Compartimos este comunicado de Amigos de la Tierra Internacional ATI , condenamos este acto de violencia y nos solidarizamos con las y los defensores de Indonesia – A 24 de marzo de 2026
El ataque con ácido contra Andrie Yunus pone de manifiesto la creciente amenaza que se cierne sobre las/os defensoras/es de los derechos humanos y del medio ambiente en Indonesia
Amigos de la Tierra Internacional expresa su profunda preocupación y condena enérgicamente la escalada de violencia contra las/os defensoras/es de los derechos de los pueblos y de los territorios en Indonesia. Estamos muy alarmadas/os por esta serie de ataques y condenamos de forma tajante la agresión con ácido contra Andrie Yunus, coordinador adjunto de la Comisión para los Desaparecidos y las Víctimas de la Violencia (KontraS), que tuvo lugar la noche del 12 de marzo de 2026 en Yakarta, Indonesia.
Andrie Yunus es un defensor de los derechos humanos que lleva mucho tiempo trabajando activamente en la promoción y protección de esos derechos en Indonesia. Como coordinador adjunto de KontraS, participa en actividades de incidencia política, investigación y campañas públicas que abordan las violaciones de los derechos humanos. Esto incluye cuestiones relacionadas con la rendición de cuentas del Estado, las libertades civiles, la militarización y las políticas que amenazan el espacio democrático.
Más allá de esta defensa general de los derechos humanos, Andrie es también un aliado clave en la lucha por la justicia ambiental. Como experto en asuntos de interés público que trabaja en estrecha colaboración con WALHI / Amigos de la Tierra Indonesia, ha brindado asistencia legal a comunidades que enfrentan criminalización y violencia por defender sus derechos ambientales y sus territorios. Se trata de comunidades de agricultoras/es, personas pobres y desplazadas de las zonas urbanas y Pueblos Indígenas que se oponen a proyectos destructivos para el medio ambiente.
En este contexto, la situación actual de los derechos de los pueblos en Indonesia es profundamente preocupante. Se ha observado una tendencia al alza de los ataques contra activistas, junto con una mayor criminalización y vigilancia de la labor en materia de derechos humanos. La agresión a Andrie Yunus refleja una amenaza más amplia y sistémica para la democracia y los derechos humanos en el país. Sin una acción decisiva, es probable que continúen ocurriendo incidentes similares, lo que pondrá en riesgo a más defensoras/es de los derechos humanos.
La violencia contra defensoras/es de los derechos humanos no es solo un delito individual, sino un ataque contra las comunidades que defienden sus territorios, incluidas las tierras, los bosques, las aguas y los medios de vida. Es un ataque contra la democracia, la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a buscar justicia y protección ambiental. WALHI hace hincapié en que proteger a las/os defensoras/es de los derechos humanos es una responsabilidad fundamental del Estado y una condición esencial para mantener la democracia y las luchas populares por un medio ambiente sano y sustentable.
Hacemos un llamado al Gobierno de ese país para que lleve a cabo una pronta investigación, que debe ser exhaustiva, independiente y transparente; garantice la rendición de cuentas tanto de los autores directos como de quienes planearon y ordenaron este ataque; y garantice la protección efectiva de todas/os las/os defensoras/es de los derechos humanos y las comunidades que resisten a la destrucción ambiental.
Instamos además al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a los procedimientos especiales pertinentes de la ONU, incluidos el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las/os defensoras/es de los derechos humanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente, a que se pongan en contacto urgentemente con el Gobierno de Indonesia, supervisen este caso y adopten las medidas necesarias para garantizar la rendición de cuentas y la protección.
Amigos de la Tierra Internacional se solidariza con las/os defensoras/es de los derechos de los pueblos y hace un llamado a la comunidad internacional para que condene este ataque. Llamamos a las organizaciones y movimientos sociales de todo el mundo para que sigan luchando contra las injusticias, se mantengan unidas/os frente a la represión y combatan la impunidad de quienes cometen estos crímenes brutales contra nuestros pueblos.
Poner fin a la impunidad de quienes violan los derechos y proteger a las/os defensoras/es de derechos, al tiempo que se garantiza la seguridad de las comunidades que defienden sus territorios, es esencial para salvaguardar la democracia, los derechos de los pueblos y la justicia ambiental.
Crédito (imagen principal): Comisión para los Desaparecidos y las Víctimas de la Violencia (KontraS).
Compartimos esta invitación al panel en el marco de la conmemoración al décimo aniversario de la siembra de Berta, donde estará participando nuestro compañero Gustavo
Acompañanos este viernes 27 de marzo a partir de las 9 de la mañana en el campus de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México.
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 12 de marzo de 2026
Desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), condenamos enérgicamente el cobarde atentado que sufrió el día de ayer 11 de marzo, el compañero Erik Saracho, defensor ambiental y del territorio, en la comunidad de San Francisco (San Pancho), Nayarit.
Erick Saracho, desde hace muchos años ha dedicado su vida a la defensa del Jaguar y su hábitat. Es presidente de la Asociación Civil Alianza Jaguar, desde donde hace trabajo en la selva protegiendo a esta especie. También lleva a cabo arduo trabajo de educación ambiental y defensa del territorio contra proyectos turísticos e inmobiliarios que afectan gravemente los ecosistemas costeros y las actividades productivas de la comunidad de San Pancho.
Alianza Jaguar forma parte de la Red Medio Ambiente y Sustentabilidad (Red MAS), desde hace tiempo, Alianza Jaguar y en particular Erick Saracho, se habían visto agredidos en medios de comunicación por empresarios y desarrolladores que han armado una campaña de odio contra él, difundiendo que estaba frenando el desarrollo en San Pancho y oponiéndose al progreso: El mismo argumento de siempre de las grandes corporaciones y aún del gobierno, para deslegitimar la lucha por la vida.
Exigimos a las autoridades se investigue este hecho y se castigue a los responsables. Solicitamos al Mecanismo de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que intervenga eficazmente para salvaguardar la vida de Erick Saracho.
Desde la REMA, respaldamos la lucha de la Asociación Civil Alianza Jaguar y enviamos un abrazo solidario al compañero Erick, deseando su pronta recuperación.
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
EL ESCARAMUJO No. 140
LA TALA ILEGAL EN CHIAPAS La pérdida de selvas y bosques
Gustavo Castro Soto Otros Mundos Chiapas 17 de Marzo 2026 San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México https://otrosmundoschiapas.org/
Chiapas es uno de los pulmones más importantes de México. Si embargo, la tala ilegal de madera en el estado representa un problema enorme en términos ambientales, sociales y productivos desde hace muchas décadas y que se agudiza con los años. Esta tala ilegal profundiza la deforestación de selvas y bosques, la pérdida de los ecosistemas, de la biodiversidad de flora y fauna, y más aún la que está en peligro de extinción. Por si fuera poco, esto se agrava por las consecuencias que acarrea sobre los ríos, los azolves, la erosión de los suelos y los cambios climáticos en la región.
Mientras que se calcula que el 50% de la madera que se comercializa en México es ilegal1, en el estado de Chiapas llega al 90%.2 Esto es escandaloso.
Según la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la deforestación en Chiapas alcanzó 359,789.18 hectáreas entre 2001 y 2021, lo que significa una tasa de pérdida de 17,989.5 hectáreas cada año.
El Biólogo Raúl Fernando Álvarez Narca, director de Protección Forestal de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN) del estado de Chiapas, afirmó que anualmente el estado pierde alrededor del 2.4% de sus bosques en gran parte por la tala ilegal clandestina principalmente de pino, pero también de caoba, cedro, roble, tzalam, guanacastle, entre otras especies tropicales, lo que equivale a 45 mil hectáreas de bosques y selva.3
Jorge León Cortés, investigador en el departamento de conservación de la biodiversidad en el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), afirma que en Chiapas se ha perdido en los últimos 50 años el 43% de bosques y que solo el 18% de la cobertura vegetal puede considerarse natural.4 Mientras, Nature Conservancy afirma que cada diez años Chiapas ha perdido 10% de sus bosques y que en las últimas cinco décadas se han perdido más del 50% por ciento de bosques nativos.5
Por su lado, el Mapa para la Resiliencia manifiesta que ante el Cambio Climático, Chiapas es el segundo estado con mayor deforestación, ya que entre los años 2002 y 2014 se perdieron 2,300.85 km2 de bosques y selvas primarios. Y es que la entidad es un importante productor de ganado en el país.6
Pese a los trabajos de prevención y vigilancia que realiza la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), se calcula que se ha perdido ya el 30% de la superficie forestal del Parque Nacional Cañón de Sumidero por la mancha urbana que avanza de manera acelerada deforestando el Parque que contaba con 20 mil hectáreas de zona natural protegida.7
Los funcionarios estatales advierten que “la pérdida de cubierta forestal afecta a más de 500 especies de vertebrados, altera patrones de lluvia y reduce la disponibilidad de agua, impactando la agricultura y la vida rural”.8
Así, la deforestación avanza por la tala ilegal pese a que la Fiscalía General del Estado de Chiapas haya realizado 92 operativos tan solo en el primer semestre de 2024 con el fin de prevenir los delitos ambientales. Se asegura que se han detenido a muchos traficantes de madera y que se han recuperado miles de piezas de madera que se transportan de manera ilegal, y sin embargo no se informa de su paradero. Aunque la Guardia Nacional, la SEMANH y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) luchan contra el tráfico ilegal de madera, no es suficiente para detener la deforestación de los bosques y selvas que continúa en aumento.9
En mayo de 2025 la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional, el Ejército y PROFEPA realizaron un gran operativo en el municipio de Altamirano, considerado el más grande contra la tala ilegal en Chiapas, donde se aseguraron 12 aserraderos clandestinos y se clausuraron 14 centros de almacenamiento. En el municipio de Ocosingo se detuvo a un conductor de tráiler que transportaba cerca de 4,687 piezas de madera sin documentación. En Chiapas, de acuerdo con el artículo 419 del Código Penal Federal, este delito se castiga con hasta 6 años de prisión y multas de hasta 20 mil días cuando se trata de madera extraída de áreas naturales protegidas.
Pese a todos estos esfuerzos, en el estado de Chiapas es común observar en las comunidades, en los caminos y carreteras, a los camiones cargados de madera. Incluso puntos de venta de madera ilícita en las cabeceras municipales con bodegas llenas de tablones, leña, carbón y otros subproductos de madera para la construcción. Los aserraderos y carpinterías están a la mano en cualquier ciudad o comunidad. Las motosierras no dejan de escucharse a lo lejos. Entonces pareciera que las autoridades no están presentes para combatir este crimen ambiental. Los bosques van desapareciendo y se observan cada vez más los cerros pelones y kilómetros de selvas sin selvas, ganado intensivo o plantaciones de palma de aceite que no son bosques ni selvas.
La demanda de madera para el uso del carbón, para la construcción, ebanistería, muebles finos, etc., entran al mercado negro a un precio más bajo y evitan costos económicos por trámites, pero también evitan instalar programas de manejo forestal, registros, cumplimientos fiscales, pagar asesorías y otros gastos que implica el mercado legalizado de la madera.
En el municipio de San Cristóbal de las Casas se registran muchos puntos de venta de madera ilegal provenientes de pinos de hasta 15 o 20 metros de altura talados clandestinamente en la región de Los Altos. Se calcula que al menos 50 aserraderos clandestinos operan deforestando día y noche los bosques de la región para luego llevarlos al mercado negro de madera en diversos puntos de la Ciudad de San Cristóbal de las Casas.11 12
Para las comunidades la venta ilegal de madera implica un ingreso económico relativamente fácil frente a las dificultades de generar otro tipo de ingreso. Por ello, no sólo es trabajo de las autoridades la vigilancia, la persecusion del delito y la prevención, sino también de las comunidades y otros actores para buscar alternativas que eviten el avance de la tala que, de seguir la misma tendencia, en 10 o 20 años más la deforestación podrá acarrear pérdidas ecosistémicas irreparables e irreversibles.
ALGUNAS ALTERNATIVAS
Frente a la deforestación galopante en Chiapas, la perdida de biodiversidad que genera así como la degradación de los suelos y la falta de acceso al agua, en muchas comunidades y ejidos han prohibido talar árboles para el consumo de leña en los hogares. Esto provocó que algunas familias buscaran comprar gas LP con altos costos, o comprar carbón o leña de hasta 4 mil pesos la “camionada” en otras comunidades o ejidos aledaños.
Es por ello que apareció la BIORED, la Red de Biodigestores de Chiapas. Hasta la fecha se han instalado más de 50 biodigestores y 14 sistemas de captación pluvial con geotanques de 7,800 litros de capacidad. Con esto fortalecen la autonomía energética. Estos sistemas eliminan el 100% de consumo de gas LP (en cilindros) y un 50% de la quema de leña; evita la compra de fertilizantes químicos gracias al uso de biofertilizante que genera el biodigestor diariamente, y se logra la mejora de las condiciones de vida inmediata de las familias sobre todo en mujeres, niñas y niños.
Con el biodigestor se construye una alternativas frente al Cambio Climático. Cada sistema tiene la capacidad de capturar hasta 10 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2eq), esto es igual a 2.4 m3 de biogás al día equivalentes a 3 horas de estufa de dos quemadores prendidas, y 150 litros de biofertilizante que podrá fertilizar hasta 4.5 hectáreas de cultivo anualmente por biodigestor instalado.
Así, con este sistema de biodigestores, hasta la fecha se han fertilizado más de 225 hectáreas con biofertilizante y se han beneficiado directamente más de 250 personas. Anualmente se ha logrado la captura de 500 Ton de CO2eq, se dejó de consumir 15,000 kg de gas LP, y se han salvado más de 200 árboles al no ser talados por el uso de energía renovable como lo es el biogás.
Sin embargo, existen otras alternativas creciendo y enfrentando la deforestación, tal es el proyecto de“El Carbonerito” para al producción de carbón ecológico, con el mismo costo que el tradicional carbón y con mejor rendimiento.
Es hora de las alternativas de autonomía, descentralizadas y en manos de los pueblos!
La actividad humana en el Planeta genera que millones de hectáreas de bosques desaparezcan aceleradamente. Por ello es importante solidarizarnos con las luchas que se dan en cada rincón del mundo donde los pueblos originarios, pero también campesinos y pueblos urbanos, luchan por defender la Madre Tierra. Invitamos a apoyar las Peticiones que Salva la Selva promueve en todo el mundo: https://www.salvalaselva.org/peticion
En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad,
Otros Mundos A.C.
Invita a su cine-debate:
Guardiana de los ríos
Martes 17 de marzo de 2026 a las 17.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
ENTRADA LIBRE
Sinopsis:Seis comunidades en defensa de los ríos. Decenas de defensores amenazados a muerte. Todos y todas unidos por el espíritu de la Guardiana de los ríos, Berta Cáceres, líder social y ambiental asesinada en marzo de 2016. Este documental nos traslada al interior de Honduras, uno de los países más peligrosos para defender los bienes naturales, gobernado por una idea de desarrollo extractivista que se enfrenta a la cosmovisión de los pueblos y no les permite decidir sobre su entorno.
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco – A 27 de febrero de 2026
El pasado 3 de febrero, se envió una carta a Claudia Sheimbaum y diferentes autoridades involucradas en el Plan Nacional Hídrico, firmada por 79 organizaciones, nacionales e internacionales, que solicitan la cancelación del proyecto de la presa Milpillas en los Municipios de Jiménez del Teúl y Sombrerete en el Estado de Zacatecas[1].
La firma de las organizaciones reconoce la lucha por la defensa del río que ha sido sostenida por más de 10 años por el Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco integrado por los Ejidos de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales, además de integrantes de la cabecera municipal de Jiménez del Teul.
Frente a este respaldo amplio, el gobierno del Estado de Zacatecas respondió que “la REMA ha sido opositora a varias presas, me parece irracional”[2] sugiriendo así que por encima de las 79 organizaciones firmantes, es la REMA quien no quiere la presa Milpillas . Con esta declaración intentan minimizar el amplio respaldo y la fuerza de las comunidades que reiterada y claramente han rechazado el proyecto en un acto de ejercicio legítimo a la autodeterminación.
La oposición a la presa nace en las asambleas ejidales, nace de las y los habitantes que han cuidado históricamente el Río Atenco y que comprenden con absoluta legitimidad lo que está en juego: su agua, su tierra, su forma de vida y su derecho a decidir sobre su futuro.
El Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, es miembro de la REMA, por lo tanto, cuando se refieren a la REMA, también se refieren al Movimiento que está siendo acompañado por muchas otras organizaciones nacionales e internacionales. Es un proceso organizativo comunitario que es autónomo, la labor de las organizaciones aliadas ha sido documentar, visibilizar y respaldar la defensa del territorio frente a un proyecto que carece de sustento técnico, ambiental y social.
El proyecto Presa Milpillas presenta inconsistencias graves que han sido señaladas por múltiples actores:
La Manifestación de Impacto Ambiental ha sido señalada por omisiones sustanciales respecto a impactos, afectaciones a ecosistemas y consecuencias sociales[3].
No existe evidencia pública que demuestre viabilidad técnica y financiera integral del proyecto a largo plazo.
No garantiza el derecho humano al agua de las comunidades de la cuenca; por el contrario, prioriza el trasvase hacia corredores urbanos e industriales.
Pretender reducir la oposición social a la influencia de una organización es, con dolo y mala fe, desconocer deliberadamente las múltiples asambleas ejidales en las que se ha rechazado el proyecto, así como las actas y posicionamientos públicos que documentan esa decisión colectiva por más de 10 años, también.
Otra cuestión que es importante señalar es que la imposición del proyecto de la presa, eso que el titular del gobierno del estado y funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno llaman “socialización del proyecto”, ha significado violencia para las personas defensoras del territorio a través del hostigamiento, la estigmatización pública, los intentos de división comunitaria, las presiones políticas y las descalificaciones desde el poder. En este entendido, la narrativa oficial que culpa a terceros y deslegitima la organización comunitaria, se suma a los factores que incrementan el riesgo para quienes ejercen el derecho humano a defender los derechos humanos, contraviniendo así los acuerdos internacionales ratificados por el Gobierno de México, que lo obligan a garantizar la participación pública en asuntos ambientales y la protección de personas defensoras.
La defensa del Río Atenco no es un capricho ni una manipulación externa, es el ejercicio legítimo del derecho a la libre determinación, al territorio, al agua y a un medio ambiente sano. En lugar de descalificar el proceso de defensa, el gobierno del estado debería responder con información pública verificable, estudios técnicos independientes y mecanismos reales de participación. Si el proyecto fuese viable y tuviera el respaldo social, sus promoventes no necesitarían desacreditar a quienes lo cuestionan.
Desde la REMA reconocemos la valiente y digna lucha del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco y a las comunidades que han decidido, de manera soberana, defender su cuenca.
La discusión no debe centrarse en señalar culpables externos, sino en responder a una pregunta fundamental: ¿por qué, si el proyecto es tan benéfico como se afirma, las comunidades directamente afectadas lo rechazan de manera contundente?
Un patrón histórico en la imposición de las presasen México, en la construcción de grandes presas ha seguido un patrón reiterado que ha sido ampliamente documentado. El Dictamen de la “Pre-audiencia Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad” del Tribunal Permanente de los Pueblos, concluyó que existe un proceso sistemático de violaciones a derechos humanos antes, durante y después de la construcción de presas, acompañado por desinformación, falta de respeto al consentimiento de las comunidades acerca de los proyectos y criminalización de la protesta.
Según estudios del Banco Mundial, los pueblos indígenas del mundo representan el 6% de la población mundial, pero protegen el 80% de la biodiversidad del planeta. Y también están entre las poblaciones más afectadas por conflictos socioambientales contra proyectos extractivos. María del Mar Parra (eldesconcierto.cl)
Nuestro planeta parece sufrir una enfermedad autoinmune, en la cual el sistema de autocuidado y protección acaba atacando al propio organismo hasta el límite de poner en jaque su supervivencia. Los anticuerpos que se han visto alterados y que andan confundidos agrediendo a aquello que les da la vida somos, sin duda, muchos de los seres humanos que habitamos este cuerpoTierra. Vivimos bajo unas lógicas y estructuras que nos llevan a situaciones tan absurdas como las presentadas en la cita que encabeza este texto, generando conflictos, dificultades y menosprecio hacia aquellas células (personas, pueblos) que todavía no han perdido su propósito original: ser guardianas de ese cuerpo mayor que los ampara y los abastece.
El economista ecólogo chileno Manfred Max Neff dice que más que una crisis ambiental, social o económica estamos ante una crisis creativa. Y el sabio Albert Einstein, a parte de unas cuantas revolucionarias teorías, nos dejó frasestesoro para la evolución humana, como esta: “no se puede solucionar un problema desde el mismo nivel de conciencia o el mismo prisma desde el cual se creó”. Hay muchos desequilibrios en el mundo actual que nos piden atención urgente, pero es preciso, ante todos ellos, hacer un ejercicio profundo de liberación de las cadenas psíquicas que han encarcelado a nuestra imaginación. Y para eso hay que atrevernos a hacer las cosas con otras lógicas.
La deconstrucción de la mente colonial no es tarea fácil, y como todo, se aprende con la práctica y con el error. En ese sentido, este Mapeo Latinoamericano de proyectos de Economía Social y Solidaria en contextos extractivistas, ha querido desafiar algunos de los supuestos hegemónicos. Por un lado, se ha generado a través de un proceso de ritmos lentos y orgánicos, retando las prisas, la impaciencia y el productivismo occidental. Por otro lado, se ha priorizado el cuidado hacia las realidades del/la otro/a o hacia la calidad y creatividad del contenido, dejando atrás la ambición cuantitativa del resultado. Esta es una investigación social pero tiene más de lenguaje poético que de lenguaje académico, tiene más de filosofía que de ciencia, pues no pretendemos traer verdades absolutas sino preguntas, vivencias, tejidos y sentires.
Es por todo ello que presentamos este mapeo social a través de una metáfora, compartiendo una radiografía de un cuerpo enfermo en busca de sus potenciales y de posibles terapias de rehabilitación.
La metáfora no es solo un recurso literario, sino que funciona como lenguaje psíquico y universal que puede romper barreras generadas por la desigualdad social, puede expresar procesos mentales profundos, como defiende Freud desde el psicoanálisis, crear nuevas perspectivas y revelar aspectos de la realidad que de otro modo no se perciben, como relata Paul Ricoeur desde la filosofía, o ser una herramienta cognitiva esencial para estructurar nuestro sistema conceptual, como afirman Lakoff y Johnson desde la lingüística cognitiva.
Hablar de los territorios como cuerpos, no solo nos ayuda a recordar que efectivamente estos son organismos vivos con ecosistemas interconectados e interdependientes, también nos permite identificarnos y recordar que somos Naturaleza, que nuestros cuerpos funcionan con las mismas lógicas, que lo que nos cuida, cuida a la Tierra, y lo que la envenena, también lo hacecon nosotras/os. Esta metáfora, además, está inspirada en una de las grandes aportaciones latinoamericanas al pensamiento contemporáneo: el concepto Cuerpo-Territorio que emerge del Feminismo Comunitario como una forma de explicar las analogías existentes entre las violencias que reciben los cuerpos de las mujeres y la Naturaleza, sugiriendo al Patriarcado como origen común de ambas. Una visión que también encontramos dentro del Ecofeminismo.
Vamos entonces a hacer un poco de (1) historia clínica del cuerpo latinoamericano, a modo de contexto y justificación de este mapeo, siguiendo con una (2) radiografía que nos permita presentar de forma sintética las realidades de los países explorados y las características principales de los proyectos de economía social y solidaria mapeados en ellos; un (3) diagnóstico del estado de este sistema inmunológico a través de los estudios de caso de las cinco iniciativas en las cuales hemos profundizado; y, por último, una propuesta de (4) terapia de rehabilitación en la que incluimos algunas sugerencias de cómo podría seguir expandiéndose y siendo útil este Mapeo.
Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH en el marco del décimo aniversario de la siembre de nuestra querida Berta Cáceres – A 2 de marzo de 2026
El Consejo cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) al cumplirse el décimo aniversario de la muerte de la compañera y fundadora, Berta Cáceres, alza su voz ante el pueblo hondureño y el mundo:
Berta triunfa sobre la muerte.
A diez años de su partida física, Berta Cáceres sigue siendo luz. Berta logró vencer a quienes intentaron silenciarla y hoy su voz sigue más viva en las luchas del pueblo Lenca y de los pueblos del mundo. Berta nos enseña, y exige, a hacer frente a la guerra, desigualdad y opresión con esperanza, valentía y claridad política.
Sí es posible vencer los intereses mezquinos del gran capital nacional e internacional, su ejemplo lo demuestra.
La verdad es irrefutable, la justicia es necesaria.
Hoy no queda ninguna duda. El crimen contra Berta se cometió bajo las órdenes del poder económico de Jacobo Atala, José Eduardo Atala, Pedro Atala, Daniel Atala Midence, y con la complicidad del Estado de Honduras y el financiamiento de los bancos FMO de Holanda y BCIE.
La verdad ha sido esclarecida por expertos internacionales y solo queda el inexorable camino de la justicia.
Berta nos convoca a la unidad.
El legado de Berta es un llamado a la unidad bajo la bandera de la dignidad. Es un llamado honesto a la organización comunitaria, al despertar del pueblo Lenca y a la entrega por la vida. Es un llamado a la unidad, a la superación de nuestras propias conductas incorrectas y a la autocrítica constructiva.
Berta nos convoca en estos momentos de guerras, desesperanza y retrocesos, a juntarnos en alegría y a crear el mundo y la sociedad en la que queremos vivir, de respeto de los bienes comunes, de construcción colectiva y de alternativas al capitalismo, al racismo y al patriarcado.
Por la memoria de nuestra compañera y la defensa de nuestros territorios, el COPINH:
Llama al pueblo hondureño y al movimiento social y popular del mundo a recuperar la palabra y la acción de Berta Cáceres para enfrentar los desafíos actuales con alegría y audacia.
Exige a la fiscalía y al Estado de Honduras la captura y enjuiciamiento de los miembros de la familia Atala Zablah, como máximos responsables de su asesinato.
Solicita a la comunidad internacional a reforzar los esfuerzos por la justicia integral para Berta Cáceres y todas las personas defensoras de los derechos y territorios.
Convoca a la unidad del movimiento social y popular de Honduras en el Frente Berta Cáceres por los derechos y los territorios.
¡Berta Vive, la Lucha Sigue!
¡Berta Vive, COPINH Sigue!
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz.”
Dado en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, al 1ro de marzo de 2026.
Compartimos esta invitación al conversatorio Acciones con sentido organizado por La Enseñanza Casa de la Ciudad en el cual participaremos este sábado 28 de marzo a las 5 pm en La Enseñanza Casa de la Ciudad calle Belisario Domínguez # 13 en San Cristóbal de Las Casas
El trigo es uno de los granos más cultivados en el mundo. Es rico en valor nutricional y constituye un alimento básico en la dieta de las personas a nivel global, presente en productos como el pan, la pasta, las tortillas, los cereales y muchos otros.
El cultivo de trigo es una fuente esencial de ingresos para numerosos agricultores. En Estados Unidos, es el tercer cultivo más producido, después del maíz y la soya, y representa aproximadamente 47 millones de acres de producción.1
En 2024, el gobierno de Estados Unidos aprobó una nueva variedad de trigo genéticamente modificado (OGM), lo que ha generado serias preocupaciones sobre la salud de la población estadounidense, los medios de subsistencia de los agricultores y el medio ambiente.
Este trigo OGM, denominado HB4, incrementaría el uso de un herbicida tóxico llamado glufosinato, una sustancia química prohibida en la Unión Europea debido a que presenta riesgos inaceptables para la salud humana — incluidos efectos tóxicos reproductivos, del desarrollo y neurológicos — así como riesgos para el suelo, las aves, las abejas y otras especies silvestres.
HB4 también amenazaría la capacidad de los agricultores estadounidenses para comercializar su trigo en mercados internacionales, ya que países importadores clave rechazan el trigo OGM. Incluso si los agricultores no cultivan HB4, su trigo podría contaminarse con genes OGM provenientes del HB4 o mediante la mezcla de trigo OGM y no OGM a lo largo de la cadena de suministro.
El trigo OGM ha sido rechazado de manera efectiva en múltiples ocasiones en Estados Unidos debido a la oposición pública, las preocupaciones del mercado y los riesgos comerciales. Ahora, consumidores, agricultores y empresas alimentarias deben dejar claro nuevamente que no hay lugar para el trigo OGM en Estados Unidos.
Compartimos esta nota de El País sobre el informe del GIEI sobre el asesinato de Berta Cáceres – A enero 2026
Un grupo de expertos de la comisión señala que la trama criminal empleó fondos de bancos de desarrollo europeos y americanos para pagar a los sicarios que mataron a la activista
A casi diez años del asesinato de la activista Berta Cáceres en Honduras, la luz penetra poco a poco en los entresijos de la trama que urdió el ataque, por el que hasta ahora hay ocho condenados. En los últimos meses, un equipo de analistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha investigado a fondo la pata financiera del complot, entre otras, tratando de entender su profundidad y alcance. La conclusión es que la dirigencia del conglomerado empresarial del que nació la trama asesina, ligada a la muy pudiente familia Atala Zablah, parece mucho más implicada en el ataque de lo que se ha podido comprobar.
El equipo de la CIDH, conocido como GIEI, mecanismo que la comisión ha usado en otros países como México o Nicaragua, ilumina ahora la madeja financiera detrás del asesinato de la activista, de la que no se sabía demasiado. En su informe de labores, que se presenta este lunes, y al que EL PAÍS ha tenido acceso estos días, los investigadores señalan que la trama criminal empleó fondos de bancos de crédito al desarrollo, de Europa y Centroamérica, para pagar a los sicarios que mataron a Cáceres. El GIEI detalla los caminos del dinero, los meandros y túneles que dispuso la trama para disimular su origen, hasta su cobro en tres cheques, por más de medio millón de lempiras, unos 25.000 dólares, y su reparto final entre los sicarios, hoy presos.
Los investigadores ponen el ojo en la familia Atala Zablah. Casi desde el principio, la sospecha apuntaba a este clan de empresarios, uno de los más ricos de Centroamérica, con intereses en bancos y otros rubros. Pero la justicia hondureña nunca ha llegado a ellos, ni siquiera a Daniel Atala, gerente financiero de Desa, la empresa cuya implicación en la trama está probada judicialmente: su presidente ejecutivo, David Castillo, fue condenado por el asesinato de Cáceres en 2021. Ahora, el GIEI dibuja a detalle la actuación y comunicaciones de Daniel y otros integrantes de la familia Atala Zablah, en los días y meses anteriores y posteriores al ataque.
Manifestación por Berta Cáceres, en Honduras, el 5 de julio de 2021.Delmer Membreno (Getty Images)
Desde finales de la década de 2000, Desa, participada por el holding empresarial de los Atala Zablah, Inversiones Las Jacarandas, y por una firma de Castillo, Pemsa, impulsó la construcción de una presa en el occidente de Honduras, con el objetivo de producir energía hidroeléctrica. Pero el proyecto, conocido como Agua Zarca, chocó desde el principio con la oposición de la comunidad lenca en la zona, a la que pertenecía Cáceres, que denunciaba las afectaciones a su hábitat natural, la futura contaminación del río sobre el que se iba a erigir la presa, la destrucción, en fin, de su estilo de vida.
Madre de cuatro hijos, Cáceres encabezó este movimiento. Entre 2013 y en 2014, ella y los suyos lograron que el Banco Mundial y la empresa estatal china Sinohydro, una de las más grandes constructoras mundiales, que habían apoyado al principio el proyecto de Agua Zarca, finalmente se apartaran. La capacidad organizativa de la comunidad fue clave. Los esfuerzos de resistencia confluyeron alrededor de su organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copihn), fundada en 1993 por la misma Cáceres. Ya entonces, el pueblo lenca y otros vivían amenazados por la expansión de proyectos madereros, mineros e hidroeléctricos, que amenazaban ríos y tierras que las comunidades consideraban vitales para su vida.
Pese a la retirada de sus primeros patrocinadores, Agua Zarca siguió adelante. El proyecto demandaba la inversión de decenas de millones de dólares, así que Desa empujó y empujó. La empresa, detalla el GIEI, contaba con el apoyo del Estado. Es más, recuerda el equipo de expertos, “los expedientes judiciales revelan la convergencia entre estructuras empresariales y agencias estatales, los vínculos de cuatro personas imputadas por el asesinato con las Fuerzas Armadas y la creación de Desa por parte de un oficial de inteligencia militar que, al mismo tiempo, ocupaba un cargo estratégico en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica”.
Bertha Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres durante una protesta en Washington.Jahi Chikwendiu (Getty Images)
Las hostilidades hacia Copihn y la figura de Cáceres crecieron con el tiempo, siempre con los Atala Zablah pendientes de la activista y sus colegas. Parecían dos mundos distintos. Por un lado, la resistencia del pueblo lenca contra Agua Zarca, que dejó varias víctimas, además de Cáceres, a lo largo de los años; por otro, los movimientos de Desa y sus dirigentes para atraer financiación al proyecto, asegurando que los que protestaban eran cuatro gatos, carentes de razón. Los últimos se salieron con la suya y llegaron a sumar a su causa a un banco holandés de créditos al desarrollo, FMO, y a otro centroamericano, el BCIE. Era tanto lo que había en juego, que Pedro Atala, uno de los principales accionistas de Las Jacarandas, llegó a decir, cinco meses antes del asesinato de Cáceres: “O ellos o nosotros”.
En esa lógica se fraguó el ataque fatal contra la activista. El GIEI Honduras detalla cómo el asesinato de Cáceres ocurrió en un contexto de máximo acoso al Copihn y su lideresa, entre finales de 2015 y principios de 2016. “Integrantes de la familia Atala”, señala el informe, “participaron directa o indirectamente en espacios de coordinación orientados a la gestión del conflicto territorial, incluyendo el grupo [de WhatsApp] denominado ‘Seguridad PHAZ’, en el que se desarrollaron acciones sistemáticas de vigilancia, recolección de información y seguimiento contra Berta Cáceres y el Copihn”. Así, la trama criminal organizó hasta cinco incursiones a La Esperanza, donde vivía la activista, para preparar el atentado. Incluso, en una de las incursiones, trataron de acabar con ella, fallidamente.
Finalmente, a la sexta la mataron. Fue en la noche del 2 de marzo de 2016. Los sicarios entraron a su casa y dispararon contra ella, hasta matarla. El activista mexicano Gustavo Castro, que estaba de visita, resultó herido y tuvo que fingir su propia muerte para salvar la vida. El GIEI recuerda que una actuación óptima de las autoridades de investigación hondureñas podría haber desbaratado los planes de la trama antes del ataque. En un caso paralelo en que investigaba una red de narcotráfico, la Fiscalía monitoreaba las comunicaciones de uno de los ahora condenados, hablando de un futuro asesinato, el de Berta Cáceres. Si los investigadores hubieran indagado en las conversaciones monitoreadas, es más que probable que los responsables habrían sido detenidos.
Pero eso no ocurrió, Cáceres murió asesinada y el escándalo creció y creció, hasta el punto de que la Fiscalía hondureña no tuvo más remedio que emplearse a fondo y escalar en la cadena de responsabilidades del ataque. EL GIEI recuerda cómo en los primeros días, la trama criminal alentó teorías conspirativas sobre el asesinato, incluso el versión de que se había tratado de un crimen pasional. Pero la presión internacional obligó a que los investigadores se fijaran en la evidencia, lo que les condujo al presidente ejecutivo de Desa, David Castillo, y su cadena operativa, compuesta por un militar en activo, exmilitares y sicarios contratados.
Los problemas han aparecido después, a la hora de dar el siguiente paso en la cadena de responsabilidades. El GIEI señala “la posible existencia de un nivel de mayor jerarquía [en la organización del asesinato], con posibles responsabilidades en la toma de decisiones de diversa índole, insertas en un plan de naturaleza empresarial”. Y añade que “tanto David Castillo como Daniel Atala habrían desempeñado funciones de enlace entre los distintos niveles de la estructura, conectando el nivel operativo o gerencial de Desa con los accionistas responsables de canalizar recursos financieros asociados al proyecto”.
En este asunto, la investigación financiera del GIEI resulta fundamental. El grupo indica sin lugar a duda que al menos una parte del dinero empleado para pagar a los sicarios, 25.000 dólares, “se originaron en fondos girados por los bancos FMO y BCIE, de conformidad con una orden de pago emitida en el marco del préstamo extendido por esas instituciones”. Lo cual, por cierto, resultaba algo habitual para Desa y el proyecto Agua Zarca. Según el GIEI, más de 12 millones de dólares de los 18 ejecutados en el proyecto fueron objeto de desvíos y/o manejos irregulares.
En su informe, el grupo detalla cómo la trama trianguló el dinero para los sicarios en cuentas de diferentes empresas, vinculadas a Desa. Finalmente, el dinero salió de las cuentas de las compañías en tres cheques, cobrados por dos personas de confianza de Castillo, entre el 3 y el 4 de marzo, los días posteriores al asesinato. En esos días, Castillo mantuvo comunicación constante con integrantes de la familia Atala Zablah. El 4 de marzo, por ejemplo, Castillo habló con Pedro, Daniel y Jacobo Atala en varias ocasiones. Jacobo y Pedro eran tíos de Daniel, principales accionistas de Las Jacarandas, el holding familiar. “La frecuencia y modalidad de interacción de las comunicaciones permiten presumir que, en ese lapso, se estaban coordinando acciones cruciales relacionadas con el hecho crimina”, señala el GIEl.
Aunque parezca lo contrario, por las condenas de los autores materiales y parte de los intelectuales, el caso Berta Cáceres está lejos de resolverse. El GIEI pide que se investiguen precisamente las comunicaciones de los Atala con los ejecutores del asesinato y el resto de funcionarios de Desa. Además de Castillo, de momento solo hay otro ejecutivo de la empresa condenado, Sergio Rodríguez. También pide que se investigue las relaciones de Desa con el Ministerio de Seguridad. “Documentos y mensajes develan una relación sostenida entre directivos y accionistas de Desa con el entonces ministro de Seguridad, así como con elementos policiales, antes, durante y después del homicidio”, señala el grupo, que apunta de ejemplo la “coordinación” de Daniel y Pedro Atala con el ministro de Seguridad, y con el comisionado general de la policía.
