Guatemala: Poblaciones maya q’eqchi’ alertan amenazas de desalojos contra nueve comunidades en El Estor

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre los impacto de los monocultivos de palma de aceite en la región – A 9 de julio del 2024

PorAldo Santiago

Luego del operativo policiaco que desalojó, en mayo pasado, a 30 familias maya q’eqchi’ miembros de la comunidad de Buena Vista, al norte del Lago de Izabal, Guatemala, actualmente suman nueve comunidades en la misma región del Valle del Polochic las cuales viven con la amenaza de desplazamiento forzado.

Con diversos llamados de alerta, autoridades comunitarias de las poblaciones indígenas han denunciado las intenciones del Ministerio Público (MP) para ejecutar órdenes de desalojo, que comunidades denuncian “son promovidos por funcionarios y propietarios”, productores de aceite de palma que acapararon tierras en la región, contra comunidades tanto del norte y sur del lago.

Reportes de Prensa Comunitaria registraron que, durante el desalojo de las 30 familias, además de los elementos policiacos también estuvieron presentes Luis Fernando Arriaza Migoya y miembros de su equipo de seguridad privada. Arriaza posee monocultivos de palma aceitera que suministran a la empresa Naturaceites, la cual se encarga de procesar y comercializar aceite de palma a trasnacionales.

Desalojo de familias en la comunidad Buena Vista. Fotos: Juan Bautista Col / Prensa Comunitaria.

Acorde a medios locales, durante pláticas entre la población desalojada y la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos de Guatemala, funcionarios notificaron que son nueve las comunidades con riesgo de expulsión en la región: Plan Grande, Agrario El Tunico, Chapin Abajo, Chinebal, Las nubes, Lote 6, Semococh y Qotoxha del municipio de El Estor, Izabal, así como Santa Lucia de Panzós, en el departamento de Alta Verapaz. En total, se contabilizan mas de 1,500 personas amenazadas de desplazamiento forzado.

Las 30 familias ya desalojadas, entre mujeres embarazadas, infancias, ancianos y adultos de la comunidad de Buena Vista, viven en un campamento improvisado debajo de los árboles. 

El refugio, dentro del terreno de la comunidad de Santa Rosita, también se encuentra en peligro, pues ésta última también cuenta con orden judicial cuya ejecución se esperaba ocurrir el pasado 26 de junio, pero que ahora fue reprogramada para el próximo 28 de agosto.

Fotos: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria.

“Es injusto que se sigan cometiendo estos actos violentos, muchos niños y mujeres sufren de problemas de salud. Hoy vemos el resultado de un desalojo donde las familias quedaron abandonadas y los niños sin oportunidad de educación”, comentó Gabriel Pacham, autoridad ancestral de El Estor, sobre los desplazados y la amenazas de desalojo contra otras 30 familias que conforman Santa Rosita.

Entre siete a nueve personas desplazadas tienen órdenes de captura por los delitos de usurpación agravada y atentado contra el patrimonio natural, pues son acusados de tala de árboles. Aunque algunas personas han sido condenadas en estos procesos judiciales, han apelado a la sentencia, con asistencia legal de organizaciones de derechos humanos.

A través de conferencia de prensa en los últimos días de junio, el Consejo de Autoridades ancestrales del pueblo Q’eqchi’ repudió los distintos desalojos realizados en contra de comunidades del Polochic, y demandaron al gobierno de Bernardo Arévalo garantizar la seguridad de las familias de Buena Vista, quienes habitaban las tierras desde que, en 2015, obligados a desplazarse por un desastre natural, se instalaron en la finca Tz’inté, territorio que poblaciones maya q’eqchi’ reclaman como suyo por propiedad ancestral.

Racismo

El Consejo de Autoridades Ancestrales del Pueblo Q’eqchi’ también denunció que autoridades del Estado, la jueza Sandra Nineth Ayala (quien ordenó el desalojo de Buena Vista y promueve otros más), el gobernador de Izabal, Carlos Tenas, y el alcalde municipal de El Estor, Genaro Ico Cholom, se estuvieron reuniendo para acordar los operativos sin la participación de las comunidades, a lo que están obligados por parte del protocolo de desalojo en Guatemala.

“Desconocemos la existencia de un plan. Este extremo pone en grave riesgo nuestra vida, pues únicamente pretenden desplazarnos sin un plan claro de atención humanitaria”, reclamaron las Autoridades Ancestrales mediante rueda de prensa. Además, acusan que esto se debe a “una carga de racismo y discriminación, porque carece de toda sensibilidad humana al señalarnos y argumentar que somos un grupo criminal, ignorando que poseemos todas las cualidades de una comunidad organizada que reproduce la vida de forma organizada”. 

Apenas el pasado jueves (4), familias de Plan Grande reportaron que trabajadores de la finca El Murciélago, propiedad de Miguel Ángel Arriaza Migoya, amenazaron con desalojar a las 38 familias de dicha comunidad

Por esta situación, el Comité de Unidad Campesina (CUC) compartió que las comunidades realizaron la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, EEUU, para solicitar el mecanismo de protección de dicho órgano, a partir de medidas cautelares para brindarles seguridad ante los desalojos. “No queremos más criminalización, persecución, más desalojo”, sostuvo la organización campesina, la cual también promueve una acción de amparo para evitar el desalojo de las familias de Buena Vista y Santa Rosita.

Amenazas

Por su parte, Pedro Cuc, autoridad ancestral de la comunidad de Chapín Abajo, aseguró a Avispa Mídia que cuenta con información sobre un posible desalojo contra su comunidad y la población vecina de Chinebal, a ocurrir durante los próximos días. Pero aún esperan una notificación oficial por parte de las autoridades.

“Si ellos quieren entrar a la fuerza, nosotros tampoco vamos a retroceder, la organización está en alerta”, asevera y asegura que la responsable por promover el desalojo es la empresa Naturaceites S.A., propiedad del empresario de origen suizo-alemán, Juan Maegli Müller.

Ante ello, lamenta que en Guatemala, dado el poder e influencia del agroindustrial, las denuncias de la población maya q’eqchi’ no son atendidas. “Porque el organismo judicial es de las empresas, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad también”, reclamó ante lo que señala como omisión de parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y el MP ante las acusaciones de los indígenas por la violencia mediante la cual la familia Maegli Müller acaparó las tierras

Imagen: Familias desplazadas de la comunidad Buena Vista se encuentran albergadas bajo un techo de nylon en la entrada de la carretera que conduce a Santa Rosita, población maya q’eqchi’ que también está en riesgo de desalojo. Foto: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria

Petición: Urge ayuda para personas desplazadas en Chiapas, por presencia del crimen organizado

Les compartimos la siguiente petición lanzada por un grupo organizado de la sociedad civil sobre la preocupante situación que se vive en Chiapas en esta ola de violencia – A 26 de noviembre del 2023

A quien corresponda

Somos personas de la sociedad civil preocupadas por los sucesos en Chiapas, relacionados con las actividades del llamado crimen organizado y que han escalado su propia guerra en contra de  personas que viven en diversas comunidades, ejidos, rancherías y que además de trabajar para poder subsistir,  son víctimas de cobros de piso y amenazas, entre otras cosas.

Chiapas vive la desaparición constante de personas; jóvenes la mayoría.

Ahora en la región fronteriza de Maravilla Tenejapa, los grupos violentos vienen atacando a la población que ha tenido que refugiarse en comunidades de municipios cercanos por las vegas de los ríos Jataté y Santo Domingo. En días recientes cientos de familias salieron de al menos 13 comunidades del municipio Maravilla Tenejapa.

La situación es crítica, por lo que demandamos la ayuda y asistencia humanitaria a la brevedad. Exigimos que la seguridad pública, responsabilidad del Estado mexicano, se asegure de inmediato.

Demandamos del gobierno mexicano, del gobierno estatal. Así como de las instancias correspondientes que se hagan presentes en la región de la frontera sur que recorre los municipios de la Selva, Frontera, Sierra para darles certeza a la población con alimentos, y sobre todo, seguridad de que su vida no corre peligro.

Atentamente,

Ciudadanas y ciudadanos de la sociedad civil de Chiapas.

Imagen. Isabel Mateos – Cuarto Obscuro

Más información:

Violencia incontrolable en la zona fronteriza de Chiapas

Compartimos la siguiente petición e información sobre el constante aumento de la violencia en la zona de Frontera Comalapa por la disputa del territorio entre el crimen organizado en Chiapas

Petición: Detengamos la barbarie en Chiapas

El estado de Chiapas lleva años, envuelto en una espiral de violencia creciente que se ha recrudecido de manera alarmante en los últimos días. Las causas no pueden atribuirse únicamente a la pobreza, la exclusión, la desigualdad y la injusticia endémicas que han caracterizado a la entidad a lo largo de toda su historia. 

Lamentablemente, por su ubicación geográfica y por el aislamiento en el que Chiapas vivió por años, la presencia del crimen organizado en el estado no es nueva. Desde hace décadas, se trafica de todo, desde personas hasta armas y drogas. Por años, estos fenómenos operaron sin mayores daños para la población local aunque ciertamente las consecuencias de los delitos han ido penetrando lentamente el tejido social comunitario. Sin embargo, en los años recientes la disputa territorial entre diferentes grupos delincuenciales ha derivado en una escalada alarmante de la violencia y la inseguridad que hoy tiene su escenario más dramático en los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria, Amatenango de la Frontera, entre otros ubicados en la región.

La falta de respuesta institucional tiene que ver con la ambición desenfrenada y la corrupción de muchas autoridades que, concentradas en mantener su poder político o incluso acrecentarlo, han dejado abandonada a su suerte a una población que se debate entre los fuegos de los grupos delicitivos rivales. Esta situación, aunada al alarmante aumento del tráfico de armas en todo el estado, con la consecuente proliferación de grupos armados de todo tipo, ha convertido a nuestra entidad en tierra de nadie, donde el diálogo y la negociación han sido cruelmente desplazados por la fuerza de las balas.

La zona fronteriza con Guatemala es hoy la manifestación más aguda de la situación de violencia e inseguridad que se padece en Chiapas pero desgraciadamente no es la única. En toda la entidad ha crecido aceleradamente el tráfico ilegal de todo tipo. En los últimos años, diversos grupos, presumiblemente células del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa, se han apoderado de territorios completos a los que dominan a través del terror, las amenazas, las extorsiones, las desapariciones, la muerte.  Existen otros grupos armados que se mueven desde la frontera y en regiones como Teopisca, San Cristóbal, San Juan Chamula, hacia los Altos y Norte de la entidad. Ante la total inacción de las autoridades, todos estos grupos han ido ganando poder y territorio, en medio de una violencia nunca antes vista en nuestro estado.  Aunque la crisis se concentra en tres regiones de la entidad (Frontera, Sierra y Centro), las repercusiones se padecen en todo el estado. 

Una muestra de la violencia generalizada en otras regiones del estado ocurrió apenas la noche del viernes 2 de junio, cuando un grupo armado presumiblemente proveniente desde Santa Martha, Chenalhó, atacó a balazos a desplazados de dicha comunidad que se encuentran refugiados desde octubre de 2022 en la comunidad de Polhó, en el mismo municipio, con un saldo, hasta ahora, de 7 muertos y 3 heridos. Al momento de redactar el presente pronunciamiento, no se tenía mayor información.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la situación más alarmante está ubicada en la Zona Fronteriza. Desde el 25 de mayo pasado, la violencia se ha desbordado particularmente en el municipio de Frontera Comalapa,  a raíz de los enfrentamientos entre grupos antagónicos presumiblemente del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa, principalmente en las proximidades de las comunidades Nueva Independencia (conocida como Lajerío) y Candelaria. Aunque no se tienen cifras precisas, se habla de entre 3,500 y 4 mil personas desplazadas, con un número indeterminado de heridos, desaparecidos y muertos. Durante varios días, no se hizo presente autoridad alguna por lo que la población se defendió como pudo. Finalmente, el 31 de mayo el Ejército Mexicano logró ingresar al municipio, después de enfrentar la resistencia de pobladores del ejido Joaquín Miguel Gutiérrez, mejor conocido como Quespala. A cuenta gotas, algunos pobladores han iniciado el retorno a sus hogares. La situación es de gran incertidumbre y miedo.

Ante este panorama, exigimos:

1. La presencia de las instituciones encargadas de la seguridad de la población: Ejército, Marina, Guardia Nacional, Fiscalías estatal y federal, para restablecer el orden y realizar las investigaciones de rigor que determinen la magnitud de los daños causados y su reparación. 

2. La atención integral a la población en situación de desplazamiento forzado, que debe incluir garantías para un retorno seguro. La gente merce vivir sin temor a perder a sus seres queridos y a ver arrebatado el patrimonio de toda una vida.

3.  La implementación de las medidas necesarias para el restablecimiento de la paz permanente en toda la región fronteriza, para lo cual es indispensable proceder, en la forma que se requiera, contra los grupos delincuenciales que han afectado gravemente la vida de la población. Sin embargo, el esfuerzo será inútil  si el resto del estado sigue atrapado en una espiral de violencia sin fin. Exigimos que el restablecimiento de la paz se haga extensivo a todo Chiapas.

4. El reconocimiento de parte de las autoridades estatales y federales de la grave situación que se vive en la entidad. Seguir con el discurso negacionista que pretende aparentar que todo está bien y que los innegables hechos de violencia son brotes aislados, no sólo es profundamente irresponsable sino una falta de respeto a las y los chiapanecos que día con día constatamos la violencia y la descomposición social acelerada. Pero además, la insistencia en negar la gravedad de la situación pone en altísimo riesgo a la población, como lo demuestran los hechos ocurridos en Chenalhó y en la Zona Fronteriza, que se vienen denunciando desde hace meses y ante los cuales, las autoridades han sido absolutamente omisas.

5. La aplicación irrestricta de la ley, que significa, entre otras cosas, poner fin definitivo a la complicidad de muchos políticos con el crimen organizado. Es un verdadero insulto para las y los chiapanecos que conocidos miembros de la clase política chiapaneca, ampliamiente sabidos sus lazos con la delincuencia o ellos mismos delincuentes, aspiren a cargos de elección popular como la gubernatura o la presidencia de la República.

Nos negamos a ser testigos mudos de la destrucción social, económica, política, ambiental y cultural de nuestro estado. Ya se dejó crecer la pudredumbre por demasiado tiempo. 

¡BASTA DE BARBARIE! ¡BASTA DE LA INACCIÓN DEL ESTADO MEXICANO! ¡QUEREMOS UN CHIAPAS CON PAZ DURADERA Y CON JUSTICIA VERDADERA!

Con tortura y homicidios, CJNG y El Maíz controlan Frontera Comalapa

El cártel de Sinaloa disputa territorio

Pobladores aseguran que los obligan a cerrar carreteras

De La Redacción

Periódico La Jornada
Lunes 29 de mayo de 2023, p. 30

Junto con el cártel Jalisco Nueva generación (CJNG), la agrupación criminal El Maíz tiene sometidos a los pobladores del municipio de Frontera Comalapa, donde suman unos 3 mil desplazados por la violencia; a quienes se niegan a participar en los bloqueos, los matan, desaparecen, secuestran, multan o golpean con tablas, denunciaron habitantes de esa población, situada a 25 kilómetros de la frontera con Guatemala.

Algunos de los que están cerrando caminos son transportistas, vendedores de chicles, boleros, comerciantes; toda la gente que busca ganarse el pan de cada día con el trabajo más sencillo está sujeta a esta agrupación, acusaron.

Bajo amenazas, miedo y temor, todos están así, presionados. Así está Comalapa. Son contados los que están por conciencia; la mayoría del pueblo de Comalapa no participa por voluntad propia, puntualizaron algunos lugareños consultados bajo la condición del anonimato.

Si a los locatarios del mercado les dicen que tienen que cerrar para ir a bloquear deben obedecer; de lo contrario, los multan, los encierran tres días y hasta les quitan los puestos, detallaron.

Contaron que la situación en Comalapa se descompuso hace más de dos años, cuando se escindió un grupo del cártel de Sinaloa y se integró al CJNG.

Luego conformaron El Maíz, ahora temida agrupación, para formar su base social mediante amenazas y presión.

Los enfrentamientos que comenzaron hace dos años son resultado de que el cártel de Sinaloa pretende recuperar el territorio.

Tienen sometidos a los sindicatos de pozoleros, boleros, chicleros, tablajeros, tortilleros, estibadores, etcétera (sólo los maestros y los trabajadores de salud no han sido obligados a sumarse); desde el más chico al más grande están sometidos a esta organización, respaldadas por las cuatro letras, reveló un poblador.

Desde el martes pasado, cuando se iniciaron los más recientes enfrentamientos, en los que según algunos vecinos se usaron hasta drones, la amenaza constante, sobre todo a través de mensajes de WhatsApp, es que ingresarán a la cabecera para capturar a los dirigentes o que habrá reclutamientos forzados.

En respuesta, El Maíz obliga a los ciudadanos a bloquear diferentes puntos y a enfrentar a algún grupo contrario que se acerque por Lajerío o alguna otra comunidad.

Lo menos que le puede pasar a quien se resista a participar es que lo tableen: les bajan los pantalones y con un pedazo de tabla los golpean en las nalgas y hasta que defecan por el dolor, narró un lugareño.

Economía paralizada

Comalapa, gobernado por un concejo municipal presidido por Alejandro Mérida, está tomado por hombres del CJNG-El Maíz, que sin presencia de fuerzas de seguridad pública se mueven a toda velocidad por las calles, en camionetas y con armas de alto poder.

Cuando participan en enfrentamientos utilizan los llamados monstruos, vehículos blindados con gruesas placas de metal.

Los pobladores de Frontera Comalapa aseveraron que las refriegas ocurridas en días recientes han dejado un número indeterminado de muertos y heridos de los dos bandos; se han registrado además cuantiosas pérdidas económicas debido a que los comercios están cerrados, el transporte paralizado y los ciudadanos no pueden trabajar.

Imagen: Agencia EFE

Familias indígenas regresan a sus comunidades tras dos años de desplazamiento

Compartimos esta nota de Chiapas Paralelo sobre el retorno de familiar de las Abejas de Acteal a su comunidad – A 21 de mayo del 2021

*Las familias se refugiaron en el campamento de Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, y “su único delito: la resistencia frente a la violencia que viene del estado”.


El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dio a conocer que, 6 familias tsotsiles -30 personas en total- originarias de Río Jordán, Colonia Miguel Utrilla, Los Chorros del municipio de Chenalhó, e integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, retornaron este 20 de mayo de 2021, a su comunidad luego de permanecer un año, nueve meses y cuatro días en desplazamiento forzado interno.

Mencionaron que, desde el 16 de agosto de 2019, Las Abejas de Acteal no habían desistido a la búsqueda de un retorno seguro y digno para sus compañeros, esto con la demanda del diálogo ante las autoridades oficiales locales, municipales y estatales para el respeto a su autonomía y libre determinación.

Dicho retorno se dio en un contexto de falta de protección a las personas en situación de desplazamiento forzado interno en Chiapas, así como a la falta de verdad y acceso a la justicia.

El Frayba recordó que, familias de Rio Jordán y Los Chorros, fueron desplazadas de manera violenta de su comunidad, donde destruyeron y saquearon algunas de sus casas, así como el corte de luz y agua, por no aceptar proyectos gubernamentales.

En donde María Angélica Jiménez y María del Carmen Jiménez Ramírez, ambas niñas fallecieron en el periodo del desplazamiento forzado (26 de febrero de 2020 y 1 de mayo de 2021, de manera respectiva) provocando un profundo dolor no solo a sus familias sino a toda la organización.

El Día del Niño falleció María del Carmen Jiménez Ramírez, desplazada con sus papás en Acteal. Cortesía: Las Abejas de Acteal

Jiménez Ramírez nació desplazada en Acteal hace seis meses, con una vida corta difícil, pues vivir hacinados en un pequeño cuarto de madera con piso de tierra y compartir una cocina entre seis familias, donde la leña húmeda y el humo tupido se penetra en los pulmones de las mujeres, niñas y niños.

La noche del 29 de abril, Jiménez Ramírez no pudo dormir de llanto, cuando sus papás la llevaron al hospital en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, el día 30, la carretera en malas condiciones, la distancia entre Acteal y el hospital, la indiferencia del tráfico vehicular y la desesperación hicieron que se complicara su situación.

La pequeña niña murió en el marco de desplazamiento forzado, en un México en donde los pueblos originarios son despojados de su territorio, pero sobre todo en donde no se garantizan los derechos, ni la vida de las niñas y niños.

Ante dicho contexto, la CDH dijo que, el mensaje del estado mexicano es que no se garantiza los derechos de las niñas y niños a una vida libre de violencia y a la integridad personal.

Enfatizaron que, la violencia contenía, los municipios más visibles son: Aldama, Chalchihuitán, Chilón, Pantelhó, y Venustiano Carranza, además el desplazamiento forzado interno es uno de los fenómenos históricos que han sido invisibilizados, entre otros por la falta de respuesta del Estado, que permite la vulneración continua y múltiple de derechos, enmarcándose en tratos crueles, inhumanos y degradantes y tortura.

Las familias que ahora retornan, han perdido parte de su historia en Rio Jordán y Los Chorros, sus bienes materiales y mantienen el dolor profundo frente a la incertidumbre del desarraigo territorial, mientras la situación no se resuelva, mencionó el Frayba.

Añadieron que, ante el hartazgo de promesas incumplidas, las familias decidieron retornar en compañía de algunas de las autoridades de la Mesa Directiva de Las Abejas de Acteal, colectivos en solidaridad a su proceso de paz, autoridades religiosas, organizaciones de derechos humanos, observación internacional y medios de comunicación.

Hacemos responsable al Estado mexicano de la vida, salud, integridad y seguridad personal de las 30 personas que hoy retornan a su comunidad; exigimos la reparación integral del daño que se les ha causado frente a su lucha por la defensa de la vida, acentuó el CDH.

Reafirmaron que la tortura ya no es exclusiva de personas privadas de la libertad o como método de represión a movimientos sociales o de resistencia, sino que en la actualidad se presenta dentro de las dinámicas del desplazamiento forzado interno que ocurren en el estado.

Familias desplazadas de Aldama, Chiapas. Fotos: Luis Enrique Aguilar

Por último, se sumaron a la exigencia de justicia al estado mexicano para que garantice la vida, salud, seguridad e integridad de las seis familias y para que atienda la situación desde la raíz, detenga los hechos de desplazamiento forzado interno y aplique los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención sobre los Desplazamientos Internos, para asegurar el respeto a los derechos humanos de la población.

Imagen: Retorno de las familias de Río Jordán, Colonia Los Chorros, Chenalhó. Cortesía: Frayba

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