Colima: Zacualpan gana un amparo contra dos concesiones mineras

Compartimos esta nota publicada en Tlanesi sobre la lucha por la vida y la resistencia anti minera en Colima – A 5 de mayo del 2021

Escrito por Pedro Zamora Briseño

En su lucha contra la minería, la comunidad indígena de Zacualpan se anotó una victoria judicial al obtener un amparo contra el procedimiento mediante el que fueron otorgados los dos títulos de concesión minera que afectaban su territorio.
Tras considerar que antes de la entrega de los permisos debió ser consultada la comunidad conforme a sus usos y costumbres, el juez federal Jorge Damián González Villaseñor, titular del Juzgado Segundo de Distrito con sede en la ciudad de Colima, dejó sin efecto las concesiones y estableció una serie de medidas para proceder frente a las solicitudes para la exploración y explotación minera en territorios indígenas.
Los títulos de concesión revocados son los 227572 y 201872, correspondientes a los lotes Tigrilla y Heliotropo, con superficies de 90.448 hectáreas y 100 hectáreas, a nombre de Mario Carlos Moncada Cantú y Adolfo Pineda Martínez, respectivamente. En el primer caso, la concesión fue otorgada en 2006 y en el segundo en 1995, ambas con una vigencia de 50 años.
En su sentencia relativa al juicio de amparo 458/2015, el juez ordenó a las autoridades federales de la materia dejar sin efecto los referidos títulos de concesión minera, pues para emitirlos “en ningún momento consideraron los usos y costumbres de dicha comunidad”, ignorando su especial situación de vulnerabilidad al ser integrante del grupo indígena nahua.
Advirtió que tampoco les fueron proporcionados los informes y documentación que los concesionarios debieron aportar para obtención de los títulos mineros, lo cual “hace evidente que no se permitió la participación de la comunidad de Zacualpan en las decisiones que derivaron en la expedición de las citadas concesiones”.
Antes de emitir una determinación en torno a la solicitud de los interesados en la exploración y explotación de los recursos minerales que pudieran existir en los lotes Tigrilla y Heliotropo, añadió la sentencia, “se deberá efectuar una evaluación de impacto social y ambiental, elaborada por un organismo independiente a las partes en este juicio, con capacidad técnica para realizar los estudios indicados”.
Posteriormente, determinó, “deberán proceder a la consulta a los integrantes de la comunidad indígena de Zacualpan, que pudieran verse afectados con los títulos de concesión, conforme a sus costumbres y tradiciones, considerando en todo momento los métodos tradicionales que utilizan en la toma de sus decisiones”.
Lo anterior, de acuerdo con la instancia jurisdiccional, “repercute en una afectación a su entorno, costumbres y actividades económicas que han sido transmitidas y realizadas de generación en generación en la comunidad quejosa”.
El juicio de amparo fue promovido en marzo de 2015 por los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y representantes del pueblo indígena electos en asamblea por usos y costumbres, con la asesoría jurídica de Guadalupe Espinoza Sauceda y Claudia Gómez Godoy.
En su demanda, los quejosos argumentaron que la emisión de las concesiones vulneraba los derechos al territorio indígena, a la protección especial de las tierras indígenas, a la consulta, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica.
Los representantes del pueblo indígena de Zacualpan hicieron notar que ambas concesiones se entregaron a personas ajenas a la comunidad y de acuerdo con el artículo 19 de la Ley Minera “otorgan el derecho a la exploración, explotación, disposición de minerales, disposición de los terrenos e incluso el derecho a obtener la expropiación de nuestro territorio, violentando con ello la protección especial que las tierras y territorios indígenas tienen tanto a nivel nacional como internacional”.
Citaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala que cuando la propiedad de los minerales sea del Estado, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.
En ese mismo sentido, sustentaron su reclamo en el artículo 6º de ese convenio y en el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se refieren también a la obligación de consultar a los pueblos antes de cualquier medida que los afecte.
En su sentencia, notificada a la comunidad este 3 de mayo, el juez citó los requisitos indispensables previstos por la Corte interamericana de Derechos Humanos para garantizar el derecho a la consulta indígena:
“Asegurar la participación efectiva de los pobladores de la comunidad materia del conflicto, garantizar que los miembros de la comunidad indígena se beneficien razonablemente del plan de desarrollo a implementar en su territorio y el Estado debe garantizar que no se emita ninguna afectación al territorio hasta que entidades independientes y técnicamente capaces realicen un estudio previo de impacto social y ambiental”.
La resolución del juicio de amparo estipuló que, en su caso, la consulta indígena debería efectuarse en las primeras etapas del procedimiento de concesión, respecto al plan de desarrollo o inversión, y no cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad indígena, para que se cuente con un lapso de tiempo adecuado para la discusión interna.
“También, se hará del conocimiento a la comunidad quejosa los posibles riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que se manifiesten de manera informada respecto de la concesión que en su momento pueda efectuarse a favor de los aquí terceros interesados”, determinó el juez.
Asimismo, “el procedimiento aquí decretado debe celebrarse de buena fe, sin que exista cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de particulares que actúen con su autorización” y “las decisiones que la comunidad indígena de Zacualpan tome, de acuerdo con el ejercicio de sus usos y costumbres, deben ser respetadas en todo momento”.

En su lucha contra la minería, la comunidad indígena de Zacualpan se anotó una victoria judicial al obtener un amparo contra el procedimiento mediante el que fueron otorgados los dos títulos de concesión minera que afectaban su territorio.
Tras considerar que antes de la entrega de los permisos debió ser consultada la comunidad conforme a sus usos y costumbres, el juez federal Jorge Damián González Villaseñor, titular del Juzgado Segundo de Distrito con sede en la ciudad de Colima, dejó sin efecto las concesiones y estableció una serie de medidas para proceder frente a las solicitudes para la exploración y explotación minera en territorios indígenas.
Los títulos de concesión revocados son los 227572 y 201872, correspondientes a los lotes Tigrilla y Heliotropo, con superficies de 90.448 hectáreas y 100 hectáreas, a nombre de Mario Carlos Moncada Cantú y Adolfo Pineda Martínez, respectivamente. En el primer caso, la concesión fue otorgada en 2006 y en el segundo en 1995, ambas con una vigencia de 50 años.
En su sentencia relativa al juicio de amparo 458/2015, el juez ordenó a las autoridades federales de la materia dejar sin efecto los referidos títulos de concesión minera, pues para emitirlos “en ningún momento consideraron los usos y costumbres de dicha comunidad”, ignorando su especial situación de vulnerabilidad al ser integrante del grupo indígena nahua.
Advirtió que tampoco les fueron proporcionados los informes y documentación que los concesionarios debieron aportar para obtención de los títulos mineros, lo cual “hace evidente que no se permitió la participación de la comunidad de Zacualpan en las decisiones que derivaron en la expedición de las citadas concesiones”.
Antes de emitir una determinación en torno a la solicitud de los interesados en la exploración y explotación de los recursos minerales que pudieran existir en los lotes Tigrilla y Heliotropo, añadió la sentencia, “se deberá efectuar una evaluación de impacto social y ambiental, elaborada por un organismo independiente a las partes en este juicio, con capacidad técnica para realizar los estudios indicados”.
Posteriormente, determinó, “deberán proceder a la consulta a los integrantes de la comunidad indígena de Zacualpan, que pudieran verse afectados con los títulos de concesión, conforme a sus costumbres y tradiciones, considerando en todo momento los métodos tradicionales que utilizan en la toma de sus decisiones”.
Lo anterior, de acuerdo con la instancia jurisdiccional, “repercute en una afectación a su entorno, costumbres y actividades económicas que han sido transmitidas y realizadas de generación en generación en la comunidad quejosa”.
El juicio de amparo fue promovido en marzo de 2015 por los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y representantes del pueblo indígena electos en asamblea por usos y costumbres, con la asesoría jurídica de Guadalupe Espinoza Sauceda y Claudia Gómez Godoy.
En su demanda, los quejosos argumentaron que la emisión de las concesiones vulneraba los derechos al territorio indígena, a la protección especial de las tierras indígenas, a la consulta, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica.
Los representantes del pueblo indígena de Zacualpan hicieron notar que ambas concesiones se entregaron a personas ajenas a la comunidad y de acuerdo con el artículo 19 de la Ley Minera “otorgan el derecho a la exploración, explotación, disposición de minerales, disposición de los terrenos e incluso el derecho a obtener la expropiación de nuestro territorio, violentando con ello la protección especial que las tierras y territorios indígenas tienen tanto a nivel nacional como internacional”.
Citaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala que cuando la propiedad de los minerales sea del Estado, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.
En ese mismo sentido, sustentaron su reclamo en el artículo 6º de ese convenio y en el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se refieren también a la obligación de consultar a los pueblos antes de cualquier medida que los afecte.
En su sentencia, notificada a la comunidad este 3 de mayo, el juez citó los requisitos indispensables previstos por la Corte interamericana de Derechos Humanos para garantizar el derecho a la consulta indígena:
“Asegurar la participación efectiva de los pobladores de la comunidad materia del conflicto, garantizar que los miembros de la comunidad indígena se beneficien razonablemente del plan de desarrollo a implementar en su territorio y el Estado debe garantizar que no se emita ninguna afectación al territorio hasta que entidades independientes y técnicamente capaces realicen un estudio previo de impacto social y ambiental”.
La resolución del juicio de amparo estipuló que, en su caso, la consulta indígena debería efectuarse en las primeras etapas del procedimiento de concesión, respecto al plan de desarrollo o inversión, y no cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad indígena, para que se cuente con un lapso de tiempo adecuado para la discusión interna.
“También, se hará del conocimiento a la comunidad quejosa los posibles riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que se manifiesten de manera informada respecto de la concesión que en su momento pueda efectuarse a favor de los aquí terceros interesados”, determinó el juez.
Asimismo, “el procedimiento aquí decretado debe celebrarse de buena fe, sin que exista cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de particulares que actúen con su autorización” y “las decisiones que la comunidad indígena de Zacualpan tome, de acuerdo con el ejercicio de sus usos y costumbres, deben ser respetadas en todo momento”.

Imagen :Epitacia Zamora Teodoro, iniciadora de la lucha contra la minería en Zacualpan. Foto: Pedro Zamora Briseño/ Archivo Tlanesi

Más información:

La disputa por el litio en México: Bipolaridad política, pero unidad económica

Compartimos con ustedes este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 29 de abril del 2022

El pasado 20 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación[1] el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Minera, todas ellas, modificaciones que se hacen para que la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, corra a cargo del Estado, mediante un organismo público descentralizado[2]. Ante esto, y frente al escenario de encono dicotómico que, desde la clase empresarial, los partidos y el gobierno se ha impulsado, desde la REMA queremos decir lo siguiente:

Que frente a todo lo que debe abrogarse de esta Ley, el gobierno decidió mantener el carácter sumiso ante el mercado y ante el modelo extractivo con el que fue diseñada en 1992. Para empezar, este decreto continúa legalizando el saqueo, el despojo a comunidades, la destrucción de la naturaleza y los gravísimos daños a la salud que ocasiona día tras día la minería en México. Además, las modificaciones que aprobaron, si bien cambian el sujeto que puede explotar uno de los minerales, el litio (y, como se enuncia en el Artículo 10, “los demás minerales declarados como estratégicos por el Estado”), lo hace sin poner un mínimo de cuestionamiento al modelo de operación del neoextractivismo para obtener lo que hoy, se dice, es un mineral “estratégico”.

Sabemos que el litio es un mineral fundamental para lo que desde las empresas y los Estados llaman la transición energética. Sabemos que, por esto, este mineral, tan sólo en los últimos tres meses de este año, ha incrementado su valor en un 250%. Pero sabemos también los gravísimos daños sociales y ambientales que han dejado la explotación de este mineral en el mundo[3] y por ello, desde la REMA, llamamos a la sociedad a debatir más allá de las narrativas dicotómicas y simplistas sobre lo público y lo privado, impuestas por los partidos políticos, empresas y algunos medios de comunicación. Desde la REMA nos parece urgente poner en la mesa lo que consideramos es el verdadero fondo que como sociedad debemos discutir de este asunto: las causas y consecuencias del modelo extractivo (sea quien sea la instancia que lo promueva) y sobre el supuesto “modelo de desarrollo” que se impulsa a partir de toda la destrucción que causa el primero.

¿Qué dice esta reforma? Esta reforma a la ley minera, como se ha dicho, no nacionaliza el litio que es un mineral que, en el subsuelo, como los otros, ya era considerado propiedad de la nación. Lo que sí hace esta reforma es crear una excepción para que la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, a diferencia de la mayor parte de los minerales, corra a cargo del Estado. Sin embargo, esto no implica la eliminación de las concesiones otorgadas, ni la expropiación a las empresas que ya están operando. Esta reforma tampoco niega que la explotación, beneficio y aprovechamiento del litio vaya a ser realizada de manera exclusiva por el Estado[4], sino que abre la posibilidad de que la empresa pública y descentralizada que se conforme para administrar estas actividades se pueda asociar con capitales, nacionales o extranjeros, para tal fin. Así es como tanto las empresas extranjeras que ya tienen concesiones, como aquellas nacionales que seguramente estarán ávidas de sumarse al botín, podrían terminar de la mano del Estado en esta actividad. Empresas como Peñoles (de los Bailleres), Frisco (de Slim) y Grupo México (de los Larrea), empresas sobre las que penden grandes exigencias de rendición de cuentas, remediación de daños, y señalamientos sobre crímenes, podrían sumarse a este festín. Eso sí, en compañía de la instancia creada para tal fin por el Estado.

Para identificar posibles yacimientos de litio, que podrían, más adelante, ser explotados por el organismo público descentralizado que se pretende crear, el Servicio Geológico Mexicano (SGM) llevará a cabo trabajos de prospección en 82 localidades de 18 estados de la república (Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, y Zacatecas). ¿Qué pasará con las comunidades donde se encontrarán cantidades suficientes de litio para ser explotadas? Seguramente el gobierno desplegará todas sus fuerzas para avanzar con esos proyectos, sin importar lo que opinan las comunidades locales, acelerando y/o brincándose los permisos necesarios, manejando información a modo, como está pasando ahora con otros proyectos emblemáticos de la 4T como el Corredor Interoceánico o el Tren Maya. Existe también el grave riesgo que se lleven a cabo procesos de expropiaciones, bajo la noción de utilidad pública, o bajo un estandarte de que es por el beneficio del pueblo mexicano y para la soberanía energética nacional.

Además, vale la pena precisar que la mayoría de los estados donde el SGM llevará cabo trabajos de prospección para una posible explotación de litio sufren actualmente de un grave estrés hídrico y de problemas de escasez y contaminación del agua. Uno de los principales impactos de la explotación del litio denunciados por los pueblos de la región de los salares andinos de Sudamérica es justamente la alta cantidad de agua que requiere el proceso de evaporación ligado a la extracción de litio en salares o salmueras. Por esta razón la extracción del litio ha sido denominada “minería del agua”. Ciertos estudios realizados en el salar de Atacama señalan que “Para producir una tonelada de litio se evaporan 2 millones de litros de agua desde las pozas, es decir, 2 mil toneladas de agua que no es posible recircular”[5]. Provoca graves modificaciones sobre los sobre los flujos de aguas subterráneas y existen por ahora pocos estudios de los impactos que eso genera sobre ecosistemas tan frágiles y complejos como son los salares y lagunas. ¿Cómo se puede hablar de un decreto y una propuesta “en favor del pueblo mexicano” cuando pondrá en peligro uno de sus bienes más importantes y, tal vez, el más vital, como lo es el agua?

El decreto precisa que será “deber del estado proteger y garantizar la salud de los mexicanos, el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas”. Se supone que este deber del Estado hacia su población ya es un hecho marcado por la Constitución y no debería hacer falta un nuevo decreto para aplicarse. Además, el hecho que sea una paraestatal no garantiza en absoluto que se respetan esos aspectos. Sobran los ejemplos de los graves impactos provocados por proyectos de PEMEX o de la CFE, así como ejemplos de desinformación, imposición y criminalización que siempre han usado para promoverlos, tanto como los que emplean las empresas privadas. 

¿Qué no toca esta reforma? La minería ni al modelo extractivista a través del cual opera no son modificados en lo más mínimo. La 4T y los demás partidos políticos en el gobierno evaden la exigencia de justicia que, de pueblos Indígenas, comunidades campesinas, individuos ciudadana/os y organizaciones hacemos frente a las actividades mineras. Niegan la oportunidad de iniciar un replanteamiento de fondo que no tome como único camino la explotación de minerales, y su puesta en circulación dentro mercado, para beneficio del modelo económico impuesto. Todos los partidos y empresarios dicen que el litio es estratégico para el proceso de Transición Energética, pero no se cuestiona: Transición energética ¿para qué? ¿para quién? y ¿a costa de qué?

Tampoco existe discusión de fondo sobre el destino y los usuarios finales del litio. Actualmente el 88% del crecimiento de la demanda de litio se relaciona con la fabricación de coches eléctricos. En México, desde varias décadas han sido claros los impactos ambientales y la explotación laboral relacionadas con la actividad automotriz, ligados a la lógica de externalización de costos implementados por EEUU o más recientemente por ciertos países asiáticos. Ampliar el modelo y la frontera extractiva en México, y los impactos relacionados, para generar insumos destinados a ser exportados y consumidos en otros países, cuestiona la supuesta soberanía nacional aclamada con este decreto. La narrativa dominante de la necesidad del litio para vehículos eléctricos no permite, además, cuestionar este modelo de transporte individualista y elitista. Permite seguir posicionando falsas soluciones tecnológicas al posible reemplazo del petróleo (gas mediante fracking, minerales estratégicos, minería submarina, hidrogeno) sin cuestionar ni cambiar el modelo económico capitalista basado en actividades extractivistas, maquiladoras y explotadoras. La transición energética que proponen, es una transición de mercado, tecnología y capitalismo rapaz que empodera, enriquece e incrementa las desigualdades.

Por otro lado, el decreto no hace nada para liberar el estado de la estructura neoliberal a la cual se ha ligado con la firma de tratados de libre comercio y otros acuerdos de inversión internacional, como el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) que incluye Canadá o el Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (APPRI) entre México y China para nombrar solamente dos, que compromete la soberanía del estado a los intereses y los caprichos del capital transnacional que ahora amenaza con actuales y futuras demandas por decisiones como esta. Si bien el discurso gubernamental promete cancelar los permisos para privados que pasará por ejemplo con el proyecto minero de Bacanora en Sonora, adquirida por la poderosa empresa china Ganfeng Lithium, quien controla actualmente la mitad de la producción mundial de litio y quién seguramente no se saldrá tan sencillamente de este jugoso negocio. Actualmente, existen distintos mecanismos para que las empresas puedan recurrir a tribunales de arbitrajes privados como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, aplicando el mecanismo de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados. Esos mecanismos son permitidos por los 14 Tratados de Libre Comercio (TLCs) que México ha firmado con 50 países y los 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs)[6].Tratados que han sido en ciertos casos reafirmados por el gobierno de la 4T y sobre los cuales no existen el mismo supuesto discurso crítico cuando, de fondo, son los mecanismos que realmente ponen en jaque una posible soberanía nacional.

La auto-llamada 4T no ha respondido a la demanda de alto a la minería que desde muchas organizaciones sociales hacemos, ni ha respondido a la exigencia de justicia por la persecución, crímenes y daños que la minería ha generado en el país. Actualmente, existen poco más de 24 mil concesiones mineras vigentes y la superficie concesionada para esta actividad es aproximadamente de 17 millones de hectáreas, lo que corresponde al 8.63% del territorio nacional. Por su parte, la SEMARNAT ha continuado en este sexenio con la autorización de proyectos de exploración y explotación minera.

Las y los afectados por la minería exigimos que se entienda que es el modelo extractivo la causa verdadera del problema, independientemente si la empresa es de capital Estatal, público, privada. Las y los afectados por la minería decimos NO a la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio y de los demás minerales. La verdadera utilidad pública de los mismos, es la determinación de dejarlos en el subsuelo.

POR TERRITORIOS LIBRES DEL MODELO EXTRACTIVO

ALTO A LA DEVASTACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA


[1] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5649533&fecha=20/04/2022

[2] https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lmin/LMin_ref05_20abr22.pdf

[3] https://ejatlas.org/featured/met_america

https://cl.boell.org/sites/default/files/2020-12/Libro%20Salares%20Andinos%20OPSAL.pdf

[4] El artículo 10, sólo menciona “La exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio quedan exclusivamente a cargo del Estado, y se llevarán a cabo por el organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones aplicables…”

 [5] https://dialogochino.net/es/actividades-extractivas-es/35354-oro-blanco-la-violenta-disputa-por-el-agua/  

[6]  https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico

BAJAR COMUNICADO EN PDF

Imagen: Mina de litio. Foto: Getty Images

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Video: Encuentro Mesoamericano contra la Palma de Aceite I

Compartimos con ustedes este video sobre el Encuentro Mesoamericano contra la Palma de Aceite realizado durante octubre del año 2021

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, durante los días 3 al 6 de Octubre 2021 nos encontramos diversas organizaciones, redes, miembros y representantes de colectivos provenientes de Honduras, Guatemala, México,Uruguay y Ecuador, con el fin de compartir experiencias en torno a las plantaciones de palma de aceite, analizar, estudiar y debatir sobre las consecuencias de este monocultivo en nuestros territorios.

Conocimos como llego la palma de aceite a mesaomerica, cual es el contexto en algunap países, cuales son algunas de las estrategias para introducir la palma y cuales son las consecuencias del monocultivo de esta.

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Artículo: Nuestro litio y los tratados de inversiones

Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre la reciente discusión sobre la reforma energética y el litio – A 25 de abril del 2022

Manuel Pérez Rocha L.* F

Frustrados quedaron los vendepatrias de administraciones anteriores y empresas mineras que se salivaban con el litio de nuestro país. Advierten que la nacionalización del litio en México contraviene al T-MEC. La verdad es que el capítulo 14-E de este tratado se limita a proteger a empresas con contratos de gobierno de sectores que no incluyen al sector minero (ver sectores en página 14-E-3, https://bit.ly/3jZX5ac).

No obstante, se tienen que tomar en cuenta otros tratados. Para empezar, el capítulo de inversiones vigente hasta el 31 de junio de 2023 sigue siendo, bajo la llamada cláusula de legado del T-MEC, el capítulo 11 del TLCAN, que sí incluye minería y por lo cual la 4T sabe bien que no puede rescindir contratos a empresas mineras canadienses o estadunidenses. Así lo precisó López Obrador: Se van a revisar todos los contratos, los autorizados para litio. No se suspenden los contratos para otros minerales, no es para la plata, no es para el oro, para el cobre, es litio. Tampoco se podrán rescindir contratos mineros cuando expire la cláusula de legado, ya que México es parte del Tratado Transpacífico (TPP) del cual Canadá es parte, y trasnacionales estadunidenses también podrían demandar a México domiciliándose en ese país.

En el anuncio de AMLO de una revisión de contratos otorgados para la explotación del litio ( La Jornada, 22/4/20) es esencial saber si se han otorgado concesiones de explotación a empresas estadunidenses y canadienses que pudieran usar la cláusula de legado del TLCAN. Lo que sí sabemos es que hay una concesión previamente otorgada para la explotación de litio en el yacimiento de Sonora, el mayor del mundo, a la empresa con capital chino Bacanora Lithum, subsidiaria de Ganfeng Lithium, el mayor productor de litio en el mundo y cuya concesión, según reportes, le permitiría extraer 35 mil toneladas por año de carbonato de litio (https://bit.ly/3vciiUN).

Al revisar esta concesión hay que prever si Ganfeng Lithium puede acudir al Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (APPRI) entre México y China, firmado en 2009 (https://bit.ly/3v4fCsa), para demandar a México. En su artículo 7 queda establecido que 1. Ninguna Parte Contratante podrá expropiar o nacionalizar una inversión, directa o indirectamente a través de medidas equivalentes a expropiación, excepto (a) por causa de utilidad pública, (b) sobre bases no discriminatorias, (c) con apego al principio de legalidad y (d) mediante el pago de una indemnización conforme al párrafo 2 siguiente: 2. La Indemnización (a) sea equivalente al valor justo de mercado que tenga la inversión expropiada antes de que la expropiación sea llevada a cabo, (b) sea pagada sin demoras, (c) incluya intereses. Y el artículo 13 de este APPRI establece que Un inversionista contendiente podrá someter la reclamación a arbitraje de conformidad con el convenio del CIADI (del Banco Mundial), del cual México y China son miembros.

Empresas chinas ya han realizado varias demandas inversionista-Estado y actualmente tienen tres casos pendientes, notablemente una de Wang y otras empresas contra Ucrania por la impagable cantidad de 3 mil 500 millones de dólares. Dicho sea de paso, además del asedio militar ruso, Ucrania tiene cinco demandas pendientes, tres de empresas rusas y dos de Países Bajos (tema para otro artículo).

El análisis de los contratos de litio, y en general del desempeño de empresas extranjeras en México, incluyendo las de generación eléctrica e hidrocarburos, obliga a la 4T a una profunda revisión de los beneficios y perjuicios de los tratados de libre comercio y los APPRI firmados por gobiernos entreguistas del PRIAN desde Salinas de Gortari. México se encuentra hoy entre los seis países más demandados del mundo por inversionistas extranjeros ante tribunales de arbitraje supranacional, y es el tercer país más demandado de América Latina y el Caribe (después de Venezuela y Argentina).

El arriba citado APPRI con China tiene una cláusula de expiración de 10 años, por lo que desde 2019 se puede terminar unilateralmente. De hecho, de los 31 APPRI que México tiene firmados, 21 podrían ser terminados, pues pasaron la fase inicial de 10 o 15 años que estipula el tratado para su vigencia, con lo cual México tiene la oportunidad de salirse de más de 2/3 de todos sus tratados bilaterales de inversión (https://isds-americalatina.org/perfiles-de-paises/mexico/). Hasta en el T-MEC se estipula que Para mayor certeza, las Partes del Anexo (México y Estados Unidos) podrán acordar la modificación o eliminación de este Anexo (14-E-3).

El 28 de abril de 2020, en pleno comienzo de la crisis del covid-19, México y la Unión Europea anunciaron el final de la negociación de la modernización de su TLC con la Unión Europea (TLCUEM), vigente desde el año 2000, y firmaron un acuerdo de principio cuya novedad es la inclusión de un capítulo de protección de inversiones, que el viejo TLCUEM no tenía y que sustituiría todos los APPRI entre México y países miembros de la UE. Con este nuevo capítulo, las privatizaciones y reformas entreguistas en el sector energético de gobiernos pasados se blindarían aún más, y los esfuerzos de la 4T de recobrar la soberanía energética y los recursos naturales se seguirían enfrentando a una andanada de demandas sin fin. Ya veremos cómo, ante la nacionalización del litio en México (y otros países como Bolivia), la voracidad de empresas extractivas e instituciones como el Banco Mundial se confabulan.

* Investigador del Institute for Policy Studies, www.ips-dc.org

Twitter: @ManuelPerezIPS

Imagen: Banda transportadora de mineral en Buenavista del Cobre, Sonora. CORTESÍA GRUPO MÉXICO- A través de: Sol de México

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El Escaramujo en la Radio Martes 3 de mayo 6pm – “Territorios en disputa: resistiendo al neo-extractivismo”

En nuestra emisión mensual de mayo del programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, estaremos platicando sobre la resistencia y la lucha al modelo extractivo minero, nos acompañará LinaMar Campos-Flores, PhD. Becaria postdoctoral del FRQ-SC, quien realiza una investigación sobre: Excavando territorios: geografía y trayectorias emocionales de mujeres mexicanas en resistencia a las empresas mineras canadienses, así que acompáñanos este martes 3 de mayo a las 6 pm.

Acompáñanos este martes 3 de mayo a las 6 pm en el programa de radio “El Escaramujo” en que abordaremos el tema “Territorios en disputa: resistiendo al neo-extractivismo”. Charlaremos acerca de la lucha y la resistencia . Nos acompañará LinaMar Campos-Flores, Becaria postdoctoral del FRQ-SC,.

Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Kinoki este martes 3 de mayo a las 6 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki

Nota: Usuarias y usuarios de biodigestores comparten experiencias acerca de su autosuficiencia energética

Compartimos con ustedes esta nota de Chiapas Paralelo sobre nuestras experiencias instalando biodigestores con diferentes familias en los altos y la meseta comiteca de Chiapas – A 7 de abril del 2022

*Un biodigestor es un sistema de tecnología apropiada, sirve para producir biogás y un fertilizante orgánico. Estos sistemas se adaptan a las condiciones y necesidades de comunidades rurales que se dedican a la producción ganadera. 


En la actualidad, la crisis climática es uno de los mayores retos que enfrenta el mundo.

Los efectos se aprecian en el aumento del nivel del mar, desaparición de arrecifes que albergan una variedad de especies, disminución de la biodiversidad, mayores especies en peligro de extinción, incremento de fenómenos meteorológicos extremos, y la sequia que cada vez amenaza a más personas, dio a conocer Anne Marie Schpomig, técnica e ingeniera de protección ambiental y energías renovables, y voluntaria en Otros Mundos A. C.

La lista de impactos es larga y los peligros para la naturaleza y las personas son mayores que nunca. Pero, ¿Qué podemos hacer para detener este proceso?, cuestionó Schpomig. Puesto que las empresas prometen salvar el futuro con las energías renovables, pero abusan de la protección del medio ambiente, el motivo, acumular enormes beneficios a través de megaproyectos a costa de la población y a veces con violaciones de los derechos humanos.

No se puede hablar de desarrollo sustentable. Muchos de estos megaproyectos destruyen la naturaleza y amenazan los territorios de nuestras hermanas y hermanos. En Otros Mundos Chiapas A.C., siempre estamos buscando modelos de energía alternativa, dijo la voluntaria.

En ese sentido, se encontraron con los sistemas de biogás, a pesar de ser pequeñas soluciones sustentables, refuerzan la autosuficiencia energética de los pueblos, una herramienta importante en la lucha contra la explotación capitalista y la defensa de los territorios.

De modo que el año pasado instalaron 18 pequeñas plantas de biogás en la Región V Altos Tsotsil-Tseltal y la XV Meseta Comiteco Tojolabal en Chiapas.

La especialista explicó que una bolsa de lámina negra impermeable al gas funciona como un pequeño biodigestor, y el material para la biomasa se obtiene de los excrementos de animales, convirtiéndose en biogás (metano CH4).

El biogás producido puede utilizarse para cocinar con una estufa de dos quemadores y el producto residual puede esparcirse en los campos como “biol”, un biofertilizante de calidad para nutrir plantas y recuperar suelos. Esto, trae consigo un alivio para las familias, pues desde la instalación ya pueden renunciar a la compra de los tanques de gas licuado de petróleo (gas LP) y del abono adicional.

En estos casos, Schpomig dijo que sólo el biogás y la leña son suficientes. Ya que las familias no sólo se ven aliviadas en lo económico, sino que contribuyen de manera activa a la producción de energía renovable, biofertilizante para las plantas y tratamiento de residuos de las pequeñas explotaciones.

A principios de febrero celebramos nuestra primera reunión de la Red de usuarias y usuarios de biodigestores en Chiapas. Se invitó a todas las familias en las que hemos establecido un sistema hasta ahora. Nos alegramos especialmente de la presencia de tantas mujeres y niños. De hecho, hay tantas mujeres como hombres que trabajan a diario con los sistemas, indicó la técnica.

El encuentro fue un intercambio de experiencias. Cortesía: Otros Mundos Chiapas

Por ello, se reunieron en la finca de Alermo López en la comunidad Cajcam, ubicado en Comitán de Domínguez, con el fin de compartir experiencias recogidas hasta el momento. Lo más importante es que todos los participantes se mostraron entusiasmados y deseosos de contribuir con el intercambio.

De manera que la diversidad del uso de las plantas de biogás es impresionante. Ya sea en las montañas, cerca de la ciudad o en las afueras, han surgido pequeñas soluciones descentralizadas por todas partes, enfatizó Schpomig. Por ejemplo, uno de los sistemas está conectado de manera directa al inodoro y se alimenta en un principio de excrementos humanos.

Otro participante está experimentando con el biogás y quiere utilizarlo para el transporte. “La magia del biodigestor inspira a todos los usuarios”, tal es el caso de Pedro Ruiz, usuario de biodigestor.

Es decir, la particularidad de la planta de biogás es que los productos utilizados proceden de la naturaleza y se convierten directo en energía, sin necesidad de emplear tecnología a gran escala. Incluso, el biol vuelve a encontrar su lugar en la naturaleza como abono.

Instalaciones de biodigestores en diferentes puntos de Chiapas. Cortesía: Otros Mundos Chiapas

Durante el intercambio de experiencias, la ingeniera en energías renovables destacó el diálogo sobre los problemas encontrados, uno de ellos es la reparación de los sistemas dañados. Como se necesita un equipo técnico especial, la reparación actual es cara.

Ya estamos planeando adquirir un dispositivo de este tipo en el futuro para estar preparados para estos casos. Es bonito ver cómo, además de una economía energética más sustentable, se está creando aquí una red entre usuarios. Ya estamos esperando el próximo encuentro con nuestras compañeras y compañeros, finalizó la técnica en protección ambiental.

Una alternativa encaminada a la autogestión energética

Por otra parte, Otros Mundos instaló biodigestores en diferentes puntos de Chiapas, para la generación de biogás y biofertilizante, pues están convencidas y convencidos que se puede transitar hacia un nuevo modelo energético. Por eso, apostaron a alternativas como esas, donde las comunidades y pueblos se van caminando hacia la autosuficiencia y autogestión de sus recursos naturales.

Instalaciones de biodigestores en diferentes puntos de Chiapas. Cortesía: Otros Mundos Chiapas

Además, el uso de los fogones abiertos afecta la salud, en especial de las mujeres, adultos mayores, niñas y niños. En muchas regiones del campo, la dificultad de conseguir leña o su uso exclusivo está provocando deforestación y otros problemas asociados como la falta de agua, pobreza de los suelos, entre otras consecuencias.

Aunado a ello, el consumo de tanques de gas comercial merma la economía familiar y acelera el uso de hidrocarburos que pretenden eliminar por el cambio climático. En el ámbito urbano o semiurbano, se da la crianza de cerdos y borregos, generando malos olores y descargas residuales a los ríos. Por ello, consideraron que el uso de los biodigestores es un mecanismo para contrarrestar esos efectos y problemáticas, tanto en las zonas rurales como urbanas y semiurbanas.

Imagen: Encuentro de la Red de Usuarias y Usiarios de Biodigestores en Chiapas – Febrero 2022 – Otros Mundos

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Yucatán: Las  amenazas no detendrán la defensa de los cenotes en Homún, advierte comunidad

Compartimos esta nota de Pie de pagina sobre la lucha por la vida y el agua ante la devastación de granjas porcicolas en Yucatán – A 8 de abril del 2022

Este miércoles una pobladora de Homún, un pueblo maya que desde hace cinco años resiste a la instalación de una mega granja de puercos, recibió una amenaza contra ella y su familia por defender el medio ambiente. La comunidad asegura que no claudicará en la defensa de los cenotes

Texto: Arturo Contreras Camero 

Foto: Indignación

CIUDAD DE MÉXICO.- Una mujer de Homún, Yucatán, recibió este miércoles amenazas telefónicas como parte de una campaña de amedrentamiento e intimidación contra esa comunidad. En 2017 los pobladores de Homún se dieron cuenta que una granja con capacidad para albergar 50 mil puercos amenazaba con instalarse en las inmediaciones del pueblo. Desde entonces iniciaron una lucha legal para detenerla. Las amenazas llegaron a semanas de que un juez decida si se mantiene la suspensión de actividades sobre la granja. 

Homún depende económicamente de los cenotes y los ríos subterráneos que pasan por la comunidad, por lo que una granja porcícola, que usa y contamina miles de litros de agua, es una amenaza seria a su modo de vida. Después de distintos intentos para detener la granja, en 2018 se les concedió un amparo que suspendió la operación de la granja, bajo el argumento de que su contaminación afectaría el derecho a la salud de las niñas, niños y adolescentes de la comunidad.

En marzo de este año el titular del juzgado segundo de distrito, Rogelio Leal Mota, inició un proceso para revocar la suspensión de la granja. En ocasiones anteriores el juez Leal Mota ya ha fallado en favor de la empresa dueña de la granja: Producción Alimentaria Porcícola (PAPO). Este 18 de abril debería dar un fallo al respecto. 

“En ese contexto, una de las representantes de las niñas y los niños recibió una llamada”, relata Lourdes Medina, la abogada que asesora el caso. “Empezaron a preguntar por lo del turismo de los cenotes, el costo de los paseos. Ella es una compañera que se dedica a eso. Le preguntaron por los servicios como guía de turistas, de los cenotes y de la gastronomía. Pero después cambiaron el tono. Le preguntaron que si no tenía miedo del activismo”. 

“De inicio no entendió la referencia, pero después les dijo que por supuesto que ella no tiene miedo, porque sabe que tiene la razón, que está defendiendo sus derechos y los del pueblo”, cuenta por teléfono la abogada. “Después le preguntó si no temía por sus hijos, y entonces la compañera sí se asustó. Que si no temía por la muerte de la gran cantidad de hijos que tenía”. Después colgaron la llamada. Miembros de la comunidad intentaron rastrear el teléfono, pero se dieron cuenta que la llamada venía de un teléfono público. 

Esta no es la primera vez que los defensores del anillo de cenotes, como se llama a este sistema de ríos y cavernas que proveen el 60 por ciento del agua potable de Yucatán, recibe una agresión de este tipo. Pero sí es la primera vez que las dirigen contra un representante del pueblo maya. 

“De forma comunitaria ya han tomado medidas, saben y están conscientes que fueron llamadas para darles miedo y darles temor”, asegura Lourdes Medina. Una de esas medidas es aumentar la vigilancia que los propios pobladores ejercen. Para llevar turistas a los cenotes, la gente de Homún se sirve de triciclos que a la vez sirven  como una red de información. Aunque también se dio aviso a las autoridades competentes. 

“Están informados y están al pendiente de cualquier situación extraña que pueda suceder en el pueblo o cerca de la granja. Se comunicó a la Policía Municipal, se les emitió una alerta y se está en comunicación con ellos. También hablamos con el Mecanismo (Federal) de protección (a periodistas y defensores de Derechos Humanos) para hacer una evaluación de riesgo”, dice la abogada Medina, quien espera que el colectivo del pueblo sea reconocido bajo el estatus de defensores y defensoras. 

“Están conscientes de contra quienes están peleando, están conscientes de que el caso ha destapado las irregularidades de un sistema controlado por los industriales con mafias gubernamentales que están detrás de la contaminación. Están conscientes de los poderes en contra y como ellos decidieron en asamblea, se quiso dar a conocer. Queremos dar a conocer, a las personas que nos lo hayan intentado causar, que sepan que no les tenemos miedo”.

Arturo Contreras

Periodista en constante búsqueda de la mejor manera de contar cada historia y así dar un servicio a la ciudadanía. Analizo bases de datos y hago gráficas; narro vivencias que dan sentido a nuestra realidad.

Imagen: Equipo Indignación

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Red de Usuarias(os) de Biodigestores en Chiapas

Compartimos este relato sobre el encuentro de la Red de Usuarias y Usuarios de Biodigestores en Chiapas realizo a principios de febrero en Comitan – A marzo 2022 >>Descargar en pdf<<

Alcances del proyecto Otros Mundos Chapas A.C.

Por Anne Marie Schpomig – Técnica/Ingeniera de protección ambiental y energías renovables; voluntaria de Otros Mundos 2021/2022

Actualmente nos enfrentamos a uno de los mayores retos de nuestro tiempo: la crisis climática. Los efectos pueden sentirse claramente en todo el mundo. El nivel del mar está subiendo, los arrecifes de coral que albergan cientos de especies están desapareciendo, la biodiversidad está disminuyendo, muchas especies están en peligro de extinción, los fenómenos meteorológicos extremos están aumentando y destruyendo los hogares de muchas personas, las hambrunas y las sequías se están convirtiendo en una amenaza para cada vez más personas. La lista de impactos es larga y los peligros para la naturaleza y las personas son mayores que nunca.

Pero, ¿Qué podemos hacer para detener este proceso? Las empresas prometen salvar nuestro futuro con las energías renovables. Pero cuando las grandes empresas abusan de la protección del medio ambiente como motivo para acumular enormes beneficios a través de megaproyectos a costa de la población y a veces con violaciones de los derechos humanos, no se puede hablar de desarrollo sustentable. Muchos de estos megaproyectos destruyen la naturaleza y amenazan los territorios de nuestras hermanas y hermanos.

En Otros Mundos Chiapas A.C., siempre estamos buscando modelos de energía alternativa. En el de la misma, nos hemos encontrado con sistemas de biogás. Estas pequeñas soluciones sustentables refuerzan la autosuficiencia energética de los pueblos, una herramienta importante en la lucha contra la explotación capitalista y la defensa de los territorios.

El año pasado pudimos instalar 18 pequeñas plantas de biogás en la región V: Altos Tsotsil-Tseltal y XV: Meseta Comiteco Tojolabal en estado de Chiapas. Con un pequeño biodigestor (bolsa de lámina negra impermeable al gas), la biomasa (excrementos de animales) se convierte en biogás (metano CH4). El biogás producido puede utilizarse para cocinar con una estufa de dos quemadores y el producto residual puede esparcirse en los campos como “biol” un biofertilizante de excelente calidad para nutrir plantas y recupera suelos. Esto supone un gran alivio para las familias. Desde la instalación ya pueden prescindir de los tanques de gas LP compradas y del abono adicional. En estos casos, sólo el biogás y la leña son suficientes. Las familias no sólo se ven aliviadas económicamente, sino que contribuyen activamente a la producción de energía renovable, biofertilizante para las plantas y tratamiento de residuos de las pequeñas explotaciones.

A principios de febrero celebramos nuestra primera reunión de la Red de usuarias (os) de biodigestores en Chiapas. Se invitó a todas las familias en las que hemos establecido un sistema hasta ahora. Nos alegramos especialmente de la presencia de tantas mujeres y niños. De hecho, hay tantas mujeres como hombres que trabajan a diario con los sistemas. Nos reunimos en la finca de nuestro compañero Alermo Lopez en la comunidad Cajcam, Comitán de Domínguez para compartir las experiencias recogidas hasta el momento. Todos los participantes se mostraron entusiasmados y deseosos de participar en el intercambio.

La diversidad del uso de las plantas de biogás es impresionante. Ya sea en las montañas, cerca de la ciudad o en las afueras, han surgido pequeñas soluciones descentralizadas por todas partes. Uno de los sistemas, por ejemplo, está conectado directamente al inodoro y se alimenta principalmente de excrementos humanos. Otro compañero está experimentando mucho con el biogás y quiere intentar utilizarlo para el transporte. La magia del biodigestor inspira a todos los usuarios. Nuestro compañero Pedro Ruiz (usuario de biodigestor) nos informa de que hay mucho interés en sucomunidad, muchos de sus vecinos también querrían tener un sistema de este tipo que genere energía a partir de los residuos.

La particularidad de la planta de biogás es que los productos utilizados proceden de la naturaleza y se convierten directamente en energía sin necesidad de utilizar tecnología a gran escala. Incluso el producto residual el “biol” vuelve a encontrar su lugar en la naturaleza como abono.

Durante el intercambio de experiencias también se habló de los problemas encontrados, uno de ellos la reparación de los sistemas dañados. Como se necesita un equipo técnico especial, la reparación es actualmente muy cara. Sin embargo, ya estamos planeando adquirir un dispositivo de este tipo en el futuro para estar preparados para estos casos.

Es bonito ver cómo, además de una economía energética más sustentable, se está creando aquí una red entre usuarios. Ya estamos esperando el próximo encuentro con nuestras compañeras y compañeros.

Galería del encuentro de la

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Imágenes: Otros Mundos Chiapas

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Campaña Sin Maíz No Hay País: Comunicado de Urgente Resolución

Compartimos este comunicado de la campaña Nacional Sin Maíz No Hay País sobre el actual precio del maíz y la crisis alimentaria – A 23 de marzo del 2021

Ciudad de México, 23 de marzo de 2022.

Comunicado de Urgente Resolución

  • Una de las prioridades de todo gobierno es cubrir las necesidades básicas de alimentación de los y las ciudadanas.
  • En México, el derecho a una alimentación sana, suficiente y de calidad está consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
  • La tortilla es el principal alimento de los y las mexicanas. Proporciona en promedio cerca de 45 % de las calorías, 40 % de las proteínas y 50 % del calcio que se requiere. En el campo pueden aumentar los porcentajes hasta llegar a 70% de las calorías y 50% del consumo diario de proteínas.
  • En los últimos años se ha reducido el consumo de tortillas en México, debido al precio y a la mala calidad de los productos que se añaden a la producción de las tortillas. Se les ha sustituido por alimentos chatarra que han provocado una grave epidemia de obesidad y de diabetes. Estas enfermedades tienen altos costos sociales y económicos, no habrá presupuesto de salud que alcance para atenderlas.
  • Esta situación puede agravarse por el alza injustificada del precio del maíz y la falta de una política que regule el comercio del grano y vigile la normatividad para la producción de la tortilla.
  • Las comercializadoras están cerrando sus puertas o condicionando la venta del grano.
  • El maíz supera precios jamás vistos. El mercado de abasto es incierto.
  • En México hay producción suficiente de maíz blanco para tortillas, pues se cosechan 24 millones de toneladas cada año. El alza de precio es producto de la especulación financiera injustificada que no merecemos las y los mexicanos.

Desde la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, hacemos un enérgico llamado a las autoridades en sus diferentes niveles de gobierno para que ejerzan acciones contundentes de manera pronta y expedita ante la actual crisis de precios.

Manifestamos que:

México produce suficiente maíz blanco para abastecer los 13 millones de toneladas anuales que se requieren para elaborar tortillas de masa de auténtico nixtamal —6.5 millones de toneladas— y para fabricar harina de maíz para tortillas, otras 6.5 millones de toneladas. El maíz que se importa es maíz amarillo, para usos industriales, entre otros, alimentos procesados para aves, ganado y cerdos.

La crisis actual en los aumentos en el precio del maíz no responde a un problema de abasto, sino a una especulación financiera derivada de temas internacionales, que impacta el precio final del maíz; difundir lo contrario representa una acción en contra de la estabilidad económica de nuestro país y de nuestra soberanía alimentaria. No podemos permitir que el maíz para tortillas se emplee en la industria y para el ganado y no en nuestro principal alimento. Tampoco debe tolerarse que los fabricantes de harina para tortillas utilicen maíces amarillos de mala calidad.

Es urgente la creación de un organismo nacional que regule y establezca referentes comerciales nacionales basados en la oferta y demanda interna, tomando como prioridad el consumo humano y por ende nuestra soberanía alimentaria.

Urge que en México se produzca el maíz blanco y maíz amarillo que se requiere para cubrir las prioridades de nuestra alimentación. Es una meta que se puede alcanzar. Sólo así tendremos seguridad, pero sobre todo, soberanía alimentaria.

Contar con tortillas elaboradas con solo maíz de buena calidad, sin agrotóxicos y sin transgénicos, nixtamalizado exclusivamente con cal y agua, es un derecho de las y los mexicanos y un asunto de seguridad nacional. Además privilegia nuestra cultura milenaria y mejora la alimentación, sana, nutritiva y saludable.

Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País

Para más información comunicarse con:
Blanca Mejía, celular 55 3899 4304
O al correo electrónico cn.sinmaiznohaypais@gmail.com

Imagen: Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País

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Informe: Cómo las políticas y las agencias sobre bosques promueven la destrucción sostenible

Compartimos este informe del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – A 18 de marzo del 2022

El vísperas del 21 de marzo, cuando la FAO celebra su Día Internacional de los Bosques, el WRM publica un informe que repasa un proceso liderado por la ONU hace más de 20 años sobre las Causas Subyacentes de la Deforestación. Estas causas, identificadas en 1999, no sólo siguen siendo importantes sino que han sido profundizadas.

>>> Descargar el informe “Cómo las políticas y las agencias sobre bosques promueven la destrucción sostenible”

Desde 2012, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por su sigla en inglés) promueve el 21 de marzo como el Día Internacional de los Bosques. El tema de este año es “Los bosques y la producción y el consumo sostenibles”.

Surge una pregunta: ¿Qué es lo sostenible en la producción y el consumo cuando cada año se destruyen millones de hectáreas de bosque? Claramente, las numerosas iniciativas y políticas de sostenibilidad relacionadas con los bosques creadas con el apoyo de la FAO y de otros actores internacionales no han logrado detener la devastadora destrucción.

El vísperas del 21 de marzo, cuando la FAO celebra su Día Internacional de la destrucción sostenible de los bosques, el WRM publica un informe que repasa un proceso liderado por la ONU hace más de 20 años sobre las Causas Subyacentes de la Deforestación. Las Causas Subyacentes identificadas en 1999 no solo siguen siendo tan importantes hoy como lo fueron hace más de 20 años sino que incluso han sido reforzadas de variadas maneras.

Las causas subyacentes de la deforestación y la degradación de los bosques, a diferencia de las causas directas más visibles, como la tala, el agronegocio o la minería, tienden a estar ocultas y a ser menos discutidas y mal comprendidas. Están estrechamente ligadas al sistema capitalista-racista-patriarcal, y también relacionadas con el legado colonial. Entre los ejemplos figuran el no reconocimiento de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y de otras comunidades que dependen de los bosques; el control centralizado sobre los bosques que facilita el avance de actividades tanto destructivas como de “conservación de la naturaleza”; y las políticas macroeconómicas, por mencionar algunos.

Al escoger no abordar las causas subyacentes de la feforestación, la FAO y los procesos de políticas internacionales que encabeza seguirán siendo una causa de la deforestación.

Un ejemplo es la definición de bosque de la FAO. Esta definición es un obstáculo de larga data para detener la pérdida de bosques. Considera que una plantación industrial de monocultivos de árboles es un bosque, lo que significa que para la FAO talar un bosque para establecer una plantación de monocultivos de árboles no cuenta como deforestación.

Mas aún, las políticas e iniciativas impulsadas por la FAO en días como el 21 de marzo, que sugieren que la destrucción provocada por las empresas se ha vuelto sostenible y ecológica, son factores clave. Algunos ejemplos son el Consejo de Manejo Forestal (FSC por su sigla en inglés), la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO por su sigla en inglés), la Mesa Redonda para la Soja Sostenible o el Foro de Bienes de Consumo, de 400 miembros, que promueve la “deforestación neta cero” para 2020 en las cadenas de suministro de carne vacuna, soja, aceite de palma, celulosa y papel. Tales iniciativas no están concebidas para interrumpir la dinámica de destrucción de los bosques de la que dependen sus empresas patrocinadoras para obtener ganancias, señalamos en el informe.

El informe advierte que la formulación de políticas y reglamentaciones que simplemente ignoren las causas subyacentes de la deforestación no sólo está condenada  al fracaso sino que fomenta aún más la deforestación a gran escala.

Montevideo, 18 de marzo de 2022
Secretariado Internacional del WRM

Imagen: WRM

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Oaxaca: ¡¡Zanatepec libre de minería!!

Compartimos este comunicado la red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre una victoria más en la lucha por la vida ante el modelo extractivo minero esta vez en Oaxaca – A 23 de marzo de 2022

El sábado 22 de marzo en una sección de cabildo abierto y por cuarto trienio consecutivo comuneros, ejidatarios y mujeres que integran la Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias declararon a Santo Domingo Zanatepec como “Municipio Libre de Minería”, en presencia de autoridades municipales.

Desde 2015, gracias al proceso de lucha comunitaria que existe, el municipio de Santo Domingo Zanatepec, situado en la parte sureste del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, se ha declarado municipio libre de minería frente a la amenaza del proyecto minero Santa Marta de la empresa canadiense Minaurum Gold Inc. Este proyecto que pretende extraer oro y cobre tiene dos concesiones mineras vigentes con una superficie total de 7110 ha repartida entre los municipios de Santo Domingo Zanatepec y San Miguel Chimalapa. Este proyecto a tajo abierto representa unas graves amenazas para los ríos, las zonas de cultivos, la salud y la vida comunitaria de los habitantes de esta región.

Desde la REMA queremos felicitar con todos nuestros corazones a la digna lucha de los pueblos de Santo Domingo Zanatepec y San Miguel Chimalapa por su incansable y digna lucha contra el modelo extractivo minero, y en el caso de Santo Domingo Zanatepec haber logrado involucrar a sus autoridades municipales para que estos sumarán esfuerzos al compromiso por la defensa del territorio y de la vida. Desde la REMA nos sumamos a la exhortación que hace la Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias de Zanatepec para que se establezca un diálogo con las autoridades municipales y agrarias de San Miguel Chimalapa para que se logra también una declaración de territorio libre de minería en este municipio vecino amenazado por el mismo proyecto.

Ese acto refrenda y muestra la fuerza que tiene la organización comunitaria cuando, desde abajo y de forma constante, impulsa procesos que apuntan al ejercicio de la autodeterminación de los pueblos indígenas y campesinos, dando fuerza y solvencia a sus estructuras de gobernanza tanto agrarias y municipales, para analizar, discutir y acordar acciones para preservar sus formas de vidas y la riqueza social y natural de los territorios que habitan.

Estas estrategias de consolidación de sujetos políticos colectivos y de trabajos preventivos frente al modelo extractivo minero que apuntan hacia la realización actos legales definidos en este caso a partir de las declaraciones de territorios libres de minería, son y deben ser un quehacer fundamental para todos los movimientos de México ante el embate de acomodos de leyes y manipulaciones políticas que actualmente continúan gestándose a favor de empresas dedicadas al extractivismo.

Evidentemente a REMA nos da mucha alegría y esperanza que se refuerza este territorio libre de minería en nuestro país, porque reafirma que la mejor forma de parar las asimetrías del poder corporativo es a través de las acciones preventivas, mismas que desde la REMA son el tronco común de nuestro quehacer.

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

COMUNICADO EN PDF

Imagen: No a la mina – 2018

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El dilema de “La Encrucijada”: El lavado verde de la palma aceitera

Compartimos este reportaje especial publicado en Avispa Midia sobre la expansión de la palma de aceite en Chiapas – A 14 de marzo de 2022

Por Santiago Navarro F. y Aldo Santiago. para Avispa Midia y CONNECTAS

El cultivo de palma de aceite se expande agresivamente sobre Áreas Protegidas, como la Reserva de la Biosfera La Encrucijada. En esta región del Pacífico mexicano se han identificado, al menos, siete mil hectáreas ilegales de esta planta exótica que el gobierno y las empresas pretenden legalizar mediante la reducción de la Reserva y un certificado de sustentabilidad.

Uno de los mayores tesoros ambientales de México es la Reserva de la Biosfera La Encrucijada (REBIEN), que alberga un importante sistema de humedales, con manglares de hasta 35 metros de altura. Sin embargo, son amenazados por una enorme extensión de monocultivos de árboles de palma aceitera que contrastan con la diversidad de la vegetación.

La REBIEN se encuentra en la región costera del estado de Chiapas, al sureste de México. Fue creada el 6 de junio de 1995 mediante un decreto presidencial y está regulada por un Programa de Manejo publicado en 2000, el cual determina que en las áreas con vegetación de manglar está prohibido realizar cualquier tipo de actividades “que alteren el equilibrio ecológico”, salvo aquellas “de preservación de investigación científica, monitoreo, educación y capacitación, bajo una estricta normatividad y vigilancia”.

No obstante, durante las últimas décadas, el equilibrio ecológico de La Encrucijada ha sido alterado. “Adentro de la REBIEN hay más de 7 mil hectáreas de palma cultivadas”, se queja Juan Carlos Castro Hernández, actual director de la REBIEN, que forma parte de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp).

Avispa Midia solicitó a la Conanp el informe y las georreferencias de las plantaciones de palma aceitera registradas dentro de La Encrucijada. La institución entregó dos bases de datos que reportan la presencia de productores, así como palma dispersa en la Reserva.

Uno de los documentos, el Anexo Dirección Regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la Conanp, aunque no indica año de elaboración, registra que existen al menos 518 productores que cultivan palma dentro de la REBIEN.

Los datos que brinda son conservadores, pues no contienen el registro total de plantaciones de palma dentro de la Reserva, ya que a través de imágenes satelitales se pueden identificar cultivos de palma que no están incluidas en esta base de datos.

Por su parte, Matilde Rincón, gerente de paisaje México de Earthworm Foundation, confirma que han registrado 500 productores que cultivan unas 7 mil 700 hectáreas de palma dentro de La Encrucijada. Esta fundación trabaja con empresas y pequeños productores en Chiapas para promover la sustentabilidad de este cultivo. “El sesenta por ciento de ellos (productores en la Reserva) luchan por cumplir las normas de uso de la tierra del gobierno”, detalla en su plataforma web.

La proliferación de grandes plantaciones de palma al interior de la Reserva ha alertado a la Conanp desde 2014. De acuerdo con la institución, estos cultivos se han extendido sin un protocolo por más de 33 mil hectáreas en la zona de influencia de la REBIEN, hasta provocar la invasión de esta planta exótica hacia ecosistemas de manglares en las zonas núcleo.

La palma es tan invasiva que se deberían regular hasta las plantaciones que están afuera de la Reserva, “porque hay palma hasta en las orillas de los canales y la semilla tiene la capacidad de migrar, ya sea por las corrientes de agua, hipotéticamente también por fauna”, reconoce Castro, el director de la REBIEN.

Otro documento proporcionado por la Conanp es una base de datos denominada Registro de sitios de ubicación de palma africana en la REBIEN 2014, 2015 y 2016. Ahí aparece Agroindustrias de Mapastepec S.A. de C.V. (Agroimsa), una de las empresas que cultivan y procesan palma aceitera en la región, la cual forma parte de Industrias Olepalma S.A de C.V.

Estas mismas plantaciones vuelven a aparecer en otra base de datos cartográficos elaborada por la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés), que registra un área propiedad de Industrias Oleopalma, a través de su subsidiaria Palmicultores San Nicolás, S.P.R. de R.L.

Esta área se extiende desde la zona de amortiguamiento, en el municipio de Villa Comaltitlán, hacia el interior de una de las dos áreas de restricción, en la fracción que corresponde al municipio de Huixtla: la Zona Núcleo La Encrucijada; de acuerdo con el Programa de Manejo, esta zona corresponde a “las áreas mejor conservadas y de mayor valor desde el punto de vista ambiental, en donde prácticamente no pueden realizarse actividades humanas”.

Existe una empresa más en el registro de RSPO. Se trata de Oleosur S.A.P.I. de C.V., la cual, a través de su subsidiaria Plantaciones del Soconusco S.A.P.I de C.V, también cuenta con plantaciones de palma dentro de la zona de amortiguamiento de la REBIEN, en el municipio de Villa Comaltitlán, una de las regiones con mayor cantidad del monocultivo en la costa de Chiapas. Avispa Midia solicitó una entrevista con Industrias Oleopalma quien aseguró que enviarian una respuesta vía correo electrónico, la cual no llegó hasta el cierre de este reportaje. También se le pidió una entrevista a Oleosur y mencionaron que transmitirían la información para un directivo quien podría responder, lo cual no sucedió.

Por su parte, la investigadora Claudia Ramos Guillén, quien ha participado en estudios sobre las afectaciones de la palma aceitera en América y Asia, asevera que la comercialización de la palma cultivada al interior de la REBIEN merece “múltiples infracciones”.

El propio Decreto de creación de la REBIEN describe una de las violaciones a la ley. Puntualiza que cualquier explotación, extracción o aprovechamiento de recursos naturales a su interior solo podrá otorgarse conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Dicha norma prohíbe la introducción de especies exóticas invasoras en las áreas naturales protegidas, la alteración a los ecosistemas y, en zonas de amortiguamiento, no realizar actividades que amenacen la estructura natural de las poblaciones y ecosistemas.

Certificación verde

En un recorrido por la Reserva, Avispa Midia encontró que, en medio de cientos de plantaciones de palma, a orilla del río San Nicolás, se encuentra una procesadora de Oleopalma. Se trata de la primera planta que fundó esta empresa, en el año 2000, que está en el límite del área de influencia de la REBIEN.

Según la Federación Mexicana de Palmicultores (Femexpalma), las plantas procesadoras deben estar instaladas lo más próximo a las plantaciones, ya que el tiempo máximo para extraer el aceite es de tres días. En el país existen 18 instalaciones de procesamiento de la palma; Chiapas concentra 12 de ellas. Siete de ellas están establecidas en la región de influencia de La Encrucijada donde también se encuentra la procesadora de Oleopalma.

Esta empresa es relevante para el mercado actual de este producto ya que, en marzo de 2020, se convirtió en la primera empresa mexicana en recibir la certificación conforme a los criterios específicos de la RSPO, iniciativa que propone reducir los impactos negativos del cultivo de aceite de palma en el medio ambiente y las comunidades.

La certificación RSPO surgió en Suiza en 2004, bajo el liderazgo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), junto a financiadores como la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial, y empresas multinacionales que compran aceite de palma, como Cargill, Nestlé, Unilever, PepsiCo y Procter & Gamble, entre otras.

Sin embargo, la RSPO ha sido criticada a nivel global por no cumplir con lo que promete. En 2015, el informe La credibilidad del aceite de palma sostenible sigue siendo ilusoria, de la Agencia de Investigación Medioambiental (EIA, por sus siglas en inglés), reveló la existencia de evaluaciones fraudulentas generalizadas en la RSPO. Además, registró que, en plantaciones propiedad de sus miembros, se han permitido abusos laborales, tala de bosques, conflictos territoriales e incluso tráfico de personas. Para 2019, la EIA divulgó que la RSPO aún no había tomado medidas significativas para atender estos problemas.

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Imagen: Avispa Midia

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