Basta de la persecución en contra Defensores de los Derechos Humanos y del Medio Ambiente en Chiapas
México enfrenta, desde hace por lo menos veinte años, una espiral de violencia que parece no tener fin. En prácticamente todos los puntos del territorio nacional los asesinatos, desapariciones, extorsiones y secuestros se han convertido en lamentables hechos de la vida cotidiana de la sociedad mexicana. La violencia y persecución no sólo proviene del crimen organizado contra periodistas y defensores de los derechos humanos y del medio ambiente sino incluso del mismo Estado. Chiapas no es la excepción. Durante el gobierno de Rutilio Escandón, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), tanto comunicadores como miembros de la sociedad civil que defienden los derechos humanos han sido víctimas de una violencia estructural que aumenta día con día. Ahora le ha tocado el turno a la Iglesia Católica y a personas ligadas a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.
El pasado 21 de junio de 2022, la Fiscalía General del Estado solicitó al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas, orden de aprehensión contra Marcelo Pérez Pérez, presbítero de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y reconocido defensor de los derechos humanos. Este caso se agrega al del defensor de derechos humanos y miembro de la parroquia de San Juan Cancuc, Manuel Santiz Cruz, detenido con otras 4 personas, acusados de asesinato en un proceso judicial por demás irregular; o el de Pedro Cortés López y Diego Mendoza Cruz, agentes de pastoral de la Diócesis, apresados, según testigos presenciales, sin orden de aprehensión y con lujo de violencia en la capital del estado a finales de junio.
En una terrible paradoja del sistema de justicia estatal, mientras que criminales quedan impunes por los múltiples feminicidios, desapariciones, desplazamiento forzado interno de miles de chiapanecos, asesinatos y la proliferación de decenas de grupos armados por diversas ciudades y poblados de toda la entidad, el Estado persigue y criminaliza a quien ha defendido a su pueblo, quien ha sido reconocido internacionalmente por su labor, quien ha inspirado, entre otras acciones de organización colectiva, la creación de Zoques en Defensa de la Vida y del Territorio (ZODEVITE), como lo ha hecho el Padre Marcelo.
El Padre Marcelo, que también acompaña al Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) y las luchas por la defensa del agua y de los humedales de la Cuenca de Jovel, ha estado al lado de las miles familias desplazadas víctimas de la violencia estructural y del crimen organizado que el Estado no atiende. Asimismo, asiste a los presos, combate el alcoholismo y los negocios en torno a la trata de personas, y contribuye en la construcción la paz en medio de diversos procesos de diálogo y negociaciones en varias comunidades de la región, con lo que ha logrado disminuir significativamente la confrontación y la violencia inter e intracomunitarias.
Originario del municipio de San Andrés Larráinzar, el Padre Marcelo Pérez, indígena de lengua y cultura tsotsil, ha sido un constante pregonero de la paz. Sin embargo, las calumnias y difamaciones para inculparlo por la violencia que tiene su raíz en las estructuras del Estado en Chiapas, alimentada por años de impunidad y corrupción, ahora pretende lavarse las manos y buscar chivos expiatorios ante su incompetencia y contubernio con la violencia que prevalece en todo la entidad.
Ante los hostigamientos, agresiones físicas, acoso psicológico y amenazas que mantienen al Padre Marcelo en constante peligro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió desde 2016 las medidas cautelares número MC- 506-14 con el objetivo de que el Estado le brinde la protección que requiere. Por ello, está adscrito al Mecanismo de Protección para Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno Federal. Del mismo modo está afiliado al organismo internacional con sede en Irlanda Front Line Defenders, como Defensor de los Derechos Humanos.
Frente a esta preocupante situación, exigimos a los gobiernos Federal y Estatal que dirijan sus instituciones, recursos y herramientas jurídicas hacia los verdaderos criminales y generadores de la violencia que se encuentran dentro y fuera de las estructuras del Estado que, por acción u omisión, ha consecuentado el sufrimiento de miles de chiapanecos, principalmente niños y niñas, mujeres y ancianos que, además de la pobreza endémica que han enfrentado por generaciones, ahora tienen que lidiar con una espiral de violencia incontenible.
Los abajo firmantes demandamos un alto a la criminalización de los defensores de derechos humanos y un cese al hostigamiento hacia sus personas y su trabajo. Pedimos acciones concretas por parte del Estado, en los tres niveles de gobierno, que garanticen la seguridad e integridad de todos los miembros de la sociedad. ¡¡BASTA DE PERSECUCIÓN Y HOSTIGAMIENTO A QUIENES DEFIENDEN LA VIDA Y EL ESTADO DE DERECHO!