Categoría: Derechos Humanos

Más de 300 recomendaciones a México por crisis en derechos humanos

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Compartimos esta nota de AvispaMidia en relación con la gran ola de violencia y crisis en derechos humanos de vive Chiapas – A 21 de octubre del 2024

PorJeny Pascacio

El Colectivo EPU Mx llamó a las autoridades en Chiapas, sur de México, a priorizar la implementación de recomendaciones en materia de desaparición forzada, militarización, desplazamiento forzado, movilidad humana y violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas, que fueron dirigidas a México en el Examen Periódico Universal (EPU).

El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para revisar el desempeño de los países en la implementación de sus compromisos internacionales en derechos humanos, en el caso de México a cada cuatro años y medio. 

En julio de este 2024, se emitieron 318 recomendaciones del EPU, realizadas por 115 países, de las cuales México aceptó 304 y “tomó nota” de 14. Este número es mayor al pasado EPU (2019), donde se emitieron 264 sugerencias.

Para Mario Andrés Hurtado, representante del Espacio Organizaciones de la Sociedad Civil, esto puede tener distintas interpretaciones como la inclusión de temas como el desplazamiento forzado, que hasta el 2019 el Estado mexicano lo adoptó como un problema público. 

Hurtado fue parte del conversatorio titulado “Implementación de las Recomendaciones Internacionales en Materia de Derechos Humanos del Examen Periódico Universal en Chiapas: Retos y Oportunidades a Nivel Estatal”, llevado a San Cristóbal de Las Casas por el Colectivo EPU Mx. 

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Este colectivo está integrado por 300 organizaciones nacionales e internacionales que presentaron informes en el marco del 4o Examen Periódico Universal de México (EPU), para dar un amplio diagnóstico sobre la situación general de derechos humanos en el país, mismos que detallaron el contexto de Chiapas debido a la violencia por enfrentamientos entre cárteles del crimen organizado. 

Chiapas, sin registros oficiales de personas desplazadas 

El desplazamiento forzado interno es un problema grave en México. Cada año miles de personas se ven obligadas a dejar sus hogares a consecuencia de la violencia, los desastres naturales, desalojos forzados o explotación de los recursos. 

Sin embargo no existe desde el Estado mexicano un compromiso por diagnosticar adecuadamente la situación, mencionó Mario Ortega, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). “Lo que incluye que a la fecha no existen registros oficiales sobre el número de víctimas del desplazamiento forzado en nuestro país”.

Los números que en la actualidad se manejan son estimaciones de la sociedad civil y la academia. Por mencionar el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno estima que en México se han desplazado 392,000 personas entre 2008 y 2023 por situaciones de violencia. 

En 2021, miles de personas en la región de los Altos de Chiapas se vieron obligadas a desplazarse forzadamente de sus comunidades debido a la violencia de grupos civiles armados. Foto: Frayba

“Con preocupación observamos que el común en los casos de desplazamiento es la inacción estatal para prevenir y proporcionar atención humanitaria y reparar a las víctimas”.

Para las organizaciones, los deberes del Estado no deberían estar en duda, pues el desplazamiento forzado interno vulnera una gran esfera de derechos, entre ellos la libre circulación, la vivienda, el libre desarrollo, la seguridad, la alimentación y un largo etcétera.

Incluso la Ley General de Víctimas estipula derechos específicos y prioridades de atención en las personas desplazadas internas como el acceso a medidas de ayuda inmediata, alojamiento, alimentación, a servicios médicos y psicológicos, entre otros.

En este punto, Ortega hizo hincapié en la falta de voluntad política y posturas oficiales que pretenden invisibilizar el fenómeno, aunado a la ausencia de conocimientos sobre DDHH por parte de funcionarios responsables de la atención y la carencia de procedimientos adecuados a las especificidades del desplazamiento forzado interno.

“En la mayoría de las ocasiones no hay una respuesta a la emergencia humanitaria máxime si no existe una presión mediática o de instancias internacionales. En los casos donde se ha logrado algún tipo de atención humanitaria podríamos decir que no existen procedimientos homologados y adecuados, ni garantías de qué esta atención sea permanente”.

El Estado aún se niega a levantar los registros de las personas desplazadas lo que es una condición básica para que sigan las medidas adecuadas, incluso si logran retornar, especificó Ortega.

Hasta ahora no existe un tipo penal a nivel federal y en el estado de Chiapas que castigue el delito de desplazamiento forzado, “lo que sería una medida necesaria para combatir la impunidad y evitar por ende la repetición”, especificó Ortega.

El número de desaparecidos puede ser mayor 

En este conversatorio, Jorge Hernández, de Serapaz, dijo que 40 delegaciones emitieron 43 recomendaciones en el EPU en materia de personas desaparecidas, principalmente en temas de investigación, judicialización, aplicación del  marco constitucional y legislativo, y desaparición de mujeres. 

De las 116,482 personas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), hasta octubre de 2024, al menos 1,328 se han reportado en Chiapas. En la actualidad Tapachula encabeza la lista, le sigue Tuxtla Gutiérrez y Frontera Comalapa. 

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En los municipios mencionados, las propias organizaciones han denunciado un incremento de la violencia criminal en los últimos tres años, lo que dificulta el acceso para la documentación y hace proliferar el temor en las familias de víctimas de denunciar ante las autoridades o buscar a sus familiares públicamente. Por lo que la cifra real de personas desaparecidas podría ser mayor. 

De acuerdo a la documentación del Frayba, los grupos poblacionales afectados por esta situación son las mujeres, además de niñas, niños y adolescentes (NNA). Por ejemplo, Melel Xojobal AC y Redias documentaron de 2020 al 30 de junio de 2024 un total de 2,350 desapariciones sólo de NNA en Chiapas, siendo el 70% adolescentes mujeres. 

Cassandra, de 18 años, fue desaparecida por un grupo armado durante la boda de su mamá.

Jorge Hernández explicó que también hay particularidades como la desaparición de personas migrantes y solicitantes de refugio, que se suman a las desapariciones en el marco de la violencia extrema en regiones la Frontera, Sierra, Costa, Frailesca y Centro. 

“No siempre se denuncia por temor a las consecuencias de tocar intereses económicos y políticos detrás de las desapariciones… y al tener un subregistro de desapariciones, las cifras esconden la dimensión de la problemática y son usadas por las autoridades para minimizar o negar la situación”, sostuvo Hernández.

En este tenor es necesario, dijo, que la Comisión Estatal de Búsqueda fortalezca los mecanismos de comunicación y registro. También está pendiente el desarrollo de todo el andamiaje necesario para la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, de la desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

“Se requiere asegurar los suficientes recursos estructurales, operativos y económicos para su buen funcionamiento”, así también crear el Consejo Estatal Ciudadano que es fundamental para garantizar la voz de las familias de víctimas en las estrategias contra las desapariciones del Estado. 

Migración, militarización y violencia

En cuanto a la migración, México recibió 29 recomendaciones del EPU, aceptó 26 y “tomó nota” sobre tres. Las 26 que son aceptadas tienen que ver con investigación, sanción de delitos y violaciones graves de derechos humanos cometidas contra personas migrantes. 

Mientras que las tres restantes son fundamentales para transitar de una política migratoria que está basada en la securitización de la frontera hacia una política de integración social y acceso a los derechos de las personas migrantes, dijo Yuridia Salvador del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Frayma).

Una de ellas fue hecha por Nueva Zelanda para retirar progresivamente a las Fuerzas Armadas de las actividades policiales públicas y del control de la migración mediante una transición dirigida por civiles. Un tema que las organizaciones han reiterado desde el 2019 cuando la Guardia Nacional se desplegó por el río Suchiate –que divide a Guatemala de México– y demás municipios fronterizos de Chiapas para contener los flujos migratorios.  

Personal de la Guardia Nacional impide el paso a migrantes en las oficinas del INM en Huixtla, al sur de Chiapas.

Las otras dos recomendaciones son de Brasil y de Kirguistán. Tienen que ver con revisar la Ley de Migración para que la detención sea el último recurso y una excepción, así también eliminar las posiciones que permiten la detención automática de las personas en situación irregular.

La defensora de los derechos humanos destacó que no sólo en el marco del EPU se ha hecho énfasis en el tema de las detenciones migratorias como práctica sistemática, arbitraria y generalizada, también el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, en el informe del 2023 pone énfasis en el tema.  

“No hay otras vías para la regularización migratoria y las personas están en riesgo de detenciones reiteradas”, explica la defensora.Es decir, son detenidas más de una vez y esto se refleja en los números. Por ejemplo el año pasado hubo 440 mil eventos de detenciones, mientras que de enero a julio de 2024 suman 700 mil detenciones; 80 mil corresponden a niñas, niños y adolescentes en albergues del Sistema Nacional DIF (Desarrollo Integral de la Familia).

“En las estaciones migratorias no tienen autonomía de comunicación con el exterior, información adecuada y suficiente; la posibilidad de tomar decisiones, están sometidas al control total de la libertad y esto constituye un entorno carcelario de privación de la libertad”. 

Consideró que para traducir las recomendaciones en una política pública y garantía de derechos, tienen que ser dotadas de presupuesto a las instituciones, mejorar la coordinación entre el Instituto Nacional de Migración (INAMI) y demás autoridades para propiciar una política más respetuosa y de goce efectivo de derecho. 

El Escaramujo 114: ¿QUÉ PASA EN CHIAPAS?

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Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

Descargar Escaramujo 114 en pdf aquí

¿QUÉ PASA EN CHIAPAS?
La violencia que niega AMLO

Gustavo Castro
Otros Mundos Chiapas/
Lunes 17 de Julio 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

Fuera de Chiapas y de país se preguntan sobre lo que actualmente sucede en el estado de Chiapas. Aquí trataremos de ofrecer una serie de hechos en los últimos tres años que, lejos de ser exhaustiva, da una idea de la magnitud de la violencia en el estado. No son todos los hechos, ni están en orden cronológico ni de importancia por su impacto. Son hechos recopilados por testimonios o ampliamente difundidos por las redes sociales y otros medios de comunicación por lo que pueden ser verificados.

Los hechos violentos en la entidad reflejan el grave error del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el sentido de negar la violencia terrible en el estado de Chiapas.
Por otro lado, es cierto que la violencia en el estado todavía está lejos de los indicadores de violencia que se viven en otros estados del país desde hace años y que no reciben el mismo eco de gravedad.

Sin embargo, también son inadecuados los análisis que han esgrimido ciertos grupos en el sentido de que existe una “guerra civil”, o el uso de conceptos anacrónicos o generalizados para elaborar el diagnóstico del estado como “grupos paramilitares”, “guerra de contra insurgencia”, o que toda la violencia desatada se explica en función de una estrategia del gobierno contra las comunidades zapatistas. Más adelante diremos por qué.

La pandemia del COVID-19 en el 2020 marcó una línea que devela sorpresivamente lo que ya se fermentaba desde muchos años atrás y que marca un antes y un después. Evidencia el olvido de las instituciones de gobierno, la impunidad por décadas acumulada, la pobreza, los estragos de los Tratados de Libre Comercio en la región y la corrupción, entre otros muchos factores que son necesarios integrar en un análisis complejo.

LOS INDICADORES CHIAPANECOS

Algunos indicadores de la presencia del narco en los territorios, su influencia, poder y consecuencias a todos los niveles que se presentaron en el resto del país desde hace mucho tiempo, se veía lejos que se dieran en Chiapas. Y si se daban algunos de estos indicadores en la entidad se analizaban de manera aislada a inicios de la década del 2010, o al menos se pensaba que los acontecimientos fundamentales de la coyuntura no las marcaba en última instancia la lógica del narco. Sin embargo, diez años después revienta repentinamente a los ojos de la sociedad chiapaneca y de la opinión pública nacional e internacional una violencia vinculada al narco. Es hasta el 2020 pospandémico que la realidad cae como un balde de agua fría. Se hace mucho eco porque es “Chiapas” y lo que ha representado políticamente años atrás. Pero, lamentablemente, hechos peores ya se registraban en el resto del país como decapitados, ahorcados en los puentes, enfrentamientos con tanques o bombas con drones que ya usaban los cárteles, por mencionar algunos ejemplos.

Favorecidos por el enclaustramiento de la sociedad como política gubernamental a partir del 2020, provocado por el COVID-19, la presencia del narco se hace más patente y enraizada en los territorios de la entidad al salir de casa y abrir los espacios e instituciones públicas. En tan solo tres años, los indicadores de la violencia y presencia del narco en Chiapas son ahora más que evidentes, y avanzan a ritmos muy acelerados acercándose cada vez más a otros estados.

Actualmente en Chiapas, en casi todos los municipios del estado, existe tráfico, consumo y siembra de droga. Cada vez se observa más a niños y adolescentes ebrios y drogados. Los conflictos entre comercializadores de droga por ganar clientela y control territorial llega hasta los enfrentamientos armados y asesinatos. Las organizaciones que antaño lograron recuperar tierras, ahora divididas se confrontan armados por repartirse los territorios con saldos de muertos y desplazados, situación que los grupos criminales capitalizan. Pululan las armas y los depósitos de alto calibre en diversos puntos de la entidad. Hay miles de desaparecidos y otros tanto que no se ha informado por el miedo a las amenazas de los cárteles. La reciente irrupción de los desplazados y desaparecidos, así como la violencia desatada, no permite calcular adecuadamente su magnitud, sin embargo, podemos asegurar que son miles y miles. Ya inicia de igual manera la conformación de los colectivos de víctimas en búsqueda de sus familiares desaparecidos. Los negocios que se niegan a pagar el cobro de piso son asaltados con violencia o quemados.

Se han visibilizado más o han aparecido nuevos grupos armados en la entidad, y se han registrado fuertes enfrentamientos entre ellos, pero también contra el Ejército y la Guardia Nacional, en municipios como Ocosingo, Altamirano, Aldama, Chenalhó. Pantelhó. Chilón, Palenque, Las Margaritas, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Tuxtla, Tapachula, Venustiano Carranza, Teopisca, Tenejapa, San Andrés Larráinzar, Benemérito de las Américas, Tonalá, Pijijiapan, Tila, Sabanilla, Chapultenango, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Oxchuc, Huixtán, Motozintla, Siltepec, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Cintalapa, La Concordia, Tonalá, Tzimol, entre otros.

A nivel nacional, de 2006 a 2023 fueron detectadas 5,455 fosas clandestinas (de éstas, 2,710 fueron registradas de 2018 a mayo de este año). La mayoría en entidades como Veracruz (324), Tamaulipas (402) y Guerrero (260). Y aunque Chiapas no aparece en los primeros lugares con la mayor cantidad de fosas clandestinas, de 2018 a la fecha, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) reveló que se han detectado al menos 10; tres de éstas en Comitán, una de las ciudades del llamado “triángulo de la muerte”. En Tuxtla Gutiérrez se han encontrado tres, y una en los municipios de Chiapa de Corzo, Mezcalapa, Tapachula y Tuxtla Chico. Esto es lo que oficialmente se reconoce y se ha encontrado, pero seguro hay muchas más.

Se han encontrado también cuerpos desmembrados en bolsas como en el municipio de Ocozocoautla, granadas en el ayuntamiento de Berriozábal, enfrentamientos armados entre cárteles en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Comalapa y La Trinitaria. Mientras, las Madres en Resistencia en Chiapas siguen marchando en la capital de Tuxtla Gutiérrez exigiendo la aparición con vida de sus hijos. Se denuncian reclutamientos de varones por parte del narco, desaparición de mujeres y más feminicidios. Tráfico de niños, etnoprostitución, robo de autos, lavado de dinero, cobro de pisos en muchos municipios como Tuxtla, San Cristóbal, Comitán, Tapachula, etc. Los principales lugares de desaparición son Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Comitán y Palenque. También se registran levantones, secuestros y extorsiones.

En regiones como en el sur de la entidad los maestros abandonan las plazas y las escuelas por el miedo a la violencia desatada por la disputa del territorio entre el Cártel Jalisco Nueva Generación /CJNG) y el Cartel de Sinaloa (CS). Muchas comunidades donde los cárteles se disputan los territorios están ya vacías o sus pobladores van migrando a otros municipios de manera goteada. En otros lugares los pobladores venden sus tierras ante la imposibilidad de enfrentar la violencia y el cobro de piso.

En el municipio de Las Margaritas se enfrentaron los cárteles durante horas lo que provocó el éxodo de muchos pobladores a la montaña y a otros municipios. En el municipio de Bochil, decenas de estudiantes de nivel medio fueron hospitalizados de urgencia al presentar graves síntomas que ponían en peligro su vida causado presuntamente por el envenenamiento del agua con fentanilo. En Cancuc un indígena se ahorcó al no encontrar droga que paliara su ansiedad luego de regresar del norte donde muchos migrantes consumen drogas, entra ellas el cristal, para aguantar más las jornadas laborales y poder enviar así más dinero a sus familias. En el mes de mayo del presente año, la población indígenas ch’ol del municipio de Sabanilla estableció un toque de queda y, armados, expulsaron al narco del municipio donde ya operaban los narcomenudistas. Sin embargo, solicitaron la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército ya que consideran que no podrán solos contra el cártel. Del otro lado de la entidad, se registran balaceras y la quema de la comandancia policíaca en el municipio de Pichucalco.

En 2001, casi 60 inmigrantes murieron y 105 resultaron heridos al volcarse un trailer cerca de Tuxtla Gutiérrez que los transportaba hacinados. Pero en mayo del 2023 las autoridades volvieron a interceptar y rescatar a 175 personas migrantes, incluyendo 30 menores no acompañados, que viajaban del mismo modo en otro trailer. Y es que el negocio del tráfico de indocumentados implica ya unas ganancias estratosféricas por lo que el control de esta actividad también es disputada por los cárteles. Recordemos que desde el 2018 que inicia la oleada masiva de migrantes de Centroamérica y otros países por el territorio Chiapaneco, se convierten en un botín para el crimen organizado.

Por ello, Chiapas es la entidad con mayor crecimiento de ingresos por remesas que ha pasado de 222 millones 772 mil dólares en el primer trimestre de 2019, a 958 millones 111 mil dólares en el mismo periodo de 2023. En 2019 Chiapas ocupaba el lugar 14 de mayor movimiento de remesas, y en los últimos cuatro años pasó al cuarto lugar, detrás de los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, quienes encabezaron la mayor migración entre 1990 y 2010. Por otro lado, se registran en algunos municipios el cobro a las familias receptoras de remesas por parte del narco, o su condicionamiento para la compra de armas y municiones. En otras palabras, las remesas también financian al narco.

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La Red DESC lanza video animado sobre los Derechos Humanos

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Compartimos el siguiente video de la Red DESC sobre los derechos humanos – A 29 de junio del 2023

Nos alegra mucho compartir nuestro flamante «Video de animación sobre los datos y los derechos humanos» con todos ustedes. Se trata de una herramienta de educación popular que analiza el papel crítico que tienen los datos en nuestras vidas y su profundo impacto sobre los derechos humanos. Refleja nuestro compromiso incondicional con avanzar la justicia de los datos y colocar a las comunidades afectadas en el centro de nuestro trabajo.

El video forma parte de un esfuerzo más amplio de cooperación entre miembros del Grupo de Trabajo de Monitoreo, incluyendo la Junta Asesora (formada por ACIJ, Pamoja, ISER, RTE, Amnesty, y Participation and the Practice of Rights), quienes desarrollaron la Posición Colectiva sobre los Datos y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), junto con toda una gama de poderosos contenidos y recursos como parte de nuestra Iniciativa de Justicia de los Datos. Continúe leyendo para informarse acerca de los cinco principios de un enfoque de los datos basado en los derechos humanos y sobre la variedad de recursos para el trabajo de incidencia desarrollados en los últimos dos años. Agradecemos a nuestros miembros por la orientación que brindaron a nuestras actividades #Paraquelosderechoshumanoscuenten. 


Todas nuestras herramientas y recursos educativos se incluyen en este correo y también están disponibles en nuestra página web. Alentamos a todos y todas no solo a compartir nuestro vídeo, sino a explorar los demás recursos para el trabajo activo de incidencia que hemos preparado. ¡Trabajemos juntos #Paraquelosderechoshumanoscuenten!

Diplomáticos canadienses priorizan la minería a expensas de los derechos humanos, dicen expertos legales a la ONU

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Compartimos esta nota de Mining Watch Canadá sobre las empresas mineras y sus violanciones a los derechos humanos – A 5 de abril de 2023

OTTAWA – Hoy, expertos en responsabilidad corporativa enviaron una presentación de 30 páginas al Consejo de Derechos Humanos de la ONU antes de su Examen Periódico Universal de Canadá en abril de 2023, denunciando a Canadá por su continuo apoyo diplomático a las empresas mineras por encima de la seguridad de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente (DDH). 

La presentación se basa en cinco estudios de caso bien documentados de México, Guatemala, Perú y Ecuador para ilustrar los temas clave que definen el enfoque diplomático de Canadá a los conflictos mineros en el exterior. Entre los estudios citados, en México, se cree que el apoyo incondicional de la Embajada de Canadá a Blackfire Exploration puso en mayor riesgo la vida del defensor del medio ambiente Mariano Abarca en los meses previos a su asesinato en noviembre de 2009. En Ecuador, en 2021, la embajadora canadiense denegó las peticiones de apoyo de la presidenta del Pueblo Shuar Arutam, Josefina Tunki, después de que ésta denunciara haber recibido amenazas de muerte del vicepresidente de operaciones de la empresa canadiense Solaris Resources como consecuencia de la oposición de su pueblo al proyecto de cobre de la empresa.

El escrito, redactado por el Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés) con el apoyo de MiningWatch Canadá, cuenta con el respaldo de 27 organizaciones de la sociedad civil canadiense y 39 profesores, abogados y juristas. El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU examinará el cumplimiento por parte de Canadá de sus compromisos en materia de derechos humanos y formulará recomendaciones específicas, correspondiendo a Canadá la responsabilidad de aplicar los cambios. 

«Hemos constatado que las embajadas canadienses siguen prestando un importante apoyo a las empresas mineras canadienses a pesar de ser conscientes de las graves y creíbles denuncias de violaciones de derechos humanos y medioambientales», afirma Charis Kamphuis, profesora de Derecho de la Universidad Thompson Rivers (TRU) y integrante de la junta directiva de JCAP. «El Examen Periódico Universal es una oportunidad crucial para poner a Canadá en el punto de mira y revelar la enorme brecha existente entre los compromisos nacionales e internacionales de Canadá en materia de derechos humanos y las acciones y omisiones de los funcionarios canadienses, que ignoran sistemáticamente las preocupaciones de las comunidades afectadas y los riesgos para las y los defensores. En algunos casos, los funcionarios canadienses han tomado medidas para socavar los esfuerzos de las comunidades por defender sus derechos y acceder a la justicia».

El documento examina los problemas que siguen planteando las Voces en Riesgo: Directrices Canadienses para el Apoyo a los Defensores de Derechos Humanos, un conjunto de directrices que especifican cómo las embajadas canadienses y otros funcionarios deben apoyar a los defensores de los derechos humanos, incluidos los canadienses, y promover una conducta responsable por parte de las empresas canadienses que operan en el extranjero. En el documento se señalan fallos específicos de la política, como la falta de claridad en cuanto a las obligaciones concretas de los funcionarios canadienses, la falta de información y transparencia sobre cómo se aplican las directrices y la falta de supervisión independiente para garantizar su cumplimiento. 

«Al mismo tiempo que los funcionarios de la embajada canadiense hacen esfuerzos considerables para promover los intereses mineros canadienses en el extranjero, poniendo a los defensores en mayor riesgo, el gobierno canadiense no ha logrado garantizar ni siquiera un mínimo de rendición de cuentas para los responsables de daños devastadores», dice Viviana Herrera, Coordinadora del Programa de América Latina de MiningWatch Canadá. «Estamos pidiendo al Grupo de Trabajo que haga fuertes recomendaciones a Canadá para que ajuste finalmente sus acciones en cuanto a sus compromisos cuando se trata de la rendición de cuentas del Estado y de las empresas.» 

JCAP hace las siguientes recomendaciones al grupo de trabajo en su escrito: 

  1. Recomendar a Canadá que reforme su política y su enfoque jurídico de la diplomacia económica y los defensores de los derechos humanos en el extranjero por un enfoque que pueda garantizar que las acciones de los funcionarios canadienses cumplan las obligaciones internacionales de Canadá en materia de derechos humanos y medioambientales.
  2. Recomendar que dichas reformas se desarrollen únicamente tras un proceso completo y significativo de participación de la sociedad civil. Éste debería incluir a los defensores de los derechos humanos, los pueblos indígenas, las comunidades y los grupos directamente afectados por la extracción industrial de recursos en el extranjero, con el apoyo del gobierno y las misiones diplomáticas canadienses.
  3. Recomendar que Canadá lleve a cabo una revisión exhaustiva de los incumplimientos por parte de los funcionarios canadienses de las obligaciones internacionales de Canadá en materia de derechos humanos y medioambientales en los cuatro casos citados en este informe. Esta revisión debe identificar los remedios apropiados a cualquier persona que haya sido perjudicada directa o indirectamente por las acciones de Canadá.

– 30 – 

Contactos para medios de comunicación: 

  • Charis Kamphuis, integrante de la Junta directiva de JCAP, profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad Thompson Rivers | ckamphuis@tru.ca, 250-572-2625
  • Viviana Herrera, Coordinadora del Programa para América Latina en MiningWatch Canadá | viviana@miningwatch.ca, 438-993-1264

Imagen: Altar en memoria de Mariano Abarca. Foto: blog ewwaunel vía Chiapas Paralelo

En los Medios:

A un año de tu desaparición te buscamos incansablemente, ¡Exigimos localización inmediata de Crescencio Vera Vidal!

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Compartimos este comunicado de la Familia Vera – A 17 de marzo del 2022

17 de marzo del 2022, Tepetzintla, Veracruz.

Al pueblo de Tepetzintla
A sus comunidades
A las autoridades
A los medios de comunicación.

Hoy 17 de marzo se cumplen 365 días de tu búsqueda y hoy mas que nunca sabemos que no habrá descanso hasta localizarte. A un año de la desaparición de Crescencio Vera Vidal, sus familiares reunidos en Tepetzintla, Veracruz abrazados por el Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera, Poza Rica. Les decimos que durante este tiempo que tristemente ha transcurrido sin la presencia de nuestro padre, amigo y hermano, no hemos descansado ni un solo día para encontrarlo, hemos acudido a todas las diligencias pertinentes exigiendo a las autoridades correspondientes la aparición con vida de nuestro querido Crescencio.

¿Cómo es que pueden dañar la vida, la familia, el entorno de una persona que luchó tanto por el desarrollo, por el bienestar de su pueblo? Y que dedicó gran parte de su vida a ver por el bienestar de los tepetzintlecos y de sus comunidades. Las personas que lo conocemos, sabemos de su calidad humana y el respeto que tenía hacia su gente.

Exigimos a las autoridades competentes, a la Comisión Estatal de Búsqueda, Comisión Nacional de Búsqueda, Fiscalía General del Estado (FGE), y al Gobierno de Veracruz a cumplir ¡ya! con sus obligaciones de Ley, de manera inmediata y exhaustiva. Denunciamos que hasta el momento a pesar de las acciones llevadas a cabo por la FGE no han sido actos suficientes para que nuestro familiar regrese a casa. Ante el incumplimiento de las autoridades, las familias, y el colectivo saldrán a buscar visitando las comunidades con la esperanza de encontrar información que permita resultados positivos.

Hacemos responsable al Gobierno del Estado de la seguridad e integridad de la familia, mismo que ha sido omiso y negligente sabiendo el clima de violencia que existe en esta zona norte de Veracruz.

A través de esta palabra deseamos que escuchen la realidad. Nuestro dolor es el que viven miles de familias que tienen una persona desaparecida en sus hogares, es por esto que hacemos un llamado a la población Huasteca, a que nos brinden información, un mensaje en la “acción” nombrada “buzón de paz”, y así poder seguir caminando para encontrar a nuestro familiar, recordemos que no podemos seguir permitiendo que estos crímenes se sigan cometiendo, porque permitirlo es ser cómplices de la violencia que lacera nuestros hogares y que solo juntas y juntos podremos afrontar.

A un año de la desaparición y búsqueda nos presentamos en nuestro pueblo, quien conoce la persona que es CRESCENCIO, con este pueblo que consideramos nuestro hogar para alzar la voz y exigir con dolor y rabia su aparición inmediata.

Invitamos a participar con dignidad y memoria en estás “Jornadas por la Memoria” la Verdad y la Justicia a partir de hoy 17 de marzo hasta el domingo 20 de marzo del 2022.

Porque
¡Vivo se lo llevaron, Vivo lo queremos!
¡HASTA ENCONTRARTE CRESCENCIO!

Atentamente:
FAMILIA VERA HERNANDEZ
LAS Y LOS HERMANOS DE CRESCENCIO VERA
COLECTIVO DE FAMILIARES EN BÚSQUEDA MARÍA HERRERA- POZA RICA
CELULA INTEGRANTE E INDEPENDIENTE DE ACOMPAÑANTES DE BÚSQUEDA
RED UNIDOS POR LOS DERECHOS HUMANOS A.C.

Más información:

Carta de Organizaciones Sociales sobre la Conferencia de Estados Partes del Tratado sobre Comercio de Armas

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Compartimos esta carta del Centro de Estudios Ecuménicos – A 19 de agosto del 2021

Ciudad de México, 19 de agosto de 2021.
Lic. Marcelo Ebrard Casaubón
Secretario de Relaciones Exteriores
Lic. Martha Delgado Peralta
Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos
Secretaría de Relaciones Exteriores
Presentes

Estimados Secretario y Subsecretaria:
Reciban saludos cordiales de comunidades de fe, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanas y ciudadanos que trabajamos en la construcción de caminos de paz con justicia y dignidad. Sabedoras del compromiso del gobierno de México con la reducción de la violencia y sufrimiento que causan las armas de fuego en nuestro país y en el mundo1, en esta ocasión nos dirigimos a ustedes con motivo de la próxima Conferencia de Estados Partes del Tratado sobre Comercio de Armas (TCA/ATT – CSP7).

La Sexta Conferencia de Estados Partes del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA/ATT – CSP6), celebrada en agosto de 2020, se llevó a cabo mediante un procedimiento escrito, que fue criticado por la falta de transparencia. Este año, la CSP7, bajo el liderazgo del Embajador Lansana Gberie de Sierra Leona, se celebrará utilizando un modelo híbrido (en persona y virtual) y permitirá una inclusión significativa de todas las partes interesadas del ATT de todo el mundo, incluida la sociedad civil; por lo que hacemos eco a las peticiones de la coalición Armas Bajo Control de mantenerse firmes en su compromiso para reducir el sufrimiento humano.

I. Con reducir el sufrimiento humano:

1-Participar activamente en el proceso de de la Conferencia y la implementacion eficaz del tratado (TCA/ATT) con:

  • Declaraciones durante las sesiones plenarias de la CSP7 para compartir los beneficios del ATT con otros estados y destacar el apoyo y la asistencia internacionales para aplicar el ATT. Además, fomentar que otros estados de la región Latinoamericana y del Caribe también las hagan.
  • Debates en la sesión plenaria de la CSP7, sobre el impacto de las transferencias de armas en los conflictos en curso, para identificar y denunciar el incumplimiento del Tratado.

Para garantizar que las voces de todos los Estados Miembros, de los que participan en todas las etapas del comercio de armas (exportación, importación, tránsito/transbordo) y de todas las regiones, se incluyan y se escuchen para que se identifiquen las áreas de asistencia y cooperación y se aborden todos los aspectos del ATT de forma equitativa.

2- Participar en las evaluaciones de riesgo de las exportaciones de armas que dispone el Tratado:

  • Compartir opiniones y experiencias nacionales sobre el establecimiento y la aplicación con coherencia de las evaluaciones del riesgo en las exportaciones, en cumplimiento de los artículos 6 y 7 del Tratado, para fomentar el desarrollo de normas comunes sólidas para evaluar los riesgos de cualquier transferencia de armas.
  • Alentar a otros Estados Miembros a que realicen una revisión exhaustiva de todas las licencias de exportación a zonas de conflicto en todo el mundo para garantizar que se cumplen todas las obligaciones del ATT.

Para lograr que todos los Estados Miembros comprendan en la práctica los elementos de un proceso de evaluación riguroso para poner en práctica procedimientos de control de armas que defiendan los principios humanitarios mundiales y protejan los derechos humanos de las poblaciones.

3-Participar en las evaluaciones del Tratado sobre riesgos de desvío de las armas

  • Comentar el documento del Presidente de la CSP7, para asegurarse de que sus recomendaciones son prácticas, útiles y servirán para reforzar la capacidad del Tratado de abordar la seguridad de los arsenales y frenar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras (APAL).
  • Compartir -en el marco del Foro de Intercambio de Información sobre Desvíos (DIEF) y en el subgrupo de trabajo del ATT sobre el artículo 11- las medidas adoptadas a nivel nacional para evaluar el riesgo de desvío y debatir los casos concretos de desvío junto con las medidas de mitigación que hayan resultado eficaces.

Para Garantizar que la dirección del subgrupo de trabajo sobre el artículo 11 aborde los riesgos de desvío de forma práctica y útil, incluyendo la cooperación y el intercambio de información para aprender de la experiencia la mejor manera de prevenir y mitigar los riesgos.

Asegurar que los Estados miembros proporcionen vías de comunicación y entendimiento a todas las partes interesadas en el Tratado para lograr una mayor comprensión pública del DIEF (Diversion Information Exchange Forum/ Foro de inercambio de información sobre desvio) su proceso y su potencial para mejorar la detección y prevención del desvío de las armas.

II. Profundizar el compromiso con la transparencia y alentar a otros Estados a comprometerse:

1-Con la presentación de informes del ATT

  • Instar a los Estados Partes a cumplir con sus obligaciones de presentación de informes anuales y que presenten informes completos, precisos y a tiempo; con menos agregación de datos, menos dependencia de la confidencialidad y más detalles sobre las transferencias de armas.
  • Fomentar que los Estados miembros apoyen y respalden las modificaciones o ajustes recomendados en las revisiones del modelo de informe, que permiten una mayor coherencia y precisión en la presentación de informes; así como una mayor facilidad de uso, lo que permitirá obtener una radiografía más clara del comercio de armas, para todos.

Para revertir la tendencia actual hacia la privacidad y confidencialidad en los informes y en solo foros por invitación; para adoptar el intercambio de información, la cooperación y el diálogo como práctica cotidiana entre todas las partes interesadas en el Tratado y así mejorar la transparencia y la inclusión en el mismo.

III. Comprometerse con el progreso

  1. En la integración de la perspectiva de género y la prevención de la violencia basada en el género
  • Asegurar el equilibrio de género en la delegación de México en el CSP7
  • Dar prioridad a la prevención de la GBV cuando consideren la venta de armas en el marco del TCA.

2-Participar en la revisión de las recomendaciones de enfoque temático.

  • Animar a los Estados miembros a implementar las recomendaciones formuladas en años anteriores como parte del enfoque temático del Presidente y alentar la inclusión de una sesión especial en la agenda de del CSP, que permitirá a las partes interesadas del TCA hacer un balance de los progresos realizados en relación con cada uno de estos compromisos, año a año.

Para poner en práctica las recomendaciones de la CSP5 sobre género y violencia basada en el género; y dar mayor atención y continuidad a las áreas temáticas elegidas a lo largo de los ciclos de las diferentes Conferencias de Estados Parte CSP.

3- Participar en los esfuerzos de universalización del Tratado

  • Instar que el Grupo de Trabajo sobre Univerzalizacion (WGTU) centre sus esfuerzos desde un enfoque regional para la universalización del Tratado, tal como se estableció en el mandato original de ese grupo de trabajo en la Segunda Conferencia de Estados Parte (CSP2), para identificar objetivos más concretos
  • Compartir con aquellos que aún no se han unido al Tratado , los beneficios de formar parte del mismo desde perspectivas nacionales, regionales y globales.
  • Ayudar a los que aún no se han adherido a dar los pasos procesales y legislativos necesarios para ratificar o adherirse al Tratado

Para que más Estados se adhieran al Tratado destacando ejemplos de su impacto positivo y avanzar en el control efectivo del comercio mundial de Armas de fuego y en la reducción del sufrimiento humano.

Agradeceremos la oportunidad de dialogar previo a la Séptima Conferencia, con las y los responsables de esta temática en la Secretaria, y reiteramos nuevamente nuestro interés en otros procesos de desarme humanitario que enfrentan diversos obstáculos por la continuada emergencia sanitaria, con los cuales tanto la sociedad civil organizada como ciertos Estados, incluyendo México, mantenemos nuestro compromiso. Tengan la seguridad de que desde la Campaña contra Robots Asesinos (SKR), la Red Internacional sobre Armas Explosivas (INEW), la Coalición sobre Municiones en Racimo (CMC), la Campaña Internacional contra Minas Terrestres (ICBL) y la Campaña para la Prohibición de las Armas Nucleares (ICAN) seguimos trabajando para lograr nuestros diversos objetivos humanitarios y esperamos seguir contando con el compromiso del gobierno de México en estos escenarios.

Atentamente,

Organización civil o comunidad de fe:

  • Centro de Estudios Ecuménicos, A.C. Ana Paula García V. Directora Ejecutiva
  • Centro de Derechos Humanos “Fr. Francisco De Vitoria, O.P.», A.C. Fr.Miguel Concha Malo, Dir. Gral.
  • Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C. Mtra. Alicia Mesa Bribiesca Directora Ejecutiva
  • Centro de Educación en Apoyo a la Producción y al Medio ambiente, A.C., CEP-Parras Coahuila, .Guadalupe Macías Pérez, Nestora Macías Pérez
  • Global Thougth – Mx, Mtra. Montserrat Martínez Téllez
  • Servicio Paz y Justicia – México (Serpaj-México). Pietro Ameglio
  • Cultura Joven, A.C. Juan Machín
  • Derechos de la Infancia y la Adolescencia, A.C. Raquel Pastor Escobar, Directora
  • Enlace Comunicación y Capacitación, A.C. Dir. Consuelo Tafoya Guerrero,
  • Comunidades Eclesiales de Base – Derechos Humanos, Hmna. Carmen Gallegos
  • Comunidad Teológica de México, Rev. Dan González Ortega, Rector
  • Iglesias por la Paz, Ignacio Cuevas
  • Centro de Estudios Humanísticos A.C., Mtro. Javier Ulloa Castellanos, Rector
  • Pastoral Social de la Iglesia Anglicana de México, P. Arturo Carrasco-Gómez
  • Morada infantil, A. C. Dir. María Teresa Zúñiga Preciado
  • Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina Mons. Oscar A. Romero/Sicsal/México. Maria Elena
  • Mujeres para el Diálogo, Maricarmen Montes Castillo
  • Red x la Infancia en Cd Juarez y Red por la Infancia en Ciudad Juárez.
  • Otros Mundos AC/Chiapas, México. Gustavo Castro
  • Organización Popular Independiente A.C. Cd Juárez, Catalina Castillo
  • Centro de Apoyo y Defensa de los Derechos Humanos de la Infancia A.C. Cd. Juárez
  • Fundación Don Sergio Méndez Arceo, Soila Luna Pineda, Coordinadora
  • Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México. AFADEM-FEDEFAM
  • Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH);
  • Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM)
  • Fundación Diego Lucero, A.C. (FDL)
  • Foro Permanente de Mujeres Iztacalco, A.C. (FPM-I)
  • Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, A.C. (FMPDH);
  • ReverdeSer Colectivo AC
  • Colectivo María Herrera de Chilpancingo Guerrero
  • Frente Guerrero por Nuestros Desaparecidos
  • Articulación para la Paz y el Buen Vivir
  • Programa Casa Refugiados AC. José Luis Loera Aguilar
  • Dinamismo Juvenil – Celina Valadez .
  • Solidarios México. Red Nacional de Economía Solidaria en México
  • Centro de apoyo y defensa de los derechos Humanos de la infancia A.C.
  • Instituto RIA A.C. Zara Snapp
  • Servicio, Desarrollo y Paz- SEDEPAC. A.C. Roberto Vega
  • Seminario Bautista de México, Rev. Lázaro González Domínguez

De Otros países de la región:

  • Global Exchange, Marco Castillo
  • Mennonite Central Committe U.S. Kate Parsons.
  • Red Seguridad Humana en América Latina y el Caribe (SEHLAC), Pía Devoto
  • ECPAT – Guatemala. End Child Trafficking and Sexual Exploitation of Children. María Eugenia
  • Instituto de Ecología Política de Chile, Pamela Velázquez Guzmán
  • Campaña Colombiana Contra Minas – Camilo Ernesto Serna V

Personas:
Clara Jusidman, Sergio Aguayo, Miguel Álvarez Gándara, Rafael Reygadas Gil, Noé Amezcua, Ma. Luisa Guzmán
Aguirre, Ilse Mayer, Daniel Mata Lugo, Beatriz Gómez Berrenechea, Karen Castillo Mayagoita, Rosa Margarita
Mayoral, Gerardo Cruz González, María de los Dolores Palencia Gómez, Julián Cruzalta Aguirre, Lucila Sertvije
Montull, Gema Antunez Flores; Daniel Otero, Guadalupe Cruz Cárdenas, Hmna. Paola Clerico Medina,
Hmna.María Elena Gallardo, Ricardo Gallego

Contacto:
Sara San Martín Romero
Centro de Estudio Ecuménicos
Área de Paz y Solidaridad
sara@estudiosecumenicos.org.mx
sarasanmartin1@gmail.com

Imagen: Carl-Fredirik-Reutersward

Solidaridad internacionalista con Palestina

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Comunicado de Amigos Internacional ATI en solidaridad con el pueblo palestino – A 19 de mayo del 2021

Amigos de la Tierra Internacional  condena los ataques continuos de Israel contra Palestina, que incluyen escandalosos bombardeos a mujeres y niños/as, infraestructuras civiles y  lugares densamente poblados,  y ataques a edificios que albergan a medios de comunicación, amenazando el derecho a la libertad de información.

Durante décadas, la ocupación israelí le ha negado  a la población palestina el acceso y control de sus tierras, fronteras y recursos naturales. La ocupación es fuente de graves violaciones de los derechos humanos y ambientales del pueblo palestino, incluyendo por contaminación, destrucción de medios de sustento y acaparamiento de tierras y agua, leyes de planificación discriminantes y desplazamiento y desalojos forzosos.

Los violentos ataques recientes contra el complejo de la mezquita de Al-Aqsa en la Ciudad Vieja de Jerusalén, los ataques aéreos sobre la Franja de Gaza sitiada ocurridos tras una campaña persistente y sistémica de represión y opresión por las fuerzas de ocupación en Jerusalén Oriental, y los planes israelíes de expulsar por la fuerza a la población palestina de sus hogares en Sheikh Jarrah ponen al desnudo un patrón de desprecio flagrante por la vida, los derechos humanos y el derecho internacional.

Aljazeera informó el 18 de mayo de 2021 que los bombardeos de la sitiada Franja de Gaza por las fuerzas israelíes, que ya llevan dos semanas, han segado la vida de al menos 201 palestinas/os, entre ellas/os 58 niñas/os y 35 mujeres, según las autoridades sanitarias de Gaza. Más de 1300 personas más han sufrido heridas. Israel informa que al menos 10 personas, dos de ellas niñas/os, perdieron la vida en los ataques de Hamas con cohetes.

Condenamos el uso de armas letales contra la población civil y objetivos civiles que ponen  en riesgo la vida de civiles.

Además, hay más de 38.000 palestinas y palestinos desplazados internamente en Gaza, según la ONU, que están buscando refugio en 48 escuelas del Organismo de Socorro de la ONU para los Refugiados Palestinos (OOPS/UNRWA) a lo largo y ancho de ese territorio costero. Esa cifra incluye no menos de 2.500 personas cuyos hogares fueron completamente destruidos por los bombardeos israelíes recientes. Conseguir agua y comida también se está tornando difícil.

Estas agresiones ocurren en medio de una pandemia contra la que el sistema sanitario de Gaza está luchando con un número cada vez mayor de casos de contagio con Covid-19. Los ataques actuales contra la Franja de Gaza sitiada han obligado al personal médico a reducir o suspender la atención de pacientes con Covid-19, reasignar sus camas en los hospitales a las/os heridas/os y lidiar con instalaciones averiadas.   

Llamamos a la comunidad internacional a sumarse a nuestro repudio de esos ataques:

  • Pídele a tu gobierno que se manifieste en contra de esta violencia y exija el cese de estas aborrecibles injusticias provocadas por Israel.
  • Emprende acciones para que cese la Nakba de Palestina y la masacre en Gaza sumándote a las manifestaciones de protesta que se estén llevando a cabo en tu zona organizadas por palestinas/os y movimientos de solidaridad con Palestina, u organízate con más personas para convocar una protesta si no hay ninguna planificada.
  • Lleva pancartas y carteles condenando la agresión actual contra Gaza y Sheikh Jarrah.
  • Comparte fotos y videos ampliamente en las redes sociales.

Amigos de la Tierra Internacional  insta urgentemente  a todos/as los líderes y lideresas mundiales a que terminen de una vez por todas con la ocupación de los territorios palestinos por Israel, un Estado que viola el derecho internacional a diario amparándose en la ausencia de cualquier tipo de rendición de cuentas. Exhortamos a la comunidad internacional a que intervenga de forma inmediata para detener los crímenes de Israel y reitere su llamamiento a las Altas Partes Contratantes del Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 para que cumplan con sus obligaciones.

Expresamos nuestra solidaridad internacionalista inquebrantable y constante con PENGON/ AT Palestina y el pueblo palestino y exigimos el cese inmediato de la ocupación de los territorios palestinos y el fin de esta violencia escandalosa.

#GazaUnderAttack #SaveSheikhJarrah

Imagen: Amigos de la Tierra Internacional

COPINH 28 Años de Lucha Ejemplar

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el aniversario de COPINH – A 5 de abril de 2021

Hace unos días el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) cumplió 28 años de su fundación en los departamentos de Intibucá, Lempira y La Paz. Fue en 1993 un año después de que se cumplieron 500 años de la invasión europea y comienzo del genocidio en América Latina. En esos años se realizaba en todo el continente la «Campaña de los 500 años de Resistencia Indígena Negra y Popular», como lo contó Berta Cáceres (en sus conversaciones con Claudia Karol), quien fuera Coordinadora General de este movimiento.

«El Pueblo Lenca tiene una historia de resistencia, lucha y rebeldía por mantener su cultura y cosmovisión. El COPINH ha luchado porque se reconozca el derecho a las prácticas culturales de los pueblos indígenas ».

Con Berta a la cabeza,  este movimiento social indígena, ha luchado de manera continua, contra el capitalismo, el racismo y el patriarcado, así como contra el modelo extractivo que amenaza con despojar y devastar sus comunidades y territorios. Desde su fundación han logrado el cierre de 36 aserraderos industriales, en su lucha contra la privatización del agua han detenido más de 10 megaproyectos hidroeléctricos, entre ellos el proyecto de la empresa privada Desarrollos Energéticos S.A (DESA) en el Río Gualcarque, por el que el 2 de marzo de 2016 Berta fue cobardemente asesinada.

A lo largo de los años el COPINH se ha enfrentado a la criminalización del movimiento indígena negro, al sabotaje de sus radios comunitarias, al hostigamiento, persecusiones, campañas de desprestigio, encarcelamientos, robo de cosechas, amenazas de muerte, a golpes y tortura de sus miembros, al militarismo y paramilitarismo (escuadrones de la muerte) a asesinatos, además del de Berta, el de Juan Manuel Flores en marzo de 2010, el de Margarita Murillo, aliada natural de COPINH el 27 de agosto de 2014, Tomás García el 15 de julio de 2013 y 22 compañeras y compañeros más.

Desde este día 6 hasta el 30 de abril de 2021 habrá juicio oral y público contra Roberto David Castillo, subteniente de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de Honduras (2006-2008) y exgenernte de DESA, detenido en 2018, uno de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres y pieza clave que vincula a otros autores intelectuales como la familia Atala Zablah.

Desde la REMA enviamos un fraterno abrazo al COPINH por su aniversario y por su incansable lucha por la defensa de su territorio.

Exigimos que se detenga ya la impunidad y la colusión del sistema de justicia con las empresas extractivas en Honduras. Exigimos justicia para el COPINH, para Berta y para todas las y los asesinados y sus familiares.

¡QUE SIGA CORRIENDO EL RÍO GUALCARQUE!

¡VIVA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS EN AMÉRICA LATINA!

¡VIVA EL COPINH!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: COPINH

Más información:

La declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos como herramienta para avanzar en los derechos colectivos

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Compartimos este Manual de Amigos de la Tierra Internacional ATI sobre los derechos colectivos y campesinos – A diciembre de 2020

Alrededor del mundo, personas y comunidades se movilizan en defensa de los bienes comunes, los territorios y los derechos de los pueblos. Desde las campesinas que protegen sus semillas y prácticas tradicionales de las garras del agronegocio transnacional hasta las comunidades forestales que ponen resistencia frente a la tala destructiva, muchas de estas luchas colectivas se dan en zonas rurales. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales representa un avance importante en el fortalecimiento de los marcos legales que reconocen los derechos colectivos, en particular los derechos ambientales y el control del territorio.

Esta publicación es una actualización de la nota informativa “Derechos Colectivos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales”, redactada por Andrea Nuila y publicada por FIAN Internacional en marzo de 2018. Fue actualizada y adaptada para Amigos de la Tierra por Analía Penchaszadeh, en octubre de 2020.Aunque una parte importante del texto proviene de la publicación original, esta actualización de 2020 es exclusivamente la opinión de Amigos de la Tierra Europa y Amigos de la Tierra Internacional. La publicación original se puede encontrar en ‹https://fian.org/files/files/droits_collectifs_ESP_web.pdf›.

Campesinos, campesinas, indígenas, pescadores y nómadas han manifestado a través de la historia que el reconocimiento de sus derechos humanos, bajo las configuraciones exclusivas del derecho subjetivo individual, ignora el carácter imprescindible que desempeñan las relaciones comunitarias en la determinación del manejo y uso de los patrimonios comunes, en la protección de los derechos de las y los miembros de la comunidad y en la conservación de la subjetividad e identidad del individuo y del grupo al que este pertenece. Amigos de la Tierra Internacional coincide con esta reivindicación y plantea el reconocimiento de los derechos colectivos como un elemento esencial de los paradigmas y las iniciativas positivas tales como la Agroecología y el Manejo Comunitario de Bosques.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (la Declaración o UNDROP, por sus siglas en inglés), adoptada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2018, es el resultado de décadas de lucha e incidencia de campesinas y campesinos, y es un instrumento de derechos humanos trascendental en el reconocimiento de los derechos colectivos. Los derechos colectivos protegidos en la Declaración incluyen el ejercicio colectivo del derecho a la tierra, el derecho a la soberanía alimentaria, el derecho a la biodiversidad y a un medio ambiente limpio, el derecho a la autodeterminación y el respeto de las prácticas y formas ancestrales y tradicionales de rendición de cuentas y justicia. La Declaración fortalece la arquitectura internacional de derechos humanos y desacredita los mitos de que el derecho internacional de derechos humanos no puede abarcar los derechos colectivos. La Declaración puede ser una herramienta valiosa para avanzar en los derechos colectivos desde lo local hasta lo internacional; también puede apoyar la inclusión de los derechos colectivos en el Tratado vinculante de la ONU sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos, que a su vez será un instrumento complementario y poderoso para garantizar el respeto de los derechos humanos para todos y todas.

>>Ve el manual aquí<<

Introducción

Alrededor del mundo, personas y comunidades se movilizan en defensa de los bienes comunes, los territorios y los derechos de los pueblos. Desde las campesinas que protegen sus semillas y prácticas tradicionales de las garras del agronegocio transnacional1 hasta las comunidades forestales que ponen resistencia frente a la tala destructiva,2 muchas de estas luchas colectivas se dan en zonas rurales.

1.1 VIOLACIONES DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS DEFENSORES DE LOS TERRITORIOS Y LOS BIENES COMUNES

A lo largo de los años, La Vía Campesina —el movimiento internacional que reúne a millones de campesinos, pequeños y medianos agricultores, sin tierra, jóvenes y mujeres rurales, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo— ha documentado las violaciones de los derechos de los campesinos. Entre ellas: desalojos forzosos; ocupación y apropiación de territorios campesinos; especulación financiera con la tierra, los recursos naturales y los productos agrícolas; leyes sobre semillas que amenazan la biodiversidad y las semillas campesinas; envenenamiento por agrotóxicos; criminalización y encarcelamiento de dirigentes campesinos; ataques violentos durante las manifestaciones.3

Desde 2012, la organización Global Witness ha llamado la atención sobre los asesinatos de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, definidas como “aquellas que adoptan una posición firme y pacífica contra la explotación injusta, discriminatoria, corrupta o perjudicial de los recursos naturales o del medio ambiente”. Global Witness registró 212 asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2019, “convirtiéndose en el año con el mayor número de muertes registradas de personas que defienden sus hogares, bosques y ríos de las industrias destructivas del clima. […] Además, un incontable número de personas defensoras son silenciadas mediante ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales”.4

Como explica Aleyda Aragón, de La Vía Campesina en América Latina: “la violencia con la que se nos expulsa y se nos discrimina no es inocua, es necesaria y es parte integrante de la política elitista que favorece a las grandes empresas agroalimentarias, mineras internacionales o a grandes latifundistas de la oligarquía local”.5

Amigos de la Tierra Internacional (ATI) reclama la protección de las y los defensores de los territorios y de los derechos colectivos de los pueblos, es decir, las mujeres y los hombres que defienden los lugares que han construido colectiva e históricamente. Entre otras, ATI ha destacado las acciones de defensa ambiental de las campesinas y campesinos en Paraguay, que se resisten a la expansión de las plantaciones de monocultivos; las comunidades de Guatemala, que promueven la agricultura campesina y la soberanía alimentaria como alternativa a la minería; los Pueblos Indígenas de Panamá, que se resisten a las concesiones mineras en sus territorios ancestrales; y las comunidades rurales en Rumania, que rechazan la exploración de las reservas de gas de esquisto en su territorio.6 Situando los conceptos de los derechos humanos dentro de los conflictos cotidianos por el territorio y la naturaleza, ATI además cuestiona las contradicciones y las fuerzas que existen en las sociedades que hacen invisibles las violaciones de los derechos de los pueblos, como el conflicto de clase, el patriarcado, el sexismo, el racismo, la exclusión y discriminación social y el neocolonialismo.7

1.2 EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS ES ESENCIAL EN LA LUCHA POR LA DEFENSA DE LOS TERRITORIOS Y LOS BIENES COMUNES

El marco de ATI de 2018 sobre los defensores de los territorios y los derechos de los pueblos8informa el posicionamiento frente a la comunidad internacional de derechos humanos y se basa en una larga trayectoria para lograr el reconocimiento de los derechos ambientales, tal como se definieron en 2004:

Los derechos ambientales significan acceso a los recursos naturales no degradados que permiten la supervivencia, entre ellos la tierra, la vivienda, los alimentos, el agua y el aire. También incluyen derechos más estrictamente ecológicos, entre ellos, el derecho de una especie determinada de escarabajo a sobrevivir, o el derecho de un individuo a disfrutar de un paisaje intacto. Para Amigos de la Tierra, los derechos ambientales incluyen derechos políticos como el derecho de los pueblos indígenas y otras colectividades, el derecho a la información y a la participación en la toma de decisiones, la libertad de opinión y expresión, y el derecho a oponer resistencia y decirles no a proyectos de desarrollo indeseados. También creemos en el derecho a reclamar indemnización cuando estos derechos han sido violados, incluidos los derechos de los refugiados climáticos y otros pueblos desplazados por la destrucción del medio ambiente, el derecho a reclamar la deuda ecológica, y el derecho a la justicia ambiental… Los derechos ambientales son derechos humanos, ya que los medios de vida de los pueblos, su salud y, a veces, su propia existencia dependen de la calidad del medio ambiente circundante y de su acceso a él, así como del reconocimiento de sus derechos a la información, la participación, la seguridad y la reparación.9

El reconocimiento de los derechos colectivos es un elemento esencial del marco de los derechos ambientales, dado que las violaciones se viven de forma colectiva,10 pero también porque los derechos colectivos son un prerrequisito para construir el mundo que queremos. El Manejo Comunitario de Bosques y la Agroecología son estrategias que aportan a la protección ambiental y los medios de vida sustentables de las comunidades locales, y su éxito depende del reconocimiento del derecho colectivo al control y acceso a los bienes comunes.11

Tal como se plantea en la publicación Manejo Comunitario de Bosques y Agroecología, el control del territorio es una condición esencial, por lo que se deben “generar condiciones en las cuales los pueblos o comunidades locales puedan tomar decisiones independientes y luego ponerlas en práctica”.12 Un territorio y una comunidad se entienden no solo como un espacio geográfico o un grupo de personas que viven juntas, sino como una relación dinámica entre grupos de personas con una identidad colectiva, y la naturaleza y la conexión espiritual que existe en ese espacio.

Dentro de este contexto, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales representa un avance importante en el fortalecimiento de los marcos legales que reconocen los derechos colectivos, en particular los derechos ambientales y el control del territorio.

>>Seguir leyendo el manual aquí<<

Imagen: Amigos de la Tierra Internacional

Más información:

Ana Paula… Te recordamos con cariño

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 7 de abril de 2020

Querida Ana Paula Hernández Pontón, querida Ana, como siempre te llamamos, que falta nos hace tu apoyo incondicional en estos momentos en los que requerimos del buen tino y las ideas frescas y distintas que nos sirvan para combatir todo aquello que atenta contra la vida. Sin darnos cuenta, rápidamente avanzó un largo año en el cual, de un golpe injusto, un accidente nos arrebató tu siempre cálida presencia, tu sonrisa, tu alegría de vivir para apoyar y fortalecer a las comunidades que están bajo el flagelo de la minería, pero también de las drogas, las armas y la desaparición forzada, tanto en México como en otras regiones de América Latina donde promoviste e hiciste lazos entrañables.

Hace un año que, junto a tus compañeros de viaje Sally O´ Neil, Ana Velásquez y Daniel Tuc, con quienes regresabas de hacer una visita en algunas comunidades de Guatemala, la muerte les tomó por sorpresa dejándonos un gran vacío en el corazón para quienes integramos REMA, así como también de tanta gente con quienes compartiste ese coraje, esa rabia de saber que era necesario luchar contra la avaricia y las injusticias creadas por todo el Modelo Extractivo, pero en particular por el orquestado por las empresas mineras.

Quienes integramos la REMA y el M4, te hemos extrañado tanto cada día, en cada foro y cada reunión donde sentimos la ausencia de tus palabras, así como en cada reunión de amigxs en las que siempre disfrutábamos tanto de tu risa, tu cordialidad y fraternidad hoy tan invaluables ante este nuevo reto viral que enfrentamos en el mundo. Estamos segurxs que son muchas las comunidades -esas que visitabas aun sabiendo los riesgos que implicaban para tu seguridad, mismas que aun sitiadas por el ejercito, la única “certeza” era la violación de los derechos humanos-, quienes en este día pondrán una flor, una veladora, harán un rezo y un pensamiento, intentando te hagas presente y sigas acompañándoles como siempre lo hiciste, en sus luchas que no cesan, que no conocen tregua, pero que, sumando tu energía, evitarán y evitaremos se perpetúen en el territorio.

En donde estés…… sabes que estamos viviendo un fuerte momento de incertidumbre y acompañado de mucha tristeza por las vidas de tanta gente quienes han adelantado su viaje al Mictlán, por culpa de ese capitalismo voraz contra el que tanto luchaste, gente muy valiosa que también su quehacer lo destino a la vida; músicxs, artistas, gente creativa, pensadorxs, defensorxs de la vida, periodistas valientes con la verdad.

Desde acá te decimos que mientras tengamos fuerzas, avivaremos tu mejor herencia; pelear por la vida y continuar cerrando el camino de quienes quieren arrebatarnos todo.

¡ANA PAULA VIVE!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

¿Cómo sobrevivir al #Covid_19? Propuestas desde los derechos humanos

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Compartimos esta información publicada en Comité Cerezo México – Organización de Derechos Humanos sobre los derechos humanos y el COVID 19 – A 19 de marzo de 2020

Desde el 5 de enero de 2020, en el mundo comenzó el debate y las acciones ante el Coronavirus o Covid-19, ante una emergencia sanitaria los Estados deben cumplir con su obligación de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de las personas. Los pueblos del mundo, en medio de estas condiciones, tienen el derecho de defenderlos.

¿Cuáles son los ejes fundamentales para lograr que la vida digna no se vea más afectada en esta pandemia?

La obligación del Estado es la de lograr el grado máximo de salud posible , para lo cual debe contar con políticas y programas que permitan contar, mínimamente con los siguientes derechos humanos:

  • Servicios de salud disponibles
  • Condiciones de trabajo que sean seguras
  • Vivienda adecuada (incluye acceso a agua)
  • Alimentación adecuada

Las acciones del Estado para garantizarlo, deben ser una política integral que trasciende a la Secretaría de Salud, pues debe ser capaz de responder a la situación actual, de sentar las bases para fortalecer su capacidad de prevención para el futuro e incluso, de desmantelar medidas del pasado, como las políticas neoliberales, que merman la capacidad de reacción del Estado.

El pueblo de México se encuentra en pésimas condiciones debido al arrebato sistemático de derechos humanos y al despojo que se han vivido en los últimos años. La epidemia ocurre en condiciones en las que la mayoría de la población no cuenta con un trabajo formal, con seguro médico, con un salario suficiente para vivir dignamente, con jornadas máximas de 8 horas. En medio de ello tanto el impacto en términos de salud como en términos económicos golpeará con fuerza a quienes menos tienen como resultado de la profundización del modelo capitalista y su sistemático arrebato de derechos humanos.

A eso se suma el hecho de que las medidas implementadas por el nuevo gobierno, como parte de su programa y como parte del programa de sana distancia ante la epidemia, no han sido suficientes ni han sido claras en el desmantelamiento del neoliberalismo, lo que sólo agrava los hechos pues enfrentaremos la pandemia no sólo con todos los daños que ya nos han hecho mella por los años anteriores, sino con la deuda por eliminar todas las reformas neoliberales.

Si bien el Gobierno Federal adelantó el apoyo para adultos mayores, éste debería ser un apoyo duplicado y no sólo adelantado, para realmente ser suficiente.

Si el Estado actual quiere verdaderamente demostrar su compromiso anti neoliberal debe de desplegar una serie de medidas, que no sólo eviten que el arrebato de derechos afecten con más fuerza al pueblo trabajador, sino que lo protejan ante las empresas y los especuladores.

Como Comité Cerezo consideramos que estas medidas deben incluir, al menos:

Decálogo para garantizar la salud y la vida digna ante la pandemia del #Covid_19:

  1. Proteger las condiciones laborales para toda persona trabajadora, especialmente para quienes están más expuestos al riesgo. Exigir a patrones el cumplimiento de espacios seguros (distancia y limpieza) o la suspensión de actividades, manteniendo un salario digno para quien debe cuidar a alguien en casa o cuando la fase de reacción a la emergencia lo requiera. Sancionar despidos injustificados o suspensión de pago de cuotas a la seguridad social. Aplicar la Ley de Expropiación a las empresas que no cumplan estos lineamientos, dichas empresas seguirán operando como cooperativa de todas las personas trabajadoras, con un administrador nombrado por el Estado.
  2. Garantizar el abasto de agua para la población. Esto implica, garantizar suministro en zonas de tandeo, levantar las restricciones donde previamente se han colocado y suspender el pago del servicio dos bimestres, el actual y el siguiente. Aplicar la Ley de Expropiación a las empresas que cobran el agua si no cumplen estas medidas.
  3. Aprobar un paquete de protección social que suspenda el pago de rentas, y de todos los servicios públicos, agua, luz, predial o insumos de necesidad básica como gas natural y LP y alimentos contenidos en la canasta básica. Suspender los cortes de luz por falta de pago y reconectar la luz en las viviendas en dónde el servicio ha sido cortado durante esta epidemia. De esta manera, se da una efectiva protección al trabajador, especialmente a más de 50% de la fuerza laboral que vive al día, cuyos ingresos se verán fuertemente afectados.
  4. Provisión de una despensa gratuita semanal o mensual para toda la población que percibe menos de tres salarios al día, aquella que se sostiene del comercio informal y vive del día a día (con alimentos no perecederos, arroz, frijol, aceite, sal, azúcar, carne envasada al vacío y verduras en salmuera), parecido al apoyo que se da a las escuelas.
  5. Aplicar la Ley de Expropiación a las grandes empresas que eleven precios, especulen y oculten los insumos de limpieza y los necesarios para la salud, así como alimentos. (Por ejemplo: Industrias Bachoco, Productos Avícolas El Calvario, Empresas Guadalupe, Gena Agropecuaria, Proteína Animal, Avícola y Porcícola de los Altos; Buhler, OMG International, Del Campo Productos; Grupo Industrial Maseca; del sector melaza: Beta San Miguel, Zucarmex, Promotora Industrial Azucarera, Almacenadora México; Alcoholera de Zapopan, Ingenio La Gloria, Ingenio Constancia; Cargill de México, Bayer de México, Bartlett de México.)
  6. Aplicar la Ley de Expropiación a las empresas que restrinjan o condicionen la distribución o lucren de forma alguna con la venta de medicamentos o material requerido para la atención de personas en el grupo de mayor vulnerabilidad y de las personas afectadas por el Covid-19.
  7. Atender de forma expedita las denuncias sobre abusos de empresas, ya sea en cuestiones laborales, [Por ejemplo: La empresa Alsea de los hermanos TORRADO cuenta con un portafolio multi-marcas integrado por Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s. F. Chang’s, Italianni’s, The Cheesecake Factory, Vips entre otras empresas, quienes han decidido en contra de la Ley mandar a casa a miles de trabajadores sin salario durante 30 días, esta empresa es candidata a la la aplicación de la Ley de expropiación] venta de servicios (incluidos los de salud), aplicación de pruebas para Covid-19 a un precio mayor al costo de producción o todas las anteriormente señaladas, para la aplicación de la Ley de Expropiación.
  8. Crear un impuesto progresivo a la ganancia de las empresas que venden los insumos de mayor demanda y necesidad en estos momentos. La recaudación correspondiente debe ser utilizada para la atención de las necesidades esenciales de la población durante este periodo. Por la misma razón las grandes empresas deben pagar una prima de contingencia a sus trabajadores.
  9. Como ha venido sucediendo, mantener el derecho a la información y la transparencia por parte de la Secretaría de Salud.
  10. Derogación de las reformas estructurales que han mermado la capacidad de respuesta del Estado en la prevención, atención y aprendizaje de emergencias como la actual, si bien se sientan las bases para la universalidad de la salud, debe ser este momento el idóneo para eliminar el outsourcing que vulnera entre otros el derecho a la seguridad social. Eliminar las concesiones a farmacias y laboratorios que desde antes de esta pandemia no han cumplido con el objetivo de tener los medicamentos para la población o que han lucrado a costa de la salud del pueblo. Por lo cual el estado debe renacionalizar los servicios estratégicos nacionales, eliminar a las empresas que por convenios con los gobiernos siguen lucrando con el derecho a la salud y otros servicios públicos.

Como pueblo ¿Qué podemos hacer?

Necesitamos enfatizar que poder quedarse en casa no es un “privilegio”, si comenzamos a nombrar a los derechos humanos como “privilegios”, estaríamos replicando un pensamiento neoliberal que históricamente ha avalado el despojo de la vida digna para todo el Pueblo. Nuestra exigencia debe enfocarse en que el Estado genere las condiciones para que toda la población pueda resguardarse en casa, como una medida de protección comunitaria ante una pandemia como la actual. Ningún derecho humano es un privilegio, pues existen gracias a las conquistas del pueblo que decide organizarse y luchar ¿Estaremos a la altura?

Si en estos 30 días, o después de ellos, alguna autoridad comete una violación a nuestros derechos humanos, podemos documentarlas como el inicio de la lucha por la justicia y sanción a los responsables, incluso si éstas implican la omisión de los funcionarios públicos ante el actuar rapaz de las empresas que, ante la emergencia, buscan mayores ganancias, a costa del bienestar general.

Si logramos organizarnos para exigir el presente decálogo, las posibilidades para sobrevivir esta pandemia aumentan, e incluso, estaríamos logrando fortalecer las condiciones materiales para una vida más digna, más allá de la emergencia.

Una vez que pase la emergencia, sigue los eventos, talleres y actividades que el Comité Cerezo México lleva a cabo, de forma solidaria, para aumentar la claridad sobre nuestros derechos y cómo exigirlos para que logremos, de forma organizada, una vida digna para el pueblo.

¡La vida digna del pueblo, debe ser primero!

Firma

Comité Cerezo México

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