El Escaramujo 115: CHIAPAS, ¿NARCO O CRIMEN ORGANIZADO?

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

CHIAPAS, ¿NARCO O CRIMEN ORGANIZADO?
Y los anacrónicos análisis…

Gustavo Castro
Otros Mundos Chiapas
Lunes 14 de Agosto 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

Existen muchas perspectivas que explican la situación actual que se vive en Chiapas, violencia descomunal de la cual ya hablamos en El Escaramujo No. 114 y que el Presidente de la República se niega a reconocer ante los medios de comunicación, aunque en la realidad el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas envía cada vez más militares y construye más cuarteles para supuestamente inhibir o detener esta narcoviolencia que va en aumento.

Algunas organizaciones de derechos humanos, la Iglesia Católica, entre otros analistas, construyen narrativas, lecturas, supuestos análisis y diagnósticos de la situación en Chiapas acompañados de afirmaciones como estas: “es una guerra de contrainsurgencia”, “es una guerra del Estado contra los zapatistas”, “estamos al borde de una guerra civil”, “es una guerra del Estado con sus grupos paramilitares”, “es una guerra contra los pueblos indígenas”, entre otras.

Sin embargo, consideramos que muchas de estas afirmaciones se caen por su propio peso y no se sostienen de manera correcta. No se puede hacer un análisis basado en conceptos que se usaron hace 30 años en un contexto diferente al actual. Es necesario crear y recrear estos y otros conceptos. Es necesario hilar más fino ya que un tipo de análisis de la coyuntura desprende acciones y consecuencias diferentes. Actualmente existen nuevos actores, otros han desaparecido o disminuido su influencia, unos se han camuflado y otros han cambiado de bando, otros actores se han fusionado, algunos más se han dividido y ahora se confrontan incluso en el escenario bélico. Las alianzas se han modificado y la correlación de fuerzas ya no es la misma. Por ello, no se pueden concluir las mismas afirmaciones y eslogan que hace décadas ayudaron a diagnosticar la situación en Chiapas. Pese a todo lo anterior, algo sí es constante: la lógica de la acumulación incesante de capital. La disputa y el control por el territorio sigue siendo la misma, elemento clave para comprender los acontecimientos actuales.

Como ya hemos mencionado, muchas organizaciones no solo fuera del estado de Chiapas sino del país, han asumido una narrativa y un análisis anacrónico y se estancan en los conceptos. Esto ya se ha visto en otros contextos. Hoy no podemos evaluar ni analizar la situación de la Nicaragua actual con la de los inicios de la Revolución Sandinista. No se puede leer la situación actual de Venezuela desde el contexto de Hugo Chávez, por poner tan solo unos ejemplos. Cabe destacar que, cuando se alerta sobre ello y se rompe con esta narrativa, aquellos sectores encapsulados desde el análisis del pasado llaman ‘traidores’ a quienes desafían las narrativas que no se permitían dislocar, y quien lo hiciere, merecida guillotina política y social. Aunque en algunos casos se llegó a las descalificaciones y las amenazas. Así, los que criticaron desviaciones de los procesos revolucionarios en El Salvador, Guatemala o Nicaragua, el ostracismo político fue lo menos. Lo mismo latenta en Chiapas desde hace años.

México, y en específico Chiapas, no son la excepción. Ciertamente a partir de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) modificó la coyuntura nacional y la correlación de fuerzas. Aunque su presencia militar solo se ubicaba en Chiapas y la guerra duró 12 días, modificó las piezas en el tablero político del país, logró imponer la agenda nacional, logró articular alianzas locales, nacionales e internacionales, y fue el actor capaz de mover el escenario del Congreso de la Unión a una comunidad indígena en su territorio bajo la lógica de la negociación. El EZLN logró que el país soñara en que el cambio era posible y fue el actor político más importante en la década de los 90’s. Pero el gobierno violentó el proceso de paz, provocó una gran violencia y militarización, administró el conflicto, creó grupos de paramilitares e hizo todo lo posible por romper el proceso de paz y de la negociación, cuyo escenario iba perdiendo, para regresarlo al escenario que podría controlar: el Congreso de la Unión y los partidos políticos. De 1994 al año 2000, seis años fueron los que duró un proceso que transformó las consciencias en el país, hasta el rompimiento del diálogo. Pero esto, ya pasó.

Así, durante muchos años se mantuvo un análisis bajo los mismos patrones, eslogan y axiomas inamovibles: los zapatistas son muchos, controlan muchos territorios, es un ejército fuerte, todos los gobiernos quieren acabarlos porque son un gran estorbo a sus proyectos de nación, detienen y obstaculizan la construcción de obras y proyectos importantes, están solos pero al mismo tiempo todos estamos con ellos, cada acción violenta de los que son víctimas proviene del gobierno y sus estrategias de contrainsurgencia, todo grupo armado son paramilitares del gobierno, entre un largo etcétera de narrativas acompañados con vítores a toda iniciativa con supuesto “impacto nacional e internacional”. Sin embargo, entre pasillos más de uno ya no lo sostiene. La evidencia es ya tan obvia que no se puede ocultar la realidad que incluso sale a la luz en la prensa, en las reuniones y espacios de encuentros y análisis. Sin embargo, todavía existe cierta presión social a no romper con esta narrativa so pena de ostracismo político. Mantener la misma narrativa no ayuda a nadie y analizar la situación desde otros parámetros no es ‘traicionar’ a las comunidades zapatistas ni sus esfuerzos heroicos por crear alternativas de vida al capitalismo, procesos propios de salud, de educación, de justicia, de vida digna de admiración y gratitud, como otros muchos esfuerzos en el ámbito rural y urbano.

¿NARCO O CRIMEN ORGANIZADO?

Es evidente que ya no se puede analizar la coyuntura sin la perspectiva del actor “narco”, o para otros del llamado “crimen organizado” que irrumpe en todos los escenarios de la vida, aunque no de manera espontánea ni de un momento a otro, sino como un proceso que ha ido creciendo a lo largo de los años. Sin embargo, preferimos llamar “narco” a este actor, porque existen muchas formas de “crimen organizado”, de organizarse para cometer un crimen, que puede ir desde una pandilla callejera hasta las llamada “estafas maestras” o de “cuello blanco” por parte de banqueros, políticos y/o empresarios y que se manifiestan por todo el mundo, incluso en los países llamados ‘desarrollados’ donde sus bancos lavan el dinero del capitalismo informal. Así, el “narco” visibiliza el sujeto que compite por la apropiación y acumulación del capital aunque sus negocios ya van más allá de la producción, trasiego y venta de estupefacientes, y se comportan como una empresa trasnacional con negocios en muchos países del mundo en el marco del capitalismo informal.

Desde hace décadas hasta hoy, el narcotráfico siempre ha estado en vinculación con la clase política, y por lo menos presente en México desde hace 100 años cuando en la década de 1920 surge la primera generación de narcos, años de la bonanza económica en Estados Unidos. Es Ignacia Jasso, La Nacha, una de las primeras grandes narcotraficantes que controlaba los negocio en Chihuahua. También el militar y empresario Abelardo L. Rodríguez, quien fuera posteriormente el último presidente del Maximato (1932-1934), originario de Sonora y ligado con los negocios ilícitos en los EEUU. Consiguió fondos para las actividades militares provenientes del tráfico de opio, prostitución, tráfico de alcohol, casinos, entre otros giros, en medio de una corrupción galopante. Rodríguez fue gobernador de Sonora y de Baja California, secretario de Guerra y Marina y secretario de Industria, Comercio y Trabajo. Para algunos historiadores fue el primer “presidente narco”.

Sin embargo, nada que ver con lo que existe ahora. Esta vinculación político-narco-empresarial ha ido fusionándose paulatinamente a lo largo de los últimos 100 años. Por ello, exigir a cualquier gobierno, sea del partido o tendencia que fuere, que erradique en uno, dos o tres años esta tendencia de narcoviolencia, es más que ilusorio, por decir lo menos, sino que es irresponsable y peligroso hacer el análisis desde esta posición política. Es necesario tener una visión histórica para entender el presente y las tendencias a futuro. De lo contrario, no extraña escuchar en la misma izquierda discursos de odio peor que los académicos, periodistas o medios de comunicación de derecha, acusando al gobierno de no hacer nada frente a la narcoviolencia. El problema es mucho más complejo. Y preferimos decir ‘narcoviolencia’ que solamente ‘violencia’ para no ocultar al actor principal que provoca tanto sufrimiento en el país. Alimentar, crear, facilitar o ser parte del mismo ‘sistema narco’ no es lo mismo a no saber qué hacer para combatirlo, o si lo que se hace es lo atinado, correcto y eficaz.

EL AVANCE DEL NARCO

Al inicio de las políticas neoliberales con el presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) se fueron fortaleciendo las condiciones para que el narco tomara más poder en las estructuras del Estado. Pero sobre todo a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1998-1994), involucrado en las redes del narcotráfico, es quien abre el territorio a los narcos con la modificación del Artículo 27 Constitucional para despojar a los campesinos e indígenas del 52% del territorio del país compuesto por Ejidos y Bienes Comunales. Por otro lado, el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) agudizó la pobreza. Miles de campesinos e indígenas abandonaron sus tierras y migraron con más intensidad. El gobierno mexicano además de la privatización de la propiedad colectiva, eliminó los subsidios a los productores así como los mecanismos de comercialización, abrió las fronteras a la importación agropecuaria altamente subsidiada de Canadá y Estados Unidos; eliminó los precios de garantía, el control de los precios de la canasta básica y los aranceles. El desempleo y la falta de oportunidades para los jóvenes aumento y fueron rehenes del narcotráfico y sus ‘halcones’. En términos generales son algunas de las condiciones, entre otras muchas, que facilitaron el proceso de mayor presencia del narco en los territorios.

Otro elemento que abona al fortalecimiento de los cárteles es el supuesto fin de los conflictos en Centroamérica una vez que las guerrillas de El Salvador, Nicaragua y Guatemala logran acuerdos de pacificación’ en la región, momento que es aprovechado por Vicente Fox para lanzar el Plan Puebla Panamá (PPP) y que ahora consolida AMLO, así como el arraigo de Genaro García Luna en su gobierno. Los Kaibiles guatemaltecos engrosaron las filas del narco. Los Acuerdos de Libre Comercio en la región, el PPP y otros acuerdos multilaterales generaron mayor pobreza, abandono del campo y provocaron un aumento de la migración hacia los EEUU. Así, el narco se incrustó más en los territorios y en las altas esferas del poder político en la década del 2000.

El vaciamiento del campo se fue dando desde el norte y centro del país con una fuerte migración hacia los EEUU y poco a poco cada vez más desde el centro y el sur sureste, lo que impulsó una política norteamericana de detener el flujo migratorio, reforzar la frontera y evitar con un muro que los pobres que generaban sus políticas llegaran a su territorio. Es aquí que el narco encuentra otras posibilidades. No sólo de considerar a México como territorio de paso para la venta de su droga en el mayor de los mercados mundiales, en EEUU, sino convertir a México en consumidor. ¿Para qué traer tanta droga desde Colombia si la pueden producir en México ahora que los campesinos ya no les es rentable competir con las grandes transnacionales? ¿Para qué buscar tanto consumidor en EEUU si existen millones de consumidores mexicanos potenciales?

El narco impulsó el consumo en México y los cárteles iniciaron la pelea no sólo por disputarse corredores de tráfico sino los clientes. Regalaron drogas en las escuelas, agudizaron la adicción entre la población joven. Esto atrajo la necesidad de mayor producción y qué mejor que en un país devastado en el campo y cuya población necesitaba de recursos. Por convencimiento, conveniencia o amenazas, muchos ejidatarios y comuneros iniciaron la siembra de estupefacientes. Este cáncer se fue prolongando del Norte al Sur del país, paulatinamente. Tres frentes de lucha se agudizan entre los cárteles de la droga: rutas del trasiego de la droga, territorios de siembra y nichos exclusivos de clientes consumidores. Esto no se puede lograr sin el contubernio de los tres niveles de gobierno, políticos, empresarios y militares corruptos. Por ello, requirieron el apoyo de las estructuras del estado y lograron comprar a jueces, magistrados, policías, presidentes municipales, miembros del Ejército y la Marina, gobernadores, funcionarios públicos de todos los niveles e instituciones, y hasta presidentes. Un ‘narco-estado’. También necesitó del reclutamiento de jóvenes para engrosar las filas de los “halcones” y de comunidades como ‘bases de apoyo’. La década del 2000 fue la decena trágica de muertos, desaparecidos, corrupción infinita, violencia nunca antes vista y que con los años se agudizó. La diversificación de los negocios del narco es tal, que legalizar el consumo de la cannabis ya resulta una medida insignificante para detener el crecimiento de este actor.

Como ya hemos dicho antes, desde décadas atrás observamos cómo la clase política neoliberal y tecnócrata contra quienes el movimiento social luchaba, entregaron a la clase empresarial diversos sectores de la economía. Incluyó a la lógica del mercado los bienes comunes naturales y culturales, así como la responsabilidad de garantizar los derechos humanos a las empresas, convirtiendo todo en mercancía con precio y dueño. Poco tiempo después, ambos sectores, político y empresarial se fusionarían y los empresarios no sólo influyeron en los diversos niveles de gobierno para adecuar las políticas y las leyes a sus intereses, sino que ellos mismos arribaron al poder. Por ello cambiamos de un Modelo Neoliberal a un Modelo Corporativo que todavía no logran entender muchos analistas y se quedan en la antesala de lucha contra el poder corporativo o del llamado asalto corporativo a las estructuras del Estado. Esto genera otro paradigma de modelo de Estado y de modelo económico. Los empresarios luchan por llegar al poder, adueñarse de las estructuras del Estado y gobernar para sus intereses. Sucede en las estructuras internacionales, multilaterales, como el caso de la Organización de las Naciones Unidas y todo su andamiaje controlado y financiado por las grandes corporaciones transnacionales. Pues lo mismo sucede con el narco, y ahora observamos la fusión de los tres sectores: el político, el empresarial y el narco.

¿EXISTEN LOS ‘CÁRTELES’?

Algunos analistas afirman que no existen los “cárteles”, sino ‘grupos de crimen organizado’ lo que nos parece incorrecto. Entendemos por cártel a una organización ilegal de personas, criminal, con estructura propia, armada, con presencia significativa y determinante en la vida social, política y económica de un territorio o “plazas”, cuyo principal motor que les da origen es el narcotráfico, pero sus negocios se ramifican en todos aquellos que les aportan más poder y grandes sumas de ganancias.

En Europa se les llama ‘Mafias’, en Japón les llaman ‘Yakuza’, ‘Trída’ en China o ‘Bratva’ en Rusia. Independientemente de ello, la lógica es la misma: poder, acumulación de capital y control del territorio como aquí lo definimos. Sus negocios en el “capitalismo informal” van desde el tráfico de drogas, autos robados, armas, trata de personas, extorsión, lavado de dinero, falsificación de tarjetas de crédito y todo tipo de productos, prostitución, casinos o asesinos a sueldo, tráfico de indocumentados, control de la producción agropecuaria o de las actividades extractivistas, extorsión, ‘huachicoleo’, cobro de pisos, secuestros, control de puertos y aeropuertos, entre otros muchos giros que ramifican sus delitos de manera alarmante. Su presencia se extiende más allá de sus territorios nacionales, por lo que conforman empresas trasnacionales del capitalismo informal.

Por tanto, las acciones criminales que se registran en Chiapas y en todo México, requieren de una enorme organización y logística, de sus redes de comunicación, financiamiento, control y mayores ganancias. Como en la lógica empresarial, el pez grande tiende a comerse al pez chico o al menos controlarlo. Esta es la misma lógica entre los cárteles grandes y los medianos y pequeños cárteles (Pymecs). Hay que diferenciar entre los grandes cárteles y los grupos pequeños de narcos fruto de escisiones, así como de otros grupos delincuenciales. Al final de cuentas, éstos no tienen más opción que doblegarse al cartel mayor que controla el territorio, negociando o compartiendo intereses y ganancias.

Así, la competencia entre ellos se lleva a cabo en escenarios informales e ilegales, se disputan los territorios con grandes enfrentamientos armados. Por tanto, sí hay cárteles en Chiapas que se disputan los territorios en base a una ‘narcoguerra’. Y es que hoy por hoy, la mayor confrontación armada y violencia generada (asesinatos, colgados, masacres, desplazamiento forzado, etc..), se da entre los cárteles y de éstos contra la población, de ahí la ‘narcoguerra’ y ‘narcoviolencia’ como lo hemos constatado en El Escaramujo No. 114 . Y esta narcoviolencia es contra toda la sociedad, rural y urbana, campesina e indígena, afecta a todos los estratos sociales. No es ni siquiera entre el gobierno en turno y el narco, ni entre el gobierno contra los movimientos sociales, o contra los campesinos, o contra el magisterio o los periodistas, o contra los indígenas o contra los zapatistas que resisten al capitalismo de manera aislada pero heroica. Existen casos graves, pero no es la tónica en el mapeo estatal y nacional.

EL CONTROL POR EL TERRITORIO: EMPRESAS vs NARCO

Las empresas han ido dominando por años el “Territorio”, que es una de las principales disputas con los movimientos sociales, campesinos y pueblos originarios. Y nos referimos al ‘Territorio’ en sentido amplio. Un control del territorio físico, adueñándose de grandes extensiones de tierras para una infinidad de megaproyectos, entre los que se encuentran los proyectos mineros, represas hidroeléctricas, explotación de petróleo y gas así como de su infraestructura que va desde gasoductos, oleoductos, regasificadoras, refinerías, puertos, aeropuertos, parques eólicos, centros turísticos de élite, supuestos ‘polos de desarrollo’, entre otros proyectos de ingentes consecuencias sociales y ambientales. Pero la lista no termina aquí, nos topamos también con los grandes monocultivos agroindustriales como la palma de aceite, de soja y de maíz transgénico, o parques industriales, mega-granjas porcinas, camaronícolas y de todo tipo centralizado de producción y desplazando pueblos o creando economías de enclave. También otros giga proyectos como el Tren Maya o el Canal Interoceánico. Pero la lucha por la apropiación del territorio físico no es todo.

En el territorio legal y jurídico han logrado instalar sus intereses en lo local, nacional e internacional asegurando sus inversiones con los Tratados de Libre Comercio y los Tratados Bilaterales de Inversión. Se controló el aparato judicial y dependencias del estado como SEMARNAT, CONAGUA, PEMEX, CFE, entre otras que encabezan las instituciones más corruptas del país, desde donde se entregaron concesiones a diestra y siniestra a grandes trasnacionales de energía y farmacéuticas, por mencionar algunas.

En el territorio económico han logrado desplazar a la competencia en una lucha encarnizada para fusionar, comprar o hacer quebrar al oponente centralizando el poder en las grandes Corporaciones Trasnacionales. El territorio político también ha sido cooptado en la medida en que los empresarios han accedido al poder político electoral ganando elecciones, de los cual hay infinidad de casos. En el territorio cultural las empresas han logrado que el consumismo reine en la sociedad. Todo ello en medio de ilegalidades, trampas, competencias desleales, subsidios, desacato a resoluciones judiciales, desplazando comunidades, empobreciendo a los pueblos, agudizando la dependencia, con evasión de impuestos, robos, corrupción, hasta asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos, del medio ambiente y periodistas. Por ello le llamaremos “Capitalismo Formal”, que no “Legal”, frente a lo que consideramos el “Capitalismo Informal”, que no “Ilegal”, porque ambos lo son.

Aquí es donde entra el “narco”, porque su lógica es la misma lógica del “empresarial formal” en cuanto a la acumulación de capital, y que al igual que las empresas se van diversificando y apropiándose de los territorios. El narco es otro actor empresarial trasnacional. Es un actor muy voluble, que cambia con una rapidez impresionante como la misma Bolsa de Valores, como las mismas empresas. Esto significa que mañana hay dos cárteles, pasado tres, luego veinte y posteriormente cinco. Cambian, se fusionan, se traicionan o se matan. Así, el narco es un actor “empresarial informal” dentro del sistema capitalista que modifica la estructura y el escenario socio político y socio económico en el territorio donde asienta sus intereses. Este ‘capitalismo informal’ le está disputando la acumulación de capital al ‘capitalismo formal’.

Chiapas se encontraba blindado hasta cierto punto por varias razones. Una, porque el 65% del territorio estatal es propiedad colectiva, son Ejidos y Bienes Comunales, lo que implicó un cierto nivel de control territorial mediante sus Asambleas y otros mecanismos de gobernanza local y por dinámicas productivas y actividades colectivas. Otra razón es el número de organizaciones campesinas e indígenas cafetaleras, maiceras, o con diversas agendas reivindicativas que les otorgaba cierta fuerza de presencia y movilización en los territorios. Y una más, aunque no son las únicas, es que el EZLN mantenía otros controles territoriales donde se incluía expresamente la prohibición de siembra, tráfico y consumo de estupefacientes en las zonas de influencia zapatista. Sin embargo, la crisis llegó a Chiapas. Por diversos factores todos estos sectores se vieron debilitados con el tiempo. Y esto no es ninguna novedad aunque a algunos les de pavor pensarlo, aceptarlo y menos decirlo. Los grupos armados pululan por todos los rincones del estado.

CONCLUSIÓN

La mayor violencia en México y específicamente la terrible violencia en Chiapas proviene del narco, bajo la lógica del enfrentamiento entre cárteles, que afecta a todos los sectores tanto urbanos como rurales, y a todos los estratos, tanto pobres como ricos. Se han infiltrado en las estructuras del Estado, en los partidos y está accediendo directamente al poder político municipal y de los núcleos agrarios. Desde la lógica del capitalismo informal disputan los territorios y la acumulación de capital al capitalismo formal.

Hasta el momento el EZLN ha renunciado al uso de las armas para defender sus territorios donde ya pululan los grupos armados de los narcos, donde han visto reducido su influencia en los territorios y con débiles alianzas locales. Actualmente no es el actor que aglutina a las fuerzas sociales ni marca la agenda como en 1994 al 2000. El conflicto no es ‘zapacéntrico’ como lo fue en sus tiempos porque la violencia sí se explicaba en función de la fuerza político y social zapatista, pero ahora la complejidad es distinta. Otra cosa es que no nos guste para nada las políticas y supuestas estrategias del gobierno actual para detener esta narcoviolencia. Y otra cosa es que las políticas sociales del gobierno federal dividen y despolitizan a los movimientos sociales, a los colectivos, organizaciones, comunidades indígenas zapatistas o no zapatistas, resistencias urbanas o suburbanas, etc. En la siguiente entrega de El Escaramujo hablaremos de la ‘guerra’, de los ‘paramilitares’, de los ‘grupos de autodefensa’ y otros conceptos para diagnosticar la situación actual de Chiapas.

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Algunas Fuentes:

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