Descubra el micrositio “Desplazamiento forzado y resistencia de Las Abejas”

Compartimos la nueva plataforma virtual de La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal: “Desplazamiento forzado y resistencia de Las Abejas: entre contrainsurgencia e impunidad”

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La memoria de los Pueblos fisura la obscuridad y el olvido. La memoria recarga la dignidad para confrontar a la impunidad de los gobiernos, fortalece las luchas y resistencias que apuntan a la libertad de quienes heredan el fulgor rebelde, mueve también a la construcción de cambios sociales hacia un mundo diferente al sistema de exclusión y muerte.

Los procesos de resistencia alrededor de la Memoria, Verdad y Justicia como los de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas) tienen una lucha profunda de construcción de autonomía. Han soportado la contrainsurgencia del gobierno implementada desde la creación y ejecución del Plan de Campaña Chiapas 94, estrategia elaborada por el Ejército mexicano para aniquilar el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Frente a esta acción de agresión, la exigencia de justicia de los pueblos ha impulsado una lucha constante por los derechos a la verdad y a la paz.

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Las agresiones vinculadas a la contrainsurgencia iniciaron en 1994 con los 12 días (1) de confrontación directa de las Fuerzas Armadas de México en contra del EZLN. Continuaron en un segundo periodo, de 1995 a 1999, caracterizado por la creación e implementación de grupos paramilitares (2) en la zona Norte, Selva y Altos bajo el apoyo de los gobiernos federal, estatal y municipal. La población civil sufrió desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales, agresiones físicas, hostigamientos, entre otros crímenes de lesa humanidad.

El tercer periodo, después de 1999 hasta la actualidad está caracterizado por una continua guerra integral de desgaste, disfrazada con la retórica de las autoridades federales y estatales de “respeto” a la población, que al mismo tiempo abre paso a la confrontación de las comunidades por medio de programas sociales.(3) La aplicación de estos programas se convierte en estrategia contrainsurgente al momento en que los dirigentes sociales son cooptados, volviendo un instrumento a las organizaciones de las que son parte, reduciendo su trabajo a gestores de proyectos de gobierno con intereses partidarios, prebendas políticas y control político territorial.

La cuarta etapa, coexistente con la anterior la ubicamos con la Guerra de Cuarta Generación o Cuarta Guerra Mundial como la nombran los y las zapatistas,(4) atravesada por una profunda ofensiva psicosocial que utiliza todos los medios del Estado para ocultar y maquillar las problemáticas reales del país. Se busca destruir la resistencia de los pueblos, sometidos a la voluntad de los intereses de unos cuantos grupos de poder político y económico a través de la implementación de un Estado policíaco-militar.(5)

Esta estrategia contrainsurgente conforma una continuidad que acentuamos en esta memoria a través de elementos multimedia, basados en la oralidad de hombres y mujeres que han forjado con lucha y dolor el caminar en medio de esta guerra contra los pueblos. Es a través de algunos de los desplazamientos forzados que han sufrido Las Abejas desde 1996 hasta el 2016, que se muestra cómo los actores paramilitares que perpetraron crímenes de lesa humanidad, siguen actuando bajo el manto de la impunidad, reagrupados, originando desplazamientos forzados, hostigamientos sistemáticos y conflictos al interior de las comunidades en un nuevo contexto de violencia generalizada.

(1) Anaya Gallardo, Federico. Siempre cerca, siempre lejos: las auerzas armadas en México. México: Global Exchange, CIEPAC, CENCOS, 2000

(2) Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

(3) Consultar los Balances anuales del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas de los años 2005, 2006, 2007

(4) El Sub Comandante Insurgente Marcos y la Cuarta Guerra Mundial

(5) Chomsky, Noam. Cómo mantener a raya a la plebe. Siglo XXI, México, 2001

Brasil: denunciamos las violaciones a derechos humanos y la criminalización de la protesta por parte del gobierno de Michel Temer

ATALC denuncia violaciones a los derechos humanos y criminalización al pueblo brasilero

por parte del gobierno de Michel Temer

Comunicado urgente de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)* – A 25 de mayo 2017

ENGLISH VERSIONVERSION FRANÇAISE

Foto: El gobierno de Michel Temer llamó al ejército para reprimir las protestas del día 24 de mayo en Brasilia. (Reuters)

Con absoluta indignación y repudio Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe -ATALC- denuncia ante la opinión pública nacional e internacional la situación que se está presentando desde el día de ayer, martes 24 de mayo, en Brasil, en la que el gobierno de Michel Temer utilizó al ejército para reprimir movilizaciones sociales, dejando al descubierto su verdadero rostro autoritario y golpista. Denunciamos también la instauración del Estado de Sitio en Brasilia, la capital del país latinoamericano, hasta el 31 de mayo.

Nuestras compañeras y compañeros del Movimiento Sin Tierra de Brasil, de la Vía Campesina, el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, la Marcha Mundial de Mujeres y las centrales sindicales, junto a nuestro grupo miembro Amigos de la Tierra Brasil, el movimiento urbano y comunidades indígenas y quilombolas se encuentran movilizados en las calles, manifestándose contra el ilegitimo gobierno de ese país y su paquete de medidas neoliberales que buscan maximizar la explotación de los trabajadores, territorios y comunidades.

Asimismo, en ATALC hemos recibido informaciones de una nueva masacre contra campesinas/os en el Estado de Pará, obedeciendo a los intereses del latifundio y el agronegocio. Sabemos que la lucha por la soberanía alimentaria y por la justicia climática son aspectos principales que están siendo atacados y reprimidos a través de las medidas antipopulares e ilegítimas tomadas por la administración del gobierno golpista de Michel Temer.

Como organización ambientalista, y en lucha por la construcción de la justicia ambiental, que se siente hermana de las organizaciones y movimientos sociales populares movilizados y que han sido brutalmente reprimidos en Brasil, hacemos llegar toda nuestra solidaridad al Movimiento Sin Tierra, a la Vía Campesina, al Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, a la Marcha Mundial de Mujeres, a las centrales sindicales, a las comunidades indígenas y quilombolas y al movimiento urbano brasilero.

Nos sumamos al reclamo de elecciones directas y universales ya, para restablecer la democracia, reconstruir la institucionalidad política y construir la justicia social y ambiental con la participación democrática del pueblo brasilero.

A la comunidad internacional en general y a los grupos de Amigos de la Tierra, les solicitamos manifestar su respaldo a través de acciones y pronunciamientos públicos en favor de quienes luchan en Brasil por la defensa de los derechos colectivos de los pueblos y sus territorios.

*Otros Mundos A.C. forma parte de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) que a su vez forma parte de la federación Amigos de la Tierra Internacional (ATI)

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Ecuador – Petición en solidaridad con el pueblo Shuar de Nankints en lucha contra la minería

Compartimos esta petición firmada por 46 organizaciones entre las cuales Otros Mundos AC. El pueblo Shuar de la comunidad de Nankints en la provincia de Morona Santiago en la Cordillera del Cóndor, Ecuador, está siendo reprimido por defender su territorio ante proyectos mineros.

Urge la desmilitarización de la comunidad Shuar de Nankints y la derogación del Estado de Excepción en Morona Santiago.

Dr. Patricio Benalcázar Alarcón – Defensoría del Pueblo de Ecuador – pbenalcazar@dpe.gob.ec, comunicacion@dpe.gob.ec

Javier Felipe Córdova Unda
– Ministro de Minería – javier.cordova@mineria.gob.ec

Abg. Cristina Silva Cadmen
– Directora Ejecutiva, Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) – cristina_silva@arcom.gob.ec  

Dra. Inés Arroyo
– Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria – iarroyoz@magap.gob.ec

Dr. Galo Chiriboga Zambrano
– Fiscalía General del Estado – serranoam@fiscalia.gob.ec

 

A 19 de diciembre del 2016

 

Señores y señoras,

Las organizaciones internacionales de solidaridad y de la justicia ambiental suscritas en esta carta nos dirigimos a ustedes con profunda preocupación por la militarización del pueblo Shuar Nankints y el Estado de Excepción dictado en la provincia de Morona Santiago, con la intención de imponer el proyecto minero Panantza-San Carlos en la zona.

La comunidad shuar de Nankints fue desalojada por militares en agosto de 2016, para abrir paso para al proyecto de la empresa ExplorCobres S.A. Cuando la comunidad intentó recuperar su territorio a finales de noviembre, la zona fue militarizada. Luego, el 14 de diciembre, cuando policías y militares aparentemente actuando bajo órdenes del Fiscal de Gualaquiza de allanar a las comunidaes, se produjo un enfrentamiento violento que dejó el lamentable saldo de un policía muerto y otras siete personas heridas.

 

La empresa ExplorCobres S.A. es subsidiaria de Corriente Resources y CRCC-Tongguan Investment Co. registradas en Canadá, a su vez subsidiarias del consorcio chino CRCC-Tongguan, que compró la empresa Corriente Resources y el proyecto Panantza-San Carlos en 2010.

La mencionada empresa debió perder las concesiones mineras de Pananza-San Carlos por incumplir el Mandato Minero de 2008, el cual sigue vigente. Según este mandato, las concesiones mineras que no habían sido consultadas previamente con los pueblos indígenas afectados, ubicadas en fuentes de agua, entre otras criterios, debieron ser revocadas sin compensación económica alguna. Por esta y otras razones, la Contraloría encontró que este proyecto de extracción de cobre, oro y molibdeno no cumple con el Mandato Minero. Entre otras cosas, dentro de las 14.000 hectáreas comprendidas en las trece concesiones mineras hay más de 400 fuentes de agua, que son esenciales para la vida y la cultura de las comunidades shuar.

Es importante notar que las empresas mineras canadienses – entre ellas Corriente Resources – y la embajada canadiense comparten responsabilidades por la no aplicación del Mandato Minero desde 2008, tomando en cuenta que trabajaron en conjunto para defender los intereses económicos de las empresas privadas, en contra del estado de derecho y sin consideración de los impactos nocivos de estos proyectos en zonas ecológica y culturalmente sensibles, tal como la zona afectada por el proyecto Panantza San Carlos.

Además, otra grave irregularidad es que en el año 2011 el Ministerio del Ambiente otorgó la licencia ambiental del proyecto Panantza-San Carlos en base a un estudio de impacto ambiental presentado diez años atrás, bajo normas constitucionales, mineras y ambientales diferentes.

Este proyecto no solamente afecta a Nankints, sino a otros diez Centros Indígenas Shuar de las Asociaciones Tariamiat, Arutam y Churuwia, como también a numerosas familias campesinas. Otros centros shuar y establecimientos campesinos se encuentran en su zona de influencia.

Lamentamos profundamente la muerte del policía José Luis Mejía Solórzano y expresamos nuestra solidaridad con su familia, y la de los demás heridos. Al mismo tiempo, creemos que estos hechos de violencia podría haber sido evitado.

En el interés de evitar mayor violencia y asegurar el bienestar de las comunidades afectadas, exigimos la inmediata derogación del Estado de Excepción, el retiro de las fuerzas armadas y de la empresa de la zona, y la urgente apertura de un espacio de diálogo con las comunidades afectadas en base del pleno respeto de sus derechos humanos, el derecho a la auto-determinación de los pueblos y su consentimiento previo, libre e informado, consagrados en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, la jurisprudencia internacional y otros convenios internacionales de los que el Ecuador es signatario.

Firman:

1.Alternatives au Développement Extractiviste et Anthropocentré (ALDEAH)
2.Amazon Watch, Estados Unidos
3.Atlantic Regional Solidarity Network, Canadá
4.Bios Iguana, México
5.CATAPA, Bélgica
6.Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Bolivia
7.CEIBA, Guatemala
8.Censat Agua Viva, Colombia
9.Cercle des Premières Nations de l’UQAM, Québec, Canadá
10.Colectivo CASA, Bolivia
11.Colectivo Voces Ecológicas (COVEC), Panamá
12.Comité Ambiental en Defensa de la Vida, Tolima, Colombia
13.Committee for Human Rights in Latin America (CDHAL), Québec, Canadá
14.Cooperacción, Perú
15.Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN), Ecuador
16.Defensa del Ixofillmogen – Vancouver, Canadá
17.Delhiin Mongol Nogoon Negdel (DMNN), Mongolia
18.Earth Law Center, Estados Unidos
19.Environmental Defender Law Center (EDLC), Estados Unidos
20.The Esperanza Project, Estados Unidos
21.Friends of the Earth – Canadá
22.Fundación Ecuménica para El Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), Perú
23.The Gaia Foundation, Reino Unido
24.GRUFIDES, Perú
25.Intercontinental Cry, Canadá
26.Justiça nos Trilhos, Brasil
27.Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC), Chile
28.KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives  
29.Kalikasan Peoples Network for the Environment, Filipinas
30.Kanaka, Ecuador
31.Listen To The Amazon, Reino Unido
32.McGill Research Group Investigation Canadian Mining in Latin America (MICLA), Canadá
33.Mining Injustice Solidarity Network – Toronto, Canadá
34.Mining Justice Action Committee – Victoria, Canadá
35.Mining Justice Alliance – Vancouver, Canadá
36.MiningWatch Canada
37.Movimiento Mesoamericano en Contra del Modelo Minero (M4), Regional
38.Movimiento Morelense Contra las Concesiones Mineras de Metales Preciosos, México
39.Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), Regional
40.Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Chile
41.Otros Mundos Chiapas, México
42.Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), México
43.Red Muqui, Perú
44.Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), México
45.Servicios Internacionales Cristianos de Solidaridad con America Latina – Oscar Romero (SICSAL), Canadá
46.United for Mining Justice, Canadá

Mapa del Colectivo Geografía Crítica

Más información:

– Sobre lo ocurrido en Morona-Santiago: Necesitamos un baño de paz y verdad con la naturaleza (Acción Ecológica)

– Declaración conjunta de Conaie y Confeniae ante los últimos sucesos en Nankints, Morona Santiago

– Mapa de grandes proyectos mineros en la cordillera del cóndor (Colectivo Geografía Crítica)

ATALC: Repudio latinoamericano al golpe de Estado en Brasil

Declaración a la opinión pública
Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe -ATALC.

Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe -ATALC- repudia el golpe de Estado que se ha consumado en Brasil como resultado de fraudulentas estrategias para la desestabilización de la democracia, orquestadas por la derecha latinoamericana, y manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo brasilero.

Llamamos a los gobiernos de nuestros países a implementar las medidas necesarias para que se garantice el respeto a la voluntad popular del pueblo brasilero, expresado libremente en las urnas, y para que no se reconozca el gobierno de Michel Temer por ser impuesto desde intereses antidemocráticos en contravía con la institucionalidad política y el estado democrático de derecho de ese país suramericano y de la Región.

Sin lugar a dudas, el golpe de Estado que hoy se impone al gobierno de Dilma Rousseff, democráticamente elegido por más de 54 millones de sufragantes, es otro de los nefastos resultados de la experimentación que ya en años anteriores han sufrido países como Honduras y Paraguay, en los que la posibilidad de avance de gobiernos democráticos, en búsqueda de la justicia social, se ve truncada por golpes de Estado parlamentarios que de cualquier manera configuran un asalto al poder popular y a las riquezas del país para entregarlos a la corrupción de fuerzas políticas golpistas, y al interés de las grandes corporaciones.

Advertimos que con el golpe de Estado, las reivindicaciones sociales alcanzadas para los más desfavorecidos en Brasil inician su marcha atrás, y se desvertebran las políticas sociales que había alcanzado el proyecto político del gobierno electo en la última década, y se desmantelan las politicas de Estado para la salud, educación y cultura, y las ya frágiles políticas ambientales.

Estos ataques a la democracia y a la gente ya se hacen manifiestos en Brasil con la imposición en los últimos meses de políticas económicas marcadas por recortes presupuestales y la privatización de los servicios y bienes comunes, que afectan directamente y en su cotidianidad al pueblo brasilero en el campo y en la ciudad. Están ahora en marcha, impulsados por un gobierno ilegitimo y un parlamento golpista, un paquete de beneficios para el gran capital y de opresión para el pueblo: la apertura del las reservas de petróleo para el capital transnacional, la anulación del sistema de permisos ambientales y el ataque directo a los derechos laborales, previdenciarios, de las mujeres y de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Denunciamos que este golpe de Estado es así un ataque a todos los pueblos de America Latina, se configura como una amenaza a las posibilidades de articulación incluyente que los gobiernos progresistas han adelantado en los últimos años, y que se expresan en UNASUR y otras propuestas de integración regional.

Como federación de organizaciones en busca de la justicia social y ambiental, y por la construcción de sociedades sustentables, con la indignación que nos embarga por este nuevo ataque a los pueblos del Continente, llamamos a las fuerzas populares de diversas partes del mundo para rodear a las comunidades, organizaciones, procesos y movimientos de Brasil que no obstante las adversidades actuales constituyen un movimiento social revigorizado y en lucha frente a las atrocidades de la derecha brasilera y sus aliados golpistas.

Confiamos en que la sumatoria de fuerzas de los pueblos en defensa de la vida y la dignidad se expresará en la honra de la democracia y los derechos de los pueblos en nuestra América.

Nunca más golpes de Estado en América Latina!
Seguiremos en lucha por la Soberanía Popular y contra el Neoliberalismo!

Septiembre 1 de 2016

Capitalismo del desastre y ocupación humanitaria en Haití

Texto: Aline Hernandez. Agencia SubVersiones

En 2010, el Instituto de Estados Unidos por la Paz (USIP) publicó un documento donde denominan a Haití «el país de las ONG’s». De acuerdo con el informe, previo al terremoto, existían entre 3,000 y 10,000 organizaciones no-gubernamentales, las cuales se encargaban de relevar servicios estatales en sectores como educación, salud y creación de empleos (1). Posteriormente, en un estudio publicado por la antropóloga Laura Zanotti y la historiadora Mishaine Joseph, se calcula que tras el terremoto que azotó a la isla en 2010, la presencia de las ONG’s se elevó a más 20,000 (2).

En la Conferencia Internacional de Donantes «Hacia un nuevo futuro para Haití», celebrada el 31 de marzo de 2010, los donantes comprometieron $ 5.3 mil millones de dolares para la recuperación del país caribeño. Tanto el gobierno de Haití como las empresas locales, fueron marginadas de las tareas de recuperación y reconstrucción. Según un informe de AP, menos de un centavo de cada dólar de la ayuda por el terremoto llegó al gobierno haitiano, las ONG que trabajan en la asistencia por el desastre recibieron aproximadamente 43 centavos y 33 centavos terminaron en manos de los militares estadounidenses

Apenas unas semanas después de la catástrofe, las organizaciones se multiplicaron e irrumpieron en otros sectores y servicios como sanidad, agricultura, creación de infraestructura habitacional y distribución de agua además de la reconstrucción del país. La investigadora social Grace Everest, estima que las organizaciones no-gubernamentales proveen actualmente el 70% total de servicios de salud y el 80% en servicios públicos.

Pero el hecho de que estas ONG’s provean o releven funciones que solía cubrir el Estado responde a una naturaleza mucho más problemática, ya que representa una nueva etapa en la agenda del sistema neoliberal. Por un lado, a través del reemplazo se logra que el Estado abandone, como explica la investigadora Arundhati Roy, su función en materia de toma de decisiones. Esto incide tanto en la soberanía como en la autodeterminación del país. Ahora éstas son delegadas a las organizaciones y por tanto a instituciones y países que las financian como el Banco Mundial, el gobierno de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional o empresas transnacionales.

Roy precisamente explica que el boom de presencia de ONG’s en territorios en conflicto, coincide con la apertura de los mercados al neoliberalismo (3). El perpetuo estado de dependencia que generan estas «ayudas» suele ir de la mano con la liberación de las barreras arancelarias, lo que termina por devastar la producción interna y por tanto la economía del país. Por ejemplo, en un informe publicado por Famine Early Warning Sytems Network se estima que en el decurso que comprende de 2004 a 2008, Haití importó casi la totalidad de alimentos de consumo básico (4). Por otro lado, el relevo tiene fuertes implicaciones en los sectores y servicios públicos. Implica no sólo la privatización de muchos de éstos sino además la contratación de empresas privadas internacionales para ofrecerlos.

Esta forma de ocupación «humanitaria» o «cruzada liberal» es por tanto indisociable del proyecto de intervención y ocupación de los Estados Unidos en Haití, que lleva operando casi un siglo. Visto en conjunto, los procesos de intervención sean mediante fuerzas de estado o a través de organizaciones no-gubernamentales —donde muchas veces las segundas son resultado de las primeras— obedecen, en diferentes fases, a lo que la investigadora y economista Naomi Klein ha denominado como «capitalismo de desastre», que opera de la mano con la «doctrina del shock».

El análisis realizado por Klein plantea que desde 1970, se ha puesto en marcha un modelo de carácter corporativista que apela a «privatización radical de guerras y catástrofes». Éste busca o bien aprovecharse de las catástrofes como ocurrió en Nueva Orleans con el huracán Katrina o en Sri Lanka con el terremoto del 2004, o bien fabricarlas, como es el caso de Irak o Afganistán, para lograr, en palabras del economista Milton Friedman, que «lo que hasta entonces era políticamente imposible, se vuelva políticamente inevitable».

Las crisis que derivan de estos ataques o catástrofes se vuelven entonces lucrativas oportunidades para el mercado y la inversión privada, quienes vinculados con las potencias y de la mano de las ONG’S, orientan la situación en beneficio de las potencias y de los intereses corporativos representados por las multinacionales.

Para ello recurren a estrategias como debilitar la economía interna, acrecentar el endeudamiento, generar escasez alimentaria y por tanto impulsar la pauperización de la población, acentuar mediáticamente la crisis humanitaria por la que atraviesa el país, además de que comúnmente dichas fuerzas de ocupación están directamente relacionadas con el alza de la violencia en los países donde se instalan, generando así otra justificación más por la cual permanecer. En la presente entrevista realizada al Camille Chalmers, el profesor e investigador de origen haitiano, profundiza en las vías y formas en que se ha aplicado este modelo en Haití y las consecuencias que ha tenido.

Referencias

1. Haiti: A Republic of NGOS?, disponible en línea en: https://goo.gl/1oghYp
2. Mishaina Joseph, A critical View of NGOs in Developing Nations. A Case Study of Haiti, Hofstra University, disponible en línea en: https://goo.gl/bxMN06 y Laura Zanotti, Cacophonies of Aid, Failed State Building and NGOs in Haiti: setting the stage for disaster, envisioning the future, disponible en línea en: http://goo.gl/3UjWqb
3. Esto mismo ocurrió tras la segunda ocupación norteamericana en Haití, tras el golpe de estado efectuado al entonces primer presidente electo democráticamente, Jean Bertrand Aristide. El periodista e investigador Kevin Edmonds explica que «Una organización paraguas de activistas anti-Aristide y ONG’s llamadas el Grupo de 184, por ejemplo, fue ampliamente financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales, y el Instituto Internacional Republicano». Kevin Edmonds, NGOs and the Business of Poverty in Haiti, disponible en línea en: http://goo.gl/RlHFr9
4. Haïti Sécutité Alimentaire en Bref, Fews Net. Famine Early Warning Systems Network, disponible en línea en: http://goo.gl/5Jn2fR
5. Naomi Klein, La doctrina del shock. El auge del capitalismo de desastre, Paidós, Argentina, 2008.

REMA condena la represión contra el magisterio

AL GOBIERNO FEDERAL

AL GOBIERNO ESTATAL DE OAXACA

A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES EN OAXACA
20 de junio del 2016

Las y los integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) condenamos enérgicamente la terrible actuación de las fuerzas policiacas federales, de la gendarmería,  estatales y municipales quienes la noche de ayer, con exceso uso de violencia y la activación de armas de fuego, han generado el lamentable deceso de compañeras y compañeros que han estado luchando por la reivindicación de sus derechos colectivos, dentro del marco de las movilizaciones convocadas por el magisterio y en especial por la sección 22 en Oaxaca.
Es lamentable que el gobierno federal siga imponiendo la violencia como “Mecanismo Político”  para acallar a quienes en el uso de sus facultades y atribuciones han estado planteando su inconformidad por una reforma educativa que nunca incorporó ni el sentir y ni las vivencias de las y los profesores de este país.
Condenamos la lamentable, triste y mediocre actuación del gobernador Gabino Cué en el estado de Oaxaca, quien con estos terribles acontecimientos ha demostrado ser un símil de su antecesor Ulises Ruiz, ambos gobernadores que prefirieron la sangre que la política para resolver los conflictos sociales en Oaxaca.
Exigimos la renuncia inmediata del represor Aurelio Nuño, porque no sólo ha mostrado una total ineficacia como servidor público para atenderla demanda social a pesar de ser éste su principal mandato constitucional.  A cambio ha dado por hecho que la bravuconería, la soberbia y el tolete, cada día con más sangre, son la única forma en la que pretende establecer condiciones e imponer una reforma que  está totalmente rebasada.
La política social es el instrumento que deben ponderar y utilizar los políticos responsables y profesionales; quien no responda a ello sólo muestra su incapacidad e intolerancia.
BASTA DE CRIMINALIZAR LA PROTESTA SOCIAL
FUERA LAS FUERZAS FEDERALES Y GENDARMERÍA DE OAXACA
INVESTIGACIÓN INMEDIATA Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LOS COMPAÑEROS ASESINADOS Y DE LOS HERIDOS

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA

La Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia, en la ruta de la violencia y la resistencia

Laura Carlsen, Desinformémonos

Al principio, sonaba alocado. Una caravana internacional que viaja por cinco países en 23 días para explorar los cruces entre la prohibición, la violencia y la resistencia. ¿Por qué y cómo respondería la gente en las ciudades y las comunidades que visitara?

La política de drogas no es un tema que esté en la agenda de todos los movimientos y sociedades de la región México-América Central. Las encuestas muestran un rechazo popular a la legalización de la mariguana y otras drogas y, a pesar del creciente consenso de que la guerra contra el narcotráfico ha sido un tremendo fracaso, se habla poco de las alternativas. En la sociedad, el tema es prácticamente tabú, excepto en algunos lugares y entre grupos especializados.

Es precisamente esta situación lo que la Caravana busca cambiar. La ruta refleja el compromiso de levantar las voces de las víctimas y de los héroes de la guerra contra las drogas, y resulta que son los mismos. Desde su dolor, las víctimas se están convirtiendo de manera organizada en las personas que luchan por la paz y la justicia, y por una salida a la guerra.

La Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia inició el 28 de marzo en Tegucigalpa, frente a la prensa nacional y las organizaciones sociales y de derechos humanos de un Honduras afligido por la violencia. Se anunció el objetivo de abrir el diálogo sobre las políticas de drogas y se trazó el itinerario desde Honduras a Nueva york, con la intención de llegar hasta las puertas de las Naciones Unidas, que realiza una Sesión Especial sobre las Drogas a partir del 19 de abril. Los representantes hondureños, no muy acostumbrados al tema de las drogas, contaron la situación de estar en medio de la violencia y los abusos de los grupos criminales, por un lado, y las fuerzas militares, paramilitares y policiacas por otro, en un contexto de ausencia de estado de derecho.

El camino siguió hasta La Ceiba, en la costa caribeña, para reunirse con la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) del pueblo indígena garífuna. Miriam Miranda, dirigente de la organización, dijo a la caravana en el acto de recibimiento: “No queremos seguir aceptando que en nombre del combate al narcotráfico asesinan a nuestros hijos e hijas, desplazan a nuestras comunidades, militarizan nuestros territorios. No podemos aceptar que se invierta mucho más en la supuesta seguridad de los estados y no invierten en la salud pública, en la educación. Hay desabasto en los centros de salud, no hay pastillas, no hay nada, y en cambio, hay muchas armas, hay mucho dinero para supuestamente combatir el narcotráfico.”

OFRANEH denunció el asesinato de dos jóvenes garífunas el 28 de diciembre por la Fuerza Naval hondureña. Llegaron a la reunión también familiares de las víctimas de la masacre de Ahuas, donde un helicóptero del Departamento de Estado de EEUU con elementos de la DEA y policías hondureños dispararon contra habitantes del lugar, matando a cuatro.

Al día siguiente, subieron a la caravana cinco garífunas con dos tambores tradicionales para seguir el camino hasta Nueva York.

En su trayectoria, la caravana ha juntado un grupo de unas 35 personas de 7 países —familiares de víctimas, representantes de luchas sociales, expertos— y sigue creciendo. La diversidad en todos los sentidos hace de la convivencia un descubrir constante.

Volviendo a cruzar el país hacia el occidente, se hizo una parada obligatoria en Utopía, el centro del Consejo Cívico de pueblos Indígenas de Honduras, COPINH. Hace un mes, fue asesinada Berta Cáceres, su coordinadora. Su lucha por los territorios del pueblo lenca llevó a que el gobierno hondureño la metiera a la cárcel, las empresas la amenazaron y finalmente unos sicarios la mataron.

Reunidos en un círculo alrededor del altar a Berta, con el humo del incienso suspendido en el aire, el COPINH reafirmó su compromiso con la caravana que Berta ayudó a organizar. La caravana salió de las montañas hondureñas con dos integrantes del COPINH abordo, y una más en espíritu.

De Honduras, la entrada a El Salvador representó un fuerte cambio de contexto. El gobierno salvadoreño ha instrumentado una política represiva hacia las pandillas. La caravana fue recibida por iglesias congregadas en Comunidades de Fe Organizadas por la Acción. En el marco de la caravana y frente a la violencia en el país, abonada por las condiciones de pobreza y marginalidad, declararon:

“El solo abordaje de tipo represivo ha convertido nuestras comunidades en territorios extremadamente violentos… A pesar de los distintos esfuerzos y millones de dólares invertidos por los países más poderosos para ayudar a combatir este flagelo en la región, lejos de disminuirse, el problema se está incrementado día a día.” El grupo abogó por una estrategia enfocada en la prevención, reinserción y rehabilitación.

Aún faltan los encuentros con los movimientos estudiantil, indígena, campesino y de mujeres en Guatemala; los actos de dolor y esperanza con los familiares de desaparecidos y desaparecidas en México; el cruce de fronteras que reducen seres humanos a objetos de contrabando sin derechos; y la llegada a la ONU. Nadie espera que el fin de la guerra contra las drogas que desangra la región vaya a ocurrir desde arriba, en los solemnes auditorios de los delegados oficiales que viven de la estrategia actual.

Al contrario, está ocurriendo desde abajo, con el caminar juntos de miles de personas organizadas que rechazan la política de guerra y piden paz, vida y justicia.

Info: http://pazvidajusticia.org/

Caravana por La Paz, La Vida y la Justicia en Chiapas

6 y 7 de abril: Acompáñanos a recibir la Caravana por La Paz, La Vida y la Justicia en su paso por Chiapas. Estarán presentes familiares de Bertha Cáceres y del COPINH

La Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia, es una amplia iniciativa de familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de diferentes naciones que claman por un alto a la guerra contra las drogas. El 28 de marzo partió de Honduras y llegará el 18 de abril a Nueva York en Estados Unidos.

En su paso por México, entrará por la frontera Guatemala – México en La Mesilla – Cd. Cuauhtémoc el día 6 de abril y pasará por San Cristóbal de Las Casas el día 7 por la mañana. En esta etapa de la Caravana, se escucharán las palabras y luchas en la región de la frontera sur de México, invadida por una creciente militarización que agrava año con año la situación de derechos humanos contra los pueblos en defensa y cuidado de la tierra y territorio, así como para las personas migrantes de Centroamérica y Chiapas.

La Caravana propone recopilar las experiencias y testimonios de las violaciones graves a derechos humanos cometidas en el combate a las drogas, con el fin de hacerlas presentes en la Sesión Especial sobre drogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se llevará a cabo del 19 al 21 de abril.

En este contexto les convocamos a la sociedad en general, a las organizaciones sociales, a los periodistas y medios de comunicación, a sumarse en los siguientes momentos:

-6 de abril: La Mesilla, Huehuetenango – Ciudad Cuauhtémoc, Chiapas: A partir de las 2:00 PM, ceremonia pública por parte de Monseñor Álvaro Ramazzinni, y acto público a las 3:00PM durante el paso por la línea fronteriza hacia México.
-7 de abril: Plaza de la Paz, San Cristóbal de las Casas: 8:00 AM, conversatorio público entre movimientos y organizaciones en materia de migración y defensa de la tierra y territorio; e intercambio con medios de comunicación de 10:00 a 11:00AM. Contaremos (por confirmar) con la presencia del Coro de las Abejas de Acteal .

Organizaciones convocantes: Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH), Junax Ko’tantik Mesa transfronteriza Migraciones y Género (MTMG), Centro de Derechos  Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Otros Mundos Chiapas y La 72 Hogar – Refugio para Personas Migrantes.

ÚLTIMO MOMENTO: Gustavo Castro en riesgo en la comunidad de La Esperanza, Honduras

A la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización de Honduras
A la Secretaria de Relaciones Exteriores de Honduras
A la Secretaria de Relaciones Exteriores de México
A la Atención nacional e internacional
A las organizaciones de defensa de los derechos humanos

En estos momentos, el ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto, coordinador de Otros Mundos A.C./ Amigos de la Tierra México, está ampliando su declaración en La Esperanza, Intibucá, sureste de Honduras, donde el 3 de marzo él fue víctima de un intento de asesinato mientras la defensora indígena lenca Berta Cáceras fue asesinada.

Estamos en ALERTA MÁXIMA porque su salida de la Embajada de México, traslado y presencia en esta comunidad representa un alto riesgo para su integridad física y psicológica.

 

El día domingo 6 de marzo mientras intentaba salir de Honduras en toda legalidad y bajo protección de la Embajada de México en Honduras fue interceptado arbitrariamente por autoridades hondureñas antes de pasar el puente migratorio del Aeropuerto Internacional de Tegucigalpa, bajo el argumento que tenía que ampliar su declaración, pero sin habérselo notificado formalmente con anterioridad.

Queremos señalar que Gustavo Castro en ningún momento se negó a realizar todas las declaraciones que le fueron solicitadas y está aceptando ampliar esta declaración en el interés del esclarecimiento del asesinato de Berta Cáceres y con la finalidad de evitar los procesos de criminalización hacia miembros del COPINH.

A pesar de todas las solicitudes a distintas instancias, para que esta nueva declaración se hiciera en las mejores condiciones paran su seguridad física y psicológica dentro de la Embajada de México o en Tegucigalpa, la Fiscalía General de Honduras decidió que se tenía que hacer en La Esperanza, lo que representa un alto riesgo para su integridad física y psicólogica.

Les pedimos exigir junto con nosotros la seguridad de Gustavo Castro durante todo el proceso de ampliación de su declaración y durante su llegada a la Embajada de México en Tegucigalpa. Exigimos al gobierno de Honduras que cumpla con su promesa de levantar la alerta migratoria que pusieron sobre su persona para que Gustavo Castro pueda salir inmediatamente de Honduras terminado este último proceso judicial requerido sin que haya ningún otro motivo ni acción que se lo impida.
Pedimos a todos atención máxima y contactar pidiendo por la seguridad de Gustavo a:

Secretaría de Relaciones Exteriores de México
(55) 3686 – 5100 y (55) 3686 – 5581
gobmx@funcionpublica.gob.mx
@SRE_mx

Comisión Nacional de Derechos Humanos de México
(55) 56 81 81 25 y (55) 54 90 74 00
cenadeh@cndh.org.mx
@CNDH

Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización de Honduras
(504) 2232-7800 y (504) 2232-8900
@sdhjgdhn

Secretaria de Relaciones Exteriores de Honduras
(504) 2236-0200 y (504) 2236-03-00
cancilleria.honduras@gmail.com
@SRECIHonduras

 

Ventas controvertidas de armas españolas para la guerra y la represión

Barcelona, 27 Enero de 2016, Centro Delàs de Estudios por la Paz

Desde el Centro Delàs queremos expresar nuestro rechazo y preocupación sobre la posible venta de cinco corbetas Avante 2200 por parte de la empresa española Navantia a la armada de Arabia Saudí. Denunciamos el riesgo de que estas corbetas puedan ser utilizadas para estrechar el bloqueo naval al que la coalición de países liderada por Riad  ha sometido a Yemen des de Marzo de 2015, con consecuencias catastróficas para su población. Un hecho que supone por parte del Estado español una clara violación del derecho humanitario y la legislación nacional sobre exportaciones de material de defensa y doble uso, además de la normativa europea y el Tratado internacional sobre el Comercio de Armas. Los criterios susceptibles de no ser respetados en las transferencias de armas a Arabia Saudí son: el criterio 2, por la vulneración del derecho internacional humanitario y la comisión de graves violaciones de derechos humanos; el 4 por contribuir a agravar la situación regional; y el criterio 7 por el riesgo manifestó de desvió en el uso, al poder ser utilizado para cometer violaciones de derechos humanos o perpetrar crímenes de guerra en Yemen o por su posible reexportación a otros conflictos como el de Siria.

Aprovechamos también para recordar que el Estado español es precisamente uno de los principales suministradores de armamento al régimen saudí, a través de empresas como Navantia que además es de titularidad pública De hecho, durante los últimos años, Arabia Saudí se ha consolidado como uno de los principales compradores de armas fabricadas en el Estado español, con un volumen total de compras de 744 millones entre 2010 y 2014. Últimamente, en el periodo 2010-2014, Riad se ha situado como el tercer principal comprador de armas españolas, con un 10% de las exportaciones totales.

En el 2015 el volumen de ventas de armas producidas por empresas españolas al régimen saudí se ha disparado, con 447,6 millones de euros durante el primer semestre del año, una cifra que supone un 26% de todo el material de defensa exportado por el Estado español en ese periodo.

Arabia Saudí es socio preferente de España en los países del Golfo, pero también uno de los principales importadores mundiales de armamento y potencia militar en los conflictos de Oriente Próximo, suministrando armamento al régimen sirio e interviniendo con ataques aéreos en el Yemen, causando muertes civiles. Y eso sin olvidar las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos en el país.
Por último, exigimos el fin de todos los contratos de venta de armamento con Arabia Saudí, como han hecho por ejemplo Bélgica y Suecia, y con todos los demás clientes de la industria armamentística española en el Golfo Pérsico, involucrados en conflictos militares y/o hayan cometido violaciones de derechos humanos como los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar o Bahréin.

Un mundo más seguro no se construye llenando de armas una de las zonas más convulsas del planeta.

Solidaridad con el pueblo de Haití

El gobierno de Haití sigue hasta ahora con su convocatoria a la segunda vuelta electoral en Haití.

Un balotaje que solo cuenta con la participación del candidato oficialista y el apoyo de la llamada “comunidad internacional”, expresada explícitamente por la OEA, la Unión Europea, EE.UU. y por supuesto, la cobertura de la MINUSTAH.

Con el fin de garantizar las diferentes formas de ocupación y saqueo posible, buscan convencer que con su intervención se ha “estabilizado” el país, que todo se encuentra bajo calma y que, pese a “algunas dificultades”, puede llevarse adelante la jornada electoral con miras a instalar un nuevo presidente, aparentemente resultado de las urnas, el 7 de febrero según manda la Constitución.

Lo que realmente se vive en el país, según informan las organizaciones, sobre todo en las principales ciudades, es una creciente ola de manifestaciones populares que claman por su soberanía, por la anulación de las fraudulentas elecciones, el fin de la injerencia de la “comunidad internacional” y el inicio de una transición por fuera del control de esta última. El pueblo aspira a refundar su nación, y en tal escenario las “selecciones” que siguen intentando imponerles solo legitiman la continuidad de la dominación y ocupación que la misma comunidad internacional viene propiciando con la permanencia de la MINUSTAH y sus tropas, en el marco centenario de la ocupación estadounidense.

Ante esta situación, la red Jubileo Sur/Américas redobla su solidaridad con el pueblo de Haití, en su lucha incansable en defensa de su soberanía y derecho a la autodeterminación, y llama a las fuerzas populares de toda nuestra América a expresarse en similar sentido. Reclamamos, en especial:

– Respeto a la voluntad del pueblo de Haití incluyendo sus demandas de anulación del viciado proceso electoral y el inicio de una transición libre y democrática

– Cese de toda represión;

– Fin de la injerencia extranjera;

– Retiro de la MINUSTAH.

Exhortamos a los gobiernos de América latina y el Caribe a unirse en la construcción de una nueva política hacia Haití. Instamos a retirar las tropas que después de 12 años ya, siguen participando en la ocupación de un pueblo hermano, y a oponerse activamente a la concreción de este nuevo fraude contra la voluntad haitiana. Y que avancen con urgencia en la materialización de una política de cooperación solidaria con los derechos, necesidades y alternativas que el pueblo haitiano siguen defendiendo.

 ¡¡ Viva el pueblo haitiano libre y soberano !!

¡¡Viva la solidaridad entre los pueblos !!

¡¡Fuera la MINUSTAH ya!!

¡¡Fin de la ocupación económica y militar de Haití!!

– América latina y el Caribe, 22 de enero 2016

JUBILEO SUR / AMÉRICAS