EL Escaramujo120: CHIAPAS, ¿A PUNTO DE LA ‘GUERRA CIVIL’?

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo

CHIAPAS, ¿A PUNTO DE LA ‘GUERRA CIVIL’?

Gustavo Castro
Otros Mundos Chiapas
28 de Septiembre 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/

“Algunas organizaciones de derechos humanos, la Iglesia Católica, entre otros analistas,
construyen narrativas, lecturas, análisis y diagnósticos de la situación en Chiapas
acompañados de afirmaciones como estas: “es una guerra de contrainsurgencia”, “es una
guerra del Estado contra los zapatistas”, “estamos al borde de una guerra civil”, “es una
guerra del Estado con sus grupos paramilitares”, “es una guerra contra los pueblos
indígenas”, entre otras”.

El Escaramujo 115

Mientras la Diócesis de San Cristóbal de las Casas afirma que “Chiapas está en guerra”, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) enfatizó hace meses que “Chiapas está al filo de una guerra civil”. Por ello, bajo el lema “Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas”, recientemente se realizaron movilizaciones en varias partes del país y en el extranjero en apoyo y solidaridad con el EZLN.

La campaña tiene origen en la demanda de exigir el alto a las agresiones por parte de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) contra el EZLN, tema que abordamos en El Escaramujo No. 116. Esto convocó a una movilización en el mes de junio de 2023 y como respuesta a la invitación que hicieran 800 organizaciones y más de 1,000 personalidades firmantes. Así, de un conflicto en una comunidad zapatista por parte de uno de sus ex miembros cuya violencia tiene origen desde finales de la década de 1990, algunos concluyen que existe una guerra del gobierno federal contra el EZLN. Actualmente, la violencia es más que obvia: es una guerra entre los cárteles.

Por otro lado, hay quienes se remontan más atrás al afirmar que en Chiapas existe “una guerra que supone la reproducción sistemática de violencia que se impuso contra los pueblos originarios desde la Conquista y durante la Colonia”. Sin embargo, no se toma en cuenta que los contextos y los actores ya han cambiado.

Otros actores afirman que Chiapas está ‘al filo de la guerra civil’ entre ‘grupos de autodefensa’ en contra de los ‘paramilitares’ y ‘sicarios’ de los diversos cárteles con la complicidad de Presidente de la República. Aquí se revuelven de manera supina y sin análisis a cinco actores.

Existen otros terribles paralogismos. Por ejemplo, que AMLO niegue la gravedad de la violencia en Chiapas no lo convierte en operador y estratega de la violencia que ejecutan los cárteles entre ellos y de pasada contra toda la población, y menos que se estructure en función de aniquilar exclusivamente a las comunidades zapatistas. Que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ( AMLO) de manera irresponsable difame a ciertos sectores de la sociedad, no lo convierte en asesino de los pueblos o de ser responsable de orquestar la clásica estrategia de guerra ‘contra insurgente’. Por cierto, ¿hay insurgentes en Chiapas? ¿Sublevados armados contra la autoridad?

Los paralogismos, falsos razonamientos y conclusiones y divinos entimemas, no le quitan responsabilidad a AMLO en los resultados de su estrategia disuasiva y no persecutoria contra los cárteles que más se han ido apoderando de territorio chiapaneco, estrategia ineficaz para romper las estructuras que alimentan al narco. Tampoco elimina el hecho de que el gobierno está rebasado y que no puede detener el avance de los cárteles, como tampoco lo pueden hacer los gobiernos de Europa, Estados Unidos o en África, regiones donde se mueven billones de dólares del narcotráfico. Y es que en todos los países, el poder del narcotráfico no puede ser lo que es sin el contubernio de funcionarios, políticos, militares y policías.

Así, Chiapas no es la excepción. La población atrapada en la tremenda violencia que se sigue agudizando de manera acelerada confirman este contubernio. La frontera de disputa territorial entre los cárteles se concentra ahora en la frontera con Guatemala y se irradia por los municipios fronterizos hacia el interior del estado en medio de una violencia jamás vista. Aquí, no sólo la población tiene que definir en qué bando de los cárteles se arrima, sino también pareciera que la clase política, las fuerzas armadas y policiacas entran en este juego de favorecer bandos. Es evidente que los cuarteles de la Guardia Nacional y del Ejército no están en función del EZLN, sino de los cárteles. Esta ‘militarización continuada’ ya no está en la misma lógica y contexto de 1994.

En todo este contexto sumamente complejo que se enmarca en el discurso generalizado de la ‘guerra’, se requiere de un análisis más riguroso. Los distintos diagnósticos de la situación en Chiapas marcan no sólo diferencias narrativas sino políticas y hasta ideológicas y conllevan acciones, alianzas y consecuencias distintas. Es necesario detenerse y reflexionar con más profundidad, ya que la falta de ello también provoca discursos de odio que obnubila aún más la capacidad de análisis y reflexión y acerca a algunos actores de izquierda o progresistas hacia los discursos de odio irracional de la ultraderecha contra el gobierno federal.

Las presentes reflexiones están en continuidad con El Escaramunjo 114, 115, 116 y 117. Ahora abordaremos otros conceptos para entender mejor la situación en el estado de Chiapas. Esta es una propuesta, la reflexión no está terminada.

¿QUÉ ES LA ‘GUERRA CIVIL’?

El fenómeno de la “guerra” tiene diversas variantes, entre ellas la “guerra civil”. Sin embargo, no existe una definición clara ni consensuada sobre este concepto ni desde el punto de vista de su origen, o de su evolución, de sus estrategias o de sus objetivos, y sigue siendo objeto de debate y análisis.

Existen también otros conceptos que son igualmente polémicos en cuanto a su definición, como “revolución”, “conflicto interno”, “guerra interestatal”, “guerra fría”, “guerra sucia”, “guerra de independencia”, “guerra de guerrillas”, “guerra fraticida”, “guerra de secesión”, “guerra de liberación nacional”, “guerra irregular”, “guerra convencional”, “guerras privatizadas”, “guerras informales”, “guerras posmodernas”, entre otros. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos conceptos? En algunos países, lo que alguien ha llamado ‘revolución’ otros lo han denominado ‘conflicto interno’ o ‘guerra civil’. En fin, aquí mencionaremos algunas características constantes cuando se analiza el concepto de “guerra civil”.

Entre las características comunes del concepto de “guerra civil” podemos encontrar que es un enfrentamiento entre dos o más bandos civiles armados al interior de un país. Un conflicto doméstico en un escenario bélico, con ideologías diferentes, sin ingerencia extranjera, que se disputan el control del Estado y cuya confrontación bélica no está regulado por el Derecho Internacional al cual se le debe cumplimiento, sino que se manifiesta bajo los medios de una guerra irregular o de guerrillas. Algunos sociólogos incluyen entre las características de la “guerra civil” las basadas en un número mínimo de muertos, en su intensidad y duración, en la amplitud de su presencia territorial a nivel nacional por parte de ambos bandos, y en su capacidad bélica, entre otros.

Encontramos como factor común el hecho de que se trata de una violencia armada recíproca, continua y sostenida en un ámbito de gran escala, de carácter nacional y con un significativo impacto social, económico y político que afecta a la mayoría de la población del Estado Nación. También participa el gobierno en turno que apoya a una de las partes, que minimiza a una de ellas o a ambas bajo el argumento de que son situaciones violentas de inconformes, insurrectos, terroristas, disturbios, conflictos internos comunitarios, conflictos étnicos o religiosos, disputas locales agrarias, etcétera, lo que no significa que no sea verdad en ciertas circunstancias.

Una ‘guerra civil’ podría tener como origen la ruptura y confrontación religiosa, política, por el control de las estructuras del Estado, ideológica, o por factores económicos que reflejan luchas de clase, étnicas o culturales donde se reivindica la identidad de los pueblos originarios y contra la cultura invasora, o la combinación de varios de estos factores. La ‘Guerra de Castas’ o la ‘Guerra Cristera’ pudieran ser algunos de estos ejemplos.

Las ‘guerras civiles’ también pueden tomar un carácter de guerra de liberación nacional que bajo el espíritu patriótico se lucha contra el dominio extranjero. Los bandos que se enfrentan en la ‘guerra civil’ construyen su propia ideología y justificación del levantamiento armado que les de la razón. Cada bando identifica las condiciones adecuadas para competir bélicamente con el adversario.

El Escaramujo 114: ¿QUÉ PASA EN CHIAPAS?

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

¿QUÉ PASA EN CHIAPAS?
La violencia que niega AMLO

Gustavo Castro
Otros Mundos Chiapas/
Lunes 17 de Julio 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

Fuera de Chiapas y de país se preguntan sobre lo que actualmente sucede en el estado de Chiapas. Aquí trataremos de ofrecer una serie de hechos en los últimos tres años que, lejos de ser exhaustiva, da una idea de la magnitud de la violencia en el estado. No son todos los hechos, ni están en orden cronológico ni de importancia por su impacto. Son hechos recopilados por testimonios o ampliamente difundidos por las redes sociales y otros medios de comunicación por lo que pueden ser verificados.

Los hechos violentos en la entidad reflejan el grave error del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el sentido de negar la violencia terrible en el estado de Chiapas.
Por otro lado, es cierto que la violencia en el estado todavía está lejos de los indicadores de violencia que se viven en otros estados del país desde hace años y que no reciben el mismo eco de gravedad.

Sin embargo, también son inadecuados los análisis que han esgrimido ciertos grupos en el sentido de que existe una “guerra civil”, o el uso de conceptos anacrónicos o generalizados para elaborar el diagnóstico del estado como “grupos paramilitares”, “guerra de contra insurgencia”, o que toda la violencia desatada se explica en función de una estrategia del gobierno contra las comunidades zapatistas. Más adelante diremos por qué.

La pandemia del COVID-19 en el 2020 marcó una línea que devela sorpresivamente lo que ya se fermentaba desde muchos años atrás y que marca un antes y un después. Evidencia el olvido de las instituciones de gobierno, la impunidad por décadas acumulada, la pobreza, los estragos de los Tratados de Libre Comercio en la región y la corrupción, entre otros muchos factores que son necesarios integrar en un análisis complejo.

LOS INDICADORES CHIAPANECOS

Algunos indicadores de la presencia del narco en los territorios, su influencia, poder y consecuencias a todos los niveles que se presentaron en el resto del país desde hace mucho tiempo, se veía lejos que se dieran en Chiapas. Y si se daban algunos de estos indicadores en la entidad se analizaban de manera aislada a inicios de la década del 2010, o al menos se pensaba que los acontecimientos fundamentales de la coyuntura no las marcaba en última instancia la lógica del narco. Sin embargo, diez años después revienta repentinamente a los ojos de la sociedad chiapaneca y de la opinión pública nacional e internacional una violencia vinculada al narco. Es hasta el 2020 pospandémico que la realidad cae como un balde de agua fría. Se hace mucho eco porque es “Chiapas” y lo que ha representado políticamente años atrás. Pero, lamentablemente, hechos peores ya se registraban en el resto del país como decapitados, ahorcados en los puentes, enfrentamientos con tanques o bombas con drones que ya usaban los cárteles, por mencionar algunos ejemplos.

Favorecidos por el enclaustramiento de la sociedad como política gubernamental a partir del 2020, provocado por el COVID-19, la presencia del narco se hace más patente y enraizada en los territorios de la entidad al salir de casa y abrir los espacios e instituciones públicas. En tan solo tres años, los indicadores de la violencia y presencia del narco en Chiapas son ahora más que evidentes, y avanzan a ritmos muy acelerados acercándose cada vez más a otros estados.

Actualmente en Chiapas, en casi todos los municipios del estado, existe tráfico, consumo y siembra de droga. Cada vez se observa más a niños y adolescentes ebrios y drogados. Los conflictos entre comercializadores de droga por ganar clientela y control territorial llega hasta los enfrentamientos armados y asesinatos. Las organizaciones que antaño lograron recuperar tierras, ahora divididas se confrontan armados por repartirse los territorios con saldos de muertos y desplazados, situación que los grupos criminales capitalizan. Pululan las armas y los depósitos de alto calibre en diversos puntos de la entidad. Hay miles de desaparecidos y otros tanto que no se ha informado por el miedo a las amenazas de los cárteles. La reciente irrupción de los desplazados y desaparecidos, así como la violencia desatada, no permite calcular adecuadamente su magnitud, sin embargo, podemos asegurar que son miles y miles. Ya inicia de igual manera la conformación de los colectivos de víctimas en búsqueda de sus familiares desaparecidos. Los negocios que se niegan a pagar el cobro de piso son asaltados con violencia o quemados.

Se han visibilizado más o han aparecido nuevos grupos armados en la entidad, y se han registrado fuertes enfrentamientos entre ellos, pero también contra el Ejército y la Guardia Nacional, en municipios como Ocosingo, Altamirano, Aldama, Chenalhó. Pantelhó. Chilón, Palenque, Las Margaritas, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Tuxtla, Tapachula, Venustiano Carranza, Teopisca, Tenejapa, San Andrés Larráinzar, Benemérito de las Américas, Tonalá, Pijijiapan, Tila, Sabanilla, Chapultenango, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Oxchuc, Huixtán, Motozintla, Siltepec, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Cintalapa, La Concordia, Tonalá, Tzimol, entre otros.

A nivel nacional, de 2006 a 2023 fueron detectadas 5,455 fosas clandestinas (de éstas, 2,710 fueron registradas de 2018 a mayo de este año). La mayoría en entidades como Veracruz (324), Tamaulipas (402) y Guerrero (260). Y aunque Chiapas no aparece en los primeros lugares con la mayor cantidad de fosas clandestinas, de 2018 a la fecha, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) reveló que se han detectado al menos 10; tres de éstas en Comitán, una de las ciudades del llamado “triángulo de la muerte”. En Tuxtla Gutiérrez se han encontrado tres, y una en los municipios de Chiapa de Corzo, Mezcalapa, Tapachula y Tuxtla Chico. Esto es lo que oficialmente se reconoce y se ha encontrado, pero seguro hay muchas más.

Se han encontrado también cuerpos desmembrados en bolsas como en el municipio de Ocozocoautla, granadas en el ayuntamiento de Berriozábal, enfrentamientos armados entre cárteles en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Comalapa y La Trinitaria. Mientras, las Madres en Resistencia en Chiapas siguen marchando en la capital de Tuxtla Gutiérrez exigiendo la aparición con vida de sus hijos. Se denuncian reclutamientos de varones por parte del narco, desaparición de mujeres y más feminicidios. Tráfico de niños, etnoprostitución, robo de autos, lavado de dinero, cobro de pisos en muchos municipios como Tuxtla, San Cristóbal, Comitán, Tapachula, etc. Los principales lugares de desaparición son Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Comitán y Palenque. También se registran levantones, secuestros y extorsiones.

En regiones como en el sur de la entidad los maestros abandonan las plazas y las escuelas por el miedo a la violencia desatada por la disputa del territorio entre el Cártel Jalisco Nueva Generación /CJNG) y el Cartel de Sinaloa (CS). Muchas comunidades donde los cárteles se disputan los territorios están ya vacías o sus pobladores van migrando a otros municipios de manera goteada. En otros lugares los pobladores venden sus tierras ante la imposibilidad de enfrentar la violencia y el cobro de piso.

En el municipio de Las Margaritas se enfrentaron los cárteles durante horas lo que provocó el éxodo de muchos pobladores a la montaña y a otros municipios. En el municipio de Bochil, decenas de estudiantes de nivel medio fueron hospitalizados de urgencia al presentar graves síntomas que ponían en peligro su vida causado presuntamente por el envenenamiento del agua con fentanilo. En Cancuc un indígena se ahorcó al no encontrar droga que paliara su ansiedad luego de regresar del norte donde muchos migrantes consumen drogas, entra ellas el cristal, para aguantar más las jornadas laborales y poder enviar así más dinero a sus familias. En el mes de mayo del presente año, la población indígenas ch’ol del municipio de Sabanilla estableció un toque de queda y, armados, expulsaron al narco del municipio donde ya operaban los narcomenudistas. Sin embargo, solicitaron la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército ya que consideran que no podrán solos contra el cártel. Del otro lado de la entidad, se registran balaceras y la quema de la comandancia policíaca en el municipio de Pichucalco.

En 2001, casi 60 inmigrantes murieron y 105 resultaron heridos al volcarse un trailer cerca de Tuxtla Gutiérrez que los transportaba hacinados. Pero en mayo del 2023 las autoridades volvieron a interceptar y rescatar a 175 personas migrantes, incluyendo 30 menores no acompañados, que viajaban del mismo modo en otro trailer. Y es que el negocio del tráfico de indocumentados implica ya unas ganancias estratosféricas por lo que el control de esta actividad también es disputada por los cárteles. Recordemos que desde el 2018 que inicia la oleada masiva de migrantes de Centroamérica y otros países por el territorio Chiapaneco, se convierten en un botín para el crimen organizado.

Por ello, Chiapas es la entidad con mayor crecimiento de ingresos por remesas que ha pasado de 222 millones 772 mil dólares en el primer trimestre de 2019, a 958 millones 111 mil dólares en el mismo periodo de 2023. En 2019 Chiapas ocupaba el lugar 14 de mayor movimiento de remesas, y en los últimos cuatro años pasó al cuarto lugar, detrás de los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, quienes encabezaron la mayor migración entre 1990 y 2010. Por otro lado, se registran en algunos municipios el cobro a las familias receptoras de remesas por parte del narco, o su condicionamiento para la compra de armas y municiones. En otras palabras, las remesas también financian al narco.

Violencia incontrolable en la zona fronteriza de Chiapas

Compartimos la siguiente petición e información sobre el constante aumento de la violencia en la zona de Frontera Comalapa por la disputa del territorio entre el crimen organizado en Chiapas

Petición: Detengamos la barbarie en Chiapas

El estado de Chiapas lleva años, envuelto en una espiral de violencia creciente que se ha recrudecido de manera alarmante en los últimos días. Las causas no pueden atribuirse únicamente a la pobreza, la exclusión, la desigualdad y la injusticia endémicas que han caracterizado a la entidad a lo largo de toda su historia. 

Lamentablemente, por su ubicación geográfica y por el aislamiento en el que Chiapas vivió por años, la presencia del crimen organizado en el estado no es nueva. Desde hace décadas, se trafica de todo, desde personas hasta armas y drogas. Por años, estos fenómenos operaron sin mayores daños para la población local aunque ciertamente las consecuencias de los delitos han ido penetrando lentamente el tejido social comunitario. Sin embargo, en los años recientes la disputa territorial entre diferentes grupos delincuenciales ha derivado en una escalada alarmante de la violencia y la inseguridad que hoy tiene su escenario más dramático en los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria, Amatenango de la Frontera, entre otros ubicados en la región.

La falta de respuesta institucional tiene que ver con la ambición desenfrenada y la corrupción de muchas autoridades que, concentradas en mantener su poder político o incluso acrecentarlo, han dejado abandonada a su suerte a una población que se debate entre los fuegos de los grupos delicitivos rivales. Esta situación, aunada al alarmante aumento del tráfico de armas en todo el estado, con la consecuente proliferación de grupos armados de todo tipo, ha convertido a nuestra entidad en tierra de nadie, donde el diálogo y la negociación han sido cruelmente desplazados por la fuerza de las balas.

La zona fronteriza con Guatemala es hoy la manifestación más aguda de la situación de violencia e inseguridad que se padece en Chiapas pero desgraciadamente no es la única. En toda la entidad ha crecido aceleradamente el tráfico ilegal de todo tipo. En los últimos años, diversos grupos, presumiblemente células del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa, se han apoderado de territorios completos a los que dominan a través del terror, las amenazas, las extorsiones, las desapariciones, la muerte.  Existen otros grupos armados que se mueven desde la frontera y en regiones como Teopisca, San Cristóbal, San Juan Chamula, hacia los Altos y Norte de la entidad. Ante la total inacción de las autoridades, todos estos grupos han ido ganando poder y territorio, en medio de una violencia nunca antes vista en nuestro estado.  Aunque la crisis se concentra en tres regiones de la entidad (Frontera, Sierra y Centro), las repercusiones se padecen en todo el estado. 

Una muestra de la violencia generalizada en otras regiones del estado ocurrió apenas la noche del viernes 2 de junio, cuando un grupo armado presumiblemente proveniente desde Santa Martha, Chenalhó, atacó a balazos a desplazados de dicha comunidad que se encuentran refugiados desde octubre de 2022 en la comunidad de Polhó, en el mismo municipio, con un saldo, hasta ahora, de 7 muertos y 3 heridos. Al momento de redactar el presente pronunciamiento, no se tenía mayor información.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la situación más alarmante está ubicada en la Zona Fronteriza. Desde el 25 de mayo pasado, la violencia se ha desbordado particularmente en el municipio de Frontera Comalapa,  a raíz de los enfrentamientos entre grupos antagónicos presumiblemente del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa, principalmente en las proximidades de las comunidades Nueva Independencia (conocida como Lajerío) y Candelaria. Aunque no se tienen cifras precisas, se habla de entre 3,500 y 4 mil personas desplazadas, con un número indeterminado de heridos, desaparecidos y muertos. Durante varios días, no se hizo presente autoridad alguna por lo que la población se defendió como pudo. Finalmente, el 31 de mayo el Ejército Mexicano logró ingresar al municipio, después de enfrentar la resistencia de pobladores del ejido Joaquín Miguel Gutiérrez, mejor conocido como Quespala. A cuenta gotas, algunos pobladores han iniciado el retorno a sus hogares. La situación es de gran incertidumbre y miedo.

Ante este panorama, exigimos:

1. La presencia de las instituciones encargadas de la seguridad de la población: Ejército, Marina, Guardia Nacional, Fiscalías estatal y federal, para restablecer el orden y realizar las investigaciones de rigor que determinen la magnitud de los daños causados y su reparación. 

2. La atención integral a la población en situación de desplazamiento forzado, que debe incluir garantías para un retorno seguro. La gente merce vivir sin temor a perder a sus seres queridos y a ver arrebatado el patrimonio de toda una vida.

3.  La implementación de las medidas necesarias para el restablecimiento de la paz permanente en toda la región fronteriza, para lo cual es indispensable proceder, en la forma que se requiera, contra los grupos delincuenciales que han afectado gravemente la vida de la población. Sin embargo, el esfuerzo será inútil  si el resto del estado sigue atrapado en una espiral de violencia sin fin. Exigimos que el restablecimiento de la paz se haga extensivo a todo Chiapas.

4. El reconocimiento de parte de las autoridades estatales y federales de la grave situación que se vive en la entidad. Seguir con el discurso negacionista que pretende aparentar que todo está bien y que los innegables hechos de violencia son brotes aislados, no sólo es profundamente irresponsable sino una falta de respeto a las y los chiapanecos que día con día constatamos la violencia y la descomposición social acelerada. Pero además, la insistencia en negar la gravedad de la situación pone en altísimo riesgo a la población, como lo demuestran los hechos ocurridos en Chenalhó y en la Zona Fronteriza, que se vienen denunciando desde hace meses y ante los cuales, las autoridades han sido absolutamente omisas.

5. La aplicación irrestricta de la ley, que significa, entre otras cosas, poner fin definitivo a la complicidad de muchos políticos con el crimen organizado. Es un verdadero insulto para las y los chiapanecos que conocidos miembros de la clase política chiapaneca, ampliamiente sabidos sus lazos con la delincuencia o ellos mismos delincuentes, aspiren a cargos de elección popular como la gubernatura o la presidencia de la República.

Nos negamos a ser testigos mudos de la destrucción social, económica, política, ambiental y cultural de nuestro estado. Ya se dejó crecer la pudredumbre por demasiado tiempo. 

¡BASTA DE BARBARIE! ¡BASTA DE LA INACCIÓN DEL ESTADO MEXICANO! ¡QUEREMOS UN CHIAPAS CON PAZ DURADERA Y CON JUSTICIA VERDADERA!

Con tortura y homicidios, CJNG y El Maíz controlan Frontera Comalapa

El cártel de Sinaloa disputa territorio

Pobladores aseguran que los obligan a cerrar carreteras

De La Redacción

Periódico La Jornada
Lunes 29 de mayo de 2023, p. 30

Junto con el cártel Jalisco Nueva generación (CJNG), la agrupación criminal El Maíz tiene sometidos a los pobladores del municipio de Frontera Comalapa, donde suman unos 3 mil desplazados por la violencia; a quienes se niegan a participar en los bloqueos, los matan, desaparecen, secuestran, multan o golpean con tablas, denunciaron habitantes de esa población, situada a 25 kilómetros de la frontera con Guatemala.

Algunos de los que están cerrando caminos son transportistas, vendedores de chicles, boleros, comerciantes; toda la gente que busca ganarse el pan de cada día con el trabajo más sencillo está sujeta a esta agrupación, acusaron.

Bajo amenazas, miedo y temor, todos están así, presionados. Así está Comalapa. Son contados los que están por conciencia; la mayoría del pueblo de Comalapa no participa por voluntad propia, puntualizaron algunos lugareños consultados bajo la condición del anonimato.

Si a los locatarios del mercado les dicen que tienen que cerrar para ir a bloquear deben obedecer; de lo contrario, los multan, los encierran tres días y hasta les quitan los puestos, detallaron.

Contaron que la situación en Comalapa se descompuso hace más de dos años, cuando se escindió un grupo del cártel de Sinaloa y se integró al CJNG.

Luego conformaron El Maíz, ahora temida agrupación, para formar su base social mediante amenazas y presión.

Los enfrentamientos que comenzaron hace dos años son resultado de que el cártel de Sinaloa pretende recuperar el territorio.

Tienen sometidos a los sindicatos de pozoleros, boleros, chicleros, tablajeros, tortilleros, estibadores, etcétera (sólo los maestros y los trabajadores de salud no han sido obligados a sumarse); desde el más chico al más grande están sometidos a esta organización, respaldadas por las cuatro letras, reveló un poblador.

Desde el martes pasado, cuando se iniciaron los más recientes enfrentamientos, en los que según algunos vecinos se usaron hasta drones, la amenaza constante, sobre todo a través de mensajes de WhatsApp, es que ingresarán a la cabecera para capturar a los dirigentes o que habrá reclutamientos forzados.

En respuesta, El Maíz obliga a los ciudadanos a bloquear diferentes puntos y a enfrentar a algún grupo contrario que se acerque por Lajerío o alguna otra comunidad.

Lo menos que le puede pasar a quien se resista a participar es que lo tableen: les bajan los pantalones y con un pedazo de tabla los golpean en las nalgas y hasta que defecan por el dolor, narró un lugareño.

Economía paralizada

Comalapa, gobernado por un concejo municipal presidido por Alejandro Mérida, está tomado por hombres del CJNG-El Maíz, que sin presencia de fuerzas de seguridad pública se mueven a toda velocidad por las calles, en camionetas y con armas de alto poder.

Cuando participan en enfrentamientos utilizan los llamados monstruos, vehículos blindados con gruesas placas de metal.

Los pobladores de Frontera Comalapa aseveraron que las refriegas ocurridas en días recientes han dejado un número indeterminado de muertos y heridos de los dos bandos; se han registrado además cuantiosas pérdidas económicas debido a que los comercios están cerrados, el transporte paralizado y los ciudadanos no pueden trabajar.

Imagen: Agencia EFE

Comunicado ante el aumento de la violencia en Chiapas y la persecución a las personas defensoras de la vida

Comunicado de la Diocesis de San Cristóbal de Las Casas – A 3 de julio de 2022

Imagen: Diocésis de San Cristóbal

Más información:

Por la paz en Chiapas

Compartimos este pronunciamiento de la sociedad civil organizada en San Cristóbal de Las Casas ante el incremento de la violencia e inseguridad en la ciudad – A 7 de marzo 2022 >>Descarga el comunicado en pdf aquí<<

San Cristóbal de Las Casas, Chis, 7 de marzo de 2022.

LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
MTRO. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, Secretario de Gobernación
LIC. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población
DR. RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
LIC. VICTORIA CECILIA FLORES PÉREZ, Secretaria General de Gobierno del Estado de Chiapas

Por este medio las y los abajo firmantes expresamos, una vez más, nuestra profunda preocupación por el contexto de violencia que diariamente enfrentan los pobladores de comunidades enclavadas en los limites municipales entre Aldama y Chenalhó, en el Estado de Chiapas.

Como es de su conocimiento, se trata de un conflicto añejo que en los últimos cuatro años se ha recrudecido significativamente, causando un enorme sufrimiento a pobladores de ambos municipios. Los ataques armados se suceden diariamente, a veces de manera prácticamente ininterrumpida, como lo ha venido documentando el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

La situación de estos dos municipios se inserta en el contexto de violencia generalizada que se ha incrementado dramáticamente en diversas regiones de la entidad. Al de Chenalhó y Aldama se agregan los casos de Pantelhó, Oxchuc, Chalchihuitán, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Chamula, El Bosque, Simojovel, Altamirano, Socoltenango, Ocosingo, Palenque, Chilón, Venustiano Carranza, Tila, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Las Margaritas, Chapultenango y Amatán. La lista de episodios violentos, enfrentamientos, asesinatos, desapariciones, crece día con día en todo el estado, como expresión de una clara, acelerada y, al parecer, incontrolable descomposición social. Llama especialmente la atención la gran cantidad de armas, muchas de alto poder y de uso exclusivo del Ejército, que circulan por todo el territorio chiapaneco, sin que ninguna autoridad intervenga para detener el flujo. Asimismo, es evidente la presencia de diversos grupos delincuenciales, algunos de relevancia nacional, que operan en la más absoluta impunidad.

No se trata, pues, sólo de conflictos agrarios intra e intercomunitarios que por sí mismos merecerian una estrategia de intervención inmediata por parte de las autoridades correspondientes. Mirarlo desde esta perspectiva es reducir de manera irresponsable la magnitud del problema. Estamos hablando de una abierta disputa por el control territorial, en la que confluyen intereses de todo tipo, y cuyas terribles consecuencias hemos visto en otros estados de la República.2

Ante esta terrible realidad no se vislumbra estrategia de intervención alguna por parte de las autoridades correspondientes en los tres niveles de gobierno. ¿Están rebasadas? ¿Hay incompetencia? ¿Complicidad? ¿Se trata de rivalidad política y fuego amigo que está convirtiendo a Chiapas en un campo de batalla? ¿Hasta dónde tiene que llegar la situación?

Por otro lado, a la violencia cotidiana y creciente, se agrega la emergencia alimentaria y de salud que se ha extendido a toda la región y que vulnerabiliza aún más a la población. Miles de chiapanecos y chiapanecas, principalmente de comunidades indígenas, padecen hambre y desnutrición en diversos grados. Los servicios de salud, cuando los hay, son insuficientes y deficientes, pues no se cuenta con el cuadro básico de medicamentos ni la atención mínima necesaria en personal y equipo médico. En muchos casos, este tipo de servicios son inexistentes o inaccesibles. Se incumple con ello el derecho humano a la alimentación y a la salud.

Chiapas se acerca peligrosa y rápidamente a un punto sin retorno. Las vidas y los derechos de miles de chiapanecos y chiapanecas están en gravísimo riesgo. Conocemos muy bien lo que puede ocurrir si no se toman medidas urgentes para detener la espiral de violencia. Lastimosamente lo hemos visto desde hace tiempo en Tamaulipas, Zacatecas, Michoacán, Veracruz, Guerrero, Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, Morelos, Estado de México.

En estos años de seguimiento a diversos conflictos en la entidad hemos aprendido que las buenas intenciones son muy importantes pero insuficientes. Se requiere de una estrategia integral de intervención que abarque desde una hoja de ruta clara y consensuada hasta la definición de instituciones, funcionarios y presupuestos específicos para implementarla así como mecanismos de información oportunos.

Entre las acciones que consideramos necesario implementar, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil, proponemos: un encuentro de emergencia y distensión que siente las bases para procesos de reconciliación; una mesa extraordinaria de diálogo cuya agenda de trabajo incluya los temas que más inquietan a la sociedad; un encuentro de víctimas, en donde se escuche la voz de quienes han sufrido la violencia en carne propia; la conformación de una misión de observación y seguimiento para los casos más graves; la creación de grupos de mediación que faciliten la comunicación, el diálogo y la reconciliación; la participación de organismos de defensa de los derechos humanos, nacionales e internacionales en todos los casos que sea necesaria.

La sociedad en su conjunto merece respuestas de largo alcance pero aún más las merecen quienes, como los habitantes de muchas comunidades indígenas en Chiapas, sufren de manera directa y cotidiana una violencia que supera nuestros peores pronósticos. No actuar de inmediato implica en los hechos sentenciar a nuestro estado al horror que se vive en tantas partes del país. La inacción no sólo es inaceptable. Llegaría a ser criminal

>>Descarga el comunicado en pdf aquí<<

Imagen: Heraldo de Chiapas

Más información:

De la violencia endógena a la violencia macrodelincuencial en la Montaña de Guerrero

Compartimos este artículo de Tlachinollan publicado en Sin Embargo – A 14 de octubre de 2020

Pasan los días y las noches sin que las y los indígenas desaparecidos vuelvan a sus casas, al contrario, la violencia delincuencial continúa. Las desapariciones y asesinatos siguen marcando la historia de México. Muchas personas desaparecidas fueron truncadas de sus sueños, unas forman parte de las estadísticas de cuerpos que yacen en las barrancas, en los cerros y fosas clandestinas.

A propósito, el pasado miércoles 7 de octubre del año en curso Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), presentó un informe histórico de 2006 a septiembre de 2020 del Registro Nacional de Fosas Clandestinas donde existen 4 mil fosas y 6 mil 900 cuerpos exhumados en el país. Destacar que Guerrero ocupa uno de los primeros lugares con 383 fosas clandestinas y 563 cuerpos exhumados. Mientras que, con el gobierno actual, durante las labores de búsquedas, han encontrado “mil 257 fosas clandestinas y se han exhumado mil 957 cuerpos en territorio mexicano. En el caso de Guerrero, Acapulco cuenta con 61 fosas y 33 cuerpos exhumados, detalló.

Estas estadísticas muestran una minúscula parte de la radiografía de la violencia que, sin las historias, memorias de las personas ausentes, sólo serían un cúmulo de números en el tiempo.

La región de la Montaña no sólo es permeada por la violencia macrodelincuencial sino, además, la pobreza extrema que sufren las comunidades indígenas por falta de viviendas, salud, educación; el aumento con un registro de siete muertes maternas, seis feminicidios y muertes infantiles en esta región. Una violencia que es invisible, pero que provoca muerte de personas y afecta la vida.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan cuenta con un registro de 32 personas desaparecidas tan solo de 2018 a 2020. Del 2019 a la fecha, la Comisión Nacional de Búsquedas de Personas (CNB), la Fiscalía General del estado de Guerrero, la Comisión Estatal de Personas Desaparecidas, el Colectivo Luciérnaga (integrado por familias de las citadas 32 personas desaparecidas) y Tlachinollan, han realizado aproximadamente cinco búsquedas con resultados alentadores y crueles a la vez para las familias que buscan a sus seres queridos. Fueron 79 hallazgos de restos óseos de personas. Barranca Honda, Colonia Contlaco, Barranca 7 Cueros y Colonia el Ahuaje, Los Tres Postes son lugares donde cayeron las sombras del crimen para enterrar esas 79 historias, en una ocasión se encontró a una familia de cuatro integrantes en una fosa clandestina.

Para comprender la radiografía de la violencia en esta región inhóspita de Guerrero es importante dar el contexto en el que se inscriben las funestas desapariciones y los asesinatos. En un primer momento podríamos citar la violencia endógena en las comunidades, que se expresa por los ajustes de cuentas internas o rencillas personales. El olvido por parte de las autoridades y órganos de procuración justicia para prevenir los delitos, en el marco de múltiples agravios, la gente no le queda más que hacer justicia por propia mano. Este fenómeno de la violencia se da en varias comunidades de la región de la Montaña sean Na Savi, Me’phaa o nahuas. Por ejemplo, el municipio de Copanatoyac, Tlapa, Tlacoapa, Ayutla de los Libres, entre otros, son ilustrativos de la violencia endógena. Las consecuencias se percibían en la desolación de los pueblos, familias desplazadas, con el hambre y sin educación. Digamos que anteriormente esta violencia existía en la región de la Montaña, comenta Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan.

Sin embargo, en una nueva ola de violencia el 11 de diciembre de 2006 (Pereyra: “México: violencia criminal y «guerra contra el narcotráfico», 7 de mayo de 2012: https://bit.ly/34Ge9cX), “una vez que los pactos que tenían con el gobierno priista se disolvieron con el gobierno de transición del PAN, los cárteles de la droga iniciaron una guerra. En los cárteles se dan las escisiones, se generan y se van esparciendo grupos delincuenciales en todo el territorio mexicano. El descontrol es imparable”, en opinión de Vidulfo Rosales. El ex presidente, Felipe Calderón, declara la guerra al narcotráfico, lo que pasaría -sin alguna estrategia militar y sin conocer la capacidad de fuego del enemigo- sería un río de sangre y de lo que Juan Villoro llamaría la realidad esquizofrénica (Paullier: 10 años de la guerra contra el narcotráfico en México: Juan Villoro habla sobre la esquizofrenia del país y por qué “toda bala es una bala perdida”, 11 de diciembre de 2016: https://bbc.in/3dcsjq6). Así empezó todo.

En este marco referencial de la violencia, Guerrero no será la excepción. La guerra entre los grupos de la delincuencia es sin cuartel. Poco a poco empiezan a ingresar a grandes centros de poblaciones de la Montaña. Uno de los primeros municipios azotado por la violencia sería Chilapa, varias de sus comunidades ya sembraban y cultivaban la amapola y la mariguana; una actividad que los campesinos hacían desde hace tiempo, pero aún no había un involucramiento entre los productores y la maquinaria delincuencial.

Para Vidulfo Rosales “los años 2006, 2008 y 2009 empezará a entrar la delincuencia a Chilapa, que colinda con comunidades del municipio de Atlixtac y de Acatepec de la región de la Montaña alta. En estos espacios, por ejemplo, la delincuencia organizada controla la venta y la compra de la amapola. Fue, entonces, que sin querer el campesino se enganchó en esa ola delincuencial, obviamente para estos momentos se va centrando la violencia en estos lugares”.

Rosales Sierra, continúa, parecía que Tlapa por la tradición de lucha, siendo que fue donde nació el magisterio democrático de Guerrero en los años 70 y 80, y movimientos importantes como el de Othón Salazar Ramírez, la lucha de Genaro Vázquez Rojas que se concentró en muchas comunidades de la región. Todas esas ideas de luchas sociales, la lucha por los derechos de los pueblos indígenas como la policía comunitaria que pugna por un cambio social, de mejoras de vida en las familias, esto, por tanto, fue en cierta medida la contención de la violencia, por eso Tlapa y sus comunidades, tarda un poco más en llegar.

Pero los enfrentamientos entre grupos delincuenciales fueron arreciendo en Chilapa. La presencia policial y militar aumentó, así la violencia se dispersó hacía Tlapa. La ruta de trasiego de la droga era Chilapa, Chilpancingo, Iguala, hacia norte del país hasta llegar a Estados Unidos, complicado por las confrontaciones entre grupos delictivos con los asesinato y desapariciones de personas a la luz del día desde 2015 al 2018, en su máximo apogeo. Ante una ruta de trasiego bastante minada y no costeable para la empresa delincuencial, se bifurca una nueva ruta que va a ser Tlapa, Huamuxtitlán, Puebla, Veracruz y de ahí hacía Estados Unidos. Tlapa adquiere importancia como una “plaza” para los grupos delictivos y como consecuencia natural, se agudiza la violencia.

En el año 2010 y 2011 estuvo un jefe de la “plaza” en Tlapa sumamente violento, sanguinario, donde se registraron los primeros asesinatos. Más tarde fue detenido y todo el grupo que operaba fue aniquilado, las cosas se tranquilizaron por un espacio de unos meses.

Después volvió a cobrar vigencia la violencia por otro jefe de “plaza” que no era muy visible, pero mucho más violento porque se empezó a darse un fenómeno que no se había presentado: la desaparición forzada. En el 2017 se registraron muchos asesinatos, secuestros, levantones -como se conocen en argot delictivo- y desapariciones forzadas, se escucha entre dientes de la vox populi en Tlapa.

En Tlachinollan, sobre todo en 2018, empezamos a registrar un repunte de desapariciones forzadas y de secuestro a la orden del día. En 2019 fue el pico, se llegaron a contabilizar más de 70 asesinatos y más de 24 desapariciones. Abundaban los secuestros, de 4 o 5 personas por semana, uno al día.

Recordaremos, dice Vidulfo Rosales, que una vecina, frente a las instalaciones de Tlachinollan, fue privada de su libertad, desaparecida por un grupo armado. Estamos a una cuadra del Ayuntamiento Municipal, donde está la policía preventiva, a otra cuadra la policía ministerial, sin embargo, resulta increíble que un grupo delictivo viniera eso de las 14:00 horas enfrente de la oficina, a plena luz del día. Nadie dijo nada. Eso nos habla de la impunidad que este grupo gozaba y de su connivencia con las autoridades en Tlapa.

La radiografía completa de la violencia se va a tener en el 2019 cuando desaparecen Arnulfo Cerón Soriano. Es cuando la delincuencia se mete con la lucha social, toca a los luchadores sociales y agrede a los defensores de derechos humanos. La desaparición de Arnulfo fue vista como una amenaza a los defensores en la región y en el país. Las organizaciones de derechos humanos siguen condenando este hecho exigiendo justicia y castigo a los culpables.

Nos dimos cuenta cómo operaba la maquinaria de la delincuencia con el Ayuntamiento, con las policías municipales, otros cuerpos de seguridad: un modus operandi para privar de la libertad a las personas, asesinarlas, utilizar máquinas pesadas para cavar fosas clandestinas y enterrar cuerpos a gran profundidad. Muy difícil es la búsqueda de personas. En el caso de Arnulfo Cerón fueron los perpetradores quienes dijeron cuál era el paradero y así se encontró.

Esa es la radiografía de la violencia que se vive en la Montaña, con el caso de Arnulfo se vino a frenar de manera temporal, pero aún continua porque son grupos económicos, grupos de comerciantes, de políticos, policiacos y militares involucrados. Entendemos que es como una empresa criminal, que a muchos actores les reditúa y se ven beneficiados por este tipo de negocio que tiene que ver con el secuestro, la extorsión, el cobro de piso, lavado de dinero, venta de droga, robo de carros. La red criminal sigue intacta y por lo mismo el negocio de la macrocriminalidad continúa. El caso Ayotzinapa, con la desaparición de 43 estudiantes, está ilustrando claramente la red de la macrocriminalidad.

Lo preocupante de todo es que al parecer el gobierno del estado de Guerrero no está interesado en desmantelar las redes criminales, formados por políticos, diputados, regidores, presidentes municipales, etcétera.

Es menester mencionar la coyuntura del caso de Arnulfo Cerón para que las autoridades en Tlapa implementen una serie de medidas de prevención para evitar que de nueva cuenta se reposicione el crimen organizado, no obstante, es complicado si las mismas autoridades locales cuestionan que se defienda a un defensor de derechos humanos, desaparecido y asesinado, pero ese cuestionamiento justifica la continuidad de la violencia por crimen organizado.

El gobierno de la cuarta transformación, además de los programas sociales que está implementando para mejorar la condición económica de las personas, tiene que enfrentar a clases políticas, encarcelar a empresarios, diputados, comerciantes de mucho poder económico. Romper la red criminal y los pactos de silencio, debería ser la apuesta. En otras palabras, se tiene que tocar este modelo económico, hay que llegar al banquero que lava el dinero y al empresario que está metido en actividades ilícitas. De lo contrario, puede existir la voluntad de cambiar el estado de cosas, pero será difícil sin desmantelar a los grupos de la delincuencia. Pensando que la apuesta es que la gente tenga acceso a los satisfactores alimentarios, de vivienda, educación para resolver el tema de la violencia podría ser un desatino, sobre todo, considerando que la violencia es visto como un negocio lucrativo del cual no se puede prescindir tan fácil. Por tanto, el sentido común presupone romper con un modelo económico capitalista porque el lastre de la violencia fluye en sus rutas y así sobrevive. Este gobierno le falta mucho. Si sólo revisamos cuando entró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había aproximadamente 35 mil desaparecidos y a la fecha aumentó a 70 mil desaparecidos. Es alarmante la situación tanto que se cataloga como una crisis de derechos humanos o una crisis humanitaria en México.

El México de las fosas clandestinas

El día miércoles 7 de octubre de 2020, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en la presentación del informe histórico de 2006 al 30 de septiembre del 2020 sobre el Registro Nacional de Fosas Clandestinas, señaló que existe un “total 4 mil 092 fosas en todo el país, con un total de 6 mil 900 cuerpos exhumados. Las entidades con mayor número de fosas clandestinas son: Veracruz, con 504 (12.32% del total nacional); Tamaulipas, con 455 (11.12 por ciento); Guerrero, con 383 fosas (9.36%); Sinaloa, con 354 (8.65%); Zacatecas, con 331 (8.09%). En cuanto a los estados con mayor número de cuerpos exhumados de fosas clandestinas, Jalisco ocupa el primer lugar, con 897; y Sinaloa, en tercer sitio, con 613; seguido de Chihuahua, con 595; y, Guerrero, con 563.” (Transmisión en vivo en la mañanera presidencial:https://youtu.be/a904uDYTLbc)

En el gobierno de la cuarta transformación “se han intensificado las labores de búsqueda”, con un registro de “mil 257 fosas clandestinas (30.7 por ciento del total histórico) y se han exhumado mil 957 cuerpos (28.3 por ciento del 2006 a la fecha); de los exhumados en el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2020 hay 806 cuerpos han sido identificados (41.18 por ciento) y 449 fueron cuerpos entregados a familiares (22.94% del total). Así, los municipios con mayor número de fosas clandestinas, localizadas del 1 de diciembre del 2018 al 30 de septiembre del 2020, se encuentran: Tecomán, Colima, con 96 fosas y 164 cuerpos exhumados; seguido por Úrsulo Galván, en Veracruz, con 75 fosas y 17 cuerpos exhumados. Mientras que en tercer lugar se encuentra Ahome, Sinaloa, con 63 fosas y 100 cuerpos exhumados (5.41% del total nacional); Acapulco, Guerrero, con 61 fosas y 33 cuerpos exhumados; en quinto sitio está Mazatlán, Sinaloa, con 48 fosas y 101 cuerpos exhumados (5.46 por ciento del total del país).” (Ibid: https://youtu.be/a904uDYTLbc)

Además, Encinas Rodríguez informó “que el registro histórico señala que del 2006 a la fecha se han reportado un total de 77 mil 171 personas reportadas como desaparecidas, de las cuales 18 se han acreditado durante los últimos dos años”.

Publicado originalmente en Tlachinollan

La violencia contra las mujeres crece en abril: 335 son asesinadas y suben 44% las llamadas al 911

Compartimos esta nota publicada en Sin Embargo sobre el preocupante incremento dela violencia hacia las mujeres en México durante la pandemia por Covid-19 – A 25 de mayo de 2020

En el primer mes de la cuarentena se perpetraron 335 asesinatos de mujeres, de los cuales, sólo 68 fueron clasificados por las autoridades como feminicidios. Las llamadas al 911 relacionadas a violencia contra la mujer registraron en abril un descenso mensual, pero aún así, las cifras se mantienen muy por encima en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).- Al menos 335 mujeres fueron asesinadas en México durante el mes de abril –267 homicidios dolosos y 68 feminicidios–, lo que representa un alza de 1.57 por ciento con respecto a marzo pasado que tuvo 330 asesinatos en total, de acuerdo a las cifras que emite el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Mientras que en el periodo de enero a abril se contabilizaron 1 mil 295 asesinatos de mujeres: 987 homicidios dolosos y 308 feminicidios. El número de asesinatos es 8.91 por ciento superior al del mismo periodo de 2019, que reporta en total 1 mil 189 asesinatos, de los cuales solo 305 fueron clasificados como feminicidios y 884 homicidios dolosos.

Los estados con el mayor número de asesinatos perpetrados en abril son: Guanajuato con 180 (172 homicidios dolosos y 8 feminicidios); Estado de México, 133 (95 homicidios dolosos y 35 feminicidios); Chihuahua, 91 (84 homicidios dolosos y 7 feminicidios); Michoacán, 88 (82 homicidios dolosos y 6 feminicidios), y Baja California, 81 (70 homicidios dolosos y 11 feminicidios).

Con un total de 11 casos, el secuestro de mujeres disminuyó en abril; uno menos que en marzo pasado (13)  y 23 secuestros menos que abril de 2019 (35).

De enero a abril se contabilizaron 1 mil 295 asesinatos de mujeres, el número es 8.91% superior al del mismo periodo de 2019.  Mujeres se han manifestado, constantemente por el alza de feminicidios. Foto: Sugeyry Romina Gándara, SinEmbargo.

Las denuncias interpuestas por violencia familiar –incluye tanto mujeres y hombres– registraron una caída mensual de 27.9 por ciento, pues de 20 mil 232 denuncias presentadas en marzo, en abril se registraron 14 mil 591.

En relación al delito de violación, en abril se registraron 304 llamadas al 911, lo que representa un descenso de 23 por ciento contra marzo, que registró 395 reportes telefónicos.

En los primeros cuatro meses de 2020 se realizaron al menos 1 mil 291 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violación, cifra superior en 8.39 por ciento con respecto al mismo periodo de 2019.

VIOLENCIA GÉNERO

Las llamadas de emergencia al 911 relacionadas con violencia contra la mujer presentaron una reducción mensual en abril, al registrarse 21 mil 722 avisos telefónicos contra las 26 mil 171 de marzo; sin embargo, la cifra de abril aún es superior (44 por ciento) en comparación con el mismo periodo del año pasado que registró 15 mil 84 llamadas de auxilio.

Este tipo de reportes telefónicos – aunque no son denuncias penales, también dan cuenta de la violencia contra las mujeres en el país– se dispararon desde inicios de año y se han mantenido por encima.

En enero las denuncias al 911 crecieron 52.50 por ciento, si se comparan con el mismo mes del año anterior, pues pasaron de 12 mil 579 en 2019, a 19 mil 183 en el primer mes de 2020, de acuerdo a cifras oficiales.

Y por cuatrimestre (enero-abril) se contabilizan al menos 88 mil 803 llamadas de violencia contra la mujer, es decir, 53.16 por ciento más que en el mismo periodo de 2019, que registra 57 mil 980 alertas.

Los estados con la mayor tasa de número de avisos telefónicos sobre violencia contra la mujer: Chihuahua, 735.3 llamadas por cada cien mil mujeres; Ciudad de México, 282; Coahuila, 215; Hidalgo, 201.4 y Querétaro con 197.2.

Activistas y expertas en el tema han señalado previamente que el incremento registrado desde inicios de año, en comparación con las llamadas realizadas en 2019, puede ser por diversos factores, desde el mayor conocimiento de las líneas de emergencia, así como las protestas y manifestaciones que se gestaron desde el año anterior.

Elena Azaola Garrido, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), consideró en una entrevista previa con SinEmbargo que hay que tomar en cuenta que los reportes al 911 pueden haber aumentado, sí por violencia, pero también porque el 911 es un número relativamente reciente, “puede ser que apenas se difunde y por eso se incrementa los reportes”.

La experta comentó que si bien, para analizar el aumento de denuncias hay varios aspectos a cotejar, sí coincidió en que podría haber una relación con las protestas: “yo creo que sí, que indudablemente todo este hablar del tema y todas estas protestas ciertamente han colocado este tema en un primer orden y debate público y hay más conciencia. Sí creo que las protestas han contribuido a que haya más atención sobre el tema, y a que se denuncie más”.

El pasado 15 de mayo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “el 90 por ciento” de las llamadas sobre maltrato eran falsas. “La mayor parte son falsas”, dijo en conferencia matutina. Las declaraciones del mandatario estatal generaron críticas y reproche por parte de colectivas feminista y organizaciones especializadas en la violencia de género.

Protestas contra la violencia hacia las mujeres. Foto: Sugeyry Gándara, SinEmbargo.

PETICIONES DE REFUGIO CRECEN

El número de solicitudes para refugio temporal de mujeres violentadas se disparó 50 por ciento durante el confinamiento por la COVID-19; en tanto que las llamadas para pedir asesoría, atención y los acompañamientos personales por casos de violencia crecieron 77 por ciento, reportó la Red Nacional de Refugio A.C (RNR)

Wendy Figueroa Morales, directora de la RNR, explicó que tan sólo del 17 de marzo al 17 de mayo, la organización ha atendido a 11 mil 131 mujeres, niñas y niños (desde la vía telefónica, redes sociales, y de forma personal en los 69 espacios de atención, protección y prevención a nivel nacional). Esta cifra representa un incremento del 70 por ciento, en comparación al mismo periodo del año 2019.

Del total, 6 mil 978 víctimas –el 65.16 por ciento mujeres y 34.88 por ciento niñas y niños– recibieron acompañamiento personal en los Refugios y sus Centros de Atención Externa, Casas de Emergencia y de Transición integrantes de la Red Nacional de Refugios.

Imagen: Galo Cañas, Cuartoscuro.

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