El Escaramujo 115: CHIAPAS, ¿NARCO O CRIMEN ORGANIZADO?

Publicada el 14/08/2023 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

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CHIAPAS, ¿NARCO O CRIMEN ORGANIZADO?
Y los anacrónicos análisis…

Gustavo Castro
Otros Mundos Chiapas
Lunes 14 de Agosto 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

Existen muchas perspectivas que explican la situación actual que se vive en Chiapas, violencia descomunal de la cual ya hablamos en El Escaramujo No. 114 y que el Presidente de la República se niega a reconocer ante los medios de comunicación, aunque en la realidad el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas envía cada vez más militares y construye más cuarteles para supuestamente inhibir o detener esta narcoviolencia que va en aumento.

Algunas organizaciones de derechos humanos, la Iglesia Católica, entre otros analistas, construyen narrativas, lecturas, supuestos análisis y diagnósticos de la situación en Chiapas acompañados de afirmaciones como estas: “es una guerra de contrainsurgencia”, “es una guerra del Estado contra los zapatistas”, “estamos al borde de una guerra civil”, “es una guerra del Estado con sus grupos paramilitares”, “es una guerra contra los pueblos indígenas”, entre otras.

Sin embargo, consideramos que muchas de estas afirmaciones se caen por su propio peso y no se sostienen de manera correcta. No se puede hacer un análisis basado en conceptos que se usaron hace 30 años en un contexto diferente al actual. Es necesario crear y recrear estos y otros conceptos. Es necesario hilar más fino ya que un tipo de análisis de la coyuntura desprende acciones y consecuencias diferentes. Actualmente existen nuevos actores, otros han desaparecido o disminuido su influencia, unos se han camuflado y otros han cambiado de bando, otros actores se han fusionado, algunos más se han dividido y ahora se confrontan incluso en el escenario bélico. Las alianzas se han modificado y la correlación de fuerzas ya no es la misma. Por ello, no se pueden concluir las mismas afirmaciones y eslogan que hace décadas ayudaron a diagnosticar la situación en Chiapas. Pese a todo lo anterior, algo sí es constante: la lógica de la acumulación incesante de capital. La disputa y el control por el territorio sigue siendo la misma, elemento clave para comprender los acontecimientos actuales.

Como ya hemos mencionado, muchas organizaciones no solo fuera del estado de Chiapas sino del país, han asumido una narrativa y un análisis anacrónico y se estancan en los conceptos. Esto ya se ha visto en otros contextos. Hoy no podemos evaluar ni analizar la situación de la Nicaragua actual con la de los inicios de la Revolución Sandinista. No se puede leer la situación actual de Venezuela desde el contexto de Hugo Chávez, por poner tan solo unos ejemplos. Cabe destacar que, cuando se alerta sobre ello y se rompe con esta narrativa, aquellos sectores encapsulados desde el análisis del pasado llaman ‘traidores’ a quienes desafían las narrativas que no se permitían dislocar, y quien lo hiciere, merecida guillotina política y social. Aunque en algunos casos se llegó a las descalificaciones y las amenazas. Así, los que criticaron desviaciones de los procesos revolucionarios en El Salvador, Guatemala o Nicaragua, el ostracismo político fue lo menos. Lo mismo latenta en Chiapas desde hace años.

México, y en específico Chiapas, no son la excepción. Ciertamente a partir de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) modificó la coyuntura nacional y la correlación de fuerzas. Aunque su presencia militar solo se ubicaba en Chiapas y la guerra duró 12 días, modificó las piezas en el tablero político del país, logró imponer la agenda nacional, logró articular alianzas locales, nacionales e internacionales, y fue el actor capaz de mover el escenario del Congreso de la Unión a una comunidad indígena en su territorio bajo la lógica de la negociación. El EZLN logró que el país soñara en que el cambio era posible y fue el actor político más importante en la década de los 90’s. Pero el gobierno violentó el proceso de paz, provocó una gran violencia y militarización, administró el conflicto, creó grupos de paramilitares e hizo todo lo posible por romper el proceso de paz y de la negociación, cuyo escenario iba perdiendo, para regresarlo al escenario que podría controlar: el Congreso de la Unión y los partidos políticos. De 1994 al año 2000, seis años fueron los que duró un proceso que transformó las consciencias en el país, hasta el rompimiento del diálogo. Pero esto, ya pasó.

Así, durante muchos años se mantuvo un análisis bajo los mismos patrones, eslogan y axiomas inamovibles: los zapatistas son muchos, controlan muchos territorios, es un ejército fuerte, todos los gobiernos quieren acabarlos porque son un gran estorbo a sus proyectos de nación, detienen y obstaculizan la construcción de obras y proyectos importantes, están solos pero al mismo tiempo todos estamos con ellos, cada acción violenta de los que son víctimas proviene del gobierno y sus estrategias de contrainsurgencia, todo grupo armado son paramilitares del gobierno, entre un largo etcétera de narrativas acompañados con vítores a toda iniciativa con supuesto “impacto nacional e internacional”. Sin embargo, entre pasillos más de uno ya no lo sostiene. La evidencia es ya tan obvia que no se puede ocultar la realidad que incluso sale a la luz en la prensa, en las reuniones y espacios de encuentros y análisis. Sin embargo, todavía existe cierta presión social a no romper con esta narrativa so pena de ostracismo político. Mantener la misma narrativa no ayuda a nadie y analizar la situación desde otros parámetros no es ‘traicionar’ a las comunidades zapatistas ni sus esfuerzos heroicos por crear alternativas de vida al capitalismo, procesos propios de salud, de educación, de justicia, de vida digna de admiración y gratitud, como otros muchos esfuerzos en el ámbito rural y urbano.

¿NARCO O CRIMEN ORGANIZADO?

Es evidente que ya no se puede analizar la coyuntura sin la perspectiva del actor “narco”, o para otros del llamado “crimen organizado” que irrumpe en todos los escenarios de la vida, aunque no de manera espontánea ni de un momento a otro, sino como un proceso que ha ido creciendo a lo largo de los años. Sin embargo, preferimos llamar “narco” a este actor, porque existen muchas formas de “crimen organizado”, de organizarse para cometer un crimen, que puede ir desde una pandilla callejera hasta las llamada “estafas maestras” o de “cuello blanco” por parte de banqueros, políticos y/o empresarios y que se manifiestan por todo el mundo, incluso en los países llamados ‘desarrollados’ donde sus bancos lavan el dinero del capitalismo informal. Así, el “narco” visibiliza el sujeto que compite por la apropiación y acumulación del capital aunque sus negocios ya van más allá de la producción, trasiego y venta de estupefacientes, y se comportan como una empresa trasnacional con negocios en muchos países del mundo en el marco del capitalismo informal.

Desde hace décadas hasta hoy, el narcotráfico siempre ha estado en vinculación con la clase política, y por lo menos presente en México desde hace 100 años cuando en la década de 1920 surge la primera generación de narcos, años de la bonanza económica en Estados Unidos. Es Ignacia Jasso, La Nacha, una de las primeras grandes narcotraficantes que controlaba los negocio en Chihuahua. También el militar y empresario Abelardo L. Rodríguez, quien fuera posteriormente el último presidente del Maximato (1932-1934), originario de Sonora y ligado con los negocios ilícitos en los EEUU. Consiguió fondos para las actividades militares provenientes del tráfico de opio, prostitución, tráfico de alcohol, casinos, entre otros giros, en medio de una corrupción galopante. Rodríguez fue gobernador de Sonora y de Baja California, secretario de Guerra y Marina y secretario de Industria, Comercio y Trabajo. Para algunos historiadores fue el primer “presidente narco”.

Sin embargo, nada que ver con lo que existe ahora. Esta vinculación político-narco-empresarial ha ido fusionándose paulatinamente a lo largo de los últimos 100 años. Por ello, exigir a cualquier gobierno, sea del partido o tendencia que fuere, que erradique en uno, dos o tres años esta tendencia de narcoviolencia, es más que ilusorio, por decir lo menos, sino que es irresponsable y peligroso hacer el análisis desde esta posición política. Es necesario tener una visión histórica para entender el presente y las tendencias a futuro. De lo contrario, no extraña escuchar en la misma izquierda discursos de odio peor que los académicos, periodistas o medios de comunicación de derecha, acusando al gobierno de no hacer nada frente a la narcoviolencia. El problema es mucho más complejo. Y preferimos decir ‘narcoviolencia’ que solamente ‘violencia’ para no ocultar al actor principal que provoca tanto sufrimiento en el país. Alimentar, crear, facilitar o ser parte del mismo ‘sistema narco’ no es lo mismo a no saber qué hacer para combatirlo, o si lo que se hace es lo atinado, correcto y eficaz.

EL AVANCE DEL NARCO

Al inicio de las políticas neoliberales con el presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) se fueron fortaleciendo las condiciones para que el narco tomara más poder en las estructuras del Estado. Pero sobre todo a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1998-1994), involucrado en las redes del narcotráfico, es quien abre el territorio a los narcos con la modificación del Artículo 27 Constitucional para despojar a los campesinos e indígenas del 52% del territorio del país compuesto por Ejidos y Bienes Comunales. Por otro lado, el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) agudizó la pobreza. Miles de campesinos e indígenas abandonaron sus tierras y migraron con más intensidad. El gobierno mexicano además de la privatización de la propiedad colectiva, eliminó los subsidios a los productores así como los mecanismos de comercialización, abrió las fronteras a la importación agropecuaria altamente subsidiada de Canadá y Estados Unidos; eliminó los precios de garantía, el control de los precios de la canasta básica y los aranceles. El desempleo y la falta de oportunidades para los jóvenes aumento y fueron rehenes del narcotráfico y sus ‘halcones’. En términos generales son algunas de las condiciones, entre otras muchas, que facilitaron el proceso de mayor presencia del narco en los territorios.

Otro elemento que abona al fortalecimiento de los cárteles es el supuesto fin de los conflictos en Centroamérica una vez que las guerrillas de El Salvador, Nicaragua y Guatemala logran acuerdos de pacificación’ en la región, momento que es aprovechado por Vicente Fox para lanzar el Plan Puebla Panamá (PPP) y que ahora consolida AMLO, así como el arraigo de Genaro García Luna en su gobierno. Los Kaibiles guatemaltecos engrosaron las filas del narco. Los Acuerdos de Libre Comercio en la región, el PPP y otros acuerdos multilaterales generaron mayor pobreza, abandono del campo y provocaron un aumento de la migración hacia los EEUU. Así, el narco se incrustó más en los territorios y en las altas esferas del poder político en la década del 2000.

El vaciamiento del campo se fue dando desde el norte y centro del país con una fuerte migración hacia los EEUU y poco a poco cada vez más desde el centro y el sur sureste, lo que impulsó una política norteamericana de detener el flujo migratorio, reforzar la frontera y evitar con un muro que los pobres que generaban sus políticas llegaran a su territorio. Es aquí que el narco encuentra otras posibilidades. No sólo de considerar a México como territorio de paso para la venta de su droga en el mayor de los mercados mundiales, en EEUU, sino convertir a México en consumidor. ¿Para qué traer tanta droga desde Colombia si la pueden producir en México ahora que los campesinos ya no les es rentable competir con las grandes transnacionales? ¿Para qué buscar tanto consumidor en EEUU si existen millones de consumidores mexicanos potenciales?

El narco impulsó el consumo en México y los cárteles iniciaron la pelea no sólo por disputarse corredores de tráfico sino los clientes. Regalaron drogas en las escuelas, agudizaron la adicción entre la población joven. Esto atrajo la necesidad de mayor producción y qué mejor que en un país devastado en el campo y cuya población necesitaba de recursos. Por convencimiento, conveniencia o amenazas, muchos ejidatarios y comuneros iniciaron la siembra de estupefacientes. Este cáncer se fue prolongando del Norte al Sur del país, paulatinamente. Tres frentes de lucha se agudizan entre los cárteles de la droga: rutas del trasiego de la droga, territorios de siembra y nichos exclusivos de clientes consumidores. Esto no se puede lograr sin el contubernio de los tres niveles de gobierno, políticos, empresarios y militares corruptos. Por ello, requirieron el apoyo de las estructuras del estado y lograron comprar a jueces, magistrados, policías, presidentes municipales, miembros del Ejército y la Marina, gobernadores, funcionarios públicos de todos los niveles e instituciones, y hasta presidentes. Un ‘narco-estado’. También necesitó del reclutamiento de jóvenes para engrosar las filas de los “halcones” y de comunidades como ‘bases de apoyo’. La década del 2000 fue la decena trágica de muertos, desaparecidos, corrupción infinita, violencia nunca antes vista y que con los años se agudizó. La diversificación de los negocios del narco es tal, que legalizar el consumo de la cannabis ya resulta una medida insignificante para detener el crecimiento de este actor.

Como ya hemos dicho antes, desde décadas atrás observamos cómo la clase política neoliberal y tecnócrata contra quienes el movimiento social luchaba, entregaron a la clase empresarial diversos sectores de la economía. Incluyó a la lógica del mercado los bienes comunes naturales y culturales, así como la responsabilidad de garantizar los derechos humanos a las empresas, convirtiendo todo en mercancía con precio y dueño. Poco tiempo después, ambos sectores, político y empresarial se fusionarían y los empresarios no sólo influyeron en los diversos niveles de gobierno para adecuar las políticas y las leyes a sus intereses, sino que ellos mismos arribaron al poder. Por ello cambiamos de un Modelo Neoliberal a un Modelo Corporativo que todavía no logran entender muchos analistas y se quedan en la antesala de lucha contra el poder corporativo o del llamado asalto corporativo a las estructuras del Estado. Esto genera otro paradigma de modelo de Estado y de modelo económico. Los empresarios luchan por llegar al poder, adueñarse de las estructuras del Estado y gobernar para sus intereses. Sucede en las estructuras internacionales, multilaterales, como el caso de la Organización de las Naciones Unidas y todo su andamiaje controlado y financiado por las grandes corporaciones transnacionales. Pues lo mismo sucede con el narco, y ahora observamos la fusión de los tres sectores: el político, el empresarial y el narco.

¿EXISTEN LOS ‘CÁRTELES’?

Algunos analistas afirman que no existen los “cárteles”, sino ‘grupos de crimen organizado’ lo que nos parece incorrecto. Entendemos por cártel a una organización ilegal de personas, criminal, con estructura propia, armada, con presencia significativa y determinante en la vida social, política y económica de un territorio o “plazas”, cuyo principal motor que les da origen es el narcotráfico, pero sus negocios se ramifican en todos aquellos que les aportan más poder y grandes sumas de ganancias.

En Europa se les llama ‘Mafias’, en Japón les llaman ‘Yakuza’, ‘Trída’ en China o ‘Bratva’ en Rusia. Independientemente de ello, la lógica es la misma: poder, acumulación de capital y control del territorio como aquí lo definimos. Sus negocios en el “capitalismo informal” van desde el tráfico de drogas, autos robados, armas, trata de personas, extorsión, lavado de dinero, falsificación de tarjetas de crédito y todo tipo de productos, prostitución, casinos o asesinos a sueldo, tráfico de indocumentados, control de la producción agropecuaria o de las actividades extractivistas, extorsión, ‘huachicoleo’, cobro de pisos, secuestros, control de puertos y aeropuertos, entre otros muchos giros que ramifican sus delitos de manera alarmante. Su presencia se extiende más allá de sus territorios nacionales, por lo que conforman empresas trasnacionales del capitalismo informal.

Por tanto, las acciones criminales que se registran en Chiapas y en todo México, requieren de una enorme organización y logística, de sus redes de comunicación, financiamiento, control y mayores ganancias. Como en la lógica empresarial, el pez grande tiende a comerse al pez chico o al menos controlarlo. Esta es la misma lógica entre los cárteles grandes y los medianos y pequeños cárteles (Pymecs). Hay que diferenciar entre los grandes cárteles y los grupos pequeños de narcos fruto de escisiones, así como de otros grupos delincuenciales. Al final de cuentas, éstos no tienen más opción que doblegarse al cartel mayor que controla el territorio, negociando o compartiendo intereses y ganancias.

Así, la competencia entre ellos se lleva a cabo en escenarios informales e ilegales, se disputan los territorios con grandes enfrentamientos armados. Por tanto, sí hay cárteles en Chiapas que se disputan los territorios en base a una ‘narcoguerra’. Y es que hoy por hoy, la mayor confrontación armada y violencia generada (asesinatos, colgados, masacres, desplazamiento forzado, etc..), se da entre los cárteles y de éstos contra la población, de ahí la ‘narcoguerra’ y ‘narcoviolencia’ como lo hemos constatado en El Escaramujo No. 114 . Y esta narcoviolencia es contra toda la sociedad, rural y urbana, campesina e indígena, afecta a todos los estratos sociales. No es ni siquiera entre el gobierno en turno y el narco, ni entre el gobierno contra los movimientos sociales, o contra los campesinos, o contra el magisterio o los periodistas, o contra los indígenas o contra los zapatistas que resisten al capitalismo de manera aislada pero heroica. Existen casos graves, pero no es la tónica en el mapeo estatal y nacional.

EL CONTROL POR EL TERRITORIO: EMPRESAS vs NARCO

Las empresas han ido dominando por años el “Territorio”, que es una de las principales disputas con los movimientos sociales, campesinos y pueblos originarios. Y nos referimos al ‘Territorio’ en sentido amplio. Un control del territorio físico, adueñándose de grandes extensiones de tierras para una infinidad de megaproyectos, entre los que se encuentran los proyectos mineros, represas hidroeléctricas, explotación de petróleo y gas así como de su infraestructura que va desde gasoductos, oleoductos, regasificadoras, refinerías, puertos, aeropuertos, parques eólicos, centros turísticos de élite, supuestos ‘polos de desarrollo’, entre otros proyectos de ingentes consecuencias sociales y ambientales. Pero la lista no termina aquí, nos topamos también con los grandes monocultivos agroindustriales como la palma de aceite, de soja y de maíz transgénico, o parques industriales, mega-granjas porcinas, camaronícolas y de todo tipo centralizado de producción y desplazando pueblos o creando economías de enclave. También otros giga proyectos como el Tren Maya o el Canal Interoceánico. Pero la lucha por la apropiación del territorio físico no es todo.

En el territorio legal y jurídico han logrado instalar sus intereses en lo local, nacional e internacional asegurando sus inversiones con los Tratados de Libre Comercio y los Tratados Bilaterales de Inversión. Se controló el aparato judicial y dependencias del estado como SEMARNAT, CONAGUA, PEMEX, CFE, entre otras que encabezan las instituciones más corruptas del país, desde donde se entregaron concesiones a diestra y siniestra a grandes trasnacionales de energía y farmacéuticas, por mencionar algunas.

En el territorio económico han logrado desplazar a la competencia en una lucha encarnizada para fusionar, comprar o hacer quebrar al oponente centralizando el poder en las grandes Corporaciones Trasnacionales. El territorio político también ha sido cooptado en la medida en que los empresarios han accedido al poder político electoral ganando elecciones, de los cual hay infinidad de casos. En el territorio cultural las empresas han logrado que el consumismo reine en la sociedad. Todo ello en medio de ilegalidades, trampas, competencias desleales, subsidios, desacato a resoluciones judiciales, desplazando comunidades, empobreciendo a los pueblos, agudizando la dependencia, con evasión de impuestos, robos, corrupción, hasta asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos, del medio ambiente y periodistas. Por ello le llamaremos “Capitalismo Formal”, que no “Legal”, frente a lo que consideramos el “Capitalismo Informal”, que no “Ilegal”, porque ambos lo son.

Aquí es donde entra el “narco”, porque su lógica es la misma lógica del “empresarial formal” en cuanto a la acumulación de capital, y que al igual que las empresas se van diversificando y apropiándose de los territorios. El narco es otro actor empresarial trasnacional. Es un actor muy voluble, que cambia con una rapidez impresionante como la misma Bolsa de Valores, como las mismas empresas. Esto significa que mañana hay dos cárteles, pasado tres, luego veinte y posteriormente cinco. Cambian, se fusionan, se traicionan o se matan. Así, el narco es un actor “empresarial informal” dentro del sistema capitalista que modifica la estructura y el escenario socio político y socio económico en el territorio donde asienta sus intereses. Este ‘capitalismo informal’ le está disputando la acumulación de capital al ‘capitalismo formal’.

Chiapas se encontraba blindado hasta cierto punto por varias razones. Una, porque el 65% del territorio estatal es propiedad colectiva, son Ejidos y Bienes Comunales, lo que implicó un cierto nivel de control territorial mediante sus Asambleas y otros mecanismos de gobernanza local y por dinámicas productivas y actividades colectivas. Otra razón es el número de organizaciones campesinas e indígenas cafetaleras, maiceras, o con diversas agendas reivindicativas que les otorgaba cierta fuerza de presencia y movilización en los territorios. Y una más, aunque no son las únicas, es que el EZLN mantenía otros controles territoriales donde se incluía expresamente la prohibición de siembra, tráfico y consumo de estupefacientes en las zonas de influencia zapatista. Sin embargo, la crisis llegó a Chiapas. Por diversos factores todos estos sectores se vieron debilitados con el tiempo. Y esto no es ninguna novedad aunque a algunos les de pavor pensarlo, aceptarlo y menos decirlo. Los grupos armados pululan por todos los rincones del estado.

CONCLUSIÓN

La mayor violencia en México y específicamente la terrible violencia en Chiapas proviene del narco, bajo la lógica del enfrentamiento entre cárteles, que afecta a todos los sectores tanto urbanos como rurales, y a todos los estratos, tanto pobres como ricos. Se han infiltrado en las estructuras del Estado, en los partidos y está accediendo directamente al poder político municipal y de los núcleos agrarios. Desde la lógica del capitalismo informal disputan los territorios y la acumulación de capital al capitalismo formal.

Hasta el momento el EZLN ha renunciado al uso de las armas para defender sus territorios donde ya pululan los grupos armados de los narcos, donde han visto reducido su influencia en los territorios y con débiles alianzas locales. Actualmente no es el actor que aglutina a las fuerzas sociales ni marca la agenda como en 1994 al 2000. El conflicto no es ‘zapacéntrico’ como lo fue en sus tiempos porque la violencia sí se explicaba en función de la fuerza político y social zapatista, pero ahora la complejidad es distinta. Otra cosa es que no nos guste para nada las políticas y supuestas estrategias del gobierno actual para detener esta narcoviolencia. Y otra cosa es que las políticas sociales del gobierno federal dividen y despolitizan a los movimientos sociales, a los colectivos, organizaciones, comunidades indígenas zapatistas o no zapatistas, resistencias urbanas o suburbanas, etc. En la siguiente entrega de El Escaramujo hablaremos de la ‘guerra’, de los ‘paramilitares’, de los ‘grupos de autodefensa’ y otros conceptos para diagnosticar la situación actual de Chiapas.

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Algunas Fuentes:

El Escaramujo 114: ¿QUÉ PASA EN CHIAPAS?

Publicada el 17/07/2023 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

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¿QUÉ PASA EN CHIAPAS?
La violencia que niega AMLO

Gustavo Castro
Otros Mundos Chiapas/
Lunes 17 de Julio 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

Fuera de Chiapas y de país se preguntan sobre lo que actualmente sucede en el estado de Chiapas. Aquí trataremos de ofrecer una serie de hechos en los últimos tres años que, lejos de ser exhaustiva, da una idea de la magnitud de la violencia en el estado. No son todos los hechos, ni están en orden cronológico ni de importancia por su impacto. Son hechos recopilados por testimonios o ampliamente difundidos por las redes sociales y otros medios de comunicación por lo que pueden ser verificados.

Los hechos violentos en la entidad reflejan el grave error del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el sentido de negar la violencia terrible en el estado de Chiapas.
Por otro lado, es cierto que la violencia en el estado todavía está lejos de los indicadores de violencia que se viven en otros estados del país desde hace años y que no reciben el mismo eco de gravedad.

Sin embargo, también son inadecuados los análisis que han esgrimido ciertos grupos en el sentido de que existe una “guerra civil”, o el uso de conceptos anacrónicos o generalizados para elaborar el diagnóstico del estado como “grupos paramilitares”, “guerra de contra insurgencia”, o que toda la violencia desatada se explica en función de una estrategia del gobierno contra las comunidades zapatistas. Más adelante diremos por qué.

La pandemia del COVID-19 en el 2020 marcó una línea que devela sorpresivamente lo que ya se fermentaba desde muchos años atrás y que marca un antes y un después. Evidencia el olvido de las instituciones de gobierno, la impunidad por décadas acumulada, la pobreza, los estragos de los Tratados de Libre Comercio en la región y la corrupción, entre otros muchos factores que son necesarios integrar en un análisis complejo.

LOS INDICADORES CHIAPANECOS

Algunos indicadores de la presencia del narco en los territorios, su influencia, poder y consecuencias a todos los niveles que se presentaron en el resto del país desde hace mucho tiempo, se veía lejos que se dieran en Chiapas. Y si se daban algunos de estos indicadores en la entidad se analizaban de manera aislada a inicios de la década del 2010, o al menos se pensaba que los acontecimientos fundamentales de la coyuntura no las marcaba en última instancia la lógica del narco. Sin embargo, diez años después revienta repentinamente a los ojos de la sociedad chiapaneca y de la opinión pública nacional e internacional una violencia vinculada al narco. Es hasta el 2020 pospandémico que la realidad cae como un balde de agua fría. Se hace mucho eco porque es “Chiapas” y lo que ha representado políticamente años atrás. Pero, lamentablemente, hechos peores ya se registraban en el resto del país como decapitados, ahorcados en los puentes, enfrentamientos con tanques o bombas con drones que ya usaban los cárteles, por mencionar algunos ejemplos.

Favorecidos por el enclaustramiento de la sociedad como política gubernamental a partir del 2020, provocado por el COVID-19, la presencia del narco se hace más patente y enraizada en los territorios de la entidad al salir de casa y abrir los espacios e instituciones públicas. En tan solo tres años, los indicadores de la violencia y presencia del narco en Chiapas son ahora más que evidentes, y avanzan a ritmos muy acelerados acercándose cada vez más a otros estados.

Actualmente en Chiapas, en casi todos los municipios del estado, existe tráfico, consumo y siembra de droga. Cada vez se observa más a niños y adolescentes ebrios y drogados. Los conflictos entre comercializadores de droga por ganar clientela y control territorial llega hasta los enfrentamientos armados y asesinatos. Las organizaciones que antaño lograron recuperar tierras, ahora divididas se confrontan armados por repartirse los territorios con saldos de muertos y desplazados, situación que los grupos criminales capitalizan. Pululan las armas y los depósitos de alto calibre en diversos puntos de la entidad. Hay miles de desaparecidos y otros tanto que no se ha informado por el miedo a las amenazas de los cárteles. La reciente irrupción de los desplazados y desaparecidos, así como la violencia desatada, no permite calcular adecuadamente su magnitud, sin embargo, podemos asegurar que son miles y miles. Ya inicia de igual manera la conformación de los colectivos de víctimas en búsqueda de sus familiares desaparecidos. Los negocios que se niegan a pagar el cobro de piso son asaltados con violencia o quemados.

Se han visibilizado más o han aparecido nuevos grupos armados en la entidad, y se han registrado fuertes enfrentamientos entre ellos, pero también contra el Ejército y la Guardia Nacional, en municipios como Ocosingo, Altamirano, Aldama, Chenalhó. Pantelhó. Chilón, Palenque, Las Margaritas, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Tuxtla, Tapachula, Venustiano Carranza, Teopisca, Tenejapa, San Andrés Larráinzar, Benemérito de las Américas, Tonalá, Pijijiapan, Tila, Sabanilla, Chapultenango, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Oxchuc, Huixtán, Motozintla, Siltepec, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Cintalapa, La Concordia, Tonalá, Tzimol, entre otros.

A nivel nacional, de 2006 a 2023 fueron detectadas 5,455 fosas clandestinas (de éstas, 2,710 fueron registradas de 2018 a mayo de este año). La mayoría en entidades como Veracruz (324), Tamaulipas (402) y Guerrero (260). Y aunque Chiapas no aparece en los primeros lugares con la mayor cantidad de fosas clandestinas, de 2018 a la fecha, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) reveló que se han detectado al menos 10; tres de éstas en Comitán, una de las ciudades del llamado “triángulo de la muerte”. En Tuxtla Gutiérrez se han encontrado tres, y una en los municipios de Chiapa de Corzo, Mezcalapa, Tapachula y Tuxtla Chico. Esto es lo que oficialmente se reconoce y se ha encontrado, pero seguro hay muchas más.

Se han encontrado también cuerpos desmembrados en bolsas como en el municipio de Ocozocoautla, granadas en el ayuntamiento de Berriozábal, enfrentamientos armados entre cárteles en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Comalapa y La Trinitaria. Mientras, las Madres en Resistencia en Chiapas siguen marchando en la capital de Tuxtla Gutiérrez exigiendo la aparición con vida de sus hijos. Se denuncian reclutamientos de varones por parte del narco, desaparición de mujeres y más feminicidios. Tráfico de niños, etnoprostitución, robo de autos, lavado de dinero, cobro de pisos en muchos municipios como Tuxtla, San Cristóbal, Comitán, Tapachula, etc. Los principales lugares de desaparición son Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Comitán y Palenque. También se registran levantones, secuestros y extorsiones.

En regiones como en el sur de la entidad los maestros abandonan las plazas y las escuelas por el miedo a la violencia desatada por la disputa del territorio entre el Cártel Jalisco Nueva Generación /CJNG) y el Cartel de Sinaloa (CS). Muchas comunidades donde los cárteles se disputan los territorios están ya vacías o sus pobladores van migrando a otros municipios de manera goteada. En otros lugares los pobladores venden sus tierras ante la imposibilidad de enfrentar la violencia y el cobro de piso.

En el municipio de Las Margaritas se enfrentaron los cárteles durante horas lo que provocó el éxodo de muchos pobladores a la montaña y a otros municipios. En el municipio de Bochil, decenas de estudiantes de nivel medio fueron hospitalizados de urgencia al presentar graves síntomas que ponían en peligro su vida causado presuntamente por el envenenamiento del agua con fentanilo. En Cancuc un indígena se ahorcó al no encontrar droga que paliara su ansiedad luego de regresar del norte donde muchos migrantes consumen drogas, entra ellas el cristal, para aguantar más las jornadas laborales y poder enviar así más dinero a sus familias. En el mes de mayo del presente año, la población indígenas ch’ol del municipio de Sabanilla estableció un toque de queda y, armados, expulsaron al narco del municipio donde ya operaban los narcomenudistas. Sin embargo, solicitaron la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército ya que consideran que no podrán solos contra el cártel. Del otro lado de la entidad, se registran balaceras y la quema de la comandancia policíaca en el municipio de Pichucalco.

En 2001, casi 60 inmigrantes murieron y 105 resultaron heridos al volcarse un trailer cerca de Tuxtla Gutiérrez que los transportaba hacinados. Pero en mayo del 2023 las autoridades volvieron a interceptar y rescatar a 175 personas migrantes, incluyendo 30 menores no acompañados, que viajaban del mismo modo en otro trailer. Y es que el negocio del tráfico de indocumentados implica ya unas ganancias estratosféricas por lo que el control de esta actividad también es disputada por los cárteles. Recordemos que desde el 2018 que inicia la oleada masiva de migrantes de Centroamérica y otros países por el territorio Chiapaneco, se convierten en un botín para el crimen organizado.

Por ello, Chiapas es la entidad con mayor crecimiento de ingresos por remesas que ha pasado de 222 millones 772 mil dólares en el primer trimestre de 2019, a 958 millones 111 mil dólares en el mismo periodo de 2023. En 2019 Chiapas ocupaba el lugar 14 de mayor movimiento de remesas, y en los últimos cuatro años pasó al cuarto lugar, detrás de los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, quienes encabezaron la mayor migración entre 1990 y 2010. Por otro lado, se registran en algunos municipios el cobro a las familias receptoras de remesas por parte del narco, o su condicionamiento para la compra de armas y municiones. En otras palabras, las remesas también financian al narco.

Seguir leyendo Escaramujo 114

El Escaramujo 112: DICCIONARIO POPULAR AGRARIO

Publicada el 06/12/2021 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

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En México, para la instalación de Megaproyectos de todo tipo, el gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como las empresas, tienen que pasar por los núcleos agrarios que en el país representa la propiedad colectiva en poco más del 50% de todo el territorio mexicano. Por ello, para la defensa de la Tierra y el Territorio, los núcleos agrarios tienen otra herramienta legal basada en el buen uso de la Ley Agraria que por lo general los propios ejidatarios y ejidatarias, comunero y comuneras, pocos los han leído.

Este Diccionario Popular Agrario está basado en la Ley Agraria y busca facilitar la comprensión e interpretación de los términos legales muy comunes y usados en ella, en las dependencias de gobierno en materia agraria, como lo es el Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria (PA) y los Tribunales Unitarios Agrarios (TUAS). De esta forma, el Diccionario Popular Agrario busca acercar a los ejidatarios, ejidatarias, comuneras y comuneros, así como a toda persona interesada en el derecho agrario, el significado del vocabulario agrario que se usa en la celebración de las Asambleas, en la elaboración de los acuerdos de Asambleas, oficios o solicitudes.
Otros Mundos, A.C.

ABREVIATURAS

CEDH: Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas.
CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
CONAFOR: Comisión Nacional Forestal.
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua.
CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
CONVENIO 169 DE LA OIT: Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho de los pueblos indígenas y tribales en países independientes.
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
FANAR: Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar.
LA: Ley Agraria.
LGEEPA: Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
LOTA: Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
PA: Procuraduría Agraria.
PROCEDE: Programa de Certificación y Delimitación de Derechos Ejidales y Certificación de Solares.
PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
RAN: Registro Agrario Nacional.
RETRISA: Reglamento Interior del Tribunal Superior Agrario.
RIPA: Reglamento Interno de la Procuraduría Agraria.
RIRAN: Reglamento Interno del Registro Agrario Nacional.
RRAJA: Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios.
SEDATU: Secretaria de Desarrollo Agrícola Territorial y Urbano.
SEMARNAT: Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
TA: Tribunal Agrario.
TSA: Tribunal Superior Agrario.
TUA: Tribunal Unitario Agrario

A

Abigeato: robo de animales que requieren acarreo, como las vacas, chivos, borregos, etcétera.
Actor: persona que presenta una demanda.
Accesión: modo en que el propietario del suelo adquiere la propiedad de todo lo que quede unido o crezca en su suelo, ya sea de forma natural como un nuevo árbol o frutos, o el producto de una cosecha.
Achuramiento: forma de representar en un plano de núcleos agrarios, con un rayado diagonal, las áreas donde hay un problema entre colindantes, terrenos excedentes y especiales. Surgió con el PROCEDE.
Acciones series “T”: es la aportación de tierras y su destino de un socio a una sociedad propietaria de tierras agrícolas, forestales y ganaderas identificada con la letra “T”.
Acta de Asamblea: documento que se elabora cuando se llevan a cabo Asambleas y reuniones, donde se manifiestan los acuerdos que se toman. Existen mecanismos y requisitos para elaborarla si se requiere su legalidad en el marco de la Ley Agraria.
Acto de autoridad: en materia de amparo y en violaciones a derechos humanos son todas las actuaciones de las autoridades tanto federal, estatal y municipal que afectan de alguna manera los derechos de personas o de una colectividad.
Acto administrativo: todas y cada una de las decisiones que toman las autoridades administrativas (funcionarios públicos) para satisfacer intereses públicos. El acto administrativo es la manera donde se expresa la voluntad de una autoridad. Ejemplo: otorgar una concesión o negar una concesión.
Aceptación de ejidatario o comunero: atribución de la Asamblea en donde decide otorgar la calidad de ejidatario, ejidataria, comunero, comunera a una persona mayor de edad que es avecindado o posesionario en la comunidad o que haya heredado los derechos de una ejidataria, ejidatario, comunero o comunera.
Acta de audiencia conciliatoria: documento o acta que elabora la Procuraduría Agraria donde se anota lo que se trata en la audiencia conciliatoria.
Administración: llevar a cabo el control de algo, puede ser económico o de tierras; procurar que se haga bien una cosa.

Adopción: hacer propio una idea, una forma de organización, un pensamiento, una estructura social.
Agostadero: terreno donde van a pastar el ganado.
Amojonamiento: delimitar (trazar límites o colindancias) las tierras que le corresponden a un Ejido o Bien Comunal, por ejemplo: señales de piedra, mojoneras o estacas.
Aparcería: acuerdo entre el propietario de unas parcelas o las tierras y otra persona que las trabaja y le paga al propietario ya sea en dinero, en productos o la cosecha por concepto de renta de las tierras.
Apertura de Lista de Sucesión: después de que fallece un ejidatario o comunero, un familiar y dos testigos acuden al RAN para saber a quién se dejó como herederos. El RAN abre un expediente donde inicia el trámite de los certificados agrarios a la persona que aparece en la lista de sucesión.
Aprovechamiento: ocupar o usar una cosa (por ejemplo: parcelas, frutos de las cosechas o dinero).
Árbitro: cualquier persona, agentes auxiliares, jueces rurales o la misma PA que ayuda a resolver problemas entre dos partes quienes eligen a su árbitro. El árbitro da la última palabra sobre la solución al problema.
Área Natural Protegida: zona superficial decretada por una autoridad que por su importancia en la flora y fauna, en los valores culturales y sociales, se conserva de manera especial por parte del Estado ode actores privados.
Arrendamiento: rentar las tierras o las parcelas para que otra persona las trabaje.
Asamblea: órgano supremo de un Ejido o Comunidad donde participan todas las ejidatarias, ejidatarios, comuneras y comuneros con derechos vigentes, teniendo voz y voto para tratar acuerdos que van a regirlos. Su funcionamiento está estipulado en la LA.
Asentamiento humano: espacio, terreno o área necesaria para desarrollar la vida comunitaria del núcleo agrario. Es donde se construyen las viviendas.
Asignación: lo que se otorga o entrega. Pueden ser tierras, dinero o cosas.
Asociación civil: organización con personalidad jurídica reconocida legalmente; altruistas y sin fines de lucro, cuyo esfuerzo persigue fines culturales, deportivos, académicos, etcétera, y su existencia depende de los donativos de sus miembros, financiamientos o donativos y se rigen por medio de su Asamblea de socios en base a sus estatutos.
Audiencia Conciliatoria: forma en que la PA trata de que los mismos ejidatarios o comuneros resuelvan sus problemas y lleguen a soluciones en mutuo acuerdo.
Autoridad responsable: las que dictan algo u ordenan algo en las instituciones gubernamentales.
Avecindado: personas que viven en la comunidad o ejido por más de un año y que son reconocidos por la Asamblea. No son ejidatarios o comuneros y no participan en las Asambleas ejidales o comunales.

B

Baldío: tierras que no tienen dueño.
Bien: cosas que posee o tiene una persona, pueblo o comunidad.
Bienes Comunales: tierras y parcelas trabajadas colectivamente y que pertenecen a una población que viven en un territorio. La Asamblea puede asignar también parcelas a los comuneros.
Bienes ejidales: todos los bienes y tierras que tengan los ejidos.
Buena fe: principio de actuar con honradez, sinceridad, lealtad, sin malicia y de buena manera.

C

Calificación registral: acto del servidor público del RAN, que tiene la fe pública, mediante el cual califica los documentos que se presentan ante ellos para saber si cumplen los requisitos formales y así proceder a su inscripción.
Cambio de uso de suelo: cuando mediante una Asamblea, o un acuerdo de cabildo, se cambia el uso de suelo de un determinado lote de terreno, por ejemplo: tierras que antes era para agricultura, cambiarlos para ganadería, de uso forestal a ganadería, o de uso agrícola a minería.
Cancelación: cuando algo no se hizo bien se solicita que se borre, se anule o eliminen acuerdos tomados incluso en una Asamblea.
Capacidad jurídica: condición necesaria de una persona para ser sujeta a derechos y obligaciones.
Carta poder: cuando una persona le da poder a otra de representarla, de realizar ciertas actividades o trámites mediante un documento que lo acredita.
Carpeta Agraria: expediente ubicado en el RAN donde se narra cómo se creó el Ejido o Bien Comunal, quiénes lo fundaron, quiénes han sido los órganos agrarios, qué cambios o modificaciones se han tenido. Contiene todos los datos importantes de un ejido o comunidad, como el padrón de ejidatarios o comuneros.
Causa: lo que origina algo. Lo que hace que surja un problema o conflicto.
Causa de utilidad pública: es un requisito de las expropiaciones. Son las acciones que realizan las autoridades, como el presidente de México, gobernador de los estados o de los municipios, para decir que una acción que realizarán (aprovechamiento de recursos naturales, materiales o sociales) será para el beneficio de la colectividad.
Catastro: inventario que se tiene sobre las tierras rústicas que hay en México para ayudar en la identificación de sus titulares, poseedores o los que tienen el uso y disfrute.
CEDH (Comisión Estatal de los Derechos Humanos): institución del gobierno del estado de Chiapas que está encargada de vigilar, promover y garantizar los derechos humanos de las personas que viven en Chiapas. En caso de que haya afectaciones a los derechos de las personas cometidas por autoridades, la CEDH tiene la facultad de investigar y buscar que se reparen los daños a los derechos humanos.
Centro de población: áreas de asentamiento humano donde vive la población del ejido o comunidad y que cuenta con muchas viviendas y servicios públicos como luz, drenaje, agua potable o parques.
Certificado de Derechos Agrarios: documento que entrega el RAN en la que menciona que una persona es ejidataria y que pertenece a un ejido, que tiene parcelas, un solar y que le corresponde algo de tierras en las áreas de uso común. Señala cómo obtuvo la calidad de ejidataria. Estos son los que aún tienen aquellos ejidatarias, ejidatarios, comuneras, comuneros que no entraron a los programas de certificación de las tierras.
Cerril: terrenos que son pedregosos, con pendiente, accidentados y desigual.
Certificado Parcelario: documento que otorga el RAN donde consta que una persona ejidataria o comunera es titular de una parcela con medidas exactas y sus colindancias, aprobado previamente en Asamblea. Surgió con los programas de delimitación de las tierras como el PROCEDE, FANAR, y RRAJA-FANAR.
Cesión de Derechos Agrarios: cuando una persona ejidataria o comunera renuncia en vida y decide entregarle sus derechos agrarios a otra persona. Puede ser su hija, hijo, esposa, hermano o cualquier persona que se convierte en la nueva persona ejidataria o comunera. No es herencia ya que ésta se realiza cuando se ha fallecido.
Citatorio: documento elaborado por una autoridad en la que busca que una persona o varias personas acudan a sus oficinas o tribunales para llevar a cabo una audiencia, para informarles sobre un acuerdo, etcétera.
Cláusula: parte de un contrato o convenio donde se mencionan las obligaciones y derechos de las personas que lo firman.
CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos): institución del gobierno federal con autonomía para vigilar, promover, garantizar, investigar y buscar la reparación de las violaciones a derechos humanos que cometan autoridades en contra de las personas.
Colectivo: grupo de personas que trabajan para un mismo fin.
Comisariado ejidal/o comunal: órgano de representación del ejido o comunidad cuya labor principal es convocar a las Asambleas, resolver problemas de tenencia de las tierras como las colindancias en los núcleos agrarios, gestionar o realizar trámites ante el RAN como los certificados de ejidatarios o actualizar el reglamento interno. El comisariado ejidal o comunal se integra por un Presidente, Secretario y Tesorero. Su máxima autoridad es la Asamblea.
Comunera /o: persona mayor de edad, o menor de edad si ya tiene familia a su cargo, que es titular de derechos agrarios, cuenta con su certificado de derechos agrarios o certificado parcelario y certificado de uso común.
Comunidad: extensión de territorio donde viven las personas y comparten sus costumbres, un mismo idioma y tradiciones, enfocadas a las actividades de la tierra (agricultura, ganadería y pesca) principalmente para autoconsumo y mantenimiento por lo que se les ha entregado un reconocimiento.
CONAGUA (Comisión Nacional del Agua): dependencia de gobierno que tiene como función vigilar, conservar, administrar y gestionar las aguas Nacionales.
Concesión: decisión de las autoridades federal, estatal y municipal, en la que otorga a una persona particular o empresas el derecho para extraer, explotar, aprovechar, usar o lucrar con bienes comunes naturales en el suelo o subsuelo (agua, minería, petróleo, gas, etcétera), así como con en el sector servicios.
Conciliación: forma para solucionar los problemas entre las partes en conflicto para legar a un acuerdo y resolver las diferencias. Las partes se reúnen ante una autoridad como el comisariado, ante el agente
auxiliar municipal o juez rural, o ante la PA.
Conservación: mantener las cosas como están.
Consejo de Vigilancia: persona ejidataria o comunera con derecho vigente, elegida mediante la Asamblea para vigilar que el Comisariado haga bien su trabajo, se cumpla con el Reglamento y la LA. Puede convocar a la Asamblea cuando no lo haga el comisariado.
Constancia de vigencia de derechos: documento que se solicita en el RAN por un costo determinado, donde se verifica si una persona ejidataria o comunera tiene vigente sus derechos como tal, si se ha perdido por alguna razón, si ha cedido su derecho o haya vendido sus tierras.
Constitución de un Ejido o Bien Comunal: la LA señala que para crear un nuevo Ejido o Bien Comunal, se necesita que 20 personas aporten sus tierras, y hagan su propuesta de Reglamento interno, que consten en escritura pública y se solicite su inscripción en el RAN.
Contrato: documento elaborado por dos o más personas en las que se obligan a algo. Puede contener al mismo tiempo derechos de las personas que lo firman.

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Escaramujo

El Escaramujo 111 MÉXICO: LA DEVASTACIÓN EXTRANJERA MINERA EN 2021

Publicada el 01/12/2021 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

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El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presume con orgullo que en su administración no se han otorgado concesiones mineras, mientras que en los pasados gobiernos neoliberales se otorgaron alrededor de 120 millones de hectáreas que equivalen al 60% del territorio nacional.1 Sin embargo, los mensajes al sector minero por parte de las distintas instancias de gobierno son muy contradictorios. Y las cifras y los mensaje van y vienen.

Por su lado, la Secretaria de Economía manifiesta su preocupación durante la XXXIV Convención Internacional de Minería por el desplome en la inversión minera y la parálisis en la exploración que espera se reactive. Según la Cámara Minera de México (Camimex) en su II Informe de Sustentabilidad, asegura que según la Secretaría de Economía, México cuenta actualmente con 24,066 concesiones mineras que abarcan 16.83 millones de hectáreas y equivalen al 8.59% del territorio nacional.2 Según la Camimex, desde 2014 al 2021 la inversión en exploración minera cayó un 60%, de 856 millones de dólares a sólo 399 millones. Para este sector empresarial los proyectos mineros no deben entrar en consulta con las comunidades en la etapa previa a la Exploración minera3. Les preocupa que el gobierno no otorgue más concesiones mineras, que haya desaparecido la Subsecretaría de Minas, disuelto el Fondo Minero y que no abra el litio a las inversiones privadas, uno de los metales que más ganancia dejarán con la supuesta transición energética4, que también podría llamarse la especulación energética.

En el mes de noviembre de 2021, AMLO afirmó a el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que el país no tiene conflictos con las empresas mineras canadienses, que se han resuelto los conflictos y que solo está pendiente un conflicto en Tayoltita, Durango, que ha tratado de evadir impuestos.5 Este es el caso de la canadiense First Majestic Silver que es dueña de 3 minas de oro y plata, y 4 en mantenimiento, y se encuentra en proceso arbitral dentro del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. El SAT congeló su cuenta bancaria y la controversia ronda los 223.1 millones de dólares (4 mil 531 millones de pesos). En 2019 el SAT revaluó el pago fiscal para los años 2010 a 2012 por 242.2 millones de dólares (4 mil 919 millones de pesos), incluyendo intereses, inflación y multas, y que este año emitió otra revaluación para 2013 por 134.1 millones de dólares (2 mil 723 millones de pesos).6

Sin embargo, el territorio nacional está plagado de conflictos socioambientales que la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) ha documentado ampliamente. El rompimiento de la presa de jales de la minera Grupo México sobre el rio en Sonora fue de dimensiones sociales y ambientales gigantescas. Pero se pueden desplegar más conflictos por el país. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó el Inventario homologado preliminar de presas de jales en el país7 donde se da cuenta de las 585 presas de jales que son los embalses donde las mineras depositan los residuos sólidos y líquidos de la actividad minera, llena de metales pesados. Las presas de jales de las minas de oro representan el 53.9%, le siguen la plata con el 16.46%, cobre con el 17%, hierro y plomo con 6% cada una, entre otras.

En el Tercer Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre la vigilancia ambiental en las actividades económicas del país, y para lo cual de septiembre de 2020 a junio de 2021 se realizaron 79 visitas de inspección a instalaciones mineras e impusieron cinco clausuras totales por incumplimiento de la normatividad ambiental. Por otro lado destacó que para fomentar el sector se destinaron alrededor de 180.8 millones de pesos en créditos para empresas mineras entre septiembre del año pasado a junio de 2021, cerrando con una cartera vigente de mil 175.8 millones de pesos, 12.8% más a lo que estaba registrado en el noveno mes de 2020. De septiembre de 2020 a junio de 2021, el Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera realizó 4 sesiones de Comités de Desarrollo Regional para las zonas mineras en Zacatecas, Oaxaca, Sinaloa y Colima. El Fondo aprobó 49 proyectos de inversión en infraestructura física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo; los recursos canalizados ascendieron a 257 millones de pesos.8

En marzo de 2021, en el marco de la convención virtual de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá, la ministra canadiense de la Pequeña Empresa, Promoción de las Exportaciones y Comercio Internacional, se reunió con la Secretaría de Economía de México, Tatiana Clouthier Carrillo, para discutir el fortalecimiento de los lazos comerciales entre Canadá y México, particularmente en los sectores de la minería y la energía, mantener un ambiente de negocios estable y predecible para las empresas canadienses que operan en México, particularmente en el sector minero, con el fin de mantener la confianza de los inversionistas.

Algunos analistas advierten que el sector minero, la mal llamada “industria minera” ya que es una actividad primaria extractiva, va a la baja y su tendencia seguirá en la medida en que en la presente administración no se otorguen nuevas concesiones y que, si en el 2010 México se encontraba en el puesto 20 de los países atractivos para la Inversión Extranjera Directa en este sector, ha pasado ahora al lugar 42.9

LOS PROYECTOS MINEROS DE CAPITAL EXTRANJERO

Pese a toda la danza de números y declaraciones contradictoreias, lo que aquí haremos es un análisis en función del documento oficial de la Secretaria de Economía sobre las concesiones actuales otorgadas a las empresas extranjeras del sector minero al primer semestre del presente año.

Hasta el mes de julio de 2021, en México existía un total de 453 proyectos mineros operados por empresas de capital extranjero10 en 23 estados del país, que representan el 72% de las entidades del país donde se encuentran las mineras extranjeras. Sobresalen los territorios del norte de México con cinco entidades con más concesiones en manos de las mineras extranjeras en los estados de Sonora (116), Chihuahua (51), Durango (46), Zacatecas (37) y Sinaloa (35). (Ver Cuadro No.1)

De todos estos proyectos mineros, 316 se encuentran en la Fase de Exploración que representan el 69.7% del total, 44 en Desarrollo que representan el 9.7%, 84 en Producción que representan el 18.5% y solo 9 en Cierre el 1.9%. (Ver Cuadro No.2)

Para la Camimex las cifras son distintas ya que en su informe anual 2021 afirma que en el país existen 1,190 proyectos mineros con capital extranjero, y que 6 de cada 10 se encuentran en estado de «postergación» que suman 754. Este sector empresarial reporta 307 concesiones en 26 estados del país en etapa de exploración, 78 en producción, 43 en desarrollo y ocho cerrados. Confirman que la cifra de proyectos mineros que han sido aplazados creció 44% respecto a 2019.11

Según la Secretaría de Economía, el origen de las inversiones provienen de 16 países. La inmensa mayoría provienen de Canadá con las tres cuartas partes del total de las empresas que intervienen, seguida de Estados Unidos, China y Australia.

De los 453 proyectos mineros, 87 de ellos que representan el 19.2% del total se realizan en “alianzas estratégicas” entre dos o más empresas mexicanas o de otros países, por lo que suman alrededor de 533 inversiones de capitales provenientes de estos 16 países involucradas en los 453 proyectos (Ver lista oficial de la Secretaria de Economía más abajo en los indicados con relleno azul). De las 533 inversiones mineras, la mayoría provienen de Canadá con 398 que equivalen al 74.6% del total. Le sigue Estados Unidos y luego China (Ver Cuadro No. 3) quien por cierto tiene inversiones en los grandes puertos del país como los puertos de Ensenada, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz.12

La extracción de minerales de las empresas extranjeras son principalmente de oro y plata, pero también de cobre, cobalto, litio, zinc, hierro, titanio, plomo, antimonio, manganeso, bario, mármol, boro, molibdeno, níquel, entre otros. Llama la atención una mina canadiense que explora uranio en Sonora.

Para Gustavo Abraham Ramonet Ontiveros, presidente de la Asociación Nacional de Directores de Minería de los Estados y titular de la Dirección de Minería, de la Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico de Chihuahua, espera que la extracción de Litio se abra a la inversión privada y con apoyo del Fondo Minero13, con lo que pretenden compensar los daños socio ambientales.

Por lo pronto, según Secretaria de Economía en la fuente citada, existen 19 concesiones de Litio en 5 estados, de los cuales solo una está en la Etapa de Desarrollo y 18 en Exploración: Baja California con una canadiense en la Etapa de Exploración; en Coahuila y en San Luis Potosí 3 concesiones canadienses cada estado en Exploración; en Sonora 5 concesiones, 4 en Exploración entre inversiones de China-Uk e Italia, y solo una en Desarrollo de la alianza China-UK. Por último, en Zacatecas 7 concesiones de Litio, 4 canadienses en exploración y 3 en alianza estratégica entre Australia y México también en Exploración. Cabe señalar que el 79% de las concesiones de Litio son canadienses. (Ver último Cuadro de la relación de concesiones de la Secretaría de Economía).14

Existen mineras extranjeras canadienses y americanas que ya buscan yacimientos de litio en el estado de San Luis Potosí, según el el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Arturo Segoviano García.15 Esta es una advertencia importante para la población rural del estado que se verá enfrascado en disputas, divisiones, ofertas de compras de tierras, etc.

De los 16 países de donde provienen las inversiones mineras de capital extranjero, con 10 de ellos México tiene Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) extranjera o Tratados Bilaterales de Inversión (TBI)16 que protegen las inversiones de las empresas y que, de violar las disposiciones, las corporaciones extranjeras pueden demandar a los Estados en los tribunales extraterritoriales. Estos países son: China, Australia, Italia, Reino Unido, Corea, Argentina, Francia, España, India y Suiza. Si a ello le sumamos los candados legales y geopolíticos que impone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos y México (T-MEC), países con quienes México mantiene relaciones comerciales tan dependientes, se explica el por qué AMLO nunca eliminará una concesión minera so pena de multimillonarias demandas, y esperará a que vayan terminando su vigencia en caso de que sea coherente con su discurso. La lucha y la defensa de los territorios será entonces tarea prioritaria de los pueblos.

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El Escaramujo 110: LOS GOBERNADORES DE CHIAPAS ¿Cómo llegamos a la violencia brutal de hoy?

Publicada el 27/10/2021 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

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Chiapas ha albergado en el Poder Ejecutivo desde militares, políticos, familias ricas sumamente racistas, hacendados, profesionistas insignes y hasta masones, aunque no todos han sido oriundos de Chiapas, pero prácticamente todos han sido la correa de transmisión de las políticas federales en turno a lo largo de la historia llena de violencia desde todos los aspectos, desde la depredación y extracción de los Bienes Comunes Naturales hasta los Culturales, una deforestación acelerada, el olvido de los pueblos indígenas sumidos la pobreza en medio de la disputa por sus territorios, despojándolos de sus conocimientos, saberes, mano de obra, entre otras muchas formas de despojo y de epistemicidio.1 La cárcel, los asesinatos, la represión, la explotación y la esclavitud también han sido los saldos contra los pueblos originarios algunos de ellos sublevados.

Chiapas ha sido gobernado por 351 períodos de Gobernadores desde 1528, fecha en que se funda la Provincia de Chiapas y Diego de Mazariegos se convierte en el primer Teniente Gobernador luego de la invasión española en estos territorios. Desde 1528 hasta el 14 de Septiembre de 1824 en que se crea el Estado Libre y Soberano de Chiapas, pasaron 122 Gobernadores a lo largo de 296 años, esto es, un promedio de 2.4 por año. En el período de la Colonia, estos gobiernos se identificaron de la siguiente forma: 80 ‘Alcaldes Mayor’, 19 ‘Tenientes Gobernador’, 19 ‘Gobernadores Intendente’, 3 ‘Alcaldías Mayor’: Ciudad Real de Chiapa, de Ciudad Real y de Tuxtla; y una ‘Intendencia’ de Ciudad Real de Chiapa.2 (Ver Tabla 4).

Esto viene a colación, porque entre los años 1824 y 2021, desde la creación del Estado de Chiapas a la fecha, se han registrado 229 Gobernadores en el lapso de 197 años, o sea un promedio de 0.8 por año. De todos ellos, 116 han sido designados como ‘Gobernador Interino’ durante todas las etapas convulsas de la entidad, que representan la mitad de todos los períodos de gobierno que han pasado en 197 años. Y es que muchos de estos Gobernadores Interinos esperaban el regreso del Gobernador en turno. A estos le siguen los 73 asignados como ‘Gobernador Constitucional’ que equivalen al 31.8% del total; 21 como ‘Gobernador Provisional’, 10 como ‘Gobernador Encargado’, 8 como ‘Gobernador Sustituto’ y sólo un ‘Gobernador Asignado’ (Pantaleón Domínguez). Al menos 14 de todos ellos han sido militares. (Ver Tabla 1)

Algunos de estos Gobernadores son los mismos, y pasan de Constitucional a Interino, de Interino a Provisional o de Constitucional a Encargado. Otros han sido Gobernadores Constitucionales o Interinos en múltiples ocasiones. Por ello, los 229 periodos de Gobernadores han sido ocupados por 144 personas distintas. (Ver Tabla 1 y 2)

No es posible aquí recorrer el largo camino de los gobiernos en Chiapas, por ello nos concentraremos en los últimos sexenios con el fin de hacer un esbozo muy general que caracterice en grandes pinceladas, desde la perspectiva del crimen organizado, los momentos y el contexto que abonaron al arribo de lo que hoy se vive en Chiapas, una violencia no vista y que, para muchos, no tiene regreso. Distinguimos, a manera de hipótesis, 5 Etapas, que no son puras sino que identifica énfasis o la tendencia mayor en cada una. Esta es una perspectiva.

1) Tráfico: Antes del año 2000 Chiapas era más identificado como territorio de tráfico de la droga por su obligado paso proveniente de Centroamérica y Sudamérica hacia el mercado estadounidense, el más grande del mundo. La violencia de desataba más en los estados del norte del país donde los cárteles se disputaban los pasos fronterizos a Estados Unidos. La presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y la militarización desatada luego de 1994 mantuvo de alguna forma un control del territorio chiapaneco al paso de los 5 Gobernadores en el lapso de esos 6 años controlados desde la Federación, bajo la Presidencia de Ernesto Zedillo para administrar el conflicto armado que arrastraba ya conflictos agrarios por el deslinde de tierras y las políticas de remunicipalización de Gobernador Sustituto Roberto Albores Guillén (1998-2000).

La entidad estuvo marcada por un estrategia de guerra contrainsurgente, con un aumento vertiginoso de la presencia militar y policíaca vinculada con la aparición de diversos grupos armados caracterizados como “paramilitares” que respondían a esta estrategia como lo fueron “Los Chinchulines”, “Paz y Justicia”, “Los Plátanos”, “Los Tomates”, “Máscara Roja”, “Los Machetes”, “Lo Aguilares”, “Los Puñales”, entre otros grupos de filiación priísta o con “guardias blancas” de grandes ganaderos y terratenientes cuyas tierras fueron recuperadas por diversos grupos indígenas. Todo ello culminó con la Masacre de Acteal y de El Bosque, entre otras acciones violentas contra Flores Magón en Taniperla, 10 de Abril en Altamirano, Tierra y Libertas en Amparo Aguatinta, Navil en Tenejapa y Nicolás Ruiz.3

Ya sea por la presencia internacional que se atrajo tras el conflicto, por la presencia de tantos puntos y cuarteles militares en la entidad4, por la recuperación de tierras tomadas a familias de caciques, o porque el 65% del territorio chiapaneco es propiedad colectiva y se regía en parte por las Asambleas ejidales y comunales, o por medio de otros mecanismos de gobernanza comunitarios, se mantenía el control de los territorios o al menos era más observado. Todo ello impedía el arraigo del crimen organizado en el estado aunque no el tráfico y el consumo de droga más vinculado a las fuerzas militares y policíacas, aunque poco a poco fuera creciendo la demanda. El gobierno estatal como correa de transmisión de las políticas federales tenía el reto de poner todas las condiciones para pacificar la entidad e inaugurar el Plan Puebla Panamá que se avecinaba luego de la “pacificación” de los conflictos armados en Centroamérica, con el fin de abrir los territorios a las inversiones trasnacionales y generar las condiciones sociales, políticas y económicas para el Tratado de Libre Comercio (TLC) iniciado en 1994.

2) Consumo: A partir del sexenio del Gobernador Pablo Salazar Mendiguchía y de Vicente Fox (2000-2006) la migración se dispara y el muro en la frontera norte se fortalece para impedir que arriben los pobres que genera el TLC al suelo norteamericano y el trasiego de droga encuentra más dificultades para vender en el país del norte. El envío de remesas irá creciendo hasta el día de hoy desplazando los ingresos petroleros, de la Banca Multilateral de Desarrollo, de las inversiones extranjeras, del turismo, del sector automotriz o de la minería. La población empieza a huir del país. El crimen organizado ve entonces la oportunidad de profundizar no solo la disputa de las rutas, sino convertir a Chiapas en un territorio de consumo. Las condiciones empiezan a darse.

La presencia de los puntos de distribución de la droga en centros escolares, bares y otros espacios se fortalece en el contexto de la crisis del campo y de los jóvenes sin empleo. Sin embargo, el EZLN mantenía cierto control sobre algunos territorios en la entidad fortaleciendo los Municipios Autónomos y las Juntas de Buen Gobierno, insistiendo en que sus territorios están libres de tráfico, consumo y siembra de droga. Mientras el crimen organizado empieza a afianzarse y estacionarse en los territorios del norte hacia el sur del país, el Ejecutivo Federal preparaba nuevos tratados de libre comercio con Asia.

Pablo Salazar Mendiguchía, quien fuera senador por el PRI desde 1994 al 2000 y miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) llega a la gubernatura por una coalición amplia de partidos y se convierte en el primer gobierno de alternancia luego de 70 años del partido oficial. Se dispuso a poner el tapete a las inversiones construyendo el Puerto Chiapas, el aeropuerto internacional, la súper carretera y el Puente Chiapas, entre otras obras. El EZLN se disputaba el control de sus territorios y los diversos grupos armados locales seguían evolucionando hasta que en noviembre del 2006, el denominado grupo paramilitar Organización Para la Defensa de Derechos Indígenas y Campesinos (OPDIC), acompañado de policías estatales, fueron responsables de 6 ejecuciones extrajudiciales, 2 desapariciones forzadas y 36 familias desplazadas de la comunidad de Viejo Velasco en la Selva Lacandona.

3) Siembra: En el gobierno de Juan Sabines Guerrero (2006-2012), conocido como cocainómano5, y en el contexto de la guerra del Presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado y la feroz violencia desatada por ello en el país, Chiapas todavía se mantenía lejano de los escenarios violentos de los estados del norte y centro ligados al crimen organizado. Ambos gobiernos presuntamente ligados con el narco, han sido uno de los peores escenarios para Chiapas y para el país.

En este sexenio el Tratado de Libre Comercio empieza a hacer sentir sus efectos negativos en el campo por medio de la baja en la producción agropecuaria debido a las importaciones de maíz, frijol, entre otros productos del campo, subsidiados desde Estados Unidos y Canadá. Europa empieza a entrar en el terreno de las inversiones en parques eólicos, represas y carreteras. En este sexenio el gobernador impulsa la Palma de Aceite a costa de la soberanía alimentaria de las comunidades hasta llegar hoy a las más de 70 mil has sembradas. Esta situación en el campo será el caldo de cultivo para el arraigo en los territorios del crimen organizado.

Se profundiza la crisis en los Ejidos y Bienes Comunales. El original Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos (PROCEDE) que fue cambiando de nombre, facilitó el debilitamiento del tejido comunitario y de las Asambleas como formas de control sobre los territorios. Otros mecanismos de gobernanza también se debilitan y se anuncian concesiones mineras que prenden la alerta en el estado y surgen nuevos conflictos territoriales que terminan con el asesinato de Mariano Abarca en 2009 por los empleados de la empresa minera canadiense Blackfire.

Los jóvenes no ven futuro en el campo, no hay precios favorable de los productos, no desean trabajar la tierra y además no son beneficiados en la distribución de tierras con el PROCEDE. La migración aumenta y los que regresan con otra visión y bajo los ecos del consumo de la droga increpan y retan a las autoridades comunitarias, desafían las costumbres y las estructuras de gobernanza locales al punto que en algunas regiones prohíben el regreso de este tipo de jóvenes que han perdido el camino. Este contexto favorece a que el crimen organizado de un paso más hacia siembra de droga en la entidad donde por conveniencia económica, por sobrevivencia o por extorsión, como en otras entidades del país, en diversas regiones se profundiza esta actividad que requerirá de ayudas, alianzas, jóvenes “halcones”, vigilantes, control, infiltración o cooptación de estructuras policíacas y municipales que se arraigan en los territorios de la entidad. Comitán fue un ejemplo de ello durante el paso de Eduardo Ramírez Aguilar en la presidencia municipal y que más tarde fuera diputado federal, Secretario de Gobierno de Chiapas durante la administración de Manuel Velasco, diputado del Congreso estatal, y Senador de la República y que desde hace rato busca la gubernatura del estado de Chiapas.

4) Nuevos negocios: Durante el periodo de Manuel Velasco Coello y de Enrique Peña Nieto (2012-2018), sumada la anterior crisis y ya en profundidad durante este sexenio, se suma la corrupción galopante en todo el andamiaje gubernamental. Por otro lado, se experimenta la división de las organizaciones y de los movimientos sociales, el debilitamiento de agendas comunes, la creciente impunidad, la violencia y los feminicidios ligados al crimen organizado. Se anuncian nuevos megaproyectos que amenazan los territorios, más concesiones mineras, represas, pozos petroleros, súper carreteras, Zonas Económicas Especiales, mercados de carbono, ampliación del Puerto Chiapas, entre otros que toma a los ejidatarios y comuneros, organizaciones indígenas y campesinas en total descobijo y desarticulación. No hay actor en la entidad que impulse o encabece agendas capaces de generar alianzas. La pulverización de los territorios y su control empieza a implosionar. El país anuncia ya los años más violentos de su historia.

En Chiapas, la impunidad se profundiza mientras que la violencia sigue en aumento y cada vez más la vinculada con el crimen organizado en diversas cabeceras municipales que evidencia su presencia como en Comitán, Comalapa, Pueblo Nuevo, Chamula, Chenalhó, Aldama, Chalchihuitán, entre otros. El narcotráfico hinca así sus dientes en las estructuras municipales y territoriales.

Este es el caldo de cultivo para otros indicadores más preocupantes, el de los nuevos negocios para el crimen organizado. La corrupción, la impunidad, la violencia y la que desata el mismo consumo de la droga, el desempleo, el control del narco-territorio geográfico, político y social, permite girar el interés hacia otros beneficios económicos locales como el tráfico de autos robados, de migrantes, de trata de personas y en especial de niños y niñas, los cobro de piso, la etnopornografía, las invasiones de tierras por parte de grupos contratados para la especulación de bienes raíces, las extorsiones, los robos, entre otros. En otros estados el crimen organizado tiene anclado sus intereses en los puertos, aeropuertos o en el sector minero por lo que el gobierno federal dispone una policía minera para cuidar los intereses de las grandes empresas mineras en el norte del país.

5) Crimen des-organizado: En el actual período del Gobernador Rutilio Escandón Cadenas y de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), los indicadores de la violencia se evidencian como nunca y sin control, con muertos y miles de desplazados en un escenario favorecido por un año de total permisividad e impunidad para que el crimen organizado se afianzara durante la pandemia del 2020. En este año la inmovilización de la vida cotidiana, del movimiento social, del transporte, de la ausencia de la población por los caminos, las calles y las veredas, del abandono del campo y de toda actividad física y presencial por los territorios, del cierre de todas las oficinas gubernamentales, de la despolitización de la sociedad civil causada por los programas de Bienestar del gobierno que desestructura la organización, en un ambiente político sumamente polarizado, favoreció que el crimen organizado se cimentara profundamente en los territorios mientras el EZLN viaja por Europa y se evidencia la pérdida del control sobre muchos territorios. Este contexto también le favoreció al gobierno federal para el avance de sus megaproyectos en el Sur-Sureste del país donde radican las principales obras del actual sexenio como el Tren Maya, el Canal Interoceánico del istmo de Tehuantepec, la Refinería Dos Bocas, represas, pozos petroleros, gasoductos, súper carreteras, entre otros.

Así, arribamos al actual etapa del crimen des-organizado, que se caracteriza por la erupción y visibilización de diversos grupos armados en Chiapas. De los existentes podemos observar varios tipos que van desde el EZLN, los grupos paramilitares y autóctonos de la década de los 90’s que han ido evolucionando y otros más, el crimen organizado y las guardias comunitarias. Además del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional cuya presencia se despliega por todo el territorio estatal sugiriendo inhibir por sí solo la fermentación del narco-estado. Algunos de los grupos armados y sus acciones de violencia estallan con más virulencia en Aldama, Chenalhó, Chamula, Chalchihuitán, Oxchuc, Mitontic, Altamirano, Simojovel, Pantelhó, Pueblo Nuevo, Comalapa, Carranza, Chilón, San Andrés, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula, entre otros. Sobre todo en el contexto de los procesos electorales se hace patente la lucha por el control de los territorios políticos y de las estructuras municipales.

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El Escaramujo 109: EL EPISTEMICIDIO DEL CAPITAL, El Asesinato de la Diversidad…

Publicada el 15/02/2021 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

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El Capitalismo suprime las diversas formas de pensamientos subalternos y que considera marginales. Por ello, las relega y las descalifica, las combate, las elimina, las silencia, las ignora y las niega. También se les persigue sistemáticamente sin dar tregua, se les excluye e incluso se les extorsiona y tortura a tal grado que su racismo y patriarcado intrínseco al capital llega a la eliminación física de toda diversidad.

Frente a la resistencia de los grupos sociales subalternos a esta dinámica depredadora, el sistema desacredita todo lo alternativo que emerge de los otros modos de vida y de los saberes de los pueblos. Sin embargo, cuando este conocimiento alterno tiene la posibilidad de especulación y ganancia, entonces se le arrebata, se le roba y se absorben aquellos conocimientos ancestrales, el conocimiento tradicional de los pueblos originarios, pero también de los pueblos campesinos y de otros sectores de la sociedad. Otra forma de extractivismo.

La palabra “Epistemología” proviene del griego “episteme” que significa conocimiento, saber, o ciencia; y de “logos” que significa estudio, palabra, tratado y discurso. Los filósofos griegos desde Platón inician la carrera por desentrañar el significado del conocimiento, de la verdad, de la experiencia y la razón, de lo objetivo y subjetivo, o de las creencias y opiniones, que fueron desarrollando distintas perspectivas y ramas a lo largo de la historia. Así, el capitalismo adopta su propio método que le de sustento y que se impone como el pensamiento único de la hegemonía occidental.

En el Siglo IX, en el auge del nacimiento del capitalismo, el filósofo escocés James Frederick Ferrier (1808-1864) introduce el concepto de “Epistemología” para hacer referencia al ‘conocimiento científico’. Desde la filosofía griega y medieval que occidente adoptó, propagó la idea de que el orden de lo racional era la ‘Totalidad’ de Kant o el ‘Absoluto’ de Hegel. Sin embargo, de acuerdo con X. Ziburi, el orden de lo racional es el ‘Mundo’, porque las cosas reales son solo un momento de la respectividad de lo real, de otras cosas reales, de la realidad que es abierta, el mundo sentido, el mundo en que los pueblos actualizan la actuidad de las cosas para producir y reproducir sus conocimiento según sus contextos geográficos, ambientales, políticos, culturales, psicológicos, económicos y sociales. Este es el “Episteme” de los pueblos, esas otras formas de ver el mundo, de
conocer, de aprender y que pretenden ser aniquiladas. Esto es el epistemicidio.

En la “AmerÁfrica Ladina” convive una gran riqueza epistémica entre los pueblos originarios de América, los Afrodescendientes y la población Ladina fruto del mestizaje. Sin embargo, especialmente los pueblos indígenas vieron quemar bajo la hoguera cerros de libros y sabiduría ancestral con el alma destrozada bajo el yugo europeo. Se les despojó de sus conocimientos, de sus métodos y formas de vida. Se les impuso un catálogo de derechos, de preceptos, de axiomas e incluso de dogmas ahí donde el conocimiento científico no les alcanzó. La Totalidad, lo Absoluto, el Universalismo engendró un racismo epistemológico así como una epistemología patriarcal.

A lo largo de la historia de la humanidad se ha expresado esta dinámica. Sin embargo, en el contexto del capitalismo recobra una fuerza descomunal por su globalidad que excluye lo que considera que no se mantiene dentro de la esfera de su ‘verdad objetiva’, lo que no se sujete al riguroso ‘método científico’ europeo que imponen las élites que pretenden dominar el conocimiento y la verdad, como la única forma de validarlas, ahorcando todo lo demás y confinándolo a la subjetividad-irracional contrapuesta a lo que es ‘objetivo’, ‘racional’ y a ‘su verdad’. Es la nueva inquisición del sujetomundo capitalista que pretende acabar con la otredad, con otras formas de conocimiento que le sean marginales o que impiden el desarrollo del ADN capitalista: la acumulación incesante de poder y de capital.

Sin embargo, es necesario hacer énfasis en algo más. Hablar del “capitalismo global” es una tautología, un pleonasmo y un eufemismo. Porque el capitalismo no lo es si no fuera global. La esencia del capitalismo es precisamente ser una hegemonía cultural, política, económica, social y militar, racista y patriarcal. En estos ejes basa también su connatural movimiento hacia la acumulación incesante de capital y de poder como lo seguimos constatando por las consecuencias de la crisis desatada con pretexto del COVID-19. Porque lo único global en el planeta es el capitalismo, fuera de ello lo que hay es diversidad que éste pretende acabar y que incluyen las formas propias de generar realidades locales, formas propias de alteridad, de “Alter Natos”, de otros mundos posibles. Y en el planeta se despliega una variedad inimaginable de diversidad en todas sus formas: biológica, cultural, social, económica e incluso política, de saberes y modos de estar en la realidad. Una enorme riqueza epistémica.

Se dice que el “epistemicidio” es la destrucción, por parte del colonialismo, de los saberes propios de los pueblos; la subordinación, la dominación y el control hasta llegar a la aniquilación de otras formas de conocer, de crear y transmitir conocimientos, así como los saberes ancestrales y comunitarios de los pueblos. Por ello, se hace referencia a la necesidad de la descolonización epistemológica. De una emancipación del paradigma.

Ahora, consideramos que esta concepción no es correcta. No es un problema baladí. Y es que no se trata de una “descolonización” o “decolonización”, ya que asumir el concepto de “colonia” es tan eurocentrista, y cuya sustancia conceptual no refleja la realidad de lo sucedido, ya que “colonia” se refiere etimológicamente al “territorio establecido por gente que no es de ahí”. Y la realidad rebasó con creces esta idea.

En América, Asia y África se establecieron las “colonias” de prácticamente todos los países de Europa (Reino Unido, Alemania, España, Portugal, Bélgica, Francia, Italia, Holanda..), pero el concepto no enfatiza en que dichos territorios no sólo los ‘colonos’ europeos no eran originarios de ahí y que se instalaron en lugares desolados, sino que invadieron militarmente a los pueblos que habitaban esos territorios desde centurias y hasta milenios pasados.

Con la Invasión militar, económica y política, expoliaron y sustrajeron las riquezas de los habitantes locales; los asesinaron, robaron, desplazaron, esclavizaron e impusieron su lengua, su cultura, su religión, su visión, su verdad, su mundo, su economía, sus estructuras políticas, su epistemología. Que no fue un “choque de culturas”, un “encuentro de civilizaciones”, mucho menos un “diálogo multicultural”.

Por tanto, más que ‘colonias’ como las llaman los europeos para distraer de la realidad sucedida -y como lo tenemos ya conceptualmente muy asimilado-, fue una sangrienta Conquista e Invasión de una forma occidental de comprender el mundo y dominarlo para garantizar sus propios intereses, y que después reforzó la etnia europea desde América del Norte, a donde se desplazaron en los actuales territorios de Canadá y Estados Unidos.

Además, el “Sur Geográfico” no fue el único invadido por unas élites que pretendieron competir, imponerse y dominar, sino que también lo hizo en el “Norte Geográfico” con invasiones y guerras descomunales, genocidios y etnocidios, con la desaparición física de conocimientos subalternos llamados ‘bárbaros’, ‘brujas’, ‘judíos’, ‘tribus’, ‘herejes’, ‘esclavos’, ‘gitanos’ o ‘nómadas’, entre otros, y donde hoy por hoy siguen existiendo sociedades excluidas en estos países llamados “desarrollados” sobre la base del epistemicidio. Este es el Sur Global.

Consideramos también que la dicotomía Norte-Sur refleja un análisis estructural desactualizado toda vez que la crisis del capitalismo, si bien inició en la periferia, ya está instalada irremediablemente en el corazón del sistema, donde los países llamados del Norte arrastran pobreza, exclusión, deuda, migración, racismo, odio, patriarcado galopante, violencia y desempleo, persecución y hasta cárcel de artistas que pintan y cantan la vida de otras formas; se manifiestan también movilizaciones sociales de protesta cada vez más en aumento frente al resurgimiento de la derecha otrora vez controlada legal, social y políticamente, y que hoy sale de las venas y de las entrañas del capital, del Norte Global. En todo el mundo observamos cómo la derecha irrumpe con violencia en el andamiaje institucional para controlar la insurrección de las epistemes subalternas que ya no les producen consenso sobre los supuestos beneficios del sistema, por lo que buscan imponerse nuevamente por la fuerza.

Y es que la miseria causada por el capitalismo no tiene patria, y los sectores marginales, pueblos, etnias, culturas diversas y sus múltiples formas de conocer su mundo están en todas partes, o sea, en el Sur Global. De ahí que es adecuado hablar del Sur Global y del Norte Global, así como de la “Epistemología del Sur Global”.

El epistemicidio aparece y reaparece de muchas formas en cada rincón del planeta de este Sur Global. El más grave es y sigue siendo la aniquilación física de la vida, los etnocidios de pueblos originarios, de grupos étnicos en Medio Oriente, en África, entre otros rincones del mundo. El asesinato de defensoras y defensores de los derechos humanos, de quienes defienden la tierra y el territorio frente a los megaproyectos trasnacionales con otra concepción del mundo, de la vida digna, de los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, para aniquilar esas otras formas de entenderse en el mundo y de gestionar los bienes comunes naturales, culturales, los tangibles o intangibles en beneficio de la humanidad priorizada sobre el capital. Las manifestaciones de epistemicidios también se reflejan en las políticas para eliminar lenguas que conectan a los pueblos con su realidad, sus formas de conocer y de entender el mundo.

Otros epistemicidios se expresan en la eliminación de las manifestaciones culturales ya que ofrecen formas de acercarse a la realidad, de generar su propia epistemología, para al fin imponer una asimilación cultural de hegemonía y control. También se expresan en las supuestas “consultas libres, previas e informadas” controladas desde el poder político y económico. En el desplazamiento forzado que desarraiga a los pueblos de sus territorios, de la cultura y de sus usos y costumbres, de la lengua y los mecanismos de conocimiento con la realidad inmediata.

La coerción, el miedo, la violencia estructural, la pobreza, el condicionamiento del poder con el fin de que los pueblos abandonen sus tradiciones, su cultura, o entreguen sus saberes colectivos y ancestrales a manos privadas a cambio de dádivas o pequeños proyectos productivos para paliar la pobreza; o para que absorban los parámetros de la educación que les impone el sistema y que los invisibiliza en las historias oficiales, también son formas de epistemicidio.

Pese a lo anterior, existe un radical exterminio por parte del capitalismo: el feminicidio. El patriarcado que pretende aniquilar una forma de pensamiento radicalmente distinto, una epistemología feminista que acabaría con el capitalismo y su conocimiento científico, ya que ofrece una perspectiva distinta de mundo. Porque el capitalismo es originariamente y fundamentalmente patriarcal, el feminismo es su principal amenaza y fatal antídoto. Y no sólo es el exterminio físico de las mujeres, sino el exterminio y el asesinato en vida, otro tipo de feminicidio: la intimidación, las amenazas, la descalificación pública y moral, entre otras estrategias para confinarlas nuevamente a lo privado y dejen de cuestionar, reclamar, organizar e inyectarle a este mundo otra perspectiva de la vida.

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El Escaramujo 107: LAS REPRESAS EN GUERRERO

Publicada el 30/10/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

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El Estado de Guerrero es uno de las 32 entidades del país con una superficie de alrededor de 64,000 km² y representa el 3.2% del territorio nacional. Cuenta con 81 municipios y una población de más de 3.5 millones de habitantes representando la 12ª entidad más poblada de México. Guerrero es uno de los Estados con más caudales hidrológicos y ocupa el 12º sitio en cuanto a disponibilidad acuífera. Sin embargo, es una de las entidades más pobres y violentas del país, y al mismo tiempo aporta con sus represas la energía que requiere el sector turístico de élite ubicado en sus costas.

Los contrastes de la pobreza y opulencia marcan la injusticia en el estado de Guerrero, la tierra de quienes abonaron a la Independencia del país como José María Izazaga, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Juan N. Álvarez, así como la lucha de Canto A. Neri y las revueltas de Mochitlán y Quechultenango contra la dictadura porfirista. Es la tierra de Genaro Vázquez y de Lucio Cabañas quienes lucharon por un país nuevo. Pero es también el territorio donde en la región de la Costa Grande fueron asesinados 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas en 1995, y en 2014 los 43 Normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos. Es el territorio donde las mineras canadienses explotan con consecuencias sociales y ambientales irreversibles y en total impunidad violan acuerdos y contratos con los propietarios de las tierras, un estado que le proporciona gigantes cantidades de oro, agua y energía que extraen de una entidad empobrecida y violentada.

Guerrero es el territorio donde operó la época del milagro mexicano impulsando el desarrollo turístico internacional promovido por el entonces presidente Miguel Alemán Valdés (1946-1952). Es entonces cuando las grandes represas se construyen desalojando pueblos para alimentar el turismo que destacara el llamado Triángulo del Sol considerado como el primer destino turístico con el que México se dio a conocer en el mundo para atraer el turismo extranjero al puerto de Acapulco, Ixtapa y Zihuatanejo así como al “pueblo mágico” de Taxco.

En medio de este turismo de élite se libra una lucha de las comunidades campesinas e indígenas a quienes se les disputan los territorios, el agua y la vida, por parte de las grandes empresas mineras con las actividades más voraces y destructivas que se hayan visto. Es la tierra donde los feminicidios y el crimen organizado han creado territorios libres de justicia y llenos de impunidad. Es el Estado donde por más de quince años, los ejidatarios resisten contra la construcción de la Presa La Parota que ha generado saldos de muertos, desplazados, violencia y presos políticos. Por ello, es el territorio que grita la consigna de “¡basta de represión, represas y presos políticos!”.

Analicemos ahora las intervenciones que se han realizado en las Cuencas de Guerrero con proyectos de represas, diques, bordos y derivadoras. Desde el año 1550 hasta el 2020 la CONAGUA ha logrado documentar1 la construcción en México de un total de 6,489 represas, derivadoras, diques y bordos en todo el país a lo largo de estos 470 años, independientemente de su tamaño, constructor y objetivo (ya sea para el riego, generación de electricidad, agua potable, abrevadero, acuacultura y pesca, recreativo, navegación, infiltración, entre otros). A estas se sumarán otras 112 “pequeñas” represas que el gobierno actual pretende construir entre 2018 y 2024 y repotencializar 64 grandes represas de las ya existentes.2 Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), en México existen actualmente 4 mil 463 presas, de las cuales 668 son grandes represas principalmente para la generación de energía eléctrica.3

De estas 6,489 obras en el país, en el estado de Guerrero solo se han construido 105 en estos 470 años. Esto representa el 1.6% del total. Guerrero ocupa el lugar numero 23 de las 31 entidades con estas obras. De las 105 obras, CONAGUA tiene registro de su fecha de construcción de 94 de ellas. Es importante hacer notar que la primera obra registrada data de apenas 1937 y hasta 1964 que inicia la operación de la Presa El Infiernillo para detonar el desarrollo del turismo más que apuntalar a solucionar las causas de la pobreza y la violencia en el estado.

Al menos 10 Constructores distintos han realizado estas intervenciones, entre las que se encuentran la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Gobiernos municipales, Hacendados, Particulares, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) que funcionó entre los años 1946 a 1976; la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) que existió entre 1946 y 1976; y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) entre 1976 y 1994.

LOS SISMOS

Pese a que el estado de Guerrero se mantiene como la tercera entidad del país con mayor actividad sísmica después de Oaxaca y Chiapas, todas las represas, los diques, los bordos y las derivadoras se han construido en Zonas Sísmicas: 49 en Alta Sismicidad y 56 en Media Sismicidad. Es necesario tomar en cuenta que tan solo durante el mes de julio de 2020 se registraron 269 sismos en Guerrero de variada intensidad.

La Brecha de Guerrero es una región sísmica que no ha registrado ninguna actividad sísmica mayor a 7,0 desde el año de 1911. Por ello se calcula que podría ocurrir un sismo de gran magnitud en cualquier momento cuando la placa de Cocos se continúe introduciendo por debajo de la placa Norteamericana. Esta Brecha se ubica en el océano Pacífico frente a la Costa Grande de Guerrero, y se prolonga a lo largo de 230 km desde el sur de la ciudad turística de Acapulco hasta Papanoa.

LAS CUENCAS

Guerrero es uno de los Estados con más caudales hidrológicos y ocupa el 12º sitio en cuanto a disponibilidad acuífera. Su aprovechamiento es de 602,626 millones de m³. Las lagunas más importantes son la Laguna Negra, Laguna de Coyuca y Laguna de Tres Palos. Las aguas superficiales de Guerrero se distribuyen en 3 Regiones Hidrológicas: RH18 “Balsas”, RH19 “Costa Grande” y RH20 “Costa Chica-Rio Verde”.

La Región Hidrológica RH18 “Balsas” abarca la zona centro y norte del estado que equivale al 53,31% del territorio estatal. Los afluentes escurren al río Balsas que nace en el estado de Puebla y toma tres nombres diferentes antes de llegar al mar: Río de Mezcala, Río Balsas y Río Zacatula. En total son 771 Km de los cuales 522 corren sobre Guerrero, 107 sobre Puebla y 142 sobre Oaxaca. La Región incluye las Cuencas del Río Balsas-Mezcala (22,07% del territorio estatal), Rio BalsasZirándaro (14,72%), Rio Balsas-Infiernillo (5,46), Rio Tlapaneco (5,61%), Rio Grande de Amacuzac (3,24%) y Rio Cutzamala (2,21%).

El Río Balsas es uno de los más importantes de Guerrero y también con un alto índice de contaminación por la agricultura industrial, la industria textil, toneladas de residuos orgánicos, sólidos y metales pesados, como cianuro, zinc, aluminio, cadmnio y manganeso, aguas residuales sin tratamiento provenientes del consumo humano, industrial, agrícola, pecuario o minero.

La Región Hidrológica RH19 “Costa Grande” desembocan sus aguas en el Océano Pacífico, abarcando el suroeste con el 19,5% del estado. Las cuencas de esta región incluyen al Río Atoyac y Otros (8,06% del territorio estatal), Río Coyuquilla y Otros (5,80%) y Río Ixtapa y otros (5,64%).

La Región Hidrológica RH20 “Costa Chica-Rio Verde” desembocan sus aguas en el Océano Pacífico, se ubica en el sureste del estado abarcando el 27,19% de su superficie. Incluyen las cuencas Río La Arena y otros (0,31% del territorio estatal), Río Ometepec o Grande (7,81%), Río Nexpa y otros (7,22%) y Río Papagayo (11,85%).

En cuanto a las Regiones identificadas por CONAGUA, las represas, diques, bordos y derivadoras, 79 se ubican en la Región Balsas y 26 en la Región Pacífico Sur. Desde el punto de vista de las Regiones Hídricas se ubican 73 en Balsas, 20 en la Costa Chica y 12 en la Costa Grande de Guerrero. CONAGUA ubica las represas, diques, bordos y derivadoras en 19 Cuencas diferentes:

Más de 80 Corrientes superficiales se han intervenido con represas, bordos, diques y derivadoras entre los que se encuentran alrededor de 60 Arroyos y 25 Ríos.

Entre los Arroyos encontramos Agua De Correa, Agua Zarca, Ahiles, Ahuelican, Amatitlán, Amatitlan El Gde., Anillo, Apa, Arenal, Atlixtac, Copalillo, Cuachatlajco, Cuauhtenango, Cuavillas, El Columpio, El Cuajilote, El Limon, El Molino, El Platanar, El Tiro, El Tomatal, Escuchapa, Huacapa, Jaltipan, La Basilia, La Muñeca, La Pala, Las Anonas, Las Cuatas, Las Flores, Las Mojarras, Limpio, Los Ahiles, Los Capulines, Los Guajes, Nombre De Dios, Ojo De Agua, Pala, Pantitlan, Piedra Salada, Platanillo, Potrero De Rosas, Poza Blanca, Rancho Viejo, Redondeado, San Antonio, San Marcos, Santa Cruz, Tecorral Alto, Terremote, Tomatal, Totoloapan, Villegas y Xihuatoxtac, además de la Barranca de Xoxoquitla, Boca de Alcantarilla, Boca Potrerillo, Escurrimientos y la Laguna de las Flores.

Entre los Ríos encontramos Ajuchitlán, Amuco, Atopula, Atoyac, Azul, Balsas, Chiquito o El Oro, Cocula, Cortijo, Coyuquilla, Cutzamala, El Zopilote, Huacapa, Las Truchas, Nexpa, Papagayo, Poliutlao Sultepec, San Jeronimito, Tepecuacuilco, Tuxpan y Viramontes.

LOS MUNICIPIOS

Las represas, los diques, los bordos y las derivadoras se han construido en 37 municipios de la entidad que representan el 45.67% de un total de 81 municipios en el estado de Guerrero. Los Municipios con más obras lo encabeza Huitzuco (23) seguido de Buenavista de Cuéllar (8), Iguala (7), Atenango (5), La Unión (5), Chilapa, Taxco, Tixtla y Zihuatanejo (4 cada uno).

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El Escaramujo 105: MÉXICO: ¿QUÉ ES EL NDC? El Espejismo del combate al Cambio Climático…

Publicada el 28/09/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

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Ante la crisis cada vez más grave del Cambio Climático, los gobierno que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), decidieron en su reunión llevada a cabo en Varsovia en 2013, llamada la Conferencia de las Partes (COP 19), reducir las emisiones de los Gases Efecto Invernadero (GEI) en todo el mundo a un nivel que no permita aumentar la temperatura mayor a los 2°C y mantenerlo en 1.5°C. Pero, ¿cómo? En la COP 21 llevada a cabo en París en 2015, cada gobierno tendría que presentar como punto de partida sus propuestas de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés).

Esto significa que cada país, para disminuir los GEI, debe definir y determinar las medidas con las que va a contribuir hasta el 2030 para mitigar los GEI y adaptarse al Cambio Climático. Estas contribuciones serían el punto de partida para iniciar acciones que reduzcan las emisiones de GEI en cada país y cuyas contribuciones serían actualizadas cada cinco años por lo que vendría una primera revisión en 2020. Algunas Partes presentaron sus primeros NDC en 2015, y algunas han presentado su actualización en 2020.

Los Estados miembros (las Partes) presentan las contribuciones con las que pueden aportar según sus posibilidades, sus prioridades, circunstancias y capacidades. Estas medidas de Mitigación y Adaptación con lo que México puede contribuir en el planeta a disminuir los GEI pueden ser de dos tipos: No Condicionadas y Condicionadas.

Las No Condicionadas son las medidas en las que un país puede contribuir por sus propios recursos, por su propios medios y por su propia voluntad política de hacerlo.

Las Condicionadas son aquellas medidas que dependen de la existencia de condiciones externas e internacionales que le ayuden, como la ayuda internacional, acceso a financiamiento, transferencia de tecnología y otras condiciones internacionales.

¿Cómo está la situación en México?

Según fuentes oficiales, las características geográficas de México y las condiciones sociales desfavorables de algunos sectores hacen un país altamente vulnerable a los efectos adversos del cambio climático. En poco más de 100 años las temperaturas superficiales terrestres y marinas se han incrementado en todo el territorio. Por ello, en ciertas zonas del norte del país los cambios han sido mayores, oscilando entre 1.2 y 1.5°C por arriba de sus promedios históricos. Por ello se observan un aumento del número de días cálidos extremos y la disminución de días gélidos extremos y de heladas. A ello se suma el incremento de fenómenos hidrometeorológicos extremos, como los ciclones tropicales y los huracanes.

Entre 1970 y 2013, de los 22 ciclones de categoría 3 o más en la escala Saffir-Simpson que afectaron las costas de los océanos Pacífico y Atlántico mexicanos, diez ocurrieron en los últimos doce años. En este 2020 los fenómenos meteorológicos han marcado récords al igual que en sus afectaciones.

Según fuentes oficiales, en el caso de las sequías, en lo que va del siglo se han presentado cinco eventos importantes: entre 2000 y 2003, en 2006, entre 2007 y 2008, en 2009 y entre 2010 y 2012. En 2011 las sequías afectaron al 90% del territorio mexicano. Por otro lado, el nivel del mar también se ha elevado en muchas zonas costeras de México. De 17 sitios estudiados en el Golfo de México y el Pacífico entre los años cincuenta y el 2000 destacaron las elevaciones observadas en Ciudad Madero, Tamaulipas (de hasta 9.16 milímetros por año) y de Guaymas, en Sonora (con 4.23 milímetros por año).

El cambio climático en México se ha acompañado de pérdidas humanas y de altos costos económicos y sociales. Tan sólo entre 2001 y 2013, los afectados por los fenómenos hidrometeorológicos en el país ascendieron a cerca de 2.5 millones de personas y los costos económicos sumaron 338.35 miles de millones de pesos. Los impactos negativos se acentúan por las condiciones de pobreza que sufren amplios sectores de la población y por la degradación ambiental que afecta a sus comunidades, lo que genera altos niveles de vulnerabilidad en muchas regiones del país.

De acuerdo con el PECC 2014-2018, existen en México 319 municipios (13% de los existentes en el país) con mayor vulnerabilidad a impactos por el cambio climático, en particular a sequías, inundaciones y deslaves. El gobierno estima que entre el período 2015 a 2039, se proyectan temperaturas anuales mayores hasta en 2°C en el norte del país, y en el resto podrían oscilar entre 1 y 1.5°C. En el caso de la precipitación, se proyectó, en general, una disminución de entre el 10 y 20%. Todo ello podría traer graves consecuencias económicas, sociales y ambientales.

El gobierno mexicano estima que el 15% del territorio nacional es vulnerable al cambio climático, y 68% de la población y 71% del PIB están altamente expuestos a importantes riesgos asociados. Se calcula que el cambio climático implica para el país un costo superior a los 60 mil millones de dólares cada año -aproximadamente 6% del PIB.

El incremento en la intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos y su impacto serán más graves aún en las comunidades rurales e indígenas más pobres, que dependen de la agricultura de temporal, carecen de medios para adaptarse y, muchas veces, tienen que migrar a las ciudades o a otros países.

Las Emisiones de GEI en México.

Las emisiones de Bióxido de Carbono (CO2) en México, derivadas del uso y quema de combustibles fósiles, representó en 2012 el 1.37% de las emisiones globales, lo cual colocó al país en el lugar 13 de los países con mayores volúmenes de emisiones de este gas derivados de dicha quema.

Según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 2013 (INEGEI), las emisiones directas de GEI en el país ascendieron a 665 megatoneladas de CO2 equivalente, de las cuales la mayor contribución se debe al sector transporte (26%), seguido por el de generación de energía eléctrica (19%) y el de industria (17%). Para el caso del carbono negro, un contaminante climático de vida corta (CCVC), su volumen de emisión alcanzó 125 mil toneladas, derivadas en su mayor parte de las actividades del sector transporte (38%) e industrial, principalmente el subsector azucarero (28%).

Sin embargo, para el año 2017 las emisiones habían aumentado. México calcula que las emisiones totales de GEI oscilaron para este año alrededor de 734 Mt de CO2 equivalentes. Para ese año las emisiones de GEI destacan la Industria de la Energía (25.9%), Transporte (24.5%), Ganado (10.1%), Industria Manufacturera y de la Construcción (9.3%), Procesos Industriales y Usos de Productos IPPU (7.7%), Residuos (6.6%), Emisiones Fugitivas (6.3%) y otros sectores (5.3%). Esto significa que entre 2015 y 2017 México no había logrado disminuir sus emisiones.

¿Cuáles son las Contribuciones Nacionales que Determina México?

De acuerdo con el Art. 63 de la Ley General de Cambio Climático (LGCC), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con la colaboración técnica del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y en el marco de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), es la responsable de coordinar el proceso de actualización de las Contribuciones en materia de Mitigación de GEI y de Adaptación al cambio climático.

Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional presentadas por México en 2015 de Mitigación y Adaptación incluyeron las No Condicionada a factores externos, donde se asumió el compromiso de reducir un 22% los GEI lo cual significa una reducción de alrededor de 210 megatoneladas (Mt), y una reducción del 51% de Carbono Negro para el 2030.

La reducción al 2030 No Condicionada será en los siguientes sectores, de mayor a menor: Transporte, Industria, Generación de electricidad, petróleo y gas, agricultura y ganadería, residuos y residencial/comercial.

Las prioridades en la reducción de Carbón Negro en un 51% y en un 70% Condicionada, son, por orden de importancia: transporte, generación eléctrica, residencial y comercial, petróleo y gas, industria, agricultura y ganadería, residuos, forestal y cambio de uso de suelo. Esta reducción de emisiones de GEI implicaría que la intensidad de carbono se reduciría en alrededor de 40% entre 2013 y 2030.

El compromiso de reducción de los CCVC y de los GEI se podrá incrementar de manera condicionada si se adoptara un acuerdo global que incluya, por ejemplo, un precio al carbono internacional, ajustes a aranceles por contenido de carbono, cooperación técnica, acceso a recursos financieros de bajo costo y a la transferencia de tecnología, todo ello a una escala equivalente con el reto del cambio climático global. Bajo estas condiciones, las reducciones nacionales de carbono negro podrán incrementarse a 70% y las de GEI alcanzar un 36% al 2030, llegando a reducir al 2050 el 50% del volumen de las emisiones con respecto a las registradas en el año 2000.

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El Escaramujo 104: MINERÍA Y DEUDA, Y la lucha digna del Ejido de Carrizalillo, Guerrero

Publicada el 08/09/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

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Entre todos los megaproyectos implementados en América Latina, consideramos que la minería es uno de los que genera mayor deuda pública a los gobiernos y a los pueblos, además de ser de las actividades extractivas de mayor violencia física, psicológica, económica, política y cultural. El impacto social y ambiental es tan descomunal que las dimensiones de la destrucción de pueblos, culturas, vidas de defensores y defensoras de sus territorios, ecosistemas, suelos, cuencas, montañas y bosques son irreversibles. Este Modelo Extractivo Minero se caracteriza por la apropiación privada en manos de grandes empresas mineras de territorios indígenas, campesinos o de Áreas Naturales Protegidas bajo la lógica del mercado, el lucro y la mayor ganancia a toda costa.

El Modelo Extractivo Minero afecta a todo el conjunto de los derechos humanos. Además de minar la soberanía alimentaria de los pueblos y la biodiversidad, muchos otros efectos son irreversibles. La contaminación de las cuencas, las presas de jales y la utilización de miles y miles de toneladas de cianuro, con el uso intensivo desde uno a tres millones de litros de agua por hora para lixiviar el oro, marcan la pauta del impacto social y ambiental en todo nuestro continente.

Los Ríos contaminados y disputando las empresas el agua a los pueblos y las comunidades vecinas provocan saldos de grandes conflictos sociales con consecuencias irreparables como el asesinato de lideres y lideresas por la defensa del territorio y del medio ambiente, o comunidades desplazadas y empobrecidas. El uso de energía, agua y devastación de territorios es intensa. Y por si fuera poco, son raquíticos los empleos que genera.

Considerada un actividad esencial durante el confinamiento decretado por los gobiernos a causa del COVID-19, las mineras no sólo continuaron su actividad extractiva sino que obligaron a los trabajadores a asistir a las instalaciones provocando pérdidas humanas por los contagios de la pandemia. Aprovechando el confinamiento y la imposibilidad de defender las tierras y territorios, las mineras continuaron su expansión.

El aporte del Modelo Extractivo Minero al Cambio Climático es enorme. La deforestación, la pérdida de sumideros de carbono y el alto grado de emisiones de Gases Efecto Invernadero, hacen del sector minero uno de las principales actividades del calentamiento global. Y pese a ello, el sector minero pretende fortalecer un discurso en el sentido de que su actividad extractiva es sustentable, verde, limpia, amable con el medio ambiente y que sus empresas son un derroche de responsabilidad social.

Las empresas mineras no asumen los costos sociales y ambientales de su actividad extractiva tan destructiva. Intentan justificar que la necesidad de la Transición Energética de fuentes no renovables e hidrocarburos a fuentes renovables, la minería es esencial para dotarle de insumos a la tecnología de que demanda las energías renovables y así modificar la Matriz Energética, y bajo el mismo esquema del Modelo Extractivista. Ahora, el litio se ha convertido en un mineral estratégico para la nueva tecnología de las fuentes renovables colocando a otros países en el escenario de la nueva disputa geopolítica de los territorios.

Es aquí donde estriba uno de los hilos conductores de la enorme deuda pública que genera este sector minero. Por un lado, los Tratados de Libre Comercio firmados por prácticamente todos los países del Caribe y de América Latina con Estados Unidos Canadá, la Unión Europea, entre otros, condiciona la eliminación de aranceles a la importación y exportación de minerales extraídos en la región. De la misma forma la condonación de impuestos y otras facilidades administrativas y hacendarias para favorecer sus inversiones en el territorio nacional, repercute en menores ingresos al estado que podría usar en el gasto social, por lo que recurre al endeudamiento con la supuesta Banca Multilateral de Desarrollo (BMD).

Para facilitar la labor a este sector, los gobiernos han tenido que modificar su Constitución y leyes secundarias que de igual manera sus estudios son financiados por la BMD o el Fondo Monetario Internacional lo que provoca un aumento de la deuda externa del estado. A tal efecto, los gobiernos se han visto obligados a modificar leyes en materia ambiental para flexibilizarlas a favor de las inversiones mineras, pero también en materia de agua, minería, hacienda, inversión extranjera directa, seguridad, tierras y energía, entre otras.

Todo ello para cumplir con tres condiciones básicas que la inversión extranjera exige: seguridad jurídica, seguridad en la tenencia de la tierra y seguridad social. Esto último implica la modificación de los códigos penales con el fin de criminalizar la protesta social que se ejerce contra las empresas mineras por sus afectaciones socioambientales. Además, muchos países han firmado Tratados Bilaterales de Inversión con el fin de garantizar el poder demandar a los gobiernos que impidan o bloqueen por alguna razón las inversiones extranjeras.

En este marco, según ISDSImpactos el Banco Mundial, vía el CIADI, recibe el 78% del total de las demandas de las empresas contra los gobiernos de América Latina y el Caribe. De los 42 países de la región, 22 de ellos han sido demandados por las empresas extranjeras, y suman 282 demandas contra los gobiernos que representan el 29% del total mundial, donde Argentina, Venezuela, México, Ecuador, Bolivia y Perú cuentan con 206 de esas demandas que equivalen al 73% del total.

Por su lado, República Dominicana cuenta con 6 demandas; Barbados, Grenada y Trinidad y Tobago con una cada país caribeño. Hasta el momento, los países de América Latina y El Caribe han tenido que pagar más de 31 mil millones de dólares a las empresas extranjeras que los han demandado cuyo monto podrían solucionar la pobreza en 16 países de la región. De todas las demandas el 23% se refieren al sector de minería, gas y petróleo. El 36% de las demandas provienen de empresas de Estados Unidos, Canadá y Europa. Así, pueblos y gobiernos terminan más endeudados.

Por tanto, si las empresas mineras no pagan o evaden impuestos, exigen devolución de millones de dólares de impuestos, no pagan aranceles, no pagan la reparación de los daños sociales y ambientales, ¿quién asume este costo? Si es necesario modificar las leyes para facilitar sus inversiones, ¿quién asume este costo? Si hay desplazados, enfermos de cáncer, demandas de los pueblos, necesidad de hospitales, reubicación de poblaciones, proyectos productivos o algún miserable subsidio o reparación económica a los afectados por la empresa minera, ¿quién paga esto? Si es necesario limpiar las aguas, compensar la deforestación, la pérdida de suelos, la contaminación del aire, cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas o los compromisos de bajar las emisiones de Gases Efecto Invernadero, ¿quién paga los costos? Así, gobiernos y pueblos terminan asumiendo en sus espaldas los costos de la ambición y riqueza de las empresas mineras.

Si no hay recursos del estado por la falta de captación de ingresos como sucede con el el sector minero, ¿de dónde salen los recursos para facilitarle los caminos, los puertos, los aeropuertos, las represas para que tengan energía, el tendido eléctrico, entre otras infraestructuras que requiere la extracción de los minerales? ¿De dónde salen los recursos del estado para el gasto social como escuelas, clínicas rurales, medicamentos, apoyo a la educación superior, entre otros derechos humanos que el estado debe garantizar, proteger, velar y procurar, se ejerzan? Todavía más, el sector minero busca los créditos blandos de los fondos públicos de la BMD o los créditos de carbono.

Si las empresas mineras demandan a los gobiernos vía los Tratados Bilaterales de Inversión o los Tratados de Libre Comercio, ¿de dónde salen los recursos para pagar tales demandas? Si sucede una crisis financiera y económica del capitalismo, ¿es el sector minero uno de los que hay que recuperar y salvar con fondos públicos?

En este marco, la deuda que provoca el sector minero en los países del Caribe y América Latina es enorme. Una deuda en materia social y ambiental del cual los países de la región son los verdaderos acreedores. Sin embargo, los gobiernos acuden al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al Banco Caribeño de Desarrollo (BCD), al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), o al Banco de Desarrollo de América Latina con el fin de solventar los estragos del sector minero, para crear la infraestructura que demanda su actividad extractiva o para paliar las consecuencias que dejan a su paso, ya que no será Vancouver a donde se lleven los millones de litros de agua con metales pesados, sino qué éstos se abandonan en los territorios indígenas y campesinos, ni los millones de toneladas desperdicios tóxicos.

A Canadá se llevan sólo su lingote de oro que hoy alcanza los dos mil dolares la onza en el mercado internacional. Por cierto, cabe señalar que la empresa canadiense GoldCorp ha llegado a donar millones de dólares a los sistemas de salud de ciudades en Canadá, mientras deja a comunidades y pueblos empobrecidos con enfermedades como el cáncer en México, Honduras y Guatemala.

Es esta misma minera canadiense que en la comunidad de Carrizalillo ha provocado desplazados, muertos, enfermos, y un territorio devastado por una mina de dimensiones descomunales. La mina de Gold Corp que luego fue comprada por Leagold Mining y ahora Equinox Gold, todas han incumplido los contratos con los Ejidatarios. Siguen provocando destrozos y muerte.

Ahora, nuevamente las familias ejidatarias han decidido cerrar la mina Los Filos el 3 de Septiembre de 2020 por el incumplimiento del contrato. Enfermedades, destrucción de las fuentes de agua, entre otros incumplimientos al contrato que siguen violando los derechos humanos. Y no es el único caso de incumplimiento de contrato con los ejidatarios en el país.

Si el gobierno incumple los Tratados de Libre Comercio las mineras están blindadas con mecanismos para demandar por millones de dólares que los pueblos pagan de sus fondos públicos. Los gobiernos tienen que pagar hasta los gastos legales en que incurrieron las empresas durante el proceso de demandar a un gobierno.

Pero si son las empresas las que incumplen los contratos simplemente criminalizan la lucha legítima y legal de los pueblos que son afectados directamente en sus territorios, y son ellos, no la empresa ni el gobierno, quienes tienen que asumir los costos de su defensa, el desgaste económico y social que les genera la resistencia contra las violaciones a los derechos humanos. Esto implica más deuda que los pueblos se ven obligados asumir y que no les son resarcidos los costos de su lucha legal y justa.

Si hay una vacuna para combatir el Modelo Extractivo Minero es la Agroecología. Las alternativas agroecológicas protegen los bosques, enriquecen los suelos, potencializan la biodiversidad, enraizan a los pueblos en sus territorios y fortalecen su pertenencia legal y cultural. La Agroecología protege los ríos y las fuentes de agua, asegura la soberanía alimentaria de los pueblos y combate el Cambio Climático. La Agroecología es una práctica anti sistémica frente a este capitalismo depredador.

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El Escaramujo 103: EL CORREDOR INTEROCEÁNICO

Publicada el 25/08/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

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El proyecto que nunca logró el gran capital imponer en la región durante más de 100 años, el primer gobierno de supuesta izquierda bajo la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pretende imponerlo pese a la resistencia del movimiento indígena, campesino y social de la región que en las últimas dos décadas se volvió a levantar contra este megaproyecto, cuando nuevamente fue anunciado por el entonces presidente Vicente Fox en el año 2000, en el marco del lanzamiento del Plan Puebla Panamá (PPP). Así, En Junio de 2019 AMLO publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que imponía el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y en Marzo del 2020 el Estatuto Orgánico. Se espera su funcionamiento a partir del año 2023 y con una inversión de 20 mil millones de pesos.

El Corredor Interoceánico es el multi Megaproyecto más ambicioso del país que hila a otros ubicados en el Sur-Sureste. En el Corredor el Presidente pretende colocar los más grandes despojos de los territorios y los bienes comunes naturales. A este multi Megaproyecto se le unen las refinerías de Dos Bocas, la explotación petrolera y de Fracking, los proyectos de gasoductos, oleoductos y de represas en Chiapas, Puebla, Oaxaca y Veracruz; los parques eólicos de Oaxaca; la ampliación de los puertos de Coatzacoalcos en Veracruz y Salina Cruz en Oaxaca; la supercarretera que cruzará Chiapas de Sur a Norte y que unirá la comunicación turística con el Tren Maya que a su vez alimentará el comercio hacia el Corredor Interocéanico. También las plantaciones de palma de aceite, la extracción minera, las posibles regasificadoras para sacar el excedente de gas al mercado asiático; la ampliación de infraestructura aeroportuaria, la instalación de infraestructura para los parques industriales de automotrices y maquiladoras. Todo ello encaminado a facilitar a las empresas transnacionales sus mercancías rumbo al mercado internacional reduciendo tiempos y costos de un puerto a otro, aumentando el valor agregado y sus ganancias, y tratando de humanizar la peor lógica del capitalismo con los supuestos “Polos de Desarrollo para el Bienestar”. El extractivismo será voraz y de todo tipo, de territorios, de bienes comunes naturales y culturales, de mano de obra y de todo aquello que pueda alimentar la cadena de valor mientras las mercancías transitan de un puerto a otro despojando a los pueblos y absorbiendo todo a su paso.

El Istmo de Tehuantepec será la línea divisoria del país, el proyecto cortafuegos que generaría un muro físico con las vías ferroviarias, pero también un muro político, económico y militar de contención de la migración de población pobre e indígena del país así como la proveniente de Centroamérica, pero también para el tráfico y el crimen organizado. (Ver Mapas de Geocoumunes).

El Tren Maya que también estará compuesto por supuestos “Polos de Desarrollo”, desde Palenque, Chiapas, se pretende unir con otras vías férreas hacia el puerto de Coatzacoalcos y de ahí a Salina Cruz. Así, el Corredor Interocéanico también estaría alimentado en su trayecto de 10 “Polos de Desarrollo para el Bienestar” y marcará especialmente al Istmo de Tehuantepec como el epicentro de la recomposición territorial y económica, que inaugurará una nueva etapa de disputa geopolítica en la región Mesoamericana. Se disputará las tierras a indígenas y campesinos, así como el agua y la energía. Los conflictos socio ambientales prometen agudizarse en la medida en que los pueblos de la región van conformando redes de resistencia y lucha para defender sus territorios. Es una región con mucha violencia y crimen organizado. El Corredor Interocéanico está ubicado en una región altamente sísmica y con estrés hídrico. Su instalación acarreará el despojo de territorios ejidales y comunales, elevará los costos de las tierras, de los productos básicos y de los servicios. Será una intervención territorial, política, económica, cultural, social y militar de dimensiones insospechadas e irreparables.

Como es costumbre de la actual administración, el Corredor Interocéanico primero se diseñó, se conformaron los intereses, los objetivos, los presupuestos, los planes y trazos, y luego se simuló la consulta a la población indígena y campesina de la región. No fue a ellos a quienes se les preguntó primero qué “desarrollo” desean para su región, cómo quieren vivir, cómo quieren que se gestionen el agua, los ríos, los territorios, la vida digna, sino que primero se Decretó el Corredor Interoceánico para beneficio de los grandes intereses económicos y para alimentar el mercado internacional, bajo el argumento que se les llevará progreso, empleo y bienestar a la población. Pareciera que el bienestar no lo puede definir la libre autodeterminación de los pueblos, si no solo con la intervención del gran capital, sus empleos y su Modelo Extractivo.

Cabe recordar que México ha firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) que obliga al Estado a sujetarse a las demandas de las trasnacionales en caso de que consideren que el gobierno viola los acuerdos comerciales. México es uno de los países más demandados en América Latina por las trasnacionales, especialmente de Canadá, Estados Unidos y Europa. El Corredor Interoceánico pondrá al país en un escenario más vulnerable por el impacto financiero, territorial, geopolítico y de incidencia de intereses trasnacionales muy poderosos que se instalarían en la región. Si bien AMLO no es anti capitalista, ciertamente es anti neoliberal pero en algunas cosas, en muchas otras no lo es, y en otras, bajo las condiciones actuales del Modelo Estado Corporativo, es imposible serlo. No se puede soñar un antineoliberalismo cuando el Estado y la economía está sujeta y dependiente del andamiaje corporativo y empresarial.

¿Qué dice el Decreto y su Estatuto?

Mucho se ha escrito ya y aún se debate en diversos escenarios sobre el Corredor Interoceánico. Por ahora queremos hacer énfasis en lo que dice el Decreto y su Estatuto para entender su esencia. Para ello rescatamos y resumimos la información que nos parece relevante con el fin de dimensionar el funcionamiento, la influencia y el rol que tendrá este ente estatal.

Sabemos que la alternativa a los males sociales y a la crisis sistémica que actualmente vivimos no puede encontrarse dentro del mismo sistema para que arribe la justicia social. En el marco de este sistema no existe la industria sustentable, limpia, ecológica ni verde. Tampoco lo convierte el hecho de transitar la Matriz Energética hacia las Energías Renovables bajo el mismo Modelo Extractivo como ya lo hemos abordado en El Escaramujo 102. Desde esta perspectiva, el Decreto irónicamente dice considerar que el Corredor garantiza el desarrollo nacional integral, el desarrollo industrial sustentable, el “fortalecimiento de la la Soberanía de la Nación y su régimen democrático”. Se considera que es inaplazable el pleno ejercicio de la “libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, así como de los pueblos indígenas” en la región del Istmo de Tehuantepec, para lo cual la “competitividad”, el fomento del crecimiento económico y el empleo, así como una más justa distribución del ingreso y la riqueza, son condiciones indispensables. Que el Estado mexicano considera prioritario el desarrollo regional del Istmo de Tehuantepec y para ello tiene el propósito de alentar y proteger la actividad económica que realicen específicamente el comercio internacional. Son demasiados supuestos. Como si no existieran las asimetrías en la competitividad y ésta distribuyera la riqueza a los pueblos indígenas y el ingreso a los trabajadores y migrantes maquiladores; como si todos los recursos en beneficio del comercio internacional favoreciera el ejercicio de la soberanía nacional.

El Objetivo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se resumen en prestar servicios administrativos portuarios en Coaztacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, y su interconexión por medio de un tren que mueva las mercancías. Será un Organismo Público Descentralizado, “con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado”, y con oficinas en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Su patrimonio estará formado por aportes del gobierno federal, quien subsidiará al comercio internacional especialmente de las grandes trasnacionales para el beneficio del mercado asiático.

Los tres niveles de gobierno, todos los sectores, todos los tipos y tamaños de empresas y todos los recursos naturales se pretenden vincular al Corredor para integrarse en la cadena productiva y de valor en beneficio del comercio internacional de las grandes empresas trasnacionales. Las inversiones serán públicas y privadas para construir la infraestructura física necesaria, así como la social y productiva; o en su caso modernizarla o mejorarla. Así, según los casos, se buscará la participación de los sectores público, privado y social. También se concertará los esfuerzos y coordinación entre los tres niveles de Gobierno (Federal, Estatal y Municipal).

Por tanto, los Presidentes Municipales serán un foco de presión política fuerte para la implementación de toda la Plataforma Logística que abarcan los puertos de ambos lados, la interconexión con el tren durante todo su recorrido por sus territorios, los ductos, las carreteras paralelas al tren, los aeropuertos, servicios de combustible, la infraestructura eléctrica y los Polos de Desarrollo para el Bienestar, ya que serán los “polígonos al interior del Istmo de Tehuantepec quecontarán con incentivos para atraer la inversión que detone el desarrollo económico y social de laregión, con base en las vocaciones productivas con mayor potencial”. Al final, la presión serámayúscula sobre los Ejidos y Bienes Comunales.

La Dirección y Administración del Corredor se conformará por una Junta de Gobierno. El Director General será nombrado por el Presidente de la República. La Junta de Gobierno será el órgano supremo de la Administración, quienes contarán con voz y voto, no recibirán sueldo por ello y estará integrada por los Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien lo presidirá,el Subsecretario y la Subsecretaría de Egresos; de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT); de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de la Dirección General de Programación y Presupuesto «B» de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y otro de la Secretaría de Economía; dos representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y un representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario,Territorial y Urbano (SEDATU).

El Corredor tendrá la participación de las Unidades Administrativas siguientes: Unidad de Desarrollo Regional y Bienestar Social (Planeación y Diseño de Estrategias para el Desarrollo;Diseño de Estrategias para el Desarrollo y Articulación de Políticas Públicas; Desarrollo del Sector Agroalimentario y Agroindustrial; Cadenas Productivas Agroindustriales; Desarrollo y Estrategia del Sector Productivo Industrial y el Bienestar; Fomento a Programas de Apoyo y Desarrollo de Sectores Productivos; de Incentivos y Mecanismos de Facilitación; de Estrategia de Financiamiento para el Desarrollo, Investigación, Tecnología e Innovación; de Financiamiento para el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec). La Unidad de Infraestructura y Transportes (Coordinación General de Proyectos, Transporte y Energía); y la Unidad de Promoción de Inversiones y Desarrollo Comercial(Promoción de Inversiones, y Coordinación General de Desarrollo Comercial); la Unidad de Administración, Finanzas y Tecnologías de la Información (Recursos Humanos, Materiales y Tecnologías de la Información, y Coordinación General de Tesorería, Presupuesto y Contabilidad); y la Unidad de Transparencia. La Coordinación General Jurídica, la Dirección de Control de Gestióny Compromisos Gubernamentales.

La Junta de Gobierno y todo su andamiaje institucional, tendrá, entre otras funciones:

Impulsar y definir los “Polos de Desarrollo para el Bienestar”; los perfiles de las industrias y empresas que se instalarán en ella a lo largo del Istmo de Tehuantepec; la infraestructura logística, social y de servicios necesarios en el Istmo y para las empresas; y las bases para el otorgamiento de concesiones y concursos públicos.
Vincular al sector social, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en la provisión de bienes y servicios en la región del Istmo de Tehuantepec, incrementar su producción, agilizar el traslado y la provisión oportuna de materias primas, bienes y servicios vinculados. para integrarlas a las cadenas productivas y con las cadenas globales de valor.
Mejorar el marco regulatorio que permitan reducir el tiempo y costo del cumplimiento delos trámites y requisitos que las personas físicas y morales que deseen realizar actividades económicaso la instalación u operación de unidades de producción.
Para el funcionamiento de la Plataforma Logística (puertos, carreteras, aeropuertos, ductos, y su interconexión del ferrocarril), crear estrategias integrales de la infraestructura, para la planeación,financiamiento, construcción, operación y comercialización del sistema de transporte, energía y en general de los servicios unificados multimodales con valor agregado para el transporte de las mercancías, la infraestructura eléctrica y de combustibles.
Realizar estudios, consultas, análisis y proyectos en temas de planeación, ordenamiento territorial, sustentabilidad e infraestructura, capital humano, así como de políticas públicas complementarias en el Istmo de Tehuantepec.
Coordinar esfuerzos con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que el desarrollo económico y social de la región del Istmo de Tehuantepec “preserve la cultura, costumbres y la identidad de sus pueblos indígenas”; diseño de los protocolos de consulta específicos en colaboración con el Instituto Nacional de los Pueblo Indígenas.
Identificar el mercado laboral y vincular al sector académico.
Impulsar proyectos para el el desarrollo social en la región del Istmo.
Incluir en la cadena productiva del Corredor las actividades de agricultura, ganadería,pesca, acuacultura, aprovechamiento forestal, agroindustrial, agroalimentaria, y cualquier otra actividad que tenga relación con la colaboración de los productores, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas y actores del sector.
Crear las facilidades administrativas, beneficios, incentivos y apoyos para los sectores social, las comunidades, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.
Atraer financiamiento para la infraestructura a corto, mediano y largo plazo. Vincular a las empresas que se instalen en el Corredor con la Banca de Desarrollo y/o Comercial.
Integrar los proyectos de inversión de las empresas e instituciones nacionales e internacionales interesadas en participar.
Establecer centros de investigación, tecnología e innovación en la región del Istmo de Tehuantepec

Los conflictos socio ambientales…

El Corredor Transístmico del Istmo de Tehuantepec ha levantado nuevamente el conflicto con las comunidades afromexicanas, indígenas y campesinas por donde se pretende trazar su ruta por sus impactos ambientales y el despojo de las tierras para el beneficio del comercio internacional. Los sectores afectados directos confirman que no han sido informados de forma adecuada, que no se ha respetado su derecho a la libre determinación de sus territorios pese a los amparos presentados. Porotro lado, se denuncia que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la empresa“Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SA de CV” contiene errores y omisiones graves.

Los movimientos sociales manifiestan que otros proyectos de supuesto “desarrollo” en la región delIstmo en los corredores industriales y petroquímicos no han beneficiado a la población. Basta conobservar la pobreza, la contaminación del aire, suelos y ríos en la región de Coaztacoalcos, el deteriorode la infraestructura y el abandono de las localidades aledañas.

La presencia del crimen organizado es muy fuerte y se refleja en violencia, secuestros, drogadicción,feminicidios, asesinatos, cobros de derechos de piso, desaparecidos, prostitución, trata de personas,entre otras problemáticas que subsisten alrededor de la industria petrolera. Con ello, un aumento de lamilitarización además de otras problemáticas como la inflación, la desigualdad social y la migración.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es una intervención física y territorial compuestapor muchos megaproyectos interconectados que acarreará un impacto social y ambiental lamentable sinprecedentes. Los pueblos sostienen que hay otras formas, por medio de la autonomía y laautodeterminación, como se pueden generar mejores condiciones de vida, no para alimentar al sistema,sino para alimentar la esperanza de los pueblos de que es posible un mundo donde quepamos todas ytodos con dignidad.

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El Escaramujo 102: LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y el Nuevo Modelo Energético

Publicada el 10/08/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

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Desde hace muchos años se advierte la necesidad de eliminar los hidrocarburos como fuente de energía y como combustible para alimentar el sistema actual de vida, de producción y de consumo en todo el planeta. La actividad extractiva de petróleo, gas y carbón acelera irremediablemente el Cambio Climático y los Gases Efecto Invernadero. Las afectaciones sociales y ambientales que ya se agudizan intentan ser drenadas por los supuestos esfuerzos de los gobiernos mediante compromisos que nunca se cumplen y que se postergan a las siguientes décadas cada vez que se reúnen en sus cumbres climáticas. Se insiste en modificar la Matriz Energética Mundial con Energías Renovables pero sin alterar el modelo extractivo, privado y centralizado desde la producción, la transportación, la distribución y el consumo de la energía eléctrica.

Ante tal emergencia, hay quienes desean el cambio radical y mutante, de la noche a la mañana. Otros, para lograr el cambio de la Matriz Energética proponen una “Transición” pero que cada quien entiende de diversa manera; y unos con más urgencia y otros con más paciencia. Para algunas opiniones la transición significa solo un cambio de fuente de energía aunque fueran renovables, mientras que para otros implica una “Transición Justa” con características muy específicas y que se encamine hacia la disminución de los efectos que ahora se sufren por el actual modelo energético, hacia otro paradigma y con otra forma de gestionar la energía.

Así, una Transición del actual Modelo Energético modificando la Matriz Energética y con Energías Renovable. Pero, ¿cómo y hacia dónde? Saltan en el horizonte muchos conceptos como la soberanía energética, seguridad energética, autodeterminación energética, agua y energía no son mercancía, o la energía como un derecho. Pero, la energía, ¿es un derecho o un derecho humano? Cuando hablamos de ‘energía’ ¿nos referimos a la ‘energía’, a la ‘electricidad’ o a la ‘energía eléctrica’? También se discute sobre el papel de las políticas públicas, de la democracia energética; sobre la participación, las consultas y las alternativas, aunque poco sobre el capitalismo. Estas temáticas se tornan cada vez más importantes entre los sectores académicos, ambientalistas, ONG’s, gobiernos, pero también entre los pueblos y los movimientos sociales. Pues bien, aquí abordamos una reflexión sobre estos elementos para alimentar el debate.

La energía, ¿un “derecho” o un “derecho humano”?

Y es que no es lo mismo. Cuando nos referimos a que “tengo derecho” lo usamos en el sentido de que es legítimo querer, hacer o pensar o no en algo, cuyo motor es la voluntad y lo casuístico del querer o no querer. Que se pude renunciar a ello sin que se vea condicionada la felicidad o menoscabe la existencia humana digna, independientemente de si está estipulado ese querer en alguna norma o ley. Es también cuando se dice que tenemos “derecho a decir ‘no”, porque se puede renunciar a ello.

Sin embargo, sabemos que la vida humana, como cualquier otra, no sería posible sin ‘energía’ y que por lo tanto no podemos renunciar a ella. Sin la energía solar no habría vida, alimentos, viento, movimiento, lluvia, biodiversidad, agua dulce o polinización. Todos estos elementos se interrelacionan y son condiciones para la existencia. Y la ‘electricidad’ es una forma como se manifiesta la ‘energía’. Pero ello, la ‘energía’ sí es un ‘Derecho Humano’ y un ‘Derecho de la Naturaleza’ en la medida en que sin ella no es posible la existencia misma. Porque es el principio de la vida. Pero, ¿y la ‘energía eléctrica’? ¿Es un ‘derecho’ o es un ‘derecho humano’? ¿Podemos renunciar a ella o no? ¿Determina los derechos humanos?

El primer registro del Homo Sapiens, de los “humanos”, data de hace 315 mil años. Pero es hasta algunos pocos miles de años que se se conoció la existencia de la ‘electricidad’ presente en nuestro mundo. Sin embargo, sólo hace menos de 200 años se conoció la ‘energía eléctrica’ como la conocemos hoy en día y de la cual la humanidad prescindió durante milenios. Y ahora, es imprescindible para la vida actual. La ‘energía eléctrica’ se descubre dentro del capitalismo, por ello se convierte en una mercancía y por tanto con patente. En la medida en que avanzó el sistema ha hecho que la energía eléctrica sea imprescindible. Sin ella hoy no tendríamos acceso a otros derechos humanos necesarios para existir y hacerlo de manera digna, ya que todos los derechos humanos se complementan, se interrelacionan, son progresivos y son interdependientes como la alimentación, la seguridad, el trabajo, la vivienda digna, la atención de la salud en un hospital, el acceso a la educación en unas instalaciones físicas, al agua cuando tenemos que almacenarla o extraerla, transportarla y consumirla; o para generar frío o calor artificial con el fin de protegernos de las adversidades climáticas. Para todo ello y más requerimos de la ‘energía eléctrica’.

No solo para vivir dignamente sino incluso para sobrevivir en este sistema capitalista la ‘energía eléctrica’ es indispensable. Por ello es un derecho humano, un bien público que no pueden tener un dueño ni ser una mercancía. De ahí la famosa consigna de los pueblos de que “el agua y la energía no son mercancía”, ya que no puede ser un mero “servicio” ni estar en propiedad de una persona o empresa, sino que es de toda la humanidad para que pueda existir de manera digna. Para ello se generan mecanismos, leyes e instituciones con el fin de que todas las personas y los pueblos tengan acceso, y hoy le llaman a eso ‘políticas públicas’ que alguien debe organizar, lo que en el capitalismo denominamos ‘Estado’, quien debe proteger, vigilar y velar por que esos derechos humanos y colectivos se ejerzan.

Sin embargo, no basta una cuota de energía mínima per cápita para garantizar el derecho humano a la energía eléctrica, porque el actual Modelo Extractivo ya impide el goce de otros derechos humanos. Es necesario modificar el sistema de vida porque cuando se garantiza el ejercicio de los derechos humanos también se abusa de ellos. Existen abusos, trastornos, fundamentalismos, excesos y/o enfermedades alimenticias, académicas, laborales, recreativas, religiosas, de acumulación de bienes y de viviendas, de libre opinión, sanitarias, entre otras muchas, y por supuesto de la energía eléctrica con el derroche, el abuso o usos que no ofrecen necesariamente el acceso a otros derechos humanos sino a más enfermedades sistémicas.

Pese a todo ello, podemos decir que la ‘energía’ es un ‘derecho humano existencial’ y que la ‘energía eléctrica’ es un ‘derecho humano sistémico’, porque sin ella no podemos sobrevivir en este sistema, aunque en otros sí se pudo.

La energía no debe ser un tema exclusivo ni monopólico de empresas, gobiernos, ingenieros, intelectuales o ambientes académicos, sino debería ser un concepto, reflexión y realidad apropiada por los pueblos. Porque la energía es la vida. Pero, ¿de dónde obtenemos la energía eléctrica para satisfacer las necesidades? Esto se refleja en la ‘Matriz Energética’. Otro tema será cómo la obtenemos, cómo la producimos, la manejamos, la transportamos y la consumimos. Eso lo refleja el Modelo Extractivo.

La Matriz Energética

La ‘Matriz Energética’ no es otra cosa que una radiografía de las fuentes primarias y secundarias y los porcentajes que se usan en una región determinada, en un país, continente o en el mundo. Esta puede variar con el paso del tiempo. Por ejemplo, en América Latina la energía se obtiene en un 34% del Gas Natural, el 31% el Petróleo, el 19% de la Biomasa (carbón vegetal, bagazo y leña), el 8% de la Hidroelectricidad, el 6% Solar, el 1% Geotermia, el 1% Nucleoeléctrica. Esto es en promedio, ya que en cada país la Matriz Energética cambia ya sea porque se cuenta con energía nuclear o se usa más biomasa, porque no cuenta con represas hidroeléctricas o dependen de la importación de gas o gasolina. También puede variar porque se cuenta con energía geotérmica, parques eólicos o solares; o ya sea porque se descubren nuevos yacimientos petrolíferos en su territorio, porque las fuentes no renovables se agotan, o porque no se cuentan con los recursos para comprarla a otro país. También se dan casos en los países donde existen grandes fuentes de energía renovables o no renovables, pero no se cuenta con la tecnología ni con el dinero para acceder a ella. Razones, hay muchas.

Como podemos observar, la Matriz Energética Mundial está basada principalmente en el consumo de hidrocarburos, una energía no renovable que tarde o temprano se agotará. El Calentamiento Global es ya alarmante y se acelera en la medida en que la demanda de energía y de hidrocarburos aumenta año con año pero no así las mejores condiciones para los pueblos. Los efectos del Cambio Climático están impactando fuertemente sobre los derechos humanos.

Existen desigualdades profundas entre continentes, entre los países y al interior de estos de tal manera que el consumo de energía por persona (consumo per cápita) es muy desigual, muy injusto o con pocas posibilidades de acceso en términos económicos o geográficos. Hay ciudades y regiones que cuentan con todos los servicios, otros sectores en que los altos derroches de energía son alarmantes o con un consumo enorme de energía como son la industria, la minería, los servicios turísticos, entre otros. Todo ello a costa de regiones y sectores pobres, urbanos, campesinas e indígenas con altos índices de ‘pobreza energética’.

Esta Matriz Energética refleja un Modelo Extractivo intenso, privatizado, centralizado y a gran escala, con enormes megaproyectos para genera energía a costa de la apropiación de grandes extensiones de territorios; subsidiados por el estado y entregados en manos de pocas empresas trasnacionales. Megaproyectos de energía que implican ingentes consumos de agua y energía, con altos costos al consumidor, con desplazamientos de población, pérdida biocultural y de la biodiversidad y otras afectaciones sistemáticas a los derechos humanos, y otros enormes daños socio ambientales en muchas ocasiones irreversibles.

Por ello, el nuevo discurso gira en torno a cambiar y transformar la Matriz Energética eliminando los combustibles fósiles. Pero, ¿para qué?, ¿para dónde? No hay consenso en la respuesta. Para algunos será con el objetivo de eliminar la contaminación, combatir el Cambio Climático, descarbonizar la economía y el planeta entero, para eliminar los Gases Efecto Invernadero (GEI) o combatir la pobreza energética. Para otros intereses corporativos el objetivo consiste primordialmente en seguir buscando las mejores oportunidades de inversión, de negocio, de mercado, de ganancia, aunque sea pintando de verde cualquier opción y lucrando con créditos de carbono. Pero, independientemente de ello, para cambiar y transformar esta Matriz Energética, ¿se puede hacer de un día a otro? Obviamente que no, imposible una mutación de la Matriz Energética de un momento otro. Por eso se llama ‘transición’ que significa el movimiento de un lado a otro en un lapso de tiempo determinado. Sin embargo, ¿existe un cambio significativo si sólo sustituimos una fuente por otra pero con el mismo Modelo Extractivo? Consideramos que tampoco.

La Transición Energética, ¿para dónde, para qué y cómo?

Pese a la crisis global sistémica que enfrentamos producto de la pandemia del COVID-19, no toda la población está consciente de la necesidad de vivir de otra forma, de no regresar a la “normalidad” que ha causado precisamente esta crisis, y menos de evitar una “nueva normalidad” que sólo pretenda pintarla de verde y mitigar sus efectos para continuar con el mismo modelo de extracción de bienes comunes naturales, renovables o no renovables; el mismo modelo de producción y consumo, o que sólo sea una adaptación de sobrevivencia sin atender las causas profundas de esta crisis.

Ciertamente es urgente y necesario modificar la Matriz Energética en todo el mundo. No podemos seguir así, no se puede continuar infinitamente extrayendo hidrocarburos a este ritmo tan acelerado, ni continuar con la carbonización del planeta. Pero nos enfrentamos a muchos retos aunque no imposibles de sortear. Las empresas trasnacionales dueñas de los hidrocarburos no querrán dejar el negocio de vender petróleo, gas, carbón y sus derivados hasta exprimirles el último dólar de su ambición. Son gigantescas empresas las que controlan las voluntades y las políticas de los gobiernos, los precios y los mercados. Las corporaciones dueñas de la tecnología que usan hidrocarburos tampoco cederán tan fácilmente. La dependencia del transporte, de la producción de alimentos, del tipo de consumo y de la generación de energía eléctrica es de tal magnitud que no podría modificar de un día para otro esta multipandemia. De nada servirá si continuamos con el mismo consumo y consumismo que alimenta el mismo modelo extractivista aunque cambie la Matriz Energética. No hay planeta que soporte esto. Incluso hay países que invirtieron muchos recursos en energías fósiles o renovables, o en infraestructura, para la supuesta demanda de energía que llegaría con las inversiones y que nunca sucedió, pero sí aumentaron los conflictos socioambientales y la deuda externa de los países.

Es obvio que requerimos de un proceso paulatino para transitar. Y la crisis ambiental la antoja más rápido que lento. Pero, ¿hacia dónde queremos transitar? Cuando no vemos el objetivo o el horizonte nos quedamos discutiendo sobre el material para construir un puente que nos lleve a otra orilla pero no sabemos a cuál, y en realidad es hacia la misma orilla, hacia más de lo mismo. Ese horizonte diferente es el nuevo paradigma, el nuevo sistema. Podremos cambiar la matriz energética, pero si es bajo el mismo modelo extractivo y para hacer y consumir de la misma manera, regresamos al mismo punto.

Para descarbonizar la vida y el planeta, eliminar la extracción de hidrocarburos, es necesario modificar los patrones de producción y los hábitos de consumo de la sociedad que es de lo más difícil de cambiar. De verdad ¿estamos dispuestos a modificar el consumo? La crisis del COVID-19 nos obligó a ello, pero no fue por virtud o voluntad propia de la humanidad.

La Transición Energética implica hablar de la transición de la Matriz Energética. Y es urgente no sólo porque se agotan los combustibles fósiles, por sus impactos socio ambientales y planetarios, por el desarrollo violento que genera, sino porque sobre todo subyace a ellos la urgente necesidad de la Transición de Sistema. Sin embargo, la Transición Energética no se reduce a una Transición Minera si sólo cambiamos de tecnología y fuente de energía. Insistimos en que no basta cambiar de fuente, aunque sea renovable, sino que es urgente cambiar de modelo para extraer, producir y consumir. Es urgente plantear un nuevo modelo de vida, un paradigma de sociedad con otra forma de sentirse integrada en la naturaleza. La solución no está en la misma lógica capitalista. La resistencia a ello lleva a crear los discursos de economía verde, a plantear el sistema actual como inevitable y solo pretender ‘humanizar’, ‘mitigar’ y ‘compensar’ el mismo modelo extractivo ya sea sobre energías renovables o no renovables.

La Transición Energética no es un fin, ni un medio, sino un proceso con características que abarquen una “Transición Justa” que implica no continuar emitiendo Gases Efecto Invernadero, eliminar los combustibles fósiles paulatinamente aunque rápido y a la par invertir en tecnologías alternativas. Una transición que incluya a la población desfavorecida en el acceso a la electricidad y que mejore las condiciones de vida, que genere procesos descentralizados y modifique el modelo extractivo en que se ha basado la explotación de los hidrocarburos. Una Transición Justa debe contemplar la justicia climática, la perspectiva de la energía como derecho humano y no como mercancía, como un recurso común y público; incluye políticas públicas que garanticen el acceso mínimo universal, que combatan la obsolescencia programada e impulse campañas con el fin de generar conciencia en la urgente necesidad de transitar en los hábitos de consumo.

La Transición Justa implica equidad, democracia, transparencia, sustentabilidad, sin conflictos socio ambientales, con una distribución equitativa de costos y beneficios, con el reconocimiento de la injusticias y las adecuadas reparaciones de los daños socio ambientales; que reduzca las asimetrías de poder en la planeación, producción, distribución y goce de la energía eléctrica. Una ‘Transición Justa’ donde el Estado apoye la creación de experiencias de generación y distribución de energía en micro, pequeñas y medianas escalas por medio de cooperativas y otras formas asociativas locales adecuadas a la población tanto urbanas como rurales, descentralizadas, locales, territorializadas, con gestión local, participación social, con respeto a la autodeterminación de los pueblos, de manera soberana y autónoma pero también solidaria con otras regiones. Con tecnologías apropiadas. Incluso el uso de biomasa a pequeña escala, del biogás doméstico y otros insumos energéticos primarios no fósiles, bien usados y con la tecnología apropiada, han demostrado que son efectivos y sustentables y revierten la estigmatización del uso de la biomasa ligada a la pobreza energética para justificar el acceso a la energía solo por medio del sistema eléctrico centralizado y corporativo.

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El Escaramujo 101:LAS REPRESAS EN OAXACA

Publicada el 03/08/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

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En el presente sexenio Oaxaca es una de las entidades más amenazadas en el país por los efectos de los megaproyectos planeados para el estado y para el resto del Sur-Sureste. Los proyectos mineros siguen generando grandes conflictos socioambientales además de los proyectos de represas. El Oleoducto, la infraestructura eléctrica, los parques eólicos, la ampliación del puerto en Salina Cruz y el Canal Interoceánico que partirá al estado y que incluirá diez centros o polos de desarrollo maquilador tendrán consecuencias socio ambientales irreversibles.

Hay otros proyectos aledaños que impactan también en el territorio oaxaqueño como la Refinería Dos Bocas en Tabasco, la explotación petrolera en Veracruz, Chiapas y Tabasco; El Tren Maya en la Península de Yucatán que aumentaría el tráfico de mercancías y turistas; la ampliación de puertos y aeropuertos, entre otros, mantiene al estado de Oaxaca en el epicentro nacional de la reconfiguración territorial y geopolítica, donde el capital disputará los territorios a los Ejidos y Bienes Comunales, a los pueblos y sus culturas.

Todos estos megaproyectos demandan enormes cantidades de energía, agua, mano de obra barata, tierras, y otros insumos para el beneficio del comercio internacional. Es el ofrecimiento de todos los bienes comunes para beneficio de las grandes trasnacionales, entendiendo el ‘desarrollo’ como ofrecer trabajo mal pagado a los pobres, a la población indígena y campesina.

Será Oaxaca el estado rompefuegos de toda la región Mesoamericana donde una muralla de contención pretenderá cortar al país a la mitad para detener los flujos migratorios y trasladar las condiciones de pobreza y miseria de la frontera norte hacia el Istmo de Tehuantepec. Los diez polos de desarrollo serían ahora el nuevo “Matamoros” o “Reynosa”, como otros asentamientos maquiladoras de la frontera norte. Todo ello en un estado con altos índices de pobreza, de estrés hídrico, con los mayores índices de sismos y violencia, pero también de resistencia y lucha en defensa de los territorios.

Analicemos ahora las intervenciones que se han realizado en las Cuencas de Oaxaca con proyectos de represas, diques, bordos y derivadoras, con lo que se pretende enfrentar esta demanda en términos de agua y energía para alimentar el extractivismo en la región.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), en México existen actualmente 4 mil 462 presas, de las cuales 667 son grandes represas principalmente para la generación de energía eléctrica.1 En el caso de Oaxaca solo resalta la Presa Hidroeléctrica Miguel Alemán (Temascal) construida en 1955, y se ha priorizado en los últimos años la generación eólica con gigantescos parques en manos de trasnacionales extranjeras que han ocasionado fuertes conflictos socio ambientales. Estas serán las que se beneficiarán por la demanda de energía de los megaproyectos en la región, aunque desde hace años los gobiernos en turno han mantenido la intención de construir las represas hidroeléctricas Paso de la Reina y Río Verde, sobre las que el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) mantiene una fuerte resistencia en la defensa de uno de los ríos más caudalosos de Oaxaca. Sin embargo, existen otros tipos de presas e intervenciones sobre el agua superficial de las Cuencas.

Desde el año 1550 hasta el 2019 la CONAGUA ha logrado documentar2 la construcción en México de un total de 6,225 represas, derivadoras y bordos en todo el país a lo largo de estos 469 años, independientemente de su tamaño, objetivo y constructor. A estas se sumarán otras 112 “pequeñas” represas que el gobierno actual pretende construir entre 2018 y 2024 y repotencializar 64 represas de las ya existentes.3

En el caso de Oaxaca que representa el 4.8% del territorio nacional, a lo largo del periodo señalado, el agua superficial de sus cuencas ha sido intervenidas en sus ríos, arroyos y afluentes con 167 obras artificiales como son los bordos, los diques, las derivadoras y las represas para el almacenamiento de agua, riego e hidroeléctrica en 81 municipios que representan el 14.21% de total de 570 con los que cuenta la entidad oaxaqueña. Todas estas 167 obras representan el 2.6% del total del país.

En Oaxaca existen pequeñas presas o embalses comunales de captación de agua y para el riego amenazadas por la sequía o la contaminación, como son las presas El Estudiante y La Azucena. Sin embargo, se destacan 4 Grandes Presas que han generado fuertes impactos socio ambientales. En ellas, la resistencia de las comunidades indígenas y campesinas fueron fuertemente reprimidas y sin ninguna acción de resarcimiento. Divisiones comunitarias, familiares y precarización de los desplazados fue el saldo de ellas.

1) Presa Pte. Miguel Alemán (Temascal): Construida en 1955 con una cortina de 76 metros de altura es abastecida por el Río Tonto y tiene una capacidad de 8,119 hm³. El propósito original fue el riego agrícola y ahora también es para el control de avenidas e hidroeléctrica.
2) Presa Benito Juárez: Construida en 1961 para el riego pero también para proporcionar el agua que requiere la paraestatal PEMEX, cuenta con una cortina de 86 metros de altura y una capacidad de 947 hm³.
3) Presa Yosocuta: Construida en 1969 para fines de riego dota de agua potable a Huajuapan y comunidades aledañas pese a sus aguas contaminadas con aguas residuales.
4) Presa Pte. Miguel de la Madrid (Cerro de Oro): Construida en 1988 para la irrigación tiene una capacidad de 2,599 hm³ y cuenta con una cortina de 70 metros de altura. Generó un desplazamiento de alrededor de 26 mi personas indígenas y campesinas.

Todas las 167 obras entre represas, bordos y derivadoras están ubicadas en regiones Sísmicas. La mayoría en Sismicidad Alta con un total 114, y en Sismicidad Media un total de 53. Por otro lado, Oaxaca registra alrededor del 25% de los sismos del país.

Entre los tres elementos claves que mantienen a las represas en la insustentabilidad en el territorio oaxaqueño son las inundaciones, las sequías y los sismos, factores que azotan el Estado.

Por un lado las tormentas tropicales han logrado que los embalses sean rebasados con las consecuentes inundaciones y afectaciones a las comunidades. Por otro lado, las sequías en Oaxaca han provocado los niveles más bajos de las presas lo que ha permitido ver las iglesias y cerros que originalmente habían quedado bajo el agua. Esta inestabilidad pluvial es una de las razones de la insustentabilidad de las represas.

Los constructores en Oaxaca de las intervenciones en los tipos de obras mencionados han sido diversos a lo largo de la historia, entre ellos Asociaciones de Usuarios, Ejidatarios, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Gobierno del Estado y gobiernos municipales, particulares; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) que existió entre los años 2000 y 2018; la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) que funcionó entre los años 1946 a 1976; la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) entre 1976 y 1994; la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA) y el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO).

De las 167 obras construidas en Oaxaca, CONAGUA solo tiene registro histórico de su fecha de construcción de 103 de ellas. Cabe señalar cómo entre las décadas de 1960 y 1979 se dieron el mayor número de las obras y de las mayores represas.

Todas las obras se han construido sobre más de 40 Ríos, entre ellos Tequisistlán, Ocotlán, Salado, Teotongo, Tejúpam, Río Verde, Atoyaquillo, Blanco, Calabaza, Chicapa, Coapa, Río de la Cantera o La Pita, Garcés, Río Grande, Huajuapan, La Bomba, La Raya, Las Cucharas, Los Perros, Mixteco, Negro o Grande de Huitzo, Papaloapan, Prieto, San Antonio, San Antonio Monteverde, San Bernardo, San Felipe, San Pedro, Santo Domingo, Tehuantepec, Tonto, Tsundaa, Yerolea, Zempoalatengo, Río de la Y, El Matadero, El Palenque, Río Grande, Morán y San Francisco.

También se han intervenido más de 60 Arroyos, entre otros, Arroyo de los Montes de Donají, El Estudiante, La Ciénega, La Pe, Piedra del Sol, Río Grande, La Concordia, Andaruca, Arenal, Blanca, de La Cruz, El Bayito, El Boquerón, El Cántaro, El Capitán, El Capulín, El Colorado, El Encinal, El Guatabo, El Nazareno, El Palenque, El Rincón, El Rito, El Sabino, El Salado, El Veinte, Expiación, Higo Macho, La Azucena, La Cruz, La Noria, La Pila, La Soledad, Las Ahumadas, Los Hornitos, Los Ocotitos, Los Sabinos, Monjas, Salado, San Juan, Vigoldi, Agua del Ramón, Agua del Ramón, Cañada de León, Cañada del Burro, Cañón del Veinte, El Alambrado, El Cajón, El Cantarito, El Cuajilote, El Guayabal, El Gusano, El Morón, El Saucito, El Sauz, El Ticulute, La Estancia Chica, Arroyo Seco, Yanee, Cañada de Agua, Cañada de la Palma, Cañada El Pedernal, Piedra del Muerto.

La CONAGUA distingue 3 Regiones en las que han sido intervenido el agua superficial en Oaxaca con estas obras. Un total de 11 en la Región del Balsas, 13 en la Región Golfo Centro, y 143 en la Región Pacífico Sur.

Por otro lado, distingue las 16 Cuencas sobre las que se han intervenido con estas 167 obras: Río Atoyac-Paso de la Reina (26), Río Atoyac-Salado (21), Río Atoyac-Tlapacoyan (72), Río Espíritu Santo (1), Río Grande (2), Río Los Perros (2), Río Mixteco (13), Río Salado (11), Río San Antonio (9), Río Santo Domingo (1), Río Sordo-Yolotepec (3), Río Tehuantepec (2), Río Tequisistlán (1), Río Tlapaneco (1), Río Tonto (1), Río Verde (1).

Otra forma en que CONAGUA identifica geográficamente las intervenciones de los cuerpos de agua con estas 167 obras son por medio de las 5 Regiones Hídricas: Costa Chica de Guerrero (122), Tehuantepec (17), Papaloapan (16), Balsas (11) y Costa de Oaxaca (1).