Compartimos el primer número de la Revista Crónicas de la Selva producida por Salva la Selva – A 23 de agosto del 2024
La revista digital de Salva la Selva ve la luz por primera vez, con un número centrado en el trabajo que llevan a cabo las mujeres de los países del Sur en defensa de la vida y la naturaleza. Recorrimos para ello desde Indonesia hasta México, pasando por el Ecuador. Este número recorre algunos de los proyectos que apoyamos y presenta el trabajo de algunas de nuestras organizaciones aliadas.
Contamos desde ahora con este nuevo medio que nace básicamente en forma digital. La idea es poder transmitir algunos de los aspectos de nuestro trabajo que no se llegan a reflejar en nuestra página web. Damos a conocer mejor lo que implica la defensa de la selva y de la naturaleza, y el marco en el que se desarrolla nuestro trabajo con muchas organizaciones aliadas en diferentes regiones del mundo.
Gracias a sus donaciones, en 2023 pudimos apoyar el trabajo de más organizaciones que nunca. El objetivo: proteger las selvas, a los pueblos indígenas, la naturaleza y el clima. Y de ello hablamos también en la revista.
Contenido variado
En este número, rendimos un homenaje a las mujeres con las que trabajamos. Para conocerlas más de cerca, recorrimos la isla indonesia de Sulawesi, epicentro mundial de la industria del níquel, en auge debido al impulso que están tomando los vehículos eléctricos, pero con una cara oscura que destruye las selvas y modos de vida de las mujeres y sus comunidades. En Sumatra conocimos mujeres que resisten a la minería de oro. La resistencia a la minería es un fenómeno global, y por eso, también hemos hablado con Georgine Kengne, de la red panafricana WoMin. En este contexto, analizamos cómo las mujeres defienden sus fuentes de sustento, uniendo fuerzas.
Además, estuvimos en Ecuador y en México, con mujeres líderes indígenas que se comprometen con sus territorios y tradiciones. Nos informaron de los impactos que el consumo masivo trae a sus comunidades y lo que podemos hacer. Mucho de lo que las mujeres nos compartieron se refleja en estas Crónicas de la Selva.
Si bien hemos hecho una pequeña tirada en papel para distribuir en algunos eventos presenciales, la idea es compartirlo gratuitamente en formato digital. Esperamos que te guste.
Autoridades de la comunidad zapoteca de Capulálpam de Méndez, en la Sierra Norte de Oaxaca, confiscaron en la madrugada del 31 de agosto minerales extraídos clandestinamente por laminera Natividad y Anexas S.A. de C.V., filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, pese al cierre de la mina por las autoridades ambientales federales, el 5 de agosto de 2024, informaron las autoridades de la comunidad en sus redes sociales.
“La minera Natividad continúa saqueando minerales, contaminando y abatiendo fuentes de agua sin contar con los permisos ambientales correspondientes”, sostuvieron.
Las autoridades de Capulálpam de Méndez hacen un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que, en el “ámbito de sus atribuciones, hagan efectiva la clausura ejecutada el 5 de agosto de 2024”. Además, avisan que la comunidad “no permitirá el saqueo clandestino de minerales en su territorio”.
Esa es la segunda vez en 2024 que las autoridades de Capulálpam confiscan cargas de minerales. Un día antes de la contienda electoral en México, en junio de 2024, los comuneros se declararon en alerta máxima tras identificar dos camiones de carga que transportaban minerales extraídos de su territorio. Inmediatamente bloquearon las rutas de salida del pueblo zapoteca y retuvieron uno de los vehículos, mientras que el otro se dio a la fuga.
La unidad retenida contenía la cantidad de 22 toneladas de roca molida. Liberaron el camión y retuvieron el mineral explotado. “Este material ya estaba procesado. Se han mandado hacer los estudios y tienen un alto contenido de oro y plata”, señaló en la ocasión a Avispa Mídia Francisco García López, presidente del comisariado de bienes comunales de este municipio.
También señaló el presidente del comisariado que las denuncias de explotación de materiales mineros por parte de la Compañía Minera de Natividad y Anexas, S.A. de C.V.,sin el permiso de la comunidad, no es de ahora. “En dos ocasiones el gobernador del estado [Salomón Jara] vino a la comunidad y le hicimos saber que necesitábamos que se suspendieran los trabajos de minería. Pero, nos decían que la empresa no estaba trabajando”.
En el mes de febrero de este año la comunidad de Capulálpam ganó un amparo sobre tres concesiones mineras pertenecientes a Compañía Minera de Natividad y Anexas, S.A. de C.V., aunque no especificaron cuales son porque, según las autoridades, aún están en litigio. Detallan que el juez ordenó dejar inconsistentes las concesiones mineras en Capulálpam.
Les compartimos el primer episodio del Podcast La tieaa arde producido por RGC – Redes de Gestión Cultural donde abortaran temas reflexionando en torno a la cultura, el medio ambiente y la emergencia climática – A septiembre 2024
La Tierra Arde Episodio 1
Maristella Svampa
Por una transición ecosocial
En el episodio inaugural de La Tierra Arde, nos acompaña Maristella Svampa, destacada socióloga, filósofa y activista argentina, para una conversación profunda sobre la crisis socioecológica, los desafíos del pensamiento crítico contemporáneo, y las tensiones entre desarrollo y sostenibilidad. Maristella nos invita a reflexionar sobre la «policrisis civilizatoria» que enfrentamos hoy y nos plantea caminos posibles hacia una transición ecosocial justa y democrática. Este es un diálogo urgente y revelador que aborda las fronteras planetarias, el extractivismo, y el rol de las comunidades en la construcción de futuros alternativos.
La Tierra Arde
Un podcast para abordar los vínculos entre cultura, tecnología, democracia y emergencia ambiental. Entrevistas conversacionales a artistas, intelectuales y activistas de Latinoamérica y España. Un espacio para pensar desde la cultura los desafíos de la emergencia ambiental, las crisis de nuestras democracias y las transformaciones que las tecnologías traman en nuestras vidas.
El viaje de La tierra arde fue logrado gracias a María Iribarren, Ángel Mestres y Nicolás Sticotti.
Una coproducción de RGC y Transit Projectes, con apoyo de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Diseño gráfico: Pablo Amadeo. Edición, posproducción y diseño de sonido: Matías Basualdo y Noelia Giorgi. Locuciones: Patricia Del Carmen.
Compartimos esta infografía e informe de una investigación de ISDS América Latina donde participamos sobre el poder corporativo y las demandas de transnacionales a países – A mayo 2024 – Actualización septiembre 2024
En 2023 México fue el país que más demandas de arbitraje de inversión recibió en el marco de tratados de protección de inversiones a nivel mundial. Con 53 casos en total, México se encuentra hoy entre los países más demandados del mundo por inversionistas extranjeros ante tribunales de arbitraje internacional, y es el tercer país más demandado de América Latina y el Caribe. Cada vez más dinero público está en riesgo para tener que pagar a los inversionistas las cantidades multimillonarias resultantes de los arbitrajes. A pesar de ello, México sigue firmando nuevos tratados de protección de inversiones que incluyen el recurso a los tribunales arbitrales internacionales como principal mecanismo de resolución de conflictos entre inversionistas y Estado (también conocido como ISDS, por sus siglas en inglés). En los últimos años, México ratificó el CPTPP; renegoció el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TLCAN 2.0/T-MEC), manteniendo entre México y EEUU el sistema de solución de disputas inversionista-Estado; y cerró la renegociación “en principio” del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM) que incluye un nuevo capítulo de protección de inversiones. Además, en 2018 se convirtió en miembro pleno del Convenio del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. En este informe vamos a mirar al régimen de protección de inversiones de México y develar sus principales consecuencias para el país.
¿Qué es el mecanismo de solución de controversias entre Estado e inversionista?
El mecanismo de solución de disputas inversionista-Estado, conocido como ISDS por sus siglas en inglés (Investor-State Dispute Settlement) permite a los inversionistas extranjeros, principalmente grandes empresas transnacionales y fondos de inversión, demandar a Estados ante tribunales de arbitraje internacionales si consideran que las leyes, las regulaciones, las decisiones judiciales u otras medidas tomadas por el Estado violan las protecciones que tienen bajo un tratado. Los casos son normalmente decididos por tres árbitros, frecuentemente abogados/as, que ejercen la profesión desde el sector privado y con un fuerte sesgo proinversionista. ISDS ha generado numerosas críticas desde el ámbito académico, profesional y de la sociedad civil, entre las que destacan: • La falta de transparencia en los procedimientos arbitrales. • La ausencia de imparcialidad y de independencia de los árbitros. • Los laudos pueden ser ejecutados en cualquier parte del mundo. • El costo de un arbitraje inversionista-Estado es mayor que un juicio en cortes nacionales. • Es un sistema unilateral: el inversionista es el único que puede iniciar una demanda. • Las víctimas de los abusos de las empresas transnacionales no disponen de ningún mecanismo como este para acceder a la justicia.
El universo de tratados de protección de inversiones de México
México cuenta con 31 Acuerdos para la Promoción Recíproca de Inversiones (APRI), o Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) vigentes, la mayoría de ellos con países europeos (18). Todos (excepto tres) entraron en vigor a partir del año 2000. De los 31 TBI con México, 22 podrían ser terminados, pues pasaron la fase inicial de 10 años que estipula el tratado para su vigencia, con lo cual México tiene la oportunidad de revisar y/o salirse de más del 70% de todos sus TBI. Sin embargo, la postura de los gobiernos mexicanos ha sido de continuar firmando tratados de protección de inversiones. En los últimos años, México firmó varios TBI de los cuales la mayoría ya entró en vigor, excepto el TBI con Haití, firmado en 2015.
Principales claúsulas de los Tratados de Protección de Inversiones para demandar a los Estados
1) Compensación por “Expropiación Indirecta” (del lucro cesante)
Si bien el término expropiación en el pasado se aplicaba a la confiscación física de la propiedad, las reglas actuales también protegen a los inversionistas contra la expropiación “indirecta”, que se interpreta como las reglamentaciones y otras acciones del gobierno que reducen significativamente el valor de una inversión extranjera o impiden una ganancia esperada. Por eso, ahora las compañías pueden entablar juicio contra el Estado, demandando indemnización por normas y leyes ambientales, de salud u otras de interés público que son adoptadas a través de un proceso democrático. Si bien los tribunales no pueden obligar a un gobierno a revocar esas normas y leyes, la amenaza de ser condenado a pagar grandes sumas de dinero por daños y perjuicios puede tener un “efecto paralizante” (chilling effect, como se le conoce en inglés) en la formulación de políticas nacionales responsables.
2) Norma subjetiva de “Trato Justo y Equitativo” a la empresa extranjera
Esta cláusula no tiene significado definible y es inherentemente subjetivo, lo que permite que los árbitros en tribunales supranacionales la apliquen con sus propias interpretaciones a acciones de gobiernos de países que tienen historias, culturas y sistemas de valores diversos. Cualquier accionar del gobierno que afecta negativamente el negocio del inversionista puede ser interpretado como un acto “discriminatorio” y por ende un incumplimiento del trato justo y equitativo.
3) Trato Nacional y Trato de Nación Más Favorecida
Los gobiernos deben tratar a los inversionistas extranjeros y sus inversiones al menos tan favorablemente como a los inversionistas nacionales (trato nacional) y a aquellos de cualquier tercer país (trato de nación más favorecida). Aunque se le pregona como un principio básico de justicia, esto en realidad despoja a los gobiernos de la posibilidad de impulsar estrategias de desarrollo nacional, utilizadas en el pasado prácticamente por todas las economías exitosas. Es más, una medida reglamentaria que se aplique a todas las compañías, pero tenga un impacto desproporcionado en un inversionista extranjero, podría ser demandada como una violación al trato nacional.
4) Prohibición de los Controles de Movimientos de Capitales
Se prohíbe a los gobiernos aplicar restricciones a los flujos de capital, a pesar de que muchos gobiernos han utilizado estos controles para prevenir y mitigar de manera efectiva la volatilidad y las burbujas financieras. Incluso el mismo FMI reconoce hoy en día que los controles de capital constituyen herramientas de políticas públicas importantes en algunas circunstancias.
5) Prohibición a establecer Requisitos de Desempeño a la Inversión
Los gobiernos tienen que renunciar al ejercicio de su autoridad y abstenerse de exigir que los inversionistas extranjeros usen un cierto porcentaje de insumos locales en la producción, que transfieran tecnología y otros requisitos que en el pasado constituyeron herramientas de políticas de desarrollo económico responsables.
6) Estándar de Plena Protección y Seguridad
Este estándar abarca los daños y perjuicios tanto físicos como legales que afecten a las inversiones, supuestamente provocadas por el Estado o por terceros (por ejemplo, la sociedad civil o comunidades en defensa de sus recursos naturales y territoriales). Hasta hace poco, este componente no se destacaba en los tratados de inversión, pero cada vez los inversionistas se están sirviendo de él con mayor frecuencia. Este estándar obliga, por ejemplo, al uso de la fuerza del Estado u otros medios para garantizar la protección de los inversionistas ante protestas de comunidades contra sus proyectos.
Además de los 31 TBI, México tiene 11 Tratados de Libre Comercio en vigor que cuentan con un capítulo de inversiones y permiten el recurso al arbitraje de inversiones como principal mecanismo de solución de controversias inversionista – Estado.
El T-MEC (TLCAN 2.0)
México, Estados Unidos y Canadá terminaron de renegociar el TLCAN en 2020. Este tratado, que estuvo vigente más de 20 años, no sólo le ha generado consecuencias económicas, sociales y ambientales adversas, también es responsable de 38 de las 53 demandas de inversionistas contra México en el sistema de arbitraje, o sea más de 2/3 partes de las demandas. El 1 de octubre de 2018, los tres gobiernos acordaron el TLCAN 2.0, ahora denominado Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, o USMCA por sus siglas en inglés). El tratado entró en vigor el 1 de Julio de 2020. El T-MEC modifica al capítulo 11 del TLCAN que permitía la resolución de controversias inversionista-Estado. El nuevo tratado elimina por completo la posibilidad de demandas inversionista-Estado entre los Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, a pesar de algunas restricciones, deja abierta la puerta a demandas de inversionistas estadounidenses contra México ymviceversa (aunque esta opción es menos probable). Bajo el T-MEC, los inversionistas sólo podrán demandar en caso de la vulneración de las cláusulas de “nación más favorecida” y “trato nacional” o en el caso de expropiación directa (no indirecta) y en algunos sectores como petróleo y gas, generación de electricidad, transporte, telecomunicación u otra infraestructura. Además, el capítulo 11 de protección de inversiones del TLCAN quedó en vigencia tres años más para los tres países (hasta junio de 2023), bajo la llamada “cláusula de legado”.
A pesar de las restricciones a demandas que supuestamente impone el T-MEC, en solo dos años se ha vuelto el segundo tratado de inversión más nocivo para México, ya que en 15 de las demandas contra México se invoca este tratado (en paralelo al TLCAN). Esto demuestra que no basta con reformar acuerdos, si no se impide el uso de ISDS por completo, inversionistas siempre encontrarán una forma de demandar a Estados en el sistema de arbitraje.
MÉXICO EXPANDE PRIVILEGIOS A LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS
A pesar de ser uno de los países más demandados del mundo por inversionistas extranjeros, el gobierno de México ha optado por seguir concediendo derechos de protección.
CPTPP-11: México es el primero en ratificar, y el primero en recibir una demanda bajo este tratado
El 8 de marzo de 2018, en Santiago de Chile, 11 países -Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Chile, Singapur y Vietnam- firmaron la versión revisada del Tratado Transpacífico (TPP), sin Estados Unidos, después de que Donald Trump retirara a su país de las negociaciones. El tratado lleva el nombre de Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica (CPTPP, por sus siglas en inglés), también conocido como TPP-11. Tras la salida de Estados Unidos, las negociaciones se aceleraron y concluyeron en apenas 5 meses. El 30 de diciembre de 2018, después de haber sido ratificado por seis países, el CPTPP entró en vigor. El Congreso mexicano fue el primero en ratificar el TPP-11, a sólo un mes y medio de haber sido firmado. El CPTPP cuenta con un capítulo de protección de inversiones que otorga protecciones especiales para los inversionistas, como es el recurso al arbitraje de inversiones. Nueva Zelanda acordó con Australia no aplicar las cláusulas de disputas inversionista-Estado, y ha pedido a los otros miembros del CPTPP firmar acuerdos similares. México podría haber hecho lo mismo, y sin embargo, eligió mantener la cláusula de solución de controversias inversionista – Estado intacta.
México es el primer país en recibir una demanda ISDS bajo el CPTPP. Se trata del caso de las empresa de electricidad canadienses Caisse de Dépôt et Placement du Québec y CDP Groupe Infrastructures Inc. v. United Mexican States (ICSID Case No. ARB/23/53).6 Y también ha recibido una Notificación de Intención de demanda bajo el CCTPP de la empresa minera canadiense Almadex and Almaden.
El 28 de abril de 2020, en medio de la crisis de la COVID-19, México y la Unión Europea anunciaron el final de la negociación de la modernización de su TLC (TLCUEM), vigente desde el 2000 y firmaron un “acuerdo en principio”. Un punto clave de la modernización es la inclusión de un capítulo de inversiones, que el viejo TLCUEM no tenía. Con este nuevo capítulo las privatizaciones y reformas pro-empresariales en el sector petrolero y gasífero de México quedarán blindadas, y en el caso de querer revertirlas el inversionista puede usar el tratado para demandar a México. Los defensores de la modernización argumentan que el mecanismo de solución de controversias propuesto en el acuerdo, ahora llamado Sistema de Tribunales de Inversiones (ICS, por sus siglas en inglés), es una versión mejorada del antiguo sistema ISDS. Lejos de ser verdad, lo único que mejora el ICS son los procedimientos administrativos, pero no cambia el principal problema del sistema: los inversionistas extranjeros pueden seguir demandando a México por cualquier medida legislativa que afecte sus ganancias, aunque estas sean medidas sanitarias o de lucha contra el cambio climático.
Para terminar, México está negociando otros tratados de libre comercio que podrían contener cláusulas de protección de inversiones. Se trata del TLC con Turquía, Ecuador y una renovación de su tratado con Chile, entre otros.
El ingreso al CIADI
En julio de 2018, México se convirtió en el miembro número 154 del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo de arbitraje internacional del Banco Mundial. Según indican fuentes cercanas al gobierno mexicano, la decisión está directamente relacionada con la posición incierta de EE.UU frente al futuro del capítulo de inversiones en el T-MEC. Para México, firmar la entrada al CIADI fue una señal fuerte hacia los inversionistas extranjeros de que sus emprendimientos estarán protegidos en México, independientemente de la postura del próximo gobierno al respecto. Esta medida del gobierno mexicano fue aplaudida por la comunidad de abogados de inversiones, quienes opinaron que, “Al ratificar las Convenciones del CIADI y de Nueva York y promover la permanencia del mecanismo de resolución inversionista-Estado (ISDS) en el TLCAN, el país [México] ha hecho mucho para combatir la imagen de que está en contra del arbitraje.” Esta afirmación es uno de los pilares ideológicos de la economía global de los años noventa, que vaticinaba que la llegada de capital extranjero sólo se garantiza otorgando seguridad jurídica a dichos capitales. Sin embargo, cada vez hay más organismos internacionales (OCDE, UNCTAD), académicos/as, abogados/as y organizaciones de la sociedad civil que ponen en duda las supuestas bondades del sistema, entre otros de los acuerdos de libre comercio y de inversión. Con la entrada en el CIADI, México perdió la oportunidad de ser uno de los países en la vanguardia para repensar su política de comercio y de inversiones.
MÉXICO – TERCER PAÍS MÁS DEMANDADO DE LA REGIÓN
México es el tercer país más demandado de América Latina y el Caribe y el cuarto país más demandado a nivel mundial con 53 demandas inversionista-Estado conocidas hasta el 31 de marzo 2024. Casi todas las demandas han sido llevadas al CIADI, solo en tres demandas hubo tribunales ad-hoc y en un caso no se conoce la institución administradora elegida. Desde su entrada al CIADI, a mediados de 2018, se empezaron a usar las reglas arbitrales de esta institución (21 demandas), mientras que en las demandas previas a 2019, se usaron principalmente las reglas de la facilidad adicional del CIADI (19 demandas) o de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI) (13 demandas).
Los inversionistas que demandan
El 58% de los inversionistas que demandan a México provienen de los Estados Unidos. Si sumamos los inversionistas de América del Norte y de Europa, constatamos que el 93% de las demandas fueron iniciadas por inversionistas de estas dos regiones. Resulta interesante que además son países norteamericanos y europeos que más árbitros tienen en el CIADI. Por otro lado, solo existen siete demandas por parte de empresas mexicanas contra otros países, dos contra España y Estados Unidos y una contra Colombia, Perú y Honduras respectivamente.
El número de demandas por año
México recibió la primera demanda de arbitraje de inversiones en 1997 por parte de la empresa estadounidense Metalclad, a raíz de que esta empresa quería construir un confinamiento de residuos cancerígenos (asbestos) en acuíferos subterráneos en un área que luego fue declarada reserva natural por el gobierno municipal de Guadalcazar, en el estado de San Luis Potosí. Desde entonces, México ha recibido demandas casi todos los años. Desde 2015 no ha pasado un año sin que México haya recibido una demanda por parte de inversionistas extranjeros. Esta avalancha de demandas ha visto su culminación en 2023 con 11 demandas, más que ningún otro país a nivel mundial en este año. A esto se suman por lo menos tres amenazas de demandas que se podrían convertir en demandas concretas en 2024; entre ellas la demanda de la empresa china Ganfeng en relación a “la cancelación de nueve concesiones de litio tras el impulso y la normativa que ha promovido la creación de una empresa pública de litio mexicana” y de la minera canadiense arriba citada Almadex y Almaden.
El resultado de las demandas
Hay 53 demandas en contra de México, 12 han beneficiado al inversionista sea por laudo o por acuerdo entre partes, y en 12 demandas el tribunal decidió rechazar la demanda del inversionista. Además, seis demandas fueron discontinuadas, mientras que 23 aún siguen pendientes.
Los costos de las demandas
Hasta ahora México ha sido condenado a pagar casi 296,6 millones de dólares en 11 casos por concepto de indemnización a los inversionistas. Esta cifra representa 3 veces el presupuesto de la Secretaría de Cultura en 2024, y es aún mayor al presupuesto total que México preve en 2024 para la búsqueda de personas desaparecidas, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desapareción Forzada y la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura juntas. Datos muy preocupantes teniendo en cuenta la situación grave de derechos humanos y el número creciente de desaparecidos/as en México. Considerando solo las 23 demandas pendientes, la cantidad total que reclaman los inversionistas asciende a 13,325 millones de dólares, aunque en realidad el monto es aún mayor, ya que en ocho de las 23 demandas pendientes no se conoce el monto reclamado por el inversionista. Con este dinero se podría financiar durante tres años el trabajo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, cuyo presupuesto en 2024 es de 4,300 millones de dólares y durante 82 años al programa de Salud Materna Sexual y Reproductiva.
México y el Boom de las Demandas de Empresas Mineras
De los 13,000 millones de dólares por los que México está siendo demandado, más de la mitad, 6,438 millones de dólares, corresponden a demandas de empresas mineras.
Solo en 2023, México recibió cuatro demandas con relación a proyectos mineros, aunque las más espectaculares de estas demandas son de 2019. En septiembre de 2018, poco después de que se hiciera público el texto renegociado del T-MEC, la minera estadounidense Legacy Vulcan LLC y su subsidiaria mexicana Calizas Industriales del Carmen (Calica), notificaron su intención de someter una demanda en contra de México en el marco del TLCAN. La demanda tiene su origen en una controversia ambiental sobre la extracción de piedra caliza en el estado de Quintana Roo. La empresa está en disputa con el municipio de Solidaridad, cuyo Programa de Ordenamiento Ecológico Local y Programa de Desarrollo Urbano ha impedido que la empresa explote dos predios. La empresa efectivamente interpuso la demanda de arbitraje el 3 de enero de 2019 en el CIADI, por un monto de alrededor de 1,900 millones de dólares. El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha hecho un llamado a llegar a un acuerdo con Legacy Vulcan LLC, ofreciéndole facilidades para desarrollar, en vez de la mina, un desarrollo turístico. y hasta ofreciendole a la empresa de comprar el predio de extracción por más de 389 millones de dólares.
En seguida de esta demanda, a inicios de 2019, la también estadounidense Odyssey Marine Exploration Inc. entabló una notificación de intención de demandar a México bajo el TLCAN por no haber aprobado los permisos ambientales para su proyecto de minería de fosfato en subsuelos marinos cerca de las costas de Baja California Sur, por la enorme cantidad de “cuando menos 3,540 millones de dólares”, por oposición de grupos pescadores.
“Las concesiones pesqueras de la Sociedad cooperativa de Producción pesquera de Puerto Chale cubren parte del fondo marino que la empresa quiere dragar. La cooperativa se ha opuesto al proyecto desde sus inicios y depositó una solicitud de autorización para presentar sus preocupaciones al tribunal del TLCAN en octubre 2021, con la ayuda del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL por sus siglas en inglés). Ambas organizaciones buscaban dar testimonio de los impactos que el proyecto podría tener en sus vidas y en el medio ambiente, y explicar porqué la decisión de la entidad reguladora ambiental de México de negarle a esta empresa el permiso de explotación minera del fondo marino era acertada y conforme al principio de precaución reconocido en el derecho nacional e internacional. Como ha sido recurrente en este sistema de arbitraje diseñado para favorecer a las empresas transnacionales, el tribunal del TLCAN se negó recientemente a recibir su solicitud”.
Odyssey, una empresa exploradora de tesoros convertida en empresa minera con escasos ingresos propios, consiguió financiación de un tercero para poder llevar adelante la demanda; el bufete de abogados Poplar Falls, especializado en litigios de EE. UU.
Al reclamo total de los inversionistas hay que sumar otros millones de dólares más por los costos propios del arbitraje de inversionista-Estado, esto incluye los honorarios de los abogados y de los árbitros, los gastos administrativos del centro de arreglo de las disputas (como puede ser el CIADI) y otros gastos del tribunal. En algunos casos el Estado no solo paga sus propios costos de defensa, sino el fallo en contra puede obligarle a también asumir la parte del demandante. Por ejemplo, en el caso Cargill v. México, el Estado tuvo que pagar la mitad de los costos de los abogados del inversionista. Por este caso México tuvo que abonar en total como gastos del arbitraje 3,3 millones de dólares. En el caso Lion México Consolidated v. México, el país tuvo que pagarle 2,25 millones de dólares al inversionista por sus gastos del arbitraje, y en el caso Gemplus v. México el monto llegó a 5,4 millones de dólares. A diferencia de la mayoría de los países, México ha usado, en muchas ocasiones, su propio equipo de abogados para la defensa. En los casos en que se contrató a un bufete de abogados, el Estado optó por Pillsbury Winthrop Shaw Pittman y Thomas & Partners; y más adelante por Tereposky & DeRose y en pocas ocasiones también por Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle.
Sectores de las demandas
México cuenta con una economía ciertamente diversificada. No sorprende entonces que las 53 demandas contra el país afecten a una gran variedad de rubros, aunque el sector más afectado ha sido el de minería e hidrocarburos con nueve demandas. Le sigue suministro de agua y manejo de residuos con siete demandas, información y comunicación, manufactura y transporte con cinco demandas respectivamente.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La estrategia económica de México de abrir el país a inversionistas extranjeros, concediéndoles cada vez más privilegios a través de tratados de protección de inversiones, le ha costado caro. Año tras año el país recibe más demandas de inversionistas y amenazas que debilitan la función básica del Estado: su potestad legislativa y ejecutiva. La simple amenaza de una demanda podría ser suficiente para echar atrás una importante medida, como ha sido el caso de Talos Energy vs México, que no se llegó a registrar. La empresa solo envió la Notificación de Intención, lo que forzó al gobierno de AMLO a negociar y dar una mayor participación a Talos en un proyecto petrolero de Pemex. Es un un caso importante de llamado “efecto congelador “ (o chilling effect, como se le conoce en inglés) y de cómo se ha usado por primera vez el Anexo 14-D del T-MEC para amenazar efectivamente a México. Afrontar los nuevos retos, como la crisis climática o la crisis sanitaria requieren medidas innovadoras y flexibles que sean capaces de adaptarse a las necesidades del momento. En cambio, los tratados de protección de inversiones pueden poner freno a estas iniciativas, pues podrían suponer nuevas demandas millonarias, si nuevas medidas o regulaciones gubernamentales van en contra de los intereses corporativos. Una política soberana, enfocada en el bienestar de la población, la protección del medio ambiente, del clima y la promoción de empresas de la economía local es irreconciliable con los derechos que los tratados de protección de inversiones les otorgan a los inversionistas. Si México quiere salir del círculo vicioso de recibir demandas ISDS cada vez que quiere adaptar sus políticas y regulaciones, tiene que revisar su régimen de protección de inversiones. La única manera que México puede evitar nuevos arbitrajes de inversión es denunciando los tratados y acuerdos de comercio e inversión ya firmados y renunciando a renovarlos o firmar otros nuevos, ya que posibilitan la interposición de otras demandas. Por este camino ya han optado Bolivia y Ecuador en la región.
Para ello, recomendamos: • Realizar una auditoría de todos los tratados de protección de inversiones (APRI o TBI o bajo TLC) y sus impactos para la economía y sociedad mexicana. • Suspender la posibilidad del uso de demandas inversionista–Estado por parte de empresas extranjeras mientras dura la auditoría y tomar los pasos necesarios una vez terminada ésta. • Salir del CIADI y promover opciones nacionales y regionales (por ejemplo crear un mecanismo bajo la CELAC), para la resolución de disputas entre inversionistas y Estado. • No firmar nuevos tratados con cláusula de protección de inversiones, sino ›› dar primacia a la protección de los derechos humanos y ambientales, los recursos naturales y ecosistemas. ›› garantizar los sectores básicos para la población: energía, alimentación, servicios públicos, resguardando su soberanía ante las reglas internacionales de inversión. ›› posibilitar la participación de las poblaciones afectadas por proyectos con empresas extranjeras de acuerdo al consentimiento previo, libre e informado, el monitoreo y evaluación de su desarrollo. ›› dotar al Estado el espacio para elaborar políticas e implementar medidas para el fomento de las MYPME y el desarrollo regional, sectores específicos, e imponer a inversionistas ciertos requisitos de desempeño. ›› exigir responsabilidad de las empresas transnacionales inversionistas en términos laborales, sociales, ambientales, en coherencia con las mismas regulaciones que tienen en sus países de origen. ›› apoyar la creación un Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos al nivel de la ONU.
Este reporte fue preparado y publicado por Publicado por Transnational Institute, Institute for Policy Studies, Colectivo Ecologista Jalisco, A.C, Comisión de Derechos Humanos del Valle de Tehuacán, A.C., EDUCA Servicios para una Educación Alternativa, A.C., Enlace Comunicación y Capacitación, A.C., Otros Mundos Chiapas, A.C., Proyecto sobre Organización y Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
Compartimos este boletín informativo de la Alianza Mexicana Contra el Fracking sobre la iniciativa de prohibición del fracking en México que aún se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados a pocos días de terminar el sexenio – Septiembre del 2024
Compartimos el sexto capítulo de este podcats de Avispa Midia – A 21 de agosto del 2024
Este es un podcast de diez episodios que analizan las soluciones propuestas por Estados y corporaciones ante la crisis climática, como la transición energética, contrastándolas con las experiencias de comunidades latinoamericanas que luchan por la defensa de los bienes comunes.
Estimados lectores y oyentes, a continuación, les presentamos un nuevo episodio de “Atizando el Avispero”, el podcast donde desentrañamos las complejidades de la crisis climática y las falsas soluciones que se nos presentan.
Hoy celebramos el sexto episodio de esta serie con un análisis profundo y necesario sobre los discursos climáticos y las posibles soluciones desde abajo.
En los episodios anteriores, hemos explorado diversos ángulos de la Transición Energética y los minerales críticos que están en disputa, especialmente en territorios indígenas. Pero antes de adentrarnos en el análisis de hoy, es crucial destacar el contexto alarmante que hemos vivido recientemente. Mientras estábamos grabando los primeros episodios, el planeta experimentó oleadas de calor sin precedentes, con temperaturas récord.
Según el servicio de vigilancia climática de la Unión Europea, Copernicus, experimentamos 12 meses consecutivos de calor extremo. Mientras que el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió que estamos «jugando a la ruleta rusa con nuestro planeta» y describió la situación como una «autopista hacia el infierno climático».
Estas afirmaciones vienen de los mismos organismos que han presentado las soluciones para la crisis, pero ahora parecen estar enfrentando una dura realidad que cuestiona sus discursos previos.
Así que hoy, nos centraremos en las reflexiones de Donna Haraway, una bióloga, filósofa, historiadora y feminista, quien afirma, en su libro «Seguir con el problema», que “quienes creen que tienen las respuestas a las urgencias actuales son terriblemente peligrosas”.
A lo largo del episodio de hoy, discutiremos cómo los diversos discursos han cambiado, se van ajustado y siguen prometiendo falsas salidas.
Así que no te pierdas el episodio 6, puedes escucharlo en las siguientes plataformas:
#ALERTA ATALC demanda al Gobierno de Nayib Bukele la integridad y libertad del defensor de Derechos del del pueblo Nahuat, miembro de la Red de Territorios de Vida de El Salvador y del Movimiento de Víctimas Afectadas por el cambio climático y las corporaciones (MOVIAC).
Como parte de las organizaciones en defensa de los Derechos Humanos y de los Pueblos en América Latina y el Caribe, nos sumamos exigir al Gobierno de El Salvador:
• A la PNC, Fiscalía general de la República y demás funcionarios, el respeto a sus derechos humanos, a la integridad física y moral de José Iván y su familia.
• Su inmediata liberación, basados en los principios de justicia que establece la constitución de El Salvador y los Tratados internacionales como la declaración de los derechos de los pueblos indígenas ratificado por El Salvador en el 2007, y el convenio 169 de la OIT.
Compartimos esta petición que lanzó Salva la Selva sobre un proyecto ferroviario y portuario en la amazonia brasileña que traerá más problemas socio-ambientales en la región – A agosto 2024
Un proyecto ferroviario y portuario toma forma en la región amazónica de Brasil. Está involucrada la compañía ferroviaria alemana estatal Deutsche Bahn. Se pretenden exportar millones de toneladas de soja y mineral de hierro a China, Europa y EEUU. Se teme el grave impacto sobre la población, la selva y los manglares. Firma la petición.
La empresa GPM cuenta con un proyecto, que significará deforestación y pavimentación de amplias zonas de la isla de Cajual, en el nordeste de Brasil. La idea de los empresarios, portugueses, es construir un complejo industrial y portuario privado: el Terminal Portuario de Alcântara (TPA), justo en la zona donde viven comunidades tradicionales quilombolas, descendientes de antiguos pueblos africanos esclavizados.
La empresa estatal alemana de ferrocarril, Deutsche Bahn (DB), participa en el proyecto. Su filial, Grupo DB E.C.O., ha firmado un memorando de entendimiento con GPM para desarrollar y explotar conjuntamente el ferrocarril.
Además, el ferrocarril atravesaría el centro del «Área Endémica de Belém», la región de la cuenca amazónica más amenazada por la deforestación.
Todo ello para dar paso a la exportación de materias primas como la soja, el mineral de hierro, el cobre, el gas de fracturación hidráulica y el hidrógeno.
Te invitamos a firmar hoy mismo nuestra petición para decirle a Deutsche Bahn que se retire inmediatamente del proyecto en la región amazónica.
Procedimiento de reclamación ante DB
El 31 de mayo de 2024, Salva la Selva organizó una manifestación frente a la sede de DB en la Potsdamer Platz de Berlín junto con nuestra organización socia brasileña Justiça nos Trilhos, el Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (FDCL), Kooperation Brasilien (Kobra) y Misereor. Además, presentamos una reclamación en contra de la participación de la filial de DB E.C.O. Group en el proyecto GPM.
Entre tanto, el departamento de reclamaciones de DB ha dado curso al proceso de reclamación, pero el resultado es aún completamente incierto. El presidente del consejo de administración y consejero delegado de DB, Dr. Richard Lutz, nos respondió mediante un escrito, que el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos internacionalmente es un principio importante para DB; que DB se toma muy en serio nuestras preocupaciones y que «deben cumplirse varios requisitos adicionales antes de que DB considere participar en el proyecto».
Mientras tanto, directivos de las filiales de DB, junto con trabajadores del proyecto GPM, están participando en reuniones con ministros, políticos, funcionarios gubernamentales y parlamentarios brasileños para sacar adelante el proyecto. GPM también está utilizando de forma destacada el nombre de DB, aparentemente para dar al proyecto GPM un aire de seriedad y competencia.
En un vídeo corporativo de GPM en la página web del Grupo DB E.C.O., la selva amazónica aparece hábilmente desplazada hacia el oeste en un mapa panorámico. Esto da la impresión de que el proyecto del terminal portuario de Alcântara y la ruta trazada para el ferrocarril de mercancías EF-317 están fuera de la región amazónica. En el gráfico también se afirma que «la producción agrícola brasileña aumentará un 180% en los próximos diez años sin talar un solo árbol».
Pero el gráfico y la información facilitada por los promotores del proyecto son engañosos. El hecho es que la ubicación y los límites de la región amazónica están definidos en Brasil de forma oficial y precisa y recibe la denominación de Amazônia legal. Tanto el puerto como toda la línea ferroviaria se encuentran claramente dentro de la Amazônia legal, tal y como lo muestra nuestro mapa, elaborado con datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
Según estudios recientes, la agricultura, en particular de soja, es el principal motor de la deforestación en Brasil; según datos del Gobierno, la superficie deforestada en 2023 será de 9.064 kilómetros cuadrados, un área 3,5 veces mayor que el Gran Londres o más de 11 veces mayor que la ciudad de Nueva York.
Compartimos este reportaje especial de Avispa Midia sobre los impactos a personas y la naturaleza del cambio climático y los mega proyectos extractivistas – A 20 de agosto de 2024
por Carlos Tornel y Pablo Montaño*
Caminamos algunos metros antes de que uno de los vigilantes de la escuela primera nos dejara entrar a uno de los huertos que se están construyendo en varias comunidades y territorios carboníferos en el estado de Coahuila, norte de México. El huerto, uno de tres que ya se han construido, es parte de una serie de proyectos que organizaciones locales como Familia Pasta de Conchos proponen para avanzar hacia una transición energética que rechaza la noción de que este proceso implica solamente un cambio tecnológico –es decir, pasar de combustibles fósiles a tecnologías bajas en carbono– sino que implica un cambio de mentalidad hacia el cuidado de la vida.
«Los huertos son un acto simbólico», me dice una de las organizadoras, “son un pretexto para hablar, para repensar qué papel tiene la energía en nuestros territorios y cómo podemos construir un futuro en donde no sea sinónimo de saqueo, violencia, impunidad y muerte”.
El huerto es parte de una iniciativa que se llama ‘sembrando transición’ un esfuerzo de la organización por posicionar una visión relacional con la energía. “Para nosotros el huerto es la alternativa al camino que hemos caminado por más de 18 años, esperando a que el Estado responda por la muerte de mineros y los impactos que esto ha dejado en sus familias y en la comunidad. El huerto es un símbolo de que otro mundo es posible y que la energía no viene solamente del carbón, sino de la posibilidad de repensar nuestras sociedades basándonos en el cuidado”, dice una de las organizadoras del huerto.
El “Huerto Inexplicable” que se construyó en el bachillerato CECyTEC en Barroterán, Coahuila. Crédito de la fotografía: Organización Familia Pasta de Conchos.
El caso de Barroterán en el norte de Coahuila es tan sólo uno de los muchos lugares en México que se han convertido en una zona de sacrificio, es decir, lugares que han sido abandonados o contaminados en exceso en nombre de un bien mayor, usualmente abstracto, como el progreso, el crecimiento económico o –y de manera más reciente y controversial– el ‘desarrollo sostenible’.
Las zonas de sacrificio no sólo se refieren al ámbito natural o el de lo no-humano, es decir paisajes, flora y fauna y la naturaleza en general que suelen ser convertidos en “recurso” o “servicios” para ser designados como “extraíbles», sino también de comunidades y formas de vida que en los ojos de la visión unidimensional del desarrollo se presentan como “problemáticas”, “subdesarrolladas” e incluso “retrogradas”. Esta visión, la cual tiene un origen profundamente colonial, es la que se suele movilizar para justificar el despojo, la contaminación, la degradación de la naturaleza e incluso su destrucción.
Por lo general, estas zonas suelen ser designadas sacrificables a través de otros nombres: “corredores industriales”, “zonas económicas especiales (ZEE)”, “polos de desarrollo”, “polos de desarrollo para el bienestar”, etc. son algunas de las designaciones más recientes.
Estas zonas suelen eliminar las protecciones legales, las cuales pueden ser modificadas como una forma de incrementar la inversión extranjera directa, fomentar la participación de empresas e industrias y garantizar algunos “beneficios económicos”, como el empleo. Como lo estipula el Colectivo Geocomunes, estas modificaciones se utilizan como una forma de ‘»legalizar» el saqueo de los territorios y permitir la participación del sector privado a través de modificaciones al marco legal, como se puede evidenciar en los cambios a la Ley Minera en 1992, el TLCAN de 1994, la Ley de Bioseguridad en 2005, la Ley de Inversión Extranjera (2012), la Ley de Asociación Pública-privada (2012), la reforma energética (2016) y de manera más reciente, la declaración de megaproyectos prioritarios y su carácter prioritario para el desarrollo (2018-2024).
Por razones de seguridad y considerando que México es uno de los países más violentos para personas defensoras del territorio –las estimaciones indican que al menos 185 personas han sido asesinadas desde el 2018– lxs defensorxs del territorio y activistas entrevistadxs para este texto permanecen anónimos.
La proliferación de zonas de sacrificio en México
El concepto de las zonas de sacrificio no es algo nuevo. Originalmente, el concepto se utilizó durante la guerra fría en los Estados Unidos para referirse a aquellas zonas que se volvían inhabitables por la contaminación creada por la radiación y la minería de uranio.
No fue sino hacia mediados de la década de los setentas que el concepto fue apropiado por comunidades indígenas y pueblos originarios en los Estados Unidos para denotar la forma en la que territorios indígenas se convirtieron en campos de pastoreo, desplazando y despojando del acceso a sus territorios, al tiempo que se borraban sus costumbres, conocimientos y formas de estar en el mundo.
Durante las décadas de los ochentas y noventas, es decir, durante el auge del periodo neoliberal, varios movimientos de justicia ambiental retomaron el concepto para denunciar el racismo que está inscrito en su creación.
Esta lógica permitió hilar de forma espacial la proximidad de ciertos grupos a puntos en donde se concentra la contaminación del suelo, el aire y el agua como la consecuencia de un modelo de desarrollo desigual y no como una simple casualidad. Por ejemplo, la presencia de comunidades afroamericanas, de personas más pobres y migrantes cerca de basureros tóxicos, corredores industriales o plantas de quema o procesamiento de combustibles fósiles como termoeléctricas o refinerías. Es el caso del corredor conocido como el “callejón del cáncer”, en el estado de Louisiana, EUA, en donde se concentran más de 90 refinerías en territorios principalmente habitados por comunidades afroamericanas y de bajos ingresos.
El racismo ambiental detrás de las zonas de sacrificio constituye una designación ya ampliamente desarrollada, investigada y trabajada. Las comunidades indígenas y subalternas de este país han utilizado el concepto como una herramienta de denuncia, haciendo notar cómo lo «sacrificable”, para quienes ven estos espacios como vacíos, desperdiciados o mal aprovechados, es para ellxs lo “sagrado”, es decir, como una forma de denunciar la herramienta colonial del modelo de desarrollo que elimina todo aquello que no vea como una forma de valor.
En América Latina el concepto suele estar asociado no sólo a los puntos en el espacio y su proximidad a zonas contaminadas o a los puntos de origen de dicha contaminación, sino a un modelo de desarrollo extractivo que produce impactos positivos para algunas minorías, desplazando los costos espacial y temporalmente para las mayorías. Desde la proliferación de residuos tóxicos asociados a la minería y la gran industria, así como la contaminación del agua, tierra y aire a sus alrededores.
En México, la declaración de ZEE de 2017 creó enclaves especializados con exenciones legales y fiscales para atraer la inversión extranjera directa, con la justificación de aliviar la pobreza en “areas históricamente descuidadas”. Similar a iniciativas regionales pasadas como el Plan Puebla-Panamá, las ZEE representan una estrategia de desdibujamiento del Estado para interconectar espacios de tránsito y fomentar el desarrollo en la región mesoamericana.
Sin embargo, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en 2018, trajo un cambio en el discurso. Las ZEE se renombraron como «polos de desarrollo para el bienestar», con el objetivo de atraer inversión y mejorar las capacidades productivas para el desarrollo económico y social en áreas adyacentes a proyectos de infraestructura regional a gran escala o «zonas o corredores libres», con incentivos fiscales aumentados para las empresas.
Según el investigador Darcy Tetreault, la promesa de AMLO de «terminar con el neoliberalismo» ha sido socavada por la retención del marco institucional general establecido durante el periodo neoliberal posterior a 1992. Pese a la cancelación de políticas como las subastas de energía a largo plazo, las rondas de licitación de petróleo y el cese de nuevas concesiones mineras, permanecen sin cambios la distribución de recursos, los incentivos fiscales y los mecanismos de captura de rentas. El gobierno ha redirigido su atención a las empresas estatales, invirtiendo fuertemente en un proyecto de “soberanía energética” e intensificando la exploración de hidrocarburos y capacidades de refinación. Esto incluye la construcción de una megarefinería en Tabasco y la adquisición de una planta de refinación en Texas, EUA.
Al mismo tiempo el gobierno de AMLO ha disminuido notablemente el presupuesto para agencias ambientales y regulatorias, militarizado proyectos extractivos y de construcción, con un efecto paralizador y desarticulador de la protesta social y ha desplegado programas de investigación y desarrollo como tácticas contrainsurgentes, es decir, como estrategias para socavar la resistencia y la oposición y disciplinaraquellos que se muestren en contra.
Este enfoque subraya la importancia de la infraestructura a gran escala en la reconfiguración geopolítica de México, evidente en iniciativas como el «Corredor Interoceánico» en Oaxaca y Veracruz, el «Tren Maya» en el sureste mexicano y el Plan Sonora, que sirve a los intereses de relocalización cercana (nearshoring) de EE.UU., asegurando acceso a microprocesadores, vehículos eléctricos, plantas de baterías y recursos naturales y laborales, incluidos el litio, el agua y las reservas energéticas.
Aún cuando una reflexión de los orígenes de las zonas de sacrificio en México requeriría un repaso de la historia y política del país. Suficiente decir que la política federal de los últimos 30 años demuestra cómo es posible identificar el origen de la proliferación de estas zonas de sacrificio, las cuales suelen ser denunciadas por comunidades de primera línea, es decir, las primeras afectadas por la contaminación que proviene de estas grandes industrias.
Ahora bien, con el advenimiento y la aceleración de la crisis climática, estas zonas no se pueden reducir simplemente a aquellas afectadas por la contaminación, sino que comienzan a manifestarse como una forma de neo-colonialismo y de desplazamiento de costos para asegurar la “mitigación” o “adaptación” al cambio climático.
Aunque es difícil calcular el número de zonas como estas en México, la organización Conexiones Climáticas ha propuesto una categorización de estas zonas en tres. Primero, aquellos lugares cercanos o próximos a las fuentes de contaminación o a los puntos en donde se concentra dicha contaminación de agua, aire o agua. Segundo, aquellas zonas en donde la noción del desarrollo sustentable o la “transición verde” se ha convertido en una nueva forma de contaminación, despojo o afectaciones. Tercero, aquellas zonas que se convierten en espacios inhabitables a través de un desplazamiento de los impactos socioecológicos por medio de la exacerbación de los efectos de la crisis climática. Siguiendo esta formulación a continuación presentamos algunos ejemplos de estas zonas.
Zonas de sacrificio por proximidad y metabolismo
Las Zonas de Sacrificio Metabólicas implican la desvalorización de ciertas formas de vida en favor de las creadas por la economía dominante. Esta es una característica clave de las grandes ciudades, las cuales tienen relaciones metabólicas complejas de flujos de materiales, energía e información que tienen impactos desiguales en otros lugares en múltiples escalas espaciales y temporales. Estos sistemas están arraigados en relaciones de poder que revelan cómo ciertos lugares están posicionados para convertirse en zonas de sacrificio en respuesta directa a actividades/demandas de otros lugares.
Ejemplos de este tipo de zonas de sacrificio son numerosos y difíciles de calcular. Sin embargo, en lugares como Tula, Hidalgo, la cuenca del Río Santiago en el estado de Jalisco y otros lugares como Petacalco, Guerrero, demuestran una clara designación como zonas de sacrificio donde se acumulan una multiplicidad de formas de impacto debido a la proximidad de estos lugares a grandes urbes que externalizan su entropía y la presencia de la gran industria y puntos de quema intensiva de combustibles fósiles.
La ciudad de Tula, a tan sólo 120 kilómetros de la ciudad de México, se encuentra inmersa en lo que varios han descrito como un ‘infierno ambiental’: una refinería, una termoeléctrica, un corredor industrial y el desagüe del Túnel Emisor Oriente (TEO) son responsables de la degradación del aire, el suelo y el agua. “En buena medida”, me dice uno de los activistas que se han dedicado a atraer atención a la situación de la ciudad, «nosotros recibimos todo el desperdicio de la Ciudad de México, así sea en forma de basura física o en aguas residuales o en emisiones que producen la mala calidad del aire. Nosotros nos quedamos con el suelo, el agua y el aire degradado que es necesario para satisfacer lo que parece ser una imparable demanda de energía en forma de gasolina, diesel y electricidad, así como materiales como el cemento que requiere la ciudad”.
Imagen de la Presa de Endhó en el Estado de Tula y de la refinería Miguel Hidalgo y la termoeléctrica de Tula en la ciudad.
«Nosotros estamos malditos por la geografía”, dice uno de los habitantes de Tula, quien desde el 2014 se ha organizado con otras organizaciones para tratar de denunciar los impactos en su territorio al visibilizar la relación metabólica entre Tula y la Ciudad de México. «Nos ha tocado, quedarnos con el desperdicio de la ciudad de México, porque todo lo que se genera aquí va de regreso para allá, incluso las aguas residuales regresan en forma de comida a la Ciudad de México”.
En total, según las estimaciones del grupo de científicos que en 2019 organizaron el Toxitour alrededor de varios corredores industriales dentro del país, se estima que las afectaciones a la población van desde la proliferación de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y digestivas, afectando a más de un millón de personas dentro del Valle del Mezquital.
Las comunidades del Salto y Juanacatlán, en Jalisco, en torno a la cuenca del Río Santiago también concentran uno de los sitios más contaminados del país. De acuerdo con el informe del Toxitour la cuenca concentra las descargas de alrededor de 1,000 empresas manufactureras, metalúrgicas, químico-farmacéuticas, electrónica, automotriz, alimentos y bebidas en la zona de Toluca-Lerma y alrededor de 700 empresas en la zona Ocotlán-El Salto. La cuenca recibe además las descargas de las zonas industriales de Guanajuato, de la refinería de Salamanca y el drenaje del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). La población expuesta directamente a estos contaminantes es alrededor de medio millón de habitantes.
Desde el 2006 la organización un Salto de Vida se ha mantenido en resistencia contra la contaminación del río, así como un proceso sistemático de denuncia por ser una zona de sacrificio en nombre del crecimiento económico y el desarrollo de corredores industriales. “La afectación a la salud es lo que nos ha movido, la recuperación del río es parte de este esfuerzo. Pero nuestra defensa del territorio ha buscado detener procesos de despojo que continúan insistiendo en contaminar esta zona, desde inmobiliarios y energéticos”,dice uno de los defensores del territorio. “Nuestra relación con las autoridades ha demostrado no sólo el desinterés del Estado sino la forma en la que por décadas han privilegiado a la industria, negando los impactos a las poblaciones, que en sus ojos son excedentes”, dice uno de los defensores.
Dos Imágenes del Salto en Juanacatlán. Lo que en 1909 se denominó como el ‘Niágara Mexicano’ en comparación con la contaminación documentada a lo largo del río en 2021.
Ante la falta de interés y la desacreditación de los impactos en la salud de las personas, la organización se ha dedicado a documentar y, a través de varias colaboraciones con organizaciones de la sociedad civil y centros académicos, ha comprobar los impactos y daños ambientales en la cuenca. “Este proceso ha obligado al Estado a reconocer los impactos que ha generado pero, al mismo tiempo, ha servido para articular un proceso de rechazo y resistencia al despojo que aún sigue vigente aquí”, menciona uno de los defensores. “A través de amparos y otros medios también hemos logrado detener el desarrollo de plantas de ciclo combinado y otros intentos de despojo por parte de la industria inmobiliaria.” Este proceso ha generado una larga historia de resistencia, un proceso de denuncia que muestra que la región ha sido sacrificada en nombre del crecimiento económico y la generación de riqueza para las empresas mexicanas y extranjeras.
Otro ejemplo de esta condición es Petacalco, en Guerrero. La central termoeléctrica Plutarco Elias Calles se construyó hace 30 años bajo el argumento de traer un beneficio económico a la zona. Desde entonces las comunidades, casi todas pescadoras y agricultoras, han sido poco a poco expulsadas de sus territorios a otras ciudades como Tulancingo en busca de trabajo.
No es sino a partir del 2021 que un grupo de personas han comenzado a documentar los impactos que tiene la planta en el territorio. En buena medida, los impactos se incrementaron durante ese año debido a una veda de venta de combustóleo para el uso en barcos y buques comerciales que incentivó un regreso a la quema de combustóleo para la generación de electricidad. Aunque no se sabe con exactitud cuánto combustible se quema en cada una de las plantas en México, sabemos que al menos el 33% de la refinación de Pemex es combustóleo debido a que el petróleo crudo que extrae es cada vez más pesado. La pérdida del mercado de buques y barcos, así como la situación de emergencia producida por la pandemia de la COVID-19 en 2020-2021 impulsó el uso del combustóleo como una forma de mantener los precios de la luz estables.
Desde entonces el colectivo Juntos por el bienestar de Petacalco ha sostenido un proceso de documentación de la contaminación del agua, aire y suelo. “Aquí hemos visto cómo llueve ceniza. También es posible ver los derrames de combustible en los cuerpos de agua y aunque aquí los dolores de cabeza y las enfermedades estomacales son más frecuentes las autoridades aún se rehúsan a declarar esta área como una zona de sacrificio”, me dice una de las defensoras del territorio. “Las autoridades nos han dicho que aquí todo está en norma”, menciona uno de los miembros del colectivo. “En realidad, varias organizaciones han venido a medir la calidad del aire y del agua y nos han dicho que estamos muy lejos de estar cerca de las normas adecuadas. Además, lo que nosotros vemos y vivimos – la muerte de los peces, las enfermedades de las personas que aquí viven -, esto no lo contabilizan e incluso parece no importarles”.
Imagen de la desembocadura del río Zacatula en Petacalco con la Central termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles en el fondo.
Zonas de Sacrificio Verde
En medio de la crisis climática y las crecientes presiones por abandonar los combustibles fósiles para avanzar hacia una transición energética «verde», «sostenible» o «justa», están reconfigurando espacios para asegurar acceso a ciertas zonas con alto potencial de aprovechamiento –por ejemplo solar o eólica– así como para asegurar el acceso a ciertos minerales críticos, como el cobalto, el litio, el cadmio o algunas tierras raras, necesarias para garantizar esta transición.
Aunado a esto, propuestas como los Nuevos Pactos Verdes (Green New Deals) en el norte global han capturado el discurso y la imaginación en torno a la idea de la «transición». Esto ha generado un nuevo «consenso de descarbonización» como lo llaman los investigadores Breno Bringel y Mariestela Svampa, que sirve para establecer un nuevo consenso capitalista que reconfigura los extractivismos ya existentes mediante una estrategia de «acumulación por descarbonización», es decir, una forma de mercantilizar lo que antes era inaccesible para el capitalismo como es el viento, la luz solar, los “bonos de carbón” o la conservación misma. Este fenómeno, también denominado «extractivismo verde», implica el sacrificio de espacios, territorios y poblaciones para garantizar el abastecimiento, transporte, instalación y operación de infraestructuras y programas «bajos en carbono”, así como el tratamiento al final de la vida útil de los residuos materiales relacionados.
Las zonas de sacrificio verdes implican la identificación de lugares y poblaciones que serán afectados por el traslado de costos y ocupaciones (neo)coloniales justificados bajo el desarrollo de políticas para acelerar la transición energética y la mitigación o adaptación al cambio climático. Lo «verde» de esta categorización refleja el daño que emana de la infraestructura de bajo carbono.
El investigador Alexander Dunlap, por ejemplo, cuestiona la renovabilidad de infraestructuras bajas en carbono como paneles solares y turbinas eólicas, pues su cadena de suministro depende de los combustibles fósiles y la explotación de «minerales de transición».
Imagen: Debido a la rápida erosión costera y el aumento del nivel del mar, El Bosque, Tabasco, ha sido etiquetada como la primera comunidad en México en ser desplazada por los efectos del cambio climático. Foto: Santiago Navarro F.
Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta y la visita de la Red-DESC a Honduras – A 21 de agosto del 2024
Durante los días 19 y 20 de agosto de 2024 tres representantes de la RED DESC se movilizaron hacia Tegucigalpa con la finalidad de visibilizar la falta de resolución de los recursos de casación en el caso de Berta Cáceres.
Luego de una conferencia de prensa frente a la Corte Suprema de Justicia de Honduras, presentaron ante la Sala de lo Penal una carta con su preocupación, con el objetivo de señalar la preocupación internacional y la importancia de una acción rápida para garantizar la justicia y cumplir con las obligaciones internacionales de Honduras en materia de derechos humanos en el caso del asesinato de Berta Cáceres.
También contamos con la entrevista a la compañera Ana Elisa Samayoa en el programa de T.V. de Canal 8 de Honduras “Más temprano que tarde” donde se logró visibilizar la preocupación de la comunidad internacional en la falta de resolución de los recursos de casación de los asesinos de Berta Cáceres.
El martes 20 de agosto realizamos el Foro público Internacional: “Berta Cáceres y la justicia para los pueblos indígenas” donde participaron Ana Elisa Samayoa, abogada experta en DD.HH. Miembro de Due Process of Law Foundation (DPLF); Wyatt Gjullin: abogado de Earth Rights International (ERI); Apolonia Agustín, representante de CPO (Consejo de Pueblos Mayas); Bertha Zúniga, coordinadora General del COPINH e hija de Berta Cáceres. y Pedro Landa, Miembro de la Misión de Observación Calificada de la Causa Berta Cáceres.
Una vez más, la comunidad organizada, demuestra que la lucha por la justicia para Berta Cáceres es un esfuerzo que nos une a todos/as quienes defendemos la vida, los derechos humanos y el futuro de nuestras comunidades. Este es un momento crítico en el que necesitamos alzar nuestras voces y mostrar nuestra fuerza colectiva.
Les compartimos estas dos notas de Chiapas Paralelo sobre la terrible y cada vez mas preocupante violencia que se vive en la zona fronteriza de Chiapas por la disputa territorial entre dos grupos del crimen organizado – A 21 de agosto del 2024
“A los violentos, les demandamos ¡Paren! Los seres humanos no son objeto de deshecho”, afirmaron los obispos de San Marcos y Huehuetenango, Guatemala; de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; y de la Pastoral de la Movilidad Humana, de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
Cómo resultado de una reunión que tuvieron en Panamá, los religiosos redactaron una carta pública dirigida a los tres niveles de gobierno, al pueblo religioso y, por primera vez, se dirigieron directamente “a los creadores y ejecutores de la violencia”.
En su pronunciamiento explican: Las comunidades y pueblos de Chicomuselo, Comalapa, Amatenango,Jaltenango, Bejucal de Ocampo, Siltepec, Motozintla, están convertidos en un campo de batalla por la disputa del territorio entre grupos criminales que obligan a los hombres a ir al frente, a cuidar las plumas, a cerrar caminos, ellos y sus familias enfrentar un terror que nunca imaginaron”.
Bernabé Sagastume, Álvaro Cardenal Ramazzini, Rodrigo Aguiar Martínez y Guadalupe Torres Campos, refieren que hoy, de manera obligada, la población de esta región de Chiapas “son puestos como escudos humanos por causas de un sistema de muerte que ningún nivel de gobierno ha querido escuchar y atender en sus raíces”.
Esta, señalan, es una “guerra interesada en la que el pueblo no tiene parte y se le sigue sometiendo bajo amenazas”.
“Las armas de alto calibre descargan sobre hermanos cuya lucha ha sido defender la vida, la tierra, el territorio, dando servicio animados por la Palabra de Dios, vigías de la dignidad con la que han sido revestidos como herencia y por el bautismo, con sus luchas de siempre para que sus pueblos tengan vida”.
Hacen referencia a que, para salvar la vida, miles de pobladores han tenido que abandonar sus comunidades. Llaman esta estrategia como “de exterminio” donde hay intereses económicos, extractivistas y políticos donde la presión para que se lleven a cabo procesos electorales, solo incrementan la violencia.
En este contexto, al dirigirse “a los creadores y ejecutores de la violencia”, les pidieron que paren.
“A los violentos, les demandamos ¡Paren! Los seres humanos no son objeto de deshecho. La vida es sagrada, la sangre derramada clama al cielo y el corazón no olvida la sangre que nos salpica”, señalan.
La violencia generada en Chiapas por los intereses que describen los líderes religiosos, ha dejado una secuela de miles de personas en situación de desplazamiento forzado, de desaparecidos y asesinados.
Luego de cuatro días de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que se disputan el control del territorio, cientos de personas pudieron salir de Chicomuselo este martes 20, para buscar refugio en los municipios de La Concordia; Tuxtla Gutiérrez y Comitán.
Tan pronto como el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional pudieron tomar el control de la cabecera municipal, cientos de hombres, mujeres, niños, niñas y personas adultas mayores salieron en una larga caravana de vehículos hacia el municipio de La Concordia para internarse a la región central del estado.
Los vehículos llegaron hasta el punto conocido como Rizo de Oro, donde abordaron en grupos los vehículos en el chalán o panga para pasar el primer brazo de La Angostura, luego siguieron su camino y en el segundo brazo, entre la angustia y miedo se maravillaron que esta vez ya tuvieron que pasar ese punto sobre el Puente Atirantado de 700 metros recién inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Muchos de los desplazados se quedaron en La Concordia, por el ser el pueblo más cercano a Chicomuselo, sin embargo, otro convoy se enfiló hacia Comitán y muchos más se adentraron a Tuxtla, la capital del estado, para buscar refugio con amigos familiares o albergues de iglesias católicas o evangélicas. Chicomuselo, está enclavado en la región de la Sierra Madre de Chiapas, tiene unos 25 mil habitantes, en la cabecera municipal hay ocho barrios pero en sus alrededores hay 206 comunidades, ejidos y rancherías.
La narcoviolencia llegó a finales del 2022 y principios del 2023, e impactó, además de la cabecera municipal, en muchas comunidades rurales que quedaron deshabitadas, estas son La Pinta, Nueva Morelia, San Antonio El Ocotlán, 20 de noviembre, Galicia, Jolentón, Nueva Piedra Labrada, Zacualpa, y Piedra Labrada. Son pues pueblos fantasmas.
Desde el mes de noviembre del 2023, el alcalde de ese municipio Jorge Sepúlveda Morales del Partido del Trabajo abandonó ese municipio y con él desaparecieron los más de 130 millones de presupuesto del ayuntamiento para este 2024.
Hasta el pasado fin de semana se calculaba que los desplazados todos de Chicomuselo, tanto de la cabecera municipal como de las comunidades, oscilaban en unas 4 mil 500 personas, pero con el desplazamiento masivo de estos días, la cifra podría ser de alrededor de más de cinco mil personas.
El Cártel Chiapas y Guatemala (CCYG) se disputa el control del territorio contra el Cártel de Sinaloa (CDS), y la guerra se intensificó en ese municipio donde justo desde el 2018 se creó el Cuartel del 101 Batallón de Infanterá de la SEDENA para garantizar la seguridad de la población, seguridad que no han encontrado hasta ahora.
Es un proyecto interdisciplinario que busca abrir espacios de encuentro y escuchaa través de la comunicación popular y el arte comunitario, donde las personas puedan crear y narrar sus propias historias, basadas en sus experiencias cotidianas y el contexto de resistencia en el que viven, así como en los relatos, mitos y leyendas que les conforman como comunidad.
Buscamos que los grupos participantes puedan generar otros contenidos -desde sus propias voces y su visión del mundo- para difundir su labor, defender su lucha, denunciar agresiones y violaciones a los derechos humanos y construir alternativas de vida desde la esperanza. Anhelamos ser un megáfono de estas historias, fortalecer los vínculos entre los colectivos y organizaciones participantes y alimentar la red de difusión de radios comunitarias y medios libres a nivel regional, nacional e internacional.
¿Cómo lo hacemos?
En nuestro laboratorio nos encontramos. Nos escuchamos. Nos acompañamos. Exploramos y compartimos nuestros sueños, nuestras emociones, mapeamos nuestros territorios y las maneras de resistir y crear vida, recuperamos los relatos de las abuelas y los abuelos. Ensayamos juntas esas otras maneras de contar nuestras historias. Cambiamos el foco y la mirada: ahora son las propias comunidades quienes narran sus relatos de lucha y esperanza, sus caminos recorridos. Nuestra metodología es el arte. Nuestros lenguajes son los cantos, el baile, los dibujos, los escritos, el teatro y por supuesto, el audio
El podcast:
El programa El fogón de las palabrases una serie radiofónica que recupera las historias creadas y narradas por distintas comunidades, colectivos y organizaciones de México y Guatemala, incluye leyendas, mitos, canciones, testimonios y relatos que nos cuentan las maneras de defender, resistir y crear otras formas de vida desde la esperanza.
DesdeEl fogón de las palabras buscamos abrir espacios de encuentro y escucha entre las personas y de éstas con su comunidad y otros territorios. Es por ello que nos damos a la tarea de difundirlo en radios comunitarias de todo el país. Además puedes descargar y/o escuchar el programa en nuestra página web y otras plataformas. Publicaremos los programas cada mes.
Quiénes somos?
El fogón de las palabras. Laboratorio de historias comunitarias.
Somos un equipo de comunicadoras, educadores populares y creadoras escénicas. Formamos parte de los Colectivos ProMedios de Comunicación Comunitaria AC y Habitar la escucha: colectiva de proyectos interdisciplinarios. Luego de más de 20 años de experiencias en procesos de comunicación popular y creación de proyectos artísticos comunitarios, nos unimos para soñar y dar forma a éste proyecto que dió inicio con el trabajo en conjunto con el Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz García en Chicomuselo, Chiapas en agosto del 2022.
Entre agosto de 2022 y junio 2024 hemos llevado a cabo El Fogón de las Palabras en colaboración con 8 organizaciones distintas en Chiapas y Guatemala. Estas creaciones radiofónicas se publicarán próximamente en nuestro sitio web.
Escucha aquí todas las CREACIONES SONORAS
¿Qué sueñas?
¿Dónde sientes el miedo, el enojo, la tristeza, la alegría? ¿Cómo es el lugar que habitas? ¿Qué colores hay, a qué huele, a qué suena, a qué sabe? ¿Cuál es tu lucha y de qué maneras resistes? ¿Con qué personas habitas tu territorio?
¿Qué relatos cuentan las abuelas y abuelos?
¿y si creamos nuestra historia?
01. Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz García. Chicomuselo, Chiapas.
Animales que protegen la tierra; el agua como fuente de vida y cuidadora de la comunidad; un meteorito, la luna y las personas que trabajan y defienden su territorio; son algunos de los personajes en los relatos creados en el Laboratorio de Historias Comunitarias que nos narran la vida y trabajo, las luchas y esperanzas de los y las integrantes del “Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz García” del municipio de Chicomuselo, Chiapas.
02. Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), Alta Verapaz, Guatemala.
Sueños colectivos de una recuperación y pertenencia de la tierra en la zona de Alta Verapaz Guatemala; utopías de encuentros con las personas que fueron arrebatadas de sus familiares por la defensa del territorio; celebraciones a la madre tierra, al agua, al campo, estos son algunos de los relatos que elaborados en el Laboratorio de Historias comunitarias con los y las compañeras de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) en Guatemala.
03. Camino hacia nuestros sueños. FOCA Casa de día. Comitán, Chiapas.
Había una vez… árboles, vacas, un campo de futbol, una niña que salía a jugar con sus hermanos: a las ardillitas jugábamos; jugamos pelota entre primos, Íbamos al río y llevábamos ticucos. Nos quedábamos solos en casa, decidíamos hacer travesuras y nos metíamos a la pila. Como todos los domingos, en un lugar de El Salvador, mamá cocinaba torta de huevo con queso y tamales, y papá escuchaba su música.
Había una vez… una niña con su abuela, en un pueblito de Honduras, ella la mandaba a moler el maíz, por las mañanas y las tardes las dos tomábamos café con pan hecho por mi abuela.
Historias de vida de mujeres que salieron de su país abriendo camino hacia sus sueños. FOCA, Casa de Día, Comitán de Domínguez, Chiapas.
Entrega de la carta de queja a Deutsche Bahn AG con nuestra organización aliada Justiça nos Trilhos, el 31 de mayo de 2024, en Berlín (© RdR/ Klaus Schenck)
Mapa general de la región amazónica sudoriental (Amazônia legal) con la ubicación del puerto previsto y el trazado de la línea ferroviaria (con datos de IBGE y GPM) (© Nicole)
