Omisión, Inoperancia y Discriminación de las Autoridades Federales y de la CDMX, Al eludir la Defensa de los bosques de la Comunidad de Topilejo

Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la defensa de uno de los pocos pulmones en la Ciudad de México – A 30 de noviembre 2021

Hace unas semanas las autoridades agrarias de la comunidad originaria de San Miguel Topilejo, Alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México, junto con varios brigadistas cuando realizaban un recorrido de supervisión y vigilancia por el paraje “Tepeyehual” que corresponde al territorio comunal de ellos mismos, fueron sorprendidos y atacados a balazos por los talamontes que se encuentran saqueando el bosque de uno de los pulmones forestales más importante de la CDMX. Lamentablemente ello no ha sido un hecho aislado, pues esta problemática de saqueo lleva ya varios años, a pesar de que la comunidad ha realizado diversas denuncias desde por lo menos el 2018, ante diferentes instancias federales y de la CDMX, quienes sólo han atendido de forma tenue y pávida esta creciente y cada vez más grave problemática que dista mucho de los grandes discursos de protección de la naturaleza que la titular de medio ambiente fue a expresar a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26). No hay nada de cercanía entre el discurso y la realidad en un país lleno de sombras para los defensores ambientales.

Según el estudio de doctorado que lleva por nombre “Brigadas Comunitarias para la Conservación y Gestión de los Recursos Forestales en San Miguel Topilejo, Tlalpan Ciudad de México” (*), de las 10,000 Has de propiedad comunal, 6,000 Has pertenecen a Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica (ACCE) y Reserva Ecológica Comunitaria (REC) que han sido destinadas a la preservación, protección y restauración de la biodiversidad sin manejo forestal, por estar dentro del área de veda forestal de la CDMX. Sin embargo, como lo dice el mismo estudio la principal causa que deteriora el bosque de esta comunidad es la tala clandestina (82%). Los datos son contundentes respecto a la tala ilegal: “en México se estima que el 70% del mercado nacional de madera tiene procedencia ilegal”, y en ese contexto, a tres años de este gobierno autodenominado trasformador, se le agota el tiempo y se va haciendo añejo el discurso de echarle la culpa a los gobernantes neoliberales que le antecedieron. La tala ilegal es un acto de falta de procuración de justicia, de total impunidad y de la colosal descomposición de las instituciones que saben que ello ocurre y ni antes ni ahora hacen nada para resolverlo.

En la Alcaldía de Tlalpan, la cual es la segunda con mayor superficie de suelo de conservación en la CDMX, sólo después de Milpa Alta, la política de conservación y gestión de los bosques son operados a través de un programa de brigadistas encargados de vigilar, controlar y combatir incendios forestales, así como saneamiento del bosque y reforestación. Sin embargo, en los Bienes Comunales de San Miguel Topilejo, el saqueo está llegado también a niveles alarmantes de violencia, ya que tanto los brigadistas como las autoridades agrarias han sido amenazados de muerte por grupos delincuenciales y últimamente, como sucedió el 4 de noviembre, ya les dispararon a matar (https://desinformemonos.org/denuncian-atentado-contra-defensores-del-bosque-de-san-miguel-topilejo/). Pareciera que el gobierno de la ciudad y el gobierno federal esperan a que una gran desgracia ocurra para hacer una rueda de prensa y avisar que ahora si llegará la seudopoderosa Guardia Nacional, esa misma que ahí en Topilejo literalmente no ha servido para nada

Las autoridades de Topilejo han interpuesto más de 40 denuncias ante diferentes instancias de gobierno como Profepa, DGIVA, Semarnat, Sedema, Conafor, CNDH, Gobierno de la CDMX (Claudia Sheinbaum), Alcaldía de Tlalpan, CORENA, Gobierno Federal (Andrés Manuel López Obrador), quienes eventualmente han mandado a grupos, en algunas ocasiones con Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional para hacer recorridos, pero sin ningún plan o protocolo o concurrencia efectiva. De hecho, no ha habido ningún detenido a pesar de que a algunos funcionarios incluyendo a la guardia nacional sí les han tocado enfrentamientos. La Guardia Nacional y el Ejército se agazapan con la población de Topilejo bajo el argumento de que no tienen “órdenes” para actuar, que la orden suprema es “abrazos y no balazos” y, literalmente se han puesto por detrás de los comuneros y brigadistas cuando ha habido confrontaciones.

Esta situación no es de ahora, “En octubre de 2018 se realizó una reunión en San Miguel Topilejo a la que acudieron representantes de ejidos y comunidades de las alcaldías que cuentan con Suelo de Conservación dentro de sus territorios. En dicho evento se denunció que a pesar de haber atrapado y asegurado a talamontes y teniendo evidencia de sus delitos, las autoridades no procedieron penalmente contra ellos, dejándolos en libertad”. (*)  Esta falta de acción pero sobre todo de solapamiento del crimen por parte de las autoridades responsables del ambiente y de la seguridad ciudadana cada vez genera más y más descontento, porque la vulnerabilidad, el riesgo y el miedo se incrementa entre las autoridades comunitarias y los brigadistas, quienes están dispuestos a exponer hasta su vida por defender el bosque, porque tanto el gobierno de la ciudad como el federal continúan gobernado con discursos que son igual a los que realizaban sus antecesores.

El 6 de octubre las autoridades agrarias de Topilejo se presentaron ante la Semarnat en donde recibieron una nueva promesa para atender el problema. Fue la misma titular la Lic. María Luisa Albores quien nombró a Javier Lara como comisionado especial para atender el caso, prometiendo que aplicarían una “estrategia que ha funcionado en otros lados” (sic). Se agendó una reunión de continuidad y la dependencia solicitó a los comuneros toda la información del caso, misma que les fue enviada inmediatamente. No obstante, la Semarnat nunca les mencionó en qué consistía la tan efectiva estrategia, ni tampoco volvieron a saber nada de ellos, aunque vale la pena resaltar que, al margen de la ignominia de la respuesta y continuidad del trabajo, al día siguiente de la primera reunión de las autoridades de Topilejo con la Semarnat la propia secretaria titular la Lic. María Luisa Albores, pronta envió a las redes su twitter mostrando fotos del encuentro y diciendo que se había reunido con las organizaciones para resolver sus problemas, tal cual de estéril a su otrora discurso realizado en la COP26 mostrando al mundo el respeto y reconocimiento que dice tener para el resguardo que hacen los pueblos de la naturaleza. La vida real pone a cada cual en su lugar. 

No es la primera vez que mencionamos que la Semarnat ha estado llevando a cabo una política dual entre el cuidado y la destrucción de la naturaleza, igual hace promoviendo en viles actos de simulación la participación  de los pueblos bajo la falsa argumentación de los derechos de consulta, a la vez que también reparte a sus funcionarios en aquellos sitios en donde la población alza la voz, para mostrar que está pendiente de los procesos, cuando en realidad gana tiempo y administra los conflictos, mientras la destrucción de la naturaleza avanza y el asesinato y criminalización de las y los defensores de la naturaleza se incrementa. En el tema ambiental el señor López Obrador tiene razón: la 4T no es igual a la de sus antecesoras, porque las cifras muestran más asesinatos de defensores que nunca.

Es ofensivo ver el contenido de las páginas web de todas estas instituciones con grandes acciones en defensa de la naturaleza, líneas de atención ciudadana y hasta teléfonos para la presentación de denuncias. Todas promueven programas, leyes y piden y exigen a las comunidades corresponsabilidad para proteger los bosques, sin embargo, cuando comunidades, como San Miguel Topilejo, asumen, no de ahorita ni por mandato sino históricamente, el compromiso de proteger, conservar y restaurar los bosques, y estas le piden apoyo al gobierno para detener el saqueo, en el mejor de los casos, les toman nota para establecer un ofensivo “seguimos pendientes de su caso”.

 Desde la REMA, condenamos enérgicamente la soberbia y endeble o nula respuesta de las autoridades federales, de la CDMX y de la Alcaldía de Tlalpan, quienes lo único que hacen con su inacción es fortalecer la continuidad de la impunidad el saqueo y la falta de procuración de justicia que tanto pregonan todos los días. En consecuencia, el mensaje hacia los grupos del crimen organizado es que pueden seguir actuando con total libertad, sin importar los costos sociales que ello genere, mismos que al final del día serán argumentados como confrontaciones entre grupos armados ilegales.

Hoy está más claro que nunca antes… en México defender la naturaleza puede costar la vida.

La población de Topilejo está muy cerca de sufrir un ataque de fatales consecuencias y ante esa alta probabilidad, responsabilizamos a las autoridades de la Semarnat, Profepa, Sedema, Conafor, CNDH, CORENA, Alcaldía de Tlalpan, a Claudia Sheinbaum, a Andrés Manuel López Obrador, a la Guardia Nacional, porque todos ellos, sabedores de sobra del tema, continúan gobernando entre la simulación, el desprecio hacia los pueblos que dicen amar y proteger, y la soberbia que da tener el poder y no saber cómo utilizarlo ante diversos grupos criminales.

Hacemos un llamado urgente a las organizaciones y habitantes de la Ciudad de México para se mantengan alertas y apoyen a Topilejo, porque su bosque es uno de los últimos reductos que se tienen en la ciudad para limpiar el tóxico ambiente motriz en que se vive. Este gran bosque está siendo saqueado por grupos del crimen organizado y la vida de las/os defensores del bosque está corriendo un enorme riesgo, a pesar de que el gobierno municipal, de la CDMX y todas las instancias del ramo federal lo saben y no hacen nada.

Hacemos un llamado de alerta máxima también a las organizaciones internacionales para que sean solidarias y mantengan atención y exijan a las autoridades mexicanas atender este caso antes de que pueda terminar en una gran tragedia. Al margen de ello, lo dicho en la COP26 por la Lic. María Luisa Albores es una ofensa suprema.

ORGANIZADOS PAREMOS AL MODELO EXTRACTIVO

LAS/OS DEFENSORES DEL BOSQUE DE TOPILEJO DEFIENDEN A TODA LA CIUDAD DE MÉXICO

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)

Imagen: Proceso

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Cómo una moneda comunitaria en México se convirtió en una “utopía realizable” en tiempos de crisis económica

Compartimos esta nota publicada en Actualidad RT sobre el Túmin – A 17 de noviembre del 2021

A más de once años de que comenzó a circular el túnim, hay más de 2.200 socios que están distribuidos en 20 estados del país latinoamericano.

Una revolución financiera a nivel comunitario comenzó a gestarse en 2010 en el norte del estado de Veracruz, cuando productores del municipio Espinal decidieron crear el túnim —que significa “dinero” en lengua totonaca—, una moneda que les ofreció sortear la falta de pesos mexicanos derivado de las constantes crisis económicas y que fue la mejor alternativa para incentivar el comercio y la producción local. 

“Porque hay productos, pero no hay dinero, entonces la gente no puede hacer uso de ellos porque no hay un papelito. Entonces decidimos hacer nuestros propios papelitos y con eso comprarnos nuestros propios productos”, explica Juan Castro, maestro de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) y uno de los cofundadores del túmin

Este proyecto de autonomía comunitaria y economía solidaria inició cuando productores, estudiantes y académicos de la UVI, del Centro de Investigación Intercultural para el Desarrollo (Ciides) y de la Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH) reunieron 3.000 pesos (unos 243 dólares al tipo de cambio del momento) e imprimieron billetes de túnim para 100 socios iniciales

Moneda comunitaria túnimCortesía Facebook: @monedatunim

A diferencia de lo que sucede con el trueque, esa herencia prehispánica que consiste en el intercambio de alimentos, el túnim permitió facilitar los acuerdos entre agricultores, artesanos y comerciantes,sin las discrepancias que conlleva ponerle un valor a diferentes productos. 

“Yo quiero tus manzanas, pero tú no quieres mis tomates, entones ya no hubo un trueque. Pero con el túnim que yo te doy, tú vas y compras lo que quieres, no se detiene el comercio“, explica Castro. 

Venta de artesanías donde aceptan túnim en mercado de Papantla, estado de VeracruzCortesía Facebook: @monedatunim

Los comercios y mercados que aceptan esta moneda usualmente tienen letreros con las leyendas: “Aquí se recibe túnim” y “Aceptamos túnim”. Estos carteles también resumen, en unas cuantas palabras, la razón de ser de este proyecto: “El túnim es nuestro derecho“, “Viva la economía de los pueblos” y “Otro mundo es posible“. 

A más de once años de que los fundadores del proyecto imaginaron otro mundo posible, actualmente hay más de 2.200 socios que están distribuidos en 20 estados de México. El túnim es aceptado para la compra de alimentos y bebidas; de artesanías; de medicamentos y productos naturistas; de calzado; como moneda válida para cortarse el cabello; y hasta las bodas o festejos de XV años. 

Además, el profesor de la UVI cuenta a RT que los ayuntamientos de Espinal y Teotitlán del Valle (Oaxaca) son socios y es posible pagar con túnim el predial y las multas.

Monedas de túnim en MéxicoCortesía Facebook: @monedatunim

“Cualquier persona puede inscribirse al Túnim, vendiendo lo que venda, no hay una restricción en cuanto al producto, que tenga que ser de determinada calidad o tipo, como sí sucede en las monedas comunitarias”, refiere Castro. 

PGR investiga el túnim

En 2011, el Banco de México (Banxico) solicitó a la extinta Procuraduría General de la República (PGR) que investigara si los usuarios del túnim incurrían en un delito federal al supuestamente sustituir la moneda oficial —el peso— por la alternativa comunitaria. Los socios y fundadores respondieron que se trataba de un acuerdo civil, de uso libre y voluntario

El asunto quedó zanjado y más allá de ese incidente, Castro dice que no han tenido más hostigamiento por parte del gobierno federal, estatal o municipal.

Difícil implementar una persecución cuando “todo funciona de nuestros propios bolsillos, no depende de un gobierno, sino de los propios socios y de la solidaridad ciudadana”, apunta el académico de la UVI. 

Actualmente, hay unas diez monedas comunitarias, de acuerdo con Castro. Para el académico, la implementación del túnim destaca porque se basa en dos principios que chocan con el sistema capitalista: la confianza y la solidaridad. 

Después de once años de ver un sueño hecho realidad, Castro concluye que la implementación del túnim en México ha sido “una utopía realizable”.

Imagen: Facebook Moneda Túmin

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Las Abejas de Acteal son reconocidas en su lucha por 35 Organizaciones Nacionales e Internacionales con el III Premio Mariano Abarca

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México 27 de Noviembre 2021

En el 12vo Aniversario del Asesinato del Defensor Mariano Abarcar en una emotiva ceremonia en la tierra sagrada de Actel fue entregado por la Familia Abarca el III Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas Mariano Abarca a la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal para reconocer su lucha pacifica por la vida y el territorio.

El “PREMIO A LA DEFENSA AMBIENTAL MARIANO ABARCA reconoce año con año a la comunidad, colectivo u organización del Estado de Chiapas, México, con su lucha por la defensa de los derechos de la naturaleza defienden a su pueblos, y nos defienden a todas y todos, que dignifican la vida, que hacen que no perdamos la esperanza de que Otros Mundos son posibles. Este Premio es avalado por 35 organizaciones nacionales e internacionales.

La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal es un grupo autónomo en resistencia que lucha pacíficamente para reivindicar sus derechos, construir su autonomía y para defender sus tierras y territorios. Desde su creación en 1992 por indígenas tsotsiles de ocho comunidades del municipio de Chenalhó, Chiapas, su objetivo fundamental es luchar contra las injusticias

A lo largo de toda su existencia Las Abejas han dado testimonio de paz, justicia, libertad y también de denuncia y protesta. Las Abejas buscan caminos en la construcción de la soberanía alimentaria, de acceso al agua y a la justicia en medio de un contexto por demás adverso. Han frenado la exploración petrolera en una comunidad y continúan luchando por sus derechos humanos, el derecho a la salud, la educación, a la comunicación, y a territorios libres de violencia. En la región de Los Altos de Chiapas son la organización que ha visibilizado el problema de las represas en el contexto de los proyectos hidroeléctricos Itzantún, Chinín y Chacté.

Por su postura a favor de los derechos humanos y contra la injusticia, los integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal han sido perseguidos, hostigados y amenazados constantemente. A pesar de ello, no han dejado de ser, al mismo tiempo, espacio de refugio para todas aquellas familias y colectivos que sufren persecución. Su postura irrenunciable a favor de las causas más nobles, los ha hecho blanco de agresiones muy graves, la última el pasado 5 de julio de 2021 con el asesinato de Simón Pedro Pérez López, ex Presidente de la Mesa Directiva de Las Abejas, considerado un importante líder y defensor de los derechos humanos.

Con la participación de colectivos y organizaciones chiapanecas fue entregado este reconocimiento a las 24 comunicades de 3 minucipios de los Altos de Chiapas pertenecientes a la Socierdad Civil Las Abejas de Acteal. En el acto se pidio #JusticiaParaSimónPedro y #JusticiaParaMariano, así como también se recordó el legado del Defensor Chiapaneco Mariano Abarcar iniciador de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Mineria REMA. También se expreso la solidaridad internacional para Las Abejas de Acteal y la familia de Simón Pedro con la recolección de un millón 9,015 firmas en una petición para exigir a las autoridades mexicanas exclarecer el asesinado de Simón Pedro y castigo a los responsables materiales e intelectuales.

En seguida les compartimos las palabras de la Sociedad Civil.

Pronunciamiento de Las Abejas de Acteal

Hermanas y hermanos:

Desde esta Tierra Sagrada saludamos a todas aquellas organizaciones que luchan por la vida y el Territorio, defendiendo a la Madre tierra, que generosamente nos da lo necesario para sobrevivir cada día, en contra de los intereses de los poderosos que sólo quieren extraer sus riquezas y usarla para generar más y más ganancias, aunque la dejen estéril y destruida, condenando a muerte a todos los vivientes del planeta.

Nuestro corazón se siente contento hoy porque 35 Organizaciones, Movimientos y Colectivos de México y otros países del mundo pensaron en nosotros para reconocer una lucha que hacemos día con día– y que aún es muy pequeña- desde hace casi 29 años, como Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, ayudando a cuidar y proteger nuestro Territorio. Nuestros esfuerzos se han tejido en una red muy grande, un movimiento por la defensa de la vida, que hoy trae a muchos compañeros y compañeras hasta nuestra sede para celebrar con nosotros la entrega de este premio a la defensa ambiental, que se hace cada año para nunca olvidar a nuestro hermano Mariano Abarca, quien fue perseguido, encarcelado y asesinado por la empresa minera canadiense BlackFire hace exactamente 12 años, por participar en la lucha y resistencia colectiva y organizada de su pueblo contra las afectaciones a su vida y a sus tierras, por la extracción de un mineral que se llama Barita, en Chicomuselo, Chiapas. Nuestra propia historia nos ha llevado a un camino muy parecido al suyo y hoy les decimos que no nos vamos a cansar de seguir su ejemplo.

Desde diciembre de 1992, nuestra organización se fundó en el proceso de lucha del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas por sacar de la cárcel a 5 catequistas tsotsiles de nuestro municipio que fueron culpados de asesinato a base de mentiras, para espantar y desanimar a quienes, como ellos, se atrevían a hablar abiertamente de las injusticias que cometía el gobierno en nuestras comunidades mayas tsotsiles. Tras lograr su liberación con Peregrinaciones, plantones, ayuno y oración, esta experiencia donde vimos que unidos tuvimos más fuerza y contamos con el apoyo de otras organizaciones solidarias para liberar a nuestros compañeros, los participantes decidimos conformarnos como Organización de la Sociedad Civil, identificarnos como “Las Abejas” y nombrar representantes en cada una de nuestras comunidades, de modo que pudiéramos informarnos y defendernos juntos de los problemas que vivimos, como la amenaza a los pueblos campesinos que ya se veía venir con la reforma al Artículo 27 que emprendió Carlos Salinas y el inicio de la parcelación y posibilidad de venta de las tierras colectivas. Es así como en 1993, nos organizamos para resguardar el territorio frente a la amenaza de la exploración para extracción de petróleo en nuestras tierras y cerros. El gobierno estaba enviando comisiones de exploración a nuestros terrenos comunales, sin tomarnos en cuenta ni pedirnos permiso. Hermanos de los municipios de Pantelhó, Chalchihuitán y Chenalhó nos organizamos para hacer marcha- peregrinación, orar e ir a rezar con nuestros ancianos a los cerros sagrados para pedirle a sus protectores que ayudaran a cerrarle el paso al gobierno, para que nos dejaran en paz. Fue así como pudimos parar esa invasión, ya que al ver los resultados de los estudios, los ingenieros encontraron agua en vez de petróleo.

Ese año también supimos que el gobierno preparaba un Tratado de Libre Comercio con otros países para ponerse de acuerdo con ellos y facilitarles venir por nuestras riquezas (oro, petróleo, grava, etc.), lo que quiere decir, despojarnos de nuestras tierras y contaminarlas. Fue en 1994 que escuchamos que sejuntaron los zapatistas para taparles el camino y que se levantaron el 1º de enero de ese año. En el proceso de guerra que siguió, nosotros dejamos claro que somos civiles sin armas, y demandamos que hubiera diálogo para tomar acuerdos y parar la guerra, con diferentes acciones dentro y fuera de nuestras comunidades, lo que no le gustó a los priístas y cardenistas de nuestro municipio. El no colaborar con la guerra contrainsurgente del gobierno contra el EZLN y actuar organizadamente en el camino de la lucha no violenta, nos costó ser perseguidos, tener que vivir desplazados de nuestras comunidades por varios años y ver cómo paramilitares de los partidos políticos mencionados, asesinaron con tanta crueldad a nuestras 45 hermanas, hermanos y otros 4 hermanitos más pequeños que ultrajaron aún antes de nacer, el 22 de diciembre de 1997, asesorados, financiados y encubiertos por altos funcionarios de los tres niveles de gobierno y el Ejército mexicano. Desde entonces, Las Abejas nos hemos fortalecido con la sangre de nuestros Mártires y la solidaridad de muchos hermanos que se han identificado con nuestro dolor y nos hemos animado mutuamente. Tal es el caso de nuestros hermanos tseltales y ch’oles de “Xinich” en Palenque, con los que juntos organizamos una Peregrinación a pie hacia la Basílica de Guadalupe en 2001 para pedirle a la Jme’tik -la Vírgen, que es nuestra madre- y al Estado Mexicano, que respetaran los Acuerdos firmados en San Andrés con el EZLN, para dar lugar en la Constitución Mexicana al derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, y con ello, el respeto a nuestra vida y Territorios. Por los caminos de esta lucha no violenta, también hemos podido ir a solidarizarnos de distintas maneras con varios hermanos y hermanas que se resisten a abandonar su tierra, sus casas y su modo de vivir, amenazados por los intereses capitalistas, como los compañeros de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en el estado de Jalisco, que siguen en lucha contra la Presa El Zapotillo; o los compañeros del Consejo de Autoridades Agrarias de la Montaña de Guerrero, donde precisamente acudió representando a Las Abejas de Acteal nuestro hermano Simón Pedro, ex-presidente de la Mesa Directiva de nuestra organización, quien fue cobardemente asesinado el pasado 5 de julio por no cansarse de trabajar por la defensa de los derechos humanos, y seguir siempre preocupado por buscar caminos no violentos para apoyar a los pueblos que defienden su tierra contra la violencia del crimen organizado, las minas, las presas y los grandes mega-proyectos.

Queremos aprovechar para decirle a la Fiscalía Indígena y a la Fiscalía General de la República que hoy hay miles de ojos mirando cómo están procesando el caso de nuestro hermano Simón Pedro, y que, como hemos demostrado por casi 24 años sin rendirnos en la exigencia de la justicia en el Caso de la Masacre de Acteal, jamás dejaremos de demandar que se encuentre y castigue a los verdaderos autores materiales e intelectuales de su asesinato. Hoy también invitamos a todas las organizaciones solidarias a que nos acompañen y apoyen en este camino, sobre todo para poder cumplir nuestra promesa de nunca abandonar a la familia de Simón Pedro, nuestro hermano.

Hermanas y hermanos, aunque nos siguen asesinando, nos siguen persiguiendo, nos han querido silenciar y nos han querido exterminar, nosotros seguimos y seguiremos aquí, guardando la memoria y luchando de manera no violenta, con la palabra y la verdad como única arma. También queremos decirle hoy a la familia de nuestro hermano Mariano Abarca que su memoria y su lucha siguen vivas a través de nuestras voces, a través de nuestras denuncias y de nuestra resistencia. Y que sepan que seguiremos apoyando la lucha por que en su caso puedan tener el consuelo de la justicia.

¡Mariano Vive! ¡Simón Vive! ¡Vivan las Abejas de Acteal!

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza,
Atentamente
La Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

>>Descargar Pronunciamiento en pdf<<

Carta enviado al Gobierno de México exigiendo #JusticiaParaSimónPedro

>>Descargar carta en pdf<<

>>Descargar petición solidaridad para Simón Pedro en pdf<<

Felicitaciones a la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Este reconocimiento esta avalado por 35 organizaciones nacionales e internacionales enlistadas a continuación :

  • Canadá: Alianza por la Justicia Minera (MJA), Comité por los Derechos Humanos de América Latina (CDHAL), Comité de Acción para la Justicia Minera (MJAC), Consejo de los Canadienses, Derechos en Acción, Fondo Humanitario de Steelworkers, Fondo de Justicia Social por la Alianza del Servicio Público de Canadá (PSAC), Fronteras Comunes, Grupo de Monitoreo Internacional de las Libertades Civiles (ICLMG), Inter Pares, Kairos Iniciativas Ecuménicas Canadienses por la Justicia, MiningWatch, Red de Solidaridad contra la Minería Injusta (MISN), Unidos por la Justicia Minera.
  • Estados Unidos: Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Instituto de Estudios Políticos (IPS) -Proyecto Sobre la Economía Global, Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA), Servicio Mundial Judío Estadounidense (AJWS).
  • México: Amnistía Internacional México, Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), Fundación Ambientalista Mariano Abarca (FAMA), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Otros Mundos Chiapas, Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM), Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).
  • Honduras: Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
  • América Latina: Amigos de la Tierra América Latina y El Caribe (ATALC), Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL), Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Arboles (RECOMA).
  • Cataluña: Entrepueblos.
  • País Vasco: Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)– Paz con Dignidad.
  • Alemania: Salva la Selva/Rettet den Regenwald.
  • Internacional: International Rivers.

Galería de fotos de la III Entrega del Premio a la Defensa Ambiental Mariano Abarca

Fotografías: Área de comunicación Otros Mundos

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Justicia de Género y Desmantelamiento del Patriarcado

Compartimos este material de Amigos de la Tierra Internacional en el marco del #25N Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres – a A 25 de noviembre del 2021

Las mujeres se ven desproporcionadamente afectadas por la injusticia ambiental, el cambio climático, las catástrofes climáticas y la explotación de los bienes naturales. Es especialmente el caso para las mujeres de color, mujeres campesinas e indígenas, las mujeres LBTQ y mujeres trabajadoras. Pero no somos víctimas. Somos luchadoras. Las mujeres somos protagonistas de la defensa de nuestros territorios y de la lucha por la autonomía de nuestros cuerpos, vidas y fuerza de trabajo.

Amigos de la Tierra Internacional considera que solo es posible lograr la justicia social y ambiental mediante una transformación radical de nuestras sociedades. Luchamos para que haya justicia y para liberarnos de todos los sistemas que desvalorizan y explotan a las mujeres, los pueblos y el medioambiente, tales como el patriarcado, el racismo, el (neo)colonialismo, la opresión de clase, el capitalismo y la heteronormatividad. Estos sistemas no pueden enfrentarse de forma aislada; ellos se refuerzan mutuamente en su afán constante de acumulación material y en beneficio y en función de los privilegios de las élites sociales.

Fiona Ranford, Amigos de la Tierra Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte

“El modelo económico capitalista y neocolonial actual, basado en la extracción violenta de recursos naturales refleja una peligrosa jerarquía de valores: prioriza el crecimiento por sobre el sustento, la producción más que la reproducción, el Norte por encima del Sur global, y lo masculino antes que lo femenino. Es un modelo patriarcal que socava las condiciones necesarias para sostener la vida misma, que refuerza y depende de los roles socialmente construidos de las mujeres como dispensadoras de cuidados, a fin de ocultar sus costos devastadores.”

Fiona Ranford, Amigos de la Tierra Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte

Amigos de la Tierra está comprometida a luchar por la justicia de género a lo largo y ancho de nuestra federación, y por el desmantelamiento del patriarcado en nuestras sociedades.

Entendemos el feminismo anti capitalista de base como un concepto teórico y una herramienta política clave en esta lucha por la autonomía de las mujeres, por la igualdad entre las mujeres y los hombres, entre los pueblos, y entre los pueblos y la naturaleza. Pretendemos demostrar en la práctica que este feminismo puede construirse y se está construyendo desde la base, de abajo hacia arriba, que es relevante para todas las mujeres y hombres, y que refleja la diversidad regional y diferentes realidades.¿Por qué hablamos de justicia de género y de desmantelar el patriarcado?

Las/os participantes del Grupo de Trabajo internacional de ATI sobre Justicia de Género y Desmantelamiento del Patriarcado explican por qué este trabajo es tan importante para Amigos de la Tierra Internacional y para nuestra lucha a favor del cambio de sistema:

Silvia Quiroa, CESTA / Amigos de la Tierra El Salvador

“En nuestra Federación tenemos que luchar [por justicia de género y por el desmantelamiento del patriarcado] porque en nuestros territorios, países y regiones sufrimos todas las formas de opresión, injusticia, desigualdad y violencia contra las mujeres, degradando nuestras vidas y no permitiendo que avancemos como civilización. Un cambio de sistema tal y como lo hemos definido en Amigos de la Tierra requiere nuevas formas de relacionarnos entre hombres y mujeres, con igualdad de oportunidades en lo social, político, económico y cultural.”

Silvia Quiroa, CESTA / Amigos de la Tierra El Salvador

Peruth Atukwatse, NAPE / Amigos de la Tierra Uganda

“Terminar con el patriarcado, especialmente en África, es para mí como ponerle punto final a la mayoría de las contrariedades cotidianas más sentidas por las mujeres, entre ellas la opresión, la negación de sus derechos y la falta de poder de decisión. No podemos esperar nada, más que de nosotras mismas. Si como federación le decimos NO al capitalismo y sus pilares profundamente arraigados, entonces primero tenemos que desterrar el patriarcado que alimenta al capitalismo para así permitir la participación igualitaria de todas y todos nosotros en la lucha.”

Peruth Atukwatse, NAPE / Amigos de la Tierra Uganda

Dipti Bhatnagar y Martín Drago, de los programas de ‘Justicia climática y energía’ y ‘Soberanía alimentaria’

“Como coordinadores/as de los programas de Amigos de la Tierra Internacional consideramos que la justicia de género y el desmantelamiento del patriarcado son esenciales para lograr el mundo justo y equitativo por el que abogamos. De la misma forma que luchamos por la soberanía alimentaria, la justicia climática, la justicia económica y la protección de nuestra biodiversidad, nuestros pueblos y comunidades, entendemos la necesidad de integrar la justicia de género en el trabajo de nuestros programas.”

Dipti Bhatnagar y Martín Drago, de los programas Justicia Climática y Energía & Soberanía alimentaria

Rita Uwaka, ERA / Amigos de la Tierra Nigeria

“El trabajo relativo a la justicia de género y desmantelamiento del patriarcado es la solución a las crecientes injusticias de género que se dan en nuestro interior y a nuestro alrededor. Este trabajo es clave para lograr un ambiente justo y sustentable para los pueblos (en los ejes de trabajo, en los lugares de trabajo, en las comunidades) y el planeta. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Somos mujeres, somos africanas. Somos Amigas de la Tierra. ¡No habrá justicia de género ni cambio de sistema sin nosotras!”

Rita Uwaka, ERA / Amigos de la Tierra Nigeria

Rizwana Hasan, BELA / Amigos de la Tierra Bangladesh

“Los factores y sistemas que conducen a la explotación de los recursos naturales también apuntalan el patriarcado y dan lugar a violaciones contra las mujeres, generando injusticia y desigualdad. Como federación que trabaja para cambiar de sistema y fomentar la justicia, tenemos que trabajar para erradicar todas las relaciones de poder sin equidad e injustas, incluido el patriarcado, y debe avanzar hacia el empoderamiento de las mujeres y garantizar que puedan tener acceso irrestricto a los recursos naturales y fortalecer su autonomía económica, política y de sus cuerpos dentro de nuestras organizaciones y sociedades.”

Rizwana Hasan, BELA / Amigos de la Tierra Bangladesh

Ivana Kulic, The Center for Environment / Amigos de la Tierra Bosnia y Herzegovina

“Como mujer y activista ambiental considero que para lograr la justicia climática es clave desmantelar el patriarcado. El capitalismo se apoya en el sistema patriarcal debido a que está abocado a oprimir a las mujeres y subyugar su fuerza de trabajo y sus cuerpos para beneficio del capitalismo. Debemos visibilizar el vínculo entre la explotación de la naturaleza y la opresión de las mujeres. Tenemos que hacer conciencia de que si nuestro objetivo es terminar con el capitalismo, esa lucha tendrá que incluir la lucha por el desmantelamiento del patriarcado, y que todos nuestros problemas ambientales, sobre los derechos de las mujeres y las personas trans y los derechos de los/as trabajadores/as…todos tienen su origen en la misma causa, y que sólo podremos eliminarla y solucionar estos problemas si trabajamos solidariamente, lado a lado.”

Ivana Kulic, The Center for Environment / Amigos de la Tierra Bosnia y Herzegovina

Karin Nansen, Presidenta de Amigos de la Tierra Internacional

“Amigos de la Tierra Internacional se ha comprometido a un cambio del sistema que conlleva la lucha contra el patriarcado y por la justicia de género, y por lo tanto, exige poner fin a la explotación de los cuerpos y el trabajo de las mujeres. Para nosotros/as, sólo será posible lograrlo cuando se reconozca a las mujeres como sujeto político, se ponga fin a la violencia contra las mujeres y la negación de sus derechos, y se revierta la división sexual del trabajo, que constituye la base material de la explotación y dominación patriarcal. En el marco de nuestro compromiso, construimos alianzas con organizaciones feministas de base, con la Marcha Mundial de Mujeres y con las Mujeres de La Vía Campesina, que al igual que nosotras luchan por un cambio de sistema.”

Karin Nansen, Presidenta de Amigos de la Tierra Internacional

Petición para exigir Justicia para Berta

Compartimos esta petición del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) sobre #JusticiaParaBerta – A 19 de noviembre 2021

El día 5 de julio del presente año, la sala primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal de la ciudad de Tegucigalpa, conformada por las juezas Joselyn Donaire , Esther Carolina Flores y juez José Anaim Orellana, emitieron fallo de culpabilidad (bit.ly/3pEX1As) contra Roberto David Castillo por su responsabilidad como coautor del asesinato de Berta Cáceres.

A 5 meses del fallo condenatorio contra David Castillo, el Poder Judicial sigue sin dictar la sentencia, incumpliendo el artículo 369 del Código Procesal Penal que hace referencia a que la sentencia tuvo que emitirse inmediatamente después del fallo.

El COPINH solicita apoyo a Organizaciones Nacionales e Internacionales para firmar la siguiente petición y exigir al Poder Judicial la pronta sentencia contra Castillo, y que proceda con los autores intelectuales del crimen de nuestra compañera Berta Cáceres.

Puedes firmar la petición AQUI

Petición en Ingles

On July 5 of this year, the First Chamber of the Sentencing Court with National Jurisdiction in Criminal Matters in the city of Tegucigalpa, formed by judges Joselyn Donaire, Esther Carolina Flores and Judge José Anaim Orellana, issued a guilty verdict (bit.ly/3pEX1As) against Roberto David Castillo for his responsibility as co-perpetrator of the murder of Berta Cáceres.

Five months after the conviction of David Castillo, the Judiciary has still not issued the sentence, in violation of Article 369 of the Code of Criminal Procedure, which states that the sentence must be issued immediately after the verdict.

COPINH requests support from National and International Organizations to sign the following petition and demand the Judiciary the prompt sentencing against Castillo, and to proceed with the intellectual authors of the crime of our comrade Berta Cáceres.

You can sign the petition HERE

Más información:

Zoques de Esquipulas Guayabal, denuncian ataque armado de tsotsiles que quieren despojarlos de sus tierras

Compartimos esta nota de Chiapas Paralelo sobre el más reciente ataque a lo pueblo zoque en el norte de Chiapas – A 22 de noviembre del 2021

Indígenas zoques de la comunidad Esquipulas Guayabal, municipio de Chapultenango, denunciaron hoy que fueron atacados y expulsados de sus casas, por un grupo armado de indígenas tsotsiles que les disputan más de 2 mil hectáreas de tierras que les adjudicó un tribunal agrario.

Tras varios años de disputa, el pasado 21 de octubre, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 3 con sede en Tuxtla Gutiérrez, resolvió anular una asamblea de los indígenas tsotsiles que se habían adjudicado unas tierras que habían sido dejadas por zoques tras la erupción del volcán Chichonal en 1982.

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Los pobladores originarios, tras la erupción del volcán el domingo 28 de marzo de 1982 fueron desplazados, cientos de sus moradores desaparecieron y fallecieron enterrados en las cenizas y materiales pétreos que sepultó al pueblo por completo ubicado al pie del Chichonal.

Cuando regresaron a ocupar sus tierras, estas ya estaban ocupadas por tsotsiles, por lo que empezaron una disputa en los tribunales y tras varias décadas, por fin el pasado mes de octubre ganaron el litigio y se adjudicaron las tierras.

Esto no dejó conforme a los tsotsiles, que este domingo 21 de noviembre, a un mes de la resolución, llegaron armados con rifles y machetes para desalojar a los pobladores de Esquipulas Guayabal y expulsaron a los pobladores, hombres, mujeres, ancianos, niñas y niños, que huyeron despavoridos tras el ataque a balazos.

Aunque no se ha precisado el número y los nombres de ellos, señalan que hay muertos y desaparecidos. Los zoques poseen unas dos mil 300 hectáreas de tierras que ahora los indígenas tsotsiles quieren arrebatarles a balazos.

Agregan además que este grupo armado quemó varias casas de los pobladores zoques. Muchos fueron detenidos por este grupo armado y otros más des dispersaron en las montañas de los alrededores.

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La  Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, de la Provincia Franciscana en el Sureste de México y el Centro de Derechos Humanos Rayón, Chiapas denunció “estos lamentables  acontecimientos, sucedidos este 21 de Noviembre del presente, en la comunidad del Ejido Guayabal, en Chapultenango”.

Dijo que “hombres armados llegaron disparando en contra de la población dejando varios heridos, entre ellos niños y mujeres, violentando totalmente sus Derechos Humanos”.

Y que antes estas agresiones, exigieron a las autoridades Federales y Estatales “su intervención inmediata y se realicen  las acciones correspondientes y pertinentes conforme a Derecho”.

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“Exigimos la paz y la seguridad para todas nuestras Comunidades, familias y toda persona ante todo los más vulnerables”, dijo Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, de la Provincia Franciscana en el Sureste de México y el Centro de Derechos Humanos Rayón.

El grupo señala que estos indígenas tsotsiles armados llegaron desde un pueblo llamado Rincón Chamula, encabezados por algunas personas identificadas como Andrés “N”, Elías López, Alejandro Morales Valencia, Moisés Domínguez Bautista, Fermín Ávila, María Ávila y otros.

Esta domingo, cuando el Centro de Lengua y Cultura Zoque denunció en sus redes sociales el ataque armado, el Secretario de Protección Civil en Chiapas, Luis Manuel García Moreno, reviró en un comentario: “Deberían reportar primero a la autoridad local antes de la comunidad internacional”.

A lo que ese Centro de Lengua y Cultura Zoque respondió: “El Coordinador Juridico del Ayuntamiento de Chapultenango, Luis Miguel Pérez Recinos tiene conocimiento de los hechos por denuncias directa de la población afectada; asimismo, a las 15:00 se reportó el incidente a la delegación regional de Protección Civil de Pichucalco encontrándonos con la respuesta de que «no tienen ordenes de nada». Se buscó al delegado Francisco Velazco Cantoral, tampoco lo encontramos. ¿algún otro aviso? PD: Por lo visto, en Facebook se atienden mejor los asuntos y son más atentos con la «comunidad internacional»

Más información:

Defensoras de la tierra: mujeres indígenas mexicanas reflexionan ante la COP26

Compartimos esta nota de Distintas Latitudes sobre la participación de Mujeres en la COP26- A 11 de Nov

Una delegación compuesta por 10 mujeres indígenas de México, conocidas como las Defensoras de la Tierra, acudió a la COP26 para exigir que se escuchen las voces de los pueblos que defienden el medio ambiente y el territorio. ¿Qué hacen, qué piensan y qué desean? Te contamos. 

Texto:  Julieta Bugacoff (Argentina, 1997)
Fotos: @futurosindigenas #CopCollab26

En los grupos de Telegram conformados por activistas que acudieron a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático hay una queja recurrente: los problemas de accesibilidad al mayor evento de discusión mundial sobre cambio climático. Para ingresar al centro de convenciones es necesario hacer colas de hasta dos horas, y hay una única entrada por la que deben pasar más de 15.000 personas por día. 

Pero no es el único problema: pocos días antes del inicio del evento, la Presidencia de la COP26 —ejercida por el Reino Unido— anunció que limitaría el número de observadores que pueden presenciar las salas de negociación. De esa forma, elementos como la transparencia en los procesos y la democratización de la información quedaron vedados de manera sistemática para la mayoría de los asistentes. Una puerta demasiado chica, ante un problema muy grande, constituye una gran metáfora de lo que las organizaciones sociales dedicadas a la problemática ambiental vienen denunciando hace años: la inclusión de la sociedad civil es escasa.  

Este año, una delegación compuesta por 10 mujeres indígenas provenientes de México conocidas como Defensoras de la Tierra acudió a la COP26 en Glasgow, Escocia, para exigir que se escuchen las voces de los pueblos que defienden el medio ambiente y el territorio. El principal reclamo de Mitzy Violeta Cortés, Rosa Marina Flores Cruz, Wilma Esquivel Pat, María Tzuc Dzib, Wendy Monserrat, Miryam Vargas, Erika Hernández Mariaca, Florina Mendoza Jiménez y Armanda García Carrillo es el reconocimiento de los pueblos indígenas como defensores del 80% de la biodiversidad en el planeta, y su inclusión en los procesos de toma de decisión. En las últimas dos semanas, el grupo participó en varias charlas y movilizaciones masivas. Aquí te contamos sus objetivos, reclamos, así como las contradicciones que ven con el actual gobierno mexicano. 

Itaxavi Mendoza pertenece a la comunidad Ñuu savi, de Oaxaca. Comenzó a involucrarse con el activismo ambiental después de percibir las consecuencias del extractivismo minero en su territorio. Poco después, decidió meterse de lleno en la defensa del agua, luego de que su pueblo sufriera un desplazamiento forzado. La activista -especializada en la recuperación de la lengua y la memoria territorial- es una de las Defensoras de la Tierra que fueron a Glasgow este año. Para ella, Glasgow es el escenario perfecto para trazar redes con otros referentes ambientales, y conocer las problemáticas presentes en su territorio: “buscamos generar alianzas que permitan fortalecer cada lucha y así conformar una fuerza mayor capaz de contrarrestar las imposiciones de la COP26 ”, afirmó. 

En 1982, el activista afroamericano Benjamín Chavir, definió el racismo ambiental como la manifestación de la discriminación racial en la elaboración de políticas medioambientales y la aplicación de reglamentos y leyes. Para él, la selección deliberada de comunidades racializadas para la instalación de residuos tóxicos, la sanción oficial de la presencia de venenos u otros contaminantes que ponen en peligro la vida de una población y la exclusión sistemática de las personas negras en el liderazgo de los movimientos ecologistas, son manifestaciones claras de esta dimensión. En la actualidad, el término está más vigente que nunca, y es fundamental para comprender planteos como el de Defensoras de la Tierra. A propósito de esto, Mendoza comentó: “Los efectos del racismo en torno a la crisis climática son devastadores. Los pueblos originarios cuidan el 80% de la biodiversidad del planeta, y excluirlos de la toma de decisiones sobre las soluciones para mitigar los efectos de la crisis climática va a derivar en una catástrofe. El panorama es crítico”.

Pero no solamente se trata de exclusión o discriminación. Según el informe anual 2019-2020 elaborado por Amnistía Internacional (AI), Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para los defensores de los derechos humanos y, en particular, para quienes protegen los derechos a la tierra, el territorio y el ambiente. De los 304 asesinatos a nivel mundial, 23 ocurrieron en México. El país se ubica en el tercer puesto entre los más riesgosos de la región, sólo siendo superado por Colombia (106) y Honduras (31). La violencia de género también está presente en los números: el 13% de los defensores asesinados fueron mujeres. 

Miryam Vargas es otra de las mujeres que forman parte de Defensoras de  la tierra. Tiene 33 años, es de origen nahua (de la región cholulteca), en México, y forma parte del Frente de Pueblos Puebla-Tlaxcala-Morelos. Trabaja como periodista, y suele cubrir temas relacionados al cuidado del territorio y los procesos de resistencia. En relación a los problemas ambientales de su región, explicó: “Las empresas y los gobiernos están organizados y tienen estrategias muy claras de ataque hacia los defensores del territorio. Una práctica común es generar condiciones de violencia dentro de las comunidades para que cuando lleguen los proyectos que pueden resultar dañinos para el medio ambiente, se produzca una crisis social, el tejido comunitario esté roto, y sea más fácil instalar un negocio sin la necesidad de atravesar asambleas.”

Además de la violencia a líderes territoriales, en México hace varias décadas que científicos, comunidades indígenas y miembros de organizaciones no gubernamentales vienen alertando sobre los altos niveles de deforestación, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de ríos y mares, y la existencia de una gran cantidad de megaproyectos que impactan de manera negativa sobre los territorios.

La semana pasada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, justificó su ausencia en la COP26. En una rueda de prensa, afirmó que en la cumbre se hacen muchas promesas, pero hay pocas acciones concretas: “Ya basta de hipocresía y de modas, lo que hay que hacer es combatir la desigualdad monstruosa que hay en el mundo”, expresó. Además, agregó que existe un doble discurso entre los jefes de Estado y de Gobierno que decidieron concurrir al acuerdo global. “Al mismo tiempo que se están llevando a cabo estas cumbres para la protección del medio ambiente y enfrentar el cambio climático, los países más poderosos están aumentando la producción y extracción del petróleo”, concluyó. 

Existe una cuota de verdad en las palabras de López Obrador. En diciembre de 2015, se firmó el Acuerdo de París donde 189 países se comprometieron a generar acciones y programas para disminuir al máximo las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y alcanzar la neutralidad climática para el año 2050. Sin embargo, el tratado recién entró en vigencia el 1 de enero de 2021, es decir, cinco años después de su aprobación. Mientras tanto, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dejó en evidencia que, en 2019, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero volvieron a aumentar por tercer año consecutivo y se situaron en un máximo histórico. La evidencia es clara, para la mayoría de gobiernos, el cambio climático no es un tema prioritario, o que requiera de medidas urgentes. 

Pero en todos lados hay contradicciones y las políticas ambientales de AMLO no están exentas de críticas. Como apuntó el Financial Times, el gobierno de López Obrador lleva gastados varios millones de dólares en la construcción de “Dos Bocas”, una refinería gigante de petróleo y el fomento de la producción de hidrocarburos. Además, en octubre de este año, se presentó ante el Congreso una Reforma Eléctrica que propone bloquear la generación de energía a partir de fuentes renovables por parte de empresas privadas. De esta manera, la rectoría del sector quedaría en manos de la Comisión Federal de Electricidad. El problema no es la estatización en sí, sino el consecuente retroceso en materia de transición energética. 

A pesar de que López Obrador no estuvo presente en la COP26, sí envió representantes oficiales. México fue uno de los países que se adhirió a la declaratoria para la protección de bosques y uso de la tierra. Por fuera de eso, no se anunciaron mayores avances. 

Para Wilma Esquivel, feminista comunistaria territorial de Felipe Carrillo Puerto, y miembro de la delegación de Defensoras de la Tierra uno de los problemas de estas cumbres está en la representación: “El problema es que estas personas llevan un discurso oficialista. No están implicados en procesos de defensa del territorio, sino en la legitimación de la acciones, el estatus y los planes de gobierno. No tienen intención de solucionar nuestros problemas, así como tampoco respetan los pueblos y las comunidades originarias”. Por último, concluyó: “Su participación es peligrosa. Lo que buscan es aprobar megaproyectos a partir de consultas simuladas. Las personas que formamos parte de la resistencia sabemos que sus propuestas son destructivas para el ambiente, y contribuyen a aumentar la violencia en los territorios”. 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático empezó hace casi dos semanas. En la primera semana, el evento principal fue la Cumbre de Líderes Mundiales. Hubo acuerdos relacionados con la problemática de la deforestación, el uso de combustibles fósiles y el carbón. Como se dio a entender en los discursos de las mujeres que integran Defensoras de la Tierra, aún existe mucha distancia entre los planteos del activismo climático -integrados en su mayoría por jóvenes, pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil- y la agenda impuesta por los mandatarios. Dentro del recinto de negociaciones, los políticos y empresarios toman las decisiones que condicionarán el futuro del planeta. En paralelo, millones de personas aprovechan la ocasión para debatir qué estrategia tomarán una vez que no se cumplan los acuerdos, o que estos no se ajusten a las verdaderas necesidades de los territorios. El caso de Defensoras de la Tierra es un perfecto ejemplo de esto, pero no es el único. Parafraseando a uno de los graffitis más famosos del Mayo Francés: “La belleza está en las calles”. 

Imagen: Futuros Indígenas

Más información:

Solidaridad Internacional con La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal quien será reconocida este año con el III Premio a la Defensa Ambiental “Mariano Abarca” 2021

Compartimos esta carta en apoyo y solidaridad con La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal – A noviembre 2021

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El 27 de noviembre de 2021 se cumplen 12 años del asesinato del defensor del medio ambiente mexicano Mariano Abarca. Como líder comunitario y miembro fundador de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Mariano se manifestó activamente contra los impactos socio-ambientales de un proyecto de minería de barita en su comunidad de Chicomuselo, Chiapas. Los sospechosos de su asesinato eran trabajadores de la empresa canadiense Blackfire Exploration que explotaba la mina.

Este año es especialmente importante. El 8 de noviembre, la familia de Mariano y aliados presentaron su última petición ante la Corte Federal de Apelaciones para que se investigue las acciones de la embajada canadiense en México que pudieron haber puesto en peligro la vida de Mariano. De acuerdo con más de mil páginas de documentos obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información, la embajada canadiense abogó ante las autoridades mexicanas para impulsar las operaciones de Blackfire, pese a que sabía que la vida de Mariano corría peligro. Como lo declaró la Corte Federal de Apelaciones en el 2019, Mariano Abarca “quizás no hubiera sido asesinado” si la embajada canadiense en México “[hubiese] actuado de otra manera”

La Corte Federal de Apelaciones de Canadá aún no ha decidido si recomendará que la investigación regrese al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública para evaluar las acciones de la embajada o si se pondrá del lado de la impunidad estatal y empresarial. Mientras tanto, las/los defensores del medio ambiente en México siguen enfrentando violencia por defender sus territorios y el agua frente al capitalismo extractivista. 

El compromiso de Mariano con la vida ha servido de inspiración para el Premio anual a la Defensa Ambiental “Mariano Abarca”, que se entrega cada 27 de noviembre y que reconoce a una organización local de Chiapas en nombre de 35 organizaciones de la sociedad civil mexicanas e internacionales.

Este año, en honor a la memoria de Mariano, el Premio Ambiental Mariano Abarca se entregará a la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, una organización indígena que fiel a la visión y vida de Mariano trabaja desde 1992 en la defensa de su territorio y de los derechos humanos. 

La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal aboga por la justicia, la paz y la autodeterminación. Defiende los derechos de los pueblos indígenas mayas Tsotsil y Tseltal y apoya las luchas de otros movimientos sociales e indígenas que luchan por la justicia social y ambiental como el Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas y la Escuela de Justicia Energética que aglutina a comunidades y organizaciones de Chiapas y Guatemala contra las represas y en búsqueda de un nuevo modelo energético para los pueblos. 

En este sentido, luchan contra la militarización de sus territorios para instalar megaproyectos extractivos como mega-hidroeléctricas y el Tren Maya. Estos proyectos amenazan con despojar y desplazar aún más a las comunidades de sus territorios en beneficio de las empresas transnacionales. Su resistencia pacífica ha detenido hasta ahora un proyecto de exploración petrolera.

En 1997, un grupo paramilitar mató a 45 de sus integrantes quienes se habían refugiado en Acteal en lo que se conoce hoy como la Masacre de Acteal. En un contexto de creciente violencia en México, y particularmente en el estado de Chiapas, Las Abejas se han convertido en un refugio muy necesario para las comunidades que huyen para salvar sus vidas de los grupos armados y de las fuerzas armadas del estado.

El premio Mariano Abarca de este año llega luego de que uno de los ex-presidentes de la Mesa Directiva de Las Abejas, Simón Pedro Pérez López, fue asesinado delante de su hijo el 5 de julio de 2021. Simón se había pronunciado firmemente en apoyo de las comunidades afectadas por las hidroeléctricas y los proyectos mineros. Hoy, las comunidades no sólo buscan justicia por la masacre de Acteal, sino también por Simón Pedro Pérez. 

La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal es una fuente de inspiración y un ejemplo de resistencia pacífica para todas y todos los que luchan contra el despojo, el desplazamiento, la militarización y los megaproyectos extractivos en Chiapas. Expresamos nuestra solidaridad con la Las Abejas y hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que inicien una investigación imparcial y exhaustiva por el asesinato de Simón Pedro y lleven a los responsables ante la justicia.

A doce años del asesinato de Mariano, nos solidarizamos con su familia y nos comprometemos a seguir apoyando sus esfuerzos para lograr justicia. 

¿Qué puedes hacer tú?  Firma esta petición y exige justicia para Simón:

Súmate firmando esta declaración de solidaridad con la familia de Mariano y la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. 

>>FIRMA AQUÍ<<

Carta de apoyo a El Estor

Compartimos esta carta de apoyo y solidaridad con El Estor – A Noviembre de 2021

Estimad@s compañer@s colegas y amig@s:


Les compartimos una carta de apoyo a la comunidad, autoridades ancestrales y periodistas de El Estor ante la proclamación del Estado de sitio por parte del Gobierno de Guatemala y la persecución y criminalización de los defensores del territorio y periodistas comunitarios.
Les pedimos que nos ayuden a DIFUNDIRLAY si están de acuerdo con el contenido y quieren FIRMARLA, por favor enviar su nombre y adscripción (si la hay) al correo  ApoyoalEstor@gmail.com

Muchas gracias

Los abajo firmantes, ciudadanas y ciudadanos, miembros de pueblos, investigadoras y profesores, activistas de organizaciones, artistas, periodistas, defensoras y defensores de derechos, queremos unir nuestras voces para mostrar nuestra preocupación porque una vez más, un municipio guatemalteco, está vez el territorio Maya Q’eqchi’ de El Estor, colindando el Lago Izabal, está siendo objeto de un Estado de sitio, provocado por los intereses económicos de una empresa que en esta ocasión es extranjera. Como resultado, además de alterar la vida cotidiana de los habitantes de esta comunidad y  se están produciendo detenciones arbitrarias e irregulares y situaciones de acoso e intimidación que atentan contra los derechos de las personas, los pueblos afectados y la libertad de expresión.

La actividad minera ya tiene varias décadas en el Estor, y desde su instalación ha estado ligada a la imposición, la violencia, el desprecio por la población y el ambiente, y la corrupción, que han aumentado después de que en 2011 la compañía ruso-suiza Solway Investment Group tomara el control de la mina a través de su subsidiaria CGN –Compañía Guatemalteca de Níquel- y en 2014 el presidente Otto Pérez les aprobara una concesión de 250 km2, muy por encima de los 20 km2 regulados en la Ley de Minería. Las protestas de la comunidad ante la visible contaminación del Lago Izabal en 2017 y 2018, llevaron a la intervención de la Policía Nacional Civil -PNC- provocando la muerte de don Carlos Maaz, pescador artesanal. En este año 2021 se dieron a conocer acciones de corrupción que relacionan al presidente Alejandro Giamattei con los empresarios rusos de las principales mineras de níquel en esa región; CGN y MayaníquelFruto de los esfuerzos de la comunidad por defender su territorio de los efectos perniciosos de la actividad minera, en 2020 la Corte de Constitucionalidad -CC- conminó a la empresa CGN a suspender actividades mientras se llevaba a cabo la consulta que, según el Convenio 169 de la OIT –ratificado por el Estado guatemalteco- debía de haberse realizado previo a la reanudación de actividades. La empresa CGN no sólo no ha suspendido su accionar –tampoco lo hizo durante la vigencia de restricciones durante la pandemia de covid-19-  sino que ha puesto en marcha un proceso de pre-consulta en que se ha negado la participación de quienes se oponen a la presencia de la actividad minera, distorsionando y tergiversando el sentido de la consulta -libre, previa e informada-. Pretenden además acelerar el proceso de preconsulta bajo un estado de sitio, que elimina las garantías del pueblo Q’eqchi’.

Ante esta situación, los cuatro Consejos Ancestrales Q’eqchi’s que representan a la población afectada, decidieron en asamblea el 3 de octubre organizar un plantón que impidiera el paso de los vehículos de la empresa –las “góndolas” que entran carbón y sacan tierra y ferroníquel-  para llamar la atención sobre las irregularidades que les mantenían fuera del proceso que ellos mismos habían puesto en marcha al solicitar la demanda contra el Ministerio de Energía y Minas MEM a través del amparo a la CC. 

La respuesta de las autoridades ha sido, una vez más, desoír las demandas de la población, criminalizar sus demandas y tratar sus acciones como un problema de orden público. De esa manera, desde el día siguiente a la instalación del plantón empezaron a llegar a El Estor elementos de la PNC, que el día 22 de octubre procedieron a desalojar el plantón con exceso de fuerza y apoyo del Ejército y de helicópteros militares. La acción policial de manera ilegal acompañó cada uno de los camiones cargados con carbón, a pesar de la suspensión minera y luego escoltó la salida de camiones cargados de ferroníquel al Puerto Santo Tomas de Castilla. Al día siguiente, el gobierno de Alejandro Giamattei consolidó la agresión promulgando el Estado de sitio en el municipio de El Estor. En este contexto, se ha procedido a retomar o poner en marcha procesos de persecución penal contra autoridades locales y periodistas comunitarios y hostigamiento a base de retenciones, amenazas y allanamiento de sus viviendas.

Este Estado de sitio y las actividades realizadas bajo su promulgación muestran una vez más la incapacidad del Estado guatemalteco de dar salida a los conflictos sociales y las demandas de la población que ve su bienestar, derechos y dignidad afectadas por las actividades económicas. La represión como única forma de respuesta muestra la toma de postura de los sucesivos gobiernos a favor de unas empresas que no sólo no dejan apenas beneficios y sí muchos problemas, sino que además desconocen las leyes vigentes. Ésta es una de las facetas más constantes en la degradación de la vida política guatemalteca que vivimos desde hace unas décadas.

Ante esta situación instamos a las instancias gubernamentales a cumplir su papel constitucional haciendo cumplir la legislación vigente a todos los sectores involucrados; y que se obligue a la empresa CGN a cumplir con lo establecido por la Corte de Constitucionalidad sin tergiversar sus obligaciones. Que se levante el estado de sitio, se suspenda la preconsulta minera promovida por el MEM, se respeten los derechos de los pueblos, sus demandas y formas de organización, como está establecido en los Convenios ratificados por el Estado guatemalteco. Que se respeten la vida, la dignidad y los derechos de las personas que en estos momentos están siendo objeto de  persecución y hostigamiento; así como el derecho a la libertad de informar, base del derecho a la libertad de expresión y de elección

 Firmantes

Imagen: Radio Temblor

Más información:

Rol de la embajada canadiense en el asesinato del líder Mariano Abarca vuelve a ser examinado en Corte de Canadá

Compartimos esta del Comite por los Derechos Humanos en América Latina CDHAL sobre el caso en Canadá #JusticiaParaMariano – A Noviembre 2021

Descripción

El 8 de noviembre, organizaciones mexicanas y canadienses acudirán a la Corte federal de apelaciones para intentar revertir la decisión de la Comisión para la Integridad de la Administración Pública de Canadá de no investigar el rol de la embajada canadiense en el asesinato del defensor Mariano Abarca en el 2009. Abarca lideró el movimiento de resistencia a la mina en Chicomuselo, Chiapas, de propiedad de la empresa minera canadiense Blackfire, así como el movimiento nacional la Red mexicana de personas afectadas por la minería (REMA).

Noticia

Organizaciones sociales de México y Canadá acuden a la Corte federal de apelaciones de Canadá para que se revise la decisión de no investigar el rol y la complicidad de la embajada canadiense en México en el asesinato del lîder Mariano Abarca. El crímen está relacionado a una mina de propiedad de la empresa canadiense Blackfire en Chicomuselo, Chiapas. 

El abogado José Luis Abarca, hijo del líder asesinado, miembro de la Red mexicana de afectados por la minería, REMA, y director de la Fundación Ambiental Mariano Abarca, nos relata los hechos:

“Quiero compartir un poco sobre mi padre, su lucha en contra de la mina y por qué hemos llevado una denuncia a Canadá para exigir una investigación sobre la embajada canadiense en México. Mi papá Mariano Abarca fue un líder comunitario importante cuando una mina de barita que pertenecía a una empresa minera canadiense empezó a generar daños sociales y ambientales en la comunidad. También fue un fundador de la Red mexicana de afectados por la minería, REMA. La empresa Blackfire operaba desde fines de 2007 hasta finales del 2009. La mina fue clausurada por violaciones ambientales pocos días después del asesinato de mi papá. En junio de 2009, viajó desde Chicomuselo con un grupo de la comunidad y con el apoyo de Otros Mundos Chiapas para participar en una manifestación frente a la embajada canadiense. Ahí él habló con una representante de la embajada canadiense. Hablaba sobre las promesas de trabajo incumplidas, sobre los daños que los camiones de la empresa estaban generando a nuestras casas y calles, y sobre todo la contaminación de nuestros ríos. Hablaba sobre un grupo de trabajadores de la empresa que estaban armados y quiénes intimidaban a él y a otros. Unas tres semanas después mi papá fue detenido por la policía en respuesta a una queja interpuesta por la empresa. La empresa hizo muchas acusaciones falsas, diciendo que era involucrado en el crimen organizado. La embajada recibió 1400 cartas de todas las Américas expresando una gran preocupación por su ubicación y su vida y después de 8 días mi padre fue liberado sin juicio por falta de evidencias. Tres meses después, el 27 de noviembre del 2009, un hombre disparó y mató a mi papá. Todas las personas que tuvieron algún vínculo con el crimen estaban conectados con la empresa minera y hasta hoy no hemos logrado una investigación seria. Hemos llevado una denuncia en contra de las autoridades mexicanas ante la Comisión interamericana de derechos humanos y además hemos llevado una denuncia exigiendo una investigación sobre la embajada canadiense en México porque conseguimos documentos del gobierno canadiense que muestran lo mucho que supo la embajada canadiense y como hizo y como no hizo nada para mi papá. Esta documentación nos muestra que aún antes de que la mina entrará en funcionamiento la embajada sabía que la empresa tenía dificultades para llegar a acuerdos con la comunidad. Desde ese entonces, ejerció presión diplomática sobre los funcionarios del estado de Chiapas. Una vez operando, la documentación también muestra que la embajada hizo un seguimiento muy de cerca de los medios de comunicación en Chiapas sobre las protestas constantes y supo del descontento profundo de la gente. Todo esto debería haber sido una señal de alarma para la embajada, pero en lugar, la embajada se encargó de recabar información y comunicarse con las autoridades mexicanas. La embajada mandó una delegación a Chiapas. Fueron con el gobierno estatal y plantearon su preocupación y pidieron a los funcionarios del gobierno que sofocaran las protestas. Menos de seis semanas después, mi papá fue asesinado. No estamos diciendo que la embajada mandó a matar a mi papá, pero al negarle apoyo de seguridad y a trabajar únicamente a favor de la empresa, pensamos que sí lo pusieron en mayor riesgo y de haber actuado de otra forma no hubieran matado a mi padre. Es por esto que fuimos a Ottawa para interponer una denuncia ante el Comisionado de integridad del servicio público  y por qué seguimos insistiendo en la corte federal que debe  haber una investigación sobre el rol de la embajada en este caso”.

Jennifer Moore, investigadora asociada del Programa de Economía Global del Instituto de Estudios Políticos, explica qué está en juego en este proceso:

“Esta audiencia que viene para el 8 de noviembre, la Corte federal de apelaciones de Canadá, es la última instancia que tenemos en Canadá para insistir sobre una investigación en torno a la embajada canadiense en México, va a escuchar de nuestros abogados, también va a escuchar de parte del parte gobierno canadiense.  

Lo novedoso, y algo que esperamos que da más fuerza también a nuestros argumentos, es que también va tener chance de presentar tres organizaciones. Y vale recordar que la Corte federal de Canadá, que era la instancia anterior aunque no era la decisión que quisiéramos, o sea, sí dijo que quizá si había actuado de otra forma la embajada las hubieran sido diferente. La Corte Federal de Apelaciones va a considerar la decisión que tomó la Comisión para la Integridad de la Administración Pública de Canadá a no investigar este caso, para evaluar su decisión sobre eso de no investigar. Y, en este caso, está realmente en cuestión, toda la integridad del servicio público, en el sentido de que, por un lado, los representantes del gobierno están diciendo una cosa a la prensa, al Parlamento,  en sus propios documentos sobre cuál es su deber ante conflictos de esa forma y que por otro lado está haciendo todo lo contrario. Las instancias hasta ahora, del Comisionado y de la Corte federal, nos han dicho: pues esto no son políticas oficiales, entonces no están obligados a tomar ninguna acción al respecto – qué es lo que nos genera la pregunta: entonces es derecho del gobierno canadiense de engañar a todo el pueblo? Entonces estos tres grupos también van a estar presentando sus argumentos jurídicos para abonar a la decisión que toma desde la Corte Federal de Apelaciones y que esperemos ayude a tener una decisión favorable”.

Para Gustavo Castro, de la organización Otros Mundos Chiapas, el proceso puede generar impactos importantes y debe ser ampliamente difundido:

“Sí me parece que este es un proceso inédito y que va a abrir también muchas otras posibilidades. Yo sí tengo fe en que algo va a avanzar, aunque lo veamos así como un caso muy difícil o incluso a veces imposible de que avance, me parece que el mismo hecho de poner en tela de juicio la acción del gobierno y por medio de su embajada, pues me parece que abre un tema paradigmático. Va a hacer falta visibilizar mucho y mantenerlo bastante en los medios y diseñar una buena estrategia de difusión”.

Libertad Díaz, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA, resalta la importancia de considerar todos los actores involucrados en el asesinato de Mariano Abarca :

“La insistencia de por qué una investigación así es de interés público sigue siendo creo que de los argumentos más fuertes. Hay pruebas y hay un caso paradigmático, que está documentado, muy bien argumentado. ¿Cómo ante esas pruebas se sigue negando aún una investigación así, y por qué es importante y por qué se niega, no? Creo que es muy importante posicionarlo, o sea, lo del poder no solo empresarial sino todos los otros actores que juegan alrededor de la empresa. Ya lo estamos hace unos años, en donde, bueno, medio se empezaba a hablar de la criminalización, el riesgo de las vidas. Si no estamos en un momento en donde ya hay muchísimos argumentos que demuestran que estas investigaciones deberían de ser mucho más entendibles o comprensibles y deberían de tener mucho menos bloqueos. Y sigue pasando que no es así. O sea, que hay todo un aparato del Estado alrededor de las empresas, que creo que es importante pues seguir señalando. Y argumentar por qué es importante, o porque es de interés público en Canadá y por qué es de interés público en México, retomando también los otros casos que hay de amenaza de minería canadiense en mi país”.

Miguel Ángel Mijangos, también de la REMA, contextualiza los daños causados en México por las empresas canadienses con la complicidad de la diplomacia económica de Canadá:

“Como ustedes saben, de todas las minas de oro, plata, platino qué hay en México, el capital canadiense opera el 80%. Tiene una influencia muy grande en el extractivismo y obviamente, pues, de ese tamaño es la problemática que tenemos. Pues nos ha enseñado el gobierno canadiense a luchar, desde nuestra fuerza, pero contra la mentira. 

Para dar un poco más de contexto a esto que queremos decir, que es un patrón de conducta de la embajada:  una de las regiones donde después de 12 años de que llegó la primera empresa canadiense al territorio de Guerrero, que fue la Goldcorp y que luego llegó la Torex Gold, tenemos cinco proyectos operando, de las cuales 4 son canadienses y una es mexicana, es una región que de 10 años para acá tenemos un desplazamiento de cerca de 16000 familias vinculadas a la violencia que se desencadena por el poder vinculado a la protección, así lo digo francamente, a la protección que grupos armados ofrecen a varias de las mineras de capital canadiense y que de alguna manera, en actos de omisión, pero también en actos de conocimiento, porque se han hecho las denuncias, pues se establece un proceso de tolerancia política, en el cuál el embajador constantemente llega con el gobernador, con las fuerzas políticas estatales y municipales, hablar de la Responsabilidad Social Corporativa, hablar de la minería verde y sustentable, hablar de las inversiones y el progreso para las comunidades. Y por otro lado, ese mismo gobierno establece en esa misma zona alertas para que los turistas de Canadá no visiten el territorio de Guerrero por la alta incidencia de violencia. 

Para nosotros esa es una expresión racista: que llegue toda la inversión canadiense, que destruya la naturaleza, que genere procesos de conflicto, que tengamos un montón de daños a la salud y al ambiente, que tengamos total impunidad y que bueno nos muestran justo este comportamiento que no solo lamentablemente nos deja hechos como lo sucedido con nuestro compañero Mariano, sino que se repiten constantemente.  

Vale  la pena mencionar que en este gobierno tenemos la lista más alta de la historia de México de asesinatos vinculados a defensores del territorio. No todos relacionados con Canadá, pero hay muchos que sí están relacionados con empresas canadienses. 

Pues es muy importante continuar estableciendo estos procesos sin dejar de mirar que no estamos luchando por visibilizar el caso. Estamos luchando por llevarlos a la rendición de cuentas, porque se lo merece Mariano, porque se lo merece su familia y porque se lo merecen todas y todos los que están peleando contra un modelo que sabemos mata la vida y no genera progreso y desarrollo”

José Luis Abarca, hijo de Mariano Abarca concluye respecto al proceso de apelación :

“Mi papá no va regresar, pero pensamos que este proceso puede sentar un precedente importante para la lucha de otras comunidades quiénes corren peligro por estar luchando para proteger su medio ambiente y su salud frente a los enormes daños mineros.”

Desde Canadá, reporta Christina Ayala, del Comité por los derechos humanos en América Latina, CDHAL.

Esta producción contó con testimonios hechos en el marco del evento ¿Qué nos dice el asesinato del activista Mariano Abarca-México sobre rendición de cuentas en Canadá?, organizado por Miningwatch, la REMA, Otros Mundos Chiapas y otras organizaciones de la sociedad civil de Canadá.

El evento completo está disponible en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/events/221820689840560/ 

La mesa redonda: https://www.youtube.com/watch?v=MX1jakmAzGA&t=8s

Imagen: Justicia Para Mariano Abarca

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Agroindustria seguirá financiada por bancos de desarrollo; organizaciones ven despojo

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el modelo de la Economía Verde – A 20 de octubre del 2021

Este miércoles (20) finaliza la segunda cumbre anual de Bancos Públicos de Desarrollo (PDBs, por sus siglas en inglés) realizada en Roma, Italia, la cual reúne a más de 500 representantes de entidades financieras de alrededor del mundo y cuya prioridad es el fortalecimiento de la inversión en el sector agrícola.

“Los bancos públicos de desarrollo son parte de la solución para acabar con el hambre y transformar los sistemas agroalimentarios”, afirmó Qu Dongyu, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), durante su participación en la reunión denominada Finanzas en común.

En contraste, una revisión de los proyectos financiados por los PDBs demuestra que lejos de contribuir a un sistema sustentable para la producción y distribución de alimentos, las inversiones se han dirigido a fortalecer a las grandes corporaciones mundiales de la agroindustria.

De acuerdo a la organización Amigos de la Tierra, sólo entre los años 2015 y 2020, empresas trasnacionales del sector recibieron más de 478,000 millones de dólares por parte de 2,500 entidades de inversión, fondos de pensiones y bancos, la mayoría de EEUU y Europa. Con ello, se fortaleció un sector que por sí solo es responsable de la emisión de más de una quinta parte de los gases contaminantes que producen el calentamiento global.

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Datos del Instituto de Nueva Economía Estructural y la Agencia Francesa de Desarrollo calculan que anualmente se destinan 1.4 billones de dólares de financiamiento al sector alimentario, cantidad que se avizora en aumento. Ante esta situación, 280 grupos y organizaciones de 70 países emitieron una carta para criticar este financiamiento, el cual conlleva la destrucción ambiental y el control corporativo del sistema alimentario mundial a expensas de campesinos, pastores, pescadores, trabajadores del sector alimentario y pueblos indígenas, lo cual socava la soberanía alimentaria, devasta ecosistemas y violenta derechos humanos alrededor del mundo.

Para las organizaciones, es preocupante que los Bancos Públicos de Desarrollo estén adquiriendo un papel más coordinado y central en el sector alimentario y de la agricultura, pues los consideran parte de la arquitectura financiera global que produce despojo y devastación ambiental, sobre todo ocasionado por las empresas de la agroindustria.

“Durante años, su inversión en agricultura se ha destinado casi exclusivamente a compañías implicadas en plantaciones de monocultivos, sistemas de agricultura por contrato, granjas fabriles de animales, venta de semillas híbridas y modificadas genéticamente más pesticidas y plataformas digitales dominadas por los Gigantes Tecnológicos. Han mostrado cero interés o capacidad para invertir en comunidades campesinas, de pescadores y de silvicultores, los que, actualmente, producen la mayor parte de los alimentos del mundo. En cambio, financian a acaparadores de tierra y a agronegocios corporativos destruyendo los sistemas alimentarios locales”, enfatizan las organizaciones en el documento publicado por la ONG Grain.

Inversiones para el despojo

Ceremonia a cuatro años del asesinato de Berta Cáceres por su organización contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, financiado por PDBs europeos. Foto: Valentina Valle

Los PDBs son instituciones creadas por los estados-nación y por agencias multilaterales cuyo objetivo es financiar programas de gobierno, así como compañías privadas, las cuales afirman que son “sustentables”, “responsables” y contribuyen al “desarrollo”. No obstante, los financiamientos de los PDBs registran un historial que evidencia su participación en compañías involucradas en acaparamiento de tierras, corrupción, violencia y destrucción ambiental.

Han desempeñado un rol crítico en facilitar la expansión de empresas trasnacionales hacia mercados y territorios alrededor del mundo (desde la extracción de minas de oro en Armenia, la construcción de proyectos hidroeléctricos en Colombia y la extracción de gas natural en Mozambique), lo cual no podrían realizar sin la ayuda de la inversión pública.

También, realizan trabajos de asesoría técnica y política a los gobiernos con la intención de modificar marcos jurídicos para la atracción de inversión extranjera. “Las políticas que respaldan sectores claves —incluida la salud, el agua, la educación, la energía, la seguridad alimentaria y la agricultura—tienden a fortalecer el papel de las grandes corporaciones y las élites. Y cuando protestan las comunidades locales afectadas, incluidos los pueblos indígenas y los pequeños agricultores, es frecuente que no se les escuche o que enfrentan represalias. Por ejemplo, en India, el Banco Mundial recomendó al gobierno desregular el sistema de comercialización agrícola y cuando el gobierno implementó esta recomendación, sin consultar a los agricultores y campesinos y sus organizaciones, provocó masivas protestas”, denuncian en el documento difundido a la víspera de la cumbre mundial.

Por si fuera poco, se destaca el creciente uso por los PDBs de fondos de capital privado mediante paraísos fiscales, con lo cual eluden la responsabilidad por las consecuencias negativas de sus inversiones, además de beneficiar a una pequeña élite financiera.

Para las organizaciones críticas a la cumbre de PDBs, dicha reunión es un espacio para las élites y representantes de las corporaciones para diseñar estrategias sobre cómo mantener circulando el flujo de dinero en un modelo alimentario y agrícola que conduce al trastorno climático, al aumento de la pobreza y al agravamiento de todas las formas de malnutrición.

“Muy pocos o ningún representante de las comunidades afectadas por las inversiones de los bancos de desarrollo, personas que están en la primera línea tratando de producir alimentos para sus comunidades, serán invitadas o escuchadas. Los PDBs no están interesados. Buscan financiar a los agronegocios, a los que producen materias primas para comercializar y a sistemas financieros para obtener ganancias más que producir alimentos para mejorar la nutrición”, denuncian.

Casos

Mujeres en resistencia contra la imposición de una megaplanta fotovoltaica, financiada por empresas y bancos noruegos en Choluteca, Honduras. Foto: Renata Bessi.

Como hemos documentado en Avispa Midia, existen múltiples casos de despojo, violencia y devastación ambiental, no limitados en el sector agroindustrial, donde los PDBs juegan un papel fundamental, algunos de los cuales enunciamos a continuación:

  • El caso del asesinato de Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien participó en la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Este proyecto fue financiado por el Fondo Finlandés de Cooperación Industrial (Finnfund) y el Banco Holandés del Desarrollo (FMO), acusados por el Copinh por “negligencia y corresponsabilidad” en el asesinato de Cáceres, así como por su colusión en actos de corrupción y la ausencia de control de sus inversiones.
  • En Nicaragua, los mismos bancos europeos, FMO y Finnfund financiaron MLR Forestal, compañía que administra plantaciones de cacao y teca, controlada por intereses de la minería de oro, responsable del desplazamiento de comunidades afrodescendientes e indígenas, así como señalada por degradación ambiental.
  • La expansión de plantaciones industriales de palma aceitera en África, a cargo de SOCFIN,  antigua compañía colonial europea de agronegocios. Con sede en Luxemburgo, SOCFIN posee más de 90 mil hectáreas de cultivo de palma y junto con SIAT de Bélgica, controla un cuarto de todas las grandes plantaciones en el continente africano. Éstas empresas han recibido numerosos préstamos por parte de PDBs aún a pesar de estar involucradas en en acaparamientos de tierras, escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
  • La imposición de una megaplanta fotovoltaica en Choluteca, Honduras, por parte de la empresa noruega Scatec Solar con financiamiento del banco de desarrollo Norfund del mismo país europeo. En 2016, comunidades organizadas levantaron un campamento permanente para evitar el ingreso de la maquinaria que devastaría varias hectáreas de árboles. La empresa respondió con la criminalización de once de los líderes comunitarios y para el año 2018, con apoyo del poder judicial hondureño, consiguió el desalojo del bloqueo comunitario.
  • El desplazamiento forzado de la comunidad de Laguna Larga, en el departamento del Petén, Guatemala, justificado con el discurso de la conservación de la naturaleza enarbolado bajo el proyecto Guatecarbon. Este esquema es financiado por un conglomerado de ONGs internacionales, empresas y entidades como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y el Banco Interamericano de Desarrollo para comercializar permisos de contaminación generados mediante la conservación de 700 mil hectáreas en la Reserva de la Biósfera Maya, donde están asentadas comunidades consideradas “ilegales”, pese a habitar la región antes de la creación del área natural protegida.

Imagen: Mujeres recorren monocultivos de palma de aceite en la costa de Chiapas, México. Foto: Aldo Santiago

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La disputa por el litio: nueva expresión del despojo y profundización del modelo extractivo minero

Compartimos esta nota de la Jornada del Campo sobre el modelo energético – A 16 de octubre del 202

El litio para nada es un recurso en el mundo que pueda sustituir la actual dependencia que tenemos hacia el petróleo, el carbón o el gas, por más aposicionamientos que escuchemos o leamos sobre las bondades de su abundancia, menos aún en México.

REMA-GEOCOMUNES-MININGWATCH inforema.mexico@gmail.com

Una nueva línea de progreso y desarrollo capitalista se encuentra en boga, esta vez se trata de “la transición energética” la cual, de acuerdo a un discurso mediatizado y cada vez más preponderante, atenderá y resolverá una parte significativa de todas las calamidades y destrucción que hemos realizado contra el planeta y los bienes naturales. El litio, junto a cerca de otros 35 metales que son y serán utilizados durante la transición energética, es uno de los nuevos insumos masivos presentes en la discusión política y económica bajo un contundente discurso de combate al calentamiento global.

Este proceso de transición energética corporativa promueve un cambio de insumos sin mover ni cuestionar el modelo de consumo actual, con el fin de proponer falsas soluciones tecnológicas que representan nuevos nichos de acumulación para capitales mineros, energéticos o automotrices. Esta propuesta no representa ningún cambio significativo con respecto a la relación inseparable que tenemos desde diferentes procesos vinculados con el modelo extractivo, en donde, sin duda alguna, el más destructivo es el modelo extractivo minero.

El litio para nada es un recurso en el mundo que pueda sustituir la actual dependencia que tenemos hacia el petróleo, el carbón o el gas, por más posicionamientos que escuchemos o leamos sobre las bondades de su abundancia, menos aún en México. Su promoción actualmente está empujada por la especulación, la creación de oferta y demanda, el alineamiento de grandes actores corporativos que ya se frotan las manos con la apertura de nuevos negocios con potencial crecimiento: carros eléctricos y energías renovables.

Esto no sólo está provocando una creciente especulación mercantil y comercial. Varios países, entre ellos México, experimentan una fuerte presión política y económica para facilitar la expansión de la extracción minera alrededor de la exploración de los pocos sitios en el mundo que tienen litio. Las empresas, incluidas las mineras, buscan ya la posesión de tierras, generan expectativas irreales, además de conflictos, y provocan violencia y desplazamiento en nombre de tecnologías que supuestamente se califican de verdes o justas.

En México existen actualmente 36 proyectos mineros de capital extranjero destinados a la extracción de litio que son controlados por 10 empresas. Estos proyectos representan 97 mil hectáreas concesionadas, además de 537 mil más que están en trámite. El 84% de las concesiones asociadas con la extracción del litio están actualmente en proceso, en consecuencia, es interesante preguntarnos ¿qué hará el gobierno mexicano actual con la presión extranjera si está decidido a no entregar nuevas concesiones mineras? El tema generó distintas posturas y propuestas como la posibilidad de una nacionalización del litio, de fomentar proyectos de Asociación Público Privada (APP) para su explotación o de realizar procesos estratégicos de alianzas tecnológicas y comerciales con Bolivia. Al margen de que ello ya sucede, es importante resaltar que ese país no ha sacado aún el primer kilogramo de litio al mercado.

Examinando de cerca la información disponible sobre dichos proyectos de litio y empresas en México, se observa que en su mayoría son proyectos mineros sin actividad que están controlados principalmente por pequeñas empresas canadienses al borde de la quiebra, que dependen del proceso de especulación para generar recursos en las bolsas de valores de Canadá. Existen solamente tres empresas realmente activas para avanzar sus proyectos de extracción. El más avanzado es el proyecto Sonora Lithium en ese estado, que acaba de ser adquirido al 100% por la empresa china Ganfeng, que controla actualmente la mitad de la producción de litio a nivel mundial. Y los proyectos en salares entre Zacatecas y San Luis Potosí, adquiridos por Advance Gold Coporation a la empresa Organimax, y el proyecto en Baja California de la empresa One World Lithium.

Sin embargo, y a pesar de la promoción especulativa de la producción de litio en México, existen presiones geopolíticas que nos obligan a considerar el posible futuro de México dentro del mercado de litio mundial. No hay duda de que el litio de México es de gran importancia para el futuro inmediato de los EEUU, así como para el mercado asiático, por lo tanto, no es casual que ello se vea reflejado en la imposición de ciertos términos en los nuevos acuerdos multilaterales firmados con EEUU, como es el caso del T-MEC. Las medidas impuestas por este tratado para incrementar el consumo regional de insumos esenciales para la industria automotriz ponen mayor presión sobre los yacimientos de este mineral en México y Canadá. En México existen actualmente 36 proyectos mineros de capital extranjero destinados a la extracción de litio que son controlados por 10 empresas. Estos proyectos representan 97 mil hectáreas concesionadas, además de 537 mil más que están en trámite.

El litio no representa un camino hacia la “transición energética”; por el contrario, es la continuación del uso de nuevos insumos ante el eventual agotamiento de otros. Por esa razón, las mismas estructuras coloniales y de acumulación de capital que la industria minera reproduce, mantendrán su vigencia y prevalencia. •

En México existen actualmente 36 proyectos mineros de capital extranjero destinados a la extracción de litio que son controlados por 10 empresas. Estos proyectos representan 97 mil hectáreas concesionadas, además de 537 mil más que están en trámite

Imagen: GeoComunes

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