Les compartimos este informe publicado por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM sobre Economía verde y los bonos de carbono – A septiembre 2024
Este informe brinda un panorama general de la expansión de las plantaciones de árboles destinadas a los mercados de carbono. Cómo son estas plantaciones, dónde están ubicadas, quienes se beneficia de ellas, cuáles han sido los impactos para las comunidades que viven en las tierras que ocupan estos proyectos y qué iniciativas internacionales se están llevando a cabo para impulsar las plantaciones de árboles como forma de compensar las emisiones de carbono.
El negocio de la compensación de emisiones de carbono ha demostrado ser un mecanismo muy eficaz para que las empresas se beneficien del caos climático, ya sea directamente –mediante la venta de créditos de carbono– o indirectamente – permitiendo que las empresas continúen con sus actividades basadas en combustibles fósiles. En la prisa por expandir este negocio, los proyectos de plantación de árboles han atraído a un número creciente de buscadores de ganancias, como los especuladores, consultores del carbono, empresas forestales y compañías petroleras. El resultado ha sido que las plantaciones de árboles destinadas a compensar emisiones de carbono plantean ahora amenazas cada vez mayores para las comunidades que dependen de la tierra.
Después de un impulso inicial alrededor de la década de 2000, presenciamos ahora una nueva ronda de iniciativas de plantaciones de árboles para el mercado de carbono. En los últimos tres años, el número de proyectos de plantaciones para mercados voluntarios de carbono ha aumentado más del doble. Estos proyectos no sólo crecieron en número sino también en escala. Los desarrolladores afirman que sus proyectos de plantación de árboles tienen uno de los índices promedio más altos de absorción/reducción de emisiones en comparación con otros tipos de proyectos.
Este informe brinda un panorama general de la expansión de las plantaciones de árboles destinadas a los mercados de carbono. ¿Cómo son estas plantaciones? ¿Dónde están ubicadas? ¿Quién se beneficia de ellas? ¿Cuáles han sido los impactos para las comunidades que viven en las tierras que ocupan estos proyectos? ¿Y qué iniciativas internacionales se están llevando a cabo para impulsar las plantaciones de árboles como forma de compensar las emisiones de carbono? Éstas son sólo algunas de las preguntas que se exploran en las siguientes páginas.
ÍNDICE
1. Carbono, tierra y árboles 1.1 Compensación de emisiones de carbono y árboles, en pocas palabras 1.2 Creación y comercialización de créditos de carbono 1.3 ¿Por qué la mayoría de los créditos de carbono son emitidos por proyectos basados en el uso de la tierra?
2. Plantaciones de árboles para los mercados de carbono 2.1 ¿Cuántos proyectos de plantación de árboles existen? ¿Qué tan grandes son? 2.2 ¿Dónde están ubicadas las plantaciones de árboles para el mercado de carbono? 2.3 ¿Quién se beneficia de los proyectos de plantación de árboles para el mercado de carbono?
3. ¿Cuáles son los principales tipos de de plantación de árboles para el mercado de carbono? 3.1 Monocultivos de árboles a gran escala para el mercado de carbono en tierras de propiedad privada 3.2 Sistemas con pequeños agricultores 3.3 Arrendamientos de tierras a largo plazo
4. Iniciativas internacionales, regionales y nacionales que promueven plantaciones de árboles para el mercado de carbono 4.1 Iniciativa de Mercados de Carbono de África 4.2 Plataforma Africana de Impacto Forestal 4.3 La iniciativa Trillion Trees (un billón de árboles) 4.4 Iniciativa 20 x 20 4.5 Políticas nacionales
Les compartimos esta serie de boletines o fichas informativas sobre mitos e ideas erróneas más comunes en torno al industria de la aviación y el dióxido de carbono elaboradas por Stay Grounded/ Permanecer el tierra
Lo que la industria de la aviación te dice y lo que NO te dice Lo que debemos saber sobre las promesas de descarbonización y las falsas soluciones
Tras la pandemia de Covid19 y la interrupción que impuso a la mayoría de los vuelos nacionales e internacionales, la industria de la aviación y su lobby están trabajando arduamente para volver a su camino de crecimiento dañino para el clima anterior a COVID. Como reacción a la creciente conciencia pública y política sobre los efectos nocivos de la aviación para el clima, la industria acompaña sus búsquedas de rescates y más subsidios con promesas de vuelos ecológicos a través de la tecnología.
Al observar más de cerca lo que la industria nos dice y lo que no nos dice, en nuestra nueva serie de hojas informativas desacreditamos los conceptos erróneos comunes y miramos detrás de la cortina verde de sus promesas.
Este Boletín cuenta con artículos escritos por las siguientes organizaciones e individuos: Un activista y periodista en Indonesia; Colectivo Aguayala, Argentina; la plataforma REDD-Monitor; y miembrxs del Secretariado Internacional del WRM.
Les invitamos a reflexionar junto a una militante que desde sus procesos de lucha en Brasil, explora los procesos de resistencia y los desafíos que enfrentan. En esta reflexión, les invitamos además a sumarse a la resistencia colectiva, sean cuales sean sus propios contextos y espacios de organización. ¡La lucha continúa y la lucha es una!
Foto: Ruy Sposati/Repórter Brasil
El WRM, en su rol de acompañar y apoyar las luchas populares y de base en defensa de los territorios y bosques, ha venido escuchando y aprendiendo de los numerosos encuentros, intercambios, diálogos y visitas con nuestras aliadas y aliados en diferentes regiones del Sur y Norte global. En este andar, hay además una profunda admiración por las innumerables y diversas resistencias que se levantan y se sostienen a pesar de las dificultades más inimaginables.
Es a pesar de la violencia que se viene ejerciendo contra sus territorios y contra sus vidas; de la inmensa presión y múltiples planes para expandir aún más el modelo extractivo bajo slogans de ‘soluciones verdes’; del acoso y violencia sexual que sufren muchas mujeres y niñas que viven dentro y alrededor de concesiones extractivistas, en particular de las plantaciones industriales de monocultivo; de la contaminación de sus suelos, alimentos y fuentes de agua; de la intimidación y criminalización; de la marginalización y el racismo estructural; y de tantos otros. Es a pesar de todo esto que las luchas continúan y es a pesar de todo esto que se puede nombrar a la esperanza.
Les invitamos a leer una reflexión muy importante de una mujer militante del Movimiento Interestadual de Quebradoras de Coco Babasú, Rosalva Gomes, quien convive con y depende de la recolección de cocos de palmera babasú para subsistir. Ella compartió sus experiencias y aprendizajes sobre la resistencia y sus desafíos, durante un encuentro con líderes y representantes de comunidades en Mozambique, Tanzania y Brasil afectados por las plantaciones industriales de árboles.
“No hay una receta prefabricada para resistir. Depende de cada territorio, del alcance de cada territorio, dependerá mucho de la fortaleza interna de cada territorio y de la especificidad de cada país, estado y comunidad. Pero existe una estrategia unificadora. Porque de una cosa estamos seguros, si no aportamos fortalecimiento, uniendo fuerzas, sufriremos impactos muy grandes, aún mayores.Ya estamos atravesando muchas dificultades. La unión de las fuerzas entre comunidades y organizaciones es uno de los caminos.”
Refiriéndose a la fábrica de Suzano Papel y Celulosa, en Imperatriz, estado de Maranhão, Brasil, que desde 2014 produce anualmente alrededor de 1,65 millones de toneladas de celulosa y 60 mil toneladas de papeles sanitarios, y que junto con las carreteras, el constante transporte de madera y la afluencia masiva de trabajadores, ocasiona mucha devastación para las poblaciones de la zona, nos cuenta:
“En la comunidad de Curvelandia, acá cerca de Imperatriz, de trabajadoras y trabajadores rurales, comenzó el conflicto con los camiones que transportaban troncos de eucalipto. Antes, estos camiones pasaban por un camino atrás de la comunidad, pero ahora querían pasar a través la comunidad. El primer día, la comunidad se organizó, se juntó y cerró la vía. La policía llegó con aire de superioridad, queriendo proteger a la empresa. Pero la comunidad cerró el camino. Llegó la empresa, se iniciaron las negociaciones y la comunidad exigió una reunión, porque no estaba siendo escuchada. Luego de mucha insistencia, se dio una reunión con la empresa Suzano, le pidieron que los camiones ya no pasaran por allí. Mientras tanto, las organizaciones de apoyo estaban pensando formas de comunicar y alertar sobre ese caso. Porque algo que no les gusta a estas empresas es la visibilidad de sus crímenes. Hicimos un video contando la historia, armamos una denuncia y ahora la estamos remitiendo al consejo nacional de derechos humanos. Los camiones se redujeron. Pero la empresa trató de intimidar, estaba mirando, dando el mensaje de ‘estamos alerta’.
¿Cómo lograron esto? Toda la gente de la comunidad participó, habían hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, todos en la comunidad. Firmaron una petición, archivaron un protocolo en el municipio. No consultaron a nadie. Es un proceso lento. El levantamiento tiene que empezar desde adentro hacia afuera. No hay mayor fuerza que esa. Las organizaciones de apoyo ayudan mucho, pero esa fuerza desde adentro, esa dedicación, esa constante advertencia, ese saber cómo advertir, el dejar el mensaje, articular a tal o cual persona para participar… Ese camino nuestro tiene una fuerza mucho mayor, fortalece a las fuerzas que nos ayudan.
Entonces, hablamos de resistencia, de resistencia, pero necesitamos encontrar la manera de enfrentarlo, porque muchas veces solo soportamos, ¿no es cierto? Pero hay que afrontar nuestras situaciones, tener en cuenta nuestros propios contextos, imponernos de alguna manera.
La siembra de lucha y articulación colectiva son dos estrategias, según las especificidades de cada región y país, que vemos que sí funcionan.”
¡Seamos todas y todos parte de la resistencia colectiva desde nuestros propios contextos y espacios de lucha!
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Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el modelo de la Economía Verde – A 20 de octubre del 2021
Este miércoles (20) finaliza la segunda cumbre anual de Bancos Públicos de Desarrollo (PDBs, por sus siglas en inglés) realizada en Roma, Italia, la cual reúne a más de 500 representantes de entidades financieras de alrededor del mundo y cuya prioridad es el fortalecimiento de la inversión en el sector agrícola.
“Los bancos públicos de desarrollo son parte de la solución para acabar con el hambre y transformar los sistemas agroalimentarios”, afirmó Qu Dongyu, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), durante su participación en la reunión denominada Finanzas en común.
En contraste, una revisión de los proyectos financiados por los PDBs demuestra que lejos de contribuir a un sistema sustentable para la producción y distribución de alimentos, las inversiones se han dirigido a fortalecer a las grandes corporaciones mundiales de la agroindustria.
De acuerdo a la organización Amigos de la Tierra, sólo entre los años 2015 y 2020, empresas trasnacionales del sector recibieron más de 478,000 millones de dólares por parte de 2,500 entidades de inversión, fondos de pensiones y bancos, la mayoría de EEUU y Europa. Con ello, se fortaleció un sector que por sí solo es responsable de la emisión de más de una quinta parte de los gases contaminantes que producen el calentamiento global.
Datos del Instituto de Nueva Economía Estructural y la Agencia Francesa de Desarrollo calculan que anualmente se destinan 1.4 billones de dólares de financiamiento al sector alimentario, cantidad que se avizora en aumento. Ante esta situación, 280 grupos y organizaciones de 70 países emitieron una carta para criticar este financiamiento, el cual conlleva la destrucción ambiental y el control corporativo del sistema alimentario mundial a expensas de campesinos, pastores, pescadores, trabajadores del sector alimentario y pueblos indígenas, lo cual socava la soberanía alimentaria, devasta ecosistemas y violenta derechos humanos alrededor del mundo.
Para las organizaciones, es preocupante que los Bancos Públicos de Desarrollo estén adquiriendo un papel más coordinado y central en el sector alimentario y de la agricultura, pues los consideran parte de la arquitectura financiera global que produce despojo y devastación ambiental, sobre todo ocasionado por las empresas de la agroindustria.
“Durante años, su inversión en agricultura se ha destinado casi exclusivamente a compañías implicadas en plantaciones de monocultivos, sistemas de agricultura por contrato, granjas fabriles de animales, venta de semillas híbridas y modificadas genéticamente más pesticidas y plataformas digitales dominadas por los Gigantes Tecnológicos. Han mostrado cero interés o capacidad para invertir en comunidades campesinas, de pescadores y de silvicultores, los que, actualmente, producen la mayor parte de los alimentos del mundo. En cambio, financian a acaparadores de tierra y a agronegocios corporativos destruyendo los sistemas alimentarios locales”, enfatizan las organizaciones en el documento publicado por la ONG Grain.
Inversiones para el despojo
Ceremonia a cuatro años del asesinato de Berta Cáceres por su organización contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, financiado por PDBs europeos. Foto: Valentina Valle
Los PDBs son instituciones creadas por los estados-nación y por agencias multilaterales cuyo objetivo es financiar programas de gobierno, así como compañías privadas, las cuales afirman que son “sustentables”, “responsables” y contribuyen al “desarrollo”. No obstante, los financiamientos de los PDBs registran un historial que evidencia su participación en compañías involucradas en acaparamiento de tierras, corrupción, violencia y destrucción ambiental.
Han desempeñado un rol crítico en facilitar la expansión de empresas trasnacionales hacia mercados y territorios alrededor del mundo (desde la extracción de minas de oro en Armenia, la construcción de proyectos hidroeléctricos en Colombia y la extracción de gas natural en Mozambique), lo cual no podrían realizar sin la ayuda de la inversión pública.
También, realizan trabajos de asesoría técnica y política a los gobiernos con la intención de modificar marcos jurídicos para la atracción de inversión extranjera. “Las políticas que respaldan sectores claves —incluida la salud, el agua, la educación, la energía, la seguridad alimentaria y la agricultura—tienden a fortalecer el papel de las grandes corporaciones y las élites. Y cuando protestan las comunidades locales afectadas, incluidos los pueblos indígenas y los pequeños agricultores, es frecuente que no se les escuche o que enfrentan represalias. Por ejemplo, en India, el Banco Mundial recomendó al gobierno desregular el sistema de comercialización agrícola y cuando el gobierno implementó esta recomendación, sin consultar a los agricultores y campesinos y sus organizaciones, provocó masivas protestas”, denuncian en el documento difundido a la víspera de la cumbre mundial.
Por si fuera poco, se destaca el creciente uso por los PDBs de fondos de capital privado mediante paraísos fiscales, con lo cual eluden la responsabilidad por las consecuencias negativas de sus inversiones, además de beneficiar a una pequeña élite financiera.
Para las organizaciones críticas a la cumbre de PDBs, dicha reunión es un espacio para las élites y representantes de las corporaciones para diseñar estrategias sobre cómo mantener circulando el flujo de dinero en un modelo alimentario y agrícola que conduce al trastorno climático, al aumento de la pobreza y al agravamiento de todas las formas de malnutrición.
“Muy pocos o ningún representante de las comunidades afectadas por las inversiones de los bancos de desarrollo, personas que están en la primera línea tratando de producir alimentos para sus comunidades, serán invitadas o escuchadas. Los PDBs no están interesados. Buscan financiar a los agronegocios, a los que producen materias primas para comercializar y a sistemas financieros para obtener ganancias más que producir alimentos para mejorar la nutrición”, denuncian.
Casos
Mujeres en resistencia contra la imposición de una megaplanta fotovoltaica, financiada por empresas y bancos noruegos en Choluteca, Honduras. Foto: Renata Bessi.
Como hemos documentado en Avispa Midia, existen múltiples casos de despojo, violencia y devastación ambiental, no limitados en el sector agroindustrial, donde los PDBs juegan un papel fundamental, algunos de los cuales enunciamos a continuación:
El caso del asesinato de Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien participó en la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Este proyecto fue financiado por el Fondo Finlandés de Cooperación Industrial (Finnfund) y el Banco Holandés del Desarrollo (FMO), acusados por el Copinh por “negligencia y corresponsabilidad” en el asesinato de Cáceres, así como por su colusión en actos de corrupción y la ausencia de control de sus inversiones.
En Nicaragua, los mismos bancos europeos, FMO y Finnfund financiaron MLR Forestal, compañía que administra plantaciones de cacao y teca, controlada por intereses de la minería de oro, responsable del desplazamiento de comunidades afrodescendientes e indígenas, así como señalada por degradación ambiental.
La expansión de plantaciones industriales de palma aceitera en África, a cargo de SOCFIN, antigua compañía colonial europea de agronegocios. Con sede en Luxemburgo, SOCFIN posee más de 90 mil hectáreas de cultivo de palma y junto con SIAT de Bélgica, controla un cuarto de todas las grandes plantaciones en el continente africano. Éstas empresas han recibido numerosos préstamos por parte de PDBs aún a pesar de estar involucradas en en acaparamientos de tierras, escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
La imposición de una megaplanta fotovoltaica en Choluteca, Honduras, por parte de la empresa noruega Scatec Solar con financiamiento del banco de desarrollo Norfund del mismo país europeo. En 2016, comunidades organizadas levantaron un campamento permanente para evitar el ingreso de la maquinaria que devastaría varias hectáreas de árboles. La empresa respondió con la criminalización de once de los líderes comunitarios y para el año 2018, con apoyo del poder judicial hondureño, consiguió el desalojo del bloqueo comunitario.
El desplazamiento forzado de la comunidad de Laguna Larga, en el departamento del Petén, Guatemala, justificado con el discurso de la conservación de la naturaleza enarbolado bajo el proyecto Guatecarbon. Este esquema es financiado por un conglomerado de ONGs internacionales, empresas y entidades como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y el Banco Interamericano de Desarrollo para comercializar permisos de contaminación generados mediante la conservación de 700 mil hectáreas en la Reserva de la Biósfera Maya, donde están asentadas comunidades consideradas “ilegales”, pese a habitar la región antes de la creación del área natural protegida.
Imagen: Mujeres recorren monocultivos de palma de aceite en la costa de Chiapas, México. Foto: Aldo Santiago
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la ecomonóa verde en la Amazonia y la resistencia de los pueblos por la vida – A 29 de junio del 2021
El contexto de la pandemia por la Covid-19 facilitó aún más la destrucción acelerada de la selva, la violencia e invasión por parte de los madereros, terratenientes y empresas, aunado al peligro que representan los proyectos de economía verde impuestos en la Amazonia.
Dicha denuncia fue realizada por miembros de seis pueblos indígenas y de comunidades extractivistas, agricultoras campesinas, ribereñas y quilombolas, quienes se reunieron en el evento “Amazonia sitiada: Entre violencia y golpe ‘verde’. Pueblos del bosque en defensa de la Madre Tierra y contra las invasiones del capital”.
Entre los conflictos que denunciaron las comunidades se encuentran: apropiación ilegal e invasión de tierras indígenas, deforestación de grandes superficies, envenenamiento con agrotóxicos de fuentes de agua; así como amenazas, desplazamiento forzado y asesinato de sus habitantes, lo cual representa un escenario de proporciones inéditas en la Amazonia ante las políticas anti indígenas del actual gobierno brasileño.
Junto a integrantes de movimientos y organizaciones sociales de Brasil y otros países, l@s participantes del encuentro hicieron un llamado a los pueblos de todo el mundo para defender los territorios amazónicos de megaproyectos de antaño y la nueva embestida pintada de verde.
L@s participantes del encuentro señalaron también la violencia indirecta del capitalismo verde mediante los programas REDD+ (Reducción de las Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal), PSA (Pagos por Servicios Ambientales), y más recientemente, los proyectos de compensación de carbono forestal, de biodiversidad y las llamadas “Soluciones basadas en la Naturaleza”.
Las comunidades participantes del encuentro enfatizaron que, por el hecho de vivir en contacto directo con la tierra, la afectación derivada por el cambio climático es mas fuerte que en otras geografías, como lo demuestran “las respuestas de la Madre Tierra como inundaciones, sequías, extinción de varias especies de plantas y animales y aparición de nuevas enfermedades como la COVID-19”.
Colonialismo verde
Manifestación contra programas REDD en Feijó, estado de Acre. Septiembre, 2017
Mediante carta, l@s participantes del encuentro señalaron que desde el año de 1999, el gobierno brasileño impuso al estado de Acre como un escenario en la vitrina mundial de la economía verde, con lo cual atrajo enormes cantidades de dinero de bancos y agencias de desarrollo.
“Su intervención en los territorios causó división y provocó un retroceso en nuestra lucha colectiva por la tierra y los derechos. A pesar de la gran cantidad de dinero, ningún territorio indígena fue demarcado. Por el contrario, la convivencia de la comunidad con el bosque fue restringida, poniendo en riesgo nuestra supervivencia física, cultural y espiritual. Mientras tanto, la extracción de madera, la ganadería y la deforestación avanzaron”, denuncian integrantes de comunidades campesinas, afrodescendientes y de los pueblos indígenas Apurinã, Huni Kuim, Jaminawa, Shanenawa, Xavante y Yawanawa.
Para los miembros de los pueblos indígenas y campesinos, uno de los primeros obstáculos frente a los programas de economía verde son las complicadas denominaciones y términos técnicos que acompañan a los proyectos, los cuales evitan la transparencia y su participación efectiva en ellos.
Aunado a ello, para l@s denunciantes, dicha estrategia oculta la intención real de dichas políticas internacionales, pues solo legitiman la contaminación y destrucción de las industrias, sobre todo en países como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, quienes son sus principales promotores.
“La palabra ‘secuestro’ en este contexto no se refiere tanto al tan mencionado carbono, sino más bien a la Amazonia como espacio de vida y diversidad. Mientras los promotores e intermediarios de estos proyectos lucran, a nosotros se nos imponen reglas y restricciones para el uso de la tierra, y si es que existe la tal llamada ‘distribución de beneficios’, esta se limita la donación de algunos bienes de consumo”, denuncia la carta final del encuentro, donde enfatizan que aceptar dichos programas representa renunciar a su autodeterminación como pueblos.
También señalan el peligro que representa que dichas políticas públicas y programas gubernamentales faciliten la creación de leyes para la transformación de la Amazonia en sumidero de carbono, pues “gradualmente controlan, criminalizan y expulsan a los pueblos del bosque: el programa REM (siglas en inglés de ‘REDD Early Movers’) del gobierno alemán, apoyó durante años la implementación del Sistema de Incentivos para Servicios Ambientales (SISA) por parte del ‘Gobierno del Bosque’ en Acre”.
Entre las consecuencias negativas de SISA se encuentra el avance de la ganadería, la extracción de madera y la deforestación. Además, los pueblos y comunidades denuncian que hasta la actualidad no se sabe con detalle cómo se ejecutaron dichos recursos monetarios.
“Hoy en día el programa REM busca imponer los proyectos REDD en Mato Grosso, principal estado para el agronegocio brasilero, y tememos que los principales beneficiarios de estos recursos serán las oligarquías vinculadas a este sector. Tanto en Acre como en Mato Grosso, el programa REM no incluye un apoyo, ni mucho menos garantías para la demarcación de tierras indígenas”.
Mercantilización de la naturaleza
Pueblos originarios del estado de Acre marchan para rechazar la imposición de proyectos de conservación. Abril, 2012
Para los pueblos y comunidades de la Amazonia, uno de los mayores peligros de los proyectos de economía verde es el comercio de créditos de carbono bajo el programa REDD.
Desde el año de 2010, los gobiernos de Acre (Brasil), California (EE.UU.) y Chiapas (México) firmaron un acuerdo con el objetivo de generar un mercado de créditos de carbono mediante el cual la conservación de los bosques en Acre y Chiapas permitirían la reducción de las emisiones contaminantes de una de las mayores industrias del mundo.
“Una vez que estas industrias, como por ejemplo las refinerías de California, ganan su ‘derecho de contaminar’, las comunidades urbanas que viven en las cercanías siguen siendo afectadas directamente por las emisiones de gases nocivos. Declaramos nuestra solidaridad con estas comunidades y, desde ya, rechazamos cualquier ‘beneficio’ de tales negocios”, anunciaron los pueblos y comunidades participantes del encuentro.
A su vez, destacaron que los programas como REDD y los PSA coinciden con el actuar de aquellos encaminados a la implementación de infraestructura para el transporte de los productos del agronegocio, puesto que ninguno de ellos respeta el derecho de las comunidades a una consulta libre, previa e informada.
“A veces convocan a dos o tres personas a una reunión para después decir que hubo consulta”, puntualizan en el documento sobre la actuación de mala fe de quienes organizan reuniones sin legitimidad de las comunidades.
Como ejemplo de esta situación, refieren el caso de la ONG Comisión Pro-Indio, la cual utiliza el testimonio de mujeres indígenas sin reconocimiento de sus comunidades para legitimar su participación en el “programa indígena” del Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés).
“Este protagonismo no existe, y esta mujer no nos representa. Si el GCF realmente tuviese en cuenta las voces de las mujeres indígenas, frenaría sus intentos de imponer los proyectos REDD en nuestros territorios”, denuncia la carta.
Según la denuncia, otro ejemplo de como el Estado es cómplice del saqueo se evidencia con el Catastro Ambiental Rural, cuya implementación desde 2012 junto al nuevo código forestal, acompañado de leyes, decretos y programas oficiales para “regularizar” las tierras, ha facilitado los actos de apropiación indebida como los proyectos de REDD.
Estos programas vienen acompañados de prohibiciones de caza y del uso de madera, además de que se implementan sistemas de vigilancia ambiental en territorios donde se agrava la crisis alimentaria y habitacional.
“Las compañías aéreas y petroleras que se benefician de este proyecto pretenden ‘compensar’ sus emisiones de carbono pero, obviamente, no compensan la violencia de los desalojos que provocan a través de proyectos REDD en la Amazonia”, señala el documento del encuentro para contrastar la publicidad de las empresas que argumentan proteger los bosques mientras los pueblos y comunidades de la selva sufren las consecuencias negativas de su imposición.
Frente a esta situación, los pueblos y comunidades anunciaron que fortalecerán sus procesos de reflexión y resistencia contra los “golpes verdes” que amenazan la Amazonia.
“Nuestra esperanza está puesta en mantener nuestra presencia en los territorios. En lugar de aceptar ‘beneficios’ y ‘oportunidades’ inmediatos, que nos hacen rehenes de los intereses ocultos de los proyectos del ‘capitalismo verde’, tomaremos nuestras decisiones a largo plazo, pensando en las vidas de las generaciones venideras”, finaliza el documento mediante el cual invitan al mundo entero a solidarizarse con su lucha y rechazar las falsas soluciones verdes al colapso ambiental.
Imagen: Manifestación contra proyectos de capitalismo verde en Xapuri, estado de Acre. Brasil, 2020. – Avispa Midia
Desde hace varios años y bajo el lema de la transición energética, empresas y organismos internacionales vienen promoviendo el uso de tecnologías llamadas “verdes” y de “energías limpias”, que supuestamente ayudarían a frenar el cambio climático.
El litio, en este contexto, se convirtió en un metal codiciado para la construcción de baterías eléctricas, en particular para coches eléctricos, proyectos de energías renovables (como parques eólicos o fotovoltaicos) o tecnologías como celulares o computadoras. “El crecimiento acelerado en el uso del ion-litio ha provocado que la tonelada de litio haya subido su precio, desde los 350 dólares que costaba en 2003, llegando a los 3,000 dólares en 2009 y entre los 8,000 y 10,000 dólares por tonelada para el 2020″, indica el informeEl litio: la nueva disputa comercial dinamizada por el falso mercado verde, publicado en enero del 2021 por GeoComunes, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y Mining Watch Canadá.
Más de la mitad del litio extraído a nivel mundial proviene de Australia, aunque más de la mitad de las reservas probadas están ubicadas en Chile. “Así mismo, las reservas posibles, pero aún no comprobadas (llamadas “recursos”), están bastante concentradas en el famoso Triángulo del Litio que se forma en la zona transfronteriza de salares entre Argentina, Bolivia y Chile, representando más de la mitad de los recursos mundiales de este mineral”, detalla el informe.
Especulación
Si bien el litio se ha vuelto en los últimos años un elemento codiciado, en realidad, su producción mundial bajó un 20% en 2019, y el lento crecimiento de la demanda sólo alcanzó el 75% de la oferta, provocando una sobreproducción.
Sin embargo, el hecho de que el metal se haya colocado en el mercado mundial como “verdadero transformador”, dentro de la llamada transición energética, ha provocado un gran movimiento de especulación. “En ese contexto, es la industria automotriz, así como la minera, gobiernos en Asia y Europa e instituciones financieras quienes hacen uso de la creación de expectativas y, en consecuencia, de la especulación sobre el litio”, sostiene el informe.
Por ejemplo, el Banco Mundial en 2020 proyectó que la demanda de litio va a crecer en 1200%, “pero varias organizaciones han criticado estos modelos por no contemplar otros modelos económicos, ni otras tecnologías y tampoco contemplan los impactos producidos por una transición energética que continúa basándose en el modelo extractivo minero vigente y causal de una buena destrucción del planeta”, destaca la investigación.
El documento detalla el caso del continente americano, donde existe una creciente especulación por parte de empresas mineras llamadas juniors, que no son más que pequeñas empresas sin ingresos productivos, que sobreviven gracias al dinero que generan con la especulación.
Según los datos recopilados por GeoComunes, Rema y Mining Watch Canadá, la mayoría de los proyectos mineros de litio en Latinoamérica están en etapas de prospección y exploración: de los 218 proyectos identificados, solamente 8 están en operación. “Estas empresas posesionan tierras, generan expectativas irreales, además de conflicto, y provocan violencia y desplazamiento en nombre de tecnologías que supuestamente se califican de verdes o justas”, denuncia el documento.
El litio en México
Los recursos estimados en México representan solamente el 2.8% del recurso mundial, y existen en el país 36 proyectos mineros de capital extranjero destinados a la extracción de litio que son controlados por 10 empresas. Estos proyectos abarcan a 97 mil hectáreas concesionadas además de 537 mil más que están en trámite, es decir que el 84% de las concesiones asociadas con la extracción del litio están actualmente en trámite.
La realidad de la explotación del litio mexicano es representativa de lo que está pasando a nivel del continente. Como lo señala el informe, “examinando de cerca la información disponible sobre dichos proyectos y empresas, se observa que en su mayoría son proyectos mineros sin actividad que están controlados principalmente por pequeñas empresas canadienses al borde de la quiebra, quienes dependen del proceso de especulación para generar recursos en las bolsas de valores de Canadá. Existen solamente tres empresas realmente activas para avanzar sus proyectos de extracción (Bacanora Lithium, Organimax y One World Lithium).”
Cabe señalar que el proyecto Bacanora, que está activo y ubicado en el municipio de Bacadehuachi, en la Sierra Madre Occidental en el estado de Sonora, ha sido reconocido por Mining Technology como el proyecto minero de litio con mayores reservas probadas a nivel mundial con 243.8 millones de toneladas.
Además de las concesiones privadas, existen en el país 4 asignaciones mineras en trámite a cargo del Servicio Geológico Mexicano (SGM) para realizar trabajos de exploración, repartidas en los Estados de Sonora, Jalisco y Puebla, lo que refleja la voluntad del gobierno mexicano de mantener un cierto control sobre los yacimientos que se empiezan a considerar estratégicos.
Intereses geopolíticos
A pesar de la realidad actual que demuestra que los proyectos que existen en torno a explotación del litio en México corresponden más a estrategias especulativas que a una extracción real del metal, el contexto geopolítico en el cual el país está ubicado obliga a observar la situación presente y futura con más atención.
Hoy en día, el consumo del litio producido alrededor del planeta está vinculado principalmente con las industrias de manufactura de las baterías e infraestructura para las industrias de energía renovable, además de la industria electrónica, cuya mayoría se concentra en los países asiáticos, con el mayor consumo de la materia prima con destino en China (39%), Corea del Sur (20%) y Japón (18%).
El consumo de Norteamérica es mucho menor, llegando apenas al 6%. Sin embargo, es importante considerar que “no hay duda de que el litio de México es de gran importancia para el futuro inmediato de los EEUU”, sostiene el informe.
Esto se ve reflejado en “la imposición de ciertos términos en los nuevos acuerdos multilaterales firmados con este país, como es el caso del T-MEC. Las medidas impuestas para incrementar el consumo de productos de litio extraídos en Norteamérica, sumadas al hecho de que la producción mundial está actualmente concentrada en Australia, Sudamérica y Asia, ponen mayor presión sobre los yacimientos de este mineral en México y Canadá, y en especial por las empresas que desean suministrar litio para la industria automotriz regional”, alerta el informe.
Impactos de la extracción de litio
Actualmente, la extracción del litio a nivel mundial se realiza en dos principales formas de depósitos mineralógicos: litio en roca (principalmente en Australia) y litio en salmuera o salares (en Sudamérica). A pesar de que presuma ser “verde”, la minería vinculada con este metal presenta una serie de riesgos para el medioambiente, la salud y el bienestar de los pueblos afectados.
“Con respecto a la extracción de litio en roca, los impactos son parecidos a cualquier operación minera que emplea explotación a cielo abierto, en donde prevalece el uso de agua de forma intensiva y el uso de reactivos químicos para el procesamiento. Sin embargo, miembros de la comunidad científica y académicos han denunciado que existen muy pocos estudios que analizan los impactos medioambientales y sociales de la extracción de litio en roca dura”, resalta la investigación.
En cuanto a la extracción de litio en depósitos de salmuera, implica el uso de grandes cantidades de agua, provocando impactos sobre los sistemas hidrológicos de las regiones donde se encuentran, en particular la disminución de las fuentes de agua disponibles, la reducción de humedales, el incremento de estrés sobre sistema hidrológico y las sequías.
Como lo resalta el informe, los efectos no se limitan a estos graves impactos sobre fuentes de agua, sino que “también existen impactos a los usos y costumbres relacionadas con el agua, al pastoreo y, por tanto, a la economía local, además que este tipo de procesos de privatización de tierras ancestrales, la violación de los derechos indígenas y a la libre-determinación de los pueblos, entre otros”, sostiene el informe.
Además, el litio es un elemento altamente inflamable y ligeramente explosivo cuando se expone al aire y al agua, además de ser corrosivo y generar gases tóxicos. Para el ser humano es peligroso su inhalación, la cual puede llegar a provocar edemas pulmonares. También puede provocar daños en la piel, los ojos o el sistema digestivo en caso de ingestión.
Como lo resalta el trabajo investigativo, el litio no es un recurso verde, ni mucho menos representa un camino hacia la transición energética. “Por el contrario, es la continuación del uso de nuevos insumos ante el eventual agotamiento de otros. Por esa misma razón, [con el uso creciente del litio] las mismas estructuras coloniales y de acumulación de capital que la industria minera reproduce se mantendrán”.
Compartimos este informe de Amigos de la Tierra Internacional ATI sobre el negocio del carbono – A 20 de enero de 2021
La bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS, por sus siglas en inglés) es una distracción riesgosa, no validada, costosa y peligrosa que nos desvía de la reducción urgente y drástica de las emisiones, requerida para evitar un cambio climático catastrófico. Sin embargo, la industria de los combustibles fósiles se ha esmerado para presentarla como una fórmula mágica para el clima, simplemente porque le permitiría seguir obteniendo ganancias a partir de la destrucción de nuestras comunidades y ecosistemas.
Amigos de la Tierra Internacional se opone a la BECCS porque:
La BECCS es una distracción que desvía la atención de las medidas verdaderas que hay que adoptar ahora mismo.
BECCS tendrá impactos sociales y ecológicos inimaginables.
La BECCS es una tecnología no validada e ineficaz.
La BECCS le abre las puertas al sistema corrupto de compensación de emisiones.
La BECCS no proporcionará una solución para la creciente violencia de los impactos climáticos. Las soluciones ya existen dentro de nuestros pueblos y nuestras comunidades. Para lograr la justicia climática requerimos sistemas energéticos limpios, accesibles, asequibles y de propiedad de las comunidades.
La bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS, por sus siglas en inglés) es una distracción riesgosa, no validada, costosa y peligrosa que nos desvía de la reducción urgente y drástica de las emisiones, requerida para evitar un cambio climático catastrófico. El presente informe describe por qué Amigos de la Tierra Internacional se opone a la BECCS y presenta los riesgos, costos e impactos negativos de esta tecnología.
La meta del Acuerdo de París de lograr un balance neto de cero emisiones de carbono, o “cero neto”, fue la luz verde que permitió que las emisiones negativas figuren entre los esfuerzos mundiales para combatir el cambio climático durante las próximas décadas. La BECCS es la principal tecnología que se propone para alcanzar la “neutralidad de carbono” (emisiones negativas netas). Depender de emisiones negativas para lograr cualquier meta de temperatura se basa en la suposición de que será posible eliminar grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera en el futuro. En realidad, no se ha comprobado que ni la BECCS ni la tecnología de captura y almacenamiento de carbono (CAC, o CCS por sus siglas en inglés) por sí solas logren esta meta en la escala necesaria. Depender de BECCS es una estrategia inadmisiblemente riesgosa para los pueblos y el planeta. Las políticas climáticas deben basarse en acciones contundentes e inmediatas de reducción de emisiones en la fuente, en lugar de apostar a estrategias no validadas y de alto riego.
Resumen:
¿Por qué se opone Amigos de la Tierra Internacional a la BECCS?
1- La BECCS es una distracción que desvía la atención de las medidas verdaderas que hay que adoptar ahora mismo. Hemos sido testigos de cómo los mercados de emisiones de carbono y la compensación de emisiones les han permitido a los países ricos y a las grandes empresas contaminantes retrasar la aplicación de reducciones radicales de emisiones y la transformación de nuestros sistemas energéticos a sistemas sustentables de energías renovables para todas y todos en manos del Estado/las comunidades.1 De la misma manera, el concepto de “emisiones negativas” ahora les permite a los países seguir retrasando la reducción de emisiones en origen. Se dice que la BECCS es una solución conveniente para el problema del clima porque permite “cancelar” las emisiones actuales -y cualesquier emisiones futuras- en algún momento más adelante. Esto es falso, por supuesto. Cualquier lectura seria de los argumentos científicos en materia climática indica que se debe actuar ahora, no dentro de 40 años. La BECCS no es una fórmula mágica.
La pandemia mundial del COVID-19 ha puesto al descubierto que el sistema político-económico actual ha fracasado en hacerle frente tanto a la crisis climática como a la crisis del coronavirus. La privatización de los servicios públicos, el esmantelamiento de los derechos de las trabajadoras y trabajadores y la explotación del trabajo de las mujeres en virtud de las doctrinas neoliberales han dejado a nuestras sociedades sin capacidad para satisfacer las necesidades más básicas de nuestros pueblos y han provocado una ruptura nefasta entre nuestras sociedades y la naturaleza. La crisis del COVID-19 ha demostrado una vez más que la destrucción continua de los ecosistemas pone en peligro la salud de nuestro mundo. En este contexto, es más urgente que nunca ofrecer soluciones verdaderas y justas.
Hay que conminar a los gobiernos a actuar rápidamente y con determinación para dejar de depender de los combustibles fósiles. No es justo que los ricos y quienes hoy tienen un mejor pasar sometan a los pueblos del Sur Global y a las generaciones futuras a la carga de la contaminación que ellos provocaron y a los impactos negativos de estas tecnologías.
2- BECCS tendrá impactos sociales y ecológicos inimaginables. Suministrar suficiente biomasa para BECCS, a la escala necesaria, sólo sería posible deforestando, acaparando tierras y convirtiendo grandes superficies cultivables en plantaciones de monocultivos. Esto significa que la BECCS generará competencia por la tierra entre las/os productores/ as de alimentos, a medida que más y más tierras cultivables se destinen a la producción de cultivos para combustibles. De hecho, se calcula que desarrollar BECCS a gran escala requerirá hasta 3 mil millones de hectáreas, es decir, casi el doble de las tierras cultivadas hoy en día en todo el mundo.
Sencillamente no hay suficientes tierras cultivables en el mundo para plantar suficientes cultivos para combustibles sin afectar seriamente la producción de alimentos. Si la BECCS se implementa a gran escala, las tierras de cultivo de las/os productores/as de alimentos cambiarán de uso en tal magnitud que se agravará profundamente el hambre en el mundo. Los precios de los alimentos se dispararán y las comunidades que dependen directamente de la tierra y los ecosistemas locales se verán severamente afectadas. Un cambio de uso del suelo de tales proporciones exacerbará las amenazas ambientales ya existentes, tales como la degradación de los suelos y el estrés hídrico.
Las/os productores/as de alimentos a pequeña escala y las/os campesinos se cuentan entre los más afectados por la crisis del COVID-19, y hemos sido testigos del efecto devastador que ha tenido el acaparamiento de tierras en lo que hace a la capacidad de respuesta de los Pueblos Indígenas frente a la pandemia. Ahora que enfrentamos una crisis alimentaria inminente y de gran envergadura, no podemos darnos el lujo de permitir que la BECCS aumente la vulnerabilidad de nuestra tierra y de los pueblos cuyas vidas y medios de sustento dependen de ella.
El informe especial de 2019 del IPCC sobre el cambio climático y la tierra señala que si se pretende usar la BECCS al nivel “necesario para remover CO2 de la atmósfera al ritmo de varios miles de millones de toneladas de CO2 por año, eso podría “aumentar la presión sobre la tierra” y provocar “degradación del suelo”. El informe también hace hincapié en investigaciones que muestran que emplear BECCS y bioenergía podría dar lugar a que 150 millones de personas más corran riesgo de padecer hambre. 3
3- La BECCS es una tecnología no validada e ineficaz. El problema de la disponibilidad de tierras es sólo el comienzo. Hay muchas interrogantes sin respuesta que ponen en cuestión la viabilidad de la BECCS, particularmente referidas a: la penalidad energética* asociada a la CAC; la cantidad neta de CO2 que podría capturarse; los impactos negativos; su alto costo; los riesgos de fuga. A diferencia de la efectividad comprobada y la absoluta necesidad de ejecutar reducciones verdaderas de las emisiones, la BECCS está plagada de incertidumbres.
4- La BECCS le abre las puertas al sistema corrupto de compensación de emisiones. La compensación de emisiones de carbono significa que una actividad para reducir emisiones o remover carbono de la atmósfera (tal como plantar árboles) está diseñada para “compensar” por las emisiones generadas en otro lugar.
En vez de reducir realmente las emisiones, la compensación de emisiones permite que los contaminadores sigan contaminando. Amigos de la Tierra Internacional se opone a todas las formas de compensación y comercio de emisiones de carbono. 4
Se corre el riesgo de que el carbono retirado o las emisiones reducidas mediante BECCS se contabilicen como “compensación” de las emisiones que siguen generando los países por usar combustibles fósiles. Esto implica que no habría una reducción neta de emisiones, lo que echaría por tierra el objetivo de la BECCS como tecnología de emisiones negativas.
Compartimos con ustedes el boletín 253 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – A Noviembre / Diciembre 2020
Este Boletín cuenta con artículos escritos por las siguientes organizaciones e individuos: The Corner House, Reino Unido; mujeres activistas en Costa de Marfil, Sierra Leona y Camerún; miembro de la Comisión Pastoral de Tierras (CPT) en Amapá, Brasil; seis mujeres y hombres activistas a lo largo de Indonesia; Land Watch Thai, Tailandia; Dra. Bernice Maxton-Lee; y miembros del Secretariado Internacional del WRM.
Índice
Nuestra Opinión: Nombrar a los crímenes (y a los criminales) por lo que son……………………2
Legal pero corrupto …………………………………………..4
La explotación sexual y la violencia contra las mujeres están a la raíz del modelo industrial de plantaciones …………………………………………………..7
El robo organizado de tierras para plantaciones industriales de árboles en Brasil: el caso de
AMCE …………………………………………………………………………………….11
Indonesia: legalización de crímenes bajo el lema de “creación de empleo”……………………..17
Leyes, crimen y deforestación en el campo tailandés ……………………..24
RSPO: la tercerización de la reglamentación ambiental a las empresas y la industria de la palma aceitera ……………………………………………………..28
RECOMENDADOS
Tribunal Africano de los Pueblos en contra de las empresas de plantaciones industriales….32
2020: un año de resistencia y rebelión …………………………………………….32
Una explicación de los nuevos mercados financieros sobre la destrucción de la naturaleza 32
Nuestra Opinión Nombrar a los crímenes (y a los criminales) por lo que son
¿Qué es un crimen? Según el diccionario, un crimen o delito es un acto ilegal por el cual alguien puede ser castigado por la autoridad gubernamental. Pero, entonces, ¿qué se considera un ‘acto ilegal’? ¿Y quién decide esto?
Lo que se considera como un crimen o delito, por tanto, siempre va acompañado por lo que no se considera como crimen. Y viceversa.
Son muchas las tácticas y estrategias empleadas para imponer el control de la tierra y las operaciones extractivas en los bosques. Varían tanto como las formas utilizadas para despojar a las comunidades campesinas y pueblos indígenas de sus territorios, medios de vida y culturas comunales. La mayoría de estas tácticas y estrategias son actos criminales. Sin embargo, en la percepción pública (y de los organismos encargados de hacer cumplir la ley), no se los considera criminales y en cambio se los considera legítimos. Esto viene justificado con discursos sobre el “desarrollo nacional”, la “creación de empleo”, el “desarrollo bajo en carbono”, el “progreso”, etc.
El boletín anterior del WRM (1) reflexiona sobre lo que es el mal llamado desarrollo y advierte acerca de las estrategias que utilizan los actores que lo promueven para tomar el control de los territorios. Este boletín se centra en otro lado de esta historia.
El considerar acciones y decisiones particulares de empresas, bancos multilaterales y organismos gubernamentales como no criminales va de la mano de la criminalización de la mayoría de quienes disienten y resisten en el terreno. Quién decide qué debe considerarse criminal y qué no, está muy relacionado con el poder.
En este sentido, la economía capitalista se basa en la opresión estructuralmente racista y violenta de los trabajadores, las mujeres, los campesinos y las poblaciones que dependen de los bosques en el Sur global. Sin embargo, la mayoría de los tribunales y discursos dominantes perciben esta opresión (y los opresores) como legítima o no criminal o no delictiva. Un artículo de este boletín expone cómo la violencia y el abuso contra las mujeres es parte integral del modelo de plantaciones industriales y está en la base de cómo las empresas generan sus ganancias. Este abuso permanece en gran parte invisible para los consumidores e inversores, dejando a los perpetradores cometer sus crímenes sin consecuencias y manteniendo intacto el violento modelo de plantación colonial.
Los actos criminales o delictivos de actores públicos o privados ocurren constantemente en todo el mundo en formas muy diversas y cruzando diferentes capas de las sociedades. Otro artículo de este boletín expone cómo muchas prácticas perfectamente legales pero corruptas son rutina dentro de gobiernos y empresas, y con frecuencia incluso pasan por ‘buena gobernanza’ o son la misión declarada de organismos públicos.
Indonesia es un buen ejemplo. La implementación de la política económica neoliberal a fines de la década de 1960 fue dirigida por un grupo de economistas indonesios que estudiaron en la Universidad de California, Berkeley. Un economista de este grupo, apodado la Mafia de Berkeley, se jactó de haber presentado un ‘libro de recetas de cocina’ a Suharto. El ‘éxito’ de la violencia anti-izquierdista respaldada por Estados Unidos que conmocionó a la opinión pública para aceptar la imposición de un régimen neoliberal de derecha, convirtió el libro de cocina de la mafia en un método portátil. Solo cinco años después de que Suharto asumiera la presidencia, apareció un graffiti en Chile previo al golpe respaldado por Estados Unidos que derrocó al socialista Salvador Allende. El graffiti decía “Yakarta se acerca”. (2) Ahora parece que Jokowi, el actual presidente de Indonesia, con la controvertida Ley Ómnibus está reabriendo el libro de recetas de cocina de la Mafia de Berkeley. Un artículo de este boletín reflexiona sobre esta Ley y destaca las voces de seis activistas que se han resistido este ‘libro de recetas de cocina’ a lo largo de las islas durante décadas.
Otro ejemplo es el caso de Brasil, donde el acaparamiento de tierras ha sido -y sigue siendo- parte de un fuerte sistema del crimen organizado. Allí, la palabra grilagem se utiliza para referirse a la producción ilegal de títulos de propiedad sobre tierras públicas, dándoles apariencia legal. Una práctica criminal que comenzó en la época colonial con el robo de tierras de los pueblos indígenas y que sigue siendo muy utilizada por el gran capital. Una entrevista con un miembro de la Comisión Pastoral de Tierras (CPT, por sus siglas en portugués) reflexiona sobre las tácticas utilizadas por la empresa Amapá Celulose (AMCEL), que es una de las pocas grandes empresas de plantación de árboles en la Amazonía. Las plantaciones de eucalipto con certificación FSC de AMCEL producen y exportan astillas de madera para la industria de la celulosa y para la producción de energía, entre otros a Dinamarca.
Otro artículo de este boletín destaca los actos criminales legalizados que ocurren en Tailandia, donde la prominencia política de los militares y las inclinaciones autoritarias del propio Estado deciden qué es un crimen y qué no. El artículo muestra varios casos en los que la ley se ha utilizado en los últimos años para criminalizar la resistencia de las comunidades que habitan en los bosques contra el acaparamiento de tierras. El artículo muestra las duras consecuencias para los activistas comunitarios cuando se criminaliza la resistencia con el fin de proteger los intereses del gran capital y de una élite política.
Pero otros actores de la sociedad también influyen en lo que se considera un crimen o delito y lo que pasa como una práctica legítima. Un ejemplo son los sistemas de certificación. Un artículo del boletín muestra cómo el sello RSPO, que emite certificados para plantaciones industriales de palma aceitera con estándares de ‘sostenibilidad’, es administrada por los mismos productores que luego son juzgados por ella. Además, la legitimidad del Estado para establecer leyes se ve debilitada por el argumento de que el mercado debería fijar los estándares de ‘sostenibilidad’. Esto legitima las plantaciones de monocultivos, cuya gestión con demasiada frecuencia implica un crimen tras otro.
Lo que se suele llamar de “violaciones de los derechos de las personas”, por ejemplo, a menudo son lisa y llanamente crímenes que deben ser llevados a juicio. Asimismo, la mayoría de los llamados “impactos diferenciados” que deben soportar las mujeres por la imposición de plantaciones industriales u otras industrias extractivas, deben ser llamados por lo que son: crímenes.
Es hora de llamar a los crímenes y a los criminales por su nombre. (1) Boletín 252 del WRM, Bancos para el desarrollo: financiando despojo y explotación, https://wrm.org.uy/es/boletines/nro-252/ (2) Lausan, Jakarta is returning: The ‘neoliberal cookbook’ that guides Indonesia’s Omnibus Law, 2020, https://lausan.hk/2020/jakarta-is-returning-omnibus-bills/
Compartimos este video del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – A 25 de noviembre de 2020
El video “NO a la violencia contra mujeres y niñas que viven dentro y alrededor de las plantaciones de palma aceitera” denuncia la violencia contra las mujeres de África Occidental y Central, cuyas tierras han sido invadidas por plantaciones industriales de palma aceitera.
Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, nos unimos para denunciar que miles de mujeres que viven dentro y alrededor de las plantaciones industriales de palma aceitera enfrentan cotidianamente violencia y abuso sexual. Expresamos nuestra solidaridad para con ellas y con todas las mujeres que se organizan para resistir.
El video “NO a la violencia contra mujeres y niñas que viven dentro y alrededor de las plantaciones de palma aceitera” denuncia la violencia contra las mujeres de África Occidental y Central, cuyas tierras han sido invadidas por plantaciones industriales de palma aceitera. El video expone las numerosas y diversas formas de violencia vinculadas a las plantaciones industriales. Las empresas palmícolas destruyen las formas de vida y sustento de las mujeres. La violencia sexual, el abuso y la violación se convierten en una amenaza constante para las mujeres que viven dentro y alrededor de la plantaciones y para aquéllas que trabajan en las duras condiciones que las caracterizan.
Las compañías del aceite de palma sacan provecho no solamente de la explotación de la tierra y la mano de obra en sus plantaciones, sino también de la pared de silencio e impunidad en torno a la violencia sexual contra las mujeres que existe en dichas plantaciones. Hay que romper ese silencio. Y la violencia debe terminar. ¡Hay que parar la impunidad de la industria de la palma aceitera y los financiadores que la apoyan!
Con este video expresamos nuestro apoyo a todas las mujeres que quedan solas sufriendo violencia y abuso en silencio. Este video también es un tributo a todas las valientes mujeres que, contra viento y marea, resisten y dicen NO a la violencia y el abuso.
En solidaridad,
Alianza Informal contra las Plantaciones Industriales de Palma Aceitera*
*La Alianza Informal es un colectivo de activistas comunitarios y organizaciones de base de países de África Occidental y Central que resisten la expansión de las plantaciones industriales de palma aceitera en la región.
Boletin 252 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – Septiembre / Octubre 2020
Nuestra Opinión: Los evangelizadores del desarrollo
Este boletín busca reflexionar críticamente sobre el mal llamado desarrollo y alertar sobre las estrategias que vienen utilizando quienes lo promueven para adentrarse en los territorios. Se sabe que el desarrollo impuesto por las cientos de agencias, organismos,bancos y programas – ahora camuflado junto a otras palabras como “sostenible,” o “carbononeutral”,- es instrumental al voraz avance del saqueo y la consiguiente destrucción de bosques y medios de vida de millones de personas. En los últimos años, además, estos actores trabajan cada vez más en alianza al capital financiero, al que ven como aliado del desarrollo y lo refuerzan con recursos públicos.
No podemos olvidar que la noción de desarrollo fue proclamada después de la segundaguerra mundial, cuando Truman, ex-presidente de los EEUU, aprovechó el desplome europeo y afirmó que los EEUU debería disponer de sus avances y progreso para el crecimiento de las zonas subdesarrolladas. Además, hizo un llamado a que todos los gobiernos sigan sus pasos en la búsqueda del desarrollo.
Fue ahí que al mundo lo dividieron en dos: los países desarrollados del Norte y los países subdesarrollados del Sur. Considerando el proceso histórico en el que esto se enmarca,estos dos “bloques” bien podrían haberse llamado: los colonizadores (del desarrollo) y las colonias (para desarrollar, o mejor dicho, para saquear).
En esta cruzada desarrollista, fueron algunas entidades transnacionales y capitalistas,lideradas esencialmente por el gobierno de los EEUU y por el bloque del G-8, las que impusieron las reglas del desarrollo, principalmente para el Sur global. El Banco Mundial(BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC),los Bancos de Desarrollo regionales, entre otros evangelizadores, se consolidaron como actores absolutos (casi imperiales) de poder político y económico, llevando la biblia del desarrollo bajo el brazo.
Así, los Programas de Ajuste Estructural, dictados por el FMI y el BM, obligaron a los países del sur a imponer duras políticas para abrirse al “mercado libre” en nombre del desarrollo,progreso y crecimiento. Luego, las Asociaciones Público-Privadas fueron (y siguen siendo)establecidas por los gobiernos al ser requisito para recibir préstamos de estas instituciones,- a pesar que estas Asociaciones benefician cabalmente al capital privado a expensas del sector público. Los bancos y agencias de desarrollo suelen ser importantes accionistas en estas Asociaciones.
Es así que cientos de represas a gran escala, carreteras y vías de tren que atraviesan bosques y tierras comunitarias, plantaciones industriales de monocultivos, mega proyectos de infraestructura e incluso proyectos de exploración y extracción de minería, petróleo y gas,han sido financiados, legitimados y promovidos por estos actores del desarrollo. El Banco Mundial, por ejemplo, ha promovido por décadas la titulación de tierras a través de la propiedad individual, lo que facilita, en su gran mayoría, la entrada de actividades industriales a tierras comunitarias y el debilitamiento de la organización y cohesión social.
En paralelo, los países del norte establecieron sus propias agencias de cooperación al desarrollo, tales como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional(USAID), la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) o el Banco de Desarrollo del Estado Alemán (KfW), la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), etc.,para implementar y monitorear sus propias políticas externas e intereses de forma calculada en el sur. Así, muchas empresas de plantaciones industriales provenientes del norte deben la supervivencia de sus actividades en los países sub-desarrollados, en gran parte, a las donaciones de sus gobiernos. Sin subvenciones, financiación barata y otros subsidios, estas plantaciones y plantas de celulosa extremadamente costosas nunca llegarían a producir.Algunos de estos subsidios se transfieren a través de agencias multilaterales antes de ser derivados al sector empresarial. En otros casos, fondos recaudados a través de los impuestos que pagan los ciudadanos en el norte se canalizan a través de agencias de cooperación al desarrollo a las arcas de estas empresas privadas. (1)
La noción del desarrollo,creada desde una mirada occidental blanca, niega o denigra a las muchas diversidades, existencias y visiones de ser en los territorios. Los territorios no-blancos y no-occidentales (que incluyen pluralidad de personas y pueblos, prácticas,bosques, espacios y tiempos de vida, ríos, historias, conocimientos…) son constantemente subordinados, violentados y estigmatizados con el concepto del subdesarrollo. Esto va de la mano de sociedades capitalistas cada vez más inmersas en una visión de crecimiento que es racista, clasista y patriarcal. Una visión que pregona ser universal y por tanto invisibiliza o silencia (casi siempre por la fuerza) a los territorios no-blancos, y que en esencia, busca engrandecer a la economía capitalista de opresión.
Como reacción frente a la fuerte resistencia en el sur y a la presión internacional por la emergencia climática y ambiental, los actores del desarrollo comenzaron a apoyar el concepto de crecimiento verde. La ONU lanzó un llamado al crecimiento verde en 2011 y el Banco Mundial presentó en 2012 el reporte Crecimiento verde inclusivo – el sendero para el desarrollo sostenible.
Extremadamente funcional al capitalismo, ese cambio de retórica (más no de fondo) le ha permitido a la industria del desarrollo continuar y expandir sus prácticas, negocios y acumulación y, por tanto, el saqueo, la violencia y el despojo.
Asimismo, en las últimas dos décadas, los bancos y fondos de desarrollo han aumentado masivamente. Estos actores se han vuelto cada vez más entrelazados con las finanzas globales. La cartera de las instituciones financieras de desarrollo europeas se ha cuadruplicado, de 10.900 millones de euros en 2005 a 41.200 millones de euros en 2018.Estas instituciones actúan cada vez más como cualquier otro inversionista, y ve al sector financiero privado como un actor del desarrollo y lo refuerza con recursos públicos. Así vemos una creciente participación de estos actores en la agroindustria y el acaparamiento de tierras. (2)
Más recientemente, algunos de estos bancos y fondos han creado sus propias empresas de gestión de activos. Estas son denominadas fondos de desarrollo, o mejor dicho, fondos de inversión y de capital. El Banco Mundial creó su propia empresa para administrar dichos fondos, el Asset Management Company, que hoy administra US10 mil millones de dólares a través de 13 fondos. (3)
Más de 70 años después que Truman dividiese al mundo, la noción de desarrollo sigue siendo utilizada para saquear. Sus evangelizadores son impulsores clave de las políticas de privatización, que allanan el camino para que corporaciones y actores financieros puedan ingresar y destruir cada vez más territorios y bosques.
Esperamos que este boletín aporte a la reflexión para la construcción y fortalecimiento de alianzas entre movimientos y grupos de base en el rechazo a ese desarrollo colonizador,racista y patriarcal.
Indice
Boletín 252 del WRMMovimiento Mundial por los Bosques TropicalesSeptiembre / Octubre 2020Bancos para el desarrollo: financiando despojo y explotaciónNuestra Opinión: Los evangelizadores del desarrollo…………………………………………………………………..2Desarrollo: entendimientos desde de las bases………………………………………………………………………….5El legado perenne de un proyecto poco conocido del Banco Mundial que le aseguró las plantaciones africanas a multimillonarios europeos………………………………………………………………………………………..9Por qué los gobiernos deberían rechazar los intentos de mercantilización de la tierra orquestados por el Banco Mundial y Estados Unidos…………………………………………………………………………………..12Indonesia: REDD+, el financiamiento europeo para el desarrollo y la ‘economía baja en carbono’…..16La participación de la banca europea para el desarrollo en una empresa congoleña de aceite de palma perpetúa el racismo del acaparamiento de tierras de la época colonial……………………………….24El Banco Africano de Desarrollo y la industria de las plantaciones de árboles……………………………….28“Siempre ha sido lo mismo”: la cooperación que no coopera………………………………………………………32RECOMENDADOSDes-entreverando los conceptos atados al desarrollo………………………………………………………………..35“No deberían llamarse bancos públicos de desarrollo”……………………………………………………………….36Se retoman tierras robadas en Argentina…………………………………………………………………………………36Transformar el Sistema………………………………………………………………………………………………………….36Piden suspensión de las obras de UPM hasta cumplir con los requisitos ambientales de su autorización…………………………………………………………………………………………………………………………36Diccionario de Desarrollo……………………………………………………………………………………………………….37Este Boletín cuenta con artículos escritos por las siguientes organizaciones e individuos: activistas deBrasil, Gabón, India, México y Mozambique; GRAIN; The Oakland Institute, USA; RIAO-RDC,República Democrática de Congo; la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de DerechosSociales y Ambientales; y miembros del Secretariado Internacional del WRM
Compartimos esta pedición lanzada desde el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales – WRM – A 2 de noviembre de 2020
¡¡Convocamos a organizaciones a firmar esta Carta Abierta!! Pedimos a los miembros de la Junta que rechacen la solicitud de financiamiento REDD por más de USD 60 millones que ha sido presentada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en nombre del gobierno de Nicaragua.
Desde 2015, unos 40 indígenas han sido asesinados, 47 han sido heridos, 44 han sido secuestrados y 4 han sido desaparecidos, en casos relacionados con invasiones de tierras en Nicaragua, mientras que la represión de voces disidentes ha alcanzado niveles alarmantes.
La Secretaría del Fondo Verde para el Clima, en tanto, recomienda que la Junta del Fondo en su 27a reunión -que se realizará del 9 al 13 de noviembre- apruebe una solicitud de financiamiento REDD por más de USD 60 millones que ha sido presentada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en nombre del gobierno de Nicaragua. El conflicto, la criminalización y la represión de las voces críticas se convertirán en una realidad previsible si la Junta sigue la recomendación de la Secretaría.
¡Esto no debe suceder! Firme por favor esta Carta Abierta, pidiendo a los miembros de la Junta que rechacen la solicitud de financiamiento presentada por el BCIE en nombre del gobierno de Nicaragua.
La Carta está abierta para firmas de organizaciones hasta el viernes 6 de noviembre de 2020. Esta se enviará a la Junta del Fondo Verde para el Clima antes de su reunión que inicia el 9 de noviembre.
Miembros de la Junta del Fondo Verde para el Clima
Exhortamos a la Junta del Fondo Verde para el Clima a rechazar la solicitud de financiamiento(FP146) “Bio-CLIMA Project. Integrated climate action to reduce deforestation and strengthen resilience in BOSAWÁS and Rio San Juan Biospheres”* (Proyecto Bio-CLIMA. Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en BOSAWÁS y Biosferas de Río San Juan), presentado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en nombre del gobierno de Nicaragua. Esta solicitud de financiamiento deja de manifiesto por qué el Fondo Verde para el Clima debe dejar de aportar fondos a proyectos REDD de manera urgente: la descripción tendenciosa e incompleta de las causas de la deforestación y las preocupantes actividades que resultan de este análisis inadecuado presentado en la FP146 evidencian una vez más que REDD es un concepto que no ha contribuido a resolver los factores causantes de la deforestación. Peor aún, su aplicación pone en riesgo las formas de sustento e incluso las vidas de las personas y exacerba los conflictos, tanto entre los organismos estatales y quienes proponen el proyecto REDD por un lado, y las comunidades que ejercen sus derechos tradicionales a la tierra por el otro, así como entre y dentro de las comunidades.
La solicitud de financiamiento del BCIE afecta las áreas protegidas de Bosawás e Indio Maíz, en las Regiones Autónomas de la Costa del Caribe de Nicaragua. En estas dos zonas se encuentran los mayores bosques intactos de Latinoamérica después de la Amazonía, que por generaciones han sido protegidos por pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes cuyos territorios se superponen en gran parte con las áreas protegidas Bosawás e Indio Maíz.
La solicitud de financiamiento REDD presentada por el BCIE en nombre del gobierno de Nicaragua plantea un riesgo extraordinariamente elevado y predecible de incrementar las tensiones sobre el uso de la tierra en una zona donde la (in)acción histórica de los gobiernos de turno ha provocado una escalada de asentamientos ilegales y extractivismo empresarial dentro de los territorios de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en las dos zonas en donde se centra la solicitud de financiamiento. El resultado ha sido una deforestación masiva, con la destrucción anual de 150.000 hectáreas de bosque en Nicaragua entre 2005 y 2015, gran parte de las cuales fueron en las áreas protegidas de Bosawás e Indio Maíz/Río San Juan.
La implementación de esta propuesta de financiamiento está destinada a violar los derechos de los pueblos indígenas. Las actividades descritas en la solicitud de financiamiento no reducirán la deforestación en estas grandes zonas de bosque intacto de la Costa del Caribe de Nicaragua porque el proyecto ignora causas claves de la deforestación, tales como el otorgamiento de permisos de extracción maderera y minera a empresas extranjeras sin el consentimiento de las autoridades competentes en los territorios de pueblos indígenas. Por ejemplo, al mes de una nueva ley que creó la Compañía Minera Nicaragüense en 2017 y que facilitó el acceso a concesiones mineras para empresas extranjeras, el total de tierras con concesiones mineras aumentaron más del doble, de aproximadamente 1,2 millones a 2,6 millones de hectáreas. Esto es más del 20 por ciento del país. Alrededor de 853.800 hectáreas de esas concesiones están en la zona de amortiguamiento del área protegida Bosawás.1
Un informe reciente también expone el vínculo entre las concesiones mineras, la deforestación y la violencia en las zonas en las que se centra el FP146. El informe revela que los directores de tres compañías mineras están detrás de una de las empresas madereras, MLR Florestal, responsable de la destrucción de bosques y situaciones de violencia en estas zonas.2 Muchas de las concesiones industriales dentro de esas zonas han sido entregadas sin el consentimiento legalmente requerido de los pueblos indígenas, cuyos territorios están siendo destruidos por estas actividades madereras y mineras.
Si bien la solicitud de financiamiento menciona a la ganadería como causa de deforestación, no presenta un análisis exhaustivo de las causas subyacentes, tales como un sector cárnico orientado a la exportación, con vínculos entre la industria de exportación y la ganadería a menudo realizada en asentamientos ilegales dentro de territorios de pueblos indígenas. Como resultado, las actividades propuestas para manejar los asentamientos ilegales y la ganadería no lograrán reducir la deforestación y provocarán más violencia y desesperanza.
Otro agente de deforestación al que no se hace alusión en la solicitud de financiamiento es la falta de acción gubernamental a lo largo de los años para completar el paso final del reconocimiento legal de los territorios de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en las dos Regiones Autónomas de la Costa del Caribe. Estos derechos están protegidos por la Constitución nicaragüense, y la Ley Constitucional 28 requiere, entre otras cosas, este paso final llamado Saneamiento, o curación de la tierra. Exige que el Estado suprima a todos los colonos y compañías que operan dentro de los territorios de pueblos indígenas que no tengan títulos legales o acuerdos de arrendamiento con las autoridades comunitarias apropiadas.
Pueblos indígenas tales como la Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN) han advertido que “están colonizando todos los territorios indígenas y afrodescendientes de Nicaragua. En la Reserva Biológica Indio-Maíz se están estableciendo mineros en busca de oro y en numerosas ocasiones grupos armados han amenazado a familias de los Pueblos Indígenas Rama y Afrodescendientes Kriol. Mientras tanto, en la Reserva de la Biosfera de Bosawás, grupos de hombres armados con armas de guerra provocaron el desplazamiento forzado de comunidades enteras de los pueblos indígenas Miskitos y Mayangna, y el Estado ha fracasado en proteger a esos pueblos a pesar de múltiples pedidos”3. A pesar de los reiterados llamados por parte de las asociaciones de pueblos indígenas para que el gobierno de Nicaragua implemente plenamente una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que confirma esta obligación legal del estado, el gobierno no ha tomado medidas concretas para eliminar los asentamientos ilegales o las corporaciones que operan sin el consentimiento de las comunidades indígenas.4
En suma, la solicitud de financiamiento REDD presentada por el BCIE no menciona en lo absoluto ni a la minería ni a la extracción maderera industriales, así como tampoco a la falta de acción del gobierno en llevar a cabo el Saneamiento en los territorios indígenas reconocidos en las áreas protegidas de Bosawás e Indio Maíz/Río San Juan. En cambio, la solicitud de financiamiento es una más de la larga lista de propuestas REDD que perpetúan el discurso unilateral de culpar a la agricultura campesina de la deforestación. Si bien los asentamientos ilegales son sin duda una causa de deforestación en esas dos áreas protegidas y en los territorios indígenas, la propuesta de financiamiento no brinda la contextualización y el análisis de este fenómeno, el cual sería crucial para obtener respuestas adecuadas a esta devastación.
El cumplimiento del gobierno de esta obligación legal sería una contribución importante al cese de la deforestación en estos territorios indígenas. Sería especialmente importante a la luz de la escalada de asentamientos ilegales desde el estallido de la pandemia del COVID-19. Esos asentamientos no serían posibles sin la complicidad de las autoridades estatales y de la participación del sector privado (tanto de capitales nacionales como extranjeros). Esta misma situación favorece la construcción de nuevas iglesias dentro y alrededor de los asentamientos ilegales. Un informe de julio de 2020 identifica la construcción ilegal de un total de 23 iglesias dentro del área protegida de Indio Maíz/Río San Juan.5 El informe señala el apoyo explícito de las autoridades gubernamentales para la construcción ilegal, citando como ejemplo la oficina del alcalde de un pueblo de la región que proveyó los materiales de construcción.
La escalada de asentamientos ilegales desde el estallido de la pandemia del COVID-19 también provocó un alarmante aumento de gente asesinada. El número de personas indígenas que han sido asesinadas en conflictos con los invasores prácticamente se ha duplicado, en comparación con años recientes.6 Desde enero de 2020, diez personas de las comunidades de los Mayangna y los Miskitos, en la Región Autónoma de la Costa Norte del Caribe, fueron asesinadas, elevando a 46 el número total de asesinatos desde 2015.
En febrero de 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) subrayó la falta de protección de los derechos de los pueblos indígenas y la impunidad por los crímenes cometidos contra pueblos indígenas en las regiones donde se llevaría a cabo el Proyecto BIO-CLIMA. ACNUDH urgió al gobierno de Nicaragua a adoptar las medidas necesarias para impedir que continúe la violencia y proteger la tierra, los territorios y los recursos de las comunidades indígenas.7 Pero desde entonces la situación ha cambiado para peor.
Nada de esto se refleja en la solicitud de financiamiento que el BCIE presentó en nombre del gobierno de Nicaragua. Por el contrario, la solicitud de financiamiento incluye actividades que en esencia darán impunidad a los asentamientos ilegales. Incluso la propia evaluación de riesgo ambiental y social del Fondo Verde para el Clima calificó como “importantes” los “riesgos de la intervención del proyecto que pueden agravar los conflictos entre campesinos-colonos y comunidades (de pueblos indígenas)”.
En otras palabras, esta solicitud de financiamiento REDD seguramente no abordará las causas reales de la deforestación en los bosques de Bosawás e Indio Maíz y las 42 acciones propuestas incluyen varias que muy probablemente agravarán los conflictos existentes que tienen su raíz en políticas gubernamentales que empujan a los campesinos a adentrarse en territorios de pueblos indígenas.
Además, la solicitud de financiamiento REDD del BCIE propone un procedimiento de “consentimiento libre, previo e informado” que socava la protección legal otorgada a los territorios indígenas de las Regiones Autónomas de la Costa del Caribe, donde se implementarán la mayoría de las actividades comprendidas en la solicitud de financiamiento FP146.
La ley 28 de la Constitución de Nicaragua garantiza la inalterabilidad de los derechos a la tierra de Indígenas y Afrodescendientes y reconoce el derecho de estas comunidades a ejercer total control sobre sus tierras. Las decisiones sobre el uso de la tierra, por lo tanto, competen a la comunidad.
Más del 80% del presupuesto de la propuesta de financiamiento se gastará en las dos áreas protegidas que incluyen grandes partes de territorios de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, donde las comunidades tienen garantizados estos derechos legales a determinar el uso de esa tierra. La solicitud de financiamiento del BCIE no oculta el hecho de que la propuesta no ha sido discutida aún con las comunidades de estos territorios.
¿Cómo, entonces, puede el BCIE argumentar que cumple con el requisito del Fondo Verde para el Clima para las solicitudes de financiamiento que afectan territorios de pueblos indígenas, de demostrar “consentimiento libre, previo e informado”? El BCIE simplemente propone excluir a las comunidades que no dan su consentimiento a las actividades propuestas. Esto, como mínimo, es una interpretación muy inverosímil del principio de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). De hecho, dada la situación actual de intimidación y represión masiva de las opiniones críticas en Nicaragua, que ha dado lugar a una nota, entre muchos otros, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, que la Secretaría del Fondo Verde para el Clima dé andamiento a una propuesta que incumple de tal manera el procedimiento del CLPI, seguramente pondrá en situación de riesgo a los miembros de las comunidades de estos territorios indígenas y afrodescendientes. ¿Es a esto a lo que equivale en la práctica la política CLPI del Fondo Verde para el Clima? Un informe publicado hace algunas semanas identifica numerosas instancias en las que gobiernos paralelos que cuentan con el aval del Estado se apropiaron de derechos indígenas a la tierra para controlar el otorgamiento de títulos y concesiones a la tierra.8
¿Cómo puede una propuesta de financiamiento con un enfoque de Consentimiento Libre, Previo e Informado tan inadecuado ser aprobada por el proceso de evaluación del Fondo Verde para el Clima cuando está profusamente documentado que el derecho constitucional de las comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes de los territorios afectados por la solicitud de financiamiento del BCIE ha sido y continúa siendo amenazado?
El fracaso del proceso de selección del Fondo Verde para el Clima para REDD ha sido nuevamente puesto al descubierto por la Secretaría que adelantó el FP146 para su aprobación por la Junta. Esto viene justo después de la 26a reunión de la Junta del Fondo Verde para el Clima en agosto de 2020 (B26), donde algunos miembros de la Junta expresaron sus críticas con respecto a la deficiente calidad de evaluación de las propuestas REDD presentadas para aprobación de la Junta. Las expresiones de preocupación tales como las manifestadas por los miembros de la Junta en el B26 son importantes. Pero si no están seguidas de acciones, resultan ser un ejercicio en vano. Claramente es tiempo de poner fin al experimento del Fondo Verde para el Clima de financiar REDD.
Esta propuesta de financiamiento presentada por el BCIE en nombre del gobierno de Nicaragua demuestra por qué es imperativo que el Fondo Verde para el Clima cese de inmediato el financiamiento de REDD. Que una propuesta de proyecto como FP146, que se basa en una evaluación tan peligrosamente inadecuada de las causas y el contexto de la deforestación, pudiera ser aprobada por el proceso de evaluación del Fondo Verde para el Clima, es muy preocupante. De hecho, la omisión de haber evaluado adecuadamente los riesgos contenidos en esta solicitud de financiamiento REDD y el haber presentado esa propuesta REDD a la aprobación de la Junta corre el riesgo de amenazar la vida de las personas en un contexto de violenta represión estatal de las opiniones críticas en Nicaragua. Permítanos recordarles que para las organizaciones de la sociedad civil siquiera publicar una carta que critica el pedido de financiamiento presentado a la Junta del Fondo Verde para el Clima representa exponerse a un riesgo real de represión y criminalización.
La aprobación del FP146 sin duda pondría en serio riesgo la reputación del Fondo Verde para el Clima: conflictos, criminalización y represión de opiniones críticas son una realidad previsible si esta solicitud de financiamiento es aprobada por la Junta del Fondo. Por todas estas razones exhortamos a la Junta a que rechace la solicitud de financiamiento FP146 del BCIE para el “Bio-CLIMA Project. Integrated climate action to reduce deforestation and strengthen resilience in BOSAWÁS and Rio San Juan Biospheres” (Proyecto Bio-CLIMA. Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en BOSAWÁS y Biosferas de Río San Juan) y suspenda la aprobación de nuevas solicitudes de financiamiento de REDD+.
05/09 de noviembre de 2020
WRM – Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales
Compartimos esta investigación especial de Mongabay sobre el avance y los impactos de la Palma africana en Chiapas- A 13 de febrero 2020
Las condiciones climáticas del sureste mexicano propician la expansión del cultivo de la palma, provocando la deforestación de la Selva Lacandona, en Chiapas, uno de los territorios emblemáticos para la conservación en México
En Boca de Chajul, una pequeña comunidad del municipio de Marqués de Comillas, en Chiapas, Rafael Lombera ha visto desaparecer grandes extensiones de la selva Lacandona y ha sido principalmente —afirma— por la costumbre de explotar recursos naturales y por la ganadería. Hoy una de las causas es la siembra del cultivo de palma africana.
Cuando se viaja hacia Chajul, y hasta la entrada de este pequeño
poblado, se observa a orillas de la carretera letreros con la leyenda de
“Pago de Servicios Ambientales”, un programa del gobierno de México que
promueve la conservación en propiedades privadas o en ejidos (una
figura legal que da derechos sobre la tierra a campesinos). Los tramos
de selva se disputan así el paisaje con los predios sembrados con palma
africana.
Reserva de la Biósfera Montes Azules en Chiapas. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
En el municipio de Marqués de Comillas, según un estudio del
Instituto Nacional de Ecología, están los únicos tramos de tierra en
México con selva inundable porque en otros estados, como Tabasco, han
desaparecido.
Las chozas de Rafael Lombera están alzadas por grandes soportes de
madera que permiten el paso de las aguas del río Lacantún cuando sale a
inundar sus inmediaciones. Este rincón selvático es la puerta de entrada
a la Reserva de la Biósfera Montes Azules; ahí todo el año llegan
investigadores de flora y fauna. También es la región donde empezó la
siembra de la palma en México, a mediados del siglo pasado.
1.Cambios en la selva
La mayor parte de la superficie propicia para la palmicultura está en
el sureste de México (dos millones de hectáreas, según el gobierno
federal), una región a la que pertenece Chiapas, que tiene las
condiciones agrícolas y climáticas para extender hasta en 400 mil
hectáreas las plantaciones de palma, cultivo destinado a saciar las
necesidades de los mercados extranjeros y nacionales que demandan
biodiesel y aceites para la industria de los alimentos.
Rafael Lombera, quien vive en esta región desde que era niño, hace
poco más de cuatro décadas, nota cambios en las dinámicas de la selva.
Tiene una opinión clara de cuál es la mayor amenaza para uno de las más
grandes reservas naturales de México: “la selva se está talando para
sembrar la palma africana”.
El cultivo de la palma africana ha sido impulsado tanto por el
gobierno estatal como el federal. Funcionarios estatales aseguran que lo
hacen en predios donde ya no hay selva, que ya se habían utilizado para
la ganadería.
En 2017, las estimaciones de la Secretaría del Campo de Chiapas eran
que existían cerca de 64 000 hectáreas sembradas en el estado; el
objetivo es llegar a 100 000. Para ello el gobierno chiapaneco impulsó
la creación de cuatro viveros de palma que, según el Instituto de
Fomento a la Agricultura Tropical, son los más grandes de América
Latina.
Hasta 2013, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
(SIAP) calculaba que el 44 % de la Palma sembrada en Chiapas estaba en
zonas selváticas.
Frutos de Palma Africana. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
2.Campos sin vida
El investigador León Enrique Ávila, especialista en palma africana y
profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas, aseguró que la
siembra de palma en el estado no incluye un control ambiental efectivo.
Antonio Castellanos, investigador del Centro de Investigaciones
Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, con seis años de
trabajo con los productores de palma en los ejidos, aseguró que una de
las condiciones para recibir el apoyo del gobierno mexicano “es
comprometerse a sembrarla solo como monocultivo”. Donde hay palma
africana, no hay más flora.
Para León Ávila la sensación cuando recorre zonas de palma es la de
estar en un “desierto del silencio donde ya no hay ruido al amanecer”.
Él ha caminado la región durante años y dice haber visto cómo ese
cultivo ha cambiado las dinámicas de la flora, la fauna y de las
comunidades.
Las personas que antes vivían de sus cosechas y los productos que les
ofrecía la selva —explicó el especialista— ahora esperan con ansia la
fecha en que los dueños de las fábricas pagan a los palmicultores y
estos, a su vez, reparten los sueldos entre sus empleados jornaleros.
El investigador coincide con Antonio Castellanos: la principal falla
está en el hecho de que el cultivo ha sido introducido como monocultivo.
Y de acuerdo con la publicación especializada, Gloobal,
“las miles de hectáreas de palma africana implican no solo mantener la
deforestación sino aumentar el CO2 e incrementar la contaminación del
agua con agroquímicos en las regiones de alta biodiversidad, como las
regiones de la biosfera (de Montes Azules) y la selva Lacandona”.
Rafael Lombera, poblador en Boca Chajul, muestra los plantíos de palma africana en el ejido. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
3.Realidad que contradice el discurso
Según el Banco de México, el país importa cerca de 462 000 toneladas
de aceite de palma al año, lo cual equivale al 82 % de la cantidad que
consumen sus industrias. Por lo tanto, se requieren 200 850 hectáreas
produciendo para poder abastecer de aceite al mercado interno.
Las condiciones están puestas para que el cultivo avance porque hay
programas que impulsan la siembra de palma africana en los gobiernos
estatales, en el gobierno federal y en fondos extranjeros.
La investigadora del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Bárbara
Linares Bravo, conoció a fondo la reconversión productiva con la llegada
de la palma africana al Valle de Tulijá, en el norte de Chiapas. Ella
observa un fuerte cambio que está erradicando las costumbres productivas
y de autoconsumo con la llegada de los apoyos internacionales y
nacionales para propagar el cultivo de palma.
Frutos de Palma Africana. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
“La expansión de este cultivo, paradójicamente, en contraposición al
discurso de desarrollo sustentable que le justifica, incrementa las
contradicciones sociales y ambientales”, señala Linares Bravo.
El avance de los cultivos de la palma africana en la selva de Chiapas
se desarrolla bajo tres compromisos adquiridos por el país con actores
internacionales. Uno de ellos es el Proyecto Mesoamérica, con 10
naciones adheridas (Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Panamá y México) y su
Programa Mesoamericano de Biocombustibles, dentro del cual México
estableció su programa de reconversión productiva.
Además, México tiene 10 plantas extractoras de aceite de palma; siete
están en Chiapas y todas son privadas. Alrededor de ellas los
productores se organizan y hacen lo necesario para “limpiar” sus tierras
y pasar de ganar —por ejemplo— 5000 pesos (277 USD) mensuales por el
total de su cosecha de maíz sembrado para venta y consumo, a recibir
hasta 35 000 (1862 USD) cada mes por el monocultivo, según el testimonio
de José Baldovinos, palmicultor de Boca de Chajul.
Jose Baldovinos sostiene que la palma los ayudará a salir de la pobreza. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
4.Deforestación hormiga
Baldovinos ha sembrado con palma africana 27 hectáreas en las
inmediaciones de Boca de Chajul y está listo para sumar otras seis. Este
cultivo permitió enfrentar los gastos médicos que tuvo cuando dos de
sus parientes se enfermaron de gravedad.
Como miles de habitantes de Marqués de Comillas y la región
selvática, Baldovinos llegó desde Michoacán en 1972 en una avioneta que
aterrizó en algún camino rural o simplemente en un claro entre la
vegetación. “Aquí era pura selva, pero ha ido cambiando drásticamente”,
recuerda.
En los setenta, dentro de los ejidos, comenzó la práctica
indiscriminada de la ganadería y el cultivo de la palma africana.
Proliferaron los “acahuales”, que son unos espacios de selva en los que
los ejidatarios talan, esperan un par de años y después inscriben esas
tierras en programas de financiamiento para la palma africana sorteando
así el “obstáculo” de que hay selva. Talan para allanar el camino hacia
el cultivo que les es redituable.
Una fuente del gobierno de Chiapas que pidió el anonimato contó a
Mongabay Latam que actualmente la principal causa de deforestación en la
selva es la tala de madera a manos de “empresas clandestinas” que
trabajan de noche.
Es el avance hormiga de la palma en la región tropical que abarca la
mayor parte del sur de México. De acuerdo con los testimonios recabados
por Mongabay Latam, es así como han crecido los cultivos de la palma en
Veracruz, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Chiapas (los estados
con suelos propicios para la palmicultura) en terrenos de ganadería,
pastizales, “acahuales” o sitios selváticos deforestados
clandestinamente.
Plantación
de Palma Africana en Boca Chajul, ubicado en la frontera con Guatemala,
Selva Lacandona, Chiapas. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
5.Salida para pobladores
La palma africana, según el testimonio de Rafael Lombera y de José
Baldovinos, es el cultivo que ofrece la oportunidad de salir de la
pobreza a todos los campesinos dueños de pequeñas porciones de tierra
que están aumentando exponencialmente sus ganancias.
Baldovinos ha sido agricultor más de 65 años y solo hasta ahora logró
la tranquilidad económica. Gana 30 000 pesos al mes sin mayores
esfuerzos cuando el resto de su vida trabajando otros cultivos como
frijol, maíz o chile, lograba una mínima parte con esfuerzo máximo.
La ecuación es simple: en el programa de Pago de Servicios
Ambientales el gobierno mexicano paga 300 pesos al año por hectárea de
selva (en 2017) y una hectárea sembrada de palma en edad productiva
genera una ganancia de 100 000 pesos al año.
Rafael Lombera muestra un juego de lotería en sus manos en el que figuran las fotos de animales. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
Rafael Lombera, que es ejidatario en un tramo selvático manejado
entre más personas, asegura que “la gente se está desesperando y está
talando la selva para sembrar palma”.
Es una lógica que recorre la región selvática de Chiapas que se
extiende a lo largo de la frontera con Guatemala, donde se encuentran
predios que suman hasta 4000 hectáreas que surten a la fábrica de la
empresa Aceites Sustentables, según cálculos de los investigadores.
Y en territorio mexicano también hay productores que acaparan hasta
1000 hectáreas o pequeños propietarios que apenas comienzan —como don
José en sus inicios— a acumular sus primeras extensiones de tierra. “Así
se va cambiando de la selva a la palma”, dijo don José Baldovinos,
dueño de una de las casas más amplias del pueblo.
“El futuro es la palma”, lamenta Rafael Lombera, con un juego de lotería en sus manos en el que figuran las fotos de animales y vegetales tomadas por él mismo dentro de esa espesura de selva que se levantaba frente a él del otro lado del río Lacantún.
