COMUNICADO DE PRENSA MANUEL SANTIZ CRUZ, LIBERADO

Compartimos este comunicado de CLIFODH y Otros Mundos – A 21 de noviembre del 2025

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, el Tribunal Colegiado del Poder Judicial del Estado de Chiapas, ordenó la libertad inmediata de nuestro representado, el indígena tseltal Manuel Santiz Cruz, acusado de un delito que no cometió y por el que estuvo preso más de tres años. La decisión del organismo fue la respuesta al amparo 64/2025 que la Clínica de Litigio Indígena y Formación en Derechos Humanos – Otros Mundos interpuso ante la serie de violaciones a los derechos humanos ocurridas a lo largo del proceso judicial contra Manuel Santiz Cruz y la consecuente sentencia condenatoria de 25 años, a todas luces injusta.

Entre las acciones contrarias a la justicia se encuentran:

  • Graves faltas al debido proceso.
  • Deficiente valoración de pruebas.
  • Inconsistencias e irregularidades diversas, como no contar con una adecuada interpretación en lengua tseltal, periciales incompletas y mal elaboradas, así como aleccionamiento de testimoniales, entre otras.
  • La no acreditación por parte de la Fiscalía del tiempo, la forma y el lugar de los hechos.

Manuel Santiz Cruz es miembro activo de la Parroquia de San Juan Evangelista en Cancuc, de donde es originario, así como un reconocido defensor de derechos humanos y de la tierra y el territorio en dicho municipio. Su detención, encarcelamiento y sentencia condenatoria fueron un duro golpe a la justicia y una afrenta más a la población indígena del estado de Chiapas. Con su liberación no sólo se revierte esta terrible injusticia; se demostró su inocencia y se reparó en parte el daño causado a nuestro defendido, a su familia y a su pueblo.

Esperamos que la acertada decisión del Tribunal Colegiado del Poder Judicial en el caso de Manuel Santiz Cruz siente un precedente que sirva para que muchas otras personas injustamente presas alcancen la libertad que merecen.

Más información

Artículo: Una cuestión de equidad: Organizarse por la salud y la justicia climática en el Aeropuerto Internacional del Condado de King

Compartimos este artículo publicado por Stay Grounded sobre la aviación y cambio climático – A 7 de noviembre de 2025

Continuando las luchas contra la comercialización, la expropiación y el racismo medioambiental, la organización comunitaria y la creación de coaliciones lograron detener los planes de ampliación del aeropuerto internacional King County de Seattle (EEUU). Sin embargo, continúan los esfuerzos para situar la atención a las comunidades afectadas en el centro de la planificación aeroportuaria. Este artículo de Savannah Helming y Laura Gibbons, para el Equipo de Aviación de 350 Seattle, explora lo que podemos aprender de la lucha.

En los barrios del sur de Seattle cercanos al Aeropuerto Internacional del Condado de King (KCIA), la esperanza de vida de los residentes que viven a menos de 800 metros del aeropuerto se reduce entre ocho y diez años en comparación con la de sus vecinos, debido a la contaminación atmosférica y a las emisiones de los combustibles con plomo que utilizan los aviones más pequeños.

Los residentes también experimentan tasas más elevadas de problemas de salud, como hipertensión, cáncer y enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. Además, el río Duwamish, que fluye cerca del aeropuerto, está reconocido por la Agencia de Protección del Medio Ambiente como uno de los ríos más contaminados del país.

Racismo aéreo y medioambiental que afecta a las comunidades

La mayoría de los residentes de las comunidades adyacentes al aeropuerto son personas de color y tienen índices de pobreza más elevados que el condado de King en su conjunto. De los 5.600 residentes que viven a menos de 800 metros del aeropuerto, el 74% son personas de color y el 52% hablan una lengua distinta del inglés.

Así, el Plan Maestro de 2019 de la Administración Federal de Aviación (FAA) del condado de King para ampliar el aeropuerto subrayó el racismo y los daños medioambientales como una crisis de salud pública.

El KCIA, también conocido como Boeing Field, es un aeropuerto de propiedad y gestión públicas situado a seis kilómetros al sur del centro de Seattle. Como se explica en el sitio web del condado de King, el aeropuerto presta servicio a «pequeñas aerolíneas comerciales de pasajeros, transportistas de carga, pilotos privados, jets corporativos, helicópteros y aviones militares». Junto con el aeropuerto de SeaTac, el KCIA ya representaba el 13% de las emisiones del transporte y el 3,4% de las emisiones totales del condado de King. Estas cifras no sólo eran preocupantes, sino que sólo contabilizaban las emisiones producidas durante el despegue y el aterrizaje, lo que significa que el otro 90% de las emisiones quedaban totalmente sin contabilizar.

Una lucha comunitaria de décadas

La lucha contra la KCIA no es nueva. Sus raíces se remontan a finales de la década de 1990, cuando el condado de King intentó transformar el sur de Seattle, incluido el barrio de Georgetown, en una zona de uso exclusivamente comercial. Como parte de estos planes, el aeropuerto pretendía utilizar el dominio eminente (expropiación) para adquirir todo el barrio, según Marvin McCoy, miembro de la comunidad que participó activamente en la resistencia a los planes de expansión en la década de 1990.

«Todavía quedaban algunas viviendas viejas y deterioradas que eran baratas, y la vivienda en la ciudad era cara», dijo McCoy. «La gente se mudó a las casas deterioradas y las arregló. No creo que la ciudad lo viera venir… la ciudad no pensó que la gente se mudaría a una zona de casas deterioradas y estaría dispuesta a arreglarlas como hicieron en Georgetown».

McCoy y otros miembros de la comunidad que lucharon presentaron una demanda contra el Condado de King en la década de 1990. «La demanda que presentamos no sirvió de mucho, pero cambió la forma en que el condado miraba a los residentes», dijo McCoy. «Entonces todo el mundo empezó a ir a las reuniones del ayuntamiento y [el Condado] al menos nos escuchaba después de eso».

Un grupo de activistas de la campaña contra el Aeropuerto del Condado de King posando para una foto

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Activistas de la campaña contra el Aeropuerto del Condado de King

Construir una coalición en torno a la preocupación por la equidad

El condado de King anunció sus planes de ampliar el aeropuerto en 2019 con la publicación del Plan Maestro de la FAA, que incluía la construcción de una pista ampliada, aparcamiento adicional para aviones y granjas de combustible adicionales. Esta ampliación aumentaría el número de vuelos desde y hacia el aeropuerto y facilitaría la adquisición de más propiedades. No había miembros de la comunidad en la mesa cuando se hicieron estos planes.

Varias personas implicadas en organizaciones comunitarias locales asistieron a una reunión del Condado sobre la ampliación y decidieron organizarse contra ella. Formaron la Coalición Comunitaria de la KCIA (KCIACC), integrada por organizaciones que representaban a diversos grupos comunitarios y ecologistas, como la Coalición Comunitaria del Río Duwamish, Puget Soundkeeper, el Equipo de Aviación 350 Seattle, el Consejo de Beacon Hill y Amigos de la Historia de Georgetown. La falta de divulgación y colaboración comunitaria por parte de la KCIA fue un importante motivo de preocupación, sobre todo en relación con la lucha por la equidad en el condado de King. A los miembros de la comunidad y a los organizadores les preocupaba sobre todo que se excluyera del proceso de planificación a los residentes BIPOC (Negros, Indígenas y Personas de Color) y con bajos ingresos, a quienes más afectarían estos planes, y que no se realizaran esfuerzos de participación comunitaria.

«Fuimos al Consejo del Condado de King y dijimos: ‘Escuchad, si vais a hacer algún cambio dentro del Aeropuerto Internacional del Condado de King, tenéis que hacérnoslo saber’», dijo Velma Veloria, ex representante del Estado de Washington y organizadora voluntaria del KCIACC.

El KCIACC presentó al Consejo del Condado de King una lista de 12 necesidades de equidad, incluida una declaración de impacto medioambiental completa para el aeropuerto, la incorporación de dos miembros de la comunidad a la Mesa Redonda del KCIA, un grupo consultivo con representantes de la comunidad circundante y empresas relacionadas con la aviación, y el desarrollo de un acuerdo de beneficios para la comunidad.

El condado no satisfizo estas necesidades, así que el KCIACC llevó el tema a las publicaciones de noticias locales, lo que constituyó una estrategia organizativa primordial, según Veloria. «Entramos en el South Seattle Emerald, The Stranger hizo un artículo sobre nosotros y salimos en la radio», dijo Veloria.

Organizadores en un acto de organización comunitaria. La foto muestra una sala con gente de pie y sentada alrededor de mesas charlando.

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Una profunda organización comunitaria fue la clave de su éxito

La organización comunitaria detuvo los planes de expansión

Ofrecer oportunidades de educación a la comunidad sobre los efectos nocivos de los combustibles con plomo y la contaminación acústica del aeropuerto fue otra estrategia organizativa clave a la hora de oponerse al Plan Director. «Hicimos una presentación de diapositivas que llevamos a la comunidad, y fue realmente interesante, porque la comunidad no conocía los procedimientos ni el proceso por el que el Aeropuerto Internacional del Condado de King planifica su plan a 20 años», dijo Veloria.

Tras meses de compromiso y educación de la comunidad, artículos de prensa y diálogo con la KCIA y el condado de King, el ejecutivo de este condado, Dow Constantine, acordó no seguir adelante con la ampliación. «La mayor parte de nuestro trabajo se basa en la organización comunitaria, que incluye la organización de actos con paneles, informes interactivos con otras organizaciones y foros de candidatos», dijo Veloria. «Nos aseguramos de celebrar actos para explicar los efectos de los combustibles con plomo, de que la gente viniera a testificar y de informar a la comunidad sobre los retos y los éxitos. Nos aseguramos de que por cada éxito, lo celebrábamos, y por cada reto, seguíamos perseverando. Seguimos haciendo organización comunitaria para educar a nuestras comunidades sobre los próximos pasos, que ahora mismo se centran en el impacto del gas con plomo en los residentes.»

Para el KCIACC, la organización comunitaria consiste en generar confianza con sus vecinos y comunidades. Cada presentación que hicieron en escuelas y otras organizaciones se adaptó específicamente a su público, para educar a la comunidad sobre los problemas a los que se enfrentan. También contrataron intérpretes en jemer, español, vietnamita y cantonés, las cuatro lenguas más habladas entre los residentes.

«Al final, lo que pretendemos es educar a nuestras comunidades sobre los efectos nocivos para la salud de la KCIA y estar en la mesa de negociaciones cuando se elaboren estos planes, de modo que tengamos una voz más fuerte», dijo Veloria. «Nuestras comunidades están hambrientas de este tipo de información».

La lucha continúa: poner la atención a la comunidad en el centro

En 2023, el KCIACC propuso una ley del condado de King, la Ordenanza 2023-0053, que planteaba cuatro exigencias la adición de dos puestos en la Mesa Redonda para Beacon Hill y South Park, la creación de un subcomité consultivo de la Mesa Redonda para asesorar y hacer recomendaciones a la dirección del aeropuerto, al ejecutivo del condado y al consejo del condado, la creación conjunta y el mantenimiento de un acuerdo de beneficios comunitarios por parte del condado de King, el aeropuerto y el subcomité que abordara las preocupaciones medioambientales, climáticas, sanitarias, económicas y de habitabilidad de los residentes y trabajadores de los barrios del valle del Duwamish adyacentes al aeropuerto, y la realización de una evaluación exhaustiva del impacto medioambiental de todas las actividades aeronáuticas, de transporte terrestre y aeroportuarias del aeropuerto cada 10 años.

Entre los opositores a la ordenanza se encontraban la dirección de la KCIA, los pilotos de aviones pequeños que utilizan Boeing Field y el sindicato de Boeing, que expresaron su preocupación por que la paralización de los planes de ampliación supusiera la pérdida de puestos de trabajo. Enfrentarse a un gigante de la aviación como Boeing fue todo un reto, según Veloria. A la hora de defender la ordenanza, los miembros de KCIACC lograron el mayor éxito dirigiendo sus mensajes desde un lugar de preocupación por la comunidad, en lugar de ser abiertamente anti-Boeing o anti-aeropuerto. «No intentamos cerrar el aeropuerto», respondió Veloria. «Lo que intentamos decir es que hay que prestar atención a las repercusiones del aeropuerto en las comunidades circundantes».

Al final, la única exigencia de la ordenanza propuesta que se cumplió fue la incorporación de dos miembros de la comunidad a la mesa redonda de la KCIA. Aun así, formar parte de la mesa redonda es importante porque facilita que la coalición esté al tanto de los planes del aeropuerto. La KCIACC también consiguió otros éxitos. La oficina del auditor del condado de King auditó el aeropuerto y su gestión, e informó de que el KCIA carecía de una estrategia clara para abordar los problemas medioambientales y no había llegado suficientemente a las comunidades afectadas. También se reconoció que, cuando KCIA sí implicaba a las comunidades, a menudo era tarde en el proceso del proyecto, lo que significaba que las preocupaciones de la comunidad podían no tenerse en cuenta o abordarse adecuadamente. Como se describe en el informe, «KCIA no puede demostrar claramente cómo se alinean sus esfuerzos con objetivos más amplios del condado, como el Plan Estratégico de Acción Climática del Condado de King y el Plan Estratégico de Equidad y Justicia Social del Condado de King».

Aunque el KCIACC ha conseguido retrasar la ampliación del KCIA, el aeropuerto tiene intención de revisar sus planes de ampliación para 2045. El plan definitivo aún no se ha hecho público. Sin embargo, tras conseguir detener el Plan Maestro de la FAA para 2019 y abogar por más esfuerzos de participación comunitaria, Veloria y otros miembros de KCIACC consideran que es más probable que KCIA y el condado de King les escuchen. «Ahora nos han incluido en su programa de divulgación, y han incluido a la comunidad en general para que venga a echar un vistazo, así que cualquier plan que estén haciendo ahora incluye la opinión de la comunidad y la divulgación comunitaria», dijo Veloria. «Estamos intentando crear confianza entre nosotros y crear conocimiento. Para nosotros, eso es una victoria».

Lecciones aprendidas: ¿qué condujo al éxito?

  • Nada sobre nosotros sin nosotros: Uno de los principales motivos de preocupación era que los BIPOC y los residentes con bajos ingresos, que serían los más afectados, no estaban sentados a la mesa cuando se hicieron los planes de ampliación. La coalición proporcionó información a las comunidades locales sobre los efectos perjudiciales del aeropuerto y las etapas de los procesos de planificación, y presionó colectivamente para que estas comunidades participaran oportunamente en las decisiones que les afectaban.
  • Construir una coalición: La campaña conectó a varios grupos comunitarios y ecologistas en un esfuerzo colectivo para construir poder
  • Centro de creación de confianza en las comunidades: Compartir información mediante charlas en las organizaciones comunitarias existentes y mesas informativas en actos comunitarios, y utilizar mensajes adaptados al público, ayudó a generar confianza en las comunidades locales. En los actos, es importante garantizar la interpretación a las principales lenguas habladas en las comunidades.
  • Celebrar el éxito y seguir adelante: Celebrar cada éxito e informar a las comunidades sobre los siguientes pasos ayudó a mantener la motivación y la presión cada vez que se afrontaba un nuevo reto.
  • Amplificar a través de los medios de comunicación: Cuando la Diputación Provincial no reaccionó a las demandas de la coalición, la cobertura de los medios de comunicación locales contribuyó a aumentar la presión.
  • Centrar la atención en la comunidad: Enmarcar el mensaje desde un lugar de cuidado de la comunidad, en lugar de ser anti-industria o anti-aeropuerto, ayudó a la coalición a defender sus reivindicaciones y a detener los planes de expansión.

Boletín de Prensa: Ante la imposibilidad de someternos, Equinox Gold apuesta por criminalizar nuestra lucha

Compartimos este comunicado de Ejido Carrizalillo a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 4 de noviembre de 2025

Hace 7 meses inicio nuestra lucha en contra de la imposición de las pretensiones regresivas, injustas, indignas y colonialistas por parte de la empresa minera canadiense Equinox Gold, relacionadas con la continuidad de la ocupación temporal de nuestras tierras que estaban acompañadas de otro convenio “incomprensiblemente rasurado” relacionado con contraprestaciones sociales, en donde venían temas de enorme relevancia para nosotros como acceso preferencial al empleo, concesiones de equipo y maquinaria, atención a los daños a la salud que son inmensos y muchos de ellos irreversibles de cura alguna y, acceder a agua limpia y libre de metales pesados, este último tema incumplido desde el 2007 por parte de las tres empresas que han ocupado nuestro territorio, aun y a pesar de haber establecido acuerdos con nosotros.

Poco antes de iniciar nuestro campamento actual, la empresa apostó por una estrategia para crear desgaste en contra de nuestro ejido: primero declarando una suspensión indefinida e ilegal del proyecto Los Filos, por la cual la “omisa” Secretaria de Economía (SE), por ley desde hace meses debió retirarle la concesión minera y hacerle pagar el daño que a ello corresponde; luego la empresa hizo un absurdo relanzamiento del “Nuevo Filos”, con testigos de honor del gobierno estatal, relanzamiento que hoy se encuentra clausurado por Profepa por no cumplir con las remediaciones solicitadas por su irresponsabilidad de creer que su suspensión indefinida pasaría desapercibida por nosotros quienes rápidamente solicitamos una inspección ambiental que pusiera en orden a esta empresa contaminante; también está violentando el plan de manejo autorizado por SEMARNAT y, en consecuencia, violan la ley ambiental al no realizar el mantenimiento básico que ha incrementado los riesgos de daño ambiental, por cierto, mantenimiento por el que Equinox pretende culparnos como si nosotros tuviéramos la concesión minera, a tal grado que ahora –politizando el discurso-, quieren hacer creer a la autoridad ambiental que es responsabilidad nuestra. 

Equinox se encuentre entrampada porque tiene demasiados incumplimientos legales, sus apoyos estatales no disponen de poder legal sobre ningún aspecto relacionado con las leyes que le corresponden al sector minero y, si en realidad quiere resolver la situación que tiene por las violaciones e incumplimientos, no le quedan muchas opciones entre las que citamos las siguientes: Equinox debe negociar con nosotros la continuidad de la operación minera o, de no hacerlo, debe negociar con nosotros la implementación del plan y el programa de cierre y post-cierre de la mina e incluso, antes que decida alguna de las anteriormente señaladas, debe negociar con nosotros la remediación y el mantenimiento por lo cual se encuentra clausurada. 

El escenario de las violaciones flagrantes e incumplimientos a las leyes son claras; la empresa está ocupando de hecho y de facto nuestras tierras, porque al negarse a realizar un nuevo convenio para seguir ocupando nuestra tierras, es su obligación –tal como lo establece la ley-, iniciar el proceso de implementación de acciones relacionadas con el cierre y post-cierre de la mina, que entre otras cosas significa entregarnos las tierras rehabilitadas para que nosotros, una vez que la empresa decidió no continuar con la actividad minera, sigamos ejerciendo nuestro derecho a ser campesinos y campesinas. En ese contexto, la ley es clara y simple; no hay nada en la ley que nos obligue a rentar nuestras tierras a un postor que no cubra nuestras expectativas, así como también es obligación de la empresa, por ley, rehabilitar las tierras que ocupó durante los años de operación minera.

No es una necedad nuestra, es lo que la ley dice. Sin embargo, sus operadores haciendo gala de sus mejores actos de discriminación y racismo, continúan implementando acciones claramente orientadas a castigar a nuestro ejido, porque para ellos es inverosímil que la ley nos asista y, en vez de que se concentren en cumplirla, fomentan diversos escenarios orientados en contra nuestra fuera de toda lógica: atentan contra la paz social creando arengas entre las comunidades relacionadas al proyecto, distribuyen información falsa y tendenciosa sobre el presente-futuro del Nuevo Filos con las comunidades vecinas, hacen todo lo posible por convencer a políticos –en varios casos lo logran-, para hacerlos copartícipes en la defensa de los intereses de la empresa en donde lamentablemente “nuestros” servidores públicos literalmente deshonran sus funciones y atribuciones. Por supuesto nunca faltan las amenazas en contra de la vida de varias y varios compañeros y la ya racista y tradicional frase que constantemente ocupan: Sólo son unos cuántos quienes se oponen al progreso y desarrollo. 

Ante la insaciable búsqueda de la venganza de los operadores locales -incluyendo al CEO el Sr. Darren Hall en contubernio por omisión o porque está enterado-, previo a las celebraciones de nuestros santos difuntos, una reforzada campaña en redes empezó a criminalizarnos para ahora posicionar en la opinión pública y en los operadores políticos que, en vez de ser víctimas de la violación de derechos fundamentales que atentan contra nuestra vida por parte de la empresa, ahora somos victimarios y operamos para la delincuencia organizada.

La mezquindad de la empresa no tiene límites y nuevamente hacemos responsable al Sr. Hugo Vergara -principal operador en contra de la paz social-, de lo que nos pueda ocurrir, a la vez que advertimos a sus colegas del sector minero que participarán en el contexto de la XXXVI Convención Internacional de Minería por celebrase en este mes en Acapulco, que la empresa canadiense Equinox saldrá a presumir la aplicación de los más altos estándares internacionales relacionados con la responsabilidad social corporativa (RSC). La realidad está a la vista: Equinox atenta contra nuestra vida porque se niega a entregarnos las tierras rehabilitadas, está clausurada por el gobierno federal (PROFEPA) por contaminar el ambiente y por violaciones a la ley y, ahora a su arenga mediática, orienta su estrategia a criminalizar nuestra lucha e intentar meternos en la cárcel.

No nos es ajeno que en este país quienes defendemos nuestros derechos acabemos tipificados como delincuentes y, por el contrario, quienes nos violentan caminen sonrientes por las calles de la impunidad. La premisa es simple; si no quieren negociar la continuidad, es su obligación regresarnos las tierras rehabilitadas, deben cumplir con la recuperación ambiental vinculada a los actos de clausura por parte de Profepa y, cuando ello ocurra, entonces pueden irse a Canadá o a otro lugar en donde la población y los gobernantes locales estén dispuestos a aceptarles migajas, racismo, discriminación, explotación y ser sumisos ante las violaciones a las leyes. 

Equinox ya no sólo quiere las tierras a como dé lugar bajo sus condiciones de sumisión y sometimiento, ahora nos quiere en la cárcel y, aunque estamos enterados que la gobernadora Evelyn Salgado no ha caído en los engaños de la empresa, otros de sus operadores estatales y la presidenta municipal de Eduardo Neri son siervos y serviles a la empresa.

Criminalizarnos es un acto deleznable de Equinox, pero conociendo a Hugo Vergara y Armando Fausto principales operadores de la empresa en Los Filos, no nos extraña, porque llevan meses intentando desacreditarnos, hacen todo lo posible por salir avantes de las violaciones flagrantes en las que incurren y, al final parece solamente les queda que logren convencer al estado para que nos desalojen violentamente y meter en la cárcel a compañeros nuestros. Insistimos en que nuestra lucha debe marcar un referente histórico para terminar con la impunidad, el racismo y la discriminación con la que operan las empresas mineras canadienses, así como las de otras naciones incluyendo las de privados mexicanos, pero para que ello suceda requerimos de la convicción política de políticos que no les tengan miedo y quieran poner orden a la impunidad.

Insistimos, cualquier acto en contra de algún o alguna compañera del ejido es total responsabilidad de Equinox Gold y de sus racistas operadores locales.

ATENTAMENTE

MESA AGRARIA DEL EJIDO DE CARRIZALILLO

Imagen: Sello de clausura de PROFEPA. Foto: Ejido Carrizalillo, Guerrero.

Infográfia: Coca Cola – FEMSA; La chispa de la muerte

Empresas Transnacionales en México: Criminales Ambientales

Presentamos esta serie de infografías que visibilizan el impacto de las empresas transnacionales más contaminantes en México. Estas corporaciones transnacionales son responsables de graves impactos socioambientales, bajo el discurso del desarrollo y el progreso, han devastado ecosistemas, vulnerado derechos humanos y profundizado las crisis socioambientales.

Nuestro objetivo es evidenciar cómo operan estos actores criminales, mostrar las luchas de las comunidades afectadas y denunciar la impunidad con la que continúan destruyendo territorios y vidas. Con esta información buscamos visibilizar sus responsabilidades y aportar a las luchas por la justicia ambiental en el país.

En esta septima infografía, abordamos a Coca cola – FEMSA, la gran trasnacional refresquera.

La Auto-Regulación Empresarial de la Minería es una Simulación

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 3 de noviembre del 2025

El Montaje Mediático de las Empresas Mineras Canadienses y la Diplomacia Canadiense en México

El lunes 24 de octubre, el Comité Ejecutivo de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá en México (CanCham) comunicó la adopción del estándar Hacia una Minería Sustentable por parte de sus socios, anunciándolo como si esto fuera un gran avance para la industria en México y para la relación entre Canadá y México. Pero, ¿Qué es este estándar?, ¿Cómo funciona? ¿Qué papel tiene en su promoción el gobierno canadiense?

Dado el gran velo que cubren estos mecanismos de auto regulación empresarial de la que este estándar forma parte, queremos en este comunicado dar algunos elementos para  mostrar por qué este estándar es un mecanismo más de simulación, que permite que, mientras las empresas canadienses destruyen con impunidad vidas y territorios en diferentes partes de la República mexicana, sean reconocidas por los gobiernos como una fuerza positiva para las comunidades, para el medio ambiente y para la prosperidad a largo plazo de nuestro México”, como dijo el embajador de Canadá en México, Cameron Mackay, al anunciar este estándar.

El estándar Hacia una Minería Sustentable (TSM por sus siglas en inglés) es un mecanismo creado por la Asociación Minera de Canadá que consiste en nueve protocolos para la autoevaluación de las operaciones mineras y que, desde hace años, ha sido promovido por dicha Asociación, tanto dentro de Canadá como a nivel global. Sin embargo, el sector minero no es el único impulsor de este estándar; las embajadas canadienses alrededor del mundo también asumieron el papel de promotoras de dicho estándar voluntario, como parte de su política exterior servil a los intereses mineros. Así, la embajada actúa con omisión y negligencia ante la exigencia que gobiernos, organizaciones y comunidades le han hecho durante décadas para llevar a rendir cuentas a las empresas mineras con domicilio en Canadá por las violaciones a derechos humanos, medio ambiente y a la salud en diversos países.

Contrario a lo que dijo el Embajador de Canadá en México, Cameron Mackay, en el boletín emitido por CanCham, este estándar no va a “garantizar que la inversión canadiense en el sector minero mexicano siga siendo, más que nunca, una fuerza positiva: para las comunidades, para el medio ambiente y para la prosperidad a largo plazo de nuestro México». Más bien, este estándar promueve la opacidad y el conflicto de interés al promover procesos de auto-regulación de las empresas sobre sus propias operaciones. Es además un mecanismo que no conlleva penalizaciones para las empresas que no cumplen los protocolos, al tiempo que evita que las comunidades y trabajadores mineros afectados busquen justicia y reparación del daño cuando pierden fuentes de agua, se destruyen sus tierras cultivables, empiezan a enfermarse, o enfrentan la criminalización y la violencia por haberse organizado y denunciado violaciones de sus derechos.

Organizaciones ambientales y pueblos indígenas de Canadá también han señalado la peligrosidad de este estándar, por la misma forma en que la Asociación Minera de Canadá y el gobierno de la provincia de Columbia Británica, en este caso, lo han utilizado para disfrazar la minería como una actividad “responsable”, evitando así responder a las constantes exigencias sobre los riesgos que implican los diques de cola, sobre la debilidad de la legislación y los controles para manejar la contaminación del agua generada por la minería, y la falta de respeto y desdén que constantemente muestran las corporaciones mineras hacia la autodeterminación de los pueblos indígenas.

En una publicación de 2021, este grupo de organizaciones canadienses observaron que este estándar voluntario no asegura que las empresas cumplan ni con sus protocolos, ni con las leyes locales de aquel país y, aún más, lo señalaron por ser un estándar incluso más débil que otros, por no tomar en consideración temas relevantes como la reclamación y cierre de minas, la seguridad en torno a la operación minera, o los derechos humanos, entre otros.

Además, lo que se anunció esta semana como el compromiso de las empresas mineras canadienses vinculadas al comité de CanCham para “implementar de manera gradual los protocolos del estándar”, es como decir que lo podrían aplicar ahora o nunca, dado que todo es gradual y voluntario.

Para dimensionar lo inútil que este estándar es para la justicia y la rendición de cuentas, basta con voltear a ver la mina Los Filos de la empresa Equinox Gold en Guerrero, una empresa canadiense con sede en Vancouver y cuyo vicepresidente para México, Armando Ortega, forma parte del Consejo Ejecutivo actual de CanCham. Este empresa ya tiene un compromiso con el estándar mencionado, al ser miembro de la Asociación Minera de Canadá, y demuestra la farsa que es este estándar. Al mismo tiempo su mina Los Filos está poniendo en riesgo la vida de la comunidad de Carrizalillo al haber destruido casi la totalidad de sus tierras mientras la empresa mantiene su pretensión de imponer condiciones absolutamente inviables sobre su convenio de uso de tierras, con la auto-suspensión ilegal de su mina y al mismo tiempo haciendo amenazas y demandas en contra de la comunidad.

Esto conjunto de violaciones no sólo lo dice la comunidad de Carrizalillo, si no ahora la clausura reciente por PROFEPA a las operaciones de la empresa, respalda lo que ha estado diciendo la comunidad desde hace meses en torno a los incumplimientos de la empresa de la normatividad ambiental mexicana y respecto al señalamiento de que este cierre debería conllevar un proceso de remediación, rehabilitación y compensación justa y consensuado con la comunidad.  

Finalmente, en su boletín, el Comité Ejecutivo de Minería de CanCham, dice que la adopción de este estándar “responde a la exigencia consensuada por la presidenta de México y el primer ministro de Canadá para que la industria minera siga llevando a cabo protocolos de protección comunitaria y ambiental acordes con las aspiraciones comunes de construir un marco de desarrollo sostenible”. Como REMA, no dudamos que este anuncio sea parte de un montaje mediático organizado por la industria en colaboración con la diplomacia canadiense para maquillar su Plan de Acción Canadá-México y su acercamiento con México en el contexto de la revisión del T-MEC para tratar de persuadir al gobierno mexicano que las empresas mineras canadienses ahora van a comportarse bien.

Si las autoridades mexicanas responden a este gesto con complacencia y confianza, sería caer nuevamente en la trampa de la simulación, en la política colonial extractivista de Canadá y aceptar la continuidad del despojo, desplazamiento e impunidad en torno a la minería que ya conocemos demasiado bien.   

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)

Imagen: Mina Los Filos, Carrizalillo, Guerrero. Foto: REMA

Para mayor información:

Desmintiendo los mitos sobre la minería «sostenible» en la Columbia Británica: Información general, MiningWatch Canadá.

Nota REMA | La destrucción anunciada de la Laguna de Cuyutlán por el megaproyecto Puerto Nuevo Manzanillo, Colima

Compartimos esta nota de análisis de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 16 de octubre del 2025

Desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) escribimos esta nota de análisis a partir de lo ocurrido durante la Reunión Pública de Información del proyecto Puerto Nuevo Manzanillo, promovido por la Secretaría de Marina (SEMAR) y realizada el 2 de octubre. La publicamos ante la preocupación y en solidaridad con las denuncias de Tsikini A.C., DEMAREM A.C. y las comunidades de la Laguna de Cuyutlán, que han señalado graves carencias en la evaluación ambiental, irregularidades en el procedimiento y simulación institucional. Esta nota busca visibilizar los hechos, amplificar las voces comunitarias y analizar el avance de la militarización y el despojo territorial bajo el discurso del desarrollo.

A principios del mes, la SEMARNAT llevó a cabo la Reunión Pública tras la presión de 651 pescadores, salineros y organizaciones locales que impidieron que se realizara únicamente en línea, quienes durante toda la jornada demostraron que no se trata de unos cuantos inconformes, sino de una comunidad que sabe sobre las implicaciones de la expansión portuaria sobre la Laguna de Cuyutlán. 

Durante la jornada se denunciaron distintas irregularidades en los procedimientos de implementación, como trabajos de dragado iniciados sin permisos ambientales y una Manifestación de Impacto Ambiental elaborada en apenas dos meses, firmada por un solo consultor. Además, se alertó sobre la fragmentación ilegal del proyecto, al presentar por separado el bardeado del vaso II, una estrategia que busca evadir la evaluación integral de los graves impactos ambientales y sociales.

Lo ocurrido en Manzanillo forma parte de un patrón estructural de imposición institucional cada vez más militarizada que se repite en numerosos territorios del país, que transgrede la integridad de la Laguna de Cuyutlán entera, y pone en riesgo el ecosistema de manglar con toda su biodiversidad e importancia para la protección costera ante eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes, además afectando los derechos de la población afectada a un ambiente sano, al agua, a la salud y al trabajo de las familias salineras y pesqueras, reduciendo los procesos de consulta pública (tal como han sido durante todo el periodo neoliberal hasta ahora) a formalidades administrativas manipuladoras y mal hechas que sirven para legitimar decisiones ya tomadas por las élites políticas y/o empresariales.

Las autoridades encargadas realizan estos procedimientos evadiendo la garantía de derecho a la información y a la participación, generando dinámicas de desgaste, división y exclusión. Esta reunión pública evidencia cómo la burocracia ambientalreproduce prácticas coloniales de simulación participativa.

Es de especial preocupación que estos espacios también sirvan a las autoridades para la confrontación utilizando estrategias para el acarreamiento de personas o la invitación a opositores del proyecto fomentando la división comunitaria. Estos espacios para nada buscan la información, la participación ciudadana ni la rendición de cuentas, son un montaje institucional que busca validar administrativamente y políticamente un proyecto que ya decidieron las autoridades sea aprobado. 

La Secretaría de Marina (SEMAR) representa la militarización creciente del país y del control estratégico de los bienes comunes. A través de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), que desde 2021 concentra bajo mando militar la gestión de todos los puertos, la Marina actúa como promotora directa del proyecto. Esta participación refleja una política nacional que militariza la infraestructura estratégica y coloca el llamado “interés nacional” por encima de los derechos de las comunidades, donde la fuerza sustituye la voz de los pueblos afectados. 

En el fondo, este caso revela cómo la política ambiental es una herramienta de gestión del despojo, al servicio de megaproyectos de infraestructura, exportación y logística que profundizan el extractivismo bajo nuevos nombres. La expansión del Puerto de Manzanillo no solo amenaza el equilibrio ecológico de la Laguna de Cuyutlán, sino que acelera la privatización del litoral, la pérdida de biodiversidad, el desplazamiento de comunidades y la producción pesquera y salinera, y el colapso urbano que ya afecta a la región. Con ello, se perpetúa un modelo autoritario extractivista militarizado en el que las instituciones estatales siguen actúan como facilitadores o operadoras del capitalismo rapaz y no como garantes de los derechos humanos, ambientales y colectivos de los pueblos.

Compartimos el comunicado de prensa de DAMAREM A.C. donde se relatan los hechos y las exigencias de las comunidades y los comentarios sobre la MIA preparado entre Tsikini A.C, Conexiones Climáticas y ELAW. 

Imagen: Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gobierno de México (2019).

Infografía:Bayer – Monsanto; Enferman y venden la medicina

Empresas Transnacionales en México: Criminales Ambientales

Presentamos esta serie de infografías que visibilizan el impacto de las empresas transnacionales más contaminantes en México. Estas corporaciones transnacionales son responsables de graves impactos socioambientales, bajo el discurso del desarrollo y el progreso, han devastado ecosistemas, vulnerado derechos humanos y profundizado las crisis socioambientales.

Nuestro objetivo es evidenciar cómo operan estos actores criminales, mostrar las luchas de las comunidades afectadas y denunciar la impunidad con la que continúan destruyendo territorios y vidas. Con esta información buscamos visibilizar sus responsabilidades y aportar a las luchas por la justicia ambiental en el país.

En esta sexta infografía abordamos a Bayer la gran farmacéutica y en 2018 adquirió a Monsanto

Conversatorio: Gaza ¿Ahora qué?; ¿Cómo es la situación actual en Gaza?, ¿Cuáles son los términos del acuerdo del alto al fuego? Miércoles 29 de octubre de 2025

Les invitamos a este conversatorio sobre a situación en Gaza este miércoles 29 de octubre a las 5p.m. en La Enseñanza Casa de la Ciudad

#PalestinaLibre

Artículo: Botín de un colonialismo que no cesa: El Fondo Bosques Tropicales para Siempre

Compartimos este artículo publicado por el Movimiento Mundial de Bosques Tropicales WRM – A octubre 2025

El Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por su sigla en inglés) será lanzando en la 30a Conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima, que se realizará entre el 10 y el 21 de noviembre próximos en Belém, Brasil. Esta iniciativa es presentada como una “nueva esperanza” para los bosques tropicales en todo el mundo. Sin embargo, está muy lejos de ser así…

El artículo Botín de un colonialismo que no cesa: El Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), de Larry Lohmann (The Corner House), explica qué es el TFFF y por qué tiene que ser rechazado:

    1. El TFFF se financiaría con ganancias derivadas en parte de la destrucción de bosques tropicales.

    2. El dinero que el TFFF promete a los gobiernos de países con bosques tropicales es mínimo y sumamente incierto comparado con las ganancias que Wall Street podría obtener del plan. En esencia, el programa está diseñado para transferir riquezas del Sur al Norte.

    3. El TFFF aumentaría tanto la deuda financiera del Sur con el Norte como la deuda ecológica del Norte con el Sur. 

    4. El TFFF está diseñado de tal manera que distrae y desvía la atención de las causas subyacentes de la deforestación. El fondo de inversión en bonos en que se basa fue diseñado por banqueros del Norte con muy poco conocimiento sobre los bosques tropicales y sus pueblos.

    5. El TFFF se estructura en torno a una teoría falsa de la deforestación.

    6. Si  los gobiernos de países con bosques tropicales recibieran algún dinero en el marco del plan, es muy poco probable que transfieran cantidades significativas a las comunidades. De hecho, el TFFF podría terminar reforzando el poder de gobiernos represores de las comunidades que viven en los bosques.

Infografía: Grupo Lala, La vaca sedienta y flatulenta

Empresas Transnacionales en México: Criminales Ambientales

Presentamos esta serie de infografías que visibilizan el impacto de las empresas transnacionales más contaminantes en México. Estas corporaciones transnacionales son responsables de graves impactos socioambientales, bajo el discurso del desarrollo y el progreso, han devastado ecosistemas, vulnerado derechos humanos y profundizado las crisis socioambientales.

Nuestro objetivo es evidenciar cómo operan estos actores criminales, mostrar las luchas de las comunidades afectadas y denunciar la impunidad con la que continúan destruyendo territorios y vidas. Con esta información buscamos visibilizar sus responsabilidades y aportar a las luchas por la justicia ambiental en el país.

En esta quinta infografía abordamos a Grupo Lala

Publicación: Vasallaje y modernización colonial del TLC entre México y la Unión Europea, seguirá

Compartimos esta publicación escrita por Andrés Peñaloza Méndez y publicada por Bia´lii, Asesoría e Investigación, A.C.; Campaña No Más Acuerdo Global/TLCUEM; Centro de Promoción y Educación Profesional “Vasco de Quiroga”; A.C.; Colectivo Ecologista Jalisco, A.C.; Enlace Comunicación y Capacitación, A.C – A octubre 2025

Vasallaje y modernización colonial del TLC entre México y la Unión Europea, seguirá profundizando asimetrías salariales y de ingresos de la clase trabajadora

Introducción

Este texto muestra las asimetrías salariales y laborales existentes entre México y sus socios europeos en el contexto del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación (Acuerdo Global) México-Unión Europea, suscrito en 1997 y en vigor en su parte comercial, desde el año 2000.

La primera parte aporta información sobre el comportamiento del comercio bilateral y las inversiones europeas en México.
Enseguida, se ofrece un análisis de las principales asimetrías de carácter salarial y de ingresos.

Finalmente, a través del estudio del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) en la planta de la BMW (Bayerische Motoren Werke), en San Luis Potosí y de la lucha sindical en ContiTech (Continental Industries) ambas empresas de capital alemán, se exhiben los términos, condiciones y políticas laborales seguidas en general por las empresas europeas asentadas en nuestro territorio, reveladoras, con pocas excepciones, de prácticas violatorias de derechos laborales fundamentales.

La lucha en ContiTech, filial de la transnacional alemana Continental, es un caso interesante porque el gobierno aceptó la queja por violaciones a los derechos laborales, acogida ante el Mecanismo de Reparación de Derechos Humanos de la Industria Automotriz Alemana, semejante al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (MLRR del T-MEC), singular programa europeo de derechos humanos y de la ley de Diligencia Debida que obliga a todas las cadenas de suministro de las empresas germanas a respetar los derechos laborales, que permite reclamar el cumplimiento de los derechos humanos en la industria automotriz, en este caso circunscrito a las empresas Mercedes-Benz, BMW y YZF.
En el análisis del CCT de la BMW en San Luis Potosí se da cuenta de las principales clausulas lesivas y notoriamente desventajosas para el respeto de los derechos laborales.

Estimo que, en los acuerdos con potencias del norte global, como la UE, estos deben descansar en un firme compromiso vinculante por la paz, el desarme, los derechos humanos, entre ellos, los laborales (que eviten las asimetrías salariales y de ingresos y el pleno respecto a derechos y conquistas obreras), ambientales y culturales para un desarrollo justo y sustentable.

Acacoyagua, Chiapas, Territorio libre de minería

Comunicado de Otros Mundos sobre a ratificación de la Declaratoria de Territorio Libre de Minería en Acacoyagua – A 15 de octubre del 2025

Por quinta vez consecutiva el “Frente Popular en Defensa del Soconusco-20 de Junio” (FPDS), quienes en 2020 fueron galardonados con el Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas “Mariano Abarca”, han logrado que el H. Ayuntamiento del Municipio de Acacoyagua, Chiapas, sea declarado libre de minería.

Así, el 15 de agosto de 2025, el gobierno de este ayuntamiento de la costa de Chiapas, presidido por el Presidente Municipal José Antonio Meza, se llevó a cabo una sesión de cabildo exclusiva para realizar un “ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ESTE HONRABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE REFRENDAR EL COMPROMISO DE NO EXTENDER NINGÚN PERMISO NI LICENCIA PARA LA ACTIVIDAD MINERA EN LO QUE COMPRENDE EL PERIODO DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027. Y DECLARA ESTE MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, LIBRE DE MINERÍA”.

El FPDS, miembros de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), han mantenido su lucha y resistencia para defender sus territorios, los ríos y la Madre Tierra. Desde entonces han logrado que el municipio sea declarado libre de minería en cada administración municipal. El Municipio de Acacoyagua fue el primero a nivel nacional que declaró su territorio libre de la extracción minera que amenazaba ya con impactos sociales y ambientales.

Es por ello que reconocemos el esfuerzo del FPDS, del pueblo de Acacoyagua y de las ultimas cinco administraciones municipales por dar el ejemplo a nivel estatal y nacional de lo que significa defender los ríos, sus territorios, el agua y la salud de su pueblo.

¡TERRITORIO LIBRES DE MINERÍA!

VIDA SI, MINA NO