Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la criminalización a defensores de la vida y el territorio en Oaxaca por oponerse al Corredor Interoceánico – A 30 de enero del 2024
El indígena binnizá y agente comunitario de la comunidad Puente Madera, David Hernández Salazar, fue declarado culpable hoy, 30 de enero, en un proceso penal por ataque a las vías de comunicación y daños por incendio, tras 13 días de audiencia para el desahogo de pruebas y peritajes. La demanda fue impuesta por autoridades municipales de San Blas Atempa, en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec.
Salazar, quien también es integrante de la coordinación general de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y del Congreso Nacional Indígena (CNI), ha representado a la comunidad indígena binnizá de Puente Madera en la reivindicación de su derecho al territorio que se ha visto vulnerado por la instalación en sus tierras comunes de un parque industrial en el ámbito del megaproyecto Corredor Interoceánico.
El próximo 7 de febrero se retomará la audiencia que determinará la pena y sanciones, sin embargo, “continuaremos defendiendo y exigiendo la inocencia y libertad incondicional de David Hernández Salazar ante la fabricación de delitos y criminalización por su labor como defensor del territorio”, anunció la Asamblea Comunitaria de Puente Madera en un comunicado.
En julio de 2023, 23 organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, en una Misión Civil de Observación, visitaron la comunidad binnizá y denunciaron actos de criminalización y difamación en contra de 17 defensoras y defensores de derechos humanos en Puente Madera. Las agresiones, argumentan, se deben a su labor de derechos frente la amenaza de imposición del Parque Industrial o Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebi) del Corredor Interoceánico en San Blas Atempa, incluyendo al defensor de derechos humanos, David Hernández Salazar.
En un comunicado, organizaciones congregadas en el Frente de Organizaciones Oaxaqueñas denunciaron que las acciones de judicialización en contra de Salazar se “dan como parte de la campaña de difamación, hostigamientos, persecución y amenazas por parte de los tres niveles de gobierno, instituciones estatales, la Sedena [Secretaría de Defensa Nacional], organizaciones partidistas, políticos y empresarios relacionados con la imposición” del parque industrial en tierras de uso común de San Blas Atempa.
Durante este martes (30), se realizaron acciones de protesta ante instalaciones del poder judicial y de la fiscalía General del Estado de Oaxaca en las ciudades de Matías Romero y Huajuapan de León para demandar el cese a la criminalización en contra de los defensores del territorio de Puente Madera y de Santa María Mixtequilla, también impactada por la creación de un polo de desarrollo.
Les compartimos el primer capitulo de la Serie Entender la guerra para soñar con el paz, un diálogo sobre la historia e identidades del conflicto Palestino-Israelí para tener un mejor entendimiento ante la complejidad del contexto en el cual se da esté enfrentamiento en el llamado medio oriente, revisando conceptos y términos que pueden dar luz para soñar con la paz.
Capítulo 1: Entendiendo el conflicto Palestino-Israelí
Un diálogo sobre la historia e identidades del conflicto para tener un mejor entendimiento ante la complejidad del contexto en el cual se da esté enfrentamiento en el llamado medio oriente, revisando conceptos y términos que pueden dar luz para soñar con la paz
Producción Otros Mundos Chiapas Amigos de la Tierra México
Contenido y palabra: Ana Vázquez Carpizo, Colaboradora Otros Mundos Chiapas
Conducción y edición: Marco von Borstel Concepto y producción: Ana Vázquez Carpizo, Gustavo Castro y Marco von Borstel
Cámara: Nikte-Ha Vieyra Cid, Comunicación Otros Mundos Chiapas
Logotipo: Uitsili Latapí
Apoyo edición: Mar Xiuhatsin, Sandra Latapí
Música entrada: El Caudal – Rastrillos (con permiso de autores)
Música de apoyo: Sin copyright
Apoyo de difusión: Perimetral y Desdeabajito
Este es un material de contenido educativo y de carácter cultural sin fines comerciales
En Chiapas la violencia derivada de la lucha por el dominio territorial entre diversos grupos el crimen organizado ha entrado en una nueva fase. Los acontecimientos de los últimos meses y, sobre todo, de las semanas recientes son clara muestra de una escalada sin precedentes. Otros Mundos Chiapas expresa su más profunda preocupación ante esta catástrofe social, económica y política.
La imposibilidad de ingresar a diversos municipios del estado por la falta de garantías de seguridad; la carencia de información fehaciente y la confusión que esto genera; el número aún impreciso de desplazados, desaparecidos y asesinados son indicadores de la descomposición acelerada que sufre la entidad, donde la población ha quedado atrapada entre varios frentes.
Hacemos un llamado urgente a las autoridades federales, estatales y municipales, y a todos los sectores de la sociedad civil, para que juntos revirtamos esta espiral de muerte y destrucción que podría empeorar en los próximos meses cuando la contienda electoral y los reacomodos de fuerzas estén en pleno auge. Chiapas y todo México merecen vivir en paz.
¡¡ALTO A LA VIOLENCIA, A LA IMPUNIDAD Y A LA BARBARIE!!
Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre un paso más de algunas comunidades que resiste al embiste minero en México – A 12 de enero del 2024
Concesiones de agua para industria deberán consultarse con pueblos indígenas
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que las autoridades deben consultar a los pueblos indígenas cuando se emitan títulos de concesión de agua para uso industrial que afecten su territorio y su derecho a un medio ambiente sano.
Lo anterior al resolver un juicio de amparo promovido por la comunidad rarámuri de “El Trigo”, Municipio de Uruachi, en el estado de Chihuahua, en contra de la expedición y promulgación de un decreto que eliminó las zonas de veda de la Subregión Hidrológica del Río Fuerte y estableció zonas de reserva para el aprovechamiento de las aguas del río para usos industriales y urbanos; así como de cuatro títulos de concesión otorgados a empresas mineras para aprovechar industrialmente el agua.
De acuerdo con los datos del caso, la Jueza de Distrito que conoció del asunto decidió no entrar al fondo de la demanda planteada, al “considerar que la comunidad indígena no contaba con interés jurídico ni legítimo, ya que la expedición de los títulos de concesión y su registro no le generaban por sí solos una afectación jurídica, al no tener efectos en su territorio”.
Inconforme con esa decisión, la comunidad indígena interpuso un recurso de revisión, y la Primera Sala asumió el estudio del caso y propuesta de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, los integrantes de la Primera Sala, establecieron por unanimidad que la comunidad indígena solicitante de amparo que habita esa región desde principios del siglo XIX y tiene como principal sustento el cultivo de maíz, actividad alrededor de la cual organiza la mayor parte de su vida cotidiana y espiritual, y para cuyo desarrollo depende del agua proveniente de la Subregión Hidrológica del Río Fuerte, sí cuenta con interés legítimo para promover el juicio de amparo en contra de los actos que reclamó.
Los ministros consideraron que debía otorgarse la protección a la comunidad indígena “debido a las potenciales afectaciones que las concesiones implican en su vida cultural y ceremonial, ya que su implementación puede disminuir el flujo o contaminar el líquido vital del que se benefician”.
Así, al analizar el fondo del asunto, la Sala advirtió que los actos reclamados pueden afectar directamente a la comunidad indígena, en particular, sus derechos al territorio en relación con el uso preferente de los recursos naturales existentes en éstos, así como el derecho al agua y a un medio ambiente sano, lo que generaba la obligación de realizar una consulta libre, informada y previa a la emisión de tales actos.
Por tal motivo, la Primera Sala determinó procedente revocar la sentencia y conceder el amparo para dejar sin efectos el Decreto impugnado, así como los títulos de concesión para uso y explotación industrial de las aguas superficiales de la cuenca otorgados por la Comisión Nacional del Agua, con base en ese decreto.
Por ello, determinó que en caso de emitir un nuevo decreto o emitir una nueva concesión para el uso, explotación y aprovechamiento de las aguas que constituyen la Subregión Hidrológica Río Fuerte, de la Región Hidrológica número 10 Sinaloa, las autoridades responsables realicen la consulta previa correspondiente.
Compartimos esta nota publicado en Avispa Midia sobre la poca o nula respuesta del gobierno antes los casos de desaparición en especial de defensoras y defensores – A 16 de enero del 2024
El pasado lunes (15) se cumplió un año de la desaparición forzada del abogado defensor de derechos humanos, Ricardo Arturo Lagunes Gasca, y del profesor y líder de la comunidad indígena de San Miguel de Aquila, Antonio Díaz Valencia. Ambos sostenían la defensa legal de la población nahua, ubicada en la región Sierra Costa de Michoacán, para garantizar la elección libre de sus autoridades comunales y el cumplimiento de los acuerdos con la minera Las Encinas, propiedad de la empresa Ternium.
Lagunes y Díaz fueron víctimas de desaparición forzada cuando se trasladaban entre los límites de Michoacán y Colima, después de haber participado en una asamblea comunitaria. Desde aquel momento no se tiene información de su paradero y sus familiares continúan exigiendo su búsqueda y presentación con vida.
Familiares de los defensores desaparecidos realizaron una manifestación en la Glorieta de las y los desaparecidos, en la Ciudad de México, el 22 de enero de 2023. Fotografía: Ulises Martínez/ObturadorMX
El crimen ocurrió a pesar de que, meses atrás, Díaz y Lagunes habían alertado a las autoridades, tanto estatales como federales, sobre una serie de amenazas contra ellos y otras personas de la comunidad indígena. Desde hacía tiempo, los pobladores nahuas señalaban a la minera, que extrae uno de los principales yacimientos de hierro en México, como un factor de división y fragmentación social al interior de la comunidad.
Pese a las advertencias reportadas a las autoridades de diferentes niveles, a quienes se les solicitó su intervención para mediar los conflictos entre la población y la minera para evitar la escalada de la violencia en la región, estas fueron ignoradas, destaca un comunicado de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (RedTDT).
No es un caso aislado
Mediante posicionamiento a un año sin información de su paradero, la RedTDT asevera que la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz no es un hecho aislado. “En los últimos 15 años han desaparecido más de 93 personas defensoras ambientales en México, 62 de ellas por defender el territorio indígena ante proyectos de minería y de tala clandestina de madera”, asevera la red de organismos de derechos humanos en México.
Cabe destacar que, durante el último año, en la región Sierra Costa de Michoacán se han registrado mas ataques y desapariciones contra otras comunidades indígenas y defensores del territorio. De acuerdo a la RedTDT, esto sucede en un contexto fuertemente marcado por la injerencia de la empresa Ternium y la presencia del crimen organizado.
El profesor Antonio Díaz se distinguió por ser un líder de su comunidad. Foto: cortesía de los familiares/Mongabay
Resaltan los ataques contra la comunidad nahua de Santa María Ostula, donde tres guardias comunitarios fueron asesinados días después de las desapariciones en Aquila. Ostula también reporta cuatro defensores del territorio que continúan desaparecidos.
También se registró, el 1 de abril del 2023, la desaparición de Eustacio Alcalá, perteneciente a la comunidad nahua de San Juan Huitzontla, población que desde 2017 se declaró como territorio libre de minería y que mantiene una batalla legal para cancelar las concesiones minera de Las Encinas. Tres días después de su desaparición fue encontrado el cadáver de Alcalá.
Eustacio Alcalá, líder de la comunidad nahua de San Juan Huitzontla. Foto: Cortesía Centro Prodh/Mongabay
“Ante las múltiples exigencias de colaboración con la empresa, la respuesta de todos los actores fue continuar las negociaciones económicas dejando en segundo plano las desapariciones y sin fortalecer las estrategias de búsqueda y localización. Tanto el gobierno de Michoacán como el gobierno federal aceleraron los acuerdos con la empresa Ternium, para reactivar la operación de la mina e incidieron en actores locales para que respaldaran esta decisión, aprovechando la gran dependencia económica que la mina históricamente ha generado en la comunidad”, destaca la RedTDT sobre el lento avance en la búsqueda de Lagunes y Díaz.
Acorde al posicionamiento, a un año de su desaparición forzada, las familias de los defensores han experimentado la realidad que viven miles de buscadoras y buscadores en México, “simulación, superficialidad en los compromisos de búsqueda e investigación y revictimización desde todas las esferas gubernamentales”.
Compartimos este pronunciamiento de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC de donde somos parte en solidaridad con el pueblo argentino – A 10 de enero del 2024
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) se solidariza con el pueblo argentino ante la ofensiva autoritaria y neoliberal desplegada desde la asunción del presidente Javier Milei, el pasado 20 de diciembre de 2023. En menos de un mes de ocupar el poder, el representante de extrema derecha neoliberal ha violentado a la sociedad argentina con sus proyectos autoritarios de reformas legales inconstitucionales a través de un decreto presidencial “de necesidad y urgencia”, además de profundizar enormemente la pobreza con una devaluación de la moneda del 120%; llevar a cabo un ajuste total del Estado en materia social y privilegiar su carácter represivo; e imponer la apertura económica y la desindustrialización; generar una inflación descontrolada y un aumento abrumador del costo de vida, efectivizando una “doctrina de shock”.
Todas estas medidas que perjudican al grueso de la población, serán respaldadas por otra norma de prohibición de las protestas: a través de un Protocolo del Ministerio de Seguridad que prohíbe el derecho fundamental a exigir y manifestarse públicamente, a organizarse social y políticamente y a ejercer la libertad de expresión. Estos derechos, consagrados por la Constitución Nacional Argentina y en acuerdos internacionales a los que el país suscribe, serán gravemente vulnerados por las medidas que buscan criminalizar a los sectores populares, organizaciones sociales y sus referentes.
El “Protocolo para el mantenimiento del orden público” es un mecanismo para convertir en delito la protesta y la organización social que pone en riesgo la integridad física de las personas, su seguridad y libertad. El Protocolo penaliza los cortes de calles o rutas, por lo que cualquier persona que participe en una manifestación incurrirá en la comisión de un delito. Cabe destacar que el Protocolo no es claro respecto al uso de la fuerza policial y no prohíbe expresamente el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas policiales. Sumado a esto, amenazan con cobrar a las organizaciones los costos, que ascienden a sumas millonarias, de los operativos de seguridad en las manifestaciones.
No conforme con estas atrocidades, posteriormente Javier Milei envió un proyecto de ley al Congreso de la Nación, que contiene más de 600 artículos. Popularmente conocida como “Ley ómnibus” por la cantidad de modificaciones que propone. Sin embargo, es en realidad una fuerte reforma inconstitucional del Estado: le quita de facultades al poder legislativo, propone la privatización de 41 empresas estatales, permite el endeudamiento externo desde el poder ejecutivo sin pasar por el parlamento, elimina el derecho a la protesta social, modifica la ley de glaciares habilitando la minería y otras actividades económicas en zona periglaciar y amenazando el agua de las comunidades cordilleranas, habilita el desmonte modificando la Ley de Bosques, establece un “Régimen de Incentivo para grandes inversiones” destinado a sectores de agroindustria, infraestructura, minería, forestal, gas y petróleo, brindándoles seguridad jurídica y protección de derechos en materia tributaria, faculta al poder ejecutivo la creación de un “mercado doméstico de emisión de gases de efecto invernadero” pudiendo asignar derechos de emisión de GEI a cada sector de la economía, establece un mercado de carbono en el cual quienes hayan cumplido sus “metas de carbono” puedan “vender” su cupo a los que no estén cumpliendo las metas, modifica la ley de los 1.000 días que complementa la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Introduce como objetivo la “detección de madres embarazadas e hijos por nacer” abriendo la puerta a la derogación de la ley del aborto.
A nivel internacional, retiró rápidamente a Argentina de los BRICS, propone la aprobación del Acuerdo Unión Europea Mercosur y boicotea el multilateralismo, priorizando el vínculo con Estados Unidos e Israel y proponiendo la ruptura de lazos comerciales con países como Brasil y China por considerarlos bajo la órbita del comunismo.
El gobierno claramente autocrático de Milei es un riesgo para la democracia argentina y para la integración regional. La resistencia a estas medidas en Argentina comenzó rápidamente, mediante protestas que fueron reprimidas, presentaciones judiciales, llamamientos al poder legislativo y judicial para poner freno a estos atropellos y la convocatoria por parte de las centrales sindicales a un paro general con movilización al Congreso de la Nación para el próximo 24 de enero. Los movimientos sociales, ambientales, sindicales, feministas y de la economía popular nos encontramos en alerta a nivel nacional e internacional. ATALC apoya el llamamiento a paro general, se solidariza con los movimientos populares argentinos en la calle a pesar de los riesgos, hace responsable al gobierno de Javier Milei por la integridad de los y las manifestantes y llama a la comunidad internacional a una alerta permanente y solidaridad activa para que Argentina no pierda los derechos que ha conquistado con años de luchas populares.
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 4 de enero del 2024
Hace ya un año que Salomón Jara Cruz tomó posesión como gobernador constitucional de Oaxaca. Su victoria en las urnas fue más una consecuencia del fenómeno López Obrador que por méritos propios de un personaje más que gris, bastante turbio, que ya en campaña se vio rodeado de “gente nueva” que, entre telones de la política subterránea oaxaqueña, se relacionan más con grupos del crimen organizado que con políticos de la nueva generación de la 4T.
El megaproyecto del Corredor Interoceánico fue el principal objetivo para Salomón Jara o mejor dicho la encomienda de su jefe directo, AMLO. El gobernador anterior, Alejandro Murat, quien llegó a su puesto con una coalición del PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza y quien apenas renunció al PRI para convertirse en flamante apoyador de la candidata oficial, Claudia Sheinbaum, también había hecho su partea favor del Corredor ganándose así las simpatías del jefe máximo. Este megaproyecto es parte de la política neoliberal arropada por los mismos conceptos anquilosados de “progreso, desarrollo y bienestar” que se siguen usando como argumento para seguir despojando de los bienes naturales y sociales en los territorios indígenas y campesinos.
Ahora Salomón Jara dio otro salto, poniéndose a la derecha de Carlos Salinas y de su política privatizadora del campo mexicano por medio de la reforma del Artículo 27 de la constitución de 1992, con su propuesta de creación de un programa totalmente antiagrarista e inconstitucional para el estado de Oaxaca.
En un lapsus de sinceridad política, Jara propuso abolir la propiedad social en la Iniciativa de la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2024: Se propone a esa Soberanía la aprobación del Programa Certeza Jurídica de la Seguridad y Bienestar del Patrimonio, que busca incorporar a la propiedad privada los predios ejidal y comunal, beneficiando directamente a los propietarios e indirectamente a los Municipios que ven incrementado su padrón de propiedad inmobiliaria y con esto el impuesto predial que sirve de coeficiente para la distribución de participaciones federales.
Con la mayoría del congreso local a fin al movimiento de la 4T y con una oposición más que timorata fue aprobada la propuesta, pero ya sin el texto original, aunque un poco tarde para no ver el sentido de esta propuesta antiagrarista.
Artículo 25. El Programa de Certeza Jurídica de la Seguridad y Bienestar del Patrimonio, otorgará estímulos fiscales a los beneficiarios del programa, consistente en el 50 por ciento de los derechos contenidos en el artículo 25 fracciones I y II de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca y 50 por ciento del Impuesto para el Desarrollo Social… https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/decretos/DLXV 16 06.pdf (pág. 26)
Después de ese resbalón, ante las reacciones de diferentes sectores de la llamada sociedad civil y sobre todo la incertidumbre que comenzó a surgir en los núcleos agrarios y el temor ante un fantasma de sexenios pasados, el gobernador en un comunicado oficial del pasado 18 de diciembre contestó lo siguiente:
El referido programa consiste en darle certeza jurídica a las personas poseedoras de predios, siempre y cuando ya tengan el “dominio pleno”, es decir, que ya hayan sido desincorporados de los núcleos agrarios ejidal o comunal previamente autorizados en asamblea comunitaria.
Dicha certeza es a través de la expedición del certificado parcelario inmobiliario o título de propiedad otorgado por la Coreturo.
La incertidumbre ha llevado a algunos movimientos a iniciar procesos legales o por lo menos anunciarlos, algunas organizaciones apelando a la cercanía con el gobierno de Oaxaca y a la amistad con Jara Cruz le piden que vete su propia ley. Pero algunos todavía más ilusos ya están poniéndose la soga al cuello pidiendo ser consultados ante un programa completamente inviable por ser inconstitucional.
La tenencia colectiva de la tierra tiene su propia reglamentación y marco legal, además de ser una ley federal y ningún programa, ley o reglamento estatal puede estar encima de ella, ni de la Constitución, por el principio jurídico de jerarquía.
La intromisión de una institución del gobierno del estado o del propio municipio en el ejido, su intromisión o coacción podría establecer una falta administrativa, la usurpación de funciones o llegar a constituir otros delitos más graves además de crear conflictos en las comunidades.
Estamos a 30 años del inicio de los programas de “regularización y certeza jurídica” PROCEDE, FANAR y RRAJA. Los gobiernos siguen aprovechando la falta de información y utilizarán esta condición para tratar de seguir dividiendo los territorios por medio de dos instituciones ejecutadoras de la política privatizadora del campo hasta el día de hoy: el Registro Agrario Nacional RAN y la Procuraduría Agraria PA. Su función ha sido y sigue siendo para crear condiciones a las empresas extranjeras, nacionales y paraestatales (SEMAR, Sedena, PEMEX, CFE o LitioMx) que ahora como nunca amenazan la propiedad social y los territorios indígenas, promoviendo el saqueo de los bienes naturales a través de la privatización de las tierras.
Así que esta iniciativa de Salomón Jara es solo una parte de su política abiertamente neoliberal, antiagrarista y extractivista. No solo por esta propuesta sino por todos los megaproyectos relacionados con procesos de privatización de tierra en Oaxaca: el Corredor Interoceánico, los proyectos carreteros, los proyectos turísticos e inmobiliarios, los proyectos mineros, los parques industriales, los parques eólicos y otros proyectos energéticos, y un sin fin de megaproyectos que han despojado a las comunidades de sus territorios con mentiras de progreso y desarrollo.
Las y los comisariados comunales y ejidales del estado han denunciado que el gobierno de Jara está colocando operadores políticos dentro del RAN desde el actual delegado impuesto por el gobierno de Jara, hasta las y los visitadores agrarios que se la pasan interviniendo, interfiriendo y en ocasiones usurpando las funciones de los comisariados abusando de ese poder que ni siquiera tienen.
Desde la REMA hacemos un llamado a las y los comisariados y a los pueblos campesinos y originarios a no dejarse engañar por estas políticas entreguistas del gobierno de Oaxaca, a no caer en las trampas jurídicas violatorias e inconstitucionales del RAN y la PA, y a seguir defendiendo la tierra y el territorio, ejerciendo su derecho a la autodeterminación, como lo han hecho desde tiempos inmemoriales ya que es la mejor herencia que les dejaron y que dejarán a sus hijos e hijas.
Denunciamos enérgicamente la política antiagrarista, neoliberal y extractivista del gobierno de Oaxaca, lo cual no nos sorprende. Salomón Jara nunca ha sido un amigo o aliado de las causas y las luchas de los pueblos y lo saben los y las compañeras de los valles centrales de Oaxaca cuando con su investidura de Senador de la Republica en el año 2016 llegó a la comunidad de Magdalena Ocotlán con todo el cinismo que lo caracteriza y acompañado de los representantes de la empresa minera Cuzcatlán ha intentado, con engaños, realizar una consulta exprés y aceptar la ampliación del proyecto minero. Ese es el verdadero Salomón Jara, un político abusivo, mediocre, fanfarrón como los que tanto señala su querido presidente y que pretende el saqueo total en los territorios. Así que le decimos los pueblos y sus autoridades nos vamos a permitir cualquier intento de privatización y atropello en nuestras tierras ancestrales.
La tierra colectiva, ejidal y comunal, es de los pueblos originarios de Oaxaca y es para el sustento de sus familias y no para las empresas transnacionales.
!ALTO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA PROPIEDAD SOCIAL! ¡BASTA DE LA CORRUPCIÓN E INTERVENCIÓN DEL REGISTRO AGRARIO Y LA PROCURADURÍA AGRARIA EN NUESTROS TERRITORIOS! ¡ALTO A LA POLÍTICA ANTIAGRARISTA DEL GOBIERNO DE OAXACA!
Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).
En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad,
Otros Mundos A.C.
Invita a su cine-debate:
“TÚMIN, MÁS ALLÁ DE LA MONEDA”
Una historia de Solidaridad y Transformación
Martes 16 de enero de 2024 a las 18.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
ENTRADA LIBRE
Para iniciar el año y nuestros cinedebates del 2024 proyectaremos una serie de cortometrajes y videos sobre el Túmin, esta moneda comunitaria que tiene más de 10 años circulando y fomentando una economía solidaria y para conocer la experiencias de esta moneda en San Cristóbal nos acompañará un socio tumista. Te esperamos este martes 16 de enero a las 6 pm en Kinoki.
Sumérgete en el fascinante mundo del Túmin a través de una cautivadora proyección de cortometrajes y videos que exploran las múltiples dimensiones de este innovador proyecto de mercado alternativo. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en un símbolo de identidad cultural y resistencia, descubriremos cómo el Túmin ha tejido una red única de relaciones basadas en la confianza, solidaridad y autonomía.
Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta – A 12 de diciembre del 2023
Hoy nos unimos como voz colectiva, firme y decidida, para exigir a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que se confirmen las sentencias de los condenados por el asesinato de Berta Cáceres. El desmedido retraso judicial vulnera el acceso a la justicia de las víctimas.
Berta fue cruelmente asesinada debido a su inquebrantable lucha en defensa del pueblo Lenca y de nuestros recursos naturales hace 7 años y 10 meses. A pesar de que algunos autores materiales han sido condenados, seguimos esperando la confirmación de sus sentencias para poder avanzar en la justicia.
Desde el 2019 esperamos la confirmación de la sentencia de los siete hombres condenados por su crimen y aún no hay justicia. Y desde 2022 esperamos que se confirme la sentencia de David Castilo, coautor del crímen y empleado de la familia Atala.
La confirmación de las sentencias representa un paso fundamental en el camino de la justicia, para sus hijas e hijo, para el pueblo de Río Blanco, y para todo Honduras, brindando un cierre y asegurando que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones.
Han transcurrido 2841 días desde que le quitaron la vida a Berta, y seguimos exigiendo que se haga justicia. Ya es hora de que la Sala de lo Penal confirme las sentencias de los asesinos y la balanza se incline hacia el lado de la justicia y no hacia la impunidad.
El asesinato de Berta fue un feminicidio político que resalta la urgente necesidad de justicia para quienes defienden nuestros territorios ancestrales. La búsqueda de justicia para Berta es una lucha que trasciende su persona, es una lucha por nuestros territorios y por el respeto a nuestras comunidades indígenas.
La lucha de Río Blanco y la muerte de Berta son la evidencia viva de que los proyectos extractivistas financiados por bancos internacionales no equivale a desarrollo, sino a un saqueo de nuestros territorios. El olvido no puede ser una opción: Berta fue una incansable defensora de los derechos humanos y del medio ambiente; su lucha continúa en su memoria.
Por todo lo anterior el COPINH demanda:
A la Corte Suprema de Justicia presidida por la magistrada Rebeca Ráquel, para que confirme las sentencias ya emitidas en el caso de los 7 primeros condenados por el asesinato de Berta Cáceres: Douglas Geovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Edilson Atilio Duarte Meza, Oscar Aroldo Torres Velásquez y Henry Javier Hernández Rodríguez. Y así mismo, la sentencia del condenado David Castillo, co-autor del crimen.
Dado en Tegucigalpa a los 12 días del mes de diciembre de 2023.
Les compartimos este reportaje de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha en el desierto de Sonora – A 7 de diciembre del 2023
Es muy difícil para Abigail hablar del encarcelamiento de su papá, Bartolo Pacheco. Él es uno de los cinco ejidatarios del ejido El Bajío detenidos el 13 de abril de 2016 por defender su territorio de una mina de oro que pertenece a una empresa del poderoso grupo mexicano Peñoles, controlado por la familia Baillères.
“No se me hace justo y a la vez te da mucho coraje porque no puedes hacer nada, viendo como la misma ley te trata de ver como una persona mala, cuando no lo eres. Ellos por ser inocentes, por cuidar sus tierras, por defender lo de ellos, los llevan como si fueran criminales. Pues, no. No lo podía creer y nunca me imaginé estar en esta situación,” nos dice Abigail entre lágrimas.
Frente a la detención de su padre, Abigail tuvo que tomar una difícil decisión para ayudar la economía familiar. Buscaría trabajo en la misma empresa, pero en la mina La Herradura, una mina de oro a cielo abierto que colinda con su ejido y que inclusive ha invadido una parte de sus tierras. Haría esto enfrentando la discriminación, explotación laboral y riesgos a la salud.
“Tenía mi niña grandecita un año y seis meses, y dije, ¿qué vamos a hacer? Mis hermanos [estaban] estudiando y decidí buscar trabajar para ayudar un poquito a mi familia, mi mamá, mi papá, lo que sea, mis hermanos. Y la opción fue la mina. En este tiempo, mi esposo estaba trabajando y fue el que me ayudó con la solicitud, y sí. Pero, pensaba que no nos iba a aceptar porque, por ser hijos de ejidatarios, ¿no?”
Foto: Patio de lixiviación de la mina Herradura; Giuliano Salvatore, septiembre 2023
Por parte de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), participamos en el encuentro Comunidad-Minería-Periodismo en septiembre de este año dentro del territorio del ejido El Bajío, ubicado en el Gran Desierto de Altar frente el Golfo de California, entre Puerto Peñasco y Caborca, Sonora. En este desierto, único en su tipo en toda América del Norte por sus dunas, los espectaculares colores y la frescura de sus amaneceres y atardeceres invitan a reflexionar sobre la belleza de la diversidad de cactáceas y especies de fauna tímidas que habitan estas tierras de calor hostil, pero de una diversidad importante. Este hermoso e imponente desierto resguarda especies en peligro de extinción, como el berrendo sonorense, y paisajes llenos de vida y resistencia.
Organizado por el ejido y la Fundación Bajío Sahuaro, este encuentro nos dio la oportunidad de conocer de cerca las importantes victorias y los difíciles sacrificios que han hecho las mujeres y hombres del ejido, quienes siguen en la lucha para hacer valer sus derechos colectivos y para defender sus tierras.
Foto: El Bajío, Sonora; Giuliano Salvatore, septiembre 2023
La mina ilegal Soledad-Dipolos y los abusos de poder de la empresa minera Fresnillo PLC
Un enorme despliegue de 33 patrullas acompañado por la seguridad privada de la empresa minera Penmont, subsidiaria de la Fresnillo PLC, se presentaron en el Ejido aquel día de abril 2016 que detuvieron a Bartolo y cuatro compañeros más. Fresnillo cotiza en la bolsa de valores de Londres y presume ser la principal explotadora de plata en el mundo. Las policías respondieron a una denuncia interpuesta por Rafael Pavlovich Durazo, el tío de la entonces gobernadora de Sonora, quien también había mostrado interés en las tierras del ejido.
Sin embargo, fue la empresa Penmont la que estaba operando en la ilegalidad.
Desde fines de los años noventa, la empresa operó en el ejido mediante convenios acordados con un pequeño grupo de ejidatarios. Los convenios de los años 2002 y 2005 jamás fueron ratificados por la Asamblea Ejidal, la máxima autoridad del ejido, y tampoco cuentan con la firma del Comisariado Ejidal, sino de un notario y de los representantes de la empresa minera. En 2010, la empresa puso en operación comercial la mina de oro Soledad-Dipolos.
Pero para entonces ya habían crecido las tensiones entre la empresa y la mayoría de los y las ejidatarios quienes, en pleno ejercicio de sus derechos agrarios, lograron una victoria poco común entre las luchas contra las grandes empresas mineras. En diciembre de 2014, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario de Distrito Veintiocho dictó 67 sentencias a favor del ejido. Las sentencias ordenaron a la empresa entregar y reparar las tierras del ejido, indemnizar al Ejido por los daños generados y, algo inédito, devolver el oro que se había extraído de forma irregular de su territorio. Sin embargo, frente a esa sentencia histórica, la impunidad se ha antepuesto: el Magistrado no fue ratificado por el Senado y las sentencias aún no han sido ejecutadas.
Foto: Defensores y Defensoras del Territorio, El Bajío, Sonora; REMA, septiembre 2023
Desde ese entonces, para proteger su amplio territorio de 19 mil 38 hectáreas, un grupo de ejidatarios ha mantenido un campamento en un área cercana a donde se encuentra la mina. Están ahí para vigilar la implementación de las sentencias y cuidar su terreno, haciendo lo que el tribunal debería hacer, pero que no ha hecho. Quienes resisten en el campamento han contado con mucho apoyo de sus familias y de los demás ejidatarios, muchos de los cuales han tenido que desplazarse a otros lados, dadas las difíciles condiciones que se presentan en el ejido, especialmente la falta de agua.
Gracias a la lucha de este ejido y al campamento que sostienen, durante la mayor parte de los últimos nueve años, la mina no ha operado. Sin embargo, desde esta sentencia la criminalización y la violencia escaló inmediatamente, con grandes costos para la vida de todo el ejido.
La violencia que siguió a la victoria
Margarita López recuerda claramente el día 13 de abril de 2016, cuando más de cien policías llegaron al campamento junto con la seguridad privada de la empresa para detener a cinco compañeros del ejido, entre ellos su esposo Erasmo Santiago. En este momento, ella no pasaba las noches en el campamento, sino en el centro habitacional del ejido que se llama El Sahuaro, debido a que sus hijos aún eran pequeños y necesitaban ir a la escuela.
“A nosotros nos avisaron ya cuando llegaron la policía… Veníamos entrando cuando la patrulla ya iba saliendo con ellos.”
Después de presionar mediante su abogado para saber a dónde los había llevado, ella y otras compañeras del ejido iban cada ocho días para verlos en la cárcel Centro de Reinserción Social (CERESO), en Caborca. Tuvieron que pasar por revisiones invasivas para poder entrar. Toda la comida y otras cosas que llevaban para sus compañeros fue inspeccionada y estropeada adrede con tan violenta verificación.
Erasmo se quedaría en la cárcel un año y ocho meses, mientras que los demás compañeros lo harían por ocho meses.
“El chiste es que cuando lo agarraron [ellos] querían un líder para chingarlo y colocarlo en su lugar. Y cuando agarraron a Erasmo, [que] es quien habló más, es quien le andaba más a la madre, a la fregada y todo esto. Entonces, ¿qué hicieron con él? Por eso le pusieron más cargos falsos, para que él se quedaba allí adentro.”
Durante el resto del sexenio de la Gobernadora Claudia Pavlovich, ahora cónsul de México en Barcelona, la violencia se mantuvo muy fuerte en contra del ejido.
En febrero de 2018, el ejidatario Raúl Ibarra fue asesinado, y Noemí Elizabeth López Gutiérrez desaparecida. Eran esposos. Margarita nos dice que ellos eran los que siempre lucharon más que todos.
“Raúl Ibarra era quien más hablaba también que el no se dejaba, si entraba un gobierno, él le mandaba hasta la madre. Decía que aquí es mi tierra y nadie me va a sacar de aquí. Él hablaba duro. Y su señora es igual,” dice Margarita.
Raúl logró evitar ser detenido en 2016. No estuvo en el campamento este día y le llegó el aviso a tiempo. Aún así, Noemí acompañaba a las compañeras.
“Noemí Elizabeth siempre estuvo con nosotras. Cuando [los] íbamos a visitar, ella también iba y daba ánimo a los que estaban adentro, que no se preocupa, que todo iba a salir bien.”
“Ella, cuando fue a pelear con nosotros, a lo mejor para esto fue en contra de ella también, porque ella es la que hablaba más. Y cuando se enojaba, ella entraba y agarraba el teléfono y le grababa a los policías allí adentro y no se detenía.”
Otro líder, José de Jesús Robledo Cruz, quien era el presidente del comisariado ejidal en el momento que salieron las 67 sentencias, huyó a los Estados Unidos por todas las amenazas que enfrentaba. Sin embargo, cuando volvió a México, en abril de 2021, fue asesinado junto con María de Jesús Gómez Vega, su esposa.
“Por parte de Chuy Robledo, pues, fue ensaña en contra de él porque fue el Comisariado en aquellos tiempos. … Todo el tiempo ha tenido amenazas. Y el último, pues, creo que se descuidó y lo agarraron con todo y su señora, pues. Y se mira en el cuerpo, porque cuando lo encontraron estaba bien feo. … Y en su cuerpo, cuando se murió, le puso un cartón con cuchillo en la panza con los nombres de todos los hombres ejidatarios.”
El ejido se enteró del asesinado de la pareja y de la amenaza en contra de los 13 ejidatarios por los noticieros, y esto les generó mucho miedo y preocupación nuevamente.
Reflexionando sobre estas grandes pérdidas, Margarita dice, “No podemos hacer nada, están descansando. Pero su lucha no va a quedar en vano, los que hicieron un sacrificio también les pasó lamentablemente, pero su lucha valía la pena y nosotros vamos a seguir adelante para que valga la pena lo que ellos hicieron y vamos a seguir hasta que ganamos.”
El extractivismo minero rapaz y los daños a la salud
En tan solo tres años de operación, la empresa Fresnillo sacó 236,709 onzas de oro de la mina Soledad-Dipolos, una cantidad que cabe en un cubo de 70 centímetros por 70 centímetros. Sin embargo, dejó un hueco enorme y más de 3 mil hectáreas destruidas con millones de toneladas de roca y residuos tóxicos del mineral procesado, residuos que permanecerán para siempre en el territorio de El Bajío. Los desechos amontonados se muestran en el horizonte como grandes escalones planos y alargados que contrastan con las siluetas accidentadas de la Sierra Madre Occidental.
Foto: La mina Soledad-Dipolos, El Bajío, Sonora; REMA, septiembre 2023
El artista Miguel Fernández de Castro expone la dramática diferencia entre la pequeña cantidad de mineral extraído y la magnitud de la destrucción generada por la mina de tajo abierto, con la instalación de un cubo de tierra compactada marcada con una placa con textos de Natalia Mendoza. Después de mostrarlo en Nueva York, ahora se encuentra dentro del tajo de la mina Soledad-Dipolos.
Regresar este oro a la comunidad es algo que está dentro de las posibilidades de esta empresa mexicana transnacional. El oro que Fresnillo debe a El Bajío es equivalente a 37% del oro que la empresa sacó en sus siete minas en operación en México tan solo en 2022, o el 68% del oro extraído solamente de la mina La Herradura el mismo año.
Foto: El cubo y la placa dentro de la mina Soledad-Dipolos, El Bajío, Sonora; REMA, septiembre 2023
Sin embargo, si bien la empresa podría regresar el oro, esta parte del territorio de El Bajío jamás regresará a su estado anterior.
Desde hace unos años, Margarita y sus hijas permanecen más tiempo en el campamento, junto con Erasmo. Pero no es fácil.
“Lo que comemos, tenemos un poquito de ayuda de los ejidatarios que [viven fuera y] nos ayuda. Y yo tengo también hijos ya grandes por la propia familia” dice Margarita. Sus hijos trabajan fuera y mandan todo que pueden como parte de su contribución a la lucha.
Tampoco hay agua para poder cultivar y, aún cuando la mina no está en operación, todos ellos están constantemente expuestos al polvo contaminado de los patios de lixiviación que dejó la mina. La exposición a metales pesados como el plomo tiene impactos sobre el sistema nervioso. En otras comunidades afectadas por la minería en México los daños a la salud por la minería se han observado particularmente en las mujeres gestantes que viven cerca de las minas de oro a tajo abierto, tal como en el caso de Carrizalillo, Guerrero, donde desde hace años se ha identificado un fuerte aumento en los nacimientos con deformaciones, así como un incremento en los abortos y partos prematuros.
Por su parte, Abigail se quedó trabajando en la mina La Herradura de la empresa Fresnillo desde la detención de su papá para ayudar a su familia. Trabajaba en el laboratorio y, poco después de entrar, se embarazó.
Foto: Patio de lixiviación y instalaciones mineras de la mina Soledad-Dipolos, El Bajío, Sonora; Giuliano Salvatore, septiembre 2023
“En el área en donde yo trabajaba, estábamos dos meses, cinco días a la semana en el mismo lugar. Inhalar todo el vapor, hasta los mismos facilitadores te dicen, ¿sabes qué?, el colector no está funcionando. Aquí se sienten el sabor como si fuera dulcecito de cala, es algo que tú sientes y es difícil quitártelo, aunque tomas agua, aunque comes algo, allí lo tienes. Hasta los mismos facilitadores saben que es el plomo y con sólo el olor, el sabor, dicen checan el colector.”
Tuvieron su uniforme y ropa especial designada, pero aún así el plomo traspasaba todo: “aunque dicen que tienen todos los controles, aún estás en contacto” comenta Abigail.
Su segunda hija nació con espina bífida y otros problemas de salud. Hoy Abigail está embarazada de nuevo. Luchar para que su hija pueda caminar y jugar como las demás niñas es un gran reto, especialmente ahora, puesto que fue despedida hace unos meses, y ahora lucha para que la empresa le pague lo que le debe.
“Espero que me paguen lo que me correspondan y todo el daño que nos hayan hecho.”
Que viva el Gran Desierto de Altar y su gente
La lucha del ejido El Bajío sigue con la mirada puesta en la lucha por un futuro mejor para sus familias y todos los seres vivos en su territorio. No solo están luchando por la ejecución de las 67 sentencias del Tribunal Agrario y por justicia por toda la violencia que han sufrido, sino también para restaurar el hábitat con la importante flora y fauna que abarca su territorio.
Mientras visitamos su campamento, el papá de Abigail firmó un certificado que convierte 2,460 hectáreas del ejido en un Área Destinada Voluntariamente a la Conservación. Abigail espera que el proyecto que salga de allí y de su lucha pueda mejorar la situación para todo el ejido, y también para toda la flora y fauna del hermoso desierto de Altar.
Foto: Bartolo Pacheco firma certificado del área de conservación, El Bajío, Sonora; REMA, septiembre 2023
Margarita dice estar feliz por las sentencias que ganaron, pero para que realmente valga la pena el sacrificio que han hecho y para que esto tenga sentido para quienes vengan en un futuro, lo que quiere es seguir luchando por su territorio: “Seguir adelante es lo que queremos. Cuidar los animales mejor y las plantas, para que ya no destruye.” En lo personal, también espera poder descansar un rato, poder estar más con su familia y sembrar sus tierras.
“Nos gusta mucho el cultivar,” dice, sonriendo.
Foto: El Bajío, Sonora; Giuliano Salvatore, septiembre 2023
Imagen: El Bajío, Sonora; Giuliano Salvatore, septiembre 2023
Compartimos este comunicado de la REMA resultado del Foro realizado en Cicacalco, Zacatecas – A 30 de noviembre del 2023
Foro en Cicacalco, Zacatecas, la “Dignificación de Nuestra Tierra”, celebra la lucha de la comunidad indígena, teje alianzas hacia alternativas para un medioambiente sano, y exige concluir el programa de cierre y transitar a la remediación del tiradero municipal
Con la participación de luchas y resistencias de distintas regiones del país, hoy, 30 de noviembre de 2023 realizamos el foro, “Tratamiento de Residuos, Agua y Territorio: Dignificación de Nuestra Tierra”, en la comunidad indígena de Cicacalco, municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas. Con la participación de 21 organizaciones de varias partes del país e invitados de la región, reafirmamos nuestro compromiso con la vida y el cuidado del medio ambiente, y refirmamos nuestra exigencia a las autoridades de los tres niveles para concluir el cierre y realizar la remediación y reparación de dafios generados en nuestra comunidad por la instalación de un mal llamado “Relleno Sanitario”, con dictamen de clausura total definitiva desde noviembre de 2022.
Nuestro territorio, en el sur de Zacatecas, tiene paisajes hermosos, ríos, arroyos y de abundante agua subterránea, en donde los pozos son de baja profundidad y tenemos múltiples ojos de agua y estanques con agua todo el año. No obstante, tal como queda plasmado en el mapeo comunitario que hoy hacemos público, un basurero municipal fue colocado en 2019 sobre el nacimiento del arroyo Los Tecongos, afluente del río Tlaltenango, y a menos de 800 metros de varios ojos de agua que están sobre el cauce de dicho arroyo, no solo violentando la ley, sino toda lógica de protección a la vida. Esta zona está rodeada por áreas de cultivo y de pastoreo de ganado, por lo que afectó nuestras formas de ser y estar en e mundo.
Aunque se abrió bajo el nombre Relleno Sanitario de primer nivel, el basurero funcionó como tiradero a cielo abierto, ya que en su interior se mezclaron sin ningún tratamiento desechos urbanos, desechos tóxico infecciosos y múltiples animales muertos. Se calcula que entraban aproximadamente 20 toneladas de desechos al día, por lo que durante los meses en que estuvo abierto, se depositaron entre 10 y 12 mil toneladas de desechos al basurero en Cicacalco. La presencia de moscas gusaneras, bolsas de basura y malos olores, llegarona afectar un radio de entre 2.5 y 3 km. Desde sus inicios, y con toda la intención, aguas contaminadas salieron de tubos que las depositaban sobre el arroyo.
Entre septiembre y noviembre de 2020, hubo un brote de hepatitis entre los habitantes del barrio más cercanos al basurero a un lado del arroyo Los Tecongos. Los habitantes lo asocian con los residuos peligrosos y biológico infecciosos observados dentro del tiradero y los lixiviados que fluyeron desde ahí toda la temporada de lluvias, además de las tolvaneras que dispersaban todo tipo de residuos. Además, para la instalación de este basurero no fuimos tomados en consideración, violentando nuestra autodeterminación como pueblo Indígena y pasando por encima nuestra máxima autoridad, la Asamblea Comunal.
Durante el foro, dimos un paso importante para fortalecer la organización local y consolidar acciones ante el impacto que dejó el “relleno sanitario” instalado en la comunidad indígena de Cicacalco. A través del intercambio de conocimiento y experiencias nos fortalecemos y construimos nuevas alianzas basadas en la solidaridad. Desde las experiencias que nos compartieron desde Guadalcázar, San Luis Potosí y de las Lomas de San Francisco Tepojaco, de la Ciudad de México, estamos construyendo acciones para frenar la contaminación del territorio y del agua a causa de los desechos y sitios de disposición final. Asimismo, con representantes de las poblaciones de El Grullo, Jalisco y Susticacan, Zacatecas, municipalidades que han trabajado para construir procesos de formación ambiental, vemos opciones para un control adecuado de los desechos sólidos y planes para una reducción en la basura generada.
De esta forma podemos visualizar los pasos necesarios para construir mayor fuerza social que permita un mejor manejo de la basura en Tlaltenango. Todo ello depende de mantener fuerte la unidad y los procesos de autodeterminación de nuestra comunidad, lo cual también conversamos con quienes nos visitaron desde la Montaña y Costa Chica de Guerrero.
Nos juntamos para una vez más decir que no estamos de acuerdo que nuestra comunidad sea convertida en zona de sacrificio, tal como sucede en donde se instalan los tiraderos municipales, de desechos tóxicos, industriales y otros. En un mundo de plástico, “del consúmase y tire”, del “extraiga, fabrique y venda”, y del “reemplace y tire”, todos somos afectados. Indudablemente, estas acciones provocan graves afectaciones a la vida: al agua, a la tierra, a nuestros organismos y a la salud de nuestras comunidades. Nuevas formas de ser y estar en el mundo son necesarias, por ello son importantes estos ejercicios de reunirnos para repensar y construir nuevas formas de relación con la vida, con el medio ambiente.
Denunciamos y rechazamos la administración de los conflictos por las autoridades, asimismo las demás formas de dominación política, económica y cultural que nos vende un estilo de vida donde el aumento desmedido de la riqueza y el poder mediante el extractivismo, es uno de los fines. Igualmente, refrendamos la necesidad de otro tipo de relación campo- ciudad que no se base en la falsa “seguridad” de garantizar bienes y servicios a los grandes conglomerados de poblaciones humanas, en perjuicio de las comunidades y sus territorios.
Nos queda claro que este foro es un paso para la generación de conciencias y de acciones en donde las autoridades, dependencias, legisladores y ciudadanos hagamos lo que a cada uno nos corresponde para el cuidado de nuestra casa común.
HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE
Atentamente:
BIENESTAR COMUNITARIO CICACALCO
ARTICULACIÓN POR LA VIDA, CONTRA LA MINERÍA DEL VALLE DE OCOTLÁN, OAXACA ASOCIACIÓN POR LA PROTECCIÓN DE LA TIERRA Y EL BIENESTAR DE EPAZOYUCAN A.C. (APTYBE), HIDALGO BÍOS IGUANA COMITÉ DE DEFENSA, PAPALUTLA, OAXACA COMITÉ DE DEFENSA DEL TERRITORIO DE GUADALCÁZAR, SAN LUIS POTOSÍ CONSEJO REGIONAL DE AUTORIDADES AGRARIAS EN DEFENSA DEL TERRITORIO (CRAADET), MONTAÑA Y COSTA CHICA, GUERRERO EJIDO CANOAS, COLIMA GEOCOMUNES FRENTE POPULAR EN DEFENSA DE SOCONUSCO 20 DE JUNIO, CHIAPAS (FPDS) FRONTERAS COMUNES JORGE ARZAVE, ACTIVISTA POR LA VIVIENDA, EL AGUA, LA SALUD Y MEDIOAMBIENTE, LOMAS DE SAN FRANCISCO TEPOJACO, ESTADO DE MÉXICO JOSÉ EDUARDO VILLALPANDO RUIZ & CARMEN ALIAGA, ACTIVISTAS, MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO MOVIMIENTO EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y DEL RÍO ATENCO, ZACATECAS OBSERVATORIO DE CONFLICTOS MINEROS ZACATECAS PROCESOS INTEGRALES PARA LA AUTOGESTIÓN DE LOS PUEBLOS (PIAP) RED LATINOAMERICANA DE DEFENSORAS DE DERECHOS SOCIALES Y AMBIENTALES RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERIA (REMA) RIZOMA ENTRETEJIENDO LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNES VICTORIANO DÍAZ FÉLIX & GUSTAVO JAVIER VÁSQUEZ DÍAZ, AMBIENTALISTAS, MUNICIPIO DE SUSTICACAN, ZACATECAS
Comunidad Indígena de Cicacalco, 30 de noviembre de 2023.
Imagen: MARTÍN CATALÁN LERMA – La Jornada Zacatecas
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 28 de noviembre del 2023
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería, condenamos la desaparición forzada y asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz, Indígena Nahua-Otomí de la comunidad de Ayotitlán, Jalisco, quien el viernes el 24 de noviembre del presente fue citado a la presidencia municipal de Cuauhtitlán de García Barragán, en la costa sur de Jalisco y no se supo de él hasta que el sábado 25 de noviembre fue localizado sin vida a la altura del puente Arroyo, en el tramo carretero de Cuautitlán de García Barragán a la localidad Las Marias.
Higinio Trinidad era defensor del territorio contra la minería, el despojo de tierras en su comunidad de Ayotitlán y la tala ilegal en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán.
La comunidad indígena de Ayotitlán tiene una historia de casi 90 años de violencia y despojo, desde que por los años 30s, el General García Barragán permitía y solapaba la tala inmoderada de los bosques en territorio indígena y luego se incrementó con la llegada del Consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada que comenzó a operar en 1967, primero como una paraestatal y luego privatizada en el periodo de Salinas de Gortari.
Esto aunado a la falta de seguridad jurídica sobre los límites territoriales entre Colima y Jalisco, que ha dado por resultado que ninguno de los dos Estados se haga cargo de seguridad, servicios, bienestar y salud de las y los habitantes de la zona. Muy por el contrario, los dos Estados han estado apoyando fuertemente al Consorcio Peña Colorada, una asociación entre las empresas siderúrgicas Ternium y ArcelorMittal, y dejando en total indefensión a la comunidad indígena. Los dos estados han otorgado todo el apoyo con la fuerza pública, pero solo para reprimir a las y los defensores indígenas que siguen defendiendo su territorio, como lo hicieron sus antepasados.
Condenamos también al Gobierno Federal, Estatales de Jalisco y Colima, así como a los Municipios de Cuauhtitlán de García Barragán y Minatitlán que han sido omisos ante la flagrante violencia que se ha desatado en la zona con el crimen organizado que opera para la empresa minera y los talamontes. La falta de atención a las denuncias realizadas por las comunidades de La Astilla, Puertecito de las Parotas, Mameycito, Las Pesadas, CI Naranjal, entre otras, así como la denuncia por desaparición de Celedonio Monroy Prudencio (2013), que no han tenido ninguna respuesta y ni justicia, sin embargo, el etnocidio continúa impunemente, tal parece que es un objetivo de los tres niveles de gobierno.
Exigimos atención inmediata, un alto total al despojo, la contaminación y la violencia contra la comunidad indígena de Ayotitlán y el esclarecimiento del cobarde asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz. A sus familiares y amigos, les enviamos toda nuestra solidaridad.
