2018); además de ofensas cometidas por servidores públicos que no han sido esclarecidas, interpuestas en el Órgano Interno de Control de la Procuraduría Agraria (folio 96162 y 74/2018), y una serie de indicios de corrupción envueltos en la construcción de la obra que deben ser evidenciados y puestos a disposición del escrutinio público.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas emitió la Recomendación 10/2022 en julio del 2022, en relación con la queja CDHEZ/453/2018 misma que no ha sido acatada por el Gobierno del Estado, ni en la reparación a nosotras/os como víctimas, ni en los procesos administrativos contra funcionarios/as públicas.

Exigimos que no se le mienta más a las zacatecanas/os, demandamos la cancelación del proyecto Milpillas y repudiamos las acciones del Gobierno Estatal en contra de los pueblos campesinos ribereños que ya decimos:

¡Río Atenco Libre y No a la Presa Milpillas!

A T E N T A M E N T E
Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco
Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería

¡Firmen esta carta! Acción urgente en apoyo a la comunidad de Nagari Kapa, en Sumatra Occidental, Indonesia

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Compartimos esta carta del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM en solidaridad con una comunidad que resiste a la palma de aceite en Indonesia -A 10 de octubre del 2024

Llamamos a grupos, organizaciones y movimientos a apoyar esta carta en solidaridad con las familias campesinas que defienden su territorio frente a los intentos de la empresa Wilmar International de convertir sus arrozales en plantaciones industriales de palma aceitera.

Firma aquí

Queridas amigas y amigos,

Desde el 4 de octubre, campesinos de la comunidad de Nagari Kapa, en Sumatra Occidental, Indonesia, se enfrentan a violentos ataques y detenciones policiales. Su “delito” es defender su territorio y su dignidad frente a los intentos de la empresa PT PHP I, filial de la transnacional Wilmar International, de convertir los arrozales de la comunidad en plantaciones industriales de palma aceitera.

Con esta carta pública urgente que presentamos a continuación, expresamos nuestra solidaridad con la comunidad de Nagari Kapa. La carta hace un llamado a las instituciones gubernamentales y a la Policía indonesias a que frenen nuevas agresiones y actos de violencia contra los campesinos de Nagari Kapa y aceleren el proceso de reforma agraria en curso.

¡Gracias!
Secretariado Internacional del WRM

Oaxaca: A casi 6 años del primer derrame de la Minera Cuzcatlán, la empresa continúa contaminando

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Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por la vida y antiminera en Oaxaca – A octubre 2024

Habitantes de Magdalena Ocotlán denuncian escurrimientos de la montaña “Dry Stack” (presa de jales) de la minera Cuzcatlán y contaminación del río Coyote.

En la mañana del martes veintitrés de septiembre habitantes denunciaron a través de redes sociales un escurrimiento de la montaña de la presa de jales de la compañía minera Cuzcatlán para la extracción de oro y plata, filial de la canadiense Fortuna Mining (antes Fortuna Silver Mines). El escurrimiento de los lodos tóxicos inició en la unidad de “San José del Progreso”, ubicada en el mismo municipio, y descargó los tóxicos por el río Coyote, dañando principalmente a la comunidad de Magdalena Ocotlán, que se encuentra río abajo. En días siguientes, por las lluvias causadas por el huracán John, fueron visibles los escurrimientos de agua del centro de la presa de jales, debido a la falta de capacidad de almacenamiento del agua de lluvia.

Las fotografías y videos que circulan en redes sociales muestran enormes hilos de lodo bajando de esa monstruosa montaña. En recorridos sobre el cauce del río Coyote las comunidades pudieron constatar que los residuos del lodo habían recorrido varios kilómetros hasta llegar a una ciénega donde se encuentra el pozo de agua que abastece al municipio de Magdalena Ocotlán. Ante los hechos, la empresa Minera Cuzcatlán afirma por diversos medios de comunicación que la misma PROFEPA ha constatado actividad normal, reafirmando su propaganda sobre que la salud y el cuidado del medio ambiente son parte de sus prioridades.

A casi 6 años del primer derrame, de 1.5 millones de litros de lodo tóxico, de la presa de jales la empresa continúa contaminando el agua, el medio ambiente y dañando la salud de las personas a quienes les impusieron este proyecto. Esta situación, comprueba una vez más, que no existe empresa minera sustentable, ni sostenible para las comunidades que dependen del ecosistema del que la empresa extrae los minerales. Las supuestas regulaciones emitidas por las instancias gubernamentales responsables del medio ambiente y las aparentes técnicas de tratamiento de agua son una máscara que la empresa utiliza a su favor. La empresa utiliza una técnica: “Dry Stack”, que aparentemente filtra hasta el 90% de las aguas, es llamada “presa de jales secos”, sin embargo, podemos constatar escurrimientos y que lo que ha generado en la región es el equivalente a una gran montaña llena de residuos tóxicos.

Habitantes de Magdalena Ocotlán y la Red Mexicana de Afectados por la Minería exigimos:

  1. Que la PROFEPA atienda la denuncia de las y los ciudadanos de Magdalena entregada el 04 de octubre de este año, con número de folio 001185, así como permita una supervisión conjunta con las y los denunciantes.
  2. Que la SEMARNAT deje de ser cómplice de esta criminal empresa minera, como lo fue en la administración anterior encabezada por María Luisa Albores, quien lejos de sancionar a la minera Cuzcatlán, la premió con una ampliación del permiso ambiental de 10 años más, validando de esta manera la explotación de los bienes naturales y brindando poder ante quienes la denuncian.

Esperamos que la nueva secretaria del medio ambiente inicie su administración dando señales de compromiso real con la protección del medio ambiente y con los pueblos indígenas del país y que investigue y sancione a la compañía criminal Cuzcatlán. Por décadas esta empresa ha dañado no solo al medio ambiente y la salud de quienes se encuentran alrededor, sino que ha dividido a las comunidades en valles centrales y corrompido a las autoridades.

Fuera minera Cuzcatlán de los valles centrales de Oaxaca. ¡No más impunidad

Imagen: Habitantes de Magdalena Ocotlán. Derrame de agua de la presa de jales

Nota: Desplazado por crimen organizado se manifiestan durante informe de gobernador de Chiapas

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Compartimos esta nota de Chiapas Paralelo sobre la gran ola de violencia que se vive en la zona fronteriza de Chiapas – A 23 de septiembre del 2024

Por Ángeles Mariscal

“Soy de Chicomuselo, sierra madre con Guatemala. No somos zona de guerra, somos pueblo desplazado. Quiero regresar con mi familia a casa. Pedimos rentar y comer, Dios te bendiga Tuxtla. Viva la paz por Chiapas”, fue el mensaje que Juan Carlos Fuentes Alanís alcanzó a escribir en una cartulina que mostró afuera del Congreso de Chiapas, en donde el gobernador Rutilio Escandón entregó su último informe de gobierno.

Llegó con el rostro sudoroso, la ropa desgastada y una mochila al hombro. Sin recursos económicos, emprendió el viaje de cinco días de camino, pidiendo raid, hasta llegar a Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas.

Es originario del municipio de Chicomuselo, uno de los más afectados por la disputa entre dos grupos del crimen organizado; tras el secuestro de tres de sus hermanos por parte de uno de los grupos criminales, el resto de la familia huyó a Guatemala el pasado 19 de julio.

“Le dije yo a mi mamá voy a venir a Tuxtla, si hay una manifestación me voy a poner, porque es necesario que el pueblo sea escuchado”, explicó Juan Carlos. Explicó que en su comunidad, Verapaz, ubicada en los límites entre Chicomuselo y Comalapa, desde hace dos años viven bajo el control de uno de los grupos del crimen organizado.

“De mi comunidad han desaparecido como 40 personas (…) A mis hermanos se los llevaron hace tres meses, cuando los agarraron en el camino que va hacia Amatenango de la Frontera. Se los llevaron porque desobedecieron la orden de no salir, el toque de queda” explicó Juan Carlos.

Dijo que sus hermanos José Alfredo Fuentes de 24 años, Erick Eduardo Fuentes de 35, y Christian Fuentes de 22, salieron de la comunidad con la intención de llegar a Tapachula, porque llevaban varias semanas sin alimento, debido a que por los enfrentamientos entre los dos grupos del crimen organizado, el que tiene el control de su comunidad les impuso un toque de queda.

En el camino sus hermanos fueron secuestrados y su familia amenazada. Por ello decidieron unirse a las cientos de personas que salieron el 19 de julio en caravana hacia Guatemala.

Desde entonces se encuentran en ese país. “Entonces nosotros estamos allá en Guatemala, ya estamos cansados de tanta soledad, tanta tristeza, ya lo que queremos es regresar, buscar a mis hermanos. Mi mamá está muriendo de tristeza”, explicó el poblador.

Dijo que por eso decidió llegar a la capital de Chiapas, y buscar ser escuchado por las autoridades, por el gobernador Rutilio Escandón.

Miles de personas de los municipios de las zonas sierra y fronteriza de Chiapas, han abandonado sus comunidades para salvar la vida, escapar del reclutamiento forzado, y para buscar a sus familiares desaparecidos.

Apenas el pasado domingo, la Pastoral Social de las tres Diócesis de Chiapas dieron a conocer un comunicado donde señalan: “Son miles y se siguen sumando cada día, las víctimas inocentes que cargan sobre sí el tormento de la expulsión, el desalojo, asumiendo la migración y el desplazamiento forzado como única salida para protegerse y salvar a los suyos de una muerte trágica que nadie merece”.

“Ante tal avasallamiento faltan sus familiares, sus bienes, su patrimonio, sus cultivos, sus modos de vida. Se les ha arrebatado tanto que falta hasta el espacio del alma para los duelos ante tanta injusticia y para asimilar los traumas resultantes del ensañamiento sistemático contra su pueblo y sus seres queridos”.

Pidieron a la población ser solidarias con las personas que están en esta condición.

Imagen: Chiapas paralelo

Más información:

Solidaridad Internacional por el asesinato del defensor hondureño Juan López: Carta abierta a Xiomara Castro

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Compartimos esta carta abierta dirigida a la presidenta de Honduras con el fin de pedirle que garantice justicia por el asesinato de Juan López, cede a la violencia hacia defensores y defensoras y protección a los derechos humanos – A 27 de septiembre del 2024

CARTA ABIERTA A XIOMARA CASTRO, PRESIDENTA DE HONDURAS, ENVIADA POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN REACCION AL ASESINATO DE JUAN LÓPEZ

27 de septiembre de 2024

Señora Presidenta
Xiomara Castro Sarmiento
Presidenta de la República de Honduras

Señora Presidenta,

Las organizaciones abajo firmantes, expresamos nuestra profunda preocupación y consternación
por el reciente asesinato de Juan López, defensor ambiental y regidor municipal de Tocoa, ocurrido el pasado 14 de septiembre. Juan López era un líder incansable en la defensa de la montaña de Botaderos, el parque nacional Carlos Escaleras, y los ríos Guapinol y San Pedro. Su labor de defensor ambiental así como su lucha contra la corrupción, eran vitales para la preservación de los derechos humanos y la justicia en Honduras. Lamentablemente, este asesinato refleja un patrón alarmante de violencia contra defensores del medio ambiente en su país. De acuerdo con Global Witness, en 2023 fueron asesinados 18 defensores del ambiente y de los territorios, la tasa más alta de homicidios en el mundo.1

Reconocemos y lamentamos también el rol de Estados Unidos con sus políticas fallidas hacia Honduras (el apoyo tácito al golpe de estado de 2009 y los 12 años siguientes de narco -gobiernos) que contribuyeron a facilitar e incrustar las estructuras del crimen organizado y corrupción que resultaron en el asesinato de Juan López.

Sabemos que Juan López había denunciado amenazas provenientes de actores políticos y económicos, incluyendo el alcalde de Tocoa, Inversiones los Pinares, Grupo EMCO e Inversiones Ecotek. Nos preocupa profundamente que, a pesar de contar con medidas de protección del Mecanismo de Protección para Defensores, Periodistas y Abogados, y las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado de Honduras no haya garantizado la seguridad de Juan López.

Por lo anterior, nos dirigimos a usted para solicitarle que se adopten medidas urgentes para garantizar la protección efectiva de la vida e integridad personal de las personas defensoras de derechos humanos, del ambiente, del agua y de los territorios en Honduras. Ninguna persona debiera perder la vida por luchar por los bienes colectivos que garantizan el bienestar del pueblo hondureño.

Asimismo, nos dirigimos a usted para pedirle que busque el apoyo de instancias internacionales como el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y naciones unidas para poner en marcha una investigación rigurosa, imparcial y eficaz, que permita identificar tanto a los autores materiales como a los intelectuales detrás de este crimen. El asesinato de Juan López no puede quedar en la impunidad, y es esencial que el Estado hondureño tome medidas inmediatas y contundentes para garantizar la protección de los defensores de derechos humanos. Los responsables deben ser procesados y llevados ante la justicia sin demora.

El lento avance y los resultados de investigaciones de asesinatos de defensores de derechos es lo que nos hace pensar en la necesidad de un acompañamiento internacional para la fiscalía y una veeduría en los procesos penales. La lucha contra la impunidad es uno de los mayores desafíos que enfrenta el país.

En este marco también, es imperante aprovechar esta coyuntura para avanzar hacia la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). La creación de esta comisión representaría un paso decisivo en la lucha contra la corrupción, al tiempo que ofrecería garantías efectivas para la protección de defensores de derechos humanos y ambientales, evitando así que crímenes como el asesinato de Juan López queden en la impunidad.

La violencia contra los defensores del medio ambiente y los derechos humanos es un grave daño para toda la sociedad hondureña. Esperamos que bajo su liderazgo se prioricen acciones que permitan la protección de quienes trabajan en la defensa de los territorios, del ambiente y del agua.

Esperamos su compromiso firme en la protección de los derechos humanos y quedamos a disposición para colaborar en cualquier acción que garantice un cambio real en esta situación.

Atentamente,
Alianza Americas
Sin Fronteras IAP
Unitarian Universalist Service Committee (UUSC)
Clima21
Asociación Pop No’j
Climate Refugees
Caleidoscopio Humano
Vicerrectoría de Proyección Social de la UCA de El Salvador
Centro de Desarrollo Humano. CDH
Centro San Bonifacio
Friends of Swazi Freedom
Center for Gender & Refugee Studies
INVER-SANTA MARTA
CoDevelopment Canada
University of Guelph
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC-SJ
Red Jesuita con Migrantes Latinoamérica y el Caribe (RJM LAC)
Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica y el Caribe – JRS LAC
Utsil Kuxtal (México)
Resistencia Civil de Candelaria
Ciencia social alternativa ac
Kanan’tzonot
Church World Service
EDUCACIÓN, CULTURA Y ECOLOGÍA, A.C.
Albergue Decanal Guadalupano /Oasis Providencial
Comunidades Sin Fronteras CFS – CT INC
Root Causes Initiative – Iniciativa Causas Raíz
COPINH. Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos CIPRODEH
MAS Movimiento Ambientalista Santabarbarense
Amismaxaj
SITRASEMCA
RED DEPARTAMENTAL DE MUJERES DE SANTA BÁRBARA
FRP- Libre Colón
GRUFIDES
Movimiento ambientalista santabarbarense (MAS)
Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales
Red de Mujeres Santa Bárbara
Comité intersectorial de salud
Massvida
Movimiento de mujeres por la Paz Visitacion Padilla
Red de mujeres Departamental
ADERITAC
COMDECUN
MNI-GR
COPA
Otros Mundos Chiapas
SITRAINA
Comdecun
Red contra la Violencia Antisindical
Sintraho
Red contra la Violencia Antisindical
Colegio de Pedagogos de Honduras
Caja Rural de ahorro y Crédito Vision y Hermandad
Sitrainfop
Ecodesarrollo
Sindicato de Trabajadores de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (SITRAAHAC)
SIEMPE
Sindicato de trabajadores de la empresa Southern Apparel Contractors
Asociación de Mujeres Indígenas de Santa Maria Xalapan Jalapa – amismaxaj
Asociación Feminista Trans AFET
Las Voces de Esperanza/Red de mujeres
Red Feminista Defensora de Derechos de la Mujer del Occidente
Festagro
Sitradahsa
Red contra la violencia antisindical
Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán
Fsar
Defensoras y defensores de la vida y la pachamama cajamarca
Hermanas de la Misericordia en Honduras
Sitraaventh
Latin America Working Group (LAWG)
Plataforma Agraria
APOMUH
ADERITAC
Red Contra la Violencia Antisindical
Sisters of Mercy of the Americas – Justice Team, Washington, DC Office
Asociación de Mujeres Luchadoras Tejiendo Sueños Cajamarca
Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)
Biis Iguana A. C
Sindicato de trabajadores de la empresa southern apparel contractor
Hope Border Institute – Instituto Fronterizo Esperanza
Secours Catholique Caritas France
NISGUA
COPA
Misioneras ICM
Caminata Ecologica
Plataforma Internacional contra la Impunidad
Defenza del Territorio y el Rio Atenco.
REMA
Otras Voces por la Tierra
EDUCE
Red contra la violencia antisindical
FRP Libre Tocoa y C. J. P. Diosesis de Trujillo.

1 https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/missing-voices/#killed

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COPINH: Justicia para Berta Cáceres y Juan López: No más impunidad para los defensores de los territorios

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Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre la exigencia de #JusticiaParaBerta y para el defensor Juan López asesinado el 1 de septiembre – A 23 de septiembre del 2024

Llegamos desde los rincones más profundos de Honduras, porque ya no hay más tiempo.

A más de 8 años del cruel crimen que arrebató la vida de nuestra compañera Berta Cáceres, seguimos viendo la fragilidad y corrupción del sistema de justicia en Honduras. La impunidad en este caso es un recordatorio constante de las injusticias que enfrentan quienes defienden los derechos humanos y los territorios ancestrales.

Hoy, esa misma impunidad amenaza con repetirse con el asesinato de Juan López, un nuevo mártir en la lucha por la defensa de los territorios. Tanto Juan López como Berta Cáceres estaban bajo medidas cautelares de la CIDH, y aun así el Estado de Honduras no fue capaz de proteger sus vidas. Es inaceptable que los defensores sigan siendo asesinados a pesar de las advertencias y amenazas que sufren.

Nos dirigimos a Tegucigalpa con la firme convicción de que la justicia para Berta y para Juan no es negociable, y que su legado sigue vivo en cada corazón que anhela un mundo más justo.. Exigimos que las sentencias contra los ocho hombres condenados por el asesinato de Berta, que representan un paso importante en la lucha contra la impunidad en nuestro país, se confirmen de inmediato. No permitiremos que grupos económicos poderosos frenen el proceso judicial para proteger sus intereses.

Asimismo, demandamos una investigación pronta, transparente y diligente para que el asesinato de Juan López no quede en la impunidad. Es imperativo que las autoridades hondureñas garanticen justicia para Juan y para todos los defensores ambientales que han perdido la vida en la lucha por proteger nuestros territorios.

Exigimos:

  • A la Corte Suprema de Justicia presidida por la magistrada Rebeca Ráquel, y la Sala de lo Penal compuesta por los magistrados Walter Raúl Miranda Sabio, Mario Rolando Díaz  y Nelson Danilo Mairena Franco, para que confirme la sentencia ya emitida contra los 7 hombres responsables de la autoria material del asesinato de Berta Cáceres y la sentencia contra David Castillo, coautor de este crimen.
  • La captura y enjuiciamiento de todos los miembros de la familia Atala Zablah vinculados con el crimen por parte del Ministerio Público de Honduras.
  • Al Gobierno de Honduras, que actúe de manera decidida y comprometida para proteger la vida de quienes defienden los territorios y los derechos humanos, y que garantice justicia para todos los mártires de la defensa ambiental, como Berta Cáceres y Juan López.

Dado en La Esperanza, Intibucá a los 23 días del mes de septiembre de 2024.

“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz ”

Podcast: Atizando el Avispero: Alternativas energéticas: una experiencia en Honduras

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Compartimos el septimo capítulo de este podcats de Avispa Midia – A 21 de agosto del 2024

Este es un podcast de diez episodios que analizan las soluciones propuestas por Estados y corporaciones ante la crisis climática, como la transición energética, contrastándolas con las experiencias de comunidades latinoamericanas que luchan por la defensa de los bienes comunes.

Estimados lectores y oyentes, a continuación, les presentamos un nuevo episodio de “Atizando el Avispero”, el podcast donde desentrañamos las complejidades de la crisis climática y las falsas soluciones que se nos presentan.

Escucha aquí

En este episodio 7 exploramos una historia inspiradora que desafía las narrativas comunes sobre la crisis climática y la sostenibilidad. Nos enfocamos a una comunidad establecida en un rincón del mar caribe, en Honduras.

Este caso fue conocido por el equipo de Avispa Mídia en un viaje que abarcó más de 10 mil kilómetros por Centroamérica. Esta comunidad, a diferencia de los proyectos de energía renovable que a menudo desplazan comunidades sin cumplir sus promesas, creó una solución innovadora y autónoma para su propio beneficio al generar su propia energía de un pequeño arroyo.

Aquí puedes escuchar el episodio VII

https://open.spotify.com/embed/episode/4P4PaZPQFgp28IcSJFC72P?utm_source=generator

https://www.ivoox.com/player_ej_133476262_6_1.html?c1=cf9d4e

https://www.youtube.com/embed/q0ZVfYtlXYo?si=aixEA3d3yCk2fCME

Monocultivos amenazan la vida de las comunidades y los ecosistemas

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Compartimos esta nota de Chiapas Paralelo sobre los monocultivos de palma de aceite – A 22 de septiembre del 2024

Por Andrés Domínguez

Otros Mundos A.C, organización ambientalista radicada en San Cristóbal de las Casas, en el marco del Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles, denunció que dicha actividad amenaza la vida de las comunidades y los ecosistemas.

La organización denunció la imposición de modelos de explotación que empobrecen la tierra y afectan gravemente el equilibrio ambiental debido a los monocultivos.

Por tanto, reafirmaron su lucha por alternativas que respeten la vida, el agua y la soberanía de los pueblos.

Palma de aceite

En 2021, la Red Mesoamericana Frente a la Palma Aceitera realizó un encuentro en San Cristóbal de las Casas, con el fin de compartir experiencias en torno a las plantaciones de palma de aceite, así como analizar, estudiar y debatir sobre las consecuencias de este monocultivo en los territorios.

Diversas organizaciones, redes, miembros y representantes de colectivos provenientes de Honduras, Guatemala, México, Uruguay y Ecuador señalaron que, la palma de aceite ha llegado a sus territorios bajo un modelo extractivo acelerado, agresivo y depredador.

Indicaron que, los monocultivos de palma provocan la desaparición de las fuentes de agua, como los lugares sagrados de los pueblos originarios vinculados con el vital líquido, y desvían ríos. Asimismo, impactan en las cosmovisiones de estas comunidades.

Resaltaron que, las plantaciones provocan rompimiento de la soberanía alimentaria de los pueblos, acaban con los suelos, aceleran la deforestación, generan pobreza, dependencia y fuertes problemas de salud, provocan sequías e incendios, destruyen el paisaje, despojo y desplazamiento.

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), calcula que México tiene en total 2.5 millones de hectáreas propicias para sembrar Palma Africana, una superficie mayor que el territorio de El Salvador.

La mayor parte de esa superficie propicia para la palmicultura está en el sureste (dos millones de hectáreas, según el gobierno federal), en la que sobresale Chiapas, por las condiciones agroclimáticas para extender las plantaciones de Palma hasta en 400 mil hectáreas.

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Informe Global Witness: Es muy urgente proteger a las defensoras y defensores de derechos humanos y la naturaleza

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Compartimos esta información publicada en Salva la Selva sobre el último informe de GlobalWitness sobre la situación mundial de defensoras y defensores – A 13 de septiembre del 2024

Informe anual de Global Witness: más de 2.100 personas defensoras de la tierra y el medioambiente asesinadas en el mundo entre 2012 y 2023

Londres, martes 10 de septiembre de 2024. de Global Witness

  • En 2023 murieron asesinadas al menos 196 personas defensoras de la tierra y el medioambiente del mundo entero, según un informe publicado el 10 de septiembre 2024 por Global Witness.
  • Las nuevas cifras elevan a 2.106 el total de asesinatos de personas defensoras entre 2012 y 2023. 
  • Por segundo año consecutivo, Colombia registró el mayor número de asesinatos del mundo, al alcanzar la cifra récord de 79 personas defensoras asesinadas, por encima de Brasil (con 25), México (con 18) y Honduras (con 18).
  • Un año más, América Latina registró el número más alto de homicidios de todo el mundo, con un total de 166: 54 en México y Centroamérica y 112 en América del Sur. 
  • En Asia, el Reino Unido, la Unión Europea y los Estados Unidos, cada vez hay más activistas ambientales que sufren las diversas tácticas utilizadas para silenciar a quienes defienden el planeta. 

Al menos 196 personas defensoras de la tierra y el medioambiente fueron asesinadas el año pasado por intentar proteger el planeta, según un nuevo informe de Global Witness publicado hoy, en colaboración con socios de todo el mundo. Las nuevas cifras elevan a 2.106 el total de asesinatos de personas defensoras entre 2012 y 2023. 

El año pasado, Colombia resultó ser el país con la mayor tasa de homicidios de todo mundo, con 79 muertes en total, frente a las 60 de 2022 y las 33 de 2021. Se trata de la cifra más alta registrada por Global Witness de personas defensoras asesinadas en un país en un solo año. Con 461 asesinatos entre 2012 y 2023, Colombia ha acumulado el mayor número de homicidios de activistas ambientales registrados en todo el mundo. 

El año pasado, otros países latinoamericanos con una elevada tasa de ataques mortales fueron Brasil, con 25, y México y Honduras, con 18 cada uno. 

Centroamérica se ha convertido también en uno de los lugares más peligrosos del mundo para las personas defensoras. En 2023 Honduras registró el mayor número de homicidios de personas defensoras per cápita, con un total de 18. Ese mismo año también se asesinó a 10 personas defensoras en Nicaragua, 4 en Guatemala y 4 en Panamá.

En todo el mundo, los pueblos indígenas y afrodescendientes siguieron siendo víctimas de una cantidad desproporcionada de ataques mortales: el 49 %. 

Laura Furones, autora y asesora principal de la campaña de las personas defensoras de la tierra y el medioambiente de Global Witness, declaró:

Mientras la crisis climática avanza apresuradamente, quienes alzan voz con valentía para defender nuestro planeta se enfrentan a actos de violencia, intimidación y asesinato. Nuestros datos indican que el número de homicidios sigue siendo escandaloso y los Gobiernos no pueden mantenerse impasibles ante esta situación completamente inaceptable: deben tomar medidas contundentes para proteger a las personas defensoras y abordar las causas ocultas de la violencia que sufren. Las personas activistas y sus comunidades son esenciales en cualquier labor para prevenir y reparar los daños y perjuicios causados por las industrias nocivas para el medioambiente. No podemos permitirnos la pérdida de más vidas; no lo toleraremos.

Si bien sigue siendo difícil establecer una relación directa entre el homicidio de una persona defensora e intereses empresariales concretos, Global Witness determinó que la minería fue el mayor móvil industrial con diferencia, con 25 personas defensoras asesinadas tras oponerse a operaciones mineras en 2023. Otros sectores involucrados fueron la pesca (5), la explotación forestal (5), la agroindustria (4), las carreteras e infraestructuras (4) y la energía hidroeléctrica (2). 

En total, 23 de los 25 asesinatos vinculados a la minería en todo el mundo el año pasado ocurrieron en América Latina. Por otra parte, más del 40 % de todos los asesinatos relacionados con esta industria entre 2012 y 2023 tuvieron lugar en Asia, región que cuenta con importantes reservas naturales de los principales minerales críticos para las tecnologías energéticas limpias. 

Además de señalarse el número de homicidios a escala mundial, en el informe también se ponen al descubierto las tendencias más generales de las agresiones sin consecuencias mortales y los efectos dañinos que estas tienen en las comunidades de todo el mundo. Se destacan casos de desapariciones forzadas y detenciones ilegales, tácticas crueles que se usan en Filipinas y México en particular, así como el uso generalizado de la criminalización para silenciar a personas activistas en todo el mundo.

En el informe se analiza también la represión del activismo ambiental en el Reino Unido, Europa y los Estados Unidos, donde cada vez se usa más la legislación para atacar a las personas defensoras y se imponen condenas más duras a quienes han participado en protestas contra el cambio climático. Estas conclusiones van de la mano de una tendencia preocupante de criminalización que está surgiendo en todo el mundo.

En el informe se expone la criminalización a la que se enfrenta Jonila Castro, activista filipina secuestrada por el Ejército de su país en 2023, quien manifestó: 

Incluso después de ser liberadas de nuestro secuestro, las amenazas continuaron. La vuelta a nuestro hogar y comunidad está siendo difícil. Siguen vigilándonos, señalándonos e intimidándonos. Los ataques para silenciar a quienes trabajamos en defensa del medioambiente entorpecen nuestras labores de protección del planeta y de los derechos de las personas.

Existe un vínculo estrecho entre la devastación ambiental y las violaciones de los derechos humanos que potencian los Gobiernos y los sistemas extractivos que ellos promueven. Nuestra experiencia pone de relieve la urgente necesidad de un mayor reconocimiento y protección de activistas de la comunidad y ecologistas que luchan por la justicia climática en el mundo.

A pesar de la escalada de la crisis climática y de las promesas de los Gobiernos de alcanzar el objetivo establecido en el Acuerdo de París de limitar el calentamiento mundial a 1,5 °C, las personas defensoras de la tierra y el medioambiente cada vez sufren más las diversas agresiones con las que se intenta frenar sus esfuerzos por proteger el planeta. Al menos 1.500 de estas personas han sido asesinadas desde la aprobación del Acuerdo de París, el 12 de diciembre de 2015.

Nonhle Mbuthuma, autora del prólogo del informe y ganadora del premio Goldman de Medioambiente en 2024, comentó:  

En todos los rincones del planeta, quienes se atreven a denunciar los efectos devastadores de las industrias extractivas, como la deforestación, la contaminación y el acaparamiento de tierras, se enfrentan a actos de violencia e intimidación. Particularmente notorio es el caso de los pueblos indígenas, que son imprescindibles en la lucha contra el cambio climático y, sin embargo, año tras año sufren un número desproporcionado de agresiones.

Sin embargo, la brutalidad de esos ataques saca a la luz una realidad oculta: el poder que ejerce la gente corriente cuando se une por la justicia. Los dirigentes tienen el deber de escucharnos y garantizar que las personas que defendemos la tierra y el medioambiente podamos ponernos en pie, estemos donde estemos, sin temor a represalias. Esta responsabilidad recae directamente sobre todas las naciones ricas y con recursos del mundo.

La investigación de Global Witness sobre violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente puede descargarse en su página web.

Imagen: Julia Francisco Martínez junto a la tumba de su marido Francisco Martínez Márquez, asesinado en 2015 tras meses recibiendo amenazas de muerte por oponerse al proyecto hidroeléctrico Los Encinos (© Giles Clarke/Global Witness)

Organizaciones, estudiantes y defensores denuncian impunidad frente represión a protestas en Ciudad de México

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Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la agresión y represión que sufrieron integrantes del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac en Xochimilco – A 11 de septiembre del 2024

PorSare Frabes

Estudiantes, organizaciones sociales, comunicadores y pobladores de las alcaldías de Xochimilco y Tlalpan, al sur de la ciudad de México, denunciaron que, a casi una semana de la represión sucedida en esas demarcaciones en el contexto de protestas pacíficas, las autoridades aún no han fincado responsabilidades a los agresores, elementos policiacos, ni a funcionarios señalados como autores intelectuales de la violencia contra los manifestantes.

La mañana del pasado jueves (5), durante una protesta para exigir el cese a la criminalización, por parte de la alcaldía de Xochimilco contra la activista Hortensia Telesforo -a quien acusa del delito de despojo por participar en la recuperación de una biblioteca comunitaria-, un grupo de al menos 30 personas armadas con palos, tubos, navajas e incluso armas de fuego, atacaron a mujeres de la tercera edad, adultos mayores y jóvenes que se manifestaban en la demarcación.

Represión durante manifestación pacífica en la alcaldía Xochimilco.

Testimonios de los manifestantes resaltan que, pese a la presencia de elementos policiacos, estos no intervinieron para detener las agresiones en su contra. Peor aún, tras la represión, cinco activistas fueron detenidos y trasladados al Ministerio Público de la alcaldía de Tlalpan, a 10 kilómetros de distancia de los hechos donde, por la tarde del mismo jueves (5), colectivos solidarios se apersonaron para demandar su libertad.

El mismo jueves por la tarde aconteció una segunda represión, esta vez por parte de policías antimotines quienes encapsularon a los manifestantes e hicieron uso de violencia física, psicológica y sexual contra estudiantes, defensores de derechos humanos y comunicadores independientes, dejando un saldo de 14 personas detenidas, decenas de heridos, así como reportes de tortura y el robo masivo de teléfonos móviles.

“Fue una carnicería”, sostuvo Jorge Paez, habitante del pueblo de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, quien durante conferencia de prensa realizada este miércoles (11) compartió su testimonio ante la brutalidad de las agresiones contra las y los manifestantes.

Paez relató que fue golpeado con un arma de fuego mientras intentaba rescatar a uno de los manifestantes que era atacado tumultuariamente por el grupo de “halcones” – referencia al grupo paramilitar del mismo nombre, creado durante la década de los sesentas y coordinada por directivos policiacos para reprimir manifestaciones. Destaca su involucramiento en la masacre del 10 de junio de 1971 donde asesinaron a participantes de una manifestación estudiantil en la Ciudad de México.

“Es lamentable de un Estado supuestamente democrático que pueda hacer esto”, condenó el activista quien también sostuvo que dentro de los responsables se encuentra Víctor Muñoz, operador político de la alcaldía, vinculado al narcotráfico por denuncias de habitantes, e hijo del funcionario del mismo nombre quien funge como Director de Gobierno de la alcaldía de Xochimilco. 

Otros manifestantes señalan a trabajadores de la alcaldía como las personas que son contratadas como “golpeadores”. Alejandro Velázquez, integrante del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac, enfatizó que entre los funcionarios involucrados está el Director Jurídico de la Alcaldía, Francisco Pastrana, así como el Director General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Guerrero de la Cruz, así como la propia alcaldesa en funciones Juana Onésima Delgado.

Esta agresión se suma a otras previas ejecutadas contra habitantes organizados en la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco quienes desde el año 2014 realizan acciones en la defensa de su territorio. Destaca su lucha contra la construcción de un puente vehicular en Cuemanco, así como por las omisiones de los gobiernos para proteger el medio ambiente y el agua del área natural protegida de Xochimilco. 

Resalta la represión violenta, por parte de un operativo con mil elementos policiacos en diciembre del 2022, contra pobladores de San Gregorio quienes se manifestaban en contra de las obras hidráulicas del Colector Actopan, el cual afectaría el servicio de agua potable en la demarcación, lo que dejó un saldo de 24 heridos y en cuyo momento se denunció el actuar del alcalde Carlos Acosta, sin que fuera sancionado por lo hechos represivos.

Represión sin castigo

Por su parte Karen Castillo, integrante del Observatorio Memoria y Libertad, señaló que los eventos represivos del pasado 5 de septiembre son “solo el aviso de lo que nos espera en el siguiente sexenio, comandado por una mujer que por seis años criminalizó, reprimió y encarceló a defensores de derechos humanos, al movimiento feminista, a la comunidad de Xochimilco, a la comunidad Otomí”. 

Castillo relató que, mientras se encontraba documentando la represión policiaca en Tlalpan, fue agredida por al menos 30 policías varones, quienes también detuvieron y torturaron a periodistas independientes. Ante ello, calificó lo sucedido en la mañana en Xochimilco y en la tarde en Tlalpan como “un crimen de Estado al haber participación, colusión y omisión de múltiples agencias del Estado mexicano”, por lo que denunció que el caso sigue en total impunidad. 

Conferencia de prensa realizada el miércoles 11 para denunciar la impunidad tras los hechos represivos acontecidos al sur de la CDMX. Fotos: Regeneración Radio.

Por esto responsabilizó al jefe de gobierno, Martí Bartres, debido a que hasta el momento los funcionarios identificados como los principales agresores no han sido suspendidos de sus cargos.

Estudiantes, perseguidos

Jóvenes estudiantes, quienes acudieron al MP de Tlalpan para solidarizarse contra la represión en Xochimilco, compartieron que fueron objeto de agresiones e intento de homicidio, así como de secuestro y tortura. Uno de los 14 estudiantes retenidos por elementos antimotines aseguró que la violencia de los policías tenía la intención de dejar lesiones para inhabilitarlos como se evidencia en las heridas que se repiten en los cuerpos de varios jóvenes detenidos.

A su vez, denunciaron que, por medio de violencia, elementos policiacos les obligaron a dar datos personales, sin que existiera un proceso formal dentro de los protocolos judiciales. Esto, denuncian, es particularmente grave ya que señalan que durante los días posteriores se han suscitado seguimientos y acoso de policías, vestidos de civil, contra jóvenes estudiantes a quienes les fueron sustraídos documentos de identificación y, contra quienes, posiblemente existen carpetas de investigación sin que se les haya notificado de manera oficial.

Por ello, los presentes en la rueda de prensa exigieron el cese a la criminalización contra la activista Hortensia Telesforo, así como contra los cinco detenidos en Xochimilco y hacia los jóvenes estudiantes detenidos dentro del MP de Tlalpan.

Acciones

Durante la rueda de prensa se informó que el lunes (9), 22 personas que fueron víctimas de las agresiones se presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (Cdhcm) para iniciar el largo proceso de denuncia. En el lugar realizaron certificados de lesiones como esguinces, fracturas y policontusiones que presentaron los manifestantes agredidos.

Sin embargo, dejaron claro que, a pesar de las denuncias, hasta el momento la Cdhcm aún no se ha pronunciado frente a la violencia sucedida al sur de la CDMX, por lo que exigieron que el organismo haga un llamado frente a la gravedad de los hechos. También se anunció que levantaran denuncias penales por robo, tortura y lesiones contra los elementos policiales y funcionarios que resulten responsables.Por ello, finalizaron convocando a una acción a realizarse la mañana de este jueves (12) ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para exigir diálogo con el titular de dicha dependencia

Miles marchan pidiendo paz en Chiapas

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Les compartimos este comunicado de la Arquidiócesis de Tuxtla y las Diócesis de San Cristóbal y Tapachula leido al final de la peregrinación por la paz que convocaron el pasado viernes 13 de septiembre en Tuxtla Guiterrez – A 13 de septiembre del 2024

Webinario: Plantaciones de Árboles, Mercados de Carbono y Resistencias este viernes 20 de septiembre

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Compartimos esta invitación del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM a participar en este webinario en el marco del 21 de septiembre Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles

¡ÚNETE AL WEBINARIO! En vísperas del Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles, queremos invitarles a participar en el seminario virtual “Plantaciones de Árboles, Mercados de Carbono y Resistencias”.

Viernes 20 de septiembre

7:00hs Ciudad de México, 8:00hs Bogotá, 10 hs Buenos Aires y San Pablo, 14:00hs Yaundé, 15hs Europa Central, 16:00hs Kampala, 18:30hs Nueva Delhi, 20:00hs Yakarta.

Regístrese aquí para asistir al seminario virtual por Zoom: https://tinyurl.com/bdecsfvs

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Encuentra aquí más información sobre el Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles: https://www.wrm.org.uy/es/21-septiembre