Otros Mundos A.C, organización ambientalista radicada en San Cristóbal de las Casas, en el marco del Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles, denunció que dicha actividad amenaza la vida de las comunidades y los ecosistemas.
La organización denunció la imposición de modelos de explotación que empobrecen la tierra y afectan gravemente el equilibrio ambiental debido a los monocultivos.
Por tanto, reafirmaron su lucha por alternativas que respeten la vida, el agua y la soberanía de los pueblos.
Palma de aceite
En 2021, la Red Mesoamericana Frente a la Palma Aceitera realizó un encuentro en San Cristóbal de las Casas, con el fin de compartir experiencias en torno a las plantaciones de palma de aceite, así como analizar, estudiar y debatir sobre las consecuencias de este monocultivo en los territorios.
Diversas organizaciones, redes, miembros y representantes de colectivos provenientes de Honduras, Guatemala, México, Uruguay y Ecuador señalaron que, la palma de aceite ha llegado a sus territorios bajo un modelo extractivo acelerado, agresivo y depredador.
Indicaron que, los monocultivos de palma provocan la desaparición de las fuentes de agua, como los lugares sagrados de los pueblos originarios vinculados con el vital líquido, y desvían ríos. Asimismo, impactan en las cosmovisiones de estas comunidades.
Resaltaron que, las plantaciones provocan rompimiento de la soberanía alimentaria de los pueblos, acaban con los suelos, aceleran la deforestación, generan pobreza, dependencia y fuertes problemas de salud, provocan sequías e incendios, destruyen el paisaje, despojo y desplazamiento.
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), calcula que México tiene en total 2.5 millones de hectáreas propicias para sembrar Palma Africana, una superficie mayor que el territorio de El Salvador.
La mayor parte de esa superficie propicia para la palmicultura está en el sureste (dos millones de hectáreas, según el gobierno federal), en la que sobresale Chiapas, por las condiciones agroclimáticas para extender las plantaciones de Palma hasta en 400 mil hectáreas.
Compartimos esta invitación del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM a participar en este webinario en el marco del 21 de septiembre Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles
¡ÚNETE AL WEBINARIO! En vísperas del Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles, queremos invitarles a participar en el seminario virtual “Plantaciones de Árboles, Mercados de Carbono y Resistencias”.
Viernes 20 de septiembre
7:00hs Ciudad de México, 8:00hs Bogotá, 10 hs Buenos Aires y San Pablo, 14:00hs Yaundé, 15hs Europa Central, 16:00hs Kampala, 18:30hs Nueva Delhi, 20:00hs Yakarta.
Compartimos este artículo de nuestras compañeras y compañeros de lucha en Ecuador Acción Ecológica sobre el monocultivo de palma de aceite en aquel país – A Mayo 2024
LA MESA DE PALMA SUSTENTABLE (RSPO) LEGITIMA A LAS EMPRESAS DEPREDADORAS
En Ecuador actualmente existen 270 mil hectáreas de palma aceitera sembradas. Esta cifra ha fluctuado a lo largo de los años, viéndose afectada especialmente por la pudrición del cogollo. Por otra parte, sólo cuatro grupos empresariales cuentan con la certificación RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil): Organic Supply S.A, Industrial Danec S.A, Natural Habitats Americans B.V. y el Holding La Fabril S.A.
Este último agrupa a la empresa Energy & Palma, que ha sido denunciada en los últimos años por comunidades del norte de Esmeraldas, donde posee 11 mil hectáreas de plantaciones. Las acusaciones versan sobre contaminación de fuentes de agua, violación de derechos laborales y despojo de territorios comunitarios. Incluso, Energy & Palma ha judicializado a defensores de la Comuna Barranquilla de San Javier con una demanda civil por 350 mil dólares, aduciendo supuestos daños y perjuicios.
El Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, conjuntamente con siete mecanismos especiales, emitió un comunicado conjunto sobre este caso, dirigido a Ecuador, Estados Unidos, Suiza, Nestlé, PepsiCo, La Fabril y a la RSPO manifestando su preocupación por un aparente uso abusivo del sistema penal en contra de defensores de derechos. A pesar de haber recibido este comunicado de manera directa, la Mesa de Palma Sustentable (RSPO) simplemente no respondió a dicho comunicado y continuó certificando a Energy & Palm/La Fabril (https:// spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27475).
Según los principios y criterios de la RSPO, mantener querellas legales contra comuneros o sobre tierras sembradas de palma constituiría un impedimento para otorgar la certificación. Por tanto, estos hechos deberían haber imposibilitado que La Fabril renovara su certificación, a pesar de la queja formal presentada por la comunidad y el comunicado de la ONU. Sin embargo, la recertificación se realizó de manera expedita, en medio de cuestionamientos y preguntas sin respuesta.
El sistema RSPO merece varias observaciones. Si bien afirma garantizar la producción de palma aceitera sustentable que proteja el ambiente, los derechos colectivos de las comunidades y el trabajo rural, fomentando la sostenibilidad y evitando daños, en la práctica esto no se cumple. En realidad, facilita el acceso de grandes empresas al exigente mercado europeo.
Su sitio web, única vía de ingreso para quejas comunitarias, está en inglés y requiere completar un complejo formulario con implicaciones legales, dificultando el acceso a comunidades rurales que carecen de recursos como electricidad, internet y dominio del idioma. Pareciera un sistema diseñado para favorecer a empresas con el respaldo de grandes ONG conservacionistas.
Superando estas adversidades, la Comuna Barranquilla logró presentar su queja en mayo de 2023. Durante este proceso, Energy & Palma continuó su certificación, recibiendo la visita de la auditora brasileña IBD, que se reunió sólo con personas afines a la empresa, excluyendo a la comuna y al sindicato de trabajadores. Incluso, la RSPO negó que tal visita estuviera programada.
Ante las denuncias, los auditores de IBD se vieron forzados a regresar al territorio y recopilar testimonios. Igualmente visitaron los lugares donde la planta procesadora de aceite descarga agua pestilente y turbia directo al río, pero sin tomar muestras de los lugares supuestamente contaminados para análisis de laboratorio. Se acordó con los auditores que compartirían el informe con la comuna. No lo hicieron, pero emitieron la certificación favorable a Energy & Palma sin mayor trámite.
Cabe señalar que en el 2020, a raíz de una queja previa de la Comuna, el Ministerio del Ambiente ecuatoriano visitó la zona, recorrió las instalaciones de la empresa, tomó muestras de agua, pero nunca informó sobre los resultados de esos exámenes.
Esto evidencia no sólo la falta de metodología científica por parte de los auditores de la RSPO, sino también los antecedentes de opacidad de las autoridades ambientales al no transparentar los análisis realizados en la zona, con anterioridad, ante denuncias de contaminación.
Por otro lado, la queja formal de la comuna ante la RSPO sólo ha avanzado un 12%. Contrasta la celeridad en otorgar certificados versus el excesivo tiempo para resolver denuncias comunitarias. La falta de metodología científica, el inadecuado procesamiento de testimonios y la aparente política de ignorar cualquier denuncia evidencian un sistema que pareciera priorizar los intereses empresariales.
Actualmente, el Holding La Fabril ostenta la certificación RSPO, vigente hasta 2030, lo que genera inquietudes sobre la imparcialidad y real funcionalidad de este mecanismo: ¿abrir mercados o garantizar sustentabilidad?.
Compartimos esta petición de Salva la selva sobre el uso de agroquimicos en monocultivos- A mayo 2024
Las comunidades campesinas del estado de Maranhão, nordeste de Brasil, sufren ataques de parte de los productores de soja que rocían veneno con aviones y drones sobre sus cuerpos y cultivos familiares. Los gobiernos de Maranhão y Brasil, no hacen ningún esfuerzo significativo para supervisar o prohibir esta práctica.
En el este del estado amazónico de Maranhão se expande el agronegocio para la exportación. Desde hace al menos tres años, hacendados del municipio de Timbiras utilizan el veneno de sus monocultivos como arma química para expulsar a los pequeños campesinos de sus territorios.
Desde aviones y drones vertieron en enero, febrero y marzo, pesticidas que están destruyendo toda la producción de maíz, mandioca, legumbres, verduras y frutas de las comunidades. Los peces no sobreviven a la contaminación de los ríos.
Los miembros de 50 familias campesinas afectadas se encuentran mal de salud por el envenenamiento. Mujeres, hombres, personas mayores y niños sufren llagas en la piel, dolores de cabeza, vómitos, mareos, dificultad respiratoria, tos y otros síntomas de envenenamiento. No tienen acceso a la sanidad pública. No hay hospitales en sus comunidades y en la ciudad, el personal médico les diagnostica sarna o infecciones víricas.
En 2024, los ataques empeoraron. Una lluvia de veneno en marzo acabó con toda la producción de alimentos campesinos y contaminó aún más las fuentes de agua. La inseguridad alimentaria provocada por los hacendados podría llevar a las familias, a corto plazo, a un escenario de hambre y sed.
En Brasil, sólo Ceará, uno de los 26 estados del país, cuenta con una ley que prohíbe la fumigación aérea. En la Unión Europea, esta práctica está prohibida desde 2009 debido a los graves y demostrados riesgos para la salud humana y el medio ambiente.
La región de Maranhão donde suceden las fumigaciones está envenenada. En 2023, la Campaña Nacional en Defensa del Cerrado y la Fundación Oswaldo Cruz sacaron un dossier que confirma, con análisis de laboratorio, la contaminación de las aguas de las comunidades por el veneno lanzado por los sojeros.
En abril de este año, el Consejo de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Maranhão (CEDDH) realizó una inspección in situ de las comunidades atacadas y constató en un informe la grave situación.
Digámosle al gobierno de Maranhão y al gobierno de Brasil que prohíban urgentemente la fumigación aérea con veneno.Más información Carta
Diario Oficial de la Unión Europea, 2009. DIRECTIVA 2009/128/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 21 de octubre de 2009 por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32009L0128
Imagen 27 Febrero 2024Cumbre Amazónica: extractivismo y violencia bajo el nombre de “bioeconomía” y “sostenibilidad”Bajo el argumento de un “desarrollo sostenible”, los gobiernos de la región Amazónica siguen fomentando el extractivismo. En este contexto, la lideresa indígena Alessandra Munduruku afirma: «Hay que demarcar los territorios indígenas. Basta de hablar de bioeconomía, de sostenibilidad, cuando en la actualidad lo que hay es violencia»→
LA AMAZONIA: LUCHAS DE LAS COMUNIDADES FRENTE A VIEJAS Y NUEVAS AMENAZAS
Imagen 27 Febrero 2024Cómo diferentes formas de extractivismo ‘verde’ provocan la destrucción de la selva amazónicaLa región amazónica es una de las últimas fronteras de resistencia a la expansión del capital. Esto se expresa en las luchas de activistas sociales como Chico Mendes, así como por la presencia en la región de la mayoría de los pueblos indígenas del planeta que todavía se mantienen en aislamiento voluntario. Sin embargo, en la actualidad diferentes formas de extractivismo‘verde’ avanzan cada vez más en este territorio.→
Imagen 26 Febrero 2024La lucha por la tierra en la Amazonía brasileña contra las empresas mineras y de palma aceiteraEn la región del Vale do Acará, en el estado de Pará, los pueblos indígenas Tembé y Turiwara y las comunidades quilombolas y campesinas luchan por recuperar parte de los territorios de vida que han ocupado tradicionalmente. No se trata de una lucha solo por recuperar el territorio, sino para revertir una historia de opresión e injusticia. Hoy denuncian la violencia estructural que sufren y la omisión del Estado.→
Imagen 26 Febrero 2024Incendios y agronegocios, motores de la deforestación en la Amazonía bolivianaLa expansión de la frontera agrícola para el cultivo de soja o palma aceitera así como la minería y la posible construcción de mega represas avanzan sobre los espacios vitales de comunidades indígenas y campesinas. A fines de 2018, los pueblos se organizaron en una Coordinadora para defender sus territorios y el derecho a una vida digna. →
Imagen 26 Febrero 2024Perú: Resistencia y organización comunitaria para la defensa de la selvaComunidades indígenas de la Cuenca Amazónica peruana crearon una red para defender sus derechos territoriales y de autoderminación. Su lucha no es sólo contra la deforestación, sino también contra los proyectos conservacionistas y de mercados de carbono -como los proyectos REDD- que generan más injusticia y conflictos internos. →
Imagen 26 Febrero 2024El Yasuní: Alcances de una victoriaLa decisión del pueblo ecuatoriano de parar la extracción petrolera en el Parque Nacional Yasuní implica ahora nuevos desafíos: cómo recuperar un territorio sacrificado y hacer justicia en las zonas afectadas con la solidaridad del conjunto del país. →
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Imagen 26 Febrero 2024Las contradicciones de la conservación: El territorio del pueblo Ka’apor, en la Amazonia brasileñaEl pueblo Ka’apor vive en Alto Turiaçu, en el noroeste del Estado de Maranhão, en Brasil. Es el territorio indígena más grande de la Amazonia Oriental y, también, la porción de selva preservada más grande en esa región. Allí llegaron empresas extranjeras a proponer proyectos REDD, que generan conflictos y el rechazo de una parte de la comunidad, que se organiza para resistirlos. →
Este 21 de Septiembre, expresamos una vez más nuestra solidaridad con esta resistencia y compartimos algunos materiales que pueden ayudar a comprender la importancia de estas luchas.
El 21 de septiembre es el Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles. Una fecha en que diversas comunidades reafirman y celebran la resistencia ante las plantaciones industriales de árboles que invaden sus territorios.
En todo el mundo, empresas, gobiernos e instituciones financieras promueven los monocultivos de árboles no sólo para la producción de madera, celulosa, caucho, aceite de palma, combustibles o biomasa, sino también para hacer negocios en los mercados de carbono.
Para las comunidades que viven en los territorios donde se instalan las plantaciones, esta expansión significa destrucción de bosques e invasión de tierras fértiles, agotamiento del agua, despojo, violencia -en especial sobre las mujeres-, y contaminación con agrotóxicos, entre otros graves impactos.
Los monocultivos de árboles reducen y destruyen los espacios que son vitales para las comunidades y, por lo tanto, amenazan su capacidad para producir alimentos y desarrollar sus actividades. Asimismo, la industria de las plantaciones refuerza el racismo y el patriarcado, a la vez que deteriora las relaciones e interacciones colectivas. Como consecuencia, las comunidades pierden autonomía y soberanía sobre sus territorios y cuerpos, al tiempo que aumenta la pobreza, las enfermedades y la desigualdad.
Ante ello, comunidades indígenas, campesinas, quilombolas y muchas otras se organizan y resisten este avance, en una lucha por la tierra y por la vida.
Este 21 de Septiembre, expresamos una vez más nuestra solidaridad con esta resistencia y compartimos algunos materiales que pueden ayudar a comprender la importancia de estas luchas.
¡Basta de plantaciones! ¡NO a los monocultivos!
En solidaridad,
El equipo del WRM
* Las comunidades quilombolas son aquellas formadas por descendientes de personas africanas que fueron sometidas a la esclavitud y escaparon para fundar “quilombos” en el Brasil Colonial e Imperial.
Compartimos esta petición e informe de Stop Genetically Engineered Trees sobre los monocultivos de árboles en Estados Unidos – A 23 de enero de 2023
Desde la “Campaña Global para Detener los Arboles Transgénicos” piden decirle al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que los árboles modificados genéticamente son una mala idea y no deben liberarse en la naturaleza con la intención de que se propaguen libremente.
Según el Proyecto de Ecología de Justicia Global (GJEP), se desconocen por completo las repercusiones a largo plazo para los ecosistemas y la salud humana de los árboles modificados genéticamente, que pueden vivir cientos de años y amenazan los bosques afectados por la tala, las plagas y patógenos introducidos, la expansión urbana y el cambio climático. Se trata de un «experimento masivo e irreversible» con nuestros bosques.
La liberación mundial de árboles genéticamente modificados está más cerca que nunca. Este informe examina la realidad mundial actual de los árboles genéticamente modificados. Documenta el estado de desarrollo de los árboles genéticamente modificados alrededor del mundo, con el fin de identificar dónde es más inmediato el riesgo de liberación de árboles genéticamente modificados. También describe algunos de los riesgos y analiza algunos de los usos propuestos más prominentes.
Debido a los cambios en las regulaciones nacionales, este informe puede ser la última oportunidad de obtener una instantánea de las pruebas de campo de los árboles genéticamente modificados en todo el mundo.
Nosotras y nosotros aquí reunidas del 4 al 6 de Octubre, compañeras y compañeros de la Red Mesoamericana provenientes de Honduras, Guatemala y México (Campeche, Tabasco y Chiapas), que luchamos en contra de los monocultivos y de la explotación que atraviesan nuestros territorios, exigimos lo siguiente:
1) Detener la siembra de cultivos tóxicos y contaminantes en nuestra Madre Tierra, entre los cuales reconocemos la palma de aceite y los cultivos transgénicos, que traen solo muerte, destrucción y desaparición de nuestros bosques nativos y desplazamientos de las comunidades;
2) Detener los monocultivos de la palma de aceite y de todos los mega proyectos extractivistas como el mal llamado Tren Maya, el Canal Interoceánico, minas represas, entre otros que provocan envenenamiento de los suelos y del agua, el cambio del uso del suelo de producción y alimentación familiar a producción comercial/industrial y que trae beneficios a unos cuantos, rompiendo así el tejido comunitario y familiar. Todo esto, se repercute sobre los cuerpos de las mujeres, cargándolas de trabajo;
3) La concientización de las poblaciones locales sobre los riesgos que trae el consumo de transgénicos y sus derivados;
4) Información clara y transparente, que incluyen los impactos sociales y ambientales;
5) El respecto a los pueblos indígenas;
6) Alto al crimen organizado y a la militarización de los territorios y las acciones paramilitares;
7) Alto al cultivo de drogas que fomentan la presencia del narcotráfico en nuestros territorios;
8) Alto a la guerra y a la violencia en contra de las comunidades que luchan para la autonomía y su autodeterminación.
9) Libertad inmediata a las 27 autoridades comunitarias indígenas de Oxchuc defensores de la libre determinación y de los 5 defensores de derechos humanos de San Juan Cancuc.
Ante esto, revindicamos:
1) Impulsar y fortalecer, pero también valorar la producción familiar, local, autónoma y en armonía con la naturaleza;
2) Reconocer la importancia del papel de las mujeres en la agricultura comunitaria;
3) Visibilizar las acciones locales y las practicas comunitarias que actualmente mujeres y hombres de las comunidades están realizando y se pueden posicionar en otras regiones;
4) Hacemos un llamado para seguir organizándonos en el cuidado de nuestra madre tierra, la salvaguardia del agua y de los bosques nativos;
5) Ejercer los derechos de las mujeres para fortalecer la autonomía comunitaria y la toma de decisiones colectivas;
6) El derecho a la autodeterminación y al autogobierno, segundo nuestros usos, costumbres y normas;
7) La conservación de nuestras semillas nativas;
8) Que se pare la violencia contra las mujeres y el pleno control y decisiones sobre nuestros cuerpos;
9) La defensa a nuestra soberanía alimentaria y a una comida sana y local.
10) Justicia para nuestra compañera Berta Cáceres y todas las y los mártires que han dado la vida por la lucha por una vida digna
#LasPlantacionesNoSonBosques
Atentamente:
Organización Civil Las Abejas de Acteal; Mujeres, Organización y Territorios (MOOTS); Sociedad Cooperativa Las Mujeres Rurales de la Frontera Sur; Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales; Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH); Resistencia Civil de Candelaria; Consejo Regional Indígena Popular de Ixpujil; Frente Comunitario por la Libre Determinación; CEFOCAM-Kinal Antzetik; Comunidad El Triunfo; Otros Mundos Chiapas; Defensoras de Nasakobajk; El Puente SC; Zoques en Defensa de la Vida y el Territorio (ZODEVITE).
Compartimos este video del Movimiento Mundial por Los Bosques Tropicales WRM apropósito del 21 de septiembre Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles
En este marco, queremos compartir el nuevo video “Uganda: Resistir a las plantaciones industriales de palma aceitera”, producido por la Alianza Informal contra las Plantaciones Industriales de Palma Aceitera en África Occidental y Central.
El video (disponible en inglés [1] y francés [2]) destaca la resistencia de las comunidades en las islas de Buvuma, en Uganda, donde la empresa Bidco -parcialmente propiedad de la empresa transnacional Wilmar- está tratando de expandir sus plantaciones de palma aceitera. Con falsas promesas, incluido el uso de esquemas de pequeños agricultores, la empresa quiere expandir su control sobre los territorios y la vida de las comunidades.
Sin embargo, las comunidades están decididas a resistir y crear conciencia al exponer las prácticas engañosas de la empresa. Su objetivo es que comunidades en Uganda y en otros lugares no caigan en las mismas trampas.
¡Comparte el video para apoyar la lucha de las comunidades de las islas de Buvuma!
Día Internacional del Lucha contra los Monoculitvos de Árboles 2022
El 21 de Septiembre, Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles, organizaciones, redes y movimientos celebran la resistencia y alzan sus voces para exigir que se detenga la expansión de las plantaciones industriales de árboles.
Estas plantaciones invaden territorios y afectan la vida de pueblos y comunidades. El Día fue declarado en 2004, durante un encuentro de una red comunitaria que lucha contra las plantaciones industriales de árboles en Brasil. Se eligió el 21 de septiembre porque en esa fecha Brasil celebra el Día del Árbol.
Compartimos esta publicación del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – A Abril 2022
Esta publicación reúne once artículos que reflexionan sobre dimensiones fundamentales y peligrosas de la Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD), la política forestal dominante en todo el mundo desde 2007.
Desde que se presentó en 2007, la Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD) se ha convertido en la política forestal dominante en todo el mundo, con impactos en las comunidades que dependen de los bosques, en particular en países con bosques tropicales.
La experiencia de los últimos 15 años ha revelado una crónica abrumadora del fracaso catastrófico de REDD en cuanto a resolver la deforestación y la degradación de los bosques. Y peor aún: también intensificó la crisis climática y dejó intactas las causas de la deforestación. De hecho, REDD se ha convertido en una causa subyacente de la deforestación y del propio cambio climático.
Esta publicación reúne 11 artículos que reflexionan sobre dimensiones fundamentales y peligrosas de REDD. Esperamos que cada uno de ellos ayude a fortalecer nuestros argumentos y acciones en contra de la compensación y a descubrir lo que realmente es: un mecanismo racista que no puede ser mejorado o arreglado porque está concebido para ‘mantener el flujo de petróleo’ y, con esto, el sistema capitalista que impulsa la actual crisis climática, forestal y social.
Compartimos este informe del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – A 18 de marzo del 2022
El vísperas del 21 de marzo, cuando la FAO celebra su Día Internacional de los Bosques, el WRM publica un informe que repasa un proceso liderado por la ONU hace más de 20 años sobre las Causas Subyacentes de la Deforestación. Estas causas, identificadas en 1999, no sólo siguen siendo importantes sino que han sido profundizadas.
Desde 2012, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por su sigla en inglés) promueve el 21 de marzo como el Día Internacional de los Bosques. El tema de este año es “Los bosques y la producción y el consumo sostenibles”.
Surge una pregunta: ¿Qué es lo sostenible en la producción y el consumo cuando cada año se destruyen millones de hectáreas de bosque? Claramente, las numerosas iniciativas y políticas de sostenibilidad relacionadas con los bosques creadas con el apoyo de la FAO y de otros actores internacionales no han logrado detener la devastadora destrucción.
El vísperas del 21 de marzo, cuando la FAO celebra su Día Internacional de la destrucción sostenible de los bosques, el WRM publica un informe que repasa un proceso liderado por la ONU hace más de 20 años sobre las Causas Subyacentes de la Deforestación. Las Causas Subyacentes identificadas en 1999 no solo siguen siendo tan importantes hoy como lo fueron hace más de 20 años sino que incluso han sido reforzadas de variadas maneras.
Las causas subyacentes de la deforestación y la degradación de los bosques, a diferencia de las causas directas más visibles, como la tala, el agronegocio o la minería, tienden a estar ocultas y a ser menos discutidas y mal comprendidas. Están estrechamente ligadas al sistema capitalista-racista-patriarcal, y también relacionadas con el legado colonial. Entre los ejemplos figuran el no reconocimiento de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y de otras comunidades que dependen de los bosques; el control centralizado sobre los bosques que facilita el avance de actividades tanto destructivas como de “conservación de la naturaleza”; y las políticas macroeconómicas, por mencionar algunos.
Al escoger no abordar las causas subyacentes de la feforestación, la FAO y los procesos de políticas internacionales que encabeza seguirán siendo una causa de la deforestación.
Un ejemplo es la definición de bosque de la FAO. Esta definición es un obstáculo de larga data para detener la pérdida de bosques. Considera que una plantación industrial de monocultivos de árboles es un bosque, lo que significa que para la FAO talar un bosque para establecer una plantación de monocultivos de árboles no cuenta como deforestación.
Mas aún, las políticas e iniciativas impulsadas por la FAO en días como el 21 de marzo, que sugieren que la destrucción provocada por las empresas se ha vuelto sostenible y ecológica, son factores clave. Algunos ejemplos son el Consejo de Manejo Forestal (FSC por su sigla en inglés), la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO por su sigla en inglés), la Mesa Redonda para la Soja Sostenible o el Foro de Bienes de Consumo, de 400 miembros, que promueve la “deforestación neta cero” para 2020 en las cadenas de suministro de carne vacuna, soja, aceite de palma, celulosa y papel. Tales iniciativas no están concebidas para interrumpir la dinámica de destrucción de los bosques de la que dependen sus empresas patrocinadoras para obtener ganancias, señalamos en el informe.
El informe advierte que la formulación de políticas y reglamentaciones que simplemente ignoren las causas subyacentes de la deforestación no sólo está condenada al fracaso sino que fomenta aún más la deforestación a gran escala.
Montevideo, 18 de marzo de 2022 Secretariado Internacional del WRM
Compartimos este artículo publicado en Prensa Comunitaria sobre la lucha por a vida y la resistencia a mega proyectos en Guatemala – A 7 de marzo de 2021
Por Carmen Reina*
Este artículo aborda las principales dinámicas de concentración de tierras y despojo/desposesión por acumulación (como señala David Harvey) que impulsa en El Estor la industria extractiva, en forma de minería a cielo abierto y la palma aceitera. También se analizan las resistencias comunitarias por la defensa del territorio, en un contexto tan adverso como el aumento de la militarización y represión, como se observó en el reciente Estado de Sitio a finales del año 2021. Esto lleva al proceso de consulta y la manera en que el Ministerio de Energía y Minas -MEM- lo tergiversa con el fin de comprar y convencer a representantes nombrados a dedo, para favorecer las operaciones de la mina y otorgarle nuevamente el derecho de operaciones.
Estamos ante una lucha como la que, según el Popol Vuh, libro sagrado de los K´iche’, entablaron los jóvenes Hunahpú e Ixbalanqué contra los Señores del Xibalbá –que generaban torturas y castigos a las almas de los muertos- venciéndolos a base de astucia e ingeniosos retos. Por eso, a nivel de colofón se plantearán los desafíos para las comunidades Q´eqchi´ y algunas propuestas que a nivel internacional pueden impulsarse para acuerpar la defensa del territorio de este pueblo.
El despojo histórico y la desigual concentración de la tierra
La historia de Guatemala como país y Estado está configurada por un proceso histórico de despojos de tierras de los pueblos originarios. Previo a la invasión colonial, las tierras eran de propiedad comunal, a partir de los linajes de los pueblos mayas. A partir de la conquista y colonización, se puede hablar de cinco ciclos de despojo histórico de tierras, que se han recrudecido en la región del Polochic y en El Estor:
Después de los despojos en la Colonia, la acumulación y concentración de tierras para la introducción del café a partir de la Reforma Liberal de 1871 y la reconcentración de tierras para la bananera norteamericana en los años 1930 a 1940, en Guatemala se vive otro ciclo de despojo con la contrarreforma agraria desde 1954 y la imposición de proyectos militares que se vincularon a intereses extractivos en los años 1970 a 1980. Finalmente, en la actualidad se impulsa un nuevo ciclo de despojo, que se vincula a la lógica de la “acumulación por desposesión” a la cual hace referencia David Harvey (2005), a partir de la forma vigente del capital. Se trata del despojo de tierras de pueblos indígenas para la explotación minera, hidroeléctricas, el monocultivo de palma aceitera, caña de azúcar, y la infraestructura requerida para el transporte de estas mercancías. En esta etapa se articulan formas represivas estatales para normalizar y legalizar las dinámicas de desposesión a favor de empresas trasnacionales.
Como resultado de todo ello, Guatemala es un país en el que existe una gran concentración de tierra cultivable en pocas manos, ya que el 57% de la tierra cultivable la tiene el 2% de los propietarios, con tierras de 32 a 50 caballerías. El último censo agropecuario establece que la mayoría de población campesina apenas posee entre 1 y 10 manzanas de tierra. En Guatemala, la contradicción fundamental de la tenencia de la tierra es entre el latifundio y el minifundio.
En el caso del territorio del Polochic y El Estor, esta desigualdad es aún mayor, ya que ha sido históricamente botín de despojo, con la llegada de los alemanes y belgas para la siembra del café, luego ganado; la implantación del azúcar con el Ingenio Chawil Utzaj (ya cerrado) y en la actualidad, con la extensión de la palma aceitera, licencias mineras, ganado, explotación petrolera y la presencia del crimen organizado.
Otro elemento sustantivo de señalar es la exclusión histórica de tierras para las mujeres a causa del patriarcado. Ellas han sido quienes se han relacionado con el cuidado de las semillas criollas, el cultivo de huertos de traspatio y ganado menor, además de las tareas domésticas. La inequidad atraviesa a madres solas, a mujeres que se quedan al cuidado de la familia cuando los esposos migran; las mujeres conservan la tierra mucho más frente a las ofertas o presiones de las empresas extractivas.
Las amenazas al territorio en la región del Polochic y El Estor
Históricamente la región del Polochic y de El Estor han sido parte de las disputas de los diferentes ciclos de capital en Guatemala, especialmente en la forma de extractivismo pues han existido ciclos y procesos específicos de invasión y despojo de tierras. Durante años lo central fue el enclave de alemanes y otros extranjeros en torno a concentrar las tierras y despojarlas a los indígenas para el cultivo de café. Luego, ya en los años de 1970, con el impulso del proyecto contrainsurgente y de la megacarretera de la Franja Transversal del Norte, surgen otro tipo de intereses de capital que pasamos a ver.
Con la definición de áreas protegidas de ciertas zonas consideradas como reserva de bosques y otros bienes naturales, diversos territorios han sido privatizados y concesionados a ONG o entidades. Las declaraciones como áreas protegidas se dieron en los años de 1990, cuando ya existían previamente decenas de comunidades asentadas en estas zonas, lo cual significó básicamente, que fueran expulsadas y despojadas. Un ejemplo son las alrededor de 62 comunidades que estaban asentadas en lo que ahora es la Sierra de las Minas. Estas comunidades se ubicaron ahí luego de ser desalojadas por los finqueros cafetaleros, los militares y por la represión del Conflicto Armado Interno. Han trabajado la tierra, pero no tienen la opción de regularizar su tenencia en esta zona. Han sido criminalizadas, ya que además de intereses de ONG, también existe la industria extractiva de jade (Hurtado, 2008). La recuperación de las tierras ancestrales en Sierra de Santa Cruz, a partir de un litigio estratégico, es un caso excepcional. [1]
Además, los abundantes ríos de la región del Polochic han sido presa de hidroeléctricas privadas, que venden la electricidad al Estado, no para surtir energía rural, sino para el sistema nacional e incluso para la exportación. Para impulsarlas han provocado desalojos violentos y criminalización de campesinos, tal como es el caso de las hidroeléctricas Renace II sobre el Río Cahabón, entre Cobán y Lanquín; Oxec I y II en el Río Cahabón y Tres Ríos en Lanquín, Hidro Esmeralda en Tucurú, entre otras.
Guatemala se está convirtiendo en un gran productor de palma aceitera, un monocultivo altamente contaminante. En particular, Naturaceites de la familia Maegli Novella, del Grupo Tecun, se ha extendido por todo el Valle del Polochic y por el Estor. Los métodos de “compra” de tierras para la palma pasan por la presión, extorsión, hasta amenazas como: “si no vendés, negociamos con la viuda”.[2]
A esto se suman las concesiones petroleras en el área del Valle del Polochic y en Izabal, las cuales se encuentran en fase de exploración.
La extracción de níquel en El Estor
La historia de la minería de Níquel tiene una sombra permanente de abusos, desalojos y despojos de la población, en contubernio con los Gobiernos de turno. Se remonta a la década de 1970, cuando se crea la empresa “Exploraciones y Explotaciones Mineras de Izabal -EXMIBAL-”, en el contexto de un proyecto militar en la zona y en una presidencia que favoreció la reducción de impuestos a la actividad minera. EXMIBAL se retira en 1983 por diversas razones, que incluyeron la caída de precios del níquel y la presencia de acción guerrillera en la zona. El Ejército custodiaba las instalaciones. Pero había algo perverso detrás: la mina ocupaba tierras de una finca nacional que se le otorgó luego de desalojar a decenas de comunidades Q´eqchi´, que históricamente habitaban la zona en municipios de El Estor, Izabal y Panzós, Alta Verapaz (OIEG, 2021). La población continuó luchando por la recuperación de sus tierras en ciclos de ocupaciones, amenazas y desalojos violentos. Muchas tierras fueron recuperadas por el derecho ancestral, como es el caso de Sierra Santa Cruz.[3] La empresa afronta 29 conflictos de tierras de comunidades desalojadas a favor de la mina.
Desde el Gobierno de Álvaro Arzú (1996-1999) se reformó la ley de minería y esta permite a las mineras que únicamente reditúen el 1% de regalías al Estado. Con esto se favoreció la inversión minera trasnacional en el país. La Compañía Guatemalteca de Níquel S.A. -CGN- y sus componentes: el Proyecto Fénix y la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A., funcionan desde el año 2004, con una licencia otorgada en un área de 259.2065 km2 dentro de los municipios de Panzós, Senahú, Cahabón y El Estor. En octubre del año 2005 fue solicitada (SEXT-049-05) la licencia de explotación “Fénix” de níquel, hierro, cobalto, cromo y magnesio inicialmente para un área de 168.8315 km2.
En el 2006, durante el gobierno de Óscar Berger, el Ministerio de Energía renovó la licencia de explotación minera para 248 kilómetros cuadrados de tierra y montañas, bajo el nombre de Extracción Minera Fénix, número LEXT-049-05. El polígono otorgado abarca tres cuencas hidrográficas -Río Cahabón, Izabal-Río Dulce y Polochic- y es de 12 veces más el tamaño máximo para una licencia de explotación (20 km2), según el artículo 29 de la Ley de Minería. El polígono otorgado (OIEG, 2021).
En el 2011, la trasnacional suiza de capital ruso Solway Investment Group, adquirió el proyecto Fénix por US$170 millones a través de la subsidiaria CGN. Solway es un grupo privado de inversión internacional que se especializa en proyectos en los campos minero y metalúrgico y su casa matriz está en Malta, al sur de Italia, con proyectos mineros en Guatemala, Argentina, Congo, Indonesia, Macedonia, Rusia y Ucrania.
Durante su funcionamiento, el Proyecto Fénix y CGN han provocado graves conflictos agrarios, desalojos violentos, división y compra de liderazgo comunitario con el fin de ampliar el territorio de la explotación minera. El resultado ha sido de varias personas capturadas, desalojadas y muertas. El Estado ha favorecido la explotación minera imponiendo varios Estados de Sitio.
La mina tuvo que suspender operaciones a causa de un fallo de la Corte de Constitucionalidad -CC- en el 2019, quien amparó a la Asociación de Pescadores y a las Comunidades Indígenas de El Estor por la falta de realización de la Consulta de Buena Fe, previa, libre e informada. La CC le planteó al Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, la realización de una consulta “de buena fe” hacia los pueblos indígenas y esto se tergiversó en el año 2021, como se describe a continuación.
El acuerdo entre los demonios: Giammattei y los intereses rusos
Antes de partir al exilio, el ahora ex jefe de la Fiscalía Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, señaló que investigaba el caso que originó su destitución: el soborno de empresarios rusos al presidente, Alejandro Giammattei, a través del uso de dinero escondido en una alfombra que fue entregada en una reunión. Los rusos buscaban que se otorgara a la empresa Solway la concesión por 20 años de una porción de por lo menos 120 mil metros cuadrados terreno en el Puerto Santo Tomás, donde construir una terminal para transbordar hasta 4 millones de toneladas de graneles sólidos por año. Los mineros querían contar con un puerto privado para la exportación de los diferentes minerales que explotan en la zona. El proyecto fue rechazado finalmente por presiones del sindicato de la portuaria y ante el escándalo público por la revelación del caso de “la alfombra rusa” hacia el presidente. Dentro de los participantes en la negociación se identificó a Julián Shocron, un argentino-israelí que se presenta como representante de Mayaniquel (Solano, 2021: 28).
Los oscuros intereses de Giammattei en los negocios con los empresarios rusos han sido evidentes además con el lesivo contrato de compra de las vacunas a ese mismo país, a un oneroso precio y las cuales no terminan de ser entregadas. Según se conoció del último convenio, tienen plazo hasta el 2023 para finalizar la entrega de los dos componentes de los inoculantes.
El amañamiento de la consulta
Uno de los actos más perversos cometidos en este proceso en El Estor ha sido el uso de mañas y trucos para tergiversar y simular una “consulta de buena fe”, con el propósito de que la mina continúe en operaciones, a costa de los derechos de los pueblos indígenas de la región.
En el año 2017, la Corte Suprema de Justicia -CSJ- amparó a las comunidades indígenas de El Estor por la falta de consulta y ordenó el cese de operaciones de la mina. Esta decisión no se respetó y por eso, en 2018, la Defensoría Q´eqchi´ presentó un amparo contra la CGN y pidió aclaraciones a la Corte de Constitucionalidad ante la violación la sentencia de las y los jueces de la CSJ. En el 2020, la CC dio lugar a un amparo presentado por las comunidades y por la Gremial de Pescadores Artesanales -GPA- porque se violó el derecho de consulta a las comunidades y ordenó un cronograma para realizar la misma, solicitando a la CSJ ser garante del proceso. En el 2021, se da la resolución final de la CC a favor de las comunidades. [4]
La manipulación del proceso comenzó cuando la Municipalidad y el Ministerio de Energía y Minas excluyeron a las comunidades indígenas y representantes del liderazgo comunitario del proceso de consulta. Las comunidades enviaron actas de su asamblea, nombrando delegados/as y los rechazaron, pero la Municipalidad dio un listado de un grupo pequeño, delegado por ellos.
Al ser excluidas de la consulta, las autoridades indígenas, ya inscritas como comunidades indígenas, representantes de los Cuatro Consejos de Pueblos de El Estor, iniciaron un proceso de resistencia. El 4 de octubre comenzaron un plantón para no dejar circular los camiones que abastecían a la mina y que salían de ahí. La respuesta represiva fue brutal. Además de los ataques a la población, se impuso un Estado de Sitio y un Estado de Prevención que duraron casi dos meses. Se aplicó una política de terror, como en el conflicto armado interno: allanamientos en las casas de las autoridades, capturas ilegales, violencia contra mujeres. La resistencia se desarticuló con el terror militar.
Mientras tanto, la consulta amañada siguió su rumbo. Oscar Pérez, viceministro de Desarrollo Sostenible del MEM, fue el encargado de dirigirla y decidió a dedo quiénes eran las autoridades ancestrales. Se hicieron cuatro eventos de la consulta, todo fue manipulado, en clara violación al mandato de la CC y del Convenio 169 de la OIT. El primero, fue en el lujoso hotel Amatique Bay en Puerto Barrios, cabecera del departamento, lejos de El Estor, llevaron a 20 supuestos representantes comunitarios, junto a diputados de Izabal, alcaldes y el gobernador. El segundo fue en San Juan Chamelco, Alta Verapaz, lejos de la zona de influencia de la mina y de las comunidades afectadas. El tercero en el Hotel Santa Cruz, en Río Hondo, Zacapa, también totalmente alejado de las comunidades, de sus representantes y de sus formas y procedimientos. Ahí movilizaron a supuestos representantes comunitarios. Finalmente, el último se dio en el Hotel Mansión del Rio, en el turístico Castillo de San Felipe, Lago de Izabal. Mientras duró el Estado de Sitio, en El Estor fue vedado el derecho de reunión, de manifestación, de emisión del pensamiento y se persiguió al liderazgo comunitario.
En enero de 2022, el ministro Alberto Pimentel del MEM, indicó que cerró la “consulta” y los resultados fueron a favor de la minería, con lo cual se otorgó a la CGN, nuevamente, el derecho a seguir operando sin ninguna consideración a los daños ambientales y a la violación a los derechos de los pueblos. Se impuso el poder del extractivismo con terror, con el uso perverso de la fuerza y la simulación de una consulta, que a todas luces fue amañada. La Defensoría Q´eqchi´ de El Estor presentó una denuncia al Ministerio Público y una querella a la CSJ por lo viciado del proceso, pero, con la actual cooptación del sistema de justicia en Guatemala, no hubo respuesta.
Reflexiones finales
Para el pueblo Q´eqchi´ de El Estor, la lucha por la defensa de su territorio ancestral y por la Madre Tierra se ha tornado tan compleja como la batalla que Hunahpú e Ixbalanqué libraron contra los señores del Xibalbá. Las empresas trasnacionales compran a los gobernantes de turno, utilizan el poder militar para generar terror y desalojar a la población de sus comunidades, con tal de generar la extracción minera.
El poder dominante se impone y en El Estor el gobierno corrupto de Alejandro Giammattei ha inaugurado una nueva estrategia para tergiversar los procesos de consulta comunitaria basadas en el Convenio 169 de la OIT. Con el uso del terror, compra de voluntades y artimañas legales y de participación, los gobiernos títeres del interés trasnacional imponen la continuidad del extractivismo.
Esto plantea un desafío mayúsculo de resistencia de los pueblos. El reto no es sólo del pueblo Q´eqchi´, sino de la humanidad completa: demandar el cese de proyectos extractivos a cielo abierto sobre los derechos de pueblos indígenas y construir un modelo de desarrollo acorde con el buen vivir. Urge la solidaridad internacional, el control de convencionalidad y la exigencia de responsabilidad social empresarial de las mineras.
Por la dignidad de los pueblos y la vida del Planeta, se reitera…¡No a la minería!
[1] La Corte de Constitucionalidad (CC) en el año 2015 amparó de forma definitiva a la autoridad ancestral y pobladores de comunidades q’eqchi’ de La Sierra Santa Cruz ubicada en El Estor y Livingston, Izabal, que reclaman la recuperación de tres fincas que les fueron despojadas al ser inscritas a nombre de particulares de manera irregular.
[2] Testimonios de población afectada por la palma, entrevistados por la autora en el 2017, para una investigación sobre la aplicación de las Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable de la Tierra, Pesca y Bosque de FAO.
[3] En el año 2015 la Corte de Constitucionalidad resuelve a favor de comunidades Q´eqchi´ de tres fincas de Sierra Santa Cruz, entre El Estor y Livingston, Izabal, que fueron despojadas al ser inscritas de forma anómala por particulares.
[4] Entrevista personal con Robin Macloni, coordinador de la Defensoría Q´eqchi´ de El Estor, 18 de enero del 2021
*Socióloga, feminista, defensora de derechos humanos, investigadora y analista política.