Solidaridad con la lucha de los pueblos del Ecuador ante acusaciones de Ministro Santos Alvite

Compartimos este pronunciamiento de Amigos de la Tierra America Latina y el Caribe ATALC – A 27 de abril del 2023

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) manifiesta su profunda indignación y rechaza vehementemente los hechos que tuvieron lugar el 26 de abril en Ecuador, en los que el Ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, criminalizó la lucha de los pueblos del Ecuador por su derecho al ambiente sano.

En el marco de la comparecencia ante la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, frente a la que el ministro debía rendir cuentas por el caso de las 9 niñas ecuatorianas que enfrentan al Estado con la demanda interpuesta por la contaminación de la Amazonía generada con la instalación y quema de gas en mecheros, el Ministro tildó de “delincuente internacional” al abogado Pablo Fajardo, integrante de la Unión de Afectadas/os por Operaciones Petroleras de la Texaco (UDAPT), sin que haya para esta agresión temeraria ningún tipo de prueba, soporte jurídico o fallo que así lo defina; esta acusación pone en riesgo la lucha democrática de los pueblos ecuatorianos que además exigen reparación integral por las violaciones de los derechos de los pueblos y sus derechos humanos, de las que se acusa a la transnacional Chevron.

La Corte de Sucumbíos en la sentencia del caso mecheros le ordenó al Estado que en un plazo de 18 meses eliminara todos los que están aledaños a poblaciones. El plazo se cumplió el pasado 29 de marzo y el Estado no ha cumplido con esta obligación, razón por la que instituciones como UDAPT, entre otras, exigen el cumplimiento de la ley como una de las condiciones necesarias para hacer justicia, de ahí la presencia legítima del abogado Pablo Fajardo en la comparecencia señalada.

La acusación del ministro Santos Alvite recae contra todos los pueblos originarios de Orellana y Sucumbíos, mujeres, niñas/os y articulaciones sociales que por más de 30 años han luchado para lograr reparación integral del daño causado por las transnacionales petroleras.

Es importante recordar, también, que el ministro Santos Alvite tiene una larga historia de vinculación a la industria petrolera como asesor de empresas, y 8 años como delegado de Ecuador ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y que ha sido un férreo defensor de Chevron y otras empresas transnacionales. Lamentablemente, lo sucedido el 26 de abril no es un hecho aislado, en diferentes ocasiones ha realizado ese tipo de acusaciones temerarias.

ATALC pide que ante situaciones de esta gravedad, que criminalizan las luchas de los pueblos y ponen en riesgo la vida e integridad de las personas estigmatizadas, se haga la retractación correspondiente, y se avance en el cumplimiento de las sentencias ajustadas al Estado de Derecho.

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
Abril 27 de 2023

Más información:

Ecuador es denunciado ante la CIDH por sus intromisiones en el caso Chevron

Compartimos este pronunciamiento de la Unión de Afectadas y Afectados por las Operaciones Petroleras de TexacoUDAPT vía Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC sobre el caso Chevron en Ecuador – A 23 de marzo del 2023

Este lunes 20 de marzo de 2023, las/os afectadas/os por las operaciones de Chevron (Texaco) en el Ecuador recurrieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar que el Gobierno de Ecuador obstaculiza y pone en riesgo la ejecución de la sentencia y la reparación de las zonas afectadas por la contaminación provocada por los procesos extractivos implementados por Chevron en las provincias de Orellana y Sucumbíos.

Lago Agrio, 21 de marzo de 2023. Han pasado más de 30 años desde que inició el juicio contra Chevron y 11 años desde que se ejecutorió la sentencia en favor de indígenas y colonos que habitan en las provincias de Orellana y Sucumbíos. Sin embargo, pese a existir cuatro sentencias que encuentran a Chevron culpable del daño causado, la reparación no llega a los pueblos victimas del crimen de la petrolera. Las/os afectadas/os por las operaciones de Chevron responsabilizan al Gobierno de Ecuador por haber interferido en este juicio privado para evitar que puedan ejecutar la sentencia. Son tres los elementos que señalan.

Primero, el ex Procurador General del Estado, Iñigo Salvador, envió oficios mediante valija diplomática a las Cortes de Canadá y Argentina, en donde se encontraban pendientes sendos procesos de ejecución de la sentencia contra Chevron. Como consecuencia de la interferencia del Procurador, los procesos fueron descartados. El caso fue particularmente grave en Canadá, donde estaba pendiente una decisión final de la Corte Suprema que permitiría la ejecución completa de la sentencia, pero luego de la intervención de Salvador, el caso fue archivado. Adicionalmente, el Ex Procurador General del Estado emitió una serie de declaraciones públicas, en las que parecía ser defensor de los intereses de Chevron y no del Estado ecuatoriano.

En segundo lugar, el Gobierno de Ecuador ha emprendido una campaña de persecución en contra de las/os pobladoras/es ecuatorianas/os, con la clara intención de favorecer a la multinacional. Por pedido expreso del ex Procurador del Estado, Íñigo Salvador, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, a mediados del año 2021 inició indagaciones contra las/os pobladoras/es amazónicas/os por un supuesto delito de cohecho, en el cual se pretende demostrar que el juez de primera instancia, Nicolás Zambrano, dictó sentencia a favor de las/os amazónicas/os por supuestos ofrecimientos de dinero al Juez.

Y tercero, desde el 2017 el Gobierno de Ecuador ha fallado en su obligación de ejercer una defensa técnica efectiva, sobre la base de la soberanía y la institucionalidad del Estado, ante el panel arbitral y ante la justicia holandesa. Los actos realizados por la defensa del Gobierno demuestran desidia y hasta negligencia.

En 2018 el Estado ecuatoriano planteó el recurso de nulidad del laudo arbitral que obtuvo Chevron el 30 de agosto de ese mismo año. Aunque la justicia holandesa todavía no ha emitido un fallo definitivo sobre el recurso de nulidad planteado por la Procuraduría del Estado, el Gobierno de Ecuador actualmente ya se encuentra ejecutando el laudo como si estuviera vigente. Justamente, es por su cumplimiento que el Gobierno de Ecuador se ha empeñado en entorpecer las acciones de cobro de los demandantes en jurisdicciones extranjeras, en las que ha intervenido sin ser parte procesal.

Estas acciones dejan en claro que el Estado y Chevron están actuando coordinadamente, y que para el Gobierno de Ecuador es más importante el cumplimiento de un laudo arbitral y la satisfacción de los accionistas de Chevron, que los derechos de sus ciudadanas/os. La intervención del Gobierno de Ecuador con la intención de evitar que las comunidades puedan ejecutar una sentencia emitida por su propio poder judicial, es contraria a las obligaciones nacionales e internacionales del Ecuador en materia de Derechos Humanos.

Pablo Fajardo, abogado de los demandantes en el caso Aguinda Vs Chevron, afirmó que es lamentable que el Gobierno del Ecuador, con la Procuraduría General del Estado, se pongan al servicio de la transnacional y pretendan desconocer una sentencia ejecutoriada del sistema judicial ecuatoriano. La sentencia que beneficia a los pueblos y a la naturaleza se basa en instrumentos jurídicos de Derechos Humanos. El Laudo arbitral que beneficia a Chevron, contra Ecuador, se basa en un Tratado Bilateral de Protección de Inversiones. Este es un caso en el cual se refleja una grave disputa entre el sistema de protección del derecho económico de las empresas transnacionales, que cuentan con la complicidad de muchos gobiernos, que se ponen en contra de su propia población como es el caso de Ecuador. Ese sistema está en contra del sistema de derechos humanos que protege a los pueblos humildes de Latinoamérica. En el fondo es un abuso del derecho de las trasnancionales, que someten a los gobiernos de países pequeños en todo el mundo. Por lo tanto, este problema no es solo del Ecuador, es un problema que afecta a la humanidad, sentenció Fajardo. En ninguna parte del mundo, el dinero puede valer más que la vida de miles de campesinos e indígenas.

Donald Moncayo, coordinador de la Unión de Afectados por Texaco, alertó sobre las interferencias del ex Procurador Iñigo Salvador. Señaló que sus actos llevaron al Estado ecuatoriano a inmiscuirse en un juicio entre privados. Resulta un acto de traición que nuestro Procurador del Estado obstaculice una sentencia en favor de ciudadanos de Ecuador, que ha sido analizada y ratificada por todas las instancias judiciales de Ecuador, incluyendo la Corte Nacional y la Corte Constitucional.

Las acciones del Procurador, dijo Lidia Aguinda, una de las demandantes, traerán graves consecuencias al Estado ecuatoriano, pues está atentando contra los derechos que debe proteger de los ecuatorianos, contraviniendo así su mandato constitucional. Enfatizó que sus actos son una clara violación de la independencia judicial y mancillan la soberanía del Ecuador en favor de Chevron. Con referencia al presupuesto general del Estado, que dispone 2 mil millones de dólares para pagarle a Chevron, añadió: “Parece que el Gobierno de Ecuador está más preocupado por satisfacer a las exigencias de Chevron que las necesidades de la población ecuatoriana”.

Por su parte Elias Piaguaje, Presidente de la Nacionalidad Siekopai, afirmó que hemos luchado 30 años buscando justicia y reparación. Nos hemos envejecido en esta batalla, pero seguiremos luchando hasta lograr que se repare nuestra Amazonía. No podemos dejar un legado de muerte y destrucción a nuestras futuras generaciones.

La dirigencia de la UDAPT hace un llamado a los pueblos de Latinoamérica a unirse y levantarse en casos como estos. No se puede permitir que nuestros gobiernos den seguridad jurídica a las empresas transnacionales, y desmantelen todo el sistema de protección de nuestros derechos humanos de la Naturaleza, cuando somos agredidos por esas corporaciones. Igualmente hacemos un llamado al Gobierno del Ecuador a respetar la sentencia de la Corte Constitucional del país y a no intervenir en favor de Chevron. Por ahora confiamos que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos nos proteja de las interferencias indebidas del Gobierno de Ecuador, le ordene reparar los derechos vulnerados, y prevenga futuras intervenciones violatorias de los derechos de las/os pobladoras/es amazónicas/os.

Contactos
Donald Moncayo +593 99 397 7808
Pablo Fajardo +593 99 397 7811

CASO CHEVRON: CARTA ABIERTA AL GOBIERNO DE ECUADOR

Compartimos esta carta abierta sobre el caso en la amazonia ecuatoriana – A Septiembre del 2022

Campaña global para Reclamar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner fin a la Impunidad

Señor Guillermo Lasso Mendoza

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dr. Íñigo Salvador

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

Señor Juan Carlos Holguín

CANCILLER DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL LLAMAN A ECUADOR A APELAR ANTE LA CORTE SUPREMA DE LOS PAÍSES BAJOS

Septiembre, 2022

El 11 de diciembre 2020, muchas organizaciones y redes que luchamos por el respeto de los derechos humanos, de la naturaleza y el acceso a la justicia, hemos solicitado al gobierno del Ecuador, que realice la defensa tecnica adecuada ante el sistema judicial neerlandés, para que logre la nulidad del laudo arbitral que amenaza los derechos humanos de más de 30.000 personas, campesinos e indígenas de seis pueblos amazónicos. Más de 260 organizaciones y colectivos, que representan a más de 280 millones de personas que firmaron este pedido. Sabemos que el 28 de junio de 2022, la corte de apelación de los Países Bajos rechazó en segunda instancia la reclamación de Ecuador para anular el laudo arbitral en favor de Chevron. Este laudo demanda en particular que el Estado pague una indemnización multimillonaria a Chevron y que el Estado ecuatoriano impida la ejecución de la sentencia de Lago Agrio, en el cual se condena a la petrolera a pagar más de 9.5 mil millones de dólares, para reparar el daño ambiental social y cultural que causó con sus operaciones petroleras en la Amazonia de Ecuador. Esta sentencia ha  sido ratificada por todas las instancias judiciales de Ecuador.

Hasta ahora la UDAPT, Unión de los Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (hoy Chevron) no ha recibido ninguna información indicando que el gobierno tiene la intención de apelar la decisión neerlandesa en la Corte Suprema de los Países Bajos. A nuestro entender, el 28 de septiembre de 2022 vence el plazo para introducir una apelación ante la Corte Suprema de los Países Bajos.  Organizaciones y redes sociales ecuatorianas (CONAIE, CONFENAIE, COICA, CDES, INREDH, FIAN- Ecuador, Amazon Watch, UDAPT) han escrito esta semana al Procurador a Ecuador  para exhortarle  este recurso, ver carta aqui.

Este caso, preocupa enormemente a los colectivos sociales, de mujeres, pueblos indígenas, jóvenes, defensores de la naturaleza, campesinos, defensores de los derechos humanos, entre otros de todo el planeta.  Nuestra preocupación radica en el grave precedente que se estaría generando, al permitir, que un laudo arbitral basado en un Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (BIT), tenga supremacía ante una sentencia constitucional de un Estado, y que cuya sentencia tutela y protege los derechos elementales de más de 30.000 personas.  Adicionalmente, vemos con mucha preocupación las acciones del Gobierno de Ecuador. Ecuador, que preside el grupo de trabajo, proceso para la construcción y aprobación del Tratado Vinculante, en cumplimiento de la resolución 26/9, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales y derechos humanos, con el objetivo de poner fin a la impunidad corporativa de las transnacionales como Chevron, que cometen graves vulneraciones a los derechos humanos en el mundo.

Recordemos que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de proteger sus ciudadanos y a la naturaleza; y, de garantizar el acceso efectivo a la justicia; debe comprenderse con la ejecución de una sentencia como parte del acceso a la justicia. Impedir que se ejecute una sentencia es vulnerar ese derecho.  El laudo arbitral es contrario a la Constitución ecuatoriana y viola la separación de los poderes. La sentencia del caso Lago Agrio encuentra a Chevron culpable y la condena a pagar la reparación del daño causado. Además, Ecuador ha suscrito varios instrumentos internacionales de DD.HH., como por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos  que estipula en el Capítulo I,  en su artículo 25 sobre la Protección Judicial que «Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales…» y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que estipula en su artículo 8 «Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos

En esta perspectiva, le instamos a no interferir en el juicio privado entre los afectados por las operaciones petroleras y Chevron y a cumplir con su deber de garantizar el acceso a la justicia a sus ciudadanos y la seguridad jurídica, especialmente de:

– introducir el recurso de apelación ante  la Corte Suprema de Justicia de los Países Bajos antes del 28 de septiembre, fundamentada en una defensa adecuada, conforme al derecho constitucional ecuatoriano, a los tratados y otros instrumentos jurídicos internacionales de DD.HH., ambientales y de los derechos de los pueblos indígenas.

– respetar la sentencia de Lago Agrio para reparar los daños causados por las operaciones petroleras de Chevron y no intervenir en las cortes extranjeras, para impedir las acciones de ejecución (exequátur) de los demandantes del caso Lago Agrio.  

– informar de forma oportuna, adecuada, suficiente y transparente a los firmantes de ésta carta, y en particular a los afectados y afectadas organizados en la UDAPT, a fin de que puedan defenderse de cualquier amenaza sobre sus derechos.

Le instamos a apelar la sentencia neerlandesa para no sentar un precedente en favor de la impunidad corporativa en el mundo y de garantizar el acceso efectivo de las comunidades ecuatorianas en su larga batalla por la justicia y la reparación.

Imagen: OMAL

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Derrame de hidrocarburos pone en riesgo la vida de comunidades indígenas y el ecosistema de la Cuenca Griljalva en Chiapas y Tabasco

Compartimos este comunicado del Zodevite, Defensoras Nasakobal, Centro de Lengua y Cultura Zoque sobre el derrame de petroleo el pasado – A 1 de agosto del 2022

Pueblos zoques de Chiapas, organizados por la defensa de la vida y el territorio, denunciamos a Petróleos
Mexicanos (PEMEX), a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y a los Gobiernos de Chiapas
y Tabasco por la negligencia de no realizar una revisión exhaustiva de sus ductos de transportación de
hidrocarburos, toda vez que el pasado 26 de julio, se presentó un derrame importante de petróleo,
contaminando gravemente los ríos Mezcalapa y Carrizal y ocasionando que más de 600 mil personas se
quedarán sin agua. La mancha de aceite crudo se dispersó por arroyos, ríos y pastizales principalmente en la ranchería El Platanar, municipio de Pichucalco, ubicada entre los límites de Chiapas y Tabasco, sobre la
Cuenca Grijalva.

Lo más lamentable de estos hechos es que, en meses anteriores, autoridades locales ya habían reportado laposible fuga en las oficinas de PEMEX en el municipio de Reforma, sin embargo, nadie atendió la solicitud. Ésta negligencia es una evidencia de las formas de operación del Estado Mexicano, en particular desde su empresa Petróleos Mexicanos, quien desde hace 5 décadas ha convertido a nuestras tierras en verdaderos territorios de sacrificios como ocurre en el ejido Nuevo Volcán Chichonal, municipio de Juárez, pozo Catedral en Ostuacán y la laguna El Limón de Reforma, Chiapas, que son pasivos ambientales generados por el gobierno. También señalamos que es necesario revisar los derechos de vía de sus ductos, pues muchas de ellas, se encuentran sobre viviendas, escuelas y torres de alta tensión de comunidades campesinas que además padecen los efectos de la lluvia ácida.

Desde nuestro entendimiento, ésta catástrofe es provocada por el sistema capitalista que, domina el mundo hoy en día. En este sistema, los dueños de las grandes corporaciones mundiales, en alianza con los gobiernos y todos sus aparatos de control y de represión, quieren obtener ganancias multimillonarias y acumular poder. Por eso, saquean nuestros territorios, destruyen la naturaleza, la vida del ecosistema y explotan nuestra fuerza de trabajo. Convocamos a los pueblos a fortalecer la organización comunitaria porque solamente como colectivos podremos defender a la madre tierra.

Desde nuestros territorios ancestrales extendemos nuestro apoyo a nuestros hermanos chiapanecos y
tabasqueños y nos unimos a ellos para exigir justicia ambiental..

¡ALTO A LA CONTAMINACIÓN1
¡NASAKOBAJK LIBRE DE DESECHOS TOXICOS!
¡NO A LOS HIDROCARBUROS EN LOS TERRITORIOS ZOQUES!
¡LA UBICACIÓN DE LOS DUCTOS DE PEMEX DEBE SER PUBLICA!
¡SEGURIDAD NACIONAL POR LA VIDA, ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN!
¡NO AL FRACKING, NI AQUÍ, NI ALLÁ, NI HOY, NI NUNCA!

ATENTAMENTE
Colectivo Defensoras de Nasakobajk
Concejo ZODEVITE (Zoque en Defensa de la vida y el territorio)
Centro de lengua y Cultura Zoque
Animador de la Pastoral de los Pueblos originarios
Zoques urbanos de Guadalajara, Jalisco, México
Zoques de Boston, Massachusetts, Estados Unidos

Imagen: Cuarto poder

Ecuador: Justicia ordena que empresa petrolera apague mecheros y pare de contaminar

Compartimos esta entrevista de Radio Mundo Real RMR sobre la lucha por la vida en Ecuador- A 6 de octubre del 2021

Nuevo triunfo de UDAPT en la defensa de la Amazonia ecuatoriana, a pesar de la presión de empresas transnacionales.

Quienes viven en la localidad “Virgen del Carmen” del Cantón “Joya de los Sachas”, en la provincia ecuatoriana Francisco de Orellana, celebraron a mediados de septiembre que un juez de primera instancia de la Unidad Judicial Multicompetente Penal falló a favor de la acción de protección que solicitaron contra la Empresa ENAP- SIPETROL.

>>Escucha la entrevista aquí<<

ENAP es responsable de la administración y explotación del campo petrolero Mauro Dávalos Cordero desde el año 2004 y fue denunciada el 16 de agosto por habitantes del cantón ante diversas acciones contaminantes provocadas por los generadores de electricidad -que emiten una fuerte contaminación acústica-, dos mecheros que son utilizados para la quema de gas – que provocan lluvias ácidas y contaminan los cursos de agua-, residuos tapados con tierra, y otros impactos socioambientales que afectan a las personas que viven en el sector y a la flora y fauna endémica.

El juez reconoció que las operaciones de la petrolera vulneran los derechos a un ambiente sano, al buen vivir, a la seguridad y soberanía alimentaria, a la salud y la empresa deberá frenar sus actividades.

«El juez dispuso a la empresa que, en un término de 18 meses, elimine todos los mecheros, todo el ruido, toda esa agresividad de la empresa hacia la comunidad. Y reconoció que la empresa, con sus operaciones y la complicidad del estado ecuatoriano, vulnera el derecho a la salud, al ambiente, a la alimentación sana, al acceso al agua, a la vida en paz y tranquilidad», dijo el abogado Pablo Fajardo a Radio Mundo Real en la entrevista que acompaña esta nota.

Fajardo integra la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT) que patrocinó a las personas que denunciaron a la empresa y explicó cómo fue el proceso judicial. Este año, además, la UDAPT se unió a Amigos de la Tierra y representa a la federación en Ecuador.

Se espera que ENAP apele el fallo y por eso habrá que estar alertas para apoyar a “Joya de los Sachas”.

El resultado judicial de primera instancia «es un gran paso que dimos como UDAPT y como colectivos que protegemos la Amazonía», dijo el abogado ambientalista. «La empresa dice que hace lo que le corresponde como parte de invertir en el país, pero no tiene en cuenta que sus derechos terminan donde empiezan los de los campesinos. Las consecuencias de sus acciones están pasando los límites: no están siendo responsables con los derechos de las personas ni de las naturaleza», continuó.

Pero, sobre todo, Fajardo remarcó la responsabilidad del Estado ecuatoriano en dejar avanzar los impactos contaminantes. En el juicio «estaba todo el Estado haciendo presión para que el juez no se atreviera a fallar contra la empresa; al Estado no le importa garantizar los derechos de la gente: le importa garantizar la ‘seguridad jurídica’ a las empresas. Es una cuestión gravísima, que nos preocupa cada vez más».(CC) 2021 Radio Mundo Real

Imagen: texaco-mecheros-planv – RMR

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Ductos, ¿por dónde circulan los hidrocarburos en México?

Compartimos este estudio realizado por CartoCrítica

¿Cuántos tipos de ductos para transportar hidrocarburos existen en México? ¿Cuántos son? ¿De qué longitud? ¿Están en las ciudades o bosques, cruzan ríos o cultivos? ¿Quién tiene conocimiento y autoridad sobre ellos? Además de tomas clandestinas, ¿hay fugas? ¿Cruzan por áreas naturales protegidas? ¿Qué ecosistemas afectan? ¿Son ductos públicos o privados? ¿Se respetan los derechos de vía? ¿Representan riesgos para la salud, los ecosistemas o los centros de población?

Todas estas dudas y más surgen cuando uno quiere saber sobre la infraestructura del transporte de hidrocarburos por ductos en el país. Las respuestas no están disponibles fácilmente, aún cuando son relevantes para quienes habitan o tienen propiedades en las zonas aledañas, para la protección civil y la conservación ambiental. Tras la reforma constitucional en materia energética y leyes secundarias, se ha dificultado aún más el acceso a estos datos.

Para responder a estas preguntas, CartoCrítica junto con la Fundación Heinrich Böll Stiftung elaboramos el presente estudio, a modo de una primera caracterización sobre los ductos para el transporte de hidrocarburos que existen en el país. En este esfuerzo se identificaron 6 mil 777 proyectos de ductos, cuya longitud es de 68 mil 843.15 kilómetros, equivalente a dar 1.7 veces la vuelta a la Tierra en el ecuador. El 94% son ductos terrestres, mientras que 3 mil 973.8 km están en el Golfo de México, frente a Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas; y 21.5 km están en el Océano Pacífico frente Baja California.

>> DESCARGAR EL MAPA <<

Mapa de ductos en PDF (baja resolución, 4Mb)

Mapa de ductos en PDF (alta resolución, 55M)

Chiapas:

Introducción

El principal constructor de ductos a lo largo del país ha sido Petróleos Mexicanos (Pemex). Tiene ductos para la recolección del petróleo crudo y gas provenientes de los pozos de extracción, el transporte a las refinerías, petroquímicas y complejos procesadores de gas, y para la distribución de productos finales a las terminales de almacenamiento y consumidores finales. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es también una importante constructora de ductos para abastecer de gas a las plantas generadoras de energía eléctrica del país. También están los ductos de las comercializadoras de gas natural que atraviesan ciudades enteras, así como los construidos por y para el servicio de grandes usuarios industriales.

A diferencia de otras instalaciones industriales peligrosas, los ductos no están dentro de un complejo industrial con características de seguridad; por el contrario, se despliegan a lo largo y ancho de tierras propiedad de terceros, entre ciudades y carreteras, o en tierras agrícolas, ríos y parajes naturales, incluyendo propiedades privadas, núcleos agrarios, áreas naturales protegidas y territorios indígenas. Por lo que, en caso de fuga de hidrocarburos, el riesgo de derrames, contaminación y explosiones es sumamente alto, con rangos que van desde los 20 metros para los ductos de diámetro pequeño, hasta más de 300 metros para los grandes ductos o de alta presión.

Las tuberías están normalmente enterradas; sin embargo, su construcción, supervisión y mantenimiento requiere de amplios derechos de vías libres y sin cobertura vegetal. El diámetro de los ductos puede variar desde una hasta 50 pulgadas o más, pero las excavaciones para la construcción, mantenimiento y franja de seguridad o derecho de vía, que puede ser de más de 10 metros de ancho, producen una intensa perturbación del suelo y el entorno. Numerosas invasiones se registran sin ningún control, se pueden encontrar viviendas, industria, comercio, escuelas, torres de alta tensión y hasta instalaciones militares sobre el derecho de vía de los ductos.

El acceso a la información pública en formatos abiertos sobre los ductos es inexistente. La infraestructura se encuentra sumida en la opacidad, escudada con el argumento de la seguridad nacional. La ubicación de los ductos, su antigüedad, bitácoras de mantenimiento, riesgos, fugas, incidentes y tomas clandestinas, entre muchas otras características, se mantienen resguardadas con recelo. Las autoridades responsables solo publican agregados estadísticos o infográficos ilustrados con mapas simplificados del país, incluso los datos sobre capacidad o longitud varían entre una publicación y otra. Este escenario dificulta la protección civil e imposibilita los estudios para cuantificar impactos y riesgos sociales o ambientales, entorpece la disponibilidad previa de información para consultas públicas y, sin duda, es un obstáculo para la participación ciudadana.

Marco regulatorio

El transporte por ductos puede ser sumamente complejo, para entenderlo, se puede catalogar por empresa, tipo de hidrocarburo, diámetro, función desempeñada, estado actual de operación, entre otros; el análisis por categorías arroja claridad sobre diversos aspectos. De manera esquemática, lo más sencillo es distinguir entre los ductos de recolección y los de transporte y distribución.

Los ductos de recolección permiten el acopio de hidrocarburos que se han extraído del subsuelo, se realiza mediante un sistema de líneas de descarga que van desde el cabezal de cada pozo en el yacimiento hasta las primeras baterías de separación o, en su caso, hasta los sistemas de transporte (NOM-027-SESH-2010). Estos ductos solo se encuentran en donde se extraen hidrocarburos del subsuelo, principalmente en aguas del Golfo de México, en Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y Chiapas. Según el marco regulatorio actual, solo pueden estar dentro de un Área Contractual o un Área de Asignación, ya que pertenecen a la fase de exploración y extracción de los hidrocarburos, por lo mismo, están regulados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) (Artículo 38 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética).

Posteriormente, están los ductos de transporte y distribución. Estos son los que conducen los hidrocarburos en múltiples fases, entre estaciones o plantas para su compresión, bombeo, procesamiento, almacenamiento y finalmente distribución. Aquí se incluyen tanto los ductos nacionales como los de internación, es decir aquellos cuya capacidad está destinada a la importación de hidrocarburos. Estos se encuentran distribuidos a lo largo de prácticamente todas las entidades del país, aunque no necesariamente interconectados entre sí, pueden interconectarse con buques cisterna o ferrocarriles. Con la expansión del sistema de gasoductos propuesta por la Secretaría de Energía (Sener) en el Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 2015-2019 («Plan Quinquenal de Gasoductos»), al parecer solo en Nayarit no habría ductos de ningún tipo. La regulación de estos ductos está a cargo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) (Artículo 41 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética); aunque adicionalmente, los de transporte y distribución de gas natural, de carácter público, están integrados al Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sintragas), cuyo gestor y administrador independiente es el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas). Integrar los ductos privados de gas natural al Sintragas es de carácter voluntario (Artículo 65 y 66 de la Ley de Hidrocarburos).

Para el crecimiento de la importación, exportación y uso del gas natural en México, la reforma energética del 2013 contempló establecer un nuevo arreglo institucional en el manejo de los gasoductos públicos existentes y aumentar la red de gasoductos del país. De este modo, la gestión y administración del Sistema Nacional de Gasoductos cambió drásticamente en enero del 2016, al pasar de manos de Pemex Logística al recientemente creado Cenagas, organismo descentralizado sectorizado a la Sener. A este, Pemex le transfirió tanto la infraestructura de gasoductos de transporte que poseía, como los contratos de ocupación superficial y derechos inmobiliarios que poseía.

Hallazgos en medio de la opacidad

Con el argumento de la seguridad nacional, Pemex, la Secretaría de Energía y demás autoridades en materia de energía e hidrocarburos niegan el acceso público a la información desagregada y en formatos abiertos sobre la infraestructura de ductos existente. Muy por el contrario, la recientemente creada Ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos (enero de 2016) define en su artículo 23 que:

«La información o datos sobre el funcionamiento de las operaciones, instalaciones, actividades, movimientos del personal o vehículos de asignatarios, contratistas o permisionarios […] será considerada información de Seguridad Nacional en términos de la Ley en la materia.»

Esto se traduce en que la información desagregada sobre la infraestructura de hidrocarburos es sistemáticamente negada por la autoridad responsable argumentando daños presentes, probables y específicos. Para ello, Pemex, CNH y Sener han clasificado como reservada toda información que permita detallar la ubicación y características de la infraestructura petrolera nacional. El entonces denominado Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI, 2014), determinó en la resolución a un recurso de revisión que:

«La divulgación de la ubicación y características de la infraestructura con que cuenta PEMEX ocasionaría una potencial amenaza y perjuicio a la seguridad nacional, además de causar un serio perjuicio a las actividades de prevención de delitos, al proporcionar datos mediante los cuales puede obtenerse la ubicación geográfica exacta y características específicas de la red de ductos de PEMEX y sus organismos subsidiarios, así como de sus instalaciones y de los diversos tipos de productos transportados, mismos que podrían ser atacados con explosivos, vehículos e, incluso, ser objeto de acciones hostiles y delitos como el robo, la extorsión y demás hechos ilícitos.»

Esta secrecía en la información territorial de la infraestructura viene acompañada frente a la preponderancia territorial que las leyes le otorgan a la propia industria petrolera, al catalogarla como de utilidad pública (Artículo 28 de la Constitución), interés social y orden público (Artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos y Artículo 33 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética). Así, no obstante que la Ley de Hidrocarburos considera que las actividades de exploración y extracción «tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas» y, que para ello procederá «la constitución de servidumbres legales, o la ocupación o afectación superficial» (Artículo 96, Ley de Hidrocarburos), resulta que como sociedad no podemos ni siquiera conocer dónde estas actividades se desarrollan, por ser información reservada. La exploración y extracción de hidrocarburos quedó restringida de las áreas naturales protegidas por la Ley de Hidrocarburos, más no así el transporte por ductos o la presencia de cualquier otra actividad petrolera.

Resulta difícil creer el argumento de la seguridad nacional, puesto que, al buscar en la multiplicidad de documentos oficiales existentes, se encuentra con que esta información ha sido publicada numerosas veces por fuentes oficiales, aunque de manera poco sistemática y en formatos cerrados.

De esta manera, consultando múltiples fuentes públicas, fue posible compilar este mapa -a pesar de la constante negativa de acceso a la información pública en formatos abiertos. Se consultaron las convocatorias para las licitaciones públicas de los gasoductos a cargo de CFE, disponibles públicamente en internet, que contienen trazos vectoriales georreferenciados, listados de coordenadas y planos topográficos que permiten determinar con absoluta precisión la ubicación, trazo, dimensiones y características de los gasoductos que se licitan. Estos son los mismos incluidos en el Plan Quinquenal de Gasoductos del que Sener niega las coordenadas o trazos específicos por atentar contra la seguridad nacional. De igual manera, se consultaron las bases para las licitaciones que celebra Pemex, que incluyen planos y mapas detallados sobre la ubicación de la infraestructura objeto de la licitación, así como de toda la infraestructura circundante. Además, se consultaron las Manifestaciones de Impacto Ambiental que toda obra de hidrocarburos debe cumplir conforme a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental (LGEEPA), en las que el promovente de la obra debe incluir mapas y coordenadas específicas del proyecto que piensa llevar a cabo, así como todas sus características e impactos ambientales previstos. Toda esta información es pública y está disponible en internet o en las delegaciones de Semarnat.

De modo que resulta contradictorio que, con el argumento de la seguridad nacional, la autoridad energética se niegue a transparentar, en el estándar de datos abiertos, la información que de facto ya es pública.

En Estados Unidos, es posible consultar públicamente el «Sistema Nacional de Mapas de Ductos» perteneciente a la Administración de ductos y materiales peligrosos, dependiente del Departamento de Transporte de los Estados Unidos.

En Canadá, la Asociación de Gasoductos de Canadá, que agrupa a las empresas del sector en el país, cuenta también con un mapa público en línea para conocer la localización y características de los ductos.

En México, no es posible contar con un mapa oficial sobre los ductos, por lo que CartoCrítica junto con la Fundación Heinrich Böll presentamos el siguiente mapa, que es una primera caracterización sobre esta infraestructura en el país.

>> DESCARGAR EL MAPA <<

Mapa de ductos en PDF (baja resolución, 4Mb)

Mapa de ductos en PDF (alta resolución, 55M)

El Pueblo Creyente Zoque exige la cancelación de todos los proyectos extractivos que amenazan su territorio

Comunicado de prensa del Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y de la Tierra* – A 22 de junio 2017 – Leido ese día en el Parque Central de tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al concluirse la Marcha-Peregrinación a favor del Agua, la Vida y la Tierra

A los pueblos indígenas del mundo, México y Chiapas,

A los pueblos zoques de la Selva Lacandona, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Guadalajara y Boston (Estados Unidos),

A los organismos de defensa de los Derechos Humanos y organizaciones sociales,

A los medios de comunicación libre,

La reforma energética aprobada en 2013 junto a las 10 reformas constitucionales constituyen una seria amenaza de despojo de las tierras de los pueblos indígenas de México, en particular contra los pueblos zoques del norte de Chiapas. Por ello, nos hemos organizado en un movimiento indígena de resistencia y de defensa de la vida y la madre tierra para hacer frente a los proyectos extractivos que ponen en riesgo la vida social, ambiental y cultural de 60 mil hablantes zoques.

Sobre nuestros territorios, la amenaza es real por las 11 concesiones mineras otorgadas por el Gobierno con un total de 70 mil hectáreas, de los cuales ya se encuentra en operación la Minera Frisco en Solosuchiapa, propiedad de Carlos Slim; 1 ampliación de presa hidroeléctrica sobre las tierras de Chicoasén; 1 proyecto de Geotermia sobre el cráter del Volcán Chichonal sobre 15 mil hectáreas; 1 geo-parque en el mismo Volcán con 2,400 hectáreas; además de pequeñas represas en Ocotepec y Chapultenago. En total más de 180 mil hectáreas de montañas de niebla, manantiales, ríos, tierras ejidales y espacios simbólicos se encuentran amenazadas por los proyectos extractivos.

La amenaza más directa sobre nuestras tierras es la licitación que viene realizando desde agosto del 2016 la Secretaría de Energía (SENER) a través de la Licitación Pública Internacional conocida como la Ronda 2.2 para el concesionamiento de 12 pozos de extracción de gas natural y aceite en los estados costeros del Golfo de México y Cuencas del Sureste, la cual se compone de 12 bloques, 2 de los cuales tienen impacto en el Estado de Chiapas. Un total de 84,500 hectáreas de tierras de 9 municipios del norte de Chiapas serían utilizadas para la extracción de gas natural mediante el despojo y contaminación ambiental del territorio zoque.

El bloque 10, afectaría 42 mil 600 hectáreas de los municipios de Tecpatan, Francisco León y Ostuacan, con la finalidad de obtener aceite superligero y gas húmedo, mientras que el bloque 11, afectaría 41 mil 900 hectáreas de Chapultenango, Ixtacomitan, Ixtapangajoya, Pichucalco, Solosuchiapa, Sunuapa y Teapa (Tabasco), para obtener aceite ligero y aceite superligero.

La instalación de 12 pozos petroleros en el territorio zoque de Chiapas provocaría graves daños ambientales, económicos y culturales como el uso excesivo de agua (se calcula que cada pozo requiere 20 millones de litros de agua); desplazamientos migratorios, contaminación de suelo, aire y manantiales, pérdida de biodiversidad, desequilibrio ambiental, disminución de la producción alimentaria, daño patrimonial y de salud pública.

La ronda 2.2 pone en riesgo un total de 16 arroyos y 4 manantiales de las comunidades zoques de Chapultenango, Ixtacomitán, Francisco León y Tecpatán. Por mencionar algunos serían los ríos Yomonó y Totopac en Tecpatán; el Movac y Susnubajk en Chapultenango; los ríos Tumbak y Magdalenas en Francisco León y el rio Blanco en Ixtacomitán, poniendo en riesgo la disponibilidad de agua para la agricultura y el equilibrio ambiental del territorio. Un riesgo fuerte son los tubos que atravesarían las tierras zoques que en caso de romperse generarían una contaminación de toda la red de mantos freáticos del subsuelo hasta por 60 kilómetros a la redonda.

Otro riesgo del proyecto de hidrocarburos es que cambiaría el uso de suelo del territorio ya que actualmente las tierras están dedicadas a la actividad agrícola y de conservación ambiental, por lo que al instalarse los pozos petroleros pasarían a uso industrial por parte de las empresas extractivas que dejarían tras de sí un paisaje desolador de tierras inservibles como ocurre en el ejido Nuevo Volcán Chichonal municipio de Juárez. Por eso, reiteramos que estos son: proyectos de muerte.

En las anteriores rondas de licitación otorgadas por la Secretaría de Energía del gobierno federal (SENER) se cometieron una serie de irregularidades; por mencionar dos de ellas:

– En la ronda 1.3, el bloque conocido como Catedral fue concesionado al grupo Diavaz, propiedad de Pedro Aspe, quien fue Secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari y fuerte impulsor de la reforma energética, siendo beneficiado ya que ahora puede adquirir bloques de extracción.

– En diciembre de 2015 se concesionaron 5 campos petroleros pertenecientes al quinto campo en los municipios de Reforma, Juárez, Pichucalco, Ixtapangajoya y Solosuchiapa; 3 de estos fueron asignados a una empresa canadiense, uno a una empresa mexicana que es sucursal de otra empresa canadiense y uno más a una empresa mexicana.

En el caso del territorio zoque, a partir del mes de septiembre de 2016 la SENER ha intentado llevar a cabo un proceso de consulta en las comunidades zoques, lo cual ha sido solo para aparentar que se lleva a cabo el proceso de consulta que exige la Ley Nacional de Hidrocarburos, porque en la realidad no se ha consultado a todas las comunidades afectadas; solo se consulta a los agentes rurales; las comunidades hablantes zoques no han tenido traductores en su propio lengua materna por lo que las supuestas consultas han sido engañosas y bajo presión a cambio de que algunos ejidos reciban proyectos como ampliación de caminos, puentes y drenaje, pero sabemos que solo son obras para que las empresas saquen mejor el petróleo.

En las supuestas consultas no se ha presentado la Manifestación de Impacto Ambiental, por tanto se ha violado el derecho a la información que tienen los pueblos indígenas.

Panorama Social

A partir de la Ronda 2.2 las comunidades afectadas han dispuesto a establecer un proceso de organización y articulación comunitaria frente al despojo del territorio que pretende hacer el proyecto del Estado Mexicano contra los pueblos indígenas de México.

Los megaproyectos extractivos representan muerte, por eso las comunidades zoques anteponen los intereses colectivos para la sobrevivencia, el agua, la tierra y la vida, pero también para defender su derecho a la libre autodeterminación, por lo que mediante movilizaciones, foros, conferencias de prensa, asambleas comunitarias y auto-consultas se ha determinado dar voz a los pueblos zoques porque son más las afectadas por los proyectos extractivos.

Para tal efecto, en las comunidades de los municipios de Chapultenango, Francisco León, Tecpatán e Ixtacomitán se han levantado firmas en actas de asamblea que se oponen a la extracción de hidrocarburos en su territorio. Las actas con las que se cuenta, ya han sido entregadas a instancias federales, así como legislativas para que se den los cauces necesarios y se dé cumplimiento a las exigencias de las comunidades que defienden su territorio.

El día de hoy hacemos entrega al gobierno del Estado y damos a conocer en el marco de esta magna peregrinación del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra, las decisiones de las comunidades zoques, mismas que son:

1. Respeto al derecho de AUTOCONSULTA Y LA LIBRE AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS ZOQUES DE CHIAPAS.

2. Exigimos la cancelación definitiva de los bloques 10 y 11 de la licitación de la Ronda 2.2 que encabeza la SENER.

3. RECHAZO para otorgar el permiso para el proceso de licitación y por consiguiente del concesionamiento de los pozos de extracción de hidrocarburos que pertenecen a los bloque 10 y 11, debido a que solo dejan pobreza; la llegada de la delincuencia organizada detrás de las empresas que ganan las licitaciones; pero principalmente por el daño ambiental y la división comunitaria, porque también se confrontan los pueblos.

4. Exigimos la cancelación de las concesiones mineras, ampliación de presas y proyectos geotérmicos que se ubican en los municipios del Pueblo Zoque.

5. Declaración por parte del Pueblo Zoque como TERRITORIOS LIBRES DE PROYECTOS EXTRACTIVOS, QUE ATENTAN CONTRA LOS RECURSOS NATURALES (HIDROCARBUROS, MINERÍA, PRESAS HIDROELÉCTRICAS, CENTRALES GEOTÉRMICAS).

Por lo acontecido, en el marco de esta magna peregrinación del Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra estamos procediendo a hacer las denuncias correspondientes ante los tribunales nacionales e internacionales por omisión ante la falta de la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente, así como por las faltas que se están cometiendo en el proceso consulta previa, libre e informada.

Hoy ante la opinión pública, nos declaramos en permanente defensa del territorio zoque de Chiapas, que muestra aquí, en la capital de Chiapas, el rostro de la dignidad, el rostro del Pueblo Zoque que defiende el presente y el futuro de nuestro Chiapas lleno de riquezas que han sido explotadas para el interés de unos cuantos.

Estamos aquí, los municipios del Pueblo Zoque que nos oponemos al proyecto de muerte que representa la Ronda 2.2 para extraer hidrocarburos de nuestra Madre Tierra; hemos caminado para que nuestra voz se levante y sea escuchada más allá de las fronteras de Chiapas, que sea la solidaridad de los pueblos la que nos permita defender la vida, el agua y la tierra por un Chiapas y un México mejor para las generaciones presentes y futuras.

NO A LOS HIDROCARBUROS

SI A LA VIDA

POR LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS

MOVIMIENTO INDÍGENA DEL PUEBLO CREYENTE ZOQUE EN DEFENSA DE LA VIDA Y DE LA TIERRA

*El Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y de la Tierra nació el 31 d emayo del 2017

Fotos: Otros Mundos A.C./Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

VIDEOS:

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(Reportaje de Avispa Media)

{YOUTUBE}CH-7HJjxAUA{/YOUTUBE}

(Reportaje de Pozol Colectivo)

Chiapas: Defensores del territorio zoque rechazan ola de proyectos extractivos y exigen la liberación incondicional de Silvia Juárez

Boletín de prensa del Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia (MOPOR), el Centro de Lengua y Cultura Zoque (CLYCZ), el Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y Seguridad (CECOCISE) y la Asamblea estattal de organizaciones – Tuxtla Gutiérrez, a 6 de abril 2017

>> Escuchar y descargar el audio de la lectura del comunicado

A los organismos de Defensa de los Derechos Humanos,
A las organizaciones sociales,
A los medios de comunicación nacionales e internacionales,
Al pueblo de Chiapas y de México,

Contexto

A partir de la aprobación de la reforma energética en el 2013, se legaliza que, en el tema de hidrocarburos, empresas privadas nacionales e internacionales puedan participar en los diferentes procesos de la industria, por lo que han ocurrido diversas situaciones con las rondas otorgadas por la Secretaría de Energía del gobierno federal (SENER), por mencionar dos de ellas:

– En la ronda 1.3, el bloque conocido como Catedral fue concesionado al grupo Diavaz, propiedad de Pedro Aspe, quien fue Secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari y fue un fuerte impulsor de la reforma energética, siendo beneficiado por ella, ya que ahora puede adquirir bloques de extracción.

– En diciembre de 2015 se concesionaron 5 campos petroleros. Los municipios en los que se instalarán son: Reforma, Juárez, Pichucalco, Ixtapangajoya y Solosuchiapa. 3 de estos campos fueron asignados a una empresa canadiense, uno a una empresa mexicana que es sucursal de otra empresa canadiense y uno a una empresa mexicana.

En agosto del 2016, la SENER dio a conocer el proceso de licitación que se denomina Ronda 2.2 para el concesionamiento de pozos de extracción de hidrocarburos en los estados costeros del Golfo de México, la cual se compone de 12 bloques, 2 de los cuales tienen impacto en el Estado de Chiapas.

El bloque 10 afectaría 42,600 hectáreas de los municipios de Tecpatan, Francisco León y Ostuacan, con la finalidad de obtener aceite superligero y gas húmedo. Por otra parte, el bloque 11 afectaría 41,900 hectáreas de los municipios de Chapultenango, Ixtacomitan, Ixtapangajoya, Pichucalco, Solosuchiapa, Sunuapa y Teapa (Tabasco), para obtener aceite ligero y aceite superligero. En total, están en riesgo por despojo y contaminación ambiental 84,500 hectáreas de territorio Zoque.

La superficie afectada en cada municipio indica una afectación que parte de lo demográfico hasta lo más importante para el desarrollo de los pueblos indígenas, el equilibrio ambiental del territorio.

En el mes de septiembre de 2016 se llevaron a cabo asambleas en Tecpatan, Francisco León, Pichucalco e Ixtacomitan con autoridades comunitarias, encabezadas por los presidentes municipales y la Secretaría de Energía (SENER), las cuales fueron anunciadas como informativas, pero es de resaltar que solo se han dado dichas asambleas en 4 de los 9 municipios involucrados de Chiapas, información dada a conocer por la SENER.

Durante el mes de octubre, por parte de la Secretaría de Energía, se visitaron comunidades del municipio de Tecpatan, Francisco León, Pichucalco e Ixtacomitan, para dar a conocer las características y condiciones del proceso de licitación. En términos de la SENER, asambleas informativas.

Se agendaron posteriores visitas a las comunidades de los municipios de Francisco León y Tecpatan, para dar continuidad, las cuales ya no se realizaron y siguen sin realizarse hasta el momento. Para el caso de Ixtacomitan, solo la comunidad de La Candelaria 2ª Sección está de acuerdo para «participar en el procedimiento de consulta a comunidades indígenas en relación al área contractual 11…” Y en caso contrario a las visitas que se han llevado a cabo en Tecpatan y Francisco León, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ha acompañado el proceso.

Estos acontecimientos violentan el protocolo de consulta que se debe establecer para proyectos de estas características, lo cual está asentado en la misma Ley de Hidrocarburos e incluso en normas internacionales, pero además, no se presentó previamente al proceso de licitación la Manifestación de Impacto Ambiental ya que, los proyectos como la extracción de hidrocarburos para que sean viables requieren el cambio de uso de suelo del territorio en el que se instalarían, por lo que las 84,500 hectáreas que están en riesgo dejarían de estar destinadas a las actividades agropecuarias que sustentan la vida de los pueblos zoques y pasarían a un uso en el cuál las beneficiarias serían las empresas extractivas que dejarían tras de sí un paisaje desolador, por eso los denominamos: proyectos de muerte.

Panorama Social

A partir de que se da a conocer la Ronda 2.2, las comunidades que serían afectadas se han dispuesto a establecer un proceso de organización y articulación comunitaria frente al despojo del territorio que pretende hacer el gobierno federal, acompañado del gobierno estatal y de algunos de los gobiernos municipales de los pueblos zoques.

Los megaproyectos extractivos representan muerte, por eso las comunidades anteponen los intereses colectivos para la sobrevivencia, pero también para defender su derecho a la autodeterminación, por lo que mediante movilizaciones, mítines, foros, conferencias de prensa, asambleas comunitarias y municipales, se ha determinado dar voz a los pueblos zoques porque son más las afectaciones que los beneficios de los proyectos de extracción de hidrocarburos (desplazamientos migratorios, contaminación de suelo, agua y aire, pérdida de biodiversidad, desequilibrio ambiental, disminución de producción alimentaria, daño patrimonial y de salud pública).

Solo por citar uno de los más graves daños que se cometerían, además del excesivo uso de agua que se requiere para cada pozo (se calculan 20 millones de agua), en caso de que alguno de los tubos que atravesarían los mantos freáticos se rompiese, generaría una contaminación de toda la red de mantos freáticos del subsuelo hasta por 60 kms. a la redonda.

Para tal efecto, en el municipio de Chapultenango se han levantado cerca de 2,000 firmas en 22 actas de asamblea de comunidades del municipio que se oponen a la extracción de hidrocarburos en su territorio, así como lo ha hecho Francisco León en sus 7 ejidos que lo conforman y como lo están haciendo los municipios de Tecpatan e Ixtacomitan.

Las actas con las que se cuenta, ya han sido entregadas a instancias federales, así como legislativas para que se den los cauces necesarios y se dé cumplimiento a las exigencias de las comunidades que defienden su territorio:

  • Ante la omisión para saber el sentir de los Pueblos Zoques, respeto al derecho de AUTOCONSULTA de las comunidades indígenas de los Pueblos Zoques
  • RECHAZO para otorgar el permiso para el proceso de licitación y por consiguiente del concesionamiento de los pozos de extracción de hidrocarburos que pertenecen al bloque 10 y 11, debido a que solo dejan pobreza; la llegada de la delincuencia organizada detrás de las empresas que ganan las licitaciones; pero principalmente por el daño ambiental y la división comunitaria, porque también se confronta a los pueblos.
  • Declaración por parte de los Pueblos Zoques como TERRITORIOS LIBRES DE PROYECTOS EXTRACTIVOS, QUE ATENTAN CONTRA LOS RECURSOS NATURALES (HIDROCARBUROS, MINERÍA, PRESAS HIDROELÉCTRICAS, CENTRALES GEOTÉRMICAS).

Hacemos de su conocimiento que se hará entrega copia de las actas ya recopiladas al Gobierno del Estado y a las presidencias municipales.

Ante lo acontecido, manifestamos que para la Defensa del Territorio Zoque procederemos a hacer las denuncias correspondientes ante los tribunales por la omisión ante la falta de la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente, así como por las faltas que se están cometiendo en el proceso de información y consulta.

En este marco, con la finalidad de intimidar a quienes se han dispuesto a la Defensa del Territorio Zoque y de garantizar que se lleve a cabo el proceso de licitación, la compañera Silvia Juárez Juárez que es Defensora del Territorio Zoque, fue detenida el pasado 21 de febrero y recluida en el Amate por los delitos fabricados de secuestro, daños y motín, ante lo cual, después de 35 días de estar recluida, fue liberada el pasado 28 de marzo debido a que hubo un desistimiento de la acción penal por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado al considerar que no hay elementos que acrediten los delitos que se le imputan.

Pero sus Derechos Humanos como Defensora del Territorio siguen siendo violentados por las restricciones jurídicas y políticas que pesan sobre ella, ya que no se le permite regresar a su lugar de residencia y porque el Juez de Control (Lic. César Rodríguez Flores) considera que existen elementos para acreditar el delito de daños, por lo que aún está sujeta a proceso, siendo obligada a firmar cada 15 días.

Por si fuese poco, ante la campaña que ha desatado Armando Pastrana Jiménez, presidente municipal de Tecpatan, exigiendo que sea reaprehendida, ante las amenazas de riesgo a su integridad y ante el hostigamiento que existe en contra de las y los defensores del Territorio Zoque, Silvia Juárez, no puede regresar a su hogar con su familia y quienes cuentan con orden de aprehensión, no pueden desenvolver su vida en plena calma.

Es por lo anterior que seguimos exigiendo la Libertad incondicional de Silvia Juárez Juárez, ante los delitos que se le fabricaron, así como la cancelación de las órdenes de aprehensión que existen en contra de quienes, como Silvia, defienden el Territorio Zoque y exigimos que, al ser Defensores de Derechos Humanos y del Territorio Zoque, se tomen las medidas cautelares para garantizar la integridad física de Silvia y de todas y todos los que cuentan con órdenes de aprehensión.

¡POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO!
¡FUERA PROYECTOS DE MUERTE!
¡NO A LA REFORMA ENERGÉTICA!
¡NO A LOS HIDROCARBUROS!
¡CESE AL HOSTIGAMIENTO EN CONTRA DE LAS Y LOS DEFENSORES DEL TERRITORIO ZOQUE!

Foto: Conferencia de prensa del Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia (MOPOR), el Centro de Lengua y Cultura Zoque (CLYCZ), el Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y Seguridad (CECOCISE) y la Asamblea estattal de organizaciones en Tuxtla Gutiérrez el 6 de abril 2017 (Otros Mundos A.C.)

>> Escuchar y descargar el audio de la lectura del comunicado

Más información:

El nuevo extractivismo en el norte de Chiapas

Tierras zoques de Chiapas: enclave de la defensa territorial

Ola de rechazos a decisión de Trump de permitir oleoducto Dakota Access

Nota radial de Radio Mundo Real, la radio de Amigos de la Tierra Internacional

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El presidente de Amigos de la Tierra Estados Unidos, Erich Pica, criticó el martes 7 de febrero la decisión del gobierno de Donald Trump de reiniciar el proyecto del oleoducto Dakota Access, ya en etapa de construcción pero paralizado por la anterior administración de Barack Obama. Pica aseguró que se realizará una campaña de presión a los bancos que apoyan el emprendimiento.

El activista manifestó también la solidaridad de Amigos de la Tierra Estados Unidos con las comunidades indígenas que rechazan el oleoducto (que inicia su recorrido en el estado de Dakota del Norte). La tribu sioux de la reserva de Standing Rock, que ha liderado la resistencia y movilizado en ocasiones a miles de personas, anunció que llevará el caso a instancias judiciales.

El martes, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de ese país anunció que dará luz verde al DAPL, luego que a fines de enero el presidente Trump firmara dos resoluciones que habilitaron el relanzamiento de ese oleoducto y de otro igualmente controversial, el Keystone XL.

Obama había paralizado los dos emprendimientos ante las argumentaciones indígenas y las necesidades del país de mostrarse como líder en la lucha contra el cambio climático.

Está previsto que el Dakota Access, que tiene como dueño mayoritario a la empresa Energy Transfer Partners (ETP) y el financiamiento de un consorcio que agrupa a cerca de 20 bancos, atraviese cuatro estados: además de su inicio en Dakota del Norte, Dakota del Sur, Iowa e Illinois. Movería 470 000 barriles de petróleo por día.

«La revocación de Trump del compromiso previo de realizar una Declaración de Impacto Ambiental sobre el oleoducto de Dakota Access es tan repugnante como previsible», consideró Pica en un comunicado de prensa circulado por Amigos de la Tierra Estados Unidos.

«Los Sioux de Standing Rock y los pueblos indígenas de Estados Unidos que han luchado por sus tierras tribales sagradas y el derecho al agua, merecen que se respete su dignidad y un futuro saludable. Los respaldamos en la lucha contra el oleoducto DAPL y presionaremos a los bancos que financian este proyecto destructivo. La resistencia de los pueblos para dejar los combustibles fósiles en el suelo no desaparecerá», agregó Pica.

Los indígenas Sioux de la reserva de Standing Rock temen que el oleoducto contamine sus fuentes de agua potable y destruya sus sitios sagrados. Su lucha ha enfrentado inclusive el uso de la fuerza bruta por parte de servicios de seguridad privada de las empresas que participan del emprendimiento y la Guardia Nacional estadounidense.

En las últimas horas los ayuntamientos de las ciudades de Seattle (estado de Washington) y Davis (estado de California) votaron a favor de no continuar sus lazos con el banco Wells Fargo, uno de los más importantes de Estados Unidos, por su involucramiento como prestamista en el proyecto Dakota Access. Por eso retirarán sus fondos de esa entidad financiera.

En tanto, el banco holandés Abn Amro, anunció que finalizará su financiamiento de Energy Transfer Equity (ETE), compañía matriz de ETP, si el oleoducto de Dakota Access se construye sin el consentimiento de la tribu sioux de Standing Rock, o si se sigue utilizando la violencia para hacer posible el emprendimiento.

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Más información:

Amigos de la Tierra Francia llama a los bancos franceses a retirarse del DAPL

Surgen protestas en todo Estados Unidos por autorización del Ejército a oleoducto Dakota Access

#NODAPL

El nuevo extractivismo en el norte de Chiapas

[Artículo publicado en La Jornada por Fortino Domínguez Rueda, historiador y antropólogo, miembro del Centro de Lengua y Cultura Zoque A.C.]

Actualmente, sobre los territorios zoques de Chiapas se yergue una amenaza, lo cual pone en peligro la existencia de este pueblo indígena en el siglo XXI. Es a raíz de la aprobación de la reforma energética (2013) que el gobierno mexicano ha puesto en operación, a través de la Secretaría de Energía, los proyectos ronda 1 y 2. Las rondas se conforman de una licitación pública internacional que el Estado mexicano actualmente desarrolla en relación con los recursos naturales que son susceptibles de ser explotados en materia de energía, tanto en superficie terrestre como marina. Es así como el pasado 23 de agosto, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, hizo pública la segunda convocatoria de la ronda 2. En específico, el proyecto se encuentra formado por tres procesos de licitación.

Es de todos sabido que desde 1901, fecha en que se descubre el primer yacimiento de petróleo en Pichucalco, Chiapas, la zona norte del estado es calificada de área petrolera y desde entonces se han puesto en operación diversos proyectos para la extracción de hidrocarburos. En la actualidad, el proyecto ronda 2 tiene el objetivo de licitar dos polígonos identificados como áreas 10 y 11 [en la zona norte de Chiapas.*] Las tierras que la ronda 2 licita comprenden tierras ejidales y pequeñas propiedades de agricultura y ganadería de los municipios de Pichucalco, Ixtacomitán, Chapultenango, Francisco León y Tecpatán. Sobre este amplio territorio se han localizado 12 pozos petroleros, los cuales acaparan el interés de las grandes compañías petroleras a escala mundial. Cabe señalar que la Secretaría de Energía dará a conocer el nombre de la compañía ganadora de estas licitaciones en abril de 2017.

[* La área 10 (5 pozos – 426 km2) y la área 11 (7 pozos – 419 km2) están ubicadas en la provincia geológica y petrolera «Cinturón Plegado de Chiapas». Contienen 12 pozos en total. Licitación 2, ronda 2Mapas de las áreas contractuales de la licitación 2, ronda 2 (Centro Nacional de Hidrocarburos)]