En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad,
Otros Mundos A.C.
Invita a su cine-debate:
Júba Wajiín. Resistencia en la montaña de Guerrero
Martes 15 de septiembre de 2026 a las 17.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
ENTRADA LIBRE
Sinopsis: Esta es la historia de Júba Wajiín, una comunidad indígena mé phaá, ubicada en la montaña de Guerrero, México, que siempre han tenido que luchar por mantener su territorio y su identidad. Hace unos años, su historia dio un giro al enterarse que ochenta por ciento de su territorio había sido concesionado a dos empresas mineras transnacionales, sin haberles informado ni consultado. Pero Juba Wajiin decidió dar la batalla.
Compartimos esta invitación a participar y acompañarnos a este foro donde participaremos en la segunda sesión el día 12 de septiembre
Dos árboles, una misma raíz de resistencia. El olivo palestino y la ceiba maya se encuentran para tejer raíces de memoria, análisis y solidaridad desde el sureste mexicano.
Día 1 — 5 de septiembre, 12pm
Cooperación entre el sionismo y el gobierno del estado de Chiapas
Genocidio Verde: el Ecocidio en Palestina
Iglesias evangélicas: sionismo cristiano en Chiapas
Día 2 — 12 de septiembre, 12pm
Turismo sionista, voluntariados y lavado de imagen (Héroes por la Vida)
Judaísmo y sionismo
Antifascismo, Antiimperialismo, Antisionismo
Auditorio de la Facultad de Sociales de la UNACH, San Cristóbal de las Casas, Chiapas
Desde Chiapas invitamos a la reflexión y análisis sobre el sionismo y los intereses que lo sostienen.
El pasado 20 de agosto del 2026 en el periódico El Sur de Acapulco leímos con sorpresa que el director general del INPI, el Lic. Adelfo Regino Montes, anda solicitando un voto de confianza a los pueblos originarios https://suracapulco.mx/impreso/1/pide-adelfo-regino-voto-de-confianza-a-consulta-para-crear-la-ley-general-de-pueblos-indigenas/ ante la andanada de críticas recibidas al contenido de la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Hay varios posicionamientos al respecto, de los cuales ratificamos lo siguiente. Con todo respeto para el Lic. Adelfo, le decimos que desde su llegada, no ha cambiado absolutamente nada de la añeja política indigenista implantada en México y lejos quedamos de la esperanza de establecer una nueva relación entre los pueblos originarios y el estado, en donde este, a nombre y siempre con la pretensión de uso de los pueblos sigue abrogándose la forma en la creen debemos vivir y accesar a nuestros derechos; también le decimos que usted ha sido un ferviente promotor de proyectos neoliberales en los cuales ha utilizado su mal llamado derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado para gestar el despojo del territorio a cientos de comunidades, entre ellas, pero no sólo, del sur-sureste de México (parques eólicos, Tren Maya y Transístmico, entre otros) y, por si fuera poco, traicionó la confianza que los pueblos depositamos en usted durante el proceso que derivó el “Los Acuerdos de San Andrés”.
Por otra parte, las y los integrantes del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), de los pueblos originarios Mè’phàà y Na Savi que habitamos las comunidades en las regiones de Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero, queremos manifestar nuestra postura ante la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
1.- El estado mexicano sigue teniendo reservas, prudencia y miedo para que los pueblos originarios logremos tener plenitud en el ejercicio de todos nuestros derechos inherentes en prácticamente dos temas centrales y trascendentales: la libre determinación al que consideramos nuestro derecho matriz, y el Territorio que en sí mismo es un derecho fundamental, porque sin alguno de ellos o sin los dos, el resto de nuestro derechos, que están interconectados, se desvanecen. Para que ello suceda el estado mexicano es timorato y rehúye una y otra vez declare abierta y plenamente que México debe ser un estado PLURINACIONAL y dejar en el pasado los clásicos artilugios nacionalistas de que avanzamos mucho si nos consideramos una nación pluricultural, multiétnica y plurilingüe. Si vamos a hablar de derechos hagámoslo de forma contundente, sin discriminación ni racismos, porque lo planteado en la ley sigue siendo de tipo colonialista en donde nos van “dando” derechos de forma parcial, aunque en los discursos se presuman como grandes logros. Hablemos de la nación Mè’phàà, la nación Na Savi, la nación Afrodescendiente, la nación Náhuatl, la nación Ñomndaa, etc. Sin asimetrías, con igualdad, sin discriminación con derecho propio de facto y no simulado, eso es tan sólo una pequeña parte de lo que significaría plantear la plurinacionalidad, por lo tanto, sin ella, la oferta estatal de la propuesta nos orilla a discutir “demagógica y democráticamente” derechos fragmentados, inelegibles y siempre con la fuerza que puede tener sobre el derecho de un pueblo indígena el “derecho” del bien e interés público que a simple vista, tal como se platea en el artículo 333 de dicha propuesta, sabemos desde hace siglos significa el sacrificio nuestro para el bienestar del resto de la nación.
2.- Nos han hecho creer que la CONSULTA Y EL CONSENTIMIENTO, PREVIO LIBRE E INFORMADO sea un derecho. Nosotros afirmamos que desde la aparición de ese falso derecho tanto en La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha sido utilizado en todo el mundo, incluyendo México, para provocar confusiones al mismo tiempo que genera condiciones para legitimar e incluso legalizar el despojo de los bienes naturales de los pueblos originarios, además de también haber sido útil para imponer zonas de sacrificio muy del agrado de las proyecciones neoliberales que este gobierno dice combatir, pero siempre bajo “la interpretación de un tercero” se ratifica el beneficio supremo del orden público, interés social y la famosa observancia general en todo el territorio nacional. En CRAADET no aceptamos que se nos consulte o se nos pida el consentimiento cuando el estado o un proyecto de la iniciativa privada tenga pretensiones de instalarse en nuestro territorio con elocuentes regalos de progreso y desarrollo para imponer procesos que están orientados para dañar parcial o totalmente alguno o algunos de nuestros derechos. Nos parece que pedir una consulta o un consentimiento a costa de daños de otros derechos acordando pagos de compensación o de restitución de daños es por decir lo menos ofensivo. Cabe señalar un ejemplo concreto del mal uso de la consulta y el consentimiento, es el realizado en el contexto de la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, porque violenta varios principios descritos en el artículo 6to de la misma.
3.- La Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos parece un buen manual para seguir estimulando leyes concurrentes en México. Es decir, el acceso a nuestros derechos colectivos depende de los actos de la federación, del estado y del municipio, por lo tanto, la propuesta no abona a resolver esa eterna problemática de la fragmentación normativa en la que vivimos, a la que se suma el peso del control político de los partidos y las instancias de poder político. Basta señalar un ejemplo muy común; no es lo mismo ser indígena en Oaxaca que en Guerrero, justo porque las condiciones políticas son marcadamente diferentes. Por ejemplo, en el Congreso Estatal de Oaxaca aproximadamente la mitad de las y los legisladores son de algún pueblo originario, lo que incrementa la posibilidad de establecer normas y reglamentos más cercanos a los pueblos, mientras en Guerrero no llegan a más de tres integrantes. Evidentemente si el acceso a derechos colectivos depende de mecanismos democráticos sin igualdad y equidad, los resultados serán diferenciados. La Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos plantea posturas y conceptos, pero no aborda procesos, ni formas, ni reglas, dejando de responsables a “los estados y municipios” en donde las permanentes luchas partidistas datan de una larga experiencia en la cual, no pocas veces, incluso acabamos con actos regresivos de derechos en la constitución estatal.
4.- Es un despropósito que una instancia con tan poca legitimidad como el INPI, sea quien se abrogue el derecho de avalar el ejercicio de los derechos de un pueblo, ni tampoco se trata de crear un ente que con legitimidad haga lo propio. En la misma línea cae el dictamen de improcedencia en casos de consulta y consentimiento, al que se suma también además del INPI, la secretaria de gobernación.
5.- El contenido de la Propuesta está muy lejos de ser un proceso para la construcción de una nueva relación entre los pueblos originarios y el estado mexicano, en donde las históricas asimetrías entre ambos puedan ser superadas.
6.- Nos espanta el desdibujamiento dentro de la propuesta en cuanto al TERRITORIO se refiere, ya que para nosotros es un derecho fundamental e intrínseco a la misma vida y permanencia de nosotras y nosotros como pueblos. Nada se menciona sobre la nueva territorialización encabezada por grupos del crimen organizado que están asumiendo no sólo el control del territorio y los bienes naturales, sino que además se están apropiando de las estructuras de gobernanza que tenemos, de tal manera que, asumir que la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano engrandece nuestra condición de derechos es un falso supuesto.
Cerramos diciendo que no participaremos en legitimar esta Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos porque muestra claramente nuevas vías para instrumentar el despojo de nuestro territorio y los bienes naturales que lo integran, limita nuestra acción para establecer arduos procesos basados en la libre determinación como proceso permanente orientada fortalecer nuestros procesos de autonomía y pretende una clara utilización política de nuestros pueblos para legitimar algo incorrecto. La Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos establece claramente que será el estado quien siga abrogándose la forma en la que pretendan regular nuestros derechos, porque contribuye a sostener la política indigenista lo cual evita la construcción de una nueva relación entre los pueblos originarios y el estado.
Imagen: INPI – Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
Al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A los Medios Libres y Alternativos
A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
Hoy 12 de agosto, día en que la mal llamada “Suprema Corte de Justicia de la Nación”, liberó masivamente a los paramilitares en el año de 2009, concluirá nuestra campaña, Me oy Chapanel, oy jun O´ntonal” (Si Hay Justicia, Hay Paz). Y en el lapso de los tres meses desde el 14 de mayo y hasta este 12 de agosto de 2026, seguimos en espera de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emita el Informe de Fondo del Caso 12.790 Manuel Sántiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal) y le recordamos que la impunidad y las estrategias de desgaste del Estado mexicano en los sobrevivientes, aunado a las represiones, agresiones, desapariciones forzadas, divisiones en las comunidades, así como el despojo de las tierras y territorios de los pueblos originarios, han aumentado y agravado.
No nos cansamos, no nos echamos para atrás, sino que hoy volvemos a RECORDAR y SOLICITARLE a la CIDH para que emita ya el Informe de Fondo del caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otra Masacre de Acteal. Dicho Caso la interpusimos junto con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) desde el año 2005, en el cuál expusimos y entregamos suficientes pruebas de los hechos ocurridos más crueles en el campamento Civil Por la Paz “Los Naranjos”, evidenciando que la Masacre de Acteal, es el mismo Estado mexicano la planeó, financió y que es consecuencia de la estrategia de guerra de contrainsurgencia diseñado durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León.
El Estado mexicano a través de sus agentes encargados de generar conflictos en las comunidades para desgastar nuestra lucha por la justicia, la resistencia y la construcción de nuestra autonomía. Así como recientemente el 7 de agosto del presente, fueron privados de manera arbitraria e ilegal dos miembros de Las Abejas en la comunidad Nuevo Yibeljoj: Eusebio López Guzmán y José A. Jiménez Pérez, acusados y multados sin ningún fundamento jurídico. Ante esta larga oscuridad de impunidad, de injusticias, de violencias y de asesinatos; nuestra esperanza crece y nos va abriendo caminos de luz para seguir adelante en la construcción de la justicia de la Masacre de Acteal.
Está claro que los 3 niveles de gobierno en vez de tener voluntad política para aplicar la justicia verdadera, sólo profundiza las injusticias y genera caos y crisis de derechos humanos a nivel nacional. Uno de los ejemplos indignantes es la insensibilidad y desatención de parte del gobierno federal hacia las madres buscadoras de México.
Ante la coyuntura política actual, traemos a la memoria para recordar más claramente que este 12 de agosto se cumplen 17 años la liberación masiva de los paramilitares autores materiales de la Masacre de Acteal, por decisión de la Suprema Corte de Ricos y Criminales o la mal llamada “Suprema Corte de Justicia de la Nación” (SCJN). Esa fecha en que la dizque “Casa Máxima de Justicia”, liberó a los asesinos de nuestros padres, madres, hermanas y hermanos; hermanitas y hermanitos. Este hecho de corrupción judicial nunca la olvidaremos, porque en vez de escuchar nuestra palabra y testimonios de lo que pasó realmente el día 22 de diciembre de 1997, optó por abrirle la puerta a la impunidad, sellar con la ignominia un Crimen de Lesa Humanidad, optó por escuchar y liberar a los autores materiales la mayoría confesos y sentenciados de entre 30 y 35 años de condena. Es por eso que este día 12 de agosto es importante y ha quedado ya escrito en libros y plasmado en imágenes, en cantos y poesías y es el motivo que en esta fecha decidimos cerrar nuestra campaña: Me oy Chapanel, oy jun O´ntonal” (Si Hay Justicia, Hay Paz).
Aunque hasta la fecha la CIDH no haya emitido el Informe de Fondo, no vamos a quedar callados, no vamos a conformarnos con nada, porque es nuestro derecho seguir solicitándolo y así lo haremos. Mucha gente en varias partes del mundo, sus ojos y su corazón están puestos en Acteal, en exigencia de la justicia y también están en la espera del anhelado Informe de Fondo.
Le preguntamos a la CIDH ¿hasta cuándo vamos a esperar la emisión del Informe de Fondo? Porque mientras se sigan tardando, más se enraíza la impunidad, se agrava el desgaste en los sobrevivientes de la Masacre de Acteal, varias personas peticionarias del Caso 12.790 Manuel Sántiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal) se han muerto y se fueron con la esperanza de encontrar la justicia.
A pesar de la larga oscuridad e impunidad de la Masacre de Acteal, nuestros retoños, nuestras esperanzas y horizonte de alegría y de luz, son las nietas y nietos de las víctimas y familiares de los sobrevivientes de la Masacre de Acteal, que ya van creciendo, que ya van tomando conciencia y abriendo caminos para denunciar y exigir la justicia verdadera que tanto deseamos y que no siga siendo una utopía, sino que se haga realidad muy pronto.
Por ahora es toda nuestra palabra, pero antes de cerrar queremos agradecer a todas las mujeres y hombres quienes estuvieron atentas, difundieron y compartieron en sus espacios y para que nuestra campaña: Me oy Chapanel, oy jun O´ntonal” (Si Hay Justicia, Hay Paz), tuviera eco y conocimiento. Así mismo a las y los periodistas, comunicadores, fotógrafos, a todas las personas de buen corazón, que han caminado junto a nosotras y nosotros en este arduo caminar por la Verdad y la Justicia, gracias por su colaboración y difusión de nuestra campaña. Y decirles que aunque la campaña se cierra este día, no quiere decir que aquí se acaba nuestra solititud a la CIDH en la emisión del Informe de Fondo, iremos haciéndolo mes con més, hasta que se logre el Lekil Chapanel, el cual Las Abejas de Acteal va por su parte construyendo desde abajo en lo que hemos nombrado La Otra Justicia.
Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, la construcción de la justicia verdadera y de la paz, sigue adelante.
¡Vivan los Mártires de Acteal!
¡Viva la Paz!
¡Viva la lucha activa No-violenta!
Atentamente.
La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Representantes de los tres niveles de gobierno y secretarías, han dicho que “no habrá imposición de la presa Milpillas”, que “si no hay consenso, no se hace”. Sin embargo, como Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco hemos denunciado cómo estos funcionarios públicos dicen una cosa, y en los hechos hacen otra cosa, pues no han respetado la voluntad de los ejidos y comunidades río abajo, expresada en las asambleas ejidales, en las marchas y en la Reunión Pública de los Pueblos, que hemos realizado en la cabecera municipal para expresar nuestro rechazo al proyecto de la presa.
En lugar de escuchar, dichos funcionarios condicionan los servicios municipales y la atención a las demandas concretas de la población de la región a cambio del apoyo al proyecto de la presa, todo esto con la intención de dividir a los habitantes de los ejidos y comunidades, al mismo tiempo que estigmatizan y ponen en riesgo la labor que realizan las y los defensores del río; han despedido a compañeras de sus trabajos por haberse solidarizado con el Movimiento; han utilizado información en manos de algunos funcionarios públicos para intentar desacreditar a defensoras de derechos humanos en nuestras comunidades; se ha hostigado a ejidatarias y ejidatarios para que cambien su postura. Y a pesar de todo, ejidos y comunidades que conformamos el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco reiteramos el NO A LA PRESA MILPILLAS, pero ahora en los tribunales.
Los ejidos El Potrero, Atotonilco, Corrales y Estancia de Guadalupe; las comunidades río abajo Las Bocas y Carretas; particulares del ejido La Lagunita, Atotonilco y El Potrero; así como representantes de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; recurrimos ahora a los tribunales con la finalidad de hacer valer nuestros derechos frente a la autorización que de manera condicionada otorgó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de su Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) a la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto conocido como Presa Milpillas; una autorización que, y esto es importante destacarlo, vulnera nuestro derecho humano a un medio ambiente sano, nuestro derecho al agua, los derechos de las personas mayores y de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como nuestros derechos de acceso a la información, participación pública y decisión agraria.
La resolución de la SEMARNAT, la cual se hizo desde la “perspectiva ambiental”, parece que no consideró la estrecha relación entre el medio ambiente y la vida humana, ni mucho menos que el lugar en el que pretenden construir la presa es el territorio que habitan miles de personas de carne y hueso, cuya vida está ligada, cultural y materialmente, al libre movimiento del río Atenco.
El aval que le dio la SEMARNAT al proyecto de la presa Milpillas, a través de su DGIRA, no nos resulta nuevo, pues hemos visto cómo esta dependencia, que supondría la defensa del medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos, no sólo ignora, sino que litiga en contra de la voluntad de los pueblos que se oponen a los megaproyectos y la destrucción del medio ambiente en otras regiones de la amplia geografía de nuestro país, otorgando permisos ambientales que, en los hechos, se traducen en destrucción ambiental que luego padecen los pueblos. Nuestro caso no ha sido la excepción, pues dicha dependencia ignoró sistemáticamente la voluntad de los ejidos y comunidades afectadas, las pruebas y las investigaciones realizadas por especialistas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quienes han demostrado la inviabilidad técnica, ambiental, económica y socialmente, del proyecto, al mismo tiempo que han dado una alternativa menos costosa y con una proyección a largo plazo para resolver el déficit de agua en la Zona Conurbada Zacatecas Guadalupe y la sobreexplotación de los mantos acuíferos de la región.
Ahora que estamos en el camino de los tribunales, sabemos que el camino es desigual y lleno de tropiezos, por decir lo menos. Por tal motivo, nosotras y nosotros no quitamos el dedo del renglón, y seguiremos expresando nuestro rechazo a la Presa Milpillas en las asambleas ejidales y en las calles. Finalmente, hacemos un llamado a los impartidores de justicia que resuelvan conforme a derecho, y no conforme a consigna, en relación con los actos violatorios de derechos humanos perpetrados por la SEMARNAT, y otras instancias federales y estatales, otorgando no sólo la suspensión provisional sino la definitiva.
MOVIMIENTO EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y DEL RÍO ATENCO
Compartimos esta convocatoria a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA
El día 12 de septiembre, el Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco, el Observatorio de Conflictos Mineros en Zacatecas (OCMZ) y la Red Mexicana de Afectados/as por la Minería (REMA) llevaremos a cabo una manifestación pacífica en Jiménez del Teúl, Zacatecas, contra la imposición de la presa Milpillas y a favor de la defensa del río Atenco.
A través de este medio hacemos un llamado a organizaciones sociales, colectivos, comunidades aliadas, académicos, artistas, periodistas y medios de comunicación comunitarios a sumar su voz en apoyo a la marcha. Sabemos que nuestro movimiento no está solo y que somos muchos y muchas las que protegemos los ríos y los territorios en México. Las y los ejidatarios están ejerciendo su derecho legítimo a la libre autodeterminación, es por ello que les invitamos a:
Enviar cartas públicas de apoyo dirigidas a las autoridades federales, estatales y municipales solicitando se garantice el derecho a manifestarse pacíficamente, sin intimidaciones ni represalias.
Difundir en redes sociales mensajes de respaldo a la marcha y al derecho de los pueblos a decidir sobre su territorio #DefendamosAlRíoAtenco #NoALaPresaMilpillas #TerritoriosLibres
Reiterar públicamente que la movilización es pacífica y que la defensa del río es un derecho legítimo e inalienable.
Compartimos este comunicado de la Mesa Agraria del Ejido Carrizalillo a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 1 de julio de 2026
El pasado 25 de junio en las oficias de la Secretaría de Gobernación en la CDMX, se llevó a cabo un evento para la formalización de los acuerdos relacionados con la operación de la mina canadiense Equinox Gold, ubicada en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero. Al respecto, como ejido de Carrizalillo queremos puntualizar algunos elementos que nos parece importantes darlos a conocer:
Como representantes del Ejido de Carrizalillo NO asistimos a ese acto.
Para nosotros la firma del convenio no es un acto para celebrar, puesto que el convenio acordado entre nuestro ejido con la empresa canadiense, el cual entrará en vigor este próximo 01 de julio, representa graves regresiones en todos los temas relaciones con la renta de las tierras y el convenio social. Nuestra población se encuentra molesta y además ahora nos toca vivir en lo cotidiano las secuelas internas gestadas durante ese proceso.
Las regresiones de las pretensiones en ambos convenios -de tierras y social-, provinieron de un proceso socio-político en contra de nuestro ejido por parte de los operadores políticos estatales, municipales y la representación de la comisión de minería del estado de Guerrero, quienes olvidaron su papel para con los pueblos, o al menos para con el nuestro, y se volvieron operadores de los intereses empresariales, lo cual azuzó, acalló y nunca atendieron las violaciones flagrantes a nuestros derechos, a pesar de haberlas denunciado durante toda la etapa del conflicto con la empresa. En ese contexto, la presencia de las y los representantes del estado de Guerrero en la formalización de los acuerdos, sin duda alguna inhibió acreditar nuestra participación.
Vimos que al evento asistió el Sr. Darren Hall, presidente de Equinox, quien durante todo el conflicto guardó silencio de las denuncias que le hicimos llegar, y con ello justificó por decirlo suavemente, las inadecuadas actuaciones de sus operadores, en especial del Ing. Hugo Vergara, quien reiteradamente realizó, entre otros sucesos, actos racistas y discriminatorios para con nuestra población. Evidentemente ir al evento a estrechar su mano en “gratitud” para nosotros no era opción.
Nos disculpamos con las y los representantes de Gobernación, Semarnat, Profepa y la Procuraduría Agraria, quienes desde el primer momento que les solicitamos su intervención nos abrieron las puertas y trabajaron con respeto y cercanía con nosotros, de tal manera que su trabajo fue muy importante para quitarnos las presiones de las que éramos objeto por parte del estado y con ello se facilitó que la empresa dejara su silencio y presiones para reiniciar con las conversaciones, que sin bien fue complejo y ríspido, sirvió para reaperturar el diálogo, detener el incremento de disputas y finiquitar el conflicto.
Como ejido es importante decirle a la opinión pública que no estamos ni orgullosos ni contentos de haber firmado este convenio claramente regresivo a los logros que habíamos logrado antes. Pero para nosotros ya no hay opción, porque TODO NUESTRO TERRITORIO está ocupado por la empresa, y ante la inviabilidad, técnica, política y financiera de recuperarla ambientalmente o la imposibilidad de aspirar legalmente a tener beneficios justos, no nos queda más que seguir viviendo entre la simulación del discurso de la responsabilidad social empresarial y la irrealidad de los estándares ambientales, por lo tanto, estamos muy lejos de aspirar a lograr una justicia social y ambiental porque sabemos, en carne propia, que el desarrollo económico está y seguirá desvinculado de ello, y por ello, ese es el costo que por el momento lo cargaremos nosotros, aunque también sabemos que en algún momento, al final del viaje, lo “tendrá que cargar” el gobierno mexicano.
Siempre fuimos respetuosos de la toma de decisiones de los núcleos agrarios de Mezcala y Xochipala, pero para nosotros nunca significó alinearnos a sus acuerdos, por lo tanto, siempre fue un sinsentido de la empresa y del gobierno estatal creer en un convenio tripartita, mismo que no ocurrió, aunque en el evento así se sugiere.
Cerramos diciendo que ahora empezará un nuevo ciclo y la empresa ya celebra y proyecta grandes logros y crecimiento de la extracción de oro, aunque en la vida real, para las comunidades esos “beneficios” quedarán estáticos por los próximos 20 años.
Desde el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco nos pronunciamos enérgicamente contra la versión periodística publicada hoy por El Sol de Zacatecas y que ya tiene réplica en otros medios, que presenta como una «primicia» el supuesto aval ambiental de la presa Milpillas por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Esta información, filtrada de manera ventajista y sin un sustento legal, por parte de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) del Estado, lejos de ser un logro, constituye una muestra más de las gravísimas inconsistencias que rodean a este proyecto, pues la titular de la SAMA, Susana Rodríguez Márquez, está dando a conocer una determinación que, al día de hoy, no ha sido hecha pública de manera oficial por la SEMARNAT, lo que evidencia una clara intención de simular avances y presionar a los ejidos.
La funcionaria Susana Rodríguez Márquez carece de legitimidad moral y legal para hablar de transparencia en este proceso, pues ella figura como autora intelectual en las diversas denuncias que hemos interpuesto como Movimiento por las acciones de hostigamiento y presión para la realización de compraventa de terrenos privados bajo coacción, así como por los intentos de convencer a las autoridades comunitarias para reunirse con ella para tratar el tema de la presa milpillas. Todos estos hechos son inadmisibles y Susana Rodríguez en otras ocasiones ha arremetido en nuestra contra y minimizado nuestro movimiento.
Condenamos que una persona con este tipo de señalamientos y procesos pretenda engañar a las y los zacatecanos y violente los derechos humanos y agrarios de las y los
campesinos de la región, con esta supuesta “primicia” que deja ver más la opacidad del proyecto de la presa Milpillas más que su transparencia, pues no es posible entender cómo la titular de SAMA afirma el aval al proyecto de la presa antes de que la SEMARNAT lo publique en la Gaceta Ecológica, si no es para simular avances y presionar a los ejidos en un contexto que, además, se empieza a ensuciar con las mentiras y promesas electorales.
Asimismo, denunciamos que la Secretaría del Agua y Medio Ambiente ha intentado generar la falsa impresión de que existen acuerdos o permisos con las y los ejidatarios. La realidad es contundente: no existen permisos ni autorizaciones otorgadas en los ejidos de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales. La propia funcionaria ha reconocido que las negociaciones con los núcleos ejidales serán «complejas», pero lo que omite decir es que esta complejidad deriva de la firme oposición de las comunidades, que han manifestado su rechazo rotundo al proyecto.
Lamentamos profundamente que Susana Rodríguez Márquez se haya encargado sistemáticamente de querer dejar de lado a las y los ejidatarios, desconociendo sus derechos agrarios y la voluntad popular expresada en el «No a la Presa Milpillas». Su actuar revela una vocación autoritaria que menosprecia la autodeterminación de los pueblos, al tiempo que privilegia los intereses de grandes corporaciones por encima del derecho humano al agua y a un medio ambiente sano.
Hacemos un llamado a las autoridades federales y estatales para que actúen con estricto apego a la legalidad y a los principios de transparencia y respeto a los derechos humanos. Exigimos:
Que la SEMARNAT se pronuncie de manera oficial y pública sobre el estatus del Manifiesto de Impacto Ambiental, sin filtraciones ni simulaciones.
El cese inmediato de cualquier acto de hostigamiento, coacción o presión contra las y los ejidatarios de la región.
El respeto irrestricto a la decisión de las comunidades, que han dicho NO a la presa Milpillas, y el inicio de un diálogo genuino que ponga en el centro la vida, el territorio y el agua.
Nosotras y nosotros, los pueblos, comunidades y ejidos, quienes somos los que decidimos sobre nuestra tierra y nuestros territorios, les decimos claro y fuerte: ¡Aquí no hay, y no habrá, permiso para la presa Milpillas! Somos ejidos con una decisión clara expresada a través de nuestros sistemas normativos internos, y por usos y costumbres, y nuestra decisión es que no hay permiso para la muerte; no a los megaproyectos como la presa Milpillas. Esta es una respuesta para la titular de SAMA, y para todos aquellos funcionarios que siguen queriendo imponer el proyecto de la presa, lanzando “primicias” que buscan pasar por encima de nuestros derechos humanos, sobre nuestra libre determinación y sobre nuestra tierra: ¡Aquí no habrá presa Milpillas!
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA en felicitación del Frente por su larga lucha durante estos 11 años, desde Otros Mundos nos unimos al reconocimiento – A 22 de junio 2026
La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) envía fuertes abrazos solidarios y felicitaciones al Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de Junio”, que este año cumple 11 años en pie de lucha y en defensa del territorio en los municipios de Escuintla y Acacoyagua, Chiapas, y 10 años del campamento que logró frenar la ampliación de las operaciones de la mina El Puntal S.A. de C.V.
El campamento sostenido por las comunidades fue un momento decisivo en la historia del Frente, porque permitió detener el avance de una empresa minera cuando ya existía la Mina Cristina, que ya había causado daños en el territorio. Al mismo tiempo, se fortaleció una red comunitaria de vigilancia para impedir nuevos ingresos de maquinaría, empresas y proyectos que amenazan los ríos, la salud y el medio ambiente. Desde este momento han demostrado que la presencia territorial, los acuerdos comunitarios y la organización comunitaria da capacidad para responder a las amenazas extractivas.
A iniciar su lucha, en Acacoyagua y Escuintla se identificaban dos minas operando y 21 concesiones mineras autorizadas que abarcan la zona de influencia del bosque de niebla de la Reserva de la Biosfera del Triunfo hasta los manglares de La Encrucijada. Actualmente, permanecen vigentes 8 concesiones mineras, 5 en Acacoyagua y 3 en Escuintla. Esta reducción no puede separarse de los esfuerzos constantes del Frente para ejercer su autodeterminación y también para hacer presión sobre las autoridades ambientales por los grandes daños que la minería estaba generando en los ríos Cacaluta, Doña María y Cintalapa, y en la salud y la alimentación de la zona.
Gracias a las labores del Frente, el cabildo del municipio de Acacoyagua se ha declarado libre de minería y ha reafirmado su decisión en administraciones consecutivas. Además, cinco ejidos y bienes comunales se han declarado “Territorios Libres de Minería”, ejerciendo su autodeterminación a través de sus asambleas.
A 11 años de su conformación y 10 del campamento comunitario, el FPDS estará celebrando su historia y reafirmando su papel frente a un contexto en el que la minería, los proyectos de infraestructura como la línea K del Corredor Transístmico, los proyectos de monocultivos de palma aceitera o bananeras siguen poniendo en riesgo la vida de los ríos y la salud de la población.
Celebramos, admiramos y agradecemos a los hombres y mujeres, y a la niñez y juventud del Frente por seguir en la lucha, cuidando sus tierras bellas no solamente ante la latente amenaza de la minería, sino también ante otros proyectos energéticos y de infraestructura asociados al extractivismo en la región costa de Chiapas.
Durante estos últimos 11 años, el FPDS ha sostenido su organización mediante asambleas, acuerdos comunitarios, actas, recorridos, denuncias y cinco declaratorias de municipio libre frente a la minería y otros proyectos extractivos. Estas acciones han sido parte de un proceso de defensa territorial que sigue vigente ante un contexto en el que las empresas buscan avanzar sobre los bienes comunes del Soconusco.
Por eso, este aniversario será un momento para celebrar la memoria de la lucha y reafirmar el papel del Frente en la defensa del agua, los ríos y el territorio. A 11 años de organización y 10 años del campamento, el FPDS mantiene su compromiso con la vigilancia comunitaria y con la decisión colectiva de los pueblos de proteger la vida en el Soconusco.
¡Solidaridad y felicidades por su lucha para territorios libres del extractivismo!
Compartimos esta nota de Fuera de lugar de Desinformemonos – A 20 de junio de 2026
Texto y Fotos: Xolotl
San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Con el objetivo de visibilizar la situación actual en Palestina y recaudar fondos de apoyo, este sábado 20 de junio se llevó a cabo el torneo de fútbol “Otro mundial es posible: Por Palestina”.
El evento, organizado por la colectiva Acción Palestina Chiapas en las instalaciones de la cervecería local Naufragio, reunió a familias, jóvenes y diversas personas de la comunidad local en una jornada que combinó el deporte con el apoyo social.
Durante la actividad se desarrollaron partidos en la modalidad de “retas” de 5 contra 5, contando con una participación destacada de niños, niñas y adultos que formaron equipos de manera abierta. De manera simultánea, se instaló una kermés con venta solidaria de comida, tacos y cerveza, cuyos fondos recaudados serán destinados íntegramente a iniciativas de apoyo para la población palestina.
La jornada transcurrió en un ambiente de convivencia familiar y comunitaria, donde los asistentes compartieron el espacio deportivo y sumaron esfuerzos en torno a la causa solidaria.
Compartimos este pronunciamiento de la lucha por el río Atenco ante el proyecto de la presa Milpillas – A 10 de junio de 2026
Los ejidos y las comunidades río abajo que conformamos el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, nos pronunciamos contra las declaraciones del titular del poder ejecutivo en el estado de Zacatecas, quien de manera tendenciosa manifestó, en La Informativa de Zacatecas (08 de junio de 2026), que “…no va a quitar el dedo del renglón porque la presa Milpillas es el proyecto más noble de la humanidad, pero que le da mucha tristeza que por politiquerías y gente extraña al estado, se haya opuesto a ese proyecto y que no se respete lo que tanto ha costado al país, la democracia.”
Al respecto, nosotros quisiéramos puntualizar lo siguiente:
En primer lugar, nosotras y nosotros no somos “gente extraña al estado”. Somos habitantes de ejidos y comunidades que hemos manifestado nuestro rechazo al proyecto de la presa Milpillas; somos gente del campo arraigada a la tierra y el territorio que se niega a ser sacrificada por un proyecto inviable técnica, económica, social y ambientalmente; somos esa gente que, en más una ocasión, ha sacado de nuestro territorio a distintos funcionarios de su gabinete, a funcionarios de CONAGUA, a actores políticos oportunistas, e incluso a usted mismo.
También somos esa gente que ha denunciado la criminalización hacia nuestra lucha, así como el hostigamiento y amenazas hacia nuestras compañeras y compañeros, por parte de su administración que, al igual que las administraciones pasadas, no ha quitado “el dedo del renglón” en lo que se refiere a las agresiones estatales.
En segundo lugar, nosotras y nosotros señalamos que, si usted y la administración que encabeza estuvieran realmente afligidos por la democracia en nuestro país, entonces no insistirían en ir en contra de la voluntad de los pueblos expresada en las asambleas ejidales, en las cuales se ha dicho NO a la presa Milpillas, lo cual se ha hecho ya reiteradamente por 10 años, señalando su inviabilidad técnica, económica, social y ambiental.
En tercer lugar, también somos esa gente que vemos cómo en muchas geografías de nuestro país, los gobiernos de la llamada 4T y de su Segundo Piso, están impulsando megaproyectos extractivistas y neoliberales, pasando por encima de las decisiones de los pueblos afectados, sin importarles la destrucción del medioambiente. Por tal motivo, nos hermanamos con las luchas de otras geografías que, al igual que nosotros, luchamos contra estos megaproyectos extractivistas y neoliberales en los tiempos del Segundo Piso de la 4T.
Finalmente, quisiéramos manifestar que aquí resistimos desde hace 10 años, sin rendirnos y sin vendernos, y seguiremos haciéndolo hasta no ver cancelado definitivamente el proyecto de la presa Milpillas. Tampoco nosotros quitamos “el dedo del renglón” para decir fuerte y claro: ¡No a la presa Milpillas!
¡Gobierne quien gobierne, la tierra y el territorio se defiende!
