Más de 300 recomendaciones a México por crisis en derechos humanos

Compartimos esta nota de AvispaMidia en relación con la gran ola de violencia y crisis en derechos humanos de vive Chiapas – A 21 de octubre del 2024

PorJeny Pascacio

El Colectivo EPU Mx llamó a las autoridades en Chiapas, sur de México, a priorizar la implementación de recomendaciones en materia de desaparición forzada, militarización, desplazamiento forzado, movilidad humana y violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas, que fueron dirigidas a México en el Examen Periódico Universal (EPU).

El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para revisar el desempeño de los países en la implementación de sus compromisos internacionales en derechos humanos, en el caso de México a cada cuatro años y medio. 

En julio de este 2024, se emitieron 318 recomendaciones del EPU, realizadas por 115 países, de las cuales México aceptó 304 y “tomó nota” de 14. Este número es mayor al pasado EPU (2019), donde se emitieron 264 sugerencias.

Para Mario Andrés Hurtado, representante del Espacio Organizaciones de la Sociedad Civil, esto puede tener distintas interpretaciones como la inclusión de temas como el desplazamiento forzado, que hasta el 2019 el Estado mexicano lo adoptó como un problema público. 

Hurtado fue parte del conversatorio titulado “Implementación de las Recomendaciones Internacionales en Materia de Derechos Humanos del Examen Periódico Universal en Chiapas: Retos y Oportunidades a Nivel Estatal”, llevado a San Cristóbal de Las Casas por el Colectivo EPU Mx. 

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Este colectivo está integrado por 300 organizaciones nacionales e internacionales que presentaron informes en el marco del 4o Examen Periódico Universal de México (EPU), para dar un amplio diagnóstico sobre la situación general de derechos humanos en el país, mismos que detallaron el contexto de Chiapas debido a la violencia por enfrentamientos entre cárteles del crimen organizado. 

Chiapas, sin registros oficiales de personas desplazadas 

El desplazamiento forzado interno es un problema grave en México. Cada año miles de personas se ven obligadas a dejar sus hogares a consecuencia de la violencia, los desastres naturales, desalojos forzados o explotación de los recursos. 

Sin embargo no existe desde el Estado mexicano un compromiso por diagnosticar adecuadamente la situación, mencionó Mario Ortega, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). “Lo que incluye que a la fecha no existen registros oficiales sobre el número de víctimas del desplazamiento forzado en nuestro país”.

Los números que en la actualidad se manejan son estimaciones de la sociedad civil y la academia. Por mencionar el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno estima que en México se han desplazado 392,000 personas entre 2008 y 2023 por situaciones de violencia. 

En 2021, miles de personas en la región de los Altos de Chiapas se vieron obligadas a desplazarse forzadamente de sus comunidades debido a la violencia de grupos civiles armados. Foto: Frayba

“Con preocupación observamos que el común en los casos de desplazamiento es la inacción estatal para prevenir y proporcionar atención humanitaria y reparar a las víctimas”.

Para las organizaciones, los deberes del Estado no deberían estar en duda, pues el desplazamiento forzado interno vulnera una gran esfera de derechos, entre ellos la libre circulación, la vivienda, el libre desarrollo, la seguridad, la alimentación y un largo etcétera.

Incluso la Ley General de Víctimas estipula derechos específicos y prioridades de atención en las personas desplazadas internas como el acceso a medidas de ayuda inmediata, alojamiento, alimentación, a servicios médicos y psicológicos, entre otros.

En este punto, Ortega hizo hincapié en la falta de voluntad política y posturas oficiales que pretenden invisibilizar el fenómeno, aunado a la ausencia de conocimientos sobre DDHH por parte de funcionarios responsables de la atención y la carencia de procedimientos adecuados a las especificidades del desplazamiento forzado interno.

“En la mayoría de las ocasiones no hay una respuesta a la emergencia humanitaria máxime si no existe una presión mediática o de instancias internacionales. En los casos donde se ha logrado algún tipo de atención humanitaria podríamos decir que no existen procedimientos homologados y adecuados, ni garantías de qué esta atención sea permanente”.

El Estado aún se niega a levantar los registros de las personas desplazadas lo que es una condición básica para que sigan las medidas adecuadas, incluso si logran retornar, especificó Ortega.

Hasta ahora no existe un tipo penal a nivel federal y en el estado de Chiapas que castigue el delito de desplazamiento forzado, “lo que sería una medida necesaria para combatir la impunidad y evitar por ende la repetición”, especificó Ortega.

El número de desaparecidos puede ser mayor 

En este conversatorio, Jorge Hernández, de Serapaz, dijo que 40 delegaciones emitieron 43 recomendaciones en el EPU en materia de personas desaparecidas, principalmente en temas de investigación, judicialización, aplicación del  marco constitucional y legislativo, y desaparición de mujeres. 

De las 116,482 personas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), hasta octubre de 2024, al menos 1,328 se han reportado en Chiapas. En la actualidad Tapachula encabeza la lista, le sigue Tuxtla Gutiérrez y Frontera Comalapa. 

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En los municipios mencionados, las propias organizaciones han denunciado un incremento de la violencia criminal en los últimos tres años, lo que dificulta el acceso para la documentación y hace proliferar el temor en las familias de víctimas de denunciar ante las autoridades o buscar a sus familiares públicamente. Por lo que la cifra real de personas desaparecidas podría ser mayor. 

De acuerdo a la documentación del Frayba, los grupos poblacionales afectados por esta situación son las mujeres, además de niñas, niños y adolescentes (NNA). Por ejemplo, Melel Xojobal AC y Redias documentaron de 2020 al 30 de junio de 2024 un total de 2,350 desapariciones sólo de NNA en Chiapas, siendo el 70% adolescentes mujeres. 

Cassandra, de 18 años, fue desaparecida por un grupo armado durante la boda de su mamá.

Jorge Hernández explicó que también hay particularidades como la desaparición de personas migrantes y solicitantes de refugio, que se suman a las desapariciones en el marco de la violencia extrema en regiones la Frontera, Sierra, Costa, Frailesca y Centro. 

“No siempre se denuncia por temor a las consecuencias de tocar intereses económicos y políticos detrás de las desapariciones… y al tener un subregistro de desapariciones, las cifras esconden la dimensión de la problemática y son usadas por las autoridades para minimizar o negar la situación”, sostuvo Hernández.

En este tenor es necesario, dijo, que la Comisión Estatal de Búsqueda fortalezca los mecanismos de comunicación y registro. También está pendiente el desarrollo de todo el andamiaje necesario para la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, de la desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

“Se requiere asegurar los suficientes recursos estructurales, operativos y económicos para su buen funcionamiento”, así también crear el Consejo Estatal Ciudadano que es fundamental para garantizar la voz de las familias de víctimas en las estrategias contra las desapariciones del Estado. 

Migración, militarización y violencia

En cuanto a la migración, México recibió 29 recomendaciones del EPU, aceptó 26 y “tomó nota” sobre tres. Las 26 que son aceptadas tienen que ver con investigación, sanción de delitos y violaciones graves de derechos humanos cometidas contra personas migrantes. 

Mientras que las tres restantes son fundamentales para transitar de una política migratoria que está basada en la securitización de la frontera hacia una política de integración social y acceso a los derechos de las personas migrantes, dijo Yuridia Salvador del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Frayma).

Una de ellas fue hecha por Nueva Zelanda para retirar progresivamente a las Fuerzas Armadas de las actividades policiales públicas y del control de la migración mediante una transición dirigida por civiles. Un tema que las organizaciones han reiterado desde el 2019 cuando la Guardia Nacional se desplegó por el río Suchiate –que divide a Guatemala de México– y demás municipios fronterizos de Chiapas para contener los flujos migratorios.  

Personal de la Guardia Nacional impide el paso a migrantes en las oficinas del INM en Huixtla, al sur de Chiapas.

Las otras dos recomendaciones son de Brasil y de Kirguistán. Tienen que ver con revisar la Ley de Migración para que la detención sea el último recurso y una excepción, así también eliminar las posiciones que permiten la detención automática de las personas en situación irregular.

La defensora de los derechos humanos destacó que no sólo en el marco del EPU se ha hecho énfasis en el tema de las detenciones migratorias como práctica sistemática, arbitraria y generalizada, también el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, en el informe del 2023 pone énfasis en el tema.  

“No hay otras vías para la regularización migratoria y las personas están en riesgo de detenciones reiteradas”, explica la defensora.Es decir, son detenidas más de una vez y esto se refleja en los números. Por ejemplo el año pasado hubo 440 mil eventos de detenciones, mientras que de enero a julio de 2024 suman 700 mil detenciones; 80 mil corresponden a niñas, niños y adolescentes en albergues del Sistema Nacional DIF (Desarrollo Integral de la Familia).

“En las estaciones migratorias no tienen autonomía de comunicación con el exterior, información adecuada y suficiente; la posibilidad de tomar decisiones, están sometidas al control total de la libertad y esto constituye un entorno carcelario de privación de la libertad”. 

Consideró que para traducir las recomendaciones en una política pública y garantía de derechos, tienen que ser dotadas de presupuesto a las instituciones, mejorar la coordinación entre el Instituto Nacional de Migración (INAMI) y demás autoridades para propiciar una política más respetuosa y de goce efectivo de derecho. 

Nota: Desplazado por crimen organizado se manifiestan durante informe de gobernador de Chiapas

Compartimos esta nota de Chiapas Paralelo sobre la gran ola de violencia que se vive en la zona fronteriza de Chiapas – A 23 de septiembre del 2024

Por Ángeles Mariscal

“Soy de Chicomuselo, sierra madre con Guatemala. No somos zona de guerra, somos pueblo desplazado. Quiero regresar con mi familia a casa. Pedimos rentar y comer, Dios te bendiga Tuxtla. Viva la paz por Chiapas”, fue el mensaje que Juan Carlos Fuentes Alanís alcanzó a escribir en una cartulina que mostró afuera del Congreso de Chiapas, en donde el gobernador Rutilio Escandón entregó su último informe de gobierno.

Llegó con el rostro sudoroso, la ropa desgastada y una mochila al hombro. Sin recursos económicos, emprendió el viaje de cinco días de camino, pidiendo raid, hasta llegar a Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas.

Es originario del municipio de Chicomuselo, uno de los más afectados por la disputa entre dos grupos del crimen organizado; tras el secuestro de tres de sus hermanos por parte de uno de los grupos criminales, el resto de la familia huyó a Guatemala el pasado 19 de julio.

“Le dije yo a mi mamá voy a venir a Tuxtla, si hay una manifestación me voy a poner, porque es necesario que el pueblo sea escuchado”, explicó Juan Carlos. Explicó que en su comunidad, Verapaz, ubicada en los límites entre Chicomuselo y Comalapa, desde hace dos años viven bajo el control de uno de los grupos del crimen organizado.

“De mi comunidad han desaparecido como 40 personas (…) A mis hermanos se los llevaron hace tres meses, cuando los agarraron en el camino que va hacia Amatenango de la Frontera. Se los llevaron porque desobedecieron la orden de no salir, el toque de queda” explicó Juan Carlos.

Dijo que sus hermanos José Alfredo Fuentes de 24 años, Erick Eduardo Fuentes de 35, y Christian Fuentes de 22, salieron de la comunidad con la intención de llegar a Tapachula, porque llevaban varias semanas sin alimento, debido a que por los enfrentamientos entre los dos grupos del crimen organizado, el que tiene el control de su comunidad les impuso un toque de queda.

En el camino sus hermanos fueron secuestrados y su familia amenazada. Por ello decidieron unirse a las cientos de personas que salieron el 19 de julio en caravana hacia Guatemala.

Desde entonces se encuentran en ese país. “Entonces nosotros estamos allá en Guatemala, ya estamos cansados de tanta soledad, tanta tristeza, ya lo que queremos es regresar, buscar a mis hermanos. Mi mamá está muriendo de tristeza”, explicó el poblador.

Dijo que por eso decidió llegar a la capital de Chiapas, y buscar ser escuchado por las autoridades, por el gobernador Rutilio Escandón.

Miles de personas de los municipios de las zonas sierra y fronteriza de Chiapas, han abandonado sus comunidades para salvar la vida, escapar del reclutamiento forzado, y para buscar a sus familiares desaparecidos.

Apenas el pasado domingo, la Pastoral Social de las tres Diócesis de Chiapas dieron a conocer un comunicado donde señalan: “Son miles y se siguen sumando cada día, las víctimas inocentes que cargan sobre sí el tormento de la expulsión, el desalojo, asumiendo la migración y el desplazamiento forzado como única salida para protegerse y salvar a los suyos de una muerte trágica que nadie merece”.

“Ante tal avasallamiento faltan sus familiares, sus bienes, su patrimonio, sus cultivos, sus modos de vida. Se les ha arrebatado tanto que falta hasta el espacio del alma para los duelos ante tanta injusticia y para asimilar los traumas resultantes del ensañamiento sistemático contra su pueblo y sus seres queridos”.

Pidieron a la población ser solidarias con las personas que están en esta condición.

Imagen: Chiapas paralelo

Más información:

Miles marchan pidiendo paz en Chiapas

Les compartimos este comunicado de la Arquidiócesis de Tuxtla y las Diócesis de San Cristóbal y Tapachula leido al final de la peregrinación por la paz que convocaron el pasado viernes 13 de septiembre en Tuxtla Guiterrez – A 13 de septiembre del 2024

Las abejas de acteal: Nos da mucha tristeza, llora nuestro corazón por la violencia que ya es imparable y se ha convertido en un monstruo que devora a toda persona que encuentra a su paso

Les compartimos este comunicado de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal sobre la terrible situación de violencia incontrolable que se vive en Chiapas – A 12 de agosto de 2024

Al Congreso Nacional Indígena

Al Consejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A la Vicaría de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

A los Medios Libres y Alternativos

A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional 

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

A 15 años de la liberación masiva de los paramilitares por la mal llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aquí seguimos, porque somos un pueblo que no olvida. Aquí seguimos las y los sobrevivientes, caminando de la mano con nuestra Mesa Directiva de Las Abejas de Acteal; no nos hemos dejado vender ni manipular por los gobiernos responsables de la Masacre de Acteal ni por los gobiernos actuales que, con su indiferencia y falta de voluntad política, han decidido mantener en la impunidad a los autores intelectuales de la masacre de Acteal.

Las Abejas de Acteal somos una organización con memoria que, a lo largo de casi 27 años desde la masacre de 45 hermanas y hermanos nuestros, más los cuatro bebés no nacidos el 22 de diciembre de 1997, hemos visto cómo este crimen de Estado ha sido objeto de una política de desgaste y de olvido por parte de los mismos gobiernos, quienes buscan dejar impune su propio crimen. Bajo estas políticas, gobiernan y siguen gobernando a México, sin importar el color del partido al que pertenezcan; y no les importan los costos políticos, sociales y económicos que causan, con tal de mantenerse en el poder para saciar sus ambiciones y avaricias.

Nos da mucha tristeza, llora nuestro corazón por la violencia que ya es imparable y se ha convertido en un monstruo que devora a toda persona que encuentra a su paso. Por ejemplo, en esta zona en la que vivimos, el municipio de Pantelhó y las comunidades de Chenalhó que viven en las inmediaciones del primero se han desplazado de manera forzada por los disparos constantes de los grupos armados. Como ya es sabido, el Ejército mexicano y la Guardia Nacional permiten que tales actos ocurran bajo sus propias narices.

Las y los sobrevivientes de Acteal, sobre todo las mujeres que vivieron el terror del ataque de los paramilitares durante aproximadamente seis horas y que vieron caer sin piedad a sus familiares, a los niños y a las mujeres embarazadas, se han enfermado por el pánico y la crisis psicológica. Con esta violencia, el gobierno en turno, en lugar de crear garantías de no repetición de un crimen como el de Acteal, permite a los grupos del crimen organizado mantener aterrorizada a la población, propiciando así el olvido de la Masacre de Acteal, al igual que Ayotzinapa, Tlatlaya, Pasta de Conchos, Aguas Blancas y otros crímenes de Estado cometidos en todo el país.

La decisión de la mal llamada SCJN de liberar a los autores materiales de la Masacre de Acteal, así como la campaña emprendida por los amigos de los paramilitares en 2006, involucrando al Centro de Investigaciones y Docencias Económicas (CIDE), Confraternice, Hugo Eric Flores Cervantes, Héctor Aguilar Camín, Manuel Anzaldo Meneses y con el pacto de Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México en esa época, han hecho que el fruto de su colaboración en la impunidad haya llevado a Chiapas a una guerra civil, tal como lo advirtió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en uno de sus comunicados del año pasado.

Bajo el contexto de oscuridad y muerte que reina en Chiapas, nosotras y nosotros, las guardianas y guardianes de la Memoria y constructoras y constructores de la Justicia y de la Paz, siempre apostaremos por la Esperanza y por la Vida a pesar de la muerte. Sin embargo, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no se pronuncie con el informe de fondo, la violencia, las muertes, los desplazamientos forzados y el terror de día a día van empeorando. No estamos exagerando. En este tenor, insistimos en nombre de las 45 hermanas y hermanos, más los cuatro no nacidos masacrados en Acteal, y en nombre de la sangre que se sigue derramando absurdamente en todo Chiapas y México, solicitamos:

URGENTEMENTE a la CIDH que dicte YA el INFORME DE FONDO del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal), donde responsabilice al Estado mexicano por la Masacre de Acteal y así iniciar la investigación y juicio a los autores intelectuales de dicha masacre, encabezada por Ernesto Zedillo Ponce de León.

Finalmente, reiteramos la invitación a toda la gente a la que también le duele e indigna la impunidad y la violencia a que actuemos levantando la voz y realizando acciones no violentas para exigirles a los tres niveles de gobierno que recuerden que existe una Constitución en nuestro país que les obliga a dar seguridad y proteger a todas y todos los mexicanos. Asimismo, existen tratados internacionales, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se estipulan los derechos de gozar de la paz y de la vida para toda la humanidad.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.

Columna semanal del ODEMCA: ¿Cómo reaccionan los movimientos sociales en Chiapas frente a la violenta coyuntura preelectoral?

Les compartimos este análisis hecho por nuestro compañero Gustavo Castro para la Columna del Observatorio de las Democracias: sur de México y Centroamérica ODEMCA – A 30 de abril del 2024

«Contexto pre electoral y movimientos sociales en Chiapas”

Por Gustavo Castro Soto[i] [ii] (Otros Mundos – Chiapas)

El 2 de junio de 2024 se llevarán a cabo las elecciones para elegir nuevo Presidente de la República, 128 Senadores y 500 diputados. También se elegirán Gubernaturas, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Congresos Locales, Ayuntamientos, Juntas Municipales y Alcaldías. Se elegirán más de 19 mil cargos en total. Entre las entidades que renovarán gobernadores están Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Estas son las elecciones más importantes en la historia reciente de México. Sus resultados tendrán repercusiones fundamentales en la vida del país.

Chiapas está conformado por 24 Distritos Electorales Uninominales, 124 municipios y
2,119 secciones. En Chiapas habrá cambio de Gubernatura y además 875 Regidurías, 24 Diputaciones de Mayoría Relativa, 24 Diputaciones de Mayoría Relativa, 16 Diputaciones de Representación Proporcional, 123 Presidencias Municipales y 123 Sindicaturas de Mayoría Relativa. Se pretenden instalar 6,991 casillas únicas en todo el estado de Chiapas. Si para ello se requieren 9 personas por mesa directiva que incluyen al presidente, dos secretarios, tres escrutadores y tres suplentes generales, significa que se necesitan al menos 62,919 ciudadanos para instalar todas estas casillas. Sin embargo, también podemos prever que muchas de ellas no se instalarán debido a diversos conflictos y la violencia que se vive en la entidad.

En el proceso electoral de 2018, Chiapas ocupó el cuarto lugar a nivel nacional con más participación en las urnas registrando una asistencia del 68.45% de la lista nominal. Sin embargo, ahora la violencia política se incrementa de forma alarmante, especialmente en Baja California, Sonora, Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Chiapas, Tabasco y Veracruz, entre otras entidades.

Con el fin de controlar los territorios, los carteles implementan estrategias que van desde la imposición de candidatos, la financiación de campañas y la corrupción; el impedimento en la instalación de urnas o las amenazas e intimidaciones; el control de los votantes y la votación misma, las campañas de miedo, los asesinatos de candidatos, las amenazas para provocar que los candidatos y candidatas a puestos de elección popular declinen en su participación. Principalmente se enfocan en el primer nivel gobierno, el municipal, donde podrán controlar los territorios directamente. Sin embargo, las amenazas e intimidaciones también se dirigen a candidatos al Senado y a las diputaciones federales. Por ello se reporta que ciudadanos de al menos seis municipios de la Sierra declinaron la invitación para ser funcionarios de casilla, entre ellos están los municipios de Comalapa, Motozintla, Chicomuselo, La Trinitaria, Amatenango de la Frontera y Bejucal de Ocampo. Muchas personas rehuyen a las visitas o invitaciones del INE. Otras fuentes confirman que el 35% de los ciudadanos insaculados para designar a los funcionarios de mesas directivas de casillas no aceptaron participar.

No importa de qué partido político sean los indeseables para el crimen organizado, ya que puede controlar a cualquiera o imponer a sus candidatos con el gorro político que sea. En Chiapas, al menos 12 candidatos del PAN han renunciado a la contienda política, el candidato de La Concordia “se bajó” del proceso electoral, el aspirante de Morena a la presidencia municipal de San Fernando sufrió un atentado a balazos y en otros municipios de la Selva los candidatos huyen de las amenazas y persecuciones. Desde 2023 Morena ha sido víctima del secuestro de cinco encuestadores de los cuales dos fueron asesinados y uno permanece desaparecido. En Villa Las Rosas el aspirante del PRI al Senado de la República fue perseguido por un comando armado y se registra la desaparición del comisariado ejidal y político del PVEM de Las Margaritas así como el asesinato del candidato a la alcaldía de Suchiate por la coalición PRI-PAN-PRD.

Data Cívica, una organización que forma parte del Programa para el Estudio de la Violencia (PEV) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en su informe «Votar entre balas», asegura que Chiapas ocupa el quinto lugar a nivel nacional de mayor violencia criminal electoral. Ante esta escalada de violencia el dirigente del Frente Cívico Nacional y los candidatos a cargos públicos exigieron al INE y al gobierno local que implementen mecanismos de seguridad para la protección de los aspirantes de los 13 distritos electorales.

La violencia general provocada por el crimen organizado y ahora aunado al contexto de la violencia política electoral se extiende en todas las regiones, desde los Altos hasta la Frontera y desde la Selva hasta la Costa. Por citar solo algunos casos, se registran focos rojos de violencia en los municipios de Chamula, San Cristóbal de las Casas, Pantelhó, Chenalhó, Oxchuc, Ocozocoautla, Berriozábal, Reforma, Chicomuselo, Comalapa, Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Pantelhó, Tila, Cancuc, Suchiate, Marqués de Comillas, Mitontic, Aldama, Motozintla, Palenque, Ocosingo, Altamirano, La Concordia, Ángel Albino Corzo, Villaflores, El Parral, Maravilla Tenejapa, entre otros. Y podrían registrarse conflictos especialmente donde las organizaciones indígenas luchan por procesos de autonomía y autodeterminación según sus usos y costumbres y fuera de la lógica partidista. Estos procesos existen en Tila, Oxchuc, Pantelhó, Chilón y Sitalá.

Ante esta violencia política, los núcleos agrarios, las organizaciones indígenas y campesinas, el movimiento social y otros gremios, han tomado diversas posiciones frente al proceso electoral. En algunos casos han optado bajo acuerdo comunitario por no votar y en otros por fortalecer el voto. Las razones son múltiples. Para algunos el gobierno ha olvidado a los pobladores de las comunidades a su suerte y los ha dejado a merced de los carteles del narcotráfico, donde incluso manifiestan su enojo por la aparente complicidad de las Fuerzas Armadas y policiacas. En otras regiones es por el miedo o las amenazas del crimen organizado en la región. Sea cual sea la respuesta de los diversos sectores de la sociedad, el móvil se fundamenta en la fuerte presencia de los carteles en el estado.

Los programas sociales gubernamentales y el actuar de los carteles despolitizan a la sociedad. Inhiben la organización o se apropian, controlan y desarticulan las organizaciones sociales y productivas, los acuerdos comunitarios y los mecanismos de gobernanza locales. Por ello, el reto para los núcleos agrarios y las organizaciones sociales es mantener y recuperar estos mecanismos y la organización, la unidad en medio de tanta desarticulación así como recuperar la confianza entre los movimientos, los vecinos e incluso dentro de la familia. El movimiento social enfrenta la defensa de su territorio que le disputa el gobierno con sus programas y proyectos, pero también las empresas que pretenden controlar el territorio urbano y rural. Sin embargo, su mayor reto se encuentra en la disputa que los carteles pretenden hacer de los territorios indígenas, campesinos y también de los urbanos. De disputar el control político, la producción, la comercialización, los precios de los productos, las rutas, las calles y carreteras, los negocios y otras formas de acumulación de capital. Por ello, las próximas elecciones transitan por la disputa entre los partidos por el poder, a la disputa entre el gobierno y los partidos contra los carteles presentes en todo el país.

[i] Colaboración del autor para el monitoreo que realiza el ODEMCA con investigadores/as, organizaciones y movimientos sociales que participan en el ‘Foro Social sobre democracias otras’.

[ii] Otros Mundos Chiapas: https://otrosmundoschiapas.org/ Correo electrónico: guscastro@otrosmundoschiapas.org

Imagen: Ángeles Mariscal

Más información:

El Escaramujo 125: CHIAPAS: EL DESPLAZAMIENTO POR LA VIOLENCIA

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

CHIAPAS: EL DESPLAZAMIENTO POR LA VIOLENCIA

Y la crisis del sector turístico

Gustavo Castro Soto
Otros Mundos Chiapas
12 de Febrero 2024, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/

Desde 1994 con la insurrección zapatista, los desplazados internos que generó la violencia subieron a la escena pública. Desde entonces no han dejado de registrarse población desplazada por la violencia sobre todo la causada por el Ejército mexicano, los entonces grupos paramilitares y por los conflictos internos desatados. Sin embargo, la economía política de la violencia ha ido evolucionando y poco a poco los cárteles han ocupando la razón y el origen principal de la actual población desplazada.

El gobierno mexicano no parce tener la capacidad de restaurar la protección de los derechos humanos, y menos garantizar el derecho humano al trabajo, la vida, la alimentación, la vivienda, la educación, el agua, la libre locomoción o de todos los derechos humanos, ya que la violencia y el desplazamiento afectan todas las esferas de la vida. Sobre todo porque otra característica de la violencia actual es que ya no es selectiva como en años atrás donde los defensores y defensoras de los derechos humanos, quienes defienden la tierra y el territorio afectando intereses del gobierno o de las grandes empresas y sus mega proyectos e inversiones cuantiosas, eran primordialmente el objetivo de la violencia, la represión, las órdenes de aprehensión e incluso del asesinato. Ahora, toda la población es objetivo de violencia, urbana y rural, sin importar sexo, religión, o condición social.

Toda la población está expuesta a ser robada, extorsionada, expulsada, asesinada, amenazada, desaparecida o desplazada. Y esto se debe a que los cárteles se disputan absolutamente todo el territorio, porque en él están los negocios donde maximizar las ganancias, es lo que denominamos la apropiación del capitalismo informal sobre el capitalismo formal. Es la apropiación de los terrenos, ranchos y viviendas; el control de negocios como la venta de alcohol, café, maíz, palma de aceite, gas, gasolina; el cobro de pisos, las extorsiones, los secuestros, el reclutamiento, la prostitución, la trata de personas; el tráfico de drogas, armas y migrantes, entre otros muchos negocios. Hasta el control de carreteras, caminos, puertos, aeropuertos o actividades extractivas como la minería. Para ello se requiere el control de todo el territorio y así el objetivo de la violencia se amplía a toda la población sin distinción.

El conflicto entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CDS) por el control del territorio en Chiapas, representa uno de los episodios de mayor impacto social, económico y político en el estado. La violencia es descomunal, con acciones masivas jamás vistas como el reclutamiento de jóvenes, la violación de mujeres, el cobro de piso, las extorsiones, las desapariciones, desplazamientos masivos, los secuestros, el robo de casas y otras propiedades inmuebles, las fosas clandestinas; el cerco armado a comunidades enteras, torturas, asesinatos, decapitados, entre otros indicadores terribles.

Dos elementos nuevos aparecen en la estrategia de los cárteles al momento de disputarse un territorio al que denominamos la frontera de disputa donde la violencia se vuelve más cruda, más cruel y más despiadada. Uno de estos elementos es el aislamiento de las comunidades para evitar que se infiltre el cártel contrario, que se traduce en el cierre de entradas y salidas de la comunidad, el control social de la población; el corte de las comunicaciones, de la luz, del suministro de agua, de los servicios como son los hospitales, bancos, escuelas y mercados. Se interrumpe el comercio, el trabajo, se controla la producción del campo, se pierden cosechas, se fijan nuevos precios a los productos mientras escasean la mayoría, y la desesperación y el hambre empieza a hacer estragos. Algunos testimonios refieren incluso al asesinato de niños. Esta ha sido la lógica en todos los municipios fronterizos entre Chiapas y Guatemala.

Un segundo elemento que se observa es la conformación de manera coaccionada del músculo social, con el fin de conformar una organización que aparenta autonomía pero que sigue las instrucciones del cártel. Este ha sido el caso de la organización El Maíz en el municipio de Chicomuselo. Por medio de esta organización obligan a los pobladores a hacer barricadas, vigilancia, retenes, marchas, bloqueos para evitar la entrada del Ejército mexicano, o usan a la población como escudo humano en los enfrentamientos armados. Pretender evitar la participación en esta organización no sólo implica multas sino hasta castigos corporales, la tortura o el asesinato. Todo esto está pasando en muchos municipios donde se suma el impacto psicológico, el miedo, la tristeza y la desesperación.

Esta violencia registra ya el desplazamiento de miles de personas. Hasta el momento imposible calcular el número de personas desplazadas en el estado de Chiapas ya que hay regiones donde no se puede tener acceso. El gobierno afirma una cantidad de personas atendidas en albergues, pero no toda la población desplazada ha llegado a refugiarse en ellos. Algunas familias huyen por veredas y montañas donde se refugian por días. Animales domésticos, maíz, café, vehículos, herramienta de labranza, todo queda abandonado a merced de la rapiña del cártel. Otras familias se refugian en diversos municipios de Chiapas con amigos y familiares como son los casos de los municipios de La Trinitaria, Socoltenango, La Concordia, Tzimol, Las Margaritas, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, etcétera, o también a otros estados, o buscan migrar a los Estados Unidos. Los autobuses ‘piratas’ en San Cristóbal de las Casas rondan cientos de personas de diversas localidades indígenas, sobre todo grupos de jóvenes, buscando un lugar en las rutas hacia la frontera norte del país.

Alto a la Violencia, a la Impunidad y a la Barbarie en Chiapas

Comunicado de Otros Mundos ante de terrible situación de violencia que vive Chiapas – A 19 de enero del 2024

En Chiapas la violencia derivada de la lucha por el dominio territorial entre diversos grupos el crimen organizado ha entrado en una nueva fase. Los acontecimientos de los últimos meses y, sobre todo, de las semanas recientes son clara muestra de una escalada sin precedentes. Otros Mundos Chiapas expresa su más profunda preocupación ante esta catástrofe social, económica y política.

La imposibilidad de ingresar a diversos municipios del estado por la falta de garantías de seguridad; la carencia de información fehaciente y la confusión que esto genera; el número aún impreciso de desplazados, desaparecidos y asesinados son indicadores de la descomposición acelerada que sufre la entidad, donde la población ha quedado atrapada entre varios frentes.

Hacemos un llamado urgente a las autoridades federales, estatales y municipales, y a todos los sectores de la sociedad civil, para que juntos revirtamos esta espiral de muerte y destrucción que podría empeorar en los próximos meses cuando la contienda electoral y los reacomodos de fuerzas estén en pleno auge. Chiapas y todo México merecen vivir en paz.

¡¡ALTO A LA VIOLENCIA, A LA IMPUNIDAD Y A LA BARBARIE!!

Otros Mundos A.C.

Petición: Urge ayuda para personas desplazadas en Chiapas, por presencia del crimen organizado

Les compartimos la siguiente petición lanzada por un grupo organizado de la sociedad civil sobre la preocupante situación que se vive en Chiapas en esta ola de violencia – A 26 de noviembre del 2023

A quien corresponda

Somos personas de la sociedad civil preocupadas por los sucesos en Chiapas, relacionados con las actividades del llamado crimen organizado y que han escalado su propia guerra en contra de  personas que viven en diversas comunidades, ejidos, rancherías y que además de trabajar para poder subsistir,  son víctimas de cobros de piso y amenazas, entre otras cosas.

Chiapas vive la desaparición constante de personas; jóvenes la mayoría.

Ahora en la región fronteriza de Maravilla Tenejapa, los grupos violentos vienen atacando a la población que ha tenido que refugiarse en comunidades de municipios cercanos por las vegas de los ríos Jataté y Santo Domingo. En días recientes cientos de familias salieron de al menos 13 comunidades del municipio Maravilla Tenejapa.

La situación es crítica, por lo que demandamos la ayuda y asistencia humanitaria a la brevedad. Exigimos que la seguridad pública, responsabilidad del Estado mexicano, se asegure de inmediato.

Demandamos del gobierno mexicano, del gobierno estatal. Así como de las instancias correspondientes que se hagan presentes en la región de la frontera sur que recorre los municipios de la Selva, Frontera, Sierra para darles certeza a la población con alimentos, y sobre todo, seguridad de que su vida no corre peligro.

Atentamente,

Ciudadanas y ciudadanos de la sociedad civil de Chiapas.

Imagen. Isabel Mateos – Cuarto Obscuro

Más información:

El Escaramujo 122: CHIAPAS, UBICACIÓN DE LA FRONTERA EN DISPUTA

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo

CHIAPAS, UBICACIÓN DE LA FRONTERA EN DISPUTA
La narcoguerra, el terror de los pueblos

Gustavo Castro Soto
Otros Mundos Chiapas
23 de Octubre de 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/

La grave situación de violencia en Chiapas se agudiza día a día y de manera acelerada. La frontera de disputa territorial entre el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel de Sinaloa (CDS), se concentra actualmente en la frontera de Chiapas con Guatemala, sobre todo a partir del mes de septiembre del presente año.

Chiapas tiene 658 kilómetros de frontera con Guatemala desde la Costa hasta la Selva, donde tocan en su frontera un total de 18 municipios con una población total de 1,362,158 habitantes. Por el lado de Guatemala tocan frontera 17 municipios agrupados en cuatro Departamentos.

En toda la línea fronteriza existen 8 cruces fronterizos oficiales y alrededor de 45 cruces vehiculares informales. En este territorio fronterizo existe todo tipo de negocios ilegales. Por ello, ningún municipios se escapa de la presencia del narco, los conflictos armados y la disputa por el control de los territorios.

Desde hace dos años existe una región en especial en la que se ha centrado la línea de disputa por el control territorial entre los dos principales cárteles, desde el municipio de La Trinitaria hasta Suchiate en la Costa donde se ubican 13 municipios que tocan frontera con Guatemala.

Esta narcoguerra llegó al clímax de violencia en el pasado mes de septiembre del 2023 donde habitaba una población total de 944,023 personas. Sin embargo, la disputa se extendió a otros 6 municipios más, aledaños a los fronterizos con Guatemala, por lo que la población rehén de este terror y violencia llega al 1,054,231 habitantes. Así, con estos 6 municipios que no tocan frontera pero que están involucrados en el terror de los cárteles (El Porvenir, Siltepec, Bella Vista, Bejucal de Ocampo, La Grandeza y Chicomuselo), suman 24 municipios que actualmente se encuentran en la línea de la disputa territorial.

Sin embargo, ahora se ha corrido esta frontera por la disputa del territorio hacia el lado opuesto, hacia los municipios de La Trinitaria, Las Margaritas, La Independencia, Benemérito de las Américas y Ocosingo. La guerra entre los narcos se irradia por toda la frontera con Guatemala hacia el interior del estado, hacia los municipios de Tzimol, Comitán y Teopisca por el centro del estado de Chiapas; por Altamirano y Ocosingo hacia la región del Golfo, y por los municipios de la Costa hacia el Pacífico.

La frontera de disputa territorial se caracteriza por una violencia jamás vista. Miles de desplazados además de desaparecidos, asesinatos, narco retenes con la participación obligada de la población que debe participar cada tercer día en la vigilancia de los retenes durante 24 horas, cobros de piso, extorsiones, robos, narco bloqueo de carreteras, reclutamiento de jóvenes y con la toma del control de pueblos enteros imponiendo a la población sus reglas y necesidades. Los bancos, las tiendas, las escuelas, las clínicas de salud, los mercados, cerrados. Los poblados sin gas y sin gasolina.

Los cárteles suspenden el suministro de energía eléctrica y de la telecomunicación para bloquear a la población. Golpes a tablazos a hombres y mujeres que se nieguen a cooperar o se les aplica otros mecanismos de tortura. Colocan cámaras de vigilancia por todos lados. No hay alimentos y se acerca la hambruna mientras un poco de comida cuesta lo inimaginable. Los miembros de los cárteles patrullan armados en camionetas artilladas con armas de grueso calibre y en motocicletas. Algunos pobladores fronterizos han pretendido refugiarse en Guatemala pese al blindaje militar que el vecino país desplegó en la línea fronteriza para evitar que el conflicto invada su territorio.

También hay otros puntos de disputa hegemónica entre los dos cárteles. En la Región Zoque, en el norte del Estado, se han registrado enfrentamientos ente ambos cárteles y un nuevo indicador de la violencia: cabezas decapitadas frente a instalaciones oficiales en el municipio de Reforma.

También hay otros puntos de disputa hegemónica entre los dos cárteles. En la Región Zoque, en el norte del Estado, se han registrado enfrentamientos ente ambos cárteles y un nuevo indicador de la violencia: cabezas decapitadas frente a instalaciones oficiales en el municipio de Reforma.

En la Región Selva Norte, en el municipio de Tila y en Sabanilla, la violencia y las amenazas contra la población también repunta. En la Región Selva el CDS ha reforzado los retenes en el Crucero San Javier y el control sobre Frontera Corozal, una de las joyas del tráfico de indocumentados que hoy por hoy ya se cobra hasta 280 mil pesos por llegar a la frontera con los Estados Unidos. En esta parte de la Selva se pretende controlar el tráfico no sólo de migrantes, sino de palma de aceite, ganado ilegal proveniente de Guatemala, la futura explotación petrolera de los pozos de Benemérito de las Américas que alimentaría a la refinería Dos Bocas en Tabasco. En la Selva Lacandona existen pistas clandestinas para el tráfico de droga proveniente de Sudamérica. Por el municipio de Motozintla se trafica azúcar y en Chicomuselo se controla la mina de barita.

Todos los megaproyectos atraen los conflictos y la lucha por su control y ganancias. El Tren Maya, la carretera Pijijiapan a San Cristóbal y Palenque, el tren costero y su gasoducto hacia Centroamérica, el Puerto Chiapas y sus ampliaciones de infraestructura, los pozos petroleros, los monocultivos, el Canal Transístmico, los proyectos mineros y de represas que repuntarán por la supuesta demanda de energía, entre otros. Todo esto estará acompañado de mayor presencia de los cárteles y de la consecuente militarización.

A corto plazo el estado se podrá ver envuelto en mayor violencia por el control de los municipios de cara a las elecciones de junio del próximo año en que se renovarán todos los municipios, la gubernatura y las diputaciones. Como en otras entidades del país podrán darse bloqueos de carreteras, toma de edificios municipales, quema de urnas o impedimentos para ejercer el voto; amenazas, agresiones o hasta asesinatos de candidatos a puestos de elección popular, y otros focos rojos de enfrentamientos armados.

Ante tanta violencia y terror que se vive en el estado, AMLO procura no espantar las inversiones y el turismo, pero ya es imposible ocultar lo evidente. Para inhibir la violencia generada por la narcoguerra, una de las respuestas del gobierno es publicitar que en Chiapas están ubicados un total de 9,989 policías, y de ellos 8,767 son operativos. Por su lado la Policía Estatal Fronteriza cuenta con 135 elementos y 50 unidades equipadas.

El Presidente de la República informó además que en Chiapas hay 8 mil 283 militares, mil 823 marinos y 4 mil 932 uniformados de la Guardia Nacional distribuidos en 18 nuevos cuarteles. Y ante la narcoguerra en la frontera de disputa territorial agudizada en el mes de septiembre de 2023, el Presidente envió alrededor de mil 500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía General del Estado (FGE) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC). También se ha informado que en Chiapas durante el 2022 contaba ya con 2.8 policías por cada mil habitantes, logrando la media que pide el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Actualmente las autoridades confirman que existen 13 mil 400 elementos policiacos entre estatales y municipales.

Con toda esta presencia militar y policiaca, la violencia no para ni se inhibe. Paradójicamente, mientras que algunas comunidades solicitan la presencia del Ejército para detener la violencia del narco, en otras comunidades se les acusa de estar coludidos con los cárteles, de no hacer nada, de solo observar y de llegar tarde a detener la violencia. Frente a todo esto, la sociedad está optando por varios caminos: migrar, auto defenderse, quedarse y asumir la gobernanza de los cárteles, o movilizarse masivamente para exigir territorios libres de narcos. Frente a los signos de muerte, existen signos de vida y esperanza.

EL Escaramujo120: CHIAPAS, ¿A PUNTO DE LA ‘GUERRA CIVIL’?

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo

CHIAPAS, ¿A PUNTO DE LA ‘GUERRA CIVIL’?

Gustavo Castro
Otros Mundos Chiapas
28 de Septiembre 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/

“Algunas organizaciones de derechos humanos, la Iglesia Católica, entre otros analistas,
construyen narrativas, lecturas, análisis y diagnósticos de la situación en Chiapas
acompañados de afirmaciones como estas: “es una guerra de contrainsurgencia”, “es una
guerra del Estado contra los zapatistas”, “estamos al borde de una guerra civil”, “es una
guerra del Estado con sus grupos paramilitares”, “es una guerra contra los pueblos
indígenas”, entre otras”.

El Escaramujo 115

Mientras la Diócesis de San Cristóbal de las Casas afirma que “Chiapas está en guerra”, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) enfatizó hace meses que «Chiapas está al filo de una guerra civil». Por ello, bajo el lema “Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas”, recientemente se realizaron movilizaciones en varias partes del país y en el extranjero en apoyo y solidaridad con el EZLN.

La campaña tiene origen en la demanda de exigir el alto a las agresiones por parte de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) contra el EZLN, tema que abordamos en El Escaramujo No. 116. Esto convocó a una movilización en el mes de junio de 2023 y como respuesta a la invitación que hicieran 800 organizaciones y más de 1,000 personalidades firmantes. Así, de un conflicto en una comunidad zapatista por parte de uno de sus ex miembros cuya violencia tiene origen desde finales de la década de 1990, algunos concluyen que existe una guerra del gobierno federal contra el EZLN. Actualmente, la violencia es más que obvia: es una guerra entre los cárteles.

Por otro lado, hay quienes se remontan más atrás al afirmar que en Chiapas existe “una guerra que supone la reproducción sistemática de violencia que se impuso contra los pueblos originarios desde la Conquista y durante la Colonia”. Sin embargo, no se toma en cuenta que los contextos y los actores ya han cambiado.

Otros actores afirman que Chiapas está ‘al filo de la guerra civil’ entre ‘grupos de autodefensa’ en contra de los ‘paramilitares’ y ‘sicarios’ de los diversos cárteles con la complicidad de Presidente de la República. Aquí se revuelven de manera supina y sin análisis a cinco actores.

Existen otros terribles paralogismos. Por ejemplo, que AMLO niegue la gravedad de la violencia en Chiapas no lo convierte en operador y estratega de la violencia que ejecutan los cárteles entre ellos y de pasada contra toda la población, y menos que se estructure en función de aniquilar exclusivamente a las comunidades zapatistas. Que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ( AMLO) de manera irresponsable difame a ciertos sectores de la sociedad, no lo convierte en asesino de los pueblos o de ser responsable de orquestar la clásica estrategia de guerra ‘contra insurgente’. Por cierto, ¿hay insurgentes en Chiapas? ¿Sublevados armados contra la autoridad?

Los paralogismos, falsos razonamientos y conclusiones y divinos entimemas, no le quitan responsabilidad a AMLO en los resultados de su estrategia disuasiva y no persecutoria contra los cárteles que más se han ido apoderando de territorio chiapaneco, estrategia ineficaz para romper las estructuras que alimentan al narco. Tampoco elimina el hecho de que el gobierno está rebasado y que no puede detener el avance de los cárteles, como tampoco lo pueden hacer los gobiernos de Europa, Estados Unidos o en África, regiones donde se mueven billones de dólares del narcotráfico. Y es que en todos los países, el poder del narcotráfico no puede ser lo que es sin el contubernio de funcionarios, políticos, militares y policías.

Así, Chiapas no es la excepción. La población atrapada en la tremenda violencia que se sigue agudizando de manera acelerada confirman este contubernio. La frontera de disputa territorial entre los cárteles se concentra ahora en la frontera con Guatemala y se irradia por los municipios fronterizos hacia el interior del estado en medio de una violencia jamás vista. Aquí, no sólo la población tiene que definir en qué bando de los cárteles se arrima, sino también pareciera que la clase política, las fuerzas armadas y policiacas entran en este juego de favorecer bandos. Es evidente que los cuarteles de la Guardia Nacional y del Ejército no están en función del EZLN, sino de los cárteles. Esta ‘militarización continuada’ ya no está en la misma lógica y contexto de 1994.

En todo este contexto sumamente complejo que se enmarca en el discurso generalizado de la ‘guerra’, se requiere de un análisis más riguroso. Los distintos diagnósticos de la situación en Chiapas marcan no sólo diferencias narrativas sino políticas y hasta ideológicas y conllevan acciones, alianzas y consecuencias distintas. Es necesario detenerse y reflexionar con más profundidad, ya que la falta de ello también provoca discursos de odio que obnubila aún más la capacidad de análisis y reflexión y acerca a algunos actores de izquierda o progresistas hacia los discursos de odio irracional de la ultraderecha contra el gobierno federal.

Las presentes reflexiones están en continuidad con El Escaramunjo 114, 115, 116 y 117. Ahora abordaremos otros conceptos para entender mejor la situación en el estado de Chiapas. Esta es una propuesta, la reflexión no está terminada.

¿QUÉ ES LA ‘GUERRA CIVIL’?

El fenómeno de la “guerra” tiene diversas variantes, entre ellas la “guerra civil”. Sin embargo, no existe una definición clara ni consensuada sobre este concepto ni desde el punto de vista de su origen, o de su evolución, de sus estrategias o de sus objetivos, y sigue siendo objeto de debate y análisis.

Existen también otros conceptos que son igualmente polémicos en cuanto a su definición, como “revolución”, “conflicto interno”, “guerra interestatal”, “guerra fría”, “guerra sucia”, “guerra de independencia”, “guerra de guerrillas”, “guerra fraticida”, “guerra de secesión”, “guerra de liberación nacional”, “guerra irregular”, “guerra convencional”, “guerras privatizadas”, “guerras informales”, “guerras posmodernas”, entre otros. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos conceptos? En algunos países, lo que alguien ha llamado ‘revolución’ otros lo han denominado ‘conflicto interno’ o ‘guerra civil’. En fin, aquí mencionaremos algunas características constantes cuando se analiza el concepto de “guerra civil”.

Entre las características comunes del concepto de “guerra civil” podemos encontrar que es un enfrentamiento entre dos o más bandos civiles armados al interior de un país. Un conflicto doméstico en un escenario bélico, con ideologías diferentes, sin ingerencia extranjera, que se disputan el control del Estado y cuya confrontación bélica no está regulado por el Derecho Internacional al cual se le debe cumplimiento, sino que se manifiesta bajo los medios de una guerra irregular o de guerrillas. Algunos sociólogos incluyen entre las características de la “guerra civil” las basadas en un número mínimo de muertos, en su intensidad y duración, en la amplitud de su presencia territorial a nivel nacional por parte de ambos bandos, y en su capacidad bélica, entre otros.

Encontramos como factor común el hecho de que se trata de una violencia armada recíproca, continua y sostenida en un ámbito de gran escala, de carácter nacional y con un significativo impacto social, económico y político que afecta a la mayoría de la población del Estado Nación. También participa el gobierno en turno que apoya a una de las partes, que minimiza a una de ellas o a ambas bajo el argumento de que son situaciones violentas de inconformes, insurrectos, terroristas, disturbios, conflictos internos comunitarios, conflictos étnicos o religiosos, disputas locales agrarias, etcétera, lo que no significa que no sea verdad en ciertas circunstancias.

Una ‘guerra civil’ podría tener como origen la ruptura y confrontación religiosa, política, por el control de las estructuras del Estado, ideológica, o por factores económicos que reflejan luchas de clase, étnicas o culturales donde se reivindica la identidad de los pueblos originarios y contra la cultura invasora, o la combinación de varios de estos factores. La ‘Guerra de Castas’ o la ‘Guerra Cristera’ pudieran ser algunos de estos ejemplos.

Las ‘guerras civiles’ también pueden tomar un carácter de guerra de liberación nacional que bajo el espíritu patriótico se lucha contra el dominio extranjero. Los bandos que se enfrentan en la ‘guerra civil’ construyen su propia ideología y justificación del levantamiento armado que les de la razón. Cada bando identifica las condiciones adecuadas para competir bélicamente con el adversario.

El Escaramujo 114: ¿QUÉ PASA EN CHIAPAS?

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

¿QUÉ PASA EN CHIAPAS?
La violencia que niega AMLO

Gustavo Castro
Otros Mundos Chiapas/
Lunes 17 de Julio 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

Fuera de Chiapas y de país se preguntan sobre lo que actualmente sucede en el estado de Chiapas. Aquí trataremos de ofrecer una serie de hechos en los últimos tres años que, lejos de ser exhaustiva, da una idea de la magnitud de la violencia en el estado. No son todos los hechos, ni están en orden cronológico ni de importancia por su impacto. Son hechos recopilados por testimonios o ampliamente difundidos por las redes sociales y otros medios de comunicación por lo que pueden ser verificados.

Los hechos violentos en la entidad reflejan el grave error del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el sentido de negar la violencia terrible en el estado de Chiapas.
Por otro lado, es cierto que la violencia en el estado todavía está lejos de los indicadores de violencia que se viven en otros estados del país desde hace años y que no reciben el mismo eco de gravedad.

Sin embargo, también son inadecuados los análisis que han esgrimido ciertos grupos en el sentido de que existe una “guerra civil”, o el uso de conceptos anacrónicos o generalizados para elaborar el diagnóstico del estado como “grupos paramilitares”, “guerra de contra insurgencia”, o que toda la violencia desatada se explica en función de una estrategia del gobierno contra las comunidades zapatistas. Más adelante diremos por qué.

La pandemia del COVID-19 en el 2020 marcó una línea que devela sorpresivamente lo que ya se fermentaba desde muchos años atrás y que marca un antes y un después. Evidencia el olvido de las instituciones de gobierno, la impunidad por décadas acumulada, la pobreza, los estragos de los Tratados de Libre Comercio en la región y la corrupción, entre otros muchos factores que son necesarios integrar en un análisis complejo.

LOS INDICADORES CHIAPANECOS

Algunos indicadores de la presencia del narco en los territorios, su influencia, poder y consecuencias a todos los niveles que se presentaron en el resto del país desde hace mucho tiempo, se veía lejos que se dieran en Chiapas. Y si se daban algunos de estos indicadores en la entidad se analizaban de manera aislada a inicios de la década del 2010, o al menos se pensaba que los acontecimientos fundamentales de la coyuntura no las marcaba en última instancia la lógica del narco. Sin embargo, diez años después revienta repentinamente a los ojos de la sociedad chiapaneca y de la opinión pública nacional e internacional una violencia vinculada al narco. Es hasta el 2020 pospandémico que la realidad cae como un balde de agua fría. Se hace mucho eco porque es “Chiapas” y lo que ha representado políticamente años atrás. Pero, lamentablemente, hechos peores ya se registraban en el resto del país como decapitados, ahorcados en los puentes, enfrentamientos con tanques o bombas con drones que ya usaban los cárteles, por mencionar algunos ejemplos.

Favorecidos por el enclaustramiento de la sociedad como política gubernamental a partir del 2020, provocado por el COVID-19, la presencia del narco se hace más patente y enraizada en los territorios de la entidad al salir de casa y abrir los espacios e instituciones públicas. En tan solo tres años, los indicadores de la violencia y presencia del narco en Chiapas son ahora más que evidentes, y avanzan a ritmos muy acelerados acercándose cada vez más a otros estados.

Actualmente en Chiapas, en casi todos los municipios del estado, existe tráfico, consumo y siembra de droga. Cada vez se observa más a niños y adolescentes ebrios y drogados. Los conflictos entre comercializadores de droga por ganar clientela y control territorial llega hasta los enfrentamientos armados y asesinatos. Las organizaciones que antaño lograron recuperar tierras, ahora divididas se confrontan armados por repartirse los territorios con saldos de muertos y desplazados, situación que los grupos criminales capitalizan. Pululan las armas y los depósitos de alto calibre en diversos puntos de la entidad. Hay miles de desaparecidos y otros tanto que no se ha informado por el miedo a las amenazas de los cárteles. La reciente irrupción de los desplazados y desaparecidos, así como la violencia desatada, no permite calcular adecuadamente su magnitud, sin embargo, podemos asegurar que son miles y miles. Ya inicia de igual manera la conformación de los colectivos de víctimas en búsqueda de sus familiares desaparecidos. Los negocios que se niegan a pagar el cobro de piso son asaltados con violencia o quemados.

Se han visibilizado más o han aparecido nuevos grupos armados en la entidad, y se han registrado fuertes enfrentamientos entre ellos, pero también contra el Ejército y la Guardia Nacional, en municipios como Ocosingo, Altamirano, Aldama, Chenalhó. Pantelhó. Chilón, Palenque, Las Margaritas, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Tuxtla, Tapachula, Venustiano Carranza, Teopisca, Tenejapa, San Andrés Larráinzar, Benemérito de las Américas, Tonalá, Pijijiapan, Tila, Sabanilla, Chapultenango, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Oxchuc, Huixtán, Motozintla, Siltepec, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Cintalapa, La Concordia, Tonalá, Tzimol, entre otros.

A nivel nacional, de 2006 a 2023 fueron detectadas 5,455 fosas clandestinas (de éstas, 2,710 fueron registradas de 2018 a mayo de este año). La mayoría en entidades como Veracruz (324), Tamaulipas (402) y Guerrero (260). Y aunque Chiapas no aparece en los primeros lugares con la mayor cantidad de fosas clandestinas, de 2018 a la fecha, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) reveló que se han detectado al menos 10; tres de éstas en Comitán, una de las ciudades del llamado “triángulo de la muerte”. En Tuxtla Gutiérrez se han encontrado tres, y una en los municipios de Chiapa de Corzo, Mezcalapa, Tapachula y Tuxtla Chico. Esto es lo que oficialmente se reconoce y se ha encontrado, pero seguro hay muchas más.

Se han encontrado también cuerpos desmembrados en bolsas como en el municipio de Ocozocoautla, granadas en el ayuntamiento de Berriozábal, enfrentamientos armados entre cárteles en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Comalapa y La Trinitaria. Mientras, las Madres en Resistencia en Chiapas siguen marchando en la capital de Tuxtla Gutiérrez exigiendo la aparición con vida de sus hijos. Se denuncian reclutamientos de varones por parte del narco, desaparición de mujeres y más feminicidios. Tráfico de niños, etnoprostitución, robo de autos, lavado de dinero, cobro de pisos en muchos municipios como Tuxtla, San Cristóbal, Comitán, Tapachula, etc. Los principales lugares de desaparición son Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Comitán y Palenque. También se registran levantones, secuestros y extorsiones.

En regiones como en el sur de la entidad los maestros abandonan las plazas y las escuelas por el miedo a la violencia desatada por la disputa del territorio entre el Cártel Jalisco Nueva Generación /CJNG) y el Cartel de Sinaloa (CS). Muchas comunidades donde los cárteles se disputan los territorios están ya vacías o sus pobladores van migrando a otros municipios de manera goteada. En otros lugares los pobladores venden sus tierras ante la imposibilidad de enfrentar la violencia y el cobro de piso.

En el municipio de Las Margaritas se enfrentaron los cárteles durante horas lo que provocó el éxodo de muchos pobladores a la montaña y a otros municipios. En el municipio de Bochil, decenas de estudiantes de nivel medio fueron hospitalizados de urgencia al presentar graves síntomas que ponían en peligro su vida causado presuntamente por el envenenamiento del agua con fentanilo. En Cancuc un indígena se ahorcó al no encontrar droga que paliara su ansiedad luego de regresar del norte donde muchos migrantes consumen drogas, entra ellas el cristal, para aguantar más las jornadas laborales y poder enviar así más dinero a sus familias. En el mes de mayo del presente año, la población indígenas ch’ol del municipio de Sabanilla estableció un toque de queda y, armados, expulsaron al narco del municipio donde ya operaban los narcomenudistas. Sin embargo, solicitaron la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército ya que consideran que no podrán solos contra el cártel. Del otro lado de la entidad, se registran balaceras y la quema de la comandancia policíaca en el municipio de Pichucalco.

En 2001, casi 60 inmigrantes murieron y 105 resultaron heridos al volcarse un trailer cerca de Tuxtla Gutiérrez que los transportaba hacinados. Pero en mayo del 2023 las autoridades volvieron a interceptar y rescatar a 175 personas migrantes, incluyendo 30 menores no acompañados, que viajaban del mismo modo en otro trailer. Y es que el negocio del tráfico de indocumentados implica ya unas ganancias estratosféricas por lo que el control de esta actividad también es disputada por los cárteles. Recordemos que desde el 2018 que inicia la oleada masiva de migrantes de Centroamérica y otros países por el territorio Chiapaneco, se convierten en un botín para el crimen organizado.

Por ello, Chiapas es la entidad con mayor crecimiento de ingresos por remesas que ha pasado de 222 millones 772 mil dólares en el primer trimestre de 2019, a 958 millones 111 mil dólares en el mismo periodo de 2023. En 2019 Chiapas ocupaba el lugar 14 de mayor movimiento de remesas, y en los últimos cuatro años pasó al cuarto lugar, detrás de los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, quienes encabezaron la mayor migración entre 1990 y 2010. Por otro lado, se registran en algunos municipios el cobro a las familias receptoras de remesas por parte del narco, o su condicionamiento para la compra de armas y municiones. En otras palabras, las remesas también financian al narco.

Violencia incontrolable en la zona fronteriza de Chiapas

Compartimos la siguiente petición e información sobre el constante aumento de la violencia en la zona de Frontera Comalapa por la disputa del territorio entre el crimen organizado en Chiapas

Petición: Detengamos la barbarie en Chiapas

El estado de Chiapas lleva años, envuelto en una espiral de violencia creciente que se ha recrudecido de manera alarmante en los últimos días. Las causas no pueden atribuirse únicamente a la pobreza, la exclusión, la desigualdad y la injusticia endémicas que han caracterizado a la entidad a lo largo de toda su historia. 

Lamentablemente, por su ubicación geográfica y por el aislamiento en el que Chiapas vivió por años, la presencia del crimen organizado en el estado no es nueva. Desde hace décadas, se trafica de todo, desde personas hasta armas y drogas. Por años, estos fenómenos operaron sin mayores daños para la población local aunque ciertamente las consecuencias de los delitos han ido penetrando lentamente el tejido social comunitario. Sin embargo, en los años recientes la disputa territorial entre diferentes grupos delincuenciales ha derivado en una escalada alarmante de la violencia y la inseguridad que hoy tiene su escenario más dramático en los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria, Amatenango de la Frontera, entre otros ubicados en la región.

La falta de respuesta institucional tiene que ver con la ambición desenfrenada y la corrupción de muchas autoridades que, concentradas en mantener su poder político o incluso acrecentarlo, han dejado abandonada a su suerte a una población que se debate entre los fuegos de los grupos delicitivos rivales. Esta situación, aunada al alarmante aumento del tráfico de armas en todo el estado, con la consecuente proliferación de grupos armados de todo tipo, ha convertido a nuestra entidad en tierra de nadie, donde el diálogo y la negociación han sido cruelmente desplazados por la fuerza de las balas.

La zona fronteriza con Guatemala es hoy la manifestación más aguda de la situación de violencia e inseguridad que se padece en Chiapas pero desgraciadamente no es la única. En toda la entidad ha crecido aceleradamente el tráfico ilegal de todo tipo. En los últimos años, diversos grupos, presumiblemente células del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa, se han apoderado de territorios completos a los que dominan a través del terror, las amenazas, las extorsiones, las desapariciones, la muerte.  Existen otros grupos armados que se mueven desde la frontera y en regiones como Teopisca, San Cristóbal, San Juan Chamula, hacia los Altos y Norte de la entidad. Ante la total inacción de las autoridades, todos estos grupos han ido ganando poder y territorio, en medio de una violencia nunca antes vista en nuestro estado.  Aunque la crisis se concentra en tres regiones de la entidad (Frontera, Sierra y Centro), las repercusiones se padecen en todo el estado. 

Una muestra de la violencia generalizada en otras regiones del estado ocurrió apenas la noche del viernes 2 de junio, cuando un grupo armado presumiblemente proveniente desde Santa Martha, Chenalhó, atacó a balazos a desplazados de dicha comunidad que se encuentran refugiados desde octubre de 2022 en la comunidad de Polhó, en el mismo municipio, con un saldo, hasta ahora, de 7 muertos y 3 heridos. Al momento de redactar el presente pronunciamiento, no se tenía mayor información.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la situación más alarmante está ubicada en la Zona Fronteriza. Desde el 25 de mayo pasado, la violencia se ha desbordado particularmente en el municipio de Frontera Comalapa,  a raíz de los enfrentamientos entre grupos antagónicos presumiblemente del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa, principalmente en las proximidades de las comunidades Nueva Independencia (conocida como Lajerío) y Candelaria. Aunque no se tienen cifras precisas, se habla de entre 3,500 y 4 mil personas desplazadas, con un número indeterminado de heridos, desaparecidos y muertos. Durante varios días, no se hizo presente autoridad alguna por lo que la población se defendió como pudo. Finalmente, el 31 de mayo el Ejército Mexicano logró ingresar al municipio, después de enfrentar la resistencia de pobladores del ejido Joaquín Miguel Gutiérrez, mejor conocido como Quespala. A cuenta gotas, algunos pobladores han iniciado el retorno a sus hogares. La situación es de gran incertidumbre y miedo.

Ante este panorama, exigimos:

1. La presencia de las instituciones encargadas de la seguridad de la población: Ejército, Marina, Guardia Nacional, Fiscalías estatal y federal, para restablecer el orden y realizar las investigaciones de rigor que determinen la magnitud de los daños causados y su reparación. 

2. La atención integral a la población en situación de desplazamiento forzado, que debe incluir garantías para un retorno seguro. La gente merce vivir sin temor a perder a sus seres queridos y a ver arrebatado el patrimonio de toda una vida.

3.  La implementación de las medidas necesarias para el restablecimiento de la paz permanente en toda la región fronteriza, para lo cual es indispensable proceder, en la forma que se requiera, contra los grupos delincuenciales que han afectado gravemente la vida de la población. Sin embargo, el esfuerzo será inútil  si el resto del estado sigue atrapado en una espiral de violencia sin fin. Exigimos que el restablecimiento de la paz se haga extensivo a todo Chiapas.

4. El reconocimiento de parte de las autoridades estatales y federales de la grave situación que se vive en la entidad. Seguir con el discurso negacionista que pretende aparentar que todo está bien y que los innegables hechos de violencia son brotes aislados, no sólo es profundamente irresponsable sino una falta de respeto a las y los chiapanecos que día con día constatamos la violencia y la descomposición social acelerada. Pero además, la insistencia en negar la gravedad de la situación pone en altísimo riesgo a la población, como lo demuestran los hechos ocurridos en Chenalhó y en la Zona Fronteriza, que se vienen denunciando desde hace meses y ante los cuales, las autoridades han sido absolutamente omisas.

5. La aplicación irrestricta de la ley, que significa, entre otras cosas, poner fin definitivo a la complicidad de muchos políticos con el crimen organizado. Es un verdadero insulto para las y los chiapanecos que conocidos miembros de la clase política chiapaneca, ampliamiente sabidos sus lazos con la delincuencia o ellos mismos delincuentes, aspiren a cargos de elección popular como la gubernatura o la presidencia de la República.

Nos negamos a ser testigos mudos de la destrucción social, económica, política, ambiental y cultural de nuestro estado. Ya se dejó crecer la pudredumbre por demasiado tiempo. 

¡BASTA DE BARBARIE! ¡BASTA DE LA INACCIÓN DEL ESTADO MEXICANO! ¡QUEREMOS UN CHIAPAS CON PAZ DURADERA Y CON JUSTICIA VERDADERA!

Con tortura y homicidios, CJNG y El Maíz controlan Frontera Comalapa

El cártel de Sinaloa disputa territorio

Pobladores aseguran que los obligan a cerrar carreteras

De La Redacción

Periódico La Jornada
Lunes 29 de mayo de 2023, p. 30

Junto con el cártel Jalisco Nueva generación (CJNG), la agrupación criminal El Maíz tiene sometidos a los pobladores del municipio de Frontera Comalapa, donde suman unos 3 mil desplazados por la violencia; a quienes se niegan a participar en los bloqueos, los matan, desaparecen, secuestran, multan o golpean con tablas, denunciaron habitantes de esa población, situada a 25 kilómetros de la frontera con Guatemala.

Algunos de los que están cerrando caminos son transportistas, vendedores de chicles, boleros, comerciantes; toda la gente que busca ganarse el pan de cada día con el trabajo más sencillo está sujeta a esta agrupación, acusaron.

Bajo amenazas, miedo y temor, todos están así, presionados. Así está Comalapa. Son contados los que están por conciencia; la mayoría del pueblo de Comalapa no participa por voluntad propia, puntualizaron algunos lugareños consultados bajo la condición del anonimato.

Si a los locatarios del mercado les dicen que tienen que cerrar para ir a bloquear deben obedecer; de lo contrario, los multan, los encierran tres días y hasta les quitan los puestos, detallaron.

Contaron que la situación en Comalapa se descompuso hace más de dos años, cuando se escindió un grupo del cártel de Sinaloa y se integró al CJNG.

Luego conformaron El Maíz, ahora temida agrupación, para formar su base social mediante amenazas y presión.

Los enfrentamientos que comenzaron hace dos años son resultado de que el cártel de Sinaloa pretende recuperar el territorio.

Tienen sometidos a los sindicatos de pozoleros, boleros, chicleros, tablajeros, tortilleros, estibadores, etcétera (sólo los maestros y los trabajadores de salud no han sido obligados a sumarse); desde el más chico al más grande están sometidos a esta organización, respaldadas por las cuatro letras, reveló un poblador.

Desde el martes pasado, cuando se iniciaron los más recientes enfrentamientos, en los que según algunos vecinos se usaron hasta drones, la amenaza constante, sobre todo a través de mensajes de WhatsApp, es que ingresarán a la cabecera para capturar a los dirigentes o que habrá reclutamientos forzados.

En respuesta, El Maíz obliga a los ciudadanos a bloquear diferentes puntos y a enfrentar a algún grupo contrario que se acerque por Lajerío o alguna otra comunidad.

Lo menos que le puede pasar a quien se resista a participar es que lo tableen: les bajan los pantalones y con un pedazo de tabla los golpean en las nalgas y hasta que defecan por el dolor, narró un lugareño.

Economía paralizada

Comalapa, gobernado por un concejo municipal presidido por Alejandro Mérida, está tomado por hombres del CJNG-El Maíz, que sin presencia de fuerzas de seguridad pública se mueven a toda velocidad por las calles, en camionetas y con armas de alto poder.

Cuando participan en enfrentamientos utilizan los llamados monstruos, vehículos blindados con gruesas placas de metal.

Los pobladores de Frontera Comalapa aseveraron que las refriegas ocurridas en días recientes han dejado un número indeterminado de muertos y heridos de los dos bandos; se han registrado además cuantiosas pérdidas económicas debido a que los comercios están cerrados, el transporte paralizado y los ciudadanos no pueden trabajar.

Imagen: Agencia EFE