Compartimos este video de Amigos de la Tierra Internacional ATI sobre la situación en Colombia – A 8 de junio del 2021
Llamamos a los pueblos en lucha de todo el mundo a solidarizarse con el pueblo colombiano, con sus movimientos y organizaciones populares. Y a exigir juntas/os al derechista gobierno de Iván Duque que cese las violaciones de los derechos humanos y la pandemia de asesinatos que ha desatado, y resuelva las causas estructurales de la violencia en el país.
Envía cartas a la Embajada de Colombia en tu país repudiando el accionar del gobierno, y a la Procuraduría y la Defensoría colombianas exigiendo medidas con funcionarios de la Fuerza Pública por las violaciones a los derechos humanos.
Compartimos esta nota de Chiapas Paralelo sobre el retorno de familiar de las Abejas de Acteal a su comunidad – A 21 de mayo del 2021
*Las familias se refugiaron en el campamento de Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, y “su único delito: la resistencia frente a la violencia que viene del estado”.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dio a conocer que, 6 familias tsotsiles -30 personas en total- originarias de Río Jordán, Colonia Miguel Utrilla, Los Chorros del municipio de Chenalhó, e integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, retornaron este 20 de mayo de 2021, a su comunidad luego de permanecer un año, nueve meses y cuatro días en desplazamiento forzado interno.
Mencionaron que, desde el 16 de agosto de 2019, Las Abejas de Acteal no habían desistido a la búsqueda de un retorno seguro y digno para sus compañeros, esto con la demanda del diálogo ante las autoridades oficiales locales, municipales y estatales para el respeto a su autonomía y libre determinación.
Dicho retorno se dio en un contexto de falta de protección a las personas en situación de desplazamiento forzado interno en Chiapas, así como a la falta de verdad y acceso a la justicia.
El Frayba recordó que, familias de Rio Jordán y Los Chorros, fueron desplazadas de manera violenta de su comunidad, donde destruyeron y saquearon algunas de sus casas, así como el corte de luz y agua, por no aceptar proyectos gubernamentales.
En donde María Angélica Jiménez y María del Carmen Jiménez Ramírez, ambas niñas fallecieron en el periodo del desplazamiento forzado (26 de febrero de 2020 y 1 de mayo de 2021, de manera respectiva) provocando un profundo dolor no solo a sus familias sino a toda la organización.
El Día del Niño falleció María del Carmen Jiménez Ramírez, desplazada con sus papás en Acteal. Cortesía: Las Abejas de Acteal
Jiménez Ramírez nació desplazada en Acteal hace seis meses, con una vida corta difícil, pues vivir hacinados en un pequeño cuarto de madera con piso de tierra y compartir una cocina entre seis familias, donde la leña húmeda y el humo tupido se penetra en los pulmones de las mujeres, niñas y niños.
La noche del 29 de abril, Jiménez Ramírez no pudo dormir de llanto, cuando sus papás la llevaron al hospital en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, el día 30, la carretera en malas condiciones, la distancia entre Acteal y el hospital, la indiferencia del tráfico vehicular y la desesperación hicieron que se complicara su situación.
La pequeña niña murió en el marco de desplazamiento forzado, en un México en donde los pueblos originarios son despojados de su territorio, pero sobre todo en donde no se garantizan los derechos, ni la vida de las niñas y niños.
Ante dicho contexto, la CDH dijo que, el mensaje del estado mexicano es que no se garantiza los derechos de las niñas y niños a una vida libre de violencia y a la integridad personal.
Enfatizaron que, la violencia contenía, los municipios más visibles son: Aldama, Chalchihuitán, Chilón, Pantelhó, y Venustiano Carranza, además el desplazamiento forzado interno es uno de los fenómenos históricos que han sido invisibilizados, entre otros por la falta de respuesta del Estado, que permite la vulneración continua y múltiple de derechos, enmarcándose en tratos crueles, inhumanos y degradantes y tortura.
Las familias que ahora retornan, han perdido parte de su historia en Rio Jordán y Los Chorros, sus bienes materiales y mantienen el dolor profundo frente a la incertidumbre del desarraigo territorial, mientras la situación no se resuelva, mencionó el Frayba.
Añadieron que, ante el hartazgo de promesas incumplidas, las familias decidieron retornar en compañía de algunas de las autoridades de la Mesa Directiva de Las Abejas de Acteal, colectivos en solidaridad a su proceso de paz, autoridades religiosas, organizaciones de derechos humanos, observación internacional y medios de comunicación.
Hacemos responsable al Estado mexicano de la vida, salud, integridad y seguridad personal de las 30 personas que hoy retornan a su comunidad; exigimos la reparación integral del daño que se les ha causado frente a su lucha por la defensa de la vida, acentuó el CDH.
Reafirmaron que la tortura ya no es exclusiva de personas privadas de la libertad o como método de represión a movimientos sociales o de resistencia, sino que en la actualidad se presenta dentro de las dinámicas del desplazamiento forzado interno que ocurren en el estado.
Familias desplazadas de Aldama, Chiapas. Fotos: Luis Enrique Aguilar
Por último, se sumaron a la exigencia de justicia al estado mexicano para que garantice la vida, salud, seguridad e integridad de las seis familias y para que atienda la situación desde la raíz, detenga los hechos de desplazamiento forzado interno y aplique los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención sobre los Desplazamientos Internos, para asegurar el respeto a los derechos humanos de la población.
Imagen: Retorno de las familias de Río Jordán, Colonia Los Chorros, Chenalhó. Cortesía: Frayba
Comunicado de Amigos Internacional ATI en solidaridad con el pueblo palestino – A 19 de mayo del 2021
Amigos de la Tierra Internacional condena los ataques continuos de Israel contra Palestina, que incluyen escandalosos bombardeos a mujeres y niños/as, infraestructuras civiles y lugares densamente poblados, y ataques a edificios que albergan a medios de comunicación, amenazando el derecho a la libertad de información.
Durante décadas, la ocupación israelí le ha negado a la población palestina el acceso y control de sus tierras, fronteras y recursos naturales. La ocupación es fuente de graves violaciones de los derechos humanos y ambientales del pueblo palestino, incluyendo por contaminación, destrucción de medios de sustento y acaparamiento de tierras y agua, leyes de planificación discriminantes y desplazamiento y desalojos forzosos.
Los violentos ataques recientes contra el complejo de la mezquita de Al-Aqsa en la Ciudad Vieja de Jerusalén, los ataques aéreos sobre la Franja de Gaza sitiada ocurridos tras una campaña persistente y sistémica de represión y opresión por las fuerzas de ocupación en Jerusalén Oriental, y los planes israelíes de expulsar por la fuerza a la población palestina de sus hogares en Sheikh Jarrah ponen al desnudo un patrón de desprecio flagrante por la vida, los derechos humanos y el derecho internacional.
Aljazeera informó el 18 de mayo de 2021 que los bombardeos de la sitiada Franja de Gaza por las fuerzas israelíes, que ya llevan dos semanas, han segado la vida de al menos 201 palestinas/os, entre ellas/os 58 niñas/os y 35 mujeres, según las autoridades sanitarias de Gaza. Más de 1300 personas más han sufrido heridas. Israel informa que al menos 10 personas, dos de ellas niñas/os, perdieron la vida en los ataques de Hamas con cohetes.
Condenamos el uso de armas letales contra la población civil y objetivos civiles que ponen en riesgo la vida de civiles.
Además, hay más de 38.000 palestinas y palestinos desplazados internamente en Gaza, según la ONU, que están buscando refugio en 48 escuelas del Organismo de Socorro de la ONU para los Refugiados Palestinos (OOPS/UNRWA) a lo largo y ancho de ese territorio costero. Esa cifra incluye no menos de 2.500 personas cuyos hogares fueron completamente destruidos por los bombardeos israelíes recientes. Conseguir agua y comida también se está tornando difícil.
Estas agresiones ocurren en medio de una pandemia contra la que el sistema sanitario de Gaza está luchando con un número cada vez mayor de casos de contagio con Covid-19. Los ataques actuales contra la Franja de Gaza sitiada han obligado al personal médico a reducir o suspender la atención de pacientes con Covid-19, reasignar sus camas en los hospitales a las/os heridas/os y lidiar con instalaciones averiadas.
Llamamos a la comunidad internacional a sumarse a nuestro repudio de esos ataques:
Pídele a tu gobierno que se manifieste en contra de esta violencia y exija el cese de estas aborrecibles injusticias provocadas por Israel.
Emprende acciones para que cese la Nakba de Palestina y la masacre en Gaza sumándote a las manifestaciones de protesta que se estén llevando a cabo en tu zona organizadas por palestinas/os y movimientos de solidaridad con Palestina, u organízate con más personas para convocar una protesta si no hay ninguna planificada.
Lleva pancartas y carteles condenando la agresión actual contra Gaza y Sheikh Jarrah.
Comparte fotos y videos ampliamente en las redes sociales.
Amigos de la Tierra Internacional insta urgentemente a todos/as los líderes y lideresas mundiales a que terminen de una vez por todas con la ocupación de los territorios palestinos por Israel, un Estado que viola el derecho internacional a diario amparándose en la ausencia de cualquier tipo de rendición de cuentas. Exhortamos a la comunidad internacional a que intervenga de forma inmediata para detener los crímenes de Israel y reitere su llamamiento a las Altas Partes Contratantes del Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 para que cumplan con sus obligaciones.
Expresamos nuestra solidaridad internacionalista inquebrantable y constante con PENGON/ AT Palestina y el pueblo palestino y exigimos el cese inmediato de la ocupación de los territorios palestinos y el fin de esta violencia escandalosa.
Compartimos este artículo de Tlachinollan publicado en Sin Embargo – A 14 de octubre de 2020
Pasan los días y las noches sin que las y los indígenas desaparecidos vuelvan a sus casas, al contrario, la violencia delincuencial continúa. Las desapariciones y asesinatos siguen marcando la historia de México. Muchas personas desaparecidas fueron truncadas de sus sueños, unas forman parte de las estadísticas de cuerpos que yacen en las barrancas, en los cerros y fosas clandestinas.
A propósito, el pasado miércoles 7 de octubre del año en curso Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), presentó un informe histórico de 2006 a septiembre de 2020 del Registro Nacional de Fosas Clandestinas donde existen 4 mil fosas y 6 mil 900 cuerpos exhumados en el país. Destacar que Guerrero ocupa uno de los primeros lugares con 383 fosas clandestinas y 563 cuerpos exhumados. Mientras que, con el gobierno actual, durante las labores de búsquedas, han encontrado “mil 257 fosas clandestinas y se han exhumado mil 957 cuerpos en territorio mexicano. En el caso de Guerrero, Acapulco cuenta con 61 fosas y 33 cuerpos exhumados, detalló.
Estas estadísticas muestran una minúscula parte de la radiografía de la violencia que, sin las historias, memorias de las personas ausentes, sólo serían un cúmulo de números en el tiempo.
La región de la Montaña no sólo es permeada por la violencia macrodelincuencial sino, además, la pobreza extrema que sufren las comunidades indígenas por falta de viviendas, salud, educación; el aumento con un registro de siete muertes maternas, seis feminicidios y muertes infantiles en esta región. Una violencia que es invisible, pero que provoca muerte de personas y afecta la vida.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan cuenta con un registro de 32 personas desaparecidas tan solo de 2018 a 2020. Del 2019 a la fecha, la Comisión Nacional de Búsquedas de Personas (CNB), la Fiscalía General del estado de Guerrero, la Comisión Estatal de Personas Desaparecidas, el Colectivo Luciérnaga (integrado por familias de las citadas 32 personas desaparecidas) y Tlachinollan, han realizado aproximadamente cinco búsquedas con resultados alentadores y crueles a la vez para las familias que buscan a sus seres queridos. Fueron 79 hallazgos de restos óseos de personas. Barranca Honda, Colonia Contlaco, Barranca 7 Cueros y Colonia el Ahuaje, Los Tres Postes son lugares donde cayeron las sombras del crimen para enterrar esas 79 historias, en una ocasión se encontró a una familia de cuatro integrantes en una fosa clandestina.
Para comprender la radiografía de la violencia en esta región inhóspita de Guerrero es importante dar el contexto en el que se inscriben las funestas desapariciones y los asesinatos. En un primer momento podríamos citar la violencia endógena en las comunidades, que se expresa por los ajustes de cuentas internas o rencillas personales. El olvido por parte de las autoridades y órganos de procuración justicia para prevenir los delitos, en el marco de múltiples agravios, la gente no le queda más que hacer justicia por propia mano. Este fenómeno de la violencia se da en varias comunidades de la región de la Montaña sean Na Savi, Me’phaa o nahuas. Por ejemplo, el municipio de Copanatoyac, Tlapa, Tlacoapa, Ayutla de los Libres, entre otros, son ilustrativos de la violencia endógena. Las consecuencias se percibían en la desolación de los pueblos, familias desplazadas, con el hambre y sin educación. Digamos que anteriormente esta violencia existía en la región de la Montaña, comenta Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan.
Sin embargo, en una nueva ola de violencia el 11 de diciembre de 2006 (Pereyra: “México: violencia criminal y «guerra contra el narcotráfico», 7 de mayo de 2012: https://bit.ly/34Ge9cX), “una vez que los pactos que tenían con el gobierno priista se disolvieron con el gobierno de transición del PAN, los cárteles de la droga iniciaron una guerra. En los cárteles se dan las escisiones, se generan y se van esparciendo grupos delincuenciales en todo el territorio mexicano. El descontrol es imparable”, en opinión de Vidulfo Rosales. El ex presidente, Felipe Calderón, declara la guerra al narcotráfico, lo que pasaría -sin alguna estrategia militar y sin conocer la capacidad de fuego del enemigo- sería un río de sangre y de lo que Juan Villoro llamaría la realidad esquizofrénica (Paullier: 10 años de la guerra contra el narcotráfico en México: Juan Villoro habla sobre la esquizofrenia del país y por qué “toda bala es una bala perdida”, 11 de diciembre de 2016: https://bbc.in/3dcsjq6). Así empezó todo.
En este marco referencial de la violencia, Guerrero no será la excepción. La guerra entre los grupos de la delincuencia es sin cuartel. Poco a poco empiezan a ingresar a grandes centros de poblaciones de la Montaña. Uno de los primeros municipios azotado por la violencia sería Chilapa, varias de sus comunidades ya sembraban y cultivaban la amapola y la mariguana; una actividad que los campesinos hacían desde hace tiempo, pero aún no había un involucramiento entre los productores y la maquinaria delincuencial.
Para Vidulfo Rosales “los años 2006, 2008 y 2009 empezará a entrar la delincuencia a Chilapa, que colinda con comunidades del municipio de Atlixtac y de Acatepec de la región de la Montaña alta. En estos espacios, por ejemplo, la delincuencia organizada controla la venta y la compra de la amapola. Fue, entonces, que sin querer el campesino se enganchó en esa ola delincuencial, obviamente para estos momentos se va centrando la violencia en estos lugares”.
Rosales Sierra, continúa, parecía que Tlapa por la tradición de lucha, siendo que fue donde nació el magisterio democrático de Guerrero en los años 70 y 80, y movimientos importantes como el de Othón Salazar Ramírez, la lucha de Genaro Vázquez Rojas que se concentró en muchas comunidades de la región. Todas esas ideas de luchas sociales, la lucha por los derechos de los pueblos indígenas como la policía comunitaria que pugna por un cambio social, de mejoras de vida en las familias, esto, por tanto, fue en cierta medida la contención de la violencia, por eso Tlapa y sus comunidades, tarda un poco más en llegar.
Pero los enfrentamientos entre grupos delincuenciales fueron arreciendo en Chilapa. La presencia policial y militar aumentó, así la violencia se dispersó hacía Tlapa. La ruta de trasiego de la droga era Chilapa, Chilpancingo, Iguala, hacia norte del país hasta llegar a Estados Unidos, complicado por las confrontaciones entre grupos delictivos con los asesinato y desapariciones de personas a la luz del día desde 2015 al 2018, en su máximo apogeo. Ante una ruta de trasiego bastante minada y no costeable para la empresa delincuencial, se bifurca una nueva ruta que va a ser Tlapa, Huamuxtitlán, Puebla, Veracruz y de ahí hacía Estados Unidos. Tlapa adquiere importancia como una “plaza” para los grupos delictivos y como consecuencia natural, se agudiza la violencia.
En el año 2010 y 2011 estuvo un jefe de la “plaza” en Tlapa sumamente violento, sanguinario, donde se registraron los primeros asesinatos. Más tarde fue detenido y todo el grupo que operaba fue aniquilado, las cosas se tranquilizaron por un espacio de unos meses.
Después volvió a cobrar vigencia la violencia por otro jefe de “plaza” que no era muy visible, pero mucho más violento porque se empezó a darse un fenómeno que no se había presentado: la desaparición forzada. En el 2017 se registraron muchos asesinatos, secuestros, levantones -como se conocen en argot delictivo- y desapariciones forzadas, se escucha entre dientes de la vox populi en Tlapa.
En Tlachinollan, sobre todo en 2018, empezamos a registrar un repunte de desapariciones forzadas y de secuestro a la orden del día. En 2019 fue el pico, se llegaron a contabilizar más de 70 asesinatos y más de 24 desapariciones. Abundaban los secuestros, de 4 o 5 personas por semana, uno al día.
Recordaremos, dice Vidulfo Rosales, que una vecina, frente a las instalaciones de Tlachinollan, fue privada de su libertad, desaparecida por un grupo armado. Estamos a una cuadra del Ayuntamiento Municipal, donde está la policía preventiva, a otra cuadra la policía ministerial, sin embargo, resulta increíble que un grupo delictivo viniera eso de las 14:00 horas enfrente de la oficina, a plena luz del día. Nadie dijo nada. Eso nos habla de la impunidad que este grupo gozaba y de su connivencia con las autoridades en Tlapa.
La radiografía completa de la violencia se va a tener en el 2019 cuando desaparecen Arnulfo Cerón Soriano. Es cuando la delincuencia se mete con la lucha social, toca a los luchadores sociales y agrede a los defensores de derechos humanos. La desaparición de Arnulfo fue vista como una amenaza a los defensores en la región y en el país. Las organizaciones de derechos humanos siguen condenando este hecho exigiendo justicia y castigo a los culpables.
Nos dimos cuenta cómo operaba la maquinaria de la delincuencia con el Ayuntamiento, con las policías municipales, otros cuerpos de seguridad: un modus operandi para privar de la libertad a las personas, asesinarlas, utilizar máquinas pesadas para cavar fosas clandestinas y enterrar cuerpos a gran profundidad. Muy difícil es la búsqueda de personas. En el caso de Arnulfo Cerón fueron los perpetradores quienes dijeron cuál era el paradero y así se encontró.
Esa es la radiografía de la violencia que se vive en la Montaña, con el caso de Arnulfo se vino a frenar de manera temporal, pero aún continua porque son grupos económicos, grupos de comerciantes, de políticos, policiacos y militares involucrados. Entendemos que es como una empresa criminal, que a muchos actores les reditúa y se ven beneficiados por este tipo de negocio que tiene que ver con el secuestro, la extorsión, el cobro de piso, lavado de dinero, venta de droga, robo de carros. La red criminal sigue intacta y por lo mismo el negocio de la macrocriminalidad continúa. El caso Ayotzinapa, con la desaparición de 43 estudiantes, está ilustrando claramente la red de la macrocriminalidad.
Lo preocupante de todo es que al parecer el gobierno del estado de Guerrero no está interesado en desmantelar las redes criminales, formados por políticos, diputados, regidores, presidentes municipales, etcétera.
Es menester mencionar la coyuntura del caso de Arnulfo Cerón para que las autoridades en Tlapa implementen una serie de medidas de prevención para evitar que de nueva cuenta se reposicione el crimen organizado, no obstante, es complicado si las mismas autoridades locales cuestionan que se defienda a un defensor de derechos humanos, desaparecido y asesinado, pero ese cuestionamiento justifica la continuidad de la violencia por crimen organizado.
El gobierno de la cuarta transformación, además de los programas sociales que está implementando para mejorar la condición económica de las personas, tiene que enfrentar a clases políticas, encarcelar a empresarios, diputados, comerciantes de mucho poder económico. Romper la red criminal y los pactos de silencio, debería ser la apuesta. En otras palabras, se tiene que tocar este modelo económico, hay que llegar al banquero que lava el dinero y al empresario que está metido en actividades ilícitas. De lo contrario, puede existir la voluntad de cambiar el estado de cosas, pero será difícil sin desmantelar a los grupos de la delincuencia. Pensando que la apuesta es que la gente tenga acceso a los satisfactores alimentarios, de vivienda, educación para resolver el tema de la violencia podría ser un desatino, sobre todo, considerando que la violencia es visto como un negocio lucrativo del cual no se puede prescindir tan fácil. Por tanto, el sentido común presupone romper con un modelo económico capitalista porque el lastre de la violencia fluye en sus rutas y así sobrevive. Este gobierno le falta mucho. Si sólo revisamos cuando entró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había aproximadamente 35 mil desaparecidos y a la fecha aumentó a 70 mil desaparecidos. Es alarmante la situación tanto que se cataloga como una crisis de derechos humanos o una crisis humanitaria en México.
El México de las fosas clandestinas
El día miércoles 7 de octubre de 2020, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en la presentación del informe histórico de 2006 al 30 de septiembre del 2020 sobre el Registro Nacional de Fosas Clandestinas, señaló que existe un “total 4 mil 092 fosas en todo el país, con un total de 6 mil 900 cuerpos exhumados. Las entidades con mayor número de fosas clandestinas son: Veracruz, con 504 (12.32% del total nacional); Tamaulipas, con 455 (11.12 por ciento); Guerrero, con 383 fosas (9.36%); Sinaloa, con 354 (8.65%); Zacatecas, con 331 (8.09%). En cuanto a los estados con mayor número de cuerpos exhumados de fosas clandestinas, Jalisco ocupa el primer lugar, con 897; y Sinaloa, en tercer sitio, con 613; seguido de Chihuahua, con 595; y, Guerrero, con 563.” (Transmisión en vivo en la mañanera presidencial:https://youtu.be/a904uDYTLbc)
En el gobierno de la cuarta transformación “se han intensificado las labores de búsqueda”, con un registro de “mil 257 fosas clandestinas (30.7 por ciento del total histórico) y se han exhumado mil 957 cuerpos (28.3 por ciento del 2006 a la fecha); de los exhumados en el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2020 hay 806 cuerpos han sido identificados (41.18 por ciento) y 449 fueron cuerpos entregados a familiares (22.94% del total). Así, los municipios con mayor número de fosas clandestinas, localizadas del 1 de diciembre del 2018 al 30 de septiembre del 2020, se encuentran: Tecomán, Colima, con 96 fosas y 164 cuerpos exhumados; seguido por Úrsulo Galván, en Veracruz, con 75 fosas y 17 cuerpos exhumados. Mientras que en tercer lugar se encuentra Ahome, Sinaloa, con 63 fosas y 100 cuerpos exhumados (5.41% del total nacional); Acapulco, Guerrero, con 61 fosas y 33 cuerpos exhumados; en quinto sitio está Mazatlán, Sinaloa, con 48 fosas y 101 cuerpos exhumados (5.46 por ciento del total del país).” (Ibid: https://youtu.be/a904uDYTLbc)
Además, Encinas Rodríguez informó “que el registro histórico señala que del 2006 a la fecha se han reportado un total de 77 mil 171 personas reportadas como desaparecidas, de las cuales 18 se han acreditado durante los últimos dos años”.
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
Denunciamos
que en la madrugada de hoy 26 de febrero del presente año falleció María
Angélica Jiménez Ramírez una bebé de 11 meses, después que sus papás junto con
las autoridades y hermanas y hermanos solidarios lucharon para salvarle la
vida.
La
niña María Angélica estaba desplazada en Acteal junto con sus papás por causa
de desplazamiento forzado que sufrieron de parte de los partidistas del Verde
Ecologista y paramilitares del barrio Río Jordán, cuando les fueron destruidas
y saqueadas sus casas, el pasado 10 de agosto del 2019, todo por negarse a
aceptar cargos que no son comunitarios y
no aceptar una obra de drenaje, fue así que su opción a la resistencia
de nuestros compañeros y compañeras del barrio Río Jordán, miembros de la
Organización de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal, les fueron destruidas
sus casas y pertenencias, este hecho lo denunciamos públicamente el 12 de
agosto de 2019, ver en este link: http://acteal.blogspot.com/2019/08/ataque-violento-integrantes-de-las.html
La
niña María Angélica, murió siendo víctima de desplazamiento forzado y sin gozar
el pleno derecho a la niñez, a la salud y a vivir en paz, así como otras niñas
y otros niños que también estaban desplazados con la niña fallecida, no están siendo
garantizadas sus derechos a la paz mientras vivan desplazados forzadamente.
Queremos
mencionar que el conflicto en el barrio Río Jordán tiene ya 5 años sin
resolverse, aunque el presidente municipal de Chenalhó Abraham Cruz Gómez, se
ha comprometido a intervenir para que dicho problema se resuelva y en
consecuencia, nuestros compañeras y compañeros desplazados retornen con
justicia a su comunidad de origen, pero, hasta la fecha no se ha hecho ningún
encuentro con dicho autoridad oficial ya que sólo ha venido posponiendo las
fechas y así se ha prolongado más el sufrimiento de las y los desplazados.
Ante
la triste pérdida de la bebé María Angélica, es indignante, muere en un
contexto de desplazamiento forzado orquestado actualmente por partidistas del
Verde Ecologista y paramilitares, consecuencia de un conflicto político no
resuelto en Chiapas que causó la masacre de Acteal en el marco del Plan de
Campaña Chiapas 94.
Por
todo lo anterior, los papás de la bebé fallecida junto con los papás y
autoridades de la Organización de Las Abejas de Acteal, decidimos que el cuerpo
de la niña, iremos a enterrarla a su comunidad de origen en el panteón comunitario
del barrio Río Jordán, por lo que pedimos estar pendientes de nuestra
integridad física y psicológica, en caso contrario, haremos responsables al
agente rural del barrio Río Jordán Vicente Pérez Ruiz, al presidente de
Chenalhó Abraham Cruz Gómez y a Rutilio Escandón Cadenas Gobernador de Chiapas.
Desde Acteal, Casa de la Memoria y
Esperanza, a la tristeza por la partida de nuestra hermanita María Angélica, la
luz de nuestros Mártires de Acteal.
Atentamente
La Voz de la Organización de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal.
Imagen: Área de comunicación de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal
En el marco de acciones por las 5 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotziapa compartimos el siguiente informe “Yo sólo quería que amaneciera, impactos psicosociales del caso Ayotzinapa”
Prólogo
El diagnóstico psicosocial y en salud que recoge este informe, es parte de un proceso de acompañamiento a los familiares y víctimas del caso Ayotzinapa. Su objetivo es documentar su experiencia, y convertir ese dolor y sufrimiento en algo útil para escuchar y cambiar.
La idea del diagnóstico nació del trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e invitado por México de acuerdo con los representantes de las víctimas para coadyuvar en la investigación, la búsqueda y la atención a las víctimas del caso. El GIEI empezó a documentar la experiencia de los familiares, heridos y sobrevivientes, como una muestra de lo que se necesita hacer frente al drama de la desaparición forzada. Durante su trabajo, llevó a cabo acercamientos entre los familiares y el Estado y ayudó a tejer las primeras iniciativas de atención. También incluyó en su segundo informe la propuesta de que se hiciera un diagnóstico que ayudara a seguir dando pasos en esa dirección, y estableció algunos criterios como la adecuación al proceso de los familiares, su participación, el trabajo con profesionales de confianza y el apego a los estándares internacionales en la atención a sus derechos, con sus diferentes urgencias y necesidades.
El equipo que cuidadosamente lo ha realizado tuvo la ardua tarea de entrevistar, escuchar, tratar de entender, analizar y narrar algo para lo que no es fácil encontrar palabras. El trauma es inenarrable porque no entra en las categorías con las que contamos. Y la desaparición forzada es el trauma más duro porque además de la tragedia de la pérdida conlleva una dramática incertidumbre, un dolor permanente. Este diagnóstico acompaña y traduce, y sobre todo permite escuchar las voces de las víctimas, sobrevivientes y familiares. El compromiso acordado fue que las propuestas del diagnóstico serían la guía de las políticas del Estado en relación a los familiares y víctimas del caso. Esa es ahora la tarea.
El trabajo psicosocial es un método de trabajo al lado de la gente, con la convicción de que, en los casos de violaciones de derechos humanos, las víctimas y sobrevivientes son el elemento central de cualquier estrategia de transformación. Sin embargo, la historia reciente de muchos de estos casos en México está escrita en la crónica roja que convierte a los muertos y desaparecidos en estadísticas de un abstracto problema de seguridad, que se refiere a cárteles, policías, gobiernos o la militarización, pero que no habla del sufrimiento ni de sus rostros. Los heridos, sobrevivientes y familiares del caso Ayotzinapa son parte de una persistencia que hace visible, junto con otros muchos familiares, esa profunda herida.
En los casos de desaparición forzada, donde la niebla de silencio cubre los hechos y se trata de desviar la atención y ocultar las responsabilidades, la atención psicosocial empieza por el acompañamiento hacia lo que los familiares de desaparecidos más quieren y necesitan: saber la verdad y el destino de sus padres, hijos y hermanos. Asimismo, es necesario brindar apoyo a muchas de las necesidades invisibles que acompañan esa lucha por la verdad y contra la impunidad. El impacto en las familias, la atención psicosocial, los problemas de salud, son parte de los elementos que hay que considerar para el fortalecimiento personal y colectivo. Lo que en estas páginas se encuentra es un tesoro escondido en el que, a pesar del dolor de la ausencia y del desprecio sufridos, laten las ganas de saber y de vivir. El impacto de las violaciones a los derechos humanos, de las amenazas, las heridas, las pérdidas, la desaparición forzada, no puede esconderse debajo de la alfombra, ni se puede dejar de lado. Hay que mirarlo a los ojos.
Este es un trabajo de memoria viva. Hay un antes y un después de los hechos traumáticos para las víctimas y familiares. También lo hay para México. Como señala Hannah Arendt: “Hay tiempos históricos, raros periodos intermedios, en los que el tiempo está determinado tanto por cosas que ya no son como por cosas que todavía no son”. En la historia estos intervalos han demostrado, en más de una ocasión, que pueden contener el momento de la verdad. El intervalo entre el pasado y el futuro no es un contínuum sino un punto de fractura en el que luchamos para hacernos un lugar propio.
El Informe de impactos psicosociales da cuenta de esa fractura. Escucharla es parte de lo que se necesita para generar acciones de atención con respeto y dignidad. En estas páginas se dibujan y proponen algunos de esos caminos que, desde la experiencia de las víctimas y familiares, pasan por la atención psicosocial, la salud, la verdad y la justicia. Esta es una experiencia inédita en México, un ejemplo también para otros casos, para aprender y fortalecer una respuesta adecuada desde las instituciones. Este diagnóstico incluye algunos de esos caminos para hacerlo posible y está tejido de una convicción que es necesario escuchar: ninguna herida se cura sin el bálsamo del reconocimiento.
Dr. Carlos Martín Beristain
Introducción
El 26 y 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, fueron perpetrados una serie de ataques en contra de estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, jóvenes integrantes del equipo de fútbol Los Avispones y población civil que se encontraba en el lugar de los hechos o que acudieron para ayudar a los normalistas. Los ataques generaron indignación en la sociedad mexicana, que se movilizó sobre todo en apoyo a los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en los ataques. Estos hechos también tuvieron repercusiones a nivel internacional; se organizaron eventos de solidaridad en diferentes países y organismos internacionales de derechos humanos se pronunciaron por el esclarecimiento de los sucesos, la búsqueda de los normalistas desaparecidos y la sanción a los responsables.
El 3 de octubre de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) emitió la Medida Cautelar No. 409/141. En seguimiento a las medidas cautelares, y a petición de los beneficiarios, el Estado mexicano solicitó asistencia técnica internacional en la investigación del paradero de los estudiantes normalistas desaparecidos. En noviembre de 2014 se firmó el acuerdo para la asistencia técnica entre la cidh, el Estado mexicano y representantes de víctimas. Este acuerdo establece la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (giei)2, y su mandato: elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. El giei inició su mandato el 2 de marzo de 2015 por un periodo de seis meses, que fue prorrogado por seis meses más. El 30 de abril de 2016 culminó ese periodo. Durante su gestión, el giei emitió dos informes sobre el caso Ayotzinapa.
El giei permitió ampliar y profundizar las líneas de investigación, y el Estado creó la Oficina de Investigación para el caso Ayotzinapa, encargada de continuar la búsqueda de los estudiantes desaparecidos y la investigación de los hechos. En julio de 2016 se firmó un acuerdo para crear un Mecanismo de Seguimiento a las medidas cautelares emitidas por la cidh para el caso Ayotzinapa y de acuerdo a las recomendaciones del giei.
Resumen:Honduras es considerado uno de los países más violentos del mundo con una tasa de impunidad del 90%. Se plantea la necesidad de reconceptualizar los derechos humanos en un país militarmente ocupado por Estados Unidos de América y con una democracia ficticia y donde el respeto a los derechos económicos-sociales es mínimo comparado con los derechos humanos formales de carácter individual, civil y político.
Es un estado Policial Militar y un país «experimento» en golpes de estado, procesos de electorales fraudulentos, Estado de excepción y alta corrupción. En consecuencia, se hace necesario repensar los derechos humanos y prevenir que esta experiencia violenta en Honduras se transplante a todo el continente, lo que hemos llamado: La hondureñización de América Latina.
Propósito: El ensayo que se presenta a continuación tiene como finalidad, desarrollar un replanteamiento teórico y crítico de los derechos humanos (DH) a partir de la génesis de la violencia estructural e histórica que vulnera la totalidad de las relaciones de los seres vivos entre sí, las relaciones materiales, metabólicas, espirituales y culturales entre la sociedad y la naturaleza sobre la producción y la reproducción de la totalidad dialéctica de la vida y de las relaciones sociales que tienen lugar en la formación social concreta de un país mesoamericano como Honduras, cuya realidad social está inserta y articulada a la mundialización del capital.
Lo que ha ocurrido en este país es una serie de ensayos experimentales de la explotación, perversidad política, fábrica de corruptos, tortura y tratos crueles y degradantes; cuyos métodos y prácticas pueden ser reproducidos en otros Estados, particularmente en América Latina.
Introducción: Pensar mediante conceptos y categorías, establecer sus relaciones entre sí en forma dialéctica e histórica a través de la praxis social, es pensar en forma reflexiva y crítica sobre la teoría y práctica de los derechos humanos (DH). Si se parte de lo histórico-real de la emancipación social del sujeto humano donde lo social en su práctica histórica, material, espiritual, política y cultural; es la forma y contenido de la expresión real de los conceptos y categorías como instrumentos que nos permiten comprender la realidad objetiva y subjetiva que enfrentamos para conocerla, interpretarla y transformarla.
Los conceptos referentes a los derechos humanos (DH) deben ser históricos, basados en la vida real y sus necesidades materiales, que se expresan por medio de la economía política de producción, la reproducción social y por medio de las relaciones sociedad-naturaleza (destrucción ambiental, cambio climático global) en el marco de la unidad dialéctica de la totalidad histórica planetaria.
La concepción reduccionista de los derechos humanos (DH) a lo jurídico, al Estado o a la sociedad civil sin considerar las categorías como: la explotación humana, la tasa de ganancia o plusvalía, el conflicto de clase, el patriarcado, la violencia de género, el sexismo, el racismo, la discriminación, la exclusión social (migraciones), la dependencia y las relaciones imperialistas entre los Estados; agravan la situación de los derechos humanos de los individuos, grupos sociales y comunidades.
Sin desconocer los aspectos positivos que tienen algunos conceptos y categorías que tiene la Declaración Universal de los derechos humanos (DH) de La ONU 1948, nuestro punto de partida serán las violaciones a los derechos económicos, sociales, territorios y procesos de conquista, colonización y neocolonización y coloniaje de Honduras.
Comunicado de organizaciones de la sociedad civil – Tapachula, Chiapas, México, a 22 de octubre de 2018
Durante la observación realizada el día de hoy por las organizaciones trabajando en frontera sur, reiteramos nuestro compromiso de continuar monitoreando las acciones implementadas por el Estado mexicano para responder a la emergencia humanitaria derivada por las crisis en Centroamérica, en particular en Honduras.
Han pasado tres días y al menos 200 personas incluidas niñas, niños y adolescentes, permanecen a la espera en el Puente de Guatemala México sin condiciones dignas, a la intemperie y sin ayuda humanitaria gubernamental, con las afectaciones físicas y emocionales que esta situación conlleva.
La asistencia humanitaria sigue estando condicionada a la detención migratoria en la Feria Mesoamericana. Sigue sin haber transparencia, negándose la información sobre las personas detenidas, lo que propicia la separación de las familias, dificulta una respuesta integral y coordinada desde distintas instituciones y contribuye a la incertidumbre, afectando el estado general de las personas. Las condiciones de detención migratoria en ningún caso son aceptables para niños, niñas y adolescentes.
Después de dar una conferencia de prensa en Tapachula, las personas que forman parte del éxodo partieron rumbo a Huixtla, Chiapas. En el camino, se hacen evidentes las consecuencias de lo sucedido en días previos en el desgaste de las personas; de manera visible se observa que niños y niñas presentan cuadros de salud como conjuntivitis, golpes de calor, deshidratación, diarrea, tos, fiebre y cada vez son más frecuentes los signos de agotamiento en la población adulta.
Como efecto del hostigamiento y la tensión de las que han sido sujetas en la última semana, se constata el estado de alerta y de desconfianza, por ejemplo, ante la posibilidad de descansar en un recinto amplio pero cerrado, las personas decidieron dormir en otros espacios ante el temor de ser cercadas y detenidas.
Una vez más, la población ha dado grandes muestras de solidaridad, a pesar de los crecientes discursos de criminalización y xenofobia.
Parte de la emergencia se mueve con el éxodo y paralelamente en el Puente Guatemala-México y en Tapachula persisten las situaciones de riesgo en el incumplimiento de garantías de protección a la vida e integridad de las personas que están entrando al país o que son detenidas por su situación migratoria, así como el riesgo de que sufran daños irreparables, incluyendo graves violaciones a derechos humanos.
Hoy atestiguamos con mucho dolor lo que ayer advertimos; un joven de 22 años cayó de un vehículo en movimiento y perdió la vida buscando salvarla. Retomamos lo dicho en la rueda de prensa: «sabemos que México es un cementerio, por eso estamos viajando juntos».
Firmamos:
Iniciativas para el Desarrollo Humano, Una Mano Amiga en la Lucha Contra el SIDA, AC, American Friends Service Committee oficina Latinoamérica y el Caribe, Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) y Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes AC, Otros Mundos A.C., Médicos del Mundo Suiza, Médicos del Mundo Francia y España y Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC.
Comunicado de organizaciones de la sociedad civil – Tapachula, Chiapas a 21 de Octubre de 2018
Las organizaciones que estamos trabajando en frontera sur, queremos señalar que lo que está ocurriendo en este momento y de lo cual somos testigos, no tiene precedente alguno. Si bien el paso de personas migrantes es un hecho que viene ocurriendo desde hace muchos años, lo cierto es que, desde los años 80, no habíamos tenido noticia de un evento de esta magnitud en el cual miles de personas están buscando, de manera desesperada, ingresar a México con la finalidad de buscar protección. La diferencia sustancial entre lo ocurrido con las personas refugiadas guatemaltecas en la frontera con Campeche y esto que ocurre hoy en Tapachula, radica en que hasta el momento ningún país centroamericano se encuentra en «conflicto armado».
Reiteramos que el origen de la Caravana responde a un contexto de violencia y pobreza generalizada en donde las condiciones mínimas de vida digna y respeto a los derechos humanos no han sido garantizadas, lo que obliga a miles de personas a desplazamientos forzados, como los que estamos presenciando.
Desde el día que nos enteramos de éste éxodo, nos encontramos monitoreando las acciones implementadas por el Estado mexicano para responder a la emergencia humanitaria derivada de la migración forzada a la que se han visto obligadas cientos de persona hondureñas y de otros países de la región. Hemos observado y documentado diversas violaciones a derechos humanos, cometidas por parte de autoridades mexicanas en contra de las personas que han estado arribando a México con necesidad de protección internacional.
Personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de policías federal, estatal y municipal, contrario a la información oficial que ha circulado, han obstaculizado el acceso a territorio mexicano bajo diversos medios y gestionando únicamente el ingreso bajo la condición de someterse a una detención migratoria.
Por otra parte, no existe coordinación de los distintos órdenes de gobierno a través de diferentes autoridades de acuerdo a sus funciones para dar una respuesta integral y regional a la situación; sino que observamos por parte de las autoridades mexicanas la reacción de confrontación contra las personas.
Hoy al momento en que las personas se movilizaron de Ciudad Hidalgo a Tapachula, en el Puente de Guatemala- México, se mantuvieron otros cientos de personas, esperando a que les dejen entrar desde el pasado 19 de Octubre, sin asistencia humanitaria, a la intemperie, sin acceso a las condiciones mínimas de subsistencia, con la incertidumbre del tiempo que tendrán que esperar para la atención de las autoridades, ante la reducción de la respuesta por parte de INM y sin otras alternativas de recepción en Ciudad Hidalgo por el cierre del Albergue Temporal.
Durante el avance de este éxodo, la respuesta del Estado sigue siendo de un enfoque militarista al mando de la Policía Federal, que durante el recorrido hasta Tapachula, de manera sistemática y permanente, ha tenido el objetivo de bloquear el paso e incluso en varios momentos la clara amenaza de reprimir a las personas, intimidando con el sobrevuelo a baja altura de un helicóptero de la Policía Federal; causando confusión y terror entre las personas.
Esta respuesta tiene graves afectaciones en las personas, que también sufren el impacto provocado por las condiciones en la que realizan el recorrido sin ninguna asistencia humanitaria y atención a la salud. El cansancio, la debilidad y las condiciones climáticas extremas van rezagando grupos de mayor vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas de edad avanzada, personas que sufren alguna discapacidad o enfermedad.
Dentro de este contexto de inseguridad e incertidumbre se encuentran niños, niñas y adolescentes migrantes tanto acompañados como no acompañados. Hasta el momento no hay cifras que nos permitan determinar el número, pero constituyen en sí mismo un grupo de población particularmente vulnerable y con necesidades especiales de detección, atención y protección. Hasta el momento las autoridades federales no han emitido las medidas de protección a las que está obligado.
En contraste, a lo largo de todo el monitoreo observamos grandes muestras de solidaridad de la población, quienes acompañaron en diversas formas aportando y compartiendo lo que tenían a mano: agua, comida, carriolas, ropa, mochilas, bañando a bebés ante el extremo calor y con palabras de aliento.
Por su parte los albergues de la sociedad civil en Tapachula están rebasados, contando solo con recursos propios que son insuficientes para atender a las personas que acuden a ellos. Mientras la asistencia humanitaria gubernamental se está condicionando a la detención migratoria.
Por lo anterior, exigimos que el Estado mexicano brinde una respuesta apegada a los estándares internacionales en derechos humanos, derecho humanitario y derecho de asilo y refugio, siendo inaceptable que se condicione el respeto a los derechos en función de su situación migratoria.
Responsabilizamos al Estado mexicano:
1) Por el incumplimiento de garantías de protección a la vida e integridad de las personas que están entrando al país y el riesgo de que sufran daños irreparables, incluyendo graves violaciones a derechos humanos;
2) Por las detenciones arbitrarias que están sufriendo las personas en la Estación Migratoria Siglo XXI, así como en la extensión de la misma instalada en la Feria Mesoamericana de Tapachula.
3) Por la denegación de acceso al procedimiento de reconocimiento de refugio, el rechazo en frontera y las deportaciones masivas;
4) De acuerdo a los hechos constatados, por los tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos, corriendo el riesgo de que las personas sean víctimas de alguna forma de tortura;
5) Por la inobservancia del interés superior de la niñez, dado el sinnúmero de niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados que son ignorados y tratados igual que los adultos.
Hacemos un llamado a generar una respuesta inmediata y coordinada desde instancias internacionales para asistir integral y regionalmente a las personas ante la situación actual y los distintos escenarios posibles.
Firman: American Friends Service Committee oficina Latinoamérica y el Caribe, Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) y Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes AC, Médicos del Mundo Suiza, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC. y Otros Mundos Chiapas.
Con el acompañamiento de SweFOR México.
Fotos: El éxodo entre Ciudad Hidalgo y Tapachula (Foto: Isaac Guzmán/Tragameluz)
Han pasado 50 años en los cuales el gobierno mexicano mostró de la peor manera, todos sus temores hacia una juventud organizada. Organizada para plantear la reivindicación de la lucha política más importante de este país, esa que el estado mexicano denominó «Plan Subversivo de Proyección Internacional». Desde entonces, las y los mexicanos de este país No Olvidamos a esa entregada generación de estudiantes, víctimas de la Masacre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, así como también reconocemos a todas y todos los sobrevivientes perseguidos por los Militares y los policías integrantes del Batallón Olimpia.
Esas y esos jóvenes marcaron historia y nos enseñaron la reivindicación que, año con año, se hace presente en la memoria del pueblo mexicano, para continuar luchando por encontrar los caminos que logren transformar nuestro país.
Como dijo Galeano… «La buena memoria permite aprender del pasado, porque el único sentido que tiene la recuperación del pasado, es que sirva para la transformación de la vida presente» (Eduardo Galeano, 1996).
No obviamos también, que la recuperación de la memoria histórica no ha sido del todo suficiente para concluir esta transformación política y social que acabe de una vez con la continuidad de gobiernos corruptos, violentos e insaciables como el que encabezó en el 68 Gustavo Díaz Ordaz o el actual con Enrique Peña Nieto. Las luchas siguen, se fortalecen y se incrementan, pero también se incrementa la violencia, la violación a los derechos humanos de los pueblos, los feminicidios y los miles asesinados y desaparecidos en los últimos años, que nos muestran lo rapaz de la impunidad.
Sin embargo, es imprescindible no dejar de continuar recuperando la memoria, porque nos da sentido y vuelve presentes a tantas y tantos a quienes se les ha arrebatado la vida: la masacre de Acteal, Aguas Blancas, El Charco, la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, El Bosque, así como un sinnúmero de mujeres, hombres y pueblos que han sido violentados por defender, con dignidad, la vida contra este sistema de muerte, son sólo una muestra que nos alienta a seguir adelante.
En esta fecha también reivindicamos y no olvidamos a las decenas de compañeras y compañeros periodistas asesinados por ayudarnos a no olvidar.
Rememoramos que nuestra memoria histórica ha transformado al pueblo mexicano… Seguimos, dignos y haciendo caminos llenos de resistencias frente a los megaproyectos mineros, las represas, el petróleo, contra el fracking o los monocultivos, entre otros proyectos extractivos que pretenden despojarnos de nuestros bienes naturales, para luego desplazarnos de nuestro territorio.
Para ello nos sirve evocar el dicho de un líder campesino: «Nos han robado todo, hasta el miedo».
No olvidemos que históricamente el pueblo mexicano ha logrado grandes victorias acompañado de la memoria histórica que nos multiplica, nos evoca, nos da dignidad, nos provoca y nos convoca a seguir buscando caminos que terminen con la impunidad y la falta de procuración de justicia.
Nos solidarizamos con «La Caminata del Silencio» que grita por las desaparecidas y desaparecidos, por los que han sido masacrados, por los que nos han regalado la memoria.
Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación ante la sistemática campaña de represión, hostigamiento, amenazas, ataques y criminalización por parte del Estado, actores parapoliciales y otros vinculados al gobierno, que están enfrentando en Nicaragua las mujeres defensoras y sus organizaciones en el marco de la crisis política y de derechos humanos desencadenada en el país desde el pasado 19 de abril.
Desde el inicio de la crisis, las mujeres defensoras y sus organizaciones han desarrollado un papel fundamental en los movimientos de resistencia pacífica en todo el país, jugando roles importantes de liderazgo en distintos niveles, contribuyendo también al monitoreo, verificación, denuncia y acompañamiento de las numerosas violaciones a derechos humanos en todo el país. Por este motivo se han convertido en blanco sistemático y reiterado de ataques de toda índole y gravedad, tal y como reflejan las veinte #AlertaDefensoras, individuales y colectivas, emitidas en los últimos tres meses y que afectan a más de cien defensoras.
Pese a la presión internacional, las recomendaciones y auditoría de instancias oficiales de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lejos de detenerse, estos ataques se intensifican y se complejizan a través de iniciativas gubernamentales como las recientemente aprobadas «Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)» y «Ley Contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva», claramente orientadas a fiscalizar y criminalizar la actividad de las organizaciones de derechos humanos y la protesta social.
Evidencia de ello es el reciente señalamiento vertido en redes sociales contra el Grupo Venancia, el Colectivo de Mujeres de Matagalpa y La Finca – Campamento de Vida Joven, organizaciones de Matagalpa de larga y reconocida trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres, donde se las acusa de apoyar a «terroristas» y se pide que «les hagan auditorías y las cierren por ser parte de los vándalos y los delincuentes».
Este tipo de señalamientos en redes sociales no son inocuos ya que muchas veces son el preámbulo de agresiones más graves, como por ejemplo, el levantamiento de cargos por terrorismo en contra de defensoras, sus organizaciones y/o movimientos, como lo hemos visto ya en otros casos. En relación a esto, en comunicado emitido el pasado 9 de agosto un grupo de expertos de la ONU (1) expresa su preocupación ante el hecho que «estos patrones de represión de la disidencia se estén expandiendo y sean indicativos de una política implementada por las autoridades para erradicar las condiciones estructurales que apoyan la existencia de voces opositoras y críticas».
Ante ello, las organizaciones firmantes señalamos al Estado nicaragüense como responsable de cualquier agresión, sea cual sea su índole o gravedad, que pueda producirse contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en el país, y le exigimos:
En sintonía con el reciente comunicado conjunto de las Relatorías de la ONU, el cese inmediato de la «caza de brujas» contra las organizaciones y personas que defienden y ejercen los derechos humanos en Nicaragua, poniendo un alto a distintas formas de violencia y represión contra actores de movimientos autoconvocados.
La derogación de las anticonstitucionales «Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)» y «Ley Contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva».
Proporcionar todo el apoyo a la Misión en Nicaragua del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y a la Misión de Seguimiento para Nicaragua de la CIDH (MESENI), para que puedan tener acceso a información relevante y diferentes instancias (como centros de detención), trasladarse en condiciones de seguridad, para que puedan cumplir a cabalidad con su papel crucial ante esta crisis.
La libertad inmediata y sin cargos de todas las defensoras víctimas de detención arbitraria y criminalización por ejercer su legítimo derecho a la protesta social y a defender derechos.
Apoyar el retorno a una mesa de diálogo verdadero, que contribuya a asegurar una salida pacífica y democrática a la crisis actual, en el que las voces de los diversos movimientos autoconvocados, incluyendo las mujeres, tengan una participación fundamental.
(1) Los Expertos: El Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; el Sr. Clément Nyaletsossi Voulé, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; la Sra. Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Sr. Dainius Pūras, Relator Especial sobre el derecho a la salud física y mental; el Sr. Fabian Salvioli, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; la Sra. Ivana Radačić, Presidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica; la Sra. Fionnuala Ní Aoláin; Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; el Sr. Bernard Duhaime, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; la Sra. Koumbou Boly Barry, Relatora Especial sobre el derecho a la educación; el Sr. Seong-Phil Hong, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria.
Foto:Una estudiante se cubre con una bandera de Nicaragua mientras realizaba vigilancia en una barricada, ubicada en semáforos de la Rafaela Herrera. Carlos Herrera| Niú (más fotos aquí)
Organizaciones urgimos a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos conocer situación de derechos humanos en Nicaragua – Pronunciamiento publicado el 4 de junio 2018, firmado por Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
Washington D.C, 4 de junio del 2018.- Las organizaciones abajo firmantes presentamos nuestra extrema preocupación por la escalada de violencia, después de un poco más de un mes de manifestaciones que presionan para una salida pacífica y democrática a la crisis que enfrenta el país desde el pasado 18 de abril. Nos parece gravísimo que, en respuesta a las demandas populares y a las recomendaciones de distintos órganos internacionales, la respuesta sea un diálogo cruzado por la violencia y la muerte de manifestantes.
A raíz de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el órgano entregó sus recomendacionespreliminares, a partir de la información recabada por distintas fuentes, entre ellas, las demandas de la sociedad civil. Las organizaciones celebramos el trabajo realizado por la Comisión durante su visita y estimamos que ha sido un paso fundamental para visibilizar la grave situación política y social que enfrenta el país, así como acreditar las graves violaciones a los derechos humanos que venían siendo denunciadas por las víctimas y la sociedad civil nicaragüense.
Ante la noticia de que el gobierno aceptó la constitución de un mecanismo independiente de personas expertas, llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), las organizaciones firmantes manifestamos nuestro deseo de que éste se instale cuanto antes y exigimos que el Estado nicaragüense brinde todas las garantías necesarias para que cumpla con su función de investigar debidamente los distintos hechos de violencia suscitados de la represión.
El contexto actual en Nicaragua es desolador. En su informe preliminar, la CIDH señaló haber recibido información documental y testimonial que demuestra el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado, así como la existencia de grupos armados afines al gobierno. Hasta la fecha, se han contabilizado aproximadamente 100 personas asesinadas y esta cifra sigue en aumento.
Por todo lo anterior, las organizaciones exigimos al gobierno nicaragüense lo siguiente:
● Cesar la represión y todo acto de intimidación a la protesta social; ● Implementar cuanto antes las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana.
Hacemos también un llamado a los Estados miembro de la OEA y a la comunidad internacional para que demanden el cese a la violencia.
Por último, les demandamos que urjan al Estado Nicaragüense para que dé cumplimiento a las recomendaciones otorgadas por la CIDH en el menor plazo posible.
Organizaciones firmantes:
Nicaragua Asoc. Movimiento de Mujeres de Chinandega (MMCH) Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario (ADIC) Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) CIFEM Colectivo de Mujeres de Matagalpa (CMM) Comité de América Latina y el Caribe CLADEM – Nicaragua (CLADEM – NIcaragua) Coordinadora Civil Coordinadora de Mujeres Rurales (CMR) Fundacion ACCION YA (ACCION YA) Fundacion NIcaraguense para la Diabetes (FND) Gobierno Comunal Creole de Bluefields (GCCB) Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de DDHH de las Mujeres (IN-Defensoras) Mesa por la Equidad de Género (MEG) Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) Movimiento Feminista de Nicaragua (MFN) Oxfam Puntos de Encuentro (Puntos) Red de Mujeres contra la violencia (RMCV) Red de Mujeres de Matagalpa (RMM) Red de Mujeres de Ometepe (REMO) Sinergia León (SINERGIA) Twin Trade
Otros países en solidaridad:
Argentina Akahatá-Equipo de Trabajo en Sexualidades y Géneros (AKAHATA) Paro Internacional de Mujeres – Argentina (PIM – Argentina)
Bolivia Centro de Mujeres Candelaria (Candelaria) Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Bolivia (CLADEM Bolivia) Paz y Esperanza Bolivia (PyE)
Brasil Beth Lobo Associação Mulheres pela Paz CIdadania Estudo Pesquisa Informação Açao (CEPIA) Conselho Indigenista Missionario (CIMI) Asbrad Defesa da Mulher (Asbrad)
Colombia Asociación de mujer y género de Fusagasugá (ASOMESA) Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)
Costa Rica Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS) Proyecto Cuerpas Sin Reglas Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica (SJM-CR)
Cuba Comisión Cubana de DD.HH. y Reconciliación Nacional (CCDHRN)
Ecuador Acción Ecológica Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S.J.» (CSMM) (CSMM) Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) Plataforma por la defensa de la Democracia y los Derechos Humanos (PDDHE) Red de Mujeres Políticas del Ecuador (REMPE)
El Salvador Asociación Salvadoreña para la Formación y Capacitación Integral Sostenible (ASAFOCAIS) Coordinadora Ciudadana por el Voto Nulo (CCVN) Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) Colectiva Feminista para el desarrollo local (CFDL) Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las mujeres (CLADEM El Salvador)
España Comunidad Hondureña en Madrid (CHM) Calala Fondo de Mujeres Perifèries del món Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI) A.C.C.S. Córdoba Solidaria Asociación de Mujeres de Guatemala (AMG)
Euskadi – País Vasco Euskal Herriko Bilgune Feminista Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxa Plazandreok
Estados Unidos El Vínculo Hispano (EVH)
Puerto Rico Feministas en Marcha
Guatemala Fundación Myrna Mack (FMM) Colectivo para la Participación de la Infancia y Juventud (COPIJ Colectivo Joven) Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)
Honduras Asociación Para Una Vida Mejor de Personas Infectadas/Afectadas por el VIH-Sida en Honduras (APUVIMEH) Centro de Promoción en Salud y Asistencia Familiar (CEPROSAF) Centro de Investigación y Promoción de los Derechos de los Derechos Humanos (CIPRODEH) Movimiento de Mujeres por la paz Visitación Padilla Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH)
Islas Baleares Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB)
México Académicas en Acción Crítica Alternativas comunitarias para el desarrollo (ACD) Aluna acompañamiento Psicosocial Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL) (ASILEGAL) CAI Piña Palmera AC (CAIPPAC) Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño a.c (Campo a.c) Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) Centro De Investigaciones Para La Equidad, Política Pública Y Desarrollo (CIPE) Centro Las Libres de Información en Salud Sexual Región Centro AC (Centro Las Libres) Centro Para el Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC) Colectiva Ciudad Y Género AC Colectiva Sororidad Glocal Colectivo Anticapitalista Ecofeminista Disidente Sexogenerico (CAFEDis) Colectivo Bolivariano Comitè De Derechos Humanos Ajusco (Cdhajusco) Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, México (CLADEM México) Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) Consorcio para el Diálogo Parlamentario Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca AC (Consorcio Oaxaca) Coral Centro Oaxaqueño De Rehabilitación De Audición Y Lenguaje, A. C. (CORAL) Ddeser Querétaro Ddeser tlaxcala Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos AC Equidad de Género Ciudadanía, Trabajo y Familia Espiral Hacia La Igualdad Existir al caminar AC Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual (FARDS) Fundación Colectivo Hombres XX, A.C. Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C. Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C (IDHEAS) Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO) Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD) «InKa ñuu» mujeres tejiendo rebeldía México y Caribe Jóvenes, A.C. (GOJoven México) Monapaküy ac Mujeres en Alianza AC Opinión y Género Otros Mundos Chiapas Red de género y medio ambiente (Rgema) Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (ddeser) Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser) REDefine Quintana Roo REDISCOMU Ren Puebla de Periodistas Revista Cuadernos Feministas Rosa Maria Trejo Villalobos (XG Generación Si) Spatium Libertas AC Tendremos Alas A.C. Tequio Jurídico A.C. (Tequio) Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)
Panamá Centro de estudios y capacitación familiar (CEFA) Unión Nacional de Mujeres Panameñas (UNAMUP) Red Panameña de Narradores de Historias
Perú Centro de Promoción y Defensa por los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) Paz y Esperanza Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
República Dominicana Centro de Investigación Para la Acción Femenina (CIPAF) Colectiva Mujer y Salud (CMS)
Venezuela Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC) Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) CIVILIS Derechos Humanos Acción Solidaria Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA) Promoción Educación y Defensa en DDHH – PROMEDEHUM Venezuela Diversa (VeneDiver) EXCUBITUS derechos humanos en Educación (EXCUBITUS DHE) Fundación para la Prevención de la Violencia Doméstica hacia la Mujer (FUNDAMUJER)
Regional e Intenacional:
Alianza Latinoamericana y Caribeña de Juventudes Asociadas por lo Justo Mesoamérica (JASS Mesoamérica) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, A.C. (CATWLAC) Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) Concertación Interamericana de DH de las Mujeres (CIMA) Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe (FAU-AL) Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de DDHH (IM-Defensoras) Mujeres de Negro Rosario Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales (RedLAC) Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales (Resama) Réseau éducation Sans Fontières Robert F. Kennedy Human Rights
